La Junta de Centro volverá a ceder cuatro locales del Ayuntamiento de Madrid situados en el entorno del Rastro. Lo hará a través de un concurso al que pueden presentarse desde esta semana diferentes entidades sin ánimo de lucro presentes en el distrito, una vez que se han cumplido los primeros ocho años de cesión municipal.

Los locales están situados en la calle Ribera de Curtidores, 8, y en plaza de Cascorro, 11, suman casi 400 m² de superficie y fueron cedidos por vez primera en el año 2018, durante la legislatura de Manuela Carmena. Entonces, la Junta de Centro hizo realidad una de las propuestas ganadoras de los Presupuestos Participativos y habilitó los cuatro locales, que después de un concurso municipal recayeron en La Polifacética, una asociación con 16 colectivos.

Esta primera cesión fue de cuatro años, prorrogables otros cuatro. En 2022 el entonces concejal de Centro, José Fernández, extendió legalmente esta cesión junto con la de Esta es una Plaza.

El concurso para la nueva cesión en la zona del Rastro tendrá una duración más corta que la anterior: dos años que pueden ser prorrogados otros dos en total. Podrán optar a los locales entidades sin ánimo de lucro inscritas en las secciones 1.ª o 2.ª del Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos y con sede social en el distrito de Centro. También pueden concurrir agrupaciones de entidades.

Según las bases del concurso, publicadas el pasado lunes en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, la asociación ganadora será la que obtenga más puntos según un baremo que otorga hasta 70, en el que pesará especialmente el proyecto presentado (30 puntos) y promover el uso comunitario del espacio (hasta 15 puntos), también se valorará el arraigo de las asociaciones en el barrio, entre otros aspectos.

El plazo para presentar proyectos para gestionar estos locales es de 30 días desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOCM. La entidad adjudicataria deberá asumir la apertura y cierre de los locales, limpieza, mantenimiento, materiales, permisos y licencias, seguridad. Además deberá elaborar una programación trimestral, una memoria anual y otra final. En el caso de que el uso del local no genere ingresos, la tasa municipal por utilización del dominio público se reducirá un 100%. Si genera ingresos, estos deben destinarse a autofinanciar el proyecto; no puede existir beneficio económico y los posibles excedentes deben revertir en el propio proyecto/local.

Por otro lado, el Ayuntamiento se reserva el uso preferente y gratuito del local para actividades institucionales, programas municipales, órganos de participación, eventos de interés público o emergencias.

“Todas a Sol a luchar, compañeras”. Con esta frase acababa el manifiesto del Sindicato de inquilinas que ponía fin a la mayor manifestación por la vivienda que ha visto Madrid en los últimos años, a consecuencia del desahucio de Maricarmen el pasado miércoles.

El llamamiento a acampar en Sol era rápidamente secundado por varios cientos de personas, que a las 21.30 de la noche colocaban más de una decena de tiendas de campaña en el corazón de Madrid, delante de la Casa de Correos, sede del Gobierno de Ayuso. “Queremos quedarnos en Sol, así que vamos a expandirnos por toda la plaza para que no nos puedan echar”, decía uno de los organizadores megáfono en mano mientras los asistentes a la manifestación que iban llegando a la plaza se distribuían por toda su parte central.

Irene (28 años) y Pablo (37) han venido a dormir “esta noche y las que hagan falta”. Ambos creen que la situación de la vivienda en Madrid es insostenible y el desahucio de Maricarmen ha sido la gota que ha colmado el vaso. “Yo hasta hace poco vivía con cinco personas y dos perras, en el centro. Me he tenido que mudar a un barrio periférico a 40 minutos del trabajo en metro o en bus, si tengo suerte. Sigo compartiendo piso”, cuenta Pablo.

En la sentada hay pocas tiendas de momento, aunque los organizadores llaman a traer más para aguantar la primera noche. En el Sindicato no han puesto todavía ningún horizonte a la acampada, pero a nadie en la plaza se le escapa que el objetivo es al menos resistir hasta el martes, día en el que se celebra el Consejo de Ministros que podría aprobar el Decreto Maricarmen, en el que los ahora acampados exigen que se incluya la paralización de los desahucios y ambiciosas medidas para poner coto a la especulación inmobiliaria en España, como la conversión en indefinidos de todos los contratos de alquiler.

Los primeros momentos de la sentada en Sol han sido tranquilos, con nula presencia policial de momento en los alrededores. La decisión para desalojar o no la plaza para evitar la acampada depende de Delegación del Gobierno, cuestionada esta semana por la actuación policial en el desahucio de Maricarmen (ha abierto una investigación al respecto) y por el uso de pelotas de goma para disolver la manifestación pacífica que tuvo lugar ese mismo día por la tarde.

Quienes han decidido continuar en la plaza lo han hecho después de recorrer durante dos horas las calles de la capital en una protesta masiva en solidaridad por el desahucio de Maricarmen. La manifestación ha congregado a 300.000 personas según los datos de la organización, que la Delegación del Gobierno rebaja a 25.000, para elevar la presión sobre los partidos políticos en la recta final de la negociación de un paquete de medidas urgentes de vivienda.

Entre las exigencias incluidas en el que han llamado Decreto Maricarmen están contar con medidas estructurales para impedir los desahucios, una reforma de la LAU para regular los alquileres por temporada y por habitaciones, la congelación de los precios actuales del alquiler, la aprobación de prórrogas efectivas, y la renovación automática de todos los contratos, para que pasen a ser indefinidos.

Las calles elevan la presión para aprobar ya medidas urgentes que atajen la crisis de la vivienda. Una nueva manifestación ha congregado a 300.000 personas en Madrid, según los datos de la organización, que la Delegación del Gobierno rebaja a 25.000, para respaldar a Maricarmen y pedir al Ejecutivo que apruebe un decreto el martes que incluya la renovación automática de los contratos de alquiler, una congelación de estos precios y una prohibición de los desahucios. Al final de esa protesta, el Sindicato de Inquilinas han llamado a una acampada en la Puerta del Sol, epicentro del 15M: “Todas a Sol a luchar, compañeras”.

La movilización arrancaba puntual a las 18.30 desde la Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid. La abría una gran pancarta del Sindicato de Inquilinas con el lema de la manifestación, Ni una Maricarmen más. Los primeros cánticos iban dirigidos a la presidenta regional: “Señora Ayuso, entérate: si yo no tengo casa, tu casa okuparé”. Aunque el grito más coreado es uno que empezó a entonarse el miércoles en la primera concentración del movimiento en el distrito de Chamberí y cada vez suena con más fuerza: “El ático de Ayuso para Maricarmen”.

Entre los asistentes están Isabel Alonso, de 44 años, y Alejandro Silva, de 39. Viven en pisos en propiedad y defienden la movilización “porque Madrid está imposible”. Ella paga un 30% del sueldo, unos 640 euros al mes, de hipoteca, y se considera “afortunada”. “El que la gente esté bien te beneficia a ti también. No entiendo un mundo en el que tú quieras estar bien y los demás te la suden”.

“En el 15M estábamos en una situación similar y no hemos avanzado”, aporta Alejandro. “Mucha gente de nuestra edad comparte piso con dos o tres personas más, incluso con buenos sueldos, y a otros les suben los alquileres o directamente los echan de sus barrios”, completa Isabel.

Rosana Gómez, de 78 años, vive en su piso de propiedad en Hortaleza, pero asegura que “hay que echarse a la calle, ir todos a una y reivindicar el derecho a la vivienda, que está en la Constitución”. Su sobrina, Elena Caballero, vive sola de alquiler en Valdeacederas y paga 650 euros por un piso “muy pequeñito”. Dice tener “mucha suerte” porque le alquila un conocido, pero aun y así el alquiler se come un 40% de su trabajo en márketing.

Aunque la manifestación la convoca el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, numerosos colectivos sociales participan en la marcha. Es el caso de la PAH de Vallecas, una de las organizaciones más veteranas de la ciudad a la hora de defender los derechos de los que están a punto de perder su casa. “Se nota que la crisis de vivienda cada vez va a peor y empieza a tocar desde hace ya un tiempo a sectores sociales que anteriormente no tenían este problema”, cuenta Pablo, uno de sus miembros más veteranos. Explica que actualmente esta PAH cuenta con tres nodos en el Ensanche, en Puente y en Villa de Vallecas, con asambleas a las que acuden unas 120 personas cada semana en casa una.

La suya es una carrera de largo recorrido, pero ven con satisfacción cómo mucha gente se ha concienciado sobre el problema a partir del caso de Maricarmen. “Siempre existe algún desahucio que hace que la gente empatice con mayor intensidad (...) el de esta semana se ha convertido en un ejemplo de lo que es la política de vivienda, que en los últimos años y prácticamente en toda la historia de la democracia ha estado al servicio del mercado, en vez de al servicio de los intereses de los vecinos y las vecinas que necesitan un techo. Y además es un derecho constitucional”, añade Pablo.

La marcha ha llegado al Congreso de los diputados poco antes de las 20.30, momento en el que todo su recorrido está lleno de manifestantes, con los últimos saliendo de la Puerta del Sol. Lo ha hecho con una vecina de Tribulete 7, Cristina, tomando la palabra. Es uno de los bloques en lucha en Madrid desde 2024, cuando un fondo buitre -Elix Rental House- compró este edificio de Lavapiés. El pasado mes de julio les empezaron a llegar las notificaciones de desahucio. Otras 30 familias ya se tuvieron que marchar. “Las ha expulsado a base de acoso, nadie les paran los pies”, denuncia. Su bloque ha presentado la primera querella colectiva contra acoso inmobiliario en España, sentando en el banquillo de los acusados a los ejecutivos del fondo.

El discurso final del Sindicato de Inquilinas, pronunciado en los alrededores del Congreso, reservaba una sorpresa final: un llamamiento a acampar en la Puerta del Sol. La convocatoria era rápidamente secundada por varios cientos de personas, que a las 21.30 de la noche colocaban más de una decena de tiendas de campaña en el corazón de Madrid, delante de la Casa de Correos, sede del Gobierno de Ayuso.

“Participar en desahucios no forma parte de nuestro trabajo”

Dentro de la manifestación hay muchos colectivos implicados en los desahucios. Uno de ellos es el de los bomberos. Hoy un nutrido grupo de ellos se manifiesta para exigir no ser “ni complices ni ejecutores” en los lanzamientos. Han formado una plataforma llamada Bomberos contra los desahucios.

“Participar en ellos no forma parte de nuestras atribuciones”, denuncian en declaraciones a Somos Madrid, a la vez que dicen sentirse utilizados por las instituciones que los envían a este tipo de intervenciones. Y ponen ejemplos: “A veces el Ayuntamiento moviliza medios que deberían de estar disponibles para otras cosas, como un vehículo llamado brazo articulado que se ha de usar para incendios en alturas. Si está en un desahucio, no se encuentra disponible para situaciones de verdadero peligro”.

Tres días para presionar al Gobierno para un decreto ambicioso

La marcha tiene lugar tres días después del desalojo de Maricarmen, para el que fue necesario un amplio despliegue policial debido a la gran movilización ciudadana desplegada en torno a su vivienda de la calle. Más de 200 personas se apostaron frente a su portal, sujetando las puertas que daban acceso a la escalera y en su propia vivienda para intentar parar a la comisión judicial que tenía que entregarle la notificación de desahucio. Tardaron más de tres horas en poder hacerlo debido a la resistencia pasiva organizada por el Sindicato de Inquilinas. Durante el lanzamiento se produjeron algunas acciones violentas por parte de la Policía Nacional que la Delegación del Gobierno ha ordenado investigar.

La protesta de este sábado tuvo un precedente el pasado miércoles por la tarde-noche, cuando miles de personas —10.000, según la Delegación del Gobierno— se reunieron convocadas por el Sindicato de Inquilinas frente al ático comprado por el Gobierno de Ayuso para protestar por el desahucio. A la vista del éxito de la convocatoria y de los movimientos en el Gobierno para plantear un nuevo decreto antidesahucios el próximo martes, la misma organización convocaba la manifestación de este sábado. Y la propia Maricarmen animaba a participar en ella: “No he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”, decía en un vídeo enviado desde el hospital.

Entre las exigencias incluidas en el que han llamado Decreto Maricarmen están contar con medidas estructurales para impedir los desahucios, una reforma de la LAU para regular los alquileres por temporada y por habitaciones, la congelación de los precios actuales del alquiler, la aprobación de prórrogas efectivas, y la renovación automática de todos los contratos, para que pasen a ser indefinidos.

Este miércoles un enorme despliegue de la Policía Nacional permitió el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años y 50% de discapacidad a la que un fondo de inversión echó del piso de Retiro donde vivía desde hace décadas. La historia resume perfectamente cómo el mercado inmobiliario está ganando por goleada en Madrid a las personas que viven en sus casas: cláusulas abusivas, subidas descontroladas, codicia sin límites... a lo que se une todo un aparato del estado (jueces, policía) para defender el derecho a que se especule con una vivienda de alquiler que costaba 500 euros al mes y que se va a subir hasta los 2.650 euros de renta: lo que le quería cobrar Urbagestión a la ahora desahuciada.

El de Maricarmen es un caso que resume la impotencia de la sociedad ante un bien imprescindible como es el lugar en el que vives, ahora controlado en masa por grandes fondos de inversión y también otros más pequeños pero que han aprendido de la voracidad de los primeros. Decía Ayuso esta misma semana que “cada vez más propietarios tienen miedo a poner su vivienda en alquiler” pero las cifras desmienten esta afirmación: nunca se hizo tanto negocio con el alquiler en España como ahora.

La presidenta se fue a poner una alfombra roja a los fondos en The District un día antes del desahucio que ha sacudido el país, un gesto que puede denotar dos cosas: lo perdido que tiene el olfato político Ayuso desde que un ático de 6,3 millones se cruzó en su camino y lo sobrados que van los poderes político-económicos con el tema de la vivienda, sabedores del grado de control que tienen sobre el sistema. Un poder que les permite usar a decenas de policías nacionales para echar a la calle a una anciana de 87 años en silla de ruedas que no pudo subrogar un contrato.

Pero hay una esperanza. Es esta 👇🏼

La imagen es de la concentración en protesta por el desahucio de Maricarmen. Acudieron miles de personas. La montó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (el Sindi, para acortar) en solo seis horas, las que pasaron de la salida de Maricarmen en camilla de la que fue su casa hasta las 19.00 horas del miércoles. A la cita -frente al ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso- acudieron muchos, muchos jóvenes. Esos que, con una mezcla de indignación y sentido de la justicia, son los que inician los cambios.

La protesta olía a otras grandes concentraciones que movieron cosas importantes en España, de esas que desbordan en personas, gritos y abrazos. Los jóvenes (y con ellos el resto de la sociedad) han encontrado en el Sindi un faro con el que guiarse cuando todo parecía perdido. Uno que se ha levantado con pocos medios, mucho trabajo y las ideas claras, en torno al gran problema que sufre hoy Madrid. Quizás este inquilinato no pidió serlo, pero tal vez por eso sea a día de hoy la esperanza para recuperar la iniciativa ciudadana en esta batalla desigual.

Poco ha durado la posibilidad de que el piso de donde fue desahuciada Maricarmen pase a gestión del Ayuntamiento tras la última propuesta de sus propietarios, Urbagestión. El consistorio de José Luis Martínez Almeida ha analizado la oferta y ha determinado “la inviabilidad de la misma en los términos planteados, ya que la inclusión de la vivienda en el Programa Reviva no cumple los requisitos legales”.

La empresa propietaria planteaba ceder su piso para que el consistorio lo pusiera en gestión social bajo el paraguas del Plan Reviva o de otros métodos. Pero los requisitos del Plan Reviva dicen que “la adjudicación de las viviendas se realizará manteniendo rigurosamente el orden de prelación de las solicitudes”. Además, “otro de los requisitos para participar en el sorteo de esta promoción es que ninguno de los miembros de la unidad familiar puede haber sido condenado por delitos relacionados con la ocupación, ni por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años”.

Ante esta imposibilidad, y después de semanas y meses sin significarse ante la amenaza de desahucio de Maricarmen, el Ayuntamiento ha ofrecido a los representantes de Maricarmen y a los de la empresa el Servicio de Intermediación del Alquiler de Madrid. El próximo lunes se reunirán ambas partes con el consistorio. El Ayuntamiento defiende además que ha ofrecido “un alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno” a Maricarmen.

La oferta al Consistorio llegaba después de semanas y meses en los que Urbagestión ha rechazado todas y cada una de las ofertas que operadores privados y públicos han hecho para tratar de evitar el desahucio de Maricarmen. Por ejemplo, los ofrecimientos del Ministerio de Vivienda, a través de Casa 47, para asumir la propiedad de la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46. Ayer Urbagestión en sus primeras excusas públicas dijo que era mentira que el Gobierno hubiera hecho tales ofertas, pero este periódico tiene constancia de que el Ejecutivo sí se las planteó.

Entre otras, en las últimas semanas, se dio traslado de varias propuestas alternativas al desalojo que no obtuvieron respuesta o que fueron directamente rechazadas. Entre ellas, el pago del montante total del alquiler exigido por parte de terceras personas o el aplazamiento del lanzamiento.

Incluso se negaron a negociar o a aceptar ofertas privadas como la del músico James Rhodes para pagar el alquiler o comprar la vivienda, o el ofrecimiento de una particular anónima, escritora, que se ofrecía a abonar el alquiler que exigía la propiedad. Ahora, la sociedad administrada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes ha decidido dar marcha atrás sin ni tan siquiera comunicarse con la parte afectada y acercándose al popular José Luis Martínez Almeida para que gestione un alquiler asequible a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

En el comunicado, la empresa dice ofrecer una solución “de urgencia” al Ayuntamiento para incorporar la vivienda de la que expulsaron a Maricarmen al programa Reviva, mediante el cual el Ayuntamiento facilita a los madrileños poner sus viviendas en alquiler social o asequible a cambio de algunos beneficios.

La empresa asegura buscar “una solución que permita a doña Maricarmen Abascal volver a la vivienda con una alternativa habitacional estable y asequible” y se pone al servicio de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y de Servicios Sociales “para que la propuesta pueda resolverse en el menor plazo posible”.

La empresa se defiende

El pasado martes, la jueza Elena Cortina Blanco mandó ejecutar el desahucio tras la denuncia de Urbagestión y Maricarmen, a sus 87 años y con su salud frágil y deteriorada por todo el proceso, tuvo que salir en camilla porque la policía reventó la puerta para sacarla de la casa a la que llegó en 1956, cuando tenía 17 años.

El consistorio, aunque tiene la obligación de hacerlo, no ofreció a Maricarmen una alternativa habitacional más allá de una plaza en una residencia y después instó a la antigua inquilina a acudir a los servicios sociales para solicitar asistencia. Ahora, cocina una solución con la empresa que provocó uno de los mayores escándalos sociales de los últimos años, el desahucio de una mujer frágil de 87 años pese a las protestas en la puerta de su casa.

La empresa ofrece en el comunicado en que ofrece la gestión del piso al Ayuntamiento su versión sobre algunos puntos del caso. Asegura que no compró el edificio entero, sino solamente la vivienda de Maricarmen. Añade que ofreció a Maricarmen un nuevo alquiler con un precio entre un 40 y un 50% por debajo del precio de mercado (pero no dice la cifra).

En cuanto a la oferta de James Rhodes, asegura que recibió por correo electrónico dos ofertas para hacerse cargo de la renta o para comprar la vivienda “sin concretar el importe”, pero que tuvieron lugar ya después del desahucio. “Urbagestión agradece su interés, pero cuando llegaron esos correos el lanzamiento ya se había producido”, dicen.

La empresa denuncia además que han saturado sus correos y el servidor “e hicieron muy difícil atender a cualquier comunicación”. “La vivienda no está en venta”, dicen. Reiteran que no son un fondo de inversión, “sino una pequeña empresa madrileña”, y explican que han presentado una querella personal por la difusión de imágenes de uno de los administradores “y de su familia, incluidos su mujer y sus hijos”. También se han querellado contra el Sindicato de Inquilinas y les piden 10.000 euros de multa por denominarlos “fondo buitre”.

“Hemos podido ver imágenes que no nos han gustado en relación con alguna respuesta por parte de algunos agentes policiales”, ha asegurado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en una entrevista concedida a Servimedia y publicada este viernes. Se refiere a actuaciones que fueron grabadas durante el desahucio de Maricarmen, en el que la Policía Nacional arrastró por el suelo a activistas y les propinó golpes pese a que su resistencia fue pasiva.

“Yo le he pedido al Jefe Superior de la Policía Nacional que investigue al respecto, que se informe sobre lo sucedido y que me traslade las conclusiones que se vayan a adoptar al respecto”, ha explicado en esa misma entrevista, confirmando la apertura de diligencias sobre la actuación policial que se desarrolló durante las más de cinco horas que duró el desahucio.

Delegación del Gobierno aseguró que los agentes desplegados ese día en el distrito de Retiro -una gran intervención con más de una decena de furgones policiales- estaban bajo mando de la jueza que ordenó el desahucio. Entre sus acciones polémicas también estuvo la de alejar a los periodistas del lugar del desahucio, lo que limitó las posibilidades de recoger imágenes de la violencia que se ejerció contra la resistencia pasiva de los activistas.

En vídeos difundidos por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid se puede observar, por ejemplo, cómo varios agentes golpean repetidas veces con sus defensas a un activista, que llega a trompicones entre tiendas de campaña hasta el resto de sus compañeros.

Los agentes también emplearon gas para conseguir acceder al portal de la comunidad de vecinos de Maricarmen, como se puede comprobar en algunas grabaciones publicadas por el Sindicato de Inquilinas, que organizó la resistencia al desahucio.

El Sindicato de Inquilinas estudia denunciar a la Policía

Los posibles excesos policiales también están siendo investigados por parte del Sindicato de Inquilinas. Su abogada en este caso, Beatriz Duro, anuncia en una entrevista para Somos Madrid que están recopilando grabaciones, pruebas o partes de lesiones de los agredidos en protestas.

“Aún no sabemos si presentaremos alguna denuncia contra alguna de las instituciones implicadas”, apostilla de momento con prudencia, aunque cree que esta investigación “probablemente llegue a algo más”. Y añade: “La represión y la violencia que se ha vivido para echarla tienen que tener responsables”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid también asegura que “la inmensa mayoría de las personas que ayer se manifestó lo hizo de manera pacífica” aunque indica que en la protesta que tuvo lugar por la tarde, a partir de una concentración frente al ático de Ayuso, “hemos visto momentos de tensión en los que hubo exaltados que atacaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad y hubo una respuesta por parte de la Policía Nacional en este caso”.

Al final de la citada protesta y según pudo comprobar este periódico, la concentración se convirtió en marcha que intentó avanzar hacia el paseo de la Castellana, lo que motivó la actuación policial y el empleo de defensas y pelotas de goma para dispersar a parte de los manifestantes. Desde el Sindicato denunció entonces el uso de la violencia por parte de la Policía Nacional y pidió la dimisión del delegado del Gobierno por esta actuación.

La vicealcaldesa de Madrid ha cargado hoy contra los manifestantes que este miércoles por la tarde protestaron en Chamberí por el desahucio de Maricarmen, que había tenido lugar unas horas antes. “Este va a ser el otoño caliente que la izquierda le quiere preparar a los gobiernos del PP” vaticinaba Inmaculada Sanz después de calificar de “algaradas” las protestas convocadas por el Sindicato de Inquilinas justo después del lanzamiento.

La concentración, que había sido convocada frente al ático del paseo de Martínez Campos comprado por la Comunidad de Madrid para uso del Gobierno de Ayuso, se desarrolló sin incidentes destacables, con la participación de miles de personas -10.000 según delegación del Gobierno- en su mayoría jóvenes. Pese a ello, la portavoz del Gobierno de Almeida ha asegurado: “Ayer se produjeron situaciones de violencia en una manifestación que por lo que sé no estaba autorizada”, sin detallas qué violencia hubo.

Fuentes de Delegación del Gobierno han explicado a este periódico que la protesta no podía estar autorizada porque no se comunicó 24 horas antes, como sucede en las concentraciones de urgencia, ni se argumentó el porqué de esta premura. Preguntadas si algún agente resultó herido o golpeado durante el dispositivo, estas mismas fuentes no han detallado si se produjo algún tipo de violencia.

La concentración comenzó a las 19.00 y dos horas después derivó en manifestación, dirigiendo sus pasos hacia la Castellana sobre las 21.00 horas, sin conatos de violencia. Al llegar a la glorieta Emilio Castelar, la cabecera de la protesta avanzó hasta cruzar bajo el puente Enrique de la Mata, dividiéndose del grupo principal por el intento de la Policía Nacional de que no cortara al tráfico esta vía de comunicación. La protesta se disolvió pacíficamente a las 21.40 horas. “Nos vamos con la cabeza bien alta, con el corazón muy arriba”, dijo al terminar la portavoz del Sindicato de Inquilinas, altavoz en mano, antes de levantarse de la sentada en este paseo.

El Ayuntamiento desvía responsabilidades

Inma Sanz ha cargado contra la “demagogia, indecencia y cinismo” de la izquierda porque “lo que ocurrió ayer por el Gobierno de España es de tener muy pocos escrúpulos” dado que el Ayuntamiento, junto con la Comunidad, “fue la única Administración que ofreció una plaza residencial y que se ha ocupado de Maricarmen durante todo este tiempo”, ha explicado.

“Pretender por parte del Gobierno de Sánchez que ahora la responsabilidad recaiga en una ciudad concreta cuando, por ejemplo, en Cataluña se producen cinco veces más desahucios de los que se producen en Madrid... ¿Por qué no se producen allí estas algaradas contra los gobiernos locales y regionales?”, se ha preguntado la vicealcaldesa durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. “La resolución judicial que se produjo ayer corresponde a una ley del PSOE, también llamada Ley Boyer”, ha añadido.

El Ayuntamiento está obligado por ley a ofrecer una alternativa habitacional a Maricarmen para que el desahucio se pueda ejecutar. Ella rechazó una plaza en una residencia municipal porque prefirió irse con familiares, aunque de momento se encuentra ingresada en el hospital Gregorio Marañón. Fuentes del Sindicato de Inquilinas informan este jueves que se quedará allí unos días en observación, “debido a los nervios del desahucio y cómo ha sucedido”.

Maestre critica que Almeida lo calificara de “drama”

Este jueves también se ha pronunciado sobre el desahucio la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, para echar en cara al alcalde que considerara “un drama” el desahucio, a la vez que respaldaba la decisión judicial que llevó al lanzamiento. “Un drama es una enfermedad. Lo de ayer fue un atentado contra los derechos fundamentales de las personas a seguir viviendo en su casa”, ha afirmado en una rueda de prensa celebrada este jueves en el Edificio de Grupos.

La líder de la oposición en Cibeles ha sostenido que el lanzamiento “tiene responsables” y ha señalado directamente al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por no haberlo impedido, según declaraciones recogidas por Europa Press. “¿Cuántos teléfonos han levantado Ayuso y Almeida para paralizar el desahucio”, se ha preguntado, antes de responder: “Ni un solo teléfono”.

Maestre ha pedido que lo ocurrido sea “un punto de inflexión” en las políticas de vivienda de la ciudad. En este sentido, ha sostenido que existe en Madrid “un interés” en favorecer la especulación inmobiliaria y que, si se aplicase la ley de Vivienda, el desahucio de Maricarmen no se habría producido porque los propietarios no podrían “multiplicar por cinco” el alquiler que pagaba.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha enviado una carta al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para que convoque una reunión extraordinaria y de urgencia que evalúe “que puede hacer esta empresa de forma inmediata para ofrecer soluciones a la ciudadanía”.

La portavoz del PSOE en Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado: “No puede ser que la EMVS sea un instrumento cautivo de los fondos de inversión, tiene que estar al servicio de madrileños y madrileñas”, advierte la portavoz socialista, quien recuerda que “la EMVS tiene 1.300 viviendas vacías sin adjudicar y ayer no hubo una solución digna para Maricarmen y David por falta de voluntad política”, añadió en referencia a otro desahucio que hubo en Vallecas este miércoles.

“El ático de Ayuso para Maricarmen”. Más de diez mil personas se han unido este miércoles a una protesta frente al polémico inmueble del Gobierno de Ayuso en Chamberí pocas horas después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que se ha visto obligada a abandonar su vivienda de toda la vida en medio de un enorme despliegue policial.

Los manifestantes eran en su mayoría jóvenes y han agitado las llaves en alto, un gesto habitual en las protestas que reclaman vivienda digna. “Madrid no se vende, Madrid se defiende”, ha sido uno de los lemas más coreados, junto al de “vergüenza”. También el del “Ayuso dimisión” ha salido con fuerza de las gargantas de los reunidos en el paseo del General Martínez Campos, una de las zonas con rentas más altas de Madrid.

Vanesa, vecina de Madrid que se ha unido a los gritos por Maricarmen, tenía clara la elección del inmueble comprado por la Comunidad de Madrid —y luego puesto a la venta tras el estallido de la polémica— como lugar de convocatoria: “Estoy aquí, en este ático, porque creo que es paradigmático y muestra una estafa a la ciudadanía. Este verano pillamos a Ayuso con un ático de lujo mientras las personas vulnerables siguen viviendo desahucios”, lamentaba pasadas las 19.00.

Irene, de 27 años, salía de trabajar a las seis en Vallecas y ha venido corriendo para estar puntual. Está muy implicada en el movimiento por la vivienda y conoce el caso al detalle. “No pude estar en el desahucio porque tenía turno de mañana, pero vengo ahora si hace falta porque necesitamos estallar”, sentenciaba, mostrándose convencida: “Maricarmen no sabe dónde ir, pero este ático es el mejor sitio para ella. Vamos a recuperarlo”. Con ella coincidían el resto de los manifestantes, que corean una y otra vez cánticos que piden otorgar a la vecina el lujoso inmueble que adquirió la Comunidad de Madrid.

Vicente, en cambio, se asomaba tímidamente con un amigo la desembocadura de la calle de Zurbano, que conecta con el polémico edificio. Confesaba haberse enterado el martes del caso de Maricarmen y su lucha por permanecer en Retiro, pero insistía en que aún así decidió venir andando desde Atocha para unirse un rato a la concentración.

Entre el gentío han asomado caras conocidas como la de Irene Montero, eurodiputada de Podemos, la escritora Elizabeth Duval o el diputado regional Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid. Pero la mayoría de voces que suenan son anónimas. “Cualquiera puede visualizarse un día siendo Maricarmen, y viéndote obligado a dejar tu casa por estos precios”, narraba una de ellas, la de Luis Miguel, que ha venido desde Cáceres por trabajo y hoy mismo se ha entrado “por la prensa” de lo que habia pasado con Maricarmen. Antes de conversar con Somos Madrid, debatía con dos acompañantes sobre la legislación vigente en materia de vivienda.

“Los precios suben de toda la vida, pero no así ni con un bien tan básico como tu casa. Si estamos en este punto es porque los fondos buitre han sido muy defendidos por la derecha en este país... Y aquí también incluyo a una parte del PSOE”, espetaba el manifestante extremeño, en un dardo a la administración central y duras criticas Isabel Rodríguez: “Nadie se cree que una ministra de Vivienda no pueda hacer nada para frenar un desahucio”

Moverse por el entorno del ático ha sido prácticamente imposible desde el minuto uno. La gente formaba pequeños pasillos improvisados cuando alguien en silla de ruedas o alguna urgencia ha de cruzar la calle, que ha terminado quedando cortada. Pero el resto se abría paso como podía entre una multitud fuera de pronósticos. “Acabo de llegar y ya no sé dónde está nadie, ni los del Sindicato, ni el resto de voluntarios... Sabía que vendría mucha gente, pero esto es espectacular”, resumía a toda velocidad una de las encargadas de controlar la convocatoria, vestida con un chaleco reflectante de color naranja que proporcionan los convocantes.

Durante la mayor parte de la tarde la presencia de agentes de la Policía Nacional en la manifestación ha sido abundante, pero a diferencia de esta mañana durante el desahucio de Maricarmen, no vestían equipamiento de antidisturbios ni se han producido gestos violentos. El tráfico en el paseo, que cuenta con seis carriles para vehículos, fue cortado cuando la multitud apostada frente al edificio donde se encuentra el ático desbordó la acera e inundó la calzada, ocupándola de lado a lado.

Pasadas las 21:15 de la noche, la protesta se dividía. Pese a los esfuerzos policiales los manifestantes cortaban la Castellana y los antidisturbios intentaban frenar la marcha lanzando pelotas de goma y cargando contra la marcha. Un pequeño grupo con la cabecera lograba avanzar mientras el grueso de las personas congregadas se quedaba en torno a la glorieta Emilio Castelar.

Casi a las nueve y media, y dado que la barrera policial impedía continuar por la Castellana, un amplio grupo de manifestantes inició una sentada en mitad de la carretera. Frente a los agentes uniformados, una portavoz del Sindicato de Inquilinas lanzó un augurio a través del megáfono: “Dirán que no hemos seguido las instrucciones de la Policía. Que no hemos hecho lo que nos han pedido. ¿Y qué es lo que han hecho ellos, eh? ¡Echar a Maricarmen, joder!”, exclamó ante el estallido colectivo del resto que grita, aplaude y llama a la “desobediencia”. “Si algo nos ha enseñado Maricarmen es que hay que luchar hasta el final. Ella llevaba siete años luchando por la casa en la que han muerto sus padres, donde ha visto morir a todos sus amigos del barrio y donde ella también se quería morir. ¡Y no la han dejado!”, continuó la portavoz sindicalista ante la mirada impasiva de los agentes. La manifestación se ha desconvocado a las 21.40 de forma pacífica.

Una oleada de protestas de solidaridad

Los sindicatos de inquilinas se han sumado a la protesta en otras localidades españolas y han convocado movilizaciones ante las respectivas Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno para denunciar el desahucio y exigir también responsabilidades al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Una de ellas ha sido en Oviedo. Bajo el grito unánime de “No toleramos ni un desahucio más”, decenas de personas se han reunido ante la sede de la Delegación del Gobierno, en la Plaza de España. “Hay que cambiar este modelo para siempre. Convocamos la manifestación como apoyo a los compañeros de Madrid que hoy se concentran donde el ático de Ayuso y de forma simultánea en todos los territorios para exigir al Gobierno que aplique el real decreto y apruebe más medidas para acceder a una vivienda”, ha asegurado el portavoz del sindicato en Asturias, Andrés García.

Precisamente mañana, día 24, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Amnistía Internacional, el sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA) y el Sindicato de Vivienda de Asturias tienen convocada una rueda de prensa en la capital asturiana para exigir a la administración una alternativa habitacional por vulnerabilidad ante el desahucio de una mujer y su hija de 9 años previsto para el próximo lunes, 28 de septiembre.

“Un bote, dos botes, rentista el que no bote”, han coreado por su parte en el Casco Histórico de Toledo. “Maricarmen, no estás sola”, “jefes y caseros, todos al basurero” o “qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa”, han seguido cantando durante una concentración en la que han reclamado que no haya “ninguna Maricarmen más”, y en la que tampoco se ha librado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez: “Ministra rentista, estás en nuestra lista”.

Con información de Pilar Campo y Javier Muñoz de la Torre.

“La propiedad no ha querido negociar ni aceptar ninguna propuesta. Además no le ofrecen ninguna alternativa habitacional. Nos están pidiendo una dirección que darles para enviar todos sus enseres personales”. Con estas palabras la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, confirmaba en la mañana de este miércoles que el desahucio de la anciana de 87 años, a quien intentaban defender cientos de activistas en el madrileño distrito de Retiro, era inevitable. Después de horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutaba poco antes de las 13.00 gracias a un enorme despliegue policial que iba apartando activistas, uno a uno, del camino hasta el piso de la desahuciada.

A primera hora de la mañana, la comisión judicial llegaba puntual a su cita. Eran las 9.30 en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde se encontraban cientos de activistas intentando frenar el acceso al portal de la vivienda. En ese momento numerosos agentes antidisturbios llevaban ya dos horas intentando desalojarles después de haber permanecido desde la noche sentadas en la acera. Eran más de 200 según el Sindicato de Inquilinas, que denuncia el uso de gas pimienta en el desalojo.

Los agentes aporreaban luego la puerta de la calle para forzar el acceso y empezar a sacar a los manifestantes del interior, pasadas las 11.30. Media hora después, la Policía Nacional avanzaba por las escaleras camino de la vivienda de Maricarmen, acompañada del cerrajero encargado de abrir la puerta para poder notificar el desalojo, con el que poner fin al procedimiento burocrático que certificaba la expulsión. Lo han conseguido poco antes de las 13.00, hora a la que Maricarmen era sacada a la calle en camilla, camino del hospital Gregorio Marañón.

Fuera, cientos de personas protestaban por el desahucio. Los manifestantes evacuados, algunos entre lágrimas y calificando su trato como “una vergüenza”, han recibido el aplauso de la multitud congregada. Algunos salieron agarrados del cuello por los agentes, arrastrados o en volandas, incluso con síntomas de desmayos, según pudo comprobar in situ Somos Madrid. El objetivo de la Policía Nacional era despejar el área antes de acceder al edificio y sacar a la octogenaria de su hogar, en el cuarto intento de desahucio que vivía durante los últimos meses.

El Sindicato de Inquilinas, que se ha encargado de coordinar las protestas, cifra en “al menos 40” el número de activistas identificados por los agentes. La protesta ha sido en todo momento pacífica por parte de los allí congregados. El despliegue policial reunió más de una decena de furgonetas, que fueron interpuestas entre el cordón policial y los manifestantes. La organización sindical habla de “compañeras gaseadas, magulladas y golpeadas por todo el cuerpo, cuyos gritos han contribuido a la ansiedad de Maricarmen”.

Las personas desalojadas procedían de la acampada que durante toda la madrugada había acompañado a Maricarmen en este lance. Figuras conocidas como Ana Belén, Inés Hernand, Marwán, Juan Diego Botto o Carlos Bardem pasaron también anoche por el lugar para mostrar su rechazo al desahucio.

Ya esta mañana, una gran concentración se formaba en los dos costados del citado cordón policial, a unos 30 metros de la vivienda Maricarmen, donde se han producido cargas policiales que impiden el paso de los manifestantes a las inmediaciones del bloque. Se han coreado gritos como “Madrid será la tumba del rentismo” o “vergüenza”. También otros dirigidos a la policía: “Podría ser tu madre, podría ser tu abuela” o “cobardes”.

Los agentes han llegado a expulsar de esa zona incluso a los medios de comunicación, algo que el Sindicato de Inquilinas tachaba de “ataque a la libertad de expresión”. “Que pase la prensa”, ha sido otro de los cánticos repetidos entre las cientos de personas que han asistido en apoyo a Maricarmen. La retirada de los medios de comunicación ha sido ejecutada por orden judicial, aseguran a este periódico fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, que recuerdan que el despliegue policial sigue instrucciones del juzgado. Finalmente, la prensa ha podido acercarse, pero en todo momento a una distancia prudencial del portal de no menos de 20 metros.

Las mismas fuentes aclaran que no dirigen este dispositivo y explican que su departamento está “en contra de este desahucio”. El Sindicato de Inquilinas ha convocado para este miércoles por la tarde una manifestación de protesta contra el lanzamiento, será a las 19.00 frente al ático que compró el Gobierno de Ayuso.

Alicia del Río, portavoz de la organización, ha explicado los motivos de la ubicación elegida: “Vivimos en una ciudad y una región gobernada por y para los fondos buitre, para la especulación. El Gobierno de Ayuso hace unas leyes rentistas para que se lucren quienes acaparan vivienda mientras destrozan nuestras vidas, como han hecho con la de Maricarmen. Responsabilizamos principalmente a Ayuso de este desahucio, mientras ella se ríe en nuestra cara comprándose un ático con nuestro dinero. Pero el ático de Ayuso es para Maricarmen. El dinero público es para el derecho a la vivienda, es para todas. Por eso convocamos la manifestación, para que quienes creen que nuestro derecho a la vivienda está por encima del lucro de unos pocos y la corrupción de un Gobierno vayamos a expresar la repulsa por la barbarie de hoy”.

La activista ha recordado no obstante el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de sus socios de gobierno: “¿Para qué sirven? Hay un punto de inflexión que no se sostiene con lo que hemos visto hoy. ¿Podemos, Bildu, ERC o BNG van a seguir sosteniendo este gobierno hipócrita que no puede paralizar esto? ¿Qué van a hacer los ministros de Sumar? Con su inacción y su negligencia nos dejan en las manos del fascismo mientras usan el dolor como arma arrojadiza?”.

El fondo inmobiliario rechazó la última oferta

El Sindicato ha denunciado que Urbagestión había rechazado la última oferta formulada por la mediación para intentar detener el lanzamiento, por lo que el desahucio era irrevocable. Maricarmen esperaba una solución de última hora después de meses luchando contra los movimientos del fondo inmobiliario para expulsarla de su casa. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros. Un alza que una escritora anónima se ofreció a cubrir este martes, sin que la propiedad haya aceptado tampoco esta oferta.

A la puerta de esta vivienda de Retiro también esperaba el Samur Social, que ha subido con la Policía hasta la casa de Maricarmen y se ha encargado de su traslado en ambulancia. El Ayuntamiento de Madrid está obligado a ofrecerle una alternativa habitacional, cosa que asegura haber hecho.

Fuentes del área de Servicios Sociales indican que emitieron el correspondiente informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado, y que han puesto a su disposición diferentes recursos de alojamiento, “pero ha manifestado expresamente su rechazo cuando se le ha ofrecido plaza”, añaden. Estas fuentes precisan que la octogenaria ha optado por hospedadas con familiares cuando abandone el hospital. El alcalde José Luis Martínez-Almeida había confirmado ese ofrecimiento del Samur Social, calificando de “drama” la situación de Maricarmen, pero asegurando que “los mandatos judiciales se tienen que obedecer”.

“El Consejo de Ministros puede frenar este desahucio ahora mismo”, ha denunciado el Sindicado de Inquilinas sobre la paralización desde hace meses del decreto de vivienda que podría detener este y otros desahucios, y que el Gobierno retiene a falta de apoyos parlamentarios en el Congreso para sacarlo adelante. Su llamamiento ha sido secundado por la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha exigido que la semana que viene vaya al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de vivienda al Consejo de Ministros. “El PSOE no puede seguir dilatándolo más. PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra. Ni más MariCarmenes desahuciadas ni más dueños de fondos buitre haciendo de nuestros derechos su ley de la jungla”, ha publicado en redes sociales.

“Tres preguntas sobre Casa Árabe se han contestado en esta comisión, cuando el área de Cultura no tiene ningún peso sobre ella” se quejaba la delegada del ramo, Marta Rivera de la Cruz, después de que tanto Vox como Más Madrid y PSOE hayan preguntado sobre la expulsión de la institución del edificio de Escuelas Aguirre, que quiere ejecutar el Ayuntamiento de Madrid.

Las preguntas se han centrado en las razones patrimoniales esgrimidas por Almeida para justificar la salida del consorcio de este edificio municipal. El alcalde aseguró que tenía un mantenimiento deficiente y que era necesarió que el Ayuntamiento entrara en las Escuelas, previo desalojo del edificio. Antes había argumentado que lo pedía por desavenencias con una de las exdirectoras de Casa Árabe, Irene Lozano.

Sin embargo, el Ayuntamiento no ha sido capaz de mostrar ningún informe municipal que detalle los deterioros argumentados por José Luis Martínez-Almeida para su urgente recuperación. El área de Cultura solo ha citado este martes un informe elaborado por el Ministerio de Cultura, que forma parte del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, donde se detallaban problemas menores, “consecuencia del paso del tiempo”.

Este informe indica, a partir de una inspección visual, que “la Casa Árabe conserva sus valores histórico-artísticos, tanto en su estructura como en su composición” y solo se observan algunas humedades derivadas de filtraciones del terreno y de las aguas pluviales, además de deterioro en algunos acabados y carpinterías. También se cita la obsolescencia de sus instalaciones. “El proceso de degradación del edificio parece consecuencia lógica del paso del tiempo”, remata según el texto leído por la directora general de Patrimonio Cultural.

Los partidos de la oposición han cuestionado la excusa de la conservación del edificio. Más Madrid ha dudado en la comisión si esto “obedece a una necesidad técnica acreditada o respondía a una decisión política adoptada con independencia de cualquier necesidad de obras”, explicaba Carolina Elías sembrando dudas sobre las supuestas restauraciones previstas por el consistorio, que no están programadas.

La situación de Casa Árabe también ha sido abordada por el concejal socialista Jorge Donaire, quien ha preguntado desde cuándo conocía el Ayuntamiento los problemas de Escuelas Aguirre y qué hizo para evitar llegar a la situación actual. “Conocer un problema es una cosa y gestionarlo estamos viendo que es otra”, ha afirmado.

A lo largo de la comparecencia, el área de Cultura tampoco ha desvelado qué uso se daría al inmueble. Y la delegada Marta Rivera de la Cruz ha puntualizado que la cesión para montar el consorcio se completó en su día desde el área de Hacienda, desligando a su departamento de toda la operación. “No podemos hacer propuestas dada la situación actual de Casa Árabe. No tendría sentido ni sería responsable”, añadía la delegada.

Actualmente el Ayuntamiento de Madrid no puede expulsar a Casa Árabe del edificio de las Escuelas Aguirre porque no se cumplen las condiciones legales para hacerlo sin indemnización. Esto sucede porque aunque la Comunidad de Madrid anunció su salida -lo que sí que habilitaría la salida a su vez del Ayuntamiento- no la ha podido ejecutar formalmente al tener que hacerlo en el Consejo Rector.

Almeida ha reclamado esta convocatoria, pero en la situación actual es difícil pensar que Casa Árabe vaya a convocar voluntariamente una reunión que derivaría en la clausura de su sede en Madrid. Así que intentará hacerlo por la vía judicial. Por su parte, el alcalde ha alertado varias veces de un problema estructural “que pone en riesgo la seguridad e integridad física de las personas”, algo que no ha quedado demostrado este martes en la comisión municipal.

El Ayuntamiento de Madrid ha identificado hasta 14 instalaciones con amianto situadas en el Parque de Atracciones, principalmente en cubiertas y en otros elementos auxiliares. Así consta en un informe sobre el estado de cada una de las atracciones y locales de este recinto de ocio, al que ha tenido acceso Somos Madrid, dentro de la documentación con la que ha salido a concurso la explotación de estas instalaciones públicas hasta el año 2035.

El amianto con el que se fabricaba el fibrocemento se encuentra en atracciones ya clausuradas como la Cueva de las Tarántulas, pero también en otras en funcionamiento como Los Rápidos. En este segundo caso, el consistorio avisa de la “presencia de fibrocemento en cueva de difícil acceso” en la ficha correspondiente a este divertimento. También se ha detectado fibrocemento en la chimenea de The Walking Dead o en las cubiertas de los baños situados en las zonas del Abismo, de Nickelodeon o de Fantasía, al norte de las instalaciones.

Otros espacios públicos con este tipo de material en el Parque de Atracciones son las cubiertas del Mercado de San Isidro, del quiosco del templete o del antiguo restaurante valenciano, actualmente cerrado. También se detectó en espacios cerrados al público como la oficina de mantenimiento, un almacén de restauración –igualmente en cubiertas– y en una bajante situada en la zona del comedor del personal. El fibrocemento es un tipo de material usado para cubrir superficies en el que se empleaba antiguamente amianto, una sustancia con potencial cancerígeno en el caso de que se quiebre y libere al aire sus fibras. Por ello está siendo retirado en lugares donde se detecta, aunque su sola presencia no sea dañina para la salud si está encapsulado o no tiene peligro de rotura.

Parques Reunidos, actual empresa gestora del Parque de Atracciones de Madrid, aclara que los elementos de fibrocemento “se encuentran principalmente en cubiertas no accesibles y no han supuesto un riesgo para la salud o la seguridad de visitantes, empleados o contratistas”. Las mismas fuentes, en respuesta a preguntas formuladas por Somos Madrid, explican que gestiona estos elementos de acuerdo con la normativa aplicable, mediante evaluaciones especializadas, seguimiento e inspecciones periódicas. “La gestión de estos elementos forma parte del programa continuo de mantenimiento del parque y de su compromiso permanente con el cumplimiento normativo”, añaden.

El Ayuntamiento de Madrid informa en la misma documentación consultada por este periódico que está tramitando un plan de desamiantado para parte de las infraestructuras del Parque de Atracciones que lo poseen. El plazo para hacerlo es “hasta finales de 2027”. El consistorio añade que en otros edificios su retirada está prevista “en el marco de las actuaciones ordinarias de mantenimiento del Parque”. En el caso del amianto encontrado en la pérgola, el documento implica que se le ha aplicado una capa de imprimación transparente de forma que quede encapsulado.

Requerimiento el año pasado

En respuesta a las preguntas de este periódico, fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad explican que trabaja -en colaboración con el Parque de Atracciones de Madrid- en la identificación, evaluación y programación de la retirada de los materiales afectados por amianto. Y que en febrero del año 2025 hizo un requerimiento a Parque de Atracciones para que procediera a retirar la presencia de fibrocemento en varias cubiertas del recinto. El área recibió la documentación técnica por parte de la empresa el 8 de junio de 2026, donde se indicaba el proyecto de sustitución de cubiertas con presencia de amianto, con la justificadión por parte de la concesionaria del cumplimiento de la normativa sectorial vigente en esta materia, a efectos de proceder a la retirada y adecuada gestión de los elementos.

Este plan de retirada ha pasado con dictamen favorable por la Comisión Local de Patrimonio Histórico, debido a que se ubica en un Bien de Interés Cultural, también ha sido remitido a la Agencia de Actividades para que informe urbanísticamente y para que la Dirección General de Aguas y Zonas Verdes emita posteriomente la autorización administrativa con la que el Parque de Atracciones podría ejecutar los trabajos. Fuentes municipales aclaran que las actuaciones de eliminación se llevarán a cabo conforme a la normativa específica mediante empresas habilitadas e inscritas en el correspondiente registro, garantizando la protección de trabajadores, usuarios e instalaciones.

También recuerdan desde el consistorio que las instalaciones o emplazamientos de carácter público con amianto deberán ser eliminados antes de 2028, según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. “El Ayuntamiento ha estado trabajando para proceder a su retirada a la mayor brevedad posible, sin alargar el proceso hasta el plazo que la normativa permite”, apuntan fuentes municipales sobre su existencia en desterminadas instalaciones.

Varias atracciones e instalaciones permanecen cerradas

La única atracción del Parque de Atracciones clausurada al público que presenta fibrocemento con amianto es la Cueva de las Tarántulas, un recorrido en vagoneta construido en 1997 por el interior de un decorado que simula una cueva de arácnidos, justo debajo de la montaña rusa de la misma temática. Esta se encuentra incluida en el listado de aparatos de entretenimiento que también han acabado su actividad por distintos motivos.

La extensa documentación sobre el Parque de Atracciones publicada por el Ayuntamiento incluye las fichas de todos los ingenios mecánicos del recinto y cita cuatro cierres más, estos sin presencia detectada de fibrocementos. Entre ellos está Fantasía, el recorrido en barcas por recreaciones de diferentes países del mundo que cerró después de perder el título habilitante, indica el consistorio. Sus baños, todavía en uso, presentan sin embargo una cubierta con amianto que debe ser retirado. Tampoco funcionan ni el cine 4D, ni el Teatro Kalimba ni el simulador virtual, que tuvo que cerrar recientemente por problemas de sincronización entre sus movimientos y la proyección que mostraba. Algunos espacios de restauración o de recuerdos en forma de fotografías tampoco funcionan a día de hoy.

El Parque de Atracciones de Madrid consigue atraer cada año a cerca de un millón de visitantes. Estas instalaciones de entretenimiento sobre suelo público abrieron el 15 de mayo de 1969 con una concesión inicial de 35 años que se ha ido ampliando hasta finales de septiembre de 2027, cuando llegará el nuevo operador para el que ahora el Ayuntamiento de Madrid acaba de abrir a explotación.

Los aspirantes a gestionar el recinto han de concurrir a esta licitación pública demostrando una actividad anual de al menos 13 millones de euros de facturación en actividades de ocio similares y al menos 500.000 visitantes en las instalaciones que gestione. Deberá asumir además al menos 15 millones de euros en inversiones y subrogar los contratos laborales existentes, entre otras obligaciones marcadas por el concurso.

Desamiantados en Madrid

La existencia de amianto es habitual en algunas construcciones de la capital, especialmente en cubiertas de uralita -la marca comercial más conocida de fibrocemento- que se han ido desmantelando en los últimos años. Uno de los casos más recientes que trascendieron a los medios en Madrid fue el de una manzana dotacional en el distrito de Retiro donde el Ayuntamiento quiere construir un polideportivo. La retirada de los tejados de la antigua nave industrial que iba a ser allí demolida provocó temores en su vecindario, aunque el desmantelamiento acabó con niveles de amianto muy por debajo de los máximos marcados por la normativa.

Más problemático fue el caso de Metro de Madrid, que hace años descubrió la presencia de fibrocemento con amianto en sus vagones y en algunas de sus estaciones. Hasta una veintena de empleados resultaron afectados por la exposición a este material durante años, lo que derivó en una serie de indemnizaciones por parte del suburbano a trabajadores y a sus familiares, ya que algunos casos más graves acabaron en fallecimientos. De un acuerdo con los sindicatos surgió también un plan de desamiantado de varias paradas de la red que tenían fibrocemento y que según los plazos inicialmente marcados acababa este 2026.

Los característicos colores de Okuda asomarán desde este lunes por el primer arco chino de Madrid, en el que el Ayuntamiento lleva varios años trabajando y que estará acabado en los próximos días. El conocido artista urbano va a colocar un oso y dos dragones sobre la estructura situada en la plaza del Hidrógeno, con intención de simbolizar la hermandad de las dos principales culturas que conviven en Usera.

Los trabajos para rematar esta decoración artística comienzan este lunes 21 de septiembre en la plaza del Hidrógeno, donde acaba el circuito peatonal ideado por el Ayuntamiento desde Madrid Río que sirva como eje de crecimiento del Chinatown en la capital. En las últimas semanas se habían colocado proverbios con la colaboración de la comunidad china, sobre las columnas y la parte superior del arco, de 12 metros de alto. Todos giran en torno all encuentro, el respeto y el abrazo entre culturas.

Tanto los dragones como el oso ideados por Okuda San Miguel irán por encima de estos caracteres, en soportes situados sobre el tejado del paifang (nombre con el que se conoce este tipo de puertas). La elección del artista, con estudio en el barrio, fue adelantada por Somos Madrid el pasado mes de enero. En total el arco ha costado cerca del medio millón de euros, sumando los honorarios de Okuda (280.000 euros) y la construcción del arco, de estructura metálica, con teja cerámica vidriada y aleros de placas de cartón yeso blanco y metal (210.000 euros).

Las esculturas constan de una estructura y soldadura interna metálica y un laminado de fibra de vidrio y resina de poliéster. La obra se llama Two Cultures in Love y pretende establecer un diálogo hecho escultura. Según la definición de Okuda, son “tres figuras que no se enfrentan, sino que se encuentran y conviven bajo un mismo arco. La obra muestra la identidad, la diversidad y la transformación de un barrio que crece por su intercambio cultural. Preserva la memoria, pero con el objetivo de llevar la tradición hacia el futuro y entender que una cultura también se construye a través de aquello que comparte con otras”.

El arco ha sido construido después de fracasar una primera idea de colocar dos arcos más tradicionales y similares a los existentes en otros Chinatowns del mundo. El primero de ellos iba a estar en la plaza del Hidrógeno (pero sobre la calle Dolores Barranco) y otro en la calle Evangelios, junto a la iglesia. Fue hace dos años y al no postularse ninguna empresa el concurso fue declarado desierto y el Ayuntamiento reformuló la idea, adaptándola a la peatonalización planificada.

El consistorio quiere inaugurar toda la intervención en Usera el próximo 1 de octubre, lo que también incluirá una caseta de información en Madrid Río siguiendo el estilo arquitectónico chino tradicional, con un llamativo tejado rojo. La idea es enviar a los posibles visitantes del Chinatown desde allí, siguiendo el camino trazado por el Ayuntamiento de Madrid, salpicado por alusiones a la cultura asiática.

La idea del Ayuntamiento es favorecer la llegada de visitantes en busca de una cultura y gastronomía muy diferente a la que se encuentra en otras partes de Madrid. Para ello también se va a dotar de un sello de calidad Chinatown de Madrid a los comercios participantes en un programa de promoción turística del consistorio, dentro de los objetivos marcados por el Gobierno de Almeida para “descentralizar progresivamente el turismo de la ciudad”.

La remodelación del Estadio de Vallecas será algo más que un lavado de cara o un aumento de aforo. La Comunidad de Madrid planea un nuevo recinto deportivo y comercial que funcione durante todos los días del año, con un parking y edificio anexo donde colocar infraestructuras que no caben actualmente en el coso de la avenida de la Albufera y con las que prevé aumentar sus rendimientos económicos, como consta en la documentación del estudio director de la reforma al que ha tenido acceso Somos Madrid.

“Se pretende convertirlo en un recinto polivalente capaz de albergar otros usos en los días de no partido, que suponen un porcentaje muy elevado en el calendario, compatibles con su actividad principal como estadio de fútbol, mejorando su aprovechamiento, sostenibilidad y eficiencia”, indica el estudio como premisa a la hora de trazar un plan que pasa por aumentar los graderíos hasta las 18.500 localidades, como se avanzó el pasado mes de junio. El proyecto se inspira en el aspecto primigenio del estadio entre los años 1955 y 1970.

Para hacerlo se moverá el campo de juego ligeramente, desplazándose hacia la calle Payaso Fofó, y así generar un nuevo graderío en el fondo de la calle Teniente Muñoz Díaz. La calle Fofó se reducirá de cuatro a dos carriles y quedará configurada como zona de coexistencia de peatones con vehículos, sin bordillos, apunta el estudio que señala los límites patrimoniales de la actuación, ya que el Estadio de Vallecas está incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos con protección de Nivel 3 y grado de protección parcial. En concreto están protegidos tanto la estructura de los graderíos norte y sur, como la fachada del edificio, que puede modificarse pero manteniendo los elementos estructurales vistos.

La reforma ampliará el largo del campo de juego y estrechará ligeramente el ancho, al pasar a tener 102 metros de largo por 65,50 metros de ancho (actualmente mide 100 metros de largo por 66,6 metros de ancho). Serán 6.681 m² frente a los 6.660 m² actuales. Además, se ganará entre 3 y 4 metros de espacio en las bandas, desde los limites del terreno a las gradas.

Pese a que los cambios en los graderíos son sustanciales, el meollo de la reforma en la sede del Rayo Vallecano es el nuevo edificio que se levantará junto a la calle Arroyo del Olivar, pensada en su parte alta para acoger nuevas zonas VIP con conexión directa al renovado Palco de Honor, en uno de los laterales del estadio. Contará con 8.090 m² de superficie y un aparcamiento subterráneo de 4.000 m², en el que podrían caber en torno a 150 vehículos.

El estudio director no dedica una descripción detallada de sus dependencias, pero sí que apunta que la construcción de este edificio y su aparcamiento costará unos 20 millones de euros (IVA no incluido), un tercio del presupuesto de la obra total.

Otro cambio importante es la llegada de nuevas zonas comerciales con acceso desde la calle, una cafetería y espacios para crear un food market, que el documento no aclara si funcionará solo durante los partidos o también el resto de días del año. Los vestuarios también serán reubicados y construidos desde cero. Aparecerá además una zona de gimnasio y se mejorarán todos los aseos.

“Se planteará el nuevo recinto como en espacio polivalente que fomente el deporte y la actividad física”, explica el estudio, donde “puedan realizarse eventos culturales y artísticos y se generen espacios formativos y comerciales de manera que fomenten el desarrollo económico y social local”.

Algunos detalles de este proyecto fueron compartidos hace unos días en redes sociales por la diputada de Más Madrid Alicia Torija. Lo hizo porque “el estadio es público” y, a su entender, “su futuro no puede decidirse entre unos pocos. Socios, afición y barrio tienen derecho a conocer el proyecto, opinar y ser escuchados”, sostiene.

Una de las grandes preocupaciones de la aficción rayista es el posible cierre parcial o total por las obras del estadio y tener que repetir el exilio al que se ha visto obligado el club durante el inicio de esta liga debido a los actuales problemas de mantenimiento, aparentemente ya resueltos. El estudio director calcula que serán necesarios 24 meses de obras pero que en todo momento estas serán compatibles con el desarrollo de la actividad deportiva, salvo en los parones veraniegos.

En la primera fase de obras, según la misma fuente y a la espera del proyecto definitivo de ejecución, se ejecutarán las nuevas gradas sobre la calle Payaso Fofó, mientras se mantienen todos los accesos actuales. Esta actuación durará unos seis meses. Después llegará la demolición (fase 2) de la grada baja actual que da a esa vía y de sus esquinas con las calles aledañas, que se ejecutará en el plazo de un mes.

A continuación llegarán más demoliciones y la retirada de la cubierta en otras esquinas del estadio mientras se desplaza el terreno de juego hacia el sur y se planta el nuevo césped, algo que debería ocurrir durante el parón veraniego. A su vez, se van ejecutando las nuevas gradas bajas, medias y altas en las dos esquinas que dan a Payaso Fofó. Esta tercera fase se desarrollará a lo largo de ocho meses. Por último, la fase 4 incluye nueve meses de trabajo para crear el nuevo graderío del fondo norte y la renovación de los asientos.

La Comunidad de Madrid no ha avanzado todavía a través de qué modelo quiere desarrollar las construcción de este nuevo estadio, aunque la presidenta Ayuso ofreció el proyecto a inversores extranjeros durante su última gira por Estados Unidos, cifrando en 60 millones el coste de la inversión, cifra que coincide con el presupuesto inicialmente calculado en el estudio director.

El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida acaba de desvelar las condiciones que exigirá a las empresas aspirantes a explotar el Parque de Atracciones de Madrid durante los próximos años, una instalación municipal que finaliza su actual concesión en septiembre de 2027. Será a cambio de una importante inversión -al menos 15 millones de euros- y nuevas atracciones, de mantener los contratos de todos sus trabajadores y de un porcentaje de la facturación anual del recinto, entre otros requisitos.

Los detalles de la licitación, a los que ha tenido acceso Somos Madrid, indican que la propuesta para crear nuevas atracciones será lo que más peso tenga en el concurso por la gestión del parque durante los próximos ocho años, hasta el 2035. Los operadores privados interesados podrán presentar proyectos que incluyan entre 15 y 40 millones de inversiones, la mayoría (el 80%) deberá dedicarse a modernizar o crear nuevas atracciones, mientras el resto deberá emplearse en mejorar la accesibilidad y el ahorro energético. Estas inversiones -que no incluyen el coste del mantenimiento ordinario- deberán estar ejecutadas en su mayoría durante los tres primeros años de explotación.

El Ayuntamiento de Madrid también exige un canon de al menos 400.000 euros al año por explotar los 200.000 metros cuadrados de los que consta el Parque de Atracciones, además del 8% de todos los ingresos anuales de la explotación: taquilla, lo que vendan los restaurantes, las tiendas o lo que se obtenga por las cesiones del recinto. Este importe es el mínimo marcado por Cibeles, pero las empresas podrán ofrecer recompensas mayores al erario público. En el concurso también tendrán peso –menor– los descuentos a determinados colectivos y otras prestaciones gratuitas.

El tercer condicionante para las empresas que quieran optar a la concesión es la de subrogar los contratos de los 249 empleados actuales del parque, 222 de ellos fijos y 27 de tipo fijo discontinuo. Sus salarios suman más de cinco millones de euros al año.

Por último, el consistorio establece unos baremos mínimos sobre las empresas que pueden optar a este concurso: deberán haber gestionado parques temáticos o similares con al menos medio millón de visitantes al año y acreditar un volumen de negocio superior a los 13 millones de euros anuales, lo que reduce considerablemente el número de posibles candidatos a esta explotación. La compañía que actualmente gestiona el recinto, Parques Reunidos, es una de las que podría presentarse para ampliar una licitación que se remonta ya a varias décadas.

El Ayuntamiento de Madrid recibirá ofertas durante tres meses, hasta mediados de diciembre. Y espera comenzar la nueva concesión el 28 de septiembre del año 2027. El periodo de explotación se extenderá hasta el 5 de octubre de 2035, fecha en la que todas las instalaciones del parque pasarán a ser propiedad del consistorio. El equipo de Almeida espera que para entonces el Gobierno municipal tenga una imagen clara del futuro de los espacios comerciales de la Casa de Campo, ya que el zoo también finalizará la explotación actual en esas fechas.

Cuatro atracciones cerradas

La extensa documentación sobre el Parque de Atracciones publicada por el Ayuntamiento incluye las fichas de todos los ingenios mecánicos del recinto, entre ellos varios que fueron cerrando por distintos motivos y que permanecen actualmente clausurados. Están en el dique seco la Cueva de la Tarántula o Fantasía, el recorrido en barcas por recreaciones de diferentes países del mundo que acabó teniendo que prohibir el acceso por perder la vigencia del título habilitante, indica el consistorio.

Tampoco funcionan ni el cine 4D, ni el Teatro Kalimba ni el simulador virtual, que tuvo que cerrar recientemente por problemas de sincronización entre sus movimientos y la proyección que mostraba. Algunos espacios de restauración o de recuerdos en forma de fotografías tampoco funcionan a día de hoy.

Pese a estos espacios sin uso, el Parque de Atracciones de Madrid consigue atraer cada año a cerca de un millón de visitantes, la mitad que el Parque Warner. Estas instalaciones de entretenimiento sobre suelo público abrieron el 15 de mayo de 1969 con una concesión inicial de 35 años que se ha ido ampliando hasta finales de septiembre de 2027, cuando llegará el nuevo operador para el que ahora se acaba de abrir concurso.

Actualmente, el Parque cuenta con más de 30 atracciones, pero a lo largo de los 58 años de funcionamiento se han sustituido una cuarentena de atracciones por otras nuevas como, por ejemplo, Los 7 picos, La noria, El barco pirata, El barco del Mississippi, La casa magnética, Los caballos del oeste, Jet star o el Enterprise, entre otros. Su ampliación más importante fue la que tuvo lugar en los años 90 del siglo pasado, cuando llegaron los aparatos de la zona del Maquinismo como las sillas voladoras, Aserradero o Rotor. En 2005 y 2006 llegaron las dos grandes montañas rusas del parque, Abismo y Tarántula. La última ampliación se llevó a cabo en dos fases (2014 y 2018) para la aparición del espacio infantil Nickelodeon.

Mientras la ciudad camina de evento en evento (hoy llega la residencia de Shakira) todavía nos quedan los ecos del más paradigmático de todos ellos, aquel que ejemplifica lo que los gobernantes -Ayuso y Almeida- buscan para Madrid. Hablo de la Fórmula 1 y ese gran premio celebrado en Ifema que en lo deportivo fue la carrera más soporífera del campeonato y que en lo económico -dicen- ha dejado cientos de millones de euros aquí, según un informe económico que nadie quiere enseñar a los medios, no sea que le veamos las costuras y alguna que otra vergüenza. 

Lo que más me ha llamado la atención de todo lo que hemos publicado en Somos Madrid sobre lo que rodea a esta competición ha sido este interesante reportaje de mi compañero Guillermo Hormigo, donde documenta la perspectiva de la carrera desde una zona VIP (ahora llamada hospitality) en la que las entradas costaban 4.200 euros por cabeza para todo el fin de semana y se ofrecían menús especiales, masajes y vistas a La Monumental, la gran curva emblema del circuito en la que no se produjo ni un solo adelantamiento.

“A mí nunca me ha sabido tan bien un gin tonic como hoy con el calor que hace”, es una de las frases recogidas en el artículo, pronunciada por un espectador de esta zona mientras agarraba una copa de la bandeja de una trabajadora y depositaba la que tenía vacía. Como en toda la ciudad, en el Madring también ha habido clases y mientras los VIP disfrutaban de sombras y del frescor los que compraron las entradas más baratas se intentaban acomodar sobre bancales de tierra unos metros más abajo.

Las entradas para el terruño de abajo no eran precisamente baratas. Costaba entre 300 y 590 euros acceder a una zona que los circuitos denominan pelouse y que suele estar dotada de césped sobre el que poner las posaderas, a falta de asientos. No era el caso en Madrid, que ofrecía buenas dosis de polvo y temperaturas de 33ºC sin una sombra.

La distancia entre los VIP de arriba y los de la pelouse de abajo es la misma que se empieza a notar en muchas partes y ámbitos de esta ciudad, cuyo modelo neoliberal ya implícito a cualquier urbe, potenciado desde sus gobernantes, está llevando a unas distancias sociales cada vez más grandes. En la parte alta, la del Madrid para ricos, se combate el calor a base de copazos. En la zona baja intentan esquivar las lipotimias como pueden. Y entre medias se atisba cada vez más un gran eco, porque empieza a no quedar nadie.

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Las primeras palabras de Isabel Díaz Ayuso después de las explicaciones de su Gobierno sobre la compra del ático de Chamberí en sede parlamentaria han sido para desentenderse de las cuestiones, sin aclarar las dudas sobre el caso. “A mí qué me importa, esa no es mi gestión”, ha respondido a la prensa después de un acto en Alcalá de Henares.

Pese a mantener esta postura, la presidenta de la Comunidad ha admitido este viernes que visitó el ático en persona. Asegura que fue “porque si lo compran y estoy buscando un lugar donde me lleve las oficinas, mi despacho, oye pues por verlo”. Y añadía: “Pero es que ni siquiera tomé la decisión, porque os habéis precipitado tanto y se ha montado tal lío que mis primeras explicaciones eran tan sencillas que no convencían”.

Ayuso ha vuelto a negar que el piso de lujo adquirido por Planifica Madrid estuviera destinado a ser su residencia. “Es que no es para mí”, ha reiterado de forma vehemente, dejando ver su hartazgo por las cuestiones de la prensa sobre el tema: “No quiero saber nada de esa historia. Y por más que explico, por más que digo, da igual”, se ha quejado reprochando a los periodistas que no preguntaran por otros temas de actualidad.

“Me gusta vivir en comunidad, porque es lo único que tengo como persona”, ha añadido apuntando que “lo único que a mí me da alegría es tener vecinos (...) me gusta tener vecinos a mis vecinos de arriba y de abajo”, porque asegura que vive “en unas condiciones muy duras” debido a la exposición pública de su cargo, que no le permite “el anonimato”.

“Yo ya no sé cuántas explicaciones voy a dar. Lo que sí sé, y vamos, lo juro, y lo puedo demostrar de mil maneras, es que yo no quiero una vivienda ni quiero una residencia oficial para vivir”, ha insistido después de calificar de “memez” este caso y amenazar con que, si siguen las reclamaciones de explicaciones, “volveré a decir la bromita del chao pescao”.

Ayuso ha contestado a los medios después de un acto institucional en Alcalá de Henares, donde ha colocado la primera piedra del futuro Centro de Procesamiento de Datos (CPD) que la empresa española Nabiax construirá en la localidad. Sus palabras llegan un día después de la comparecencia de su consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García Martín, para explicar la compra del polémico ático de Chamberí por parte de Planifica Madrid.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid considera el caso cerrado con estas explicaciones, pero la oposición reclama respuestas a las dudas que se mantienen desde que se conoció el caso y otras nuevas que han surgido a raíz de la publicación en el portal de transparencia de la nueva documentación sobre la operación. En concreto, reclaman saber quién ordenó la compra, por qué no se hizo pública, quién seleccionó el inmueble o qué persona validó el precio de adquisición, entre otras cuestiones.

Planifica Madrid ha acordado este viernes que mantendrá a la venta el ático de la calle General Martínez Campos hasta que un comprador ofrezca el precio indicado en los pliegos, a la vez que achacan a la “mala publicidad” que tiene ahora mismo el inmueble la falta de ofertas en el primer intento de enajenación, según indican fuentes regionales citadas por Europa Press.

“Hemos hecho lo que se puede hacer en estos momentos allí”, ha justificado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, al anunciar la aprobación de un proyecto presentado hace cuatro meses para reformar el entorno del scalextric que separa Vallecas de Retiro pero sin tocar ni un solo carril de la autovía, como reclamaban los vecinos. “Es un proyecto bonito y adecuado”, ha añadido, que busca “paliar el ruido”.

La forma de rebajar las molestias sonoras que causan las decenas de miles de coches que pasan cada día por allí, unas pantallas acústicas más amplias en esta parte de la M-30, no eran las que han sido aprobadas este jueves en Junta de Gobierno. Lo que sí que ha dado luz verde este organismo municipal ha sido a los trabajos urbanísticos por debajo, que incluyen más pasos de cebra, algunos jardines bajo la estructura, bancos y sobre todo lapeatonalización de la calle Monte Oliveti.

El plan ha sido bautizado como Vallecas Abierto, e incluye como otra gran novedad la construcción de una dotación municipal bajo el puente, que según el regidor podría ser “una sala de ensayo”, así como un local destinado a Madrid Calle 30 y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). Equipamientos municipales que, en la práctica, podrían contribuir a asentar más si cabe el scalextric, al comprometer su hipotético desmontaje la viabilidad o continuidad de esos espacios públicos.

La instalación de jaridines verticales, la plantación de 48 árboles y 10.000 arbustos o la reordenación de las dársenas de autobuses de EMT bajo el puente son otras de las principales intervenciones previstas en una rehabilitación que el alcalde aseguró en mayo que arrancaría “de forma inminente” y que ahora se anuncia para este otoño. La intervención implicará la creación de tres nuevas paradas allí (8, 41 y 113), el desplazamiento de cuatro (37, 58, 111 y 113) y el mantenimiento de cinco (8, 41, 58, 111 y 113).

Los trabajos, que supondrán una inversión de 5,2 millones de euros, serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos, comenzarán este mes de octubre y se extenderán hasta la primavera de 2028. Asegura el consistorio que la intervención permitirá “la conexión real de Retiro y Puente de Vallecas” con cinco nuevos pasos de peatones, reordenación de las dársenas de autobuses y aumento del espacio estancial. En el resto del entorno se ensancharán las aceras de la avenida de la Paz y de la calle del Monte Ulía y se colocarán parterres con arbolado en los límites con la calzada para proteger estos espacios peatonales del tráfico.

Actualmente el entorno tiene 20 carriles dedicados al tráfico de vehículos motorizados: ocho sobre el puente, seis a nivel de suelo (todos ellos datan de 1976) y otros 6 subterráneos, en el bypass de la M-30 puesto en marcha en 2004 por el Consistorio que lideraba Alberto Ruiz-Gallardón. Todos continuarán operativos después de una reforma que blinda el scalextric del derribo, reconfigurando su parte inferior para que siga existiendo.

“Entiendo las quejas de los vecinos”, ha dicho la vicealcaldesa al presentar el proyecto, para cargar después contra los partidos de la oposición -Más Madrid y PSOE han prometido su derribo si gobiernan en Madrid-, a quienes ha reclamado que expliquen “ de qué manera van a abordar la movilidad de los 300.000 vehículos que pasan cada día por allí”.

Una de las críticas vecinales era el maquillaje que supone este proyecto, que no aborda el problema de raíz en la zona. Parte de esa decoración es la pintura de las columnas que sostienen la autovía en colores verdes y azules. Cuenta el área de Obras que quieren recordar a la ribera del arroyo del Abroñigal, como “un guiño a la historia”: “en el renovado ámbito, la relación con el arroyo se plasmará mediante el color en los pilares (verde que simula ribera y azul que simula el cauce del arroyo), con configuraciones diferentes en cada pórtico que representarán la vibración de la superficie del agua”.

Vallecas Abierto también incluye otras actuaciones a cargo de Madrid Calle 30, con nuevas pantallas antirruido más eficientes y jardines verticales en los cuatro estribos del puente. Los equipamientos ubicados en ambos extremos del puente serán abordados más tarde.

La línea que llega hasta el aeropuerto de Barajas cuenta desde esta mañana con uno de los nuevos trenes Stadler comprados por Renfe para Cercanías Madrid. El retorno al servicio llega después de que la compañía haya efectuado varios ajustes que motivaron su retirada hace unos días.

Fuentes de la compañía explican que la vuelta al servicio de toda esta nueva flota recién adquirida se producirá de forma progresiva en las próximas jornadas y achacan los ajustes al rodaje necesario que conllevan todas las incorporaciones al sistema. En este caso, se han producido ajustes de software, mejoras en la señalización del frenado, reconfiguración de equipos electrónicos y cambios en la información al viajero.

Renfe apunta que estos ajustes son necesarios especialmente en series de trenes tecnológicamente muy avanzadas, cuando en las primeras semanas de funcionamiento se detectan comportamientos que no habían aparecido durante las pruebas de homologación. Una “puesta a punto en explotación” que forma parte, aseguran, después de la entrada en servicio de un material nuevo.

Los nuevos vehículos, que se estrenaron en el último día de agosto y fueron retirados para su revisión esta semana, están pensados para alcanzar hasta los 200 metros de amplitud y alojar a unos 1.800 viajeros como tope, en su versión de dos plantas. Cuentan con un llamativo color rojo como emblema y pasillo amplio para bicis o personas de movilidad reducida.

Los trenes fueron presentados por el ministro Óscar Puente. “Estos trenes son los que el núcleo de Cercanías de Madrid necesita”, explicó el día en el que detalló su entrada en servicio. El propio presidente de Renfe apuntó que la nueva serie “permitirán descongestionar determinadas líneas” que, actualmente, están “al límite de su capacidad”. Por la estación donde esta mañana se han reunido los cargos públicos, la de Principe Pío, pasan tres líneas de Cercanías: la C-1, la C-7 y la C-10.

Madrid es el núcleo de Cercanías que más viajeros mueve en España, con más de 730.000 usuarios del transporte público en cada jornada laborable. Las unidades, que pueden mejorar hasta en un 20% la capacidad de la flota actual, se han podido ver en líneas como la C-7 y se irán desplegando por otros trazados del núcleo madrileño con el objetivo de descongestionarlos.

Los participantes del Festival de las Ideas que forzaron ayer la salida de Allianz como patrocinador del evento, celebran la decisión tomada por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, aunque lamentan que el comunicado oficial que emitió ayer la organización “no mencione ni el motivo del apartamiento ni, sobre todo, el fondo de la cuestión, el sufrimiento del pueblo palestino”. Un punto que la organización del Festival ha matizado posteriormente con un nuevo comunicado.

Por otro lado, la ruptura de Allianz ha sido criticada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, amenazando con replantear su colaboración con el festival a partir del año que viene.

Ayer martes, más de 30 referentes del mundo de la cultura consiguieron la salida de Allianz como patrocinador, al amenazar con retirar sus nombres del cartel a dos días de la celebración del evento si ese gigante de los seguros no retiraba su apoyo económico a este evento cultural. La aseguradora se encuentra señalada en el informe de 2025 de la relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese al ser la mayor compradora de bonos del Estado israelí.

“El festival debe seguir siendo un espacio dedicado al intercambio libre de ideas, al debate abierto y a la diversidad de perspectivas, sin que ninguna controversia externa desvíe la atención de su programación, sus participantes o su público”, dijo la organización.

A los ponentes, entre los que se encontraban Rodrigo Sorogoyen, Alana S. Portero, Javier Gallego ‘Crudo’, Nerea Pérez de las Heras, Rodrigo Cuevas o Inés Hernand, no les ha gustado que su acción fuera definida como una “controversia externa”. “Ni las personas que nos negamos a compartir un espacio bajo la marca de Allianz somos una controversia externa, ni mucho menos lo es el genocidio en curso en Palestina”, dicen. Para ellos, el genocidio en Palestina es “el centro mismo del debate” y critican que no fuera ni siquiera nombrado en la respuesta del Festival. 

Quizá por ello, el Festival de las Ideas, un evento gratuito sobre pensamiento y cultura organizado en plazas y espacios de Madrid, ha emitido hoy una nueva comunicación en la que matizan la que ha suscitado las quejas del grupo de ponentes. 

La dirección afirma que “la defensa de la dignidad y los derechos humanos han sido valores esenciales del Festival”. “La programación vuelve a reunir voces que se han pronunciado públicamente sobre el genocidio en Palestina y que han hecho de las fronteras, la violencia y la defensa de los derechos humanos parte de su pensamiento y su trabajo”, señala. “Lo ocurrido estos días también nos obliga a revisar, aprender y pensar cómo hacemos y financiamos la cultura”, añade.

Los ponentes también han pedido que la dirección del Festival aclare si “renuncia al dinero de la empresa” y si se “compromete a no contar en el futuro con ninguna otra compañía que viole los derechos humanos”.

La amenaza de Almeida

La salida de Allianz como patrocinador del Festival de las Ideas ha sido criticada este miércoles por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha avanzado que el Ayuntamiento de la capital “se replantea total y absolutamente la colaboración y la participación de cualquier manera en este festival” a partir del año que viene, a la vez que declara estar “profundamente decepcionado” con los organizadores, el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica.

“Un festival en el que no caben las ideas o en el que se señalan sin mayores fundamentos y sin mayores pruebas y lo que hay es una cancelación y lo que se achica es precisamente el debate sobre las ideas. El Ayuntamiento de Madrid cree que no tiene sentido que nosotros tengamos que dar un apoyo, un soporte institucional”, ha amenazado en declaraciones a los medios durante un acto en el barrio de Letras.

Almeida considera que la “cancelación” de Allianz “no se corresponde con lo que es una ciudad tan abierta como Madrid, y tan abierta en cuanto al debate de las ideas”. La posible salida del Ayuntamiento de Madrid no afectará a esta edición de 2026 porque “hay una serie de convenios firmados” que no permitirán “tomar medidas” en este sentido, ha aclarado el alcalde.

“Ir a pedirle algo de comer a esta gente es de ser sinvergüenzas”, cuenta Willyrex a cámara en un vídeo publicado el pasado domingo en YouTube. En la grabación, él mismo se disfraza de persona en situación de calle para solicitar dinero a varios hombres que duermen en bancos o en el suelo. Lo hace en Lavapiés, barrio que el vídeo califica de “uno de los más peligrosos de toda España” y “el peor de Madrid” por supuestos problemas de orden público o tráfico de drogas que la pieza audiovisual no muestra en ningún momento.

El polémico vídeo forma parte del canal de Zazza, un youtuber italiano con vestimenta de estilo policial y que propone a Willyrex varios retos sensacionalistas para sacarlo “de su zona de confort” en este lugar del centro de Madrid. El primero es el de disfrazarse de sintecho reclamando un euro a varias personas que duermen en la calle, argumentando que le han “echado de casa”. Personas a las que luego el propio Zazza entrega varios billetes mientras suena música emotiva de fondo. Uno de ellos critica lo que hacen: “Tienes una pinta de pijo... que me pidas a mí un euro”, recrimina a los youtubers. Willyrex se viste luego de periodista para quejarse de que los coches de Policía Municipal y Nacional pasan de largo sin contestar a sus preguntas. “Si quiere hablar con la Policía, tiene que hablar con nuestro gabinete de prensa”, le contesta el único agente al que recoge el vídeo.

Ni Zazza (3,4 millones de suscriptores en YouTube) ni Willyrex (18 millones) logran captar la comisión de ningún delito ante las cámaras. El segundo lo llega a admitir: “No hemos visto ninguna pelea ni nada así, pero eso no significa que no lo haya”, añade para mantener las sospechas, como también hace el creador de contenido italiano al captar a distancia a una persona dándole a otra lo que aparenta ser un papel de liar cigarrillos, pixelado en la imagen publicada. “Mira, mira, le ha pasado algo”, sale diciendo a cámara como si estuvieran traficando con droga, apoyando la tesis sobre la que se basa toda la grabación.

Las secuencias rodadas en Lavapiés están plagadas de escenas morbosas, ante personas con escasos recursos y sobre las que llegan a cuestionar su salud mental: “Huele mal”, suelta Willyrex sobre una de ellas. “Es un sintecho con problemas psicológicos”, advierte Zazza, antes de grabarle sin pudor. El periplo acaba con críticas por parte de grupos de personas que no quieren aparecer en el vídeo, lo que anima a los dos protagonistas a seguir la secuencia y a escenificar una especie de huida de las amenazas en lugares como el parque del Casino de la Reina o la plaza de Lavapiés. “Igual me he equivocado de contenido”, llega a admitir Zazza al ver que no consigue hablar con casi nadie. Todo ante la atenta mirada de su propio guardaespaldas, que le separa de los posibles entrevistados y al que se le observa en un brazo el tatuaje de una runa odal, símbolo nórdico utilizado habitualmente por colectivos fascistas.

“Da una visión sesgada y busca bronca”

Willyrex nació en Madrid, pero vive en Andorra, donde evitar tributar en su país de origen impuestos derivados de su actividad. El pasado mes de diciembre su abogado interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional por una resolución que le exige pagar en España los gravámenes de los ejercicios 2016 y 2017. Sobre Lavapiés, dice al final del vídeo que “no volvería a ese barrio” por su inseguridad. Y eso ha acabado indignando a muchos habitantes de este lugar.

Este vídeo solo explota y estigmatiza la pobreza o la inmigración, pero ignora que la convivencia suele ser pacífica. En cambio, la precarización, la gentrificación del barrio, la falta de limpieza o la excesiva presencia policial siguen ahí

Vecina de Lavapiés

Sara, que ha vivido 20 años allí, no oculta su estupefacción al ver las imágenes, que han corrido como la pólvora entre el vecindario desde el domingo. “La actitud y objetivo no es la de conocer un barrio, sino dar una visión muy sesgada al tiempo que se busca bronca”, considera. Se muestra muy crítica con la premisa escogida y el “entretenimiento de muy dudoso gusto” que ha vuelto a poner en la diana a un barrio con estigma: “Lavapiés tienes sus sombras, sí, pero también muchas luces. Y así nunca van a conocerlo, solo a desprestigiarlo”.

“Yo vivo en Lavapiés desde hace cinco años y nunca me he sentido insegura”, asegura Marta, otra vecina que coincide con el diagnóstico de Sara: “Este vídeo solo explota y estigmatiza la pobreza o la inmigración, pero ignora que la convivencia suele ser pacífica. En cambio, la precarización, la gentrificación del barrio, la falta de limpieza o la excesiva presencia policial siguen ahí”, añade. No niega que haya problemas en sus calles, y aunque ha oído alguna vez rumores sobre “trapicheos” en la plaza de Lavapiés asegura que, hasta ahora, a ella nadie la ha molestado. “Al final parece que estos retos solo intentan sacar partido de la pobreza de la gente, y presentarla como si fuera un show”, concluye.

De entre los vecinos de esta zona del distrito Centro, algunos llevan tiempo organizados en una plataforma llamada Lavapiés al Límite, que integra a medio centenar de colectivos con un objetivo en común: acabar con el abandono institucional que sienten sobre el barrio. La agrupación ha preferido “no entrar a valorar ni dar protagonismo a quienes vienen aquí a fabricar vídeos desde el odio”, refiriéndose a los creadores de contenido que protagonizan esta polémica. 

Lavapiés al Límite recuerda los problemas del barrio que no suelen mencionarse en los canales de este tipo de youtubers: la ausencia de espacios verdes; zonas de juego o más recursos para la drogodependencia de la zona; o las redadas policiales y las agresiones racistas en el barrio

Además, han querido recordar en declaraciones a Somos Lavapiés que este enclave tiene otros problemas más urgentes, que no suelen mencionarse en los canales de este tipo de youtubers: la ausencia de espacios verdes; zonas de juego o más recursos para la drogodependencia de la zona; o las redadas policiales y las habituales agresiones racistas en el barrio, dirigidas también hacia sus vecinos. 

Lavapiés al Límite recuerda también que los colectivos que forman parte de la plataforma no solo trabajan desde la reivindicación: a lo largo del verano han desarrollado distintas actividades para dinamizar Lavapiés. “Si alguien quiere presentar Lavapiés como un lugar peligroso, allá ellos. Ojalá su relato sirva, al menos, para que especuladores, racistas y fascistas no encuentren aquí el barrio que están buscando”, reivindican fuentes de la plataforma.

De momento, el relato apocalíptico sobre el barrio no parece echar a los inversores inmobiliarios de Lavapiés. Son abundantes las noticias de bloques enteros de viviendas comprados por fondos, vaciados de sus vecinos para ser sustituidos por turistas o por inquilinos de rentas más altas. Una realidad en Tribulete 7 o Lavapiés 50 que no parece encajar con el relato del “peor barrio de Madrid” trazado por Willyrex o Zazza.