La Junta de Centro volverá a ceder cuatro locales del Ayuntamiento de Madrid situados en el entorno del Rastro. Lo hará a través de un concurso al que pueden presentarse desde esta semana diferentes entidades sin ánimo de lucro presentes en el distrito, una vez que se han cumplido los primeros ocho años de cesión municipal.

Los locales están situados en la calle Ribera de Curtidores, 8, y en plaza de Cascorro, 11, suman casi 400 m² de superficie y fueron cedidos por vez primera en el año 2018, durante la legislatura de Manuela Carmena. Entonces, la Junta de Centro hizo realidad una de las propuestas ganadoras de los Presupuestos Participativos y habilitó los cuatro locales, que después de un concurso municipal recayeron en La Polifacética, una asociación con 16 colectivos.

Esta primera cesión fue de cuatro años, prorrogables otros cuatro. En 2022 el entonces concejal de Centro, José Fernández, extendió legalmente esta cesión junto con la de Esta es una Plaza.

El concurso para la nueva cesión en la zona del Rastro tendrá una duración más corta que la anterior: dos años que pueden ser prorrogados otros dos en total. Podrán optar a los locales entidades sin ánimo de lucro inscritas en las secciones 1.ª o 2.ª del Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos y con sede social en el distrito de Centro. También pueden concurrir agrupaciones de entidades.

Según las bases del concurso, publicadas el pasado lunes en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, la asociación ganadora será la que obtenga más puntos según un baremo que otorga hasta 70, en el que pesará especialmente el proyecto presentado (30 puntos) y promover el uso comunitario del espacio (hasta 15 puntos), también se valorará el arraigo de las asociaciones en el barrio, entre otros aspectos.

El plazo para presentar proyectos para gestionar estos locales es de 30 días desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOCM. La entidad adjudicataria deberá asumir la apertura y cierre de los locales, limpieza, mantenimiento, materiales, permisos y licencias, seguridad. Además deberá elaborar una programación trimestral, una memoria anual y otra final. En el caso de que el uso del local no genere ingresos, la tasa municipal por utilización del dominio público se reducirá un 100%. Si genera ingresos, estos deben destinarse a autofinanciar el proyecto; no puede existir beneficio económico y los posibles excedentes deben revertir en el propio proyecto/local.

Por otro lado, el Ayuntamiento se reserva el uso preferente y gratuito del local para actividades institucionales, programas municipales, órganos de participación, eventos de interés público o emergencias.

La Junta de distrito Centro no ha autorizado la feria de artesanía hispano-marroquí organizada por la Asociación Hispano Árabe para el Desarrollo y la Cultura tras decidir que no permitirá aquellos mercadillos que carezcan de un convenio o colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que la decisión responde a que Centro es un espacio “saturado” y a que la actividad de estos mercadillos privados supone una “competencia desleal” para los establecimientos comerciales de la zona.

La feria estaba prevista para este mes de septiembre en la plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía. Según ha adelantado la Cadena SER, la feria se celebraba desde 2016 y la asociación llevaba varios meses tramitando la correspondiente autorización municipal.

Tanto el Grupo Municipal Socialista como Más Madrid han cuestionado la decisión y han pedido al Gobierno municipal que explique los nuevos criterios y que aclare si se aplicarán a otros eventos. El concejal socialista Antonio Giraldo ha denunciado lo que considera un “claro caso de discriminación institucional” y ha acusado al concejal presidente de Centro, Carlos Segura, de cancelar “unilateralmente” una cita que llevaba diez años celebrándose.

Giraldo ha asegurado que la asociación comenzó en abril a tramitar la utilización del espacio público y que durante el procedimiento se le solicitaron planos, seguros y otra documentación. Según ha remarcado, los organizadores aportaron todo lo requerido “igual que en los años anteriores”. “Si ha habido un cambio de criterio en la instalación de ferias y mercadillos, que enseñen estos nuevos criterios”, ha reclamado Giraldo en declaraciones remitidas a la prensa, en las que considera que se ha producido “un cambio político a consecuencia de lo que ha sucedido en Ceuta”.

El socialista también ha preguntado si este criterio se aplicará al mercadillo de Navidad y al resto de ferias que se celebran en el distrito. “Exigimos que se expliquen estos motivos y que se rectifique lo que es un caso de discriminación hacia un colectivo concreto por un motivo político”, ha manifestado.

Por su parte, la concejala de Más Madrid Lucía Lois ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de impedir la celebración de la feria pocos días antes de su inauguración, pese a que la asociación había presentado la documentación y contratado los seguros. Lois ha puesto en duda que la negativa responda exclusivamente a unos nuevos criterios sobre mercados y ferias en el espacio público. En este sentido, ha señalado que la feria de Navidad de Recoletos continúa incluida en el calendario municipal y que el Ayuntamiento permite eventos promovidos por entidades privadas en espacios como la Plaza Mayor o el parque Enrique Tierno Galván.

“¿Qué ha cambiado entre julio y septiembre? ¿Por qué a unos sí y a otros no?”, ha preguntado la concejala en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha reclamado explicaciones y que se autorice la feria. Más Madrid también ha pedido al Gobierno municipal que aclare si compensará el perjuicio económico ocasionado a los artesanos, que, según Lois, llevaban meses realizando trámites y habían invertido en estructuras y mercancías trasladadas desde Marruecos.

“Ir a pedirle algo de comer a esta gente es de ser sinvergüenzas”, cuenta Willyrex a cámara en un vídeo publicado el pasado domingo en YouTube. En la grabación, él mismo se disfraza de persona en situación de calle para solicitar dinero a varios hombres que duermen en bancos o en el suelo. Lo hace en Lavapiés, barrio que el vídeo califica de “uno de los más peligrosos de toda España” y “el peor de Madrid” por supuestos problemas de orden público o tráfico de drogas que la pieza audiovisual no muestra en ningún momento.

El polémico vídeo forma parte del canal de Zazza, un youtuber italiano con vestimenta de estilo policial y que propone a Willyrex varios retos sensacionalistas para sacarlo “de su zona de confort” en este lugar del centro de Madrid. El primero es el de disfrazarse de sintecho reclamando un euro a varias personas que duermen en la calle, argumentando que le han “echado de casa”. Personas a las que luego el propio Zazza entrega varios billetes mientras suena música emotiva de fondo. Uno de ellos critica lo que hacen: “Tienes una pinta de pijo... que me pidas a mí un euro”, recrimina a los youtubers. Willyrex se viste luego de periodista para quejarse de que los coches de Policía Municipal y Nacional pasan de largo sin contestar a sus preguntas. “Si quiere hablar con la Policía, tiene que hablar con nuestro gabinete de prensa”, le contesta el único agente al que recoge el vídeo.

Ni Zazza (3,4 millones de suscriptores en YouTube) ni Willyrex (18 millones) logran captar la comisión de ningún delito ante las cámaras. El segundo lo llega a admitir: “No hemos visto ninguna pelea ni nada así, pero eso no significa que no lo haya”, añade para mantener las sospechas, como también hace el creador de contenido italiano al captar a distancia a una persona dándole a otra lo que aparenta ser un papel de liar cigarrillos, pixelado en la imagen publicada. “Mira, mira, le ha pasado algo”, sale diciendo a cámara como si estuvieran traficando con droga, apoyando la tesis sobre la que se basa toda la grabación.

Las secuencias rodadas en Lavapiés están plagadas de escenas morbosas, ante personas con escasos recursos y sobre las que llegan a cuestionar su salud mental: “Huele mal”, suelta Willyrex sobre una de ellas. “Es un sintecho con problemas psicológicos”, advierte Zazza, antes de grabarle sin pudor. El periplo acaba con críticas por parte de grupos de personas que no quieren aparecer en el vídeo, lo que anima a los dos protagonistas a seguir la secuencia y a escenificar una especie de huida de las amenazas en lugares como el parque del Casino de la Reina o la plaza de Lavapiés. “Igual me he equivocado de contenido”, llega a admitir Zazza al ver que no consigue hablar con casi nadie. Todo ante la atenta mirada de su propio guardaespaldas, que le separa de los posibles entrevistados y al que se le observa en un brazo el tatuaje de una runa odal, símbolo nórdico utilizado habitualmente por colectivos fascistas.

“Da una visión sesgada y busca bronca”

Willyrex nació en Madrid, pero vive en Andorra, donde evitar tributar en su país de origen impuestos derivados de su actividad. El pasado mes de diciembre su abogado interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional por una resolución que le exige pagar en España los gravámenes de los ejercicios 2016 y 2017. Sobre Lavapiés, dice al final del vídeo que “no volvería a ese barrio” por su inseguridad. Y eso ha acabado indignando a muchos habitantes de este lugar.

Este vídeo solo explota y estigmatiza la pobreza o la inmigración, pero ignora que la convivencia suele ser pacífica. En cambio, la precarización, la gentrificación del barrio, la falta de limpieza o la excesiva presencia policial siguen ahí

Vecina de Lavapiés

Sara, que ha vivido 20 años allí, no oculta su estupefacción al ver las imágenes, que han corrido como la pólvora entre el vecindario desde el domingo. “La actitud y objetivo no es la de conocer un barrio, sino dar una visión muy sesgada al tiempo que se busca bronca”, considera. Se muestra muy crítica con la premisa escogida y el “entretenimiento de muy dudoso gusto” que ha vuelto a poner en la diana a un barrio con estigma: “Lavapiés tienes sus sombras, sí, pero también muchas luces. Y así nunca van a conocerlo, solo a desprestigiarlo”.

“Yo vivo en Lavapiés desde hace cinco años y nunca me he sentido insegura”, asegura Marta, otra vecina que coincide con el diagnóstico de Sara: “Este vídeo solo explota y estigmatiza la pobreza o la inmigración, pero ignora que la convivencia suele ser pacífica. En cambio, la precarización, la gentrificación del barrio, la falta de limpieza o la excesiva presencia policial siguen ahí”, añade. No niega que haya problemas en sus calles, y aunque ha oído alguna vez rumores sobre “trapicheos” en la plaza de Lavapiés asegura que, hasta ahora, a ella nadie la ha molestado. “Al final parece que estos retos solo intentan sacar partido de la pobreza de la gente, y presentarla como si fuera un show”, concluye.

De entre los vecinos de esta zona del distrito Centro, algunos llevan tiempo organizados en una plataforma llamada Lavapiés al Límite, que integra a medio centenar de colectivos con un objetivo en común: acabar con el abandono institucional que sienten sobre el barrio. La agrupación ha preferido “no entrar a valorar ni dar protagonismo a quienes vienen aquí a fabricar vídeos desde el odio”, refiriéndose a los creadores de contenido que protagonizan esta polémica. 

Lavapiés al Límite recuerda los problemas del barrio que no suelen mencionarse en los canales de este tipo de youtubers: la ausencia de espacios verdes; zonas de juego o más recursos para la drogodependencia de la zona; o las redadas policiales y las agresiones racistas en el barrio

Además, han querido recordar en declaraciones a Somos Lavapiés que este enclave tiene otros problemas más urgentes, que no suelen mencionarse en los canales de este tipo de youtubers: la ausencia de espacios verdes; zonas de juego o más recursos para la drogodependencia de la zona; o las redadas policiales y las habituales agresiones racistas en el barrio, dirigidas también hacia sus vecinos. 

Lavapiés al Límite recuerda también que los colectivos que forman parte de la plataforma no solo trabajan desde la reivindicación: a lo largo del verano han desarrollado distintas actividades para dinamizar Lavapiés. “Si alguien quiere presentar Lavapiés como un lugar peligroso, allá ellos. Ojalá su relato sirva, al menos, para que especuladores, racistas y fascistas no encuentren aquí el barrio que están buscando”, reivindican fuentes de la plataforma.

De momento, el relato apocalíptico sobre el barrio no parece echar a los inversores inmobiliarios de Lavapiés. Son abundantes las noticias de bloques enteros de viviendas comprados por fondos, vaciados de sus vecinos para ser sustituidos por turistas o por inquilinos de rentas más altas. Una realidad en Tribulete 7 o Lavapiés 50 que no parece encajar con el relato del “peor barrio de Madrid” trazado por Willyrex o Zazza.

El Festival de Tapas y Música de Lavapiés, Tapapiés, no celebrará este año su decimosexta edición y quedará aplazado hasta 2027, mientras sus organizadores trabajan en un nuevo formato “más sostenible” que permita compatibilizar el impulso de la hostelería del barrio con el descanso y la convivencia vecinal.

Así lo ha anunciado en un comunicado la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12, responsable del evento, cuya presidenta, Carmen Gordo, ha explicado que la entidad busca una fórmula “que no altere la convivencia con los vecinos y que satisfaga tanto a ellos como a los hosteleros y comerciantes”.

Lavapiés se queda así, al menos temporalmente, sin una de sus celebraciones más concurridas después de quince ediciones consecutivas desde su puesta en marcha en 2011. Durante once días de la segunda quincena de octubre, el festival atraía cada año a miles de visitantes y se había convertido en la feria de tapas de mayor tamaño de todo Madrid.

La suspensión se produce después de que la edición de 2025 volviera a poner sobre la mesa el debate acerca de la masificación y sus efectos sobre el barrio. La Asociación Vecinal La Corrala denunció entonces que las concentraciones alrededor de los establecimientos participantes había convertido determinadas zonas en un “desmadre”.

Los vecinos alertaron de consumo de alcohol en la vía pública, ruido, suciedad y dificultades para descansar y transitar por algunas calles y plazas. Las principales quejas se concentraron en espacios como las plazas de Lavapiés, Arturo Barea y Nelson Mandela y en vías como Argumosa y Miguel Servet.

La asociación vecinal aclaró que no se oponía a la celebración de Tapapiés, pero consideraba “inviable” mantener el modelo en algunas de las zonas más saturadas. También reclamó medidas para evitar que la propuesta gastronómica y cultural derivara en grandes concentraciones y botellones bajo las viviendas.

Una fórmula con menos público en la calle

Ante esta situación, la asociación de comerciantes trabaja ahora en “una fórmula alternativa que no congregue tanto público en la calle”, pero que conserve la capacidad de Tapapiés para dar a conocer la gastronomía multicultural de Lavapiés, un barrio en el que conviven más de 80 nacionalidades censadas.

En su última edición, celebrada en octubre de 2025, el festival reunió 92 tapas inspiradas en las cocinas de 30 países. Participaron 68 bares y restaurantes del barrio y otros 24 establecimientos de los mercados de San Fernando y Antón Martín.

La organización esperaba entonces la llegada de más de 90.000 personas y superar el medio millón de tapas y botellines servidos durante la convocatoria anterior. La programación se completaba con conciertos, pasacalles, representaciones teatrales y espectáculos infantiles gratuitos en calles y plazas.

Durante sus quince ediciones, Tapapiés ha convertido los bares, restaurantes y mercados de Lavapiés en un recorrido gastronómico internacional, con recetas procedentes de distintos continentes, propuestas veganas y vegetarianas y tapas adaptadas para personas celíacas. El festival también ha repartido miles de euros en premios entre los establecimientos participantes y el público.

Impacto para los hosteleros

La ausencia del festival tendrá, eso sí, un impacto sobre las cuentas de los negocios participantes. Según Carmen Gordo, las ventas de tapas y cerveza permitían a la hostelería del barrio incrementar su facturación en más de un 25% de media durante la celebración, mientras que algunos establecimientos llegaban a registrar aumentos de hasta el 75%. Otros hosteleros, sin embargo, habían dejado de participar en la ruta de tapas por la saturación del evento y las críticas que generaba entre el vecindario.

Por su parte, la vicepresidenta de la asociación, Marta García Domínguez, ha agradecido el trabajo de todas las personas y entidades que han hecho posible el festival durante los últimos quince años y ha expresado su deseo de seguir contando con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de los vecinos. “Queremos crear un Tapapiés más sostenible”, ha concluido García Domínguez.

Fundada en 2005, la Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12 reúne a más de 250 comercios, bares y restaurantes. Además de Tapapiés, impulsa iniciativas como CALLE y el Día Mundial de la Tapa dirigidas a promover la actividad comercial y cultural del barrio.

La última campaña de Presupuestos Participativos antes de las próximas elecciones acaba de dar a conocer los proyectos más apoyados por los vecinos de Madrid, la primera fase de un proceso que acabará en marzo de 2027.

En el listado de las ideas vecinales para el distrito Centro, seis proyectos han obtenido más de un centenar de apoyos. La mayoría de ellos están relacionados con mejorar las dotaciones verdes de esta zona ubicada en el corazón de Madrid, aunque hay otras temáticas relacionadas con la educación o el urbanismo que también han cosechado respaldos ciudadanos.

La propuesta más apoyada es la que reclama la climatización del colegio público de La Paloma a través de una detallada intervención que la autora de la propuesta estima en más de medio millón de euros, a falta de la valoración final del Ayuntamiento de Madrid. La segunda con más apoyos es la conversión del aparcamiento de Amaniel en un jardín, iniciativa que lanzó la Asociación Vecinal Maravillas.

En el listado también destacan tres propuestas con más de 140 votos que reclaman más plazas con árboles y mejora de la infraestructura verde de la ciudad, entre las que llama la atención una que reclama arbolar la Puerta del Sol con una curiosa recreación (en la que faltan los actuales toldos).

La última de las propuestas con más de un centenar de votos en la que reclama recuperar las columnas de la Iglesia del Buen Suceso que se encuentran en el parque de Tribunal.

Este es el listado de los diez proyectos con más apoyos en distrito Centro:

Centro contará en los Presupuestos Participativos 2026-2027 con un presupuesto de 1,4 millones de euros, que se repartirán entre los más votados de los 14 proyectos finalistas que quedarán en el distrito, una vez que el Ayuntamiento de Madrid efectúe el corte final sobre el listado completo actual.

La próxima fase de votación se abrirá el 1 de febrero de 2027 y se extenderá durante un mes. El consistorio advierte que en el listado de proyectos final podría retirar todos los que considere inviables o aquellos que superen el máximo presupuestario dedicado al distrito.

Para llegar a Ceuta desde el barrio de Lavapiés (Madrid) hay que recorrer casi 700 kilómetros de distancia, atravesar el Estrecho de Gibraltar y desembarcar en una ciudad pequeña que sigue al borde del colapso. Los pasados 30 y 31 de julio, más de 60.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos generando una doble crisis: la del migrante que llega sin nada y la del ceutí que ve cómo se incrementa la población sin que las dotaciones estén preparadas para soportarlo. A casi un mes de iniciarse esta crisis, un centro social autogestionado ha organizado desde Madrid una colecta exprés con la que ayudar a ambos.

Es el CSA Tres Peces Tres, ubicado en la dirección homóloga, en pleno barrio de Lavapiés. Entre el domingo 23 de agosto por la tarde y hasta el pasado lunes 24, sus miembros han coordinado la recogida de materiales básicos, alimento o ropa que enviar extraoficialmente a la ciudad autónoma. La iniciativa se difundió en redes sociales para reclamar a los vecinos de Madrid y otros colectivos que acudieran a su sede con algunos de los productos necesarios para enviar a Ceuta, enumerados en una lista.

El catálogo incluía comida no perecedera y también ropa deportiva de hombre y mujer, zapatillas, calzoncillos, bragas o calcetines nuevos. También se pidieron mantas y sacos de dormir para quienes no tienen alojamiento, productos de higiene (desde pañales hasta compresas) y material sanitario básico, como vendas y antisépticos. Asimismo, se ha pedido traer teléfonos móviles nuevos o usados, baterías externas y powerbanks para facilitar también la comunicación de los migrantes con sus familias o las organizaciones que aportan recursos y ayuda.

En las últimas semanas, la situación ha superado con creces a la que se vivió en 2021, cuando unas 10.000 personas cruzaron la frontera del Tarajal en la que hasta entonces había sido la mayor crisis humanitaria de la ciudad. Con seis veces más entradas que entonces, este último episodio dobló la población de una localidad habituada a las amenazas de Marruecos.

La iniciativa de Lavapiés se suma a otras redes solidarias que tratan de reforzar la respuesta institucional ante la crisis. Recientemente, una caravana solidaria ha recorrido España en busca de ropa, pañales, comida y otros productos que trasladar a Ceuta ante las necesidades de personas migrantes: pese a las devoluciones masivas organizadas por el Ministerio de Interior, muchos siguieron a la intemperie varias semanas después.

Por su parte, los colectivos sociales de Ceuta insisten para aumentar la ayuda estatal y redistribuir a los menores de edad entre las comunidades autónomas, en aras de diluir la presión en la ciudad. Hasta ahora, la alimentación se ha convertido en una de las necesidades más inmediatas: el propio Gobierno anunció a principios de agosto su idea de asumir la atención de estas necesidades alimenticias entre los migrantes en situación de calle, delegando en las ONGs como Cruz Roja su reparto a pie de calle.

En ese contexto, la colecta de Lavapiés plantea una respuesta centrada en necesidades muy concretas: desde alimentos y ropa hasta material para dormir, productos de higiene y dispositivos que permitan cargar o utilizar un teléfono. Desde el centro social de la calle Tres Peces Tres no confirman si volverán a preparar iniciativas de este tipo en caso de que se alargue la crisis o si habilitatán nuevas fechas de recogida (así lo piden algunas respuestas en Instagram), pero ahora toca ponerse manos a la obra hasta hacer llegar lo recolectado a quienes lo necesitan.

El pasado 4 de agosto cientos de personas se concentraron en Lavapiés en respuesta a las muertes en la frontera ceutí bajo el lema “No más muertes en las fronteras”. La cita fue convocada por Red Interlavapiés y Red Solidaria de Acogida, y contó con el apoyo de distintos colectivos de marcado cariz social y antiracista. La escena no es extraña en las calles del barrio de Lavapiés, territorio combativo y escenario habitual del rodar de los distintos movimientos sociales madrileños.

La concentración coincidía prácticamente con el inicio de las fiestas de San Cayetano, las primeras de la triada (junto con San Lorenzo y La Paloma) de las celebraciones de agosto en el distrito Centro. Una de las características distintivas de estas fiestas patronales es que, a diferencia de otras de los distritos, transcurren en las estrechas calles y vetustas plazas de Lavapiés, el Rastro y el barrio de La Paloma, y no en recintos feriales acotados y alejados del día a día de la mayoría de los vecinos.

Siendo así, es imposible que las fiestas de estos barrios no transcurran coherentemente contaminadas de la idiosincrasia habitual de las barriadas, sobre todo en tiempos en los que la crisis de la vivienda y la gentrificación en el centro de Madrid estampan sus nombres mes sí, mes también, en las páginas locales de los periódicos.

No hubo que esperar mucho para encontrarse con la política a pie de calle en las fiestas. El 5 de agosto varios miembros del equipo senior de Dragones de Lavapiés hicieron una acción reivindicando volver a entrenar en su campo de la calle de Embajadores 18. Los vecinos y visitantes de las fiestas de San Cayetano primero, y ahora de San Lorenzo, tienen muy presente la causa gracias a los mensajes que tapizan la valla de solar.

Las obras de la instalación deportiva básica que sirve de sede deportiva al club, conocido por su labor de inclusión social, llevan paradas ya cerca de 300 días a pesar de que, supuestamente, deberían haber seguido su marcha en algún momento del pasado mes de julio.

Con el comienzo de las fiestas de San Lorenzo, el 8 de agosto, se produjo una acción de Lavapiés al límite y el Sindicato de Inquilinas contra la turistificación. Una gran pancarta donde se podía leer Tourism is killing Madrid se descolgó de la fachada de un bloque de viviendas, queriendo hacer partícipes a los propios turistas de un problema que ha sido central en el barrio durante el último año.

El sabor popular de las fiestas de Lavapiés va más allá de la participación de sus colectivos sociales, pero estos han revitalizado en los últimos años la vertiente más social de las fiestas a través de la Plataforma por unas Fiestas Populares de Lavapiés. Está formada por colectivos muy diversos: asociaciones migrantes, el Sindicato de Manteros, espacios como Esta es una plaza, proyectos deportivos como CD Dragones de Lavapiés, cooperativas y otros colectivos de distinta naturaleza radicados en el barrio. Cada año, ponen una caseta en las fiestas con precios populares y organizan distintas actividades. Este año repiten caseta en Arturo Barea con el lema Sin vecinos, no hay verbena.

En 2026, como en años precedentes, ha habido batalla de agua, imaginativo engalanamiento de bolardos, juegos populares, decoración popular –y a menudo reivindicativa– de las calles del barrio y una cena del traje, que se celebra el lunes 10 de agosto al caer el sol.

Las fiestas populares de Lavapiés recogen el espíritu de los antiguos barrios bajos de Madrid, bien representados en calles como la del Oso, adornada por sus vecinos desde hace décadas. Unas fiestas abiertas y diversas, que se leen en los espectáculos de transformismo clásico y copla española que durante años llevó a cabo Emi por San Cayetano y han continuado otras compañeras también en la mentada calle del Oso.

Es sencillo andar celebrando por Lavapiés estos días y toparse en sus paredes con el cartel relativo a un intento de desahucio, como el de Paquita, o pegatinas contra los pisos turísticos. Las fiestas de agosto en el centro de Madrid demuestran que cuando se celebra en la calle la propia ciudad–y sus vecinos más comprometidos– se encargan de avisar de que los problemas seguirán ahí cuando se barra el confeti.

“El plan de negocio recoge una compra para la tramitación y cambio de uso. Lo que haremos es adquirir el activo y acto seguido solicitaremos la licencia para convertirlo en turístico a través del Plan Reside”. Con esta claridad expone el fondo inmobiliario Urbanitae sus objetivos en un piso de Lavapiés, en el centro de Madrid, del que los vecinos se han ido marchando en los últimos meses. Pero la sentencia no solo esclarece el propósito de la empresa privada, sino que ilustra la herramienta en favor de la turistificación y en contra de los residentes permanentes en la que se ha convertido una de las principales iniciativas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en materia de vivienda.

“La operación consiste en adquirir un edificio residencial prácticamente reformado en el barrio de Lavapiés, compuesto por 19 apartamentos y un local comercial, para su explotación como alojamiento turístico bajo el marco del Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid y su posterior venta a un inversor institucional o patrimonialista”, recalcan desde la web de Urbanitae. En ella también se aloja el vídeo donde Luis Maura, director asociado de esta compañía del sector inmobiliario, presenta el “proyecto de plusvalía” en el número 50 de la calle de Lavapiés. Lo anuncian justamente con el nombre de Lavapiés 50, reclamo atractivo y fácil de memorizar.

El portal cita específicamente la utilidad del Plan Reside a la hora de vaciar este bloque: “Es el marco regulatorio del Ayuntamiento de Madrid que permite la conversión de determinados inmuebles residenciales a uso de apartamento turístico durante un plazo máximo de 15 años, siempre que cumplan los requisitos técnicos y urbanísticos aplicables. En este proyecto, la obtención de la licencia turística es una pieza clave de la estrategia de valor añadido. La conversión del activo bajo el Plan Reside permite ampliar el universo de compradores potenciales en la desinversión, especialmente entre inversores institucionales y patrimonialistas interesados en activos operativos con ingresos recurrentes”.

El equipo de Almeida ha repetido incesantemente que el Plan Reside “protege el uso de la vivienda habitual y ubica los pisos turísticos fuera de edificios residenciales”. “Persigue tres objetivos: acabar con la pérdida de población del centro de la ciudad y ampliar la oferta residencial, ordenar la oferta turística y mejorar la convivencia entre vecinos y visitantes”, sostenía el Consistorio tras su presentación en 2024.

Posteriormente, cuando en agosto de 2025 la Comunidad de Madrid aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que facilitaba su implantación, desde Cibeles insistieron en que “blinda el uso de la vivienda habitual y lleva los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales para la protección y mejora del uso residencial en Madrid”. Fondos como Urbanitae, por contra, lo citan como un motor para reducir la oferta de alojamientos tradicionales.

El Plan Reside, de “acabar con la pérdida de población del centro” a herramienta de los fondos

Esta operación inmobiliaria en un barrio igual de céntrico que de popular, de la que ya informó el portal xLavapiés, está desalojando a los residentes de un edificio de cuatro plantas. Cuenta con 19 viviendas y un local comercial donde actualmente se ubica una tienda de alimentación. Sin embargo, como traslada a Somos Lavapiés una de las personas que vive en el bloque durante una conversación junto al propio portal, ya apenas quedan “tres o cuatro pisos con gente dentro”.

El Plan Reside separa a turistas de residentes, ya que prohíbe los Airbnb dispersos en el corazón de Madrid y a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos, con ciertas condiciones. Fuera de la almendra central que circunscribe la M-30 (no es este caso), pueden habilitarse en bajos, sótanos o primeras plantas. A priori parece más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, al que sustituye desde que entró en vigor en septiembre de 2025, ya que permite viviendas turísticas en menos lugares. No obstante, ha abierto la puerta a una posibilidad que no existía: convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio que publicó el PSOE.

Ante la posibilidad de que fondos buitres adquieran bloques enteros para dedicarlos al turismo, los socialistas lo han calificado de “Plan Especula” y Más Madrid llama “Plan Expulsa” al cambio normativo. En la formación que lidera Rita Maestre alertan de que hasta 315.000 pisos podrían convertirse legalmente en turísticos en Madrid, frente a los 15.000 existentes cuando la nueva legislación entró en vigor. El partido ha solicitado de manera incesante su derogación por “acelerar la especulación inmobiliaria”.

Hacia un edificio fantasma

Lo que está ocurriendo en Lavapiés 50 refuerza las enormes críticas de la oposición. “Sé que me tendré que ir en cuanto me venza el contrato el año que viene”, lamenta el residente que conversa con este medio, y que en 2027 cumplirá cinco años en el inmueble. Dice que los vecinos están al tanto del proceso de compra, aunque en su caso no ha habido ninguna comunicación específica: “Que no van a renovar es una suposición, pero tiene toda la pinta. El edificio se ha ido quedando vacío y han precintado las puertas de los pisos de los que se marcha la gente”. Cuenta que algunos inquilinos llegaron a acuerdos con la propiedad para marcharse antes incluso de que vencieran sus alquileres.

Sé que me tendré que ir en cuanto me venza el contrato el año que viene. El edificio se ha ido quedando vacío y han precintado las puertas de los pisos de los que se marcha la gente

Este testimonio también cuestiona otro de los puntales del Plan Reside: la ejecución de importantes reformas en edificios degradados para mejorarlos a nivel estructural o estético. El propio Luis Maura hablaba ya de una “inversión reducida, pues acaba de realizar una reforma”. “Para adaptar el activo al Plan Reside llevaremos a cabo obras menores”, apostilla en el clip. La persona que atiende a este periódico habla, en cambio, de una “reforma de chapa y pintura para ponerle mejor cara”, en referencia a la que ejecutó el anterior dueño. Esa que según Urbanitae fue una rehabilitación de calado y ahora no hace necesarias grandes intervenciones.

“El edificio se ha ido pasando de un fondo a otro”, lamenta. Por eso no tardaron en percatarse de la llegada de un nuevo comprador hace unos meses: “Venían los trajeados”, dice. Fue el primer aviso de que sus estancias en el corazón de Lavapiés estaban a punto de terminar... salvo que encuentren alguna alternativa en un barrio enormemente tensionado en lo que tiene que ver con el precio de la vivienda y con la acción de grandes fondos inmobiliarios.

Un plan de negocio a medida frente a la única vecina que puede resistir

La situación, eso sí, es diferente en uno de esos “tres o cuatro pisos” donde todavía queda algo de vida. En él, los nuevos propietarios no podrán comenzar a actuar en cuanto finalice el contrato dentro de uno o dos años. “Ahí una señora arriba que tiene un alquiler de renta antigua”. Esto es, un arrendamiento firmado antes del 9 de mayo de 1985, fecha de entrada en vigor del conocido como decreto Boyer. Este tipo de contratos son indefinidos hasta la defunción del titular o de la primera persona en la que lo subrogó, al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. A tenor literal del Plan Reside y siguiendo su ambición por limitar los pisos turísticos a edificios dedicados íntegramente a esta actividad, esta será una importante traba para que se cumplan los planes de Urbanitae (la alternativa sería llegar a un acuerdo económico o de realojo con la arrendataria). Sin embargo, no lo mencionan en su web ni en el vídeo subido a YouTube.

En estos contenidos sí detallan el respaldo a la compra y explotación del inmueble, que no se ejecutará únicamente a través de Urbanitae: “El socio promotor es Jamison Group, firma inmobiliaria fundada en 2008 y respaldada por más de 25 años de experiencia en desarrollo y gestión de activos en Europa, Latinoamérica, África y la región del Golfo. La compañía está liderada por Mariano Martí, cofundador y experto en gestión de activos y derecho inmobiliario; Bertrand Guillot, managing partner con más de 30 años de experiencia en banca de inversión internacional y private equity; y Victoria Dowling, project director con amplia trayectoria en desarrollo urbano en Madrid y Buenos Aires”. Mencionan que Jamison Group gestiona “una cartera de 23 apartamentos en barrios céntricos de Madrid, como Las Letras y Salamanca”.

También pronostican el retorno económico que la inversión inmobiliaria dejará en sus arcas: “Primero, los inversores de Urbanitae recuperan su capital y obtienen un retorno preferente del 14% anual; después, Jamison Group recibe un catch-up equivalente al 14% sobre su aportación; y, finalmente, los excedentes restantes se distribuyen al 50% entre Urbanitae e inversores, por un lado, y Jamison Group, por otro”.

Este periódico ha tratado de contactar a Urbanitae para conocer los pormenores de la operación, sin recibir respuesta hasta el momento. Tampoco la ha habido desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento, liderada por Borja Carabante, al trasladarles algunas cuestiones sobre las implicaciones prácticas del Plan Reside en casos como este y si consideran que desvirtúa su concepción original de la normativa o se corresponde con ella.

La casa baja de Cabesteros, en Lavapiés, que albergaba el conocido restaurante senegalés Baobab, ha sido prácticamente derribada por la piqueta. La constructora que compró el solar para levantar un hotel ha aprovechado un hito en recorrido judicial sobre la posible protección del inmueble, que el PSOE asegura no está concluido, para lanzarse a la conocida vía de los hechos consumados que tantos muros históricos de nuestra ciudad ha derribado.

Durante el derribo parcial del edificio, curiosamente, han salido restos materiales que podrían dar la razón a quienes afirman que el edificio tiene gran antigüedad, llevando la casa incluso al siglo XVII. Caído el reboque amarillo, apareció la pared de ladrillos de tejar, preindustriales. Si cayeran todos los revoques de nuestras paredes Madrid sería muy distinto.

Cuando termine de caer el Baobab desaparecerá, entre otras cosas, un esquinazo que dejaba constancia de cómo era el barrio de Lavapiés hace algunos siglos. Un aspecto cultural que, sin entrar a valorar el patrimonial, era ya suficiente mérito para ser considerado bien común. Sobre todo, porque, ¿qué daño hacía a nadie esa casita baja que añade grosor a los estratos de la ciudad? ¿Por qué no somos capaces de entender la diversidad urbana como un valor en sí mismo?

La desvalorización de la casa baja nos habla acerca de cómo hemos decidido construir la ciudad: de forma supeditada al beneficio privado. En nuestras sociedades capitalistas, la creación del espacio residencial corresponde al promotor inmobiliario y el sector público se limita a ordenarlo legislativamente y a asegurarse que las nuevas casas estén cosidas a la urbe.

Sin embargo, a falta de un Estado que vehiculice la urbanización de las calles, la creación de servicios públicos, espacios comunes, vías de suministro y conexión de transportes las casas no serían parte de la ciudad. Incluso en sociedades capitalistas, la ciudad crece por el impulso colectivo.

La pátina ideológica que dicta que sin los empresarios ladrilleros no habría ciudad lleva a que, con frecuencia, la normativa inmobiliaria proteja más el interés de estos operadores que los bienes comunes que entran en juego en la gestión de la ciudad.

La protección del patrimonio no es sino una más de las legislaciones que el sector público interpone entre el negocio particular y el bien colectivo. ¿Por qué entonces desprotege las casas bajas sistemáticamente? Porque sale caro a los inversores.

Ese es el daño que la amarillenta casa baja de Lavapiés hacía ahí, parada en un pujante barrio del centro de Madrid sin generar todo el beneficio posible. Lo llaman land gap y se refiere a que es más lucrativo construir hacia arriba que mantener las antiguas proporciones de la ciudad. Si juntamos dos solares y edificamos en altura el beneficio se multiplica.

Aunque el argumento habitual para tirar nuestras casas bajas es su nulo valor arquitectónico, se trata de una constante internacional que afecta también a ejemplares con un obvio valor patrimonial, como sucede con algunas de las preciosas casas chorizo en la región del Río de la Plata o a deliciosas construcciones con elementos decorativos del Cabanyal. Es en estos casos cuando queda más patente que la razón principal de su desprotección es el desperdicio de suelo edificable y que la perspectiva que prima en las decisiones de la administración es la de favorecer exprimir al máximo la rentabilidad del suelo.

En la campaña vecinal por proteger la vivienda popular neomudéjar del distrito de Tetuán se consiguieron distintos niveles de protección para decenas de casas propuestas por los vecinos y el Grupo de Protección del Patrimonio de Tetuán. La administración incorporó la mayoría de sugerencias vecinales, pero, sistemáticamente, rechazó proteger las casas bajas pertenecientes a este estilo.

En cualquier decisión de conservación patrimonial confluyen los vectores de mantener un elemento por el valor que la sociedad le otorga y no dejar de construir nuevas edificaciones. Tengo un amigo que suele decirme que si por los conservacionistas fuera –él me considera así– nunca se renovaría la ciudad. Yo le contesto que su argumento tendría sentido en un contexto en el que el vector de la conservación no fuera sistemáticamente ignorado cuando concurre en la ecuación la tasa de beneficio.

Imaginen que la única casa baja que quedaba en Chamberí hasta 2023, que portaba el recuerdo de cómo era el primer arrabal que dio origen al barrio, se hubiera conservado. Una casa baja entre centenares de bloques de apartamentos que permitía evocar el itinerario vital de la barriada, ¿cuánta merma hubiera supuesto en el beneficio inmobiliario su conservación?

Caídas estas casitas solitarias, despojadas de cualquier tipo de valor arquitectónico por una sobriedad castellana que nos recuerda el origen humilde de sus habitantes –mucho habría que hablar del pretencioso patrimonio de moldura burgués– se reasientan ciertas bases de las lógicas de la generación de espacio. Sus derribos son un correctivo a golpe de piqueta que afianza el sentido común de una ciudad que mira hacia arriba y hacia la cuenta de resultados de su clase constructora.

El programa completo de las verbenas más castizas de Madrid se ha presentado este viernes en el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Las Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma volverán a tener la música como plato fuerte, pero también contarán con numerosas actividades culturales, deportivas o tradicionales, organizadas por colectivos del barrio.

“Soleá Morente va a cantar en su barrio, en la calle Embajadores. Es algo muy importante para su familia, para los madrileños y para los que amamos el flamenco”, anunciaba en la presentación el concejal de Centro, Carlos Segura. Su nombre destaca dentro de una programación musical que incluye las actuaciones de Miss Cafeína, Celtas Cortos, DePol y grupos independientes como Karavana, Rata o Los Vinagres, entre otros.

La nostalgia en forma de conciertos también se abre paso este 2026 en las fiestas de Lavapiés con un tributo a Joaquín Sabina y varios grupos ochenteros y noventeros en la plaza de la Paja, donde se podrá ver a Los Refrescos, Modestia Aparte y pinchará Fernandisco.

Definida como “la verbena más importante de España” por el concejal de distrito, el progama de fiestas mezcla las tradicionales procesiones o espectáculos relacionados con el chotis con otras costumbres más modernas como el concurso de decoración Bolardo voy, bolardo vengo, que cumple ya nueve ediciones, una carrera popular o el reparto gratuito de limonada con el que se inicia San Cayetano.

Los pregoneros este año serán los miembros de Samur-Protección Civil por ser “los que nos cuidan en los grandes eventos”, ha explicado el concejal de Centro, que ha animado a los madrileños y a los que quieran pasar sus vacaciones en Madrid que participen de estas fiestas, que se celebrarán del 4 al 16 de agosto.

Este es el programa de Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma 2026 que acoge Lavapiés del 4 al 16 de agosto.

DOMINGO 26 DE JULIO

FIESTAS DE SAN CAYETANO

MARTES 4 DE AGOSTO

Plaza General Vara de Rey

C/ Ribera de Curtidores, 2

Plaza Cascorro

C/ del Oso

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

Plaza General Vara de Rey

C/ Ribera de Curtidores, 2

Plaza Cascorro

C/ del Oso

JUEVES 6 DE AGOSTO

Plaza General Vara de Rey

C/ Ribera de Curtidores, 2

Plaza Cascorro

C/ del Oso

C/ Encomienda, 18

12.30 - 14.30 - Talleres infantiles: Taller de instrumentos musicales. Organiza: Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12.

VIERNES 7 DE AGOSTO

Plaza General Vara de Rey

C/ Ribera de Curtidores, 2

Plaza Cascorro

Iglesia de San Millán y San Cayetano

C/ del Oso

C/ Encomienda, 18

FIESTAS DE SAN LORENZO

SÁBADO 8 DE AGOSTO

Plaza Arturo Barea

C/ Argumosa

DOMINGO 9 DE AGOSTO

Plaza Arturo Barea

C/ Argumosa

Otros espacios

LUNES 10 DE AGOSTO

Plaza Arturo Barea

Iglesia de San Lorenzo

C/ Olivar, 7

MARTES 11 DE AGOSTO

Plaza Arturo Barea

C/ Doctor Fourquet, 24

Plaza Virgen de la Paloma

21.00 - 22.30 - VII Edición Concurso de Chotis Virgen de la Paloma. Organiza: Parroquia Virgen de la Paloma.

FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA PALOMA

JUEVES 13 DE AGOSTO

Jardines de las Vistillas

Plaza de la Paja

Organiza: Junta Municipal de Distrito Centro, la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y El Orgullo de Madrid.

C/ Calatrava (del nº 3 al nº 10)

C/ Mediodía Chica

C/ Calatrava, 3

C/ Humilladero, 28

C/ Cava Baja

VIERNES, 14 DE AGOSTO

Jardines de las Vistillas

Plaza de la Paja

Organiza: Junta Municipal de Distrito Centro, la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y El Orgullo de Madrid.

C/ Calatrava, 3

C/ Humilladero, 28

C/ Cava Baja

C/ Cava Baja y Plaza del Humilladero

C/ Calatrava (del nº 3 al nº 26)

C/ Tabernillas, 15

SÁBADO 15 DE AGOSTO

Plaza de la Paja

Organiza: Junta Municipal de Distrito Centro, la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y El Orgullo de Madrid.

Iglesia Virgen de la Paloma

Jardines de las Vistillas

C/ Calatrava, 3

C/ Humilladero, 28

C/ Cava Baja

DOMINGO 16 DE AGOSTO

Jardines de las Vistillas

Plaza de la Paja

Organiza: Junta Municipal de Distrito Centro, la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y El Orgullo de Madrid.

C/ Calatrava

C/ Tabernillas, 15

19.00 - 19.45 - Taller de plena puertorriqueña. Organiza: AEHLPA.

C/ Calatrava, 3

C/ Humilladero, 28

C/ Cava Baja

El Grupo Municipal Socialista ha presentado este miércoles un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para solicitar que ordene el cese inmediato de las obras de demolición en los inmuebles del antiguo restaurante Baobab, situados en los números 1 y 3 de la calle Cabestreros de la capital.

Según sostiene el PSOE en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los trabajos se han reanudado “a ritmo acelerado”, sin “resolución judicial alguna que autorice tal reanudación ni que declare extinguida, decaída o sin efecto la medida cautelar” acordada previamente.

Los socialistas advierten de la presencia de “maquinaria pesada y personal operario trabajando activamente en la demolición de los elementos estructurales del inmueble”, con un avance que califican de “rápido y potencialmente irreversible”. Por este motivo, solicitan al tribunal la adopción, con carácter de “extrema urgencia”, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la suspensión y detener las actuaciones materiales sobre los edificios.

El concejal socialista Antonio Giraldo ha alertado de la “enorme gravedad” del asunto. “No se puede hacer una interpretación unilateral de una resolución judicial ni decidir por cuenta propia que una medida cautelar ha dejado de estar en vigor. Eso corresponde exclusivamente a los tribunales”, ha afirmado en una nota que recoge Europa Press.

Se refiere así al aval de 1,8 millones de euros exigido por el TSJM para mantener la paralización cautelar de las obras. El PSOE recoge en su escrito que la empresa dio por hecho que la medida había quedado sin efecto tras no presentar el aval requerido. Los socialistas rechazan esta interpretación al haber recurrido la exigencia de la garantía y solicitado la suspensión del plazo para aportarla, cuestiones sobre las que, según su escrito, la Sala aún no se ha pronunciado.Por ello, Giraldo ha reclamado al TSJM que “actúe con la máxima celeridad para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones y evitar un daño irreversible al patrimonio”.

En concreto, el Grupo Municipal Socialista pide a la Sala que ratifique expresamente que la suspensión cautelar continúa vigente hasta que recaiga una resolución sobre el recurso de reposición y sobre la solicitud de suspender el plazo para constituir el aval. También solicita que se requiera de manera inmediata a la empresa para que cese cualquier “actuación de demolición o de otra naturaleza” que pueda afectar a los inmuebles de Cabestreros 1 y 3.

El PSOE reclama que el Ayuntamiento pare la obra

El TSJM oficie por la vía más rápida posible al Ayuntamiento de Madrid y a la Policía Municipal para que procedan a la “paralización material e inmediata” de los trabajos.Giraldo h a recordado que el Ayuntamiento de Madrid “tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y actuar ante cualquier posible incumplimiento que se produzca durante estas obras”.

“Lo que estamos viendo demuestra la sensación de impunidad con la que algunos creen que pueden actuar en esta ciudad. Nadie puede situarse por encima de la ley y las instituciones tienen la responsabilidad de hacerla cumplir”, ha añadido.

De momento, el Ayuntamiento no ha paralizado la obra. Fuentes municipales han explicado a Europa Press que la Agencia de Actividades (ADA) del Ayuntamiento de Madrid recibió el pasado 20 de julio una comunicación de la promotora informando de su intención de reiniciar las obras, algo que ven como “improcedente” al encontrarse procedimientos pendientes de resolución.

Por ello, el Ayuntamiento ha pedido a la promotora que mantenga “un principio de cautela y prudencia” hasta que el TSJM se pronuncie definitivamente, cosa que no se ha producido. Estas mismas fuentes han informado además que el Consistorio ha enviado a la zona a un técnico de la Agencia de Actividades, que ha levantado un acta de los hechos. El documento será remitido a la asesoría jurídica municipal con el objetivo de informar al órgano judicial.

El PSOE acudió a la Fiscalía para denunciar las actuaciones y evitar el derribo del edificio con el fin de evitar un daño irreversible. El Ayuntamiento de Madrid decidió entonces elevar la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor, lo que llevó a la paralizaron las obras, que se reanudaron el pasado mes de mayo.

Fue entonces cuando el PSOE acudió al TSJM, que suspendió de forma cautelar y urgente la resolución de la Comunidad de Madrid que levantaba la suspensión del derribo de los inmuebles del antiguo Baobab y que permitía continuar los trabajos de la licencia que estaba en vigor al no detectar valor cultural que sea objeto de protección en los mismos.

No obstante, el PSOE defiende que los inmuebles de Cabestreros 1 y 3 se encuentran dentro del ámbito del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y del BIC Zona Arqueológica del Recinto Histórico de Madrid. En este sentido, defienden que “podrían corresponder, con altísima probabilidad, a edificios originales del siglo XVII”.

El desahucio de Paquita, la mujer de 82 años con parkinson a la que la promotora dueña de su vivienda quiere expulsar para poner pisos turísticos, ha quedado aplazado. El desalojo estaba previsto para este miércoles 22 de julio a las 11.45, pero había comenzado a forjarse una gran contestación social y vecinal en La Latina, castiza zona del centro de Madrid.

La suspensión fue trasladada en la noche del lunes al abogado de Paquita. El auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital, al que ha tenido acceso Somos Madrid, acuerda aplazar el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones.

“Se acuerda reiterar con carácter urgente la emisión del informe solicitado, lo que deberán notificar a este órgano judicial a la mayor brevedad y en todo caso en el plazo máximo de diez días, suspendiéndose cautelarmente el lanzamiento previsto”, recoge el escrito judicial. Así, más allá de ese hiato de diaz días, no hay una nueva fecha fijada para el desahucio.

La empresa Tolesanta, a la que las autoridades cerraron varios pisos turísticos por ruidos y molestias, quiere echar a la mujer pese a que paga 1.180 euros de alquiler. El Sindicato de Inquilinas de Madrid y la Asociación Vecinal La Chispera han convocado una concentración, que se mantiene, para defender a Paquita y que pueda quedarse definitivamente. Ella solicita al menos quedarse en la casa donde lleva viviendo desde hace 28 años con su hijo, que ahora tiene 47, un tiempo más que le permita dar con una alternativa. “¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en conversación con este periódico.

Paquita y su hijo, transportista, no son una familia vulnerable en los términios estrictos de la palabra, por mucho que ahora la Justicia les pida acreditar esa condición a la que les empuja el propio proceso: tienen ingresos de 3.000 euros al mes y estarían dispuestos incluso a aumentar los 1.150 euros de alquiler que abonan cada mes. Pero los dueños, la empresa Tolesanta SL, que tiene varios pisos turísticos, no le han dado alternativa. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya”, dice Paquita. “Si quieren que pague más, podríamos hablar”, acepta.

“Es una injusticia lo que han hecho con ellos. Les han desahuciado aunque ya lo paralizaron varias veces y saldaron lo que debían”. A la portavoz de la familia desalojada el pasado 23 de junio de su vivienda en la calle Sombrerería, en Lavapiés, le cuesta tanto encontar una explicación a lo ocurrido como contener la emoción que le genera. Un matrimonio, la octogenaria madre de la mujer y dos menores de 7 y 11 años fueron forzados a abandonar su piso, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS). Esto es, un organismo público dependiente del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida.

La entidad se parapeta en una deuda de apenas 3.129 euros que derivó en un proceso judicial resuelto hace ya tres años. De hecho, este diario ha podido constar que la familia saldó esa cantidad mediante varios pagos fraccionados a lo largo de 2025. La documentación acredita que tampoco hay irregularidades en la subrogación de la propiedad, al menos en el caso de la anciana desahuciada. Después de la muerte de su marido, el cambio de titularidad quedó aprobado en junio de 2022 por la directora de Servicios Sociales y Atención Ciudadana del Consistorio.

Según sostiene la portavoz familiar, fue de hecho la muerte del patriarca lo que derivó en esa deuda inicial: “Intentaron pagar los recibos y cambiar de titular, per les exigían que se hiciera con cita. Coincidió con la pandemia, cuando era muy difícil lograrlas, y todo se complicó mucho sin ser culpa de ellos. Se juntó esa deuda de más de 3.000 euros y, en vez de negociarlo, ya les denunciaron para echarles”. Cuenta que, después del primer intento, el matrimonio removió cielo y tierra para conseguir el dinero que saldase la deuda, además de cumplir con las mensualidades vigentes. Lo consiguieron, pero a EMVS no le ha bastado para detener el procedimiento. Otra fuente próxima al caso va más allá y afirma que “no les dejaron pagar” y que “les trataron como okupas sin serlo”.

La situación más delicada es la de la anciana, que depende de un respirador constante debido a sus problemas de salud. Por el momento se aloja con otra de sus hijas, debido a la limitada movilidad de la que dispone por la bombona de oxígeno y a que “se niega a irse sola a una residencia después de pasar toda la vida con sus hijos”. El resto de la familia se ha mudado por el momento a casa de otra allegada, ya que “no se ha sabido nada de un alojamiento alternativo de emergencia”. La portavoz alerta también de la situación de la madre de familia: “Está muy mal. Casi no come, ha perdido bastantes kilos y atraviesa una depresión”.

Además de volver a la que todavía consideran su casa, ahora luchan por conseguir que se les devuelva el dinero abonado en 2025 si no se les permite regresar. No saben sí lo lograrán: “Se nos escapa. Es un proceso muy complicado”. Aunque agradecen la labor de los abogados de oficio, lamentan que en el momento del desalojo se encontraban fuera de España y desde que se produjo apenas han podido abordar los nuevos escenarios que se les presentan. “Han pagado 10.000 euros desde 2023. Ese dinero no tendría que haberse cobrado”, critican fuentes profesionales próximas al caso.

EMVS acelera los desahucios y recrudece sus formas ante la caída del escudo social

El desahucio culminado el día 23 estuvo precedido por un intento previo el pasado 11 de diciembre que ya hacía presagiar este drástico escenario. Han incidido factores como “la no generación de una comunidad de vecinos en lucha”. Observa otros procesos similares en marcha dentro de un bloque del que Ana Botella ya intentó desprenderse en 2013 (cuando puso la alfombra roja a la llegada de Blackstone a Madrid): “No quieren hablar, aunque el próximo les puede tocar a ellos”.

Critica el acelerón en el número de desahucios en viviendas de EMVS con la caída del escudo social que protegía los desahucios a familias especialmente vulnerables. A ello hay que sumar la “falta de mediación” en los últimos intentos de expulsión de estos afectados. Una “irregularidad”, dice, como el hecho de haber desalojado a la anciana octogenaria: “El resto de la familia no aparece en el contrato, pero lo de la señora no tiene sentido”. Apostilla de hecho que cuando se ejecutó el lanzamiento quedaba pendiente de resolución un segundo recurso de revisión de su expediente, después de que un juzgado rechazase el primero.

Desde EMVS trasladan a este diario que no ofrecen datos concretos sobre procedimientos específicos en marcha, pero recuerdan que “las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños y están sujetas a una normativa y un reglamento por cuyo cumplimiento EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar”. Aseguran que la compañía municipal “solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales; por generar problemas de convivencia o por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas; cesiones ilegales; subarriendos o impagos reiterados durante muchos años sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros”.

En esas circunstancias, argumentan, “los servicios jurídicos de EMVS Madrid cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos, que esperan la adjudicación de una vivienda, así como proteger el patrimonio municipal”. Respecto de la subrogación, apostillan, “solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”. En este caso, a excepción de los problemas de convivencia que según otras fuentes anónimas cercanas sí se han generado desde el entorno de los desahuciados, la documentación descarta los demás argumentos aportados por la entidad. Es así a tenor de la voluntad por cumplir con los planes de pago y oa regularización del cambio de titularidad.

“Todo esto responde a una especulación desmesurada de una EMVS que ha perdido el norte, que pasa por alto las vulnerabilidades y contribuye a la gentrificación. Han externalizado el equipo de trabajadores sociales y jurídicos que va a los barrios, mermando el número de profesionales a pie de calle que pueden evitar estos desastres”, expone una conocedora del caso que prefiere conservar su anonimato.

“En vez de expulsar a las familias, lo que hay que hacer es regularizar su situación mediante planes de pagos o ayudándoles a cumplimentar la documentación que necesitan y a ordenar las carpetas que manejan”, opina. Desde EMVS, ante las preguntas de Somos Lavapiés, no confirman si a la familia desahuciada se le concedió plan de pago alguno.

Lucía Lois, concejala de Más Madrid, considera en declaraciones a este periódico que Almeida “ha convertido la EMVS en un casero insensible y deshumanizado que pone a las familias más vulnerables en la calle”. “Día sí, día también, lo que debería ser un instrumento de política pública para garantizar que la gente tenga una vivienda digna se dedica a poner de patitas en la calle a quien más la necesita”, denuncia. Cree que ya “no es una anécdota”, sino que “el alcalde lo ha convertido en una tendencia estructural, ya que EMVS ha pasado de tres desahucios en 2023 a 60 hace un año y a 60 hasta el pasado abril”.

Clama especialmente contra “el detalle” en algunos de estos desalojos, porque “Almeida está echando a la calle a gente por cantidades ridículas, incluso por menos de 300 euros”. “Uno de cada cinco procedimientos está por debajo de 5.000 euros. El PP está utilizando el desahucio como una herramienta normalizada de gestión, incluso en situaciones perfectamente abordables con políticas sociales. Hablamos de gente que está intentando encauzar su situación, que quiere pagar y regularizar sus situaciones y se encuentran con un muro que ni les escucha. Es una política despreciable, Almeida blinda a rentas más altas, utilizando el suelo público para hacer viviendas para ricos, mientras pega un portazo y desahucia a la gente más vulnerable de sus casas”, concluye.

Paradójicamente, el mismo día en que esta familia se vio forzada a abandonar su casa de EMVS, la entidad llevó a cabo el primer sorteo de sus nuevas promociones para “ingresos medios”. Esto es, por encima de 68.000 euros anuales. 52 viviendas que dan una idea del nuevo modelo pretendido por la compañía pública y de la gente que deja atrás.

El Palacio de la Duquesa de Sueca afronta la recta final de unas obras que comenzaron hace una década y que van camino de transformar en un gran equipamiento público este monumental edificio, construido en 1781 y conocido popularmente por ser la sede del Ministerio del Tiempo, esa cartera gubernamental ficticia que dio nombre a una popular serie de RTVE.

El Ayuntamiento de Madrid comunicó el pasado mes de septiembre varios hallazgos arqueológicos, que se han vuelto a poner hoy de relevancia con motivo de una visita a las obras de varios concejales. En la planta baja se hallaron restos de enterramientos islámicos que podrían datar de los siglos XII o XIII. También apareció un reloj de sol que salió a la luz en la medianera del palacio con el Instituto San Isidro, que podría ser anterior incluso a la construcción del propio Palacio de Sueca.

Los enterramientos serán musealizados por medio de suelo de vidrio pisable que permitirá tanto su visión como una correcta conservación. También será visible el reloj y unos restos de pinturas murales con motivos vegetales y geométricos propios de las decoraciones de palacios madrileños del XVIII y, sobre todo, del XIX, que se han encontrado en la primera planta.

El emblemático edificio fue transformado en palacio en 1791, cuando Carlos IV mandó construir un palacio para Godoy y su esposa, la duquesa de Sueca. Anteriormente, el inmueble había albergado una escuela para los hijos de los criados de Carlos III. Ya a comienzos del siglo XIX, acogió la Escuela de Temporalidades y, después, el Colegio de Humanidades. En el siglo XX fue cuartel de la Guardia Civil y, posteriormente, viviendas privadas.

Un gran equipamiento social

El edificio se incorporó al patrimonio municipal después de una expropiación que tuvo lugar en 1999, que establecía que el inmueble debería ser destinado a un fin de interés social. Después de ese procedimiento, diversas vicisitudes jurídicas avocaron a complejos procesos judiciales, lo que ha provocado una importante dilación en el tiempo para el cumplimiento del fin al que el planeamiento urbanístico destina este bien.

 El Ayuntamiento ha llevado a cabo desde 2016 obras de consolidación para garantizar la seguridad del edificio, trabajos que finalizaron en 2023. Desde entonces, el Área de Obras y Equipamientos ha venido trabajando en la redacción del presente proyecto, que ha sido muy compleja por los condicionantes de la protección del inmueble y los restos arqueológicos. El proyecto cuenta con el visto bueno tanto de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid como de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.

El entorno ha sido visitado este viernes por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañados por el concejal de Centro, Carlos Segura. Allí han comprobado el avance de los trabajos para abrir dos nuevos equipamientos sociales municipales: un centro de alojamiento temporal y para familias vulnerables y un centro de mayores. 

Los trabajos, que comenzaron el pasado mes de mayo, se extenderán previsiblemente hasta finales de 2027 y cuentan con un presupuesto de 12,5 millones de euros, un esfuerzo inversor que tiene que ver fundamentalmente con el carácter de edificio protegido que tiene el inmueble y con la obligación de preservar diversos restos arqueológicos allí presentes.

El edificio cuenta con una superficie de 6.150 m² construidos, de los que 1.583 m² estarán destinados al centro de mayores, que se ubicará en el cuerpo este del inmueble, y 4.567 m² se dedicarán al centro de alojamiento temporal y para familias vulnerables, que ocupará al resto de la superficie. 

Los trabajos incluirán la reforma de los patios y el acceso de la entrada, así como el acondicionamiento de todos los espacios interiores. Asimismo, se dotará al edificio de todas las instalaciones precisas para su correcto funcionamiento y confortabilidad. En este sentido, una de las principales actuaciones tendrá que ver con la accesibilidad, ya que se rehabilitarán las antiguas escaleras de acceso a las diferentes zonas del inmueble, se ejecutará una rampa en la entrada principal y se instalarán seis ascensores, dos plataformas elevadoras y una silla salvaescaleras.

 El sótano albergará espacios para el centro de alojamiento temporal de familias, almacenamiento del catering e instalaciones generales del edificio. En la planta baja, se ubicarán la zona de admisión con punto de atención al público, zonas de catering y comedor, espacios de esparcimiento y descanso, administración del centro, lavadero, salas de usos múltiples, cocina del centro de mayores y aseos.

 La planta primera contará con talleres, zonas de esparcimiento, vestuarios, viviendas públicas, cuartos de limpieza, aseos, salas polivalentes, peluquería, podología, fisioterapia y cuartos de limpieza y almacenaje. Por su parte, en la planta segunda habrá talleres, salas de personal del centro, zonas de esparcimiento, viviendas públicas, sala de lectura, zona de cardio y pilares, sala de informática, vestuarios, cuartos de limpieza y almacenaje y aseos. Tanto para la bajocubierta como para la cubierta no se plantean usos.

“Iremos contra la empresa por daños al patrimonio y desacato al TSJM”. Con estas palabras el concejal del PSOE Antonio Giraldo acusaba este miércoles a la empresa promotora del hotel cápsula de la calle Cabestreros está incumpliendo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hace una semana paralizaba los trabajos por el posible valor histórico de los inmuebles situados en sus números 1 y 3 de la calle.

“Se está incumpliendo el auto del TSJM. Como podéis ver, la demolición de los edificios en Cabestreros continúa y ya han agujereado la fachada”, avisaba Giraldo, que colgaba en redes sociales un vídeo de la retirada de escombros en la demolición. “Borja Carabante dice que comunicó la suspensión a la empresa, pero siguen. La policía no actúa. Es increíble”, añade antes de advertir que “habrá consecuencias penales”.

Junto al vídeo de un vehículo descargando escombros, el concejal mostraba imágenes de demoliciones en los citados edificios, sin ya la parte superior del tejado, que conservaba hasta hace unos días.

El edil socialista también ha puesto en duda la actuación del consistorio en este caso al no paralizar una demolición que ya detuvo la justicia: “Valoraremos si el Ayuntamiento o la policía municipal no están ejerciendo sus funciones. La demolición ha sido suspendida por el TSJM desde el miércoles 10 de junio. Esto es una vergüenza”, escribe en Bluesky.

El consistorio, sin embargo replica que la Policía Municipal ha comprobado que no se estaban realizando trabajos en los edificios donde la Justicia paralizó cautelarmente las obras. Fuentes del área de Urbanismo aclaran que en el número 5, donde la constructora cuenta con licencia pertinente de construcción y no hay ninguna paralización activa, hay operarios trabajando. También confirman que el consistorio notificó a la empresa la resolución del TSJM.

Una demolición en pausa judicial

La semana pasada, un auto del TSJM detuvo la obra después de la petición del PSOE y de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que pidieron revistar una decisión de la Comunidad de Madrid de descartar la protección del conjunto, pese a que había anunciado inicialmente que le otorgaría una protección ambiental.

En el edificio se encontraba un popular restaurante senegalés, el Baobab, que cerró poco antes de que se conociera este proyecto hotelero, en el año 2020. La promotora tramitó a partir de entonces una iniciativa para echar abajo dos inmuebles y levantar encima un hostel con 260 camas e inició la demolición a principios de año, pero una denuncia del PSOE y de varias asociaciones al comenzar el derribo, justo después de las pasadas navidades, frenó los trabajos.

En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. Entonces el Gobierno regional aseguró que pediría la protección ambiental del edificio, lo que parecía frenar el proyecto hotelero, algo que finalmente no se produjo. La resolución de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid apuntaba a que los dos edificios se habían visto fuertemente alterados desde su origen, con modificaciones significativas, y que el estudio arqueológico, histórico y arqueométrico concluye que estas edificaciones no son las que aparecen en las planimetrías del siglo XVII y XVIII, sino que tienen su origen “a mediados del siglo XIX”.

El edil Antonio Giraldo avisó en su momento que los posibles valores patrimoniales del edificio y al conocer la resolución de la Consejería de Cultura calificaba de “noticia nefasta para el patrimonio madrileño” la falta de protección del inmueble. No obstante, ya entonces advertía de la existencia de “datos contradictorios en la resolución final” de la Comunidad de Madrid, “y fechas que no concuerdan con elementos arquitectónicos presentes en ambas edificaciones”. La semana pasada, el TSJM frenaba los trabajos, pero la demolición ha seguido adelante esta semana.

Una de las entidades más volcadas en la inclusión y la dinamización de Lavapiés, barrio multicultural por antonomasia del centro de Madrid, se enfrenta a una situación crítica ante la falta de instalaciones donde desarrollar su actividad. Dragones de Lavapiés, club de fútbol base y aficionado cuya labor ha sido reconocida por el Consejo Superior de Deportes (así como LaLiga o FIFA), lleva meses con su campo inoperativo por unas obras del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, una de sus sedes alternativas también queda fuera de juego.

Juan, vecino de Lavapiés desde hace 20 años, es padre de un niño de 8 años que juega en Dragones. Cuenta que desde que el terreno de juego de Embajadores, 18, quedó clausurado por obras gran parte de la actividad (sobre todo de los más pequeños) se trasladó a las canchas del cercano Parque Casino de la Reina. Pero en ellas también se está trabajando en una reforma municipal: “Hubo ya una recientemente en la zona infantil [cuya inauguración se postergó en su término hasta que los propios residentes tiraron las vallas para utilizarla], pero ahora se quiere actuar sobre las canchas, un área con problemas derivados de gente en situación de calle. Hay que tener en cuenta que no hay ni baño”, lamenta en conversación con Somos Lavapiés.

Defienden esa actuación, sí, pero critican los tiempos del Gobierno que lidera José Luis Martínez-Almeida: “Las obras del campo iban a terminar en febrero, pero ahora están abandonadas y deterioradas, con mucha suciedad. La alternativa del parque no era ideal por su falta de mantenimiento y sus insuficientes instalaciones, pero es que ahora nos empujan a la calle. En septiembre no sabemos qué pasará”. Los trabajos iniciados en septiembre en la instalación deportiva municipal se detuvieron en noviembre, al hallarse construcciones subterráneas de los antiguos edficios comerciales sobre el solar.

Dolores Galindo, presidenta del club, recuerda que Dragones “juega en distintos espacios de Madrid, pero el de Embajadores es el espacio más emblemático, nuestro símbolo donde han surgido equipos como el de madres, el de personas sin hogar o el de amputados”. Todo de una forma “estructurada a través de entrenamientos”, dando acceso a colectivos que muchas veces no lo han tenido al deporte más mediático del mundo y a unos 600 jugadores del barrio o el conjunto de la ciudad. Una labor que explica el respaldo de más de 100 organizaciones sociales al manifiesto “600 Dragones sin instalaciones”.

El origen de este “campo icónico” ahora tomado por los escombros parte además del propio club, fundado en 2014: “Nuestros entrenadores colocaron las porterías”, recuerda Galindo, aunque resalta tambien la colaboración del Ayuntamiento. “Lo poco que había lo han hecho Dragones y el barrio”, apostilla Juan.

La directiva traslada su “sensación de que se quiere cambiar o borrar la huella de un fútbol por la igualdad y el progreso”. Dragones ha llegado a recibir el apoyo del Ministerio de Igualdad, con un reconocimiento a su forma de “cambiar los clubes de fútbol para hacerlos acogedores para las mujeres”. “Es una huella que no quieren que permanezca. Tratamos de contar que en nuestro barrio se puede vivir en paz, vengas de donde vengas. Algo que se quiere borrar porque en el mundo lo que suenan son tambores de guerra”.

“Había unos árboles plantados que han quitado. La placa del Consejo Superior de Deportes tampoco está. Percibimos que se quiere difuminar lo que hemos hecho. Eso nos preocupa, además de las instalaciones, porque hay 400 menores que no son tan fáciles de mover como otros combinados con miembros más mayores”, protesta la presidenta. De hecho, comenta que la situación ya era compleja antes de las obras del Casino de la Reina por lo “degradado” del espacio“, ”sin baños, con ratas y con excrementos“.

Fuentes de la Junta Municipal del distrito Centro, de la cual dependen las obras trasladan a este periódico que se reanudarán después del verano con una duración aproximada de cinco meses, por lo que previsiblemente acabarán ya en 2027. “Se está cerrando el importe modificado de la obra, ya que tras haber encontrado los sótanos del edificio preexistente, se tienen que hacer rellenos con hormigón para consolidar el terreno y asegurar el apoyo de la cimentación del muro, especialmente en el lado de la calle San Cayetano”. En cuanto a las obras de Casino de la Reina, “se llevarán cabo durante el verano, época en la que los entrenamientos se reducen o se suspenden”. Puntualizan por último que la Junta “esta abierta a estudiar cualquier solicitud formal que plantee el club”.

La actuación en el solar de Embajadores incluye un espacio estancial con la creación de una zona verde formada por tilos, arces paliformos, lavanda, romero, espino de fuego y madroños, así como la mejora del cerramiento con un muro de granito acorde al entorno. También busca dotar al espacio de un almacén que podrán utilizar los usuarios de la zona deportiva para guardar los enseres necesarios para los entrenamientos.

Horas después de la publicación de esta información, el propio concejal de distrito, Carlos Segura, ha publicado una carta en redes sociales detallando algunos aspectos de la obra. “No voy a tolerar que se cuestione el trabajo de los funcionarios de la Junta de Centro, y mucho menos que se juegue con la seguridad de los niños”, ha añadido.

Obra sobre obra en un barrio falto de dotaciones

“El Casino necesita obras, pero lo ideal es que no fueran todavía”, opina Juan. “Si se ejecutan, pedimos al Ayuntamiento que nos preste coles para poder entrenar en el barrio. Que nos den acceso a los colegios por la tarde”. Avisa de una “alarmante escasez de instalaciones deportivas en centro”: “Igual que el Santa María nos ha prestado su patio, hay tres o cuatro coles más donde el Ayuntamiento posee el terreno y pueden proveer instalaciones deportivas propias”.

Dolores resume la situación con un hecho muy simbólico. En la parcela de Embajadores, un gran graffiti que cita a Rosa de Luxemburgo coronaba el espacio: “Socialmente diferentes, humanamente diferentes, totalmente libres”. “El Rey de la Ruina, su autor, ha pedido que lo arreglen porque está muy degradado. Pero en el Ayuntamiento me han dicho que no les gusta”, afirma la mandataria del club.

“Todo esto tiene que ver con que es un espacio que ha vivido mucho en la indeterminación, nunca tuvimos adjudicación, pero lo administrábamos de facto. Ahora nos dicen que se trata de mejorar la instalación, supuestamente, pero vemos que por ejemplo no se va a mejorar el césped. Conseguimos que una empresa lo instalara gratuitamente y ahora se está estropeando. Por no hablar de que han arrasado árboles con los que casi nos denunciaron solo por podarlos”, expone Dolores Galindo, que habla de “una falta de reconocimiento total hacia queines hemos cuidado el campo”.

La presidenta cuestiona esta falta de apoyo institucional a un proyecto caracterizado por la “gestión comunitaria”, reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los mejores en la resistencia a la pandemia a través de actividades dinamizadoras o colaboración con el Banco de Alimentos.

Es una huella que no quieren que permanezca. Tratamos de contar que en nuestro barrio se puede vivir en paz, vengas de donde vengas. Algo que se quiere borrar porque en el mundo lo que suenan son tambores de guerra

Dolores Galindo — Presidenta de Dragones de Lavapiés

Frente a ese historial, un porvenir mucho más incierto: “En septiembre solo podremos garantizar el acceso al deporte de los niños solo si nos ayudan los coles del barrio, que el CEIP Santa María renueve y nos vuelva a ceder instalaciones, pero también que se sumen más. Lo que pedimos al Ayuntamiento que nos ayude con esta emergencia deportiva”.

Juan destaca el “crecimiento orgánico de estos diez años, cumpliendo una función social y saciando la demanda de fútbol”. La “integración en el barrio” y “el fomento del tejido social” han sido dos puntales del proyecto en un barrio donde “apenas hay instalaciones”.

Por toda esta contribución, familias de Lavapiés han lanzado una campaña con la que solicitar un calendario para las obras del solar y que siga siendo de gestión público-vecinal: “Que siga perteneciendo al club, que no cambien de modelo”. Es la alternativa ante “un perjuicio a un grupo de 600 personas, ligado a una entidad que todo el mundo quiere y que pertenece al barrio”.

Barrios en expansión de Carabanchel o Vallecas. Zonas que llevan tiempo colapsadas, véanse Latina y Lavapiés. Distritos al noreste (Ciudad Lineal) y noroeste (Tetuán) de la ciudad que, como el resto de Madrid, se han llenado de pisos turísticos y nada parece equilibrar su crecimiento. Esta mañana, 153 viviendas han amanecido con pintadas en las fachadas de su bloque. La mayoría de los graffitis señalan que hay apartamentos en la zona vinculados a la plataforma Airbnb. “Mi barrio no es turismo”, puede leerse en uno de ellos, a modo de crítica contra su proliferación. También algunos cajetines, colocados en las puertas de acceso para que los viajeros introduzcan un código numérico, fueron saboteados con pegamento en su rueda metálica. ¿Quién está detrás?

Un grupo de vecinas anónimas ha reivindicado la acción, en comunicación con este periódico. Es la segunda de este tipo en lo que va de año. “¿Que por qué salimos? Si nuestros abuelos decían que la tierra es para quien la trabaja, nosotras decimos que las casas son para el barrio y sus vecinas”, sentencia uno de los participantes, que como el resto ha preferido ocultar su nombre para evitar problemas legales.

A finales de febrero, estos mismos colectivos pasaron a la acción y marcaron con sus pintadas otro lote de edificios, en los mismos barrios que ahoran vuelven a ser señalados. La gentrificación golpea en todos ellos, pues se ha extendido tanto que ya no cabe solo en el centro de Madrid. Esta misma semana, un nuevo estudio conjunto de dos de los principales portales inmobiliarios, Idealista y Fotocasa, publicaba que en 2025 los alquileres han crecido siete veces más deprisa que los salarios, abocando a un nuevo tramo en la crisis de vivienda.

A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb, y ahora gane cuatro o cinco veces más

En la capital, sin ir más lejos, los precios han subido y no de forma gradual: según datos del Ministerio de Vivienda, el precio mediano del alquiler pasó de 615 euros en 2015 a 825 euros hace tres años, un 34% más. El año pasado se cerró en torno a los 22,7 euros mensuales el metro cuadrado. “A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb y gane cuatro o cinco veces más. Pues no, mientras yo pueda, esa casa no será para un guiri que decida pagar 200 euros la noche, y menos en un barrio empobrecido como el mío”, señala otra de las personas que, este martes por la noche y hasta la madrugada del miércoles, recorrieron muchas de las calles de Madrid. El objetivo: reivindicar desde sus portales un coto al turismo.

Hace ya más de un año, el Ministerio de Consumo advirtió al Ayuntamiento de la existencia de, al menos, 16.335 alojamientos turísticos ilegales detectados en la ciudad. Una cifra muy lejana a las 1.131 licencias que, en ese momento, había concedido el consistorio a negocios de este tipo. “Entonces, no puedo irme de vacaciones porque el 80% de mi salario va para pagar el alquiler, ¿y aun así tengo que aguantar que me echen de mi casa para que vengan los turistas a destrozar mi ciudad? Pues no”, declara otro de los impulsores de esta segunda acción protesta.

Tanto en su primer intento, a finales del invierno, como para esta nueva reivindicación optaron por elegir barrios en base a dos criterios principales: su capacidad de organizarse y el avance de la turistificación fuera del centro histórico. “Hemos ido principalmente a barrios en los que ya estábamos organizadas, pero también primamos otros puntos más calientes. Al fin y al cabo, una ciudad sin gentrificación es una mejor ciudad para todas”, añade una de las participantes. Los activistas sostienen que la proliferación de viviendas de uso turístico no solo afecta a la capacidad de acceso a una vivienda, sino también a los negocios de proximidad que existen a su alrededor.

“Esto no es solo por las casas, es también por el barrio. Un turista no va a una ferretería ni a una mercería. Cada vez hay menos vecinas y cada vez más negocios pensados para quien está de paso”, resumen. La intervención nocturna transcurrió con relativa tranquilidad, según sus impulsores. No apareció la Policía ni nadie comenzó conflicto alguno: “Nos coordinamos para hacer el menor ruido y ser lo más efectivos posible”, relata otro de los presentes. Entre los participantes, casi siempre se repite una percepción común: si las administraciones públicas no hacen nada, alguien tendrá que hacerlo.

“Esta también es una forma de regular los precios, ¿no? Como el Gobierno no lo va a hacer, lo tendremos que hacer nosotros. Si ellos quieren abrir más y más pisos turísticos, haremos que esos pisos no se puedan abrir”, sentencian. Ya de madrugada, de regreso a casa después de varias horas mapeando calles de Madrid, sintieron algunas contradicciones en el día a día de la ciudad. “Da rabia pasear por la noche y ver que Madrid se está convirtiendo en un parque temático. Creo que lo que hemos hecho hoy es poner un palito en una de esas atracciones”, concluye otra voz del grupo que ha impulsado esta acción protesta.

Detenido por segunda vez el proyecto hotelero sobre los números 1 y 3 de la calle Cabestreros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decretado la paralización de la obra y de su consiguiente derribo, admitiendo las medidas cautelarísimas reclamadas por el PSOE y por asociaciones en defensa del patrimonio, ante la posibilidad de que desaparecieran dos edificios con alto valor histórico.

Un informe pericial firmado por doctor y profesional en arquitectura y patrimonio desmiente la resolución de la Comunidad de Madrid de finales de mayo, en la que descartaba cualquier tipo de protección para los inmuebles. A principios de año, la propia Consejería de Cultura había asegurado que iba a dar protección ambiental al espacio, donde se encontraba uno de los restaurantes senegaleses más famosos de la ciudad, el Baobab, que cerró para dar paso al proyecto de un hostel con 260 camas.

El anuncio de la paralización judicial lo ha hecho el concejal socialista Antonio Giraldo, quien en un vídeo posterior ha explicado que la resolución es temporal, pero con ella el recurso gana tiempo para poder demostrar las incongruencias presentes en la resolución del Gobierno de Ayuso, que sospechan pueden basarse en un informe “de parte”, elaborado por la propia empresa que impulsa la construcción del hotel.

El proyecto hotelero pasó en el año 2020 por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y emitió dictamen favorable a la demolición en el año 2022 “al considerarse que no había ningún elemento que proteger”, indican desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero luna denuncia del PSOE y de varias asociaciones al comenzar el derribo, justo después de las pasadas navidades, frenó los trabajos.

En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. Entonces el Gobierno regional aseguró que pediría la protección ambiental del edificio, lo que parecía frenar el proyecto hotelero, algo que finalmente no se produjo. La resolución de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid apuntaba a que los dos edificios se habían visto fuertemente alterados desde su origen, con modificaciones significativas, y que el estudio arqueológico, histórico y arqueométrico concluye que estas edificaciones no son las que aparecen en las planimetrías del siglo XVII y XVIII, sino que tienen su origen “a mediados del siglo XIX”.

El edil Antonio Giraldo avisó en su momento que los posibles valores patrimoniales del edificio y al conocer la resolución de la Consejería de Cultura calificaba de “noticia nefasta para el patrimonio madrileño” la falta de protección del inmueble. No obstante, ya entonces advertía de la existencia de “datos contradictorios en la resolución final” de la Comunidad de Madrid, “y fechas que no concuerdan con elementos arquitectónicos presentes en ambas edificaciones”.

El agua de Madrid ha perdido en algunas zonas de la región su habitual prestigio de buen sabor, pese a que sea insípida por definición. Desde este domingo 7 de junio algunos abonados al sistema gestionado por el Canal de Isabel II han reportado un olor y sobre todo sabor intenso “a cloro”, que este periódico ha podido comprobar.

El cambio en el sabor tiene que ver con una maniobra que tuvo lugar la mañana del citado domingo en el embalse de Santillana, en la sierra. En concreto, fuentes del Canal informan a Somos Madrid que se produjo en los filtros de carbón activo de suestación de tratamiento de agua potable.

Esto es lo que ha hecho que algunos abonados de distintos municipios regados por este pantano situado en Manzanares el Real (por ejemplo, en el centro de Madrid) hayan percibido un cambio en el olor y sabor del agua en sus grifos. “El agua sigue siendo potable y apta para el consumo”, aclaran desde el Canal de Isabel II para tranquilizar cualquier duda sobre su ingestión.

Las mismas fuentes añaden a este periódico que se están efectuando purgas en la red para eliminar definitivamente el sabor y olor atípicos, aunque no detallaron cuándo está previsto que el líquido suministrado recobre sus características habituales.

El cambio en el sabor se extendió por zonas de la zona centro como Lavapiés, Chueca, Malasaña, Argüelles o incluso Arganzuela, según testimonios recopilados por este periódico y también comentarios en algunos hilos de redes sociales que comentaron esta circunstancia.

Adiós a los dos edificios de la calle Cabestreros que varias organizaciones civiles y partidos de la oposición intentaron proteger a principios de año por su valor patrimonial. Fuentes municipales confirman a este periódico que la Comunidad de Madrid ha levantado la suspensió cautelar de las obras, por lo que ambos inmuebles serán demolidos para levantar en esa parcela un hotel cápsula.

La decisión la tomó el pasado viernes la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno regional, al considerar “que no tiene ningún valor cultural que sea objeto de protección”, explican las mismas fuentes del área de Urbanismo. “La licencia está bien concedida”, añaden recordando que desde la Agencia de Actividades ya se había autorizado el hostel.

El proyecto pasó en el año 2020 por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y emitió dictamen favorable a la demolición en el año 2022 “al considerarse que no había ningún elemento que proteger”, indican desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero la denuncia del PSOE y de varias asociaciones al comenzar el derribo, justo después de las pasadas navidades, frenó los trabajos.

En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. Entonces el Gobierno regional aseguró que pediría la protección ambiental del edificio, lo que parecía frenar el proyecto hotelero, algo que finalmente no se ha producido. La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid apunta a que los dos edificios se han visto fuertemente alterados desde su origen, con modificaciones significativas, y que el estudio arqueológico, histórico y arqueométrico concluye que estas edificaciones no son las que aparecen en las planimetrías del siglo XVII y XVIII, sino que tienen su origen “a mediados del siglo XIX”, relatan fuentes del Gobierno regional.

“El asunto queda ahora resuelto y se puede continuar con la construcción del hostel”, informan fuentes municipales a este periódico sobre la resolución, a la vez que recuerdan que el inmueble estaba vandalizado y cerrado desde hacía tiempo. La nueva instalación turística prevé la apertura de 260 camas en pleno corazón de Lavapiés.

La parcela, situada junto a la plaza de Nelson Mandela, cuenta con 400 metros cuadrados de parcela y 1.800 de edificabilidad. Allí se encontraba el icónico restaurante senegalés Baobab, que cerró en el año 2020 para el avance de este proyecto inmobiliario. Cuando se conoció el derribo del edificio, una movilización política y social intentó pararlo pero finalmente las instituciones públicas han descartado inscribirlo en el catálogo de edificios protegidos de Madrid.

El edil Antonio Giraldo avisó en su momento que los posibles valores patrimoniales del edificio y hoy califica de “noticia nefasta para el patrimonio madrileño” la falta de protección del inmueble. No obstante, advierte que pueden existir “datos contradictorios en la resolución final” de la Comunidad de Madrid, “y fechas que no concuerdan con elementos arquitectónicos presentes en ambas edificaciones”.

Por ello, asegura que “vamos a estudiar con velocidad todas las posibilidades para detener la pérdida. Me resulta increíble que la dirección autonómica de patrimonio tenga a bien demoler estos dos edificios para en su lugar levantar un bloque contemporáneo totalmente descontextualizado del lugar para albergar cápsulas. Este no es el Madrid que queremos. Y haremos todo lo posible por detenerlo”.