“Pues parece que no solo ha vendido el ático. También ha vendido a su consejero”, escribía el miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, próxima rival de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones por la Comunidad de Madrid que se celebrarán el año que viene. Hablaba sobre unas palabras de la presidenta regional en las que excusaba dar explicaciones por la polémica compra de su Gobierno de un ático de 485 metros cuadrados (200 de terraza) en una de las zonas más caras de la capital de España.

“Yo no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo”, aseguraba Ayuso una semana después de que El País desvelara la adquisición del inmueble, situado justo enfrente de la casa familiar de la presidenta. Y delegaba las explicaciones en Miguel Ángel García Martín, a quien tenía al lado y de quien depende directamente Planifica Madrid, la empresa pública que cerró la operación inmobiliaria. “Les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia, que es la que tiene no solo la información detallada sino los canales de comunicación a tal efecto”.

Sin detalles sobre las obras hasta el viernes

La comunicación, hasta el momento, no está siendo muy fluida. Presidencia considera que las explicaciones están “sobradamente dadas”, pero ha omitido detalles fundamentales de la compra y los únicos que ha ofrecido sobre ella, una vez que se hizo pública la adquisición, han resultado confusos: primero aseguró que el ático del paseo General Martínez Campos iba a ser destinado a una oficina del Gobierno regional, durante el traslado motivado por unas obras en su sede de la Puerta del Sol. Pero el inmueble no puede tener uso institucional ni ser empleado para nada que no sea vivienda residencial —el Ayuntamiento confirmó que nadie había pedido la transformación en oficina—.

De las supuestas obras no ha habido ningún rastro en el portal de contratos de la Comunidad de Madrid hasta el pasado viernes por la tarde (un viernes de agosto, semana y media después del estallido de la polémica), cuando se publicó el expediente del contrato —negociado sin publicidad— para el diseño y redacción del proyecto previo a las obras por 59.000 euros, que ha ido a parar al estudio de Alejandra Pombo, prima de la conocida 'influencer' María Pombo. El Gobierno de Ayuso no aclaró ni la fecha de inicio, ni a cuántos empleados públicos afectaría ni quiénes han de ser trasladados. Según la memoria de las obras, ahora hay un plazo de tres meses para tener listo el proyecto, el paso previo a la licitación de las obras. Luego habrá cuatro meses para la tramitación de la licitación y adjudicación del contrato de obras, así como la obtención de licencias, y otros doce para la ejecución. El presupuesto estimado para los futuros trabajos es de 1.649.495 euros.

Un dinero que no se puede destinar directamente

Para añadir más incógnitas a las que ya surgían sobre la compra del ático, el propio García Martín anunció hace una semana que había dado orden de ponerlo a la venta para destinar lo recaudado a la reconstrucción después de los incendios en la Sierra Oeste. Pero luego tuvo que admitir que esta asignación sería indirecta, ya que habría que esperar al cierre anual de Planifica Madrid para obtener los recursos y repartir dividendos. Eso si se vende a mayor precio del que se compró, ya que, en caso contrario, no habría ningún beneficio que dedicar a los pueblos arrasados por el fuego. Su coste fue de 6,3 millones de euros, otro dato no desvelado por la Comunidad, que fue exigido durante una semana y que acabaron publicando La Sexta y El País. También este viernes se licitó el concurso de venta con un precio de salida de 6,69 millones de euros, casi 400.000 euros más, pese a que la compra se realizó en abril.

La oposición ha reclamado explicaciones y el PSOE ya enfila el camino de los tribunales al llevar a la Fiscalía una denuncia contra Planifica Madrid, mientras pide la dimisión de Ayuso por lo que considera una “pillada descomunal”. La estrategia de Más Madrid pasa también por acudir a la Justicia apuntando a un posible delito de malversación, buscando información por esa vía: “Tardará mucho en dárnoslos [los documentos solicitados], si es que nos los da, pero a un juez no se lo pueden negar”, apuntaba el diputado Hugo Martínez Abarca. Aunque el primero que ha lanzado una demanda, presentada ante el Tribunal de Cuentas, fue el pasado lunes un abogado particular acostumbrado a denunciar los excesos de la Administración madrileña.

Un inmueble que no puede convertirse en oficinas

El texto de esta última demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, apunta varias de las preguntas clave que están sin responder. La primera es por qué razón el Gobierno de Ayuso compró una vivienda de semejante tamaño como sede provisional de su personal si no podía convertirse en oficinas. Los pasos que precedieron a tal decisión son clave a la hora de valorar si la compra fue o no adecuada: se desconoce si hubo alguna consulta urbanística para comprobar la compatibilidad de los usos que se pretendía dar o un informe técnico que lo avalara antes de practicar un desembolso millonario.

“¿Hacen falta 200 m² de terraza para unas oficinas?” se preguntaba hace unos días el ministro Óscar López, otro de los rivales de Ayuso de cara a los próximos comicios. “¿Por qué comprar en vez de alquilar si es algo temporal mientras hay obras, primera noticia, en Sol?”, añadía sobre otra de las dudas que han ido surgiendo estos días. La Administración pública no suele comprar edificios para traslados temporales de la administración, ya que suele ser más rentable alquilarlos por unos meses. Eso siempre que no decida emplear el espacio de su amplio patrimonio de oficinas disponibles, otra de las opciones que parece que se descartaron en un primer momento.

El lugar escogido

La elección del lugar donde se ubica el ático es otra de las grandes incógnitas de este caso. Ni Ayuso ni otros miembros del Gobierno han comentado la coincidencia de que este se encuentre justo enfrente de la casa familiar de la presidenta, que ella posee en nuda propiedad después de una donación de su padre y donde actualmente vive su madre. La instalación de oficinas de la Administración en la parte más elevada de un edificio de viviendas de nueve alturas es poco común en Madrid y algo que no permite la normativa municipal en el edificio elegido. Tampoco constan informes de seguridad necesarios para saber si ese inmueble podía ser utilizado por mandatarios públicos o, por el contrario, podían correr riesgos en esa propiedad.

Los detalles de la primera transacción

La falta de transparencia en Planifica Madrid, la sociedad mercantil pública empleada en la operación, es otra de las cuestiones que llaman la atención de este caso. El ático no figura entre sus propiedades actuales y el último informe del Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid se remite al año 2024. De la transacción sabemos el importe de compra (los citados 6,3 millones de euros), que la vendedora era la escritora y economista Astrid Gil-Casares, y que, como desveló elDiario.es, la Comunidad de Madrid exigió una cláusula de confidencialidad antes incluso de la primera visita a la propiedad para una operación que fue firmada el pasado 14 de abril.

El empleo de una sociedad mercantil de este tipo reduce los controles: se esquivan trámites como la valoración técnica previa del inmueble y el informe jurídico de un funcionario que valide la transacción. Tampoco pasa por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y los controles después de la compra también son menores, ya que queda fuera de la fiscalización de la Intervención autonómica. La operación inmobiliaria no figura hasta el momento en ningún portal de contratación pública. “La circunstancia de que la adquisición se instrumentase mediante negocio jurídico sujeto al derecho privado no excluye la jurisdicción contable ni atenúa el deber de diligencia exigible”, advierte el abogado Javier Flores, quien puso la primera demanda. “La elección de un cauce que excluye los controles previos ordinarios intensifica, y no reduce, la exigencia de que la decisión aparezca suficientemente documentada y justificada”, añade sobre la necesidad de mayor transparencia en Planifica Madrid.

Flores reclama al Tribunal de Cuentas que exija abundante documentación, para arrojar luz sobre todas las incógnitas del caso. Entre los escritos pedidos está la copia de la escritura de compraventa, el expediente íntegro de la adquisición, la memoria justificativa, que incluya la unidad administrativa llamada a ocuparlo, el informe de tasación, expediente de búsqueda y selección, certificación del acuerdo del consejo de administración por el que se aprobó la operación, origen de los fondos empleados, gastos, tributos, aranceles y honorarios devengados por la compra, además de copia del acuerdo de confidencialidad suscrito con la parte vendedora. A la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid le reclama el expediente del acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de noviembre de 2025 por el que se inyectaron 9 millones de euros a Planifica Madrid y a la Consejería de Presidencia el proyecto de obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos invocado como causa del traslado. También reclama documentos del inmueble de la Gran Vía 6 puesto a la venta en el mismo lote que el ático y que aunque la Comunidad de Madrid señaló que se trataba de “cuatro inmuebles” al anunciar que lo recaudado se dedicaría a la reconstrucción por los incendios, la realidad es que actualmente están agrupados física y funcionalmente en uno solo. De hecho, tal y como desveló elDiario.es, ese inmueble está a la venta sin éxito como un solo desde hace un año. Pese a ello, ahora la Comunidad de Madrid pretende venderlo también a un precio superior.

Frente a esta avalancha de peticiones de información, Ayuso considera de momento que está todo dicho y sigue circunscribiendo el caso a algo que no le compete. Lo afirmó en una frase lapidaria durante su comparecencia del miércoles en la Sierra Oeste, la misma en la que soltó aquello de que no tenía “ni idea” del caso: “Estamos dándole vueltas y estirando, estirando y estirando lo que haga falta esto, pero... es lo que hay”.

La Comunidad de Madrid acaba de publicar este viernes por la tarde el anuncio de venta del ático de lujo de 485 metros cuadrados de Chamberí por 6,69 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid. El documento ha sido subido a la página web de contratación pública y cuenta con dos lotes: uno con el ático de la calle General Martínez Campos y otro con el otro inmueble de Gran Vía 6, que pone a la venta por 11,8 millones de euros. Aquí se pueden consultar imágenes y planos de ambos inmuebles.

El documento está firmado por Pedro Corbalán Ruiz, el actual consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia que adquirió el ático, a fecha de este mismo viernes a las 17:27 horas.

La compra se produjo el pasado mes de abril por 6,3 millones de euros, aunque ha sido esta pasada semana cuando ha salido a la luz tras la publicación de El País de la operación. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justificó la necesidad de la operación para realizar “reuniones” oficiales debido a unas obras de la Puerta del Sol, sede de la presidencia del gobierno autonómico.

Posteriormente, la Comunidad de Madrid rectificó y aseguró que iba a poner en venta tanto este ático como otros inmuebles de Planifica Madrid y que destinaría el total a la recuperación tras los incendios de la Sierra Oeste. El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, estimó en unos 20 millones el dinero total que obtendrían de estas operaciones.

Planifica Madrid es una sociedad mercantil de carácter público, por lo que no puede transferir fondos de forma directa a la Comunidad de Madrid —propietaria de la entidad— después de una maniobra de venta como la que se ha anunciado. Para que llegue el dinero, el Gobierno de Ayuso debe esperar al cierre de las cuentas del año y comprobar que el resultado y la cuenta de pérdidas y ganancias arroja beneficios. Solo entonces, siempre que no haya ninguna deuda subordinada ni preferente, se puede aprobar un reparto del dividendo.

Hasta la fecha no se conocía por cuánto dinero se pondría a la venta el inmueble, así como tampoco, por el momento, se puede acceder a través de Transparencia al expediente de compra del mismo, por el que se pagó 6,3 millones de euros, según confirman desde la Consejería de Presidencia. La empresa pública exigió confidencialidad al vendedor antes incluso de la visita, según explicaron fuentes conocedoras del proceso a elDiario.es.

Planifica Madrid también pone a la venta por 11.823.604 euros otro lote, como había anunciado, compuesto por los “cuatro inmuebles” de Gran Vía que están unidos en una única referencia catastral. Esta empresa pública lleva meses intentando enajenar este otro inmueble situado a diez minutos a pie de la Puerta del Sol, tal y como contó elDiario.es. Según el documento, el inmueble está en una tercera planta que consta de 1.132 metros cuadrados destinados a oficinas y 100 metros cuadrados de elementos comunes.

La ficha del organismo lo describe como un “edificio de planta trapezoidal sobre un extenso solar con fachada a tres calles, distribuido en torno a dos patios irregulares” construido por los arquitectos José María Mendoza Ussía y José de Aragón Pradera para la familia Urquijo, que lo destinaron a viviendas. “Las fachadas muestran gran plasticidad y una sobriedad mayor que en otros edificios de este primer tramo de la Gran Vía”, dicen.

Según especifican en el documento, “los requisitos de solvencia económica y financiera se acreditarán por los licitadores” a través de la presentación de un informe o certificado de Instituciones Financieras.

Precisamente hace solo unas horas, el portal de contratación de la Comunidad de Madrid también publicaba el contrato para el diseño de las futuras obras de su sede en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. El expediente recoge un contrato adjudicado y negociado sin publicidad a la empresa Pombo Estudio S.L. por 59.000 euros para el “diseño, redacción de proyecto y dirección facultativa, obras de adecuación de espacios en Real Casa de Correos”.

No puede ser oficina, pero tampoco una residencia oficial para la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Las posibilidades urbanísticas del ático que el Gobierno regional compró en Chamberí a través de una sociedad mercantil pública están limitadas por los usos a los que se pueden dedicar esa novena planta situada en un edificio de viviendas y entre ellos no se incluye el de dotación de la Administración, la categoría que tienen este tipo de inmuebles.

“Una residencia oficial de una presidenta, un ministro o un diplomático no es una vivienda como la tuya o la mía, se trata de una residencia oficial de una administración pública para ofrecer ese servicio a su máximo representante”, aclara en una publicación en redes sociales Antonio Giraldo, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. “Esto es un uso dotacional de la administración pública, no un uso residencial”, añade.

El edil especializado en urbanismo señala que la normativa municipal no permite en este tipo de edificios residenciales la conversión de su novena planta a un uso dotacional de la administración pública, algo que sí que podría suceder en su planta baja o en la primera. Es el mismo caso que si se intentara convertir este espacio en una oficina, que fue el primer uso previsto para el inmueble y que justificó su compra, según el Gobierno regional.

“Si quisieran elevar este ático a cualidad de residencia oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como otras CCAA sí tienen, volverían a chocar con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. No se puede. Lo que pasa es que van improvisando una nueva versión cada día que pasa”, añade Giraldo en relación a unas palabras del consejero de Presidencia este jueves, en las que llamó la atención sobre otras residencias que poseen presidentes autonómicos o ministros en España.

“La Comunidad de Madrid tiene muchos inmuebles donde puede proponer crear una residencia oficial para la presidencia. Pero este concretamente no les vale. Les vale para lo que lo quieren (o querían): residencia no oficial. Exactamente igual que en la que vive ahora, pero esta pagada con dinero público. Tan poco oficial que no dijeron nada”, denuncia el edil socialista en su publicación de redes.

Una oficina para la que nadie pidió permiso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid aseguró que el objetivo de la compra del ático de 485 metros cuadrados en el paseo del General Martínez Campos era trasladar la actividad del Ejecutivo durante unas supuestas obras en su sede de la Puerta del Sol que arrancarán en otoño, según las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.

Al tratarse de un edificio con uso residencial, el Gobierno regional debería haber pedido un cambio de uso al Ayuntamiento para poder convertir este inmueble en oficinas. Sin embargo, no se produjo ninguna petición de este tipo en ningún momento desde la compra del inmueble, que tuvo lugar a medidados de abril. Lo confirmó la vicealcaldesa hace unos días.

“Estamos absolutamente convencidos de que la Comunidad de Madrid conoce los usos permitidos en cada uno de los espacios”, aseguró entonces Inmaculada Sanz, en referencia a la imposibilidad de que este ático con 200 metros cuadrados de terraza pudiera transformarse en una oficina. Tampoco puede, como denuncian en la oposición, convertirse en residencia oficial de la presidenta Ayuso, algo que en cualquier caso ella ha negado querer hasta el momento.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de publicar el coste que tendrá finalmente el proyecto del Paseo Verde del Suroeste, la urbanización que se construirá sobre los terrenos que ocupaba la entrada de la A-5 a la capital.

La propuesta de adjudicación, recogida en el portal de contratación municipal, es para la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Construcciones Sarrión, Cyopsa Sisocia y Becsa, que ejecutarán la obra por 56.579.805,70 euros, IVA incluido. Un precio sensiblemente inferior a los casi 75 millones que el Ayuntamiento calculó para lanzar la licitación.

La oferta de esta UTE se ha impuesto por muy poco a otras tres propuestas económicas y técnicas que le pisaron los talones. La ganadora obtuvo 95,2 puntos en el concurso municipal y estuvo seguida de la de Sacyr - Edhinor (95,04 puntos), y de la UTE formada por Vías y Construcciones, San José, Ortiz y El Ejidillo (94,89). En cuarto lugar quedó la unión liderada por OHL, junto a Rover, Cycasa y Taga.

Las obras de urbanización del Paseo Verde del Suroeste prevén siete zonas bien diferenciadas sobre una autovía soterrada. La conexión de esta parte inferior con la M-30 y su entrada en servicio está prevista para finales de este año.

No será inmediato y está por ver si sale a cuenta. Los plazos para que el dinero obtenido con la venta del ático sea dedicado a la reconstrucción de la Sierra Oeste son largos debido a que la empresa utilizada para esta compraventa no permite transferir sus ingresos de forma directa para el pago de gastos corrientes de la Comunidad de Madrid. Tardará meses en llegar y eso si finalmente sucede, porque la rentabilidad de esta operación depende de que el inmueble se venda antes de que acabe el año y de que se produzca a un precio muy por encima de los 6,3 millones que costó su adquisición.

“Creo que lo mejor es desde el primer minuto dejarlo ahí, venderlo y aprovechar tanto ese recurso como el de los inmuebles de Gran Vía para destinarlo en este momento a una necesidad como es esta”, explicaba este miércoles la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre la decisión de poner a la venta el ático para dedicarlo a los incendios. “Y creo que no se entendería que se gastara o se empleara en otra cuestión, teniendo una necesidad como la que tenemos”, añadía en Villa del Prado, uno de los pueblos afectados por el fuego. Pero la urgencia de sus palabras contrasta con la lentitud con la que tardará en llegar este importe, ya que todo está condicionado a la forma de funcionar de Planifica Madrid, la empresa pública que el Gobierno de Ayuso ha elegido para la operación.

Planifica Madrid es una sociedad mercantil de carácter público, por lo que no puede transferir fondos de forma directa a la Comunidad de Madrid —propietaria de la entidad— después de una maniobra de venta como la que se ha anunciado. Para que llegue el dinero, el Gobierno de Ayuso debe esperar al cierre de las cuentas del año y comprobar que el resultado y la cuenta de pérdidas y ganancias arroja beneficios. Solo entonces, siempre que no haya ninguna deuda subordinada ni preferente, se puede aprobar un reparto del dividendo.

La fórmula para sacar el dinero de la entidad la confirmaba el propio consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, del que depende esta compañía: “Lo hacemos como suele hacerse con las empresas públicas, como se hace a través de Planifica Madrid, pero también a través de Canal de Isabel II, y es con el reparto de dividendos. Ese reparto de dividendos lo que nos va a permitir es incrementar la recaudación de la Comunidad de Madrid”. Su Gobierno espera conseguir entre 20 y 22 millones de euros con la venta —junto a un inmueble mayor en Gran Vía— y usar una cantidad “equivalente” para “seguir trabajando en las tareas de reconstrucción”, que ha cifrado de momento en unos 100 millones.

Sin embargo, las cuentas con el ático son diferentes: como Planifica Madrid gastó el pasado mes de abril 6,3 millones de euros en su compra, para que el movimiento arroje beneficios a las arcas públicas el inmueble deberá ser vendido por una cantidad sensiblemente mayor, ya que de enajenarse a una cifra similar apenas aumentaría los beneficios en el ejercicio del 2026. Pero podría ocurrir algo peor: que se venda a un precio inferior y que esta operación haga disminuir los beneficios a finales del año y, en consecuencia, rebaje el dividendo previsto, detrayendo recursos para la citada reconstrucción.

Una venta anunciada al día siguiente del plan de reconstrucción

Las ayudas anunciadas por Ayuso incluyen desde bonificaciones en el recibo del agua a deducciones para empresarios y autónomos afectados por el fuego. También habrá subvenciones para la digitalización en las empresas de la zona, ayudas al alquiler o reparación para las personas que han perdido sus casas, un refuerzo en la ayuda a domicilio de las personas vulnerables o inversión en la reparación de infraestructuras. A ello se suma el anuncio de varios millones de euros para la construcción de dotaciones municipales a través del Plan de Inversión Regional.

Un día después de anunciar este plan de reconstrucción y de que se conociera la compra del inmueble de lujo, el Gobierno de Ayuso lanzaba el jueves de la semana pasada la idea de que pondría a la venta el ático del paseo del General Martínez Campos. Por él pagó 6,3 millones de euros, según laSexta y El País —la Comunidad no ha querido dar detalles de la operación—, a lo que se añaden otros 378.000 euros de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. El consejero García Martín ha dado orden de que este inmueble se ponga en el mercado libre junto con el situado en la Gran Vía, también propiedad de Planifica Madrid y que, como adelantó elDiario.es lleva más de un año en venta. Las propiedades son las que suman un valor aproximado de entre 20 y 22 millones de euros.

Las dudas en el traspaso de dinero desde Planifica Madrid a la Comunidad de Madrid han sido puestas de manifiesto por Javier Flores, el abogado que interpuso la primera denuncia sobre la operación ante el Tribunal de Cuentas, el pasado lunes. El texto de la demanda a la que tuvo acceso Somos Madrid ya apuntaba que el Gobierno de Ayuso no podía dedicar de forma directa a las ayudas el importe de la venta, al contar estas con naturaleza de gasto corriente. “Siendo la vendedora una sociedad mercantil y no la propia Administración, el producto de la enajenación ingresa en el patrimonio de aquella, de modo que su aplicación a finalidades públicas requiere un instrumento societario y presupuestario formal, ya sea reparto de dividendos, reducción de capital o devolución de aportaciones”.

El centro comercial más grande de la ciudad de Madrid, con hasta 400.000 metros cuadrados de superficie construida, acaba de obtener el visto bueno del Gobierno de Almeida. La última reunión del alcalde con sus delegados dio luz verde al plan para abrir una enorme infraestructura sobre cuatro de las parcelas sin construir de Valdebebas.

El acuerdo no fue comunicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, aunque formaba parte del listado de decisiones previas a las vacaciones, según ha podido comprobar Somos Madrid. De esta forma, el planeamiento saldrá a información pública en agosto, un mes en el que tradicionalmente cumplen este periodo obligatorio de transparencia los proyectos más polémicos.

Lo que el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha aprobado es un plan especial para las parcelas 166-A1, 166-A2, 166-C y ZV-019 de Valdebebas. Las tres primeras corresponden a los terrenos donde se situarán los dos edificios del centro comercial y la cuarta el parque municipal sobre el que se establecerán dos espectaculares conexiones en altura.

El proyecto está promovido por General de Galerías Comerciales SA, una empresa que posee más de una decena de centros comerciales a lo largo de la geografía nacional y cuyo dueño, Tomás Olivo, se ha colocado como una de las fortunas más grandes de España al ser ubicado en la sexta posición en la última lista Forbes. El nombre de este empresario murciano saltó a la palestra en Madrid el pasado mes de mayo, al conocerse que había comprado también el icónico Edificio Telefónica de Gran Vía.

Lo que Olivo quiere levantar en el distrito de Hortaleza es el proyecto Valdebebas Shopping, donde hizo una inversión inicial de 55 millones de euros en el año 2020 para la compra de los terrenos. Contará con los citados 400.000 metros cuadrados de extensión, de los que 120.000 serán de alquiler comercial, para dar cabida a unas 280 firmas.

El Ayuntamiento de Madrid ha negociado durante meses los flecos de este proyecto, debido a que las pasarelas proyectadas para unir las parcelas privadas atravesarían el cielo de un parque público. Por ello era necesario un plan especial que ahora ha sido aprobado por el consistorio.

Negociaciones con Cospedal

Entre las reuniones para negociar estos detalles destacó una por la presencia de la que fuera secretaria general del Partido Popular entre los años 2008 y 2018, María Dolores de Cospedal. La exdirigente del PP representó como abogada a la empresa de Tomás Olivo en uno de sus encuentros con cargos municipales, celebrado en diciembre el año 2024. Por parte del Ayuntamiento de Madrid solo acudió la subdirectora general de Planeamiento, Eva Torres. En el encuentro también estuvieron el director de Chapman Taylor España, compañía que ha diseñado el centro comercial y el jefe de operaciones de la auditora Opciona Gestión y Proyectos.

Los detalles de cómo será el centro comercial no se conocen todavía. El proyecto inicial lo desveló hace más de un año la cuenta de X @HilosValdebebas, aunque está por ver si ha sido modificado en algún punto para obtener el visto bueno municipal.

Valdebebas Shopping obtendrá el permiso municipal pocas semanas después de que la Comunidad de Madrid le facilitara una importante ventaja: la llegada del transporte público hasta sus puertas. La Consejería de Transportes ya tiene cerrada la reserva del espacio para una estación de Metro a sus puertas, que formará parte de la ampliación definitiva de la línea 11 desde Mar de Cristal. La estación no será inmediatamente construida, pero la apertura del centro comercial dentro de unos años podría venir acompañada de esta construcción.

El nuevo negocio de Tomás Olivo abrirá en una de las zonas de la capital por las que más apuestan las administraciones públicas: estará situado enfrente del aeropuerto de Barajas, en el extremo oriental de Valdebebas, el barrio que también acogerá el circuito de Fórmula 1 dentro de poco más de un mes o el distrito tecnológico que prepara el Real Madrid. El plan especial de este último proyecto también fue aprobado en la Junta de Gobierno del pasado jueves.

La compra de un ático en Chamberí de casi 500 metros cuadrados por parte de la Comunidad de Madrid acaba de llegar al Tribunal de Cuentas. El abogado Javier Flores ha interpuesto este lunes una denuncia para que la entidad investigue el caso al observar la posibilidad de que se haya podido producir “alcance o menoscabo de caudales públicos”, según consta en el texto de la demanda, al que ha tenido acceso este periódico.

La denuncia ante el tribunal que vigila del correcto uso del dinero público explica que la sociedad mercantil Planifica Madrid adquirió con fondos públicos una vivienda de uso residencial por importe millonario “sin que conste ninguno de los documentos que acreditarían que lo hizo para una finalidad pública, empleando para ello un cauce jurídico que excluyó los controles previos que la legislación patrimonial impone, y que tres meses y medio después, sin haber destinado el inmueble a uso alguno, acordó su reventa”.

La denuncia no va dirigida contra ninguna persona en concreto e insta a investigar al Tribunal de Cuentas “su cuantía y sus responsables” en el caso de una operación inmobiliaria en la que “el patrimonio público ha soportado íntegramente los costes irreversibles de una operación de ida y vuelta que no ha reportado utilidad alguna, y que tales costes se comprometieron por la vía que impedía conocerlos y fiscalizarlos con anterioridad”.

El texto describe cómo esta vivienda el ático situado en el paseo del General Martínez Campos de Madrid, fue adquirida hace tres meses y medio por la citada una sociedad mercantil pública, adscrita a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, y su decisión de enajenarla fue adoptada por el departamento dirigido por Miguel Ángel García Martín el 30 de julio siguiente, “sin que el inmueble hubiera llegado a prestar servicio alguno”.

La demanda enviada al Tribunal de Cuentas pide conocer seis datos fundamentales de la operación: si existió memoria justificativa de la necesidad y expediente de las obras invocadas como causa de la compra, y con qué fecha; si el órgano competente en materia de patrimonio formalizó encargo alguno a la sociedad adquirente; cuál fue el precio satisfecho y si existió valoración técnica previa que acreditase su correspondencia con el mercado; con cargo a qué recursos se financió la operación; cuál era el destino previsto del inmueble y quién habría de ocuparlo, tratándose de una vivienda de uso residencial ocupada por arrendatarios. También reclama saber qué costes irreversibles ha generado el conjunto de la operación para el patrimonio público.

Las supuestas obras de la Puerta del Sol que fueron esgrimidas como razón para la compra del ático y el posterior traslado allí de personas de la Comunidad de Madrid también son puestas en duda por el escrito, que enumera los únicos trabajos licitados en la Real Casa de Correos hasta el momento, avanzados por Somos Madrid el pasado jueves.

El escrito pone de relevancia que el anuncio de enajenación del ático con 200 metros cuadrados de terraza, y de otros cuatro inmuebles en Gran Vía 6, no consta la elaboración de estudio comparativo alguno “entre la adquisición proyectada, el arrendamiento en el mercado y la utilización del patrimonio inmobiliario propio disponible, siendo dicho análisis exigencia elemental” para el presupuesto necesario de cualquier decisión de inversión inmobiliaria.

Entre los documentos exigidos en la denuncia constan la copia autorizada de la escritura pública de compraventa otorgada el 14 de abril de 2026 a Planifica Madrid, con expresión del precio satisfecho y de la forma de pago, el expediente íntegro de la adquisición, su memoria justificativa, informe de tasación previa, el informe de la búsqueda y selección, certificado del consejo de administración en el que se aprobó la operación, origen de los fondos, copia del acuerdo de confidencialidad suscrito con la parte vendedora, así como el acuerdo de enajenación.

La denuncia ha sido interpuesta este lunes a las 10.39 horas por el abogado Javier Flores, jurista que ha tramitado otras demandas contra excesos de la administración pública como la construcción de cantones de limpiza sobre zonas verdes o las irregularidades en el Hospital de Torrejón. Flores colaboró con Marta Higueras durante la etapa de Carmena como alcaldesa.

Más Madrid también ha anunciado que interpondrá otra denuncia por los hechos con el objetivo de que un magistrado pueda reclamar documentación que hasta ahora no ha sido facilitada por la Comunidad de Madrid. El PSOE ha reclamado, de momento, la convocatoria de urgencia de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid para que el Gobierno de Ayuso ofrezca explicaciones por los hechos, conocidos la semana pasada.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la inmobiliaria Redpiso y a una de sus empresas franquiciadas a responder de forma civil subsidiaria a nueve indemnizaciones que suman casi 100.000 euros. Dichas cantidades debían ser abonadas inicialmente por uno de sus comerciales, condenado por estafar a una decena de clientes en una sucursal de Rivas, a los que cobró comisiones indebidas gracias a que les tentaba con pisos y locales muy por debajo de su valor en el mercado.

El tribunal ratifica una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que este año había condenado al citado comercial y a las dos empresas como responsables subsidiarias por la estafa, según un fallo al que tuvo acceso Somos Rivas. El modus operandi del comercial era ofrecer pisos o chalets que anunciaba la oficina inmobiliaria con enormes descuentos sobre su precio inicial de venta para asegurarse el cobro de unas arras que no eran válidas, con falsificación de contratos incluida en alguna de las operaciones.

Los hechos se remontan al año 2015 cuando, en uno de los casos, el comercial ofreció un chalet de 450.000 euros por tan solo 270.000, hecho que sirvió para que los compradores interesados pagaran 37.000 euros y firmaran un contrato al mes siguiente. Este documento, redactado por el comercial con la firma falsificada del vendedor -que se encontraba fuera del país-, sirvió para que los compradores llegaran a mudarse incluso a la casa, no sin antes abonar un alquiler de 1.500 euros durante 45 días en otra de las propiedades que comercializaba el condenado. La estafa se destapó con la llegada del propietario a la vivienda después de su viaje al extranjero, sin haber tenido conocimiento de transacción alguna.

En otra de las ventas fraudulentas, el comercial condenado ofreció por 230.000 euros una vivienda anunciada por 600.000, lo que motivó que la operación se cerrara rápidamente y los estafados desembolsaran una señal de 3.000 euros, de la que se apropió indebidamente el comercial. La sentencia describe otras ocho estafas similares, en algunos de ellos con el añadido de la redacción de contratos falsificados sin conocimiento de los compradores.

La sentencia inicial de la Audiencia Provincial condenó al comercial de Rivas a un año y seis meses de prisión por un delito continuado de estafa y otro de falsificación de documento privado. No fue mayor debido a que se aplicaron las atenuantes de drogadicción y de dilaciones indebidas. Aunque sí se indicó que debía indemnizar a los estafados por las cantidades reclamadas, que ascendían a 94.074 euros. También condenaba de forma subsidiaria al propio Grupo Inmobiliario y Financiero Redpiso y a una de sus empresas franquiciadas en la localidad, Estudio Rivas Vaciamadrid SL, ubicada en la avenida Aurelio Álvarez.

El comercial condenado no recurrió la sentencia al TSJM, pero sí lo hicieron Redpiso y su franquicia. En el fallo ahora conocido, al que ha tenido acceso Somos Rivas, el TSJM considera que han de responder de forma subsidiaria a las indemnizaciones porque quedó plenamente acreditado que “el acusado no solo les presentaba a firmar la documentación con los membretes de Redpiso, sino que además iba vestido con signos característicos de dicha entidad, utilizaba un vehículo con rótulo de la entidad, e iba con carpetas de la misma”, lo que conllevó a que los estafados le prestaran credibilidad.

“La mayoría de los testigos declararon que conocieron al acusado porque acudieron o llamaron a la oficina de Redpiso buscando asesoramiento para realizar alguna gestión inmobiliaria”, añade el fallo judicial. “Pensaban que contrataban en última instancia con Redpiso”, apostilla el tribunal para dejar clara la responsabilidad, a la vez que lamenta que no tuviera “un control a nivel de cada expediente de operación inmobiliaria”.

El fallo desestima los recursos interpuestos por Redpiso y Estudio Rivas Vaciamadrid en su totalidad y les condena a responder subsidiariamente a las indemnizaciones y a abonar las costas correspondientes.

Isabel Díaz Ayuso recorría hace apenas una semana la Sierra Oeste de Madrid alentando a la lucha contra el fuego, daba la mano y trabajaba junto al presidente del Gobierno, consolaba a los vecinos que veían las llamaradas en sus casas e incluso se emocionaba al ver su pueblo evacuado. La imagen de la presidenta estaba saliendo mejor parada de lo que parecía apuntar la enésima crisis de su Ejecutivo, ocasionada esta vez por unos incendios que la Comunidad de Madrid tiene el deber de extinguir y, sobre todo, prevenir.

Todo cambió el miércoles. Con los bosques aún humeantes, El País apuntaba otra llamarada al informar sobre una compra sospechosa por parte del Gobierno regional: un ático de 485 metros cuadrados en una de las zonas más caras de Madrid, con 200 metros de terraza situado enfrente de la casa familiar de Ayuso. Un pisazo cuya compra era difícil de justificar, tal y como se fue comprobando después.

Las explicaciones con las que respondió la Comunidad de Madrid resultaron primero confusas y equívocas: sus responsables aseguraron que el lugar iba a ser utilizado como oficina en un lugar donde la normativa municipal impide estos usos y que el traslado se haría durante unas obras en la Puerta del Sol, a pesar de que no están planificadas en ningún contrato del Gobierno regional. Luego se supo que la casa en la que actualmente vive fue puesta a la venta por su pareja en un portal online, justo después de la compra del ático chamberilero.

Que Isabel Díaz Ayuso saliera a las pocas horas a rebatir la información presentándose como la víctima de una supuesta “campaña de desprestigio” no calmó los ánimos, como tampoco lo hizo el intento de zanjar el tema este jueves con el anuncio de la venta del ático para destinar su importe a la reconstrucción de los incendios.

El malestar por esta compra desmesurada es amplio en la izquierda y en la derecha. El PSOE es el primer partido que se ha lanzado a pedir la dimisión de la presidenta. Lo hizo el ministro Óscar López el jueves por la noche, cuando consideró que ya era “tarde” para dar explicaciones, y continuó este viernes del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que calificó el caso de “pillada descomunal”.

En Más Madrid han sido tajantes en sus declaraciones: “Ayuso es una corrupta”, escribió en redes su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, que no pide aún la dimisión. La ministra Mónica García, próxima rival de Ayuso en las elecciones a la Comunidad de 2027, apuntaba la siguiente reflexión: “Es una suerte de estudio sociológico para comprobar hasta dónde puede llegar sin pagar ningún coste político: si salió indemne de la pandemia y los 7.291 mayores, de apoyar a genocidas, de defenestrar a Casado por los chanchullos de su hermano, de Quirón y de su ático de lujo, ¿por qué no iba a intentarlo con un segundo ático esta vez pagado por los madrileños?”.

La estrategia de Más Madrid pasa por buscar información en los tribunales apuntando a un posible delito de malversación. El diputado Hugo Martínez Abarca ha anunciado que su partido denunciará “los hechos” para que sea el juez quien lo investigue y requiera toda la información, ante la posibilidad de que el gobierno de Ayuso se cierre en banda a trasladar el expediente. “Tardará mucho en dárnoslos, si es que nos los da, pero a un juez no se lo pueden negar”, advertía.

El malestar en la derecha por las explicaciones

Los tres días de incendio en torno al ático de Chamberí, a lo que se ha unido a la puesta en venta tanto de la casa donde Ayuso vive con su pareja, Alberto González Amador (por 1,7 millones de euros), como el ático inmediatamente superior (por 1,6 millones), también están haciendo mella en la derecha. Los dirigentes del PP que no pertenecen al Gobierno regional están midiendo estos días sus palabras ante una situación que parece descontrolada. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha programado ningún acto público ni el jueves ni el viernes. Su vicealcaldesa se limitaba ayer a comentar que el ático nunca podría tener licencia de oficina. “Huele a operación cremas de Cifuentes 2.0”, dejaba caer en X la némesis de Ayuso en redes sociales, el ministro Óscar Puente.

Dirigentes del PP creen que la compra del ático fue “un error”, asegura el ABC este viernes en un artículo en el que desvela “la confusión y el desconcierto” que reina en el partido ante este caso. Un editorial del mismo periódico publicado el mismo día resume bien el sentimiento en el ámbito de la derecha ante esta falta de información: “La sucesión de explicaciones contradictorias y la ausencia de información esencial, empezando por el precio desembolsado, convierten este episodio en un problema de transparencia institucional que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no puede despachar de esta manera”.

En medio de este lío interno, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, intentaba responder este viernes al mediodía diciendo que su equipo siente el “pleno apoyo” del PP nacional frente a “mentiras y calumnias” de la izquierda y del Gobierno de la nación para “tapar sus propias corruptelas”. El consejero tomaba la palabra para responder a las acusaciones y peticiones de dimisión de la oposición, porque la presidenta Ayuso ha preferido no hacerlo: ni el jueves ni el viernes ha programado acto público alguno en el que poder defenderse. Tampoco está previsto, de momento, que hable el fin de semana.

Miguel Ángel García afirmaba en su lugar que la Comunidad de Madrid tiene “un gobierno transparente” y emplazaba a la “memoria de actividades” de la empresa Planifica Madrid -la que compró el ático, que depende de su consejería- para conocer el coste de la operación de compraventa.

Pero no parece que la oposición se vaya a contentar con eso. Horas antes la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, se presentaba en la puerta del edificio donde se encuentra el “aticazo” –lo llamó así– para exigir que el PSOE pueda entrar en este inmueble comprado con dinero público. También dijo que su partido ha presentado 30 peticiones de información relacionadas con el caso. Tal vez queden muchas explicaciones por llegar.

Un traslado temporal por obras en la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Esta fue la explicación del Gobierno regional para justificar la compra de un ático en Chamberí de enormes dimensiones –casi 500 metros cuadrados con 200 de terraza– que, según dijo la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, iba a ser destinado a albergar las “reuniones institucionales” que no podrían celebrarse en la Real Casa de Correos, debido a una importante reforma prevista.

“La Real Casa de Correos seguirá este verano con las obras planificadas, que comenzaron en 2025, y que en este periodo iban a afectar a los patios y segunda planta, para mantener en las mejores condiciones un edificio de más de 250 años declarado BIC”, son las explicaciones que daban en la mañana del jueves desde el área de Presidencia, responsable de contratar los trabajos en este edificio protegido. Sin embargo, no existe rastro de los trabajos previstos en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid, el espacio donde se publicitan este tipo de licitaciones, a cargo de esta Consejería.

Según ha podido comprobar Somos Madrid, el último contrato de envergadura para la remodelación de la sede regional es el de los arreglos de su fachada, que tuvieron lugar en el año 2025 y en los que se invirtieron 963.197,17 euros, impuestos incluidos. Las obras incluyeron la reparación del faldón de la cubierta interior y su afianzamiento, además de revisar los elementos decorativos de la propia fachada. Entonces el ente autonómico aseguró que arreglaba el edificio “con motivo del 40º aniversario como sede del Gobierno regional”.

En realidad, las obras sirvieron para corregir una serie de deficiencias graves –según reza la memoria justificativa de los trabajos consultada por este periódico– que afectaban “a la fachada principal y la cubierta interior”, y que debían ser reparadas “con carácter de urgencia”. En el caso de la fachada, se apuntaba al revoco de ladrillo de la fachada principal en dos paños del peto de protección de la cubierta, además de a la reparación de un elemento ornamental de piedra caliza que se movía y “podría caer a la vía pública”.

Sin número estimado de trabajadores trasladados

“La Comunidad de Madrid seguirá buscando, dentro de su patrimonio inmobiliario, espacios que reúnan las condiciones necesarias para trasladar la actividad de la Real Casa de Correos mientras que duren estos trabajos”, explicaba este jueves una nota del Gobierno de Ayuso en la que también se anunciaba la puesta a la venta del ático de la polémica en Chamberí, junto a otros inmuebles, para sufragar parte de las ayudas a la recuperación por el incendio de la Sierra Oeste.

De momento no hay un número estimado de trabajadores a los que van a afectar las obras o cuáles son las fechas previstas para desarrollar los trabajos. Este periódico ha preguntado a la Consejería que dirige Miguel Ángel Martín por estos extremos sin obtener hasta ahora respuesta. Tampoco hay información sobre si el contrato para las obras previstas está ya licitado o adjudicado.

Construida en 1790 siguiendo el proyecto del arquitecto Jaime Marquet, la Real Casa de Correos registra obras de forma periódica para su conservación, que se lleva con especial cuidado por tratarse de un Bien de Interés Cultural. Además del contrato ya mencionado, en los últimos años la Comunidad de Madrid ha licitado otros para instalar infraestructuras de datos y comunicaciones (año 2023), reformar su cafetería (2024), arreglar las carpinterías exteriores de la segunda planta (también en 2024) o remodelar sus accesos por la calle San Ricardo (2025). Todos suman algo más de 1,1 millones de euros, impuestos incluidos. Sin embargo, ninguno de ellos hace referencia a los trabajos interiores en la segunda planta que motivarían el traslado.

“Desconocíamos esas obras de Sol”, apuntaba este jueves el ministro y líder del PSOE de Madrid, Óscar López. “¿Qué sentido tiene comprar un ático de lujo en Chamberí para trasladar los trabajos de la presidenta en la Comunidad de Madrid? ¿Pero esto qué broma es, en qué mundo estamos?”, añadía sobre la pertinencia de las razones esgrimidas por el Gobierno de Ayuso para justificar la compra. Los socialistas han reclamado el expediente completo de esta adquisición y han solicitado la comparecencia de la consejera de Hacienda del Gobierno regional para que explique la operación inmobiliaria. “El único motivo por el que se vende el ático de Ayuso comprado con dinero público es que la hemos pillado”, aseguraba por su parte la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que también reclama transparencia sobre las cifras de la compraventa.

Tres meses después de su compra, la Comunidad de Madrid ha anunciado que venderá el ático de lujo comprado en Chamberí. El anuncio tiene lugar un día después de que se hiciera pública esta polémica adquisición, que el Gobierno de Ayuso justificó inicialmente para destinarlo a oficinas temporales de la administración regional durante unas supuestas obras en la Puerta del Sol.

La venta la ha avanzado por sorpresa el portavoz y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, del que depende la empresa pública que había ejecutado la operación, Planifica Madrid. Lo ha hecho durante una visita a la Sierra Oeste, la zona afectada por los incendios de los últimos días, ya que según asegura el importe obtenido con su venta y la de otras cuatro propiedades que también se ponen a la venta pretenden sufragar parte de las ayudas aprobadas por los fuegos.

La compra del inmueble de casi 500 metros cuadrados y con una amplia terraza se produjo el pasado mes de abril, según avanzaba este miércoles El País al desvelar la noticia. Horas después, la presidenta regional reconocía esta adquisicíon y la justificaba asegurando que el lugar iba a ser utilizado para “reuniones institucionales”, una actividad imposible porque ese edificio no admite en sus plantas altas tales usos, distintos a los residenciales. Isabel Díaz Ayuso no desvelaba entonces ni cuánto había costado ni por qué se había elegido esa ubicación, muy cercana al domicilio de su familia, en el barrio donde creció.

La comparecencia de Ayuso estuvo plagada de ataques a los medios de comunicación por lo que consideraba una “campaña de desprestigio” hacia su persona. “Están a ver si se me echa la gente encima, en un momento en el que la gente ha perdido sus casas, sus propiedades”, acusó a la prensa que había publicado estas informaciones.

Después de la polémica del miércoles, este jueves la presidenta regional no programó ningún acto público en su agenda y en su lugar ha distribuido la imagen de un viaje en helicóptero sobre la zona afectada por los incendios.

Hoy se ha conocido además que la Comunidad de Madrid ni siquiera había pedido al Ayuntamiento un cambio de uso allí para desarrollar la actividad que tenía prevista de forma temporal, durante unas obras en la Puerta del Sol de gran calado que tampoco habían sido anunciadas. Lo comunicaba la vicealcaldesa de la capital y añadía: “Estamos absolutamente convencidos de que la Comunidad de Madrid conoce los usos permitidos en cada uno de los espacios”.

El Gobierno regional calcula que la venta de los cinco inmuebles -el ático del Paseo General Martínez Campos y los otros cuatro situados en la Gran Vía de Madrid- generarán ingresos de unos 20 millones de euros. Se desconoce qué precio abonó Planifica Madrid por estas propiedades. El importe facturado será destinado a sufragar los cerca de 100 millones de euros que costarán las ayudas aprobadas para la reconstrucción de la Sierra Oeste después de ser arrasada por el fuego.

Miguel Ángel García ha asegurado que la Comunidad de Madrid sigue buscando dentro de su patrimonio inmobiliario espacios a los que pueda trasladar “la actividad de la Real Casa de Correos” durante unas obras que se van a extender durante los próximos meses a los patios y a su segunda planta, ha explicado este jueves.

“El Ayuntamiento de Madrid no tiene ninguna solicitud de cambio de licencia o de modificación de cambio de uso”. Con estas palabras, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, zanjaba las preguntas sobre la posible transformación en oficina de la vivienda adquirida por el Gobierno regional en Chamberí, descubierta este miércoles a partir de un artículo publicado por El País.

“No hay ninguna solicitud al Ayuntamiento de Madrid”, insitía Sanz en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, “de ninguna modificación, de ninguna licencia ni de cambio de uso”, añadía para dejar clara la situación actual. “Estamos hablando de futuribles que no se han planteado al Ayuntamiento”, zanjó.

La vicealcaldesa ha querido recordar que en el consistorio “estamos absolutamente convencidos de que la Comunidad de Madrid conoce los usos permitidos en cada uno de los espacios”, en alusión a que la normativa impide convertir en oficinas viviendas como el ático de casi 500 metros cuadrados adquirido por el Gobierno de Ayuso en el Paseo del General Martínez Campos.

El inmueble adquirido por el Gobierno de Ayuso se rige por la Norma Zonal 1, Grado 3º, según consta en la información urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Las normas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid indican que este tipo de inmuebles no puede albergar oficinas de la administración pública, por no estar incluida esta actividad dentro de las actividades económicas que lo permiten.

Tampoco podría este ático albergar un despacho profesional, ya que aunque algunos profesionales son capaces de abrir legalmente negocios de este tipo -despachos profesionales domésticos- para poder hacerlo, dicho inmueble debe haberse constituido como su vivienda habitual. Sin embargo, la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este miércoles que el ático sería destinado a “reuniones institucionales”, una actividad que no está amparada en su actual uso.

El Gobierno de Almeida acaba de dar el primer paso para otorgar al Real Madrid una ansiada recalificación en sus terrenos de Valdebebas. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado este jueves su visto bueno a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) para que estos terrenos, actualmente de uso deportivo, pasen a contar con la calificación de terciarios, un suelo con mayor rentabilidad.

El consistorio lo ha justificado afirmando que esta superficie estaba “siendo infrautilizada” pese a estar situada “en un importantísimo enclave de desarrollo económico” y que con esta modificación que ha pedido el club blanco se ganan “más de 20 hectáreas para equipamientos y zonas verdes”, ha asegurado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, en rueda de prensa posterior al acuerdo.

Con la operación, el Real Madrid obtendrá 532.000 metros cuadrados de edificabilidad sobre unos terrenos deportivos hasta ahora sin uso, que recibió hace dos décadas el club blanco como compensación a otra recalificación, la de las Cuatro Torres de Castellana. “El objetivo es crear un campus de innovación tecnológica que sea de referencia internacional”, ha indicado Sanz. A cambio, habrá un parque público junto al arroyo de La Plata de 166.000 m² de extensión y otros 35.000 m² de una dotación pública, aún sin definir pero que estará vinculado “a la innovación y tecnología”, asegura el consistorio en nota de prensa.

La parcela sobre la que se ejecuta esta operación urbanística ocupa 1,2 millones de metros cuadrados. En ella se sitúa la ciudad deportiva del Real Madrid y el estadio Alfredo Di Stéfano, que ocupa unos 350.000 metros cuadrados. Los restantes 850.000 m² se repartirán de la siguiente forma: 650.000 m² para uso terciario privado del Real Madrid, con los citados 532.000 m² de edificabilidad, además de 200.000 m² de zona verde pública y un equipamiento. “Va a ser un hito histórico para la ciudad de Madrid”, ha asegurado sobre el proyecto la vicealcaldesa.

El Ayuntamiento de Madrid considera la ubicación de la parcela se considera especialmente adecuada por su cercanía al aeropuerto, el intercambiador de Valdebebas, el Hospital Isabel Zendal, IFEMA Madrid y a la futura Ciudad de la Justicia. El terreno es contiguo a los ámbitos Fuente Fría Norte y Solana de Valdebebas por el norte; al aeropuerto por el este; por la carretera M-11 al sur, y por la M-40 al oeste. La nueva valoración de los terrenos es todavía una incógnita, pero el propio Florentino Pérez aseguró que estaría cercana a los 1.000 millones de euros, según sus declaraciones durante la campaña previa a las elecciones por la presidencia del Real Madrid.

El Gobierno de Almeida había encargado hace unas semanas el estudio económico necesario para luego llevar a cabo la Modificación Puntual del PGOUM, la figura legal que permite la recalificación. La sintonía entre el Ayuntamiento y el Real Madrid en este caso parece bastante cercana, como mostró el propio alcalde al acudir a la presentación del proyecto, que se llama Madrid Innovation District (MID) y que tuvo lugar en mayo de 2025 durante un acto a puerta cerrada. También estuvo allí la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuyo apoyo también es imprescindible para llevar a cabo una operación que promete atraer una inversión de 8.500 millones de euros.

Ahora el Ayuntamiento de Madrid sacará a información pública el expediente de la recalificación, algo que hará previsiblemente en agosto, mes en el que muchos de los madrileños disfrutan de sus vacaciones. Estará disponible “hasta finales de septiembre”, ha indicado la vicealcaldesa. Pasado este trámite, deberá responder a todas las alegaciones que se efectúen para aprobarlo provisionalmente en el Pleno del consistorio, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, y después deberá recibir el visto bueno de la Comunidad de Madrid, tal vez ya en la siguiente legislatura.

La construcción del campus tendría lugar entre 2028 y 2030 para las obras de urbanización y del 2029 al 2035 para los edificios que compongan el enclave.

El ático de casi 500 metros cuadrados que acaba de comprar la Comunidad de Madrid en una de las zonas más caras de la capital no puede ser convertido en una oficina. La normativa urbanística municipal impide que en esta parte de la ciudad pueda implantarse ni oficinas ni servicios por encima de la planta baja o la primera de cualquier edificio.

El inmueble adquirido por el Gobierno de Ayuso se rige por la Norma Zonal 1, Grado 3º, según consta en la información urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Las normas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid indican que este tipo de inmuebles no puede albergar oficinas de la administración pública, por no estar incluida esta actividad dentro de las actividades económicas que lo permiten.

Tampoco podría este ático albergar un despacho profesional, ya que aunque algunos profesionales son capaces de abrir legalmente negocios de este tipo -despachos profesionales domésticos- para poder hacerlo, dicho inmueble debe haberse constituido como su vivienda habitual

La Comunidad de Madrid explicó inicialmente que el inmueble adquirido en el Paseo del General Martínez Campos, situado en la novena planta, sería utilizado como “oficina” por el Gobierno de Ayuso. Más tarde, fue la propia presidenta regional la que matizó que se emplearía para “reuniones profesionales”. Un tipo de actividad que encaja en un uso dotacional de una administración pública, prohibido por la normativa del Ayuntamiento de Madrid en este lugar.

La compra del inmueble se produjo hace tres meses según El País y para ello el Gobierno regional utilizó la empresa pública Planifica Madrid. Según Ayuso, se trata de “una agencia que a lo largo de todo el año reorganiza el patrimonio de la Comunidad de Madrid y también se vende. Porque tampoco se cuenta todo lo que se ha vendido para comprar este u otros inmuebles”, explicaba en rueda de prensa al dar explicaciones sobre este ático, sin aclarar el importe de la compra y qué uso futuro tendrá. Este periódico ha preguntado al área de Presidencia sobre este uso previsto y el importe de la compra del citado ático, sin haber obtenido respuesta hasta ahora.

La oposición reclama información sobre la compra y el uso

El ático de Chamberí está situado a poca distancia de la casa de la familia de Isabel Díaz Ayuso, en el entorno donde creció la presidenta. Se encuentra en el mismo distrito donde actualmente vive -en otro ático- aunque en un barrio del este, distante a la residencia habitual de la líder del PP regional.

Tanto Más Madrid como PSOE han reclamado explicaciones al Gobierno regional por esta compra y por el uso real que va a tener el inmueble. Eduardo Rubiño, portavoz adjunto del primer partido de la oposición en el Ayuntamiento, acusa a la presidenta de que aquí no hay un plan para instalar ninguna oficina temporal sino “un capricho de Ayuso, que tiene obsesión con los áticos de lujo en Chamberí pero muy poca afición a pagárselos de su bolsillo”.

Su concejala especializada en temas urbanísticos, Sara Ladra, ha explicado en un hilo en redes sociales por qué no se puede abrir allí legalmente una oficina y advierte: “No vamos a tolerar que se vulnere o retuerza la normativa para usar como oficina lo que tiene más pinta de ser otra vivienda de lujo para uso y disfrute de Ayuso pagada con el dinero de todos”. De momento, ha solicitado igualmente copia de la licencia o título habilitante para implantar oficina en dicha vivienda.

Por parte del PSOE, el partido advierte que si esta propiedad ahora pública se destina a oficina “sería un uso contrario a la normativa urbanística, y si se mantiene como vivienda, reclama explicaciones sobre quién la ocupará y cuánto dinero público ha costado su adquisición”. Su edil dedicado al urbanismo, Antonio Giraldo, ha ironizado en un tuit: “Si es para oficinas provisionales, el Ayuntamiento de Madrid va a tener que denunciar a la CAM y emitir una orden de clausura contra una actividad ilegal. Además de una posible sanción. En ese edificio (planta ático) no cabe otro uso que el residencial”.

“No es mi casa, no es para mí, yo no me he comprado nada”. Con estas palabras ha respondido Isabel Díaz Ayuso a la noticia sobre la compra de un ático en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid, destinado a oficinas. Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que explicaba las medidas que está tomando su equipo por los incendios en la Sierra Oeste pero en la que los medios le han preguntado además por los detalles de esta operación inmobiliaria.

“Se está adelantando a un futuro que no ha llegado”, dijo sobre la noticia adelantada por El País, explicando que el ático -de casi 500 metros cuadrados, casi la mitad de ellos de terraza- será destinado a “reuniones institucionales” de forma provisional. No ofreció muchos más detalles: “Tenemos una agencia que se dedica a estas cosas”, aseguró para excusar datos más técnicos sobre la operación, ejecutada por la empresa pública Planifica Madrid y que no figura todavía en su registro de transparencia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha aclarado ni el coste de la operación, ni por qué se eligió ese inmueble, ni qué departamento empleará este lugar. “No sé cómo lo vamos a organizar”, admitía. Sí que indicó que será utilizado como lugar de trabajo de su Gobierno cuando el edificio de la Puerta del Sol entre en obras de gran calado, algo que sucederá en los próximos meses, en fecha aún no definida. “Aquí se va a acometer una reforma integral de este edificio”, ha justificado Ayuso. “La segunda planta entera se va a remodelar integralmente”, añadía sobre un espacio que indica que hacía décadas que no afrontaba unas obras de este calado.

“No sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o en la de Transportes, que es muy grande, y es el consejero el que se va para allá”, añadió sobre el posible lugar donde estará su oficina durante las obras en Sol, ante la sorpresa de alguno de los miembros del equipo de Gobierno allí presentes, quienes rodeaban a la presidenta durante la explicación de las medidas adoptadas para la reconstrucción de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste.

“Es falso, yo no me estoy comprando nada ni se me está comprando nada”, aseveró sobre el ático, situado en el Paseo el General Martínez Campos, una de las zonas más caras del distrito de Chamberí, muy cerca de la casa familiar en la que creció la presidenta. “Se compran y se venden inmuebles, se alquilan y se dejan de alquilar (...) en estos mismos meses me consta que está habiendo muchas ventas de otros inmuebles y otras oficinas”, añadió. “La compra sé que es reciente”, indicó después.

Sí que fue tajante al afirmar que “no voy a tener residencia oficial como tantos ministros ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas. Quizás me hubiera evitado muchas campañas de desprestigio si lo hubiera hecho desde el principio”, añadió. (...) tengo otras prioridades“.

Ayuso ha asegurado que esta noticia intenta “buscar el desprestigio” en medio de la emergencia por el fuego en la sierra. “Están a ver si se me echa la gente encima, en un momento en el que la gente ha perdido sus casas, sus propiedades”, añadió sobre la información publicada en lo que calificó de “medios afines al Gobierno”. “Aquí se ha obrado de muy mala fe por cómo se ha contado y cuándo se ha contado”, aseguró.

La presidenta de la Comunidad de Madrid reside actualmente en el mismo distrito de Chamberí donde su Gobierno ha adquirido este inmueble, aunque en un barrio alejado de la compra reciente que ha salido a la luz este miércoles. Su vivienda actual es otro ático con polémica: el que su pareja, González Amador, adquirió por 1,8 millones, aunque Ayuso había estado buscando otra casa como residencia personal en el último año. Para dichas gestiones, al menos en un caso, la presidenta utilizó al jefe de despacho de la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Álvaro Sanz. Pero la compra finalmente no fructificó.

Los edificios históricos de la Quinta de Torre Arias serán rehabilitados y gestionados durante los próximos 75 años por el Banco de España. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la concesión demanial de estos inmuebles hasta el 2101 después de analizar la propuesta presentada por la institución y “comprobar su adecuación al interés general y a los objetivos de conservación, puesta en valor y dinamización de este enclave patrimonial municipal”, explican fuentes del área de Cultura.

El consistorio entrega estos inmuebles con el objetivo de “recuperar para un nuevo uso los inmuebles históricos de la finca, actualmente sin actividad” e informa de que se mantendrá el acceso público a los jardines de la Quinta, sin ninguna alteración con respecto al uso actual de esta zona verde. Según el acuerdo, el Banco de España asumirá la rehabilitación de los edificios y diversas actuaciones de conservación y mejora de su entorno, “contribuyendo a la preservación de uno de los espacios históricos más singulares de la ciudad”, añaden las mismas fuentes.

La entrega de los edificios al Banco de España era un proyecto que llevaba meses cociéndose, tiempo en el que la Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias, entidad vecinal que ha perseguido su apertura al público, ha mostrado su oposición al proyecto. Sus responsables aseguran que los planes del Banco de España no se ajusta a lo establecido en el reglamento urbanístico y “supone romper la unidad histórica y funcional existente entre el edificio y sus huertas y jardines, que no pueden entenderse por separado” de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que pesa sobre la parcela.

El Banco de España ha aclarado en un comunicado que la cesión se circunscribe a los edificios principales de la finca, permaneciendo los jardines “a disposición del público y sin alterarse su uso”, como ocurre actualmente. La institución asumirá la conservación de elementos próximos a los edificios concedidos, como fuentes, pavimentos y objetos decorativos.

Además, según señala en este mismo comunicado, se hará cargo de algunas reformas, como la mejora de los accesos para personas con movilidad reducida. También colaborará en la puesta en valor del pasado agropecuario de la finca, interactuando con los distintos colectivos y asociaciones, y se encargará de la recuperación de algunos de sus inmuebles.

Para el movimiento ciudadano de defensa de la Quinta de Torre Arias, “cualquier actuación debe contemplar su conexión con los usos históricos de la Quinta priorizando los usos agropecuarios y educativos y la participación ciudadana”, expusieron cuando hicieron pública su oposición a la cesión que se acaba de producir.

En el año 2016, una denuncia que interpuso la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid anuló un plan especial aprobado por el Ayuntamiento que buscaba segregar la finca para ceder sus edificaciones más singulares a usos dotacionales educativos privados, además de prever el derribo de edificaciones emblemáticas de alto valor histórico, que finalmente no se produjo.

Preguntado por su valoración de la cesión, el alcalde de Madrid ha asegurado este mañana que el proyecto “encaja perfectamente en la filosofía del Ayuntamiento y en el espacio de Torre Arias, pero encaja también con las reivindicaciones vecinales”. “Y por supuesto que los jardines, las zonas verdes, van a estar disponibles y abiertas al público”, ha asegurado.

El alcalde ha desvelado que le pidieron al Banco de España “que también haya actividades divulgativas, no solo de investigación, no solo el centro de estudios, sino actividades divulgativas en las que se pueda implicar a todos los vecinos de ese entorno y, en general, a los vecinos de la ciudad de Madrid”.

El futuro de la Quinta

Explican desde la institución que utilizarán los edificios para crear Espacio Eureka, un proyecto para la promoción de la educación económica y financiera, abierto al público, y un centro de formación. Consideran “especialmente adecuados para este proyecto” el palacete y las caballerizas de la Quinta por su tamaño, su representatividad y su ubicación, al estar en las inmediaciones de una de las sedes institucionales del Banco de España, situada en el número 522 de la calle Alcalá.

El futuro Espacio Eureka plantea un proyecto educativo, expositivo e interactivo, orientado a fomentar la cultura económica de forma accesible a todos los públicos en un entorno moderno y atractivo. Para ello, se prevé la habilitación de espacios expositivos e inmersivos, auditorios, aulas para talleres y conferencias y espacios multifuncionales. También se utilizarán documentos históricos y la colección numismática del Banco de España para reforzar la labor divulgativa.

Indican desde el Banco de España que “el espacio tendrá un enfoque especial hacia los jóvenes en edad escolar, con el objetivo de fortalecer su formación económica desde las edades más tempranas”. Su aspiración es convertirse en un ecosistema educativo de referencia en materia de economía y finanzas, en la línea de las iniciativas más vanguardistas de otros bancos centrales de nuestro entorno, como Citéco – Cité de l'Économie en Francia, Geldmuseum der Deutschen Bundesbank en Alemania o De Nieuwe Schatkamer en Países Bajos.

Tanto este espacio como el centro de formación complementarán su labor con la organización de conferencias, espacios para el debate, cursos y seminarios de ámbito nacional e internacional, con el fin de fomentar la apertura y transparencia y la interacción con la ciudadanía.

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) tiene desde hace unos días nuevo decano. Se llama Jesús San Vicente y tomó posesión el día 20 de julio después de un largo proceso judicial desde las elecciones celebradas en la primavera de 2025. El nombramiento tuvo lugar en la propia sede del COAM en la calle Hortaleza, en un acto público formalizado por el presidente de la Mesa Electoral, pero hasta esta semana los juzgados no han validado la investidura. Y, visto los precedentes, no es descartable que vuelva a haber algún otro recurso, porque el hasta ahora decano, Sigfrido Herráez, no parece que vaya a dejar el cargo.

Todo comenzó hace más de un año en la campaña electoral del colegio, cuando Herráez decidió presentarse para intentar renovar su mandato. Los estatutos internos del COAM lo limitan a dos ejercicios, por lo que la candidatura del aspirante San Vicente (Nexo COAM) intentó retirarle de la carrera al considerar que los había cumplido. El primero consideraba que no había llegado a los ocho años máximos de decano -los hubiera cumplido el próximo noviembre- y tenía legitimidad para presentarse.

El resultado de las elecciones fue muy ajustado: la candidatura de Herráiz, Todos COAM) obtuvo 1.216 votos (53,9%) frente a los 1.040 reunidos por San Vicente. Fue ahí donde empezó un enorme litigio judicial que, de momento, ha acabado con el segundo investido como decano después de muchas vías judiciales y algún intento previo de investidura fallido. Pero desde el equipo del hasta ahora decano consideran que lo procedimientos judiciales derivados del proceso electoral continúan pendientes de resolución definitiva y, en consecuencia, “la controversia jurídica que afecta al proceso electoral no puede considerarse concluida”. Es decir, que a día de hoy hay un decano investido y otro en ejercicio.

El último episodio en los juzgados es la resolución de este miércoles dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 rechazando la tramitación del incidente de nulidad que había pedido Sigfrido Herráez, al considerar que supone “un nuevo escollo innecesario y sin justificación alguna a la tramitación del procedimiento”. Desde el círculo de San Vicente consideran que esta resolución desactiva “la última maniobra contra la toma de posesión de la Junta de Gobierno”.

Las mismas fuentes indican que la nueva Junta de Gobierno “continuará trabajando por un Colegio estable, transparente y centrado en el servicio a todos los colegiados”, a la vez que dará más pasos “para hacer efectiva su toma de posesión y devolver la normalidad institucional al Colegio, tras un año de interinidad de la Junta cesante”.

Sin embargo, desde el equipo de Sigfrido Herráez consideran que hasta que no exista una resolución judicial firme, las medidas cautelares adoptadas en el procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 mantienen su eficacia. Y recuerdan que permanece pendiente de resolución la solicitud de medidas cautelares formulada en el procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24.

“En el mismo verano de este 2019 hemos sufrido el peor incendio forestal de las últimas décadas, en las localidades de Almorox, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real” escribía hace siete años el por entonces director de las Emergencias en Madrid, Carlos Novillo. El ahora consejero de Medio Ambiente hablaba del que hasta esa fecha era el mayor incendio sufrido en la Sierra Oeste de la región, que se llevó por delante 2.232 hectáreas de terreno, 1.259 de ellas, bosques, según la memoria de ASEM 112.

Como en este 2026, aquel 2019 el fuego se inició en Almorox (Toledo) a finales de junio y avanzó rápidamente hacia Madrid a través de un barranco, ayudado por el fuerte calor, la baja humedad y los vientos intensos. Pero en aquella ocasión la situación no se complicó con otros dos incendios cercanos -como ha sucedido ahora- y el fuego se pudo controlar en tres días, con la ayuda de la UME y sin lamentar heridos, aunque fueron desalojadas varias áreas urbanas en estas poblaciones.

Este fuego fue el más grande de los últimos años aunque no el único en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, donde casi cada año se han registrado llamaradas de diversa consideración. El siguiente tuvo lugar a principios de agosto de 2020 en Robledo de Chavela, donde ardieron 1.073 hectáreas de terreno forestal, sumando la superficie afectada de esta localidad junto a las de Fresnedilla y Zarzalejo, también afectadas. El fuego se inició a consecuencia de un accidente de moto en la M-512, cuyas curvas son muy frecuentadas por los motoristas durante los fines de semana y el verano.

El año 2021 la Sierra Oeste vio de cerca otro enorme incendio, pero esta vez se quedó en Ávila. Fue el de Navalacruz, al otro lado de las montañas y que en su día fue catalogado como el de mayor tamaño en Castilla y León con más de 22.000 hectáreas de extensión, cifra superada en 2025 y ahora con el de Burgohondo. Algo parecido sucedió al año siguiente, en 2022, con otro fuego en la localidad abulense de Cebreros, que se extendió también a El Hoyo y San Bartolomé de Pinares. Ardieron 4.263 hectáreas, de las que 3.102 eran arboladas.

La Sierra Oeste tuvo varios veranos de respiro, con un pequeño conato en Valdemaqueda en agosto del año 2024 y un nuevo susto en 2025 en Fresnedillas, que alcanzó Peralejo y Zarzalejo, aunque con solo 27 hectáreas afectadas. Ese mismo mes de agosto el Valle del Tiétar sufría un grave incendio con 1.780 hectáreas calcinadas por un fuego originado en San Bartolomé, a las que se sumaron 34 casas.

Las dimensiones de estos fuegos quedan pequeñas ante los grandes incendios de San Martín de Valdeiglesias (34.000 hectáreas afectadas de forma provisional) y el de Burgohondo, que han obligado a declarar la emergencia nacional para intentar su control.

Isabel Díaz Ayuso ha respondido este lunes a las peticiones de Pedro Sánchez sobre un acuerdo nacional sobre la emergencia climática, a la que el presidente atribuye la situación de grandes incendios que vive este momento España. “No es momento de dar soluciones de brocha gorda para eximirnos de cualquier responsabilidad”, ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid en una declaración ante los medios en Navalcarnero, donde se ha desplegado el centro de mando del fuego que afecta a Ávila, Toledo y Madrid.

“Sobre la propuesta de emergencia climática: he estado mirando en las hemerotecas y veo que casi desde el 2014 el Gobierno viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente...” dejaba caer la presidenta. “Solo pido que nos diga cómo lo va a resolver”, añadía antes de cuestionar esta teoría. “Yo lo que tengo claro es que tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre, que estamos viendo que en toda España están siendo la inmensa mayoría”.

A continuación, Ayuso se apuntaba a la teoría de que una de las causas de los fuegos es la falta de limpieza del bosque, un bulo que alimenta la ultraderecha desde hace días. “Atendamos a las gentes del campo, que son las que de verdad conocen lo que pasa en los montes”, decía la presidenta antes de asegurar que sus problemas pasan por las “dificultades para limpiar los montes, para trabajar en sus propios terrenos”.

El bulo del “no nos dejan limpiar el monte” se escuchó ya ampliamente el verano pasado durante los grandes incendios que afectaron a Castilla y León, pese a que la normativa dice lo contrario: que son los propietarios de los terrenos los que están obligados a ese mantenimiento preventivo, sin pedir ningún tipo de licencia excepto en espacios protegidos. Ahora vuelve con más fuerza.

Las proclamas negacionistas se están colando estos días también en Telemadrid, donde varios comentaristas se apuntaron a la teoría de la limpieza del monte, a la vez que echaban la culpa de los fuegos a los “fanáticos ecologistas”. También ponían en cuestión durante un especial informativo de esta televisión pública los récords que cada año bate la región en cuanto a sus temperaturas máximas. “En Madrid ha hecho calor siempre”, llegaron a asegurar.

Ayuso pide no “culpabilizar a la gente”

Díaz Ayuso pedía además este lunes que cada uno no mire “a su terruño”: “No quiero volver a ver escenas de culpabilizar a la gente que no tiene nada que ver”, decía apelando a la solidaridad con Madrid. “Me parece profundamente injusto con una región que cada vez que hay un incendio o una catástrofe nunca ha mirado si le ha costado dinero”, recordaba. “Estamos apagando incendios que a su vez vienen de otras regiones, mientras nosotros ayudamos a otras regiones”

Y luego daba un dato: “La Comunidad de Madrid sigue siendo la región que más invierte en Europa en esta materia, por eso nueve de cada diez incendios han quedado siempre en conatos”, a la vez que descartaba entrar al trapo de las declaraciones del ministro Óscar Puente o de las palabras de Óscar López publicadas en elDiario.es. “Sobre las polémicas que buscan otros, ni caso”, aseguraba.

Antes de cuestionar la emergencia climática, Ayuso anunciaba una serie de medidas tomadas por su ejecutivo, entre ellas la adjudicación de pisos de la Agencia de Vivienda Social para personas que hayan perdido sus casas de residencia habitual, además del pago del alquiler de hasta 12 meses también para estas personas, además de ayudas a la rehabilitación. En total se movilizarán 30 millones de euros en estas partidas.

También anunció la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento jurídico gratuito a los afectados por los incendios para todos los procedimientos que se inicien. Además, en los partidos judiciales de El Escorial y Navalcarnero, de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes se atenderán consultas de los afectados, en colaboración con el Colegio de Abogacía de Madrid. Habrá tambén una línea de avales para empresas y autónomos afectados por el fuego, a través de Aval Madrid. Y comunicó la apertura de los centros de salud de Villa del Prado, Maqueda, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, cerrados por las evacuaciones.

“La situación sigue siendo grave, quedan unos días todavía muy difíciles por delante”, advirtió con gesto preocupado.

El humo de los grandes incendios que registra la Sierrra Oeste no volverán, de momento, a Madrid. Las previsiones del tiempo indican que la dirección del viento hará que la nube se traslade a primera hora del lunes en la misma dirección que el domingo, afectando a las poblaciones de Toledo más cercanas a las llamas y también a otros puntos de Castilla-La Mancha de forma mucho más diluida, para después virar.

Las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que el viento podría rolar primero al oeste y luego al noroeste, lo que provocaría una situación similar a la que se produjo el jueves, con el humo afectando a poblaciones abulenses y también a algunos puntos de la Sierra Norte. A diferencia de entonces, la intensidad del humo será menor si las llamas no se reavivan a lo largo de la jornada.

Todo parece indicar que al menos este lunes no se volverá a repetir la situación vivida en Madrid capital el viernes por la noche y la mitad del sábado, cuando se detectaron enormes acumulaciones de partículas PM2,5 y PM10, empeorando considerablemente la calidad del aire. Los valores de estas mediciones, que normalmente no superan los 30 microgramos por metro cúbico en las estaciones, se dispararon hasta los 130 μg/m³ en muchas estaciones.

La situación de mala calidad del aire comenzó el viernes mientras caía la noche y se extendió hasta el sábado a las 15.00 horas, con un fuente olor a humo y afecciones en las vías respiratorias, así como sensación de escozor en los ojos en muchos ciudadanos. Las diferentes administraciones públicas advirtieron a los ciudadanos de que evitaran transitar por las calles y la propia ministra de Sanidad llegó a recomendar el uso de mascarillas en el caso de tener que hacerlo, especialmente para los colectivos más sensibles a este tipo de afecciones respiratorias.

Por otro lado, las temperaturas se encuentran en marcado ascenso, con máximas de 36ºC este lunes en algunos puntos de la Comunidad de Madrid y hasta 40ºC para este martes, lo que complicará las labores de extinción del fuego en la zona de la sierra. La humedad también irá descendiendo a medida que se registren mayores valores térmicos.