El tercer menor que permanecía ingresado en estado crítico tras el accidente por ahogamiento del pasado viernes en la playa de la Arrabassada de Tarragona ha fallecido en la noche de este sábado en el Hospital Joan XXIII, según ha confirmado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien se ha mostrado “profundamente conmocionado”.

Con esta muerte ascienden a tres las víctimas mortales de la tragedia, que se cobró la vida en el acto de un menor de 12 años el viernes y la de otros dos de 13 años que habían sido evacuados en estado crítico.

Illa se ha mostrado “profundamente conmocionado por la muerte del tercer menor afectado” y ha manifestado que “no hay palabras en estos momentos de dolor”, en una publicación en la red social X. El presidente de la Generalitat ha querido trasladar su “calor, afecto y apoyo a las familias y amigos de los chicos, y a todo el club CD La Floresta”. También agradeció la rápida actuación tanto de los profesionales sanitarios como de los cuerpos de emergencia que participaron en el operativo.

El suceso tuvo lugar el viernes por la tarde cuando un grupo de jóvenes se lanzaba al agua desde una zona de rocas mientras ondeaba la bandera amarilla debido al oleaje; aunque tres de ellos lograron salir por sus propios medios, los otros tres tuvieron que ser rescatados del mar por los servicios de rescate.

Ante la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento de Tarragona decretó tres días de luto oficial y las banderas ondean a media asta en señal de duelo.

La conmoción se ha extendido también al club de fútbol CD La Floresta, donde jugaban los menores, y en cuyo estadio se concentraron unas 150 personas entre familiares, compañeros y amigos para rendirles un emotivo homenaje con una bandera a media asta en el centro del campo.

Durante el mes de enero de 1938, Barcelona entera tembló. Esos días, los proyectiles lanzados por la aviación fascista italiana devastaron la ciudad. Fue un mes de ataques sin precedentes, tanto que en sólo 20 días hubo 2.000 impactos y se lanzó un millón de kilos de bombas que causaron 2.700 muertos y 7.000 heridos. 

Pero lo peor estaba por llegar: sólo el 30 de enero, dos formaciones causaron más de 900 víctimas. Uno de los puntos más mortíferos fue la plaça Sant Felip Neri y sus alrededores, donde centenares de personas buscaron refugio en el sótano de la iglesia o en una guardería aledaña. Muchos de los fallecidos fueron niños. 

Este sábado, esa plaza en la que vuelve a haber una escuela y en la que Sant Felip Neri sigue en pie, cientos de barceloneses han vuelto a mirar al cielo. Casi 90 años después, otro bombardeo ha sacudido la capital catalana, pero ha sido muy distinto. 

En vez de gritos, sirenas y explosiones, el aire se ha llenado de un silencio intenso y respiraciones contenidas. Lo que ha caído del cielo no han sido bombas, sino cien mil poemas que un helicóptero ha lanzado sobre Barcelona. Todos ellos hablan de la libertad. 

Se trata de una acción concebida por el colectivo chileno Casagrande que ya ha visitado diversas ciudades víctimas de los bombardeos fascistas. Empezaron por su natal Santiago de Chile y siguieron con Dubrovnik, Guernica, Varsovia, Berlín, Londres, Madrid y Róterdam. Ahora ha sido el turno de Barcelona, en el marco de los actos de celebración por el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. 

La plaza llena hasta reventar, ha esperado expectante al inicio de la performance. Entre los asistentes, muchos locales, algo poco habitual en la zona de la Catedral, que los barceloneses tienden a evitar debido a la masificación turística. A la que se ha visto aparecer el helicóptero por el horizonte, los gritos y aplausos se han adueñado de la plaza.

Cuando han empezado a caer los poemas, la muchedumbre ha alzado los brazos, intentando rescatar aunque fuera uno de los puntos de libro. No todos lo han conseguido, pero la gente se ha ido a casa contenta igual. “Ha sido precioso”, cuenta Antònia, que espera que su nieto consiga uno de los poemas que se han quedado atrapados en las ramas de un árbol a base de lanzarle pelotas.

Los puntos de libro llevan impresas composiciones de 100 poetas que el colectivo ha seleccionado entre artistas catalanes y chilenos.

El helicóptero que ha sobrevolado Barcelona iba cargado con cerca de media tonelada de arsenal poético seleccionado por los responsables de esta performance política y artística. Tras Casagrande se encuentran Julio Carrasco, Cristóbal Blanci y Joaquín Prieto, que se estrenaron en 2001 frente al Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. 

La que fue la residencia de Salvador Allende sólo ha sido sobrevolada en dos ocasiones: la primera fue de la mano de los militares, en 1973. La segunda, fue para cambiar las bombas con poemas.  

Aunque esta acción de Casagrande es profundamente simbólica y pacifista, los integrantes del colectivo aseguran que es algo que va mucho más allá. Pretenden “resignificar” el espacio e “invertir el significado” de los bombardeos fasctistas. “No buscamos borrar el trauma histórico, sino volver visible la memoria inscrita en el espacio urbano y reactivar la relación emocional con el pasado”, señala Carrasco. 

Efectivamente, las calles de Ciutat Vella lucen hoy llenas de turistas y visitantes que las miran, fotografían y admiran, pero sin acabar de verlas. Las paredes de los edificios góticos y los suelos empedrados todavía conservan las cicatrices y las mutilaciones de la metralla de los bombardeos del 38. 

La fachada de Felip Neri está plagada de mellas, recordando el resultado de esos bombardeos atroces que fueron un campo de pruebas para el modelo de destrucción sistemática de ciudades civiles que perfeccionarían los países del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. 

Esta performance se enmarca en la Celebración de los 50 años de España en Libertad y ha contado con el apoyo económico y logístico del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha encargado, entre otros, de pedir los permisos de vuelo. “El Bombardeo de Poemas es un buen ejemplo de que esta conmemoración no defensiva ni un ejercicio de nostalgia”, ha expresado Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración. 

“Queremos devolver a las ciudades la memoria que les pertenece y celebrar la libertad conseguida estos años en contraposición con ese pasado incómodo de violencia y agresión fascista”, ha añadido la comisionada, que defiende los actos de memoria que funcionan como “una experiencia compartida”. 

Esta se espera que una a los habitantes de Barcelona, pero también a los de cualquier ciudad que haya sido víctima del fascismo. De hecho, el colectivo Casagrande, se plantea esta acción como un “diálogo entre ciudades” y plantean a Barcelona y a Santiago de Chile como “dos caras de la misma moneda” en las que se ha usado “el terror político contra poblaciones civiles y gobiernos democráticos”.

Los poemas lanzados sobre Barcelona pertenecen a un centenar de poetas, la mitad de ellos catalanes y la otra chilenos, todos ellos menores de 50 años. Los textos, impresos en catalán y castellano, son obra de hombres y mujeres por igual. Aunque no contienen necesariamente la palabra libertad, todos ellos hacen referencia a a ella de distintas maneras. 

La Asamblea Educativa de Catalunya (AEC) ha celebrado este sábado un encuentro de docentes en el que se ha decidido realizar “acciones” de protesta durante el verano y, asimismo, han amenazado con un inicio de curso “convulso” con más huelgas y movilizaciones.

Aunque todavía tienen que calendarizar las acciones, la portavoz de la AEC, Mònica Rodrigo, ha asegurado que se decidirán las fechas antes de que los docentes se vayan de vacaciones. Eso incluye saber los primeros días de huelga del curso que viene, aunque ya han asegurado que los dos primeros días de curso “no serán normales”.

Preguntada por si la huelga indefinida es una opción, Rodrigo no la ha descartado. “Ha habido muchísimas jornadas, pero no se nos ha hecho caso, por tanto, debe escalar y no hay muchos más pasos hacia arriba”, apuntó.

Rodrigo ha admitido que después de cuatro meses de movilizaciones existe un “desgaste importante”. Sin embargo, ha avisado de que durante el verano se movilizarán cuando haya fiestas mayores o actos de Govern y, en especial, allí donde esté prevista la presencia de la consellera de Educación, Esther Niubó.

La 6ª Asamblea Educativa de Catalunya ha reunido en el Ateneu del Clot, en Barcelona, con cerca de 120 personas y representantes de asambleas territoriales, tanto docentes como personal de atención educativa y del ocio. La jornada ha empezado a las diez de la mañana y se ha alargado hasta las tres de la tarde.

También han asistido representantes de los sindicatos USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS, que son los que no han firmado el acuerdo con Educación. Rodrigo ha indicado que los sindicatos les han escuchado y hacen suyas las reivindicaciones y acuerdos. También ha señalado que las organizaciones sindicales les están invitando a tener representación dentro del comité de huelga.

Uno de los dos menores de 13 años heridos críticos este viernes en la playa de l'Arrabassada de Tarragona ha muerto. Con su fallecimiento, ascienden a dos las víctimas. El otro herido sigue en estado crítico.

“Con mucha tristeza he conocido la noticia de la muerte de un segundo menor a raíz del accidente ocurrido en la playa de la Arrabassada de Tarragona. Quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia y amistades”, ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a través de sus redes sociales.

Según ha informado Protección Civil, los equipos de emergencias han tenido que intervenir, hacia las 15:30 horas, en el rescate de un grupo de seis jóvenes que tenían problemas para salir de agua. Del grupo de jóvenes, tres han podido salir por su propio pie del agua, mientras que los otros tres han tenido que ser rescatados y atendidos por los equipos de emergencias. Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), de los tres menores rescatados, uno ha muerto y otros dos se encuentran en estado crítico.

En el momento de los hechos ondeaba la bandera amarilla en la playa de la Arrabassada, que posteriormente fue sustituida por la roja. Al parecer, la zona de rocas donde se bañaban los jóvenes, entre la playa de la Arrabassada y la del Miracle, quedaba fuera de la cobertura y de la visión de los socorristas.

Otro fallecido en Barcelona

A primera hora del sábado, un hombre de mediana edad también ha muerto ahogado en la playa de Sant Miquel de Barcelona. El aviso a emergencias se ha recibido a las 6:59h, cuando todavía no había empezado el servicio de socorristas. Se han desplazado hasta el lugar cuatro ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas y diversas patrullas de los Mossos y la Guàrdia Urbana. La víctima iba indocumentada.

Según Protección Civil, se trata de las tres primeras muertes en las playas desde que comenzó la temporada de baño en Catalunya el 15 de junio.

Aliança Catalana ha tenido serios problemas para encontrar un candidato a la alcaldía de Barcelona. Tras llamar a la puerta de diversas caras conocidas, como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, y recibir una y otra vez un 'no' por respuesta, la formación xenófoba ha decidido tirar de banquillo y colocar al actual número dos e ideólogo del partido, Jordi Aragonès, como cabeza de lista en la capital.

El partido ultra sabe que se lo juega todo en las municipales del próximo año y que ha de presentar listas solo allí donde tenga candidatos competitivos y previsión de poder hacer buenos números. Pero Barcelona es diferente. La capital catalana es un símbolo y la única ciudad donde la política local juega en la liga de la nacional. Si Aliança quiere ser algo en el Parlament, no podía dejar desierta la carrera de Barcelona.

Así se ha acabado tomando la decisión de que sea Jordi Aragonès quien concurra por la capital. Pese a no ser una cara conocida por el gran público, este joven de 33 años es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, una de las personas que tienen la última palabra en todas las decisiones del partido.

En los círculos de la extrema derecha independentista se le considera el ideólogo y uno de los padres del crecimiento disparado de AC en las encuestas en los últimos dos años. En el último barómetro municipal de Barcelona la formación xenófoba se situaba en el cuarto puesto y lo más llamativo era que batían a Junts.

El candidato de Barcelona se ha trasladado recientemente a la capital, pero está afincado desde su nacimiento en Pineda de Mar (Maresme), municipio del que proviene su familia y que también comparte con su primo Pere Aragonès, expresident de la Generalitat.

El abuelo de ambos, Josep Aragonès, fue alcalde franquista del municipio y quien levantó la próspera cadena hotelera que ahora dirige el exjefe del Govern. El que fuera líder de ERC no tiene prácticamente relación con su primo y, dentro de su familia de derechas, siempre fue considerado una rara avis.

Ese mismo abuelo escribió una página de la historia política catalana al fundar, junto a políticos como Manuel Millán Mestre o Josep Maria Santacreu un partido denominado Reforma Democràtica de Catalunya, que se consideraba el núcleo de Manuel Fraga en Catalunya y que, poco después, acabaría integrado en Alianza Popular. 43 años más tarde Jordi Aragonès fundaría otro partido con el nombre de alianza, en este caso con el apellido de “catalana” y de orientación independentista y xenófoba.

Antes que eso, Jordi Aragonès había pasado por las juventudes de Unió, cantera de parte de las nuevas hornadas de líderes de extrema derecha catalanista. Licenciado en Historia y profesor de instituto en la localidad de Begur (Baix Empordà), el cerebro de Aliança es ultraliberal en postulados económicos y defiende, por ejemplo, reducir al mínimo el estado de bienestar o privatizar las pensiones.

Tampoco oculta que su proyecto pasa por deportaciones masivas de inmigrantes, a las que se refiere como “remigración”.

Este concepto es, en realidad, un eufemismo de la extrema derecha europea para hablar de deportación masiva, incluyendo a ciudadanos nacidos en Catalunya pero de origen extranjero. Aliança explica en su programa que debe expulsarse al conjunto de las personas sin regularizar, así como a todos los inmigrantes que hayan cometido delitos. Además, señalan con frecuencia que el crecimiento de la población catalana es un problema para la sostenibilidad de los servicios públicos.

Aliança estaba en plena campaña sobre la “remigración” hace un año cuando fue acusada por otros independentistas de que, si se aplicaran sus propuestas, se acabaría deportando a dos millones de catalanes. Una sentencia a la que el propio Aragonès contestó en tono afirmativo: “Y son cifras ciertamente conservadoras”. Este número de ciudadanos que el candidato quisiera fuera de Catalunya equivale al 25% de la población catalana.

Después de probar suerte con la plataforma Moviment Democràta Català, que formó en 2013 junto al exalcalde de Vic Josep Maria Vila d'Abadal, Aragonès fundó Aliança en 2020 junto a Orriols y unos cuantos escindidos del Front Nacional de Catalunya.

Su ideario es, según su propia definición, islamófobo. Con esa bandera conquistaron la alcaldía de Ripoll gracias a que la oposición, mayoritaria, no logró ponerse de acuerdo. De la localidad gerundense saltaron al panorama catalán en 2024, cuando lograron dos escaños en el Parlament. Su ascenso desde entonces ha sido imparable y las encuestas más optimistas auguran que podrían llegar a los 20 diputados.

Pero su gran reválida serán las elecciones municipales de mayo de 2027. Está en juego su consolidación, para lo que necesitarían entrar en un porcentaje relevante de ayuntamientos catalanes.

La estrategia del partido no es abarcar lo máximo posible, sino presentar listas solo en aquellos lugares que puedan tener éxito. Pero encontrar candidatos adecuados en decenas de municipios en los que Aliança aún no tiene estructura orgánica no está siendo tarea fácil y, por el momento, faltan conocerse las propuestas de las algunas de las mayores ciudades catalanas.

Postulando a Aragonès para Barcelona, Aliança pone un parche al fracaso de no haber encontrado una cara conocida que defienda sus siglas en la capital. A cambio, saca al terreno de juego a una de las figuras con más proyección del partido, pero que hasta ahora había trabajado entre bambalinas. En los últimos días, Aragonès ya ha tenido contactos con los círculos económicos de la ciudad con los que su partido aspira a conectar. Si lo conseguirá o no está aún por ver.

La directora adjunta de elDiario.es, Neus Tomàs, figura entre las 50 catalanas más influyentes de 2026, según el listado publicado por la revista Forbes Women. La publicación económica ha incorporado este año perfiles inéditos junto a mujeres que ya habían formado parte del proyecto anteriormente, con el objetivo de descubrir nuevo talento y reconocer trayectorias emergentes.

La lista ha sido elaborada por un comité de expertos y consultores externos liderado por Vera Bercovitz, Head of Content de Forbes Women, bajo la supervisión del presidente y editor de Forbes, Andrés Rodríguez. Ordenada alfabéticamente, la selección ofrece una radiografía de distintos ámbitos del ecosistema de influencia catalán.

Neus Tomàs (Lleida, 1973) se incorporó a elDiario.es como subdirectora en 2017. Licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, comenzó su carrera profesional en la Cadena SER y, tras dirigir durante tres años la Oficina del Portaveu del Govern, se incorporó a El Periódico de Catalunya, donde se convirtió en la primera mujer en ocupar la dirección adjunta. Actualmente desempeña ese mismo cargo en elDiario.es, donde también es miembro del consejo de administración.

En la lista de Forbes de las 50 catalanas más influyentes aparecen mujeres del ámbito empresarial, político, social, cultural, artístico y deportivo. En el terreno económico destacan nombres como el de la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella; la presidenta de Novartis, Amaya Echevarría; la presidenta y CEO de Vueling, Carolina Martinoli; la presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà; la presidenta del Grupo Clará, Rosa Clará, o la directora de Comunicación de CaixaBank, Maria Luisa Martínez Gistau.

Uno de los nombres más destacados del listado es el de la cantante Rosalía. Junto a ella aparecen otras figuras del ámbito de la cultura y los medios de comunicación, como las escritoras Eva Baltasar, Najat El Hachmi y Regina Sirvent; la presidenta de 3Cat, Rosa Romà; la directora de RAC1, Eulàlia Carbonell, o la directora del Magazine de La Vanguardia, Joana Bonet. Otras seleccionadas son la modelo y presentadora Martina Klein o la actriz y directora de cine Aina Clotet.  

En el ámbito político figuran, entre otras, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y portavoz del Govern, Silvia Paneque, así como la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet.

Después de meses de sondear diversos nombres, Aliança Catalana ya ha presentado a su candidato para la alcaldía de Barcelona. Se trata de Jordi Aragonès, uno de los ideólogos de la formación xenófoba e independentista, miembro desde su creación y uno de los pesos pesados del partido. La formación cierra así un proceso de búsqueda que ha sido largo y, aunque en inicio buscaban caras más mediáticas, han acabado apostando por uno de sus ideólogos.

El anuncio se ha hecho este viernes en el Born, un yacimiento de la Barcelona de 1714 que fue un importantísimo lugar de peregrinaje del independentismo durante el procés. Desde que esas brasas se apagaron, se ha convertido en un espacio de debate alejado de los tintes políticos. Pero ahora Sílvia Orriols ha querido avivar ese fuego concentrando a los suyos en este simbólico enclave.

Bajo el lema 'Salvem Barcelona', el acto ha empezado media hora tarde y con una entrada triunfal de la líder del partido, Sílvia Orriols, que ha sido recibida entre aplausos, con el público de pie y con una nota de color inesperada: a ritmo de Lay All Your Love On Me, de ABBA.

“No necesitamos a nadie mediático, sino a alguien valiente que aplique medidas correctivas que puedan revivir a Barcelona”, ha expresado Orriols, que ha hablado antes que Aragonès. Con un tono de voz más alterado de lo que es costumbre, la líder xenófoba ha arengado a los suyos con un breve discurso en el que ha dejado claro su objetivo: “el Estado libre, seguro, próspero y occidental que nos merecemos”.

Con una cadencia mucho más calmada ha tomado la palabra el ya oficial candidato a la alcaldía de Barcelona. Ha dedicado su discurso a reivindicar el pasado “glorioso” de Catalunya, un faro de una “europa civilizada” que ahora, considera, se ha visto “mancillada”. Por eso, ha reivindicado la Barcelona “de Carlomagno” y ha asegurado que debe ser “capital de toda la Mediterránea”.

En esta línea apuesta por fortalecer vínculos las ciudades que están bañadas por el mismo mar. Ahora bien, Aragonès sólo ha mencionado a Francia, Italia y Grecia y ha descuidado toda país que quede al este y en el norte de África.

Aragonès ha tirado de sus conocimientos de historia para detectar los principales problemas de Barcelona: la vivienda y la inseguridad. Los culpables: la migración, el socialismo, las “políticas woke” y la “sumisión a España”. El candidato se ha dedicado a dar cifras para justificar su tesis: que las personas migradas que llegan a Barcelona cada año quitan los pocos alquileres que hay, lo que causa que casi medio millón de pesonas vivan “hacinadas” debido a las malas políticas de la vivienda. Todo ello causa “un conflicto social que nos devuelve al pistolerismo”.

Por eso, asegura, su objetivo es mejorar la cuestión de la vivienda, pero sólo “para los catalanes de raíz y de verdad”, una afirmación que ha despertado los vítores de los asistentes.

El acto ha acabado, no con preguntas del público sino de los periodistas, un colectivo que ha sido “vilipendiado por los militantes de Aliança Catalana”, tal como ha reconocido Eduard Berraondo, jefe de prensa del partido. El también periodista ha querido “romper una lanza” a favor del gremio y ha inaugurado “una rueda de prensa”, pero que se ha realizado ante todos los militantes. Los periodistas, al intervenir, han sido iluminados con los focos y acribillados por parte de los fotógrafos. En vista de ello, sólo ha habido dos preguntas.

La disputa con Junts

Con el anuncio de la candidatura de Aragonès, se cierra un proceso difícil para el partido, que intentó suerte con otras caras visibles como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró. Ante la negativa de ambos, Aliança se ha decantado por un perfil mucho menos conocido pero de importancia en la formación. 

Jordi Aragonès, que es primo del expresident Pere Aragonès, es un joven de 33 años que, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança. Han escogido para Barcelona una de las figuras con más proyección de entre sus filas, aunque hasta ahora siempre había trabajado fuera del foco mediático. De hecho, ya fue el número dos por Barcelona en las elecciones al Parlament de 2024, pero el partido no obtuvo ningún escaño en esa circuscripción.

Con este nombre se va completando ya el puzzle de los candidatos a la alcaldía de Barcelona. Hasta ahora se conocen los cabezas de lista del PSC, con un Jaume Collboni que buscará revalidar el cargo; los Comuns con Gerardo Pisarello al frente; ERC, que apuesta por Elisenda Alamany; y un PP en el que se da por supuesta la continuidad de Daniel Sirera. 

Así, sólo faltan los candidatos de Vox y de Junts, que celebra primarias este fin de semana y que dará a conocer a su candidato o candidata este domingo. Quien salga escogido de entre las filas juntaires se las tendrá que ver de cerca con Aragonès: las encuestas dan un resultado parecido a ambas formaciones, pero con una ligera ventaja a Aliança Catalana, que no sólo irrumpiría con impulso en el consistorio, sino que, además, se podría llegar a convertir en la primera fuerza de derecha en Barcelona. 

Así lo pronostica el último barómetro municipal, una encuesta de intención de voto que augura una importante pérdida de votos para Junts, que perdería el 75% de los apoyos y cosecharía los peores números de su historia (contando tanto CiU como Junts). El barómetro apunta a que Junts podría perder 10 puntos, de los cuales 4 serían cosechados por Aliança. 

Tal como ha reconocido el conductor del acto, el partido en Barcelona “no tiene nada que rascar”, pero Aliança no ha querido dejar pasar la oportunidad de ocupar unos asientos en el bastión que es la capital catalana. Allí, el partido xenófobo cuenta con 346 militantes registrados, que ascienden a 416 en el conjunto de la comarca. De ahí, que las 150 sillas que se habían dispuesto para el acto no hayan llegado ni a llenarse.

Aliança apuesta por ciudades medianas

El 23 de abril, día de Sant Jordi, patrón de Catalunya, Aliança tenía pensado anunciar diversos de sus candidatos, incluido el de Barcelona, que finalmente llegaría dos meses tarde. Pero ese día sí se reveló el nombre de otros seis cabezas de lista, casi todo en ciudades medianas donde la formación cuenta con encuestas favorables. 

Según la lista hecha pública por Aliança, su candidato en Reus será el abogado Jonathan Cortijo, alineado con las tesis de la formación. Arnau Liesa, docente y escritor, lo será en Figueres. El candidato de Tortosa ha sido una de las sorpresas de la jornada, pues la persona propuesta es Eduard Rel, exdirigente local del PSC. 

Completan la lista Viqui Novell en Tàrrega, Olga Pagès en Banyoles y Marina Quintana en Roda de Ter. Esta es, sumando el nombre de Aragonès, toda la nómina de candidatos de la que dispone la formación encabezada por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll que ha manifestado su intención de volver a presentarse por la localidad.

Después de esa jornada, se sucedió un degoteo de anuncios como el de Xavier Capelles, exfundador de Societat Civil Catalana para Manresa, o Joana Berrio, presidena de la Asociación Cultural Sabadell e Israel para la cocapital del Vallès Occidental.

El independentismo de extrema derecha, que entró por primera vez en el Parlament en las elecciones de 2024, ve las elecciones municipales de 2027 como una oportunidad para crecer y consolidarse en municipios grandes como podría ser el caso de Barcelona y disputarse a una buena parte del electorado que ha acabado, o bien desencantada con los líderes independentistas, o bien cautivada por los discursos securitistas i xenófobos.

Un menor ha muerto y otros dos se encuentran en estado crítico tras tener problemas para salir del agua cuando se bañaban en la playa de la Arrabassada de Tarragona, según han informado los equipos de emergencias de la Generalitat.

Según ha informado Protección Civil, los equipos de emergencias han tenido que intervenir, hacia las 15:30 horas, en el rescate de un grupo de jóvenes que tenían problemas para salir de agua, en la playa de la Arrabassada de Tarragona.

Del grupo de jóvenes, tres han podido salir por su propio pie del agua, mientras que los otros tres han tenido que ser rescatados y atendidos por los equipos de emergencias. Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), de los tres menores rescatados, uno ha muerto y otros dos se encuentran en estado crítico.

Al lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra, de la Cruz Roja, de Salvamento Marítimo y del Sistema de Emergencias Médicas.

En el momento de los hechos ondeaba la bandera amarilla en la playa de la Arrabassada, que posteriormente fue sustituida por la roja. Al parecer, la zona de rocas donde se bañaban los jóvenes, entre la playa de la Arrabassada y la del Miracle, quedaba fuera de la cobertura y de la visión de los socorristas.

Según indica Protección Civil, se trata de la primera muerte en las playas desde que comenzó la temporada de baño en Cataluña el 15 de junio.

Poco después del suceso, el Ayuntamiento de Tarragona ha emitido una nota en la que el alcalde, Rubén Viñuales, expresa su más sentido pésame por la muerte del menor y traslada su apoyo y cariño a la familia, amigos y personas de su entorno. Viñuales también ha mostrado su apoyo a los familiares de los dos menores críticos, a quienes deseó “de todo corazón” que se recuperen.

El consistorio ha pedido “la máxima prudencia y respeto por la intimidad” de las familias afectadas.

El curso escolar más conflictivo, el que más huelgas docentes ha vivido en la historia reciente de Catalunya, llega este viernes a su fin. Sin embargo, el malestar entre el profesorado permanece, y nadie sabe cómo se va a canalizar a partir de ahora, con unos sindicatos divididos y un Govern que apela al acuerdo de mejoras salariales y laborales alcanzado con los sindicatos a finales de mayo. 

El problema es que ese pacto fue tumbado por la plantilla en una votación que dejó en falso a USTEC, el sindicato mayoritario de la educación pública y que había liderado la negociación. Ahora, los docentes se van de vacaciones con la voluntad de retomar las protestas en septiembre, pero sin unas demandas comunes, con los sindicatos divididos y con la vaga intención de abrir el debate sobre las reformas educativas más allá de la mesa laboral. 

La opción de revisar el sistema educativo y el papel del docente en un espacio más amplio, con familias y entidades de la comunidad educativa, es la fórmula que han puesto sobre la mesa algunos sindicatos e incluso el Govern para salir del actual callejón sin salida. Pero las partes no se ponen de acuerdo en quiénes deberían sentar a esa mesa. 

La consellera de Educación, Esther Niubó, planteó en una intervención en el Parlament crear un “nuevo canal” para encauzar las demandas docentes que superen el aspecto laboral. Por ejemplo, las que tienen que ver con las infraestructuras y el calor en las aulas o la reforma de los curríuculums. “El sistema necesita más capacidad de escucha”, declaró. 

Pero algunos sindicatos creen que la intención de Niubó es abordar las reivindicaciones docentes a través del Consejo de Educación de Catalunya. USTEC se opone porque incluye a la concertada. 

Aquí es donde emergen también las discrepancias entre los propios sindicatos, cuya unidad se fue resquebrajando a medida que avanzaban las huelgas. El primer acuerdo de la Generalitat con CCOO y UGT originó el primer cisma, y luego este se agravó con la firma del segundo pacto, más ambicioso que el primero: lo rubricó Professors de Secundària, pero no USTEC –que estaba a favor, pero acató el voto de la plantilla–, CGT ni Intersindical. 

Desde USTEC apuestan por un proceso de debate amplio, calendarizado y con documentos de trabajo, que incluya a docentes, alumnos, familias, etapas de Infantil y universidades, y personal de administración. Pero lo ciñen a la escuela pública. CGT, por ejemplo, está en principio acuerdo, pero añade que por parte de los sindicatos solo puede haber los del comité de huelga, y excluye por lo tanto a CCOO, UGT y a Professors de Secundaria. 

Estos últimos, que acabaron avalando el acuerdo, están a la expectativa, aunque prefieren negociaciones concretas antes que a procesos participativos con varios frentes. Además, ellos se oponen a consolidar modelos como el de la escuela inclusiva. “No nos movilizaremos con eslóganes poco concretos, con generalidades. Relacionamos las negociaciones con logros concretos”, afirman. 

Sea como sea, este nuevo escenario sin un horizonte claro por parte de los docentes va para largo. Durante las últimas concentraciones, las proclamas de sindicatos y de manifestantes amenazaban con movilizaciones en septiembre. Pero al mismo tiempo sindicatos como USTEC reconocen que ante el fracaso del último pacto deben tomar de nuevo el pulso de los claustros, conocer bien sus demandas, y esto no se podrá hacer durante el verano: en julio los centros están prácticamente vacíos. 

“No renunciamos a ningún espacio de lucha. Continuamos defendiendo las reivindicaciones del profesorado en la calle, en las mesas de negociación y en los centros educativos”, manifestaba Iolanda Segura, portavoz de USTEC, este viernes antes de entrar a la reunión de la mesa sectorial. 

El Departamento de Educación, mientras tanto, se abre a iniciar procesos participativos con la comunidad educativa, pero no a retomar una negociación sindical que da por cerrada con el acuerdo de mayo, que por ahora cuenta con el aval de CCOO, UGT y Professors de Secundària. En él se recoge la subida progresiva de salarios hasta los 450 euros al mes en 2029 (600 si se le suma el incremento estatal) y el refuerzo con más de 6.000 profesionales para la escuela inclusiva.

En los últimos años, los modelos familiares han ido cambiando y cada vez son más los hogares formados por personas que no sólo están unidos por la sangre. A pesar de ello, los permisos de duelo, cuidados o acompañamiento están limitados a aquellas personas que comparten vínculos de sangre. En cambio, dejan fuera a amigas, vecinos o familiares más lejanos, pero con quienes la relación puede ser mucho más cercana. 

“Nuestros vínculos van mucho más allá de la consanguinidad y una normativa que sólo contempla la sangre y el estado civil tiene muchas limitaciones”, apunta Ariadna Mendieta, socia de la cooperativa L’Esberla, que permite a sus trabajadores seleccionar hasta seis personas de su entorno a quien quieran aplicar permisos de conciliación que corresponderían a familiares de primer y segundo grado (cónyuges padres, hijos, hermanas, abuelos, cuñados o nueras).

“Hay mucha gente que no tiene relación con su padre, pero sí con su vecina. O que prefiere cuidar de su mejor amiga porque tiene menos red que cualquier otro familiar directo”, sigue Mendieta. Esta apuesta, que hace tres años que está en marcha, se revisa anualmente y busca que los cuidados sean más equitativos. “Las familias son diversas y no es de recibo que alguien se tenga que tomar días de vacaciones para cuidar de alguien sólo porque la normativa no contemple ese vínculo”, explica. 

Esta medida es una de las seleccionadas por la Generalitat de Catalunya para la Agenda Catalana de Conciliación y Corresponsabilidad, una guía en la que han participado hasta nueve conselleries y que recoge buenas prácticas de empresas. El documento, que ha sido presentado este viernes, incluye ejemplos de diversos ámbitos y tipologías que funcionan como recomendaciones para quienes quieran mejorar la conciliación de sus trabajadores. 

La idea es que, a finales de año, esta Agenda se complemente con una herramienta digital que, a través de un diagnóstico, recomiende las medidas que cada empresa, asociación o cooperativa puede implementar de manera más eficiente y las que encajen mejor con el tipo de actividad y trabajadores. Además, también habrá seguimiento y asesoramiento para aquellas que se decidan a dar el paso. 

“La Agenda es una apuesta de país para impulsar una transformación real en la manera de organizar el tiempo que sea compatible con las diversas formas de vida”, ha asegurado la consellera de Feminismos e Igualdad, Eva Menor, en declaraciones a elDiario.es. 

Esta política, sigue la consellera, es una manera de compensar a las mujeres, que todavía hoy siguen siendo las que se encargan, en mayor medida, del trabajo de cuidados. “Eso afecta a nuestras carreras, a las pensiones y prestaciones”, apunta. “Pero esto no es sólo para las mujeres, es una medida para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema social y productivo”, ha añadido.

En esta línea, otros colectivos que saldrán beneficiados de estas políticas de conciliación son el LGTBIQ+ y las comunidades migrantes. Son los que, por diversas razones, han constituido círculos y redes que van más allá de los lazos de sangre y quienes más necesidad tienen de repensar qué se entiende por “familia”. 

“El objetivo de esta herramienta es transformar la sociedad y ayudar a avanzar hacia modelos más flexibles y compatibles con la vida”, insiste la consellera Menor, que asegura que “trabajar y tener un proyecto de vida debería ser un derecho que se pueda ejercer en igualdad de condiciones”. 

Más teletrabajo para la conciliación veraniega

El análisis del Govern apunta a que la organización del tiempo es uno de los principales hándicaps a la conciliación y, por ello, recomienda a las empresas que sean “flexibles” en los horarios de salida y entrada, en la elección de los periodos de vacaciones y en las políticas de teletrabajo. Sobre todo durante el verano, que es cuando la conciliación más se puede complicar para las familias con hijos. 

La Agenda recoge diversas buenas prácticas en este ámbito, como las de la empresa Brico Depot, que ofrece la posibilidad de teletrabajar al 100% durante las dos semanas anteriores y posteriores de las vacaciones de verano e, incluso, contempla poder operar en remoto desde el extranjero. Esta apuesta del Govern para fomentar el trabajo en remoto contrasta con las políticas que se están llevando para con los empleados públicos. La conselleria de Presidencia ya eliminó el teletrabajo para los altos cargos el pasado año y recientemente ha planteado una paga para quienes renuncien a este beneficio.

Más allá del teletrabajo, la Agenda plantea otras opciones como las que ofrece Tous, que pone a disposición guarderías gratuitas para sus trabajadores. Pero como los cuidados también pueden ser de personas mayores, se han destacado prácticas como las de la asociación Viu Lleure, que facilita talleres semanales para luchar contra la soledad en la tercera edad, a la vez que libera a sus cuidadores durante unas pocas horas. 

Lo importante de estas medidas, recuerda Menor, es que no son puntuales ni momentáneas, sino que se han incorporado al día a día de las empresas como una conquista de derechos. “Pueden ser mejoras estructurales, pero también se puede empezar por cosas más simples”, insiste la consellera. 

Por ejemplo, destacan medidas que no requieren cambiar el convenio colectivo como establecer que las reuniones de trabajo se harán siempre en horarios concretos que garanticen la presencia de las personas que cuentan con una reducción de jornada. También las hay que han decidido crear un permiso de divorcio, igual que existe en los casos de unión.

“Hay muchas empresas a las que dar el paso les cuesta porque creen que dar mejores condiciones a las trabajadoras es un gasto innecesario, pero en realidad es una inversión”, sostiene Ariadna Mendieta, que recuerda que la principal causa de ausencia en el trabajo son las bajas por depresión y ansiedad. “Si garantizas el bienestar de la plantilla, se consigue un trabajo a gusto y más vinculación con el proyecto”, sostiene. “Eso, además de un respeto por la vida personal de cada quien”. 

Junts elige este fin de semana al sucesor de Xavier Trias como alcaldable en Barcelona para 2027 en un proceso de primarias entre cuatro candidatos de distinto perfil: Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa y Jaume Alonso-Cuevillas.

Los candidatos llegan a la votación divididos por la influencia que debe tener el líder del partido, Carles Puigdemont, en la confección de la candidatura, y con distintos matices a la eventual política de pactos con el actual alcalde, Jaume Collboni, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Sobre la mesa de Junts han pasado los nombres del expresident Artur Mas, el empresario Tatxo Benet, los exconsellers Joaquim Form y Jaume Giró o el portavoz del partido, Josep Rius. Todos ellos se descartaron como candidatos.

Tanto Freixa, secretaria primera de la Mesa del Parlament, como Martí, líder del grupo municipal de Junts en Barcelona, coinciden en poner sobre la mesa la soberanía de la agrupación barcelonesa para confeccionar la lista electoral.

“El president Puigdemont es el presidente del partido y, por tanto, siempre que dice algo es escuchado, pero nuestro partido ha defendido mucho la autonomía municipal”, observa Freixa, que quiere “cierto margen” para Junts por Barcelona para tejer la candidatura.

Por su lado, Martí recuerda que el partido tiene la “tradición” de pactar su lista local con la dirección nacional. Otra costumbre dentro del partido, observa, es que “se mantenga y se preserve la autonomía local con todo”.

Calvo, portavoz adjunta de Junts en el Congreso, tiene la intención de reunir los cargos del partido en Barcelona si gana las primarias, pero sostiene que “evidentemente” se contaría con la dirección nacional.

Por contra, Cuevillas, exabogado del expresident, afirma contundente que Puigdemont debe tener “todo el peso” en cualquier asunto de Junts. “El president es el referente de todo el partido de forma clara e indiscutida”, zanja.

Todos los candidatos se abren a integrar las diferentes sensibilidades de Junts en su candidatura si son escogidos cabezas de cartel, pero aparecen las dudas sobre qué harían si pierden la votación. Freixa asegura no haberse planteado la posibilidad de incorporarse a la lista ganadora; Martí también prefiere no especular sobre las consecuencias de las primarias.

Para Calvo, incorporarse a la lista ganadora dependerá de la voluntad de quien la lidere, aunque prefiere no plantear el escenario, igual que Cuevillas, quien se muestra confiado: “Yo quiero ser el alcalde de Barcelona”.

Martí, ungido por el exalcalde Xavier Trias, asegura que Junts ha tenido “malas experiencias” con Collboni, algo que “ha vacunado” a los de Carles Puigdemont. Ahora bien, no cierra la puerta a explorar pactos, también de investidura, con el PSC: “Si estamos en disposición de hablar, hablaremos con todo el mundo que no pise las líneas rojas que nos autoimponemos”.

Calvo descarta un hipotético escenario en el que Junts, con ella a la cabeza, negocie su apoyo a la reelección de Collboni, porque cree que los de Puigdemont “van a ganar y punto”. Sin embargo, y hablando sobre pactos puntuales, sostiene que Junts “siempre” ha estado abierto a sellar acuerdos que “beneficien” a la ciudadanía. “Si es un buen acuerdo, se puede pactar”, opina.

Freixa rechaza apoyar una eventual reelección de Collboni porque, a su juicio, su modelo de ciudad está “agotado”. Y Cuevillas añade: “Con la gente del 155 no podemos pactar un gobierno”. Sin embargo, el abogado aplaude los entendimientos que Martí ha conseguido con el gobierno actual, que vería bien reeditar en un futuro si solo abordan “medidas concretas”.

Cuevillas augura un “papel residual” por Aliança Catalana en las próximas municipales en Barcelona, porque “no tiene implantación” en la ciudad. El partido de extrema derecha, asegura el abogado, le ofreció ser candidato a la capital catalana, pero que lo rechazó porque le daría “vergüenza”.

Freixa, preguntada por si aceptaría el apoyo de los de Silvia Orriols para llegar a la alcaldía de Barcelona, descarta tejer coaliciones “con los extremos”, pero avisa: “Si alguien quiere sumarse sin pedirle nosotros el voto, es otra cosa. Tampoco puedes impedir quién vota y quién no vota”.

Asimismo se expresa Calvo, que reta a Aliança Catalana a decidirse entre una candidata independentista o alguien que “defiende la política española” si sus votos son decisivos para la alcaldía. Eso sí, advierte que Junts ha dejado “muy claro” que hay “líneas políticas” de la extrema derecha independentista con las que “jamás” estará de acuerdo.

Martí también ve elementos de los de Orriols que no le gustan “nada”, pero subraya la incertidumbre sobre quién encabezará su proyecto en la ciudad y cuál será su “talante”. “Quiero esperar a ver cómo evoluciona el panorama político (…) en el país en general”, señala.

La vivienda, principal problema

Los cuatro candidatos están de acuerdo en que el acceso a la vivienda es el principal problema que el candidato a la alcaldía de Barcelona debe abordar. Martí se reserva las grandes medidas “para cuando sea candidato”, aunque menciona las propuestas que, a lo largo del mandato, ha formulado el partido: reducir “muchísimo” la carga impositiva para adquirir un hogar, la construcción y la promoción, o ayudas al alquiler.

La receta de Calvo pasa por una “gran inversión” en nuevas viviendas de protección oficial, la “flexibilización” del 30% de residencias asequibles en nuevas construcciones o rehabilitaciones, “eliminar burocracia” o tejer una colaboración público-privada. Además, defiende tener en cuenta la antigüedad en el empadronamiento a la hora de adjudicar viviendas de protección oficial.

En una línea similar se expresa Freixa, que considera necesaria una inversión pública “sin precedentes” en materia de vivienda, especialmente en protegida. También interpela a las compañías privadas. La candidata quiere “incentivar” a los propietarios, sin “leyes de castigo”, y subraya la necesidad de “acabar” con las políticas de Colau y Collboni y poner en marcha medidas consensuadas, “sin que se prioricen ideologías”.

Ahora bien, los cuatro reconocen que hace falta tiempo para abordar la crisis de la vivienda, con medidas a corto plazo y otras enfocadas al futuro. Cuevillas cree que muchas problemáticas están “enquistadas” por el “mal” que, a su juicio, han hecho el PSC y los Comuns en Barcelona.

“Barcelona, capital de Catalunya”

Según Freixa, cuando alguien llega a Barcelona, no encuentra “ningún indicio” de que sea la capital de Catalunya, por lo que propone instalar “grandes anuncios” en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, “paneles informativos” en las calles o “lo que haga falta” para que se constate la catalanidad de la ciudad. También enfatiza la necesidad de “cuidar” la lengua y hacerla “obligatoria” para todos los que quieran venir a vivir a Barcelona.

Sobre las mismas coordenadas, Calvo se compromete a “recuperar la identidad catalana” de Barcelona, el ingrediente necesario para que la ciudad recobre “autoestima”. “Y, desde aquí, ser capaces de generar las sinergias necesarias para conseguir que lleguen más inversiones y oportunidades de trabajo calificado para nuestra gente joven”, dice.

Cuevillas, que, como Martí, subraya la capitalidad de Barcelona, ansía que se convierta en la primera ciudad de un “país libre” y que “tenga ese empuje” que, a su juicio, la ciudad tenía en el pasado. “Lo que debe recuperar Barcelona es la autoestima, la ilusión”, apunta.

Día 1 de la “nueva era” del festival Sónar, que este jueves ha abierto su 33ª edición, primera “unificada” en la historia del certamen que ha trasladado el grueso de su actividad a Fira Gran Vía, con una apuesta segura: la oscuridad clásica de los veteranos Cabaret Voltaire y el descaro deslenguado de Metrika.

En una cita con el historial del Sónar –epicentro de la escena electrónica y las músicas avanzadas durante tres décadas– lo más importante es siempre la oferta (sobre todo con un cartel como este 2026 con un centenar de propuestas), pero resulta imposible que los recientes cambios en la dirección y en la ubicación del festival, no generen cierta sensación de cambio de ciclo, alejados, ahora un poco más, del centro “natal” de Barcelona.

Una nostalgia que no ha afectado a las miles de personas que este jueves se han acercado al macrorrecinto de Fira Gran Vía, en Hospitalet de Llobregat, que habrá que ir domesticando por su tamaño, y que hasta la madrugada del domingo acogerá, de un tirón, toda la programación musical, sin diferenciar entre Sónar Día y Sónar Noche, como era habitual, con un cartel ecléctico, con bandas con mucho pasado, nombres del presente y otros que otean el futuro.

Entre las primeras ha estado la veteranísima banda británica Cabaret Voltaire, que ha desembarcado en el escenario Sonar Hall para celebrar sus más de cincuenta años de carrera subversiva, memoria viva de la mutación de los sonidos electrónicos, desde sus inicios industriales, hacia el post-punk, el techno o el synth pop menos convencional.

El ahora dúo, formado por Stephen Mallinder y Chris Watson –la tercera pata del trío original, Richard H. Kirk, falleció en 2021– llevan un tiempo de gira tras la publicación de But what time is it really?, álbum en directo que recopila temas clásicos de los lejanos ochenta, y que ha sido la base del concierto que han ofrecido en Sónar, su única cita en España.

Tras la casi instrumental Landslide, la pareja ha demostrado que los setenta son los nuevos treinta, porque su directo, a la sombra de unas desasosegantes proyecciones, es la reafirmación de status de banda mítica, y como muestras la alienante The set up, el pop sintético de Spies In The Wires, el eco industrial y arabesco de Yashar o esa mezcla de kraftwerk funky que es Sex Money Freaks.

Para el final, dos de sus iconos en forma de canción: Nag Nag Nag, con la distorsión post punk perfecta de sus cajas de ritmos y el cierre electro de Sensoria.

Cuadrilátero sonoro

Uno de los imanes sonoros de este 2026 es el cuadrilátero del Sónar Car, un escenario de atrayente terciopelo rojo por fuera y tenebrosamente negro en su interior, donde estos días se presenta el contundente STOOR, un ambicioso proyecto a cargo del maestro holandés del techno Speedy J, acompañado por otros cuatro jinetes: Colin Benders, Nadia Struiwigh, Reeko y VRIL.

Durante cinco horas –o esa era al menos la previsión–, y rodeados de público 360º, estas cinco cabezas y diez manos, se han situado bajo un gran monolito negro, que por momentos parecía salido del 2001 de Kubrick, para improvisar una virtuosa sesión en directo y colaborativa, que se ha expandido sin piedad sobre los presentes como una turbina nuclear, demoledora.

Aunque el espacio de Fira Gran Vía –que hasta ahora acogía tan sólo las sesiones de noche de Sónar– no tiene el encanto crepuscular de los atardeceres que ofrecía el escenario Village de Fira Montjuic, los organizadores estaban satisfechos de cómo estaba yendo esta primera jornada de cambios.

“La verdad es que tenemos muy buena respuesta de momento, no solo en la venta de entradas, sino también en las sensaciones, en las caras de la gente cuando entra y ves cómo reacciona”, ha comentado a las pocas horas de abrir las puertas Miquel Trullols, responsable de comunicación del festival.

Metrika deslenguada

Eso mismo han demostrado los cientos de fieles que se han dejado caer por el SónarPark cuando el sol seguía en alto para ver a Metrika, cantante valenciana que lleva la grosería por bandera, que ha comenzado su show con Las plásticas y ese “Me encantan las plásticas que no pueden ni mover la cara, shout-out Carmen Lomana” que ha servido de lanzador para cerca de una decena de temas del mismo tono.

El show, un despliegue de reguetón y dembow maquinero, firma de su Castellón natal, ha llevado a Thais Amores a cantar Una bimbo por Madrid y el “zorra final boss, minifalda y gonorrea” del estribillo y la victoriosa El taser de mamá.

Metrika ha optado por el perreo de alto calibre para su tramo final con Ya t has corrido? y Virgen putita, antes de dar la estocada verbal con Toto de loca, buque insignia de la artista que acumula más de 15 millones de reproducciones en Spotify, y 'Diva del infierno', uno de los pocos cortes (algo) melódicos de su repertorio.

La primera jornada del jueves, que alargaba su horario de Cenicienta hasta las 03:00 horas, incluía también los “shows a.m.” del directo del productor británico Daniel Avery, y la sesión del adicto al house Chris Stussy, entre otras propuestas.

La ofensiva del Ayuntamiento de Barcelona contra las terrazas ilegales dejó una imagen insólita en 2022. Mientras varios turistas comían en unas mesas instaladas sin licencia en la calle Trinitat, en el céntrico barrio Gòtic, unos operarios municipales irrumpieron en la vía y retiraron el mobiliario ante la sorpresa de los comensales.

Cuatro años después, la considerada como la mayor terraza ilegal de Barcelona ha reaparecido. Los dueños del restaurante, el Avinyó 10, han vuelto a plantar en el angosto callejón las 20 mesas que dificultan el paso. Según adelantó La Vanguardia y han comprobado este diario, el establecimiento sigue sin contar con licencia para ello. 

Fuentes del distrito de Ciutat Vella aseguran que recientemente llevaron a cabo una inspección, constataron la falta de licencia y han abierto un procedimiento sancionador. “Este puede derivar en la retirada de la terraza”, precisan las fuentes municipales. 

Lo que exaspera a los vecinos es que hace años ya se abrió un expediente contra el mismo local, que culminó con el desmantelamiento de las mesas. “Debería ser el mismo expediente de la vez anterior y no tener que volver a empezar el procedimiento”, reclaman fuentes de la Associació de Veïns de Gòtic, incrédulos con que no se haya con mayor contundencia. 

La particularidad de esta terraza es que está ubicada en un callejón sin salida, un estrecho pasaje que incluso se cierra por las noches. Su única salida da a la calle Avinyó, una de las más transitadas del barrio Gòtic. Dentro de la calle no hay ningún portal que dé acceso a viviendas, solamente dos restaurantes –ambos del mismo dueño– y la salida trasera de la iglesia de Sant Jaumne. 

“Se han privatizado la calle”, resumen desde la Asociación de Vecinos del Gòtic. Ya el año pasado, añaden, intentaron reabrir la terraza en días puntuales. Pero este 2026 la tienen ya a diario, mañana, tarde y noche. “Los trámites van tan lentos que la sensación que da es que pagan las multas con la facturación”, añaden.

Este jueves a las 12:00 horas, las mesas ya estaban dispuestas a la espera de comensales, la gran mayoría turistas. Dentro del establecimiento, uno de los encargados ha atendido a elDiario.es y no ha desmentido que estén operando sin licencia. Simplemente se ha limitado a afirmar que no tienen quejas de vecinos. “No hay vecinos, aquí son todo pisos turísticos”, ha declarado.

El encargado ha descrito el callejón como “una calle de uso privado”, puesto que la pueden cerrar con una verja, y ha dejado claro que su intención es mantener la terraza. A falta de más detalles, este diario ha contactado por correo con el dueño, pero no ha obtenido por ahora respuesta. 

La extensión irregular de las terrazas es un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento desde hace años. Las infracciones más habituales suelen ser la instalación de más mesas de las permitidas, o su ubicación en lugares no validados. Lo que no es tan común es que un restaurante ponga sin autorización una veintena de mesas en la calle. 

Hace un año, en verano de 2025, el consistorio informó de que en los seis meses anteriores había detectado infracciones en 129 terrazas solo en Ciutat Vella. 17 de ellas directamente no tenían licencia. 

Nuevo portazo judicial a la inmersión lingüística, ahora desde Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado que la imposición del 25% de castellano en el aula vulnere los derechos fundamentales de las familias partidarias de mantener la inmersión en catalán.

Así se ha pronunciado el tribunal en respuesta a la demanda interpuesta por 21 padres y madres de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) a la que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) impuso el 25% de castellano a petición de una familia de una alumna.

El caso de la familia de Canet, que llegó a formar parte del debate político nacional, supuso la puntilla al sistema de inmersión lingüística que gozó de un gran consenso social en Catalunya en los 80. La sentencia del Constitucional del Estatut de 2010 fue el inicio, y distintas decisiones judiciales aceptando las demandas de una minoría de familias terminaron de desmontarlo.

El intento de un nuevo pacto de una mayoría de partidos del Parlament (PSC, Junts, ERC y Comuns) para una normativa lingüística que intentara mantener el catalán en el aula, en un context de descenso en el uso de la lengua en detrimiento del castellano, se encuentra pendiente de sentencia en el Constitucional.

Las familias proinmersión de Canet denunciaron ante el TEDH que el 25% de castellano suponía una discriminación en el ejercicio de sus derechos lingüísticos y familiares y de escolarización de los menores, en comparación las de la única familia que sí consiguió su objetivo de incrementar el uso del español en el aula.

La respuesta del TEDH es totalmente contraria a los partidarios de la inmersión. Los jueces europeos no solo rechazan que el 25% vulnere los derechos de los partidarios de la inmersión, sino que defienden el bilingüismo también en las aulas, pese a la posición de desventaja del catalán.

“Prohibir el uso del español como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos de su derecho a recibir educación en la lengua nacional”, concluye el tribunal.

Los jueces europeos zanjan que recibir educación en castellano “es fundamental para facilitar la igualdad de acceso del alumnado al sistema educativo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo”.

El mandato judicial del 25% de castellano, ahonda el TEDH, “no derogó la política lingüística del centro, sino que simplemente incrementó el uso del español en una o varias asignaturas, sin modificar el uso predominante del catalán como lengua de instrucción”.

En suma, para los jueces europeos una medida judicial que ha levantado polémica durante años en Catalunya en realidad “logra un equilibrio adecuado entre la preservación de la unidad del sistema educativo y la promoción de la diversidad lingüística”.

Un incendio forestal en Albi (Lleida) ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Lleida y Barcelona, por la proximidad del fuego a la zona de vías, informa EFE.

Según ha explicado Protección Civil de la Generalitat, que ha activado la prealerta del plan de emergencias ferroviarias Ferrocat, la circulación de trenes de alta velocidad se ha interrumpido entre Lleida y Barcelona a raíz de un incendio de vegetación en Albi (Lleida), originado hacia las 10.30 horas.

En concreto, según ha informado Adif, a petición de los Bomberos se ha interrumpido la circulación ferroviaria entre las estaciones de Lleida-Pirineus y Camp de Tarragona, lo que afecta a los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.

Los Bomberos han activado a 12 dotaciones, con tres medios aéreos, para tratar de controlar este fuego, que afecta a campos de rastrojos en una zona cercana a la línea ferroviaria y a la carretera LV7031.

Según Adif, el incendio está próximo a la infraestructura ferroviaria en el tramo entre las poblaciones de Les Borges Blanques y L'Espluga de Francolí.

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en conocimiento de la Fiscalía una presunta agresión sexual perpetrada por un miembro del cuerpo de Bomberos a una ciudadana.

Los hechos se remontan a la madrugada del 6 al 7 de junio, cuando el agente habría llegado al parque de bomberos de la Zona Franca “después de haber consumido drogas y alcohol, en su coche y acompañado de la víctima”, tal como ha explicado el teniente de alcalde y responsable del área de Seguridad, Albert Batlle.

Según el consistorio, la víctima llegó al lugar de los hechos “en estado de embriaguez y desorientación”. Allí perdió la conscienia y, cuando despertó, llamó al 112 tras sospechar que había sido víctima de una agresión sexual. Los efectivos médicos y de la Guàrdia Urbana se desplazaron hasta el parque; los primeros trasladaron a la mujer hasta el Hospital Clínic, donde se activó el protocolo para agresiones sexuales.

Por su parte, la policía municipal instruyó la causa por presunta agresión sexual. Asimismo, el Ayuntamiento ha incoado un expediente disciplinario al presunto agresor y se le ha suspendido cautelarmente.

También se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y acabar de aclarar si la agresión se produjo dentro del parque de Bomberos y si se produjo antes o durante la jornada laboral del presunto agresor -que iniciaba su guardia el domingo 7.

Tal como ha explicado Batlle, el Ayuntamiento tuvo constancia de los hechos al día siguiente y, al cabo de dos, el 10 de junio, los puso en conocimiento de la Fiscalía. “Lo hacemos para salvaguardar la imagen y el prestigio del cuerpo, una institución que se fundamenta en la confianza ciudadana y en los valores”, ha explicado el teniente durante la rueda de prensa convocada para explicar los hechos.

“Lo sucedido es de una extremada gravedad y es incompatible con los valores de servicio público y el funcionamiento de los parques de bombero actuaremos con la máxima determinación, garantizando la presunción de inocencia y el respeto a los procedimientos”, ha añadido.

Batlle, que ha apuntado que el consistorio no descarta personarse como acusación particular, ha asegurado que ya han empezado a trabajar en la creación de una unidad deontológica y de asuntos internos. También se instalarán cámaras de vigilancia perimetral en todos los parques y se revisarán las normas de convivencia. En este punto, se hará hincapié en las instrucciones sobre las visitas a los parques y el consumo de alcohol y substancias.

El director del cuerpo de Bomberos de Barcelona ha insistido en que el código deontológico es “muy claro” y, en base a eso, la dirección del cuerpo se ha reunido la mañana de este jueves con los mandos para dejar claro que “se será intransigente con cualquier tipo de estas conductas”, según Sebastià Massagué.

La Fiscalía de Barcelona ha iniciado una investigación a Pilar Rahola a raíz de la denuncia que dos jóvenes de la Organització Juvenil Socialista (OJS) de Catalunya —encausados por tirar pintura roja a la comunicadora en un acto público— presentaron contra ella por los delitos de incitación al odio y “complicidad con el genocidio” de Israel en Gaza.

En concreto, el Ministerio Público ha abierto unas diligencias denominadas de investigación preprocesales, que son unas actuaciones previas al proceso penal para corroborar los hechos denunciados y determinar si tienen la suficiente relevancia para llevarse ante el juez.

Una vez abiertas las diligencias, la Fiscalía ha encargado a la unidad de delitos de odio de los Mossos d'Esquadra que investigue la denuncia, y se está a la espera del resultado del informe policial para saber si el caso se archiva o no.

La denuncia de los dos militantes pedía a la Fiscalía abrir una investigación a la periodista como participante de un “engranaje de la barbarie”, en el que, recalcan, “el papel del propagandista no es anecdótico ni estructural”, ya que “construye el marco social que hace posible la ejecución del crimen y la impunidad de sus autores”.

Según los denunciantes, Rahola “ha negado, banalizado y justificado públicamente la comisión del delito de genocidio por parte de Israel contra la población palestina”, con el objetivo de “generar un marco mediático de hostilidad e incitación al odio contra la comunidad palestina a través de su deshumanización”.

La denuncia recoge declaraciones de Rahola en medios de comunicación y distintas intervenciones públicas en las que, según los denunciantes, la escritora “no se limita a negar, banalizar o justificar las atrocidades del ejército de Israel”, sino que opera “como altavoz del sionismo”.

Los dos jóvenes denunciantes están investigados por la acción que llevaron a cabo contra Rahola el 8 de octubre de 2024. La periodista había acudido a La Garriga para dar la conferencia inaugural de la Fundación Universitaria Martí L'Humà, que pudo celebrarse después del ataque una vez Rahola se limpió de pintura roja.

Los Mossos d'Esquadra han iniciado este miércoles uno de los procesos de desalojo más conflictivos de los últimos años en la Mina, en Sant Adrià del Besòs. La policía ha desahuciado a las primeras tres familias de las 58 viviendas públicas que permanecen ocupadas desde hace casi diez años, y que debían servir para reubicar a los afectados del derribo del edificio Venus –el fin al que ahora se quieren destinar–.

La comitiva judicial, acompañada de un amplio dispositivo policial con varios furgones de los Mossos, ha llegado al barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs para ejecutar los tres primeros desalojos de los 58 que se prevén. Las viviendas, conocidas como los Bloques de la Rambla, son pisos públicos que cayeron en el olvido de las administraciones, pero que ahora el Consorcio de La Mina quiere recuperar para destinarlos a vecinos realojados del bloque Venus, que en principio debería ser derribado en 2028 como parte fundamental de la transformar urbanística el barrio.

Desde primera hora, cerca de 40 personas se han concentrado a las puertas de los bloques con vallas de obra para evitar el desalojo, pero los Mossos han retirado los elementos y han derribado la puerta para llevar a cabo el desalojo.

De los tres casos de desalojo previstos para este jueves, dos afectaban a familias con menores a cargo que no tienen alternativa habitacional, según detalla el Sindicato de la Vivienda. También denuncian que desde hace años las familias reclaman regularizar su situación y acceder a contratos de alquiler adaptados a su renta. “Exigimos que se estudien los casos familia por familia para garantizar una solución real”, reclaman. El colectivo defiende que existen “alternativas” viables, como la movilización de viviendas vacías, la ampliación del parque público o, directamente, la regularización de la situación de las familias de los bloques: “No faltan herramientas, sino voluntad política”.

Desde el inicio del conflicto, sin embargo, desde el Consorcio de La Mina (participado por la Generalitat, la Diputación y los Ayuntamientos de Sant Adrià y Barcelona) alegan que en la mayoría de los casos no se trata de familias vulnerables a las que se pueda ofrecer una alternativa: “No son casos en seguimiento” de servicios sociales. A quienes sí lo sean, insisten, se les dará la respuesta adecuada de acuerdo con los protocolos establecidos.

Las familias, sin embargo, aseguran que desde 2021 se les está haciendo seguimiento “contemplando la posibilidad de establecer alquileres sociales”. Esta vía, no obstante, se habría abandonado hace unos meses, señalan, coincidiendo con el anuncio de los nuevos planes de transformación del barrio. Fue entonces cuando los vecinos empezaron también a recibir las notificaciones de desalojo.

En este sentido, las familias afectadas de los bloques y el Sindicato de la Vivienda de La Verneda y El Besòs exigen la paralización del proceso judicial para el desalojo y la apertura de una mesa de negociación para encontrar soluciones. Por ahora, hay más desahucios previstos los días 22, 25 y 29 de junio. “Las vidas de la gente de La Mina no pueden ser moneda de cambio de los cálculos políticos y electorales, y la administración debe dar marcha atrás en este conflicto, que puede abrir una herida en el barrio que difícilmente será reparable”, concluye el Sindicato de la Vivienda en un manifiesto.

Cuando se construyeron, en 2010, los bloques de pisos ahora ocupados se habían proyectado con el objetivo de ofrecer un realojo en el mismo barrio a los afectados por el derribo de Venus. Sin embargo, las viviendas acabaron vacías debido a los desacuerdos entre las administraciones y los vecinos sobre los criterios y las condiciones del realojo.

Tras años de abandono, en el verano de 2017 comenzó una ocupación masiva. Aunque los bloques contaban con vigilancia permanente, esta acabó desapareciendo cuando estalló un caso de desvío de fondos públicos a clanes familiares para llevar a cabo dicha vigilancia.

Una vez ejecutados los desahucios, la situación en el exterior de los Blocs de la Rambla se ha mantenido tensa, con un amplio despliegue policial y medio centenar de personas concentradas en la zona. El gerente del Consorcio de la Mina ha entrado en el interior de las viviendas en calidad de representante de la propiedad y se ha quedado a la espera de salir de ella, mientras operarios trabajaban en el tapiado de los pisos con placas metálicas.

En paralelo, la línea policial ha mantenido el perímetro de seguridad mientras algunos concentrados se han acercado a ellos en varios momentos, con pequeñas tensiones puntuales. Posteriormente, un grupo se ha desplazado hasta la sede del Consorcio de la Mina, situada a pocas calles de los bloques, donde han encontrado el edificio cerrado. En este punto se han producido lanzamientos de huevos y piedras contra la fachada.

“Nos hallamos ante un hecho grave: el fallecimiento de un ciudadano en el interior de unas dependencias policiales”.

Así se expresa la Audiencia de Barcelona para ordenar un impulso a la investigación de la muerte de Mohamadou Diawara, el joven con problemas de salud mental que murió el 24 de julio de 2025 tiroteado por un policía local de Montornès del Vallès (Barcelona) tras entrar en comisaría con un cuchillo.

Los magistrados encargados de revisar las decisiones del juez de Granollers revocan su negativa a analizar los orificios de bala del cadáver del joven, tal y como pedía la familia. El auto de la instancia superior, al que ha tenido acceso elDiario.es, envía además un mensaje claro al instructor: tiene “una obligación ineludible de llevar a cabo una instrucción exhaustiva”.

El abogado de la madre del fallecido, Eduardo Cáliz, celebra la decisión de la Audiencia y confía que la resolución “permita avanzar a un conocimiento completo de la verdad y garantice las respuestas que la familia reclama desde el primer día”. “Los familiares solo quieren verdad, justicia y una investigación a la altura de las exigencias de un Estado de Derecho”, agrega el letrado.

La familia denunció en un reportaje en elDiario.es el maltrato institucional de un caso que asocian con el racismo y la falta de comprensión de los cuerpos policiales con los problemas de salud mental que sufría el joven. A ello se sumó la paralización de la causa durante meses, que impide enterrar el cadáver del joven.

Diawara, que tenía diagnosticado un trastorno mental, murió con 22 años de un tiro mortal disparado por un agente de la policía local de Montornès, tras entrar en la comisaría con un cuchillo e intentar atacar a otra agente. No hay grabación del momento exacto de los disparos porque la cámara que debería haber captado los hechos estaba estropeada.

La investigación judicial contó, a las pocas semanas, con una conclusión rotunda de los Mossos d'Esquadra. La policía catalana remarcó que los agentes de Montornès actuaron en legítima defensa y que los disparos fueron “un medio necesario y proporcional para evitar daños irreparables”.

El abogado de la familia de Diawara reclamó una diligencia más para investigar más el caso, toda vez que del instante de los disparos no se conserva ningún vídeo.

En concreto, la defensa solicitó un informe médico forense que determinara la distancia entre el orificio de entrada y salida de la bala y la perpendicular de ambas. Todo ello con el objetivo de determinar la posición exacta del joven fallecido en el momento del disparo. El dictamen, destacó la defensa, es de “escasa dificultad” y no demoraría la investigación.

El instructor rechazó la petición de la familia al considerar que no estaba argumentada “con el debido rigor técnico ni jurídico” ni se concretaba su “utilidad para incidir de manera relevante” en el caso o complementar los informes periciales ya emitidos.

En cambio, la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona sí considera pertinente el informe pericial solicitado por la familia. “Lo único que se solicita es que se tomen medidas de los orificios” de bala, zanja el tribunal.

La denegación realizada por el instructor, a juicio del tribunal que revisa sus decisiones, “genere una evidente indefensión” a la familia y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, además de “privar a la causa de un elemento técnico para alcanzar la verdad material”.

Señalan los jueces que no pueden “ni deben” descartar ninguna de las dos versiones sobre los hechos ni “cerrar la puerta” a la realización de una prueba pericial para esclarecer “un extremo tan relevante para la causa” como es la posición del cuerpo del fallecido en el momento del disparo.

“La concreción de las mediciones balísticas solicitadas (distancias y perpendiculares entre los orificios de entrada y salida del proyecto) no constituye una petición superflua o dilatoria, sino una prueba pertinente”, concluyen los magistrados.

La familia del fallecido, incide su letrado, “solo ha pedido que se investiguen todas las circunstancias de la muerte de su hijo y que se lleve a cabo con la celeridad y dignidad que merece un caso como este”. “Lamentablemente, la instrucción ha sufrido retrasos continuos e injustificables”, apostilla Cáliz.

El tribunal recuerda la jurisprudencia europea y nacional que exige una investigación judicial “especialmente rigurosa, eficaz y capaz de determinar de manera indubitada si el uso de la fuerza fue necesario y proporcionado” en casos de muertes por el uso de la fuerza letal a manos de agentes de policía.

En suma, para los jueces la determinación científica de la posición “exacta” del cuerpo de Mohamadou Diawara en el momento de recibir el impacto de bala permitirá “reconstruir con objetividad la dinámica de los hechos y confirmar, o en su caso refutar, la versión ofrecida por el agente implicado”.

La Audiencia de Lleida ha confirmado el archivo de la causa penal abierta a los responsables de la residencia de Tremp que en el otoño de 2020 registró uno de los brotes más graves de coronavirus en Catalunya, con 61 ancianos fallecidos.

La resolución cierra definitivamente la vía penal para los familiares de las víctimas, y confirma de nuevo que la mayoría de tribunales españoles no aprecian que las muertes en residencias alcanzaran la gravedad para investigarse por los delitos de homicidios por imprudencia o contra los derechos de los trabajadores.

En un auto, adelantado por Pallars Digital y que ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Lleida considera “evidente” que los responsables de la residencia de Tremp investigados tuvieron “numerosas dificultades” para actuar “con la celeridad que exigía la gravedad de la situación”, esto es, con los contagios disparados y sin control entre ancianos y plantilla.

Sin embargo, concluye el tribunal, las “dificultades no son atribuibles a ninguna acción u omisión dolosa o imprudente” de la directora de la residencia en el momento de los hechos y su responsable sanitaria (una monja aquejada en la actualidad de demencia senil que la convierte en inimputable) “por no haber facilitado a los trabajadores los medios necesarios para evitar riesgos durante su jornada laboral”.

En pocas semanas, la residencia de la Fundación Fiella-Sant Hospital de Tremp, un municipio de menos de 6.000 habitantes en la comarca del Pallars Jussà (Lleida), se convirtió en un agujero negro donde han fallecido más de medio centenar de personas. 

En conjunto, se produjeron 61 defunciones por COVID-19 de los 150 residentes, lo que supuso más del 40% del total de ancianos que acogía el centro. La investigación también reveló déficits organizativos en la gestión de los protocolos del centro, que terminó con 42 trabajadores de un total de 65 contagiados.

La Audiencia de Lleida constata que falló el plan de contingencia de la residencia (que implicaba la organización del centro por plantas, zonas de aislamiento y un control por parte de médico, una enfermera y una supervisora) y que fue por la conselleria de Salud, si bien no implica que ello conlleve una responsabilidad penal.

El “contexto excepcional de pandemia que se estaba viviendo” (pese a que los hechos ocurrieron en la segunda ola del COVID, no la primera), argumenta el tribunal, implicó que el plan de contingencia no pudiera aplicarse “dada la excepcionalidad del momento debido al elevado número de contagios”.

“Las posibles deficiencias en la difusión del plan [entre la plantilla] tampoco hubieran evitado el gran número de contagios”, zanja el tribunal. Ni la Generalitat ni la Inspección de Trabajo tampoco sancionaron a la residencia por vía administrativa.