Las crisis energética global desencadenada por la guerra de Irán refuerza la diplomacia verde y acelera la formación de una creciente coalición de países que aspira a poner fin a los combustibles fósiles. 53 delegaciones oficiales de países y 2.608 organizaciones han confirmado su participación en la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, impulsada por Colombia y Países Bajos, que se celebrará entre el 24 y el 29 de abril en la ciudad caribeña de Santa Marta.

Brasil y Colombia, cuyas delegaciones chocaron en la COP30 celebrada en noviembre en Belém tras la exclusión de los combustibles fósiles en la declaración final, se han reconciliado. Más que eso: han decidido tender puentes entre la cúpula de Santa Marta y la hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles que la presidencia brasileña de la COP30 entregará este año. 

“Hemos diseñado una metodología para que la conferencia pueda contribuir a la hoja de ruta de la COP30. Nuestra conferencia es un espacio complementario”, aseguró Irene Vélez, ministra de Medio Ambiente de Colombia, en el webinar ¿Cuál es el papel de los países y de la cooperación multilateral en la agenda global? André Corrêa Lago, presidente de la COP30, reforzó en el mismo evento que ambos procesos tienen más semejanzas que diferencias: “La sociedad civil convocada en Santa Marta va a ser uno de los impulsos más importantes para nuestro mapa del camino internacional”. 

El acercamiento de Brasil a la conferencia de Santa Marta supone un punto de inflexión. Cuando Colombia anunció la conferencia antes de que concluyera la COP30 de Belém, provocó tensión diplomática con Brasil. Para limar asperezas, Daniela Durán, la negociadora colombiana que irritó a la presidencia brasileña en la conferencia de la COP30, declaró el pasado martes que el objetivo de la conferencia de Santa Marta es “producir insumos para la elaboración del mapa del camino para el alejamiento de los combustibles fósiles”. Fuentes diplomáticas brasileñas consideran que las conclusiones de Santa Marta pueden reforzar el “mapa del camino” de los combustibles fósiles, que se presentará en octubre a las puertas de la presidencia de la COP31, conjunta entre Turquía y Australia.

 Ana Toni, directora ejecutiva de la presidencia brasileña de la COP30, reconoce en entrevista telefónica con elDiario.es que la cúpula de Santa Marta será importante para definir el mapa del camino: “Servirá para definir cuáles son las propuestas concretas de un grupo de países más alineados”.

Urgencia en tiempos de guerra

La ministra Irene Vélez destacó en el webinar que el colapso energético tras la guerra de Irán visibiliza una “economía altamente contaminante” sostenida artificialmente por subsidios a los fósiles. Por su parte, André Corrêa añadió que esta guerra “irracional está dando una dimensión adicional al debate”. Claudio Angelo, coordinador de Política Internacional del Observatorio del Clima de Brasil, considera que la sinergia con la presidencia de la COP30 debería ser usada para atraer a Santa Marta al máximo número de países posible. “Se necesita aprovechar este momento horrible de disrupción de mercados de energía para empujar la transición global de los combustibles fósiles”, asegura Claudio en entrevista con elDiario.es.  

En Santa Marta estarán 53 de los 89 países que demostraron interés en desengancharse de los combustibles fósiles. Claudio defiende que Santa Marta y el mapa del camino de Brasil harán crecer ese círculo de países hasta que “el ruido de esa agenda no deje a nadie dormir ni en Moscú, ni en Riad ni en Washington”, aludiendo a Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, tres países defensores de los combustibles fósiles. 

El nuevo eje Brasil-Colombia coloca a América Latina en una posición de liderazgo relativo en la carrera contrarreloj contra los combustibles fósiles. En Santa Marta, aparte de Colombia y Brasil, estarán México, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Uruguay. “Brasil y Colombia tienen peso y autoridad moral, porque son parte del Sur Global, la región que más sufre el cambio climático y son productores de petróleo. México, también. Si este ejercicio funciona, el resto de países de la región les seguirá”, matiza. 

Europa también tiene un peso expresivo en la conferencia de Santa Marta. Aparte del coorganizador País Bajos y la Unión Europea, estarán Reino Unido, Alemania, Italia, Noruega, Suecia, Finlandia, Francia y España, entre otros. Además, han confirmado presencia países de peso geopolítico global o poblacional como Canadá, Turquía, Nigeria, Filipinas o Australia. Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la conferencia, considera necesario combatir la narrativa de que, por causa de la guerra, el mundo necesita más petróleo: “Estas crisis pueden acelerar la inversión en energías renovables, que ofrecen mayor seguridad y menor dependencia externa”.

El peso de la sociedad civil

El documento final de Santa Marta se estructurará en torno a tres ejes: reducción de la dependencia económica de los combustibles fósiles, la transformación de la oferta y la demanda y refuerzo de la cooperación internacional y la diplomacia climática. Se abordarán cuestiones globales, como la pertinencia del Tratado de No proliferación de Combustibles fósiles (apoyado por 17 países), pero también propuestas concretas de organizaciones sociales, ONG, pueblos indígenas, sindicatos, gobiernos regionales y actores empresariales.

A diferencia de las COP de la ONU, en Santa Marta no se usará el mecanismo del “consenso”. “Necesitamos discutir cuáles son las injusticias de los combustibles fósiles y las causas estructurales que hacen que los defensores ambientales pongan su vida en la defensa del medio ambiente”, asegura a elDiario.es Nacho Lara, encargado de Democracia Ambiental de la argentina Asuntos del Sur y coordinador de Kallied, un hub de organizaciones socioambientales de 23 países del Sur Global. Por ello, la dependencia económica de algunos países, tanto de los combustibles fósiles como de los mecanismos financieros internaciones, será un asunto central.

Los países del Sur Global demandan una transición justa financiada por los países ricos. “El 81% de la financiación que llega a América Latina son préstamos. La financiación climática libre de deudas no debe ser apenas para programas nacionales de renovables y de diversificación económica, sino también ir a pequeñas iniciativas que demuestran que existen economías alternativas”, aseguró en la rueda de prensa de presentación de la cumbre Carola Mejía, coordinadora de Justicia Climática, Transiciones y Amazonia de LATINDADD. 

Fuentes diplomáticas colombianas confían en que Santa Marta consolide una coalición de países dispuestos a avanzar más rápido en el abandono de los combustibles fósiles. Por su parte, André Corrêa Lago recordó que la hoja de ruta de la presidencia de la COP30 sí se ajustará al formato de negociaciones por consenso de las conferencias de las partes, conocidas como COP. Brasil aspira a sumar al mayor número de países posibles de los 195 que firmaron el Acuerdo de París de 2015 que limita las emisiones de CO₂. De momento, el país brasileño ha adelantado que el mapa del camino tendrá siete capítulos: riesgos físicos sistémicos, riesgos económicos y financieros, riesgos institucionales y sociales, demanda por combustibles fósiles, oferta de combustibles fósiles, una economía en transición y un capítulo final de recomendaciones.

La guerra de Irán acerca a Brasil a Europa. La turbulencia geopolítica de Oriente Medio ha enfriado reunión entre el presidente de Brasil, Lula da Silva, y Donald Trump en la Casa Blanca, anunciada a finales del año pasado. Tras una invitación personal del presidente español Pedro Sánchez a comienzos de marzo, Lula decidió cambiar Washington por Barcelona, donde el viernes se celebra la primera cumbre bilateral entre España y Brasil de la historia.

En la capital catalana, Lula también participará en el encuentro Global Progressive Mobilisation y en la cuarta edición del Fórum Democracia Siempre, junto a Pedro Sánchez, el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidente mexicana Claudia Sheinbaum, entre otros. Lula ha otorgado a su visita a España el máximo rango de importancia: acude a Barcelona con 14 ministros y un nutrido grupo de empresarios. España acumula la segunda inversión directa más elevada en Brasil durante las últimas décadas y es su octavo socio comercial. Además, las exportaciones brasileñas a España se han duplicado en la última década (especialmente de petróleo).

Tira y afloja con Trump

El conflicto bélico en Irán está dificultando el intento de Lula de recomponer relaciones diplomáticas con Donald Trump, tras un 2025 marcado por la interferencia de EEUU en la justicia brasileña. Trump vinculó directamente la aplicación de aranceles del 50% a Brasil al proceso que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. A pesar de que la diplomacia brasileña consiguió revertir el tarifazo para la mayoría de los productos, las relaciones de Lula con Trump siguen tensas.

Brasil rechazó la petición de Washington de recibir a deportados en su sistema carcelario y sigue luchando para que EEUU no declare a los comandos de traficantes Comando Vermelho y PCC como grupos terroristas, algo que abriría la puerta a una posible intervención militar en su territorio. Por otro lado, Brasilia mantiene el máximo nivel de alerta ante la posible injerencia de EEUU en las elecciones presidenciales del próximo octubre. En marzo, Brasil negó el visado a Darren Beattie, asesor del gobierno Trump, que había solicitado visitar a Bolsonaro en prisión.

Roberto Abdalla, secretario para Europa y América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró el lunes en conferencia de prensa que la cumbre España-Brasil “servirá para la defensa del multilateralismo, del derecho internacional y de la solución pacífica de conflictos”. Fuentes diplomáticas del gobierno de Brasil reconocen a elDiario.es que el viaje de Lula a España pretende posicionar al país en el combate de las fake news, la regulación de las Big Tech y la soberanía digital. Brasil, que mostró una firme defensa de su soberanía frente a los ataques de Elon Musk, pretende aprobar este año por decreto presidencial la regulación de las grandes empresas tecnológicas, ante el bloqueo del Proyecto de Ley de las fake news en el congreso.

A su vez, Brasilia aspira a cerrar con España acuerdos sobre tierras raras y minerales críticos, algo que la entrada del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea (entra en vigor el 1 de mayo) facilita.

Alianza contra la extrema derecha

La visita oficial de Lula a España llega en el momento de mayor sintonía política entre Pedro Sánchez y Lula da Silva. En enero, Lula dialogó con 16 jefes de estado del mundo para defender la paz y el uso del multilateralismo. En su conversación telefónica con Sánchez, ambos condenaron el “uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sin amparo en la Carta de la ONU”. Después del inicio de los ataque de Israel y EEUU a Irán, los dos presidentes han defendido el multilateralismo y manifestado su oposición a la guerra. “Ambos compartimos nuestro deseo de que cese la guerra y se inicie cuanto antes una negociación en el marco de la legalidad internacional”, aseguró Sánchez en un mensaje en X.

Por su parte, Lula defendió en X que los dos reiteran su compromiso “con el multilateralismo como camino para la construcción de la paz y del desarrollo sostenible”. Lula también debe de abordar el multilateralismo, la desinformación y la igualdad racial y género en el Foro Democracia Siempre, según Vanessa Dolce de Faria, asesora especial del ministro de Relaciones Exteriores.

Lula y Sánchez condenaron el 'uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sin amparo en la Carta de la ONU'

Tras Barcelona, Lula viajará a Alemania para participar en la Hannover Messe, la mayor feria industrial del mundo, donde prevé reunirse con Friedrich Merz, primer ministro alemán, y firmar acuerdos estratégicos. La mini ira europea de Lula acaba el día 21 en Lisboa, donde trabajará en acuerdos con el gobierno portugués.

El viaje a Europa supone un giro geopolítico de Lula. En el primer trimestre del año, el presidente brasileño nadó y guardó la ropa para no poner en peligro su reunión con Donald Trump, algo clave para arrebatarle a la familia Bolsonaro la interlocución directa con la Casa Blanca. Estrechando vínculos con Europa, Lula aparca y dificulta su intento de reaproximación con Trump, especialmente por su proximidad con Pedro Sánchez, crítico contra la guerra de Irán.

Transición energética y alimentos

La energía, los combustibles y la transición energética están en el epicentro de la cumbre bilateral de Barcelona. Brasil exporta a España petróleo crudo (representa el 36,8% del total de las importaciones), así como cobre (7,2% del total) y hierro. España exporta a Brasil combustibles y tecnología de energías renovables, especialmente placas solares. La presencia de grandes grupos españoles de los campos de la energía eléctrica, petróleo y gas abre espacio “para diálogo tanto en comercio cuanto en inversiones en el sector”, según un documento elaborado por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), a la que ha tenido acceso este medio.

A su vez, Brasil quiere sacar pecho de su producción de biocombustibles, algo que en plena crisis energética global adquiere un cariz geopolítico. En Brasil, el 20% del combustible consumido por los vehículos proviene de biocombustibles: se produce a partir de resto de caña de azúcar, maíz, soja, girasol, tubérculos, piñones e incluso de residuos orgánicos. En noviembre de 2025, Lula aseguró que “quería ir a la feria de Hannover para probar que el aceite diésel que emite menos CO2 del mundo es brasileño”.

El viaje a Europa supone un giro geopolítico de Lula. En el primer trimestre del año, el presidente brasileño nadó y guardó la ropa para no poner en peligro su reunión con Donald Trump, un intento que ahora aparca por su proximidad con Sánchez

Por otro lado, en medio de la interrupción de la cadena de suministros global debido a la guerra de Irán, la cumbre bilateral España-Brasil abordará el comercio de alimentos. España importa de Brasil soja (18,2%), pienso para animales (7,2%) y frutas tropicales. Brasil importa frutas (representa el 2% del total de sus compras).

Brasil quiere demostrar en su gira a Europa que, aparte de exportar materias primas, es una potencia tecnológica. En el pabellón de Brasil en la Hannover Messe habrá halls temáticos de automoción, software, robótica, hidrógeno verde, robótica e Inteligencia Artificial. Entre otras cosas, Lula sacará pecho en Europa de PIX, el sistema público de pagos digitales que tanto irrita a Donald Trump por arrebatar mercado a las tarjetas de crédito y a los sistemas de pago de las grandes tecnológicas estadounidenses.

En julio de 2025, unos días después de que Donald Trump anunciara el tarifazo del 50% a Brasil, el presidente brasileño, Lula da Silva, divulgó en sus redes un mensaje con una frase: “O PIX é nosso, my friend”. PIX, el sistema público de pagos digitales desarrollado por el Banco Central de Brasil (BCB), estaba en el epicentro de la disputa comercial entre los dos países. Un día antes del post de Lula, la agencia federal responsable de la política comercial internacional del gobierno estadounidense había incluido a PIX en su investigación por “perjudicar la competitividad de empresas estadounidenses que actúan en esos sectores”, en alusión velada a las corporaciones de tarjetas de crédito VISA y Mastercard, a las que PIX ha arrebatado el liderazgo de los pagos electrónicos en Brasil.

Una semana después del tarifazo de Trump, el premio Nobel de economía Paul Krugman escribió un artículo en defensa de PIX, tecnología que definió como el dinero del futuro del mundo: “Las transacciones en PIX son casi instantáneas (tardan 3 segundos, frente a los dos días de las tarjetas de débito y 28 de las tarjetas de crédito). Los costes son bajos: el sistema es gratuito para personas físicas y cobra apenas el 0,33% del valor transferido para empresas (frente al 1,13% de la tarjeta de débito y el 2,34% de las de crédito)”.

En su texto, Paul Krugman destacaba que PIX “parece estar substituyendo rápidamente tanto el dinero como las tarjetas”. En efecto, el dinero físico casi ha desaparecido de Brasil. En las tiendas nadie tiene cambio. Apenas el 6% de los brasileños usa billetes y monedas, frente al 90,9% que utiliza PIX. En 2025, PIX pulverizó todos los récords: 35,32 billones de reales en transacciones (58,69 billones de euros) y 63.500 millones de operaciones. Además, PIX está incorporando nuevas funcionalidades, como el pago automático de la cuenta de la luz, el agua o Internet, entre otras cosas. “Como medio de pago preferido de los brasileños, PIX ha mostrado ser práctico, rápido y más seguro, especialmente evitando la necesidad de sacar dinero en los cajeros de los bancos”, explica a elDiario.es Frederico Glitz, abogado especialista en derecho internacional, fundador de Glitz & Gondim Consultoría Jurídica. Por si fuera poco, PIX va consolidándose como medio de pago en el mundo empresas. Las transacciones entre personas y empresas han aumentado del 30% a finales de 2022 al 55%, informa el Banco Central de Brasil a este medio.

PIX muere de éxito. Y su proyección internacional, a pesar de Donald Trump, es imparable: se prepara una especie “PIX internacional” (Proyecto Nexus) y una expansión de PIX al universo económico de los BRICS, el bloque de economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que busca contrapesar la influencia financiera y política de Occidente. 

Sistema público

Krugman destacaba en su artículo el carácter público de PIX: “La industria financiera de Estados Unidos no permitiría nunca que un sistema público compita con sus servicios, especialmente si el sistema público es superior”. Aunque otros países de los BRICS tienen sistemas de pago electrónico parecidos a PIX (SBP en Rusia, UPI en India, WeChat Pay en China), ninguno es 100% público. Por su parte, el Bizum de España fue lanzado por un consorcio de bancos. En la mayoría de los casos, las operadoras privadas acaban siendo favorecidas. En el UPI indio, la participación de empresas privadas acabó provocando la concentración de los pagos instantáneos en multinacionales como Google o Walmart.

Carlos Eduardo Brandt, considerado el padre del PIX, que en 2025 dejó el Banco Central do Brasil (BCB) para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), considera imprescindible el carácter público de los sistemas de pago. “Para alcanzar un ecosistema de pagos realmente inclusivo, lo más apropiado es tener un agente neutro. En el caso brasileño, el agente neutro por excelencia es el Banco Central de Brasil”, aseguró Brant a la BBC. 

Para la economista Carla Beni, profesora de la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), la administración Trump está incomodada con PIX porque no solo compite con las empresas de tarjetas de crédito, sino con las big tech, las grandes tecnológicas. “Sustituye gran parte del uso de tarjetas de débito y de crédito, especialmente tras el lanzamiento de servicios como PIX crédito (crédito) o Pix parcelado (pagar a plazos). También hubo reclamaciones de que el Banco Central habría impuesto barreras al WhatsApp Pay, algo que fue muy bueno para PIX y para Brasil, y eso acabó impactando negativamente también a Apple Pay y Google Pay”, asegura Beni en una conversación con elDiario.es.

¿Hacia un PIX global?

Una de las funciones de Carlos Eduardo Brandt como Experto Senior del Sector Financiero del FMI es estudiar cómo PIX puede aplicarse en una escala global. Simplificar los pagos instantáneos entre diferentes países es uno de sus cometidos. Los intermediarios bancarios están en el punto de mira. Con la instauración de un PIX global, 45.000 millones de dólares retenidos por las empresas de envío de remesas internacionales podrían volver a los más pobres, según Tobias Adrian, director del departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.

Brandt ha acompañado de cerca el sistema que pretende intercomunicar el sistema de pago de los dieciséis países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y el Proyecto Nexus, bautizado como el “PIX internacional”, que ya está siendo implementado en cinco países asiáticos (India, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia). Carla Beni considera que 2026 es el año de transición en el que PIX va a pasar de ser un sistema de efectuar pagos domésticos para ser una herramienta de integración global y geopolítica. La especialista cita como referencia el Proyecto Nexus, del Banco de Compensaciones Internacionales (BIS). “Va a interconectar los sistemas de pagos instantáneos de más de sesenta países, incluso algunos como Italia, de la zona euro”, matiza.

Frederico Glitz considera que, al margen de decisiones geopolíticas, la expansión internacional de PIX ya está en marcha. “El consumidor brasileño ya encuentra establecimientos extranjeros que aceptan PIX, porque permite una mayor simplificación de operaciones internacionales”, sostiene Glitz. En Argentina, existen incluso aplicativos como Belo o PagBrasil que ya permiten pagar vía PIX. Carla Beni también destaca el crecimiento del PIX en el exterior por medio del sector privado. “Algunos establecimientos comerciales en Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y España también aceptan pagar con códigos QR vía PIX, con conversión inmediata para el real brasileño”, afirma Beni.

Por si fuera poco, para desconsuelo de Trump, PIX ha sido el primer sistema de pagos digitales que tiene la tecnología lista para conectarse al sistema de pago BRICSPay, una especie de “Pix de los BRICS”, que aspira a acabar con la hegemonía mundial del dólar.

La mala noticia ambiental de la explotación del bloque FZA-M-59 de petróleo en la desembocadura del Amazonas ha llegado antes de lo previsto. Un informe secreto del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), publicado por el Deutsche Welle, confirma que el pasado 4 de enero se produjo un escape de 18.440 litros de fluido con capacidad “tóxica suficiente para impactar animales marinos y el medio ambiente hasta su degradación completa”, a pesar de estar a 175 kilómetros de la costa.

El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, destaca que el área costera donde está comenzando la cuestionada perforación del petróleo “engloba la mayor formación del mundo de manglares, algo que construye una reserva natural de carbono tan eficiente cuando las selvas, contribuyendo para la regulación de las temperaturas globales”. 

El IBAMA aplicó una multa de 2,5 millones de reales (algo más de 400.000 euros) a la empresa Petrobrás. Además, la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), obligó a la petrolera a hacer cambios de parte de sus equipos –vedar el riser, tubos que conectan el pozo con la sonda flotante– y a realizar formación a su equipo. La ANP ya ha autorizado la vuelta a las operaciones de perforación, según Deutsche Welle, aunque realizará operaciones de monitoreo. El IBAMA se limitó a destacar el carácter secreto del proceso, que “solo podrá ser discutido con el público en general después de que haya sido juzgado administrativamente”. 

Escándalo y denuncias de autocensura en medios

El escape ha caído como una bomba en la sociedad civil. Varias organizaciones, entre ellas Greenpeace y el Observatorio del Clima, que ya recurrieron a los tribunales a finales de 2025 contra la explotación de petróleo en el pozo 59, han vuelto a pedir a la justicia el fin de la licencia ambiental en la desembocadura del Amazonas a Petrobrás, una empresa que acumula 1.790 multas del IBAMA desde 2020.

Además, la propia Fiscalía ha solicitado entrar como coautora de la Acción General Pública de las organizaciones de la sociedad que pedía en 2025 anular la licencia de explotación en el Bloque FZA-M-59. Ha pedido expresamente la “anulación o paralización de la licencia ambiental, con interrupción de las actividades del bloque exploratorio”. 

Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima y presidenta del IBAMA entre 2016 y 2019, que negó la explotación del bloque 59 hasta en cinco ocasiones, asegura en entrevista con elDiario.es que si el escape hubiera ocurrido con petróleo, los daños habrían sido inconmensurables: “A nuestro entender, el proceso no estaba suficientemente maduro para esa liberación. Es una área muy sensible. Petrobrás no demostró a lo largo del proceso haber cuidado de todos los elementos necesarios para una actividad de ese tipo. También se infravaloraron los riesgos de un accidente”, asegura Suely Araujo.

Por otro lado, denuncia la falsa narrativa de infalibilidad de la petrolera. “Petrobrás no puede considerar un absurdo que las personas cuestionen la capacidad de gestionar accidentes en una área como la desembocadura del Amazonas”, matiza. Por su parte, Mariana Andrade, coordinadora de Océanos de Greenpeace Brasil, denunció en declaraciones a DW que no ha sido realizado un análisis del impacto climático de la perforación a la hora de “emisión de la licencia”. 

El escape de 18.440 litros de fluido tóxico no ha tenido apenas repercusión en los grandes medios brasileños. El periodista Bruno Torturra denunció en su popular podcast Calma Urgente no sólo el escape, sino la autocensura imperante en los sobre los problemas Petrobrás, uno de los principales anunciantes de Brasil.  

Producción récord de petróleo en Brasil

La polémica del escape de fluido en la desembocadura del Amazonas llena en el momento de mayor bonanza brasileña de extracción de petróleo. La producción de crudo de Brasil alcanzó 3.953 millones de barriles diarios en enero, un alta de 14,6% en comparación al mismo mes del año pasado. En 2025, Brasil ya había registrado un volumen récord de extracción de petróleo, 3.770 millones de barriles, un aumento de 12,3% en relación a 2024. 

Por otro lado, tras la eclosión de la guerra en Irán, Petrobrás sacó pecho y afirmó que tiene capacidad para evitar el alza del precio internacional del petróleo, ya que la empresa abandonó en 2023 la política de paridad con el precio internacional. “La política de precios internacionales cambió y ahora lleva en consideración factores internos”, aseguró Ticiana Álvares, directora Instituto de Estudios Estratégicos en Petróleo (INEEP), al Jornal do Tocantins. 

El ofrecimiento petrolífero de Petrobrás llega a las vísperas de la celebración de la primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, organizada conjuntamente por Colombia y Países Bajos, que se celebrará el 28 y el 29 de abril en Santa Marta, en el Caribe colombiano. Irene Vélez Torres, ministra de Medio Ambiente de Colombia, sostiene que exigen al mundo “una hoja de ruta para eliminar gradualmente los combustibles fósiles”.

Por su parte, la presidencia brasileña de la COP30 continúa trabajando en una hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles. Aunque dicho documento se quedó fuera de la Declaración de Belém de la COP30 el pasado noviembre, el proceso continúa. Brasil, que presentará su propuesta antes de la COP31, ha abierto el documento a comentarios de la sociedad civil hasta el próximo 31 de marzo.

Creación de 1,7 millones de puestos de trabajo, pleno empleo (5,1%, la menor tasa de paro desde 2012), récord histórico de la capacidad adquisitiva per cápita mensual (3.613 reales, unos 600 euros), crecimiento económico (2,3% en 2025), inflación controlada (3,99%), inversión extranjera directa sólida (15.000 millones de dólares), déficit de las cuentas públicas bajo control (0,4%). Por si fuera poco, la bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). La economía brasileña toca el cielo en el cuarto año de gobierno de Lula da Silva. El legado del ministro de economía Fernando Haddad, que acaba de dejar su cargo para ser candidato a gobernador de São Paulo en las elecciones de octubre, ha sorprendido incluso a sus detractores del mercado financiero, que auguraban la hecatombe económica si la izquierda volvía a gobernar.

Sin embargo, el pesimismo económico de los brasileños cotiza al alza. La última encuesta de Datafolha revela que el 46% de los brasileños consideran que la economía ha empeorado en los últimos meses, frente al 24% que piensa que ha mejorado y el 28% que estima que todo sigue igual.

¿Cómo se explica el aumento del pesimismo de los brasileños si su poder adquisitivo toca techo? André Braz, coordinador de los Índices de Precios del Instituto Brasileiro de Economía (FGV IBRE), explica en conversación con elDiario.es, que el pesimismo económico de los brasileños está relacionado con el aumento acumulado del precio de los alimentos. “Desde 2020, varios eventos han presionado mucho el precio de los alimentos, que subieron el doble que la inflación. Aunque en 2025, su precio fue estable, no borra lo que ocurrió estos años. Esto explica el malestar de las familias, incluso con indicadores económicos tan buenos”, afirma Braz.

El experto argumenta, además, que el cambio climático disparó la demanda mundial y afectó directamente al precio del café, del cual Brasil es el principal exportador mundial: “El clima no fue bueno y el grano no creció satisfactoriamente. Tuvimos una reducción de oferta nacional fuerte y eso provocó un aumento del precio”. No es casual que la encuesta de Datafolha muestre que el 33% de los entrevistados consideran que su economía personal empeoró en los últimos meses (en diciembre era apenas un 26%).

Por otro lado, aunque el trabajo informal se ha reducido a un mínimo histórico (37,2%), todavía 38,7 millones de brasileños no tienen empleo formal. La tasa de informalidad sube hasta un 71,1% entre el sector de entregadores de moto (conocidos en Brasil como motoboys), según un informe de ESG Insights. Al mismo tempo, el 57,3% de los trabajadores y el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años relatan dificultades para encontrar empleo, segundo dados del informe Sondagem do Mercado de Trabalho.

¿Son suficientes estos factores para explicar el pesimismo económico de los brasileños en el momento más dorado de su economía? La letra pequeña de la encuesta de Datafolha sugiere que la principal explicación está en otro lugar: en la polarización política.

La ceguera económica de la polarización

La última encuesta de Datafolha revela que el 77% de quienes van a votar al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre piensa que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 14% de los votantes del izquierdista Lula.

Para 35% de los entrevistados, la economía va a empeorar en los próximos meses. En este punto, la polarización también marca la tendencia perceptiva: el 51% de los electores de Lula prevén una mejora de la economía, frente al 14% dos que pretenden votar a Flávio Bolsonaro.

El pesimismo también predomina entre la derecha tradicional (solo el 16% de los votantes de Romeu Zema (Novo) y 17% entre los de Ratinho Junior confían en una mejora económica). Además, la percepción negativa de la economía es del 57% entre votantes evangelistas (más inclinados a votar a la derecha), frente al 41% de los católicos.

No obstante, ni siquiera en un país en el que el 90% admite haber creído en fake news y en el que la extrema derecha las produce en tamaño industrial, la polarización política no acaba de explicar del todo el pesimismo económico.

El punto de inflexión de la percepción económica ocurrió en julio de 2025, después de que Donald Trump anunciase un tarifazo del 50% a Brasil. La encuesta realizada por Datafolha los días 29 y 30 de julio de 2025, tras el anuncio del tarifazo estadounidense, recogía que el 45% de los brasileños consideraba que la economía iba a empeorar. Unos días antes, Eduardo Leite, gobernador del estado de Rio Grande do Sul, uno de los más ricos de Brasil, afirmaba que las “tarifas del 50% que los Estados Unidos aplicaron a Brasil son el reflejo de una polarización, que solo nos divide”. Leite, del sector de la derecha tradicional, echó la culpa al gobierno Lula: “(la polarización) también es consecuencia de un gobierno brasileño que siempre apostó en la misma polarización”.

A pesar de la percepción económica de la derecha y la extrema derecha, el gobierno Lula ha conseguido el mejor desempeño de la economía de la última década. El ministro saliente Fernando Haddad ha realizado la proeza de eximir de pagar impuestos a quienes ganan menos de 5.000 reales al mes (unos 850 euros), de aprobar el Impuesto sobre Operacões Financeiras (IOF) y de aumentar un 10% los impuestos a los más ricos.

La presidencia de la India, país con estrechos lazos comerciales con Israel y EEUU, está impidiendo cualquier comunicado conjunto de los BRICS con críticas el ataque a Irán, lo que supone en la práctica la parálisis del grupo de países emergentes que aspira a convertirse en alternativa a la primacía geoeconómica occidental.

El ministerio de Relaciones Exteriores de India apeló inicialmente “al diálogo y a la diplomacia”, para encontrar un “fin rápido al conflicto”. Sin embargo, el primer ministro, Narendra Modi, criticó los ataques de Irán a los países del golfo Pérsico sin mencionar la agresión inicial de EEUU e Israel.

La ausencia de reacción conjunta de los BRICS durante la presidencia india contrasta con la postura adoptada por el bloque el año pasado, durante la presidencia brasileña, en la que a los miembros fundadores (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) se sumaron los países que conforman el BRICS+ (Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia) para condenar el ataqué a Irán.

En junio de 2025, tras el ataque de 12 días de Estados Unidos e Israel contra Irán, el bloque denunció en un comunicado que los ataques constituían una “violación del derecho internacional”, y concluyó su encuentro con críticas contundentes al aumento del gasto militar de la OTAN y apoyo político explícito a Palestina, expresado en el espaldarazo al establecimiento de un Estado palestino dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de 1967.

La unidad de entonces se ha quebrado tras el ataque de EEUU e Israel Irán por la postura India, pero también por los contraataques iraníes, que han tenido entre sus objetivos a Emiratos Árabes, otro de los miembros de la alianza extendida.

Mohammad Marandi, profesor de literatura inglesa en la Universidad de Teherán, afirmó en una entrevista reciente que “un ataque a Irán es un ataque a los BRICS y a un mundo multipolar”. Al Jazeera realizó incluso un programa especial titulado ¿Están muertos los BRICS?

Es difícil saber exactamente cómo será la próxima reunión de los BRICS. No sabemos cuánto durará la guerra y si va a atravesar la próxima reunión

Leonardo Paz — Investigador de la Fundação Getúlio Vargas

A pesar de la ausencia de comunicados conjuntos, los demás países fundadores del bloque han emitido críticas contundentes a la guerra. Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China, manifestó que se opone “a cualquier ataque lanzado por Israel y EEUU contra Irán”. Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, abogó ante periodistas de su país por un alto el fuego inmediato y criticó la supuesta “autodefensa preventiva de Estados Unidos e Israel basada en suposiciones y conjeturas”.

Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, acusó e en un comunicado a EEUU e Israel de perpetrar “un deliberado y premeditado acto de agresión armada contra un miembro soberano e independiente de las Naciones Unidas, sin provocación previa”, obviando la invasión de su país en Ucrania. Brasil criticó sin tapujos los ataques, de los que destacó que ocurrieron en medio de una negociación.

Freno a la dimensión geopolítica

Aparte de ser un obstáculo económico para los miembros de los BRICS, la guerra de Irán corta en seco la creciente dimensión geopolítica del bloque. “Es difícil saber exactamente cómo será la próxima reunión de los BRICS. No sabemos cuánto durará la guerra y si va a atravesar la próxima reunión”, asegura a elDiario.es Leonardo Paz, investigador del Núcleo de Prospección e Inteligencia Internacional de la Fundação Getúlio Vargas (FGV). Paz considera que la guerra puede empujar al BRICS+ a su objetivo inicial de disputar el “dominio de Europa y EEUU” en los organismos internacionales y en el comercio mundial.

Los países del BRICS+ se reunieron en enero en Sudáfrica para realizar maniobras militares conjuntas. India estuvo ausente para no “tensar sus vínculos con EEUU”, según afirmó a Al Jazeera Harsh Pant, analista geopolítico del think tank Observer Research Foundation, con sede en Nueva Deli. Brasil estuvo presente en las maniobras militares apenas como observador, para no complicar aún más los múltiples conflictos que mantiene abiertos con EEUU.

El sorprendente rol de Indonesia

Tras la guerra de Irán, ¿están muertos el BRICS +? China no pretende renunciar al bloque y a cierta unidad de acción. Wang Yi, ministro de Asuntos Internacionales de China, declaró que Pekín continúa animando al BRICS+ a “apoyar el multilateralismo, a una solución pacífica del conflicto y a tener una voz colectiva del Sur Global”. Una de las sorpresas del BRICS+ llega desde Indonesia, el último país en incorporarse a la alianza, en 2025.

Aunque Indonesia continúa manteniendo buenas relaciones comerciales con EEUU, su presidente, Prabowo Subianto, ha criticado la “falta de racionalidad” de los ataques a Irán, se ha ofrecido a mediar con Teherán y ha congelado la participación en el Consejo de la Paz de Gaza. Todo un tiro en el pie para Donald Trump, que ve cómo su alianza con Yakarta se va desvaneciendo.

Jim O’Neil, el economista británico que acuñó el acrónimo BRICS hace más de 20 años, declaró a Al Jazeera que la pertenencia al club de los BRICS de Indonesia —una democracia en que el 87% de la población es musulmana— es “clave”. “Estratégicamente, Indonesia es hoy en día el décimo miembro de los BRICS. Tras India, es el segundo país superpoblado [tiene 288 millones de habitantes] más interesante del mundo. Indonesia puede crecer al 8% o 10% durante las próximas décadas, algo importante si consigue actuar conjuntamente [con el resto de miembros]”.

El impeachment sufrido por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff en 2016, considerado un golpe parlamentario, cambió la vida de Tatiana Roque. Después de haber transitado por movimientos universitarios y autonomistas, la matemática y profesora de Río de Janeiro (1970) llegó a la conclusión de que solo entrando en la política representativa conseguiría cambiar las cosas. Roque, cuyo padre fue asesinado por la dictadura militar en 1973 cuando ella era apenas un bebé, se afilió primero al Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Tras dos intentos frustrados de ser diputada federal, Tatiana fue nombrada secretaria de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Río en 2023.

En 2024, Eduardo Paes, el alcalde electo en Río de Janeiro, volvió a contar con ella para el cargo.

Tatiana Roque, con guiños a la comunidad científica y a los movimientos sociales, se ha convertido en una de las secretarias más populares de Rio de Janeiro y en una de las personas de mayor confianza del alcalde. Tatiana conversa con elDiario.es sobre la necesidad de desarrollar herramientas de Inteligencia Artificial desde el Sur Global respetuosas con el medio ambiente, sobre la importancia de los saberes ancestrales para combatir el cambio climático, sobre la injerencia de Donald Trump en la política brasileña y sobre el frente democrático que permitió que el centro y la izquierda conquistaran el ayuntamiento de Río de Janeiro, donde Jair Bolsonaro sufrió una severa derrota. “No todo es polarización ideológica y guerra cultural. Buena parte del electorado quiere políticas públicas que mejoren sus vidas”, asegura.

El modelo sirve para otros lugares de Brasil porque conseguimos una alianza entre el centro y la izquierda a partir de la defensa de la democracia. La estrategia de frente amplio en este momento de ascensión de la extrema derecha es acertada y muy importante

En 2016, el obispo evangelista Marcelo Crivella, un negacionista de la ciencia, ganó las elecciones municipales en Río de Janeiro. En 2018, Jair Bolsonaro, negacionista múltiple, se convirtió en presidente de Brasil. En 2020, el centrista Eduardo Paes, con apoyo de la izquierda, volvió a ser alcalde de Río de Janeiro ¿Fue una venganza de la política y de la ciencia?

Cuando Eduardo Paes gana, Río de Janeiro estaba completamente liquidado. Crivella cerró los equipamientos de divulgación científica del ayuntamiento, las Naves del Conocimiento“. Paes empieza a reabrirlas. Las naves están en regiones muy vulnerables, en las favelas. Son espacios con tecnología punta, acceso a ordenadores, internet, con cursos de tecnología e iniciativas de emprendimiento. Son islas de conocimiento dentro de lugares muy vulnerables.

¿Para que la tecnología sea transformadora es necesario que su acceso sea democrático?

Exactamente. Si el poder público no tiene iniciativas como nuestras naves del conocimiento, la tecnología va a profundizar las desigualdades sociales. Para reducir la desigualdad, necesitamos que la tecnología sea accesible para todo el mundo.

Río de Janeiro y Brasil tienen un repertorio de tecnologías sociales y saberes populares que el norte global tal vez no considere tecnología en mayúscula. ¿Todo este conjunto de prácticas y saberes ciudadanos pueden ser considerados ciencia y tecnología?

Sin duda. Por ejemplo, tenemos un proyecto llamado Joven Científico en el que damos becas a estudiantes para que busquen soluciones en sus territorios. Uno de ellos presentó un proyecto para descontaminar el río al lado de su casa y lo está desarrollando junto a un estudiante de química.

En Brasil, los saberes ancestrales dialogan con la ciencia mejor que en el norte global...

Los saberes ancestrales son esenciales, principalmente en tiempos de cambio climático.Buena parte de las soluciones para lidiar con inundaciones o el calor extremo vienen de los saberes ancestrales. Las comunidades quilombolas (asentamientos de afrodescendientes) y los indígenas saben hacerlo.

Usted quiere transformar Río de Janeiro en un epicentro de la Inteligencia Artificial. Brasil lidera las críticas desde el Sur Global hacia una IA diseñada por las Big Techs del norte. ¿Qué puede aportar Río de Janeiro, Brasil y el Sur Global a la IA?.

Brasil no puede ser un mero consumidor de herramientas de IA. Necesitamos urgentemente volver al desarrollo de herramientas de IA utilizando open source (código abierto) y todo su conocimiento sobre software libre. Antes, el epicentro de todo eso era Porto Alegre. Queremos recuperar ese debate desde Río de Janeiro, con apoyo del Gobierno central, de otras ciudades y países, pero con la idea de desarrollar modelos soberanos.

Pero el debate sobre soberanía digital y software libre, en el que Brasil era uno de sus principales actores, prácticamente ha desaparecido. ¿Qué ha pasado?

En Brasil, sufrimos el revés de la presidencia de Bolsonaro y entramos en un período de atraso y depresión. Ahora, con el Gobierno Lula, estamos consiguiendo retomar las cosas. El debate de open source ganó un nuevo impulso con China, que lanzó empresas como DeepSeek. Mucha gente volvió a exigir herramientas open source. Creo que Brasil, con toda su tradición y una comunidad grande, va a liderar de nuevo esa cuestión.

Las redes sociales, en poco tiempo, pasaron de ser herramientas revolucionarias y transformadoras a algo distópico ¿Es posible todavía disputar la hegemonía a las grandes tecnológicas?

Lo que ha ocurrido es una especie de enclosure (término usado para privatización de bienes comunes o públicos). Antes, teníamos Internet, que era un lugar de circulación de información libre. Las redes sociales provocaron la privatización de la información. Ahora, mucha gente entra en Internet vía redes sociales, que tienen dueño. Hemos vivido un retroceso muy grande.

¿Qué piensa de la injerencia de Elon Musk en la política brasileña? Las grandes tecnológicas están haciendo lobby con el mismísimo Donald Trump para que Brasil no tome medidas contra las fake news y discursos de odio.

Los saberes ancestrales son esenciales, principalmente en tiempos de cambio climático.Buena parte de las soluciones para lidiar con inundaciones o el calor extremo vienen de los saberes ancestrales. Las comunidades quilombolas (asentamientos de afrodescendientes) y los indígenas saben hacerlo

Yo publiqué el libro O dia em que voltamos de Marte, en el que digo que necesitamos volver de Marte, no ir a Marte, o sea, resolver nuestros problemas con el pie en la tierra. Sobre las grandes tecnológicas, el problema es que se colocan como un espacio público donde las personas hablan, opinan, pero en verdad son privadas. En cualquier momento, el dueño de una de estas empresas puede cambiar las reglas. Es una disonancia muy grande entre el papel público que ejercen y cómo son gestionadas. Necesitamos urgentemente regulaciones que produzcan espacios con una ley compartida.

La injerencia de Trump en Brasil va más allá de la tecnología. Es una clara injerencia política, ¿no?

Trump está impidiendo transacciones económicas a ministros de nuestro Tribunal Supremo [jueces] porque no está de acuerdo con decisiones de la Justicia brasileña. Eso es un escándalo tremendo. El juez [Alexandre de Moraes] no puede usar ni los bancos brasileños porque la ley también castiga las transacciones internacionales. Imagina que, de un día para otro, decide perseguir a una persona y esta deja de poder comunicarse y no puede usar más gmail o WhatsApp.

¿El tarifazo de Trump a Brasil está relacionado con el hecho de que disponga de tecnologías como Pix (sistema público de pago vía teléfonos móviles que arrebató el monopolio a las tarjetas de crédito) o que se use mucho software libre?

Brasil dispone de tecnologías nacionales que, en el caso de Pix, nos da una cierta salvaguarda. Aparte de eso, existe un fortalecimiento de los BRICS e incluso la discusión de lanzar una moneda única para que el comercio no pase por el dólar. Pero el verdadero objetivo del tarifazo de Trump es la amnistía de Bolsonaro. Para Trump es muy importante que Bolsonaro vuelva a ser presidente de Brasil, porque eso fortalece su proyecto de una internacional de extrema derecha.

¿Cómo ve el escenario electoral de este año? Si en 2022, las grandes tecnológicas ayudaron a combatir las fake news, en 2026 parece bastante claro que no lo harán. Elon Musk le dijo a Janja Silva (primera dama) en X: “Vais a perder”.

Yo era pesimista sobre la elección de 2026, pero de repente Trump nos echó un cable. Si quiso perjudicar a Lula, el tiro le salió por la culata. Las encuestas revelan que la mayoría de brasileños rechazan vehementemente las medidas de Trump y piensa que el Gobierno brasileño no debe ceder. El pueblo brasileño tiene una tendencia nacionalista y esas medidas de Trump fueron muy mal recibidas. La popularidad de Bolsonaro cayó y la de Lula, mejoró mucho.

Sobre las grandes tecnológicas, el problema es que se colocan como un espacio público donde las personas hablan, pero en verdad son privadas. En cualquier momento, el dueño de una de estas empresas puede cambiar las reglas. Es una disonancia muy grande entre el papel público que ejercen y cómo son gestionadas. Necesitamos urgentemente regulaciones que produzcan espacios con una ley compartida.

Usted pasó por el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), a la izquierda del arco político. Ahora está en el Partido Socialista Brasileiro (PSB), de centroizquierda. Las diferentes izquierdas en las elecciones municipales de Río apoyaron al candidato centrista Eduardo Paes. La campaña huyó de la polarización Lula y Bolsonaro. El resultado: Bolsonaro perdió en su cuna política ¿Qué pueden aprender las izquierdas del caso de Río de Janeiro?

Bolsonaro tenía un candidato radical (Alexandre Ramagem). Fue jefe de la Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) durante el gobierno Bolsonaro, intentó sabotear el triunfo de Lula. Eduardo Paes ganó en la primera vuelta porque funciona como un bloqueo al bolsonarismo. El modelo sirve para otros lugares de Brasil porque conseguimos una alianza entre el centro y la izquierda a partir de la defensa de la democracia. La estrategia de frente amplio en este momento de ascensión de la extrema derecha es acertada y muy importante.

Sí, pero Lula no apareció en la campaña y se evitaron narrativas antifascistas. ¿El principal aprendizaje es ese?

El aprendizaje principal es que el votante bolsonarista radical representa apenas el 20% del electorado. Muchos no votan a Bolsonaro por ideología, sino porque no les gusta Lula o porque están desesperadas o desempleadas. Buscan cosas que mejoren realmente su vida. El Ayuntamiento de Río de Janeiro está muy bien evaluado. Entonces, esas personas sienten en su piel el impacto positivo de las políticas públicas. No todo es polarización ideológica y guerra cultural. Buena parte del electorado quiere políticas públicas que mejoren sus vidas. La izquierda necesita tener un proyecto, políticas públicas para mejorar el trabajo, la salud, la educación, el transporte, especialmente de aquellos más vulnerables.

La izquierda tiene problemas con el “emprendimiento”. Sin embargo, mucha gente de las clases populares se consideran emprendedores, del conductor de Uber a una mujer que arregla las uñas en los barrios o un repartidor de comida. En estos momentos en los que los sindicatos no tienen la fuerza que tuvieron y el mercado laboral cambió tanto, ¿debería la izquierda moldear su discurso?

Es de una extrema arrogancia que la izquierda le diga a toda esa gente que se considera emprendedora: “Estáis engañados, emprendedor es una palabra del neoliberalismo”. Tenemos que entender que toda esa gente no quiere tener jefe. Tener un contrato firmado es bueno cuando es un empleo cualificado. Pero en empleos menos cualificados, la gente está rehén de jefes violentos, asediadores... Entonces, entre vivir con cierta seguridad laboral y no tener jefes, prefieren la inseguridad porque eligen su propio horario. La autonomía es muy importante. Ahora bien, sabemos que muchas veces emprendimiento es sinónimo de precarización. Tenemos que combatir la precarización, no el emprendimiento, creando nuevas formas de protección social vinculadas a la persona, no necesariamente a un contrato formal.

¿Considera que la izquierda continúa en la fase identitaria o ha entrado en una nueva fase?

Creo que las pautas definidas como identitarias acaban ganando una relevancia porque la izquierda no tiene un proyecto para los trabajadores. Y esas pautas están relacionadas con el trabajo. La lucha de las mujeres, de las feministas, siempre fue una lucha por el reconocimiento de nuestro invisible, del doméstico. Esas luchas no son identitarias si las miramos desde el punto de vista laboral. Un segundo problema de la izquierda tiene que ver con el mundo digital: no conseguimos organizarnos políticamente a partir de lo digital y eso deja a la izquierda en una posición fragilizada.

El bolsonarismo, el huracán que irrumpió en la política brasileña en 2018, está tocado y hundido. La familia Bolsonaro, el clan que colocó a la extrema derecha latinoamericana en el epicentro ultra global, está siendo arrollada. La prisión de Jair Bolsonaro, decretada el martes tras un presunto intento de fuga del expresidente, representa la guinda de un intenso proceso de decadencia política cocinado a cámara rápida.

Desde que el diputado Eduardo Bolsonaro, el miembro más internacionalista del clan familiar, huyera a Estados Unidos en marzo, la extrema derecha brasileña entró en una incomprensible espiral autodestructiva. El apoyo del bolsonarismo al tarifazo de Donald Trump a los productos brasileños produjo un verdadero cortocircuito en su propia base. Mientras la extrema derecha ondeaba banderas estadounidenses en protestas cada vez más mermadas, la izquierda recuperaba los símbolos nacionales. Y Lula da Silva, aguerrido en su resistencia a Trump, se disparaba en todas las encuestas. La química entre Trump y Lula tras su breve encuentro en la sede de la ONU acabó de sellar el ocaso del clan Bolsonaro.

El presunto intento de fuga de Jair Bolsonaro de su prisión domiciliar, que provocó su detención en la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia (PF) el pasado sábado, produjo dos poderosas imágenes que sirven de metáfora para el momento político brasileño. La primera: el expresidente intentando derretir la tobillera electrónica, fuente de un alud de memes. La segunda: una vigilia religiosa en la puerta de la casa de Jair Bolsonaro, convocada por su hijo Flavio, otrora influyente senador, que apenas congregó a un centenar de personas.

La vigilia acabó con una escena difícil de imaginar hace apenas un año: militantes bolsonaristas agrediendo al fiel evangélico Ismael Lopes, que se había presentado como pastor. Lopes, que soltó varias citas bíblicas cuando empuñó el micrófono, acabó acusando a Bolsonaro de ser el responsable de las 700.000 muertes durante la pandemia de COVID-19. La atrevida acción de Ismael Lopes, un joven progresista de 34 años que forma parte del Frente Evangélico por el Estado de Derecho, representa el desenlace del bolsonarismo como fuerza política violenta y aislada.

La prisión de Bolsonaro desbarata todos los planes de la derecha brasileña. Y abre la posibilidad, por primera vez desde que la expresidenta Dilma Rousseff sufrió un impeachment ilegal, de que la derecha tradicional se aleje del radicalismo antidemocrático del bolsonarismo.

“Jurisprudencia Lula”

La detención definitiva de Jair Bolsonaro ha tenido un perfil bajo. Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo, aprovechó la prisión preventiva del expresidente en la misma Superintendencia de la Policía Federal (PF) para decretar el inicio del cumplimiento de su condena de 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado. Su decisión fue estratégica: Bolsonaro cumplirá pena en el edificio donde ya se encontraba desde el sábado, no en la temida prisión de Papuda que pedía la izquierda. La prisión de los otros acusados, entre ellos el general Augusto Heleno, otorga fuerza a la histórica jornada de este martes.

Sin cámaras ni imágenes espectaculares, sin morbo excesivo ni resquicios legales para revertirla, la prisión de Bolsonaro ha huido de la espectacularización que tuvo la detención de Lula. El 7 de abril de 2018 miles de personas se reunieron en el edificio del Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo (SP) para apoyar al actual presidente. Tras un discurso histórico y fotografías icónicas, Lula fue llevado hasta las instalaciones de la PF de Curitiba. Su detención fue retransmitida en directo por todas las televisiones. Y su encarcelamiento, que acabó siendo considerado ilegal por el Supremo, fortaleció el mito Lula y posibilitó su vuelta al poder.

La prisión light de Bolsonaro está siguiendo lo que la analista política Letícia Casado ha bautizado como jurisprudencia Lula. La celda de Bolsonaro tiene 12 metros cuadrados (la de Lula tenía 15 metros), aire condicionado y médicos a disposición 24 horas al día. Dando un trato similar al que recibió Lula en 2018, el Supremo evita desgaste y trata de desmantelar cualquier narrativa de persecución política.

El “incidente tobillera” es un mayúsculo tiro en el pie de Jair Bolsonaro. Aleja la posibilidad de prisión domiciliaria, enfría cualquier posible recurso, frena los apoyos a cualquier intento de amnistía y aísla al “capitán Bolsonaro”, que ya no podrá recibir demasiadas visitas en su celda. La extrema derecha teme que ni siquiera Flávio Bolsonaro conseguirá mantener la voz del expresidente viva e influyente hasta las elecciones de 2026.

Lula, en ascenso

El presidente Lula lidera todos los escenarios electorales de cara a 2026. La última encuesta de la CNT (Confederação Nacional do Transporte), divulgada el martes y que contabiliza el efecto de la prisión preventiva de Jair Bolsonaro, es un verdadero alivio para la izquierda.

Aunque el forajido Eduardo Bolsonaro corre el riesgo de ni siquiera conseguir ser candidato, acusado de crímenes de traición a la patria, CNT no le da ninguna posibilidad electoral: Lula obtendría un 49,9% frente a un 33,3% del hijo del presidente. Lula también derrotaría con contundencia a la ex primera dama Michelle Bolsonaro: 49,1% frente a un 35,6%.

El candidato de extrema derecha más competitivo frente a Lula es Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, hasta ahora fiel al bolsonarismo. Tarcísio de Freitas obtendría un 39,1% frente al 45,7% de Lula. Hace unos meses, Tarcísio llegó a estar empatado técnicamente con Lula.

Ante la actual tesitura y el claro favoritismo de Lula, existe la posibilidad de que Tarcísio decida no ser candidato presidencial, para intentar la reelección en el Estado de São Paulo, el más rico y poderoso del país.

El comentarista político Octavio Guedes, habitual de los platós de Globo News, augura una bifurcación inevitable en la derecha brasileña. En su opinión, aunque Brasil continuará teniendo una extrema derecha, se abre espacio para el surgimiento de un líder moderado, de centroderecha y democrático. “El gran desafío para la sucesión es saber el timing de esa ruptura. La cuestión central es cuando esa derecha democrática conseguirá romper la ”tobillera electrónica“ que el bolsonarismo colocó en su pierna”, escribe en un artículo de G1 (portal del grupo Globo).

Tras diez días de espera tensa, Alemania confirmó finalmente la cantidad de su ya anunciada contribución al Fondo Florestas Tropicales para Siempre (TFFF por sus siglas en inglés), la propuesta estrella de Brasil para la COP30. La propia Marina Silva, ministra de Medio Ambiente, anunció a bombo y platillo en la tarde del miércoles que Alemania aportará mil millones de euros para un fondo que pretende remunerar a los más de setenta países que poseen selvas tropicales y subtropicales por los servicios ambientales prestados. La decisión alemana, según la ministra, demuestra que el TFFF es un “instrumento de financiación global muy bien diseñado”. 

Desde que el gobierno de Lula da Silva anunció al comienzo de la COP30 las contribuciones de Noruega (tres mil millones de dólares), Brasil (mil millones), Indonesia (mil millones), Francia (500), Portugal u Holanda (un millón cada), el goteo de apoyos se frenó. El retraso del anuncio alemán provocó cierto cortocircuito. China, Reino Unido o España, entre otros, decidieron quedarse fuera. La diplomacia brasileña confía en que el apoyo alemán signifique la consolidación del fondo. Aun así, la cifra recaudada todavía está lejos de los 125.000 millones de dólares que Brasil espera alcanzar. Garo Barmanian, director de Servicios Forestales del Gobierno de Brasil, destaca en entrevista con elDiario.es que la gran innovación del fondo es su mecanismo financiero. “Ya tenemos otros proyectos basados en donaciones a fondo perdido. Nada contra ello. Pero estamos innovando con el TFFF porque es un fondo de financiación misto, público y privado”, sostiene Barmanian. A comienzos de la COP30, el millonario australiano Andrew Forrest, fundador de las empresas mineras Minderoo Foundation y Fortescue Metals Group, anunció la primera inversión privada al fondo (10 millones de dólares). 

El TFFF genera una especie de renta forestal global asociada a la propia selva en pie, no al mercado de carbono, usado en ocasiones por empresas contaminantes para lavar su imagen. El capital invertido se aplica a activos globales de renta fija de bajo riesgo y produce beneficios a sus inversores. “Era importante este mecanismo para valorar las selvas en pie por los servicios que prestan de biodiversidad, regulación de clima, agua y carbono”, matiza Barmanian. 

A pesar de que grandes organizaciones como Greenpeace y World Wide Fund for Nature (WWF) ven con buenos ojos el TFFF, la resistencia ha crecido a lo largo de la COP30. Más de 200 organizaciones han firmado la declaración No al TFFF: Si a los derechos de los bosques, denunciando la mercantilización de los bosques. 

Hacia los sistemas agro-forestales

Para Lenise Oliveira, la agroecología es “una bandera blanca” a la naturaleza. Desde 2017, cuando se mudó la ecovilla Iandê, situada a sesenta kilómetros de Belém, Lenise vive volcada en la recuperación de 28 hectáreas de selva degradada. Las tres familias involucradas en la ecovilla han ido reforestando parte de un terreno devastado por la monocultura y por la extracción de arena por parte de empresas de la construcción. Poco a poco, la ecovilla Iandê se fue transformando en lo que en Brasil se denomina un “sistema agroflorestal” que combina cultivos y selva. “Nuestras casas y las infraestructuras comunes ocupan dos hectáreas Cultivamos otras tres. El resto es selva. En un sistema agroflorestal extraes frutos de la selva y apenas cultivas una pequeña parte. No usamos fertilizantes”, asegura Lenise a elDiario.es.

Lenise, que trabajo toda la vida como veterinaria, define las prácticas de la comunidad Iandê como agricultura de proceso. Si el açaí que desde la región norte de Brasil se exporta a todo el mundo estuviera producido con monocultivo sería una commodity. Creciendo en un sistema agroflorestal como el de la ecovilla Iandê, pasa a formar parte de la bioeconomía, otra de las apuestas de Brasil para la COP30. Un estudio del World Resources Institut (WRI) Brazil revela que mantener la selva en pie aportaría 7.400 millones de euros extra al PIB brasileño y generaría 312.000 empleos extra hasta 2050. La conservación de la selva no sólo permitiría a Brasil cumplir con los Acuerdos de París para mitigar el calentamiento global, sino que provocaría crecimiento económico. La novedad del estudio de WRI es que coloca en el epicentro la bioeconomía proveniente de la selva primaria y de los sistemas agroforestales como el de la ecovilla Iandê. 

El mecanismo del TFFF establece que al menos un 20% de los fondos vayan directamente para las comunidades que cuidan de las selvas tropicales. Las tres familias de la ecovilla Iandê podrían ser beneficiarias. “Han generado bastantes expectativas con el fondo. Es una forma de que el agronegocio no tome cuenta de la tierra”, afirma Lenise. “A pesar de que existen más de setenta países con selvas tropicales, los países con una tasa de deforestación de más de 0,5% no podrán recibir dinero. Esto incentivará la caída de la deforestación”, asegura Garo Barmadian.

La selva está habitada

En la Marcha Mundial por el Clima de la COP30 una serpiente gigante sostenida por indígenas y activistas causó furor. Sobre su cuerpo, una frase: “financiación directa para quien cuida de la floresta”. La serpiente, que ha aparecido en muchos espacios de la COP30, es el talismán de la campaña de la Aliança dos Povos pelo Clima  A gente cobra, un ingenioso juego de palabras (cobra es serpiente y declinación del verbo cobrar). La alianza reivindica más financiación directa para quien cuida de la selva. “Los pueblos indígenas, las comunidades, necesitan ayuda para defender sus territorios y la naturaleza. Y esa ayuda necesita llegar en forma de recursos. La mayoría de la financiación no llega a los territorios”, explicó a la Escola de Ativismo Angélica Mendes, nieta del mítico ecologista Chico Mendes, asesinado en 1988. 

La súper serpiente está sirviendo, entre otras cosas, para visibilizar que la mayoría de la selva tropical está habitada, algo no tan evidente para los países del norte global. La mayor parte de la selva potencialmente beneficiada por el TFFF está habitada por indígenas, quilombolas (afro-descendientes), ribeirinhos (quien vive al margen de los ríos) o comunidades tradicionales. “Cuando la selva está habitada por estos pueblos, ya sea bosque primario o secundario, el combate a la deforestación es más eficiente. A largo plazo, son fundamentales para mantener la selva en pie”, asegura a elDiario.es Ana María Pinto, investigadora del Instituto do Homen e Meio Ambiente (IMAZON), con sede en Belém. Un estudio de 2024 revela que la deforestación es un 83% menor en tierras protegidas por indígenas.

En los últimos días, el porcentaje del TFFF destinado a las comunidades que cuidan la selva está siendo duramente criticado. Los guardianes del clima y los movimientos sociales reivindican al menos un 50% de los fondos. La Aliança dos Povos pelo Clima está solicitando, además, la creación de un impuesto global de un 5% a millonarios y grandes corporaciones para la financiación climática. Además, la cantidad estipulada por el fondo para cada hectárea de selva tropical en pie también está siendo cuestionada. “A los pueblos indígenas y a las comunidades locales se les pagará un máximo de cuatro dólares anuales por hectáreas. Con la lógica del lucro, seguirá siendo más rentable cortar madera, criar ganado o el monocultivo”, recoge un comunicado del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), divulgado al principio de la COP30.

Críticas a la mercantilización

El fondo TFFF, según el MST, está enmarcado dentro de “las falsas soluciones del capitalismo verde” y representa “una significativa ampliación de la mercantilización de la naturaleza”. A siete kilómetros de la ecovilla Iandê, Nonato Filho, uno de los coordinadores del asentamiento Abril Vermelho de Santa Bárbara del MST, uno de los más extensos de Brasil, critica frontalmente el TFFF. “Quien va a invertir en dicho fondo son quienes más desforestan. Solo quieren lucro”, afirma Nonato, mientras pasea por una plantación de papaya. 

En 2004, el MST ocupó una antigua plantación de dendê (palma aceitera) en Santa Bárbara. En 2009, consiguieron derechos legales a explotar la tierra. En la actualidad, las 414 familias del asentamiento cultivan dos mil hectáreas (pupuña, cupuazú, cacao, papaya o andiroba, entre otras especies) y mantienen 4.500 hectáreas de selva en pie, con apoyo logístico del IMAZON. Lucimar Souza, una de las coordinadoras del Instituto de Pesquisa da Amazônia (IPAM), considera imprescindible colocar en la ecuación de la conservación la denominada “agricultura familiar”. “Los sistemas agro-forestales restauran selva degradada y por eso generan un servicio ambiental. Al mismo tiempo genera renta para las familias”, asegura Lucimar Souza a elDiario.es.

El sistema agro-forestal del asentamiento Abril Vermelho despierta admiración en el mismísimo gobierno Lula. “Esto aquí es una verdadera lección. Quise venir a este espacio porque quería ver una selva productiva en la práctica, que es el mejor ejemplo de lo que está en la declaración de la COP30”, aseguró Wellinton Dias, ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre, tras visitar el asentamiento. ¿Cómo beneficiaría el TFFF al sistema agroflorestal del asentamiento? Si las 4.500 hectáreas selva en pie del asentamiento fueran compensadas por el TFFF, el MST recibiría apenas 18.000 reales al año (algo menos tres mil euros). Unos siete euros para cada familia. 

La Declaración de la Cúpula de los Pueblos criticó el cariz financiero del TFFF: “Luchamos por la financiación pública y la tributación de las corporaciones y los más ricos. Los costos de la degradación ambiental y las pérdidas impuestas a las poblaciones deben ser pagados por los sectores que más se benefician de este modelo”. A su vez, la declaración rechaza que “instituciones que profundizan la desigualdad entre el Norte y el Sur, como el FMI y el Banco Mundial” administren el TFFF. Por otro lado, más de 200 organizaciones ha firmado la declaración No al TFFF: Si a los derechos de los bosques: “El TFFF considera de manera equivocada que la deforestación es un fallo del mercado que se resolverá colocando precio a los servicios ecosistémicos de los bosques tropicales para atraer inversiones privadas”.  

A pesar de las críticas, científicos de renombre internacional presentes en la COP30 consideran el TFFF una iniciativa acertada para combatir el cambio climático. El científico brasileño Carlos Nobre, uno de los mayores especialistas mundiales en el clima, aseguró el lunes la comunidad científica está “deseando que el TFFF empiece a funcionar”. Nobre, en un vídeo viral en el que se le ve recorriendo los pasillos de Zona Azul, alerta sobre la importancia de frenar en seco la degradación de las selvas tropicales: “Tenemos que acabar con toda la deforestación de selvas tropicales y hacer una gran restauración. Si continuamos degradando las selvas tropicales, vamos a tener innumerables epidemias y una o dos pandemias por década”.

Un incendio en la zona de pabellones de la COP30 ha obligado a evacuar las instalaciones de la cumbre del clima que se está celebrando en Belém do Pará (Brasil).

“Nos han desalojado rápido”, cuenta a elDiario.es el observador de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz que asiste a la cumbre. El gobernador de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, han informado a los periodistas que el incendio ha sido controlado en pocos minutos y que no ha habido heridos.

Según se ve en las imágenes transmitidas por las televisiones locales, los guardias de seguridad de la ONU han desocupado el área de pabellones de los países en la llamada zona azul la COP –donde tienen lugar las negociaciones climáticas–, prensa incluida.

La emisión muestra escenas de tensión, gente corriendo, bomberos llegando a las llamas y labores de extinción. Las alarmas antiincendios han roto las conversaciones que seguían teniendo lugar en los lugares más alejados de las llamas.

Caru Schwingel, representante no gubernamental por parte de la Red de Innovación Política Latinoamericana (RINP) y Asuntos del Sur, cuenta a elDiario.es que ella y otros representantes estaban participando en una conferencia de prensa cuando saltó la alarma la seguridad de la COP entró a pedirles que desalojaran la zona y se dirigieran al pasillo que une la Zona Azul y la Zona Verde de la COP. “Allí estuvimos esperando, muchos periodistas habían dejado sus equipos dentro de la sala de prensa. Recibimos un email de la secretaría de la COP que teníamos que evacuar, que el fuego estaba controlado pero que había que hacer una evacuación total”, añade.

Marcelo Rocha, director ejecutivo del Instituto AYIKA, presente en el momento del incendio se disponía a intervenir en un panel en el pabellón Climate Live, en la Zona B de la Zona Azul. En declaraciones a elDiario.es, afirma que “comenzó a fallar la luz del pabellón, y se fue la electricidad”. “Después solo vi a mi técnica de sonido alertando y llamando para la evacuación. No creo que sea nada más allá de un corto circuito”, afirma. “Como lo que ocurrió fue en la sala B y no alcanzó las salas de negociaciones, lo más probable es que antes de la noche se reabra y consigamos volver”, añade Rocha.

Todo esto mientras crece la expectación por comprobar si las delegaciones son capaces de producir, al menos, un nuevo texto borrador con las propuestas más perfiladas en busca de un acuerdo para culminar las dos semanas de COP que debería cerrarse este viernes.

El lema “no hay justicia climática sin la liberación de Palestina” resuena a lo largo y ancho de Belém do Pará, en el norte de Brasil. Desde que arrancó la COP30 el pasado día 10, la causa palestina atraviesa paneles, marchas, debates o ruedas de prensa. Y visibilizando otro crimen mayúsculo perpetrado por Israel en Gaza: el ecocidio. Una devastación ambiental que retroalimenta el genocidio.

En la rueda de prensa que abrió la Cúpula de los Pueblos, espacio paralelo a la COP30 por el que pasaron más de 30.000 personas hasta el domingo, los pueblos indígenas cedieron el primer turno de palabra a la activista palestina Salma Barakat, coordinadora del movimiento Stop the Wall. “Cuando hablamos de justicia climática, podemos recordar que Israel está bombardeando Gaza. Israel está destruyendo los árboles de Palestina. Israel está robando agua de los palestinos”, recordó en una entrevista a Agência Brasil.

La Coalición Palestina en la COP30, conformada por las principales organizaciones civiles palestinas y actores globales de peso, está haciendo la vida imposible a la diminuta delegación israelí en la Cumbre del Clima. El día 11 tuvo lugar una manifestación a las puertas de la Zona Azul de la ONU reservada para las negociaciones. “La hicimos fuera de la Zona Azul porque la censura de la ONU no permite citar a Israel y sus crímenes de guerra dentro”, asegura a elDiario.es una persona integrante de la Global Campaign to Demand Climate Justice (DCJ) que prefiere mantenerse en el anonimato.

Nuestras luchas nacen del mismo lugar: el derecho de existir y permanecer en el territorio. Lo que pasa en Palestina resuena en la Amazonia. Ambos enfrentamos la destrucción de nuestros territorios por la guerra, la codicia y por el extractivismo. Tenemos el mismo enemigo, el colonialismo

Alana Manchineri — Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab)

Para la Coalición Palestina de la COP30, la participación de Israel en las negociaciones después de que la comisión independiente de la ONU confirmara su responsabilidad en el genocidio de Gaza es inaceptable: “La principal demanda de la Coalición Palestina en la COP30 es que Israel sea excluido de las negociaciones aquí y de los foros de la ONU. Es necesario también prohibir la participación de todas las empresas cómplices del genocidio en la conferencia. También son responsables de la destrucción del medio ambiente, de la tierra y del agua en Palestina”, declaró Jamal Juma, del movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) al Observatório do Clima de Brasil.

Salma Barakat se mostró satisfecha por las acciones de la Coalición Palestina en la COP30: “Queremos que el año que viene Israel no tenga asiento en la COP. Este año vinieron con una delegación pequeña, antes eran grandes. Eso muestra el impacto de nuestro trabajo”, afirmó.

Boicot energético contra el ecocidio

La segunda gran petición de la Coalición Palestina en la COP30 es un embargo de energía a Israel, causa que cuenta ya con un fuerte recorrido internacional. La española Ana Sánchez, coordinadora de Global Energy Embargo, presente en Belém, sostiene que la liberación del pueblo palestino forma parte del movimiento global de justicia climática porque las mismas empresas que imponen el apartheid del agua en Palestina son las que niegan el derecho al acceso al agua a los pueblos indígenas. “Israel no sería capaz de sostener ni el genocidio, ni el apartheid, ni la ocupación ilegal de Palestina sin apoyo exterior y cooperación energética, desde el carbón que mantiene y sostiene toda la energía que ilumina y que sustenta toda la industria de los asentamientos hasta todo el combustible militar”, asegura.

Desde 2023, Gaza perdió el 97% de sus árboles fructíferos, el 95% de sus arbustos y el 82% de sus cosechas anuales

Informe de la ONU

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicado a finales de septiembre revela que Israel está provocando una verdadera devastación ambiental en Gaza. El ecocidio es un factor importante del genocidio. “Gran parte de la vegetación de Gaza ha sido destruida. Desde 2023, el enclave perdió el 97% de sus árboles frutales, el 95% de sus arbustos y el 82% de sus cosechas anuales. La producción de alimentos a larga escala es inviable. Eso ocurre mientras más de 500.000 personas en Gaza pasan hambre, y cerca de un millón están en situación de emergencia alimentaria”, recoge el informe.

La degradación del suelo es tal que ha perdido su capacidad de absorber agua y de reabastecerse con agua subterránea. “El 97% del agua está contaminada y los paneles solares han sido sistemáticamente destruidos”, aseguró al Observatorio del Clima el activista palestino Rana Harrara, de Swana Climate Sirens, en la protesta de la Zona Azul. Por su parte, la campaña Global Energy Embargo denuncia que las empresas de agua y del agronegocio son cómplices del genocidio y ecocidio al “proveer tecnología de riego y agrícola a los asentamientos ilegales de Israel”.

La Coalición Palestina en la COP30 ha compartido a su vez en Belém el resultado de un estudio académico que calcula la huella de carbono del ataque militar de Israel en Gaza. Entre octubre de 2023 y enero de 2025, las agresiones militares en Gaza emitieron 1,89 millones de toneladas de CO2. El 99% de esa contaminación climática corresponde a los bombardeos aéreos e invasiones terrestres israelíes. La huella de carbono a largo plazo superaría, según el informe, los 31 millones de toneladas de CO2, más de lo que Costa Rica y Estonia emitieron juntas en 2023. “El cielo de Gaza fue transformado en armas. Durante el genocidio se emitieron millones de toneladas de CO2”, sostiene Harrara.

Palestina indígena

La Cumbre del Clima de Belém está propiciando una nueva alianza sólida entre Palestina y los pueblos indígenas, los verdaderos guardianes del clima. Salma Barakat confiesa que cuando llegó a Brasil y escuchó a una persona indígena, lloró. “Lo que nos pasa a los palestinos ocurre en América Latina. Las grandes corporaciones y gobiernos les dicen que no tienen derecho a la tierra. Intentan echarles y les dicen que pueden vivir en otro lugar. Pero ellos creen en la conexión con la tierra, con el agua, con el aire. Nosotros también. No podemos simplemente irnos, porque tenemos una conexión con la tierra”, defiende.

La alianza de los pueblos indígenas de la Amazonia y la causa palestina también está siendo cocinada dentro de la Zona Azul de la ONU. En el panel Prácticas Coloniales de Exploración de Estrategias de Resistencia en los Territorios, Alana Manchineri, asesora internacional de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab), destacó la solidaridad del movimiento indígena amazónico con la lucha del pueblo palestino: “Nuestras luchas nacen del mismo lugar: el derecho de existir y permanecer en el territorio. Lo que pasa en Palestina resuena en la Amazonia. Ambos enfrentamos la destrucción de nuestros territorios por la guerra, la codicia y por el extractivismo. Tenemos el mismo enemigo, el colonialismo”.

Incisiva, contundente, directa. Alessandra Korap (1985), más conocida como Alessandra Munduruku, la activista indígena más influyente de Brasil, se expresa con autoridad. “Quiero hablar más, no quiero que me interrumpas”, dice en un momento de la entrevista. Alessandra Munduruku recibe a elDiario.es a bordo del barco Imperatriz, sobre el río Guamá. Rodeada de su familia, en un pequeño descanso en medio de su intensísima agenda durante la COP30, Korap habla de las reivindicaciones indígenas, de la importancia de mantener la selva en pie y de la falta de escucha del presidente brasileño Lula da Silva. “Está sordo, todavía está ciego. No ha aprendido lo suficiente”, afirma. 

Cuando el micrófono no está grabando, Korap ironiza sobre la ocupación de la Zona Azul por parte de los pueblos indígenas que ocurrió el segundo día de la COP30. “La ONU pensaba que nadie podía ocupar la Zona Azul, y ahí llegamos nosotros y la ocupamos”, comenta sonriendo. A su vez, el pasado viernes, el pueblo Munduruku cortó el acceso a la Zona Azul, para reivindicar la demarcación de dos tierras indígenas en el río Tapajós, amenazado por buscadores de oro, empresas mineras y por un polémico nuevo proyecto de hidrovía. Tras el bloqueo, Alessandra Korap entró a la Zona Azul para negociar con el gobierno, que demarcó las tierras indígenas de forma inmediata. 

En Brasil, Alessandra Munduruku es un icono pop. Su rostro estampa muros, paredes, camisetas. Protagoniza portadas de revistas de moda. En el mundo, es una de las indígenas más respetadas.  En 2019, dio un discurso para más de 270 personas en la Puerta de Brandemburgo de Berlín. En 2022, ganó el premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos en Estados Unidos. En 2023, fue homenajeada con el Premio Goldman, considerado Nobel del medio ambiente.

El pasado viernes el pueblo Munduruku cortó el acceso a la Zona Azul de la ONU. ¿Cuáles fueron los motivos? 

La ONU dice que tiene 192 países, y todos esos países no están escuchándonos. Estamos en mi casa, en la Amazonia, en el estado de Pará. Algunos tenemos incluso acceso al espacio (Zona Azul), pero no tenemos voz. Sé que se está intentando escuchar a los pueblos indígenas, pero no es suficiente. Necesitan oír mucho más, escuchar y sentir lo que está ocurriendo con los ríos, con la selva y principalmente con los pueblos indígenas. 

Tras el corte, el pueblo Munduruku fue recibido por Sônia Guajajara (ministra de los Pueblos Indígenas) y por Marina Silva (ministra de Medio Ambiente). El Gobierno demarcó dos tierras indígenas Munduruku que estaban pendientes. ¿No podían haberlo hecho antes?

En Brasilia, el presidente nunca nos escucha. Ahora aprobó el decreto 12.600 (decreto presidencial que abre el camino para construir hidrovías en algunos ríos de la Amazonia). Por eso dijimos, vamos a cortar el acceso a la ONU ahora. El resto de países también son responsables, porque compran minerales y madera de nuestra tierra. Son ellos los que incentivan al gobierno de Brasil a crear leyes y a expulsarnos de nuestro territorio. Son responsables de matar nuestro río y de frenar las demarcaciones de tierras indígenas en Brasil.

El segundo día de la COP30, por primera vez en la historia, la Zona Azul de las negociaciones fue ocupada. En ese preciso momento, en uno de los principales espacios paralelos, la COP do Povo, los activistas celebraron que los indígenas entraron en la Zona Azul como si fuera un gol en un mundial de fútbol. Algunos llevaban intentando ocupar la Zona Azul desde la Cumbre de Copenhague de 2009. ¿Cómo se consiguió esa hazaña?

Tenemos mucha fuerza. Solemos decir que nos llega mucha energía del río, de la selva, de los rituales que hacemos. Eso es lo que nos motiva. Los enemigos nos invisibilizan. Cuando los enemigos no nos prestan atención y se despistan, ya estamos ahí, haciendo una acción para que la vean de todas las partes del planeta.

¿Cuál es la importancia conservar la selva en pie para los pueblos indígenas, y para el clima del mundo? Estos días, todos los indígenas que han intervenido en paneles o hecho declaraciones a medios de comunicación han resaltado que están sintiendo el cambio climático de una manera fuerte... 

Ninguna empresa minera o petrolera está preocupada con el medio ambiente. En Europa, la gente está en el frío o en el aire acondicionado, decidiendo en una oficina por nosotros. Aquí, ya sentimos el cambio climático. La tierra se seca. Cuando hace tanto calor, la yuca, el açaí, se queman. Los ríos se secan y los peces se mueren. Ya estamos sintiendo los incendios, las enfermedades. Si los ríos se secan, ¿dónde vamos a beber agua? Estamos teniendo que comprar agua porque el agua desapareció. Queman la selva para plantar soja, y ese humo es peor que la contaminación de São Paulo. La Amazonia vive en el caos porque las empresas financian al agro-negocio para invadir nuestras tierras.

El gobierno de Brasil ha propuesto el Fundo Florestas Tropicais em Pé para Sempre (TFFF), un fondo global para que el mundo por conservar las selvas en pie. ¿Cómo le explicaría a alguien de Europa que en la mayoría de los casos, en esa selva en pie hay habitantes, gente que cuida de la selva, indígenas, afrodescendientes, población ribeirinha?

Mira, quienes han venido a la COP30 desde todo el mundo ya se han dado cuenta de que Belém es una ciudad grande. Hay edificios, casa, coches, tecnologías, aviones. Los indígenas, los pescadores, los ribeirinhos, estábamos tranquilos. De repente, llegan la ciudad y las empresas expulsándonos. Colonizan las mentes con dinero, porque necesitan dividirnos. Cuando el gobierno dice que va a invertir recursos, para nosotros no llegan. La sanidad está precaria, estamos enfermos. Las mujeres se enferman con el mercurio de los buscadores de oro. Y ahora llegan todas esas empresas que están invadiendo nuestras tierras diciendo que van a salvar las Amazonia... 

¿Aparte de inversión pública, sería importante tener financiación directa del fondo global propuesto por Brasil, gestionado directamente por pueblos indígenas y las comunidades locales que ayudan a conservar la floresta? 

El gobierno piensa que somos incapaces de hacer eso. Pero si tenemos de todo, estamos muy organizados. Tenemos fondos asociaciones, institutos, medios de comunicación. Claro que somos capaces. 

A Belém han venido movimientos ambientalistas de todo el mundo, pero también movimientos sociales de las más diversas causas. ¿Considera importante la alianza de los pueblos indígenas con movimientos sociales urbanos, incluso del norte global? 

Sí, me parece importante esa alianza. La ciudad también está sufriendo. Las ciudades están despertando. Los jóvenes están despertando. Pero es insuficiente. Necesitamos parar el avance del capitalismo que nos está matando. Quien vino a la marcha (Macha Mundial por el Clima del pasado sábado) es porque está entendiendo la importancia de conservar el medio ambiente y sabe que el cambio climático está ocurriendo. Me siento muy feliz al ver que ese grito no es solo mío, sino de todo el mundo.

Unas semanas antes de la COP, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA) liberó la perforación de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas. ¿Qué le parece la idea de continuar explotando petróleo?

Cuando se abre un camino de un proyecto grande que va a perjudicar el medio ambiente, a los ríos, a los pueblos de la selva, abre la puerta a otros proyectos. Si no existe consulta previa, como es el caso, se está violando el derecho. La violación de la naturaleza y de los pueblos indígenas ya comenzó. Si se derrama petróleo, ¿quién va a ser el responsable?

A pesar das contradicciones del presidente Lula da Silva, el gobierno tiene por primera vez en la historia una ministra de Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara. ¿Cómo evalúa al gobierno Lula en relación a los pueblos originarios?

El presidente Lula tiene mucho que aprender. Su primer error fue construir la presa de Belo Monte (se refiere a la presa de Belo Monte del río Xingu, construida durante el mandato de Dilma Roussef). Después, intentaron más presas en ríos sagrados. Después, en nuestro río Tapajós. Solo no consiguieron construir la presa porque no dejamos a los investigadores y técnicos pasar. 

Ahora dice que está oyendo a los pueblos indígenas, pero aprueba la privatización de nuestro río con el decreto 12.600. Aprobó la perforación de petróleo, del ferrogrão (ferrovía para llevar grano de soja al río Amazonas desde el sur). O sea, todavía está sordo, todavía está ciego. No ha aprendido lo suficiente. No está respetando los derechos de los pueblos indígenas. De nada sirve que hable de medio ambiente si no escucha a los pueblos indígenas. 

En la marcha había muchos carteles con la frase, “eu sou corpo-território” (yo soy cuerpo-territorio). ¿Cómo explicaría de manera didáctica a los europeos que los pueblos indígenas no consideran la naturaleza algo externo, sino parte de su propio cuerpo? 

Los blancos usan la biblia, religiones. Si hieres esa Biblia, sienten que hieren sus cuerpos, ¿no? Estás hiriendo su espíritu. ¿Por qué no podemos decir nosotros que el río y la selva son parte de nuestro cuerpo? Si se hiere a un cura, los blancos se indignan. Si rasgas la biblia, se sienten ofendidos. ¿Por qué el río no puede ser nuestro dios? Los blancos no entienden que el río es cuerpo, es territorio, es naturaleza. 

Hace unas semanas usted protagonizó la portada de la revista Vogue. ¿Por qué aceptó? ¿Era una guiño a las mujeres, al movimiento feminista? 

Bueno, tenemos que enseñar a los hombres a respetar a las mujeres. Tienen que dejar espacio a las mujeres. Sobre la revista Vogue... nunca había oído hablar de ella, porque mi lucha es a ras de suelo, en el enfrentamiento. El mundo de la moda tiene que entender que es necesario valorar más los productos de la naturaleza y ayudar a quienes lo necesitan. Hay comunidades que no tiene escuelas o agua. La moda no entiende que luchamos por el territorio, que es el río. A la gente de la moda les da igual la selva, los ríos. Necesitan cambiar y empezar a hablar de la naturaleza y de los pueblos tradicionales, ¿no? 

¿Cómo protegen las mujeres el territorio? 

Todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto. Yo no ando sola. Decidimos todo en conjunto. Somos nosotras quienes muchas veces hacemos el enfrentamiento. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones somos invisibilizadas. Yo aprendo mucho con las mujeres.

Hablando de su imagen. Ha adquirido mucha potencia en redes sociales. Y los pueblos indígenas están muy organizados comunicativamente hablando. Tienen colectivos como Mídia Indígena... ¿Qué importancia tienen las redes sociales para su causa? 

Las uso mucho. Las uso para mostrar nuestros cánticos, para denunciar, para mandar un recado, porque a veces nadie quiere oírnos. Se convirtieron en un arma. La tecnología ayuda en nuestra lucha. Y mucho. No quiero que me maten después de haber sido invisibilizada. Quiero hablar ahora de la lucha. Quiero enseñarle a todo el mundo nuestro río, nuestra selva, nuestro pueblo. 

¿Cómo consigue imaginar el futuro? 

El futuro depende de la juventud, de los niños. Si crecen en las universidades, en las escuelas, si les educamos en casa lo que es respetar a los pueblos indígenas, si usan la tecnología para visibilizar la conservación de la Amazonia, el futuro va a mejorar. Si no nos respetan, no hay demarcación de tierras y solo se sangra la tierra va a ser un desastre y el cielo va a caerse.

Una docena de manifestaciones, una protesta con más de doscientas embarcaciones, performances, exposiciones críticas realizadas con cenizas de incendios, bloqueos en el acceso a la Zona Azul (como el protagonizado por el pueblo Munduruku el viernes), invasiones estratégicas de espacios (como la del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, el MST en la AgriZone financiada por el agro negocio). Y una acción subversiva histórica en el segundo día de la COP30: la irrupción de un grupo de indígenas en la Zona Azul. “Esa ocupación es todo lo que soñábamos en la Cumbre de Copenhague (la COP15 de 2009). Los pueblos indígenas lo consiguieron gracias a su autoridad moral”, asegura a elDiario.es el activista turco Selçuk Balamir, que estuvo presente en la Marcha Saúde e Clima (marcha salud y clima) que acabó ocupando la Zona Azul. 

La marea social está desbordando la COP30. Aparte de la Cúpula de los Pueblos (una verdadera COP30 paralela que acoge a 1.300 movimientos sociales) y la Aldeia COP (con 3.400 indígenas de acampados), la cumbre del Clima de Belém cuenta con ochenta espacios paralelos. “Yo estoy aquí como parlamentaria, pero más centrada en la programación paralela”, confesaba el jueves a este medio Sâmia Bonfim, diputada del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), en un puesto callejero. Aunque miembros del gobierno de Brasil manifestaron preocupación tras la ocupación de la Zona Azul, algunos reconocen en off que esa presión les ayudará a negociar. “El gobierno brasileño hizo un esfuerzo para incluir a la sociedad civil en su delegación. Aunque no tenemos derecho a voto, podemos incidir en las personas que votan” asegura a elDiario.es la brasileña Caru Schwingel, representante no gubernamental, por parte de la Red de Innovación Política Latinoamericana (RINP) y Asuntos del Sur.

¿Será suficiente el desborde social de la COP30 para conseguir buenos acuerdos?, ¿se tomarán en cuenta las demandas de los pueblos indígenas que el gobierno brasileño ya define como “guardianes del clima”?

La Marcha del Clima más diversa

En la abertura de la Marcha Mundial por el Clima de este sábado, Sônia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas, afirmó que la ONU tiene que entender que llegó la hora de escuchar a la Amazonia: “Estamos aquí junto a quienes cuidan de todos los biomas para decir basta. Vivimos en una emergencia climática. Por eso, esta manifestación se transforma ahora en la verdadera Zona Azul de la COP30”.  

En medio de la Marcha Mundial por el Clima, el danés Lasse Marku, de 47 años, empujaba una estatua de la “plaga naranja” de Donald Trump. Lasse, que ha ido a casi todas las COP desde la Cumbre de Copenhague de 2009, se mostraba fascinado por la efervescencia social de Belém: “No había visto nada igual antes. Es con mucha diferencia la COP más potente”. La marcha fue un crisol transversal de pueblos indígenas, militantes afrodescendientes, sindicatos, feministas, movimientos rurales, ecologistas, militantes de partidos de izquierda, profesores. “Yo defiendo la diversidad sexual y el papel de cultura en la lucha climática”, declaraba el activista brasileño Jetskee Dream, mientras sostenía un escudo con la portada del libro O pacto de branquitude, de Cida Bento. Jetskee forma parte del Book Bloc, colectivo internacional que preparó escudos-libros con títulos ambientales para la marcha de la COP30.

En la Marcha del Clima de Belém estaba presente una verdadera “marea roja” de la izquierda tradicional. El lema de una camiseta sintetizaba el espíritu transversalizador de Brasil: “No hay justicia climática sin vivienda digna”. “El cambio climático nos afecta a todos Necesitamos una transición justa para todos, no solo una transición para las empresas”, reivindicaba Joisale Nunes, portavoz regional del sindicato Central Única de Trabajadores (CUT), el principal de Brasil. 

La joven indígena Txai Surui, icono global tras su discurso en la COP26 de Glasgow en 2021, confesaba a elDiario.es al inicio de la marcha que la COP30 comenzó mal. “Anunciaron explotación de petróleo en la desembocadura del Amazonas... No tienen palabra. Aunque a veces cunda el pesimismo, nosotros indígenas tenemos la responsabilidad de tener esperanza”, aseguraba Txai, a quien Greta Thunberg, presente en Belém, considera la verdadera líder ambiental del mundo. Los carteles de la marcha del clima de Belém reformulan las narrativas ambientales: “Sin selva no hay clima”, “El futuro es indígena”, “Cuerpos y territorio en pie” o “yo soy cuerpo-territorio”. “Mi cuerpo es parte de él, no soy algo separado de la naturaleza”, explicaba la indígena brasileña Kenya Pataxó a este medio.

La COP indígena

El pasado miércoles, el mítico cacique Raoni Mektutkire de la etnia Kayapó lanzó un ataque frontal contra la extracción de petróleo en la Amazonia. Disparó directamente contra su aliado Lula, con quien subió la rampa presidencial en enero de 2023. “Voy a pedirle una reunión y si hace falta, le tiro de la oreja para que escuche”, declaró el cacique a bordo de uno de los barcos de la barqueata, una protesta con más de doscientas embarcaciones en el río Guamá. En la cubierta del barco, Leo Cerda, indígena kichwa de Ecuador, reivindicaba financiación global para los indígenas. “Necesitamos financiación directa, gestionada por los pueblos originarios. El 20% que quieren entregarnos es insuficiente”, aseguró a elDiario.es, en referencia al Fundo de Florestas Tropicales para Sempre (TFFF), propuesta estrella de Brasil para la COP30. En las calles de Belém se ven muchos grafitis y murales pidiendo “financiación directa para quien cuida de la selva”. En las conversaciones oficiales y extraoficiales empieza a haber quorum para demandar que el 50% del fondo TFFF sea gestionado por las propias comunidades que cuidan de las selvas tropicales.  

Sônia Guajarara, ministra de los Pueblos Indígenas, se enorgullecía el pasado jueves de estar trayendo la causa indígena al centro del debate global. Guajarara destacó que 900 indígenas están acreditados oficialmente en la Zona Azul, 360 de ellos brasileños. La ministra quiere ir más allá de la COP21 de Copenhague, que reconocía la importancia de los indígenas en la mitigación del cambio climático. Su principal apuesta es una declaración oficial para incentivar la demarcación legal de tierras indígenas. Para recoger las demandas de los pueblos indígenas de todo el mundo, la presidencia brasileña de la COP30 creó el Círculo dos Povos. 

De los cinco mil indígenas llegados a Belém estos días, 3.400 están acampados en la Aldeia COP. En el espacio, al que se accede con una acreditación propia (la de la ONU no sirve), carteles gigantes mandan recados: “Las respuestas no están en lo alto, sino en el suelo de los territorios.” Al lado del espacio Guardianas del Clima, Kako Pachi, indígena Pemón de Venezuela, sostiene que los indígenas garantizan el equilibrio climático: “Somos los guardianes del clima. Se habla mucho de inteligencia artificial, pero es más importante la inteligencia ancestral que va de la mano de la inteligencia natural”, aseguraba el jueves a elDiario.es. ¿Conseguirá la delegación brasileña incorporar las peticiones de los pueblos indígenas y de la Cúpula de los Pueblos, que mañana entregará su carta a la presidencia brasileña de la COP30?

La fuerza de la presión social

De momento, en el borrador de las negociaciones se ha colado la creación de zonas indígenas libres de petróleo, gas y extractivismo. José Carlos Carvalho, ministro de medio ambiente de Brasil entre 2002 y 2003, confesaba el martes a elDiario.es en la Zona Azul que confía en la diplomacia de su país: “La presión de los movimientos sociales es una tradición nuestra. Servirá de ayuda para negociar”. El activista ambiental Inti Bonomo, delegado no oficial de Argentina en la COP30, se muestra impresionado por el esfuerzo del gobierno brasileño por “intentar generar porosidad” con la sociedad civil. “Se nota que es una COP distinta. Y hay una oportunidad histórica de que Naciones Unidas dé voz y voto a los pueblos indígenas. Veremos si Brasil lo consigue”, declara a este medio.

En los bastidores de la Zona Azul, la diplomacia ambiental brasileña ya está deshaciendo bloqueos. Puede que Brasil consiga ya un compromiso oficial del mundo para comenzar a abandonar los combustibles fósiles. La experiencia de la cumbre del G20, celebrada en Río de Janeiro en noviembre de 2024, brinda algunas pistas. Un activista que prefiere mantenerse en el anonimato explica a elDiario.es que el gobierno Lula pagó la realización de acciones activistas. Los cientos de carteles y proyecciones callejeras en Río de Janeiro para tasar a los ricos no eran tan espontáneos. Contra todo pronóstico, Brasil consiguió incluir en el texto final una declaración a favor del impuesto a los millonarios. 

“Nadie como nosotras para hablar del cambio climático. Deberíamos estar allí en la COP30, explicándoselo a los políticos, pero no nos han invitado, y eso que somos las guardianas de los árboles”. Danielle Raiol, presidente de la Associação de Mujeres Extractivistas de Combu, moradoras de la isla fluvial de Combu del municipio de Belém, habla con frustración. Explica cómo el aumento de la temperatura alteró los ciclos de la isla. “En 2023, no conseguimos recoger suficientes semillas de andiroba para preparar aceite (uno de los productos que venden), hacía demasiado calor. La sequía complicó todo”, afirma Danielle.

A unos metros de distancia, en un pequeño muelle que comunica la sede de la asociación con un igarapê (brazo de río), Junior Boaventura, de 32 años, confirma el sentimiento agridulce que la COP30 está dejando en la isla Combu, en la que viven 1.500 personas. Sin negar que trae turistas, Junior, el gran influencer ambiental de la isla, se queja de la falta de inversión pública. “Ni ha habido inversión ni nos han invitado a la COP30”, afirma. Una bandera del SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas) ondea en el restaurante de su familia, el Boá da Ilha: “Sebrae pelo turismo” (“Sebrae por el turismo”). “No es inversión, solo nos ayudan con consultorías. Además, iba a haber préstamos a la población local, pero son de 15.000 reales (unos 2.450 euros), con eso no haces nada”, matiza.

En septiembre, un megaconcierto de la cantante Mariah Carey, organizado por Rock in Rio, dio visibilidad global a la ilha do Combu. El mega palco con forma de nenúfar costó 30 millones de reales (4,9 millones de euros). “Para la isla, dejaron dos millones de reales (unos trescientos mil euros). Una miseria. Esta lógica de los megaeventos no nos deja casi nada. Incentiva la especulación inmobiliaria”, señala Junior. El influencer, que hace publicidad desde su perfil de Instagram con frecuencia, se queja de que la COP30 ni siquiera le ha traído propuestas comerciales.

El desencanto de los habitantes de la ilha de Combu refleja las contradicciones de la COP de la Amazonia. A pesar de un esfuerzo importante del gobierno brasileño para incluir a la sociedad civil en sus 286 paneles, la mayoría de las comunidades tradicionales de la región metropolitana de Belém no están presentes en la programación oficial de la Zona Azul de la ONU. Y la inversión pública en infraestructura de siete mil millones de reales (1,14 millones de euros) ha beneficiado poco a la población más desfavorecida (con algunas excepciones). ¿Cuál será el legado de la COP30 para Belém y la región Amazónica?, ¿repararán las delegaciones oficiales de la cumbre climática la extrema sensibilidad del clima tropical húmedo al calentamiento global?

El legado carbónico de la COP30

El gobernador de Pará, Helder Barbalho, presumió recientemente de que el 98% de las obras prometidas para la COP30 están finalizadas: puentes como de Icoaraci, grandes avenidas, alcantarillado en barrios periféricos, reformas de mercados (como el histórico Ver-O-Peso) o puertos como el de Outerio. Una inversión millonaria que ha provocado un auténtico cambio de imagen de un área metropolitana de 2,5 millones de habitantes. A pie de calle, la mayoría de la gente elogia las obras. “Eran necesarias, van a mejorar la ciudad. Durante muchos años Belém ha estado olvidada,”, asegura Wendel Lima, que trabaja como chófer privado durante la COP30. “La gente en Outeiro está contenta con las infraestructuras. Las obras en el centro de Belém también quedaron bonitas”, afirma Aldaid Santos Ataide, vecino de Outeiro, que trabaja de guardia de seguridad en la Zona Azul.

Sin embargo, existen críticas contundentes. La prestigiosa urbanista Raquel Rolnik denuncia en un duro artículo que las obras del paquete COP30 han repetido el vigente modelo carbonocéntrico. Avenidas y viaductos duplicados. Asfalto para mejorar la circulación de los coches. “El foco en las carreteras es particularmente contradictorio para Belém, que es una metrópolis fluvial con 42 islas y una relación histórica con las aguas”, escribe. En su opinión, Belém debería haber aprovechado la COP30 para “desplazar el centro del debate sobre los modos de producción del planeta del hemisferio norte para la periferia del capitalismo, a partir de la Amazonia”.

Ana Claudia Duarte Cardoso, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Pará (UFPA), denuncia que se ha aprovechado el mega evento COP30 para sacar del cajón viejos proyectos. “Es una pena cómo ese proceso gentrificador está en la cabeza de muchos técnicos. Era el momento de echar el freno de mano y cambiar de dirección en cómo se vive en la ciudad”, asegura en entrevista con elDiario.es. La propia construcción del parque da Cidade, donde se localizan la Zona Azul y la Zona Verde, entregó espacio público a la iniciativa privada. El parque fue construido sobre un antiguo aeroclub gracias a una alteración de una ley aprobada por el pleno municipal en abril de 2022. El cambio de la ley, escribe Brenda Taketa en O joio e o trigo, “liberó la oferta de servicios de hostelería, cultura, ocio, deportes, gimnasios, restaurantes, bares... autorizando el uso y ocupación del área por agentes privados”.

La carretera de la discordia

Ana Claudia Duarte Cardoso cita como ejemplo de obra oportunista la ampliación de la Avenida da Liberdade, que hace meses protagoniza reportajes en medios internacionales como la carretera construida sobre selva protegida para facilitar el tráfico durante la conferencia. En realidad, la carretera es un proyecto de 2012 y no ha recibido dinero de las obras de la COP30. El gobierno regional intentó comunicarla como si fuera parte del “paquete de obras” de la COP30 para acelerar su ejecución. “Como le dio muy mala repercusión, ahora niegan que tenga nada que ver con la COP”, matiza Ana Claudia. No solo eso: las obras están paralizadas. La ampliación de la Avenida da Liberdade está llena de irregularidades: desplazamiento de la comunidad tradicional Nossa Senhora dos Navegantes, atravesar ilegalmente el Área de Protección Ambiental de Belém, construir sobre acuíferos... “El trazado pasa sobre dos lagos Bolonha que abastecen gran parte de los grifos de Belém”, denunció el activista socioambiental Maurício Santos a la Agência Pública. 

La ampliación de la Avenida da Liberdade ha afectado a su vez al Quilombo Abacatal, una comunidad de afrodescendientes en la que viven 121 familias. De poco sirvieron sus protestas. Vanulza Cardoso, gran matriarca del quilombo, explica a elDiario.es cómo la obra violó sus derechos. “Deberían habernos consultado. Han atropellado nuestros derechos”, dice indignada. El Quilombo es una gran mancha verde en el área metropolitana de Belém. La comunidad vive en armonía con la naturaleza. “Aunque extraigamos alimentos vivimos una relación entrelazada de respeto con la naturaleza. El capital económico entiende la naturaleza como capital”, matiza Vanulza. 

Racismo ambiental

El pasado mes de abril, se viralizó una imagen captada por un dron con pancarta con las palabras “racismo ambiental” en una comunidad de palafitas (casas construidas sobre el agua). A ras de suelo, niños y adolescentes de Vila da Barca protestaban contra la intención del gobierno regional de que los residuos de la COP30 pasaran por la comunidad. El periodista Guilherme Guerreiro Neto narra el conflicto en un reportaje en SUMAUMA: “Denunciaban racismo ambiental. Y saben lo que dicen. Lo sienten en la piel y en el gusto del agua. Sienten la desigualdad de la capital de Pará”. A menos de dos kilómetros de Vila da Barca está la Avenida Visconde de Souza Franco, conocida como Doca, donde un apartamento de más de 600 metros cuadrados puede costar hasta 2,5 millones de dólares. La Doca ha sido transformada en un parque, puro maquillaje para la COP, escribe Guilherme Guerreiro. Un parque en el que el gobierno de Pará instaló los antiecológicos árboles fake importados de Singapur con macetas colgantes. ¿Tiene sentido importar esa tecnología para la Amazonia, la región con más biodiversidad del mundo?

Vila da Barca, donde no hay saneamiento básico, lleva meses en pie de guerra. Entró en la justicia, que ralentizó las obras (aunque no las paralizó). Su lucha desencadenó una marea de solidaridad y ayudó a popularizar y escalar la idea de “racismo ambiental”. “El concepto no es nuestro, pero se está usando mucho en la Amazonia para explicar cuando vemos grandes emprendimientos en las proximidades de comunidades étnicamente declaradas, no solo quilombolas, sino indígenas o ribeirinhos (como se conoce a quienes viven en las orillas de los ríos)”, asegura Vanulza. 

El racismo ambiental, un concepto que ha ganado fuerza en los últimos años, parece haberse colado por la puerta trasera de la COP30. Y va salir por la puerta grande en la Declaración de Belém. Para Ana Claudia Duarte Cardoso, la resistencia de las comunidades locales de Belém contra las obras de la COP30 ha sido fundamental. La Declaración de Belém sobre el Combate al Racismo Ambiental, según recoge el gobierno brasileño, “busca fomentar el diálogo internacional sobre la intersección entre igualdad racial, medio ambiente y clima, reforzando la dimensión de los derechos humanos, particularmente de la justicia social, en las políticas internacionales”.

El tarifazo del gobierno de Estados Unidos empieza a volverse en su contra. El pasado 28 de abril, un influencer chino publicó un vídeo mostrando navíos brasileños descargando soja en el puerto de Ningbo-Zhoushan, próximo a Hangzhou y Shanghái. “Después de que China redujera las compras de Estados Unidos, navíos con soja brasileña están apareciendo uno detrás del otro”, afirmó en la plataforma Weibo. Tras el revuelo, Chao Chenxin, vicedirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del gobierno de China se vio obligado a dar una rueda de prensa para confirmar que la soja brasileña estaba sustituyendo a la estadounidense, tal como recoge un artículo de la Cámara de Comercio de Desarrollo Internacional Brasil-China. “Incluso sin la adquisición de cereales y de granos oleaginosos de Estados Unidos, el suministro doméstico continuará estable”, declaró Chao Chenxin.

El pasado mes de abril llegaron al puerto de Ningbo-Zhoushan 700.000 toneladas de soja brasileña, un 32% más que en el mismo mes de 2024. Mientras tanto, las exportaciones estadounidenses a China se desploman. La segunda semana de abril China compró 72.800 toneladas de soja a Estados Unidos, mientras que en la tercera semana apenas fueron 1.800, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La previsión de importación de granos por parte de China desde abril hasta finales de junio representa un récord histórico, según Bloomberg: treinta millones de toneladas, provenientes principalmente de Brasil, Argentina y Uruguay.

Las alarmas han estallado en el interior de EEUU. Los agricultores estadounidenses empiezan a alzar la voz contra la política arancelaria del presidente Donald Trump. “Los productos comprados por China de nuestros competidores en Brasil o Argentina no tienen el arancel extra de los estadounidenses. China recurrirá primero a América del Sur y sólo comprará soja de Estados Unidos cuando sea absolutamente necesario”, afirmó Caleb Ragland, presidente da Asociación Americana de Soja y productor en Kentucky, a CNN.

El eje México-Brasil se robustece

Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, aprovechó su visita a la investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta mexicana el año pasado para estrechar las relaciones económicas con México. Lula lanzó la propuesta de instaurar un foro económico bilateral permanente y de realizar dos grandes eventos empresariales, uno en cada país. Desde entonces, el eje México-Brasil está robusteciéndose. Sheinbaum viajó a la cumbre de presidentes del G20 en Río de Janeiro. Fernando Haddad, ministro de Economía de Brasil, acaba de reunirse en México con la presidenta y empresarios de ambos países para trabajar conjuntamente la transición energética e integración de la región. “Hasta ahora, México era considerado un país de economía orientada a las exportaciones a América del Norte, pero poco integrado con los vecinos del sur. Esto va a cambiar con la política aislacionista de Trump”, argumenta el analista político Alexander Busch en un artículo. 

Leonardo Paz, investigador del Núcleo de Prospección e Inteligencia Internacional de la Fundação Getúlio Vargas (FGV), asegura a elDiario.es que la reacción latinoamericana al gobierno Trump está siendo más económica que política. “No veo movimientos de integración en la región. Para que eso ocurra tienes que tener un país liderando eso. Brasil ocupaba ese papel en los años 2000. Brasil y Argentina, en este momento, son países, básicamente, antagonistas en un sentido ideológico”, afirma Paz.

El investigador reconoce que aunque el tarifazo de Trump produce el efecto colateral de aumentar el comercio interno latinoamericano, la mayoría de los países “están buscando una solución fuera de la región”. El cambio, según el investigador, está ya ocurriendo. “Los países latinoamericanos están moviendo sus cadenas de producción hacia otros lugares. Básicamente, desplazas a otros mercados la ruta de los flujos comerciales, para que la cadena tenga más eficiencia económica. Brasil, por ejemplo, está dejando de comprar una serie de productos de Estados Unidos”, asegura Paz.

La vía asiática

Colombia se incorporó el pasado mes de mayo a la Franja y la Ruta, conocida popularmente como la Nueva Ruta de la Seda, un ambicioso proyecto de integración global de China en el que ya participan 140 países. Como contrapartida, China ofreció a Colombia una línea de financiación de 8.250 millones de euros y prometió aumentar sus importaciones del país.

El ingreso en la Nueva Ruta de la Seda de Colombia, aliado histórico de Estados Unidos, desequilibra aún más la guerra comercial entre Pekín y Washington en América Latina. Brasil, que a pesar de tener una relación comercial privilegiada con Pekín no forma parte de la Nueva Ruta de la Seda, acaba de cerrar acuerdos billonarios con el gigante asiático en economía digital e Inteligencia Artificial.

Por su parte, Chile, que ya forma parte de la Nueva Ruta de la Seda, está en un proceso acelerado de aproximación económica al gigante asiático. La inversión china en Chile creció un 1.370% entre 2016 y 2023, según Invest Chile, especialmente en infraestructuras.

A pesar de que Panamá no renovó el memorándum con China, después de presiones directas de Estados Unidos, la Nueva Ruta de la Seda tiene pilares sólidos en América Latina: veintiún países de la región forman parte del proyecto.  

Por otro lado, la nueva política comercial de la Casa Blanca está provocando en América Latina otro efecto colateral con sabor asiático: el estrechamiento de relaciones comerciales con India. El pasado abril, Nueva Delhi acogió el encuentro empresarial India-América Latina con el objetivo de garantizar el acceso del país a los minerales estratégicos para su cadena productiva. Durante la visita de Gabriel Boric a India, la chilena Codelco, mayor empresa de cobre del mundo, firmó un acuerdo con la estatal india Hindustan Copper. El año pasado, India firmó un acuerdo con Argentina para la explotación conjunta de litio entre las empresas públicas Khanij Bidesh India y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado.

Los múltiples acuerdos recientes de India en la región, detallados en un artículo de Folha de São Paulo, vienen de la mano de la apertura de nuevas embajadas. La última, en Bolivia, país rico en litio. La vía asiática de América Latina se redondea con el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y los Emiratos Árabes, de aprobación inminente.

Por si fuera poco, los impuestos por la Administración Trump también acercan a la economía latinoamericana a Europa. No solo facilitando la posible aprobación definitiva del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, sino propiciando una aproximación histórica con la European Free Trade Association (Efta), bloque comercial formado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En julio concluyeron las negociaciones del acuerdo de libre comercio del Mercosur y la Efta. El acuerdo se firmó oficialmente en Río de Janeiro el pasado 16 de septiembre y busca crear una zona de libre comercio que abarca a unos 300 millones de personas. El tratado entrará en vigor una vez que sea ratificado por los parlamentos de cada país miembro.

Mientras el presidente norteamericano despliega su guerra comercial, la caza de brujas a los inmigrantes y su propaganda, la diplomacia silenciosa de Brasil aleja a América Latina de las garras del Tío Sam. El candidato apoyado por Estados Unidos para presidir la Organización de Estados Americanos (OEA), creada en 1948 y con sede en Washington (EUA), retiró su candidatura por la falta de apoyos. El candidato de Lula –el progresista Albert Ramdin, exministro de asuntos Exteriores de Surinam– presidirá la organización hasta 2030. La OEA vuelve a mirar al sur.

Desde este lunes y hasta el 20 de noviembre, el mundo se reúne en la ciudad brasileña de Belém do Pará para la Cumbre del Clima de la ONU. La COP30 debe dilucidar si esta manera colectiva de afrontar la crisis climática, el llamado multilateralismo, está enchufada a un soporte vital tras el boicot activo de EEUU o si puede concretar acciones después de los discursos.

El mismo presidente brasileño, Lula da Silva, ha colocado alto el listón: “No es momento de más discursos”, pero la COP llega en una situación “de decrecimiento en la confianza hacia el multilateralismo” como fórmula para conseguir avances, como dice el jefe de estudios de energía y clima del Instituto Montaigne, Joseph Dellate. Así que se abre la duda de si esta cumbre sirve para salvar el multilateralismo y si, además, puede obtener avances en la lucha contra el cambio climático.

Multilateralismo es la palabra que revolotea todo el rato. El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo a Lula nada más llegar a Brasil: “Gracias por tu firme compromiso con el multilateralismo ahora que es el mundo lo que está en juego”. ¿Pero qué es? En principio, algo tan simple como la colaboración entre países para afrontar problemas comunes.

Parece diseñado para atajar el gran problema común de la humanidad: el cambio climático. Y fue el modelo que permitió llegar a un acuerdo legalmente vinculante como es el Acuerdo de París de 2015. París se aprobó por consenso, sin votaciones, y establece que cada parte se compromete a hacer lo que esté en su mano para frenar el calentamiento global. Se autoobliga a cumplir al firmar el Acuerdo.

Fue lo que salvó la acción contra la crisis climática después del fracaso sin paliativos que supuso la COP de Copenhague 2009 que debía renovar el Protocolo de Kioto (al que nunca se adhirieron por ejemplo, EEUU o Canadá).

Sin embargo, y cumpliendo con el papel autoasignado de anatema de la colaboración, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha decidido no enviar delegados de alto nivel a la COP30. Aunque Trump anunció en enero que su país abandona el Acuerdo de París, la salida efectiva toma un año. Además, la COP es un evento de la Convención de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático (UNFCCC) de la que EEUU sigue participando. Es decir, si no van es porque no quieren.

EEUU ha bombardeado directamente la negociación climática al declarar oficialmente que no admiten que ninguna medida ambiental pueda perjudicar sus intereses.

“Belém será la prueba definitiva de si el multilateralismo puede responder a la emergencia climática o si el sistema está capturado definitivamente por intereses corporativos y de los países más ricos”, resume el coordinador del área climática de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, horas antes de viajar a Brasil.

La respuesta parece que está en Europa, China y la anfitriona Brasil. “He sido negociador climático durante muchos años y lo que ha cambiado es el sentimiento de urgencia actual”, explica el presidente de la COP de Belém, André Corrêa, quien ha subrayado la importancia del sistema multilateralista.

Con todo, esos tres actores aterrizan con sus rémoras. La UE casi llega a Brasil sin plan climático común, China se ha comprometido a un leve recorte de emisiones una vez que alcance su pico y Brasil acaba de aprobar nuevas perforaciones petrolíferas.

¿Qué puede salir de Belém?

Llegados a este punto y con las delegaciones en la Amazonia, el Gobierno de Brasil pretende transformar la COP30 de Belém en la Cumbre Climática de las “implementaciones”. Apoyado en la autoridad moral de pueblos indígenas y en el talismán verde de la selva, el anfitrión planea dirigir su reconocida “diplomacia cordial” hacia el campo ambiental. Una mezcla de diplomacia y pragmatismo, irreverencia para modificar la hoja de ruta oficial y presión popular.

Brasil quiere colocar la deforestación en el epicentro de las discusiones. El Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, de sus siglas en inglés), es la propuesta estrella del gobierno Lula. El plan pretende captar fondos para que países como Brasil, Indonesia y República Democrática del Congo, sean remunerados por los “servicios ambientales” prestados por sus selvas tropicales. En esta COP, Brasil aspira a que los recursos ofrecidos por el primer mundo no sean solo préstamos, sino donaciones.

Por otro lado, “un punto importante del TFFF es que el 20% de los fondos sean destinados directamente a comunidades tradicionales y pueblos indígenas”, asegura en entrevista telefónica Ciro Brito, abogado y analista de políticas climáticas del Instituto Socio Ambiental (ISA), negociador oficial en la COP30. Por otro lado, Brasil pretende conseguir otros hits paralelos: un acuerdo global para apoyar el uso de biocombustibles (el 22,5% del combustible usado en el país es bio) y la creación de un mercado único de carbono que ponga orden y corrija prácticas de greenwashing.

Lo que ocurre es que el gran asunto sigue siendo cómo desenganchar a la humanidad de los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, el carbón y el gas, que son los que mandan el 75% de las emisiones de gases a la atmósfera. Reducir ese foco es lo que en las COPs se llama mitigación.

“En mitigación no vamos a poder tener mucho porque los planes nacionales, como el de la Unión Europea, han llegado mucho más tarde de lo que debían”, explica Javier Andaluz. “Lo que vemos es que Brasil, que quiere que salga algo positivo de su cumbre, puede conseguir varios acuerdos entre diversas partes sobre diferentes asuntos, pero no en el acuerdo global de todos los países. Y eso, que tiene mucha menos fuerza legal, nace casi ya como papel mojado”, remata.

Pueblos indígenas

Los pueblos indígenas tendrán una presencia histórica en la COP30. No sólo están representados en algunos paneles de la Blue Zone, sino que cuentan con una aldea propia levantada en la Green Zone reservada para la sociedad civil. Célia Xakriaba, única diputada indígena de Brasil, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), en declaraciones a elDiario.es considera que la COP en la Amazonia representa la oportunidad de conseguir un cambio real y concreto. “Nosotros, indígenas, no queremos ser más vistos como parte del paisaje, sino como sujetos políticos de un nuevo tiempo. Estamos listos para construir un pacto vivo entre pueblos, selvas y futuros posibles”, afirma Célia. La causa indígena contará con una manifestación propia, el día 17, cuyo lema es “A Resposta Somos Nós” (nosotros somos la respuesta).

Brasil incorporará al lado no oficial la COP30 uno de sus legados sociales más queridos: la Cúpula dos Povos (Cúpula de los Pueblos). Fundada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, pieza clave del ciclo del antiglobalización protagonizado por el Foro Social Mundial (nació en 2001 en Porto Alegre), la Cúpula dos Povos celebrará una verdadera contra cumbre en la que los movimientos sociales son los verdaderos protagonistas. “La presencia de cuatro mil indígenas de todo el mundo meterá presión a las negociaciones. La Cúpula dos Povos tiene una metodología: hacer debates temáticos y presentar al final una carta a la presidencia. Esa carta será crítica y nos ayudará a cambiar el escenario de las negociaciones”, matiza Ciro Brito.

El día 12, una manifestación de barcos sui generis saldrá desde la Cúpula de los Pueblos por el río Guama que baña Belém. Y el día 15, la Cúpula lidera la Marcha Global Unificada. Por si fuera poco, Belém aporta más novedades populares: las Yello Zones (puntos de debate en periferias y favelas) y una Black Zone para discutir cuestiones como el racismo ambiental. Ruth Ferreira, una las coordinadoras de las siete Yellos Zones de Belém, asegura a este medio que quieren poner sobre la mesa cómo el racismo ambiental y la crisis climática afectan a las periferias del mundo. “Cada zona tiene la particularidad de su propio territorio. Queremos que las personas se sientan dentro del debate climático y se vean como agentes de cambio”, afirma Ferreira a elDiario.es.

Así que la partida se juega en Belém, ciudad en la que antes de las alteraciones climáticas el chaparrón torrencial de cada tarde era tan fuerte que la gente quedaba sin hora concreta “depois da chuva”. A las puertas de la estación húmeda, la previsión del tiempo para los negociadores del clima es un verdadero recado de la Tierra: más calor y mucha menos lluvia de lo habitual para estas fechas.

La cumbre del clima de la ONU tiene un elefante en la sala: el petróleo. El pasado 20 de octubre, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), autorizó a la empresa Petrobras a perforar un pozo de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas. A pesar de estar a 175 kilómetros de la costa, el llamado 'bloque 59' está dentro de la cuenca hidrográfica del mayor río del mundo. “Aunque haya sido una decisión difícil, se impuso el criterio técnico. Haberlo anunciado después de la COP30 habría sido hipócrita”, aseguró hace unos días Rodrigo Agostinho, presidente del IBAMA, en una entrevista a Folha de São Paulo. La decisión, que llega tras fuertes presiones del gobierno de Brasil, queda en entredicho por un informe negativo de 29 técnicos del propio IBAMA, que alertan de posibles daños ambientales serios. “Yo ya había dicho que no es posible abrir la mano del combustible fósil de un día para el otro”, afirmó el presidente de Brasil, Lula da Silva, el pasado martes.  

A las puertas de la COP30, que arranca el próximo lunes en la ciudad amazónica de Belém, la decisión ha caído como una bomba. Ocho grandes organizaciones de la sociedad civil han recurrido la decisión a la Justicia, alegando que la licencia de perforación ignora los impactos ambientales. El Partido Socialismo y Liberdade (PSOL), aliado izquierdista de Lula, ha criticado con dureza la decisión. “Necesitamos salir de la dependencia del uso de combustibles fósiles, porque es lo que está calentando la temperatura de la Tierra”, ha declarado Marina Silva, ministra de medio ambiente, a la Agência Brasil, sin atacar directamente la decisión del IBAMA.

La explotación petrolífera profundiza la división del gobierno de Lula. Además de hacer frente al rechazo de la ministra Marina Silva y a Sônia Guajajara (ministra de los Pueblos Indígenas), Lula tendrá que dirimir sus diferencias con Guilherme Boulos, el recién nombrado ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Su partido, el PSOL, ha presentado un proyecto de ley en el congreso para prohibir la explotación de petróleo en la denominada margen ecuatorial (franja oceánica que incluye la desembocadura del río Amazonas).

El presidente brasileño ha reunido este jueves a jefes de estado y de gobierno antes del inicio de la Cumbre del Clima de la ONU, y ha se ha referido a este asunto, aunque sin mencionarlo explícitamente: “Estoy convencido de que, a pesar de nuestras dificultades y contradicciones, necesitamos un itinerario para, de forma justa y planeada, revertir la deforestación, superar la dependencia de los combustibles fósiles y movilizar los recursos necesarios para esos objetivos”.

Sabotaje a la COP30

La decisión de autorizar la explotación petrolífera en la región amazónica, además de quitar legitimidad ambiental a Brasil, puede dificultar los posibles acuerdos sobre transición energética de la COP30. “Es una especie de sabotaje a las discusiones en relación con el petróleo. Se anuncia en el peor momento posible. Se podrían haber esperado unos días para que no influyera en la conferencia”, asegura Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima y presidenta del IBAMA entre 2016 y 2019, en entrevista telefónica con elDiario.es. La nueva frontera petrolífera de Brasil en aguas ecuatoriales enfría la aplicación del compromiso que firmaron todos los países en la COP28 de Dubai para abandonar los combustibles fósiles. Araújo, que rechazó hasta en cinco ocasiones la explotación de petróleo en proyectos similares al del 'bloque 59', sostiene que la decisión del IBAMA tiene “problemas técnicos” y “problemas jurídicos”.  

La denuncia colectiva presentada en la Justicia contra el IBAMA, la empresa Petrobras y el gobierno de Brasil argumenta que para la liberación de la perforación era necesario un estudio detallado sobre un posible derrame de petróleo. Además, debería haberse presentado un plan de emergencia. “En caso de accidente, el petróleo podría llegar a la Guayana francesa en 12 horas. Existen corrientes profundas que también llevarían petróleo hacia la costa brasileña, que es riquísima en biodiversidad, está llena de manglares y de puntos habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes”, afirma Araújo. 

Rodrigo Agostinho defiende en la citada entrevista que el IBAMA autorizó la perforación, que había sido rechazada en mayo de 2023, porque Petrobrás aceptó todas las exigencias de seguridad. Sin embargo, el Observatorio del Clima, que engloba a más de 130 organizaciones, acusa a Petrobras de usar datos obsoletos de la cuenca hidrográfica del Amazonas, de las corrientes marinas y de los sedimentos arrastrados por el río. En caso de derrame, el 20% del petróleo se hundiría y afectaría al gran sistema amazónico de arrecifes.

Luena Karipuna, líder indígena de la región de Oiapoque, una de las más afectadas por la explotación petrolífera en aguas oceánicas, denuncia que la aprobación de la perforación no ha respetado el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas recogido por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Recibimos la noticia con mucha indignación, con el sentimiento de que nuestra tierra está siendo violada. Es una falta de respecto para quien vive en el territorio hace milenios”, asegura Karipuna, que es coordinadora Ejecutiva de la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Amapá y del Norte de Pará (APOIANP).

La explotación del bloque 59 tiene consecuencias más allá y abre una nueva frontera petrolífera en Brasil. En una costa que posee la mayor franja continua de manglares del mundo, 27 bloques de extracción esperan su licencia ambiental. En una subasta realizada en junio, Petrobras y la estadounidense Exxon Mobil se adjudicaron diez bloques y Chevron y la China CNPC, otros nueve. Aunque la extracción todavía no haya comenzado, la región ya sufre los problemas de la fiebre del petróleo. “Hemos visto cómo han aumentado la falsificación de títulos de propiedad de la tierra, las invasiones en territorios indígenas, la expansión inmobiliaria y el crimen. Desde 2022, se están construyendo siete barrios nuevos en la ciudad de Oiapoque (tiene unos treinta mil habitantes)”, sostiene Karipuna. 

Frente global anti petróleo

La luz verde a la explotación petrolífera en la desembocadura del Amazonas ha caído también como un jarro de agua fría en el frente internacional de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, del que forman parte casi mil legisladores de todo el mundo. Juan Carlos Losada, diputado colombiano del Partido Liberal, miembro del frente, asegura a elDiario.es que la decisión del gobierno brasileño debilita la credibilidad de la región frente al liderazgo climático que el planeta espera de la Amazonía y de América Latina. “Es un golpe simbólico a la esperanza de que esta cumbre marque el inicio del fin de los combustibles fósiles y la transición hacia economías descarbonizadas”, asegura Losada. A pesar de ello, el diputado colombiano considera que el contratiempo puede transformarse en una oportunidad. “La COP30 deberá convertirse en el espacio donde los países amazónicos definamos una hoja de ruta realista y ambiciosa para abandonar progresivamente los fósiles, proteger los ecosistemas estratégicos y consolidar un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la bioeconomía, las energías limpias y la justicia social”, matiza.

La explotación del bloque 59 sintetiza, en palabras de Suely Araújo, la gran contradicción ambiental del gobierno Lula. “Hay una decisión bien clara del gobierno de intensificar, y mucho, la producción. El petróleo ya da más dinero que la exportación de soja. Brasil no necesita explotar más petróleo. Con la mitad de su producción, abastecería el consumo interno. Debería dejar de exportar”, asegura. Brasil es el sexto productor de petróleo del mundo (3,9 millones de barriles diarios), según Trading Economics. Alexandre Silveira, ministro de Minas y Energía, que quiere que Brasil entre en la Organización de Productores de Petróleo (OPEP), reveló en marzo de 2023 que quiere convertir a Brasil en el cuarto productor de crudo del mundo, gracias al petróleo del margen ecuatorial. 

La ambición petrolera del gobierno Lula choca de frente con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que demandan el fin de la extracción de combustibles fósiles. Los países que concedan nuevas licencias de exploración o de subsidios a los fósiles puede llegar a ser acusados por la ONU de cometer “actos internacionalmente ilícitos”.

Glauber Braga (Nova Friburgo, 1982) se ha convertido en uno de los diputados de izquierda más populares de Brasil. Desde que comenzó su primer mandato como diputado en 2009, Braga ha sido una de las voces más contundentes contra las privatizaciones, contra la extrema derecha y contra cualquier intento de injerencia extranjera en el país.

Diputado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), principal fuerza política a la izquierda del presidente Lula da Silva, Braga se ha convertido en uno de los principales enemigos del bolsonarismo y de la élite política conservadora. En abril, hizo una huelga de hambre para denunciar un proceso que pretendía quitarle el cargo de diputado por haber expulsado del Congreso a un militante de extrema derecha.

El diputado argumenta que al Gobierno Lula “le falta ser más osado contra el sector privado” y que la defensa de la izquierda del establishment “es una táctica” para proteger la democracia frente a los ataques de la extrema derecha. En una entrevista telefónica, repasa la vertiginosa política de Brasil, la condena a Jair Bolsonaro y al núcleo duro del intento de golpe de Estado, las gigantescas manifestaciones de izquierda de septiembre, la injerencia estadounidense en Brasil y las elecciones presidenciales de 2026, que en su opinión serán “durísimas”.

Las principales capitales de Brasil vivieron en septiembre manifestaciones masivas contra la amnistía a Jair Bolsonaro y los condenados por golpismo. No estaban lideradas por partidos políticos. Partieron de la ciudadanía ¿Cómo interpreta ese día histórico?

Fue una prueba de que las calles tienen fuerza para darle la vuelta a la tortilla. Es muy significativo que unos días después el Senado archivara por unanimidad un proyecto para blindar a los diputados de procesos judiciales [se tramitaba paralelamente y como paquete al proyecto de ley de amnistía]. Lo paró la fuerza de la calle. Tenemos que continuar movilizándonos para otros asuntos.

La extrema derecha pierde simbólicamente la bandera de Brasil en el imaginario del ciudadano común

Se esperaban manifestaciones de extrema derecha e incluso disturbios tras la condena a Bolsonaro. No hubo. La condena representa también el fin de la impunidad de los militares y, por lo que parece, está sirviendo de herramienta de pacificación. Los medios conservadores argumentaban lo contrario: que Brasil solo se pacificará con amnistía para los golpistas.

Cualquier pacificación pasa por la responsabilización de los golpistas. Porque la extrema derecha, cuando no se siente responsabilizada, dobla la apuesta. [La condena] hace que ellos retrocedan y demuestra que no existe espacio para lo que están intentando hacer. La condena de Bolsonaro fue un momento muy importante para la historia del país.

¿El movimiento a favor de la amnistía perdió fuerza tras las protestas masivas? ¿Se aprobará algún tipo de amnistía light con reducción de penas?

Perdió fuerza, sin duda. Pero tenemos que estar atentos, porque la amnistía aglutina la base de la extrema derecha. Ellos van a continuar movilizándose hasta que encuentren su próximo gran asunto, la próxima cloroquina [el medicamento ineficaz contra el virus de la COVID-19 defendido por Jair Bolsonaro] o su próxima urna electrónica [el bolsonarismo difundió falsamente que se podía manipular el voto]. Hasta que configuren su nueva agenda van a continuar presionando por la amnistía.

El bolsonarismo había encontrado ya su próximo gran asunto: el tarifazo de Donald Trump y la supuesta culpa de Lula y el Tribunal Supremo de Brasil. Pero el tiro les está saliendo por la culata. Las maniobras de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, en EEUU le están saliendo caras. Puede ser procesado como traidor a la patria y no será candidato presidencial, su gran sueño.

Son dos tiros de bazuca en el pie. ¿Cuáles fueron las principales banderas de Bolsonaro y la extrema derecha en su primera campaña presidencial [de 2018]? Un discurso de falso patriota y un discurso de falso moralista de combate a la corrupción. Cuando Eduardo Bolsonaro va a Estados Unidos, conspira contra Brasil, ayuda a un ataque imperialista, con aranceles que representan un verdadero embargo... La extrema derecha pierde simbólicamente la bandera de Brasil en el imaginario del ciudadano común. También perdió el discurso de combate a la corrupción con el intento del proyecto de ley del blindaje de diputados. 

Hablando de banderas. Unos días antes del juicio a Bolsonaro, una manifestación de extrema derecha en São Paulo usó una bandera gigante de EEUU. En las manifestaciones de izquierda, se vieron también grandes banderas brasileñas. ¿La izquierda ha recuperado por fin los símbolos patrios, secuestrados hace años por la extrema derecha?

Simbólicamente, recuperó la bandera. Pero esa recuperación tiene que tener un carácter práctico. Tiene que defender elementos que protejan la soberanía, como por ejemplo, las tierras raras. Estoy recogiendo firmas para garantizar que el monopolio de la explotación de tierras raras sea público.

La interferencia de Estados Unidos en la política y justicia de Brasil tiene un motivo visible: defender a su aliado extrema derechista Jair Bolsonaro y crear inestabilidad política. ¿Existen otros motivos?

Los principales motivos son económicos. Además, de los intereses de las grandes empresas tecnológicas, yo añadiría otros, como el control del agua y lo que representa la Amazonia, el papel de Brasil en América del Sur y ante un posible ataque a Venezuela, que cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo. Trump sabe que la familia Bolsonaro entregaría todo eso a EEUU sin pestañear... Saben que tendrían a un presidente muy afable y sumiso.

El papel protagonista que Brasil está teniendo en los BRICS y en una nueva articulación geopolítica del sur global también parece haber irritado a Trump.

El papel de Bolsonaro como presidente fue lamentable, vergonzoso. Que tengamos ahora una posición soberana y de diálogo con el mundo es muy importante. Pero deberíamos ir más allá. Por ejemplo, ante el genocidio contra el pueblo palestino, Brasil debería romper relaciones y garantizar que no llega nada de nuestro petróleo al Estado de Israel.

Usted está en medio de un proceso que le puede costar el cargo de diputado. Después de ser agredido, expulsó del congreso a un militante del movimiento extrema derechista Movimento Brasil Libre (MBL). Abrieron un expediente disciplinario contra usted. Tuvo que comenzar una huelga de hambre para llamar la atención. ¿Qué hay detrás de ese intento de quitarle el cargo de diputado?

El MBL es un movimiento muy golpista, peligroso. Tiene un discurso megarreaccionario, incluso con elementos de supremacismo blanco. Yo fui atacado siete veces en locales públicos por un provocador profesional del MBL. En el caso específico de mi proceso, el altercado es un pretexto. El motivo real es que yo denuncié constantemente la existencia en el Congreso del presupuesto secreto, soy incluso testigo en la Policía Federal (PF).

A este Gobierno le falta ser más osado y comprometerse a luchar contra el sector privado

¿Cómo explicaría didácticamente en qué consiste el “presupuesto secreto”?

Es la entrega de un presupuesto a una determinada región (a través de diputados concretos), sin decir que es dinero público del Gobierno. A veces se entrega ese dinero al diputado, sin que se sepa para qué va a ser usado. Cuando Jair Bolsonaro se enfrentaba a un crecimiento exponencial de su impopularidad como presidente, cerró un acuerdo con los diputados del centrão [diferentes partidos de centro y derecha necesarios para aprobar cualquier proyecto legislativo en el Congreso] y les entregó buena parte de la administración del presupuesto. Así nació ese mecanismo que hoy se conoce como presupuesto secreto.

Usted es diputado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), a la izquierda de Lula. La izquierda todavía no critica al Gobierno, a pesar de que está pegado al centro. Parece que la izquierda sacrifica su programa e ideas para defender la democracia y para no dar alas a la extrema derecha. ¿No es también un riesgo no criticar nada y normalizar las alianzas de Lula con la derecha en aras de la gobernabilidad?

Yo formo parte de un grupo de militantes de izquierda que tiene radicalidad política y prioriza la movilización, más allá del espacio institucional. Por eso nos alegra tanto lo que ocurrió [en las marchas de septiembre]. Las manifestaciones presionan para que se aprueben medidas para la clase trabajadora. A este Gobierno le falta ser más osado y comprometerse a luchar contra el sector privado. Lo que es cierto es que nos unimos para defender a Brasil cuando sufre un ataque como el de EEUU.

El bolsonarismo, sobre todo al principio, usó una narrativa antisistema y la izquierda acaba pareciendo como la gran defensora del establishment. ¿No es un error dejarle a la extrema derecha el discurso sistema? ¿Llegó el momento de retomar cierta radicalidad de la izquierda contra el sistema capitalista?

Nunca fue tan fácil explicar y mostrar qué es el imperialismo, qué es soberanía, qué es la clase trabajadora. Se puede defender el establishment para que la extrema derecha sea responsabilizada, como lo prueba el juicio contra Bolsonaro, sin olvidar que el papel de la izquierda es la movilización. No podemos olvidarnos de nuestras banderas. Nuestro papel es exactamente demostrar que no somos un apéndice del establishment. Tenemos que organizarnos mucho más allá de la institucionalidad para superar el capitalismo. En determinados momentos, tácticamente tenemos unidad de acción con otros campos políticos para afrontar a la extrema derecha, pero eso no puede confundirse con una estrategia de defensa del establishment. 

Lula ha confirmado que será candidato presidencial en 2026. De momento, lidera las encuestas. Aun así, no parece que vaya a haber ningún control de la desinformación por parte de las grandes empresas tecnológicas, más bien lo contrario. La interferencia de Trump en las elecciones se da por hecha. ¿Cómo ve el escenario para las elecciones de 2026?

Durísimo, preocupante. Aun así, creo que la extrema derecha va a ser derrotada, y tenemos que trabajar para que eso ocurra. Ahora bien, lo que consolida una mayoría social para derrotar a la extrema derecha es la agenda económica.

Es fundamental priorizar medidas que mejoren la vida de la gente, como la exención del impuesto de renta a los que ganan menos, la estatalización de empresas como Eletrobras, la reducción de la semana laboral por debajo de seis días... La noticia positiva es que las últimas encuestas demuestran que una parte significativa del electorado que fluctúa de un espectro político al otro, que representa un 40% del total, se mueve hacia la izquierda cuando se le pregunta si los golpistas tienen que ser responsabilizados.

“Alexandre de Moraes es el responsable de la libido de nuestro país”. Esta frase fue el hilo conductor de la columna de la popular escritora y guionista brasileña Tati Bernardi en el periódico Folha de São Paulo el pasado 31 de julio. “Si eres una señora heteroprogresista, está de moda sentir emociones pélvicas al ver a Xandão (apodo de Alexandre de Moraes) enfrentándose a fascistas de toda especie, incluidas fuerzas malignas poderosas y golpistas imbéciles que se graban cometiendo crímenes”, escribió.

La columna era la guinda que faltaba para completar el retrato benevolente y heroico que la izquierda brasileña viene construyendo de Alexandre de Moraes desde que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió enfrentarse frontalmente al bolsonarismo, un empeño que culminó con la reciente condena al exmandatario por intentona golpista. El intento parlamentario de dejar sin efectos la sentencia con una amnistía sacó a las calles a multitudes el pasado fin de semana en varias ciudades del país.

El magistrado del Supremo, cuyo cargo lleva aparejado en Brasil la consideración de ministro, es el gran enemigo a batir por el otro lado del espectro político, que lo tacha de demonio comunista y líder de una “dictadura de la toga”.

Desde que Alexandre de Moraes solicitó en agosto de 2024 a X (antiguo Twitter) nombrar un representante legal en Brasil para cumplir con la legislación nacional, su notoriedad se extendió al plano internacional. El excéntrico millonario Elon Musk, dueño de X, lo calificó de cruce entre Lord Voldemort (el villano de la saga de Harry Potter) y Darth Vader (antagonista de Star Wars).

El mismísimo Donald Trump acusó recientemente a Alexandre de Moraes de abusar de su autoridad judicial “para alcanzar a oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir disidencias, muchas veces en coordinación con otras autoridades brasileñas”.

Amado y odiado a partes iguales, reverenciado por la izquierda y masacrado por la extrema derecha, Alexandre de Moraes se ha convertido en los últimos años en el protagonista inesperado de la historia de Brasil, en palabras de la periodista Thais Bilenky, directora de la serie de pódcast Alexandre, sobre la vida del “superjuez”. La realidad es más compleja. El juez, lejos de ser un izquierdista, tiene un pasado conservador. Y llegó a militar en el Partido del Frente Liberal (PFL), que entonces tenía en sus filas como diputado a Jair Bolsonaro.

Familia conservadora

De Moraes (São Paulo, 1968) creció en una familia de clase media conservadora. Hijo de un hombre de negocios y de una profesora, se licenció en derecho en la prestigiosa Universidad de São Paulo (USP), donde estudiaron muchos presidentes de Brasil. En 1991 fue el número uno en el concurso público para ser abogado del estado en São Paulo. Exigente, adicto al trabajo y vanidoso, De Moraes vendió más de 700.000 copias de su libro Direito Constitucional (1997). Conversador cordial e irónico, fue cultivando buenas amistades entre las élites del país.

La política no tardó en cruzarse en su camino. En 2002, cuando Lula da Silva ganó su primera elección presidencial, De Moraes aceptó el cargo de secretario de Justicia y de la Defensa de Ciudadanía del Estado de São Paulo, gobernado entonces por el conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Fue miembro del Consejo Nacional de Justicia (2005-2007), secretario municipal de Transportes y de Servicios de São Paulo en la gestión de Gilberto Kassab (2007-2010), uno de los grandes caciques de la derecha brasileña. A comienzos de 2015, año en el que comenzó la campaña político-social contra la entonces presidenta, Dilma Rousseff, Alexandre de Moraes asumió la secretaria de Seguridad Pública del Estado de São Paulo, convirtiéndose, con 47 años, en el más joven de la historia en ocuparla.

El historiador Edson Aparecido, jefe de gabinete presidencial de aquel Gobierno, aseguró al rotativo francés Le Monde que De Moraes se labró entonces su fama de duro. “Tenía a más de 130.000 policías bajo sus órdenes. ¡Más que muchos ejércitos del mundo!”, recordó. Xandão decidió entonces raparse la cabeza.

En 2015, desfiló en las manifestaciones por la avenida Paulista de São Paulo que pedían la destitución de Dilma Rousseff y criticó las contramarchas en defensa de la expresidenta. “Si practican la violencia, serán tratados como criminales”, aseguró entonces, cuando llegó a reprimir con dureza manifestaciones izquierdistas.

El desencuentro con la izquierda aumentó tras su aterrizaje en el Supremo. Su mentor no fue otro que Michel Temer, que asumió la presidencia el 31 de agosto de 2016, tras un truculento proceso de destitución de Dilma Rousseff, un verdadero golpe parlamentario. Y se intensificó más aún cuando De Moraes negó el habeas corpus a Lula en 2018 y no consideró que el juez Sérgio Moro estuviera cometiendo abuso de poder. 24 horas después de su negativa, Lula fue encarcelado. Sobre sus escasas veleidades izquierdistas habló a Le Monde un amigo personal. “Lo último que tendría en su pared sería un póster del Che”, afirmó.

Enemigo del bolsonarismo

En marzo de 2019, durante el tercer mes del Gobierno Bolsonaro, Alexandre de Moraes se convierte en el instructor de una investigación del Supremo sobre ataques y fake news que acabaría convirtiéndolo en el enemigo número uno del expresidente. En 2020, De Moraes bloqueó el nombramiento de Alexandre Ramagem, hombre de confianza de la familia Bolsonaro, como director de la Policía Federal (PF), por riesgo de interferencias políticas.

La tensión fue in crescendo. Xandão activó investigaciones sobre la gestión de Bolsonaro durante la pandemia, sobre las milicias digitales de desinformación (que tenían su cuartel general en el palacio presidencial) y por los actos antidemocráticos que empezaban a ocurrir en todos los rincones del país.

Luego llegaron sus órdenes de registro y detenciones en el entorno del propio Jair Bolsonaro. El 7 de septiembre de 2021, durante la celebración del día de la independencia de Brasil, el expresidente instigó a las masas contra el sistema judicial y afirmó que no reconocería las decisiones del Supremo. Llegó a sugerir a Alexandre de Moraes que colgara la toga.

El 16 de agosto de 2022, a las puertas de las elecciones presidenciales, De Moraes tomó posesión como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). Su discurso fue durísimo. “Libertad de expresión no es libertad de agresión. Libertad de expresión no es libertad de destrucción de la democracia, de las instituciones, dignidades y de la honra ajenas. La libertad de expresión no es libertad de propagación de discursos de odio”, aseguró. Bonaro no aplaudió.

Su papel como presidente del TSE en la lucha contra las fake news fue de una firmeza extrema. Cuando la policía de carreteras, conchabada por el bolsonarismo, empezó a dificultar el tráfico con controles en regiones proclives a votar a Lula, intervino con agilidad. Muchos analistas, como el corresponsal de The New York Times, defienden que el papel de Alexandre de Moraes fue crucial en las elecciones de 2022 en las que triunfó Lula.

Golpe de Estado

Alexandre de Moraes cultiva una imagen misteriosa y protege con celo su vida íntima. Casado con la abogada Viviane Barci de Moraes y padre de tres hijos, raramente concede entrevistas.

“A Alexandre parece gustarle ese enigma”, afirma la periodista Thais Bilenky. A pesar de sus declaraciones socarronas y de algunas imágenes polémicas de sí mismo que divulga con estudiada estrategia (como una en la que aparecía erradicando plantaciones de marihuana junto a la policía en 2017), De Moraes no suele perder la compostura. Una foto reciente en el estado del Corinthians, su equipo de fútbol, en la que hacía un gesto ofensivo con el dedo de su mano tras ser silbado por un sector del público, es una excepción.

Libertad de expresión no es libertad de destrucción de la democracia, de las instituciones, dignidades y de la honra ajenas. No es libertad de propagación de discursos de odio

Alexandre de Moraes — 2022

“Oscila habitualmente entre las bromas y las bruscas afirmaciones legales”, escribió el veterano reportero Jon Lee Anderson tras entrevistarlo para The New Yorker. En dicha conversación, el ministro del Supremo arremetió con dureza contra las redes sociales y afirmó que si X hubiese funcionado en tiempos de Joseph Goebbels (el ministro da propaganda de Adolf Hitler) “los nazis habrían conquistado el mundo”. Xandão sostiene que las plataformas tecnológicas “no quieren respetar la jurisdicción de ningún país, porque en realidad buscan ser inmunes ante las naciones”.

El duro mano a mano mantenido por Alexandre de Moraes contra a Elon Musk fue otro hito en su trayectoria. Después de haber ordenado durante meses el cierre de muchos perfiles en X, en algunos casos rozando la ilegalidad, De Moraes bloqueó la red social en agosto de 2024 por desobedecer las leyes brasileñas.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump puso al juez en la diana de sus ataques. Transformado en villano por las Big Techs estadounidenses, el Gobierno estadounidense le prohibió viajar a Estados Unidos, tener bienes en el país e incluso usar tarjetas de crédito del país norteamericano. Su esposa también ha sido sancionada.

Moraes, que practica footing con frecuencia y es un fiel practicante de jiu jitsu (arte marcial que aprovecha el poder de sus enemigos para derribarlos), resistió el embate. Siguió corriendo y dobló su apuesta: estrechó el cerco sobre Jair Bolsonaro. Le obligó a ponerse una tobillera electrónica para controlar su arresto domiciliario. Y, posteriormente, ejerció de firme relator del juicio histórico que concluyó con penas más elevadas de las previstas para los ocho acusados de intento de golpe de Estado.

Durante la jornada antidemocrática del 8 de enero de 2023, el despacho de Alexandre de Moraes fue uno de los más vandalizados. Alguien destrozó el armario donde estaba la toga que viste en los juicios. La policía descubrió con posterioridad que existía un plan, con participación de miembros del Gobierno Bolsonaro, de aniquilar a Xandão. “Los más exaltados defendían que después del golpe de Estado yo debería ser detenido y ahorcado en la plaza”, aseguró De Moraes en enero de 2024.

¿Qué habría pasado si el plan para asesinarlo hubiera funcionado? ¿La democracia brasileña habría sobrevivido? Juristas y analistas políticos discuten qué impacto tendrá Moraes a largo plazo. Algunos argumentan, como recoge The New York Times, que sus acciones son medidas extraordinarias, pero necesarias, ante una amenaza igualmente extraordinaria. Otros sostienen que, actuando bajo la bandera de salvaguardar la democracia, está perjudicando el equilibrio de poderes del país.

Minutos después de que el Tribunal Supremo Federal (STF) condenara a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión, un grupo de unas cincuenta personas se congregó en la puerta de su casa. Envueltos en banderas de Brasil, Estados Unidos e Israel rezaron con pose triste para transmitir su apoyo al expresidente. Para sorpresa de los analistas políticos que esperaban una marea bolsonarista, las calles de Brasilia permanecieron desiertas durante toda la madrugada. Por el contrario, la fiesta estalló en múltiples rincones de Brasil para celebrar la condena. Multitudes espontáneas se desgarraban la garganta cantando en bares y calles Vou festejar, una canción de samba de Beth Carvalho: vou festejar o teu sofrer (“voy a celebrar tu sufrimiento”) .

La lista Canciones para celebrar la prisión de Bolsonaro, que circula como la pólvora en la whatsappfera brasileña, encierra importantes claves geopolíticas del proceso judicial contra la trama golpista. En la primera canción, Ô Trump, la artista Amanda Magalhães remezcla con ritmo bailable frases de Lula da Silva en las que se mofa de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, pidiendo ayuda a Donald Trump:“Trump, Trump, defiende a mi padre / Por el amor de Dios, Trump, libera a mi padre / dime que no vas a tasar a Brasil si me padre no entra en la cárcel”.

El apoyo del Gobierno de Estados Unidos al expresidente de Brasil ha sido un verdadero abrazo del oso para el bolsonarismo. Unir su destino a la bandera estadounidense mientras Trump aplica un tarifazo a todo Brasil, no solo ha trazado un callejón (casi) sin salida para la extrema derecha brasileña, sino que ha provocado la (casi) recuperación de la bandera nacional para la izquierda. El pasado domingo, día de la independencia de Brasil, una bandera estadounidense gigante flotaba sobre las cabezas de los manifestantes de la protesta bolsonarista de São Paulo. Mientras, las banderas brasileñas reinaban en el desfile presidencial del 7 de Setembro, una ceremonia cívico-militar cuyo lema fue “Brasil soberano”.

¿Brasil, capital Washington?

The New York Times publicó un texto el pasado martes, día inaugural del juicio contra la trama golpista, titulado El nuevo símbolo de la derecha brasileña: la bandera estadounidense. Jack Nicas, corresponsal en Brasil del rotativo neoyorquino, destacaba en el texto cómo la bandera estadounidense se ha convertido en improbable símbolo del bolsonarismo durante el aniversario de la independencia del país sudamericano.

Este abrazo de la bandera de EEUU en un momento en el que el gigante norteamericano amenaza la soberanía brasileña, también ha irritado a muchos bolsonaristas. Hasta el pastor Silas Malafaia, ventrílocuo radical y (casi) impune del bolsonarismo, insinuó que la bandera estadounidense gigante había sido llevada a las calles de São Paulo por izquierdistas. Dos diputados progresistas denunciaron que la bandera de la avenida Paulista tenía el mismo tamaño que la usada en un partido de la liga de fútbol americano (la NFL) celebrado en São Paulo. Si la bandera hubiera sido cedida por la NFL o cualquier otra empresa internacional, violaría las leyes brasileñas, que impiden la participación de entidades extranjeras en la política nacional. El bolsonarismo, acorralado en su callejón, puede acabar siendo apuntillado, técnica y moralmente, por crímenes de lesa patria.

El fervor trumpista de la extrema derecha brasileña, salpicado de simpatías sionistas, está directamente relacionado con el juicio contra la trama golpista que el Supremo concluirá en unas semanas (falta juzgar a otros núcleos del golpe). Por primera vez en la historia, militares brasileños del alto rango han sido condenados. Aparte de Jair Bolsonaro (capitán en la reserva), los generales Augusto Heleno, Paulo Sergio Nogueira, Braga Netto y el almirante Almir Garnier fueron condenados y se quedarán, con casi total seguridad, sin su cargo militar.

La condena marca un antes y un después en la impunidad de los militares brasileños. Y supone una venganza contra Estados Unidos, que financió y apoyó el golpe militar de 1964 y que ha llegado a amenazar a Brasil hace unos días con el uso de la fuerza militar. En el artículo Mi tío embajador, el periodista Fred Melo Paiva ironiza que los perfiles en redes sociales de la embajada de Estados Unidos en Brasil parecen tomados por los grupos de familia de WhatsApp (donde siempre hay un tío que lava la cara a la extrema derecha con argumentos bizarros).

El abrazo a la bandera de EEUU en un momento en el que el gigante norteamericano amenaza la soberanía brasileña ha irritado a muchos bolsonaristas

A comienzos de abril de 2019, el Gobierno de Jair Bolsonaro envió un telegrama a la ONU afirmando que no hubo golpe de Estado en Brasil el 31 de marzo de 1964. En los días previos, el argentino Fabian Salvioli, relator especial de la ONU en cuestiones de memoria histórica, había sacado los colores a Bolsonaro por celebrar en las calles el aniversario del golpe. “Los intentos de justificar graves violaciones de derechos humanos del pasado deben ser claramente rechazados por todas las autoridades y por la sociedad como un todo”, había escrito el argentino.

Para Jair Bolsonaro, su clan familiar y los militares que se unieron a la radical huida hacia adelante de la extrema derecha brasileña el golpe de 1964 fue “una revolución”. Y el intento de golpe de Estado coordinado por el expresidente Bolsonaro no era más que la continuación de aquella intervención revolucionaria de 1964 bendecida por la democracia estadounidense. En esa pirueta imposible de intentar ser patriota abrazado la bandera del golpista externo reside la tumba del clan Bolsonaro. Y también el fracaso de la ley de amnistía que el bolsonarismo intenta que avance en Congreso y Senado.

Bye bye, Eduardo

La condena de Jair Bolsonaro deja una laguna en la extrema derecha brasileña. Si antes del tarifazo de Trump Eduardo Bolsonaro, hijo más internacional del expresidente, tenía posibilidades de heredar el trono electoral, a día de hoy es inviable. Incriminado por la Policía Federal por su involucración en las sanciones en Estados Unidos y considerado antipatriota por la opinión pública, Eduardo Bolsonaro es un nombre a evitar en cualquier encuesta electoral. Puede hasta perder su cargo de diputado.

El senador Flávio Bolsonaro, que sigue defendiendo que su padre será candidato presidencial en 2026, tampoco se libra de la oleada tóxica de su apellido. Carlos Bolsonaro, Carluxo, el mago de las fake news que auparon a Jair al poder, está desaparecido: hace meses que no aparece ni en las manifestaciones para defender a su padre ni por el pleno de Río de Janeiro, donde ejerce como concejal. Renan Bolsonaro, el menor del clan, sobrevive sin pena ni gloria como concejal de Balneário Camboriú, una tosca y contaminada Dubai brasileña con mucha presencia ultraconservadora. Quedaría una última carta: Michelle Bolsonaro, la ex primera dama, diva del evangelismo y amada por el presidente del Partido Liberal (PL), pero odiada por todos los hijos del condenado patriarca.

El declive del clan Bolsonaro deja a la derecha brasileña extraviada. El centrão —ese bloque conservador que controla el poder legislativo y que todavía cuenta con algunos ministerios del gobierno Lula— sueña con lanzar un candidato presidencial propio. Sin embargo, en el momento en el que el poderoso partido União Brasil estaba empezando a salir del Gobierno, Lula se recupera en las encuestas.

Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, el candidato natural del bolsonarismo en 2026, intenta pescar en aguas revueltas, afirmando que el expresidente fue condenado sin pruebas. No lo tiene fácil. En todas las encuestas, Lula lo derrota. Su patriotismo made in USA es su talón de Aquiles. La memesfera no perdona. Un montaje fotográfico en el que Tarcísio usa una gorra con el lema Make America Great Again y Lula una con Brasil é dos brasileiros se expande como la espuma y acaba de inaugurar la precampaña electoral.