Campaña electoral en marcha. Cuenta atrás para las elecciones al Parlamento andaluz. En poco más de una semana, el domingo 17 de mayo, se celebrarán las cuartas elecciones regionales en España en apenas cinco meses. La de Andalucía será la última parada electoral prevista este año dentro de un ciclo que iniciaron los populares, a finales del pasado año, con la convocatoria anticipada de comicios regionales. El PP nacional respaldó la opción de apretar el botón electoral convencido de que, apelando al voto útil y al argumento de los gobiernos estables, sus barones territoriales podrían lograr la mayoría absoluta en unas elecciones anticipadas en Extremadura (21 de diciembre) y Aragón (8 de febrero), y después en las que tocaba celebrar en Castilla y León (15 de marzo).

 A la vuelta del pasado verano, en Génova y en las sedes regionales del PP, las alarmas se encendieron por los buenos augurios demoscópicos de la extrema derecha a costa, principalmente, de sus votantes. Ya no parecía imposible que Vox pudiera superar su techo electoral del 15% (logrado en las elecciones generales de noviembre de 2019, con cerca de 3,7 millones de votos). Tras las alarmas, el PP pasó a la acción y se marcó como objetivo inmediato reafirmar su base electoral para evitar que la formación liderada por Abascal siguiera pescando en su caladero de votos y, sobre todo, fidelizara a sus antiguos electores. Además, el contexto político les resultaba, a priori, propicio a los populares, puesto que el PSOE estaba en horas bajas por el impacto del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, y los partidos a la izquierda del PSOE tampoco parecían estar en su mejor momento (por la imagen de desunión y enfrentamiento).

Los cálculos de los populares eran claros: la primera victoria electoral les reforzaría de cara a las segundas elecciones regionales, y con la segunda victoria electoral estarían mejor posicionados para conseguir la siguiente. En sólo tres meses podrían exhibir grandes triunfos electorales y políticos. Dejarían de depender de Vox en tres regiones. Proyectarían al PP como la nueva marca electoral de moda. Y teniendo en cuenta los malos resultados potenciales del PSOE en todas ellas, y en Aragón con una exministra, Pilar Alegría, como cabeza de cartel electoral, calaría el mensaje de que Sánchez y su gobierno habrían sufrido, elección tras elección, un incontestable voto de castigo.

Siguiendo los cálculos del PP, en los comicios andaluces, que tocaba celebrar antes de este verano, se daba por hecho que Juanma Moreno Bonilla revalidaría la mayoría absoluta alcanzada en 2022, siendo capaz de superar el “bache” del escándalo por los cribados de cáncer de mama. La aplastante victoria final sería el trampolín para que, en la misma noche electoral en la región más poblada de España, un exultante PP, sin ataduras con Vox, se viera legitimado para exigir la convocatoria anticipada de elecciones generales. ¿Cómo podría evitar el gobierno de Sánchez que no se interpretaran en clave nacional cuatro apabullantes victorias seguidas del PP en elecciones regionales, frente a cuatro contundentes derrotas del PSOE en las que Sánchez, además, había sometido a examen a dos exministras (Pilar Alegría y María Jesús Montero) de su propio gobierno?

Sobre el papel, los hitos del camino electoral estaban claros. Pero el plan no salió exactamente como el PP esperaba. La falta de mayorías absolutas con las que se saldaron las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, así como, sobre todo, la reciente asunción por parte del PP de la agenda ultra de Vox para seguir gobernando en ellas, no han proyectado la pretendida imagen de un partido exitoso.

Paradójicamente, los dirigentes regionales del PP que adelantaron las elecciones para no depender de Vox, ahora se ven obligados a desdecirse y a aceptar sus imposiciones desde una posición de mayor debilidad. Además, por unas razones u otras, no todos los dirigentes de peso del PP, como Isabel Díaz Ayuso, están de acuerdo en cerrar filas frente a las concesiones realizadas a la formación ultra, lo que supone un foco potencial de fricciones internas en ese partido y de cuestionamiento del liderazgo de Feijóo. Por otra parte, el mejor resultado de lo esperado que consiguió el PSOE en las elecciones regionales de Castilla y León, así como la ligera recuperación demoscópica a nivel nacional de Sánchez y del PSOE en los últimos meses, ha restado credibilidad a la línea discursiva del PP sobre el inexorable hundimiento socialista y, por ende, de la falta de apoyo social del “sanchismo” para seguir gobernando hasta el final (natural) de la legislatura.

Todo ello hace que el PP no se encuentre ahora, en la antesala de las elecciones andaluzas, en la situación inicialmente planeada. Frente al objetivo de poner el foco en los (esperados y quizás por ello descontados) malos resultados del PSOE, parece generar un mayor interés ahora cómo quedará el pulso en el bloque de la derecha, entre el PP y Vox, así como en las consecuencias que pueden tener los resultados andaluces en las estrategias de los partidos de cara al superelectoral 2027 (regionales, locales y generales). ¿Serán las del 17 de mayo las cuartas elecciones regionales seguidas en las que la formación de ultraderecha será clave en la gobernabilidad?; ¿Conseguirá Moreno Bonilla, al menos, los 55 escaños necesarios en el Parlamento andaluz para no tener que depender de Vox para formar gobierno?

Los sondeos apuntan a que la mayoría absoluta está al alcance del PP, pero no la tiene garantizada. Y Vox va a disputarle hasta el último voto para impedirlo. Fue, además, en Andalucía donde la formación ultra consiguió, en las elecciones regionales de 2018, por primera vez representación parlamentaria y ser clave en la formación de un gobierno (entonces de coalición entre PP y Ciudadanos, liderado por Moreno Bonilla).

La formación de Abascal también se juega mucho el 17 de mayo por su necesidad de recuperar parte del “lustre” perdido en los últimos meses, especialmente porque la aureola de éxito es lo que también le da votos, desde la exaltación de un discurso que apela a los valores tradicionales asociados a la fortaleza. Vox no consiguió, en marzo, los resultados esperados en las elecciones de Castilla y León, al contrario de lo que ocurrió en los comicios anteriores de Extremadura y Aragón. Desde abril, las encuestas con estimación de voto en elecciones generales apuntan a que este partido ha dejado de cotizar al alza. Parece que la simpatía y el respaldo (cada vez menos cacareados) de Abascal a Trump, así como los sonados episodios de crisis interna que ha protagonizado esta formación en los últimos meses le han podido pasar factura. Por eso, no es de extrañar que Vox haya optado ahora por monopolizar el debate público español y tener una importante “carta” que jugar en la campaña electoral andaluza con la propuesta de “prioridad nacional” o, lo que es lo mismo, priorizar a los españoles (los nacidos en España de padre y madre españoles, se entiende) por el mero hecho de serlo, frente a la población inmigrante en el acceso a los servicios públicos y la concesión de ayudas sociales.

El verano pasado, aprovechando un incidente, Vox ya consiguió marcar el debate público, alentando el miedo sobre el reemplazo de los españoles por los inmigrantes y proponiendo, a bombo y platillo, expulsiones masivas de inmigrantes y de sus hijos, así como la revisión de las concesiones de nacionalidad. En esta ocasión, la propuesta de la prioridad nacional ha tenido mayor repercusión dado que ya no es solo una “idea”, sino una medida que Vox ha conseguido colar en los acuerdos que ha alcanzado ya con el PP en Extremadura y Aragón para formar gobierno. También ha conseguido Vox que cale el mensaje de que esa medida será una exigencia que los populares tendrán que aceptar si quieren llegar a futuros acuerdos de gobierno, ya sea a nivel regional, local o nacional. Las elecciones andaluzas les servirán a los estrategas de Vox como laboratorio para “testar” si esta propuesta xenófoba les aporta muchos o pocos réditos electorales.

Más allá de si gana más o menos escaños respecto a las elecciones andaluzas anteriores, a Vox solo le vale un resultado en Andalucía: que el PP no consiga la mayoría absoluta. Y por mucho que el PP pueda esgrimir, en el mejor de los supuestos, una debacle de la lista del PSOE encabezada por María Jesús Montero, lo que necesita es retener, al menos, 55 escaños (de los 58 que tiene ahora). Para conseguirlo, la fórmula de Moreno Bonilla pasa por seguir explotando su imagen de líder moderado, tranquilo y conciliador que pone el acento en la gestión y que, visto lo ocurrido en otras regiones, no quiere que en Andalucía haya “líos” a la hora de formar gobierno. A su favor, cuenta con que el PP es, según la encuesta preelectoral andaluza del CIS, el partido político que tiene un mayor porcentaje de votantes fieles y menos indecisos, al tiempo que, en el espacio de la derecha, resulta más atractivo para los votantes (63,4%) que optaron en 2022 por el hoy extinto Ciudadanos y también seduce potencialmente a casi un 30% de los que optaron por Vox. Aunque no se espera que Se Acabó La Fiesta consiga representación en el Parlamento andaluz, su candidatura parece perjudicar más a Vox que al PP.

Asimismo, Moreno Bonilla es el candidato mejor valorado (8,3 sobre 10) por su electorado, mientras recibe buenas puntuaciones entre los antiguos votantes declarados de Ciudadanos (6,9) y de Vox (6,6). Por otro lado, tampoco suscita un fuerte rechazo en el electorado de izquierda y está por ver en qué medida Moreno Bonilla podrá capitalizar, especialmente entre el electorado más centrista del PSOE, el voto útil por el miedo a Vox. Entre los jóvenes (18-24 años), y a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, el PP aventaja en Andalucía en intención de voto a Vox. Igualmente, en el ámbito rural, donde Vox pisa fuerte, los vientos demoscópicos son en Andalucía más favorables al PP.

En todo caso, no se puede descartar que la formación de Abascal consiga un mayor impulso en la recta final de la campaña electoral agitando, desde un discurso que apela a las emociones más primarias y a la “lógica del sentido común”, su (actual) propuesta estrella de “prioridad nacional” en una región en la que hay un segmento significativo de la población que siente preocupación a la vez por el paro, la inmigración, la vivienda y el funcionamiento del sistema sanitario.

Si el próximo 17 de mayo Moreno Bonilla consigue revalidar la mayoría absoluta, será también interesante seguir las repercusiones que esa victoria pueda tener, y no solo en el PP y Vox. Ahí lo dejamos, a la espera de conocer el desenlace.

El electorado moderado es el más codiciado por los partidos políticos. La fuerza política más votada es también la favorita entre los votantes de centro. Son los electores de centro los que deciden las elecciones en España. ¿Les resulta extraño? Se trata de afirmaciones que se hacían habitualmente antes de 2015 cuando la política nacional era bipartidista, y se daba por hecho que el partido que ganaba unas elecciones generales, aun sin mayoría absoluta, era el que gobernaría después. Los votantes que se consideraban decisivos por la fluctuación de su voto entre el PSOE y el PP eran los que, al ser encuestados, se ubicaban en la posición 5 de una escala ideológica imaginaria de 1 a 10, donde 1 significa “lo más a la izquierda” y 10, “lo más a la derecha”.

Con la irrupción de los nuevos partidos, y al calor de las nuevas tendencias políticas globales surgidas tras la crisis financiera de 2008, todo cambió y poco a poco lo que parecían certezas y evidencias incuestionables del comportamiento electoral desde la consolidación de la democracia en España fueron evaporándose. No hizo falta cambiar ninguna pieza del sistema electoral, incluida la conocida como ley o método D’Hondt, para que nuevos partidos disputaran de forma competitiva la tradicional hegemonía social al PP y al PSOE. La excepción española en lo que al auge de la extrema derecha se refiere se esfumó a finales de 2019 cuando Vox se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria a nivel nacional. Ni siquiera la premisa de que los jóvenes son siempre menos conservadores y se sitúan más a la izquierda que sus padres o que lo reaccionario ha de entenderse, por definición, como lo contrario de innovador han podido resistir el paso del tiempo.

¿Y qué ha ocurrido con los votantes de centro? Primero fue el nuevo contexto de política multipartidista el que hizo que se fuera perdiendo interés político y mediático en ellos como un segmento electoral clave. Una pérdida de interés que se acentuó con el hundimiento electoral de Ciudadanos y la disolución de UPyD, como las dos formaciones políticas que se autodefinían como centristas.

Después llegó el fenómeno de la polarización. En 2023 la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) eligió polarización como palabra del año. Quedaba constatado (ya) que el término tenía una elevada presencia en los medios de comunicación. Y su uso estaba muy extendido para “aludir a situaciones en las que hay dos opiniones o actividades muy definidas y distanciadas (en referencia a los polos), en ocasiones con las ideas implícitas de crispación y confrontación”. Desde entonces la polarización no solo no ha perdido ni un ápice de actualidad para definir el clima político, sino que se ha extendido a más esferas, impactando en la vida cotidiana de los ciudadanos (como quedó patente en el anuncio de Campofrío de las pasadas Navidades en el que, desde la ironía y el sentido del humor, se abordaba el impacto de la polarización social).

En el ámbito electoral parece claro que, ante una política de bloques, de posiciones enfrentadas y de posturas irreconciliables, lo que importa es en cuál de los polos se colocan los votantes o qué bando eligen. Cuanto mayor es el grado de polarización, menos importantes parecen para los partidos los electores que sienten menor lealtad partidista, dudan más a la hora de posicionarse ante los diferentes temas y pueden cambiar fácilmente de voto de unos comicios a otros.

Pero precisamente en un contexto de polarización máxima, cuando han quedado relegados a un segundo plano y carecen de una oferta electoral dirigida específicamente a ellos, es cuando resulta de mayor interés volver a poner el foco sobre ellos, los otrora codiciados votantes de centro. ¿Cuántos son ahora?; ¿Qué opciones se plantean a la hora de votar?; ¿Cómo han reaccionado a la polarización política? Para responder a estas preguntas, partimos de dos supuestos basados en el estudio “El significado y contenido del centro ideológico en España”, realizado en 2011 por Mariano Torcal, catedrático de Ciencia Política de la Universitat Pompeu Fabra. Por un lado, que los electores que se posicionan en el 5 de la escala ideológica (1 derecha-10 izquierda) son los que, en función de sus preferencias políticas y electorales, pueden ser considerados votantes de centro en sentido estricto (a diferencia de los que se posicionan en la casilla 6, más escorados a la derecha). Por otro lado, que los electores que se posicionan en el centro no lo hacen por falta de conocimiento de los conceptos de izquierda y derecha.

A partir de los datos del último barómetro (enero 2026) publicado por el CIS, así como de barómetros de años anteriores, se pueden obtener tres conclusiones. La primera es que los electores más numerosos, por posicionamiento ideológico, siguen siendo hoy los de centro. Son más de una quinta parte del electorado. La polarización no parece, o al menos no de momento, traducirse en una disminución del grueso de estos votantes. El 22% de los electores (más de 8 millones) se autoubican en la posición 5 de la escala ideológica. Este porcentaje apenas ha cambiado en los últimos doce años (21% en 2014). En contraposición, ha disminuido drásticamente el porcentaje de electores que no se posicionan en la escala ideológica. Si en enero de 2014 un 10,4% de los encuestados respondía con un “no sabe” y otro 8,7% prefería no contestar cuando se le preguntaba por su ubicación ideológica, en enero de 2026 esos porcentajes son respectivamente del 1,8% y 3,2%. Una caída que a su vez contrasta con un incremento del número de electores que ahora se posicionan tanto en la parte que está más a la izquierda (de un 3% en enero de 2014 a 14% en enero de 2026) de la escala ideológica, como en la que está más a la derecha (de un exiguo 0,6% a un 8,6% en doce años).

La segunda conclusión es que entre los que se posicionan en la escala ideológica, siguen siendo los votantes de centro los más indecisos. Por otra parte, la polarización tampoco parece redundar en una mayor inclinación hacia la abstención potencial de estos votantes. Ahora, casi un 24% de ellos declara que en el caso de que se celebraran unas elecciones generales, no sabría por qué opción electoral decantarse, mientras un 9% optaría por no votar. En enero de 2014, en un contexto de elevado malestar social y político, un 28% de los votantes de centro se decantaba por la abstención y otro 28% se mostraba indeciso ante unos hipotéticos comicios generales.

La tercera y última conclusión es que Vox parece estar empezando (también) a tener tirón entre los votantes de centro. Si en diciembre pasado un 8,2% de ellos declaraba su intención de votar a este partido en el caso de que se celebraran elecciones generales, en el mes de enero ese porcentaje era casi el doble (15,9%).

Vox se colocaría ahora, por delante del PSOE y a poca distancia del PP, como el segundo partido al que potencialmente votarían más estos electores. Pero ¿cómo explicar que votantes que, aparentemente, huyen de los extremismos puedan decantarse por Vox como un partido, que más allá de las etiquetas ideológicas, hace gala de un discurso radical y agresivo? La clave puede estar en el malestar político que de forma eficaz agita y capitaliza ahora Vox, como el nuevo partido de moda atrapa-descontentos frente a los dos grandes partidos.

Tradicionalmente los votantes de centro se han caracterizado por percibir los problemas de índole política (escándalos, corrupción, falta de ejemplaridad, crispación, etc.) de forma más negativa, así como por presentar un mayor nivel de insatisfacción política. En este sentido, resulta relevante que en las once encuestas hechas por el CIS en 2025, solo en una ocasión Vox adelantara al PSOE como el segundo partido al que potencialmente votarían más estos votantes. Fue en el mes de julio, en pleno estallido del caso Cerdán.

Asimismo, también puede estar influyendo en este electorado el conocido como “efecto electoral arrastre” o caballo ganador en el sentido de que, ante el creciente auge de Vox, algunos se sientan atraídos por dar su voto al que parece el nuevo partido de éxito.

En todo caso, resultará de gran interés ver la evolución de las preferencias de voto de estos electores en los próximos meses. Ellos pueden ser un buen termómetro de la capacidad que pueda tener Vox para avanzar transversalmente como un partido que capta, por diferentes motivos, el descontento político actual. Si algo hemos aprendido en la última década de política multipartidista en España es que, más allá de su posicionamiento ideológico, los nuevos partidos nacen, se reinventan y desaparecen en función de su capacidad de captar, en cada momento, el cronificado malestar político de la sociedad española. De cara a las próximas elecciones generales los votos hacia Vox se pueden convertir, además, en las nuevas piedras de papel.

Avanza el otoño en España con un foco puesto en el auge demoscópico de Vox. Las encuestas publicadas desde el inicio de septiembre apuntan en la misma dirección: el partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal parece cautivar a más electores, pescar en más caladeros de voto y ser el nuevo partido de moda entre los jóvenes. Todo ello, además, después de un verano en el que sus dirigentes han subido los decibelios del debate público probando cómo se pueden utilizar incidentes aislados protagonizados por personas de origen inmigrante, como el de Torre Pacheco, para alentar la xenofobia y plantear como aceptables propuestas que antes eran impensables. ¿Confiscar y hundir barcos de rescate humanitario como el Open Arms por ser “barcos de negreros” ?; ¿Deportar incluso a los inmigrantes nacionalizados y a sus hijos nacidos en España para que “el pueblo español no sea reemplazado ni cultural ni demográficamente”?

No es la primera vez que la popularidad de este partido es objeto de atención, pero nunca sus expectativas a nivel nacional habían sido tan elevadas como ahora. Por ello, cabe preguntarse cuál es la magnitud de la Vox-manía actual y cómo explicarla.

Los indicadores de voto: algunos datos

Empecemos por recordar que Vox es un partido que, tras su fundación a finales de 2013 por ex miembros del ala más derechista del PP, cosechó fracasos electorales hasta 2018 (con las elecciones andaluzas como punto de inflexión), y no fue hasta finales de 2019 cuando irrumpió en el Congreso como tercera fuerza política del país. Según se desprende de un análisis realizado por los politólogos José Rama y Andrés Santana, el retrato del votante de Vox era, hace seis años, el de un hombre, de 44 años, de derechas, de nivel educativo medio y de clase media-alta. En comparación con los votantes de otros partidos, los de Vox eran “algo más jóvenes, considerablemente más de derechas y estaban sobrerrepresentados entre los hombres”.

Si se celebraran, en este momento comicios generales, se estima que Vox podría llegar a aglutinar hasta el 18% del voto. Esto supondría su mejor registro hasta el momento, pues su techo electoral está situado en el 15% (más de 3,6 millones de votantes, elecciones generales de noviembre de 2019). Respecto a las últimas elecciones generales (2023), esta formación política vería incrementado su apoyo en cerca de seis puntos porcentuales.

Según el barómetro de septiembre del CIS, Vox es el partido de ámbito nacional que consigue retener una mayor proporción de electores fieles (casi el 80% de los que votaron a este partido en las generales de 2023 volverían a hacerlo), al tiempo que es también el partido que más votantes infieles atrae de otras fuerzas políticas. En concreto, los votantes que se fugan del PP a Vox rondan el 13% (lean el post Un millón de votos de Lluís Orriols), siendo significativo su avance entre los electores que se consideran de centro derecha. A ello hay que sumar que Vox también seduce a votantes que optaron por el PSOE en 2023, en concreto a unos 100.000 (1,3%). Y adivinen qué partido es el preferido en voto entre los electores que optaron por abstenerse en 2023. Exacto: es Vox.

Sigamos con las tendencias de voto por las características sociodemográficas de los votantes. En enero de este año Vox se había convertido ya, según los datos del CIS, en la primera opción de voto entre los más jóvenes. Casi un 22% de los votantes que tienen entre 18 y 24 años introduciría ahora en la urna la papeleta de Vox, lo que sería el doble de los jóvenes que lo hicieron en las elecciones generales de 2023, en las que el PSOE fue el partido más votado. Por otra parte, Vox es ahora también el partido que recibe más apoyos potenciales en la franja de edad de entre 25 y 34 años y crece en la siguiente (35-44 años). En cualquier caso, cuanto más joven es el elector, más apoyo potencial recibe ahora Vox.

Otras conclusiones interesantes son las obtenidas por Borja Andrino y Kiko Llaneras a partir de las encuestas de 40dB y tomando 2023 como año de comparación. Aunque Vox sigue siendo un partido masculinizado, parece haber ganado enteros entre las mujeres, particularmente entre las votantes más jóvenes. A lo que habría que sumar también la capacidad que tiene esta formación política para avanzar en todas las clases sociales.

Factores que juegan a favor de Vox

No hace tanto tiempo, menos de una década, la pregunta, sobre todo fuera de España, era por qué aquí, al contrario de lo que ocurría en otros países europeos, no existía una fuerza política exitosa de extrema derecha. Para los que quieran recordar las razones que se daban en 2017 pueden leer o releer este interesante artículo de Jorge Galindo y el resumen de una investigación realizada por el Real Instituto Elcano que llevaba por título “la excepción española”.

Ahora, en cambio, la pregunta es la opuesta: por qué Vox tiene tanto éxito. Los factores explicativos pueden incluirse en un listado cada vez más largo. La pujanza de la extrema derecha en todo el mundo es incuestionable, y se retroalimenta. Cuando un movimiento político parece estar de moda, muchos se suben al carro. Desde hace años, la extrema derecha ha sido eficaz a la hora de expandir su ideario reaccionario a través de medios no convencionales, usando las redes sociales para llegar al público más joven. Se ha impuesto la batalla cultural, y eso favorece a Vox con su agenda polarizadora y divisiva en torno a la inmigración, el feminismo, los derechos, etc.

Asimismo, el descontento con la globalización ha acabado cristalizando en una reacción contra los valores (diversidad, multiculturalismo, apertura, pluralidad, progreso, etc.) con los que se asociaba ésta, y Vox lo capitaliza con la defensa de los valores opuestos envueltos en una retórica liberadora (poder decir lo que antes estaba mal visto). Los jóvenes pueden verse seducidos por lo que tienen de antisistema y rupturista (contra el orden establecido) las fuerzas de extrema derecha. La concatenación de crisis mundiales (financiera, económica, sanitaria, geopolítica) en los últimos diecisiete años ha ido creando un clima de inseguridad e incertidumbre que lleva a las sociedades a ser receptivas a las promesas de quienes les ofrecen seguridad y protección a cualquier precio. Especialmente cuando cala la percepción social de que los políticos tradicionales sólo defienden sus intereses y las políticas que llevan a cabo no resuelven los problemas del pueblo. Las alianzas y el mimetismo de las fuerzas políticas conservadoras y de derecha tradicional con los partidos de ultraderecha, lejos de frenarlos, los refuerza.

El pilar sobre el que se asientan estos elementos es el malestar político, que empezó a fraguarse con la crisis financiera de 2008, como la gran crisis de la globalización liberal económica y política, y de todas sus disfuncionalidades. En España primero fue Podemos el que, como nuevo partido, lo capitalizó, subido a la ola de indignación de tendencia progresista. Después le llegó el turno a Ciudadanos que, a base de competir en el eje nacionalista, acabó por darle el testigo a Vox como nuevo partido atrapa-descontentos.

Actualmente, Vox aprovecha que la ola global de indignación se ha transformado en una ola de resentimiento, y su canalización no es de signo progresista, sino reaccionario. La letra de una vuelta al pasado puede sonar bien a muchos cuando el futuro lleva casi dos décadas sin ser prometedor. De este modo, frente a la imagen de un partido radical, xenófobo y divisivo es posible que Vox esté consiguiendo que, cada vez más ciudadanos, lo perciban como el altavoz que amplifica y recoge su descontento político concreto, ya sea por la vivienda, por la corrupción, por el hartazgo con lo políticamente correcto, etc.

No es baladí que las nuevas marcas electorales que han surgido y siguen surgiendo en España desde 2013 lo hagan rehuyendo del encasillamiento ideológico, con el fin de venderse como opciones transversales para los votantes descontentos. Por eso, puede ser que, en un tiempo, la pregunta que tengamos que responder sobre Vox es por qué ha dejado de ser el partido de moda, y pongamos la atención en otro. De hecho, en las pasadas elecciones europeas de 2024, Vox vio frenado su crecimiento por la irrupción de la marca ultra Se acabó la Fiesta.

Pero mientras continúa la Vox-manía, les recomiendo, si no lo han hecho aún, que vean la serie francesa La Fiebre. Tan sólo seis capítulos para comprobar que la realidad se asemeja cada vez más a la ficción.

En un suma y sigue de sobresaltos, transcurre la decimoquinta semana del año con toda la atención puesta en el temor a que, ante la amenaza de una guerra arancelaria a escala planetaria, se desencadene otra (nueva) recesión mundial. En este frenético y convulso contexto geopolítico puede que resulte extemporáneo desviar la mirada para echar la vista atrás y analizar cuestiones (puramente) domésticas. Pero, con permiso de la disruptiva Administración Trump (2.0) que puede conseguir que 2025 pase a la historia como el año en el que se desmoronó el orden internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial, no deberíamos pasar por alto que se cumple en España el décimo aniversario de la nueva política multipartidista.

Fueron los comicios generales celebrados el 20 de diciembre de 2015 los que certificaron el tránsito de una etapa política bipartidista (imperfecta) a otra multipartidista, con la entrada en el Congreso de nuevas formaciones (entonces, Podemos y Ciudadanos) que habían logrado desafiar la que, desde 1982, parecía una inquebrantable hegemonía electoral del PSOE y del PP. Esos comicios también sirvieron para constatar que los pequeños partidos de ámbito nacional (IU y UPyD) eran percibidos como parte de la vieja política y, por tanto, no tenían la posibilidad de canalizar el deseo del electorado de contar con una nueva oferta política.

La transformación del sistema partidista venía precedida por los buenos resultados cosechados por las nuevas fuerzas emergentes en las elecciones al Parlamento europeo de 2014, así como por el vuelco en el mapa del poder local y regional que se produjo tras los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2015. Entre unas y otras elecciones, el rey Juan Carlos tomó la decisión de abdicar en su hijo Felipe en junio de 2014 por el riesgo de que, ante sus propios problemas reputacionales, los nuevos soplos de cambio político se llevaran por delante a la institución monárquica.

Es innegable que el descontento fue el germen del nuevo multipartidismo. Un amplio rechazo social a las políticas de austeridad como receta para hacer frente a la gran recesión económica (2008-2014), junto a la indignación ciudadana por un incesante goteo de casos de corrupción y de comportamientos poco éticos protagonizados por las élites españolas, acabaron por cristalizar en una crisis de representación política. Los ecos del contundente lema “no nos representan” del Movimiento 15M (2011) favorecieron la irrupción de Podemos, como nuevo partido, a comienzos de 2014, así como el salto definitivo de Ciudadanos de la política catalana a la nacional en el otoño de ese año. También el clima de malestar político les resultó favorable a los dirigentes cercanos al ala más derechista del PP que, a finales de 2013, decidieron crear su propia marca electoral (VOX). Si bien, el motor de propulsión de la formación ultraderechista no llegaría hasta algunos años después, con el estallido de la crisis territorial (conflicto catalán).

El espacio político es hoy distinto. Este se ha reconfigurado y continúa transformándose al calor de la pugna electoral entre los diferentes actores políticos y de la que no están exentas las rencillas personales. Algunas de las nuevas fuerzas políticas han desaparecido (Ciudadanos), mientras otras nuevas han surgido (espacio Sumar y Se Acabó la Fiesta), incluso como resultado de escisiones de los nuevos partidos (como Más Madrid o Sumar). En cambio, otras se mantienen, pero ocupando una posición diferente en el tablero político (VOX y Podemos), al tiempo que el bipartidismo (PP-PSOE) ha recuperado terreno electoral.

Qué ha cambiado

Lo más relevante es que el surgimiento inicial de los nuevos partidos iba acompañado de grandes expectativas de cambio y de no pocas incógnitas sobre los efectos que podría tener en la vida política la entrada de nuevos jugadores. Por ello, cabe plantearse qué cambios se han producido en esta década de política multipartidista.

Uno de los principales interrogantes era qué consecuencias iba a tener el aumento de la fragmentación electoral. Especialmente porque, en un primer momento, no estaba claro qué línea política seguiría Podemos, o bien la de tener un marcado perfil izquierdista (defendida por Pablo Iglesias), o bien la de diluir su carga ideológica para tener un perfil más transversal (defendida por Íñigo Errejón); ni tampoco parecía seguro que Ciudadanos fuera a convertirse en el nuevo partido bisagra (del modo en que lo habían sido CiU y el PNV antes, apoyando la formación de gobiernos en minoría del PP y del PSOE en el ámbito nacional).

No obstante, las dudas se despejaron pronto. Podemos se situaría, claramente, a la izquierda del PSOE, mientras Ciudadanos renunciaría a ser un partido bisagra y al mantra de superar la política “de rojos y azules”. De esta forma, se vio que el aumento de la fragmentación política iba a ir acompañado de una fuerte polarización ideológica.

Los nuevos partidos quedaban encajados en bloques ideológicos (izquierda versus derecha) y, lejos del consenso, lo que empezaba a definir la nueva dinámica política era el uso de los vetos cruzados y el bloqueo institucional. Algo que llevaría a despejar la segunda incógnita sobre cómo sería el proceso para formar gobierno: muy complejo. Tanto que, en estos diez años, los nuevos y viejos partidos han conseguido “normalizar” la repetición electoral como un paso “necesario” para formar gobierno. De las tres elecciones generales que se han celebrado en estos diez años, dos se tuvieron que repetir (2015-2016 y 2019-abril y noviembre), mientras que, en las últimas (julio de 2023), se mantuvo hasta casi el último momento el suspense sobre si iba a ser o no necesario volver a convocar a los ciudadanos a las urnas. Asimismo, en lo que a la formación de gobierno se refiere, se ha normalizado a nivel nacional la fórmula de los gobiernos de coalición en minoría (que lleva utilizándose desde 2020).

Otro interrogante giraba en torno a las reformas del sistema político dado que fueron la crisis de representación política y la demanda social de regeneración democrática los dos factores principales que impulsaron la creación de los nuevos partidos. El período comprendido entre 2011 y 2014 había sido, particularmente, fértil en cuanto al debate público y al planteamiento de propuestas concretas de reformas políticas y constitucionales, desde diferentes ámbitos de la sociedad civil. Modificación del sistema electoral, despolitización de la justicia, eliminación de las puertas giratorias y un largo etcétera formaban parte de un amplio y variado listado de propuestas del que no sólo se hicieron eco en 2015 los nuevos partidos, sino también el PSOE y el PP.

Es cierto que muchas de esas propuestas no eran nuevas, pero el intenso debate sobre ellas contribuyó a generar la expectativa de que, tras la transición democrática, había llegado la hora de revisar y actualizar el sistema político. No obstante, con la entrada de los nuevos partidos en el Congreso, esa expectativa se desvaneció al evidenciarse la gran dificultad para llegar a acuerdos en un marco de polarización ideológica, de forma que el debate sobre la calidad de la democracia se fue apagando. Además, el contexto de esta década en el que se han ido encadenando crisis continuas (gestión y digestión del proceso independentista catalán, pandemia del coronavirus, tensiones inflacionistas por la guerra de Ucrania, etc.) tampoco ha facilitado que la cuestión de las reformas políticas sea considerada prioritaria. En todo caso, no deja de ser llamativo que, en estos años, la única reforma de la Constitución que se ha llevado a cabo sea la modificación del artículo 49 para eliminar la expresión “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” y sustituirla por “personas con discapacidad”.

En el ámbito electoral, encontramos que, ante la polarización ideológica, se ha ido perdiendo el interés por los votantes de centro. Esos electores a los que, durante mucho tiempo, cortejaron los dos grandes partidos para ganar las elecciones. ¿Pero qué ha pasado con ellos? Si bien, en la última década, según los datos del CIS, ha aumentado el número de votantes que se posicionan en los extremos (izquierdo y derecho) de la escala ideológica, el porcentaje de los que se sitúan en el centro sigue siendo superior al 20%.

Por otra parte, el ascenso global, en los últimos años, de los partidos y movimientos de extrema derecha, así como la exitosa difusión de sus discursos divisivos y de odio en las redes sociales, pueden contribuir a explicar por qué ahora VOX es el partido de moda en el electorado joven (fundamentalmente, entre los hombres jóvenes). Hace diez años, en cambio, era Podemos el (nuevo) partido que cautivaba a los jóvenes. En un contexto de grandes incertidumbres en el que se mira al pasado, lo reaccionario parece ser hoy lo revolucionario. Asimismo, el avance del discurso antifeminista tambien puede ayudar a explicar por qué, a diferencia de lo que ocurría hace diez años, ahora los hombres se sitúan más a la derecha en la escala ideológica que las mujeres, y tienen una mayor intención de votar a VOX y Se Acabó la Fiesta que ellas.

Lo que no ha cambiado tanto: malestar político (crónico)

Con los datos del CIS es ahora más difícil calibrar cuál es el nivel de satisfacción política de la sociedad española debido, entre otras razones, a la falta de continuidad en las series de algunas preguntas (como la valoración de la situación política o el grado de confianza en las instituciones). Para encontrar una explicación detallada sobre ello es recomendable leer o releer este post de Héctor Cebolla y este otro post de Alberto Penadés.

Pero, incluso con la actual limitación de datos, se puede comprobar que el descontento político no se ha disipado en estos últimos diez años. De este modo, encontramos que los asuntos políticos negativos (desagregados en diferentes etiquetas como “problemas políticos en general”, “el gobierno y partidos o políticos concretos” y “el mal comportamiento de los políticos”) se sitúan, de forma recurrente, en las primeras diez posiciones del listado de problemas que, a juicio de los ciudadanos, tiene España. Si bien es verdad que hace diez años, siguiendo los datos del barómetro de abril de 2015, existía una gran preocupación ciudadana por el problema de la corrupción y el fraude, que hoy es mucho menos acusada.

En cuanto a la clase política, la desconfianza de los ciudadanos y la mala imagen que tienen de ella ha seguido siendo, en estos años, la tónica habitual. Tampoco parece que el nivel de satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia haya aumentado considerablemente, pues en septiembre de 2024 casi el 63% de los encuestados se mostraba insatisfecho con dicho funcionamiento.

Es posible que, durante esta década, el malestar político se haya normalizado, aunque eso no significa que, bajo determinadas circunstancias, no volviera a producirse un estallido de indignación como el del 15M. En este sentido, no se deberían minusvalorar, ahora, las crecientes, y cada más generalizadas, protestas sociales por el problema de los altos precios de la vivienda.

Por el momento, la irrupción o reconfiguración de fuerzas políticas/marcas que quieren capitalizar el desgaste de otras, dar respuesta a nuevas preocupaciones ciudadanas o buscar nuevos nichos de voto sigue funcionando como la principal vía para canalizar, electoral e institucionalmente, el descontento.

El pistoletazo de salida ya está dado. Entre el 6 y 9 de junio se celebrarán las décimas elecciones al Parlamento europeo desde la creación del club comunitario. Los electores de los 27 países que hoy forman parte de la UE elegirán a un total de 720 europarlamentarios para los próximos cinco años de legislatura europea (2024-2029). Y lo harán bajo el eco de que son unos comicios trascendentales por el contexto de grandes desafíos a los que se enfrenta la UE (transformaciones tecnológicas, sociales y políticas, crecientes tensiones geopolíticas, guerra de Ucrania, masacre en Gaza, emergencia climática, etc.), así como por el auge de las fuerzas políticas de extrema derecha.

Las altas expectativas demoscópicas con las que parte la amalgama de partidos ultranacionalistas, euroescépticos, antiliberales y xenófobos que, hasta ahora, estaban adscritos en el Parlamento europeo al grupo político Identidad y Democracia o al grupo Conservadores y Reformistas Europeos hace creíble la posibilidad de que se produzca un punto de inflexión. Junto al potencial cambio en la correlación tradicional de las fuerzas políticas europeas (conservadores, socialdemócratas y liberales) que dé lugar a nuevas alianzas y giros bruscos en la dirección de algunas políticas comunitarias, no se descarta que, con un mayor peso y capacidad de influencia de estos partidos en las instituciones comunitarias, el propio proyecto de la Unión Europea se vea debilitado. Al fin y al cabo, pese a las diferencias entre ellos, estos partidos comparten el objetivo de dar más poder a los Estados frente a una mayor integración europea y, aunque bajo diferentes ropajes, en muchas ocasiones no pueden ocultar sus tendencias autoritarias/iliberales.

De este modo, en el conjunto de la UE, la principal incógnita de estos comicios europeos es si, frente a las expectativas creadas, los partidos de extrema derecha, ya sea por su propio avance o por el retroceso de otras fuerzas políticas e ideológicas, verán o no aumentado de forma considerable su peso en el Parlamento europeo y las consecuencias que se pueden derivar de ello.   

Hacia el 9J en España

Al igual que en otros países de la UE, hay una gran expectación sobre los resultados que puedan alcanzar en España las candidaturas de extrema derecha el próximo domingo. En juego está el reparto de 61 escaños (dos más que hace cinco años).

VOX entró, por primera vez, en el Parlamento europeo en 2019, tras las elecciones europeas celebradas ese año. Lo hizo con 4 escaños, el 6,2% de los votos y siendo la quinta fuerza más votada, tras el PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos.

Parece que, según los últimos sondeos públicos (es decir, publicados el 3 de junio en cumplimiento de la ley electoral española que prohíbe la difusión de sondeos seis días antes de las elecciones) VOX será el domingo la tercera fuerza política (con una estimación en torno a un 10% de voto y de 7 escaños). Si se cumplieran estos pronósticos, y más allá de la lectura triunfalista que haga VOX en comparación con sus resultados en las elecciones europeas de 2019, en realidad el crecimiento de esta formación política sería limitado. VOX ocupa ya, y desde hace cinco años, el puesto de tercera fuerza política en España. Además, en las elecciones generales celebradas hace casi un año, el 23 de julio de 2023, logró un porcentaje superior de votos (12,4%) del que le auguran ahora los sondeos. Asimismo, su potencial registro del domingo también quedaría lejos del que, por el momento, ha sido su techo electoral (15,1% en las elecciones generales que se celebraron en noviembre de 2019).  

Cualitativamente, además, en estos comicios, el deseado protagonismo del partido liderado por Santiago Abascal se ve amenazado por la candidatura “Se acabó la Fiesta” (SALF) del controvertido “infuencer” político Luis Pérez (alias Alvise) a la que los sondeos le otorgan grandes posibilidades de entrar en la Eurocámara, con al menos un escaño. Bajo un proyecto político que tiene como objetivo “eliminar la mafia política, mediática y judicial”, Alvise compite directamente por el mismo segmento de votantes que VOX. Si comparamos la primera encuesta preelectoral que hizo el CIS en la primera quincena de mayo con la segunda hecha por este organismo en la última semana de ese mes, se observa un ligero crecimiento en intención directa de voto de la candidatura de Alvise, frente a un descenso de VOX.

Cerca de un 20% de los electores que optaron por VOX en los comicios europeos de 2019 tiene la intención de escoger la papeleta de “Se acabó la Fiesta” (ver aquí). Si, finalmente, el domingo esta candidatura consigue representación en el Parlamento europeo, Alvise recibirá una gran atención mediática y política. Algo que, inevitablemente, restaría brillo a los “logros” de VOX y obligaría a Jorge Buxadé y a Santiago Abascal a dar ciertas explicaciones a sus aliados europeos, especialmente a quienes pertenecen a su mismo grupo (Conservadores y Reformistas Europeos) en el Parlamento europeo.

Otra de las incógnitas sobre estas elecciones gira en torno a la participación electoral. La cuestión es si, ante unos comicios planteados como decisivos, habrá una alta movilización (o, al menos, más elevada que en los comicios europeos de 2019, en los que, en el conjunto de la UE, acudieron a las urnas el 50,7% de los electores y el 60,7% en España).

Pese al tradicional europeísmo de la sociedad española, los ciudadanos consideran que las elecciones europeas son menos importantes que las generales, locales y autonómicas. También es habitual que los ciudadanos se muestren muy interesados en los asuntos relacionados con la UE, pero, al mismo tiempo, se consideren muy poco informados sobre ellos.

Por otra parte, puede haber una cierta fatiga electoral por el elevado número de convocatorias electorales que se han celebrado en España en el último año (locales, autonómicas, generales, gallegas, vascas y catalanas). Una fatiga que también se extendería a la atención de los ciudadanos a las campañas electorales y a las noticias políticas. En especial, si tenemos en cuenta que la ciudadanía valora de forma muy negativa a la clase política y se muestra crítica con su comportamiento. Según los datos del CIS, el 74% de los ciudadanos califica, ahora, como mala o muy mala la situación política. Es muy probable, además, que cuando el próximo 7 de junio finalice la campaña de estas elecciones, que se está caracterizando en España por un elevado enfrentamiento partidista y confrontación política, esa percepción sea aún más negativa.

Ninguno de los elementos mencionados anteriormente parece que vaya a contribuir a animar a los electores a acudir a las urnas, más allá de los que se sientan más politizados o identificados con una opción política. Es destacable que, según las dos encuestas preelectorales del CIS hechas a mediados y a finales de mayo, el número de indecisos haya crecido en la antesala electoral. Preguntados por su intención de voto en estas elecciones europeas, encontramos que mientras un 13% de los encuestados por el CIS contestaba a mediados de mayo que no sabía qué votaría, ese porcentaje creció al 19% a finales de mayo. Una respuesta en la que se infiere la posibilidad de que, al final, estos electores indecisos terminen por no votar.

Por último, en clave nacional, también estos comicios servirán para dirimir otras muchas cuestiones. Entre ellas: si el bipartidismo (PP y PSOE) volverá a ganar terreno en estos comicios; cómo quedará el pulso entre Sumar y Podemos en esta nueva contienda electoral en la que ambas formaciones han concurrido por separado; cuál será el balance de apoyos entre ERC y Junts de cara a la formación del nuevo gobierno en Cataluña; o si la pronosticada desaparición de Ciudadanos del Parlamento europeo, como último gran reducto que le quedaba, le llevará a su desaparición definitiva como partido.  

Con la mayoría de los sondeos apuntando a que el PP será el partido más votado el domingo, pero a una distancia no muy grande del PSOE, no parece que los intentos de convertir estos comicios en una “moción de censura ciudadana” contra Sánchez y su gobierno vayan a resultar creíbles. Si bien, el PP sí que parece que podrá celebrar la absorción de la mayoría de los votantes que optaron por Ciudadanos en las europeas de 2019, y que a Vox le ha salido un competidor que le resta voto.   

En todo caso, habrá que esperar a la noche del domingo para ver si los pronósticos se terminan o no cumpliendo y si quedan despejadas algunas de las incógnitas que planean sobre estas elecciones europeas (2024).

Desde el inicio de este año, junto a las manifestaciones, la imagen de tractores paralizando los centros de las ciudades y obstaculizando la circulación en las carreteras se ha ido extendiendo de unos países a otros de la UE. Tras atravesar Francia y comenzar las acusaciones de competencia desleal entre unos agricultores europeos y otros, la mecha de la indignación prendió en el campo español a finales de enero, cuando varias organizaciones agrarias anunciaron un calendario de movilizaciones, al que siguieron convocatorias espontáneas y al margen de las asociaciones tradicionales del sector.

Causas y consecuencias del descontento agrario

La fuente de descontento agropecuario son las políticas de la UE. Los agricultores (y también los ganaderos) se sienten perjudicados por los efectos de la reforma de la política agraria común, así como por las políticas medioambientales y los acuerdos comerciales de la UE con terceros países, ya que consideran que a éstos se les exigen normas más laxas de producción. A estas quejas compartidas, se suman otros motivos de enfado agrario en cada país (inflación, sequía, fin de ayudas al combustible agrícola, precariedad laboral, precios de venta inferiores a los costes de producción, etc.). Todo ello parece haber hecho aflorar un movimiento social de protesta a escala europea, que bien podría denominarse el movimiento de los Tractores o de la Indignación Agraria.

En términos cuantitativos, el sector de la agricultura, pesca y silvicultura (gestión de los bosques y montes) representa de media, según los datos de Eurostat correspondientes a 2023, el 1,7% del PIB del conjunto de los 27 países miembros de la UE. Una contribución al PIB nacional que en España es del 2,3%. Si bien, en términos cualitativos, el peso de este sector es mucho más elevado por ser considerado estratégico (seguridad y soberanía alimentarias) y por tener una gran capacidad de presión política. Por un lado, son muy visibles e inmediatas las consecuencias de la paralización de la actividad agrícola. Y, por otro lado, las reivindicaciones del sector primario despiertan simpatía social y pueden, además, activar la dicotomía o conflicto campo-ciudad.

El efecto contagio de estas protestas no ha hecho sino elevar la presión sobre las instituciones comunitarias y los diferentes gobiernos. Especialmente, porque el estallido del malestar se ha producido a las puertas de unas elecciones europeas que son propicias, siempre, para el voto de castigo o de enfado.

Entre el 6 y el 9 de junio, los más de 370 millones de electores de los países miembros de la UE serán convocados a votar en las elecciones al Parlamento Europeo. Por sus discursos nacionalistas, euroescépticos o abiertamente antieuropeístas y contrarios a las políticas de protección del medio ambiente, los partidos de extrema derecha (entre ellos, Alternativa para Alemania, Reagrupación Nacional en Francia, Hermanos de Italia y Vox en España) tienen una oportunidad para sacar rédito electoral del descontento agrario y menoscabar la confianza ciudadana en la UE. Además, ese descontento supone una oportunidad para los partidos agrarios o campesinos que también cuestionan las políticas de la UE para luchar contra el cambio climático. Para evitarlo, la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, ha tratado rápidamente de aplacar el malestar del campo, anunciando la retirada de algunas de las iniciativas que soliviantan a los agricultores.

En los diferentes países europeos, los gobiernos también han reaccionado de forma inmediata para tratar de dar respuesta a las preocupaciones y demandas agrarias, al tiempo que dirigen la atención hacia la UE. En España, por ejemplo, el gobierno de Sánchez ha ofrecido, entre otras cosas, más ayudas fiscales y nuevas medidas para que los agricultores no vendan por debajo de costes, mientras que en Cataluña el Parlament ha aprobado una resolución para estudiar la creación de una renta básica agraria y ha respaldado el cambio de nombre de la Consejería de Acción Climática del gobierno de Pere Aragonès para incluir las áreas de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Más allá de que las instituciones comunitarias y los diferentes gobiernos de los países de la UE consigan rebajar el nivel de malestar del sector primario antes de los comicios europeos, cabe plantearse cómo se halla la competición electoral en este segmento de votantes (en este caso, en España) y reflexionar sobre si puede emerger una nueva línea de división del voto en torno a la transición ecológica y las políticas medioambientales.

La pugna por el voto agrario en España

De acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre de 2023, un total de 770.700 personas trabajan en España en la rama de actividad de la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura; de las que el 74% son hombres. Si ampliamos el foco, el total de población que vive en este país en zonas rurales es de 7,5 millones de personas (lo que representa el 15,4% de la población total).

Ideológicamente, los agricultores, trabajadores agropecuarios, forestales y pesqueros son los electores que, por ocupación económica, y junto al electorado que trabaja en los cuerpos policiales y fuerzas militares, más a la derecha se sitúan, según el barómetro de marzo del CIS, con una media ideológica de 6,2 dentro de una escala de 1 a 10 (donde 1 es izquierda y 10 es derecha), frente a una media ideológica de 4,9 en el conjunto del electorado. En las pasadas elecciones generales del 23 de julio, siguiendo el indicador de recuerdo de voto de la encuesta postelectoral del CIS, este grupo de votantes se decantó principalmente por el PP (con un 32,2% de los votos), seguido del PSOE (22,8%) y de Vox (16,6%). A principios de este mes de marzo, según los datos del CIS, la primera opción, ante unas hipotéticas elecciones generales, en intención de voto de estos electores era Vox, con el 29,8% de los votos potenciales . En la segunda posición encontramos al PP (23,3%) y en la tercera, a gran distancia, al PSOE (7,5%). Hay que tener en cuenta que este electorado percibe de forma mucho más negativa la situación económica del país, que el total de los votantes, pues si más del 80% de los agricultores, trabajadores agropecuarios, forestales y pesqueros calificaban a principios de marzo ésta como mala o muy mala, en el conjunto del electorado ese porcentaje era del 61%.

Desde su irrupción como fuerza parlamentaria en 2019, Vox ha tratado de atraer y fidelizar al votante rural, para hacer del campo uno de sus principales graneros de voto (junto al electorado de los cuerpos policiales y fuerzas militares). Por eso, en los últimos años, ha sido habitual ver a representantes de esta formación política en movilizaciones protagonizadas por agricultores, ganaderos y cazadores, ya fuera por los altos precios (de la energía, de los combustibles, de los insumos, etc.), por los efectos de la sequía o por la prohibición de cazar lobos. Asimismo, cuando Vox ha pasado a ser socio del PP en gobiernos regionales ha exigido el control de las carteras de agricultura, ganadería y desarrollo rural. Algo que esta formación política ha logrado en los gobiernos de Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Aragón, y, parcialmente, en el de Extremadura (con la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural); sin haberlo conseguido en el gobierno de la Región de Murcia.

Ahora Vox no quiere desaprovechar la ocasión de avivar y capitalizar el actual movimiento de protestas agrarias. No obstante, empieza a encontrarse con algunos obstáculos. En primer lugar, ya no suenan tan creíbles sus eslóganes y discurso anti-establishment, dado que este partido no sólo forma parte de gobiernos regionales (y locales), sino que tiene responsabilidades en el diseño y ejecución de las políticas agropecuarias. En segundo lugar, la irrupción de nuevas plataformas agrarias evidencia que a Vox le están saliendo cada vez más competidores (que nacen incluso de su propia órbita política, como la Plataforma 6F) para abanderar el descontento del campo o la preocupación por los problemas que afectan a la población rural (como la organización política España Vaciada). Y, por último, Vox tiene que hacer frente a la pujanza del Movimiento SOS Rural. Un movimiento que surgió en la primavera de 2023, definiéndose como una organización apartidista que reivindica las actividades del mundo rural y que podría presentar una candidatura en las próximas elecciones europeas. Como acicate, SOS Rural tiene el ejemplo del éxito electoral que cosecha el Movimiento Campesino-Ciudadano en Países Bajos, como nuevo partido que nació (en 2019) para canalizar el rechazo de los agricultores y ganaderos de ese país a las políticas medioambientales del gobierno neerlandés.

Por su parte, en el actual contexto de elevado descontento rural y creciente competencia por el voto del campo, el PP está reformulando su estrategia política y de comunicación en este ámbito. En concreto, los dirigentes del PP apuestan cada vez más por: apariciones públicas con agricultores y ganaderos; anunciar y proponer medidas de choque en el sector primario; endurecer sus críticas contra el gobierno de Sánchez al que tildan de urbanita y acusan de tratar con desdén a los agricultores; y cuestionar las políticas medioambientales de la UE a fuerza de vincular los problemas de la agricultura con el “dogmatismo ambiental” del gobierno de Sánchez.

¿Hacia una nueva división del voto en torno a la transición ecológica?

En unos y otros países europeos, los motivos de malestar y las reivindicaciones de los trabajadores del sector primario son múltiples y diversos. Pero resulta especialmente interesante ahondar en el descontento agrario con las políticas medioambientales adoptadas por la UE y aplicadas, con mayor o menor entusiasmo, por los gobiernos de los países miembros.

Ante los cada vez más visibles efectos del cambio climático y la degradación del medio ambiente, en 2020 fue aprobado, a iniciativa de la Comisión Europea, el llamado Pacto Verde Europeo, un ambicioso plan de propuestas para lograr la neutralidad climática en 2050 o, lo que es lo mismo, que en ese año no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en el conjunto de la UE. Este Pacto implica la transformación de la economía y, por ende, un replanteamiento de las políticas sobre clima, energía, transporte y fiscalidad. Políticas que afectan de lleno al sector primario, al igual que las políticas para restaurar la naturaleza, aumentando la protección de los espacios naturales (terrestres y marítimos).

De forma más general hay que tener en cuenta que los objetivos climáticos marcados por la UE implican profundos cambios económicos y sociales que afectarán a muchos sectores. En los últimos años, ya hemos visto en Europa algunos ejemplos del fuerte rechazo que genera la aplicación de medidas medioambientales entre la población que se siente económicamente perjudicada por éstas, como fue la “revuelta de los Chalecos Amarillos” en Francia en el otoño de 2018 ante los planes (finalmente descartados) de Macron de subir los impuestos de los combustibles fósiles.

Cabe esperar que el debate a escala europea y nacional sobre cómo y a qué ritmo debe hacerse la transición ecológica no sólo gane terreno, sino que resulte conflictivo desde el punto de vista social. Por ello, no se puede descartar que esta (gran) cuestión termine por convertirse en un asunto electoral divisivo sobre el que pueda ajustarse la oferta política (partidos), y sobre el que los electores puedan decidir su voto.

Por el momento, los partidos de extrema derecha se han subido al carro de la “cruzada” contra las políticas verdes, desde la contraposición populista pueblo-nación (como víctimas de los efectos económicos y sociales de esas políticas) versus élites-globalismo (como culpables de la puesta en marcha de esas políticas). Pero también podría producirse un cierto resurgimiento de los partidos o movimientos agrarios no tanto desde la dicotomía campo-ciudad, sino bienestar social- ecología. Al respecto, resultan elocuentes las recientes declaraciones de la portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán: “no hay planeta B, eso lo entendemos, pero la sostenibilidad hay que entenderla bien y aplicarla de manera progresiva, sin dejar a nadie atrás” y su pregunta “¿cuántas asociaciones hay de corte ecologista en Europa? 193. Del sector agro, sin embargo, está Copa-Cogeca y poco más”.

Los datos son contundentes. Los problemas políticos (“en general”) ocupan, después de los problemas económicos, el segundo puesto en el ranking de preocupaciones ciudadanas, según el último barómetro realizado por el CIS en el mes de octubre. Además, entre los primeros diez puestos de ese ranking, también encontramos: “el mal comportamiento de los políticos” (4º), el “gobierno y partidos o políticos concretos” (7º) y la “falta de acuerdos, unidad y capacidad de colaboración política” (9º). Si bien, por votantes, existen diferencias significativas en cuanto al grado de preocupación que sienten por cada cuestión política concreta, hay que tener en cuenta que, en todos los electorados, es compartida la valoración de que en España existen problemas de índole política.

Cómo explicar el descontento político hoy

Se podría argumentar que las muestras de descontento político están ligadas y se pueden explicar por el contexto de los últimos tres meses. Un contexto marcado por las dificultades de los partidos políticos para gestionar los resultados de las pasadas elecciones generales del 23 de julio y, por ende, para poder formar gobierno. A esto se ha sumado, desde el principio, una suerte de guion institucional acordado que, en la práctica, ha supuesto un largo y tedioso proceso para formar gobierno.

Primero había que asistir, como primera parte o etapa, a una investidura fallida del candidato (Alberto Núñez Feijóo) del partido más votado (PP), mientras, al mismo tiempo, comenzaba a ponerse en marcha (en un segundo plano) la segunda parte del guion. Segunda parte que se iniciaba con un proceso de complejas negociaciones del PSOE con seis partidos, entre los que, desde el principio, Junts tenía el papel protagonista, y en el que la concesión de una amnistía era el asunto estrella y objeto de protestas en la calle organizadas o apoyadas por el PP y Vox.

Se preveía que esa segunda parte del guion terminara, como parece que va a ocurrir en los próximos días, en una exitosa investidura de Pedro Sánchez, como paso necesario para encabezar un gobierno en minoría de coalición entre el PSOE y Sumar. Pero también se contemplaba la posibilidad de que eso no ocurriera y hubiera que poner en marcha la última parte del guion que implicaba la convocatoria de nuevas elecciones generales, el 14 de enero. Inicialmente el escenario de una repetición electoral no parecía descabellado a la luz de lo que sucedió tras las elecciones generales de diciembre de 2015 y de abril de 2019.

Evidentemente ni las etapas previstas de este guion para formar gobierno, ni su desarrollo, se vislumbraban como elementos que fueran a contribuir a incrementar el nivel de satisfacción política de la ciudadanía. Es más, teniendo en cuenta únicamente la dimensión de la eficacia, lo esperable era que este proceso produjera una mayor insatisfacción entre la ciudadanía. Algo que, según los datos del CIS, ha ocurrido, pues si en el mes de julio un 22% de los encuestados sentía preocupación por los problemas políticos, ese porcentaje en octubre se eleva al 31%.

Tampoco parece que, una vez concluya el proceso de formación de un nuevo gobierno, vaya a aumentar la satisfacción política de la ciudadanía, dado el alto nivel de crispación, confrontación partidista y polarización ideológica que marca, actualmente, la vida política española.

Un fenómeno que no es nuevo

En todo caso, más allá de la coyuntura, sabemos que el descontento político no es un fenómeno nuevo en España. Con el estallido de la crisis financiera de 2008, se produjo un punto de inflexión en la política española, así como en las tendencias que apuntaban, desde el inicio de la democracia, a unos altos niveles de desafección hacia la política entre la ciudadanía. La combinación de un contexto de fuerte crisis económica con la percepción social mayoritaria de una gestión política inadecuada e injusta de ésta, así como de un goteo incesante de casos de corrupción y de falta de ejemplaridad de las élites, derivó en una crisis de representación. Una crisis que se puso de manifiesto en la expresión, colectiva y al margen de los partidos, de un profundo malestar de la sociedad con el funcionamiento de la democracia, así como en una demanda de cambios en el sistema político.

Entre 2011 y 2014 el foco de atención política y mediática estuvo puesto en el descontento ciudadano y en el debate sobre la necesidad de regeneración democrática. Finalmente, las demandas sociales de cambio no se canalizaron a través de reformas políticas ni constitucionales, sino a través de la irrupción de nuevas formaciones que comenzaron a obtener representación parlamentaria a nivel nacional a partir de 2015.

Ocho años después y con una oferta política más amplia entre la que los electores pueden elegir, ningún líder de ámbito nacional consigue el aprobado de los ciudadanos. Asimismo, las principales instituciones siguen generando un elevado nivel de desconfianza entre la ciudadanía. O, al menos, era así en otoño (octubre-noviembre) de 2022, según los últimos datos del CIS disponibles, que reflejaba que de un listado de seis instituciones y organizaciones políticas (Justicia, Parlamento español, medios de comunicación, gobierno de España, partidos políticos y sindicatos), ninguna conseguía el aprobado de los ciudadanos. Otra cuestión es la confianza que genera la ensalzada Constitución española de 1978 (con una nota media de 6,4 en una escala de 1 a 10). Curiosamente el texto constitucional también se incluyó en ese listado de organizaciones e instituciones por las que preguntó el CIS hace un año y del que, sin embargo, se excluyó a otras instituciones como la monarquía (sobre la que, por cierto, el organismo público no pregunta desde abril de 2015).

¿Por qué el descontento político no forma parte del debate público?

El malestar político ha dejado de ser objeto de atención pública. Y la pregunta que cabe hacerse es por qué. Entre las posibles razones que pueden explicarlo están las siguientes:

El peligro de minusvalorarlo

Menos datos del CIS sobre valoración y satisfacción política. Menor interés público. Cronificación y normalización. Todos estos factores han contribuido a que el descontento político no esté hoy de moda en el debate público, más allá de algunos asuntos, como la concesión de la amnistía a los dirigentes independentistas catalanes, que son agitados en la calle por algunos partidos. Ya no es noticia la escasa confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones, ni el suspenso que reciben los líderes políticos. Y poco parece importar si los ciudadanos (ahora) están poco o muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia.

Desde 2015 la fórmula (no escrita) que se ha impuesto para gestionar el descontento político ha sido ofrecer a los ciudadanos una mayor oferta entre la que elegir, con la creación de nuevas marcas electorales que van apareciendo y desapareciendo. Sin embargo, esa fórmula tiene sus limitaciones, habida cuenta de que la política y los políticos siguen siendo percibidos por los ciudadanos como uno de los principales problemas que tiene España.

El malestar político sigue latente y es posible que haya mutado de naturaleza. Puede que, en la actualidad, no esté tan relacionado con la dimensión de la representación como con la de la eficacia (problemas de gobernabilidad, bloqueo político e institucional, aumento de la crispación, falta de consenso para hacer reformas políticas, etcétera). Lejos de obviar o silenciar este problema, lo más conveniente sería no perderlo de vista, para saber cuál es su magnitud, su evolución, sus causas y consecuencias en cada momento. No se puede dar por hecho que el descontento derive en la ciudadanía en (inocuos) sentimientos de desapego y cinismo político. Hace no tantos años, con la irrupción del Movimiento 15M en 2011, comprobamos que, en determinadas circunstancias, se crean burbujas de insatisfacción política que terminan por explotar.

Unas elecciones regionales más, pero no como las demás. De las doce Comunidades en las que se celebrarán comicios autonómicos el próximo 28 de mayo, únicamente en una, en la de Madrid, los electores están llamados a las urnas dos años después de la convocatoria anterior.

En Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y la Rioja, las últimas elecciones regionales se celebraron hace cuatro años, el 26 de mayo de 2019. Por el contrario, en la Comunidad de Madrid los últimos comicios regionales se celebraron el 4 de mayo de 2021, como consecuencia de un final anticipado de la legislatura regional, después de que Isabel Díaz Ayuso expulsara en marzo de ese año a Ciudadanos de su ejecutivo y anunciara la convocatoria de nuevas elecciones.

La justificación utilizada, entonces, por el PP fue la de que sus socios del partido naranja podían aliarse con el PSOE para arrebatarles la Comunidad de Madrid y, por ende, la mejor opción era la celebración de unos nuevos comicios para que se creara un gobierno más estable durante los siguientes dos años, hasta que llegaran las elecciones de 2023. Para dar credibilidad a esta sospecha, el PP madrileño usó como ejemplo el caso de la Región de Murcia, donde Ciudadanos, también socio de gobierno del PP, había alcanzado un acuerdo con los socialistas para presentar una moción de censura contra el ejecutivo liderado por el popular Fernando López Miras, aunque, finalmente, ésta acabó fracasando.

Resultase o no creíble esa argumentación entre la ciudadanía madrileña, lo cierto es que el adelanto electoral acabó teniendo grandes réditos para los populares. En el (nuevo) haber del PP madrileño, contabilizaron más del doble de votos y de escaños que en las elecciones autonómicas de 2019 y, sobre todo, la vuelta al podio como partido más votado y a tan sólo cuatro escaños de la mayoría absoluta.

Todo ello, mientras Ciudadanos se enfrentaba al peor castigo posible: no haber alcanzado el porcentaje de voto suficiente para entrar en el reparto de escaños y quedarse, por tanto, sin representación en la Asamblea de Madrid. VOX, por su parte, tampoco había crecido significativamente. Y el Partido Socialista de Madrid, como principal competidor del PP, tuvo que encajar el duro golpe no sólo de haber pasado de ser la primera a la tercera fuerza política, sino de haber perdido, por menos de 7.000 votos de diferencia, su condición de partido líder de la oposición, que pasaba a ostentar Más Madrid (tabla 1). Ni siquiera el dato de participación electoral registrada podía servir, como otras veces, de “consuelo” a los socialistas madrileños, pues ésta (71,7%) había crecido en más de siete puntos porcentuales respecto a 2019. 

De este modo, a todos los efectos, Díaz Ayuso fue la gran triunfadora del mayo electoral de 2021. Poco importaba que, para poder formar su nuevo gobierno en minoría, la presidenta madrileña tuviera que llamar a la puerta de VOX. A todos los efectos, desde el 5 de mayo de ese año, ella gobernaría en solitario. 

¿El 28M como segunda vuelta?

Dos años después, y sin que los sondeos apunten a un vuelco electoral, lo que se dirime en las elecciones regionales en Madrid parece ser lo mismo. Primeramente, la posibilidad de que Díaz Ayuso logre la mayoría absoluta situada, este año, en los 68 escaños. Un umbral que, según la encuesta realizada por la empresa Simple Lógica Investigación para elDiario.es y otros sondeos realizados antes de que comenzara la campaña electoral, el pasado 12 de mayo, parece estar a su alcance (tabla 2).

Para lograrlo, Díaz Ayuso cuenta a su favor con una elevada fidelidad de voto entre sus electores, así como con una significativa capacidad para “pescar” en otros caladeros del espectro ideológico de la derecha en el que compite. Según la encuesta preelectoral de CIS, casi el 85% de los electores que optaron por el PP hace dos años en las elecciones autonómicas, declaran su intención de volver a hacerlo el próximo 28 de mayo. Ningún otro partido que concurre a los comicios autonómicos este año puede exhibir una cifra tan alta de votantes fieles. Además, casi un tercio de los electores que optaron por VOX en mayo de 2021 tiene pensado ahora dar su voto al PP. Algo que no resulta sorprendente si se tiene en cuenta que los electores de VOX valoran mejor a Díaz Ayuso (8,1), que a la candidata de su partido, Rocío Monasterio (7,5). Por su parte, de los que optaron por Ciudadanos hace dos años, casi la mitad declaran ahora su intención de votar al PP.       

Es, además, innegable que la presidenta madrileña se presenta a sus terceras elecciones proyectando la imagen de exitosa candidata. Con los datos del CIS, Díaz Ayuso puede presumir de ser ahora la política regional más conocida, la mejor valorada y la única que consigue el aprobado en el conjunto del electorado madrileño (un 5,2 sobre 10, de media).

De este modo, sin Ciudadanos como competidor, con VOX cotizando a la baja y sin sentir ninguna amenaza por la izquierda, únicamente en el camino de la presidenta madrileña podrían jugar en su contra las elevadas expectativas creadas en torno a su triunfo electoral. Como aspirante al “oro”, la “plata electoral”, que se materializaría en una victoria por debajo de la mayoría absoluta, podría aguar las ganas de fiesta de los populares madrileños la noche del 28 de mayo, amplificando la decepción. Especialmente si en ese supuesto, y aunque sólo sea por un escaño, VOX exigiera a Díaz Ayuso entrar en su gobierno como condición necesaria para apoyar su investidura.   

En segundo lugar, en estas elecciones parece que Más Madrid y el PSOE volverán a disputarse el puesto de partido líder de la oposición al siguiente gobierno del PP, si bien Más Madrid parte como favorito (ver tabla 2). Buceando en las tripas de la encuesta preelectoral del CIS, encontramos que el partido liderado por Mónica García aglutina un mayor porcentaje (66%) de votantes fieles que el PSOE (54%) y, sobre todo, tiene un saldo potencial más favorable en transferencia de voto. Mientras casi un 17% de los electores que votaron al PSOE hace dos años ahora se plantea optar por Más Madrid, el porcentaje se reduce al 5,6% en el sentido contrario. Por otra parte, mientras que, entre los votantes que optaron en 2021 por la papeleta de Podemos, casi un 28% de ellos tiene intención ahora de votar a Más Madrid, menos de un 5% se decanta por el PSOE. En todo caso, aunque el balance preelectoral parece más positivo para Más Madrid que para el PSOE, ambos partidos cuentan con tener un elevado porcentaje de indecisos (cercano al 20%) entre sus votantes.

Como novedad, respecto a hace dos años en que el anuncio de la candidatura de Pablo Iglesias mejoró las expectativas electorales de Podemos, se añade la incógnita sobre qué ocurrirá, en estos comicios, con la formación morada. Siguiendo los datos de la encuesta preelectoral del CIS, tan sólo cuatro de cada 10 electores que se decantaron por Podemos en mayo de 2021 declaran su intención de hacer lo mismo el próximo 28 de mayo. Antes del comienzo de la campaña electoral, algunos sondeos situaban a esta formación al límite de superar la barrera electoral para entrar en el reparto de escaños.

Paradójicamente, la potencial mayoría absoluta de Díaz Ayuso dependería de lo que ocurriera con Podemos. Sin la formación morada, los escaños se repartirían entre el resto de las fuerzas políticas, y la suma de uno o dos más podría darle la mayoría absoluta al PP. Asimismo, la decisión de voto que acabe tomando el electorado de Podemos puede resultar decisiva en el pulso entre Más Madrid y el PSOE por liderar la oposición.

En tercer y último lugar, el próximo 28 de mayo también se decidirá, en un contexto regional igual de polarizado que hace dos años, la correlación de fuerzas entre el bloque de la izquierda y el de la derecha, así como el nivel de fragmentación partidista.

Por un lado, el punto de comparación para la izquierda serán los 58 escaños que, actualmente, Más Madrid, el PSOE y Podemos suman en la Asamblea de Madrid.

Por otro lado, si en las elecciones de mayo de 2021 se produjo un retroceso del multipartidismo con la debacle de Ciudadanos, el próximo 28 de mayo esa tendencia se podría acentuar. En el supuesto de que Podemos no superara la barrera electoral, el número de fuerzas parlamentarias en la Comunidad de Madrid pasaría de 5 a 4 (PP, Más Madrid, PSOE y VOX).  

¿Y después del 28M?

En apenas diez días podremos resolver las incógnitas que planean sobre este mayo electoral en Madrid. El foco en la Comunidad de Madrid, como región, se apagará pronto si Díaz Ayuso logra la mayoría absoluta, y algo menos si, al no alcanzar 68 escaños, la presidenta madrileña queda en manos de VOX para formar gobierno. Por la izquierda, resonarán más los ecos con un desenlace fatal de Podemos y si el bloque de oposición al próximo ejecutivo de Ayuso (con o sin VOX) se viera mermado respecto a 2021.

Y así parece que acabará todo el interés puesto a nivel regional en estos comicios; con la formación de un nuevo gobierno del PP y la conformación de las fuerzas de la izquierda como oposición. La misma dinámica que se ha ido repitiendo desde hace veintiocho años en la Comunidad de Madrid.

Ni la polarización, ni un cambio de valores sociales, ni la neutralización de incontables escándalos de corrupción y de comportamientos poco ejemplares son los principales factores de éxito del PP madrileño. Su mayor éxito es que, después de casi tres décadas al frente del gobierno regional, no se haya impuesto una preferencia mayoritaria de cambio político en la sociedad madrileña.

Un éxito que, evidentemente, se puede ver también como el fracaso de una oposición que, a lo largo de estos años, no ha conseguido ni consigue acertar con las teclas para construir un proyecto alternativo que conecte con una mayoría social en la Comunidad de Madrid. A las puertas de una contundente victoria electoral de Díaz Ayuso, y según los datos de la encuesta preelectoral del CIS, casi la mitad de los electores madrileños desaprueba su gestión y no parece que los partidos de la oposición vayan a capitalizar el descontento social. Una vez más, hasta los siguientes comicios, los que, salvo nuevo adelanto electoral, tendrán lugar en 2027.

La cuenta atrás electoral en España ha empezado. Apenas quedan 100 días para que tenga lugar la primera cita electoral del año: comicios locales en todo el país y regionales en doce Comunidades Autónomas (todas menos Andalucía, Cataluña, Castilla y León, País Vasco y Galicia). El próximo 28 de mayo se “examinarán” en las urnas los candidatos de los partidos políticos y cargos electos que se encuentran al frente de gobiernos o forman parte de la oposición. Para algunos dirigentes políticos estos comicios constituirán una oportunidad para revalidar mandatos. Para otros, en cambio, puede ser el momento, después de cuatro años, de pasar de liderar oposiciones a formar gobiernos a nivel municipal y/o autonómico. 

Tras la convocatoria electoral de mayo, y sin fecha aún en el calendario, llegarán las elecciones generales, al Congreso y al Senado. Se esperan para finales de año, si no hay sorpresas. Esta segunda cita electoral será la gran prueba política para el gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. ¿Conseguirán el PSOE y Unidas Podemos mantener o aumentar su fuerza parlamentaria para tener la posibilidad de seguir gobernando a nivel nacional? O, por el contrario, ¿será el PP de Feijóo el que o bien con Vox como (flamante) socio de coalición, o bien gracias a su apoyo parlamentario, gobernará en la próxima legislatura nacional? ¿Volverá la clase política a preferir una repetición de las elecciones generales, siguiendo la estela de lo ocurrido en 2015 y 2019, antes de ponerse de acuerdo para formar un nuevo gobierno?

Puede parecer que lo que está en juego este año (tan) electoral es el reparto de poder, esto es, quién gobernará en Ayuntamientos, Cabildos, Diputaciones provinciales, Comunidades Autónomas o en el Palacio de la Moncloa. Pero se dirimirán muchas más cuestiones. Entre ellas, cómo quedará, a nivel nacional, la correlación de fuerzas entre el llamado bloque de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos, la marca de Yolanda Díaz si se presenta finalmente a las elecciones y Más País) y el de la derecha (PP, Vox, la candidatura de Macarena Olona si se presenta a los comicios y lo que quede de Ciudadanos). O cuál será el balance del pulso entre el bipartidismo (o, lo que es lo mismo, la suma de votos que aglutinen juntos el PSOE y el PP) y los nuevos partidos (o no ya tan nuevos en el caso de Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos). En la misma línea, quedará por ver en la categoría de “nuevos partidos” cómo queda posicionado cada uno de ellos en el ranking. Entre ellos, un Ciudadanos en descomposición, así como las escisiones producidas a nivel nacional en algunos de los nuevos partidos (como es el caso de Yolanda Díaz con Unidas Podemos o de Macarena Olona con Vox).

Asimismo, se pondrá el foco en el peso que tendrán las fuerzas nacionalistas y regionalistas en el Congreso. Especial interés tiene la pugna ERC-Junts tras la digestión de las consecuencias judiciales y políticas del proceso independentista.

En realidad, las convocatorias electorales de este año serán un termómetro para tomar la temperatura al ciclo político, para calibrar cambios y continuidades.

Origen del actual ciclo político

Echando la vista atrás, encontramos que fue entre 2011 y 2014 cuando la política española sufrió una fuerte sacudida. La irrupción del Movimiento de los Indignados, 15-M, en la primavera de 2011, puso de manifiesto la primera gran crisis política de la democracia española.

Una crisis que, por un lado, estuvo ligada al impacto y a la gestión de la crisis financiera de 2008 en un contexto político nacional marcado por escándalos de corrupción y de falta de ejemplaridad protagonizados por las élites políticas y económicas. Y, por otro lado, una crisis que se materializó primero en una acusada pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones y en la representación política, y después en un conflicto territorial, con el proceso independentista catalán como detonante y el resurgimiento del nacionalismo español como reacción.

El malestar político dio paso a un intenso debate sobre la necesidad de acometer reformas estructurales en el sistema político español (cambio de la ley electoral, mayor transparencia de las instituciones, despolitización, rendición de cuentas, mayor participación de los ciudadanos en la vida política, etc.). Entre 2011 y 2014 se forjó un cierto consenso social sobre la necesidad de regenerar la vida política española. Consenso que sintió el entonces gobierno de Rajoy en forma de presión política para encargar al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un informe con medidas de regeneración democrática. El informe fue aprobado en Consejo de Ministros el 20 de septiembre de 2013.  

2015 como punto de inflexión

Sin embargo, la demanda social para mejorar la calidad democrática no se canalizó a través de reformas políticas ni constitucionales, sino a través de la irrupción de nuevas formaciones políticas, así como de la consiguiente transformación del sistema de partidos.

El punto de inflexión fueron las citas electorales (locales, autonómicas y generales) de 2015, cuando dos nuevas fuerzas políticas (Podemos y Ciudadanos) no solo consiguieron representación en Ayuntamientos, Parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales, sino que tuvieron la llave para formar gobiernos. Lo mismo ocurrió cuando se repitieron las elecciones generales en junio de 2016.

Con ello se constató el cambio de ciclo en la política española, que desde 1982 había estado dominada por el llamado “bipartidismo imperfecto”, es decir, por la hegemonía electoral del PSOE y del PP como partidos aglutinadores de más del 70% de los votos válidos en las elecciones al Congreso de los Diputados.

Ocho años de “nueva política”

Las profundas transformaciones producidas en el sistema de partidos en los últimos ochos años han ido acompañadas de nuevos términos que se han ido imponiendo en el debate público. Primeramente, la ciudadanía se familiarizó con los conceptos de irrupción de fuerzas emergentes y multipartidismo.

Después de la celebración de las últimas elecciones locales, autonómicas, europeas y doblemente generales de 2019, pasó a ponerse de moda el término fragmentación. Ya no eran dos (Podemos y Ciudadanos) sino cuatro (Vox y Más País) el número de fuerzas emergentes que ocupaban el tablero político a nivel nacional. Por otra parte, tras las elecciones generales de noviembre de 2019, se constituyó el Congreso de los Diputados más fragmentado desde el inicio de la democracia, con dieciséis fuerzas parlamentarias.

Poco tiempo después se recurrió a la palabra polarización para describir una nueva tendencia de la política española. Y es que no sólo se trataba de que hubiera un mayor número de partidos y de que algunos de ellos se situaran en posiciones ideológicas extremas, sino de que el debate político estaba cada vez más polarizado en torno a cuestiones divisivas azuzadas por discursos políticos (intencionadamente) polarizadores. Algo que, en todo caso, no resultaba ajeno, dado que se veía como un fenómeno que ya se había dado en Cataluña en 2017 como punto álgido del proceso independentista. Y también en otros países al calor del avance de liderazgos populistas como el trumpismo en Estados Unidos o el bolsonarismo en Brasil.

A la espera de (lo que hagan) los votantes

La ampliación de la oferta electoral ha permitido que el sistema democrático español tenga hoy una mayor capacidad para absorber la pluralidad de las demandas e intereses sociales. Pero también ha ido acompañada de otros efectos que los ciudadanos han percibido de forma negativa, tales como la dificultad para llegar a acuerdos políticos, el bloqueo institucional, la repetición de elecciones o el incremento de la confrontación política. 

Los estudios demoscópicos que se han venido realizando en los últimos años apuntan a que, aunque los indicadores de valoración política son menos negativos que los que se registraron entre 2011 y 2014 en los que la preocupación por la corrupción era muy elevada, aún no se han recuperado los niveles anteriores de confianza política e institucional (que, ya de por sí, tampoco eran muy elevados) a esa crisis. De este modo, la nueva política no parece haber supuesto un gran aumento de la satisfacción de los ciudadanos con la política, ni con el rendimiento de las instituciones. Si en enero de 2015, antes de que se celebraran las elecciones locales y autonómicas de mayo de ese año, casi un tercio de los ciudadanos mayores de 18 años, según los datos del CIS, declaraban no sentirse cercanos a ningún partido político, el mes pasado ese porcentaje era casi del 40%.    

Pero pese al descontento político, hoy no hay una demanda social visible para mejorar la calidad de la democracia, como sí la hubo en 2011. Ahora las muestras de malestar están relacionadas con la situación económica y los conflictos laborales derivados del aumento de la inflación por las consecuencias de la guerra en Ucrania, así como con el empeoramiento del funcionamiento de la sanidad pública y la falta de inversiones en el sistema sanitario tras la pandemia del coronavirus.

Cabe pensar que el electorado se ha adaptado a los cambios que se han ido produciendo en la política española a lo largo de estos últimos ocho años, utilizando la amplia oferta electoral como una vía de escape y, a la vez, de canalización de la insatisfacción política. Quizás esto ha sido potenciado por el inmovilismo de los viejos y nuevos partidos para llegar a consensos sobre reformas políticas de calado en los últimos años.

Ante la perspectiva de unos comicios generales con un mayor número de candidaturas entre las que elegir y una elevada polarización, los electores se muestran hoy, significativamente, menos indecisos que en la antesala electoral de 2015. Y es que si en enero de este año, de acuerdo con el barómetro del CIS, un 12,2% de los encuestados respondía con un “no sé” a la pregunta de qué haría en el caso de que se celebraran elecciones generales, en enero de 2015 esa cifra se elevaba al 20,8%. Del mismo modo, también se observa ahora un menor porcentaje de abstencionismo potencial, pues si al inicio de 2015 un 13,6% de los encuestados declaraban su intención de no votar, al inicio de este año esa cifra es inferior al 8%.     

Por otra parte, también resulta llamativo que respecto a 2015, ahora haya un mayor porcentaje de electores que declaran su ideología. Frente a un 19% en 2015, ahora son un 7% los votantes que optan por la respuesta “no sabe” o “no contesta” cuando se les pregunta cuál es su ideología, utilizando una escala numérica. Más allá de que, en términos relativos, haya crecido más el segmento de electores que se posicionan en los extremos ideológicos (de izquierda y de derecha), podemos encontrarnos hoy ante una sociedad más politizada. En este sentido, uno de los efectos del ciclo político que se inició en 2015 y que ha podido verse acentuado por la polarización de los últimos años, sería una mayor tendencia de los ciudadanos a expresar abiertamente sus opiniones políticas y preferencias ideológicas.

En todo caso, las respuestas que encontraremos en las urnas este año para seguir descifrando las claves del ciclo político estarán condicionadas por la gran volatilidad del electorado. Y es que otra de las características del comportamiento actual de los votantes es la facilidad y rapidez con la que cambian sus preferencias de voto. Nada se puede dar, por tanto, por seguro hasta que se cuenten los votos.

El próximo 17 de diciembre se cumplirán nueve años desde la fundación de Vox como un partido creado por antiguos dirigentes ligados al ala más derechista del PP.

Seguramente, su noveno aniversario no será como había imaginado esta formación ultraderechista antes de que se produjera su pinchazo en las recientes elecciones andaluzas. Cabe pensar que, hasta el pasado 19 de junio, Vox contemplaba acabar 2022 como una incontestable fuerza política en ascenso y que exhibiría como gran triunfo político no solo su entrada en el gobierno regional de Castilla y León, sino también en el de Andalucía.

Así, es probable que Vox se estuviera preparando para utilizar su noveno aniversario como pistoletazo de salida para la carrera electoral de 2023, con la primera parada en los comicios regionales y autonómicos de mayo, y la segunda, en las elecciones generales de otoño. Un aniversario que, desde ese planteamiento, también podría vender como preámbulo del broche final que llegaría en el décimo aniversario del partido, con Santiago Abascal como flamante vicepresidente del gobierno de España.

Nuevo partido emergente… en crisis

Sin embargo, este guion no encaja con el momento actual, ni resulta creíble. Vox aparece ahora como una fuerza política emergente en crisis. Una crisis que comenzó después de que se vieran frustradas sus expectativas de crecimiento electoral para entrar en el nuevo gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla y, como consecuencia de ello, se quebrara la paz dentro del partido. En pocos meses, Vox ha pasado de acaparar titulares y portadas por sus éxitos electorales a hacerlo por sus desavenencias internas y por la pérdida de influencia política. Incluso se llega a comparar la situación de Vox con la vivida por Ciudadanos al comienzo de su crisis (ver aquí).

A ello se suma también el riesgo de escisión interna, tras la salida de quien hasta hace poco fuera su candidata estrella para conquistar Andalucía y una de las caras más conocidas del partido, Macarena Olona. Un riesgo de escisión muy real, después de que Olona haya anunciado que tiene un nuevo proyecto político y haya dejado caer que éste podría servirle de lanzadera de cara a la presentación de su candidatura en las elecciones generales del próximo año.

De hecho, Olona ya ha expresado públicamente su intención de ser el recambio de Vox en el caso de que, en los próximos comicios regionales y locales, se ponga de manifiesto la pérdida de apoyo de este partido. Y no parece que Olona vaya a permanecer sentada esperando el desenlace electoral, sino que tratará activamente de captar a militantes y votantes descontentos con la dirección de Abascal en un momento marcado por el aumento de voces críticas y las acusaciones de falta de democracia interna en Vox.

Consciente de la delicada situación en la que se encuentra ahora su partido, el líder de Vox ha optado por hacer una reestructuración orgánica a modo de cortafuegos, nombrando a nuevos dirigentes en puestos clave, como a Ignacio Garriga al frente de la secretaría general del partido, en sustitución de Ortega Smith. Abascal es consciente de que Vox necesita recuperar impulso político para que no termine por ser cuestionado su propio liderazgo interno.

Vox y las expectativas electorales

No obstante, el principal desafío al que se enfrenta Vox es frenar su retroceso demoscópico. Desde julio, y aunque con altibajos, este partido cotiza a la baja en los sondeos en comparación con los resultados alcanzados en las elecciones generales de noviembre de 2019, en las que se convirtió en la tercera fuerza en el Congreso con el 15,1% del voto válido (casi 3,7 millones de votos) y 52 escaños. De acuerdo con la última estimación de voto publicada (octubre) por el CIS, Vox vería ahora reducir sus apoyos electorales por debajo del 9%. Otra encuesta realizada recientemente por la empresa demoscópica Simple Lógica sitúa ese nivel de apoyos en torno al 13% (ver más detalles aquí).

Vox es un partido encumbrado por las expectativas creadas, y ahora es víctima de éstas. Hay que recordar que Vox no consiguió representación política hasta cinco años después de su irrupción. Intentó, sin éxito, su entrada en las instituciones con la presentación de listas electorales en las elecciones europeas de 2014, en las autonómicas y locales de 2015, y en las generales de 2015 y 2016. La candidatura de Abascal en las generales de diciembre de 2015 y de junio de 2016 se saldó con un estrepitoso fracaso, al obtener un exiguo 0,2% del voto válido (menos de 60.000 votos).

En realidad no fue hasta el otoño de 2018 cuando comenzó a ponerse el foco de atención mediática y política en esta formación. A principios de octubre de ese año VOX acaparó numerosos titulares y portadas tras haber congregado a más de 10.000 personas en un mitin en Madrid en el que hizo su puesta de largo con eslóganes al más puro estilo Trump, como “los españoles, primero” o “juntos haremos a España grande otra vez”.

Una vez proyectada su imagen como fuerza política al alza, llegaría poco después su primer triunfo electoral, en las elecciones andaluzas celebradas en diciembre de 2018. Desde entonces hasta las recientes elecciones andaluzas, un ingrediente que ha utilizado Vox con éxito como parte de su estrategia electoral es el de proyectar la imagen de fuerza política ganadora y con capacidad de un mayor crecimiento al pronosticado por los sondeos. Ahora, por el contrario, a Vox le puede perjudicar aparecer como un partido en declive demoscópico.

¿Sólida base electoral?

Una de las dificultades a las que se enfrentan los nuevos partidos es fidelizar a sus votantes. Hasta hace pocos meses, Vox destacaba por tener un alto porcentaje de electorado fiel. El pasado mayo, de acuerdo con los datos del CIS, casi el 78% de los electores que habían votado a esta formación en las últimas elecciones generales de 2019 declaraba su intención de volver a hacerlo. En octubre, y siguiendo los datos del CIS, Vox ha visto cómo ese porcentaje de electores fieles se ha reducido en más de diez puntos porcentuales, hasta caer al 67%.

Los votantes desencantados con Vox parecen irse, o mejor dicho, volver al PP. Casi un 23% de los electores que optaron por la formación ultraderechista en noviembre de 2019 lo harían ahora por el PP si se convocaran elecciones generales.

Por otra parte, se observa que, por criterios sociodemográficos y de identificación ideológica del electorado, el retroceso que ha sufrido Vox en los últimos meses es generalizado en todos los segmentos en los que, en estos años, ha encontrado mayor apoyo (votantes hombres, de derechas, de clase alta, jóvenes y de ocupaciones ligadas a los cuerpos policiales y al Ejército).

¿Qué cabe esperar a partir de ahora?

La fórmula que ha empleado Vox para cimentar su éxito electoral desde 2018 parece estar llegando a su fin.

Esta formación aprovechó la oportunidad para erigirse como nueva fuerza política emergente y anti-establishment tras la efervescencia de Podemos y Ciudadanos. Pero cuatros años después, y ante el riesgo de sufrir una escisión interna por luchas de poder, Vox parece un partido tan tradicional como el resto. Desde que se inició, en 2015, el ciclo de la nueva política, lo nuevo envejece de forma rápida y se busca continuamente la novedad. Y ahora es Olona la que, desde su mismo campo ideológico, puede arrebatarle a Vox la bandera de nueva opción política anti-establishment.

Por otra parte, los resultados de las últimas elecciones andaluzas parecen haber descolocado a Abascal en su relación con el PP. Quizás la dirección de Vox no creyó que la estrategia de Moreno Bonilla de apelar al voto útil y al miedo para frenarles a ellos fuera a darle tan buenos resultados. Tampoco parecían estar preparados para que Feijóo, al contrario de lo que hizo Pablo Casado, optara por ignorarles y ningunearles. Algo que ha contribuido a restar protagonismo a Vox, mientras Abascal trata de recomponer su posición en el tablero de la derecha.

Asimismo, el actual contexto marcado por las consecuencias de la guerra en Ucrania no es el más propicio para Vox. Hasta ahora, esta formación ha obtenido rédito de la utilización política de las cuestiones identitarias y simbólicas que apelan a las emociones a través de un discurso agresivo, plagado muchas veces de insultos a sus rivales políticos. Un discurso que también le ha servido para lograr una gran visibilidad y notoriedad públicas, al acaparar muchos titulares y comentarios tanto en los medios de comunicación convencionales, como en las redes sociales. No obstante, en un momento como el actual, de gran incertidumbre y dificultades económicas, es posible que a una parte de su electorado le resulte excesivamente estridente ese discurso.

De este modo, Vox puede encontrarse con que todos los factores que le han servido para crecer electoralmente, se vuelvan ahora en su contra. En todo caso, no se puede subestimar su capacidad de readaptación.

Mientras tanto, el PP seguirá muy de cerca la evolución demoscópica de Vox, calculando hasta qué punto le puede convenir o no dar oxígeno a esta formación como el único aliado potencial que tiene en la derecha para formar gobierno, una vez que, a un año de las elecciones generales, los sondeos apuntan a que la mayoría absoluta no está al alcance de ningún partido y Ciudadanos podría quedarse sin representación parlamentaria.

Las campañas electorales comienzan y finalizan con la vista puesta en los votantes que no tienen decidido su voto. Aquellos que, dos semanas antes de la cita con las urnas, responden en los sondeos con un “no sabe todavía” a la pregunta de a qué partido tienen pensado votar. Y aquellos que responden lo mismo pocos días antes de que tenga lugar la votación, cuando la campaña electoral entra en su recta final.

Estos electores, a los que denominamos indecisos, son considerados un grupo clave en toda antesala electoral. Primero porque, en función de lo numerosos que sean y de lo reñidos que estén unos comicios, son ellos los que, con la decisión que finalmente tomen, pueden acabar decantando los resultados electorales.

En segundo lugar, porque constituyen un preciado caladero de votos para todos los candidatos que se presentan a unas elecciones, y al que suelen recurrir en los últimos actos de campaña para conseguir los objetivos fijados por sus estrategas electorales. Y, en tercer lugar, porque estos votantes, junto a los que declaran su intención de abstenerse, siempre suscitan un gran interés mediático, en tanto que de ellos parece depender el desenlace de una convocatoria electoral. Cuantos más indecisos hay, más abiertas e inciertas parecen unas elecciones. Y, por ende, mayor importancia parece tener la campaña electoral.

Además, el interés por el electorado indeciso ha crecido en los últimos años marcados, por un lado, por el incremento de la oferta política, con el auge, desde 2015, de nuevos partidos competitivos. Y, por otro, por una alta volatilidad en las preferencias de los electores que está ligada a la pérdida de lealtades partidistas y a la conformación de un elector más promiscuo y libre de ataduras. En el tránsito del bipartidismo al multipartidismo, muchos votantes han pasado de decidir su voto con mucha antelación a retrasar su decisión cada vez más. Con más candidaturas entre las que elegir, el elector puede tener más dudas sobre qué hacer o incluso cambiar de opinión varias veces antes de acudir a votar.

El pasado 3 de junio comenzó oficialmente la campaña de las elecciones autonómicas de Andalucía. Unas semanas antes, el CIS realizó una encuesta en la que preguntó a los electores andaluces, de forma general, en qué momento suelen decidir su voto. Apenas la mitad (52,1%) de los encuestados afirmó que lo suele decidir antes de la campaña electoral. De la otra mitad, un 7,1% señaló que suele decidirlo al comienzo de la campaña, otro 21,5% en la última semana de campaña, un 5,6% en el día anterior a la votación y cerca de un 10%, el mismo día de las elecciones.

Esas respuestas, inevitablemente, contribuían a poner aún más el foco sobre los indecisos del 19J. También lo ha hecho el propio contexto de estos comicios con: una amplia oferta de candidaturas (hasta 6 con opciones de lograr representación en el Parlamento andaluz); un partido, Ciudadanos, en descomposición por la fuga de sus votantes; otro partido, PP, que, aprovechando sus buenas expectativas demoscópicas, ha pedido el voto (útil) a los electores de otras fuerzas políticas para impedir que Vox entre en la Junta de Andalucía; y con una izquierda que se ha presentado más fragmentada que en los comicios regionales anteriores, al concurrir los partidos a la izquierda del PSOE en dos candidaturas (Por Andalucía y Adelante Andalucía), en lugar de una.

Todos estos elementos contextuales son, aparentemente, propicios para que se registre un elevado número de indecisos y se produzca un significativo trasvase de votantes entre unos partidos y otros. Por ello, cabe plantearse ahora, cuando la campaña electoral andaluza está llegando a su fin, en qué medida ha sido así y qué movimientos se han producido durante estas dos últimas semanas. Cuestiones a las que podemos tratar de dar respuesta con los datos del CIS.

Encontramos que la cifra de indecisos que registró el CIS antes de que comenzara la campaña electoral, a través de una encuesta realizada entre el 17 y el 28 de mayo, ascendía a un 20%. Un porcentaje nada desdeñable, pero sensiblemente menor al 26,6% de indecisos que registró este organismo hace más de tres años y medio, en la antesala de la campaña de las elecciones andaluzas de 2018. Por otra parte, una vez ya iniciada la campaña, el CIS volvió a preguntar, los pasados días 6 y 7 de junio, a los electores andaluces por su intención de voto. Y descendió al 18% el porcentaje de los que manifestaban tener dudas sobre a quién votar.

¿En qué electorados se han concentrado los indecisos? Antes de la campaña electoral, Ciudadanos era el partido cuyos electores (los que le habían votado en 2018) se mostraban más indecisos (22%). Y, por el contrario, los votantes de Vox (con un 7% de indecisos) y del PP (con un 10%), los que menos. Entre los electores que votaron en 2018 a la candidatura Adelante Andalucía, el porcentaje de indecisos ascendía a un 19%, al igual que en el caso de los votantes del PSOE.

La tendencia en la primera semana de campaña fue que los electores de todos estos partidos, salvo en el caso de Adelante Andalucía, parecían estar menos indecisos. ¿Pero hacia dónde ha ido su voto? Salvo en el caso de Adelante Andalucía, que realmente no es comparable con los otros partidos porque ahora se presenta bajo dos marcas electorales, los partidos han visto cómo, con la campaña, ha aumentado ligeramente su porcentaje de votantes fieles (aquellos que les votaron en 2018 y tienen pensado volver a hacerlo el próximo domingo).

Aunque, lógicamente, hay notables diferencias en el grado de fidelidad de los diferentes electorados. Así, y pese a haber resultado más persuasivo durante la campaña, Ciudadanos solo consigue retener a un 17% de los electores que le votaron en 2018. Una cifra que contrasta con el 76% de tasa de fidelidad de los votantes del PP. Un partido al que, además, tiene la intención de votar la mitad de los electores que optaron por Ciudadanos en 2018 y otro 30% de los que se decantaron por Vox entonces. Un trasvase de votos hacia el PP que, en ambos casos, ha ido en aumento en los primeros días de campaña. Algo que, por el contrario, no encontramos que haya ocurrido en el electorado del PSOE, a pesar de los llamamientos del candidato popular, Juanma Moreno, al voto útil. Y es que si antes de la campaña electoral casi un 11% de los votantes que optaron por el PSOE en 2018 declaraban su intención de votar al PP, en la primera semana de campaña, ese porcentaje era del 9,2%

Pero ¿estará cambiando algo en la recta final de la campaña electoral? No lo sabemos con datos públicos, pues en los cinco días previos a unas elecciones está prohibida la difusión de sondeos. Nos quedamos, de este modo, con la duda de conocer cuál es el porcentaje de indecisos con el que terminará la campaña electoral andaluza. Y así seguirá siendo en próximas convocatorias electorales, mientras la ley electoral no sea reformada.

Empecemos con el guion. Pero, ¿cuál? El ideado por los dirigentes del PP que pilotan la transición interna, tras haber dado previamente por amortizado el mandato de Pablo Casado. Según ese guion, entre la (vieja) “era Casado” y la (nueva) “era Feijóo” aún distan dos semanas. Las que quedan para la celebración del congreso extraordinario del PP en Sevilla el 1 y 2 de abril en el que Alberto Núñez Feijóo, en calidad de candidato único, será oficialmente proclamado como su nuevo presidente. El cuarto que tendrá esta formación desde 1989, año de su refundación como Partido Popular. 

Y entonces, lo que ocurra dentro de este partido en el interregno de la transición, ¿a quién es atribuible? Siguiendo el guion, si es negativo o puede tener costes, a la presidencia de Casado, porque la de Feijóo aún no ha empezado. Desde este planteamiento, Feijóo ha pretendido que no se le impute a él el pacto para gobernar en coalición recientemente alcanzado por el PP y Vox en Castilla y León. Para lograrlo ha tratado de que éste sea percibido como un “legado” indeseado (para él).

Es muy probable que Feijóo apremiara a Alfonso Fernández Mañueco para hacer cuanto antes efectivo ese pacto. Una vez consumado y hecho público un poco antes del mediodía del 10 de marzo, Feijóo optó por enfatizar que había sido una decisión tomada por Mañueco debido a la negativa del Partido Socialista a facilitar un gobierno en minoría del Partido Popular en esa región.

Pero, quizás, con lo que no contaba Feijóo era que, ese mismo día, el jefe de la familia popular europea, Donald Tusk, fuera a desaprobar públicamente el trato, calificándolo de “capitulación” y advirtiendo de que esperaba que fuera una excepción (“un accidente o un incidente y no una tendencia en la política española”). Un contundente reproche acorde con la noticia de que por primera vez, desde la recuperación de la democracia en España, un partido de extrema derecha va a entrar en un gobierno. Si bien, la “experiencia murciana” previa (que ahora parece muy lejana) fue ya un pequeño anticipo. Recordemos que el PP entregó en la primavera de 2021 una consejería del gobierno murciano a una diputada expulsada de Vox como recompensa por su apoyo para que no prosperara la (rocambolesca) moción de censura que presentaron Ciudadanos y el PSOE contra Fernando López Miras. 

Además, la desaprobación del jefe de los populares europeos se producía pocas horas después de que Pablo Casado, a puerta cerrada y a modo de despedida en la última reunión del PP europeo en la que él iba a participar, hubiera presumido de que, bajo su liderazgo, el centro derecha español no había pactado con la extrema derecha (Vox). Ambas declaraciones, las públicas de Tusk y las publicadas de Casado, llevaron al aún Presidente de Galicia a marcar más distancia con Mañueco.

Por eso, un día después de conocerse que el PP había accedido a co- gobernar con la extrema derecha en Castilla y León, concediéndole a Vox, además de la presidencia de las Cortes, la Vicepresidencia y tres consejerías de la Junta, Feijóo cambiaba de discurso para desautorizar el pacto de forma indirecta. ¿Cómo? Dejando claro que quien había dado “manos libres” a Mañueco para negociar era la anterior dirección ejecutiva nacional, es decir, la de Casado. Y afirmando que “a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo”. Una afirmación que, por otra parte, contradecía otra suya anterior sobre la inevitabilidad de ese acuerdo como la única opción (mal menor) para evitar la repetición electoral y dar estabilidad institucional en un contexto difícil (marcado por las consecuencias e incertidumbre generadas por la invasión rusa en Ucrania). Un razonamiento que está utilizando profusamente ahora Esteban González Pons, como representante de la actual dirección (provisional) del PP, para apaciguar los recelos de sus socios europeos del grupo popular.

En todo caso, y en la línea de que ese pacto no va “personalmente” con él, Feijóo también ha recurrido a la victimización como estrategia, con frases como “antes de ser ni siquiera presidente del partido ya soy culpable de todo lo que ha ocurrido en España en los últimos días” o “no he capitulado de nada, entre otras cosas, porque todavía no soy presidente de mi partido”.

Claramente Feijóo ha tratado de establecer un “cortafuegos” respecto al pacto con Vox que le permita comenzar el 2 de abril con el contador a cero en lo que a decisiones controvertidas se refiere. Y se ha preparado para neutralizar las críticas que le harán sus adversarios por este pacto cuando ya sea formalmente el líder de su partido a nivel nacional. Por ejemplo, en su previsible argumentario para responder al Partido Socialista, no faltarán mensajes como “no están ustedes para hablar de pactos de la vergüenza” o “si tan peligroso y nocivo para la democracia les parece Vox, ¿por qué no permitieron que Mañueco gobernara en minoría?”.

Otra cuestión es que Feijóo sea capaz de lograr que el pacto con la ultraderecha quede en un segundo plano y no condicione su liderazgo. Algo que dependerá, en gran medida, de cuántas portadas, titulares y tertulias acaparen las “noticias” que genere la acción del futuro gobierno de Mañueco con Vox.

En esta etapa como líder entrante y en su gira como candidato oficial (de aparente consenso) con actos de partido en las diferentes regiones, Feijóo ya ha dado algunas pistas de cuál será su hoja de ruta. Primeramente, parece que seguirá la fórmula que tan buenos resultados le ha dado en los últimos años en Galicia: apostar por su propia marca personal frente a las siglas del PP, o, al menos, hasta que estas últimas se puedan identificar con el “feijooismo”. Esto supondrá, en segundo lugar, que a diferencia de lo que hizo Casado, Feijóo optará, y sobre todo al principio, por una mayor descentralización / autonomismo dentro del partido. El PP será Mañueco en Castilla y León, Ayuso en Madrid, Moreno en Andalucía, etc. De este modo, en caso de errores que puedan comprometer su liderazgo, Feijóo podrá desligarse (más fácilmente) de ellos, haciendo responsables a otros.

Y, con un mayor nivel de autonomía interna, Feijóo podría apostar, en tercer lugar, por resaltar las diferencias con Vox. En este sentido, y al contrario también de lo que hizo Casado, Feijóo podría optar por ignorar, ningunear o por enfatizar lo que le separa de Vox, más aún si, haciendo de la necesidad virtud, aprovecha que, al no ser diputado, no ejercerá de líder de la oposición en el Congreso. Con un Ciudadanos en decadencia, Feijóo tiene ahora como rival ideológico incómodo a un Vox crecido al que hasta ahora su partido no ha sabido neutralizar política ni electoralmente, sino todo lo contrario. Una formación que, hasta ahora, también ha sido capaz de condicionar el tipo de oposición agresiva que, desde el inicio de esta legislatura, ha ejercido el PP frente al gobierno de Sánchez.

Feijóo, en su papel de candidato, ha bajado los “decibelios” que había impuesto la dirección de Casado. Pero no está claro que el futuro nuevo líder abandone por completo la línea “casadista” de oposición estridente. Con apenas diez días de diferencia, Feijóo ha pasado de decir que él no viene “a insultar a Sánchez” a calificar el gobierno de éste como “el más mediocre” de la democracia.

Está por ver si Feijóo optará por la vía de ser muy moderado un día, y otro, agresivo, o por una oposición de hierro con guante de seda, cuando oficialmente lleve las riendas del PP. Y si eso le resta credibilidad y desvía la atención del que parece ser su principal objetivo: proyectar su imagen como un gestor solvente, serio y centrista. Ello requeriría intentar llegar a La Moncloa con la estrategia de evitar guerras culturales para centrarse en la economía. Una estrategia que supondría para Feijóo recuperar la receta ya probada por el PP en otras ocasiones para ganar las elecciones generales. Y más aún teniendo en cuenta el actual contexto.

Las (aún incalculables e impredecibles) consecuencias que ha desatado a nivel internacional la invasión rusa y posterior guerra en Ucrania hacen que, en pocas semanas, se haya pasado en España de poner, en lo económico, el foco en las buenas perspectivas post-pandemia a hablar del peligro de la “estanflación” (combinación de altos precios con un crecimiento económico estancado).

De acuerdo con el último barómetro del CIS, realizado entre los días 1 y 11 de marzo, la preocupación de los ciudadanos por la situación económica ha crecido (ya) de forma considerable. Si a principios de febrero los problemas de índole económica ocupaban el segundo puesto en el ranking de problemas que, a ojos de la ciudadanía, tiene España, ahora ocupan el primer puesto con un incremento de los que lo perciben así de más de 16 puntos porcentuales (del 33,3% al 49,6%). A ello también se une un ligero aumento (de 3,5 puntos porcentuales) en la preocupación que sienten los ciudadanos por el paro (situado como segundo problema del país). Frente a la situación económica, ha descendido la preocupación por el Covid, que ha pasado de ser considerado el tercer al quinto problema del país.   

De este modo, Feijóo podría orientar su línea de oposición en la economía. Algo que le permitiría también diferenciarse de Vox en lo que al contenido de su programa se refiere (obviando, claro está, su alianza en Castilla y León). Si bien es cierto que los de Abascal tratan de capitalizar la creciente preocupación de los ciudadanos por la situación económica alentando movilizaciones sociales contra el gobierno de Sánchez. Algo que puede llevar a Feijóo a competir (por imitación) con sus antiguos compañeros de partido para abanderar el descontento social si persisten los altos precios y empeora la situación económica, debido al potencial enquistamiento del conflicto bélico en Ucrania.

Pero, por el momento, y volviendo al guion con el que hemos comenzado, la “era Feijóo” aún no ha empezado. Toca esperar. Se empezarán a resolver muchas incógnitas en las próximas semanas y meses, con hitos ya marcados. Las elecciones andaluzas serán la primera prueba para el PP de Feijóo, no sólo en cuanto a resultados electorales (sobre todo en lo que se refiere a la competición PP-Vox), sino también a pactos postelectorales.

Mientras llega esa prueba electoral, Feijóo también tendrá que afrontar los hitos demoscópicos. Cada encuesta será un examen para él. Un elemento favorable con el que cuenta, como punto de partida, son los últimos registros conseguidos por su antecesor en el cargo. Casado ha acabado su mandato, según el barómetro de marzo del CIS, con una puntuación media de 3,5 (sobre 10) en el conjunto del electorado, y de un 4,6 entre los votantes del PP. Y ha dejado a este partido con un porcentaje de fidelidad de voto (electores que declaran haber votado a los populares en las últimas elecciones generales de 2019 y volverían a hacerlo ahora) del 72% (inferior al 79% de Vox y al 73% del PSOE).

Una nueva y virulenta ola de contagios Covid recorre este otoño la mayor parte de los países europeos. Especialmente en aquellos con tasas de vacunación más bajas. Ante el empeoramiento de la situación epidemiológica, algunos gobiernos europeos han optado por volver a aplicar medidas drásticas que afectan a las libertades ciudadanas. En algunos casos, como en Austria, medidas que creíamos superadas, como los confinamientos, u otras que hasta hace poco parecían improbables, como la vacunación obligatoria. 

Poco después del anuncio de las nuevas medidas, en numerosos países europeos miles de personas se echaban a la calle para protestar contra ellas y sus gobiernos. Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Austria, Croacia o Suiza han sido recientemente el escenario de concentraciones y manifestaciones en las que se coreaban lemas como “resistencia” o “abajo la corona-dictadura”. En algunos casos, además, los actos de protesta acabaron en disturbios violentos. El primer ministro holandés, Mark Rutte, llegó a usar el calificativo de “idiotas” para referirse a los manifestantes que habían recurrido a la violencia por estar descontentos. 

Más allá de que muchos participantes en esas protestas formaran parte de movimientos negacionistas, antivacunas o de extrema derecha que las habían alentado, lo que parece claro es que cada vez es más visible el clima de tensión social provocado por las consecuencias de casi dos años de pandemia y de un horizonte que no termina de despejarse. 

España, en una situación epidemiológica por el momento menos desfavorable que la que atraviesa la mayor parte de Europa, no es ajena al contexto de agitación social. Si bien, no por los mismos motivos. En este tiempo de pandemia, en la sociedad española apenas ha habido muestras colectivas, a nivel nacional o local, de rechazo a las restricciones anti-Covid que se hayan fundamentado en el argumento de que éstas cercenan las libertades individuales o en que la pandemia es una farsa. Ni tampoco se ha cuestionado con acciones colectivas la eficacia de las vacunas, lo que contribuye a explicar que un 89,2% de la población mayor de 12 años (a la que ha ido dirigida la campaña de vacunación) esté hoy inmunizada contra el coronavirus.  

Cuando ha habido protestas contra restricciones aplicadas para frenar el Covid, éstas han tenido una dimensión socioeconómica. Han sido principalmente organizadas y protagonizadas por colectivos profesionales, como el de la restauración o los locales de ocio, que se han sentido perjudicados y han reclamado compensaciones económicas a las Administraciones. Ni siquiera cuando se han producido desescaladas de restricciones, el mantenimiento de la obligatoriedad de llevar la mascarilla en espacios cerrados y al aire libre cuando no se puede mantener una mínima distancia interpersonal ha generado rechazo social. Tampoco ha sido objeto de protestas la exigencia del certificado Covid como requisito impuesto por algunos gobiernos regionales para entrar en determinados espacios cerrados.     

Por ello, en lo que respecta a las medidas anti-Covid, las calles en España parecen estar tranquilas. Otra cuestión será si la curva de contagios se dispara próximamente y las autoridades se ven forzadas a endurecer las restricciones o a reintroducir otras más contundentes como el toque de queda nocturno o los confinamientos perimetrales. En ese supuesto cabría esperar que, en el caso de que hubiera movilizaciones, éstas fueran para protestar por el impacto económico negativo en la actividad de algunos negocios y sectores.  

Lo que encontramos, ahora, son múltiples focos de descontento en ámbitos que no tienen que ver estrictamente con la pandemia, aunque, en gran medida, están ligados a ésta.  Desde hace algunas semanas la atención mediática se centra en el goteo incesante de acciones colectivas reivindicativas que se producen en toda España. Agricultores y ganaderos que han llevado a cabo actos de protesta por los altos costes de producción y los bajos precios que los intermediarios les pagan a ellos. Manifestaciones ciudadanas contra la subida del precio de la electricidad. Acciones organizadas por plataformas de peluquería para exigir la reducción del IVA (del 21% al 10%) que se aplica en este sector. Huelga laboral de los trabajadores de la industria del metal en Cádiz y caceroladas de apoyo a este colectivo. Concentraciones de trabajadores del sector del automóvil. Manifestación contra los megaproyectos de energías renovables. Protesta para exigir el blindaje de las pensiones. Manifestación de trabajadores de la banca para protestar contra expedientes de regulación de empleo.  

Un amplio y variado repertorio de acciones colectivas, así como de motivos de protesta, al que se suma la convocatoria de nuevas movilizaciones, entre las que cabe destacar el paro convocado, en la antesala de Navidad, por la patronal del transporte.  

Ya antes del verano se vislumbraba en España un contexto de creciente conflictividad, con manifestaciones de diferente índole (por ejemplo ver aquí) que apuntaban a una latente burbuja de descontento social. En este blog (aquí) ya señalamos que no se podían minusvalorar esas “muestras” de malestar.  

¿Pero por qué ahora se está produciendo un aluvión de movilizaciones? Primeramente, hay que tener en cuenta que, coincidiendo con la mejora de la situación epidemiológica que se produjo a finales del verano, se observa desde septiembre, según los datos de CIS, un notable aumento de la preocupación que sienten los ciudadanos por los efectos que tiene la pandemia en la economía y el empleo, frente a los efectos sobre la salud. Ahora casi el 43% de los ciudadanos se siente preocupado personalmente por los problemas económicos y laborales que ha generado la pandemia, frente a un 29% al que le preocupan más los efectos sobre la salud.

Ahora bien, encontramos, en segundo lugar, que lejos de empeorar la percepción que tiene la ciudadanía de la situación económica del país, ésta ha mejorado ligeramente en los últimos tres meses. De acuerdo con el barómetro de noviembre que el CIS publicaba hace unos días, el 67% de los ciudadanos considera ahora que la situación económica es mala o muy mala, lo que supone un descenso de cuatro puntos porcentuales respecto a julio. Mientras, por el contrario, el porcentaje de los que la valoran de forma positiva ha pasado del 12 al 21%. Paradójicamente la opinión que tienen ahora los ciudadanos sobre el estado de la economía es la menos negativa desde junio de 2020.  

En cambio, la percepción que ha empeorado en el último mes es la que tiene la ciudadanía de su propia situación económica. Desde el inicio de la pandemia, el porcentaje de ciudadanos que ha valorado de forma positiva su economía personal se ha situado por encima del 50%. Entre octubre y noviembre ese porcentaje ha pasado del 65 al 62%, mientras que el de los que la valoran de forma negativa ha crecido del 22 al 24%. En la misma línea, encontramos que actualmente los ciudadanos perciben de forma más negativa su situación económica personal que en los primeros meses de la pandemia, ya que en abril de 2020 el 70% la calificaba como buena o muy buena, frente a un 20% que opinaba que era mala o muy mala.  

La subida del precio de la electricidad de los últimos meses, sin duda, ha impactado de forma negativa en las condiciones de vida de muchos ciudadanos. Según el barómetro del CIS de noviembre, es un tema que preocupa mucho o bastante al 92% y un 48% dice haber notado esta subida de forma muy apreciable (“mucho o bastante”) en sus recibos. 

Por otra parte, la economía doméstica también se está pudiendo ver resentida por el aumento de la inflación, que se materializa en el incremento del precio de muchos productos, como consecuencia de dos efectos colaterales de la pandemia, el incremento de los precios de la energía y la falta o retraso en la entrega de suministros. 

Después de un largo período de dificultades económicas y sociales, la combinación de factores que repercuten negativamente en las condiciones de vida de muchas personas y la frustración de expectativas puede contribuir a explicar el alud de movilizaciones de carácter socioeconómico que se han producido en las últimas semanas. Y, sobre todo, en los segmentos sociales y sectores que se vieron económicamente más afectados por el confinamiento y por otras medidas que se tomaron en lo peor de la pandemia. Asimismo, la ventana de oportunidad y el efecto “contagio” o “imitación” puede animar a diferentes colectivos a aprovechar el momento para movilizarse por otros motivos.  

La pregunta ahora es hasta cuándo se extenderá y qué dimensión cobrará la actual “oleada” de protestas sectoriales. Por el momento, en España nos encontramos en un otoño de insatisfacción social y económica, pero no de indignación política. Indignación que condujo, en forma de movilización transversal, a la eclosión del Movimiento 15-M en la primavera de 2011.  

Hoy el destinario de las protestas no es el sistema político en genérico (partidos, Parlamento, modelo de democracia, etc.), sino los gobiernos. Y, particularmente, el gobierno central, percibido como el actor principal que puede mejorar las condiciones de vida y de trabajo de colectivos que temen vivir mucho peor que antes de la pandemia, y sin que a ellos les llegue la prometida recuperación. En este sentido, el clima social podría ser el próximo y quizás inesperado desafío al que tenga que hacer frente el ejecutivo de Sánchez.

Oficialmente el coronavirus se convirtió en una enfermedad epidémica el 11 de marzo de 2020. Ese día la Organización Mundial de la Salud utilizó por primera vez el calificativo de pandemia para referirse a este virus. Tres días después, el 14 de marzo, el gobierno español decretaba el estado de alarma en todo el país, limitando el derecho de movimiento de los ciudadanos a actividades esenciales con un estricto confinamiento domiciliario que duraría 42 días, para después pasar a aplicarse un plan gradual de desconfinamiento y entrar en la “nueva normalidad”.

Desde entonces han pasado más de 15 meses y cuatro olas de contagios en España en las que, según los registros del Ministerio de Sanidad, cerca de 81.000 personas han perdido la vida y más de 3,8 millones se han infectado. Un tiempo en el que el gobierno de Sánchez ha aplicado, a nivel nacional, dos veces el estado de alarma (una primera vez entre marzo y junio de 2020, y una segunda entre octubre y mayo de 2021) con las consiguientes restricciones a las libertades ciudadanas. Y en el que hemos incorporado a nuestra realidad cotidiana términos epidemiológicos como “tasa de incidencia” (acumulada por 100.000 habitantes en 14 días) o “inmunidad de rebaño”, de la misma manera que hicimos con la terminología económica (“prima de riesgo” o “deuda pública”) en la crisis financiera de 2008.

Como si estuviéramos dentro de un edificio, hemos sufrido una fuerte “sacudida” con diferentes ramificaciones de las que, personalmente, nos hemos podido ver más o menos afectados. El shock sanitario ha ido acompañado en España de un importante shock económico, materializado en una caída del PIB del 10,8% en 2020, cuyo impacto social ha sido amortiguado por las medidas de protección aprobadas por las diferentes Administraciones públicas (como el ingreso mínimo vital por el gobierno central). Asimismo, con la pandemia, se ha producido en España un shock demográfico, con un fuerte aumento del número de defunciones y una brusca caída de los nacimientos en 2020.

A nivel global también ha habido un shock democrático, como se puso de manifiesto en la última medición de la calidad de la democracia realizada por The Economist en 2020, al verse también los sistemas democráticos resentidos por “las mayores restricciones a las libertades civiles impuestas en tiempos de paz” debido a las políticas sanitarias para combatir la propagación del coronavirus y evitar muertes. Un shock que, por otra parte, también habría afectado a la democracia española, con un descenso respecto a 2019 de seis puestos (del decimosexto al vigésimo segundo de un ranking de 167 países) en ese índice en el que, además de las libertades civiles, se tienen en cuenta otras cuatro dimensiones (participación política; funcionamiento del gobierno; cultura política; proceso electoral y pluralismo).

De este modo, todos los datos que se van conociendo del balance anual del pasado año certifican que 2020 será recordado como el año de los registros históricos negativos.

Iniciada ahora la segunda mitad de 2021, cuando parece que hemos dejado atrás lo peor de la crisis sanitaria y albergamos la esperanza de que la vacunación nos devuelva a la “vieja normalidad”, se ha empezado a poner el foco de atención en otros “efectos” causados por la pandemia. Tras las cifras macro, hemos encontrado que se ocultaban las preocupaciones laborales y personales, así como las consecuencias negativas que han producido los cambios de hábitos y la reducción del contacto social por las medidas sanitarias. Todo ello ha derivado, entre otros, en problemas de estrés, insomnio, ansiedad o depresión, que han tenido su correlato en el aumento de la demanda de tratamientos psicológicos, así como del consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Especialmente se ha visto afectado el bienestar emocional de la población infantil y adolescente.

La pandemia aún no ha terminado y seguiremos conociendo nuevas y variadas cifras que den cuenta de la magnitud de las consecuencias que está teniendo ésta a todos los niveles. Por ejemplo, sabemos que han aumentado los accidentes de tráfico, lo que parece explicarse por la pérdida de pericia al volante y una conducción más agresiva vinculada al estado emocional, así como al efecto de un mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos. También sabemos que, a la vez que ha crecido la confianza social en los expertos (ver aquí), se ha visto acrecentado el pensamiento conspirativo con la difusión de teorías infundadas a las que porcentajes nada desdeñables de la población dan credibilidad. Así, encontramos que, de acuerdo con el último estudio realizado por la Fundación española para la Ciencia y la Tecnología sobre las actitudes hacia la vacunación y cumplimiento de las medidas anti-Covid-19, casi un tercio de los ciudadanos considera que las mascarillas son malas para su salud.

Cuando todo acabe y la marea se retire, seremos capaces de valorar qué ha cambiado o no, y sobre todo, qué cambios serán efímeros y cuáles vendrán para quedarse. Especialmente, porque al comienzo de la pandemia se generó, a nivel global, la expectativa de que nuestra forma de vida y el mundo en el que vivimos serán totalmente diferentes en la etapa post-Covid. Una expectativa alimentada por la proliferación de ensayos, debates y reflexiones colectivas (ver aquí, aquí y aquí) sobre las transformaciones sociales vinculadas al coronavirus.

En cualquier caso, ha pasado ya un tiempo suficientemente largo para preguntarnos si esta crisis sanitaria está teniendo algún efecto en España en la forma en que pensamos y en cómo valoramos el clima político. Para conocer las respuestas vamos a utilizar varios estudios y series de datos del CIS.

Evolución de las preocupaciones sociales

En febrero de 2020, cuando la sociedad española seguía percibiendo como lejano el virus que se había originado en China y llegado a Italia, las preocupaciones colectivas eran principalmente de carácter socioeconómico (desempleo y problemas económicos). De acuerdo con el barómetro realizado en los primeros diez días de ese mes, las opiniones sobre la situación económica del país se dividían entre los que calificaban ésta como regular (46,6%) y los que decían que era mala o muy mala (46%). Si bien, en relación con la situación económica personal, la ciudadanía se mostraba más optimista, pues más allá de que casi la mitad (47%) la calificara como regular, un 36% creía que era buena o muy buena, frente a un 16,7% que la valoraba de forma negativa.

Lógicamente ya en abril, en pleno confinamiento, el coronavirus pasó a convertirse en el principal problema del país a ojos de la ciudadanía, seguido de los problemas económicos y del paro. Quizás motivado por la gravedad del momento, con la paralización de la actividad económica, aumentó de forma significativa el porcentaje (casi el 70%) de quienes consideraban que su situación económica personal era buena o muy buena. Un aumento que se debe a que muchos dejaron de valorarla como regular, para calificarla de forma positiva. Algo que, por otro lado, también pudo verse avivado por el acusado empeoramiento de la valoración sobre la situación económica del país, percibida en junio del pasado año como mala o muy mala por el 80% de la población.

De este modo, por comparación con la valoración de la situación del país, muchos ciudadanos pasaron a mostrarse más optimistas (o sentirse (más) afortunados) sobre su situación económica. No obstante, con el paso del tiempo, ese optimismo se ha ido reduciendo hasta caer en junio de 2021 al 58,4% el porcentaje de ciudadanos que consideran que su economía personal es buena o muy buena, mientras que ha aumentado casi hasta el 25% la cifra de los que la valoran de forma negativa. En consonancia con estos datos, el paro y la situación económica son percibidos ahora como los dos primeros problemas que tiene España, seguidos, en el tercer lugar, por el coronavirus.

Asimismo, a largo de este tiempo, ha disminuido la preocupación por los efectos que tiene la pandemia sobre la salud, mientras ha aumentado la preocupación por los efectos económicos (ver gráfico). 

Impacto de la pandemia en la vida diaria

Pero ¿en qué medida la ciudadanía se ha visto afectada por la pandemia? En los estudios del CIS, se distinguen dos dimensiones: vida personal y vida social. En octubre de 2020, la primera vez que este organismo público preguntó por estas cuestiones, casi un 60% de los encuestados respondió que lo que estaba ocurriendo con la crisis sanitaria le estaba afectando mucho o bastante a su vida personal. Y el 64% dijo lo mismo sobre su vida social. Ocho meses después, la cifra de los que consideran que su vida personal se ve afectada mucho o bastante por la pandemia se ha reducido al 51%, mientras que apenas ha habido variaciones en el porcentaje (62%) de los que opinan que ésta afecta a su vida social.

Por otro lado, es llamativo que las restricciones y la falta de libertad de movimientos hayan sido percibidas, de forma recurrente, como el segundo motivo, después del distanciamiento con los seres queridos, por el que los ciudadanos se han visto más afectados en su vida personal por la crisis sanitaria. Un motivo que parece haber tenido más peso que otros como el miedo al contagio o el estado anímico negativo. Una opinión que, además, se vio acentuada con el paso de los meses, hasta llegar en marzo de 2021 a ser similar el porcentaje de los que, habiendo respondido que la pandemia les estaba afectando en su vida personal, apuntaban al distanciamiento con los seres queridos (38,7%) como una de las causas principales y el de los que, en cambio, señalaban las restricciones y falta de libertad de movimientos (37,6%).

¿Cambios en la forma de pensar?

El cuarto y último estudio realizado por el CIS sobre los efectos y consecuencias del coronavirus, cuyo trabajo de campo se realizó en la segunda quincena del pasado mes de mayo, reflejaba que, tras catorce meses de pandemia, los principales cambios que habían experimentado los ciudadanos eran los que tenían que ver con sus hábitos sociales (el 74% decía que éstos se habían visto alterados mucho o bastante) y su forma de vivir (69%). Cambios relacionados fundamentalmente con la limitación de la vida social, del tiempo de ocio y de las libertades para moverse y reunirse.

Pero, en mucha menor medida, la pandemia ha servido para cambiar el modo de ver las cosas. Tan sólo un 49% de los ciudadanos reconoce que, como consecuencia de esta crisis sanitaria, su forma de pensar ha variado mucho o bastante. Incluso uno de cada cinco afirma que su forma de pensar no se ha visto modificada nada o casi nada.

Entre los que sí reconocen que su forma de pensar ha cambiado, resulta significativo que las transformaciones hayan afectado principalmente a la esfera personal. De acuerdo con las respuestas de los encuestados, la pandemia ha hecho, fundamentalmente, que los ciudadanos valoren “otras cosas” (la familia, la salud, lo que es importante), vivan con intranquilidad, adopten nuevos comportamientos (más precavidos) y se den cuenta de la fragilidad de la vida. Mientras, por el contrario, otros aspectos relacionados con el modelo de sociedad parecen haber quedado en un segundo plano. Así, por ejemplo, dentro de los que responden que su forma de pensar ha cambiado como consecuencia del Covid-19, apenas un 1,5% señala que ahora valora más el sistema sanitario y la importancia que tiene la ciencia.

No obstante, la encuesta del CIS sobre los efectos y consecuencias del coronavirus no permite indagar en otros aspectos relacionados con la valoración del sistema político y social. En este sentido, no sabemos si ahora ha cambiado la forma de pensar que tienen los ciudadanos sobre el papel que juega el Estado en la sociedad o sobre la importancia que tienen los impuestos. Por el momento, también desconocemos si la percepción social sobre el Estado autonómico es diferente después de que hayamos experimentado con esta crisis sanitaria, y por primera vez en la democracia, cuál es el alcance del modelo autonómico, con la visibilidad de la co-gobernanza y el protagonismo de los gobiernos regionales en la gestión de la pandemia. Si bien es cierto que los resultados de otras encuestas del CIS apuntan a que la descentralización política puede tener ahora más adeptos que antes del Covid. Si en septiembre de 2020, apenas un 4,9% de los ciudadanos mostraba su preferencia por que los gobiernos autonómicos se hicieran cargo de la lucha contra la pandemia, en junio de 2021 ese porcentaje casi se ha doblado (9,5%).

También podemos preguntarnos hoy si las políticas de estímulo económico aplicadas desde la Unión Europea, a través de los fondos para la recuperación NextGenerationEU de los que nuestro país recibirá más de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, conllevará un mayor europeísmo de la sociedad española, a diferencia de lo que ocurrió durante la crisis financiera de 2008 con las políticas de austeridad (ver aquí). Por el momento, sabemos que, de acuerdo con una reciente encuesta realizada por el Parlamento europeo, los españoles se sienten más insatisfechos (62%) con la solidaridad mostrada por los Estados miembros para luchar contra la pandemia, que el conjunto de la opinión pública europea-UE (53%).

Valoración política

La valoración y la confianza que tienen los ciudadanos en la clase política y en las instituciones políticas nunca se han caracterizado por ser muy elevadas en España. Particularmente bajas ha sido en la última década, como consecuencia del punto de inflexión que se produjo con la crisis financiera de 2008. Los efectos de esa crisis económica, junto a la aplicación de unas políticas que implicaron fuertes recortes sociales en un momento marcado por escándalos de corrupción y de falta de ejemplaridad pública, derivaron primero en una crisis política y después en una transformación del sistema de partidos. No obstante, la nueva política, con la aparición de nuevos partidos, no se tradujo en una mayor satisfacción, ni confianza ciudadana en las élites políticas. La dificultad de los viejos y nuevos partidos para alcanzar y mantener acuerdos, así como la inestabilidad política derivada de esa dificultad, comenzaría a ser percibida por la ciudadanía como un problema en la nueva etapa política.

En este contexto cabe preguntarse si la crisis del coronavirus ha supuesto algún cambio en la percepción que tienen los ciudadanos de la política a nivel nacional.

Volvemos la vista atrás para situarnos en febrero de 2020. La actual legislatura acababa de echar a andar con la formación, un mes antes, del nuevo gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Casi 6 de cada 10 ciudadanos valoraban de forma negativa la situación política. En el listado de problemas del país aparecía el mal comportamiento de los políticos en el tercer puesto, seguido respectivamente en el cuarto y quinto lugar, por los problemas políticos en general y por la corrupción y el fraude.

Pero estos no eran los únicos aspectos de índole política que preocupaban a la sociedad, sino que se sumaban otros como “lo que hacen los partidos políticos”, “el gobierno y políticos concretos” y la “falta de acuerdos”. En total el 70% de los ciudadanos apuntaba, de un modo u otro, al ámbito político como foco de problemas. Algo que no era de extrañar porque, en ese momento, la mayoría de los ciudadanos percibía mucha crispación política. Por otro lado, ningún líder político de ámbito nacional conseguía el aprobado de los ciudadanos. El 67% tenía poca o ninguna confianza en Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y casi el 80% desconfiaba de Pablo Casado como líder de la oposición.

Ante la incertidumbre y el temor suscitados por el estallido de la crisis sanitaria, inicialmente parece que los ciudadanos dieron un cierto margen de confianza a la clase política. Así, en abril de 2020, de acuerdo con los datos del CIS, se observa una cierta mejora de los indicadores de valoración política. Los líderes vieron mejorada la puntuación que les otorgaban los ciudadanos, llegando Pedro Sánchez a alcanzar el aprobado. Asimismo, la confianza suscitada por Sánchez y Casado mejoró ligeramente, al descender el porcentaje de los que confiaban poco o nada en ellos.

No obstante, con el paso de los meses, esa mejora acabaría por disiparse. Así, por ejemplo, y siguiendo los resultados del barómetro de junio de este año realizado por el CIS, observamos que los ciudadanos valoran peor que antes de la pandemia tanto al presidente del gobierno, como al líder de la oposición. Y si bien ha descendido la preocupación por la corrupción y el fraude, las cuestiones de índole política siguen siendo consideradas por una parte importante de la población como un problema del país. Se ha intensificado la percepción de que la falta de acuerdos y unidad política constituye un problema. En la misma línea encontramos ahora que los extremismos y la falta de confianza en los políticos son nuevas derivadas políticas que están dentro del ranking de problemas del país. Es probable que hoy la percepción de la situación política sea incluso peor que antes de la pandemia. Una premisa que no podemos confirmar, ya que el CIS dejó de preguntar por la valoración de la situación política en abril del pasado año.

Entonces… ¿qué cabe esperar?

Por tanto, de los datos analizados, podemos extraer la conclusión de que a los quince meses de que comenzara la crisis del Covid, no parece que la pandemia haya provocado un cambio de percepción política, ni de mentalidad en España. En lo que más se han visto afectados los ciudadanos es en sus rutinas diarias, por lo que es previsible que, cuando la pandemia termine, éstas vuelvan a normalizarse. Asimismo, la crisis sanitaria ha contribuido a que muchos ciudadanos valoren, sobre todo, la libertad en el sentido más primario (para desplazarse, para reunirse con personas, para salir, para viajar, etc.) debido a las restricciones impuestas a lo largo de este tiempo.

Es posible que, en un primer momento, primase el sentimiento de solidaridad y la preocupación por las personas más vulnerables, para pasar, posteriormente, a priorizarse el bienestar individual. En este sentido, esta crisis sanitaria lo que parece haber despertado en España son “ansias libertarias”, entendidas como el deseo de ejercer una libertad individual absoluta para hacer lo que se quiera en cada momento, sin ningún tipo de límite. Pero no en un deseo de transformación del modelo social.  

En apenas dos meses se cumplirá el décimo aniversario de las protestas que dieron lugar al Movimiento de los Indignados. Y lo hará en un momento marcado por la agitación de la “nueva política española”, que tuvo su origen en el profundo malestar social y político expresado hace diez años, a lo largo y ancho del país, al grito de “no nos representan” y la demanda de una nueva forma de hacer política que era compartida por amplias capas de la sociedad española.

El contexto en el que irrumpió el 15-M

El fuerte impacto socioeconómico que tuvo la profunda y larga crisis financiera de 2008, junto a la percepción de que las (impopulares) políticas de austeridad aplicadas eran injustas y contraproducentes, en un marco informativo salpicado por continuos escándalos de corrupción y comportamientos poco ejemplares protagonizados por las élites políticas, crearon las condiciones perfectas para la acción colectiva. Además de la percepción de agravios y frustración de expectativas (privación relativa) reflejada en un goteo previo de movilizaciones sectoriales, se había impuesto el marco conceptual (frame) de que la clase política, aparte de poco virtuosa, estaba totalmente alejada de los problemas de la ciudadanía.

El cuestionamiento de los líderes políticos y su pérdida de imagen (con un suspenso generalizado desde el otoño de 2008, según los datos del CIS), constituían una oportunidad para que una movilización masiva pudiera verse como potencialmente exitosa (de cara a que las reivindicaciones fueran tenidas en cuenta). Igualmente, como un recurso no material que favorecía la movilización, estaba la fuerte motivación de muchos para sumarse a las manifestaciones en la calle o a apoyar sus demandas, así como el “efecto imitación-contagio” del ciclo de protestas imperante en ese momento a nivel global (Primavera árabe, protestas en países europeos contra las políticas de austeridad).

Por tanto, el campo estaba lo suficientemente inflamado para que cualquier chispa pudiera prender. Con Madrid como epicentro y en la antesala de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011, esa chispa fue la decisión de las autoridades gubernamentales de no permitir, tras la finalización de las protestas el 15 de mayo, que acamparan grupos de manifestantes en el espacio público.

Balance de la “nueva política”

El 15M dio paso a un período de transformación del sistema político, entre 2011 y 2014, en el que, con la ventana de oportunidad abierta, fueron emergiendo nuevos actores políticos (con la escisión de Vox del PP, la creación de Podemos y el salto a la arena nacional de Ciudadanos). Se trataba de “emprendedores” que ofrecían una nueva oferta política (en diferentes ámbitos) aprovechando el descrédito de los “viejos partidos” y la yuxtaposición de las crisis de representación política (que se hizo visible en 2011) y territorial (con el inicio en 2012 del conflicto catalán) desencadenadas en España con la crisis financiera.

El año 2015 constituyó el punto de inflexión con la constatación de que nuevas fuerzas políticas (Podemos y Ciudadanos) habían conseguido representación, primero a nivel autonómico y local y después nacional, para desesperación de IU y UPyD, que veían cómo esas nuevas fuerzas les acabarían condenando a la absorción (IU por Podemos) o desaparición (UPyD). Sin haber realizado ninguna reforma del sistema electoral, el malestar había conseguido traspasar todas las barreras para que España dejara atrás el período de dominio bipartidista (PSOE-PP), que había sido predominante desde la consolidación de la transición democrática, para entrar en una nueva etapa multipartidista (con partidos que disputaban competitivamente el voto a socialistas y populares).

Desde entonces, el sistema de partidos y la política española no han dejado de mutar. Frente a dos fuerzas emergentes (Podemos y Ciudadanos) en 2015, tenemos ahora un total de cuatro (sumando a Vox y Más País) con representación en el Congreso. Además, la posición que éstas ocupan ha ido cambiando en estos años: primero con Podemos como fuerza política “estrella”, después con Ciudadanos, y ahora con VOX.

Con más jugadores sobre el tablero, la aceleración ha sido constante e intensa estos seis años marcados por el personalismo y la inmediatez de una política hecha a golpe de click. Tanto como para explicar que un partido de nueva creación sufra una escisión en menos de cinco años (como Podemos con Más País). O cómo los nuevos partidos encumbran a líderes a los altares del liderazgo, dándoles todo el poder de decisión, para convertirles rápidamente en “ídolos caídos”, como le pasó a Albert Rivera cuando su estrategia de acercamiento a la derecha se saldó con un contundente fracaso electoral. O cómo una fuerza política como Vox puede pasar entre 2015 y 2019 de obtener en unas elecciones generales menos de 60.000 votos a más de 3,5 millones, dando sentido a la denominación de “partido chicle”. O cómo otra fuerza política como Ciudadanos ha pasado, en pocos años, de acariciar el poder a verse sumida ahora, tras importantes batacazos electorales, en una crisis de liderazgo e identidad ideológica que amenaza su supervivencia.

Otro de los rasgos que definen esta etapa es el uso que hacen los partidos, tanto los tradicionales como los nuevos, de la (vieja) arquitectura institucional para maximizar sus posiciones en la arena política. Así, por ejemplo, como si se tratara de una partida de cartas, algunas fuerzas políticas han utilizado a nivel nacional la opción de la repetición electoral cuando han preferido un nuevo reparto, con la expectativa de que su posición mejorase de cara a la formación de un gobierno, aun sabiendo que ello generaría inestabilidad política y parálisis institucional. Y volvemos a verlo ahora cuando se trata de deshacer gobiernos a nivel regional, en forma de rocambolesco “vodevil político” que tienen sobre todo en Murcia y Madrid al PP y a Ciudadanos como protagonistas principales, y que, en menos de cinco días, ha agitado el panorama político a todos los niveles.

Repeticiones electorales, largos períodos de provisionalidad política y un uso torticero de las reglas institucionales, así como del poder judicial, han sido sólo algunas de las consecuencias de ese juego en el que, más que a una nueva política, hemos asistido a la adaptación de la vieja política a un nuevo contexto y unos nuevos tiempos. Una adaptación que, en un contexto crecientemente fragmentado, polarizado y personalista, ha llevado a que la política esté hoy “hiperventilada” con un exceso de histrionismo y efectismo propio de un guion televisivo en el que se busca continuamente el giro inesperado.

El clima social hoy

Pero mientras la política española se desarrolla a un ritmo frenético y la aceleración mediática nos lleva a pasar rápida e intensamente de una noticia a otra, merece la pena detenerse y preguntarse por el clima social. ¿Es comparable el actual contexto con el que dio lugar, hace diez años, al estallido del malestar político y social en España?

Nuevamente el país se encuentra ante una difícil coyuntura económica y social, por una crisis (también) de alcance mundial y de enorme magnitud, generada, en este caso, como consecuencia de una pandemia. Las políticas puestas en marcha para hacer frente a la dimensión socioeconómica de la crisis están siendo (al menos, por el momento) muy diferentes a las que se aplicaron hace una década a nivel europeo y nacional. No ha habido recortes sociales y se han puesto en marcha paquetes de estímulo para activar la economía y evitar la destrucción de empleo, así como medidas de protección social dirigidas a los colectivos más vulnerables

No obstante, ello no ha impedido que, incluso con las restricciones impuestas por la pandemia, haya habido un creciente goteo de protestas, especialmente en los últimos meses. Sectores profesionales (como el de la restauración, la hostelería, el turismo o la cultura y el ocio) se han manifestado en coche o a pie en muchas ciudades para reclamar ayudas públicas o la relajación de las medidas antiCovid (aforos, horarios, cierres comerciales). También ha habido protestas de carácter territorial como la que ha tenido lugar recientemente en Jaén, para expresar el hartazgo ante el abandono que perciben sus habitantes de las instituciones y por la falta de perspectivas económicas de la zona.

Asimismo, ha habido protestas de carácter generacional, como las que sacaron a mediados de febrero a la calle en varias ciudades españolas a cientos de jóvenes en apoyo al rapero Pablo Hasél. El carácter violento que acabaron teniendo muchas de estas protestas por los disturbios causados por grupos minoritarios eclipsó el incipiente debate público sobre la situación de los jóvenes, que empezaba a abrirse camino cuando muchos de ellos reconocieron que su participación en esas protestas no era tanto por el rapero ni la defensa de la libertad de expresión, como para denunciar la precariedad laboral y los problemas de su generación.

De este modo, todas estas movilizaciones pueden ser sólo la punta del iceberg de una latente (y aún confinada) bolsa de malestar social alimentada por un creciente sentimiento de frustración, agravio e injusticia, que puede verse, además, acentuado por la mayor sensibilidad y problemas de salud mental que han provocado la pandemia y las medidas de confinamiento.

Por otra parte, no parece que el frame sobre la clase política y la situación política sea muy diferente al de 2011. Los casos de corrupción (con el juicio de Bárcenas por la caja B del PP como tema principal) y los comportamientos poco ejemplares de las élites (políticos y otras personalidades que se han vacunado cuando nos les tocaba) siguen siendo actuales, al igual que el deterioro de instituciones tan importantes como la Corona. A ello habría que añadir hoy la decepción que ha podido generar la “nueva política”, en especial si se tiene en cuenta el momento actual de cambio del tablero político producido por desavenencias entre partidos, y dentro de partidos. Todo ello en un contexto crítico en el que se percibe que la unidad política, los acuerdos y los intereses generales, frente los partidistas y personalistas, deberían prevalecer para afrontar con éxito el difícil momento por el que atraviesa el país.

En la antesala del 15 de mayo de 2011, el 66,5% de los ciudadanos valoraba de forma negativa la situación política, un 78,4% consideraba que la situación económica era mala o muy mala; y la clase política y los partidos eran percibidos como el tercer problema más importante que tenía España en esos momentos, después del paro y los problemas económicos. De acuerdo con el último barómetro publicado por el CIS, correspondiente a febrero, la valoración que tienen hoy los ciudadanos de la situación económica es peor: el 89,5% considera que ésta es mala o muy mala. Situada después de la crisis económica, la pandemia y el paro, la percepción de la política como problema del país es más acentuada y diversa que hace diez años. Ahora los ciudadanos no sólo mencionan a los políticos, los partidos o la corrupción, sino también la inestabilidad política y la falta de acuerdos. Si bien, se mantiene, como hace diez años, el suspenso a los líderes políticos.

Si el frame sobre la política favorece potencialmente la movilización, no se darían ahora, como por el contrario sí ocurrió en 2011, otros factores movilizadores. Por un lado, la persistencia de la pandemia no favorece la eclosión de movilizaciones masivas. Por otro lado, aunque ha habido también un goteo de protestas en otros países, no hay (por el momento) un ciclo de protestas a nivel global que actúe de efecto catalizador. Ese ciclo se empezó a vislumbrar en el año 2019 con movilizaciones en numerosos y diversos países que, en muchos casos, compartían como detonante el malestar por el deterioro de las condiciones de vida. Al comienzo de 2020 esas protestas quedaron interrumpidas por la pandemia. No se puede descartar que cuando la situación mejore y se vean con nitidez los estragos causados por la pandemia, especialmente si la recuperación es desigual entre los segmentos sociales, emerja una nueva etapa global de movilizaciones.

En cualquier caso, no se deberían minusvalorar las muestras de malestar social y descontento político que ya hay en España. Los viejos y nuevos partidos deberían tomarlas muy en serio y medir las consecuencias de sus estrategias, para que, en un tiempo, ya sea más largo o más corto, no se vean sorprendidos por el estallido de una potencial ola de malestar político. Además, ese malestar no iría acompañado, como sí ocurrió en 2011, de una esperanza de cambio, sino de frustración.

Parece mucho más tiempo. Pero apenas han pasado seis meses desde que Pedro Sánchez consiguiera in extremis, en una ajustada segunda votación, superar el trámite de la investidura parlamentaria por apenas dos votos de diferencia (167 a favor, frente a 165 en contra y 18 abstenciones). Con ello, el pasado 7 de enero, se alejaba el fantasma de una nueva (¡tercera!) repetición electoral. Y, sobre todo, se ponía fin a diez meses de impasse político causado por el bloqueo institucional ante la incapacidad de las fuerzas políticas para formar o facilitar acuerdos de gobierno. Entonces, la situación política preocupaba, y mucho, a la ciudadanía. De acuerdo con el barómetro de enero del CIS, “los problemas políticos” ocupaban el tercer puesto del ranking de problemas que, a ojos de los ciudadanos, tenía el país, seguido del “mal comportamiento de los políticos” y, en octavo lugar, de “lo que hac(ían) los partidos políticos”. Sumando todas esas dimensiones, encontramos que el 54% de los electores españoles percibía con preocupación el devenir de la política y la forma de actuar de los políticos.

El PSOE y Unidas Podemos conformaban, a mediados de enero, el primer Ejecutivo de coalición que se constituía, a nivel nacional, desde el inicio de la democracia. Con un equipo de 22 ministros, el gobierno encabezado por Sánchez echaba a andar con los objetivos de “afianzar el crecimiento económico sobre bases mucho más productivas”; trabajar por el “entendimiento territorial y el reto demográfico”; avanzar en “justicia social”; acometer la “transformación digital de la economía y la transición ecológica”; y lograr “la plena igualdad de la mujer”.

Ambiciosos objetivos en un contexto que se vislumbraba complejo para el Gobierno: por su debilidad parlamentaria (155 escaños); por las fricciones que podían surgir entre dos socios cuyos recelos y desavenencias habían quedado patentes unos meses antes; por la elevada polarización ideológica y fragmentación del Congreso; por la crispación política; y por la incertidumbre sobre los derroteros que podía tomar la crisis territorial ante un potencial “rebrote” del conflicto catalán.

Así, no es de extrañar que, recién nombrado el nuevo Ejecutivo, el foco mediático se pusiera en las dudas sobre la estabilidad del Gobierno y la duración de la legislatura. Unas dudas que también albergaba la opinión pública: a principios de febrero, casi el 44% de los ciudadanos opinaba que el Gobierno no podría agotar los cuatro años de legislatura, frente a un 35% que creía que sí lo haría y un significativo 21% que respondía con un “no sabe” a la pregunta del CIS.

Sin embargo, seis meses después, nada ha sido como se esperaba. El estallido de la pandemia del coronavirus a principios de marzo supuso un cambio de guion inesperado. A las pocas semanas, la agenda política del Gobierno quedaba eclipsada por la emergencia sanitaria y por el inicio de un estado de alarma que se prolongaría durante más de tres meses y terminaría marcando los primeros 100 días de Gobierno.

Salvar vidas, con la paralización de la actividad económica y, después, volver a poner en marcha el motor económico para minimizar los daños, se convertían en las nuevas prioridades de Sánchez, apenas dos meses después de haber sido investido Presidente. Mientras la preocupación de los ciudadanos por la economía se disparaba, pasando el porcentaje de ciudadanos que valoran de forma negativa la situación económica del país: del 46,5% a principios de enero, al 76,4% a principios de junio. Si bien no sabemos, con los datos del CIS, si la percepción que tiene la ciudadanía de la situación política sigue siendo peor que de la económica, como ocurría en enero, ni cómo ha evolucionado esa percepción en los últimos meses, ya que este organismo público no ha incluido esta pregunta (“refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?”) en sus barómetros desde el pasado mes de marzo.

En todo caso, en un contexto inédito, en el que, frente a la aceleración política, se ha ralentizado el tiempo político, la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos cumple el primer semestre en el gobierno y llega al final del curso político antes del verano, proyectando una imagen de resistencia. En estos meses, socialistas y morados parecen haber superado la prueba de la cohesión interna, a pesar de haber protagonizado sonoros desencuentros a cuenta de la derogación de la reforma laboral de 2012. En lo peor de la pandemia, el Gobierno también ha conseguido contener la presión inicial de Vox y el PP para desestabilizarlo.

Por otra parte, la coalición gubernamental ha podido afrontar y “digerir” sus propios errores, como el momento elegido para destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos o los desmentidos y rectificaciones por el acuerdo alcanzado con Bildu sobre la reforma laboral como contrapartida por su abstención en la penúltima votación del estado de alarma, sin que se produjera ninguna dimisión política. Además, en este semestre, el Gobierno ha logrado sacar adelante algunas de las medidas estrella que se contemplaban en su programa político como el ingreso mínimo vital. Asimismo, el Gobierno, desde la llamada “geometría variable”, parece tener ahora un mayor margen para negociar con otros partidos, más allá de los que le apoyaron en la investidura. El Gobierno ha sabido aprovechar el cambio de estrategia de Ciudadanos, con un viraje hacia el centro, que ha supuesto un cambio del tablero político en el que el bloque de la derecha parece haberse disuelto y reforzado la imagen ultra de Vox, así como avivado las tensiones dentro del PP entre el ala más moderada representada por políticos como Ana Pastor y Alberto Núñez Feijóo, y el ala dura representada por Cayetana Álvarez de Toledo.

La “fórmula de la resistencia” del Gobierno parece haber descansado en la combinación de dos elementos. Por un lado, la utilización de la presión externa para aumentar la cohesión interna, con un intencionado y calculado desdibujamiento del papel de Pablo Iglesias en el Gobierno. Y, por otro, en el aprovechamiento de todas las oportunidades del contexto, como los errores cometidos por sus adversarios políticos o un clima social de opinión favorable al consenso, para reforzarse y minimizar los errores propios.

De acuerdo con el último sondeo electoral realizado por GAD3, esta “fórmula de resistencia” le habría dado resultados al Gobierno, ya que su desgaste electoral, en estos primeros meses, sería limitado: el PSOE seguiría siendo el partido más votado, con un escaño estimado más respecto a los que logró en las últimas elecciones generales (120), mientras Unidas Podemos perdería ahora 8 escaños (respecto a los 35 que tiene). Además, el PP, que cotiza al alza a costa de Vox, no lograría aritméticamente sumar una mayoría absoluta con la formación de Santiago Abascal, ni con la de Inés Arrimadas. Tampoco se vislumbra en el Congreso una mayoría alternativa a la que apoya al Gobierno ni, por ende, una moción de censura que pudiera prosperar a corto plazo.

El gobierno de Sánchez, por tanto, parece haber mostrado una gran capacidad de resiliencia en este primer semestre que, en parte, quedará o no apuntalada por los resultados que consigan el PSOE y Unidas Podemos en las próximas elecciones gallegas y vascas, que se celebrarán el 12 de julio.

Lamentablemente desconocemos, con los datos publicados por el CIS, cómo valora hoy la ciudadanía la gestión (global) realizada por el Gobierno y cómo ha evolucionado ésta en los últimos meses. Desde marzo, esta institución bajo la dirección de José Félix Tezanos, tampoco ha incluido esta cuestión (“en su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno de coalición del PSOE-Unidas Podemos: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?”) en sus barómetros.

Ni podemos analizar la evolución de la imagen del equipo ministerial, dado que, a lo largo de este semestre, el CIS sólo ha incluido esta pregunta en sus encuestas una vez. Fue en marzo y los resultados mostraban que Pedro Duque era el ministro mejor valorado (con una puntuación de 4,6 sobre 10) y uno de los más conocidos por la sociedad. Por el contrario, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, era poco conocido y no se situaba entre los mejor valorados. Una encuesta recientemente realizada por GAD3 muestra que Illa ha visto mejorada su valoración durante la gestión de la pandemia, convirtiéndose ahora en el mejor puntuado por los ciudadanos. También la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, han visto aumentada su popularidad, mientras la imagen del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha visto resentida.

No se puede descartar que, antes o después del verano, Sánchez opte por una remodelación de su equipo ministerial para tomar impulso de cara al próximo curso político y semestre del año que se prevé tan o más complicado para el Ejecutivo de lo que ha sido éste, con una segunda parte de la gestión de la crisis sanitaria centrada en las consecuencias socioeconómicas y en la reconstrucción del país. Hasta ahora las expectativas negativas sobre la debilidad del Gobierno han jugado a su favor. A partir de ahora, las expectativas sobre su (probada) capacidad de resistencia pueden jugar en su contra, si no consigue mantener la iniciativa, ni la cohesión interna.

En estos tiempos en los que todo cambia de forma brusca y repentina, detengámonos un momento. Volvamos la vista atrás. 2019 está a punto de terminar. Junto a los balances de fin año, proliferan, en los medios de comunicación, las crónicas prospectivas. Como siempre hacemos en esas fechas, queríamos prepararnos para el año siguiente. ¿Qué cabía esperar en 2020? En el orden económico, “casi nadie otea una recesión en el horizonte; más bien al contrario”, pues “los expertos auguran una aceleración del crecimiento, liderada por Europa y los emergentes, si la tensión comercial (entre China y Estados Unidos) disminuye”. En el ámbito político, los analistas apuntaban, entre los temas que marcarían la agenda política global, la revolución digital y la emergencia climática. Y, en el ámbito social, se vislumbraba la continuidad de las protestas globales en un contexto caracterizado por la desorientación, la desigualdad y la desincronización.

Ya con el nuevo año comenzado, a finales de enero, los líderes políticos, económicos y sociales de los diferentes países y regiones del mundo se reunían en Davos para debatir sobre los retos que afrontaba la humanidad. Reinventar el capitalismo, para hacerlo social y medioambientalmente sostenible, era la principal conclusión de la edición del Foro Económico Mundial 2020. Una edición que se saldaba también con la previsión de un crecimiento económico mundial más positivo, de lo que había sido el año anterior.

Lejanas (y ajenas) a esas reflexiones y previsiones parecían, entonces en una gran parte del mundo, las noticas e imágenes que llegaban de China, de ciudades y poblaciones de la provincia de Hubei totalmente cerradas y aisladas para detener el contagio causado por un nuevo virus de la familia Coronaviridae. Pero ahora, y tras haberse extendido por más de 150 países, el COVID-19, como si de un misil se tratara, ha impactado de lleno en las vidas diarias de millones de ciudadanos, transformándolas por completo. Y también ha pulverizado todas las previsiones económicas, políticas y sociales realizadas para este año. Hasta tal punto que el Fondo Monetario Internacional, a través de su directora gerente, Kristalina Georgieva, ha advertido ya que podemos estar a las puertas de una recesión económica mundial de la misma, o incluso de mayor magnitud, que en 2008.

En menos de dos semanas, los ciudadanos de muchos países parecen haber pasado de ser espectadores de una distopía televisiva, a vivirla, desde dentro de la pantalla, como protagonistas. Y muchos jefes de Estado y de gobierno, de despachar con sus equipos los asuntos de la gestión diaria a combatir una guerra epidemiológica, con la adopción de drásticas e impopulares medidas de confinamiento social masivo. De este modo, y acostumbrados al término “disrupción tecnológica”, parece que asistimos a una “disrupción social” propiciada por una pandemia global que tiene, además de la vertiente sanitaria, otra económica y otra geopolítica. Y que se ve también acentuada por la percepción de fin de época que, como consecuencia de los efectos de la gran recesión de 2008, ha ido imponiéndose en la última década.

De forma acelerada, hemos visto cómo, en Europa, han emergido los Estados-nación, frente a las entidades supranacionales y subestatales. Tras años de recortes sociales y de privatizaciones, vuelve a ponerse en valor la gestión pública y la importancia de contar con sistemas sanitarios robustos. Ante economías que han sido “congeladas” en aras de lograr detener la propagación del virus, incluso los que habían defendido con mayor convicción las políticas de austeridad, reclaman planes millonarios al Estado, sin importar el déficit público, ni la deuda. E, incluso, abogan, como Luis de Guindos, actual Vicepresidente del Banco Central Europeo, por implantar una renta mínima de emergencia. Medidas que, más allá de las diferentes posiciones ideológicas, se consideran necesarias para paliar las graves consecuencias sociales que, en forma de pérdida de empleo y de aumento de la desigualdad, tendrá la paralización de la actividad económica en muchos países; particularmente si ésta se prolonga en el tiempo.

Por ello, no es de extrañar, que haya irrumpido con fuerza la pregunta de cómo será el mundo tras el paso del COVID-19. ¿Acabará la hiperglobalización con el confinamiento y se iniciará una nueva etapa postglobalizada o de desglobalización?; ¿se reinventará el capitalismo?; ¿se extenderá el teletrabajo?; ¿si se generalizan, con la ayuda de la tecnología, las medidas de control y vigilancia sanitaria por parte de los Estados, cómo las “digerirán” las democracias liberales?; ¿surgirá un nuevo orden global basado en la cooperación o habrá un repliegue nacionalista?; ¿desplazará China (definitivamente) a Estados Unidos como nuevo poder hegemónico?; ¿se revalorizará lo público?; ¿volverá a resurgir el keynesianismo?; ¿se fortalecerá el Estado de bienestar o, por el contrario, se verá debilitado a medio plazo?; ¿serán las sociedades más solidarias?; ¿recuperarán los ciudadanos la confianza en la política tradicional y perderá fuerza el populismo o será al revés?; ¿se construirá un nuevo consenso social y una nueva arquitectura de gobernanza global?

Las preguntas se agolpan de forma apresurada. Y son el reflejo de la necesidad de buscar certezas en tiempos de incertidumbre, aunque, como señaló Zygmunt Bauman, sea la incertidumbre la única certeza de nuestro tiempo. Un tiempo en el que si algo tenemos claro es que hacer predicciones y responder de forma rotunda a cuestiones que, incluso, son cambiantes, es un ejercicio cada vez más fútil.

¿Estamos ante un punto de inflexión?; ¿será éste positivo?; ¿será éste negativo?; ¿se trata de un (mero) paréntesis? No lo sabemos. Y las respuestas están condicionadas, esencialmente, a la duración de la emergencia sanitaria y, por ende, a la profundidad del daño económico y social que ésta generará. Cuándo y cómo (o no) se recuperará la “normalidad” (“business as usual” y “life as usual”) constituye el factor clave. Y el tiempo que se tarde en hallar una vacuna contra este virus puede resultar decisivo.

Quizás, a corto plazo, tengamos que prepararnos para la llegada a Occidente del “Estado policial digital al estilo chino”, tal y como apuntaba en un reciente artículo el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Algo que podríamos acabar por normalizar, si se impone la lógica de que la amenaza (esta vez muy real) de las epidemias requiere (al menos durante un tiempo) de la implantación de medidas excepcionales de seguridad sanitaria (como podría ser disponer de visados sanitarios para viajar, la realización de controles de temperatura a los viajeros en los aeropuertos, a los empleados en los centros de trabajo, etc.). Al igual que, tras los atentados del 11-S de 2001, se impusieron en el mundo medidas de seguridad excepcionales que acabamos aceptando como “molestias imprescindibles” para hacer frente a la amenaza terrorista.

Cuáles serán las lecciones que se extraigan (si se extraen) después, a nivel nacional y en los organismos de gobernanza global, sobre la gestión realizada del COVID-19, así como de las deficiencias y fortalezas de los sistemas sanitarios y de la atención pública a las personas mayores, como principales víctimas mortales de esta pandemia, también serán determinantes. Y tampoco se puede descartar que, pasada la emergencia y superado el período de angustia colectivo, la reflexión comunitaria, en muchos países, acabe únicamente en un reconocimiento al papel jugado por el personal sanitario y científico, así como por otros sectores que se están revelando esenciales como el del transporte, la alimentación, etc. Y en la mejora de los protocolos para actuar ante futuros brotes de este virus o ante nuevas epidemias.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, junto a la reflexión colectiva, también cabe una reflexión individual. Cuando las opiniones públicas, en algunos países democráticos, cuestionan la lentitud con la que se han tomado medidas drásticas para evitar la propagación del virus y el colapso de los sistemas sanitarios, cabe plantearse si, como ciudadanos, empresarios, trabajadores, padres, hijos, amigos, hubiéramos aceptado que, habiendo pocos casos, un gobierno hubiera decretado el cierre de todos los establecimientos y nos hubieran confinado a no salir de casa con el perjuicio económico, social y psicológico que ello implica. ¿Lo hubiéramos aceptado sin “cuantificar” antes la amenaza real sobre nuestras vidas?

Cabe también preguntarse si, cuando la medicina que (a falta de vacuna y tratamiento) se ha revelado más eficaz para luchar contra el coronavirus es la cuarentena, la cumpliríamos de forma voluntaria a base de recomendaciones. Muchos ciudadanos son conscientes, en muchos países donde se están aplicado medidas de aislamiento social, que cuanto más disciplinados sean ellos en el cumplimiento de esas medidas, menos vidas humanas estarán en peligro y antes se podrá volver a recuperar la actividad económica. Pero, pese a ello, son muchos los que incumplen las restricciones y desoyen las recomendaciones. Y también son muchos los que acaparan productos de primera necesidad, aun sabiendo que eso puede perjudicar a otras personas y a la larga a ellos mismos, si se produjeran situaciones de desabastecimiento.

Paradójicamente la racionalidad de los seres humanos puede conducir a situaciones sociales e individuales subóptimas. Garrett Hardin teorizó y explicó en 1968 de forma muy ilustrativa cómo y por qué se produce la “tragedia de los recursos comunes”, utilizando la metáfora de un pasto comunal. De forma resumida, el razonamiento consiste en que los pastores que utilizan ese pasto libremente, sin ningún tipo de restricción, buscan maximizar su ganancia, haciendo un cálculo del beneficio individual que le reporta llevar a pastar un animal más y del coste compartido que supone la sobreexplotación del pasto. Todos ellos toman la decisión de introducir un animal más porque aprecian que el beneficio inividual que ésta les reporta es mayor al riesgo compartido. No obstante, el pasto se acaba agotando y todos acaban siendo perjudicados por su decisión “racional”.

Por ello, en algunos países europeos, como en Italia y Francia, los gobiernos han endurecido las medidas de confinamiento inicialmente tomadas, como restringir el tiempo y el área de distancia en el que se puede salir a correr o a pasear en la calle. O incluso en el Reino Unido hemos visto cómo el gobierno liderado por Boris Johnson ha pasado de no tomar ninguna medida, más allá de apelar a sus compatriotas a que siguieran una serie de recomendaciones, a decretar tres semanas de cuarentena obligatoria. Y por eso también en los establecimientos comerciales de algunos países se limita el número de paquetes de papel higiénico que una persona puede comprar por día. No parece que apelar a la conciencia y a la responsabilidad cívica sea suficiente para que prevalezca el bien común. Y menos aún en tiempos convulsos.

Los primeros días del nuevo gobierno de coalición entre socialistas y morados han comenzado, paradójicamente, con una buena parte del foco mediático puesto en la oposición. Y, más concretamente, en las filas populares.

Recién constituido el Gobierno, la dirección nacional del PP mostraba su enérgico rechazo a negociar, como primer partido de la oposición, la renovación del poder judicial, aunque ahora este rechazo ha sido matizado (condicionado al cumplimiento o no de una serie de requisitos por parte del Gobierno). Poco después, llegaría la decisión de no secundar las protestas sociales convocadas por Vox para dar la “bienvenida” al nuevo ejecutivo, poniendo de manifiesto su frontal rechazo a éste. Los dirigentes populares lanzaban así el mensaje de que, a diferencia de la formación liderada por Santiago Abascal, el PP iba a optar por hacer “oposición en las instituciones y no en la calle”.

Un paso hacia el extremo, con tono duro/crispado. Otro hacia el centro, con tono moderado. En una secuencia cronológica de “gestos” contradictorios, inevitablemente surgían o resurgían, dentro del partido, las voces críticas con la falta de claridad política de Génova. Para acallarlas, Pablo Casado negaba que hubiera, a nivel interno, dos sectores, uno duro y otro blando y reafirmaba su voluntad de optar por una “oposición sin estridencias, ni trincheras”. No obstante, el mensaje del centrismo quedaba (otra vez) eclipsado por la salida de Borja Sémper, uno de los referentes moderados del PP. Un adiós político cuyos ecos mediáticos se apagaron rápidamente por la polémica generada a cuenta del llamado pin parental. La apuesta de Génova por asumir como propia la iniciativa estrella de Vox de otorgar a los padres la capacidad para vetar contenidos educativos, volvía a hacer que las miradas se pusieran en la línea de oposición del PP.

Los bandazos y tensiones internas por la estrategia política han sido constantes desde que, a mediados de julio de 2018, Pablo Casado relevara a Mariano Rajoy en la presidencia del PP.

Casado optó inicialmente por el endurecimiento en las formas y en el fondo del discurso político, como parte del prometido “rearme ideológico” de su partido y por contraposición a la etapa (tecnócrata) de Rajoy. Pero se encontró con una fuerte contestación interna, tras los malos resultados cosechados por los populares, en la primera prueba electoral en la que él se “examinaba” como nuevo líder del partido: las elecciones generales del 28 de abril del pasado año. No era tanto la magnitud de los votos perdidos (más de 3,5 millones respecto a las elecciones de 2016), lo que resultaba más preocupante para el PP, sino el realineamiento del espacio electoral de la derecha. Ciudadanos, por el centro, se había quedado a poco más de 200.000 votos de ellos. Y, a su derecha, estaba Vox, con una nutrida bolsa de apoyos (2,7 millones de votos), aunque frenado en número de escaños por el sistema electoral, en su condición de quinta fuerza política.

El alivio por haber evitado el sorpasso de Ciudadanos, así como por la percepción generalizada de que Vox había obtenido muchos menos escaños (24) de los que se esperaba, no podía ocultar que la estrategia seguida por la nueva dirección del PP había fracasado. De acuerdo con los datos de la encuesta postelectoral realizada por el CIS, en las elecciones generales de abril, el PP sufrió más fugas de antiguos votantes que se decantaron por Vox, que por Ciudadanos, y también más hacia el PSOE, que hacia la abstención.

Una vez constatado el fracaso o, al menos, el decepcionante balance de resultados del desplazamiento a la derecha, Pablo Casado anunciaba su intención de dar un “volantazo al centro” de cara a las siguientes paradas electorales. En su decisión, pesaba la presión ejercida por los sectores centristas y por destacados dirigentes, como Alberto Núñez Feijóo.

El cambio de estrategia, optando por un perfil más moderado, les resultó exitosa en los comicios generales del pasado 10 de noviembre. Un éxito que también se vio favorecido por la situación de crisis interna en la que Ciudadanos se presentó a esa cita electoral. El PP recuperó más de 600.000 votos respecto a las elecciones de abril. El sondeo postelectoral del CIS apunta a que los populares consiguieron elevar la proporción de sus votantes fieles, al tiempo que captaron un considerable porcentaje de electores desencantados con Ciudadanos y frenaron las fugas hacia Vox.

Si bien, su recuperación electoral se veía ensombrecida por el gran avance de Vox en escaños (de 24 a 52), que pasaba a desbancar a Ciudadanos como tercera fuerza política. Ante la nueva reconfiguración del tablero político, los dirigentes de Vox dejaban clara su intención de convertirse de facto en la principal fuerza política de oposición (política, ideológica y cultural) al gobierno de Sánchez.

El temor a que los que fueron antiguos miembros del ala dura del PP sigan ganando espacio, con su propia marca, es lo que ha podido llevar a Casado a optar por no renunciar al perfil duro. Al fin y al cabo, el objetivo de los populares es volver a ser la opción electoral de todos los votantes de derecha (desde el extremo al centro derecha).

También cabe pensar que los actuales dirigentes del PP pueden considerar necesario no desatender el flanco situado más a la derecha de su partido, por el temor a que se produzcan nuevas deserciones. En este sentido, la decisión que ha tomado Pablo Casado, de mantener a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del grupo popular en el Congreso, podría responder a ese propósito. A pesar del perfil estridente de esta política y de las fricciones que, dentro del PP, generan muchas de sus polémicas declaraciones, Casado puede preferir tenerla cerca, como aliada.

De este modo, los cálculos o dudas estratégicas sobre la línea a seguir para hacer oposición al gobierno de Sánchez en un contexto en el que Vox intenta marcarles el paso, tanto en su condición de rivales políticos a nivel nacional, como de aliados de gobierno a nivel regional y local, pueden contribuir a explicar los recientes vaivenes políticos protagonizados por la dirección del PP.

Y como consecuencia de ello, también parece haberse reabierto el (siempre latente) debate interno sobre la conveniencia o no de optar por dar la batalla ideológica (cultural) y por la confrontación política con la izquierda, o, por el contrario, optar por la moderación, centrándose en temas transversales, como la capacidad de gestión.

Utilizando la metáfora de los políticos que actúan como halcones y palomas, dentro del PP habría, de un lado, partidarios de una estrategia de confrontación. Estos abogan por imitar o seguir el estilo de oposición de Vox. Y, de otro, están los partidarios de una línea más conciliadora. Ellos son críticos con el acercamiento al partido de Abascal y defienden, en cambio, diferenciarse lo más posible de éste.

Pero el auge de Vox ha hecho que el sector duro se sienta más fuerte para imponer sus tesis dentro del PP o, incluso, para ir por libre, ayudados por el apoyo que les brindan algunos medios de comunicación y/o la visibilidad que sus cargos institucionales les otorga (como es el caso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso). En un momento, además, en el que la debilidad de Casado, como un líder político cuya popularidad es baja, juega a su favor.

No obstante, si analizamos la evolución electoral del PP, encontramos que a este partido le ha ido mejor a nivel nacional cuando las “palomas” se han impuesto a los “halcones”. Tanto en el año 2000 como en el 2011 el PP obtuvo mayoría absoluta en las elecciones generales, con una estrategia centrada en la capacidad para gestionar la economía. Por el contrario, la estrategia de crispación utilizada por Rajoy para hacer oposición al primer gobierno de Zapatero no le dio los resultados esperados en los comicios generales de 2008. Asimismo, encontramos que, aun teniendo la mayoría parlamentaria necesaria, Rajoy optó, desde un cálculo coste-beneficio, por retirar en 2014 el controvertido proyecto planteado por Alberto Ruiz-Gallardón para derogar la ley del aborto aprobada por el gobierno de Zapatero.

La lectura que muchas veces se ha impuesto en el PP es que las medidas más ideológicas (sobre las que el electorado está dividido), así como la estrategia de crispación, llevan a este partido a perder más votos, de los que gana en un país donde la media ideológica del votante es de centro izquierda. Por una parte, se alejan, los votantes moderados (menos ideologizados y con un menor grado de identificación partidista). Por otra parte, como efecto colateral, se produce una movilización de los sectores progresistas a favor de los partidos de izquierda.

Por el momento, la cúpula del PP parece seguir (y de forma reactiva) la táctica de actuar unos días con un perfil más moderado y otros, con un perfil más agresivo, en función del tema que sea y de los movimientos que haga Vox. Por ello, unos días marcan diferencias con esa formación política, y otros se aproximan a ella (siendo más voxistas que Vox), mientras parecen dan por neutralizada la competencia con Ciudadanos, como un partido que se halla en fase de reconstrucción interna.

Es posible que, con esta táctica, los dirigentes del PP piensen que tienen asegurada la paz interna, tratando de contentar a uno y otro sector del partido. Pero parece difícil que puedan mantener esta posición a medio plazo. A no ser que la atención esté puesta exclusivamente en el gobierno, pretender ser “palomas” y “halcones” al mismo tiempo puede llevar a los populares, en su labor de oposición, a desorientar a sus votantes, al tiempo que les impide ensanchar su base de apoyos. Asimismo, la proyección de la imagen de un partido que quiere ser una cosa y la contraria, sólo puede contribuir a potenciar las divisiones internas. Y, por ende, a poner en entredicho el liderazgo de Casado.

Poco después de apretar el botón electoral, los partidos políticos han podido testar o, más bien, certificar el (sulfurado) estado de ánimo preelectoral. Una encuesta realizada, entre el 18 y 20 de septiembre, por la empresa demoscópica 40dB, “cuantificaba” de qué forma recibían los ciudadanos la convocatoria de nuevas elecciones. Un contundente 51,5% utilizaba el calificativo de “muy mal” y otro 17% optaba por la respuesta “mal” a la pregunta de cómo valoran la repetición electoral. Más del 50% de los ciudadanos admitía tener una peor opinión sobre el modo en que funciona la democracia, como consecuencia de lo que (no) ha sucedido en los últimos meses.

Ni siquiera la apelación de Pedro Sánchez a la necesidad de que la sociedad exprese su voluntad de forma más clara, ha resultado una razón de peso para sus propios votantes. Junto al electorado de Unidas Podemos, los electores socialistas eran los que de forma más crítica valoraban el anuncio de un nuevo llamamiento a las urnas.

Asimismo, muy negativas han sido las “sensaciones” que, de forma inmediata, ha generado, en la sociedad, la falta de acuerdos para formar un gobierno. Siguiendo los resultados de la encuesta de 40dB, más de un tercio de los ciudadanos afirmaba, hace unos pocos días, sentir (principalmente) “decepción”. Otro tercio, optaba por el término “enfado”. Y un 22% decía sentirse preocupado. Tan sólo un 4,4% sentía alivio, siendo los votantes de Vox (23,1%) los que parecían mostrarse más reconfortados (entendemos, por no haber llegado a buen puerto las negociaciones entre los partidos de izquierda (PSOE-Unidas Podemos).

Esta panorámica se vería reforzada por los resultados del barómetro realizado previamente por el CIS, entre el 1 y el 18 de septiembre, que arrojaban ya un empeoramiento del clima político. Por un lado, se ha alcanzado un nuevo récord en el indicador del porcentaje (45,3%) de ciudadanos que perciben la política, los partidos y los políticos como un problema que tiene España. Por otro lado, el pesimismo político (y también económico) crecía respecto al mes de julio, llegando a ser un 77%, la cifra de ciudadanos que calificaban como mala o muy mala la situación política del país.

En consonancia con estos datos demoscópicos, encontramos que se han disparado las solicitudes, enviadas al Instituto Nacional de Estadística, por parte de ciudadanos que no quieren recibir propaganda electoral de los partidos. Mientras, por otro lado, las muestras de malestar político inundaban las redes sociales, inmediatamente, después de conocerse que el bloqueo político conducía a la convocatoria electoral.

Como parte de la indignación, una campaña puesta en marcha, en change.org, con el elocuente título “Diputados, si no curráis ¡No cobráis!: renunciad a vuestra indemnización” recababa, en pocos días, más de 700.000 firmas. A ello se sumaban los comentarios, también muy críticos con la situación de bloqueo político, expresados, de forma generalizada, a izquierda y derecha, en las tertulias políticas, así como en editoriales y artículos de opinión.

Pero junto a las expresiones de hartazgo político y cansancio electoral, son destacables iniciativas de diferente índole que están surgiendo para capitalizar de forma activa, a través de la presentación de nuevas candidaturas, el malestar. Más aún, si tenemos en cuenta que las dificultades o la falta de voluntad de la clase política actual para llegar a acuerdos a nivel nacional, no ha llevado (o no por el momento) a añorar los tiempos del bipartidismo (cuyo desmoronamiento empezó a ser visible en las elecciones europeas de 2014). Todo lo contrario. Según el mencionado sondeo realizado por 40dB, casi el 84% de los ciudadanos, estarían hoy de acuerdo con la afirmación de que “los partidos deben afrontar el nuevo escenario multipartidista y habituarse a pactar”, frente a los que anhelan (16%) la competición bipartidista (ligada a etapas de gobiernos duraderos y estables).

De este modo, y con independencia de que sea tan sólo parte del espectáculo mediático, no deja de ser llamativo que el equipo del programa televisivo Todo es Mentira, presentado por Risto Mejide, haya amagado con presentarse a los comicios del 10 de noviembre bajo la candidatura de un nuevo partido, “Peor no lo haremos”, y planteando, entre otras medidas estrella, acabar con los sueldos vitalicios de políticos.

También la plataforma ciudadana Teruel Existe ha anunciado, ante la “incapacidad de los partidos para llegar a acuerdos”, su pretensión de concurrir a los próximos comicios generales. En la misma línea, la ventana de oportunidad que supone el reinante descontento político, también habría llevado a Íñigo Errejón a optar, finalmente, por dar el salto a la política nacional, presentándose a las elecciones generales. Y hacerlo con el argumento de que su candidatura puede ser un revulsivo para movilizar a los votantes desencantados del espectro progresista y convertirse, por su disposición a negociar, en el partido que desbloquee la situación política.

Particularmente, la entrada en el juego electoral de Errejón ha hecho que, en cuestión de muy poco tiempo, la atención política y mediática haya pasado de girar en torno a una potencial abstención masiva, a centrarse en la reconfiguración del tablero político y su impacto electoral, ampliándose de 5 a 6 el número de actores políticos principales. Si bien, también ha servido para poner (una vez más) de manifiesto lo efímeras que pueden resultar las estimaciones de voto en momentos políticos tan “volátiles”, como los que estamos viviendo ahora, y en los que el malestar político es tan elevado.

Sólo basta recodar, cómo a principios de septiembre, la instantánea demoscópica parecía indicar que una repetición electoral beneficiaría al PSOE. Apenas veinte días después, tras el anuncio de la repetición electoral, el PP aparecía como el partido que potencialmente ganaría más. Aunque, tanto los sondeos con proyección de voto que se han publicado recientemente en los medios (ver por ejemplo: aquí y aquí), como la última estimación de voto del CIS, parecen haber quedado desfasados al haberse realizado con anterioridad a la irrupción de la marca errejonista. Además, los primeros que se han hecho para evaluar el efecto Errejón en el voto, ofrecen una instantánea preliminar, a la espera de que se despeje la incógnita de en cuántos territorios y de qué forma se presentará Más País, bien en solitario, bien coaligada con otras formaciones como Compromís y antiguos aliados de Podemos.

En cualquier caso, los cambios en el tablero político, ya sea a nivel más general o en determinados territorios, apuntarían en la dirección de que el factor clave de la próxima cita electoral radicará en el modo en que se exprese el malestar político. El desencanto o la decepción pueden llevar a la desmovilización electoral, pero el enfado o la insatisfacción pueden tener un efecto movilizador que trascienda la opción de la abstención como voto de castigo.No hay que dar, necesariamente, por supuesto que el hartazgo conduce a la desafección. Especialmente, si los electores tienen nuevas opciones, ante sí, entre las que elegir.

Desde su eclosión, en 2011, el malestar político ha producido y sigue produciendo un aumento, y cada vez más rápido, de la oferta política ante un sistema electoral que, pese estar diseñado para penalizar la atomización, la acaba absorbiendo. En este sentido, tener en cuenta los movimientos que se produzcan en cada circunscripción, con la entrada o no de nuevos actores, puede ser determinante de cara al nivel de participación que se registre en el cómputo global, así como a los resultados electorales.

Más allá de la certeza de que, tras el 10 de noviembre, los partidos seguirán necesitando llegar a acuerdos para formar gobierno, nos encontramos ante uno de los comicios cuyos resultados pueden ser más imprevisibles. Y ante los que habrá que ser, especialmente, cautos a la hora de utilizar los sondeos como “brújula”, atendiendo únicamente a los indicadores de voto.

De forma más acentuada que en 2016, cuando, tras la repetición de las elecciones generales en junio, algunos expertos trataban de responder a la pregunta de por qué fallaron los sondeos, se plantea, ahora, como un gran desafío tomar el pulso a la opinión pública. No sólo porque estamos en un contexto de mayor malestar social, sino también porque hay un tablero con más actores, y sobre el que puede resultar determinante la influencia de numerosos y cambiantes factores.

La desaceleración económica, la (inminente) sentencia del procés, el debate sobre la memoria histórica o la incertidumbre sobre el Brexit son sólo algunos de esos factores que podrían impactar en el comportamiento electoral, y no forzosamente, en el sentido que espera cada partido. La propia dinámica que se desarrolle por las estrategias electorales que sigan las fuerzas políticas también será decisiva.

Por delante, 45 (largos) días de campaña electoral, aunque oficialmente ésta comenzará el 1 de noviembre y será (por primera vez) más breve de lo habitual (con una duración de ocho días, y no de 15, tras la reforma introducida a finales de 2016 en la ley electoral para este supuesto de repetición electoral).

No obstante, no podremos calibrar, con sondeos públicos, el impacto de la campaña electoral propiamente dicha, puesto que continuará vigente la (cada vez más cuestionada y anacrónica) prohibición legal que tienen los medios de comunicación de publicar, difundir o reproducir encuestas electorales en los cinco días anteriores al de la votación.

Los esfuerzos negociadores han resultado infructuosos, incluida una oferta de última hora para lograr un acuerdo de gobierno. El rey Felipe VI anuncia que no va a volver a proponer a ningún candidato para someterse a la sesión de investidura. El plazo constitucional para que un candidato a la presidencia del gobierno logre la confianza del Congreso expira. El bloqueo político supone la constatación de la incapacidad de los partidos para lograr acuerdos. Una incapacidad que conduce a una nueva convocatoria electoral para que sean los ciudadanos los que resuelvan, nuevamente con su voto en una especie de forzada segunda vuelta, lo que la clase política ha sido incapaz de gestionar: los resultados de unos comicios. ¿Les suena…?  Ésta fue la secuencia a la que, como sufridos electores, asistimos hace tres años. Y que podría reproducirse, con algunas variaciones, muy pronto.

Después de un verano político que ha terminado de la misma forma que empezaba, esto es, con la escenificación de los desencuentros entre el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno, la percepción predominante es que, salvo un acuerdo in extremis entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el país se verá abocado a unas nuevas elecciones generales el próximo 10 de noviembre.

Así, ha ido cobrando fuerza la idea de que las elecciones son la única opción posible para que la política española salga del callejón en el que ha quedado atrapada entre los vetos cruzados de los principales actores políticos. Por un lado, atrapada entre el “no es no” de Pedro Sánchez a un gobierno de coalición con Unidas Podemos y el “no es no” de Pablo Iglesias a un gobierno del PSOE que no cuente con Unidas Podemos, como socios de “pleno derecho”. Y, por otro, una situación política también bloqueada por el “no es no” a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, que sostienen Pablo Casado y Albert Rivera.

El arranque del curso político, tras el paréntesis estival, comenzaba, el pasado lunes 2 de septiembre, con el contador puesto en marcha. Tres semanas para evitar la repetición electoral, de las que consumida ya, sin ningún avance, la primera, restan pocos más de diez días. Como parte del juego político, los principales líderes niegan buscar o querer la convocatoria de otras elecciones. Pero ellos, y sus partidos, hacen cábalas, estudian pros y contras, escudriñan encuestas.

Los cálculos de los partidos

Los populares afrontarían unos potenciales nuevos comicios en noviembre en unas condiciones mucho más favorables que en abril. Y es que, pese a los malos resultados que han cosechado en todas las citas electorales (generales, autonómicas, locales y europeas) celebradas este año, la imagen del PP es (ahora) la de una formación que se ha fortalecido en los últimos meses. Sus recientes pactos de gobierno, con Ciudadanos y Vox a nivel autonómico y local, para mantener el poder en ayuntamientos y Comunidades Autónomas, le han permitido al PP exhibir músculo institucional. Algo que ha conllevado el reforzamiento del liderazgo de Pablo Casado dentro de su partido.

Por otra parte, el PP también ha sabido aprovechar la actual crisis interna de Ciudadanos para reafirmarse como el principal partido de la oposición (en funciones) al gobierno de Pedro Sánchez. Un factor que, junto al papel de socio aliado que ha adoptado Vox, frente al de adversario airado que, hasta hace no mucho tiempo, les tildaba de “derechita cobarde”, permitiría a los populares presentarse como el partido hegemónico dentro del bloque de la derecha. Un escenario muy diferente al de hace cinco meses, cuando el PP se enfrentaba al temor de una debacle electoral, tanto por el efecto de un posible sorpasso de Ciudadanos, como por la potencial huida en masa de sus votantes a la formación liderada por Santiago Abascal.

Este cambio de escenario, facilitaría que, ante los hipotéticos comicios de noviembre, el PP pudiera apelar con mayor eficacia al voto útil de la derecha, una vez que su principal competidor, por el centro, está en horas bajas, y una vez que, por la derecha, el tsunami Vox parece haber quedado neutralizado o atemperado.

De acuerdo con la estimación realizada por Kiko Llaneras, a partir de las últimas encuestas publicadas en los medios de comunicación, el PP podría lograr ahora 82 escaños en el Congreso de los Diputados. Serían 16 asientos más de los que obtuvo este partido en las elecciones generales del 28 de abril. Algo que le seguiría colocando como segundo partido más votado, por detrás del PSOE. Pero con una ventaja más holgada, en el bloque de la derecha, sobre Ciudadanos (con una estimación de 41 escaños, y una pérdida potencial de 16 asientos sobre los que logró en abril) y Vox (que se movería, ahora, en los 17 escaños, frente a los 24 que obtuvo en abril).

Es cierto, que, a partir de los sondeos realizados a finales de agosto, el PP no tendría (o, al menos, no por el momento) la posibilidad de poder formar gobierno, dado que la suma con Ciudadanos y Vox seguiría situándose muy por debajo de la mayoría absoluta (176 escaños); y no parece que entre los partidos nacionalistas e independentistas estas tres formaciones pudieran recabar apoyos. En todo caso, los populares saldrían fortalecidos tras una repetición electoral, pues, por un lado, reforzarían su posición dentro del bloque de la derecha. Y, por otro, les serviría, a nivel interno, para mejorar la situación financiera del partido, al obtener más recursos públicos por los escaños conseguidos.

Dos elementos, además, juegan a favor de los populares. El primero es que los intereses que el PP puede albergar sobre una repetición electoral están alineados con las preferencias de sus votantes. Algo que no ocurre con Vox ni, especialmente, con Ciudadanos, a los que la repetición electoral les perjudicaría no sólo por la pérdida potencial de escaños, sino porque los resultados podrían agravar su (ya de por sí delicada) situación interna. Por ahora, y de acuerdo con recientes sondeos (aquí y aquí), la mayoría de los ciudadanos no desea que se vuelvan a convocar elecciones.

No obstante, si se analizan los datos por recuerdo de voto, los electores del PP (junto a los de Ciudadanos y de Vox) se muestran, mayoritariamente, partidarios de volver a acudir a las urnas (si la disyuntiva es elegir entre nuevas elecciones o que socialistas y morados alcancen un acuerdo para formar gobierno). El segundo elemento que favorece a los populares es la utilización que podrían hacer, durante la campaña electoral, sobre los nubarrones que se ciernen sobre el contexto económico internacional y español, ya que la economía es un tema que les sirve para captar apoyos entre los votantes moderados, así como para orillar otros asuntos, como la corrupción, que se los quitan. En algunos análisis demoscópicos, se apunta ya a un brusco empeoramiento de las expectativas, que tiene la ciudadanía, sobre la evolución de la economía.

Frente al PP, encontramos a un PSOE, que, aparentemente, también partiría con buenas perspectivas en caso de repetición electoral. O, al menos, con buenos augurios en lo que se refiere a un potencial aumento de escaños. Siguiendo la estimación realizada por Llaneras, los socialistas pasarían hoy de 123 a 138 escaños. Un aumento de 15 escaños con los que Pedro Sánchez podría reivindicar, con el argumento de tener más escaños que con los que gobernó en solitario entre junio de 2018 y febrero de 2019, y con los que pretendía hacerlo después de las elecciones generales de abril, su “firme voluntad” para liderar un ejecutivo monocolor.

Aunque otra cosa es que lo lograra, porque paradójicamente el PSOE, con un mayor número de asientos parlamentarios, podría quedar situado en una peor situación en el tablero político. Teniendo en cuenta el panorama que arrojan algunas encuestas, la suma de escaños del PSOE y Unidas Podemos podría alcanzar la mayoría absoluta, sin que, al contrario de lo que ocurre ahora, los socialistas tuvieran que precisar también de los apoyos de los partidos nacionalistas. O sólo tuvieran que contar con el respaldo de alguno de ellos.  

De esta forma, sería inevitable que las miradas volvieran a ponerse en un acuerdo entre los socialistas y la formación morada, a no ser que (cosa poco probable) Ciudadanos cambiara de estrategia y decidiera apoyar a un gobierno socialista. O que, siguiendo lo ocurrido tras la repetición electoral de 2016, una nueva situación de bloqueo, llevara, en este caso, al PP (y/o a Ciudadanos) a permitir, por razones de responsabilidad y sentido de Estado, una investidura de Sánchez que le permitiera, después, formar un gobierno en minoría.

En el caso de que Íñigo Errejón decidiera (contrariamente a lo que ha manifestado hasta ahora) dar el salto a la política nacional y presentarse a las elecciones de noviembre (si hubiera repetición electoral), no estaría claro en qué medida y de qué forma se fragmentaría el voto en el bloque de izquierda, con la concurrencia de tres candidaturas. No sería descartable que, en ese supuesto, el PSOE tuviera que verse obligado a pactar a dos bandas, con Errejón e Iglesias. Por tanto, podría ocurrir que, aun teniendo menos poder (con una estimación que se sitúa ahora en 37 escaños, frente a 42), Unidas Podemos pudiera estar colocada en una mejor posición para hacer valer su (menguada) fuerza parlamentaria.

Al fin y al cabo, en el mapa multipartidista que se ha ido forjando desde el año 2015, el factor clave de la gobernabilidad no es ni ganar las elecciones, ni tener más escaños, sino saber negociar aprovechando las fortalezas propias y las debilidades de los  adversarios, en función de un cambiante contexto político. O, dicho de otro modo, al haber aumentado el número de jugadores, no se trata tanto de tener buenas cartas, sino de saber jugar las que se tienen, contando también en cómo juegan, las suyas, los demás.

Pero más allá de las sumas y restas, y de la proyección de escenarios, que pueden hacerse con los sondeos realizados recientemente, los socialistas se enfrentarían, en un entorno de elevada volatilidad electoral, a la incertidumbre de cómo puede evolucionar la opinión pública en general, y su electorado en particular, en los dos próximos meses de cara a una potencial repetición electoral.

Por el momento, el PSOE cuenta con el rechazo social mayoritario a unas nuevas elecciones. Especialmente, contrarios a la repetición electoral son sus votantes (así como los de Unidas Podemos), quienes prefieren que socialistas y morados alcancen un acuerdo de gobierno. No es de extrañar, así, que los movimientos de Pedro Sánchez hayan ido encaminados, desde que fracasara su investidura en julio, a mostrar que los socialistas se esfuerzan por lograr el apoyo de Unidas Podemos.

Pero no parece que, por ahora, la batalla por el relato les vaya bien, pues, según algunas encuestas, más de un 40% de los ciudadanos consideran, hoy por hoy, que el PSOE es el máximo responsable de que no se forme un gobierno, frente a un 19% que responsabiliza a todos los partidos y un 16,6% que señala a Unidas Podemos. Tampoco, en este punto, los socialistas resultan convincentes entre sus electores, pues si bien casi un 30% de ellos creen que es Unidas Podemos, la formación que tiene mayor responsabilidad del bloqueo, un significativo 24% apunta a su propio partido como máximo responsable.

Probablemente, la imagen final de quiénes fueran los primeros (o los últimos) en levantarse de la “mesa”, y apretar el botón electoral por no aceptar las condiciones propuestas por el otro, no sería una condición suficiente para no ser percibido como “culpable”, habida cuenta de las innumerables idas y venidas protagonizadas por ambos grupos, en el marco de un largo, extenuante y poco edificante proceso negociador. Y en el que los focos se han ido poniendo, cada vez más, sobre ellos, al mostrar otros actores políticos, como ERC o el PNV, su disposición a no impedir la formación de un gobierno.

Por otra parte, la desilusión y el enfado que, ante una nueva repetición electoral, podría sentir el electorado de izquierda y los votantes menos ideologizados, podría materializarse en una importante desmovilización. Algo que complicaría la nueva campaña electoral socialista, dado que, entre muchos de estos votantes, podría pesar más la decepción, que la apelación al voto del miedo ante la posibilidad de que los partidos de derechas, incluido el ultraderechista Vox, pudieran formar gobierno. Más aún, si consideramos que, pese a los esfuerzos de centrarse en su oferta programática, el PSOE tendría difícil que la campaña del 10 de noviembre no girara en torno a los pactos y a su falta de entendimiento previo con la formación morada.

Además de ello, la forma de gestionar las negociaciones para formar gobierno, podrían acabar erosionando la imagen de Pedro Sánchez en este electorado, y, por ende, restando fuerza a su tirón como cabeza de cartel. De este modo, no parece que la repetición electoral resultara tan favorable para los socialistas como a priori puede parecer, dado que ésta podría convertirse en un camino plagado de riesgos, y en el que los cálculos más optimistas pueden quedar pulverizados rápidamente.

Impacto y reacción social

Pero más allá de los cálculos de los partidos, cabe plantearse cómo está “digiriendo” la sociedad la nueva situación de bloqueo político en la que nos encontramos. Y sobre la que todos los supuestos de “desbloqueo” parecen “negativos”: ya sea porque el Partido Socialista consiga, como pretende, formar un gobierno en minoría, aunque sin tener garantizada la posibilidad de gobernar a medio plazo. O porque se forme un ejecutivo de coalición o cooperación, basado en la desconfianza de sus socios, lo que apuntaría a un gobierno inestable y de corta duración.  O porque, no se alcance ningún acuerdo, y el país se vea inmerso en una repetición electoral, tras la que podría continuar la situación de bloqueo.  

Si, finalmente, se celebran elecciones el 10 de noviembre, serán las cuartas elecciones generales en cuatro años de un ciclo electoral marcado por la inestabilidad política. Un ciclo que comenzó con la celebración de comicios generales en diciembre de 2015, continuó con una repetición electoral en junio de 2016, cuyos resultados no condujeron, por sí solos, a un desbloqueo inmediato, ni fácil. Por el contrario, el bloqueo se alargó cuatro meses más, y logró romperse con mucha dificultad (con una abstención “traumática” del PSOE para permitir la formación de un gobierno en minoría de Rajoy). Los sobresaltos a la política volvieron en mayo de 2018, con la caída del gobierno popular después de una inesperada moción de censura liderada por Pedro Sánchez. Moción que dio paso, durante ocho meses, a un gobierno socialista en minoría, que finalizó de forma casi tan repentina, como se había formado. Un final de legislatura que llevó a la convocatoria anticipada de los pasados comicios generales, del 28 de abril.

El hartazgo y la saturación electoral se verían, ahora, incrementados por el hecho de que, a lo largo de este año, se han celebrado cuatro elecciones (generales, autonómicas en 13 CCAA, locales y europeas); distando, entre los comicios generales y los otros tres cuya convocatoria se celebró el mismo día (26 de mayo, con la excepción de las elecciones autonómicas valencianas), menos de un mes.

Por tanto, la fecha del 10 de noviembre se vislumbraría como la tercera cita electoral, en menos de seis meses, en la que los ciudadanos serían llamados a acudir a las urnas en lo que va de año. Y lo harían, además, para volver a elegir entre los mismos candidatos, listas electorales y programas políticos, que en las elecciones de abril. Es decir, nada cambiaría de la oferta electoral. No obstante, ante unos sondeos que apuntan a que podría volver a producirse una situación similar de bloqueo, como ya ocurrió en 2016, podrían crecer las voces que plantearan la conveniencia de que se presentaran nuevos candidatos el 10 de noviembre. Si la desconfianza entre los líderes actuales ha sido y es un hándicap (insalvable) para la formación de un gobierno, ¿qué sentido tendría que volvieran a concurrir los mismos candidatos?

La falta de flexibilidad a la hora de negociar, la incapacidad para gestionar un sistema multipartidista, la percepción de una clase política ensimismada en sus propios problemas y el prolongado período de parálisis institucional e impasse político han llevado a que el malestar político (que comenzó a ser visible con la crisis económica) haya crecido de forma acusada en los últimos meses. En julio (última observación publicada por el CIS) se registraba un máximo histórico: casi 4 de cada 10 ciudadanos señalaban a los políticos, a los partidos y a la política como un problema que tiene España. Una percepción que sitúa la “cuestión política” como la segunda preocupación ciudadana, sólo superada por la inquietud que genera el problema del paro.

Es posible que los actuales partidos y líderes políticos minimicen el alto nivel de malestar político que muestra la sociedad, bien porque consideren que éste es pasajero, o bien porque crean que se acabará normalizando (a la fuerza de ser crónico). Sin embargo, la “burbuja” del malestar político, puede tener efectos imprevisibles, y en el momento más inesperado. Ya sea en forma de surgimiento de movimientos sociales, como el 15-M, o de aparición de nuevos partidos que traten de capitalizar ese malestar. En los últimos cinco años, y como reflejo del malestar político, se han incorporado a la política nacional tres nuevos partidos (Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox), que hoy forman parte del establishment. Pero el alto y persistente nivel de malestar político sigue constituyendo un terreno fértil para la creación de nuevas marcas electorales, en detrimento de otras ya existentes y del regreso a la etapa del bipartidismo (tal y como lo conocíamos).

En cualquier caso, la actual situación de bloqueo puede constituir una suerte de “stress test político”, con el que se puede poner a prueba el umbral de tolerancia social respecto a la (in)capacidad de la clase política para llegar a acuerdos. Y que se puede saldar con un repunte del descrédito institucional y de la insatisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de la democracia.