Ana la chatarrera te recibe en Villaverde. Se presenta como testigo clave en el reto de responder a tres cuestiones sobre la seguridad de su distrito. “¿Cuántas personas detuvo la Policía Municipal en Villaverde en 2025?”, lanza un mensaje en la primera pantalla del videojuego. Solo una de las cuatro opciones que ofrece resultan correctas y el resultado -tal vez- te sorprenderá cuando lo descubras.

El de Ana es uno de los personajes ficticios de Madrid sin Ley, un videojuego online lanzado este martes con preguntas sobre seguridad en los 21 distritos de Madrid. Está también Damián en Chamartín (Los paquetes siempre dejan un rastro, asegura este trabajador de la estación de trenes); Rocío La Madrina en Latina; Samu, exconvicto en Carabanchel, Dani El Flaco de Tetuán... todos protagonizan la página web la acaba de sacar uno de los partidos que aspira a entrar en el Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones municipales, Independientes por Madrid.

El videojuego es sencillo: el jugador puede entrar en madridsinley.es sin necesidad de registro y escoge uno de los 21 distritos de Madrid. Ahí un personaje con estética del Grand Theft Auto le formula tres preguntas que tiene que contestar. Si falla, le ofrece algunas pistas basadas en expedientes municipales o datos de acceso público. Cuando completa las tres cuestiones, el distrito queda marcado en amarillo en el mapa y puede pasar a otra zona de la capital.

“Lo que queremos es poner los datos sobre seguridad y convivencia sobre la mesa” revela Marta Higueras, impulsora del partido y candidata a la alcaldía, en la presentación de esta iniciativa. Su formación quiere hacerlo con formato y lenguaje cercanos al votante joven, quien puede informarse gracias a las preguntas y respuestas que va superando. Una manera diferente de hacer llegar propuestas políticas sobre un tema a priori áspero como la seguridad y la convivencia.

“Creo que la gente progresista tiene que quitarse el complejo de hablar de seguridad. Normalmente la izquierda mira para otro lado (...) no vale decir todo el rato Madrid es una ciudad muy segura”, critica Higueras sobre la forma de abordar estos temas por parte de los partidos con presencia en Cibeles. En el caso de su formación política, el videjuego con estética del GTA sirve para presentar sus propuestas sobre Policía Municipal y convivencia en las calles de Madrid, de cara a las elecciones del mes de mayo.

El lema bajo el que se presentan estas propuestas es “Recuperar la noche, la calle y el barrio”, y entre ellas destaca la incorporación de más policías municipales -medida que también reclama el Gobierno de Almeida-, además de una mejor gestión de los recursos existentes, con patrullas de agentes de incógnito. “Queremos policías de paisano que empiecen a multar de verdad todos estos comportamientos incívicos”, explica Higueras sobre su propuesta de aumentar la presencia de la Policía en los barrios de Madrid.

Otra de las propuestas llamativas de Independientes por Madrid en este ámbito es la de recuperar la figura del sereno en los barrios, un cuerpo de vigilancia nocturna que no estará formado por agentes pero que tendrían comunicación directa con la Policía Municipal. También reclama Higueras que los responsables de grandes eventos sean los que paguen parte del despliegue policial necesario para llevarse a cabo. Ella pone como ejemplo el Gran Premio de Fórmula 1. “Cuando hay grandes eventos, deben de contribuir a pagar la seguridad (...) no puede ser que un evento convoque a tanta policía que deje otros sitios sin patrulla”, advierte.

Un mapa de puntos negros, patrullas en bicicleta u otros medios de locomoción más accesibles o formación intensiva de policías en las ordenanzas municipales que tienen que aplicar son otras de las propuestas para un cuerpo que Independientes por Madrid indica que quiere cuidar para facilitar que cuide al resto de la madrileños.

Madrid sin Ley es un videojuego creado por Javier Eleta, de Verox Systems, un desarrollador de 25 años que cree que el formato y el lenguaje utilizado hace sencillo poder entrar en el videojuego a cualquier persona. También destaca que el navegador utilizado guarda el progreso sin necesidad de registro y que el juego se puede completar en una hora o a ratos, con pausas entre una partida y otra. Para los que completen los 21 distritos de Madrid además hay premio: el partido de Marta Higueras sorteará tres copias del GTA VI entre los que lleguen al final y faciliten un correo electrónico de contacto.

“Los desahucios de la EMVS incumplen la ley, por eso exigimos a Almeida que se paralicen hoy mismo todos los desahucios, ni uno más”, asegura la portavoz de Más Madrid, que este martes presenta un escrito para exigir al Ayuntamiento que detenga todos los lanzamientos de esta empresas municipal, en aplicación del decreto Maricarmen actualmente en vigor.

En el texto de la petición, al que ha tenido acceso Somos Madrid, el partido de la oposición reclama la paralización inmediata de los desahucios de familias vulnerables, aplicando de oficio las previsiones contenidas en el citado Real Decreto-ley 29/2026, y suspenda en vía administrativa todos aquellos procedimientos de recuperación de viviendas que afecten a personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional adecuada.

También exige el partido de Maestre que la EMVS desista de los procedimientos judiciales de desahucio actualmente en tramitación cuando concurran dichas circunstancias, o solicite la suspensión del lanzamiento en caso de que ya se haya señalado. En lo que va de año, la empresa municipal de vivienda ha iniciado 98 procedimientos de desahucio y finalizado 132, según datos hechos públicos por Más Madrid, trasladados al Consejo de Administración.

“El alcalde presume mucho de que Madrid va como un cohete y no para de montar saraos para los ultrarricos, mientras oculta que su empresa municipal de vivienda, la EMVS, está echando a la calle a las familias más vulnerables, las que más sufren y a las que el Ayuntamiento debería proteger”, denuncia Maestre. “La EMVS de Almeida funciona como una maquinaria sin piedad: 259 procedimientos judiciales y 81 desahucios el año pasado -un desahucio cada cuatro días y medio-, el triple que en 2024. Ni un fondo buitre lo haría con tanta eficacia”. 

Equipos especializados en detectar la vulnerabilidad

Además de aplicar la ley para detener los desahucios, Maestre reclama crear un Equipo Especializado de Vulnerabilidad Habitacional que esté especializado en la detección temprana, seguimiento y acompañamiento de hogares en riesgo de pérdida de vivienda. Su labor sería la de intervenir desde las primeras incidencias de pago o detección de situaciones de exclusión residencial, evitando que los conflictos desemboquen en procedimientos judiciales y actuaciones de emergencia.

 Por último, Más Madrid reclama que se elabore un Protocolo de Prevención y Gestión de la Vulnerabilidad Habitacional, para garantizar la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad, la coordinación con los Servicios Sociales, la evaluación individualizada de cada expediente o la búsqueda de soluciones alternativas a los desahucios.

“El alcalde tampoco cuenta que cada vez es mayor la vulnerabilidad residencial en Madrid, lo confirman los propios Servicios Sociales municipales y las intervenciones del Samur Social en materia de desahucios”, advierte Maestre. Perder el hogar, verse en la calle, es lo peor para una persona, lo vimos muy claro con Maricarmen. La pérdida de la vivienda no es un problema aislado, agrava la pobreza, la exclusión social y la salud“.

“También reclamamos la revisión de todos los expedientes, que se evalúen individualmente y que se ponga en marcha un protocolo de coordinación efectiva entre la EMVS y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid”, añade la portavoz de la oposición.

Los enormes edificios municipales de la plaza Luna que pasaron a ser gestionados por el Ayuntamiento de Madrid con el fin de la concesión del parking tienen por fin un horizonte de futuro, después de más de dos años de parón. El Ayuntamiento de Madrid ha incluido en su proyecto de Presupuestos para el año 2027 obras de gran calado en uno de los dos inmuebles, que suman más de 10.000 m² de servicios terciarios.

Según el avance de los Presupuestos, presentados este jueves y a cuyo detalle ha tenido acceso este periódico, el Gobierno de Almeida prevé empezar las reformas por el edificio oriental, el más cercano a la calle Concepción Arenal, situado en el número 1 de la plaza Santa María Soledad Torres Acosta. En concreto prevé dedicar en el año 2027 hasta 2,23 millones de euros a la reforma de las cubiertas y las fachadas y otros 3,19 millones a su reforma interior.

La obra sumará 5,4 millones de euros en 2027 y otros 3,33 millones en el año 2028 -según estas mismas cuentas municipales- para un destino todavía secreto, ya que el Ayuntamiento de Madrid guarda silencio sobre a qué quiere dedicar estas instalaciones. La Asociación Vecinal Maravillas, principal entidad comunitaria en Malasaña, ha reclamado que al menos parte de estas instalaciones se traduzcan en dotaciones para los habitantes de esta zona de la capital.

Los edificios situados en los números 1 y 2 de la plaza pasaron al patrimonio municipal el 30 de julio de 2024, cuando se extinguió la concesión más longeva de un parking en la capital, que databa del año 1972 y al que estaban asociados. Entonces, cuatro negocios privados decidieron quedarse en sus locales, pese a que ya no tienen ningún contrato legal que permita su presencia allí ni abonan ninguna renta mensual a la antigua concesionaria, que ya ha dejado de serlo.

Los negocios okupas se concentraban sobre todo en el número 2, donde permanece abierto el restaurante chino El buda feliz, sobre el que está pendiente un procedimiento de desahucio municipal. También abrió durante meses El lugar de Martina, otro restaurante que lleva meses cerrado con un cartel que, sin embargo, indica que podría volver. En el mismo inmueble se encuentra también un negocio de papelería asiática.

El edificio ubicado en el número 1 cuenta solo con un negocio en rebeldía. Se trata de un supermercado asiático que también había resistido hasta ahora al desahucio.

El parking de Luna-Tudescos y los dos edificios fueron explotados durante 52 años por Sociedad Anónima de Aparcamientos Madrid (SAMA), perteneciente a la familia Lleó Casanova, pero al fin de la concesión esta empresa omitió su obligación de entregar los edificios sin ocupantes. Lo hizo pese a las ventajosas condiciones económicas en las que explotaba los edificios, por los que pagaba solo 383 euros al mes al Ayuntamiento.

Más Madrid tambilén ha reclamado al Ayuntamiento un plan “para que estos edificios alberguen equipamientos para el barrio, que son muy necesarios y una demanda vecinal, como un Centro de Salud, oficinas de atención a la ciudadanía y un vivero de empresas de la economía socio y solidaria”. El PSOE, por su parte, pide abrir allí una Casa Arcoíris con un museo dedicado a la historia del al colectivo LGTBI, un centro de documentación, espacios de trabajo, culturales, de asesoramiento y salud.

“¿Van a hacer algo? ¿Va a retirar el apoyo a un proyecto que está basado en un pelotazo?” preguntaba este jueves el diputado regional de Más Madrid Pablo Padilla al Gobierno de Ayuso. Lo hacía en la Asamblea, durante una cuestión dirigida al consejero de Digitalización, que firmó hace casi un año un protocolo de apoyo al proyecto que el Real Madrid quiere desarrollar sobre terrenos deportivos vacíos en Valdebebas.

“¿Qué compromisos adquirieron adquiridos en el protocolo suscrito con el Real Madrid para el ”Madrid Innovation District“? ¿Qué le han prometido esta vez al señor Pérez?” añadía Padilla después de que su partido haya denunciado ante la Fiscalía esta semana que el informe económico que sustenta la recalificación de la operación urbanística contiene un fallo grave: que el Ayuntamiento de Madrid solo ingresará la centésima parte de los 100 millones de euros calculados por un impuesto municipal. Un “error” admitido por el alcalde que pone la operación en números rojos para las arcas públicas.

“Los únicos [compromisos] son con los ciudadanos, con el desarrollo tecnológico y con el progreso de nuestra región”, le respondía el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, quien defendía que el convenio firmado iba encaminado a “traer prosperidad” y “talento” a la región, dentro del modelo de colaboración público-privada que defiende el Gobierno de Ayuso. También aclaraba que la Comunidad de Madrid “no va a poner ni un solo euro en este protocolo”.

Pese al relato del López-Valverde defendía durante su turno de palabra la recalificación, argumentando que el Madrid Innovation District que impulsa el club presidido por Florentino Pérez “va a ser otro motor económico para la región”, aunque exija “compromisos, plazos y resultados”. “Colaboraremos para potenciar y atraer a más empresas, más talento y más empleos en la región”, añadía.

En su día, la consejería que preside informó que se sumaba con el convenio “a un proyecto que se espera que aporte al PIB madrileño alrededor de 1.200 millones de euros anuales y que cree más de 23.000 puestos de trabajo al año”. Tanto Comunidad como Real Madrid colaborarían “para que en este espacio se establezcan compañías y organismos de investigación y sea un entorno donde se generen nuevos proyectos encaminados a mejorar los servicios públicos, la calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas”.

El diputado de Más Madrid respondía al consejero con dureza: “Decían que era por el interés general, pero aquí el único interés es el del general Pérez, para el que todos ustedes trabajan. Va a ganar 195 millones de euros con la recalificación sin hacer nada y nosotros nos vamos a quedar con un pufo de 98 millones”, denunciaba.

Padilla ha enviado una batería de preguntas a la Comunidad de Madrid sobre este proyecto, que busca la recalificación de una parcela de medio millón de metros cuadrados en Valdebebas, unos terrenos hasta ahora de uso deportivo y que el Ayuntamiento de Madrid permitirá dedicar a oficinas, hoteles, hospitales privados y universidades de pago.

Este periódico ha accedido al listado de preguntas formuladas por Más Madrid a la Comunidad, que están pendientes de respuesta. Son las siguientes:

Una parte de la Casa de Campo va camino de convertirse en un centro de eventos taurinos. Lo está preparando el Gobierno de Ayuso en su reforma de la protección de este entorno como Bien de Interés Cultural (BIC), que tramita desde hace unas semanas, y lo piden los empresarios y asociaciones taurinas, que reclaman mejorar las instalaciones de la Venta del Batán, un espacio utilizado hasta ahora para guardar los toros bravos camino de Las Ventas y que también funcionaba como escuela de novilleros.

Los cambios en el BIC adelantados por Somos Madrid hace unos días parecen responder a buena parte de las ideas que enviaron a la Comunidad de Madrid un grupo de empresarios y asociaciones con intereses taurinos, convocados hace un año por el Centro de Asuntos Taurinos creado por Ayuso dentro de una consulta preliminar de mercado, que sirviera para diseñar futuras obras y la explotación comercial de la Venta del Batán. La Consejería de Medio Ambiente, de la que depende la entidad taurina, aseguró entonces que servirían “como punto de partida para afrontar la futura licitación de este servicio”.

Este periódico ha tenido acceso al contenido de las propuestas, formuladas por varias empresas (Las Ventas Tour, L35, Eventos Palacio Vistalegre), asociaciones (Ganaderos de Lidia de la Región de Madrid, El Toro de Madrid, Chenel y Oro), Radio España, la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid y por la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, a las que se preguntó sobre qué hacer con los corrales, la plaza, con la escuela de tauromaquia José Cubero Yiyo y cómo hacer rentable una posible gestión del recinto.

La gran mayoría propone ampliar y cubrir el actual coso taurino existente y que se cambie su categoría de plaza de tientas a un futuro uso como plaza de toros, el que permite celebrar corridas con muerte de las reses. La idea es que la plaza pase de sus tres filas de asientos a una más grande con aforo de unas 1.500 personas, que sirva como eje de un complejo donde habrá otras instalaciones como zonas museísticas y un espacio ampliado para la actual escuela taurina y también carpas efímeras “que sean alquiladas para eventos como bodas, comuniones o eventos de empresas para rentabilizar el espacio”.

La empresa que gestiona el Palacio Vistalegre propone que la Venta del Batán se convierta en “un centro de interpretación del toro bravo”, con un recorrido turístico por las instalaciones en el que la plaza sería uno de los lugares destacados. La idea sería cubrir de manera retráctil con una cúpula traslúcida, al estilo del recinto que gestiona en el distrito de Carabanchel.

La Federación Taurina de la Comunidad de Madrid se suma a la petición de carpas y a la monetización de estas instalaciones mediante la celebración de eventos como “bodas, comuniones, fiestas de baile o capeas”. Uno de los proyectos más elaborados es el de la empresa que explota la plaza de Las Ventas, que denomina El Batán. El Parque del Toro de Madrid y propone la creación de un Centro de interpretación del toro bravo y la dehesa ibérica, con exposición permanente y recursos audiovisuales, maquetas, hologramas y experiencias inmersivas, “con un enfoque pedagógico para público general y escolar”, explica en la propuesta.

También plantea crear un espectáculo estable de gran formato “que combine escenografía histórica sobre el origen del toreo y el arte flamenco, con actores, caballos, toreros y bailaores en un espectáculo nocturno envolvente, con música, iluminación y proyecciones 360°”. La intención de Las Ventas Tour -la compañía consultada- es “convertir la Venta del Batán en un polo de atracción turística y cultural” a través de esta y otras representaciones temáticas, con funciones semanales y aforo estable durante todo el año. Incluso pide abrir un “hotel boutique para experiencias VIP”.

Otro de los espacios centrales de las ideas es el bar-restaurante, que sería ampliado para aumentar su aforo y luminosidad, con terrazas y posibilidad de cerramiento invernal traslúcido. La Asociación de Ganaderos de Lidia de la Región de Madrid propone instalar acristalamientos con vistas a los establos “que permitan a los clientes ver a los animales en los cercados mientras disfrutan de su comida”. También estudian la celebración de actividades y talleres taurinos para niños, además de crear un espacio expositivo que muestre la historia y la cultura de las ganaderías de la Comunidad de Madrid a través de un recorrido museístico “que culmine en la exhibición de animales vivos de diferentes razas y edades”.

Algunas organizaciones invitadas añaden notas de color como la construcción de El Toro de España, una gran estructura metálica en forma de este bóvido, “que sería visible a decenas de kilómetros de distancia y, sobre todo, desde los aviones comerciales que aterrizan y despegan del aeropuerto de Madrid-Barajas”, una iniciativa que defiende Radio España. “Este enorme potencial de visualización sería, de por sí, la mejor campaña promocional de la Tauromaquia y de España, de manera permanente, como lo es la Torre Eiffel para Francia”, añaden. Calculan que pueda ocupar al menos 33.000 m² de las instalaciones, la mitad del terreno disponible. “La obra se concibe como una atracción turística que permitiría al público poder subir a la cúspide (los cuernos) y contemplar panorámicamente todo Madrid”, prosiguen en la descripción de este elemento, que incluiría en sus plantas intermedias cafeterías, miradores o salas de exposiciones. Calculan que sus ingresos podrían ser similares a los del icono parisino, en torno a “100 millones de euros anuales”.

Demoler la Nave de Prácticas para dotarla de más usos

Varias de las propuestas pasan por demoler la actual Nave de Prácticas y que su nueva construcción contemple otros usos más comerciales, “desde convenciones empresariales o ferias a eventos familiares”, además de albergar la Escuela de Tauromaquia. Aunque muchas de las ideas lanzadas no fijan un periodo mínimo de explotación, dos de ellas citan que la Venta del Batán debería ser privatizada al menos 20 años para asegurar la rentabilidad de la operación.

La mayoría de propuestas contrastan con las que hace la Asociación El Toro de Madrid, que exige un uso limitado de todas las instalaciones, renovándolas, pero manteniendo su función actual y proponiendo que albergue novilladas. Este colectivo pide reservar la plaza para su labor actual y que el restaurante quede supeditado “a la función principal que históricamente ha definido este espacio: el descanso, aclimatación y exposición pública de las reses que serán lidiadas en la Plaza de Las Ventas”. También añade que “cualquier actividad comercial deberá evitar convertir la Venta del Batán en un parque temático”.

Los planes de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia son también de tono conservador, con “un espacio expositivo, divulgativo y educativo” como elemento más destacado, “que acerque al visitante, de forma rigurosa y atractiva, al conocimiento integral del toro de lidia, su crianza, su entorno natural y su papel en la historia, la cultura y la economía rural de España”.

La Comunidad de Madrid aún no ha decidido cuáles de estas ideas intentará plasmar en una posible concesión de las instalaciones. Y no lo hará en lo que queda de legislatura, informan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente a este periódico. La licitación para esta explotación y el formato se decidirá por el Gobierno que salga de las urnas el próximo mes de mayo. De momento, la modificación BIC en tramitación apunta a cambios de uso en la plaza para permitir corridas de toros, así como la apertura de ferias y el permiso para negocios de restauración. También se indican posibles usos residenciales, aunque estos quedan restringidos a “la custodia de toros, fomento del toreo y reses bravas, o a la vigilancia y mantenimiento del recinto”.

La Venta del Batán fue inaugurada en mayo del año 1950 para la exhibición de las reses bravas destinadas a las ferias taurinas, bajo gestión del Ayuntamiento de Madrid. Su actividad cesó durante la alcaldía de Manuela Carmena, pero una cesión temporal en 2021 a la Comunidad que se convirtió en indefinida en el año 2025 ha puesto de nuevo el espacio en marcha, primero con la escuela de tauromaquia y ahora con los usos que quiera darle el Gobierno regional. “La Comunidad de Madrid preparará un contrato de cesión administrativa a la empresa que presente el mejor proyecto, contribuyendo a dar una nueva vida a este espacio histórico para la tauromaquia madrileña”, aseguró hace un año sobre sus intenciones con este recinto.

Este fin de semana la Liga de Fútbol Americano llega a Madrid por segunda vez, después de su estreno hace un año. Lo hará con entradas a la venta desde 153 euros y a casi 500 euros las más caras, aunque para un reducido grupo de chamartineros el acceso será gratuito, debido a una insólita iniciativa del Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid va a repartir una decena de entradas solo para los habitantes de los dos barrios situados en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, los de El Viso e Hispanoamérica. El primero es el barrio más rico de la capital, con una renta por cabeza de casi 50.000 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El segundo es el décimo de la lista con mayores ingresos. El consistorio lo hace a petición de la NFL, que le ha facilitado los tickets para el partido.

Para poder participar en este sorteo, que se celebra hoy, era necesario presentar durante la semana pasada una solitud en la Junta de Chamartín, entidad organizadora de este concurso, junto con un justificante del empadronamiento en los dos barrios citados para que no pudieran concurrir ciudadanos de otros lugares de Madrid.

El sorteo para los habitantes de estos barrios acaudalados llega en pleno conflicto con los vecinos del entorno del Bernabéu, que hace unos meses denunciaron el ruido excesivo que provocó el evento de la NFL de 2025 con los conciertos programados. Las actuaciones musicales superaron entonces los límites legales y la Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu reclaman por ello en los tribunales. El reparto de entradas se interpreta ahora como una forma de ganarse el favor de esos vecinos.

El sorteo de entradas en barrios ricos ha sido denunciado por el PSOE, que considera otra forma de “prioridad nacional” en el PP. “Mientras el deporte público se cae, mientras permanecen cerradas instalaciones por averías piscinas con desumectadoras estropeadas, se destina 1,8 millones de euros al patrocinio de la NFL”, afea la concejala socialista María Caso. “Y mientras tanto las entradas de este evento se distribuyan entre vecinos privilegiados de dos barrios muy concretos de la capital”, añade.

Por su parte, el alcalde Almeida ha presentado esta mañana una exposición de tres cascos de grandes dimensiones de la NFL en la explanada de Cibeles, frente al Ayuntamiento. Asegura que la edición del año pasado tuvo un “éxito increíble” y que este nuevo encuentro contribuirá a reafirmar a Madrid “como una de las grandes capitales mundiales del deporte”.

La recalificación que el Ayuntamiento prepara al Real Madrid acaba de llegar a terreno judicial. Más Madrid ha presentado esta mañana denuncia ante la Fiscalía Provincial para que investigue posibles indicios de delito en una tramitación que ha quedado en entredicho después de descubrirse que el informe económico que sustentaba la operación contenía errores de bulto.

El partido de Rita Maestre considera que estos fallos invalidan una operación que califica de “posible pelotazo” a la vista de las cifras ahora cuestionadas. “Cuando eliminamos ese error contable es que pasamos a un menoscabo de 99 millones de euros”, según los cálculos de Más Madrid, ha dicho la portavoz del partido a las puertas de la Fiscalía. “No nos parece un error contable, nos parece algo treméndamente sospechoso” y pone el foco en el Gobierno de Almeida por orquestar este movimiento urbanístico y también en la Intervención General.

Maestre habla además de un “sospechoso informe giratorio” aludiendo a estas cuentas incorrectas firmadas por Savills, consultora presidida por el hermano de Esperanza Aguirre y que había trabajado previamente para el proyecto del Real Madrid. “Existen muchos indicios para sospechar de esta operación (...) si quien trabaja para Florentino trabaja después para Almeida”, ha añadido.

Más Madrid ha llevado el caso también ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción para pedirle que investigue esta operación, todavía en su fase de tramitación y que aún no ha sido aprobada. “Estamos hablando de posibles delitos de prevaricación urbanística y administrativa, fraude, malversación y falsedad documental, además de otras irregularidades que urge investigar”, añaden fuentes del partido de la oposición sobre el objeto de sus denuncias.

El alcalde de Madrid reconoció la semana pasada los errores, pero aseguró que la recalificación seguiría adelante. Más Madrid ya ha adelantado que si se aprueba de forma definitiva se plantean una denuncia por la vía contencioso-administrativa.

Un “error” de 98,6 millones de ingresos

La distorsión en los cálculos desvelada hace una semana añadía al balance económico de la operación 98,6 millones de ingresos a partir del 2033, el quinto año de desarrollo del proyecto, al sobredimensionar los ingresos procedentes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). En su lugar, esta cifra debía ser de 986.000 euros, pero que aparecía disparada en el informe por un error en el factor de multiplicación, cien veces mayor.

Estos ingresos corregidos no sirven para compensar los casi 100 millones de euros que al consistorio le costará mantener durante los cuatro años anteriores las nuevas infraestructuras que construirá en el entorno: carreteras y un parque municipal urbano que rodeará las instalaciones propiedad del Real Madrid. El estudio de esta operación fue encargado a dedo por el Ayuntamiento después de la victoria electoral de Florentino Pérez el pasado verano y fue firmado por Savills.

El alcalde de Madrid defendía hace una semana que se trata de “un error que no tiene consecuencias prácticas por una razón, porque esos 98 millones no se iban a cobrar” y sigue defendiendo que “no hay ninguna pérdida económica real para el Ayuntamiento de Madrid”, obviando el resto de cifras del informe económico. “Lo que sí es cierto es que hay ese error y lo que hay que hacer es rectificarlo”, añadió sin aclarar de qué manera piensa hacerlo o si se verá obligado a reiniciar la tramitación.

El informe justificaba una operación urbanística muy rentable para el Real Madrid, que ganaría con la recalificación 185,5 millones de euros gracias al cambio de usos de los terrenos, antes de iniciar su proyecto constructivo. La intención del club merengue es la de levantar en estos terrenos el Madrid Innovation District, un centro de innovación para empresas al que también añadirá un hospital y una universidad privada, hoteles, comercios y hasta formatos de hospedaje temporal de tipo flex living.

Esta madrugada agentes de la Policía Nacional y Municipal han desalojado la acampada de la Puerta del Sol, en una intervención sin apenas incidentes salvo la detención de dos personas por resistencia y desobediencia a la autoridad, informan fuentes de Delegación del Gobierno. Los participantes de la protesta, sin embargo, denuncian un “desalojo violento”.

La intervención se produjo poco antes de las tres de la madrugada del lunes al martes, unas horas después de que los representantes de la Acampada 26S leyeran su manifiesto final, consensuado durante los últimos días y que se convertía en la última reivindicación política de la protesta. En el desalojo han sido sacadas de las tiendas 34 personas, que eran superadas en número por el despliegue policial (220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid). También estuvieron presentes bomberos y servicios sociales, ante el gran número de personas sinhogar que pernoctaban en el lugar.

Después del desalojo, los servicios de limpieza han procedido a desmontar las tiendas de campaña y a retirar todos los enseres de los acampados, cortando el acceso a los viandantes hasta que se completen los trabajos que a primera hora del martes avanzaban con rapidez, según pudo comprobar in situ Somos Madrid. A las 13.00 horas la plaza ya se encontraba despejada y abierta al público. El Ayuntamiento ha recogido 36,2 toneladas de tiendas y restos de objetos a depósitos municipales para su entrega a quien los reclame [aquí puedes ver imágenes de la actuación y de las últimas horas de la acampada] aunque el sistema de recogida, con grandes palas de excavadoras, ha dejado bastantes dañados los materiales retirados.

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por este periódico han destacado la coordinación entre los cuerpos y servicios participantes y agradecido “la profesionalidad de quienes han intervenido en una actuación que ha permitido completar el desalojo sin alteraciones violentas del orden público, bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad”. La nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, ha declarado luego que no ha habido “disturbios ni episodios de violencia” y que la operación formaba parte de una intevención “gradual” practicada durante los últimos días, en los que se pudo apreciar la disminución del espacio ocupado por las tiendas en la plaza.

Desde Acampada 26S han denunciado, sin embargo, que la intervención policial fue “violenta, ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación del gobierno, dirigida por el PSOE. Durante el operativo, varias compañeras han resultado heridas como consecuencia de los golpes y del uso de gas pimienta”.

El ya exdelegado del Gobierno, denunciado por la Comunidad de Madrid ante los tribunales acusándolo de “inacción” hasta su dimisión. Ha defendido el desalojo en una publicación en X: “Frente a los hiperventilados con tantas ansias de palos como pocorespeto a los derechos fundamentales: responsabilidad y legalidad”.

Manifiesto y sin fecha de desacampada

La Acampada 26S ha sido desalojada cuando cumplía su noche número 38 en la Puerta del Sol y no había fijado fecha para su salida definitiva. Durante este mes largo de protesta su composición había ido variando notablemente desde que se pusiera en marcha después de una manifestación multitudinaria del Sindicato de Inquilinas, que tomó las calles en protesta por el desahucio de Maricarmen. Las organizaciones con más fuerza habían ido abandonando progresivamente la plaza, empezando por el propio Sindicato y siguiendo por otras también destacadas como la Coordinadora Juvenil Socialista.

Este lunes, los portavoces del movimiento que mantenía la acampada leyeron el manifiesto de despedida, aunque no se había puesto fecha definitiva para levantarla, para afrontar la preparación de la huelga de la semana que viene. “Somos la fuerza que tiene la mayoría social si trabaja unida, y no nos vamos a conformar con migajas”, advirtieron en el texto. Algunos de los acampados allí presentes mantenían su intención de continuar con la protesta, pese al evidente descenso de apoyo popular: el manifiesto final fue leído ante unas cien personas, muy lejos de las miles que formaron parte de este movimiento en sus primeras semanas de protesta.

Los portavoces de la acampada 26S se habían negado este lunes a dar detalles sobre el futuro del asentamiento en Sol y cuál iba a ser la fecha de su levantamiento, después del anuncio durante el fin de semana de que la mayoría de comisiones se retiraban de ese lugar. La única respuesta a las preguntas de la prensa sobre ello fue el emplazamiento al martes y al miércoles de nuevos anuncios en ese sentido. Después del desalojo, anuncian el lanzamiento de un comunicado y una convocatoria a los medios para explicar su versión y enseñar pruebas audiovisuales de la violencia de la que acusan a la policía. Algunos de los acampados han publicado en redes sociales vídeos grabados en directo sobre cómo se ha producido parte del desalojo, con identificaciones de todos los acampados.

El PP agradece el desalojo a la Delegación del Gobierno

Tanto el alcalde Almeida como la presidenta Ayuso y el candidato a la presidencia Feijóo se han pronunciado este lunes para celebrar el desalojo y agradecer a la nueva delegada del Gobierno la actuación policial, mientras reparten otras críticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado a Pedro Sánchez y al delegado del Gobierno de haber “permitido otra vez una situación ilegal” con la acampada. En un vídeo remitido a los medios de comunicación, Ayuso ha asegurado que son “culpables” del “secuestro de este lugar público”, así como de los “actos violentos que se han llevado a cabo”, informa África Gelardo. De nuevo, la líder madrileña ha hecho alusión a las pérdidas económicas del comercio en la zona, aunque sin especificar el origen de las cifras.

Entre sus acusaciones al presidente del Gobierno, ha destacado que “también hay partes buenas”: “Quiero dar las gracias a la nueva delegada del Gobierno”, ha continuado, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Municipal y otros servicios como los profesionales de la limpieza. “Vamos a seguir reclamando por la vía judicial que los responsables de estos actos paguen por todo el daño que han causado”, ha concluido. Luego se ha conocido que la Comunidad de Madrid incluirá en la querella presentada contra el exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, los costes para Metro de Madrid derivados de la acampada en la Puerta del Sol, principalmente por aquel polémico cierre de día y medio para limpiar conductos de ventilación.

“Una nueva factura del sanchismo en Madrid”, ha criticado el alcalde en un tuit publicado esta mañana aludiendo a los 30 millones de euros en pérdidas calculado por la patronal de comerciantes -dato ofrecido hace dos semanas sin ningún informe público que lo respaldara-. José Luis Martínez-Almeida ha evitado críticas a la Delegación del Gobierno, aunque sí publicado un vídeo con varias armas caseras que la Policía Municipal atribuye a la acampada. Sí que se ha acordado de la Delegación Alberto Núñez Feijóo, que ha apuntado que la nueva delegada Pilar Trinidad “puede intuir que este mes se producirán cambios políticos en España, podría no querer asumir más responsabilidades de las necesarias”.

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado este martes que “cuesta entender” el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol después del anuncio de sus promotores de levantarla, y ha pedido investigar si durante la actuación se utilizó gas pimienta, tal y como han denunciado los integrantes de la protesta. “A falta de conocer más detalles, entiendo por lo que se ha publicado que los promotores de la acampada ya habían advertido de que iban a levantar esta acampada”, ha señalado para después reclamar que cualquier actuación de este tipo se lleve a cabo con criterios de “proporcionalidad”. “Creo que es algo a investigar si efectivamente se ha utilizado gas pimienta”, ha puntualizado.

El gris de los nuevos soportes está sustituyendo estos días al verde de los antiguos en la Casa de Campo. Las instalaciones del Teleférico de Madrid se encuentran en plena renovación y las obras han llegado a las pilonas, las estructuras que soportarán el cable de cinco kilómetros que llevará las cabinas desde el Balcón de Rosales hasta el Cerro de las Olivas.

Hasta el momento han sido instaladas cinco de las pilonas que, según el proyecto del teleférico avanzado por Somos Madrid, conformarán el nuevo camino en el cielo de la capital. Quedan todavía dos de las antiguas por demoler, las más cercanas al entorno urbano y que previsiblemente desaparecerán en los próximos días.

Los trabajos avanzan a la vez que la renovación de las dos estaciones Pintor Rosales y Casa de Campo, de las que se han conservado las estructuras para rehacerlas casi por completo. Desde allí saldrán las 47 nuevas cabinas del Teleférico de Madrid, que fueron presentadas por el Ayuntamiento el pasado mes de junio. La intención del Gobierno de Almeida es poner en marcha este servicio antes de las próximas elecciones municipales.

Aunque el número de cabinas será menor de las que había hasta ahora (78), pero la capacidad para llevar pasajeros será mayor, porque la velocidad del transporte aumentará de 3,5 m/s a 6 m/s. Esto se traducirá en que el teleférico podrá llevar hasta 1.800 personas por hora frente a las 1.200 del anterior modelo. Algunos viajeros consideran una desventaja el aumento de la velocidad, que acortará la experiencia del trayecto.

“¿Qué queremos?” Se preguntan los acampados en Sol en el manifiesto final consensuado después de varios días de discusiones. “Ni gente sin casa, ni casas sin gente”, responden en la principal demanda de una extensa lista de reivindicaciones con las que han querido recoger el sentido de su protesta, que va camino de la disolución pero a la que aún no han puesto fecha defenitiva.

El texto verbalizado este lunes por cuatro portavoces del movimiento [aquí puedes leerlo completo] intenta explicar de dónde ha nacido esta acampada, sus principales reivindicaciones y cómo van a intentar conseguirlas. “Somos la fuerza que tiene la mayoría social si trabaja unida, y no nos vamos a conformar con migajas”, advierten.

“Hemos aprendido que, si nos juntamos, podemos romper el aislamiento y provocar cambios reales, soñando y construyendo un futuro en el que queremos y merecemos vivir. La Acampada es prueba viva de esto”, dicen al explicar el orgien de un movimiento que tuvo el desahucio de Maricarmen como “el detonante y el símbolo de nuestra lucha”. Pero que luego siguió por “la inestabilidad en los hogares por la falta de una vivienda digna, la pérdida de nuestros barrios y la degradación de los servicios públicos”, algo que “nos hizo decir basta”.

Los acampados creen que “otra manera de hacer las cosas es posible gracias a la autogestión y el apoyo mutuo. Hemos creado una comunidad cuyas bases son el amor, los cuidados, el apoyo emocional y la esperanza de volver a una humanidad solidaria y colectiva”, añaden antes de advertir que “el reto no consiste únicamente en construir una comunidad solidaria dentro de la acampada, sino que sus derechos estén garantizados sin tener que depender de ella”.

La vivienda en el centro pero va más allá

El qué queremos del manifiesto arranca con la citada frase de “ni gente sin casa, ni casas sin gente”, pero luego exige “un cambio social real, que debe producirse a nivel moral, identitario y emocional, así como en las condiciones materiales de vida”. Y piden a las instituciones “que se encarguen de garantizarla para la mayoría social” al constatar que se ha roto “la confianza depositada en el sistema por la soberanía popular”.

El manifiesto denuncia “la presión económica y laboral que precariza nuestras vidas, así como la existencia de grandes tenedores, empresas de desokupación y fondos buitre que, con la colaboración institucional, se lucran desahuciando a las familias de sus casas, con impunidad a su violencia”. Frente a ello, apuestan por “facilitar el acceso a la vivienda por medio de proyectos de vivienda social accesible o residencias de distinta índole”, además de “una reestructuración de los barrios y una arquitectura que apuesten por la convivencia y los espacios de encuentro, y por una vida laboral que nos permita tener tiempo para vivir y convivir”.

La respuesta a todo esto debe ser colectiva. Llevamos dentro un mundo nuevo, aprendemos en comunidad y somos el resultado de luchas pasadas, de las que hemos heredado conquistas y aprendizajes para poder construir un legado de derechos futuros. Por esto, estas demandas no son únicamente un manifiesto, sino una declaración de nuestro compromiso para seguir avanzando juntes, con todas aquellas herramientas con las que contamos para avanzar hacia nuevas realidades.

La acampada quiere hacer extensivas estas demandas a todas las personas, explicitando que “ningún ser humano es ilegal” y hace algunas reclamaciones en la estructura económica, como sustituir “el modelo de franquicias, grandes empresas y comercio basado en el turismo, por uno más sostenible para la ciudadanía”. También pone el punto de mira en “la ansiedad, la depresión y soledad”, que considera síntomas “de un sistema violento” y reclama “el fin de los abusos psiquiátricos, la medicalización forzosa y la patologización de la precariedad”.

Un horizonte “desde nuestras plazas, calles y casas”

“Podemos conseguirlo con una lucha conjunta, transversal e internacionalista”, defienden en la tercera parte del manifiesto, el primer texto político de relevancia que surge de la acampada después de la salida del Sindicato de Inquilinas, hace ya algunas semanas. “El miedo está cambiando de bando. Nos hemos juntado y organizado, tenemos la capacidad de alterar la realidad mediante la acción directa. Para ello, proponemos la Puerta del Sol, al igual que el resto de plazas populares, como punto neurálgico de reunión y asamblea post-acampada”, expresan reclamando más espacios de reunión y protesta.

“Consideramos ilegítimo y criminal un sistema que nos relega a la calle habiendo casas vacías. Tenemos claro que muertes como la de Maricarmen son asesinatos”, prosiguen después de avisar que “seguiremos parando cada desahucio y cada desalojo”. “Nos apropiaremos de los espacios que sean necesarios como punto de encuentro y reunión”, continúan, reclamando “la desobediencia civil como recurso”. Y declaran su apoyo explícito a la huelga general del próximo 11 de noviembre

Por último, el comunicado leído junto a la estatua del Oso y el madroño asegura que el 26S “es un movimiento que trasciende a la acampada en sí. Más allá de la Puerta del Sol, esta fuerza se ha extendido y conformado como una protesta que aún lucha y mantiene redes internacionales”. Y concluye: “Esta acampada, esta ciudad efímera compuesta por tiendas y lonas, la llevaremos siempre con nosotres. Nuestro espíritu está en Sol, la calle se hace al habitarla, y esta plaza será campo para cultivar nuestros anhelos”.

El camino de la desacampada

Los portavoces de la acampada 26S se negaron este lunes a dar detalles sobre el futuro del asentamiento en Sol y cuál será la fecha de su levantamiento, después del anuncio durante el fin de semana de que la mayoría de comisiones se retiraban de ese lugar. La única respuesta a las preguntas de la prensa sobre ello fue el emplazamiento al martes y al miércoles de nuevos anuncios en ese sentido.

La protesta, que ya se extiende más días que los que llegó el 15M, comenzó a hablar de desacampada hace casi tres semanas, cuando una asamblea general propuso la redacción de un manifiesto que recogiera todo el sentir de este movimiento, a la vez que alargaba el final del campamento que desde finales de septiembre ocupa el centro neurálgico de Madrid. Entonces, los representantes de las comisiones lanzaron unas palabras que definían bien cómo se podrá recordar esta acampada en el futuro: “El verdadero éxito de esta acampada no debería medirse únicamente por cuánto tiempo conseguimos aguantar, sino por nuestra capacidad para convertir todo lo que hemos conseguido aquí en una fuerza colectiva y política que perdure más allá de la Puerta del Sol”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a ampliar el catálogo de actividades permitidas en la Venta del Batán, el recinto taurino que está impulsando desde que el Ayuntamiento de Madrid se lo cedió para que trasladara allí una escuela de toreo. Lo hará a través de algunos cambios que está introduciendo en la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para la Casa de Campo, que ha abierto para “adaptar a las necesidades contemporáneas” algunos espacios, según el texto del expediente incoado.

Hasta ahora, el uso permitido en este recinto, situado a pocos metros de la estación de Metro de Batán, es el de “la custodia y aclimatación de reses bravas en espera de traslado a las plazas de toros”, aunque también se permitía como uso compatible desde la anterior declaración BIC, que data del año 2010, el de “la enseñanza del toreo en el ámbito de la Escuela de Tauromaquia”. En la nueva propuesta de la Comunidad de Madrid, todavía en tramitación, se amplía el uso principal para que las reses también puedan destinarse a otras explotaciones ganaderas y que las instalaciones puedan ser objeto de “rehabilitación y mejora”. Aunque las modificaciones más importantes llegan con los usos asociados.

En este segundo ámbito, se mantiene la enseñanza del toreo y además se amplía a la celebración de corridas de toros: “Se establecen como usos compatibles los espectáculos taurinos con muerte o sin ella”, explicita la nueva declaración BIC, que también permite organizar allí el “uso cultural vinculado con el toreo” o “ferias y congresos”. Se permitirá también la apertura de negocios de restauración “en sus distintas modalidades” y el pequeño comercio “ligado a la actividad taurina”. Se contempla además decorar el lugar con “elementos conmemorativos o interpretativos vinculados al toreo”.

La modificación del expediente de protección incluye además la posibilidad de habilitar espacios para que puedan residir allí las personas que trabajen en algunos de los usos de este lugar. En concreto se permite “el uso residencial estrictamente asociado a la custodia de toros, fomento del toreo y reses bravas, o a la vigilancia y mantenimiento del recinto”.

Por último, el expediente incoado incluye la posibilidad de autorizar temporalmente “otros usos asociados al principal y los complementarios” poniendo como límite que no supongan “un deterioro de las condiciones ambientales y patrimoniales del recinto”.

Cambios normativos después de la cesión del Ayuntamiento

Las modificaciones de calado en las posibilidades que permitía hasta ahora la Venta del Batán llegan un año después de que el Ayuntamiento de Madrid cediera a la Comunidad de forma indefinida estas instalaciones de la Casa de Campo. El Gobierno de Almeida lo entregó a cambio de que el de Ayuso acometiera las reformas necesarias para conservar la escuela y aprovechar el recinto. Además, le anticipaba alguna de las actividades que ahora incluye en la nueva propuesta para el BIC de la Casa de Campo, según adelantó también este periódico.

En concreto, la cesión municipal a través de una mutación demanial ya anticipaba que permitiría la celebración de “festejos taurinos con muerte de las reses, como novilladas con picadores, sin picadores y festivales taurinos, así como la posibilidad de celebrar clases prácticas y tentaderos sin muerte de las reses lidiadas”. También “otras actividades relacionadas con la tauromaquia y su cultura”, como eventos encaminados hacia su “promoción cultural”, “ferias nacionales e internacionales relacionadas con el mundo del toro o la realización de grandes eventos del sector, como presentación de ferias o festejos de singular interés”. Además, planteaba que el recinto se pudiera utilizar para “exposiciones culturales con temática taurina”, visitas guiadas o incluso “jornadas para colegios”.

Cuando se conoció esta cesión, la oposición preguntó por ella en la Comisión de Cultura municipal. Allí, Más Madrid planteó sus dudas de que estas actividades fueran compatibles con el grado de protección de la Casa de Campo. “Todo este proyecto choca frontalmente con la declaración de Bien de Interés Cultural”, advirtió en su día la concejala Cuca Sánchez. Lo hacía refiriéndose a que cualquier licencia para estas instalaciones debía contar con informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, que podría tumbar las propuestas si no eran acordes con la declaración BIC. Una vez que tengan lugar los cambios propuestos por la Comunidad, las actividades que ya anticipó el consistorio serán posibles.

La Venta del Batán es una finca de 65.215 metros cuadrados situada muy cerca del Parque de Atracciones, a la altura de la estación de Metro de Batán. Su actividad como escuela taurina fue retomada por el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, después de que en el año 2018 el Gobierno de Carmena cesara su actividad al no renovar el convenio que mantenía con sus anteriores gestores. En enero de 2021 el Pleno acordó gestionar de forma directa, pero luego cedió su control a la Comunidad de Madrid.

Desde hace cinco años es el Gobierno de Ayuso el que se encarga de las instalaciones y de su mantenimiento, gracias, primero a un convenio firmado con el consistorio, y luego a la cesión definitiva antes citada. Allí desarrolla su actividad la Escuela Regional Taurina José Cubero Yiyo.

Este periódico ha preguntado por el motivo de este cambio a la Consejería de Cultura, encargada de tramitar la modificación de la declaración de la Casa de Campo como Bien de Interés Cultural. Fuentes de este departamento aseguran que el cambio “mantiene los valores y la categoría del bien y precisa los criterios para su conservación, gestión y uso”, así como sirve para adaptar la declaración a la Ley 8/2023 de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid “y aporta una base más precisa al futuro Plan Especial de Protección, favoreciendo la seguridad jurídica y la coordinación entre protección patrimonial y planificación urbanística”. En cuanto a los cambios que afectan a la Venta del Batán, consideran que la única novedad es la introducción de las actividades de restauración y que las taurinas “ya estaban contempladas en la declaración vigente”.

Luz verde a la privatización del auditorio al aire libre con mayor aforo de Madrid, un lugar que la mayoría de la ciudad ha olvidado porque lleva casi dos décadas sin albergar eventos. Se trata de los graderíos que el Ayuntamiento de la capital construyó a principios de los noventa en el parque Juan Carlos I, donde han actuado figuras como Björk, Alicia Keys, Avril Lavigne y grupos como Massive Attack o Guns N’ Roses.

La opción elegida por el Gobierno de Almeida para esta enajenación es la de la concesión demanial durante 35 años –prorrogables por otros cinco más– en un concurso que se inició hace unos días y que recibirá ofertas hasta el próximo 24 de noviembre, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso Somos Madrid. El consistorio quiere modernizarlo para convertirlo “en un espacio de primer nivel que contribuya a reforzar la oferta cultural, deportiva y de ocio de la ciudad” y asegura que con este renacimiento el auditorio está llamado “a convertirse en un referente clave del liderazgo cultural de Madrid”.

Las condiciones para la explotación de este recinto fijadas en el concurso exigen que al menos el 60% de la programación sea de tipo cultural, deportivo o de ocio y que los contenidos estén dirigidos al público en general. Pero podrá compatibilizarse con un 40% de eventos privados como reuniones, conferencias, congresos, ferias u otro tipo de eventos. Y será obligatoria la apertura de un espacio de restauración también abierto al público.

La propuesta presta especial atención al informe acústico que asegure unos límites de emisiones acordes con la normativa municipal. El ruido es una de las quejas habituales en los vecindarios de espacios para eventos y parece que el Ayuntamiento de Madrid quiere curarse en salud desde el planteamiento del proyecto. No obstante, los pliegos recogen la posibilidad de que se puedan superar los niveles acústicos ordinarios hasta 30 días por año, además de abrir el parque fuera de su horario habitual.

El concurso incluye la posibilidad de que el adjudicatario pueda ampliar las instalaciones con nuevos edificios que sean compatibles con la actividad que allí se programe y cita como ejemplos el uso del espacio de la fuente cibernética como parte del escenario o de los graderíos, instalación de elementos efímeros o la apertura de la citada zona de restauración en la zona noreste del recinto. El aforo del recinto que se toma como referencia es de 9.813 personas.

El concesionario deberá pagar un canon mínimo cercano al medio millón de euros anual (empezando por 446.000 euros, al que se añadirá el 2% por cada año de explotación), además de afrontar las obras de remodelación, que el Ayuntamiento de Madrid calcula que costarán como mínimo 15,7 millones de euros. Los informes indican que el valor estimado actual de las instalaciones que se cederán es de 35,9 millones de euros.

Un auditorio de los 90 con más tiempo de abandono que de uso

La recuperación del auditorio del Juan Carlos I se empezó a cocinar durante la alcaldía de Manuela Carmena, pero continuó en verano del 2019, con Almeida recién llegado a la alcaldía de Madrid. Los documentos que forman parte del anteproyecto y que analizan el estado de las infraestructuras datan de sus primeros años de mandato y advierten de un estado de conservación aceptable, con “carencias y deterioros que deben ser subsanados”, pero sin daños importantes en sus estructuras, más allá de los producidos por el paso del tiempo en una dotación que lleva casi dos décadas sin uso.

Inaugurado en el año 1992 por José María Álvarez del Manzano con motivo de la capitalidad europea de Madrid, el recinto fue ideado durante las alcaldías socialistas de Enrique Tierno Galván y Juan Barranco, siguiendo un proyecto encabezado por el arquitecto Antonio Fernández-Alba, con estructura de hormigón y formas geométricas en los graderíos (tres rectangulares y dos triangulares).

El recinto contaba además con una fuente cibernética que ofrecía un espectáculo de luces, música y proyecciones láser muy del gusto de la época, que se cobraba a 800 pesetas la sesión en el momento de su inauguración, durante el verano de 1992. Fue apagada a principios de siglo y desde entonces no funciona por encontrarse muy dañada.

El recinto albergó conciertos durante casi 16 años hasta su clausura y abandono en el año 2008. El área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid apuesta ahora por recuperarlo en un momento en el que la ciudad adolece de instalaciones para acoger los grandes eventos que el consistorio apuesta por atraer, con aforos de entre 5.000 y 10.000 personas, que no generen problemas de ruido en sus aledaños. En la capital, el único que tiene una capacidad similar es el del Tierno Galván, en Arganzuela, donde los vecinos han registrado numerosas quejas por la eventificación de esta zona verde durante los últimos años, en los que se ha incrementado el número de festivales que acoge.

El auditorio se privatizará de forma similar al antiguo Imax del parque Tierno Galván, que explotará durante 42 años a una empresa de musicales y que actualmente se encuentra en plena remodelación. La identidad de la empresa que gestionará el auditorio del parque Juan Carlos I será una incógnita hasta que se resuelva el concurso, pero el departamento que dirige Marta Rivera de la Cruz ya desveló el pasado invierno que al menos dos empresas se han interesado por su explotación. Fue en ese momento cuando abrió un plazo de 30 días para escuchar otras propuestas y ahora abre de forma definitiva el concurso para entregar la explotación durante los próximos 35 años.

El soterramiento de la A-5 a su paso por Madrid costará más de lo calculado inicialmente por el Ayuntamiento. El Gobierno de Almeida acaba de aprobar la modificación de los dos contratos con los que se está construyendo el proyecto, el más caro de los asumidos por el alcalde durante sus dos mandatos. El incremento es notable, 33 millones de euros, y los documentos municipales no dejan claras las razones de la subida de la factura.

Según la información del portal de contratación, a la que ha tenido acceso Somos Madrid, el primero de los modificados fue aprobado el pasado 4 de octubre y afectó a los trabajos que se desarrollan en el tramo que va de Batán hasta la zona de Campamento, ejecutados por FCC y Ferrovial. En este caso el incremento del coste fue de 16,50 millones (IVA incluido), un 11,01% más de lo ofertado inicialmente por la unión de ambas compañías.

El segundo modificado se aprobó hace tan solo unos días, el lunes 26 de octubre, y afecta al otro de los dos lotes en los que están divididos los trabajos, el del tramo que va desde el enlace con la avenida de Portugal hasta Batán. En este caso el incremento fue de 16,55 millones de euros (un 11,03% sobre lo ofertado, también con IVA incluido) y las empresas beneficiadas por la subida son Dragados y Acciona.

En total, el coste de la obra se ha elevado hasta los 332.960.684,37 euros desde los 300 millones previstos al adjudicar los contratos. El detalle de los trabajos que han ocasionado el nuevo desembolso se desconoce y el área de Urbanismo y Movilidad, responsable de la actuación, se limita a indicar una fórmula genérica para justificarlos: se trata de “una modificación de las actuaciones relativas a los servicios afectados y de los procesos constructivos inicialmente previstos, como consecuencia de la aparición de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles vinculadas a la localización, características y condiciones de reposición de las infraestructuras de servicios existentes en el ámbito de las obras”. A preguntas de este periódico, tampoco ha dado más detalles de las causas que han motivado el encarecimiento.

Si comparamos el coste de los 33 millones de euros con los que se ha encarecido el contrato con otras actuaciones municipales, esa misma cantidad es lo que ha costado levantar por ejemplo 205 viviendas públicas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo en una promoción reciente de Villaverde, la de Nuestra Señora de los Ángeles.

La modificación del contrato para soterrar la A-5 también alarga la obra, que debería haber acabado esta última semana de octubre y ahora se extenderá al menos hasta finales de enero del año 2027. El consistorio había mantenido hasta ahora que la obra se ajustaba a los plazos previstos. Ahora indica que el retraso en los trabajos no retrasará la apertura del túnel, prevista para el miércoles 23 de diciembre, según avanzó el alcalde de Madrid este miércoles durante un desayuno informativo sobre temas de actualidad.

El alcalde aseguró también que con esta reapertura al tráfico se adelantaba “a los plazos de ejecución inicialmente previstos”, lo que no concuerda con las fechas inicialmente previstas en el contrato, cuya finalización estaba prevista para el pasado 25 de octubre.

La obra con más inversión desde que se soterró la M-30

El Paseo Verde del Suroeste -como se denomina este proyecto de soterramiento- es la obra más importante entre las iniciadas por José Luis Martínez-Almeida durante sus casi ocho años de mandato como alcalde. Aunque tardó toda una legislatura en poder enfilarla debido a retrasos en la definición del proyecto, la apertura al tráfico del túnel llegará antes de las elecciones, si no hay cambios adicionales. Algo más tardará el parque situado encima, de casi cuatro kilómetros de extensión y que transformará los aledaños al paseo de Extremadura, convirtiendo lo que antes eran hasta siete carriles de tráfico que dividían los barrios del distrito de Latina en zonas verdes, dotaciones y espacio para las bicicletas.

El coste total de la obra, sumando estos últimos trabajos a través de un contrato de urbanización que acaba de ser adjudicado, se elevará hasta los casi 390 millones de euros, a los que hay que sumar los importes de la redacción de proyectos y otros aspectos relacionados con la obra, que sitúan la factura final muy cerca de los 400 millones con los que se estimó inicialmente esta actuación.

Este importe es el mayor para una obra municipal desde que el Ayuntamiento de Madrid afrontó el soterramiento de la M-30, con Gallardón como alcalde. Almeida ha tomado esa obra como referencia como ejemplo de transformación urbana, tanto por la mejora de la circulación bajo tierra como por los terrenos que se ganaron encima para crear Madrid Río. Aquellos trabajos, sin embargo, también llevaron acarreados fuertes sobrecostes que acabaron endeudando la capital durante décadas, con una factura que se paga a día de hoy. Entonces fueron más de 3.700 millones de gasto y el desvío fue mucho mayor que ahora, de casi el 48%, muy por encima del 11% del Paseo Verde del Suroeste.

Este miércoles, la Federación Española de Municipios había convocado un minuto de silencio a las puertas de todos los ayuntamientos en España en memoria de las decenas de víctimas del accidente ferroviario de Urda. La cita era a las 20.00 horas y el consistorio de la capital de España, de donde partieron los dos trenes siniestrados, había secundado la concentración. Estaban allí el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y el resto de la corporación, así como representantes de los grupos de la oposición. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, además de dirigentes empresariales como Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Enfrente, un grupo de unas 50 personas portaban carteles y banderas de España pedían la dimisión de Óscar Puente. Los acompañaban algunos cargos de Vox como los diputados José María Figaredo o Hernández Quero, que eligieron quedarse aparte del resto de representantes políticos. Respetaron el minuto de silencio pero después lanzaron soflamas contra el presidente del Gobierno y el ministro de Transportes. “Ni olvido ni perdón, Sánchez a prisión” o “partido terrorista” en alusión al PSOE eran algunos de los gritos.

La protesta había sido convocada por Solidaridad, el sindicato afín a Vox, unas horas antes en redes sociales bajo el lema La corrupción mata, Pedro Sánchez culpable, Óscar Puente dimisión y reclamando la asistencia para señalar “a los culpables”. La capital no ha sido la única ciudad donde la extrema derecha ha contraprogramado los minutos de silencio, ya que en Sevilla ha sucedido algo parecido.

De todos los políticos presentes en Cibeles, solo el diputado Figaredo ha hecho declaraciones ante los medios. En una breve declaración ha asegurado que el accidente ferroviario ha sido “provocado por un Gobierno criminal, corrupto”, a la vez que exigía su dimisión y que se ponga “a disposición judicial”.

La concentración ultra iba en la misma línea que las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, que este miércoles cargaba con las culpas de los fallecimientos al Gobierno. El partido con el que se relaciona al sindicato Solidaridad era el único que no cancelaba su agenda por la tragedia y pese al luto decretado en todo el país.

Según los detalles de la investigación desvelados por el Gobierno y la investigación de elDiario.es, la principal hipótesis apunta hasta el momento a un fallo técnico y tres posibles errores humanos que se produjeron en el centro de control de Atocha, después de una caída del sistema de seguridad de los trenes en la zona que obligó a detener su marcha.

Los coches volverán a circular por la A-5, ya soterrada, antes de que acabe el año. El alcalde de Madrid ha asegurado que su circulación completa reabrirá el miércoles 23 de diciembre, justo antes del inicio de las fiestas navideñas.

“Podremos ir por la A-5 completamente soterrada el 23 de diciembre”, avanzaba José Luis Martínez-Almeida durante un desayuno informativo organizado por Europa Press este miércoles, en el que ha lanzado una de las noticias más esperadas por los conductores que usan cada día esta entrada a Madrid.

El compromiso de abrir el soterramiento de esta carretera antes de que acabara el año se ha mantenido por parte del Ayuntamiento durante todo el avance de las obras. En estos dos meses que quedan hasta ese momento el consistorio prepara el remate del túnel y su enlace con la M-30, una de las operaciones más delicadas a la vista.

Pese a la apertura al tráfico del túnel, las obras de esta infraestrutura seguirán durante los próximos meses, con la urbanización de toda la superficie como el mayor reto para el área de Movilidad, responsable de los trabajos.

“No venimos a imponer unas palabras en una placa. Les proponemos algo que debería poder unirnos a todos: reconocer a una vecina y preservar su memoria en un barrio donde hizo su vida”. Con estas palabras la concejala Emilia Martínez Garrido defendía la propuesta del PSOE de colocar una placa en el bulevar frente a la que fue la casa de Maricarmen durante los últimos 70 años. Una iniciativa que fue rechazada de plano por la derecha, entre gruesas palabras, y que ni siquiera obtuvo el respaldo de Más Madrid, que se abstuvo.

El más vehemente fue el concejal Ignacio Ansaldo, expulsado de Vox en el verano y que en su escaso tiempo de intervención abrazó todas las descalificaciones que se han vertido sobre la anciana de 87 años durante las últimas semanas: “Esta propuesta es un insulto a la inteligencia. Es todo mentira. Era una funcionaria que pagaba una miseria por una ley franquista (...) era una jeta, cómo le vamos a poner una placa”, argumentó.

Más calmados eran los argumentos de Marta Rivera de la Cruz, la encargada de defender la postura del PP de no concederle el homenaje. La delegada de Cultura aseguró que Maricarmen “era una vecina más”, que no se diferenciaba de otros miles de personas que en Madrid podrían tener una historia “que merece ser contada”. “No es menos que ninguna de ellas, pero tampoco más (...) no saquemos las cosas de quicio”, pedía.

Antes había criticado el “uso” político del personaje a la concejala del PSOE: “Dice que Maricarmen merece una placa porque se ha convertido en un símbolo. Es un símbolo de hasta qué punto se puede utilizar sin piedad, a veces sin decoro, la desgracia de una persona para sacar rédito político” y recordó -al igual que Vox en su turno de palabra- que Pedro Sánchez no respondió a la carta que le envió la anciana pidiendo ayuda: “No les interesó Maricarmen hasta que no la pudieron exprimir”, ha criticado.

La propuesta del PSOE, que aseguraba haber hablado con la familia sobre este recuerdo, debaja abierta la posiblidad de consensuar el texto de la placa con los allegados de Maricarmen y con el vecindario de su barrio. Pero el Pleno del Ayuntamiento la rechazaba con los votos del PP y de Vox, en contra al igual que los ediles no adscritos -Ortega Smith y el citado Ansaldo-, además de contar con la abstención de Más Madrid, grupo que ha sido muy crítico en su turno de palabra con la política de vivienda del PSOE a nivel nacional.

Nacho Murgui también ha criticado traer esta propuesta en periodo preelectoral: “Ustedes han tenido durante ocho años las riendas del Gobierno y han dejado pasar la ocasión de enfrentarse a quienes están viviendo del trabajo ajeno”, ha dicho a la vez que también lamentaba la escasa intervención del Ayuntamiento antes del desahucio de Maricarmen.

Dice el refrán que al enemigo que huye se le pone puente de plata, pero parece que José Luis Martínez-Almeida está preparando un camino de espinas en su marcha al delegado del Gobierno con el que peor relación ha tenido desde que es alcalde de Madrid. “En cuanto finalice el plazo del requerimiento administrativo, interpondremos también una denuncia penal contra el ya exdelegado del Gobierno en Madrid”, ha anunciado en el Pleno del Ayuntamiento de este martes.

Almeida considera que Franciso Martín ha cometido “un evidente delito permitiendo que se produjera la ocupación del espacio público” con la acampada en la Puerta del Sol. Le acusa de “inacción” ante los hechos y esperará a que se agote el plazo administrativo para interponer la denuncia por la vía penal. “Les puedo garantizar que, si este Ayuntamiento tuviera competencias, me pondría yo a la cabeza de la Policía Municipal a desalojar la acampada de Sol”, ha llegado a asegurar.

El alcalde ha avanzado la denuncia en respuesta a la primera pregunta del Pleno del mes de octubre, que formulaba la concejala de Vox Arantxa Cabello. En ella le pedía que el Ayuntamiento actuara “con contundencia” para desmantelar la acampada, porque “hay que agotar hasta la última posibilidad que ofrece el ordenamiento jurídico”. Almeida se ha defendido recordando “las más de 200 sanciones” impuestas a los allí acampados por incumplimiento de ordenanzas municipales. Luego su vicealcaldesa, Sanz, ha elevado hasta más de 300 estas multas.

En la línea de las críticas hacia la protesta por la vivienda instalada en la Puerta del Sol desde su instalación, Almeida ha intentado deslegitimar sus reivindicaciones argumentando que “no es pacífica porque ha habido una agresión sexual”, afeando a Rita Maestre que no haya condenado estos hechos y retando a Reyes Maroto a que durmiera en Sol “si es un sitio absolutamente seguro, donde no pasa absolutamente nada”.

Los ataques a la acampada se han multiplicado desde los diferentes delegados del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Sanz ha acusado al PSOE de ser “cómplices directos de la acampada” y Borja Carabante, delegado de Urbanismo, ha cifrado en 30 millones los perjuicios al comercio por la acampada de Sol, además de asegurar que van a “exigir a los responsables que reparen el daño ocasionado”.

Carabante no ha definido sin embargo cuánto ha costado para las arcas municipales la permanencia de la acampada en Sol, cuestión que preguntaba Vox y que se ha quedado sin los cálculos muncipales.

“La modificación presenta un balance económico positivo para el Ayuntamiento de Madrid, sin generar desequilibrios presupuestarios ni comprometer la sostenibilidad financiera municipal”. Con esta frase concluía el informe económico de 65 páginas con el que el Gobierno de Almeida justificaba la rentabilidad para la ciudad que traerá la recalificación de los terrenos deportivos del Real Madrid junto a su ciudad deportiva en Valdebebas, donde quiere abrir un campus tecnológico, hoteles y un hospital privado. El problema es que la premisa era falsa.

Una distorsión en los cálculos desvelada este lunes por El País añadía a este balance económico 98,6 millones de ingresos a partir del 2033, el quinto año de desarrollo del proyecto. Lo hacía al sobredimensionar los ingresos procedentes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que deberían ser de 986.000 euros, pero que aparecían sobredimensionados en el informe por un error en el factor de multiplicación, cien veces mayor. Un “error” que el propio alcalde ha admitido.

Con los números del informe en la mano y las correcciones de esta multiplicación, el Ayuntamiento de Madrid obtendrá números rojos si se llega a completar la operación, que el alcalde asegura que va a llevar adelante. El estudio utilizaba los 98,6 millones del IAE calculados erróneamente para compensar los casi 100 millones de euros que al consistorio le costará mantener durante los cuatro años anteriores las nuevas infraestructuras que construirá en el entorno: carreteras y un parque municipal urbano que rodeará las instalaciones propiedad del Real Madrid. Pero al reducirse a la centésima parte, las cuentas no cuadran y la ciudad tardará décadas en recuperar la inversión, según los datos del mismo estudio.

Siguiendo las conclusiones de los datos económicos ahora fallidos, sus resultados ponen de manifiesto que los ingresos generados por la actuación serán insuficientes para compensar tanto los costes asociados a la ejecución y mantenimiento de las infraestructuras como las necesidades de prestación de servicios municipales derivadas del nuevo desarrollo.

El estudio de esta operación fue encargado a dedo por el Ayuntamiento y firmado por Savills, consultora que —denuncia Más Madrid— trabajó también para el Real Madrid en la propuesta que el club blanco presentó al Gobierno de Almeida para convencerle del proyecto. Es lo que Rita Maestre ha llamado este lunes “informe giratorio”, por la relación de esta empresa de consultoría presidida por Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. “Vamos a buscar todos los resquicios legales”, advierte la portavoz de la oposición sobre los posibles errores en la tramitación.

El alcalde de Madrid ha defendido este lunes que se trata de “un error que no tiene consecuencias prácticas por una razón, porque esos 98 millones no se iban a cobrar” y sigue defendiendo que “no hay ninguna pérdida económica real para el Ayuntamiento de Madrid”, obviando el resto de cifras del informe económico. “Lo que sí es cierto es que hay ese error y lo que hay que hacer es rectificarlo”, añadió sin aclarar de qué manera piensa hacerlo o si se verá obligado a reiniciar la tramitación.

Fuentes del área de Urbanismo consultadas por Somos Madrid explican que el departamento está analizando esta circunstancia y no se ha tomado todavía ninguna decisión. El alcalde es optimista: “Esto no frustra la operación, que es una operación buena para la ciudad”, añadía para justificar el enorme beneficio económico que recibirá el Real Madrid con la recalificación: 185,5 millones de euros gracias al cambio de usos de los terrenos. Almeida cita las “zonas verdes” y las “dotaciones públicas” que recibirá la ciudad al permitir el giro urbanístico favorable al club blanco.

Tecnología, hoteles y hospital privado

“Esta operación es un ejemplo más de cómo el suelo público de Madrid es el cajero automático de las grandes empresas”, ha denunciado Maestre sobre la recalificación que tramita el Ayuntamiento de Madrid y que califica de “pelotazo”. La intención del club merengue es la de levantar en estos terrenos el Madrid Innovation District, un centro de innovación para empresas al que también añadirá un hospital y una universidad privada, hoteles, comercios y hasta formatos de hospedaje temporal de tipo flex living.

Según las cifras oficiales, el Real Madrid multiplicará por más de dos el valor de su parcela de Valdebebas cuando se complete la recalificación. Los 185 millones citados representan el mayor incremento patrimonial en una operación de este tipo desde que Almeida es alcalde. Otros “pelotazos” sonados sobre los que llamó la atención la oposición fueron los planes especiales aprobados para El Corte Inglés en Méndez-Álvaro, donde la entidad comercial ingresó 29 millones de euros con la recalificación de centro comercial a oficinas, y el de la Ermita del Santo, con 64 millones de incremento de valor al convertir un antiguo centro comercial en viviendas.

Pese a las elevadas cifras de beneficio para el Real Madrid que indica el informe económico, algunos economistas creen que son demasiado bajas para el volumen de la operación. Es el caso del exdelegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que creía que el valor real de la operación podía llegar a superar los 500 millones de euros, atendiendo al valor de otras operaciones inmobiliarias similares en la zona. El exconcejal apunta a que el valor real de estos terrenos aflorará en el futuro, cuando el presidente del Real Madrid ponga en marcha la entrada de capital privado en el club o bien cuando establezca algún tipo de asociación para llevar a cabo la construcción de los negocios planeados, que incluya una tasación del suelo ya recalificado.

En el PSOE también han alertado de múltiples problemas de cálculos en el informe económico de Savills: “la conclusión de sostenibilidad municipal depende de cálculos tributarios manifiestamente inconsistentes”, explican en sus alegaciones antes de detallar una decena de cifras dudosas. Y arroja una última cuestión que, a su juicio, obligaría a un nuevo proceso de información pública: la censura de hasta cinco páginas de la propuesta madridista que pueden ser “relevantes” para conocer los fundamentos del acuerdo del Real Madrid con el Gobierno de Almeida.

“Si no se denuncia, el Ayuntamiento no va a hacer ninguna inspección”. Con esta lapidaria frase el concejal del PSOE dedicado al Urbanismo, Antonio Giraldo, animaba esta mañana al vecindario madrileño a presentar denuncias contra los miles de pisos turísticos que operan de forma ilegal en Madrid. Para que sea más fácil que actualmetne, los socialistas han desarrollado una página web que simplifica el proceso hasta el punto en el que es posible denunciar un Airbnb sin licencia en tan solo tres minutos.

La aplicación se llama Stop VUT ilegales y enlaza en una misma página el listado de Viviendas de Uso Turístico (VUT) con licencia municipal con el formulario para denunciar una ilegalidad ante la inspección urbanística en el caso de que no la posea. El vecino que desee usarla puede introducir la dirección y el número de una calle donde conozca actividad turística sospechosa para comprobar la existencia de licencia urbanística para ejercer esa actividad. Si no dispone de ella, el sistema avisa y crea una serie de mensajes para rellenar la solicitud ante el Ayuntamiento.

El denunciante puede pinchar en ese momento el botón de presentar denuncia telemática, que le llevará al procedimiento municipal para hacerlo. Luego solo necesita registrarse con su certificado o sistema Clave para acceder al formulario de denuncia. Los mensajes que ha de escribir los puede copiar en las instrucciones que detalla la web del PSOE, donde aparecerá automáticamente la calle, el número y el piso buscado. El proceso es muy rápido, aunque se puede extender aportando documentación y más detalles sobre el espacio denunciado.

“Madrid necesita menos propaganda y más control”, ha denunciado Reyes Maroto en la presentación de esta herramienta. La portavoz del Grupor Municipal Socialista ha defendido que con su aplicación ofrece “soluciones concretas a un problema que afecta cada vez a más barrios de Madrid”.

Según las últimas cifras publicadas por plataformas de vigilancia de anuncios turísticos como Inside Airbnb, actualmente se anuncian en Madrid 13.860 pisos turísticos, de los que 1.219 tienen licencia municipal. Esto arroja más de 12.000 negocios ilegales de este tipo en la capital. Frente a este enorme volumen, el área de Urbanismo asegura que el año pasado logró cerrar solo 323 pisos turísticos sin licencia.

“No basta con modificar las normas, hay que vigilar su cumplimiento”, ha exigido Maroto al alcalde, del que critica su escasa capacidad de sanción. Según datos ofrecidos por el PSOE, el consistorio solo cuenta a día de hoy con 16 inspectores urbanísticos con capacidad para sancionar. “Almeida debe dejar de proteger los intereses de los fondos buitre”, ha afirmado.

La portavoz socialista también ha hecho un llamamiento a los madrileños “para comprobar y denunciar” los pisos turísticos y que se conviertan en “los protagonistas de la defensa de sus barrios” ante la dejación municipal. “Madrid tiene que ser una ciudad para vivir, donde los vecinos no sean expulsados para hacer sitio a los turistas”, ha reclamado.

A pocos metros de la Gran Vía de Madrid, en una empinada calle de Malasaña, se levanta desde el siglo XVIII un enorme edificio de viviendas que el Gobierno de Almeida mantiene cerrado y sin uso desde hace un lustro. Se trata del Palacio de la infanta Carlota, un bloque que expropió el consistorio en la etapa de Gallardón como alcalde para proteger su valor patrimonial de un inversor privado que ejecutó allí obras ilegales.

El Ayuntamiento de Madrid consiguió en 2021 vaciar el lugar de inquilinos en situación irregular, después de varias rondas de desalojos. Desde entonces mantiene clausurado el espacio sin ofrecer pistas sobre su futuro. Solo una visita hace cuatro años de la entonces vicealcaldesa, Begoña Villacís, apuntó a que podría destinarse a un centro cultural y a acoger viviendas para mayores. Pero con la desaparición de su partido en Cibeles, la promesa se esfumó.

Los vecinos de la zona llevan varios meses preguntando al Ayuntamiento por el futuro de esta dotación municipal sin obtener información alguna. Pero el pasado viernes fueron testigos de una visita al edificio que les puso sobre alerta: la del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, acompañado del director del periódico La Razón, Francisco Marhuenda. Su presencia en la acera frente al palacio fue captada en la foto que reproducimos sobre estas líneas y difundida en redes sociales por la Asociación Vecinal Maravillas, la más representativa del barrio.

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado a este periódico que “está atendiendo” a diferentes entidades que se han interesado por el edificio, sin concretar las ofertas que le han formulado ni de qué empresas u organismos proceden. Los vecinos temen, por su parte, que estas visitas anticipen una privatización del edificio, que cuenta con más de 4.800 metros cuadrados de superficie distribuidos en cinco alturas del final de la calle Luna, junto a su cruce con San Bernardo.

“El centro se vacía de quienes lo habitan. Los alquileres se disparan, los pisos se convierten en negocio y cada vez es más difícil hacer vida en el barrio. Y frente al Palacio de la Infanta Carlota se reúnen Borja Carabante y Francisco Marhuenda para hablar del futuro del edificio. ¿El futuro de quién? ¿Para quién? ¿Decidido por quién?”, denuncian desde la Asociación Vecinal Maravillas.

La entidad vecinal ha pedido en repetidas ocasiones al Gobierno de Almeida que destine este lugar a vivienda social, en cualquiera de sus modalidades, y sugieren que lo que allí se abra sea un espacio intergeneracional, en el que convivan mayores y jóvenes. El consistorio les argumenta que la rehabilitación del espacio, que cuenta con un grado de protección singular, es muy elevada, aseguran los vecinos.

“El tejido vecinal lo tiene claro: el Palacio de la infanta Carlota debe tener un uso residencial público, al servicio de quienes necesitan una vivienda digna en nuestro barrio. No aceptaremos que otro edificio del centro se convierta en un negocio mientras nuestras vecinas se ven obligadas a marcharse”, responden desde la asociación apuntando al descenso de población en el distrito Centro registrado en los últimos datos oficiales del padrón.

Obras ilegales y más de 200 desahuciados

“Este edificio se va a tapiar porque no hay ningún destino previsto para esto”, contaba hace cinco años un representante vecinal a este periódico durante uno de los últimos desalojos en el Palacio de la infanta Carlota. El Ayuntamiento había ido echando a los ocupantes que resistían en este lugar a través de 14 desahucios parciales: más de 200 personas, entre ellas decenas de niños que estaban escolarizados en el barrio. Muchas familias salieron camino de alojamientos temporales municipales, con un horizonte de solo tres meses de estancia.

Los primeros inquilinos que residían en este edificio empezaron a llegar hace más de dos décadas, cuando el empresario iraní Taefi Alí adquirió el edificio y redistribuyó parte de sus interiores con una obra ejecutada por su constructora y que se saltó la normativa municipal al añadir una planta de apartamentos. Fue entonces cuando se destruyeron varios elementos ornamentales como unos leones pasantes en su escalera principal, así como pinturas pompeyanas y antiguos jarrones en sus hornacinas, como denunció en su día el historiador y colaborador de Somos Malasaña, Carlos Osorio.

El Ayuntamiento expropió el palacio en noviembre de 2005, pero hasta 2011 no pasó a ser propiedad municipal, después de que un tribunal dictara el pago de 8,5 millones de euros al empresario, que había adquirido el inmueble por 3,1 millones. Fue entonces cuando el Gobierno del PP anunció que dedicaría el edificio a dotaciones sociales para los habitantes del barrio. Una promesa que repitió Villacís durante una visita al lugar en el año 2022, la última de carácter público de un mandatario municipal. La de Carabante del pasado viernes junto a Marhuenda no figura en su agenda pública, pese a que la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid obliga a los altos cargos a incluir reuniones de trabajo con empresas, asociaciones o grupos de interés en el ejercicio de sus funciones.

El Palacio de la infanta Luisa Carlota fue ideado en 1775 por el arquitecto Juan de Villanueva, responsable de edificios icónicos de Madrid como el Real Observatorio del Retiro o la reconstrucción de la Plaza Mayor. El encargo fue efectuado por el marqués de Llano, el funcionario y diplomático José Agustín Llano y de la Cuadra. El lugar sirvió como residencia del infante Francisco de Paula y su esposa Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias, a su vuelta del destierro francés en 1842, motivo por el que recibió el nombre con el que es conocido actualmente. Poco después, el inmueble fue reformado por el arquitecto Antonio Herrera de la Calle, una vez que pasó a manos del conde de Villariezo.

Hoy espera cerrado recuperar parte del esplendor de su pasado, todavía no se sabe a través de qué formato. Los vecinos apuestan porque se convierta en viviendas sociales: “Queremos un centro vivo, con vecinas, comercio de proximidad, infancia y comunidad. No un decorado donde vivir sea un lujo. El barrio no es una inversión”, alertan sobre un posible futuro especulativo.