El programa ‘Cafe d’Idees’ que presenta Gemma Nierga en la 2Cat ha tenido que parar la emisión después de que un piquete irrumpiese en el plató.

La periodista ha aparecido minutos después en antena para informar que el programa no podrá seguir y ha explicado que la edición de este miércoles iba a dedicarse exclusivamente a la huelga y con personal de servicios mínimos designados por RTVE. 

Nierga ha recordado que el objetivo era poder informar sobre la huelga y que los periodistas estamos considerados como “servicio esencial” para que los ciudadanos puedan ejercer también su derecho a recibir información. “A esta hora no podemos hacer nuestro trabajo y les animamos a seguir informándose por los canales oficiales”, ha zanjado.    

Dotaciones de los Mossos d’Esquadra se han personado en el lugar y, minutos más tarde, los manifestantes han abandonado el estudio y ha podido seguir la emisión en la 2Cat.

elDiario.es solo informa hoy sobre la huelga general. La inmensa mayoría de la plantilla ha secundado la convocatoria y un grupo de trabajadores, que también la apoya, ha decidido trabajar para contarla

Este miércoles, día de la huelga general por la vivienda, toda España despertará llena de piquetes, manifestaciones y cortes de carreteras. Los sindicatos, tanto de inquilinas como de trabajadores, han convocado a un paro para frenar el crecimiento imparable del precio de los alquileres y los desahucios. Mientras todo eso suceda, habrá una familia en Barcelona que se quedará en casa, esperando a la comitiva judicial que tiene orden de expulsarles.

Son Jani y Loli, un matrimonio que hace 18 años que vive en el mismo piso de la calle Fraternitat, en el barrio de Gràcia de Barcelona. Pero antes que ellos, ya vivieron allí los bisabuelos de Loli, sus abuelos y sus padres. “Son cuatro generaciones aquí, demasiados recuerdos que me arriesgo a perder”, dice esta mujer, en conversación con elDiario.es.

Este miércoles, se enfrentan a un desahucio a pesar de que cumplen todos los requisitos que contemplan los decretos de vivienda: su casa es propiedad de un gran tenedor, tienen acreditada su situación de vulnerabilidad y carecen de alternativa habitacional.

Pero ni la propiedad ni la jueza que ha decretado el desahucio consideran que la ley ampare a esta pareja. El motivo es que, en realidad, el contrato de renta antigua que les vincula con el piso está a nombre del bisabuelo de Loli. Jamás se llegó a cambiar el nombre del inquilino en los papeles.

“Siempre había sido todo muy fácil con la propiedad. Todo de palabra. Se iba religiosamente a la administradora de fincas y se pagaba en mano. Cada vez que alguien se mudaba a la casa se avisaba y nunca hubo ningún problema”, explica Tabita, hija de Loli.

La propiedad es la familia Majo Hostench, tiene en su poder diversas fincas en la ciudad de Barcelona y alrededor de Catalunya. Su nombre no había sido notorio hasta hace un par de años, cuando sindicatos de vivienda de diversos barrios empezaron a alertar sobre desahucios realizados en sus edificios.

El cambio se debe a que el cabeza de familia murió en 2024 y las viviendas fueron heredadas por sus descendientes. Las nuevas caseras de Loli no aceptaron que no fuera ella la que figurara en el contrato e iniciaron un proceso judicial para echarla. A pesar de que el antiguo administrador de fincas, quien recibía mensualmente el pago del alquiler, declaró en el juicio a favor de esta familia, la magistrada decretó el desahucio.

“Han sido meses muy angustiantes”, recuerda Tabita. El proceso judicial empezó en 2025 y se zanjó hace poco, justo cuando se aprobaron los decretos de vivienda que deberían parar desahucios como el de Loli. “Hemos hecho de todo, hemos enviado una petición de suspensión en base a los decretos, hemos adjuntado casos de personas a quienes se les ha suspendido el desahucio... Pero no ha funcionado nada”, lamenta Tabita.

El último intento ha sido la mañana de este martes, de la mano del Sindicat d’Habitatge de Gràcia, quienes han interpuesto un recurso de nulidad aferrándose a una cuestión formal. Le afean a la propiedad que haya intentado desahuciar a Loli y Jani mediante un proceso ordinario, que es el que aplica en casos de impago u ocupación. Pero, entendiendo que la base de la expulsión se encuentra en que la propiedad no reconoce la subrogación del contrato, consideran que se debería haber iniciado un juicio verbal por precario.

“El sistema judicial deja desprotegidas a muchísimas personas que no tienen alternativa”, sostienen desde el Sindicat, que insisten en que la propiedad y la jueza que “van a dejar en la calle” a una pareja vulnerable y sin alternativa. Ambos cobran una prestación; en el caso de Jani esta es no contributiva y, además, tiene reconocida la discapacidad tras haber padecido diversos aneurismas y epilepsia. Loli tiene un diagnóstico de salud mental y cobra una pensión.

“El piso es muy pequeño, tiene apenas 30 metros cuadrados y hablamos de una finca de más de 100 años en la que hace décadas que no se hace ningún arreglo”, lamenta Tabita, que también vivió durante una época en el edificio.

Desde el cambio de propiedad, ya se han efectuado dos desahucios por impago. Quedan cuatro familias en el edificio y, por el momento, sólo Loli y Jani tienen una orden de expulsión pendiente. Pero los vecinos sospechan que la intención de sus caseros es vaciar la finca y reformarla. “Nos llegaron a ofrecer 1.000 euros si nos íbamos...1.000 euros”, recuerda Loli.

Ella paga, actualmente y gracias al contrato de renta antigua, 150 euros mensuales. El resto de alquileres de la finca rondan los 600. “Nunca han hecho nada para arreglarnos los pisos y ahora nos quieren echar así…”, se lamenta Loli. “Nunca me hubiera imaginado llegar a este punto”, explica.

Ella se crio en este piso. Recuerda cómo su abuelo la llevaba al colegio y las tardes jugando después de clase. Hoy no sabe si generará más recuerdos en su casa. “Yo tengo fe y creo que Dios pondrá las cosas en su sitio”, dice.

Algo que le da esperanza es mirar por la ventana y ver a vecinos y a miembros del Sindicat d’Habitatge de Gràcia preparando carteles y organizando las acciones de la mañana. Ellos, en lugar de participar en un piquete frente a sus empresas, empezarán la jornada de huelga apostándose en frente de la casa de Loli y Jani para evitar que les echen de su hogar.

Una jueza ha rechazado la demanda de Saül Gordillo contra el medio que dirigía, Principal, al considerar que la empresa no vulneró sus derechos fundamentales en su cese de 2023 por las denuncias por agresión sexual de dos trabajadoras.

Así lo concluye la magistrada del juzgado de lo Social 21 de Barcelona en una sentencia, en la que rechaza todas y cada una de las pretensiones de Gordillo. El exdirectivo llegó a alegar que el cese entrañaba una discriminación por razón de sexo, algo que rechaza la jueza.

“No se aprecia que las medidas adoptadas respondieran a su condición de hombre, sino a su posición como persona investigada por unos comportamientos concretos y a la necesidad de esclarecerlos”, zanja la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Tras la cena de Navidad de diciembre de 2022, dos trabajadoras denunciaron a Gordillo por sendas agresiones sexuales. El exdirector ya está condenado en firme en ambos casos. En el primero, después de un juicio y de que Gordillo recurriera hasta el Supremo. En el segundo, tras llegar a un pacto con la víctima para evitar ir a juicio.

Después de las denuncias, la empresa abrió una investigación interna y el 5 de enero de 2023, todavía bajo el periodo de prueba de seis meses de Gordillo como director de Principal, le comunicó que no lo había superado y que se procedía a la extinción de su contrato.

La sentencia subraya que, aunque las conductas investigadas pudieran justificar un despido disciplinario, la editora de Principal también podía echar a Gordillo comunicándole que no había superado el período de prueba.

Gordillo recurrió ante la jurisdicción social su despido. Además de considerarlo improcedente, el exdirectivo acusó a la editora de Principal de haber vulnerado sus derechos fundamentales —entre ellos, la presunción de inocencia y a la no discriminación— durante la investigación interna que concluyó con su cese. Por ello le reclamaba 450.015 euros en daños morales.

La jueza niega la mayor y respalda al 100% la gestión de las denuncias por agresión sexual que hizo la editora de Principal. Es más, advierte a Gordillo de que en el ámbito laboral la presunción de inocencia no opera como principio, como sí ocurre en el penal.

La magistrada considera “justificada” la apertura de un protocolo ante la aparición en prensa de las denuncias de las trabajadoras, y recuerda que Gordillo pudo intervenir con asistencia legal durante la tramitación del mismo. Además, la empresa le concedió un permiso retribuido mientras duraba la investigación interna.

La magistrada recuerda la “distinta posición” que ocupaban en la empresa Gordillo (el director) y las denunciantes (empleadas) justifica la respuesta diferenciada que Principal ofreció a ambas partes: permiso retribuido para Gordillo para evitar su presencia en la redacción y asistencia legal a las trabajadoras.

La igualdad de trato que Gordillo veía vulnerada “no exige dispensar una respuesta indiferenciada a quienes se encuentran en circunstancias distintas, como es el caso”, incide la jueza, que constata que el directivo conservó su derecho al “trato respetuoso” durante todo el proceso interno: fue informado de todos los pasos e intervino con abogada.

La investigación interna practicada, una grabación aportada al caso entre la empresa y Gordillo y las conclusiones del informe realizado por un profesional externo a Principal “permiten vincular la decisión [del despido] con los comportamientos investigados y la valoración empresarial de sus consecuencias”, concluye la sentencia, que es recurrible ante la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Rodalies ha advertido a primera hora de este miércoles del incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga de maquinistas convocada por Semaf. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el operador recomienda buscar “medios de transporte alternativos” y admite que “los trenes no están prestando el servicio programado”.

Los servicios mínimos en hora punta, entre las 6.00 y las 9.30 horas y entre las 17.00 y las 20.30 horas, debían ser del 66%, mientras que durante el resto del día debían alcanzar el 33%. A las seis de la mañana solo habían circulado 14 trenes, frente a los 25 previstos. A las 6.30 horas, las cancelaciones ya afectaban al 60% de los servicios mínimos programados.

La de este martes es la primera de las tres jornadas de huelga previstas esta semana y llega tras varios días de retrasos y cancelaciones derivados del conflicto entre Renfe y Rodalies por la organización del servicio.

Tras la ruptura de los acuerdos con el comité de empresa, debe aplicarse el llamado “gráfico reglamentario” de circulación, según adelantó RAC1 y han confirmado a ACN fuentes de Renfe. Este sistema solo contempla Sants como base de operaciones, lo que obliga a los maquinistas a comenzar su jornada en Barcelona incluso cuando deben desplazarse para hacerse cargo de un tren que inicia su recorrido en Vic.

En una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern exigirá a Renfe que “abra diligencias y expedientes” por el incumplimiento de los servicios mínimos durante la huelga de este martes. La también portavoz del Ejecutivo catalán ha insistido que serán “taxativos” con el operador para esclarecer por qué algunos maquinistas no se han presentado en su puesto de trabajo en los últimos días.

Ante esta situación, Paneque ha anunciado que el Govern activará una sesentena de autobuses adicionales para “garantizar el derecho a la movilidad” de la ciudadanía. Una medida que, según ha admitido, no podían planificar con antelación para no vulnerar el derecho de huelga.

El sindicato de maquinistas Semaf ha defendido este martes que “todos” los conductores que tienen asignada una carta de servicios mínimos “están acudiendo a trabajar”. En una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio, el secretario general del sindicato, Diego Martín, ha asegurado compartir la “frustración” de los usuarios, pero ha atribuido la huelga al incumplimiento de “los acuerdos alcanzados hace nueve meses” en materia de seguridad.

Primera de tres jornadas de huelga

Este martes está convocada una huelga de 24 horas por parte de Semaf, el sindicato mayoritario de los maquinistas. El jueves también habrá paros parciales. La movilización llega menos de dos semanas después de la última huelga convocada por el sindicato, el pasado 29 de octubre, también para reclamar un cambio estructural en la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Urda y Adamuz.

Los paros coinciden con un contexto marcado por la huelga general del 11 de noviembre, que también afectará al transporte público, con unos servicios mínimos del 25% en hora punta. Durante el resto de la jornada no habrá circulaciones garantizadas, por lo que la reducción del servicio podría llegar a ser total.

Además, el 17 de noviembre está prevista una nueva jornada de huelga en Renfe y Adif, confirmada por el comité de empresa después de que la reunión de la Comisión de Conflictos Laborales concluyera sin acuerdo.

El caso Andic toma velocidad. Ante la jueza de Martorell que investiga la muerte del fundador de Mango declararán una treintena de testigos a partir de este jueves y hasta el mes de diciembre. Será una mezcla de personajes anónimos y representantes de la élite empresarial catalana, aderezada con funcionarios de Bomberos y de Mossos d'Esquadra. El resultado servirá a la jueza para decidir si sienta en el banquillo a Jonathan Andic por la muerte de su padre.

En la nueva ronda de testificales figuran patronos de Barcelona como el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz; el presidente del Grupo Planeta y albacea de Andic, José Miguel Crehueras; y el abogado y padre de la Constitución, Miquel Roca.

Distintas fuentes jurídicas consultadas dudan de que el desfile de tanto nombre ilustre lleve a modificar el camino que ha tomado la instrucción. “Servirá para llenar muchos minutos de televisión, pero no sé si para mucho más”, zanja un togado con años de experiencia a sus espaldas.

La ronda de testificales se producirá mientras la Audiencia de Barcelona tiene pendiente decidir si avala el rumbo marcado por la instructora y los indicios contra Jonathan Andic. Sin ninguna prueba directa que sustente la culpabilidad del primogénito de Isak Andic, la investigación ha destripado las relaciones entre padre e hijo y las turbulencias familiares.

A ello ha contribuido decisivamente la aparición de una autodenominada terapeuta, de la que no consta ni colegiación ni titulación como psicóloga o psiquiatra. Julia L. se reunió con ambos y, según los investigadores, pudo jugar un papel en el caso (pero nunca ha sido imputada). Ella ha denunciado su “linchamiento”.

La jueza, siguiendo el criterio de los investigadores de los Mossos d'Esquadra, ha situado la discrepancia económica entre los Andic como posible móvil de un crimen que, al principio, se consideró como una caída accidental por un sendero de montaña cercano a Montserrat.

Según la instructora, la “obsesión por el dinero” llevó a Jonathan Andic a matar a su padre de forma “premeditada” ante el temor de que el empresario modificara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social. El hijo conoció las intenciones del padre a mediados de 2024, aunque el cambio en el testamento nunca llegó a formalizarse en el medio año que pasó hasta su muerte.

Entre los testigos propuestos por la defensa de Andic y que la jueza ha aceptado destaca la del prestigioso abogado y expolítico Miquel Roca, a quien el fundador de Mango encargó constituir la fundación.

Con las testificales, la defensa espera “hacer desvanecer el bulo” de que el empresario planeaba desheredar a Jonathan. También pretende aclarar la manera en que se definían cada año los testamentos de Isak Andic, así como los profesionales que intervenían y facilitaban los datos patrimoniales.

Los abogados Cristóbal Martell y Sebastián de Juan quieren que Roca aclare los “aspectos estructurales” de la fundación y si contaba con el “apoyo y compromiso” de los hijos del empresario. Asimismo, la defensa quiere desmontar la tesis de que Jonathan Andic pudo matar a su padre por una disputa relacionada con el adelanto de la herencia que le reclamaba con el fin de emprender negocios propios, al margen de Mango.

También comparecerán como testigos los albaceas de Isak Andic, el director de expansión y franquicias de Mango, Dani López; el consejero delegado de la firma de moda, Toni Ruiz; y el presidente del grupo Planeta, José Creuheras.

Los tres directivos, cuando los Mossos empezaron a investigar a su hijo, hicieron público un comunicado en el que defendieron la inocencia de Jonathan Andic y criticaron “la difusión de rumores” sobre el primogénito.

Ruiz tomó las riendas de Mango en 2015 tras el desencuentro empresarial entre Isak y Jonathan Andic. El padre había elevado al hijo la dirección de Mango en 2012, pero tras dos años de pérdidas le retiró del cuadro de mando. Ello supuso un desencuentro entre ambos, pero según declararon sus hermanas con obligación de decir la verdad, cuando Isak Andic murió la relación entre padre e hijo era buena.

A lo largo de las próximas semanas, también comparecerán ante la jueza bomberos, Mossos d'Esquadra, dos colaboradores de la terapeuta, así como el perito principal de Andic, el detective Francisco Marco. Además de liderar la defensa del caso en el juicio paralelo en los medios, Marco aportó a la magistrada un informe en el que sustentaba la hipótesis del accidente de montaña porque el fundador de Mango tenía artrosis y sufrió una caída previa en la entrada de una casa.

H. tiene 17 años. Estaba matriculado en una autoescuela para sacarse el carné de conducir, pero no puede asistir a clases: está internado en un centro de menores desde hace diez días, señalado por los Mossos d'Esquadra como presunto promotor de los disturbios de Blocus en Barcelona a través de grupos de mensajería.

La defensa del joven, que ejerce el abogado Marti Cànaves, ha pedido a la Fiscalía de Menores que profundice en el “origen” y los “sistemas algorítmicos” de TikTok que viralizaron la convocatoria de Blocus con el objetivo de “esclarecer” la concepción y promoción “real” de los disturbios y saqueos del pasado 24 de octubre en Barcelona.

H. es uno de los cinco menores de edad que están internados en Catalunya por Blocus. No fue detenido en la jornada de altercados, al contrario de los 70 menores que permanecen, en su mayoría, en libertad vigilada. Los Mossos lo arrestaron casi una semana después. Su papel sería el de supuesto promotor digital de las protestas, al igual que los otros cuatro mayores de edad que están en prisión preventiva en València y Barcelona.

La falta de organización de los jóvenes de Blocus se constata en que se enteraron de la convocatoria porque vieron un link o un código QR en las redes, la mayoría en TikTok, o un amigo se lo envió. La protesta no se decidió en una asamblea estudiantil u otra forma tradicional de organización.

La defensa de H. desmiente a los Mossos, que señalan al menor como promotor y organizador de grupos en los que se habría llamado a los disturbios. El juez decidió su internamiento en contra del criterio del equipo técnico de menores del juzgado, que abogó por un trabajo familiar en libertad vigilada. Cànaves niega que H. participara en los saqueos, y recuerda que en el registro de su casa la policía no encontró ningún objeto presuntamente sustraído.

La “posición relevante en el grupo criminal” que atribuye la policía catalana al menor “carece absolutamente de fundamento”, argumenta el abogado de H., toda vez que el joven no buscó activamente qué era Blocus, sino que se enteró porque se lo recomendó la propia plataforma.

En concreto, la defensa expone que H. recibió de la convocatoria de Barcelona porque le apareció mientras navegaba por TikTok, en un mensaje que la red introdujo en un apartado llamado “para ti”. Es decir, que fue una sugerencia del algoritmo.

La defensa solicita averiguar si el menor “pudo haber sido destinatario de una actuación de captación, engaño o instrumentalización por terceros. La investigación policial ya ha apuntado que TikTok o Instagram fueron medios de difusión de Blocus y que en estas redes los jóvenes podían acceder mediante códigos QR abiertos a grupos cerrados de WhatsApp o Telegram donde se detallaban las convocatorias.

“Resulta necesario esclarecer quiénes crearon y difundieron inicialmente esas publicaciones, cómo alcanzaron a sus destinatarios y qué personas desempeñaron realmente funciones de organización y dirección” de Blocus, argumenta el abogado Cànaves en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La defensa pide investigar el funcionamiento de los sistemas algorítmicos de TikTok e Instagram durante los días anteriores al 24 de octubre “con particular atención” a las publicaciones que contenían los códigos QR relacionados con las convocatorias.

El abogado fundamenta su petición en que si los Mossos otorgan un papel relevante a los links de TikTok para atribuirle la integración en una supuesta organización criminal, la defensa debe poder reclamar que se investigue “quiénes los originaron y cómo se difundieron”.

A juicio de la defensa, las publicaciones fueron recomendadas a usuarios que no seguían las cuentas que las emitieron, cuál fue su alcance, si existieron mecanismos de promoción específicos y “en qué medida pudieron llegar” al menor H.

La investigación, insiste la defensa, no debería limitarse a solicitar a TikTok una explicación “genérica” sobre sus sistemas de recomendación o sobre sus políticas de seguridad, pues así no se podrá determinar cómo llegaron al teléfono del investigado.

Cabe recordar que, habitualmente, las compañías tecnológicas son renuentes a colaborar con las investigaciones judiciales en España y sus respuestas, si es que llegan, suelen ser vagas o negativas.

El abogado ha pedido a la Fiscalía de Menores que requiera a TikTok para que identifique a las personas y unidades organizativas que, las semanas antes de la convocatoria de Blocus, “configuraban, supervisaban y modificaban los sistemas algorítmicos de recomendación aplicables en España”.

“Resulta pertinente conocer si la plataforma disponía de herramientas capaces de reconocer códigos QR incorporados a imágenes o vídeos, identificar determinados contenidos potencialmente peligrosos, detectar patrones de difusión coordinada y generar alertas cuando las publicaciones presentaran indicadores de riesgo”, solicita el escrito.

Entre las diligencias solicitadas, también se reclama comprobar si las publicaciones en las que entró el menor investigado “fueron objeto de alertas automatizadas, denuncias de usuarios o revisiones humanas, y qué decisiones se adoptaron en relación con ellas”. En suma, la defensa quiere saber por qué la convocatoria llegó al menor.

La investigación en profundidad permitirá acreditar, según la defensa, que el joven de 17 años “es una víctima de campañas de desinformación y manipulación, y no un menor que hubiera llevado a cabo conductas con relevancia penal”.

Ante una situación tan compleja como un desahucio, Aida Navales decidió recurrir a un símil que su hijo Nil, de 13 años, pudiera entender fácilmente. En el juego del Monopoly, el objetivo es acumular la mayor fortuna posible comprando propiedades, construyendo casas y cobrando alquileres a tus oponentes hasta llevarlos a la bancarrota. En su caso, quien intenta ganarles la partida es Promontoria Coliseum Real Estate S.L., una sociedad vinculada al fondo Cerberus que quiere expulsarla a ella y a otras dos familias de su casa, en el centro histórico de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

A las puertas de la huelga general por la vivienda de este miércoles, Aida relata cómo le explicó a su hijo esta situación y por qué la convocatoria es importante para garantizar los derechos de los niños. “Le conté a Nil que los bancos venden el piso a empresas que se dedican comprar viviendas muy baratas para volver a venderlas a terceros. Un poco como si fuera el Monopoly, pero nosotros estamos dentro”, cuenta esta madre, que está a la espera de que se le notifique la fecha para su desahucio.

Al principio, dudó sobre cómo explicarle a su hijo el panorama inmobiliario que pesaba sobre la familia. “¿Esconderle la verdad es protegerle? Tienes que pensar qué información darle para no cargarle demasiado y evitar que pueda hacerle daño”, reflexiona Navales. Vive en este bloque de tres plantas del número 22 de la calle Sant Pere desde 2013, cuando todavía estaba embarazada de Nil.

Entonces pagaba un alquiler de unos 400 euros al mes. Pero en 2018 descubrió que el inmueble, hasta entonces propiedad de una familia del pueblo, había sido adquirido por Banc Sabadell y que, posteriormente, había pasado a manos de esta sociedad vinculada a Cerberus. Este fondo buitre no quiso renovarles el contrato y desde entonces están en pie de guerra para impedir la ejecución.

Nil no es el único niño que vive en este edificio. Las tres familias suman nueve hijos, ocho de ellos menores de edad. Karen de la Vega y su marido, Ebriel, viven en el último piso del bloque junto a sus cinco hijas. El pasado 21 de septiembre consiguieron frenar su tercera orden de desalojo, pero ya tienen una nueva fecha fijada para abril. Como Navales, también dudaron cómo afrontar la conversación con sus hijas para que entendieran por qué quieren echarlas de su casa, sobre la que ya había una orden de desahucio cuando entraron como realquilados.

“Nos planteamos cómo explicarles que eres un ocupa, porque es algo que conlleva un estigma. Al principio nos costaba hablar de ello, como si fuera un tabú”, recuerda Karen. El detonante para romper ese silencio fue un intento de desalojo anterior, cuando empezaron a hacer las cajas de la mudanza por si finalmente no conseguían evitarlo.

Katalina, la menor de las hermanas, de seis años, tiene autismo y todavía no es del todo consciente de las circunstancias que atraviesa la familia, aunque nunca se las han ocultado. “Ahora ellas mismas están organizadas a través de sus institutos, saben lo que estamos haciendo y que es necesario que cambien las políticas de vivienda”, explica su madre.

La escalera que sube hasta la azotea –iluminada con linternas y sensores que las propias vecinas han instalado después de que la propiedad cortara la luz y el agua de las zonas comunes– se ha convertido en un segundo almacén de los juguetes de los más pequeños.

Wissal (11 años), Inas (8) y Yahya (2) son los tres hijos de Laila y su marido, Redouan. La familia llegó al bloque después de que entidades en defensa del derecho a la vivienda ocuparan el bajo, que llevaba tiempo vacío, para alojar a familias vulnerables. Antes de que naciera el pequeño, los cuatro compartían una sola habitación, en condiciones de hacinamiento.

Laila cuenta que su hija mayor, la que está más advertida del riesgo de desahucio, “no tiene ningún miedo”. “Pero yo, como madre, sí”, añade. Le preocupa que sus hijos puedan crecer con tranquilidad y seguridad, sin tener que vivir pendientes de la posibilidad de perder su casa. El lanzamiento está fijado para el próximo 15 de diciembre.

Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU no aborda de forma específica la problemática del acceso a la vivienda, sí reconoce el derecho de todos las criaturas a “un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. Este marco establece que la responsabilidad de garantizar estas condiciones de vida, que incluyen el alojamiento, recae principalmente en los progenitores y, de forma subsidiaria, en los Estados. Además, establece que todas las decisiones de las instituciones públicas que afecten a la infancia deben atender al “interés superior del niño”.

Ante la incertidumbre en la que viven, Aida, Karen y Laila piden al Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú que intervenga y expropie el bloque al fondo de inversión para destinarlo a vivienda social con alquileres asequibles. Mientras tanto, también han recurrido a los centros educativos de sus hijos para que elaboren informes en los que se detalle el efecto de los desahucios en su arraigo y que puedan aportar en los procedimientos judiciales para intentar frenar futuros lanzamientos.

“Vulnera tanto el derecho a la educación, al interrumpir su seguimiento académico, como su bienestar psicoemocional, al romper con un espacio que les proporciona seguridad. La cuestión de la vivienda tiene un impacto directo sobre todos los aspectos de la vida de un niño. Hay estudios que relacionan la inseguridad residencial con las dificultades en la vida adulta”, apunta Navales.

Impacto en las aulas

En Barcelona, la plataforma Docents 080 ha movilizado a maestros y profesores para visibilizar y combatir el impacto de la crisis de la vivienda dentro de las aulas. De hecho, junto con el Observatori DESCA, han elaborado recursos y una guía práctica para orientar a los centros educativos y direcciones ante los procesos de expulsión de sus casas que implican al alumnado. La misma Aida ha elaborado una caja de herramientas con cuentos o películas para explicar a los niños esta realidad social.

Los sindicatos educativos catalanes han alertado este lunes en una rueda de prensa que en el 70% de desahucios en Barcelona hay menores escolarizados y han reclamado al Departament de Educación que publique periódicamente un informe sobre los efectos de la emergencia habitacional en los centros educativos. Representantes de USTEC, la CGT, la Intersindical y otras organizaciones han denunciado que la precariedad residencial provoca cambios de escuela, absentismo y dificultades de aprendizaje entre los alumnos. También han advertido de que no hay protocolos claros sobre cómo actuar en estos casos.

Karen insiste en que, aunque ahora sienten cierto alivio porque el desahucio se ha aplazado, la paz mental nunca llega mientras la orden siga vigente en los juzgados. “La huelga por la vivienda es importante, pero más allá del miércoles, quiero que mis hijas aprendan a luchar por los derechos de todos”, sostiene.

“Detrás de cada familia que pierde su casa hay personas, niños y muchas historias. No somos solo papeles o números: somos familias que queremos vivir tranquilas y tener un futuro mejor”, añade Laila. Antes de llegar al bloque de la calle Sant Pere, buscaron vivienda y se encontraron con anuncios que directamente los descartaban por tener hijos. Ahora tienen miedo de tener que enfrentarse de nuevo a esa búsqueda.

Un vídeo satírico publicado por el Gremi de Restauració de Barcelona, en el que se ridiculiza a la ministra de Sanidad, Mónica García, por la ley antitabaco, ha desatado una oleada de críticas contra la entidad en las redes sociales. El anuncio forma parte de la campaña de protesta de los empresarios contra el proyecto de ley del Gobierno, que planteaba prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes.

La pieza audiovisual recrea un escenario distópico en el que un equipo del Ministerio de Sanidad (interpretado por los actores Cristina Plazas y Pep Sais) controla a los fumadores a través de cámaras de videovigilancia. Cuando un joven (al que da vida el actor David Solans) se dispone a encenderse un cigarrillo en una terraza de Barcelona, la ministra de ficción activa un dispositivo policial para detenerlo.

Al final del vídeo, el personaje que parodia a García se fuma un cigarro y resta importancia a otros problemas de la sanidad española, como las listas de espera o las condiciones laborales de los sanitarios. Con una estética propia de un thriller de Hollywood, la producción presenta la legislación para restringir el consumo de tabaco en espacios públicos como una forma de control estatal de los hábitos ciudadanos, en un símil que evoca el 'Gran Hermano' de George Orwell.

García ha respondido al anuncio con un mensaje en X en el que recuerda que hace años “nos dijeron que dejar de fumar dentro de los bares acabaría con la hostelería”. “No pasó”, replica. La ministra de Sanidad sostiene que estos negocios tampoco desaparecerán si se prohíbe fumar en las terrazas. “A lo que es imposible habituarse es a que todavía haya quien haga campaña a favor de un negocio que provoca 50.000 muertes al año y le cuesta miles de millones a nuestra sanidad pública”, ha lamentado.

La ministra también reprocha a los restauradores barceloneses que defiendan antes que “un señor se fume su cigarro a gusto” al derecho de “una madre con su bebé a sentarse en la mesa de al lado a tomarse un café”. “Porque el derecho a fumar es mucho más importante que el derecho a respirar aire limpio”, denuncia la dirigente de Más Madrid.

La reforma que impulsó el Ministerio de Sanidad pretende actualizar la ley antitabaco de 2005 y ampliar considerablemente los espacios en los que está prohibido fumar. La principal novedad, y la que ha provocado el enfrentamiento con los restauradores, es la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes, aunque estén al aire libre. La restricción no afectaría únicamente al cigarrillo convencional, sino que se extendería a los vapeadores y a otros productos relacionados con el tabaco.

El Gobierno aprobó el proyecto de ley el pasado 21 de julio y lo remitió al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. La Cámara Baja llegó a abrir el plazo para presentar enmiendas, pero el adelanto electoral y la posterior disolución de las Cortes provocaron que la iniciativa decayera antes de entrar en vigor.

“Ayer, hoy y siempre: el Gremi de Restauració es nuestra Asociación Nacional del Rifle”, ha comentado en X la cocinera catalana Maria Nicolau. Otro usuario de la red social se preguntaba “cuánto ha costado este corto delirante”, mientras que una tercera cuenta respondía: “¿Alguien al volante en el Gremi?”.

Por su parte, el director de la entidad, Roger Pallerols, ha defendido la campaña este lunes en una entrevista en Catalunya Ràdio y ha asegurado que “la administración debe tener límites a la hora de regular”. El empresario ha reprochado al Ejecutivo que, “si continuamos con esta manera de gobernar, al final nos dirán qué tenemos que comer y cuánto”.

La Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado a 16 años de prisión al exresponsable de la colla castellera Xiquets del Serrallo de Tarragona por abusar sexualmente de una menor que formaba parte de la entidad y obtener fotografías de ella de carácter sexual entre 2019 y 2022, cuando la víctima tenía entre 13 y 16 años.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, condena al hombre a 11 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal y prevalimiento de una relación de superioridad, y a otros cinco años de prisión por un delito de corrupción de menores, por utilizar a la víctima para elaborar material pornográfico.

La Audiencia considera probado que el condenado aprovechó su cargo como responsable de la colla castellera para ganarse la confianza de la menor y de sus padres, y poder mantener contacto habitual con ella y quedarse a solas.

La sentencia indica que el hombre comenzó a acercarse a la menor cuando ella participaba en las actividades de la colla castellera y que, posteriormente, le pidió fotografías desnuda a través de las redes sociales.

Según la resolución, las relaciones sexuales con penetración comenzaron cuando la chica tenía 14 años y se repitieron prácticamente a diario durante cerca de dos años, en diferentes espacios.

Los informes periciales incorporados a la causa señalan que, como consecuencia de lo ocurrido, la víctima ha sufrido un trastorno por estrés postraumático y un trastorno de la conducta alimentaria.

La sentencia indica también que el condenado no podrá acercarse a la víctima ni comunicarse con ella durante trece años por el delito de agresión sexual y siete años por el de corrupción de menores.

Además, le impone cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación para ejercer actividades que comporten contacto habitual y directo con menores durante quince años por el primer delito y diez años por el segundo.

Una treintena de artistas catalanes han publicado Estimada Valentina, una canción que narra la historia de una mujer que está a punto de ser desahuciada y que envía una carta a su amiga Valentina explicándole su situación.

“La música es una herramienta de denuncia y solidaridad”, han expresado los artistas implicados en la canción, que han decidido destinar todos los beneficios que genere la pieza al Sindicat de Llogateres. “No sólo visibiliza la realidad de los desahucios, sino que reivinica que, ante la vulneración del derecho a la vivienda, organizarse y darse apoyo es imprescindible”, siguen los artistas.

La canción, que ha sido compuesta por Pau Serrassoles, del grupo Ginestà, también cuenta con la participación de 31FAM, Alba Armengou, Àlex Perez, Al·lèrgiques al Pol·len, Alosa, Boltógrande, Dan Peralbo i El Comboi, Edna Sey, Els Amics de les Arts, Fades, Figa Flawas, Flashy Ice Cream, gavina.mp3, Gerard Quintana, Joan Dausà, Judit Neddermann, Kelly Isaiah, La Ludwig Band, Maio, Mama Dousha, Maria Hein, Maria Jaume, Miki Núñez, Monique Makon, Sandra Monfort, Sexenni, Souto, Suu, Svetlana, The Tyets, Triquell, Ven'nus, Xavi Sarrià y Xicu.

La iniciativa nace con el objetiv de “contribuir directamente a la defensa del derecho a la vivienda”, según cuentan los impulsores de la canción. La idea nació poco después del desahucio de Maricarmen y se ha materializado a dos días de la huelga general del 11N.

“Esto demuestra que cada vez sn más las personas que quieren cambiar las reglas del juego. La cultura tiene la capacidad de llegar donde las movilizaciones no siempre llegan y de transformar una realidad que, a menudo, se vive en soledad en un relato compartido”, apuntan desde el Sindicat de Llogateres.

Un nuevo enfrentamiento entre maquinistas y Renfe está complicando la mañana de este lunes, provocando diversas cancelaciones y retrasos que llegan hasta los 40 minutos y afectan a todas las líneas.

El director de Rodalies, Oscar Playà, ha atribuido las afectaciones al “contexto de huelga” y al “conflicto” abierto con los trabajadores por la seguridad. A pesar de que el sindicato SEMAF ha convocado huelga para los días 10 y 12, más el día de paro general del día 11, los problemas con los trenes se empezaron a notar ya durante el fin de semana.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Playa ha asegurado que son “conscientes y empáticos” con las reivindicaciones y ha recordado que las negociaciones entre los sindicatos y el ministerio de Transportes están abiertas.

Con todo, ha apelado a la “responsabilidad” de los maquinistas para garantizar la movilidad y ha exigido que en los próximos días de huelga se respeten los servicios mínimos. Igualmente, ha reconocido que será una emana “complicada”. En la misma línea se ha expresado el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha recomendado a la ciudadanía que busque “servicios alternativos” para desplazarse.

“Entiendo el estado de ánimo de los maquinistas después del accidente de Urda”, aunque ha añadido que no le gusta “la actitud de no ir a trabajar”. Se ha mostrado contundente con la actitud de los maquinistas este lunes y les ha afeado “romper los acuerdos sobre el funcionamiento del servicio”.

Playà ha apuntado que si hay trabajadores que no cumplen sus obligaciones, el Departament podría timar medidas. “Actuaremos, claramente”, ha añadido.

En España, cada día hay más gente que vive en condiciones de hacinamiento; es decir, en pisos donde hay más personas de las que se considera adecuado. La tasa de población que reside en viviendas sobreocupadas se sitúa en un 9,5% en el conjunto del país, lo que supone un incremento del 73% en la última década, según apunta un informe de la CGT. 

Esta situación viene ligada al aumento del precio de la vivienda y a la subida general del coste de la vida. Ambas crisis se han agudizado en el último lustro, lo que explica que el crecimiento de la tasa de hacinamiento se haya acelerado recientemente, con subidas cercanas al 50% desde 2021. 

Salvando el 2020, año de la pandemia, los datos actuales marcan un máximo histórico desde que hay registros. Esta lacra afecta, principalmente, a las personas jóvenes (20%), a aquellas que están en situación de pobreza (18%) y a las de origen migrante (6,7%). 

El informe, elaborado por CGT Catalunya, alerta que los datos de hacinamiento son todavía más graves en esta comunidad autónoma, donde la tasa asciende hasta el 13,1% de la población en general, un 69% más que hace una década. Concretamente, afecta a una de cada cuatro personas en situación de pobreza y a una de cada cinco de entre las migradas. 

Catalunya es, por detrás de Canarias, la región con más personas viviendo en pisos sobreocupados. Les siguen Balears, Madrid y la Región de Murcia, siendo estas cinco las que están por encima de la media española.

Los datos sobre hacinamiento los recogen tanto el Eurostat como la Encuesta de Condiciones de Vida del INE comparando las habitaciones de cada vivienda y el número de personas empadronadas en ella. Así que, teniendo en cuenta la gran cantidad de municipios que incumplen la ley del padrón, esta cifra podría ser todavía mayor. 

Desde la CGT insisten en que el hacinamiento tiene un alto impacto en la calidad de vida y en la salud mental de quienes lo sufren. Asimismo, localizan el origen del problema en el encarecimiento de la vivienda. En la última década, los precios han subido un 43%, mientras que los sueldos solo lo han hecho en un 21%. 

Esta brecha entre la renta y lo que se paga por una vivienda “reduce la independencia” de la población: “vivir solo es muy difícil”, sostienen desde el sindicato, que recuerda que más del 50% de personas que comparten piso lo hacen solo por cuestiones económicas. Esta situación ha llegado a tal extremo que un 13% de personas que comparten habitación lo hacen con alguien que no es su pareja. 

“La vivienda es un componente fundamental para una vida digna y, a la vez, uno de los principales gastos”, sostiene el sindicato. Por ello, insisten en la necesidad de “desmercantilizar la vivienda” para garantizar un acceso universal. En esta línea, reclaman una bajada generalizada de los alquileres, así como la recuperación de viviendas en manos de fondos buitre y grandes especuladores. De la misma forma, exigen cláusulas de garantía salarial en todos los convenios que blinden la actualización de los salarios de manera regular.

Las presiones empresariales para que los trabajadores no secunden una huelga siguen siendo una realidad. En el sector cárnico, CCOO y UGT han convocado cinco jornadas de paro en toda España, del 9 al 13 de noviembre, una movilización que coincidirá el próximo miércoles con la huelga por la vivienda. Sin embargo, desde UGT-FICA de Catalunya denuncian que los empleados de algunas compañías de esta industria están recibiendo mensajes que les advierten de posibles represalias si se suman a la protesta.

La huelga en las cárnicas, una industria de peso en la economía catalana que acumula polémicas laborales y medioambientales, reclama mejoras para las plantillas tras el bloqueo de las negociaciones con las patronales para renovar el convenio colectivo estatal.

La UGT asegura que en los últimos días se han sucedido llamadas, reuniones y comunicaciones en las que se ha advertido a los trabajadores de las posibles consecuencias de secundar la huelga. Entre ellas, menciones a despidos vinculados a una hipotética pérdida de clientes por el seguimiento del paro. El sindicato considera que estas prácticas son “absolutamente intolerables” y recuerda que el derecho a la huelga está reconocido tanto por la Constitución como por la legislación laboral.

La secretaria del sector agroalimentario de UGT-FICA de Catalunya, Alicia Buil, explica que han detectado casos de cargos intermedios que preguntan a los trabajadores si tienen intención de hacer huelga, así como intentos de algunas compañías de cerrar acuerdos a la baja con los comités de empresa para desactivar la movilización. “Es un sector en el que hay muchas personas extranjeras recién llegadas y muchas de ellas no conocen sus derechos y tienen miedo”, señala.

El sindicato prefiere no dar por ahora los nombres de las empresas implicadas, pero asegura que está recopilando pruebas para denunciar estas presiones ante la Inspección de Trabajo. “Esto también es un toque de atención”, advierte Buil.

Un trabajador del sector que pide mantener el anonimato relata cómo han llegado estas presiones a algunos de sus compañeros: “Los coordinadores [de la sala de despiece] dicen que nos quitarán 250 euros por cada día que no vayamos a trabajar”, explica.

Según las tablas salariales del último convenio, para el periodo 2024-2025, un oficial de primera del sector cárnico cobra 21.393 euros anuales de sueldo base. Con este rango salarial, un empleado dejaría de percibir alrededor de 80 euros en su nómina por ausentarse de su empleo durante una jornada, una cifra que dista mucho de los mencionados 250 euros.

“Los encargados están hablando con la gente para convencerles de que no vamos a conseguir nada. Te meten miedo diciendo que, si la empresa pierde clientes, luego tendrán que prescindir de trabajadores”, afirma este empleado.

El secretario general de CCOO de Industria del Vallès Oriental, Maresme y Osona, César Palacios, señala que su organización no ha detectado estas presiones “con tanta intensidad” en las empresas en las que tienen representación sindical. No obstante, sí tiene constancia de que se producen más en centros de trabajo donde no hay comité de empresa. “La simple pregunta de si vendrás a trabajar o no ese día ya condiciona”, añade.

La industria cárnica española cerró 2025 con una facturación superior a los 42.000 millones de euros y genera más de 124.000 empleos directos, según datos de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE).

Esta entidad y la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), las dos patronales que negocian el nuevo convenio del sector, denuncian la “irresponsabilidad” de CCOO y UGT por bloquear el acuerdo con su convocatoria estatal de paros. De hecho, han presentado una demanda contra ambos sindicatos ante la Audiencia Nacional por una “presunta vulneración del deber de negociar de buena fe”, que ya ha sido admitida a trámite.

Sobre las presuntas presiones a los trabajadores, el secretario general de FECIC, Ignasi Pons, asegura que las organizaciones del sector entienden que “el derecho a la huelga se debe respetar, tanto para quien quiere hacerla como para quien no”. El directivo considera que estos hechos podrían responder a “un caso puntual” y niega que reflejen el clima generalizado en el sector. “No tengo esta percepción. El viernes estuve reunido con los delegados sindicales para intentar desbloquear el paro y este tema ni salió”, afirma.

Subidas salariales y menos sobrecarga laboral

Entre las principales reivindicaciones de esta huelga para el nuevo convenio colectivo destacan las subidas salariales que permitan compensar el encarecimiento del coste de la vida y repartir con las plantillas los mayores beneficios que, según estas organizaciones, han obtenido las empresas del sector en los últimos años.

La propuesta de CCOO y UGT en la mesa negociadora pasa por un incremento salarial mínimo del 5% anual durante los tres años de vigencia del convenio (2026, 2027 y 2028). Los sindicatos también exigen recuperar la cláusula de revisión salarial, que permitiría ajustar los incrementos pactados a la evolución del IPC.

Frente a estas demandas, la última oferta de la patronal tras una reunión de seis horas el pasado viernes es una subida del 4% para 2026, acompañada de “una cláusula de revisión salarial sin tope”, así como incrementos del 2,5% para 2027 y del 2% para 2028 y 2029 (proponen alargar un año más el convenio), con mecanismos adicionales de revisión salarial de hasta el 2,5% para cada uno de estos tres ejercicios. “Nos hemos pasado un año haciendo propuestas y todo ha parecido poco”, lamenta Pons, de FECIC.

Más allá de las reclamaciones salariales, los sindicatos rechazan la propuesta de la patronal de ampliar la bolsa de horas hasta las 165. Este mecanismo permite reducir la jornada en épocas del año con menos actividad y ampliarla cuando aumenta la producción. Actualmente, esta bolsa es de 145 horas y la jornada diaria máxima está fijada en diez horas.

CCOO y UGT también coinciden en su preocupación por los elevados ritmos de trabajo. “Queremos saber qué velocidad se está exigiendo en las líneas de sacrificio”, reclama Palacios. El representante sindical recuerda que se trata de una profesión en la que se utilizan herramientas peligrosas, como cuchillos muy afilados, y advierte de que la sobrecarga laboral puede aumentar el riesgo de accidentes laborales.

El sector cárnico arrastró durante años la polémica por el uso de falsos autónomos contratados a través de cooperativas de trabajo, una práctica que generó conflictos laborales y actuaciones de la Inspección de Trabajo y que las empresas se comprometieron a corregir.

“Nos achacan que hay mucho absentismo en el sector, pero la gente no aguanta cinco días a la semana al ritmo al que se la somete”, sostiene un trabajador. Asegura que las plantillas y los salarios no han crecido al mismo ritmo que la producción de una industria que ha seguido expandiéndose pese a contextos adversos, como el brote de peste porcina africana (PPA). “Cuando abrió la planta de despiece donde trabajo empezamos procesando 2.000 cerdos y ahora llegamos a los 4.500”, explica.

Pons replica que “la situación del sector es la que es” y recuerda que algunas empresas —como el matadero Patel, en Osona (Barcelona)— están ahora en ERTE por el impacto de PPA, que ha afectado a sus exportaciones. “La facturación es una cosa y el margen es otra”, concluye el directivo.

A Gabriel Rufián le encantan las metáforas. Suele usarlas en sus discursos y la analogía acostumbra a tenerle a él de protagonista. En el acto de este domingo de ERC en Badalona, ha echado mano dos veces de este recurso. Primero, para compararse tanto a él como a su formación con Salvador Seguí, más conocido como el Noi del Sucre, un líder anarcosindicalista de principios de siglo.

“Hay quien dice que lo de pactar y negociar es una rendición, que es de españoles”, ha empezado Rufián, en una referencia clara a Junts, partido que se ha convertido en la diana contra la que ha disparado durante toda su intervención. “Pues el Noi del Sucre pactó con el conde de Romanones tras la huelga de la Canadenca para conseguir la jornada de ocho horas. Y le llamaron traidor. Gente que siempre había dormido en sus casas llamaba traidor a un hombre que había estado en la trena por defender a los trabajadores. ¿Os suena?”.

La segunda comparación le ha llevado hasta Salem, durante la caza de brujas. Se ha puesto en la piel de un sacerdote torturado por apoyar a las mujeres quemadas, acusadas de ser hechiceras. “Su tortura consistía en que le pusieran piedras y más piedras encima, hasta que confesara. Se le empezaron a partir las costillas y, cuando le preguntaban si quería confesar ya, él gritaba: '¡Más peso!'”. La historia, aparentemente inconexa, ha acabado comparando la caza de brujas con la “búsqueda de la pureza catalana”, en referencia a Junts y a Aliança.

“No quiero que Catalunya sea Salem. No hay una manera correcta de ser catalán. Así que yo, como ese sacerdote, cuando nos presionen, gritaré '¡Más peso, más peso, más peso!'. Que nos pongan más piedras encima, porque las aguantaremos”. Así, con este relato ha cerrado Rufián el que ha sido su primer mitin en solitario, en el que ha cambiado la compañía de Irene Montero por la de Oriol Junqueras.

Mientras que el tándem ERC y Podemos será habitual en otras regiones de España, los republicanos ya han anunciado que la pareja no volverá a verse junta en Catalunya en lo que queda de campaña. Ese cálculo electoral ha derivado en que Rufián haya apostado por un discurso más catalanista, pero no independentista. La única referencia a la independencia ha salido, de manera espontánea, en forma de cántico de los 2.000 asistentes al acto.

De hecho, Rufián ha dejado la independencia de Catalunya en un marcado segundo plano, siendo la actual prioridad “frenar al fascismo”. Por eso, ha defendido su pacto con Podemos. “No es un error esta confluencia. ¿Es que todo el mundo es indepe en Catalunya? No queremos repartir carnets, queremos una izquierda nacional abierta a cualquiera que crea en la libertad, la justicia y la democracia, y después ya...”.

Esa frase, que Rufián ha dejado en el aire, ha despertado cierta suspicacia entre la audiencia, entre la que se han podido ver algunas estelades, aunque no de masiadas. “Es mejor tener al lado gente a favor del derecho a la autodeterminación que a aquellos que votan con la estelada, pero en contra de la clase trabajadora”, ha remachado, despertando ahora sí, y gracias al dardo a Junts, una ovación entre su audiencia.

A pesar de que el pacto con Podemos ha alejado a ERC de la histórica confluencia que le ligaba a Bildu, BNG, Compromís y Més Mallorca para las elecciones generales, Rufián no ha dudado en pedir el voto por el resto de partidos soberanistas. “El PSOE no se merece vuestro voto. Ojo, yo no quiero gobernar España, pero quiero que España se gobierne bien. Por eso, quiero un gobierno del PSOE sometido a las fuerzas soberanistas: nada de lo bueno que ha pasado en esta legislatura hubiera pasado sin ERC, Bildu, el BNG o Podemos”, ha apuntado Rufián, metiendo a Podemos en ese saco.

Rufián ha surfeado su intervención entre halagos a los morados y ataques a Junts, a los que ha relacionado indirectamente con la especulación. “Algunos de sus dirigentes tienen empresas imobiliarias. Quizás, y sólo quizás, por eso votan junto a PP y Vox en cuestiones sobre la vivienda. Y ahora ya podéis empezar a escribir vuestras piezas, diciendo que ataco a Junts”, ha dicho el republicano, mirando y saludando a los periodistas.

“Quiero intervenir el mercado. Con los pisos, con la vivienda, no me jodas”, ha espetado en castellano. A pesar de que casi la totalidad del discurso lo ha hecho en catalán, Rufián ha optado por cambiar de lengua en determinados momentos en los que ha dejado ir sus declaraciones más contundentes. Otra de de esas frases ha sido: “La pureza sólo es útil en el aceite de oliva”. Esa la ha usado para hablar de la migración, la cual ha vuelto a definir como “reto”. “Es un reto acoger a miles de personas, pero es un reto que se debe afrontar desde la inclusión y la convivencia, los derechos y obligaciones, te llames como te llames. Y eso no significa ser menos de izquierda; es ser más útil”, ha aseverado.

El republicano ha ido repasando las que, dice, son sus prioridades. Además de la vivienda y la migración, también ha hablado de la corrupción y de los transportes, dos cuestiones que le han servido para atacar frontalmente al PSOE. Rufián ha optado por señalar directamente a Koldo, Ábalos y a Santos Cerdan. Y en la cuestión de los transportes, ha afeado al gobierno socialista que hiciera con Urda “lo mismo que hizo el PP en Angrois: culpar a un currito. Es miserable”.

Por ello, se ha dirigido al “votante socialista decepcionado que es consciente de que su partido, sin la presión adecuada, no hace. Aquí está ERC”. Así, mientras ha habido menciones para el PSOE, para Junts y para Podemos, los grandes ausentes del discurso de Rufián han sido el Frente Amplio y su candidata, Ada Colau.

Quien sí ha tenido palabras para ellos ha sido el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha asegurado que “no se puede confiar en un partido que, a la mínima, acepta los votos de Valls o del PP para impedir que ERC gobierne Barcelona”, en referencia a la útlima legislatura de Colau. “No podemos confiar en quienes se pasan el día hablando de vivienda pero, durante ocho años, no construyeron ni un solo edificio para nuestra gente”, ha seguido.

Junqueras también ha retirado su confianza a un “partido socialista que siempre arrastra los pies y nunca se toma nada en serio”, mientras que a Junts le ha afeado “torpedear todo lo que se hace por el país”.

“Por eso, ERC sale a ganar sin hacer sopas de letras y sin mezclar partidos de aquí y de allí”, ha asegurado Junqueras, en una aseveración que justifica no haber apostado por la confluencia unitaria de izquierdas, pero obvia el acuerdo de los republicanos para concurrir conjuntamente con Podemos.

“Venimos a ganar interpelando a la gente. La gran coalición y el gran pacto que queremos construir es con nuestra sociedad”, ha zanjado. Y ha querido hacer un llamado al optimismo, asegurando que una “revancha” es posible. “La prueba está en que eso que tanto se parece a nosotros ha ganado en Polonia, Serbia, Israel, Estados Unidos y Brasil”, ha apuntado Junqueras, subiéndose al mismo carro que el Frente Amplio y el PSOE al reivindicar y equipararse con la figura de Lula.

Tensión y cargas de los Mossos d'Esquadra durante el desalojo del edificio de la Sareb que la PAH Bages ocupó este sábado en Manresa (Barcelona). El dispositivo policial, que se ha desplegado a primera hora de la mañana, ha usado mazas para romper las puertas tapiadas y entrar en la finca para sacar a los 50 ocupantes, entre los cuales algunos menores.

Finalmente, tras más de cuatro horas, la policía catalana ha decidido suspender el desalojo después de que la propiedad manifestara su voluntad de ceder la finca. Así, por el momento, habrá cinco familias que habían sido desahuciadas recientemente que podrán quedarse a vivir en el edificio. El operativo se ha zanjado con una persona detenida por atentado a los agentes de la autoridad.

Durante la noche, unas 150 personas se han concentrado delante del edificio, algunas de las cuales con tiendas de campaña, para dificultar la tarea policial. Por su parte, los que estaban dentro se han estirado en el suelo y se han entrelazado entre ellos. Los agentes los han ido estirando y, en algunos casos, los han sacado a través de puertas llenas de vidrios rotos.

La PAH ha denunciado la “mala praxis” de los Mossos d'Esquadra, tanto por la manera de sacar a los ocupantes del edificio, como por las cargas policiales que se han dado en el exterior, cuando han desalojado la concentración que había a las puertas de la finca. Este operativo ha llevado a los Comuns a pedir la comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlon, para dar explicaciones sobre la “proporcionalidad y la congruencia” del operativo. La formación afea un uso “desproporcionado” de la fuerza y “métodos peligrosos”.

Por su parte, la policía catalana subraya que han tenido que hacer un uso “puntual de las defensas policiales” porque los activistas han “lanzado” material pirotécnico contra los agentes. Igualmente, el cuerpo sostiene que, desde el primer momento, han activado equipos de mediación para intentar hablar con los concentrados, pero que estos se han negado a marcharse voluntariamente.

Más de una década vacío

El bloque que la PAH ocupó el sábado es propiedad de la Sareb y llevaba más de una década vacío. La acción se llevó a cabo en el marco de las convocatorias de la huelga general del 11N y se enmarca dentro de una campaña impulsada por la COSHAC para reclamar que el parque de vivienda propiedad de la Sareb se “traspase íntegramente” a las bolsas de alquiler público.

La intención de la PAH era alojar en la finca a cinco familias que habían sido desahuciadas durante los últimos meses y que viven en albergues, a la espera de conseguir una alternativa habitacional.

Se trata del décimo edificio que la plataforma ocupa en la ciudad. En uno de ellos, incluso, se consiguió que la Agència d'Habitatge de Catalunya comprara el edificio e impulsara alquileres sociales.

El president de la Generalitat, Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966), se ha convertido en un referente para el conjunto del socialismo. Además de ser uno de los dirigentes más próximos a Pedro Sánchez, ha demostrado que es capaz de ser muy duro con sus adversarios sin perder el tono sereno que lo caracteriza.

La entrevista tiene lugar el jueves por la tarde, en la Sala dels Diputats del Palau de la Generalitat, con el sonido del carrillón de fondo. Illa subraya que el próximo 29 de noviembre hay que elegir entre “democracia o autoritarismo” y se muestra convencido de que Pedro Sánchez podrá seguir en La Moncloa.

¿Cuál es su pronóstico para las próximas elecciones generales? 

Mi pronóstico es que va a ganar el Partido Socialista y que va a gobernar el Partido Socialista en un gobierno que represente a la España plural y diversa. Y que se van a seguir haciendo políticas para que España genere prosperidad y la comparta territorial y socialmente. 

¿Sigue siendo optimista a pesar del accidente ferroviario de Urda? 

Creo que soy realista. El accidente ha sido una tragedia y nos ha consternado a todos mucho. Se ha hecho la pausa que se tenía que hacer, el duelo nacional para acompañar a las víctimas, a sus familiares, sus seres queridos, reparar en la medida de lo posible todo el daño que se ha producido y tomar las primeras medidas para ver qué ha pasado. Ahora hay que retomar progresivamente la campaña electoral, con el máximo respeto y haciéndose cargo del estado de ánimo del país.

Son las elecciones en que decidimos entre instituciones democráticas y autoritarismo, entre seguir avanzando o una involución, entre ocuparnos de aquellas cosas que preocupan a la gente corriente o estar a los intereses de lo que yo llamo el gran dinero. Los que bloquearon, por ejemplo, las medidas para favorecer el acceso a la vivienda. PP, Vox y Junts, no tienen excusa.

La mayor parte de la ciudadanía lo tiene claro y me parece que la gente va a ir a votar. Es lo que está ocurriendo en otras latitudes. En Brasil, era imposible que ganara Lula y ocurrió. En Estados Unidos decían que en el Congreso sí, pero que en el Senado no iba a ser posible, y ha habido un vuelco histórico. En Israel, la población árabe es la que tiene al final la llave del gobierno. O el movimiento en Serbia. Y aquí en Catalunya, como creo que va a pasar en el resto de España, en el dilema entre democracia o autoritarismo se ha apostado siempre por la democracia y se ha frenado el autoritarismo.

¿A usted le hubiera gustado que Óscar Puente siguiese como ministro? 

Él ha tomado la decisión que sentía que tenía que tomar. Me considero amigo de Óscar Puente, tengo una relación muy franca con él y es una persona muy sincera y espontánea. Ha hecho lo que sentía que tenía que hacer. Me parece bien y lo respeto.

Los primeros días, que son los más duros, actuó como ministro, con total transparencia. Con unas ruedas de prensa y una comparecencia parlamentaria en las que aceptó todas las preguntas. Se explicó y tomó las primeras medidas. Después, por los motivos que él mismo dio en esa comparecencia en el Congreso, dijo que tenía que dar un paso al lado por dos razones muy relevantes. Una de ellas, la que ha tenido más difusión y la que ha sido más comentada, es que no todos somos iguales. Y es cierto. Y a la segunda le doy mucho valor. Somos un proyecto colectivo, ninguna individualidad está por encima de ese proyecto ni del estado de ánimo del conjunto del país.

Somos un proyecto colectivo, ninguna individualidad está por encima del proyecto y el estado de ánimo del proyecto colectivo del que somos parte y el del conjunto del país pasa por encima.

Después de dos accidentes tan graves en menos de un año, ¿cómo se puede recuperar la confianza de los ciudadanos? 

Con mucha transparencia, los recursos que hagan falta y con el respaldo a las decisiones que digan los técnicos. Es verdad que la red ferroviaria, tanto de alta velocidad como de cercanías, venía de unos periodos muy largos de falta de inversión. Son redes de transporte muy usadas. Creo en la excelencia de la técnica y de los técnicos españoles; sabemos hacer las cosas bien hechas.

¿Y qué ha fallado? Visto ahora en perspectiva, ¿fue un error la liberalización del sector? ¿Es un problema de seguridad? 

Ahí me remito a las explicaciones que ha dado el ministro. Para conocer las causas concretas es necesaria una investigación independiente que determine qué ha ocurrido. Eso siempre requiere un punto de serenidad y de pausa, pero las primeras conclusiones apuntan, como ha dicho el ministro, a un error humano. Hay que ver cómo podemos minimizar el factor humano en esta toma de decisiones.

Por otro lado, siempre tiene que haber una supervisión pública, una preeminencia pública y una gobernanza pública de todo el sistema. Pueden operar distintas compañías. De hecho, no es una cuestión que puedan elegir los Estados, sino que viene determinada por una directiva europea. Pero siempre tiene que haber una gobernanza pública. Nunca debemos renunciar a ella. De hecho, en España esta gobernanza pública se tiene que reforzar o revisar, a la vista de lo que ha ocurrido.

Uno de los últimos proyectos de Puente fue la nueva línea entre Lleida y Barcelona a 350 km/h. ¿Cree que debe mantenerse o hay que replantearla?

Es bueno tener horizontes ambiciosos y plantearnos cómo podemos dar un paso más en la alta velocidad a la vista de lo que ha ocurrido. También considero lógico estudiar si hay que reforzar todo lo relacionado con el mantenimiento y la seguridad para recuperar la confianza en la red ferroviaria.

Pero no creo que debamos renunciar a objetivos ambiciosos. Los que nos hemos planteado en España los hemos conseguido y no veo por qué tendríamos que renunciar a ello. Otra cosa es el itinerario que debemos seguir para alcanzarlos.

En marzo de 2025, usted anunció una mejora progresiva de Rodalies en semanas o en meses, pero este ha sido el peor año en la historia de este servicio. ¿Por qué cree que falló en las previsiones? 

Ha habido una mejora progresiva. Hace tres semanas tuvimos unos temporales muy importantes, casi un huracán mediterráneo, con unos niveles de precipitaciones muy elevados que afectaron, naturalmente, también al sistema ferroviario. Eso causó 15 o 20 incidencias.

En enero, con el temporal Harris, de una intensidad muy inferior, fueron más de 600 incidencias. Es decir, el trabajo que se hizo posteriormente a ese temporal, en particular las importantes actuaciones de refuerzo en el túnel de Rubí y en el túnel del Garraf, han dado resultados. Sigue habiendo incidencias. Mientras haya una sola, nosotros no vamos a descansar.

Hay 151 actuaciones en marcha en la red de Rodalies. La decisión que se ha tomado, y que yo considero correcta, es no interrumpir el servicio. Solamente se ha optado por hacerlo en el desdoblamiento de la línea R3, porque no hay otra forma de llevarlo a cabo. En los demás casos, las obras conviven con el mantenimiento del servicio, adaptado a las particularidades de cada actuación. Esto también hace que las inversiones se desarrollen un poco más lentamente.

A principios de año tendremos la incorporación de nuevo material rodante. Su puesta en servicio tendrá que hacerse, por supuesto, con las máximas garantías de seguridad. También vendrá acompañada de las incidencias típicas que se producen cuando se pone en funcionamiento nuevo material rodante, pero contribuirá a mejorar progresivamente el servicio.

La legislatura española se acabó antes de tiempo y una de sus grandes promesas, la nueva financiación pactada con ERC, se queda por el camino. ¿Teme que los republicanos, también en función de si el PP llega al Gobierno, se distancien y le compliquen más la vida en el Parlament?

Tengo confianza en que el 30 de noviembre podremos retomar todos estos asuntos, porque la mayoría de la ciudadanía respaldará un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez. 

Entiendo que, ante una prioridad como es la vivienda, cuando te encuentras con el bloqueo de Vox, PP y Junts, la respuesta acertada es la decisión que tomó el presidente del Gobierno: dar voz a la ciudadanía y que sea quien hable. Las instituciones democráticas no pueden dejar sin respuesta a la principal preocupación de los ciudadanos.

Feijóo no entiende a Catalunya ni la quiere como es. Por eso no va a ser presidente de España

Aquellos que dicen defender tanto a Catalunya y que la ponen por delante y por encima de todo tendrán que explicar por qué provocaron esta situación, por qué no apoyaron la condonación de la deuda o por qué no respaldaron una financiación que beneficia a todo el mundo. Y aquellos que vienen aquí a decirnos que no se puede gobernar España sin entender a Catalunya tendrán que explicar qué entienden por Catalunya. ¿Revertir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados? ¿Manifestarse contra la amnistía? ¿Bloquear el uso del catalán en Europa?

Feijóo no entiende a Catalunya ni la quiere como es. Por eso no va a ser presidente de España.

Con el tema de la vivienda, ¿cree que hay motivos para una huelga general? 

Creo que hay motivos para una huelga general y que los sindicatos y las organizaciones convocantes tienen todo el derecho a ejercerlo. Me parece una bajeza moral utilizar a las 69 víctimas de Urda para pedir que no se convoque, como ha hecho Feijóo. Es un derecho que se puede compartir más o menos, pero que las organizaciones ejercen legítimamente.

El deber de los gobernantes es escuchar a la sociedad. Esta huelga es una señal de que hay un problema y una prioridad a la que las instituciones democráticas deben dar respuesta. No nos piden milagros ni que lo solucionemos mañana, pero sí que trabajemos para resolverlo. Es lo que estamos haciendo mientras otros siguen empeñados, empeñados y empeñados en la ley de la oferta y la demanda.

Y, además, te lo explican como si no entendieras cómo funciona el mercado: “Hay más demanda que oferta, hay que aumentar la oferta y el mercado lo solucionará”. ¿Cuándo? ¿Dentro de diez años? ¿De quince?

Nosotros llevamos dos años aplicando la Ley de Vivienda y mientras la inflación ha subido un 6,9%, el precio del alquiler en las zonas tensionadas ha aumentado un 0,7% y en Barcelona ha bajado un 4,4%. Son datos oficiales, frente a determinados estudios supuestamente independientes. Dicen también que hay menos contratos. No es verdad: hay casi 24.000 contratos más en estos dos años. La ley está funcionando y hay que darle más tiempo.

Estamos agilizando la construcción, reduciendo plazos sin eliminar garantías. Pero mientras no consigamos generar todas las viviendas que necesita la sociedad catalana, seguiremos aplicando la Ley de Vivienda y regulando el mercado, como se nos reclama que hagamos en otros sectores, como el energético.

Koldo García asegura que el abogado del PP le ofreció un millón de euros para mentir contra el Gobierno. No es solo su palabra, también acreditados 242.000 euros en pagos de la editora de OKdiario. ¿Cómo valora esta denuncia? 

Hay que llegar hasta el fondo, conocer toda la verdad y dar explicaciones. Y me viene a la cabeza aquello de “el que pueda hacer, que haga”. Quien tenga que dar explicaciones, que las dé, y que se investigue hasta el final.

Comprar testigos para desacreditar a una formación política o a un dirigente, como se ha pretendido hacer, si se demuestra que ha sido así, y parece que las informaciones apuntan en esa dirección, supone un ataque directo a la democracia y una alteración de las reglas del juego. Me lo tomo muy en serio. Me parece una noticia muy preocupante.

Comprar testigos para desacreditar a una formación política o a un dirigente, como se ha pretendido hacer, si se demuestra que ha sido así, supone un ataque directo a la democracia

Su jefe de gabinete, Eduard Rivas, puso su cargo a disposición cuando fue imputado y usted optó por mantener la confianza en él. Ahora ha dimitido y, según las transcripciones que han trascendido, Rivas reconoció que habían escrito las bases de un concurso pensando en beneficiar a una fundación. ¿Se equivocó al mantenerlo en el cargo durante más de seis meses?

No. Es una persona de una enorme categoría humana. En el momento en que ha conocido el contenido de la investigación, ha decidido presentarme su renuncia y yo se la he aceptado. Creo que estará en condiciones de acreditar todo lo que usted ha mencionado. Estoy muy agradecido por la labor que ha desempeñado y por la lealtad con la que ha ejercido sus funciones.

Es una persona honesta, de una gran categoría humana. Ha tomado la decisión de renunciar con un nivel de autoexigencia muy loable. No todos somos iguales. Ha considerado que no quería que ninguna sombra de duda pudiera afectar a la institución de la Presidencia de la Generalitat y ha preferido dar un paso al lado.

Rivas es el último cargo que ha salido del Govern, pero no ha sido el único. Han abandonado la consellera de Derechos Sociales, el secretario de Hacienda, el secretario de Interior, el director general de Policía, el director de Ejecución Penal, y una docena más de cargos. ¿Cómo lo explica?

La política es muy intensa y el número de relevos que ha tenido el Govern está dentro de los parámetros de normalidad. Además, se han producido por circunstancias muy distintas. La consellera de Derechos Sociales decidió dar un paso al lado por razones personales que ella misma explicó, después de años impulsando el proyecto. El secretario general del departamento ha tomado el relevo.

En los demás casos también han sido decisiones personales. En una administración como la de Catalunya, con el volumen de personas que somos y el nivel de intensidad que exige la política, una actividad tan apasionante como intensa, a veces ocurren estas cosas y hay que aceptarlas. Además, esta es una tarea colectiva.

Si se lesiona un jugador, no cambiamos el estilo de juego ni dejamos de ser competitivos. ¿Por qué? Porque tenemos jugadores y tenemos equipo.

Ustedes llegaron al Govern con la promesa de gestionar mejor que sus antecesores materias como movilidad o educación. Sin embargo, parece que la ciudadanía no percibe esas mejoras, puesto que el CEO predice que el apoyo al PSC está bajando. ¿A qué lo atribuye?

Discrepo. Si uno mira las encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió, verá que la valoración del Govern es la más alta de la última década. ¿Por qué bajamos entonces en diputados? Eso es otra cuestión. Si hablamos de la gestión del Govern y de la valoración del president, estamos en máximos de los últimos diez o quince años. Y en dos años ya se empiezan a ver resultados, aunque se verán muchos más.

En educación, hemos alcanzado el acuerdo de mejora de las condiciones laborales más importante de la historia, con una movilización de 2.700 millones de euros. Me encontré con unos profesores que eran de los peor pagados de España y, con este acuerdo, pasarán a estar entre los tres mejor remunerados.

En sanidad, tenemos 4.800 profesionales más en dos años, 2.000 millones adicionales de presupuesto y 57 actuaciones en centros de atención primaria. Hemos desencallado proyectos como los hospitales Clínic, Trueta, Verge de la Cinta y Joan XXIII. También avanzamos en infraestructuras judiciales, en la ampliación del aeropuerto de Barcelona y en las inversiones en Rodalies.

Además, hemos impulsado reformas para simplificar la Administración. Una de las más importantes plantea profesionalizar el nombramiento de unos 450 altos cargos de la Generalitat. Proponemos una preselección de tres candidatos con criterios profesionales, entre los que el Govern escogería al responsable, con mandatos de cinco años prorrogables por otros cinco.

Estamos demostrando nuestra capacidad de gestión con hechos

En derechos sociales, hemos reorganizado la Dirección General de Atención a la Infancia y estamos reduciendo las listas de espera en dependencia. Nuestro compromiso es pasar de casi dos años de espera a 60 días a finales de 2027. Ya estamos viendo resultados.

En definitiva, creo que estamos demostrando nuestra capacidad de gestión con hechos.

Dice que la gestión se acabará valorando mejor y que no le preocupan los escaños, pero esos sondeos también apuntan que Aliança Catalana podría ser la segunda fuerza en el Parlament. ¿A qué lo atribuye? 

La extrema derecha gobierna en Italia, ha ganado terreno en Alemania, puede ganar en Francia y, en España, Vox está comiendo terreno al PP. Por aquí se pasea Milei con su motosierra y en Estados Unidos gobierna Trump, que acaba de recibir un revés importante en las elecciones de medio mandato. A mi modo de ver, es un motivo de esperanza. Catalunya no es ajena a este contexto geopolítico y cultural. Pero estoy convencido de que la extrema derecha no triunfará aquí porque no representa el sentir mayoritario de la sociedad catalana.

¿Qué ocurre cuando gobierna la extrema derecha? Que la gente vive peor. En Argentina se ha empobrecido la población y en Estados Unidos se ha detenido y deportado a personas sin garantías jurídicas, se han bajado los impuestos a los más ricos, se ha recortado la sanidad pública y se han impuesto aranceles que han encarecido el coste de la vida.

¿Y qué han dicho quienes aquí defendían y aplaudían sus políticas? Nada. Esto es lo que ocurre cuando gobierna esta gente.

Usted ha expresado muy claramente y muy contundentemente su preocupación por los incidentes provocados por el colectivo Blocus. Se especula con que puede tratarse de un ataque híbrido ¿Tiene ya más información sobre quién está detrás? 

No tengo ningún dato que me permita afirmar que estamos ante una guerra híbrida, pero sabemos que en muchos procesos electorales se producen intentos de interferencia de terceros países. Lo hemos visto en Estados Unidos, en Europa y en Brasil. También estamos viendo episodios de sabotaje y amenazas en distintos países europeos. Por tanto, debemos estar alerta.

Sabemos que los Mossos detectaron una convocatoria hace tres semanas y prepararon un dispositivo policial. Sin embargo, la movilización superó las previsiones y adquirió características distintas de las esperadas, con grupos pequeños y personas muy jóvenes. El resultado fue de 130 detenidos y más de 400 identificados.

Desde el primer momento anuncié tres medidas: detener y poner a disposición judicial a quienes participaran en actos delictivos, identificar y perseguir a quienes estuvieran detrás de las convocatorias, y exigir responsabilidades a las familias de los menores implicados.

Hemos cumplido. Se han practicado nuevas detenciones, algunos implicados están privados de libertad y se ha informado a las familias de los menores, que pueden tener que responder por los daños ocasionados. No hablo de convocar protestas, sino de promover delitos. Por último, hemos encargado a los servicios jurídicos de la Generalitat un informe para estudiar posibles acciones legales contra las plataformas digitales y sus responsables en Catalunya y España.

¿Qué se puede hacer con las plataformas?

Lo que no pueden hacer es lo que usted no puede hacer en su periódico. Usted es responsable del contenido de su periódico. Usted no puede publicar información falsa que no esté debidamente contrastada. No puede decir “mañana a las cinco de la tarde todos quedan convocados para ir a robar en tal tienda, de tal calle, de tal ciudad de España”. Si hace esto, usted tendrá consecuencias graves. Pues eso tampoco lo pueden hacer las plataformas. 

¿Qué les decimos nosotros? Impidan este contenido. Cuando lo detecten, lo apartan de su red y me dicen quién lo ha colgado. Hay una contradicción manifiesta en las excusas que ponen las plataformas, que es que ya están aplicando detección de contenidos en casos de copyright y no lo están haciendo en casos de discursos de odio o incitación a la violencia o a un delito. Vamos a iniciar este camino y a ver hasta dónde llegamos.

Los Mossos decidieron grabar y enviarnos a los medios algunas imágenes de estos menores detenidos. Hay abogados que dicen que, tratándose de menores, se está vulnerando esa especial protección que deberían tener en procedimientos penales. 

No se ha vulnerado ninguna protección. Se ha hecho todo en el marco de la ley, pero también hay que mandar un mensaje claro: ser menor no significa tener impunidad. Y eso quiero que quede bien claro.

En el marco de la ley, con las debidas protecciones que se han seguido escrupulosamente, y con la intervención de la Fiscalía de Menores y los juzgados de menores, se ha dejado claro que esto no es así. También se ha responsabilizado a las familias, que tienen el deber de tomar cartas en el asunto, actuar y hacerse cargo de la educación y del comportamiento de sus hijos y de sus hijas.

En elDiario.es hemos publicado que la Inspección de Trabajo ha destapado más de 200 falsos becarios en el Departament de Cultura. ¿Cómo puede ser que suceda esto en la Administración? 

Es que no hay 200 falsos becarios. Es un programa que está en marcha desde 2012. Han pasado más de mil personas. Son programas de formación. La gente se selecciona con criterios académicos. Tienen un programa específico de formación, una tutoría y unos contenidos formativos. Se les prepara para incorporarse al mundo de trabajo. No es una relación laboral. Son becarios.

La Inspección de Trabajo no considera lo mismo.

Ya tuvimos una situación similar hace dos años. Se hicieron las alegaciones oportunas, como se están haciendo ahora. Y el Tribunal Superior de Justicia dio la razón al procedimiento del Departamento.

Por tanto, no es una relación laboral. Son programas de formación de personas. Insisto, con un contenido de becario. Es decir, con un tutor, con una selección académica de estas personas, con unos programas de formación. Es la información de la que yo dispongo, y que se ha facilitado a raíz de la información que ha aparecido. Tengo plena confianza en que es así.

Y, si no fuera así, evidentemente lo corregiríamos. Pero no es una relación laboral. Mi gobierno no utiliza becarios para cubrir puestos de trabajo. Ponen en práctica programas de formación para personas que están haciendo sus estudios y que son necesarios para incorporarse al mercado laboral. No son para sustituir tareas que requieren de personas que tengan una relación profesional con la Generalitat. Son ámbitos distintos. 

En la denuncia colectiva ellos describían otra relación. 

La misma que hubo hace dos años y la misma que fue dictaminada en el sentido jurídico por la Justicia.

Vea la entrevista íntegra al president de la Generalitat, Salvador Illa.

Los Mossos d’Esquadra han detenido a cincuenta personas, 43 de ellas empresarios, por su presunta vinculación con una red criminal que ganó 3,2 millones de euros al gestionar la entrada irregular de inmigrantes en España, en su mayoría pakistaníes.

La policía catalana ha informado este sábado de que esta organización criminal captaba ciudadanos pakistaníes que deseaban tener permiso de residencia y trabajo en España. Según los Mossos, les cobraban hasta 30.000 euros, para simular relaciones laborales que les facilitaban la entrada en el país o la regularización administrativa si ya estaban en él.

La red habría llegado a tramitar entre marzo de 2022 y julio de 2023 un total de 224 expedientes de contratación en origen, de los que 108 obtuvieron una resolución favorable.

Esta operación de los Mossos es la mayor desarrollada en el ámbito de la inmigración irregular hasta ahora. De los 50 detenidos -48 hombres y 2 mujeres- siete formaban parte de la red criminal y el resto eran empresarios que colaboraban mediante contrataciones laborales fraudulentas.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha indicado en el comunicado que ha acreditado que el grupo criminal tenía una estructura estable desde 2019, que era jerarquizado y que contaba con un reparto de funciones definidas. Estaba radicado en Catalunya pero con ramificaciones en Pakistán.

Los miembros de la red, presuntamente, actuaban como intermediarios entre ciudadanos pakistaníes interesados en regularizar su situación y empresarios que facilitaban contratos laborales y «documentación instrumental» a cambio de dinero.

La investigación de este caso, han explicado los Mossos, comenzó a raíz del análisis de la documentación encontrada durante los registros realizados a finales de febrero de 2024 durante una investigación anterior relacionada con delitos como el tráfico de personas con finalidad de explotación laboral y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y blanqueo de capitales.

En aquella ocasión, una de las entradas se practicó en una gestoría de Barcelona, desde la que se habían tramitado expedientes fraudulentos de contratación en origen y contratos laborales falsos.

El análisis de los equipos informáticos intervenidos llevó a detectar la existencia de una organización criminal nueva, con integrantes establecidos en Barcelona y su área metropolitana, así como con colaboradores en Pakistán.

Los detenidos confeccionaban la documentación necesaria para tramitar los expedientes de contratación en origen, como registros civiles. Para ello, los empresarios aportaban a la red sus compañías como destino final de los trabajadores.

Las personas que viajaban desde Pakistán llegaban a pagar 30.000 euros mientras que los pakistaníes que ya estaban en España, pero deseaban regularizar su situación, abonaban hasta 8.000 euros para acceder a contratos de trabajo simulados, lo que les permitía iniciar el proceso administrativo.

Según el análisis de los Mossos, los 108 expedientes tramitados por la red le habrían reportado más de 3,2 millones de euros en ingresos, cifra que no incluye el pago por los expedientes que fueron denegados o archivados ni la tramitación de la documentación de quienes ya se encontraban en España.

Los Mossos también han comprobado durante la investigación que las personas contratadas acababan realizando actividades laborales en condiciones precarias o casi de explotación laboral.

En otros casos, la relación laboral era meramente ficticia y acababa poco después de obtener las autorizaciones administrativas o, incluso, no llegaba a materializarse.

Las detenciones se practicaron en dos fases diferentes, los días 26 y 27 de octubre y, de los siete miembros de la red detenidos, tres han ingresado en prisión por orden judicial. Se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. A los empresarios detenidos se les atribuyen delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.

Ada Colau ha dejado claro ya cuál va a ser el leitmotiv de su campaña electoral: los impuestos a los ricos. Si ya el jueves pasado rescató el popular lema Tax the rich (gravar a los ricos en inglés) durante un desayuno informativo en el Hotel Ritz de Madrid, este sábado, en el primer acto de precampaña del Frente Amplio en Catalunya, ha vuelto a ahondar en la propuesta. “Queremos subir mucho los impuestos a ese 1% que acumula la riqueza. Es inmoral que haya gente ahogada aunque se levante cada día para ir a trabajar, mientras sólo 13 fondos buitre acumulan más de 100.000 viviendas en este país”, ha expresado.

Gravar a las grandes fortunas ha sido el eje de su discurso, muy bien recibido por las bases de la formación, que se han encontrado en el barrio de La Sagrera de Barcelona. “No nos temblará la mano a la hora de expropiar a esos fondos buitre. El día después de que consigamos reeditar este gobierno progresista, lo tendremos claro: exprópiese”, ha exclamado la candidata y exalcaldesa de Barcelona.

Colau ha acompañado esa propuesta con algún nombre propio como el de Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada y número dos del PP por Madrid afirmó que una de sus primeras medidas sería quitar los pinganillos de traducción simultánea del Congreso porque son “un símbolo de la separación entre los españoles”.

Colau se ha aferrado a esta declaración para llegar al punto álgido de su intervención: “Con el sufrimiento que hay para llegar a final de mes, con la subida de la cesta de la compra, los precios imposibles de la vivienda, las pensiones demasiado bajas, con todos los problemas que tenemos que abordar, la marquesa ha conectado inmediatamente con el sentido común de este país”, ha ironizado.

En este momento, la candidata del Frente Amplio ha abandonado el catalán con el que ha pronunciado todo su discurso para pasarse al castellano y dirigirse a Álvarez de Toledo: “Marquesa Cayetana, a usted y a sus amigos pijos les vamos a freír a impuestos”, ha exclamado. “Creo que lo habría entendido perfectamente en catalán, pero como somos buena gente, se lo hemos traducido”, ha seguido Colau, manteniéndose aferrada al tono irónico que ha caracterizado todo el mitin.

Colau ha recogido el testigo -tanto en tono como en forma- que le ha dejado Emilio Delgado, candidato del Frente Amplio por Madrid y quien la ha precedido en el acto preelectoral. Él ha sido el primero en mencionar a Álvarez de Toledo en un discurso en el que también ha añadido otros nombres como el del empresario y exdiputado Marcos de Quinto o el del presidente de Mercadona, Juan Roig: “Tengo una noticia para vosotros. Os tocará pagar, pagar y pagar. No hemos nacido para serviros”.

Delgado ha desplegado una intervención en la que ha echado mano del humor y el sarcasmo, como ya es habitual, para cargar contra los grandes poderes económicos de España. “Vamos a resolver el debate de quién sirve a quién. Y, si se tiene que fastidiar alguien, ese va a ser el 1%. Y van a pagar”, ha apuntado.

Ambos candidatos han tirado de hemeroteca para ir vistiendo sus intervenciones y ambos han recordado también una las declaraciones de Santiago Abascal que, ante la pregunta de qué proponía hacer con las pensiones, aseguró que no podía responder porque no era economista. “Abascal, dices que no eres economista y no sabes qué hacer con las pensiones, pero yo tampoco soy mentalista y sí sé qué quieres hacer con ellas”, ha insistido Delgado. “No hace falta una bola de cristal para saber qué quieren hacer: corrupción, encarcelar a quien no piense como ellos, atacar a los trabajadores y a su bienestar”, ha exclamado.

Por su parte, Colau aunque también ha aprovechado para hacer mofa sobre el comentario, ha querido rebajar el tono jocoso instalado por Delgado. “Ya sé que la derecha nos está dando muchos momentos humorísticos. Pero lo que viene no es ninguna broma”, ha apuntado, justo antes de abrir una breve ventana para la autocrítica. “El excelente trabajo de Yolanda Díaz nos ha permitido mejorar la vida de la clase trabajadora, pero es verdad que la desigualdad ha crecido”, ha apuntado.

Ahora bien, ha quitado responsabilidad a Sumar ante la pérdida de poder adquisitivo. Ha asegurado que la culpa está en “la acumulación de la riqueza”, para volver a su caballo de batalla e insistir en gravar a las grandes fortunas. “Necesitamos irrumpir con la máxima fuerza posible para tener un gobierno progresista más valiente, que acabe de una puñetera vez con la especulación, que haga una contrarreforma fiscal para que paguen los de arriba y los de abajo tengan garantizados unos servicios públicos dignos”, ha remachado.

A pesar de los vítores de su audiencia, Colau no ha podido dejar de lado que las encuestas no les son favorables, y menos todavía tomando las previsiones hechas tras el accidente de Urda -que ninguno de los participantes en el mitin ha mencionado. “Quieren deprimirnos y que pensemos que no hay nada que hacer, pero hay razones para ser optimistas”, ha opinado la candidata.

Ha trasladado a los suyos que la intención de voto ha subido -ligeramente- después de que se presentara la lista del Frente Amplio (obviando, eso sí, el desplome que hubo cuando se constató el fracaso a la hora de construir una candidatura unitaria de izquierda). “Estamos cerca del 8% de intención de voto y, con un poco más de esfuerzo, podemos llegar al 10%”, ha insistido Colau.

“Aunque que las encuestas dijeron que Lula no ganaría, la movilización popular demostró que la última palabra la tienen los barrios. Nos jugamos la vida. La 'L' de Lula es de 'libertad'”, ha remachado.

El nombre del presidente brasileño ha sido otro de los que se han reiterado durante este acto. El primero a traerlo a colación ha sido el alcaldable de los Comuns al Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, encargado de abrir el mitin. Él ha repasado las victorias de la izquierda en Serbia, Brasil y Estados Unidos para asegurar que “soplan vientos de remontada”.

Gracias al digno pueblo del Brasil. Gracias Lula, por haber derrotado a Bolsonaro, a Elon Musk y a todo lo que representa Vox. Gracias por marcar el camino“. Pisarello también ha agradecido al ”pueblo obrero estadounidense“ por ”haber vencido al millonario desquiciado del pelo naranja“. El alcaldable ha repasado las diversas ”victorias“ de la izquierda global para aseverar que ”soplan tiempos de remontada“. ”Si Brasil y Estados Unidos han podido, tenemos el deber de estar a la altura y de levantar una alternativa de esperanza“.

Tras Pisarello y justo antes de Delgado y Colau, ha sido el turno de Ernest Urtasun, ministro de Cultura y número dos del Frente Amplio por Barcelona, quien ha insistido en el papel de su formación ante esta hipotética remontada. “Sin un voto progresista y un gran apoyo al Frente Amplio, el PSOE no llega”.

A sabiendas de que los votantes de izquierda siguen dolidos por el fracaso de presentar una candidatura unitaria, Urtasun ha querido defender la lista de su formación. “A quienes se pregunten quién son estos del Frente Amplio les digo que somos los que, con Yolanda Díaz, hicimos una reforma laboral que ha dado 4 millones de contratos estables. Esos que en un Consejo de Ministros antes de las elecciones volveremos a subir el SMI”.

El Sindicat de Llogateres ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Barcelona por no obligar al fondo Vandor Real Estate a aplicar la norma del 30%, que establece que toda nueva promoción o gran rehabilitación debe reservar este porcentaje para vivienda social.

El recurso, presentado en la sección contenciosa del Tribunal de Instancia de Barcelona, se refiere a la finca del Consell de Cent 538, en el Eixample e impugna el silencio administrativo del Ayuntamiento ante la instancia que el Sindicat ya registró el pasado 13 de marzo.

En ese proceso ya se pedía al consistorio que abriera un expediente a Vandor por no aplicar ese 30% de reserva después de haber reformado la mitad del edificio. Actualmente 15 de los 28 pisos ya han sido rehabilitados y “sólo se ha presentado un comunicado diferido y dos enterados, que son trámites pensados para obras menores”, afean desde el Sindicat.

Este 2026, en febrero, una inspección municipal determinó que estas reformas coincidían con una “gran rehabilitación”. Siendo así, la norma del 30% también aplica a esta finca de Consell de Cent, donde se deberían reservar 8 viviendas para alquiler protegido.

“Esto demuestra que Vandor sigue reformando pisos con trámites menores, aunque el Ayuntamiento sabe que está sometido al 30%”, afean fuentes del Sindicat.

Aplicar la norma podría salvar de la expulsión a casi una decena de vecinos que, como Elisabeth, hace años que viven en la finca. En su caso, está a punto de cumplir 30 residiendo en la misma casa, pero la propiedad no ha querido renovar el contrato y ya ha interpuesto una demanda de desahucio.

Por su parte, desde Vandor insisten en que la norma del 30% no aplica a estos casos y explican que presentaron las alegaciones y recursos “pertinentes” ante los informes municipales. “Hay una discrepancia técnica de fondo en la valoración de la sobras, de acuerdo con el asesoramiento externo especializado de un despacho de arquitectos de Barcelona”, explican.

Más contenciosos y vía penal abierta

El Sindicat presentará dos recursos contenciosos más en los próximos meses para las fincas de Nàpols 206 y de Rocafort 219, ambas propiedad de Vandor. En el primer caso, después de haber reformado tres cuartas partes de los pisos, todos los vecinos fueron expulsados. En el segundo, se han reformado todas las viviendas, pero notificando las obras una por una. Todos los inquilinos han sido expulsados y los que fueron sus hogares, ahora funcionan como colivings.

En ambos casos, la inspección municipal ha concluido que Vandor debe aplicar la norma del 30%, lo que supondría dos pisos protegidos en Nàpols y otros cuatro en Rocafort.

Por otro lado, el Sindicat no descarta optar por la vía penal en el caso de Entença, 69. El Ayuntamiento ya determinó que Vandor debía aplicar el 30%, pero la empresa lo impugnó con un recurso ahora hace tres años. Desde entonces, el caso está sin resolver.

En el edificio sólo queda Rosario, la última vecina junto a su hijo. Vandor ha reformado todos los pisos excepto el suyo y los ha convertido en colivings.

Estas tres fincas se suman a las otras 10 que Vandor ha comprado en Barcelona. Entre todas suman 236 viviendas, de las que expulsa a los inquilinos para convertirlas en pisos para estudiantes internacionales con alquileres por encima de lo que marca la regulación de alquileres.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, recurrirá el archivo de la causa contra Alvise Pérez por haber difundido una prueba de Covid falsa a su nombre en una publicación en X.

Fuentes de Presidencia subrayan que la intención de Illa es “llegar hasta el final de este asunto. Las redes no pueden ser un espacio de impunidad para agitadores y propagadores de mentiras”, insiste el entorno del president.

El president presentará un recurso de apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo después de que el alto tribunal haya dictado el sobreseimiento de la causa por delitos contra el honor y falsedad documental.

En la interlocutoria, el magistrado no identificó “indicios suficientes de criminalidad” que justificaran elevar un suplicatorio al Parlamento Europeo para proceder en la inculpación de Alvise, que demostraran que falsificara el documento o que lo difundiera conociendo su falsedad.

Además, el Supremo también tuvo en cuenta que el documento falso se difundió desde otra cuenta antes de que Alvise lo compartiera. Sobre los delitos contra el honor, el magistrado asume que la acción no llegó al nivel de humillación, desprecio grave o descrédito como para activar la vía penal, sin perjuicio de que Illa quisiera proteger su honor a través de un proceso civil.