El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha reunido este sábado con el de Nueva York, Zohran Mamdami, donde han compartido experiencias mutuas en políticas de vivienda, cooperación internacional entre ciudades, resiliencia climática y ayudas públicas para el suministro de alimentos. Inspirado en la experiencia de la ciudad norteamericana, Collboni ha anunciado que Barcelona iniciará la apertura de supermercados asequibles, trasladando a Europa la experiencia neoyorquina impulsada por Mamdami.

Según aseguró el barcelonés, la implantación de estas tiendas comenzará por el barrio de la Marina y tendrá como objetivo “garantizar bienes básicos de primera necesidad de forma asequible para las familias trabajadoras y las clases medias”. El comercio estará gestionado por una ONG, dentro de un edificio municipal. El proyecto también se vinculará a un programa de formación profesional. La propuesta de los comercios con productos de precios ajustados fue una de las ideas que el alcalde demócrata lanzó durante su campaña electoral en Nueva York.

El encuentro bilateral que han protagonizado Collboni y Mamdani se ha mantenido en paralelo a la cumbre de ciudades U20, que se celebra en la ciudad estadounidense estos días. Collboni y Mamdami coincidieron en la importancia de las relaciones entre grandes ciudades en un momento de tensión internacional.

Al finalizar, el alcalde barcelonés ha dicho que ambos mandatarios están convencidos de que “en un momento en el que las democracias en muchos países están amenazadas y donde el multilateralismo es atacado y menospreciado también por muchos de estos países, es más importante que nunca que las ciudades del mundo tengan contacto, intercambio de informaciones, y activen todas las redes internacionales que esté”.

Uno de los grandes retos de las grandes ciudades es el de la vivienda. Collboni explicó a su homólogo la regulación de los precios del alquiler y la futura prohibición de los pisos turísticos. Sobre resiliencia climática, Mamdami se ha interesado por el plan de climatización de escuelas de Barcelona, pagado con la tasa turística.

Cumbre de grandes ciudades

Collboni tiene previsto participar participará en toda una serie de reuniones y sesiones públicas y de trabajo, junto con la comisionada de Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Barcelona, Mar Jiménez, con el objetivo de afianzar el liderazgo de Barcelona en el ámbito internacional en la lucha por garantizar el derecho de acceso a la vivienda.

La cumbre de ciudades U20 se celebra en Nueva York del 19 al 21 de septiembre. En la edición de este año las tres prioridades clave, sujetas a debate y acuerdo por parte de todas las ciudades participantes del U20 serán la vivienda asequible y el sinhogarismo; la acción climática, la sostenibilidad y la resiliencia; y la protección de las comunidades inmigrantes y la movilidad humana. De esta cumbre surgirá un documento de conclusiones y propuestas, el llamado 'Communiqué', a fin de que las ciudades les entreguen a sus jefes de gobierno y de Estado y que lo tengan en consideración para la próxima reunión de la plataforma G20 que se celebrará en diciembre en Miami.

Este domingo, el alcalde participará en la sesión 'Vivienda, asequibilidad y el derecho a quedarse', que encabeza junto con la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y donde ambos harán valer políticas de vivienda que están impulsando en sus ciudades. También participarán representantes municipales de Nueva York, Roma, San Diego, Rotterdam y Los Angeles. En este panel el alcalde compartirá las principales políticas de vivienda que se están llevando a cabo en la ciudad de Barcelona, sus efectos y defenderá el derecho a quedarse de los vecinos en las ciudades.

Un encuentro de ciudades para influir en las decisiones de los Estados del G20

Fundada en 2018, Urban20 (U20) es una plataforma de diplomacia urbana que reúne anualmente las principales ciudades de los países miembros del G20, con el objetivo de compartir y crear recomendaciones políticas para los líderes del G20 sobre aspectos como la economía, el clima y el urbanismo sostenible. La iniciativa U20 está convocada de forma permanente por C40 Cities -una red global de alcaldes- y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), bajo el liderazgo de una o dos ciudades de acogida, que cambian cada año. Este año, son las ciudades de Nueva York y Los Angeles. Nueva York acoge ahora la cumbre de alcaldes, mientras Los Angeles acogió la reunión de equipos técnicos (sherpa meeting) el 11 y 12 de mayo.

En esta edición de la cumbre del U20, participarán alcaldes y representantes de 38 ciudades. Aparte de Barcelona, participan: Amsterdam, Atlanta, Boston, Bristol, Buenos Aires, Chicago, Copenhague, Denver, Freetown, Manchester, Helsinki, Estambul, Esmirna, Yakarta, Johannesburgo, Kitchener, Konya, Londres, Los Ángeles, Ciudad de México, Miami, Milán, Montreal, Nueva York, París, Chile, Sao Paulo, Seattle, La Haya, Tokio, Turín, Toronto y Tshwane.

Laure Vega ha sido ratificada como candidata de la CUP por Barcelona a las elecciones municipales de mayo de 2027. La CUP ha avalado este sábado su designación como cabeza de lista de la formación, una vez culminado el proceso interno de la candidatura, impulsada por la CUP, Comunistas y personas a título individual. La diputada ha aceptado el nombramiento como un “honor”, y ha esbozado las líneas de su candidatura.

“Si nos presentamos es porque nos están robando Barcelona; las promesas más básicas se han roto”, ha manifestado Vega en referencia al coste de la vida, el problema del acceso a la vivienda o el uso del catalán en la ciudad. La diputada de la CUP en el Parlament ha confirmado que si se convierte en concejala dejará su escaño, pero no antes.

Vega encabezará la candidatura unitaria impulsada por la CUP, Comunistas y activistas de Barcelona. La candidatura se define como un espacio “amplio, independentista y anticapitalista”. Los anticapitalistas quieren revertir la situación de los últimos años en la capital catalana. En las dos últimas elecciones municipales, las de 2023 y 2019, la candidatura no ha obtenido representación en el Ayuntamiento de Barcelona. En 2019 la formación independentista perdió a los 3 concejales que había conseguido en 2015.

Laure Vega será la cabeza de lista, y el resto de nombres todavía no se han anunciado. La candidatura prepara un acto público para el 17 de octubre, en Barcelona, para presentar el proyecto político de cara a las elecciones municipales.

Este sábado, la candidata ha agradecido su nombramiento, y ha dicho que cuenta no sólo con el apoyo de las organizaciones sino también de “muchísimas personas” del tejido vecinal y de los movimientos social, “la gente que está haciendo que esta sociedad sea un poco habitable”. “Y eso quiere decir que es un honor representar esta candidatura”, ha remachado.

“Nos están robando Barcelona”

El día de su nombramiento, Laure Vega ha argumentado que la CUP se presenta a las elecciones municipales en la capital catalana con una proclama: “Nos están robando Barcelona”. Para sostenerlo ha enumerado algunas situaciones que la formación quiere revertir. “Las promesas más básicas están rotas: Tú puedes trabajar 40 o 48 horas y eso no asegura que puedas quedarte de tu casa, que puedas quedarte en tu casa, del calor en un verano que ha sido infierno”, ha dicho. En segundo lugar, ha seguido, “sufrimos una humillación constante: es imposible vivir en tu lengua en esta ciudad, esto no tiene ningún sentido, no podemos seguir manteniendo un modelo depredador del turismo”.

Preguntada por si mantendrá su escaño en el Parlament en caso de ser elegida como concejala en Barcelona, ha aseverado que la CUP “tiene muy claro” que no se pueden acumular cargos, pero en todo caso ha aplazado su adiós a la cámara catalana hasta el día de las elecciones, en caso de que salga elegida. “Ahora mismo estamos en una carrera, la de las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona y, por tanto, yo mantendré mi escaño de diputada hasta que entremos en el Ayuntamiento de Barcelona”, ha expuesto.

Cada vez vemos con más frecuencia carteles sospechosamente similares. Mismo estilo, composiciones parecidas, textos simétricos, colores saturados y un exceso de elementos decorativos. Y, si nos fijamos bien, podemos encontrar personajes con seis dedos, bailarinas sin brazos y otras incoherencias. Son imágenes generadas únicamente con Inteligencia Artificial, realizadas en cuestión de segundos; lo mismo sirven para anunciar el cierre por obras de una cafetería, la próxima apertura de una escuela de idiomas o un viaje en autocar a Peñíscola.

Este verano se desató la polémica porque la moda de los carteles exprés, sin inteligencia humana, llegaron a fiestas mayores de pueblo e, incluso, a concursos públicos para escoger el cartel de alguna feria. Los dibujantes y diseñadores gráficos consultados por elDiario.es, tres profesionales especializados en cartelería musical afincados en Catalunya, lamentan que empresas y administraciones usen o permitan esta tecnología con el único objetivo de abaratar costes.

“Es muy triste que los ayuntamientos, con los presupuestos que manejan, prefieran tirar por lo fácil con la IA para no pagar 500, 600, 1.000 o 5.000 euros, a un verdadero profesional por el diseño de un cartel o un póster original”, protesta Xavi Forné, un diseñador gráfico con más de 25 años de experiencia. “Seguro que hay ilustradores y diseñadores sufriendo con su irrupción, como puede sufrir un traductor o un programador informático. En mi caso, tengo la suerte de que las bandas y los festivales que me contactan buscan mi estilo, mi personalidad, y eso todavía no puede ofrecerlo la IA”, añade.

Forné tiene a su favor su trayectoria, una carrera que arranca en la escena más underground con un cartel alternativo para el Chola Crew Festival en 1999. “Era un póster muy cutre con un montón de bandas de rock, punk y hardcore”, advierte con una sonrisa. “Hecho con Word, porque entonces no tenía ni idea de que existían otros programas”. A partir de aquí, no dejó de diseñar carteles y merchandising para bandas amigas y se matriculó en un grado superior de Gráfica publicitaria donde aprendió la teoría del diseño y el funcionamiento de programas como Photoshop e Illustrator.

Su punto de inflexión profesional fue doble: el encargo de la gráfica para el Primavera Sound de 2013 y dos pósteres para la banda estadounidense The Black Keys el mismo año: “Aquí me di cuenta de que podía vivir de esto y dejé otros curros para convertirlo en mi trabajo principal”.

Para Forné, una diferencia clave entre la IA y otras tecnologías aplicadas al diseño es el grado de implicación humana. “Canva, por ejemplo, te hace trabajar de alguna manera, porque tienes que pensar primero una idea, escoger cómo organizar los elementos… Y, al final, sientes que lo has hecho tú. La Inteligencia Artificial es un robot que trabaja para ti y eso me parece incluso perjudicial. No podemos acostumbrarnos a dar órdenes para que nos hagan las cosas”, subraya.

El diseñador gráfico Pol Abran, cofundador de Branca Studio, va más allá y denuncia que toda herramienta de IA generativa ha estado entrenada con “trabajos robados”; es decir: sin la autorización expresa de los creadores. “Estoy a favor de la tecnología, porque yo uso programas de edición, pero no utilizo la Inteligencia Artificial en mi arte por motivos éticos”, puntualiza Abran. Solo la usaría, sostiene, si entrara a trabajar en un estudio por cuenta ajena y le obligaran a usar esa tecnología por razones de productividad. “Eso es lo que le pasa a muchos diseñadores asalariados, que no se pueden negar”, asegura.

Branca Studio abrió sus puertas en 2015 con la idea de dar servicio a todo tipo de clientes. “Nunca pensé que me podría ganar la vida especializándome en música, pero tuve la suerte de posicionarme bien cuando redes sociales como Instagram todavía mostraban publicaciones de manera cronológica, sin tanto algoritmo”, rememora el cofundador de una agencia con merchandising propio y más de 84.000 seguidores en Instagram.

Respecto a los polémicos carteles hechos mediante IA pagados por ayuntamientos, Abran es pesimista y no espera ninguna regulación. “Nuestros representantes políticos parecen estar muy a favor de la IA y no paran de impulsar políticas para implementar esta tecnología en todas partes. En la educación, en la medicina… Y nos puede salir muy caro. Al final, los ricos tendrán un médico y a nosotros nos hará el cribado un robot”, pronostica.

Imitaciones sin personalidad

Para el creador e ilustrador Joel Abad, la inteligencia artificial generativa nunca podrá competir con un humano si se trata de realizar trabajos profesionales. “Puede hacer un trabajo del cole, puede hacer una canción para una fiesta de cumpleaños y puede hacer un cartel para salir del paso. He visto pocas cosas con IA que realmente me hayan hecho pensar que una persona no podría hacerlo mejor”, explica a elDiario.es este artista del lápiz que empezó haciendo carteles y portadas de discos para formaciones locales y ahora recibe encargos de bandas de primera división internacional del género como Against Me!, Rancid o NOFX.

Abad estuvo este verano en el legendario festival itinerante Warped Tour, concretamente en la jornada en Long Beach, California. El póster era suyo y estuvo en una de las casetas firmando carteles. “Fue un sueño cumplido. Son muchos años de trabajo, de esfuerzo para estar al nivel de los referentes a los que admiras cuando empiezas, de echarle muchas horas para mejorar”, explica un ilustrador que todavía siente las mariposas en el estómago cuando recibe en su bandeja un correo electrónico de alguna banda rock que le gusta.

Y si le llegan muchas propuestas es justamente porque buscan sus ideas y su trazo humano, algo que, de momento, no puede ofrecer la IA. “Con el tiempo es posible que la máquina pueda imitar mi estilo, el tipo de línea, cómo uso el color, mis composiciones, pero estoy convencido de que le faltará personalidad y, sobre todo, alma”, remacha.

Aun así, hay muchos ilustradores que se han llegado a sentir frustrados y bloqueados ante la irrupción de la IA. Eso le ha pasado a Xavi Forné. Pero no se ha dejado vencer por el contexto y ha decidido explotar aquello que hace únicos a los humanos. “He vuelto a los rotuladores [digitales, usando una tableta gráfica] para ofrecer un producto todavía más artesanal”, apunta este artista. “Si dibujo a mano necesito mucho más tiempo y aplicar los cambios que pueda pedir el cliente puede ser más complicado, pero me encanta, me siento distinto”.

Después de ver tantos carteles casi clónicos por todas partes, el trazo humano podría volver a imponerse y a destacar frente a una masa de diseños genéricos y repetitivos. “Cuatro líneas dibujadas con corazón pueden tener mucha más gracia que un dibujo superbién acabado hecho con IA”, opina Abad, quien trabaja siempre a partir de ideas y bocetos, buscando siempre la mejor manera de transmitir un mensaje.

Por su parte, Abran también se muestra preocupado por la homogeneización visual que se produce fuera de las pantallas, en las calles de las ciudades. Pasa, explica, por la sustitución paulatina de comercios de toda la vida por franquicias y grandes cadenas. De esta manera, desaparecen rótulos con encanto, la mayoría realizados a medida y de manera artesanal, y aparecen otros mucho más modernos y con un estilo parecido.

Para preservar unos objetos que forman parte importante del paisaje urbano y emocional, Abran y una veintena de colegas del diseño crearon el colectivo sin ánimo de lucro Patrimoni Gràfic Sabadell (PGS) hace justo un año, y por ahora ya han conseguido rescatar una veintena de rótulos, cada uno con su estilo, su tipografía y una historia única. Siempre, subraya, con la debida autorización de sus propietarios.

Hace ya diez años que Clara Sanchis lleva a los escenarios Una habitación propia, de Virginia Woolf, y hasta ahora nunca había tenido problemas para anunciar el espectáculo. Pero este septiembre, al intentar promocionarlo con motivo de sus funciones en el Teatre Raval de Barcelona, se encontró con un obstáculo inesperado: Instagram y Facebook se lo han tumbado.

En un comunicado, el Teatre Raval y Sanchis se muestran indignados no solo por el rechazo, sino sobre todo por los motivos esgrimidos por Meta, la empresa a la que pertenecen ambas redes sociales. En sus explicaciones, alega que no pueden publicar anuncios sobre “temas sociales, elecciones o política” en la Unión Europea, puesto que aseguran que infringe sus normas de publicidad. 

En sus respuestas, desde Meta van más allá y alegan que Virginia Woolf, una de las figuras más destacadas de la historia de la literatura del siglo XX, va asociada a aspectos que su política de anuncios tiene vetados. “La mención de derechos civiles, feminismo o reformas sociales (temas centrales en la obra de Woolf) suele ser clasificada como 'tema social' por nuestros sistemas automáticos”. Y estos “temas sociales” son los que activan su rechazo. Una habitación propia es uno de los ensayos más conocidos de Woolf y una obra fundamental para el pensamiento y el activismo feminista.

“Estamos consternados ante la imposibilidad de poder publicitar el espectáculo en este medio, es decir, hacer conocedor al máximo de personas posibles que este espectáculo existe y se está haciendo”, lamentan la actriz y la productora de la obra. 

Señalan además la paradoja de haberse encontrado con esta censura justo un día después de celebrar un coloquio posterior a la obra con la periodista Cristina Fallarás y la actriz Vicky Peña que versó sobre la necesidad de defender el feminismo “ante las actitudes fascistas y patriarcales”. Debatieron precisamente sobre “la imposición machista de las altas esferas y las grandes corporaciones”, para luego encontrarse este viernes con el rechazo a Woolf por parte de uno de los gigantes de las redes sociales. 

Desde Teatre Raval insisten en que se trata de una “injusticia” . Pero no son los primeros en denunciar esta política publicitaria de Meta. Hace casi un año, las ONG denunciaron que la empresa de Mark Zuckerberg apelaba a una nueva ley europea para retorcerla y acabar censurando sus anuncios sobre “causas sociales”. 

Los Bomberos de la Generalitat, unos 800 según la Guardia Urbana, se han manifestado este viernes en Barcelona para exigir unas condiciones laborales dignas y los recursos necesarios para tener un cuerpo preparado ante los nuevos retos en emergencias. Los bomberos se han concentrado en la plaza Sant Jaume y han ido en manifestación hasta el Departamento de Interior.

Los manifestantes, con bocinas y pirotecnia, han reclamado recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, así como mejorar los equipos de trabajo y, en concreto, la gestión de los contaminantes. Desde la CGT, Joan Vidal ha afirmado que reclaman un incremento de salario, pero que la protesta no va solo de eso, sino que quieren “más formación, una estructura de apoyo real, gestión de los contaminantes o una feminización real del cuerpo”.

Sobre la gestión de los contaminantes, Vidal ha explicado a los medios que la situación es “bastante grave”. “La última aportación de la administración fue traernos jabón de manos y unos cepillos”, ha asegurado. Ha añadido que los bomberos están expuestos a los tóxicos, por ejemplo al humo en incendios, y ha lamentado que acaben limpiando ellos el material, cuando ha considerado que debería ser una empresa especializada quien lo hiciera o gente “con la formación adecuada”.

Ha augurado también que vendrán “tiempos difíciles” en lo que respecta a las emergencias, y por eso ha reivindicado la estructura y los recursos necesarios para poder afrontar esta situación.

Desde Bomberos Voluntarios Precarios en Lucha, Daniel Sitjà, ha reivindicado que todos son trabajadores, también la figura del bombero voluntario, y por eso ha dicho que deben tener garantizada también la prevención de riesgos laborales. “La prevención de riesgos laborales no la podemos tener si no tenemos derechos laborales”, ha manifestado.

Por otra parte, el responsable de UGT Bomberos de la Generalitat y sargento del cuerpo Antonio del Río ha exigido al Govern que cumpla los acuerdos alcanzados hasta 2026 y ha dicho que el cuerpo está afrontando emergencias con estructuras “obsoletas y debilitadas por años de desinversión”.

Del Río ha planteado también la necesidad de crear “un nuevo cuerpo de país” que aglutine a los Bomberos de Barcelona, los de la Generalitat, Protección Civil y las emergencias médicas. “Parece utópico, pero es lo que necesita un país como Catalunya”, ha declarado. Asimismo, ha considerado que “no es aceptable” que la respuesta a una emergencia “sea diferente” según si te atienden los bomberos de Barcelona o los de la Generalitat. Ha añadido que esta diferencia también se ve en las condiciones laborales de los profesionales de un cuerpo y del otro.

Además, ha planteado que los “esfuerzos” que está haciendo la Generalitat al aportar más recursos, material e infraestructuras, “muchas veces chocan con la improvisación y la falta de planificación”.

Protesta y reunión en Interior

La manifestación ha acabado en el Departamento de Interior, donde se estaba produciendo una reunión entre los sindicatos y miembros de la consejería. Los bomberos se han encontrado el acceso principal protegido con una doble valla y presencia de los Mossos d'Esquadra. Los manifestantes han hecho mucho ruido, con bocinas y pirotecnia, y también han lanzado botes de humo. Además, han encendido unos palés de madera en los que había una pancarta con los nombres de algunos compañeros muertos en los últimos años mientras trabajaban.

Uno de los delegados sindicales participantes en la reunión ha salido y ha valorado que el encuentro había empezado “muy mal”, pero que había mejorado después. Según ha relatado, les han hecho una primera propuesta para alcanzar el sueldo mínimo que tienen los Bomberos de Barcelona –que es superior– , “pero ampliando la jornada”, algo que ha asegurado que no aceptarán. Por otra parte, ha dicho que les han hecho una propuesta de gestión de los contaminantes “imprecisa” y que se había hablado del tema de los bomberos voluntarios “por encima”. Con todo, se ha mostrado optimista sobre las conversaciones.

Joan Busquets, el maqui apodado como El Senzill, que pasó 20 años encarcelado durante el franquismo, se ha querellado contra sus torturadores. A sus 98 años, este ex guerrillero ha viajado en coche a Barcelona desde su residencia en Normandía, Francia, para anunciar con esta denuncia que continúa su lucha en defensa de la memoria histórica. 

“Hay que actuar, y seguir al pie del cañón contra las injusticias”, expresaba Busquets, uno de los últimos maquis que quedan con vida, en una charla por teléfono con elDiario.es este miércoles. En su denuncia, acusa a siete de los funcionarios del Penal San Miguel de los Reyes, en Valencia, de delitos de lesa humanidad y lesiones empleando tortura. 

Además de su querella, Busquets, que protagoniza el documental Joan Busquets, l’últim maqui, ya inició en 2024 una reclamación económica contra el Estado por los daños sufridos durante su encarcelamiento. Su solicitud, de un millón de euros, fue rechazada, puesto que la Ley de Memoria Democrática de 2022 no prevé indemnizaciones. Pero ahora han reabierto el procedimiento con nueva documentación. 

Tanto en la reclamación como en la querella, presentada el pasado julio en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia número 20, Busquets va de la mano de la CGT. Uno de los responsables del sindicato en la comarca del Berguedà, Pep Cara, es quien suele subir en coche hasta Normandía para conducirle a Barcelona. 

Torturas y negligencia médica

Nacido en Barcelona en 1928, Busquets llegó a la edad adulta como militante de la CNT en la posguerra más dura. Tras exiliarse un tiempo a Francia, regresó a España como guerrillero del grupo de Marcelí Massana. A los 20 años, cayó detenido tras un golpe con explosivos para derribar una cincuentena de torres alta tensión en Terrassa. 

Lo condenaron a muerte, aunque le conmutaron la pena a 30 años de cárcel, que luego serían 20. De ellos, 15 los pasó en San Miguel de los Reyes, donde sufrió enfermedades y malos tratos. En concreto, tras un intento de fuga en el que se rompió el fémur, le dejaron tirado en una celda de castigo donde estuvo a punto de morir. “La pierna me supuró durante 50 años por culpa de ello”, recuerda Busquets, al que dieron la invalidez una vez ya en Francia precisamente debido a esa dolencia. 

En la querella responsabiliza de esa negligencia a varios trabajadores del Penal valenciano. De entrada, a sus dos directores, Fernando Arnao García y Agustín Gómez Escolástica, pero también a funcionarios de los que recuerda el nombre completo o solamente el apodo: Armando Zapata, Carmelo, Carlos Caballé (el médico de la prisión), Señor Ramos (el oficial que le denegó asistencia médica), Elisardo El Sonriente, Señor Pereira, o Tejerío El sheriff. 

“La represión y la violencia fueron pilares fundamentales de la estrategia de los golpistas, tanto para asegurar el triunfo del propio golpe como para el sustento del régimen que se impuso como consecuencia de aquél”, sostiene la querella. El texto argumenta que el Derecho Internacional Humanitario, que se aplica en España, considera imprescriptibles y no amnistiables los crímenes de lesa humanidad y de tortura. 

Pero el camino judicial que le espera a Busquets no parece dar pie al optimismo. Hasta ahora, las decenas de denuncias presentadas para investigar crímenes del franquismo han sido arhivadas en los juzgados. El Tribunal Constitucional lo avaló al considerar que la prescripción, la ley de Amnistía del 1977 o la inexistencia del delito de lesa humanidad durante el franquismo impiden abrir causas penales. 

De esta forma fueron tumbados casos como las torturas en Via Laietana de Barcelona, las que sufrió Julio Pacheco (que señalaba, entre otros, al comisario Villarejo), o los presos republicanos que hicieron trabajos forzados en Navarra. Nada de esto echa para atrás a Busquets, El Senzill: “Mientras no nos reconozcan, a los maquis, yo seguiré luchando”.

El cierre de comercios históricos, algunos de ellos centenarios, suele convertirse en noticia por el arraigo que mantienen entre sus clientes y vecinos. La falta de relevo generacional, el descenso de las ventas o el aumento de los alquileres son algunas de las razones que explican estas clausuras, cada vez más frecuentes entre negocios tradicionales.

Para frenar esta sangría, y proteger a los comercios emblemáticos, la Generalitat de Catalunya acaba de anunciar una reforma legislativa que incluye la compra preferente de estas tiendas cuando estén a la venta. Así lo ha anunciado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, dentro de un Plan de Protección de Ejes Comerciales Estratégicos. 

El descenso de estas tiendas históricas, a menudo especializadas, es una realidad: en Barcelona, por ejemplo, se han perdido una de cada cuatro mercerías, droguerías y pescaderías en una década. 

Para paliarlo, el plan anunciado por el Govern prevé adaptar la normativa catalana para que tanto la Generalitat como los ayuntamientos puedan ejercer el llamado derecho de tanteo y retracto, que es la preferencia para adquirir inmuebles frente a otros compradores privados. Su intención es circunscribir este derecho a comercios que los municipios consideren “estratégicos”, ya sea por su valor histórico o patrimonial o por estar ubicados en ejes considerados “esenciales” para la vida vecinal. 

“El comercio ha dejado de ser una política económica para convertirse en una política urbana estratégica”, ha declarado Sámper. “Debemos disponer de herramientas para preservar establecimientos y ejes comerciales que contribuyen de forma decisiva a la vitalidad de nuestros barrios”, ha argumentado durante el Foro Europeo de las Ciudades y del Comercio de Proximidad, una jornada vinculada a la capitalidad europea del comercio que ostenta Barcelona este año 2026. 

Barcelona ya prepara un fondo

En el mismo acto, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que preparan un fondo con el que empezar a desplegar estas adquisiciones. El objetivo, ha declarado, es “preservar la actividad” de estos establecimientos en los barrios. s.

Collboni ha concretado que se trata de negocios que, “por el papel que desempeñan en un eje comercial o porque garantizan un servicio necesario”, deben continuar abiertos.

“Haremos que un ayuntamiento pueda adquirir directamente locales comerciales emblemáticos o estratégicos que por sus características históricas o por el papel que juegan en un barrio se deben preservar”, ha explicado.

Joan Sala i Ferrer Serrallonga, probablemente el bandolero sobre el que más se ha escrito y cantado en Catalunya, nació en una imponente masía donde hoy ya no vive nadie. Es la Sala de Viladrau, una antigua casa señorial de 800 años, situada a las puertas del Parque Natural del Montseny. Desde hace unos años, un grupo de activistas por el patrimonio se ha propuesto una misión: salvarla del abandono.

La historia de La Sala de Viladrau se remonta al menos al año 1226, cuando aparece documentada como cesión de un clérigo local. Levantada sobre un pequeño montículo, perteneció a la familia Sala, la del bandolero Serrallonga, hasta el 1645. Con los siglos, se fue ampliando, entre otros elementos, con una torre defensiva que le valió la declaración de Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN). 

“Es una de las masías más icónicas de Catalunya”, reivindica Marta Lloret, técnica de patrimonio y presidenta de la Fundació Mas i Terra. “Nació como residencia señorial, aunque en la época de Serrallonga probablemente ya era una casa de payés”, sostiene. 

Dedicada durante siglos a la ganadería y al trabajo de los bosques, conserva todavía estancias como la sala de amasado de pan o el salador, para almacenar la carne de matanza. La Sala de Viladrau estuvo habitada hasta 2004, y aún albergó la actividad agrícola y ganadera hasta 2019 por parte de un masovero (la figura del labrador que vive en una masía y trabaja sus tierras sin ser el propietario). Después, la masía quedó vacía.

Tres años desde que se cedió

Poco después de que su último ocupante se fuera, Lloret se enteró de que el futuro de esta centenaria casa familiar estaba en peligro. Para entonces, esta técnica ya era conocida como la Caçadora de Masies, por la cuenta de Instagram con la que se dedica a rescatar del olvido este patrimonio arquitectónico. Quien la puso sobre la pista de la Sala fue nada menos que Quim Torra, el expresident de la Generalitat, informado a su vez por los dueños de la finca, que buscaban ayuda para revitalizarla. 

“Los propietarios habían contactado con algunas administraciones por si podían intervenir, pero no obtuvieron respuesta”, relata Lloret. No querían venderla, conscientes del valor histórico y cultural de la masía y de que el destino de estas transacciones suele ser la reconversión de este patrimonio en negocios turísticos, ya sean casas rurales u hoteles. 

Finalmente, los amos de la Sala cedieron su uso en 2023 a la Fundació Mas i Terra, que preside Lloret, un gesto que se vivió como una pequeña victoria por parte de los activistas por el patrimonio. Pero desde entonces el reto ha sido aún mayor: elaborar un proyecto arquitectónico y cultural para mantenerla con vida, y buscar financiación para las obras.

Actualmente, se encuentran en este punto tras recibir finalmente el permiso de obras. Han empezado una campaña de micromecenazgo para conseguir 40.000 euros, una parte del coste de arreglar el tejado y otros elementos estructurales. El resto esperan cubrirlo con subvenciones. O con donaciones de algún mecenas. “Estaría bien que algún gran empresario comprometido pusiera dinero”, expresa Lloret. 

Además del proyecto arquitectónico y de restauración patrimonial, que han elaborado desinteresadamente, los planes de la Fundación Mas i Terra contemplan que la Sala pueda albergar un centro de formación sobre actividades vinculadas a las masías, además de una escuela sobre construcción tradicional. Pero también que tenga una parte de vivienda, para al menos una persona, y así preservarla como residencia. 

La leyenda que nació en la Sala

La de Serrallonga es la historia de bandolerismo más célebre de Catalunya, hasta el punto de que ha inspirado obras teatrales y canciones hasta nuestros días. Lo curioso es que Joan Sala i Ferrer no era conocido por el nombre de su casa familiar, Sala, sino por el de la masía de la mujer con la que se casó, el mas Serrallonga de Querós.

Nacido en el mas La Sala de Viladrau en 1594, en el seno de una familia campesina acomodada, Serrallonga acabó convertido en un bandolero temido, que asaltaba masías y caminos y llegó a asesinar a un vecino que lo había delatado. Escurridizo para las fuerzas de la justicia, contó con la protección de algunos habitantes de la zona. Con el tiempo, la leyenda lo convertiría también en una suerte de Robin Hood catalán, que repartía entre los más pobres el botín de sus asaltos, incluidos los dirigidos contra los transportes reales.

Serrallonga fue capturado finalmente en Santa Coloma de Farners en 1633 y ajusticiado en Barcelona el 8 de enero de 1634, en una ejecución pública concebida como escarmiento. Su muerte no evitó que se agrandara el mito, y son múltiples las obras que han recordado su figura, desde El catalán Serrallonga y bandos de Barcelona, estrenada pocos años después de su muerte, hasta Alias Serrallonga (1974), de Els Joglars.

La salida de Josep Lluís Trapero de la dirección general de la policía catalana, en la que llevaba dos años, se produjo por un deseo explícito de éste de abandonar las tareas políticas y volver a vestir el uniforme. Así lo ha asegurado Núria Parlon, que ha comparecido este jueves en el Parlament para explicar los cambios que ha habido en altos cargos de su confianza –hasta tres durante el mes de septiembre–, que sin embargo ha negado que hayan supuesto una crisis, sino que los ha encuadrado en cambios “de continuidad”.

Según ha explicado la consellera, la salida del secretario general de su departamento, Tomàs Carrión, estaba prevista y se había pactado para la mitad del mandato, ya que él quería dedicarse a la academia. El segundo relevo, el del comisario jefe Miquel Esquius por Sílvia Catà, vino obligado por la jubilación del primero. Y, finalmente, se produjo la dimisión de Trapero, esta sí muy inesperada porque solo unas semanas antes el director general había mostrado en público su deseo de continuar.

“Trapero me trasladó que se trataba de una decisión premeditada”, personal e irrevocable“, ha asegurado Parlon durante la comparecencia, en la que no ha aclarado si entre ella y el director general hubo desavenencias sobre la elección de Catà.

La consellera ha asegurado, en cambio, que la etapa dirigida por Trapero había sido positiva, una opinión que, ha dicho, también manifiesta el exdirector general. “Se ha hecho un muy buen trabajo”, ha evaluado la consellera, que ha citado como victorias la ampliación la plantilla hasta los 25.000 mossos, la elaboración del plan estratégico del cuerpo y la coordinación con el resto de cuerpos policiales que actúan en Catalunya, tanto locales como estatales.

Respecto a la elección de Catà, Parlon ha asegurado que la razón fundamental no es que sea una mujer sino por su “capacidad, experiencia y mérito”, demostrado en durante sus más de 29 años de servicio en el cuerpo. A la vez, ha reclamado normalizar que sea una policía quien ocupe este puesto por primera vez en la historia del cuerpo.

La propia Catà, en su turno, ha mostrado algunas de las líneas de trabajo en las que se siente más cómoda, como lapolicíaa de proximidad. La nueva comisaria jefa ha asegurado que hay que, pese a la reducción objetiva de los hechos delictivos, la percepción de seguridad pasa por un mal momento, vinculado a algunos crímenes muy violentos y mediáticos, como las ejecuciones en plena calle fruto de guerras entre el crimen organizado.

En ese sentido, Catà ha asegurado que continuará con la lucha contra el narcotráfico en todas las regiones policiales. Al tiempo, ha subrayado el creciente problema de bandas juveniles y también de la presencia de armas, tanto blancas como de fuego. La policía al mando del cuerpo ha apostado por una dimensión de la seguridad cercana al ciudadano y ha alabado la capacidad de los Mossos de “salir del vehículo y preguntar a las personas qué les pasa”.

Pilar Malla, la que fue la primera Síndica de Greuges de Barcelona –como se conoce al Defensor del Pueblo en Catalunya– ha muerto este miércoles a los 95 años. Así lo ha informado Cáritas, entidad que dirigió en la década de los 90 en Barcelona.

Educadora y trabajadora social, Malla ocupó el cargo de Síndica en la capital catalana del 2004 hasta 2010, y también fue diputada en el Parlament por el PSC en 1999. Entre 1978 y 1981 había dirigido los Servicios Sociales de la Generalitat.

Además, fue directora de Cáritas Diocesana de Barcelona entre 1993 y 1998, un periodo en el que “consolidó el paso de un modelo asistencial a una acción social centrada en la promoción, la autonomía y los derechos de las personas”, según la entidad. Asimismo, fue responsable del Departamento de Acción Social de Cáritas entre 1974 y 1978, y se reincorporó al organismo entre 1981 y 1993 para ejercer como secretaria general.

Malla, nacida en el Pont d'Armentera (Alt Camp), maestra y diplomada en Trabajo Social, también fue una de las fundadoras y vicepresidenta del patronato del Centre Català de Solidaritat (CECAS), entre 1995 y 2006, fundación promovida por Cáritas Catalunya que trabaja con personas en situación de drogodependencia. En cuanto a reconocimientos, entre otros, recibió la Creu de Sant Jordi en 2004, así como el Memorial Joan XXIII por la Paz en 1985, el Premio de Honor Lluís Carulla en 1988 y la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social del Gobierno español en 1996.

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, en un mensaje en X, ha lamentado el fallecimiento de Pilar Malla, “una referente en la lucha contra la pobreza y por una vida digna para todo el mundo”. El conseller Raúl Moreno la ha descrito como “una mujer de acción y una trabajadora incansable por la dignidad de las personas más desfavorecidas”. Moreno ha señalado que “hizo emerger la pobreza y dio voz a quienes más lo necesitaban”.

Turno para la policía en el juicio contra cuatro agentes por reventar el ojo a Roger Español durante la votación del 1-O de octubre. El juez ha escuchado la declaración este jueves, entre otros, del supervisor de los destacamentos de la Policía Nacional en Barcelona, que ha asegurado que los manifestantes estaban “muy avisados” de lo que podía suceder. 

“Se avisó de que iban a proceder a abrir paso y la ciudadanía estaba muy avisada de cómo lo haría, de lo que podría suceder. Además, habían tirado salvas”, ha afirmado el policía. Con todo, ha reconocido que desconoce si alertaron “específicamente” de que iban a disparar balas de goma, en total 17, en la zona de la escuela Ramón Llull.

El mando policial ha declarado este jueves como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona contra un escopetero, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional acusados de disparar la pelota de goma que dejó tuerto a Roger Español, votante del 1-O. Se trata del único juicio que se celebrará por las cargas de ese día, debido a que no les aplica la amnistía. La Fiscalía pide su absolución, mientras que las acusaciones reclaman hasta 13 años de cárcel.  

Además del supervisor de los destacamentos, un escudero que participó en el operativo de la escuela Ramon Llull ha reiterado ante el tribunal que los manifestantes fueron alertados tres veces por megafonía, “siempre en tono educado y audible”, y dejando pasar tiempo entre avisos.

El que fue jefe de las unidades Camel, entre las que estaba la que hirió a Español, ha defendido que el disparo de 17 balas de goma en la zona “fue ponderado”, pues respondía, asegura, a “la manera tan agresiva con la que el público concentrado estaba lanzando objetos a los agentes y poniendo en grave riesgo su integridad física”. “Era una situación complicada, de muchos insultos y violencia extrema”, ha afirmado el escudero, quien afirma que le tiraron piedras, cascos de obra y botellas.

El mando de las unidades Camel ha explicado, de hecho, que el dispositivo del 1-O “no difería en nada al de una final de la Champions, visita del Papa o al de ayuda en la DANA en Valencia”. 

En cuanto al uso de balas de goma, ha detallado que se ordenó que se emplearan con los reductores de potencia activados y apuntando al suelo, lo que “no significa” que no se pudiera disparar apuntando directamente a los objetivos. “Ni es obligatorio el rebote, ni está prohibido el tiro tenso”, ha explicado el mando policial.

Sin embargo, ha puntualizado que su uso siempre está condicionado a que la integridad física de los agentes esté en peligro y que en ningún caso se “compele” a los escopeteros a disparar hasta que no vean “la oportunidad” o “el disparo oportuno”.

Un escopetero de los que integraba la unidad del dispositivo de la escuela Ramon Llull ha declarado, en cambio, que las balas “siempre se tiran con rebote; es lo que me han enseñado”.

El jefe de las unidades Camel ha defendido también la actuación de los agentes durante la salida, a quienes ordenó que usaran “los medios personales y materiales” para poder abandonar el lugar, un escape que considera que el responsable de esa unidad tenía la capacidad de dirigir de forma “óptima”.

Dos ciudades mediterráneas con un trágico historial de inundaciones, ambas bajo alerta por temporal y, en las dos, miles de personas desplazándose para disfrutar de partidos de fútbol. Esta fue la situación que vivieron el miércoles por la tarde Barcelona y València, que ha acabado siendo objeto de polémica. ¿Debía haberse evitado la movilidad hacia los estadios del Barça y del Levante?

Las situaciones fueron diferentes en Barcelona y Valencia. Mientras que el Barça jugó contra el Racing todo el partido bajo una inclemente lluvia, el encuentro entre el Levante y el Athletic se acabó suspendiendo a 10 minutos de comenzar, debido a la situación impracticable del campo y cuando todos los espectadores estaban ya sentados en las gradas.

Pero, desde el punto de vista de la protección civil, fue prácticamente lo mismo: miles de personas desplazándose desde los campos de fútbol bajo alerta naranja por tormentas que, en el caso de Barcelona, se convirtió en roja unos minutos antes de comenzar el partido.

La decisión de jugar o no este tipo de partidos depende, en última instancia, de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de protección civil y pueden decretar una prohibición de las actividades deportivas al aire libre. Si esa decisión se toma, La Liga como organizadora del encuentro tiene la obligación de suspenderlo.

Es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando en la temporada pasada se suspendió un Tenerife-Deportivo por orden del Cabildo debido a los fuertes vientos.

Pero, además, La Liga también podría optar por no jugar un partido aunque no haya una prohibición expresa. Es lo que ocurrió en el campo del Levante este miércoles, cuando el agua anegó parte del terreno de juego y el túnel de vestuarios y ya había unas 20.000 personas en el estadio.

No ocurrió así en Barcelona, por lo que se acabó jugando contra el Racing de Santader. Según informan fuentes de la competición, una vez el árbitro está en el estadio, es una decisión que toma él.

Pérez Llorca carga contra La Liga: “Me parece una impruedencia”

El president de la Generalitat Valenciana ha apuntado este jueves contra La Liga para explicar por qué se tardó tanto a suspender el partido entre el Levante y el Athletic de Bilbao. “Sus motivos tendrán y ellos tendrán que explicarlo”, ha asegurado Juanfran Pérez Llorca, que ha añadido que es decisión de la organizadora de la competición jugar con alerta naranja pero no con alerta roja.

“A mí me parece una imprudencia”, ha asegurado el president, cuyo gobierno no decretó la suspensión de actividades en el exterior y no envió el Es-Alert hasta pasadas las 22 horas de la noche, cuando la mayor parte de la lluvia ya había caído.

Pérez Llorca ha asegurado además que el Ajuntament de València había “recomendado” parar el partido, algo que niegan tajantemente desde La Liga.

El president además se ha mostrado partidario de hacer “más pedagogía” para que se puedan cancelar este tipo de encuentros deportivos, pese a que la última palabra podría tenerla él mismo.

En el caso del partido entre el Levante y el Athletic, se decidió suspender cuando solo faltaban siete minutos para su inicio. Hubo aficionados que mostraron su indignación en las redes sociales al considerar que el encuentro debió suspenderse mucho antes. Además, algunos también denunciaron que les obligaron a abandonar el recinto deportivo cuando más llovía y con el entorno del recinto completamente inundado.

“Nadie habría aceptado que se suspendiera el partido del Barça”

La consellera de Interior catalana, Núria Parlon, ha justificado este jueves la decisión de no parar el partido, al considerar que no era necesario. Según han indicado desde la consejería, la situación empeoró hacia las 21:10 horas, y por tanto, pocos minutos antes del inicio del evento deportivo.

Con el encuentro ya comenzado, se envió un ES-Alert a todos los ciudadanos de la comarca del Barcelonès, avisando de los fenómenos extraordinarios de lluvia, que fue recibido también en el campo. Además, los técnicos de protección civil estuvieron permanentemente en contacto con los responsables del club.

Durante el partido la cosa fue a peor y las afectaciones en los barrios del norte de Barcelona crecieron. Hasta ocho estaciones de metro quedaron cerradas y hubo cortes parciales en las líneas L1, L4 y L11. Algunos túneles y carreteras quedaron también anegadas.

¿Debía haberse actuado horas antes, para evitar la afluencia de espectadores al Camp Nou? “Si nosotros hubiéramos enviado un Es-Alert a las 19.00 horas para decir que llovería mucho nadie habría aceptado que se suspendiera el partido del Barça. Tenemos que decirlo con claridad”, ha apuntado Parlon.

Un hombre ha muerto en Olivella (Barcelona) durante las riadas provocadas por el temporal de este miércoles en la provincia de la capital catalana. Los Bombers de la Generalitat han confirmado el hallazgo del conductor de un vehículo que se vio arrastrado por el agua a 500 metros del coche.

En un primer momento, el subdirector de prevención de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello, explicó en una entrevista en 3CatInfo que se estaba buscando a una mujer que habría sido arrastrada por el agua al pasar por una riera en Olivella, en Barcelona.

Durante las últimas horas del miércoles, distintas comarcas de Barcelona se vieron afectadas por las fuertes lluvias. Protecció Civil llegó a enviar un mensaje ES-Alert, en primer lugar, por tiempo violento con posibilidad de granizo de más de dos centímetros a los teléfonos móviles del Barcelonés y el Maresme. Minutos después ha enviado otro aviso a las zonas del Baix Llobregat, Garraf, Alt y Baix Penedès y Vallès Occidental por lluvias torrenciales.

El fuerte temporal ha dejado cortes en dos líneas de metro (L4 y L11) este jueves por la mañana y limitaciones de velocidad en la red de Rodalies. Durante el los momentos más duros de las precipitaciones, el miércoles por la noche, se tuvieron que cerrar diversas estaciones del suburbano así como algunos tramos de la Ronda de Dalt. Los bomberos recibieron 270 avisos por las afectaciones.

Según informa Meteocat, durante las últimas horas las precipitaciones más intensas se han desplazado hacia el mar, si bien todavía se mantienen algunas lluvias en el litoral catalán.

Las lluvias se dirigen hacia Balears

Este jueves dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Balears, sureste peninsular y sistemas Béticos, sin descartar lluvias torrenciales en los litorales de la zona, así como una bajada generalizada de las temperaturas; en Baleares, las tormentas vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada inestable en Balears y el sureste peninsular por la presencia de aire frío en altura, cielos nubosos o cubiertos en el Cantábrico, y despejados o con nubes altas en el resto del país; son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y el Estrecho.

Se esperan chubascos y tormentas matinales fuertes o muy fuertes acompañadas de granizo en Baleares, Albacete, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Almería; pueden darse acumulados importantes en poco tiempo en el litoral del sureste, sin descartar lluvias torrenciales.

Miles de alumnos en Catalunya encaran el primer curso de su vida escolar en el que no van a ir de colonias ni de excursión fuera del centro. Tampoco habrá viajes de fin de etapa. Es la consecuencia de una protesta que surgió en algunos colegios el curso pasado y que ya secundan cientos de claustros: no llevar a cabo estas actividades hasta que mejoren las condiciones del profesorado.

A la iniciativa se han sumado oficialmente 1.354 escuelas e institutos, más de la mitad de los centros públicos catalanes. En algunos casos, se han puesto de acuerdo todos los colegios de un mismo municipio, a través de las asambleas docentes. La intención de sus impulsores es añadir presión al Departamento de Educación para resolver el conflicto que arrastran desde el curso pasado.

Sin embargo, no todo el mundo dentro de la comunidad educativa apoya esta forma de protesta. Las familias han mostrado ya sus reservas, especialmente por la cancelación de excursiones dentro del horario lectivo, y el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo) alerta de que puede perjudicar a los alumnos de entornos más desfavorecidos. 

Mientras tanto, las empresas y entidades del sector del ocio educativo que contratan a monitores y gestionan casas de colonias y campamentos, como Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés, han dado la señal de alarma. Este septiembre, momento en el que muchos centros reservan estas actividades de cara a final de curso –sobre todo en el caso de las colonias–, la caída de la demanda es del 80%. 

Durante las negociaciones con los sindicatos para poner fin a este boicot, el Govern decidió compensar a los docentes con 50 euros por cada excursión con pernoctación, con un máximo de dos profesionales por grupo. Sin embargo, a los impulsores de la movilización no solo les parece insuficiente esta compensación, sino que condicionan la recuperación de estas actividades al desenlace del conflicto docente en su conjunto, que incluye reivindicaciones como aumentos retributivos, refuerzos de personal o la climatización de las aulas.

“Hemos eliminado todas las actividades que incluyen trabajar fuera del horario lectivo”, resume Rubén, docente de la escuela Francesc Feliu de Aitona, en Lleida. En este centro, solo harán salidas puntuales si no incluye la hora de comedor –porque no está compensada–, o si se pueden hacer sin autocar. Solo harán excepciones, añade, en celebraciones puntuales –como el festival de Navidad– u otras actividades que tengan una justificación educativa suficiente. 

“No es una medida que haya venido para quedarse”, advierte Rubén. “Nosotros creemos en estas excursiones, creemos que hay niños y niñas que si no es de esta forma, tienen pocas oportunidades”, añade, y por eso apremia a la Generalitat a atender a sus demandas. “50 euros por noche no me convencen ni a mí ni a la mayoría, es un parche que no soluciona los problemas de fondo”, expresa este docente.

Al margen del amplio apoyo docente, asociaciones de familias y el Síndic de Greuges apremian a las partes a ponerle solución para que los alumnos no se queden con una actividad que consideran estrechamente vinculada al derecho a la educación. 

Lidón Gasull, presidenta de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (AFFAC), entiende que se cancelen las pernoctaciones fuera del centro si no se reconocen con pluses salariales y una regulación más clara, pero se opone a que se renuncie a cualquier salida del colegio, sea para ir al teatro, al campo o a un museo. “Los profesionales tienen derecho a reivindicar mejores condiciones para hacer salidas, pero estas se deben garantizar”, reclama Gasull, que señala que el mecanismo de presión ya previsto para canalizar este descontento son las huelgas, no el boicot. 

“Lo que más nos preocupa es que nadie mueve ficha y que estas actividades se dejen de hacer, o peor, acaben lideradas no por los claustros, sino por iniciativas de carácter privado desvinculadas del proyecto educativo del centro”, reflexiona. En este punto, todas las fuentes consultadas reconocen que son las públicas quienes secundan la protesta, mientras las concertadas seguirán con sus planes de excursiones y viajes de final de curso.

Andreu Termes, investigador del Globalisation, Education & Social Policies de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), coincide con el temor de Gasull. “Confío en que la negociación llegue a buen puerto antes de que se cumpla la amenaza, porque incrementará las desigualdades para todos aquellos alumnos de la pública que no pueden realizar estas actividades en contextos no escolares”, resume. 

Paradójicamente, Termes ve una parte positiva en el revuelo que ha levantado esta protesta, tanto en la Administración como con las familias o con el propio Síndic de Greuges: es la señal de que estas excursiones importan a la comunidad educativa. “Tienen mucho valor: cognitivo, académico, psicosocial, emocional… Ofrecen oportunidades claramente únicas para algunos alumnos”, tercia.

Los que más aprietan para que Educación y los docentes resuelvan este conflicto son las empreas del sector, agrupadas en torno a la patronal ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura), que emplean a unas 10.000 personas. “El impacto es terrible, y la gran mayoría son empresas pequeñas”, apunta el gerente Pep Montes. Las reservas de colonias escolares, asegura, se han desplomado por ahora un 80%. 

Montes se declara impotente ante un conflicto que golpea con dureza a un sector que poco puede hacer para solucionarlo. “Somos espectadores atónitos, no somos ni causa ni solución de esta crisis”, lamenta, y pide al Govern “flexibilidad” e “inventiva” para atender a las reivindicaciones docentes. Por ahora, la Generalitat ha anunciado una línea de préstamos bonificados de hasta 100.000 euros a estas empresas para detener el golpe de este curso.

Virginia Guisasola, 86 años, le pregunta cada día a su hijo Ignacio cuándo le devolverán su dinero. “Ya no sé qué decirle”, explica él. “Me siento responsable por haberla metido en esto”.

Guisasola invirtió hace un lustro una parte de sus ahorros, unos 10.000 euros, en una plataforma de crowdfunding inmobiliario llamada Housers. Se suponía que, tras invertir en una promoción de ladrillo, en poco tiempo recuperaría su dinero con unos generosos intereses.

Tras varios años esperando, sin embargo, no sabe si los llegará a recuperar.

“Lo peor de todo es la falta de información”, abunda su hijo, que también tiene miles de euros paralizados en esa startup. “Ya no pretendo que mi madre gane nada, me bastaría con que pudiera recuperar una parte de lo invertido”.

Anunciada a bombo y platillo en los medios, Housers nació en 2015 como la primera plataforma española de crowdfunding inmobiliario. La empresa permitía invertir desde 50 euros (ahora son 300) en la compra, reforma y posterior venta o alquiler de inmuebles a cambio, supuestamente, de intereses que podían alcanzar entre el 10 y el 13% o en ocasiones incluso más.

Tras una década de quejas, demandas de inversores insatisfechos, disputas entre los socios e incluso varias multas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Housers cambió en febrero de nombre y accionistas: ahora se llama Crowpire.

Los problemas, no obstante, siguen siendo los mismos, según aseguran más de veinte inversores entrevistados para este reportaje. 

“Es el mismo perro, pero con distinto collar”, afirma Juan Antonio Fernández, otro afectado que lleva años esperando recuperar una parte de los 25.000 euros que invirtió.

De las entrevistas y la documentación empresarial y judicial obtenida se desprende que cientos de personas llevan años sin poder recuperar su dinero y, en varios proyectos, sin ningún tipo de información sobre el estado de sus inversiones desde hace años.

Antoni Brussola, uno de los fundadores de la empresa (actualmente fuera del accionariado), fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de administración desleal por desviar 55.000 euros desde sociedades vinculadas a proyectos de Housers a la cuenta de una empleada de otra empresa que él presidía.

La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero y que no había trascendido hasta la publicación de este artículo, ha sido recurrida ante el Supremo.

“Brussola salió de la compañía en el año 2021. La nueva dirección de la compañía no tiene ni ha tenido contacto alguno con esta persona”, responden desde Housers/Crowpire. Esta redacción ha intentado sin éxito localizar a Brussola para ofrecerle comentar el artículo. 

Housers/Crowpire, a su vez, ha contratado en varias ocasiones como intermediarios que presentaba como independientes ante los inversores a empresas controladas por personas que están en el organigrama de gobierno de esta startup inmobiliaria, según el registro mercantil.

Housers/Crowpire también llegó a ofertar a sus clientes inversiones vinculadas a una inmobiliaria de Marbella que fue investigada judicialmente en una causa por presunto blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico. La causa fue archivada , pero los inversores consultados aseguran que no han recuperado sus fondos.

“Crowpire tiene un accionariado completamente diferente al que tenía Housers, además de que todo el equipo fundador y gestor de Housers abandonó la compañía hace tiempo”, respondió la empresa en un cuestionario enviado el pasado julio.

Inversores que no saben adónde ha ido su dinero

La mayoría de los entrevistados admite que los primeros proyectos en los que invirtieron salieron bien: la plataforma les informó debidamente de cómo avanzaban y, aunque con menos intereses de los publicitados, lograron algunas ganancias. 

El modelo consistía inicialmente en constituir una sociedad por cada inmueble y el inversor se convertía en socio y esperaba beneficios tras la venta o el alquiler. Posteriormente, la empresa pasó a un modelo de préstamos participativos a promotores que necesitaban financiación.

“¿Qué tipo de empresas se financian al 10%?”, se pregunta uno de los afectados. “Al final acababas dejándole dinero a una sociedad con 3.000 euros de capital a la que los bancos no le quieren prestar y la gente se extraña de haber perdido el dinero”.

A partir de 2019 un gran número de inversiones empezaron a ir mal. La información empezó a escasear, nadie sabía qué ocurría con sus aportaciones. Algunos inversores a día de hoy desconocen, en algunos casos desde hace más de seis años, si sus proyectos siguen en pie, si los promotores a los que prestaron dinero continúan operando o si directamente lo han perdido todo.

Basta visitar las páginas de reseñas Crowdrating o Trustpilot, con más de un millar de opiniones negativas, para ver hasta qué punto los inversores están descontentos con la plataforma.

La CNMV impuso ese año a la empresa tres sanciones que sumaron 215.000 euros. La primera, muy grave, por incumplir de forma reiterada sus obligaciones de información y transparencia hacia los clientes. La segunda, también muy grave, por llevar a cabo actividades no contempladas en su autorización. La tercera, calificada como grave, por la publicación de un proyecto de financiación participativa que no cumplía la normativa.

Los inversores describen juntas que se reducen a formularios online sin verificación, comunicaciones que tardan meses o años en llegar —cuando llegan—, documentación sobre sus inversiones que ha desaparecido con el cambio de nombre de la empresa (la compañía les ha asegurado que no tardará en estar disponible) y administradores que no presentan cuentas ni convocan reuniones desde hace años.

“Es muy grave que no nos informen de nada”, apunta Ruben Berastegui, de 44 años. “Nadie te dice si alguno de los proyectos no se podrá recuperar, tienes que adivinarlo tú porque llevan años paralizados”. 

Berastegui invirtió decenas de miles de euros en 42 proyectos distintos ofertados por la startup. En 24 de ellos logró recuperar el dinero, pero en los 18 restantes asegura que lo ha perdido todo o no tiene noticias de su inversión.

“En los que he conseguido recuperar el dinero habré ganado unos 8.000 euros”, sostiene en conversación telefónica. “Es muy poco teniendo en cuenta que tengo otros 28.000 atrapados”.

Otros clientes, como Asier Fernández, invirtieron en la compra y reforma de un piso en el corazón del Raval. Pagó el dinero hace más de cinco años y afirma que la última noticia que tuvo de su inversión, a través del administrador, era que el edificio estaba tapiado. El inmueble, sin embargo, no está tapiado y presenta un aspecto exterior normal, según pudo comprobar este diario.

Dificultades para denunciar o recuperar el dinero

Son varios los inversores que han intentado sin éxito llevar a esta empresa a los tribunales durante la última década. En 2020 incluso se creó una asociación de afectados que se acabó disolviendo tras los reveses judiciales a los inversores.

“Lo tienen muy bien montado para que sea difícil denunciarlos”, apunta Guillermo (no quiere que se publique su apellido), otro de los clientes atrapados.

Según los contratos analizados, Housers/Crowpire se presenta como un mero “intermediario” tecnológico, una especie de tablón de anuncios que junta a quien quiere invertir con quien necesita el préstamo, sin responsabilidad en caso de que el negocio salga mal.

Pero su papel no se limita a poner en contacto a inversores y promotores: según los contratos analizados, la plataforma decide qué proyectos publica y puede solicitar información adicional al promotor. 

El contrato atribuye al promotor la responsabilidad por cualquier información falsa o engañosa que traslade a los inversores y exime expresamente a Housers de esa responsabilidad. Esto ocurre pese a que la plataforma cobra una comisión específica por el “análisis y estudio” de cada oportunidad y recurre a asesores externos para valorar los proyectos antes de publicarlos.

Housers, además, cobra comisiones en distintas fases del proyecto, con independencia de que el inversor gane o pierda dinero: hasta un 6% al inicio, por recibir, analizar y publicar la oferta; 100 euros por cada aviso de impago que envía; y 2.000 euros cada vez que se reestructura la deuda de un proyecto con problemas.

Los contratos, por tanto, prevén pagos adicionales a la plataforma cuando un proyecto entra en impago o necesita una reestructuración, mientras los inversores siguen pendientes de recuperar su dinero.

“Opacidad en las votaciones”

En algunas ocasiones, los inversores han logrado votar conjuntamente para expulsar al administrador designado inicialmente por Housers/Crowpire y gestionar la promoción por su cuenta, pero en la mayoría de casos no logran tirar adelante estas votaciones porque los afectados no se conocen entre ellos y cuesta coordinarse, a pesar de que existen más de una docena de grupos de WhatsApp en los que los afectados intentan organizarse.

Los entrevistados también afirman que no logran nunca ejecutar la garantía hipotecaria cuando un proyecto se ha atascado. “Ha habido proyectos en los que nos hemos organizado para votar, pero siempre acaba ganando la opción de dar más tiempo al promotor, nunca la de ejecutar”, apunta Juan Antonio Fernández, que ha invertido en diversos proyectos desde 2017.

Este periódico ha podido comprobar que, en varios proyectos, Housers/Crowpire ha designado como agente de garantías —la empresa que actúa de intermediaria entre inversor y promotor para verificar y, en su caso, ejecutar las garantías hipotecarias— a una sociedad controlada por el que fue secretario no consejero de Housers/Crowpire entre julio de 2019 y noviembre de 2025.

“No ha afectado en nada la independencia”, responden desde Housers/Crowpire, “porque el secretario consejero no forma parte del órgano de administración a efectos de voto y ejercicio”. Añaden, sin embargo, que tras las preguntas de elDiario.es no seguirán contando con esta empresa como intermediaria.

En otros proyectos, Housers/Crowpire ha designado como agente de garantías a sociedades recién creadas y sin ni siquiera un teléfono de contacto. “Su contratación se hace por su cualificación y profesionalidad”, aseguran desde la plataforma. “No corresponde a esta compañía valorar la estructura jurídica de estos”.

Los inversores entrevistados sostienen que tampoco resulta fácil organizar reclamaciones judiciales conjuntas con otros clientes a los que no conocen de nada, por no contar con los que han invertido pequeñas cantidades y no están dispuestos a sufragar un abogado. 

“¿Cómo le voy a pedir a alguien que ha invertido 300 euros que pague 1.000 para un abogado?”, se pregunta Ignacio Rubio. “Estamos todos atrapados y ni siquiera podemos declarar las pérdidas de proyectos que no saldrán adelante porque la empresa ni siquiera nos informa de que han fracasado”.

Roger Español, el votante del 1-O al que un agente de la Policía Nacional reventó el ojo con una bala de goma, ha asegurado que los policías no corrían “ningún riesgo” ni estaban siendo atacados, por lo que ha atribuido el disparo a “una represalia” por haber tratado de impedir la intervención policial.

Con la declaración de Roger Español ha comenzado este miércoles en la Audiencia de Barcelona el juicio contra un escopetero, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional acusados de reventarle un ojo con una bala de goma que dispararon tras incautarse de las urnas y papeletas en el colegio Ramon Llull de la capital catalana.

Español ha admitido que lanzó a la calzada unas vallas que encontró en una obra para impedir el avance de los policías al siguiente punto de votación, sin dirigirlas a ningún agente, pero ha insistido en que cuando los antidisturbios dispararon la bala de goma que le segó el nervio óptico ningún manifestante suponía una amenaza ni había lanzamientos a la línea policial.

El contexto en el que se produjeron los disparos es uno de los elementos centrales para el tribunal, que deberá evaluar si estaban justificados o no. Tanto la Fiscalía como las defensas de los uniformados enmarcan los lanzamientos que dejaron sin ojo a Español en un uso progresivo de los medios policiales para intentar dispersar a los concentrados (primero con porras, después con salvas y, finalmente, disparos).

En cambio, las acusaciones del caso (la de Español y las populares de Irídia y Òmnium) consideran que los disparos no estaban amparados ni por la situación en la calle ni por acciones de violencia contra los agentes, y que fueron un castigo a los concentrados que se oponían a la intervención policial de urnas y papeletas.

Español ha tratado de ser lo más concreto posible para describir el ambiente en el momento del disparo, ocurrido a un centenar de metros del colegio. Según el activista, cuando recibió el impacto se hallaba junto a un grupo de periodistas porque consideró que era “más seguro”, y solo esperaba a que los agentes se subieran a los furgones para irse a casa.

Los peritos han concluido que el disparo se produjo a 14,12 metros, una distancia que las acusaciones señalan contraria a los protocolos y a la que el agente que disparó debía saber el daño que podía producir en cualquier ciudadano.

La versión de Español se ha visto ratificada por otros testigos, como el periodista David Bou, quien ha declarado que vio al agente disparar “a bocajarro, no contra el suelo”. “Yo tengo un ojo a día de hoy porque el señor Español no lo tiene”, ha apostillado.

La sesión ha revivido las escenas de las cargas policiales para impedir la votación, en el único caso que llega a juicio por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum: los cuatro agentes, que afrontan penas de hasta trece años de cárcel, quedaron fuera de la amnistía al estar acusados de un delito de lesiones con afectación a un órgano vital. La Fiscalía, sin embargo, pide su absolución al considerar que actuaron en cumplimiento de su deber de incautarse de las urnas del referéndum.

A preguntas de su abogado, Benet Salellas, Español ha narrado los hechos del 1 de octubre y las secuelas tanto físicas como psicológicas que ha sufrido. La lesión en el ojo truncó sus estudios de música (toca el saxofón) y tanto su hijo como él tuvieron que recibir ayuda psicológica, tratamiento que, en su caso, sigue a día de hoy debido a los efectos de la mutilación y su autopercepción.

La lesión que sufrió en el ojo, que le dejó secuelas visibles, supuso un impacto en la seguridad que tenía en sí mismo y consecuencias concretas: Español ha relatado al tribunal que desde que la Policía le dejó sin ojo tuvo dificultados para dar clase de música a sus alumnos o subirse a un escenario, por lo que buscó otro trabajo como conserje en un instituto.

El juicio proseguirá este jueves con la declaración, como testigos, de otros agentes del operativo. El día 30 será el turno de los peritos y el 1 de octubre de los acusados. En la sala de vistas se sientan como observadores miembros de las entidades internacionales de derechos humanos Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura, la International Network of Civil Liberties Organizations, Redress, la International Coalition for Human Rights y Defender a quien Defiende.

La diputada del Parlament Laure Vega ha aceptado ser la cabeza de lista de la CUP por Barcelona en las próximas elecciones municipales de mayo. Según han adelantado El Periódico y Nació Digital, las asambleas de las organizaciones que impulsan la candidatura, la CUP y Comunistes, ya han expresado su apoyo a Vega. Ahora falta que las personas que apoyan el proyecto a título individual se pronuncien al respecto, un proceso interno que finalizará este viernes.

Así pues, está previsto que el sábado se ratifique la designación de la diputada del Parlament como cabeza de lista. La candidatura prepara además un acto público para el 17 de octubre, en Barcelona, para presentar el proyecto político de cara a las elecciones municipales.

La CUP señala que el proceso de elección y ratificación todavía no ha finalizado y, por tanto, a estas alturas no hay ninguna persona escogida oficialmente como cabeza de lista. Según explica la formación anticapitalista, el proceso culminará el viernes con la participación de las personas que apoyan la candidatura a título individual.

El resultado definitivo se hará público el sábado a las 11:30 horas en una rueda de prensa en la Nau Bostik de Barcelona, con la participación de la persona escogida y de representantes de la CUP y Comunistes. Está previsto que la candidatura completa y el conjunto del proyecto político se presenten públicamente el 17 de octubre en un gran acto en Barcelona.

La CUP quiere revertir la situación de los últimos años en la capital catalana. En las dos últimas elecciones municipales, las de 2023 y 2019, la candidatura no ha obtenido representación en el Ayuntamiento de Barcelona. En 2019, la formación anticapitalista perdió los 3 concejales que había conseguido en 2015.

La Fiscalía contra los delitos de odio investiga al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), por el mensaje que publicó el pasado mes de junio en sus redes sociales en que calificaba de “escoria” humana a un detenido por robo y afirmaba que lo devolvería “a nado” a Marruecos.

Según ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias para investigar si el mensaje puede ser constitutivo de un delito de odio, a raíz de la denuncia que presentó contra el alcalde de Badalona la asociación proderechos humanos Irídia.

La entidad argumentó que el alcalde de Badalona hizo una mención explícita a la nacionalidad del marroquí y la vinculó a la comisión de un delito “con plena conciencia de los sentimientos de rechazo y animadversión que esto podía generar y que, de hecho, generó”.

La atribución de la culpabilidad por parte de las autoridades públicas, recordó Irídia, “tiene un efecto directo en la presunción de inocencia de las personas detenidas”, puesto que puede suponer la creación de un juicio paralelo.

La Fiscalía de Barcelona tiene abierta otra investigación a García Albiol por delito de odio a raíz del desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de esta localidad, que dejó en la calle a centenares de migrantes.

El mensaje que ha motivado la investigación lo publicó García Albiol en sus redes sociales el pasado 17 de junio, tras la detención de un hombre en el municipio como presunto autor de un robo.

En su mensaje, García Albiol publicaba la fotografía del supuesto ladrón, lo tildaba de “escoria humana” y añadía: “Si fuese por mí, lo devolvía a nado a Marruecos”.

El edil popular explicaba en X que uno de sus escoltas había conseguido apresar al presunto ladrón, que en la imagen aparecía dentro de un coche aparentemente esposado, después de que este diera un tirón a una señora de 81 años en el barrio de Llefià de Badalona.

“Hay que ser muy canalla para atracar a una mujer octogenaria. Hoy no le ha salido bien”, señalaba el tuit de García Albiol, que aseguraba que en Badalona seguirían “trabajando cada día en favor” de los vecinos y para que “quien venga a delinquir sepa que aquí encontrará una respuesta firme”.

En un día, el mensaje acumuló a más de 67.000 “me gusta” y 5.800 comentarios despectivos y discriminatorios hacia el arrestado.

“Si fuese por mí, lo devolvía a nado a Marruecos. Lamentablemente, gracias al actual Gobierno, mañana volverá a estar en la calle”, añadía el mensaje que ahora investiga la Fiscalía de Delitos de Odio.

Hace unos años, el alcalde de Badalona fue absuelto de un delito de incitación al odio por repartir unos panfletos que relacionaban a los inmigrantes de origen rumano con la delincuencia, en la precampaña electoral de las municipales de 2011.

La ampliación del aeropuerto de El Prat supondrá un incremento del 21,8% de las emisiones de gases contaminantes de cara a 2033, año en que está previsto que la nueva infraestructura funcione a pleno rendimiento. Así lo apunta un informe del Observatori DESCA publicado justo cuando el Gobierno ha aprobado el Dora III, el plan que regula las inversiones que hará Aena en los aeródromos durante los próximos cinco años.

Dentro de los 13.000 millones de inversión para toda España, el plan contempla las primeras partidas para preparar la ampliación de la tercera pista del Prat, que hará que Barcelona pueda pasar de los 55 millones de visitantes a 70. El estudio del Observatorio DESCA parte de esta estimación de crecimiento, junto a la cifra de incremento de la contaminación causada por la actividad de El Prat en la última década, para elaborar el cálculo de cuánto CO² extra se enviará a la atmósfera si finalmente se culmina el proyecto.

Según datos de Aena, el crecimiento en la actividad y el número de vuelos en El Prat ha provocado la emisión de un 76,7% más de CO² desde 2016. Esta evolución ha ayudado a las investigadoras a calcular que, de cara a 2033 –fecha en la que debería estrenarse la ampliación se podría llegar a los 5,6 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Ese escenario podría empeorar hasta los 6,4 millones en el caso de que se llegara a los 80 millones de viajeros anuales. Eso supondría que el aeropuerto de Barcelona emitiría la misma cantidad de polución anual que un país como Chipre. Todo ello, sólo teniendo en cuenta las emisiones provocadas por los vuelos y sin contar el impacto del funcionamiento diario de la estructura y la actividad en tierra.

Las investigadoras, Ariadna Rigau Castells y Lucia Garcia Muñoz, alertan de que sus estimaciones son “a la baja” debido a diversos motivos. El primero es una “falta general de datos y transparencia” respecto al impacto real que tienen las actividades en El Prat. También insisten en que sus estimaciones se han diseñado manteniendo la proporción actual de las rutas nacionales, europeas y transoceánicas, aunque el objetivo de la ampliación es aumentar los vuelos intercontinentales. “Estos son, precisamente, más largos y, por tanto, más contaminantes”, apunta el estudio.

Por todo ello, esperan que la propuesta de ampliación, que fue pactada entre Aena y la Generalitat el pasado año, no llegue a llevarse a cabo. A pesar de que las inversiones iniciales han sido aprobadas este martes, las entidades y grupos ecologistas esperan que la Comisión Europea frene la iniciativa tras analizar el impacto que el crecimiento de la pista tendría sobre los terrenos protegidos de La Ricarda, que forman parte de la Red Natura 2000.

A la incógnita de aval de Europa suman también “la oposición ciudadana” que ya mostró una oposición frontal a la propuesta de ampliación desde que empezaron a sonar campanas allá por 2021. En ese momento, las miles de personas salieron a la calle fueron clave para que el Gobierno paralizara el proyecto después de que el Govern de Pere Aragonès manifestara dudas sobre las posibles repercusiones ambientales. Años después, con el socialista Salvador Illa en cabeza del Ejecutivo catalán, el proyecto volvió a revivir y, con él, la indignación de la ciudadanía que este sábado 20 de septiembre ha vuelto a convocar una protesta en las calles de Barcelona.

“Incompatible” con los derechos humanos

“La actividad humana es la principal causa de la emergencia climática. Desde hace años, los Estados pactan limitar las emisiones, pero las medidas adoptadas no han sido suficientes”, apuntan las investigadoras. Recuerdan que no ha sido posible evitar el calentamiento global por encima de los 1,5 grados y que, ahora, las políticas de mitigación se han marcado el objetivo de evitar los 2,8 grados de cara a final de siglo.

Por ello, consideran que decisiones como la de ampliar el aeropuerto de El Prat “vulneran derechos humanos como el acceso a la salud, al agua, a la alimentación o a un medio ambiente sano y limpio”. Todo ello, además de los impactos que tiene la masificación turística para la crisis de la vivienda y la calidad de vida en las ciudades; o las consecuencias que tendrá sobre el parque agrario construir la nueva pista sobre los terrenos protegidos de La Ricarda.

Tal como recuerda el Observatori DESCA, la aviación es el método de transporte más contaminante y, a la vez, el que mayor crecimiento registra anualmente. Tanto que las previsiones son que, de cara a 2050, los aviones podrían pasar de consumir del 2,4 al 15% de los combustibles fósiles. Eso, en un escenario en el que el planeta sólo se calienta 1,7 grados.

Aunque estos porcentajes podrían parecer pequeños, se debe tener en cuenta que el 80% de la población mundial jamás ha viajado en avión. “Se trata de un gran problema provocado por muy poca gente”, apuntan las investigadoras, que todavía hilan más fino: el impacto del uso que suele hacer la mayoría de población que sí vuela (para unas vacaciones al año o visitas puntuales a otra ciudad) no se puede comparar al de los llamados ‘viajeros frecuentes de élite’.

Estos pasajeros, que son los que realizan entre 50 y 90 vuelos al año, son los responsables de la mitad de la contaminación asociada a la aviación, aunque no llegan a representar ni un 1% de la población mundial.

“Ante esta lógica de que la responsabilidad climática recae sobre gente poderosa, mientras que sus impactos afectan a los más pobres y vulnerables, hay que poner una línea roja a las ampliaciones aeroportuarias”, concluyen las autoras del estudio, que también apuestan por impuestos progresivos a los vuelos frecuentes.

“Es incompatible continuar aumentando la capacidad aeroportuaria en un contexto de emergencia climática”, insisten. En esta línea, apuntan a que la propuesta de ampliación de El Prat es “incompatible” con algunas obligaciones jurídicas vinculantes a las que la Generalitat y el Gobierno se han comprometido mediante la firma de tratados como el Acuerdo de París o el Pacto Verde Europeo.

Por ello, hacen suyas las propuestas de Zeroport, plataforma ciudadana contraria a la ampliación, que apuesta por sustituir los vuelos cortos por trayectos en tren o ferrocarril que tengan una duración de menos de siete horas y que estén a distancias inferiores a 1.000 km. También por la creación de un plan vinculante que obligue a AENA a rebajar las emisiones de sus aeródromos, así como un impulso de la transparencia en estas infraestructuras.

Por “la potencia de un texto sorprendente, arriesgado y deliberadamente delirante que dialoga con nuestro presente desde una profunda crisis existencial y política”, entre otras razones de peso, el Ministerio de Cultura ha concedido el Premio Nacional de Literatura Dramática al dramaturgo Joan Yago (Barcelona, 1987) por su obra La brama del cérvol (La berrea del ciervo).

El premio es también, por extensión, un aplauso al trabajo que su compañía La Calòrica lleva realizando en los últimos 16 años. Formada junto a un grupo de amigos y compañeros del Institut del Teatre, la formación no ha parado de sorprender y aumentar su fama con obras como Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I (2010/2020), Sobre el fenomen de les feines de merda (2015), El profeta (2016), Fairfly (2017), Els ocells/Las aves (2018) o De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda (2021), entre otras.

Podríamos decir que Yago es, sin temor a equivocarnos, uno de los dramaturgos más interesantes de su generación. Sin duda, uno de los responsables de volver a llenar las salas de un sector que hasta hace algunos años se declaraba permanentemente en crisis. 

Enhorabuena por el premio. ¿Cómo se siente después de haberlo ganado?

No me lo termino de creer. Me enteré hace algo más de 24 horas y tengo la sensación de que han pasado muchas cosas. Al principio estaba eufórico, luego por la tarde me puse como enfermo, y esta mañana pues tenía reuniones, trabajo, todo sigue exactamente igual. Pero varias veces a lo largo del día he pensado: “¿ha pasado de verdad?”.

Ha contado alguna vez que de adolescente en Palma le dijeron que era un actor terrible y le invitaron a dejarlo y ponerse a escribir. Mirando atrás, ¿cómo ve ahora aquel “fracaso”?

La profesora me dijo algo así como “¿no te das cuenta de que te lo pasas mejor imaginando las escenas y los personajes, que luego interpretándolos?” He pensado mucho en ella en estas 24 horas. Me dijo que por qué no escribía la obra del año siguiente, que tenía buenas ideas, que eran divertidas y cuando tienes 13 años está muy bien que alguien te diga “prueba a hacer esto”. Enseguida conecté con el teatro cuando vi que podíamos juntarnos cinco, traer unos disfraces de casa, poner cuatro sillas, decir que eran un coche y ponerlo delante de la gente. 

¿Cómo fueron sus años de formación en el Institut del Teatre?

Fueron absolutamente maravillosos. Primero porque éramos jóvenes y segundo porque realmente yo tuve una experiencia muy buena. Allí conocí a las personas que ahora son las más importantes de mi vida: amigos y compañeros de trabajo. Además pasábamos el día escribiendo, haciendo, pensando y analizando teatro. Para mí fue una experiencia muy feliz. También fueron unos años duros económicamente debido a la crisis económica del 2008 y vi a muchos compañeros quedarse por el camino porque tenían que hacerse cargo de un familiar, de un negocio o luchar contra un desahucio. Los compañeros con los que acabé formando La Calòrica también compartíamos esos problemas y una perspectiva de futuro muy desoladora. Todo el mundo nos decía que el sector estaba muy difícil. Daba mucho miedo. 

¿Cómo empezaron a trabajar juntos?

Al acabar los estudios teníamos una obra terminada. En aquel momento, verano de 2010, los teatros no tenían dinero para programar y era fácil que te invitaran a exhibir tu obra, aunque sin cobrar. Nosotros nos moríamos por hacerlo aun sin cobrar y sin Seguridad Social. Así fueron de precarios los inicios de la compañía. Nunca recomendamos a otras compañías más jóvenes que hagan lo que hicimos nosotros.

Volviendo a usted, ¿cuáles diría que son sus influencias? He leído que son muy variadas y engloban cosas como Los Simpson.

Ayer cuando me encontré mal sentí un imperioso deseo de ver un capítulo de Los Simpson. Me han inspirado mucho. Me encanta su forma de hacer una comedia fuertemente política, pero a la vez fuertemente imaginativa, que combina humor intelectual con elementos de alta comedia pero los mezcla con el caca, culo, pedo, pis. Tiene un pie en lo cotidiano y otro pie en la fantasía pura y dura.

Aparte de eso, siempre he conectado mucho con el teatro de Chéjov, porque también se coloca en un espacio entre lo cómico y lo trágico, lo existencial y lo político. En cómo el dinero afecta a las relaciones entre las personas. La mezcla del amor con los intereses me interesa mucho. Y estructuralmente pues me gustan mucho las obras de Caryl Churchill o de Roland Schimmelpfennig, que tienen una escritura teatral de la que he copiado mucho a nivel estructural, de uso de las formas, etc.

Soy muy fan también de la comedia de Aristófanes. Hay algo en la libertad absoluta de su comedia que está en el origen de la sátira política que más me interesa. Él pone a un dios al lado de un hombre, de un animal o de un campesino. En realidad, está en el origen de Los Simpson, donde ponen a Richard Nixon junto a un perro y a un niño de diez años. 

El galardón le llega por La brama del cérvol, una obra en la que se reflexiona sobre si el teatro político puede cambiar el mundo. Tras 16 años de trayectoria con La Calòrica, ¿cuál es su respuesta a esa pregunta? 

Precisamente necesitábamos hacer esta obra para reflexionar sobre la posibilidad de que lo que llamamos teatro político solo sea una excusa para mirarnos a los ojos y celebrar lo progres que somos. La obra plantea la tesis, un pelín conformista, de que a pesar de que haciendo teatro no cambiaremos el mundo, no tenemos más remedio que seguir intentándolo y señalando las cosas que nos parecen inaceptables. Provocar conversaciones, recuperar conversaciones silenciadas y crear momentos de reunión que quizá algún día puedan provocar algo.

Ha dicho en alguna ocasión que el objetivo de su escritura es que las personas se rían de sus miedos o sus fantasmas, pero también ir más allá: “inventar una emoción nueva” que enfade, duela, calme y haga reír a la vez. ¿Cree que esa mezcla es la clave del éxito de La Calòrica?

Yo creo que sí. Pienso que la gente viene a ver nuestras obras porque siente cosas que no hemos inventado nosotros, pero que echa en falta. Quieren reírse pero también salir un poco enfadados, reconfortados, sentirse dolorosamente identificados. Desde La Calòrica intentamos poner al espectador en una situación donde no sabe lo que le va a pasar. Este es el poder que tiene el teatro, hacernos sentir sensaciones físicas, que hagamos un viaje emocional que nosotros queremos que sea lo más insospechado posible.

¿Cree que este premio va a cambiar algo en usted o en La Calórica?

En 2018 ganamos dos premios Max. Fue una alegría pero la vida no nos cambió. Me estoy preparando para que con este pase lo mismo. Muchos compañeros me han escrito para felicitarme y estoy feliz, pero creo que todo seguirá más o menos igual. Si pudiera pedir algo, me encantaría que el premio sirviera para que La brama del cérvol pudiera girar por todo el estado español. Sería una gran alegría.