ERC ha abierto este miércoles un expediente a su candidato en Girona, Marc Puigtió, a raíz de unos audios publicados en las redes sociales en las que el político carga contra sus compañeros en la formación municipal, de quienes asegura que desea “echarlos a todos” y “quedarse” con el partido. Puigtió ha reconocido la autoría de los mensajes, desvelados en una cuenta de Instagram vinculada a Vox, y ha pedido perdón en una carta enviada a la militancia.

La polémica comenzó cuando la cuenta Girona Perduda publicó un vídeo que contenía varios audios que reflejaban una conversación entre Puigtió y Travis Gómez, la persona que gestiona el perfil de Instagram vinculado a Vox y muy crítico con la izquierda local. “Yo te fui muy sincero y te dije cuál era mi intención con Esquerra. Mi intención era echarlos fuera a todos y quedarme Esquerra, y después poder utilizar sus recursos electorales”, se escucha decir al candidato republicano a la alcaldía de la ciudad.

En el audio Puigtió promete al influencer poderle información sobre el partido y, como muestra, revela que uno de sus compañeros de partido estaría dedicándose a gestionar una guardería “mientras está de baja en el Ayuntamiento”.

El candidato de ERC asegura además que su intención de formar Moviment Gironí, la plataforma electoral aliada de los republicanos, es “formar un proyecto nuevo”, desvinculado de su partido pero aprovechando sus derechos electorales. “Me tienen que pagar la fiesta”, asegura. Una pretensión que Puigtió admite que ha provocado el enfado entre las bases republicanas. “Por eso tengo a toda la gente de Esquerra enfadada. Porque estoy yo liderando el proyecto, un proyecto nuevo, y no quiero ninguno de los que están ahora”, resume.

En la carta enviada, Puigtió pide disculpas por las “expresiones y planteamientos que no son adecuados” y lamentan que hayan causado “malestar, decepción o desconfianza”. El candidato, sin embargo, se disculpa asegurando que el audio filtrado no corresponde a una sola conversación completa, sino que está formado por fragmentos editados de diferentes días, lo que podría trasladar una impresión diferente de la intención original.

Después de que el diario El Món se hiciera eco del audio, ERC ha optado por abrir una investigación. En un comunicado, el partido asegura que, de acuerdo con la ejecutiva local de Girona, “el responsable de cumplimiento de la formación ha decidido abrir de oficio un expediente para analizar los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes”.

Según indican, “el procedimiento se seguirá con todas las garantías establecidas y respetando los derechos de las personas afectadas”. ERC rechaza hacer valoraciones o declaraciones sobre el caso.

La asamblea local de ERC designó el pasado mes de junio a Puigtió como candidato a la alcaldía de Girona, una sesión en la que también se avaló concurrir junto a Moviment Gironí, la plataforma encabezada por el propio candidato. Puigtió es considerado el hombre de Oriol Junqueras en la capital gerundense y había recibido críticas, sobre todo, de los sectores opuestos a la actual dirección de ERC.

Ningún español ha pasado tanto tiempo a la sombra de la Luna como Josep Masalles (Barcelona, 1956). Exactamente, 58 minutos y 15 segundos. Esta es la manera más poética que tiene este astrofísico de decir que nadie en la península ha visto en directo y fotografiado tantos eclipses solares como él: 43, de los cuales 22 totales, como el que se verá en España el 12 de agosto.

Masalles es uno de los mayores cazadores de eclipses del mundo, duodécimo en un ránking plagado de aficionados cuyas vidas giran en torno a este fenómeno de belleza fugaz. Él, además, preside Aster, la Agrupación Astronómica de Barcelona.

Jubilado de la docencia en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Masalles ha perseguido eclipses escoltado por soldados kenianos y en el completo aislamiento del desierto libio; ha viajado hasta la Antártida solo para ver cómo las nubes le hurtaban la foto y ha visto al sol esconderse tras la Luna entre moáis de Rapa Nui. Ahora, la suerte –o el cosmos– ha querido que pueda asistir al próximo desde cerca de casa, en Vilanova i la Geltrú.

¿Cuándo y cómo quedó cautivado por el fenómeno de los eclipses?

El primero que vi fue en 1973, en Barcelona. Tenía 17 años. Fue un eclipse parcial. Ya por entonces era aficionado a la astronomía, y me gustaba esa naturaleza escondida que es el cielo. Hasta 1990, que ya trabajaba y me lo podía pagar, no fui a ver el primer eclipse anular que pude. Me compré un telescopio, una cámara, y empezaron los viajes.

¿Adónde fue el primero?

A Joensuu, Finlandia. Fui en coche, un Volkswagen Polo, con el que sería mi cuñado. Al año siguiente fui a México, luego Mongolia, Panamá…

¿Qué es lo que le atrapa de los eclipses?

A la gente le gusta ver cataratas, volcanes, el Pedraforca, la Costa Brava… Pero hay una belleza escondida, tremenda, que es la del cosmos: galaxias, cometas, supernovas, los anillos de Saturno, los satélites de Júpiter, todo esto es precioso. Pero los eclipses, además, son singulares. Cuando la Luna tapa el sol, podemos ver cosas que no vemos normalmente, como ocurría con la corona del sol, aunque ahora ya tenemos satélites para hacerlo. Después tiene interés si se ve el anillo de diamante, las perlas de Baily o las protuberancias.

¿Cuál es su instante preferido?

El momento más emocionante es ver la totalidad, la corona. Pero hay otro momento más especial, para todos, y es cuando reaparece el sol. Es un instante visceral, animal, de vuelta a la vida. ¡Que se marche el sol no es poca cosa! Imagínate si no supiéramos por qué se va. El primer rayo de luz que se ve es muy impactante, yo sigo sintiendo alivio.

Lo decía usted ahora: ¿qué pensaría la gente antes de conocer que se trata de un fenómeno astronómico?

Hay grabados antiguos de gente desesperada viendo eclipses. Es la diferencia entre a ignorancia y el conocimiento. Un emperador chino ajustició a dos astrónomos, Xi y He, en los años 2.000 aC porque no habían avisado de un eclipse solar. ¡Es que los designios del cielo eran muy importantes! Para la agricultura, la náutica, la orientación… La referencia histórica más importante, del 585 aC, está absolutamente documentada por Herodoto. Cuenta que Tales de Mileto predijo un eclipse de sol. Y precisamente lo vieron como un anuncio de los dioses para acabar la guerra entre Lidios y Medas.

En el Antiguo Testamento aparecen varias referencias al oscurecimiento del sol. Suelen usarse para anunciar la ira de Dios.

Lo usó Cristóbal Colón, en su cuarto viaje a América, en Jamaica, con los indios taínos. Tras una revuelta, Colón les dijo que si no les entregaban los alimentos, la Luna se teñiría de rojo. Él sabía que habría un eclipse de Luna el 29 de febrero de 1504.

Un emperador chino ajustició a dos astrónomos, Xi y Ho, en los años 2.000 aC porque no habían avisado de un eclipse solar. ¡Es que los designios del cielo eran muy importantes!

¿Y algún hito histórico para el conocimiento científico?

El 28 de mayo de 1919, dos astrónomos ingleses, Eddington y Dyson, fueron a ver el eclipse uno en Sobral, Brasil, y el otro en la costa de Guinea. Querían probar la teoría de la relatividad de Einstein viendo cómo se desviaban las estrellas que hay alrededor del eclipse. Cuando hay un campo gravitatorio tan tremendo como el del sol, se desvían. La deformación del espacio-tiempo produce un desvío de la luz y lo midieron. Así, en pleno término de la Primera Guerra Mundial, unos ingleses respaldaron la teoría de un alemán, Einstein, que restaba protagonismo al físico más importante entonces… ¡el inglés Newton!

Durante sus viajes, ¿qué reacciones al eclipse la han sorprendido más?

En Irán, una parte importante de la población, los creyentes, se pusieron a rezar en el momento del eclipse. Tienen una oración para el eclipse de sol y una oración para el eclipse de Luna. Me he encontrado cosas muy curiosas en los indios pueblo de Nuevo México: me comentaron que no lo verían. Para mí podía ser un espectáculo, pero para ellos era un momento de espiritualidad y de reflexión. Me dijeron que el eclipse les quitaba energía. Y no lo vieron. En la India, las mujeres embarazadas se esconden porque creen que tendrán malformaciones en la criatura o perderán.

Muchas supersticiones.

También se ven en España. Si te metes en las redes sociales… Se dice que la carne se pudre, o que si el agua se contamina. Hay sociedades que tienen miedo o que lo viven más religiosamente.

¿Qué ocurre con los animales?

Se han hecho estudios en zoos, y ahora lo harán en el Bioparc de Valencia. Cuando fuimos a Kenia llevábamos una cabra, que al final nos comimos [se ríe], que se puso a balar de una forma tremenda. En Australia los pájaros se pusieron a gritar desesperadamente, aunque se ve que a veces callan de golpe. Será interesante ver qué ocurre en el Delta del Ebro. En México, en una zona de pantanos, vi el eclipse y, al acabar, tenía el cuerpo repleto de picadas. Los mosquitos aparecieron con la oscuridad.

¿De qué eclipse guarda mejor recuerdo?

No sé responderle, todos son impactantes y diferentes. Según la altura, la duración, la actividad solar, si se ve la corona redonda o alargada, si hay protuberancias. Casi es más importante dónde lo has visto y con quién. No es lo mismo el desierto de Libia, en la soledad absoluta a 600 kilómetros de cualquier pueblo, que en la Antártida. Normalmente, elegimos lugares remotos y desérticos, porque la probabilidad de verlo, y de no encontrar nubes, es mayor.

Algún fracaso tendrá también. Un cielo nublado en el peor momento.

Fracasos, no. Porque aunque no haya visto el eclipse, lo he vivido. Estás literalmente debajo de la sombra de la Luna. Se oscurece igual. Por ejemplo, en la Antártida no llegué a ver un eclipse por las nubes, pero fue curiosísimo: como era verano y allí no se ponía nunca el sol, fue el único momento en que oscureció. Fue impactante. En China, con el eclipse más largo de este siglo, me llovió a cántaros.

¿Cuál es la mayor locura o sacrificio que ha hecho para poder asistir a un eclipse?

Compatibilizarlo con trabajo y familia no es fácil, pero he tenido suerte. También vale dinero, y aunque no soy millonario, no tengo coche ni hijos. ¿Un hijo cuánto cuesta al año? ¿20.000 euros? ¡Son tres eclipses! [Se ríe] Alguna vez se han sorprendido de sitios a los que he ido, como en Irán en 1999, cuando había una revuelta estudiantil. A algunos lugares hemos tenido que llegar escoltados por el ejército. En Zambia, por ejemplo, para entrar en un parque natural, por si había leones. En Kenya, en la zona del lago Turkana, porque había tribus enfrentadas.

Compatibilizarlo con trabajo y familia no es fácil, pero he tenido suerte. También vale dinero, y aunque no soy millonario, no tengo coche ni hijos. ¿Un hijo cuánto cuesta al año? ¿20.000 euros? ¡Son tres eclipses!

Toda una vida dando vueltas por el mundo, y ahora podrá verlo literalmente desde casa.

Hace ilusión, lo tengo programado desde hace años, pero tengo dudas. Si me quedo en casa, son 13 segundos. Desde algún otro punto de Vilanova i la Geltrú, alcanzará los 17 segundos. Pero hay probabilidad de nubes. Si sopla el Garbí, si hay tormenta… Quizás es mejor ir al interior de la península. He dudado mucho si me quedo o no me quedo en casa, pero creo que gana más intentar verlo bien. Iré entre Teruel y Zaragoza, con la gente de Aster.

¿Cómo es eso de liderar el ránking español de cazadores de eclipses?

Eso de cazadores de eclipses no me gusta mucho, pero tiene gancho. Hay una web, Eclipse Chasers, donde salen todos los famosos delante de mí: Fred Espenak, 'Mr. Eclipse', que ya murió, era el que nos daba las efemérides. En realidad es un tema de edad. Más que un orgullo, es señal de que tengo canas. A mí lo que me gusta, insisto, es la naturaleza que hay fuera del planeta, tan bonita como la de dentro.

Tendrá ya los próximos viajes programados.

En febrero del 2027, a Argentina. En agosto, uno que se verá en el norte de África y el sur de España. En 2028, Australia. En 2030, Sudáfrica. ¡Hasta que el cuerpo aguante!

Artivist Network y Ecologistes en Acció han llevado este martes al barrio del Raval de Barcelona la campaña 'Cities, not saunas' (Ciudades, no saunas), impulsada en varios países europeos para denunciar cómo las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas a causa del cambio climático, están convirtiendo las ciudades en espacios cada vez más hostiles para la vida y afectan especialmente a las comunidades más vulnerables.

La acción ha consistido en una actuación visual en la que varias personas se han reunido en la Rambla del Raval vestidas únicamente con toallas, como si estuvieran en una sauna, para denunciar que muchos barrios europeos se están calentando hasta niveles incompatibles con una vida digna.

La campaña '#CitiesNotSaunas' se desarrolla este verano en diferentes ciudades europeas para recordar que el calor extremo constituye ya una emergencia de salud pública y que la adaptación al cambio climático debe convertirse en una prioridad política. Las organizaciones impulsoras insisten en que las ciudades pueden salvar vidas si actúan con rapidez, reduciendo las temperaturas urbanas y protegiendo a las personas que más sufren sus impactos.

La intervención va acompañada de fotografías térmicas que muestran las diferencias de temperatura entre distintos espacios urbanos y evidencian el efecto de la falta de sombra, vegetación y materiales adecuados en el diseño de la ciudad.

Las olas de calor no afectan a toda la población por igual. La exposición al calor extremo está profundamente condicionada por factores sociales y económicos: vivir en una vivienda mal aislada, no poder permitirse aire acondicionado, trabajar al aire libre o residir en barrios con escasez de árboles y espacios verdes incrementa significativamente el riesgo para la salud. En Barcelona, barrios densamente urbanizados y con índices más elevados de vulnerabilidad socioeconómica, como el Raval, sufren especialmente el efecto isla de calor y concentran una población con menos recursos para protegerse de las altas temperaturas. La emergencia climática, por tanto, es también una cuestión de justicia social.

Diversos estudios advierten, además, que los impactos económicos y sociales del calor extremo seguirán aumentando si no se adoptan medidas ambiciosas. Actualmente, las olas de calor ya representan pérdidas equivalentes a hasta el 0,5% del PIB europeo cada año, una cifra que podría superar el 3% en los países más afectados del sur de Europa antes de 2060. Si las emisiones continúan aumentando y la adaptación sigue siendo insuficiente, la mortalidad asociada al calor podría incrementarse en torno a un 50% de aquí a finales de siglo.

Con esta acción, las organizaciones reclaman que Barcelona y el resto de ciudades adopten planes de adaptación al calor que sitúen la salud pública y la justicia climática en el centro de las políticas urbanas. Entre las medidas prioritarias destacan aumentar el arbolado y las zonas verdes para reducir el efecto isla de calor, sustituir superficies de asfalto y hormigón por soluciones permeables y ajardinadas, ampliar la red de refugios climáticos gratuitos y accesibles, proteger a las personas trabajadoras expuestas al calor y garantizar que el urbanismo incorpore criterios de resiliencia climática en todos los nuevos proyectos.

Desde Ecologistes en Acció exigen al gobierno municipal, y por extensión a toda la clase política, que “deje de emitir mensajes contradictorios ante la emergencia climática y actúe con coherencia. No es aceptable colgarse medallas por el número de refugios climáticos con que cuenta la ciudad mientras se potencian actividades que emiten enormes cantidades de CO2, como el turismo de cruceros o el tráfico aéreo, cuyas emisiones aumentarían un 45% con la ampliación del aeropuerto que se proyecta, y que, además, deterioran las condiciones de vida en la ciudad con el agravamiento de la masificación turística”. “Estas actividades contribuyen fuertemente al calentamiento global y nos acercan todavía más al abismo climático. Es lamentable que los gobiernos sigan sin planificar una movilidad realmente más sostenible o un urbanismo más verde”, añaden.

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminado este martes que la proposición de ley para limitar la compra especulativa de vivienda, presentada por los Comuns y pactada con el Govern vulnera el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa, entre otros. El dictamen es consultivo.

Este órgano considera también que la tramitación por lectura única de esta iniciativa contraviene el artículo 138 del Reglamento del Parlament, que regula este procedimiento exprés, así como el artículo 23.2 de la Constitución, relativo al derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

Tanto Junts como el PP catalán llevaron la propuesta para limitar la compra especulativa de vivienda ante el CGE a mediados de julio, lo que frenó su tramitación en el Parlament.

El acuerdo alcanzado entre los Comuns y el Govern para implantar esta medida formaba parte del pacto para los presupuestos entre ambas formaciones. La implantación de la restricción estaba prevista que correspondiera a cada municipio e iba a afectar a los grandes tenedores.

La medida, avalada por un comité de expertos consultado por la Generalitat, estaba prevista que se lleve a cabo a través de la modificación de la ley catalana de Urbanismo. Será cada Ayuntamiento, a través de sus ordenanzas o de su planeamiento urbanístico, quien decida si restringe o no las compras de vivienda para invertir. El consistorio de Barcelona, por ejemplo, ya tiene una comisión de estudio para ver cómo hacerlo.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha rechazado el dictamen emitido. “No compartimos el análisis del CGE sobre la proposición de ley, ya que creemos que no se ha entendido que no limitamos la adquisición, sino el destino de la vivienda”, ha señalado Albiach en un mensaje publicado en X.

La diputada de Junts, Judith Toronjo, ha señalado que el dictamen “demuestra que los Comuns, con el apoyo del PSC, han hecho una ley deprisa, mal y por la puerta de atrás”.

El exdiputado de Junts y exconseller de Economía de la Generalitat Jaume Giró se ha dado de baja como militante de forma definitiva de la formación de Carles Puigdemont, según ha avanzado Nació este martes y han confirmado fuentes del partido. Con la salida, Giró completa la desvinculación paulatina de Junts, que ya había comenzado en septiembre de 2025, cuando optó por dejar el acta de diputado.

El que fuera director general de La Caixa llegó a la política de la mano de Jordi Sànchez como fichaje independiente para formar parte del Govern de ERC y Junts presidido por Pere Aragonès. Poco después de un año, los posconvergentes optaron por abandonar el Ejecutivo, algo a lo que Giró se oponía, generando la primera brecha con la dirección. Giró llegó a hacer el amago de presentarse para las listas del Congreso, pero Puigdemont le cerró la puerta en favor de Míriam Nogueras.

Las discrepancias continuaron después, debido al rechazo del exconseller a vetar los pactos con el PSC en Catalunya. Partidario de una línea pragmática, Giró es partidario de una política de alianzas parecida a la que en su momento tejió Convergència, a la que también considera un buen ejemplo de equilibrio entre políticas sociales y económicas.

Giró comunicó su marcha del partido mediante un correo al secretario general Jordi Turull hace unos días.

La huelga indefinida del personal de tierra, facturación y embarque de la empresa Groundforce en el aeropuerto de El Prat ha comenzado este martes con afectaciones en una veintena de vuelos en la infraestructura barcelonesa.

Según ha señalado el sindicato convocante, CGT, la protesta de los trabajadores ha provocado la cancelación de 16 operaciones, entre salidas y llegadas. Algunas de las operaciones suspendidas tenían origen o destino en Alemania, Italia o Austria.

Groundforce presta servicio a compañías como Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Etihad Airways. El sindicato, mayoritario y con más de un tercio de la representación, asegura que el seguimiento de la huelga ha sido “muy alto” entre los 1.175 trabajadores de la empresa.

La portavoz de la organización sindical, Ester Garcia, ha explicado que la protesta responde al “grave deterioro de la prevención de riesgos” y de las condiciones laborales relacionadas con la salud en una empresa que “gestiona la operativa bajo mínimos”. Denuncian “cargas de trabajo insostenibles”, una elevada rotación de personal y problemas organizativos.

El Ayuntamiento de Badalona, liderado por Xavier García Albiol (PP), prevé desplegar 615 cámaras de videovigilancia en todos los barrios y polígonos de la ciudad a partir del año que viene.

El consistorio ha publicado la licitación del contrato por cerca de 27 millones de euros y con una vigencia hasta 2032. La adjudicación incluye las obras de instalación de las cámaras, la adecuación de una sala de control y de una sala de crisis en las dependencias de la Guardia Urbana, así como el mantenimiento del sistema durante cinco años.

De las 615 cámaras previstas, 488 estarán destinadas a la seguridad ciudadana y 127 al control del tráfico. Está previsto que el contrato se adjudique antes de que finalice este año, de modo que la instalación de los dispositivos pueda comenzar en los primeros meses de 2027.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, la implantación del sistema se realizará de forma progresiva hasta completar la instalación de los 615 dispositivos y la puesta en funcionamiento de la nueva sala de control.

Cientos de trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona han estrenado en los últimos días pulseras térmicas para evitar golpes de calor. Casi un año después de la muerte de Montse, la operaria de una brigada de limpieza que falleció por exposición a las altas temperaturas, el consistorio ha repartido este dispositivo entre su plantilla al aire libre como prueba para prevenir situaciones de riesgo.

La medida, que afecta sobre todo a las brigadas de limpieza y a las de Parques y Jardines, forma parte de un plan que incluye más descansos y cambios horarios. Pero se ha recibido con cierto escepticismo por parte de los trabajadores, que insisten en que se facilite aire acondicionado en todos los vehículos y una ropa que transpire adecuadamente.

La pulsera es un dispositivo todavía en fase de evaluación, pero que ante el aumento de las temperaturas sirve para detectar cuando el trabajador que la lleva está a punto alcanzar situaciones de estrés térmico. Además de Barcelona, la han incorporado ya en sus plantillas ciudades como Motril, Alcoi o Las Palmas de Gran Canaria.

Las pulseras registran la temperatura corporal del trabajador al inicio de la jornada y, si detectan una subida repentina en un corto periodo de tiempo, emiten una vibración, una señal acústica y una luz de aviso. El objetivo del dispositivo es alertar antes de que el trabajador llegue a una situación de riesgo. En caso de que se encienda, el empleado debe buscar un refugio a la sombra y contactar con su encargado para que le comunique cómo proceder.

“La medida está bien pero se queda muy corta”, sostiene Cristina Pinto, trabajadora de limpieza en la empresa externa FCC –una de las cuatro subcontratas– en Barcelona. Opina que, al pitar la pulsera, esta debería avisar automáticamente al encargado o contactar con los servicios médicos. “En esta situación, el trabajador no debería tener que preocuparse por buscar un refugio climático o por avisar a su encargado”, defiende.

Otro de los aspectos que cuestionan es el uso compartido de las pulseras. Aunque el Ayuntamiento estipula que son de carácter personal, trabajadores de FCC aseguran que en su caso la comparten con compañeros de otros turnos. En otros departamentos, como Parques y Jardines –servicio que no está externalizado– señalan que su pulsera térmica sí es de uso personal.

“No me siento cómodo llevando una pulsera sudada de otra persona, ni aunque la desinfecten”, admite Pau García, delegado del sindicato CGT en FCC, que, sin embargo, reconoce: “Aunque la medida es insuficiente, pienso que si no fuese por el tema de la higiene, estaría bien”.

Aunque hay trabajadores que renuncian a la pulsera, la mayoría opta por llevarla. “Me da un poco de asco pero prefiero priorizar mi salud antes que la higiene”, admite Isabel Romero (nombre ficticio), trabajadora de FCC. A ella le pitó recientemente la pulsera, durante una de sus jornadas. “No me había dado ni cuenta de que me encontraba mal, así que me parece una buena medida de prevención”, celebra

Con todo, añade Romero que hacen falta medidas más efectivas: “Debería complementarse con un protocolo que incluya medidas de prevención aún más amplias”.

Desde CGT, por ejemplo, llevaron a la Inspección de Trabajo el caso de un trabajador de Parques y Jardines sufrió un golpe de calor sin que su aparato pitara. “No siempre funcionan”, señalan. El consistorio, por su parte, asegura que se siguieron los protocolos de seguridad y prevención pertinentes.

En este sentido, una trabajadora opina que el hecho de llevar la pulsera puede dar una “falsa sensación de seguridad”. “Que no te haya pitado la pulsera no debe impedir que, si te encuentras mal, puedas parar y refugiarte en un lugar fresco para recuperarte”, subraya. Y denuncia que, aunque el protocolo establece que los trabajadores pueden refrescarse, hidratarse, ir al baño o descansar si lo necesitan, hay encargados o supervisores que les piden explicaciones constantemente.

Cristina Pinto comparte la misma idea: “Quienes llevamos más tiempo y tenemos el puesto más consolidado no nos da tanto pudor resguardarnos si nos encontramos mal. Pero muchos trabajadores temporales se fuerzan para demostrar que valen y conservar el puesto. Al final, la responsabilidad sobre qué hacer, en todo momento acaba recayendo en el trabajador”.

En cuanto a sus otras demandas para el calor, como la ropa más transpirable, el Ayuntamiento de Barcelona asegura que los trabajadores cuentan con ropa adecuada, pero algunos discrepan. “Se nos queda el sudor pegado al cuerpo y se forma un microclima entre la piel y la ropa. A veces es casi insoportable trabajar así”, asegura Romero.

También critican que los motocarros –los pequeños vehículos eléctricos que utilizan la mayoría de trabajadores– no disponen de aire acondicionado. “Nos dicen que el aire no es necesario, pero si hay un atasco puedes llegar a pasar una hora o más dentro. Y la sensación es la de estar en una caja de metal bajo el sol, es abrasante”, asegura un representante de CGT.

Los trabajadores de Parques y Jardines firmaron a principios de junio un convenio por el que adelantan una hora el comienzo de su jornada laboral y finalizan una hora antes. También trabajan quince minutos menos aunque, cuando pase el verano, deberán compensar esa parte. Sin embargo, a diferencia de los trabajadores de Parques y Jardines, para los empleados de FCC no ha habido cambio alguno en el comienzo de su jornada laboral.

Los empleados denuncian que siguen pasando la mayor parte de la jornada bajo el sol pese a las temperaturas extremas. “Si el 90% de mi trabajo es bajo el sol, por mucho que intente refugiarme, llega un momento en que es imposible protegerse”, lamenta Pinto.

“Cada verano es más difícil trabajar al aire libre y las medidas de prevención tendrán que adaptarse a esta nueva realidad. Necesitamos criterios más claros para saber cuándo es seguro trabajar y cuándo hay que parar”, asegura otra de las empleadas.

El Ayuntamiento de Barcelona dispone de un protocolo para proteger a los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre durante los episodios de altas temperaturas. Según explican fuentes municipales, cuando se activa la alerta naranja o roja, la normativa establece el aumento de pausas durante la jornada y el reajuste de tareas para reducir la exposición al calor. También se prohíbe el trabajo en solitario y se recomienda aplazar las labores físicamente más exigentes o, cuando no sea posible, establecer rotaciones entre el personal para minimizar la exposición al calor.

La Fiscalía Anticorrupción investiga las posibles irregularidades de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) en la prestación de ayudas y alojamiento para jóvenes extutelados. El pasado marzo el ministerio fiscal pidió la colaboración de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), que ya investigaba estas dos cuestiones en dos expedientes distintos. Antifrau cerró el primero sin detectar ningún posible delito, pero entregó la documentación a la fiscalía. En el segundo caso, todavía está analizando la numerosa documentación. Anticorrupción sigue investigando ambos casos, surgidos a raíz de una denuncia de un alertador, protegido por Antifrau, contra la Fundación Resilis en Girona.

Según fuentes jurídicas, la OAC entregó a la fiscalía su informe sobre el control de las ayudas económicas que se daban a jóvenes extutelados, que se sospecha que se dieron incluso a personas que ya no vivían en Catalunya. El informe concluía que no se habían podido detectar aspectos delictivos o de fraude, pero advertía que deberían comprobarse si había habido deficiencias en el cumplimiento de los contratos de la DGAIA con las entidades colaboradoras, y si la administración había fallado a la hora de realizar su seguimiento y supervisión.

En el segundo expediente, que investigaba la posible existencia de plazas de alojamiento 'fantasma', por el que las entidades cobraban de la Generalitat por acoger a jóvenes que en realidad no acogía, Antifrau aún no ha llegado a ninguna conclusión ni ha entregado documentación a la fiscalía porque debe analizar mucha información.

La fiscalía deberá decidir si ve sólo simples irregularidades administrativas y disfunciones del organismo público, o puede llegar a existir delitos. Sería entonces cuando lo llevaría a un juzgado para que lo investigara a fondo.

El caso estalló en enero del 2025, a raíz de la denuncia de un trabajador del tercer sector que había detectado irregularidades en las prestaciones económicas y de vivienda que afectaban a jóvenes extutelados. En un caso, por ejemplo, un joven recibía ambas prestaciones, cuando llevaba meses viviendo y trabajando en Valencia. Incluso, desde la fundación que se encargaba de la gestión de las ayudas se había cambiado al joven de piso aludiendo a que estaba buscando trabajo, cuando, en realidad, llevaba meses trabajando fuera de Catalunya.

Más adelante, tres trabajadoras denunciaron que una entidad, pese a tener plazas vacías en los pisos para acoger a jóvenes, cobraban a la Generalitat como si las viviendas estuvieran llenas.

Por su parte, en junio del año pasado la Sindicatura de Cuentas realizó un informe que concluyó que el Departamento de Derechos Sociales pagó 167,56 millones de euros indebidamente a través de prestaciones económicas durante el período 2016-2024. De esos 167 millones, 4,7 millones estaban relacionados con el caso denunciado por ser pagos indebidos a los jóvenes extutelados.

Por otra parte, un juzgado de Barcelona archivó el pasado abril una querella del colectivo jurídico Acció Cassandra contra cuatro exconsellers de la Generalitat y altos cargos por presunta malversación en la DGAIA. La entidad anunció que iba a presentar recurso. La querella rechazada por el juzgado se dirigía contra los exconsejeros del área social Dolors Bassa, Chakir El Homrani, Violant Cervera y Carles Campuzano. También contra el ex secretario Josep Ginesta y tres ex directores de la DGAIA, entre otros. Invocaba delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude, encubrimiento, acoso laboral y posible financiación ilegal de partidos.

El Gobierno amplía a 210 los trámites burocráticos que quiere simplificar hasta el final de la legislatura a través del programa 'CaTgirem'. Cómo explica el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en declaraciones a los medios, el ejecutivo catalán ha terminado la mejora de 170 procesos, algunos de los cuales ya están plenamente operativos con los cambios -como el registro oficial de maquinaria agrícola- y otras se activarán próximamente -como el registro de productores de residuos-. Ahora se añaden 40 de “adicionales” a esta “reingeniería de procesos” que quiere “luchar contra la burocracia” y hacer que los trámites de la administración catalana -unos 2.400- sean “más comprensibles”.

“Estamos trabajando trámite a trámite con muchos de los departamentos”, ha puntualizado Dalmau. Fuentes del Gobierno añaden que se están acabando de “recoger datos” para concretar qué procedimientos habrá que reformular. Estas mismas fuentes subrayan que, con la estrategia de simplificación, nace una “nueva cultura” dentro de la administración que implica “no dejar de banda la necesidad de transformación continuada” de los trámites. También clarifican que no todos los trámites públicos requieren una renovación, dado que algunos están “consolidados” y otras “tienen poca utilización”.

Una IA “para hacer más fácil la vida” a ciudadanía y funcionarios

Por otro lado, el titular de Presidencia ha explicado cómo la Generalitat usa la inteligencia artificial (IA) “para hacer más fácil la vida” a la ciudadanía y a los trabajadores públicos, y no “para sustituir a nadie”. Por ejemplo, sirve para “acompañar” los funcionarios en tareas de validación de documentos y localizaciones durante el procesamiento de algunos trámites.

También estará presente en el mencionado registro de productores de residuos en forma de un asistente que ayudará la ciudadanía a identificar los residuos que produce su actividad. Según los cálculos del Gobierno, esta herramienta se pondrá en marcha a finales de año. De hecho, desde el 2025 se han activado 38 sistemas con IA dentro del entorno de la Generalitat, como el buscador inteligente del portal gencat.cat o el nuevo asistente virtual en las subvenciones del Instituto Catalán de Energía.

1.800 formularios actualizados y seis millones de horas ahorradas a la ciudadanía

La primera etapa de la estrategia de simplificación, a lo largo del 2025 y los meses transcurridos del 2026, han comportado la transformación de 1.800 formularios en formato PDF, que era poco intuitivo para el usuario, al formato web. Así mismo, ha supuesto el ahorro a la ciudadanía de seis millones de horas en trámites con la Generalitat. En estos dos periodos, se han tejido planes específicos estructurales para reducir la burocracia, como el “Pla Cura” o el anteproyecto de ley de simplificación urbanística y ambiental -actualmente en fase de información pública-. En cuanto al 2025, la administración no ha tenido que preguntar 80,4 millones de datos y documentos, una cifra que ha crecido respecto al año anterior, cuando fueron 74,6 millones.

La anestesióloga pediátrica del Hospital Universitario Vall d'Hebron Sandra Galve explica que la digitalización del consentimiento sanitario, un documento necesario antes de varias intervenciones que en compilación los riesgos, ha permitido agilizar el proceso y reducir las visitas en los centros sanitarios. “Hacerlo de manera digital permite que el paciente se lo lleve en casa y, en los casos en que no hay que verlo presencialmente porque su situación de salud o el procedimiento al cual será sometido no es de alto riesgo, no hace falta que venga en el hospital”, relata.

En estos casos, se llama al ciudadano y se le envía el consentimiento vía la aplicación 'Mi salud', donde lo aceptará o lo rehusará. Cómo explican fuentes del Govern este es un proceso ya en marcha que está llegando gradualmente a todos los centros del sistema sanitario y, hasta la fecha, más de 6.000 personas se han ahorrado de visitar presencialmente los hospitales.

Otros trámites que experimentan este lavado de cara mediante el programa 'CaTgirem' son el registro de parejas de hecho, que a lo largo del último trimestre del 2026 dejará de requerir un formulario por cada integrante de la pareja y solo preguntará uno que será compartido; la bolsa de docentes, que tiene una nueva aplicación que actualmente convive con el sistema tradicional por web; o la autorización de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, imprescindible para instalar un chiringuito hacer actividades en la playa y que ahora ha pasado a ser un formulario web, cosa que ha hecho reducir las consultas por ayuda en un 55%

Sílvia Orriols irrumpió hace poco más de dos años en la Cámara catalana con dos escaños y, desde entonces, su tarea principal y casi única de la extrema derecha independentista ha sido utilizar sus turnos de intervención para ganar visibilidad en medios y redes. Su retórica dura, sus descalificaciones hacia colectivos vulnerables y sus sistemáticas referencias a la diputada de ERC Najat Driouech por vestir un hiyab ha situado a Orriols en el difuso límite del discurso del odio, algo en lo que Vox también ha acompañado

Ante esta situación inédita, Josep Rull, el presidente del Parlament, ha apostado por tejer una estrategia para atajar estas prácticas. Pero el equilibrio no es nada sencillo: se trada de evitar el discurso de odio en la Cámara sin vulnerar la libertad de expersión de los diputados y, a la vez, sin brindar a Aliaça Catalana y Vox la posibilidad de victimizarse.

Rull, de la mano del resto de miembros de la Mesa, han tenido claro desde el principio que la irrupción del partido islamófobo no podía suponer un cambio en la cultura de debate parlamentaria que ha caracterizado la política catalana: “El president vio rapidamente que debía tomar una posición concreta respecto a esto”, explican desde su equipo.

“Es un reto que atraviesa a toda Europa”, comentan fuentes parlamentarias, que narran como antes de actuar se pidió a los servicios jurídicos de la cámara que revisaran la jurisprudencia europea sobre libertad de expresión y discurso de odio en los parlamentos. Se llegó a la conclusión de que las sentencias existentes defienden, por encima de todo, la libertad de expresión con márgenes muy amplios en sede parlamentaria.

En busca de una fórmula propia, la Mesa se reunió con el exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Josep Casadevall, que se expresó en la misma línea: la libertad de expresión debe prevalecer. El exmagistrado no ha sido la única persona con la que se ha contactado. La Mesa también ha trabajado con la asamblea de Baden-Württemberg (Alemania) para conocer cómo gestionan allí la cultura del debate parlamentario, que es ciertamente innovadora: cuentan con una comisión específica que analiza a posteriori, a instancia de un grupo o diputado, posibles vulneraciones de las normas de conducta.

Dos amonestaciones públicas para Orriols y Garriga

El problema principal que se ha encontrado el Parlament es que el mecanismo establecido hasta ahora para frenar las salidas de tono tiene efectos limitados. Hasta el momento, las quejas y sanciones formuladas por los grupos o diputados se estudian a través de la Comissió de l'Estatut del Diputat y siempre referidas al código de conducta aprobado en 2016, aunque este no forma parte del reglamento de la cámara.

Esta comisión se reúne “cuando puede”, explican des del Parlament, y no tiene poderes sancionadores. Ante eso, los grupos de PSC, ERC y Junts trabajan en una propuesta para que reformar el reglamento del Parlament, que tiene rango de ley, e introducir allí el código de conducta, de forma que puedan establecerse límites y multas. Se trata de dar seguridad jurídica a las normas del juego parlamentario.

El episodio que marcó un antes y un después llegó en abril de 2025, cuando Orriols acusó desde el atril a la diputada de ERC Najat Driouech de normalizar “la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar hiyab, y remató con un “¡vergüenza debería darle!” dirigido directamente a ella. Rull la interrumpió para advertirle de que aquella alusión vulneraba el código de conducta, en uno de los primeros pulsos abiertos entre el presidente y la líder xenófoba. Esta misma situación conllevará una sanción pública para Orriols, según ha notificado la Mesa del Parlament.

Pero no es la única. El otro diputado sancionado ha sido Joan Garriga, portavoz de Vox. Meses atrás colgó en la puerta de un despacho un cartel donde se podía leer “Companys asesino”, haciendo referencia a l’expresident de la Generalitat. “Ambas conductas quedan excluidas del marco de la libertad de expresión”, comentan fuentes parlamentarias. Dos procesos más, también de diputados de VOX, han quedado sin sanción.

“El president se toma muy en serio su papel y para él está siendo un reto delicado”, explican fuentes parlamentarias en relación a Rull, que se encuentra inmerso en un “proceso de aprendizaje, como el conjunto de la Mesa”, narran otros testigos. Este mismo proceso ha generado cambios en la estrategia de confrontación. Hace meses que se optó por intervenir menos, convencidos de que eso solo alimentaba a los dos partidos ultras.

Pero el conflicto no termina aquí. Ahora termina un curso político en el que, pese a los intentos, la situación no solo no se ha resuelto sino que ha ido a más, en paralelo a la mejora de los sondeos para Vox pero, sobre todo, para Aliança. El Parlament sigue teniendo que convivir con hasta dos fuerzas que se mira en el espejo con los grandes referentes de la extrema derecha mundial como Donald Trump o Javier Milei.

La casa de Lola Patau, en Vilassar de Mar (Barcelona), parece construida a partir de la memoria. Objetos llegados de Chile y de otras partes del mundo, cuadros pintados por su marido, muebles que esconden mucha historia y fotografías familiares llenan una vivienda donde cada rincón parece tener algo que contar.

A sus 92 años, Lola conserva una lucidez extraordinaria y una memoria capaz de reconstruir con precisión episodios ocurridos hace más de ocho décadas. Su historia trasciende su biografía; es también la de miles de españoles obligados a abandonar su país tras la Guerra Civil.

El 3 de septiembre de 1939 el barco Winnipeg llegaba al puerto chileno de Valparaíso con casi 2.300 refugiados gracias a la iniciativa impulsada por el poeta Pablo Neruda. Mientras Europa asistía al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, aquel viejo carguero, con capacidad para únicamente ochenta pasajeros, se convertía en el símbolo de un símbolo de salvación, el “mejor y más bello poema” para Neruda.

Entre aquellos pasajeros, viajaba una niña de apenas cinco años, Lola Patau. Cuando rememora ahora aquella travesía, lo primero que aparece no es el miedo, sino la mirada limpia de una niña que todavía no alcanzaba a comprender la dimensión de lo que estaba ocurriendo.

“El viaje fue muy bonito”, recuerda. Mientras los adultos cargaban con la incertidumbre y las renuncias, la canalla [los más jóvenes] pasaba el día corriendo de un lado a otro del barco. “Había profesoras y personas que se ocupaban de los niños mientras los mayores intentaban mantener una cierta normalidad con trabajos varios en mitad del océano”, cuenta.

El barco tuvo dificultades para atravesar el canal de Panamá porque no se habían abonado los derechos de paso. Un problema que terminó resolviéndose gracias a la ayuda de los cuáqueros –movimiento cristiano que defiende una relación directa con Dios, sin jerarquías– y a las gestiones realizadas por Neruda y su mujer, Delia del Carril. También hubo pasajeros que lograron embarcar como polizones después de no haber sido seleccionados oficialmente para una embarcación.

El paso previo por Francia

La Guerra Civil apenas ocupa espacio en los recuerdos infantiles de Lola. “Lo que permanece es una sucesión de despedidas”, dice. Antes del Winnipeg, hubo una Barcelona que se derrumbaba, una frontera atravesada a toda prisa y una familia separada por la guerra.

Su padre, que trabajaba como jefe de Finanzas de la Generalitat y simpatizaba con Esquerra Republicana, nunca militó en ningún partido. Cuando comprendió que la caída de Barcelona “era inevitable” decidió cruzar la frontera. Aquella decisión cambió para siempre su destino: él consiguió llegar a Francia, mientras su mujer y la pequeña Lola permanecieron todavía un tiempo en Catalunya.

El recibimiento al otro lado de los Pirineos estuvo muy lejos de ser un refugio. “Los franceses no fueron nada amables con las personas que se exiliaron allí”, resume sin rastro de resentimiento Patau. Su padre se vio obligado a trabajar en el campo, mientras una bronquitis “horrorosa” lo iba arrastrando.

“Mi madre cruzó sola la frontera española para reunirse con mi padre en Argelès-sur-Mer y poco después, a su regreso de nuevo a España para recogerme, volvimos definitivamente al país galo”, expone con voz de emoción. La familia terminó instalándose en Toulouse, donde unos familiares regentaban un laboratorio.

“La tranquilidad duró poco”, destaca. Europa volvía a prepararse para otra guerra y el padre de Lola tenía claro que no estaba dispuesto a vivir un segundo exilio. Fue entonces cuando el destino de miles de republicanos españoles se cruzó con el de un poeta chileno destinado en París.

Neruda, por aquel entonces agregado cultural de la embajada chilena en la capital francesa, convenció a su Gobierno para acoger a miles de refugiados españoles. Junto a su esposa, entrevistó personalmente a buena parte de quienes aspiraban a embarcar en el Winnipeg. Lola Patau habla de todo ello mientras conserva todavía la lista con los nombres de quienes lograron subir al barco.

La pequeña Lola no era consciente de que abandonaba para siempre el país donde había nacido. Solo sabía que sus padres seguían caminando porque no tenían otra alternativa. “No sabíamos lo que dejábamos, pero tampoco lo que íbamos a encontrar”, resume.

La llegada a Chile

“La suerte quiso que el Winnipeg ya navegara en aguas de jurisdicción chilena cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial”, remarca la nonagenaria, plenamente consciente de la importancia de aquel detalle. Si el conflicto hubiera estallado antes, el barco podría haberse visto obligado a regresar a Europa y el destino de aquellos pasajeros habría sido muy distinto.

La llegada a Valparaíso, no obstante, tampoco fue tan idílica como muchos podrían imaginar. En el puerto aparecieron carteles de “no queremos a rojos aquí” y circularon rumores que aseguraban que los refugiados llegaban con enfermedades como el tifus.

Junto a ese rechazo, sin embargo, también hubo una recepción institucional que los pasajeros nunca olvidarían. En el puerto les esperaban el presidente Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende —entonces ministro de Sanidad— y, el de Exteriores, Abraham Ortega, a quien Lola sigue considerando uno de los grandes impulsores políticos de la llegada del Winnipeg a Chile y con cuya nieta, que vive en la provincia de Barcelona, mantiene a día de hoy una bonita amistad.

Superadas las barreras y los abrazos, Lola y sus padres se instalaron en Santiago de Chile. El padre encontró trabajo junto a otro empresario dedicado al mundo del vino y, poco a poco, comenzaron a reconstruir una vida que la guerra había interrumpido.

La niña del Winnipeg que hizo historia en el periodismo chileno

Chile dejó pronto de ser un país de acogida para convertirse en un hogar. Allí Lola Patau fue al colegio, hizo amistades y construyó una vida que ya no estaba “marcada únicamente por el recuerdo del exilio”, asegura. La niña que había cruzado el Atlántico con apenas cinco años creció en Santiago, aprendió a mirar el país que la acogía como propio y terminó escribiendo una pequeña página de la historia del periodismo chileno.

Su padre imaginaba para ella una carrera como farmacéutica, pero tras comenzar esos estudios, Lola se dio cuenta de que aquel no era su camino. Apenas un año después, se matriculó para estudiar periodismo y encontró el oficio que mejor encajaba con su forma de mirar el mundo.

Lola formó parte de la primera promoción en la que el Periodismo se impartía como estudios reglados en Chile. Aquella generación abrió el camino de una profesión que hasta entonces se aprendía principalmente dentro de las redacciones, cuenta. Al terminar la carrera, se convirtió en la primera mujer periodista titulada del país. Lo relata sin solemnidad, pero con el sentimiento de orgullo y satisfacción que caracteriza a quien ha formado parte de un gran logro.

Su talento no tardó en hacerse evidente. Durante el segundo curso, obtuvo un premio de periodismo que consistía en viajar a Cuba junto a los directores de los principales medios de comunicación de Santiago de Chile. Tenía poco más de veinte años y aquel viaje coincidió con uno de los momentos más convulsos de la historia reciente de la isla: la dictadura de Fulgencio Batista afrontaba sus últimos meses.

“Recuerdo una sociedad profundamente desigual y un ambiente de vigilancia permanente que impregnaba incluso las escenas más cotidianas”, destaca, a la vez que explica que en el ascensor del Hotel Intercontinental de La Habana nadie se atrevía a mantener una conversación. Nunca se sabía quién podía estar escuchando.

También recuerda cómo la policía anotaba las matrículas de los vehículos y cómo el miedo condicionaba la vida diaria. “Viví cómo todo el mundo esperaba a Fidel con impaciencia porque la dictadura de Batista era horrorosa”, afirma. Casi sin proponérselo, terminó siendo testigo directo de uno de los episodios políticos más importantes del siglo XX latinoamericano.

Una democracia que hoy parece imposible

Cuando habla del Chile donde comenzó a ejercer el periodismo, Lola utiliza una palabra que repite varias veces a lo largo de la conversación: “maravillosa”. Así define la democracia que conoció durante aquellos años.

Hay una escena que resume el país que recuerda: había ido al cine con unas amigas. Al salir comenzó a llover con fuerza y, mientras esperaba un taxi, un coche se detuvo a su lado. Al volante iba el entonces presidente de Chile, Gabriel González Videla. No llevaba escolta. Conducía él mismo y viajaba acompañado por su esposa, que años antes había dirigido el instituto donde Lola había estudiado. El presidente le ofreció acercarla a casa y ella aceptó con absoluta naturalidad. La sorpresa llegó al abrir la puerta de su vivienda.

Su padre no entendía cómo había conseguido regresar completamente seca en medio de aquel diluvio. “Cuando le expliqué a mi padre que el presidente de la República me había llevado en coche, reaccionó con incredulidad con un ”calla, calla“; no se lo podía creer”, añade durante la entrevista.

Lola Patau trabajó en cabeceras como El Mercurio y La Nación, dos de los periódicos más importantes de Chile, y más tarde obtuvo una beca que la llevó de nuevo a España como representante de El Mercurio. Aquella estancia le permitió ejercer también como corresponsal de El Debate chileno y reencontrarse, por primera vez desde el exilio, con el país donde había nacido.

La primera vuelta a España no respondió a un deseo de regresar definitivamente. En 1955 la familia decidió viajar a Barcelona porque la abuela de Lola estaba gravemente enferma. “Muchas personas nos recomendaron que no lo hiciéramos debido a la situación política, pero finalmente embarcamos con destino a una ciudad que yo apenas recordaba”, rememora. “Antes incluso de desembarcar comprendieron que aquel no sería un viaje cualquiera”.

Solo habían recibido autorización para entrar en España, no para salir después. La policía subió al barco para inspeccionar a los pasajeros y el capitán advirtió al padre de Lola de que, si creía que podía tener algún problema, era mejor que permaneciera a bordo. Él decidió bajar. Nunca había participado en la guerra ni tenía delitos de sangre y estaba convencido de que no había cometido ningún acto por el que debiera esconderse.

Al día siguiente, toda la familia fue citada en la comisaría de Vía Laietana de Barcelona. No existía ninguna causa contra él, pero el miedo ya no los abandonó durante el resto de la estancia. Permanecieron tres meses y medio en España con la sensación de estar siendo observados y regresaron a Chile convencidos de que todavía no había llegado el momento de volver definitivamente.

“El contraste entre ambos países resultó evidente desde el primer día”, afirma. En Catalunya, Lola conducía un coche, vestía pantalones vaqueros y llevaba bikini con absoluta normalidad, costumbres que despertaban sorpresa e incluso rechazo en la España franquista. Recuerda cómo algunos taxistas con un “mujer tenía que ser” llegaron a increparla al verla conducir, mientras sus primas esperaban con ilusión la visita de “la prima de América”, fascinadas por aquella joven que traía consigo una manera mucho más moderna y abierta de entender la vida.

“Ya hemos quemado todas las naves”

El vínculo con Catalunya de la familia Patau nunca desapareció. En 1963 tomaron la decisión de regresar definitivamente a España, determinación motivada por el delicado estado de salud del padre de Lola y que contaba en España con facultativos de su confianza. Él mismo la resumió con una frase que nunca olvidaría, evocando a Hernán Cortés: “Ya hemos quemado todas las naves”. No habría marcha atrás.

La decisión implicaba renunciar a una vida cómoda. Dejaban una bodega de vinos, un latifundio al sur de Santiago, un piso en la capital, otro en Viña del Mar, chófer y servicio doméstico. “Estábamos muy bien”, recuerda Lola antes de guardar unos segundos de silencio. “Qué cambio, eh; qué cambio”, añade.

De vuelta a España, retomó durante un tiempo el periodismo, pero la vida volvió a cambiar de rumbo. Conoció a Jaume Gallach Prat, con quien se acabaría casando y formaría una familia con tres hijos. Poco después, la enfermedad de su marido obligó a reorganizar por completo la vida familiar. Lola dejó el periodismo para cuidar posteriormente de sus tres hijos (Marta, Josep y Mònica) y de él hasta su fallecimiento, a la edad de 86 años.

La familia acabó instalándose en Vilassar de Mar. Entre ese municipio y el centro de Barcelona es donde hoy recibe, con un Pisco Sour de bienvenida, a quienes quieren escuchar su historia. La casa del Maresme reúne recuerdos de Chile y de Catalunya, como si ambas orillas del Atlántico hubieran aprendido a convivir bajo un mismo techo. Cuando habla de su vida nunca siente la necesidad de elegir entre un país y otro. Ambos forman parte de su identidad. “He vivido dos vidas, tengo dos corazones”, resume.

Cuando el Winnipeg volvió a llamar a su puerta

Durante décadas, el Winnipeg quedó como un recuerdo íntimo. Hasta que en 2020 volvió a aparecer de la forma más inesperada. Un cartel anunciando una obra de teatro sobre el barco llamó su atención en Barcelona. Un familiar comentó a los responsables de la representación que una de las pasajeras, Lola, estaba allí, entre el público. Nadie daba crédito. Aquella tarde comenzó una relación que la llevó a participar en homenajes, encuentros y proyectos dedicados a preservar la memoria del exilio republicano.

El pasado 10 de julio se estrenó la película de animación Winnipeg, el barco de la esperanza, en varias salas de Barcelona, Figueres, Girona, Lleida y otros municipios o ciudades catalanes. Su testimonio formará también parte del proyecto Memòries Sintètiques de la Universitat de Barcelona, una iniciativa que utiliza inteligencia artificial para conservar las voces de quienes todavía pueden contar en primera persona algunos de los grandes episodios del siglo XX.

La periodista que dedicó su vida a narrar la historia de los demás será ahora quien ayude a preservar la suya para las generaciones futuras.

Una nueva grieta de “carácter estructural” en uno de los edificios afectados por el socavón de la L9 en el Putxet alargará hasta septiembre el regreso a casa de los cuatro bloques que todavía no tenían fecha concreta de vuelta, y donde viven un 40% de los vecinos. Así lo han confirmado este viernes en declaraciones a los medios el Govern y los Bomberos de Barcelona.

En concreto, la grieta se localizó en el sótano del bloque de la calle Rubinstein número 2, donde a partir de ahora los vecinos tampoco tendrán permitida la entrada ni acompañados por los Bomberos. Ahora, se realizarán los trabajos de inyección y estabilización para asegurar la zona. El Director General de Infraestructuras de Movilidad, Ramón Ramírez, ha explicado que la grieta supone un “cambio de tendencia”.

Pese a este revés, han informado que los vecinos de Rubinstein 6 ya han ido regresando a casa esta semana, y que se mantiene la previsión de que lo hagan la próxima semana los de Sant Gervasi de Cassoles, 54.

En una atención a mediados la semana pasada, el Departamento de Territori de la Generalitat, responsable último de las obras, informó de que la previsión era que el 60% de los vecinos pudieran regresar a su casa en dos semanas, y eso dice que podrá mantenerse. En cambio, se ralentiza el regreso de los vecinos del resto de fincas por esta nueva grieta, una situación que podría no estar resuelta al menos hasta septiembre.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado este viernes “responsabilidad” para negociar la nueva financiación autonómica. Lo ha hecho tras elogiar el cambio de parecer de Canarias y en referencia a las comunidades del PP, que deberán votar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Pero también se ha dirigido a Junts, cuyo voto en el Congreso está en duda. “A las formaciones catalanas les pido que piensen en Catalunya”, ha dicho.

Tras el aplazamiento de la reunión del CPFF, que finalmente se celebrará el próximo 4 de septiembre, Illa ha asegurado que el mes que queda es “una oportunidad” para negociar. “Espero que la aprovechen”, ha añadido, tras asegurar que el Gobierno canario, que mostró su apoyo a la propuesta de la nueva financiación, ha demostrado que “cuando se negocia con lealtad y serenidad ganamos todos”.

“Pido al resto de comunidades la misma responsabilidad que ha tenido Canarias”, ha asegurado Illa, que ha recordado que la nueva financiación supone que el Estado pone a disposición de las autonomías 21.000 millones de euros más. “¿Van a renunciar en Andalucía, València o Murcia a los cuantiosos recursos que se les ofrecen? En septiembre se acaban las excusas”, ha indicado.

Illa ha lanzado este mensaje en una rueda de prensa que ha celebrado en el Palau de la Generalitat como cierre del curso político y antes de comenzar un periodo de descanso.

El president ha hecho un balance muy optimista del primer semestre de 2026 y ha destacado que “Catalunya pasa por un buen momento”, pese a que ha sido uno de los semestres más aciagos para Rodalies o para el sector de la Educación, donde al conflicto laboral se le ha sumado la exclusión de Catalunya de las pruebas PISA.

“Tenemos dificultades en estos dos ámbitos”, ha reconocido Illa, que sin embargo ha asegurado que tanto la movilidad como la educación mejorarán en los próximos dos años. “Me sería fácil a mí hacer comparativas con otros, pero no lo hago; pido a mi Govern que lo resolvamos”, ha dicho, para a continuación prometer que “no pasará demasiado tiempo antes de que Catalunya tenga una movilidad y una educación excelentes”.

El Gobierno ha limitado a los jueces la mayoría de los detalles requeridos sobre el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los independentistas. Así se desprende de los acuerdos de desclasificación aprobados por el Consejo de Ministros a petición de los distintos instructores de Barcelona, y que solo han proporcionado información parcial sobre la infiltración con el programa Pegasus.

El espionaje a los independentistas, ocurrido tanto bajo Ejecutivos del PP como del PSOE, provocó un escándalo político en 2022 y el cese de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, hoy investigada en media docena de causas. Cuatro años después, ninguna de las denuncias de las víctimas repartidas en una decena de juzgados de Barcelona y Madrid (la Justicia rechazó agruparlas en una macrocausa) ha llegado a juicio.

El retraso se explica por tres causas. Las pocas ganas de investigar de algunos jueces, que han sido reprendidos por la Audiencia de Barcelona; el silencio de Israel (sede del grupo NSO, que comercializa Pegasus) a las peticiones de colaboración judicial; y la reticencia del Gobierno a desclasificar aspectos clave del espionaje.

La media docena de acuerdos del Consejo de Ministros que abordan la desclasificación de datos del CNI solicitada por jueces que investigan las infiltraciones con Pegasus ha seguido un mismo patrón, coinciden distintas fuentes jurídicas consultadas.

El Ejecutivo ha negado el espionaje del CNI a los denunciantes o, en el caso de que fueran uno de los 18 nombres admitidos por Esteban en el Congreso en el 2022, ha facilitado tan solo (y con muchos tachones) los autos del Supremo que autorizaron las peticiones del centro para infiltrarse en los teléfonos de los independentistas.

Uno de los primeros acuerdos del Consejo de Ministros fue el referido al espionaje del expresident Pere Aragonès. La petición del magistrado Santiago García fue muy minuciosa. El instructor quiso saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa Pegasus, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group, su coste y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa.

También solicitó al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus, así como que el CNI remitiera los registros de empleo del programa espía en el móvil de Aragonès.

Sin embargo, el Gobierno, en enero de 2024, rechazó proporcionar al magistrado toda esta información ya que, según argumentó el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”.

“Perjuicios para la Seguridad Nacional”

Más de dos años después, la respuesta del Ejecutivo a los jueces va en la misma línea. El juez que investiga el espionaje a los exparlamentarios de la CUP David Fernàndez y Carles Riera solicitó la desclasificación de “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos” para que la actual directora del centro, Esperanza Casteleiro, pudiera testificar sobre el caso.

El acuerdo de desclasificación del Consejo de Ministros, de junio de 2026, limita, de nuevo, los datos a los magistrados. Proporcionar los datos concretos del espionaje requeridos por el juez, aduce el acuerdo firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, “pondría en riesgo y podría dar lugar a graves perjuicios para la Seguridad Nacional (la de todos los españoles) y podría comprometer seriamente la Defensa Nacional”.

El Gobierno también cree que dar más información al instructor que la contenida en los autos tachados del Supremo que ha entregado “pondría en evidente peligro la eficacia, las fuentes de información, los medios y los procedimientos operativos del CNI”.

También estaría en riesgo “la integridad física de quienes son, o fueron, fuentes o agentes operativos, colaboradores o de sus familiares o allegados, al permitir el acceso de individuos, organizaciones o estados interesados en actuar contra todos esos bienes”, según el Gobierno.

Invoca incluso el Ejecutivo el “contexto de guerra en Ucrania” y el “incremento de amenazas híbridas y ciberataques” para negar a los jueces los datos requeridos. “La revelación de cualesquiera medios del CNI perjudicaría de manera irreparable y esencial a su operatividad, produciendo un riesgo para la seguridad de España, sus ciudadanos y aliados”, apostilla el acuerdo.

La “limitación” al acceso a los medios del CNI para personas ajenas al centro “se refuerza”, destaca el Ejecutivo, cuando “hubieren sido proporcionados o se utilizaren en colaboración con servicios extranjeros y terceros estados”, sin mayores concreciones.

La consecuencia: el silencio de Paz Esteban

El caso del espionaje a los independentistas ha expuesto las carencias en el control del CNI, tal y como han denunciado entidades como Amnistía Internacional. La ley del centro de 2002 obliga al servicio de Inteligencia a obtener el permiso de un único juez del Supremo para intervenir las comunicaciones, pero ahí acaba la fiscalización.

La desclasificación posterior de las actividades del CNI, que por ley tienen el grado de secreto, depende del Gobierno y se rige por la ley de secretos oficiales, en vigor desde el franquismo y que no se ha reformado en todo el periodo democrático.

Las consecuencias de la desclasificación limitada se han notado en las declaraciones como investigada de Paz Esteban en distintos juzgados. La exjefa de los espías no ha podido ir más allá del terreno delimitado por los acuerdos de desclasificación, por lo que tan solo ha admitido el espionaje avalado por el Supremo, sin entrar en más detalles debido a la reserva mantenida por el Gobierno.

El Ejecutivo se ha negado siquiera a detallar si el programa empleado para el espionaje fue Pegasus pese a las evidencias forenses. Tan solo se ha limitado a admitir “una interceptación legal de las comunicaciones autorizada por el magistrado del Tribunal Supremo” encargado de avalar las solicitudes del CNI, tal y como se indica en el acuerdo de desclasificación del caso de Fernàndez y Riera. Nada más.

El último asesinato machista fue cometido en Barcelona por parte de un hombre que presuntamente mató a su mujer en casa, frente a sus dos hijos, en el barrio de Sant Martí. Pocos días antes, la Fiscalía, conocedora de la “preocupante” convivencia familiar, había pedido la protección de los menores, pero la juez desestimó la medida.

Así lo ha dado a conocer este jueves la Fiscalía Provincial de Barcelona, que tuvo conocimiento del caso debido a la denuncia que interpuso el hombre por supuestos episodios de violencia de la madre hacia él y los hijos. Tras ser detenida ella y pasar a disposición judicial el pasado 12 de julio, la mujer, de 34 años, quedó en libertad.

La Fiscalía detalla que tras esa denuncia, constató “la necesidad de evitar que los menores continuaran expuestos a un contexto familiar que, conforme a los datos disponibles en ese momento procesal, podía resultar perjudicial para su seguridad y para su adecuado desarrollo”. Por ese motivo, pidieron una orden de protección para ambos.

En paralelo, el Ministerio Público solicitó también una alternativa habitacional para la madre, con la intención asimismo de “preservar a los niños de una situación de convivencia familiar que consideraba objetivamente preocupante”. Sin embargo, el juez desestimó la petición, a lo que la Fiscalía optó por presentar un recurso de apelación.

La evaluación del contexto familiar, precisan, la llevó a cabo la Sección Especializada en la protección de Personas Vulnerables (SEPV) de la Fiscalía. “Respondió exclusivamente al cumplimiento de su deber constitucional de proteger a los niños, niñas y adolescentes cuando aprecia indicadores que aconsejan extremar las medidas de cautela”, afirman.

El comunicado de la Fiscalía también da a entender que no pudieron entrar a valorar si había indicios de violencia machista, puesto que el procedimiento incoado a principios de julio estaba acotado a investigar la denuncia del ahora presunto asesino.

Tras presuntamente matar a su mujer a puñaladas frente a sus dos hijos, el hombre se dio a la fuga. Horas después, se entregó en una comisaría de los Mossos d’Esquadra.

Los Mossos han detenido a un hombre de 58 años como presunto autor del incendio forestal de lCarme (Anoia), originado el 6 de julio y que calcinó más de 450 hectáreas y afectó a siete municipios.

Los Agentes Rurales han determinado que el origen del fuego estaba en el arcén de la carretera BV-2131, donde también han localizado restos medio quemados de fragmentos de cartón de un paquete de latas de cerveza.

Un equipo de investigación conjunto entre Mossos y los Agentes Rurales han podido determinar la autoría del incendio y han identificado al hombre de 58 años como principal sospechoso. Además, consideran que esta persona también habría provocado dos incencios más en la misma zona, uno el 29 de junio y otro ocurrido en julio de 2024. La detención se practicó el lunes 27 de julio y la policía catalana ha informado este jueves en una nota de prensa.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado el desalojo de cientos de migrantes sintecho del antiguo instituto B9 de Badalona, que tuvo lugar en diciembre de 2025. La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo ha desestimado un recurso presentado por once de los ocupantes contra la sentencia judicial que ya amparó el desalojo en su día.

La sentencia del TSJC, que ha avanzado 'El Periódico', defiende que no hubo indefensión hacia los ocupantes en el desalojo impulsado por el Ayuntamiento que dirige Xavier Garcia Albiol, que no se vulneraron los derechos fundamentales denunciados y que hubo proporcionalidad a la hora de valorar si se autorizaba o no la entrada y desalojo del espacio. Además, dice que se tuvo en cuenta la vulnerabilidad social de los afectados.

Varios de los migrantes expulsados –llegaron a ser unos 400– habían recurrido ante el TSJC y alegaban que la jueza “normalizó la situación de sinhogarismo, discriminación y desprotección”.

El TSJC asegura en su sentencia que se notificó el acuerdo del consistorio sobre el desalojo, así como que se llevaría a cabo una ejecución forzosa solicitando la correspondiente autorización judicial si fuera necesario, a las abogadas representantes de algunos ocupantes, así como al resto a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Badalona. Por ello, asegura que los interesados “tenían conocimiento del acuerdo y pudieron formular alegaciones, así como impugnarlo por la vía judicial”.

Por otro lado, afirma que “no ha existido irregularidad procedimental” y considera que la administración “sí ha tenido en cuenta la vulnerabilidad social de los ocupantes”. En este sentido, asegura que el informe remitido por el consistorio deja patente que se activaron las actuaciones necesarias.

Por otro lado, la defensa de los ocupantes denunciaba la vulneración de diversos derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, a la tutela judicial efectiva, a la vida y a la integridad física y moral. La sentencia, sin embargo, asegura que “no se han acreditado estas vulneraciones”, ya que insiste en que “se han tenido en cuenta las circunstancias de los ocupantes del inmueble, así como el criterio de proporcionalidad a la hora de valorar si se autoriza o no la entrada en el inmueble”

. Añade que “no se ha realizado un trato diferenciado a los ocupantes por razón de su raza u origen”, sino que se aplicó “de manera proporcional” la normativa, “dando opciones a los ocupantes” en riesgo de exclusión social. Por todo ello, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC desestima el recurso planteado por once de los desalojados.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha mostrado “muy satisfecho” con la sentencia. “El tiempo nos ha dado la razón”, ha dicho en declaraciones a la agencia ACN. Además, ha afirmado que la resolución judicial demuestra que hubo quienes “jugaron con la miseria y la pobreza” de los ocupantes e hicieron un uso político de su situación. Ha defendido que el Ayuntamiento dio cobertura a quienes eran “vulnerables de verdad”, que ha asegurado que eran una cincuentena, ya que ha asegurado que el resto eran “personas, muchas de ellas conflictivas, que hicieron la vida imposible a los vecinos durante muchos años”.

El sindicato CGT ha convocado una huelga indefinida en la empresa Groundforce Barcelona, responsable de facturación y embarque de numerosas aerolíneas, a partir del 4 de agosto. El sindicato, mayoritario dentro de la plantilla, denuncia el “grave deterioro de la prevención de riesgos y las condiciones de salud laboral”.

Groundforce es la empresa encargada de atender a aerolíneas como Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre otras, tanto en la T1 como en la T2. La huelga afectará al personal de asistencia en tierra, facturación, embarque de pasajeros y coordinación de vuelos.

En un comunicado, la CGT afirma que la operativa funciona “bajo mínimos, provocando cargas de trabajo insostenibles y una alta rotación de personal que genera niveles extremos de fatiga física, estrés y riesgo de accidentes”.

El sindicato asegura que, después de “múltiples intentos de diálogo sin una respuesta satisfactoria”, han decidido convocar la huelga como “única vía para exigir un entorno de trabajo seguro y digno”.

Las aerolíneas que trabajan con Groundforce Barcelona son Air Europa, del grupo Globalia, que también es la matriz de Groundforce, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, El Al, Etihad Airways, SAS, Air Arabia, Turkish Airlines, ITA Airways, LOT Polish Airlines, Croatia Airlines, United Airlines, Finnair, Asiana Airlines, Saudia Airlines, Air China, Air Transat o Luxair.

Más de 600.000 catalanes dejarán de estar afectados en los próximos meses por la regulación de los alquileres. Algunos de ellos, de grandes ciudades como Reus, Granollers, o Lleida, capital de provincia y sexta urbe en población con unos 150.000 habitantes. La razón es que ya no cumplen con los requisitos para tener el tope a los precios, es decir, ya no tienen oficialmente un mercado tensionado. Algunos lo celebran, pero otros temen que a partir de ahora se disparen las mensualidades.

“Tendremos que estar alerta, esto no acaba aquí”, advierte por teléfono Begoña Iglesias, concejala de Agenda Urbana del Ayuntamiento de Lleida. “Tan difícil es salir de las zonas tensionadas como mantenerse fuera”, señala esta portavoz consistorial.

Igual que los otros 22 municipios que salen de la regulación –y a diferencia de los 53 que entran–, Lleida ya no cumple con ninguno de los requisitos para ser considerado un mercado residencial “tensionado”. Uno es que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar la vivienda esté por debajo del 30% (en la ciudad es del 24,8% en alquiler y del 23,1% en hipoteca). El otro es que en cinco años no aumenten los precios tres puntos por encima del IPC, y así ha sido: desde 2021 el incremento ha sido del 20%, 1,1 puntos por debajo de la inflación.

La aplicación de la Ley de Vivienda ha tenido sus efectos en la ciudad. La mencionada subida del 20% se produjo antes de la entrada en vigor de la norma, cuando los precios pasaron de 468 euros de media a 562 euros. Desde entonces, se mantienen estables, y hoy alquilar un piso en Lleida cuesta 558 euros.

Para la Generalitat, responsable de declarar las zonas de mercado tensionado, esta es la prueba de que la regulación es capaz de “enfriar” el mercado inmobiliario. Pero las entidades que defienden el derecho a la vivienda advierten de que el levantamiento de los límites disparará los precios.

“Es un retroceso, parecido a la caída de la moratoria de los desahucios”, advierte Neus Valdellou, de la PAH de Lleida. “Es evidente que si retiran el tope los precios van a subir y volveremos a estar como antes”, critica. Además, añade que la salida de la regulación, sumada a la incógnita de sí se volverá a limitar el precio en el futuro, puede provocar subidas todavía más exageradas por parte de algunos caseros.

Aunque los precios leridanos no son los de Barcelona (1.130 euros de media, sin contar los de temporada), ni los de su área metropolitana, Valdellou asegura que también en su ciudad hay numerosas familias que sufren exclusión residencial. “Siguen llevándonos casos de finalizaciones de contrato para expulsar a vecinos, incluso subidas de precio por encima de lo permitido”, advierte esta activista.

Con todo, para Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida, la situación era previsible, puesto que considera que la ciudad nunca tuvo un mercado demasiado tensionado. “En Lleida el mercado del alquiler es más limitado, no hay tanta población flotante, la gente tiende a comprar más, y todo esto ayuda a que los precios sean más estables”, resume. Añade además que los pueblos de los alrededores disponen también de pisos accesibles, lo que “oxigena” el mercado.

Lo que critica Gorges es que la Generalitat haya decidido actualizar las zonas declaradas tensionadas antes de que se cumplan los tres años de vigencia, en marzo de 2027. El Departamento de Territori alega que es porque los trámites se alargan meses, pero aun así el gerente de la Cámara lamenta que, más allá de saber si cumplen o no los criterios para acogerse al tope, tampoco se acompañen estas novedades de una evaluación exhaustiva sobre la regulación. “Nadie está respondiendo a si ha funcionado el tope”.

Desde el Ayuntamiento barren para casa y aseguran que el estancamiento de los precios del alquiler en Lleida se debe a que han aumentado la oferta de vivienda disponible. Menciona Iglesias promociones de protección oficial de alquiler como la del barrio de Magraners (121 pisos recién entregados), o las licencias concedidas a promotoras para construir 1.225 viviendas en toda la ciudad.

Ante el temor de que se disparen precios, el consistorio confía en su apuesta por ampliar el parque de vivienda. “Cuando hay más oferta, por mucho que pongan precios fuera de mercado, no conseguirán alquilarlos”, argumenta Iglesias.

Al margen de Lleida, hay municipios que salen de la regulación con unos precios mucho más elevados, o incluso todavía al alza, aunque nada de esto les impide cumplir con los requisitos para considerarse como zonas no tensionadas. Destaca el caso de Cabrera de Mar, en el Maresme, donde el alquiler cuesta de media 1.092 euros al mes. Frenados los precios recientemente, aun así en los últimos cinco años registran una subida del 23,1%, esto es, 1,8 puntos por encima del IPC (no superan los 3 puntos que lo mantendrían como zona tensionada).

Por ejemplo, hay cuatro municipios en los que se observa un incremento desde 2021 de entre 2 y 3 puntos por encima del IPC: Figueres, Banyoles, Granollers y El Papiol.