El pasado 4 de agosto cientos de personas se concentraron en Lavapiés en respuesta a las muertes en la frontera ceutí bajo el lema “No más muertes en las fronteras”. La cita fue convocada por Red Interlavapiés y Red Solidaria de Acogida, y contó con el apoyo de distintos colectivos de marcado cariz social y antiracista. La escena no es extraña en las calles del barrio de Lavapiés, territorio combativo y escenario habitual del rodar de los distintos movimientos sociales madrileños.

La concentración coincidía prácticamente con el inicio de las fiestas de San Cayetano, las primeras de la triada (junto con San Lorenzo y La Paloma) de las celebraciones de agosto en el distrito Centro. Una de las características distintivas de estas fiestas patronales es que, a diferencia de otras de los distritos, transcurren en las estrechas calles y vetustas plazas de Lavapiés, el Rastro y el barrio de La Paloma, y no en recintos feriales acotados y alejados del día a día de la mayoría de los vecinos.

Siendo así, es imposible que las fiestas de estos barrios no transcurran coherentemente contaminadas de la idiosincrasia habitual de las barriadas, sobre todo en tiempos en los que la crisis de la vivienda y la gentrificación en el centro de Madrid estampan sus nombres mes sí, mes también, en las páginas locales de los periódicos.

No hubo que esperar mucho para encontrarse con la política a pie de calle en las fiestas. El 5 de agosto varios miembros del equipo senior de Dragones de Lavapiés hicieron una acción reivindicando volver a entrenar en su campo de la calle de Embajadores 18. Los vecinos y visitantes de las fiestas de San Cayetano primero, y ahora de San Lorenzo, tienen muy presente la causa gracias a los mensajes que tapizan la valla de solar.

Las obras de la instalación deportiva básica que sirve de sede deportiva al club, conocido por su labor de inclusión social, llevan paradas ya cerca de 300 días a pesar de que, supuestamente, deberían haber seguido su marcha en algún momento del pasado mes de julio.

Con el comienzo de las fiestas de San Lorenzo, el 8 de agosto, se produjo una acción de Lavapiés al límite y el Sindicato de Inquilinas contra la turistificación. Una gran pancarta donde se podía leer Tourism is killing Madrid se descolgó de la fachada de un bloque de viviendas, queriendo hacer partícipes a los propios turistas de un problema que ha sido central en el barrio durante el último año.

El sabor popular de las fiestas de Lavapiés va más allá de la participación de sus colectivos sociales, pero estos han revitalizado en los últimos años la vertiente más social de las fiestas a través de la Plataforma por unas Fiestas Populares de Lavapiés. Está formada por colectivos muy diversos: asociaciones migrantes, el Sindicato de Manteros, espacios como Esta es una plaza, proyectos deportivos como CD Dragones de Lavapiés, cooperativas y otros colectivos de distinta naturaleza radicados en el barrio. Cada año, ponen una caseta en las fiestas con precios populares y organizan distintas actividades. Este año repiten caseta en Arturo Barea con el lema Sin vecinos, no hay verbena.

En 2026, como en años precedentes, ha habido batalla de agua, imaginativo engalanamiento de bolardos, juegos populares, decoración popular –y a menudo reivindicativa– de las calles del barrio y una cena del traje, que se celebra el lunes 10 de agosto al caer el sol.

Las fiestas populares de Lavapiés recogen el espíritu de los antiguos barrios bajos de Madrid, bien representados en calles como la del Oso, adornada por sus vecinos desde hace décadas. Unas fiestas abiertas y diversas, que se leen en los espectáculos de transformismo clásico y copla española que durante años llevó a cabo Emi por San Cayetano y han continuado otras compañeras también en la mentada calle del Oso.

Es sencillo andar celebrando por Lavapiés estos días y toparse en sus paredes con el cartel relativo a un intento de desahucio, como el de Paquita, o pegatinas contra los pisos turísticos. Las fiestas de agosto en el centro de Madrid demuestran que cuando se celebra en la calle la propia ciudad–y sus vecinos más comprometidos– se encargan de avisar de que los problemas seguirán ahí cuando se barra el confeti.

“El plan de negocio recoge una compra para la tramitación y cambio de uso. Lo que haremos es adquirir el activo y acto seguido solicitaremos la licencia para convertirlo en turístico a través del Plan Reside”. Con esta claridad expone el fondo inmobiliario Urbanitae sus objetivos en un piso de Lavapiés, en el centro de Madrid, del que los vecinos se han ido marchando en los últimos meses. Pero la sentencia no solo esclarece el propósito de la empresa privada, sino que ilustra la herramienta en favor de la turistificación y en contra de los residentes permanentes en la que se ha convertido una de las principales iniciativas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en materia de vivienda.

“La operación consiste en adquirir un edificio residencial prácticamente reformado en el barrio de Lavapiés, compuesto por 19 apartamentos y un local comercial, para su explotación como alojamiento turístico bajo el marco del Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid y su posterior venta a un inversor institucional o patrimonialista”, recalcan desde la web de Urbanitae. En ella también se aloja el vídeo donde Luis Maura, director asociado de esta compañía del sector inmobiliario, presenta el “proyecto de plusvalía” en el número 50 de la calle de Lavapiés. Lo anuncian justamente con el nombre de Lavapiés 50, reclamo atractivo y fácil de memorizar.

El portal cita específicamente la utilidad del Plan Reside a la hora de vaciar este bloque: “Es el marco regulatorio del Ayuntamiento de Madrid que permite la conversión de determinados inmuebles residenciales a uso de apartamento turístico durante un plazo máximo de 15 años, siempre que cumplan los requisitos técnicos y urbanísticos aplicables. En este proyecto, la obtención de la licencia turística es una pieza clave de la estrategia de valor añadido. La conversión del activo bajo el Plan Reside permite ampliar el universo de compradores potenciales en la desinversión, especialmente entre inversores institucionales y patrimonialistas interesados en activos operativos con ingresos recurrentes”.

El equipo de Almeida ha repetido incesantemente que el Plan Reside “protege el uso de la vivienda habitual y ubica los pisos turísticos fuera de edificios residenciales”. “Persigue tres objetivos: acabar con la pérdida de población del centro de la ciudad y ampliar la oferta residencial, ordenar la oferta turística y mejorar la convivencia entre vecinos y visitantes”, sostenía el Consistorio tras su presentación en 2024.

Posteriormente, cuando en agosto de 2025 la Comunidad de Madrid aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que facilitaba su implantación, desde Cibeles insistieron en que “blinda el uso de la vivienda habitual y lleva los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales para la protección y mejora del uso residencial en Madrid”. Fondos como Urbanitae, por contra, lo citan como un motor para reducir la oferta de alojamientos tradicionales.

El Plan Reside, de “acabar con la pérdida de población del centro” a herramienta de los fondos

Esta operación inmobiliaria en un barrio igual de céntrico que de popular, de la que ya informó el portal xLavapiés, está desalojando a los residentes de un edificio de cuatro plantas. Cuenta con 19 viviendas y un local comercial donde actualmente se ubica una tienda de alimentación. Sin embargo, como traslada a Somos Lavapiés una de las personas que vive en el bloque durante una conversación junto al propio portal, ya apenas quedan “tres o cuatro pisos con gente dentro”.

El Plan Reside separa a turistas de residentes, ya que prohíbe los Airbnb dispersos en el corazón de Madrid y a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos, con ciertas condiciones. Fuera de la almendra central que circunscribe la M-30 (no es este caso), pueden habilitarse en bajos, sótanos o primeras plantas. A priori parece más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, al que sustituye desde que entró en vigor en septiembre de 2025, ya que permite viviendas turísticas en menos lugares. No obstante, ha abierto la puerta a una posibilidad que no existía: convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio que publicó el PSOE.

Ante la posibilidad de que fondos buitres adquieran bloques enteros para dedicarlos al turismo, los socialistas lo han calificado de “Plan Especula” y Más Madrid llama “Plan Expulsa” al cambio normativo. En la formación que lidera Rita Maestre alertan de que hasta 315.000 pisos podrían convertirse legalmente en turísticos en Madrid, frente a los 15.000 existentes cuando la nueva legislación entró en vigor. El partido ha solicitado de manera incesante su derogación por “acelerar la especulación inmobiliaria”.

Hacia un edificio fantasma

Lo que está ocurriendo en Lavapiés 50 refuerza las enormes críticas de la oposición. “Sé que me tendré que ir en cuanto me venza el contrato el año que viene”, lamenta el residente que conversa con este medio, y que en 2027 cumplirá cinco años en el inmueble. Dice que los vecinos están al tanto del proceso de compra, aunque en su caso no ha habido ninguna comunicación específica: “Que no van a renovar es una suposición, pero tiene toda la pinta. El edificio se ha ido quedando vacío y han precintado las puertas de los pisos de los que se marcha la gente”. Cuenta que algunos inquilinos llegaron a acuerdos con la propiedad para marcharse antes incluso de que vencieran sus alquileres.

Sé que me tendré que ir en cuanto me venza el contrato el año que viene. El edificio se ha ido quedando vacío y han precintado las puertas de los pisos de los que se marcha la gente

Este testimonio también cuestiona otro de los puntales del Plan Reside: la ejecución de importantes reformas en edificios degradados para mejorarlos a nivel estructural o estético. El propio Luis Maura hablaba ya de una “inversión reducida, pues acaba de realizar una reforma”. “Para adaptar el activo al Plan Reside llevaremos a cabo obras menores”, apostilla en el clip. La persona que atiende a este periódico habla, en cambio, de una “reforma de chapa y pintura para ponerle mejor cara”, en referencia a la que ejecutó el anterior dueño. Esa que según Urbanitae fue una rehabilitación de calado y ahora no hace necesarias grandes intervenciones.

“El edificio se ha ido pasando de un fondo a otro”, lamenta. Por eso no tardaron en percatarse de la llegada de un nuevo comprador hace unos meses: “Venían los trajeados”, dice. Fue el primer aviso de que sus estancias en el corazón de Lavapiés estaban a punto de terminar... salvo que encuentren alguna alternativa en un barrio enormemente tensionado en lo que tiene que ver con el precio de la vivienda y con la acción de grandes fondos inmobiliarios.

Un plan de negocio a medida frente a la única vecina que puede resistir

La situación, eso sí, es diferente en uno de esos “tres o cuatro pisos” donde todavía queda algo de vida. En él, los nuevos propietarios no podrán comenzar a actuar en cuanto finalice el contrato dentro de uno o dos años. “Ahí una señora arriba que tiene un alquiler de renta antigua”. Esto es, un arrendamiento firmado antes del 9 de mayo de 1985, fecha de entrada en vigor del conocido como decreto Boyer. Este tipo de contratos son indefinidos hasta la defunción del titular o de la primera persona en la que lo subrogó, al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. A tenor literal del Plan Reside y siguiendo su ambición por limitar los pisos turísticos a edificios dedicados íntegramente a esta actividad, esta será una importante traba para que se cumplan los planes de Urbanitae (la alternativa sería llegar a un acuerdo económico o de realojo con la arrendataria). Sin embargo, no lo mencionan en su web ni en el vídeo subido a YouTube.

En estos contenidos sí detallan el respaldo a la compra y explotación del inmueble, que no se ejecutará únicamente a través de Urbanitae: “El socio promotor es Jamison Group, firma inmobiliaria fundada en 2008 y respaldada por más de 25 años de experiencia en desarrollo y gestión de activos en Europa, Latinoamérica, África y la región del Golfo. La compañía está liderada por Mariano Martí, cofundador y experto en gestión de activos y derecho inmobiliario; Bertrand Guillot, managing partner con más de 30 años de experiencia en banca de inversión internacional y private equity; y Victoria Dowling, project director con amplia trayectoria en desarrollo urbano en Madrid y Buenos Aires”. Mencionan que Jamison Group gestiona “una cartera de 23 apartamentos en barrios céntricos de Madrid, como Las Letras y Salamanca”.

También pronostican el retorno económico que la inversión inmobiliaria dejará en sus arcas: “Primero, los inversores de Urbanitae recuperan su capital y obtienen un retorno preferente del 14% anual; después, Jamison Group recibe un catch-up equivalente al 14% sobre su aportación; y, finalmente, los excedentes restantes se distribuyen al 50% entre Urbanitae e inversores, por un lado, y Jamison Group, por otro”.

Este periódico ha tratado de contactar a Urbanitae para conocer los pormenores de la operación, sin recibir respuesta hasta el momento. Tampoco la ha habido desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento, liderada por Borja Carabante, al trasladarles algunas cuestiones sobre las implicaciones prácticas del Plan Reside en casos como este y si consideran que desvirtúa su concepción original de la normativa o se corresponde con ella.

La casa baja de Cabesteros, en Lavapiés, que albergaba el conocido restaurante senegalés Baobab, ha sido prácticamente derribada por la piqueta. La constructora que compró el solar para levantar un hotel ha aprovechado un hito en recorrido judicial sobre la posible protección del inmueble, que el PSOE asegura no está concluido, para lanzarse a la conocida vía de los hechos consumados que tantos muros históricos de nuestra ciudad ha derribado.

Durante el derribo parcial del edificio, curiosamente, han salido restos materiales que podrían dar la razón a quienes afirman que el edificio tiene gran antigüedad, llevando la casa incluso al siglo XVII. Caído el reboque amarillo, apareció la pared de ladrillos de tejar, preindustriales. Si cayeran todos los revoques de nuestras paredes Madrid sería muy distinto.

Cuando termine de caer el Baobab desaparecerá, entre otras cosas, un esquinazo que dejaba constancia de cómo era el barrio de Lavapiés hace algunos siglos. Un aspecto cultural que, sin entrar a valorar el patrimonial, era ya suficiente mérito para ser considerado bien común. Sobre todo, porque, ¿qué daño hacía a nadie esa casita baja que añade grosor a los estratos de la ciudad? ¿Por qué no somos capaces de entender la diversidad urbana como un valor en sí mismo?

La desvalorización de la casa baja nos habla acerca de cómo hemos decidido construir la ciudad: de forma supeditada al beneficio privado. En nuestras sociedades capitalistas, la creación del espacio residencial corresponde al promotor inmobiliario y el sector público se limita a ordenarlo legislativamente y a asegurarse que las nuevas casas estén cosidas a la urbe.

Sin embargo, a falta de un Estado que vehiculice la urbanización de las calles, la creación de servicios públicos, espacios comunes, vías de suministro y conexión de transportes las casas no serían parte de la ciudad. Incluso en sociedades capitalistas, la ciudad crece por el impulso colectivo.

La pátina ideológica que dicta que sin los empresarios ladrilleros no habría ciudad lleva a que, con frecuencia, la normativa inmobiliaria proteja más el interés de estos operadores que los bienes comunes que entran en juego en la gestión de la ciudad.

La protección del patrimonio no es sino una más de las legislaciones que el sector público interpone entre el negocio particular y el bien colectivo. ¿Por qué entonces desprotege las casas bajas sistemáticamente? Porque sale caro a los inversores.

Ese es el daño que la amarillenta casa baja de Lavapiés hacía ahí, parada en un pujante barrio del centro de Madrid sin generar todo el beneficio posible. Lo llaman land gap y se refiere a que es más lucrativo construir hacia arriba que mantener las antiguas proporciones de la ciudad. Si juntamos dos solares y edificamos en altura el beneficio se multiplica.

Aunque el argumento habitual para tirar nuestras casas bajas es su nulo valor arquitectónico, se trata de una constante internacional que afecta también a ejemplares con un obvio valor patrimonial, como sucede con algunas de las preciosas casas chorizo en la región del Río de la Plata o a deliciosas construcciones con elementos decorativos del Cabanyal. Es en estos casos cuando queda más patente que la razón principal de su desprotección es el desperdicio de suelo edificable y que la perspectiva que prima en las decisiones de la administración es la de favorecer exprimir al máximo la rentabilidad del suelo.

En la campaña vecinal por proteger la vivienda popular neomudéjar del distrito de Tetuán se consiguieron distintos niveles de protección para decenas de casas propuestas por los vecinos y el Grupo de Protección del Patrimonio de Tetuán. La administración incorporó la mayoría de sugerencias vecinales, pero, sistemáticamente, rechazó proteger las casas bajas pertenecientes a este estilo.

En cualquier decisión de conservación patrimonial confluyen los vectores de mantener un elemento por el valor que la sociedad le otorga y no dejar de construir nuevas edificaciones. Tengo un amigo que suele decirme que si por los conservacionistas fuera –él me considera así– nunca se renovaría la ciudad. Yo le contesto que su argumento tendría sentido en un contexto en el que el vector de la conservación no fuera sistemáticamente ignorado cuando concurre en la ecuación la tasa de beneficio.

Imaginen que la única casa baja que quedaba en Chamberí hasta 2023, que portaba el recuerdo de cómo era el primer arrabal que dio origen al barrio, se hubiera conservado. Una casa baja entre centenares de bloques de apartamentos que permitía evocar el itinerario vital de la barriada, ¿cuánta merma hubiera supuesto en el beneficio inmobiliario su conservación?

Caídas estas casitas solitarias, despojadas de cualquier tipo de valor arquitectónico por una sobriedad castellana que nos recuerda el origen humilde de sus habitantes –mucho habría que hablar del pretencioso patrimonio de moldura burgués– se reasientan ciertas bases de las lógicas de la generación de espacio. Sus derribos son un correctivo a golpe de piqueta que afianza el sentido común de una ciudad que mira hacia arriba y hacia la cuenta de resultados de su clase constructora.

El programa completo de las verbenas más castizas de Madrid se ha presentado este viernes en el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Las Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma volverán a tener la música como plato fuerte, pero también contarán con numerosas actividades culturales, deportivas o tradicionales, organizadas por colectivos del barrio.

“Soleá Morente va a cantar en su barrio, en la calle Embajadores. Es algo muy importante para su familia, para los madrileños y para los que amamos el flamenco”, anunciaba en la presentación el concejal de Centro, Carlos Segura. Su nombre destaca dentro de una programación musical que incluye las actuaciones de Miss Cafeína, Celtas Cortos, DePol y grupos independientes como Karavana, Rata o Los Vinagres, entre otros.

La nostalgia en forma de conciertos también se abre paso este 2026 en las fiestas de Lavapiés con un tributo a Joaquín Sabina y varios grupos ochenteros y noventeros en la plaza de la Paja, donde se podrá ver a Los Refrescos, Modestia Aparte y pinchará Fernandisco.

Definida como “la verbena más importante de España” por el concejal de distrito, el progama de fiestas mezcla las tradicionales procesiones o espectáculos relacionados con el chotis con otras costumbres más modernas como el concurso de decoración Bolardo voy, bolardo vengo, que cumple ya nueve ediciones, una carrera popular o el reparto gratuito de limonada con el que se inicia San Cayetano.

Los pregoneros este año serán los miembros de Samur-Protección Civil por ser “los que nos cuidan en los grandes eventos”, ha explicado el concejal de Centro, que ha animado a los madrileños y a los que quieran pasar sus vacaciones en Madrid que participen de estas fiestas, que se celebrarán del 4 al 16 de agosto.

Este es el programa de Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma 2026 que acoge Lavapiés del 4 al 16 de agosto.

DOMINGO 26 DE JULIO

FIESTAS DE SAN CAYETANO

MARTES 4 DE AGOSTO

Plaza General Vara de Rey

C/ Ribera de Curtidores, 2

Plaza Cascorro

C/ del Oso

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

Plaza General Vara de Rey

C/ Ribera de Curtidores, 2

Plaza Cascorro

C/ del Oso

JUEVES 6 DE AGOSTO

Plaza General Vara de Rey

C/ Ribera de Curtidores, 2

Plaza Cascorro

C/ del Oso

C/ Encomienda, 18

12.30 - 14.30 - Talleres infantiles: Taller de instrumentos musicales. Organiza: Asociación de Comerciantes de Lavapiés Distrito 12.

VIERNES 7 DE AGOSTO

Plaza General Vara de Rey

C/ Ribera de Curtidores, 2

Plaza Cascorro

Iglesia de San Millán y San Cayetano

C/ del Oso

C/ Encomienda, 18

FIESTAS DE SAN LORENZO

SÁBADO 8 DE AGOSTO

Plaza Arturo Barea

C/ Argumosa

DOMINGO 9 DE AGOSTO

Plaza Arturo Barea

C/ Argumosa

Otros espacios

LUNES 10 DE AGOSTO

Plaza Arturo Barea

Iglesia de San Lorenzo

C/ Olivar, 7

MARTES 11 DE AGOSTO

Plaza Arturo Barea

C/ Doctor Fourquet, 24

Plaza Virgen de la Paloma

21.00 - 22.30 - VII Edición Concurso de Chotis Virgen de la Paloma. Organiza: Parroquia Virgen de la Paloma.

FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA PALOMA

JUEVES 13 DE AGOSTO

Jardines de las Vistillas

Plaza de la Paja

Organiza: Junta Municipal de Distrito Centro, la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y El Orgullo de Madrid.

C/ Calatrava (del nº 3 al nº 10)

C/ Mediodía Chica

C/ Calatrava, 3

C/ Humilladero, 28

C/ Cava Baja

VIERNES, 14 DE AGOSTO

Jardines de las Vistillas

Plaza de la Paja

Organiza: Junta Municipal de Distrito Centro, la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y El Orgullo de Madrid.

C/ Calatrava, 3

C/ Humilladero, 28

C/ Cava Baja

C/ Cava Baja y Plaza del Humilladero

C/ Calatrava (del nº 3 al nº 26)

C/ Tabernillas, 15

SÁBADO 15 DE AGOSTO

Plaza de la Paja

Organiza: Junta Municipal de Distrito Centro, la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y El Orgullo de Madrid.

Iglesia Virgen de la Paloma

Jardines de las Vistillas

C/ Calatrava, 3

C/ Humilladero, 28

C/ Cava Baja

DOMINGO 16 DE AGOSTO

Jardines de las Vistillas

Plaza de la Paja

Organiza: Junta Municipal de Distrito Centro, la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y El Orgullo de Madrid.

C/ Calatrava

C/ Tabernillas, 15

19.00 - 19.45 - Taller de plena puertorriqueña. Organiza: AEHLPA.

C/ Calatrava, 3

C/ Humilladero, 28

C/ Cava Baja

El Grupo Municipal Socialista ha presentado este miércoles un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para solicitar que ordene el cese inmediato de las obras de demolición en los inmuebles del antiguo restaurante Baobab, situados en los números 1 y 3 de la calle Cabestreros de la capital.

Según sostiene el PSOE en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los trabajos se han reanudado “a ritmo acelerado”, sin “resolución judicial alguna que autorice tal reanudación ni que declare extinguida, decaída o sin efecto la medida cautelar” acordada previamente.

Los socialistas advierten de la presencia de “maquinaria pesada y personal operario trabajando activamente en la demolición de los elementos estructurales del inmueble”, con un avance que califican de “rápido y potencialmente irreversible”. Por este motivo, solicitan al tribunal la adopción, con carácter de “extrema urgencia”, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la suspensión y detener las actuaciones materiales sobre los edificios.

El concejal socialista Antonio Giraldo ha alertado de la “enorme gravedad” del asunto. “No se puede hacer una interpretación unilateral de una resolución judicial ni decidir por cuenta propia que una medida cautelar ha dejado de estar en vigor. Eso corresponde exclusivamente a los tribunales”, ha afirmado en una nota que recoge Europa Press.

Se refiere así al aval de 1,8 millones de euros exigido por el TSJM para mantener la paralización cautelar de las obras. El PSOE recoge en su escrito que la empresa dio por hecho que la medida había quedado sin efecto tras no presentar el aval requerido. Los socialistas rechazan esta interpretación al haber recurrido la exigencia de la garantía y solicitado la suspensión del plazo para aportarla, cuestiones sobre las que, según su escrito, la Sala aún no se ha pronunciado.Por ello, Giraldo ha reclamado al TSJM que “actúe con la máxima celeridad para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones y evitar un daño irreversible al patrimonio”.

En concreto, el Grupo Municipal Socialista pide a la Sala que ratifique expresamente que la suspensión cautelar continúa vigente hasta que recaiga una resolución sobre el recurso de reposición y sobre la solicitud de suspender el plazo para constituir el aval. También solicita que se requiera de manera inmediata a la empresa para que cese cualquier “actuación de demolición o de otra naturaleza” que pueda afectar a los inmuebles de Cabestreros 1 y 3.

El PSOE reclama que el Ayuntamiento pare la obra

El TSJM oficie por la vía más rápida posible al Ayuntamiento de Madrid y a la Policía Municipal para que procedan a la “paralización material e inmediata” de los trabajos.Giraldo h a recordado que el Ayuntamiento de Madrid “tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y actuar ante cualquier posible incumplimiento que se produzca durante estas obras”.

“Lo que estamos viendo demuestra la sensación de impunidad con la que algunos creen que pueden actuar en esta ciudad. Nadie puede situarse por encima de la ley y las instituciones tienen la responsabilidad de hacerla cumplir”, ha añadido.

De momento, el Ayuntamiento no ha paralizado la obra. Fuentes municipales han explicado a Europa Press que la Agencia de Actividades (ADA) del Ayuntamiento de Madrid recibió el pasado 20 de julio una comunicación de la promotora informando de su intención de reiniciar las obras, algo que ven como “improcedente” al encontrarse procedimientos pendientes de resolución.

Por ello, el Ayuntamiento ha pedido a la promotora que mantenga “un principio de cautela y prudencia” hasta que el TSJM se pronuncie definitivamente, cosa que no se ha producido. Estas mismas fuentes han informado además que el Consistorio ha enviado a la zona a un técnico de la Agencia de Actividades, que ha levantado un acta de los hechos. El documento será remitido a la asesoría jurídica municipal con el objetivo de informar al órgano judicial.

El PSOE acudió a la Fiscalía para denunciar las actuaciones y evitar el derribo del edificio con el fin de evitar un daño irreversible. El Ayuntamiento de Madrid decidió entonces elevar la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor, lo que llevó a la paralizaron las obras, que se reanudaron el pasado mes de mayo.

Fue entonces cuando el PSOE acudió al TSJM, que suspendió de forma cautelar y urgente la resolución de la Comunidad de Madrid que levantaba la suspensión del derribo de los inmuebles del antiguo Baobab y que permitía continuar los trabajos de la licencia que estaba en vigor al no detectar valor cultural que sea objeto de protección en los mismos.

No obstante, el PSOE defiende que los inmuebles de Cabestreros 1 y 3 se encuentran dentro del ámbito del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y del BIC Zona Arqueológica del Recinto Histórico de Madrid. En este sentido, defienden que “podrían corresponder, con altísima probabilidad, a edificios originales del siglo XVII”.

El desahucio de Paquita, la mujer de 82 años con parkinson a la que la promotora dueña de su vivienda quiere expulsar para poner pisos turísticos, ha quedado aplazado. El desalojo estaba previsto para este miércoles 22 de julio a las 11.45, pero había comenzado a forjarse una gran contestación social y vecinal en La Latina, castiza zona del centro de Madrid.

La suspensión fue trasladada en la noche del lunes al abogado de Paquita. El auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital, al que ha tenido acceso Somos Madrid, acuerda aplazar el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones.

“Se acuerda reiterar con carácter urgente la emisión del informe solicitado, lo que deberán notificar a este órgano judicial a la mayor brevedad y en todo caso en el plazo máximo de diez días, suspendiéndose cautelarmente el lanzamiento previsto”, recoge el escrito judicial. Así, más allá de ese hiato de diaz días, no hay una nueva fecha fijada para el desahucio.

La empresa Tolesanta, a la que las autoridades cerraron varios pisos turísticos por ruidos y molestias, quiere echar a la mujer pese a que paga 1.180 euros de alquiler. El Sindicato de Inquilinas de Madrid y la Asociación Vecinal La Chispera han convocado una concentración, que se mantiene, para defender a Paquita y que pueda quedarse definitivamente. Ella solicita al menos quedarse en la casa donde lleva viviendo desde hace 28 años con su hijo, que ahora tiene 47, un tiempo más que le permita dar con una alternativa. “¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en conversación con este periódico.

Paquita y su hijo, transportista, no son una familia vulnerable en los términios estrictos de la palabra, por mucho que ahora la Justicia les pida acreditar esa condición a la que les empuja el propio proceso: tienen ingresos de 3.000 euros al mes y estarían dispuestos incluso a aumentar los 1.150 euros de alquiler que abonan cada mes. Pero los dueños, la empresa Tolesanta SL, que tiene varios pisos turísticos, no le han dado alternativa. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya”, dice Paquita. “Si quieren que pague más, podríamos hablar”, acepta.

“Es una injusticia lo que han hecho con ellos. Les han desahuciado aunque ya lo paralizaron varias veces y saldaron lo que debían”. A la portavoz de la familia desalojada el pasado 23 de junio de su vivienda en la calle Sombrerería, en Lavapiés, le cuesta tanto encontar una explicación a lo ocurrido como contener la emoción que le genera. Un matrimonio, la octogenaria madre de la mujer y dos menores de 7 y 11 años fueron forzados a abandonar su piso, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS). Esto es, un organismo público dependiente del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida.

La entidad se parapeta en una deuda de apenas 3.129 euros que derivó en un proceso judicial resuelto hace ya tres años. De hecho, este diario ha podido constar que la familia saldó esa cantidad mediante varios pagos fraccionados a lo largo de 2025. La documentación acredita que tampoco hay irregularidades en la subrogación de la propiedad, al menos en el caso de la anciana desahuciada. Después de la muerte de su marido, el cambio de titularidad quedó aprobado en junio de 2022 por la directora de Servicios Sociales y Atención Ciudadana del Consistorio.

Según sostiene la portavoz familiar, fue de hecho la muerte del patriarca lo que derivó en esa deuda inicial: “Intentaron pagar los recibos y cambiar de titular, per les exigían que se hiciera con cita. Coincidió con la pandemia, cuando era muy difícil lograrlas, y todo se complicó mucho sin ser culpa de ellos. Se juntó esa deuda de más de 3.000 euros y, en vez de negociarlo, ya les denunciaron para echarles”. Cuenta que, después del primer intento, el matrimonio removió cielo y tierra para conseguir el dinero que saldase la deuda, además de cumplir con las mensualidades vigentes. Lo consiguieron, pero a EMVS no le ha bastado para detener el procedimiento. Otra fuente próxima al caso va más allá y afirma que “no les dejaron pagar” y que “les trataron como okupas sin serlo”.

La situación más delicada es la de la anciana, que depende de un respirador constante debido a sus problemas de salud. Por el momento se aloja con otra de sus hijas, debido a la limitada movilidad de la que dispone por la bombona de oxígeno y a que “se niega a irse sola a una residencia después de pasar toda la vida con sus hijos”. El resto de la familia se ha mudado por el momento a casa de otra allegada, ya que “no se ha sabido nada de un alojamiento alternativo de emergencia”. La portavoz alerta también de la situación de la madre de familia: “Está muy mal. Casi no come, ha perdido bastantes kilos y atraviesa una depresión”.

Además de volver a la que todavía consideran su casa, ahora luchan por conseguir que se les devuelva el dinero abonado en 2025 si no se les permite regresar. No saben sí lo lograrán: “Se nos escapa. Es un proceso muy complicado”. Aunque agradecen la labor de los abogados de oficio, lamentan que en el momento del desalojo se encontraban fuera de España y desde que se produjo apenas han podido abordar los nuevos escenarios que se les presentan. “Han pagado 10.000 euros desde 2023. Ese dinero no tendría que haberse cobrado”, critican fuentes profesionales próximas al caso.

EMVS acelera los desahucios y recrudece sus formas ante la caída del escudo social

El desahucio culminado el día 23 estuvo precedido por un intento previo el pasado 11 de diciembre que ya hacía presagiar este drástico escenario. Han incidido factores como “la no generación de una comunidad de vecinos en lucha”. Observa otros procesos similares en marcha dentro de un bloque del que Ana Botella ya intentó desprenderse en 2013 (cuando puso la alfombra roja a la llegada de Blackstone a Madrid): “No quieren hablar, aunque el próximo les puede tocar a ellos”.

Critica el acelerón en el número de desahucios en viviendas de EMVS con la caída del escudo social que protegía los desahucios a familias especialmente vulnerables. A ello hay que sumar la “falta de mediación” en los últimos intentos de expulsión de estos afectados. Una “irregularidad”, dice, como el hecho de haber desalojado a la anciana octogenaria: “El resto de la familia no aparece en el contrato, pero lo de la señora no tiene sentido”. Apostilla de hecho que cuando se ejecutó el lanzamiento quedaba pendiente de resolución un segundo recurso de revisión de su expediente, después de que un juzgado rechazase el primero.

Desde EMVS trasladan a este diario que no ofrecen datos concretos sobre procedimientos específicos en marcha, pero recuerdan que “las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños y están sujetas a una normativa y un reglamento por cuyo cumplimiento EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar”. Aseguran que la compañía municipal “solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales; por generar problemas de convivencia o por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas; cesiones ilegales; subarriendos o impagos reiterados durante muchos años sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros”.

En esas circunstancias, argumentan, “los servicios jurídicos de EMVS Madrid cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos, que esperan la adjudicación de una vivienda, así como proteger el patrimonio municipal”. Respecto de la subrogación, apostillan, “solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”. En este caso, a excepción de los problemas de convivencia que según otras fuentes anónimas cercanas sí se han generado desde el entorno de los desahuciados, la documentación descarta los demás argumentos aportados por la entidad. Es así a tenor de la voluntad por cumplir con los planes de pago y oa regularización del cambio de titularidad.

“Todo esto responde a una especulación desmesurada de una EMVS que ha perdido el norte, que pasa por alto las vulnerabilidades y contribuye a la gentrificación. Han externalizado el equipo de trabajadores sociales y jurídicos que va a los barrios, mermando el número de profesionales a pie de calle que pueden evitar estos desastres”, expone una conocedora del caso que prefiere conservar su anonimato.

“En vez de expulsar a las familias, lo que hay que hacer es regularizar su situación mediante planes de pagos o ayudándoles a cumplimentar la documentación que necesitan y a ordenar las carpetas que manejan”, opina. Desde EMVS, ante las preguntas de Somos Lavapiés, no confirman si a la familia desahuciada se le concedió plan de pago alguno.

Lucía Lois, concejala de Más Madrid, considera en declaraciones a este periódico que Almeida “ha convertido la EMVS en un casero insensible y deshumanizado que pone a las familias más vulnerables en la calle”. “Día sí, día también, lo que debería ser un instrumento de política pública para garantizar que la gente tenga una vivienda digna se dedica a poner de patitas en la calle a quien más la necesita”, denuncia. Cree que ya “no es una anécdota”, sino que “el alcalde lo ha convertido en una tendencia estructural, ya que EMVS ha pasado de tres desahucios en 2023 a 60 hace un año y a 60 hasta el pasado abril”.

Clama especialmente contra “el detalle” en algunos de estos desalojos, porque “Almeida está echando a la calle a gente por cantidades ridículas, incluso por menos de 300 euros”. “Uno de cada cinco procedimientos está por debajo de 5.000 euros. El PP está utilizando el desahucio como una herramienta normalizada de gestión, incluso en situaciones perfectamente abordables con políticas sociales. Hablamos de gente que está intentando encauzar su situación, que quiere pagar y regularizar sus situaciones y se encuentran con un muro que ni les escucha. Es una política despreciable, Almeida blinda a rentas más altas, utilizando el suelo público para hacer viviendas para ricos, mientras pega un portazo y desahucia a la gente más vulnerable de sus casas”, concluye.

Paradójicamente, el mismo día en que esta familia se vio forzada a abandonar su casa de EMVS, la entidad llevó a cabo el primer sorteo de sus nuevas promociones para “ingresos medios”. Esto es, por encima de 68.000 euros anuales. 52 viviendas que dan una idea del nuevo modelo pretendido por la compañía pública y de la gente que deja atrás.

El Palacio de la Duquesa de Sueca afronta la recta final de unas obras que comenzaron hace una década y que van camino de transformar en un gran equipamiento público este monumental edificio, construido en 1781 y conocido popularmente por ser la sede del Ministerio del Tiempo, esa cartera gubernamental ficticia que dio nombre a una popular serie de RTVE.

El Ayuntamiento de Madrid comunicó el pasado mes de septiembre varios hallazgos arqueológicos, que se han vuelto a poner hoy de relevancia con motivo de una visita a las obras de varios concejales. En la planta baja se hallaron restos de enterramientos islámicos que podrían datar de los siglos XII o XIII. También apareció un reloj de sol que salió a la luz en la medianera del palacio con el Instituto San Isidro, que podría ser anterior incluso a la construcción del propio Palacio de Sueca.

Los enterramientos serán musealizados por medio de suelo de vidrio pisable que permitirá tanto su visión como una correcta conservación. También será visible el reloj y unos restos de pinturas murales con motivos vegetales y geométricos propios de las decoraciones de palacios madrileños del XVIII y, sobre todo, del XIX, que se han encontrado en la primera planta.

El emblemático edificio fue transformado en palacio en 1791, cuando Carlos IV mandó construir un palacio para Godoy y su esposa, la duquesa de Sueca. Anteriormente, el inmueble había albergado una escuela para los hijos de los criados de Carlos III. Ya a comienzos del siglo XIX, acogió la Escuela de Temporalidades y, después, el Colegio de Humanidades. En el siglo XX fue cuartel de la Guardia Civil y, posteriormente, viviendas privadas.

Un gran equipamiento social

El edificio se incorporó al patrimonio municipal después de una expropiación que tuvo lugar en 1999, que establecía que el inmueble debería ser destinado a un fin de interés social. Después de ese procedimiento, diversas vicisitudes jurídicas avocaron a complejos procesos judiciales, lo que ha provocado una importante dilación en el tiempo para el cumplimiento del fin al que el planeamiento urbanístico destina este bien.

 El Ayuntamiento ha llevado a cabo desde 2016 obras de consolidación para garantizar la seguridad del edificio, trabajos que finalizaron en 2023. Desde entonces, el Área de Obras y Equipamientos ha venido trabajando en la redacción del presente proyecto, que ha sido muy compleja por los condicionantes de la protección del inmueble y los restos arqueológicos. El proyecto cuenta con el visto bueno tanto de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid como de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.

El entorno ha sido visitado este viernes por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañados por el concejal de Centro, Carlos Segura. Allí han comprobado el avance de los trabajos para abrir dos nuevos equipamientos sociales municipales: un centro de alojamiento temporal y para familias vulnerables y un centro de mayores. 

Los trabajos, que comenzaron el pasado mes de mayo, se extenderán previsiblemente hasta finales de 2027 y cuentan con un presupuesto de 12,5 millones de euros, un esfuerzo inversor que tiene que ver fundamentalmente con el carácter de edificio protegido que tiene el inmueble y con la obligación de preservar diversos restos arqueológicos allí presentes.

El edificio cuenta con una superficie de 6.150 m² construidos, de los que 1.583 m² estarán destinados al centro de mayores, que se ubicará en el cuerpo este del inmueble, y 4.567 m² se dedicarán al centro de alojamiento temporal y para familias vulnerables, que ocupará al resto de la superficie. 

Los trabajos incluirán la reforma de los patios y el acceso de la entrada, así como el acondicionamiento de todos los espacios interiores. Asimismo, se dotará al edificio de todas las instalaciones precisas para su correcto funcionamiento y confortabilidad. En este sentido, una de las principales actuaciones tendrá que ver con la accesibilidad, ya que se rehabilitarán las antiguas escaleras de acceso a las diferentes zonas del inmueble, se ejecutará una rampa en la entrada principal y se instalarán seis ascensores, dos plataformas elevadoras y una silla salvaescaleras.

 El sótano albergará espacios para el centro de alojamiento temporal de familias, almacenamiento del catering e instalaciones generales del edificio. En la planta baja, se ubicarán la zona de admisión con punto de atención al público, zonas de catering y comedor, espacios de esparcimiento y descanso, administración del centro, lavadero, salas de usos múltiples, cocina del centro de mayores y aseos.

 La planta primera contará con talleres, zonas de esparcimiento, vestuarios, viviendas públicas, cuartos de limpieza, aseos, salas polivalentes, peluquería, podología, fisioterapia y cuartos de limpieza y almacenaje. Por su parte, en la planta segunda habrá talleres, salas de personal del centro, zonas de esparcimiento, viviendas públicas, sala de lectura, zona de cardio y pilares, sala de informática, vestuarios, cuartos de limpieza y almacenaje y aseos. Tanto para la bajocubierta como para la cubierta no se plantean usos.

“Iremos contra la empresa por daños al patrimonio y desacato al TSJM”. Con estas palabras el concejal del PSOE Antonio Giraldo acusaba este miércoles a la empresa promotora del hotel cápsula de la calle Cabestreros está incumpliendo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hace una semana paralizaba los trabajos por el posible valor histórico de los inmuebles situados en sus números 1 y 3 de la calle.

“Se está incumpliendo el auto del TSJM. Como podéis ver, la demolición de los edificios en Cabestreros continúa y ya han agujereado la fachada”, avisaba Giraldo, que colgaba en redes sociales un vídeo de la retirada de escombros en la demolición. “Borja Carabante dice que comunicó la suspensión a la empresa, pero siguen. La policía no actúa. Es increíble”, añade antes de advertir que “habrá consecuencias penales”.

Junto al vídeo de un vehículo descargando escombros, el concejal mostraba imágenes de demoliciones en los citados edificios, sin ya la parte superior del tejado, que conservaba hasta hace unos días.

El edil socialista también ha puesto en duda la actuación del consistorio en este caso al no paralizar una demolición que ya detuvo la justicia: “Valoraremos si el Ayuntamiento o la policía municipal no están ejerciendo sus funciones. La demolición ha sido suspendida por el TSJM desde el miércoles 10 de junio. Esto es una vergüenza”, escribe en Bluesky.

El consistorio, sin embargo replica que la Policía Municipal ha comprobado que no se estaban realizando trabajos en los edificios donde la Justicia paralizó cautelarmente las obras. Fuentes del área de Urbanismo aclaran que en el número 5, donde la constructora cuenta con licencia pertinente de construcción y no hay ninguna paralización activa, hay operarios trabajando. También confirman que el consistorio notificó a la empresa la resolución del TSJM.

Una demolición en pausa judicial

La semana pasada, un auto del TSJM detuvo la obra después de la petición del PSOE y de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que pidieron revistar una decisión de la Comunidad de Madrid de descartar la protección del conjunto, pese a que había anunciado inicialmente que le otorgaría una protección ambiental.

En el edificio se encontraba un popular restaurante senegalés, el Baobab, que cerró poco antes de que se conociera este proyecto hotelero, en el año 2020. La promotora tramitó a partir de entonces una iniciativa para echar abajo dos inmuebles y levantar encima un hostel con 260 camas e inició la demolición a principios de año, pero una denuncia del PSOE y de varias asociaciones al comenzar el derribo, justo después de las pasadas navidades, frenó los trabajos.

En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. Entonces el Gobierno regional aseguró que pediría la protección ambiental del edificio, lo que parecía frenar el proyecto hotelero, algo que finalmente no se produjo. La resolución de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid apuntaba a que los dos edificios se habían visto fuertemente alterados desde su origen, con modificaciones significativas, y que el estudio arqueológico, histórico y arqueométrico concluye que estas edificaciones no son las que aparecen en las planimetrías del siglo XVII y XVIII, sino que tienen su origen “a mediados del siglo XIX”.

El edil Antonio Giraldo avisó en su momento que los posibles valores patrimoniales del edificio y al conocer la resolución de la Consejería de Cultura calificaba de “noticia nefasta para el patrimonio madrileño” la falta de protección del inmueble. No obstante, ya entonces advertía de la existencia de “datos contradictorios en la resolución final” de la Comunidad de Madrid, “y fechas que no concuerdan con elementos arquitectónicos presentes en ambas edificaciones”. La semana pasada, el TSJM frenaba los trabajos, pero la demolición ha seguido adelante esta semana.

Una de las entidades más volcadas en la inclusión y la dinamización de Lavapiés, barrio multicultural por antonomasia del centro de Madrid, se enfrenta a una situación crítica ante la falta de instalaciones donde desarrollar su actividad. Dragones de Lavapiés, club de fútbol base y aficionado cuya labor ha sido reconocida por el Consejo Superior de Deportes (así como LaLiga o FIFA), lleva meses con su campo inoperativo por unas obras del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, una de sus sedes alternativas también queda fuera de juego.

Juan, vecino de Lavapiés desde hace 20 años, es padre de un niño de 8 años que juega en Dragones. Cuenta que desde que el terreno de juego de Embajadores, 18, quedó clausurado por obras gran parte de la actividad (sobre todo de los más pequeños) se trasladó a las canchas del cercano Parque Casino de la Reina. Pero en ellas también se está trabajando en una reforma municipal: “Hubo ya una recientemente en la zona infantil [cuya inauguración se postergó en su término hasta que los propios residentes tiraron las vallas para utilizarla], pero ahora se quiere actuar sobre las canchas, un área con problemas derivados de gente en situación de calle. Hay que tener en cuenta que no hay ni baño”, lamenta en conversación con Somos Lavapiés.

Defienden esa actuación, sí, pero critican los tiempos del Gobierno que lidera José Luis Martínez-Almeida: “Las obras del campo iban a terminar en febrero, pero ahora están abandonadas y deterioradas, con mucha suciedad. La alternativa del parque no era ideal por su falta de mantenimiento y sus insuficientes instalaciones, pero es que ahora nos empujan a la calle. En septiembre no sabemos qué pasará”. Los trabajos iniciados en septiembre en la instalación deportiva municipal se detuvieron en noviembre, al hallarse construcciones subterráneas de los antiguos edficios comerciales sobre el solar.

Dolores Galindo, presidenta del club, recuerda que Dragones “juega en distintos espacios de Madrid, pero el de Embajadores es el espacio más emblemático, nuestro símbolo donde han surgido equipos como el de madres, el de personas sin hogar o el de amputados”. Todo de una forma “estructurada a través de entrenamientos”, dando acceso a colectivos que muchas veces no lo han tenido al deporte más mediático del mundo y a unos 600 jugadores del barrio o el conjunto de la ciudad. Una labor que explica el respaldo de más de 100 organizaciones sociales al manifiesto “600 Dragones sin instalaciones”.

El origen de este “campo icónico” ahora tomado por los escombros parte además del propio club, fundado en 2014: “Nuestros entrenadores colocaron las porterías”, recuerda Galindo, aunque resalta tambien la colaboración del Ayuntamiento. “Lo poco que había lo han hecho Dragones y el barrio”, apostilla Juan.

La directiva traslada su “sensación de que se quiere cambiar o borrar la huella de un fútbol por la igualdad y el progreso”. Dragones ha llegado a recibir el apoyo del Ministerio de Igualdad, con un reconocimiento a su forma de “cambiar los clubes de fútbol para hacerlos acogedores para las mujeres”. “Es una huella que no quieren que permanezca. Tratamos de contar que en nuestro barrio se puede vivir en paz, vengas de donde vengas. Algo que se quiere borrar porque en el mundo lo que suenan son tambores de guerra”.

“Había unos árboles plantados que han quitado. La placa del Consejo Superior de Deportes tampoco está. Percibimos que se quiere difuminar lo que hemos hecho. Eso nos preocupa, además de las instalaciones, porque hay 400 menores que no son tan fáciles de mover como otros combinados con miembros más mayores”, protesta la presidenta. De hecho, comenta que la situación ya era compleja antes de las obras del Casino de la Reina por lo “degradado” del espacio“, ”sin baños, con ratas y con excrementos“.

Fuentes de la Junta Municipal del distrito Centro, de la cual dependen las obras trasladan a este periódico que se reanudarán después del verano con una duración aproximada de cinco meses, por lo que previsiblemente acabarán ya en 2027. “Se está cerrando el importe modificado de la obra, ya que tras haber encontrado los sótanos del edificio preexistente, se tienen que hacer rellenos con hormigón para consolidar el terreno y asegurar el apoyo de la cimentación del muro, especialmente en el lado de la calle San Cayetano”. En cuanto a las obras de Casino de la Reina, “se llevarán cabo durante el verano, época en la que los entrenamientos se reducen o se suspenden”. Puntualizan por último que la Junta “esta abierta a estudiar cualquier solicitud formal que plantee el club”.

La actuación en el solar de Embajadores incluye un espacio estancial con la creación de una zona verde formada por tilos, arces paliformos, lavanda, romero, espino de fuego y madroños, así como la mejora del cerramiento con un muro de granito acorde al entorno. También busca dotar al espacio de un almacén que podrán utilizar los usuarios de la zona deportiva para guardar los enseres necesarios para los entrenamientos.

Horas después de la publicación de esta información, el propio concejal de distrito, Carlos Segura, ha publicado una carta en redes sociales detallando algunos aspectos de la obra. “No voy a tolerar que se cuestione el trabajo de los funcionarios de la Junta de Centro, y mucho menos que se juegue con la seguridad de los niños”, ha añadido.

Obra sobre obra en un barrio falto de dotaciones

“El Casino necesita obras, pero lo ideal es que no fueran todavía”, opina Juan. “Si se ejecutan, pedimos al Ayuntamiento que nos preste coles para poder entrenar en el barrio. Que nos den acceso a los colegios por la tarde”. Avisa de una “alarmante escasez de instalaciones deportivas en centro”: “Igual que el Santa María nos ha prestado su patio, hay tres o cuatro coles más donde el Ayuntamiento posee el terreno y pueden proveer instalaciones deportivas propias”.

Dolores resume la situación con un hecho muy simbólico. En la parcela de Embajadores, un gran graffiti que cita a Rosa de Luxemburgo coronaba el espacio: “Socialmente diferentes, humanamente diferentes, totalmente libres”. “El Rey de la Ruina, su autor, ha pedido que lo arreglen porque está muy degradado. Pero en el Ayuntamiento me han dicho que no les gusta”, afirma la mandataria del club.

“Todo esto tiene que ver con que es un espacio que ha vivido mucho en la indeterminación, nunca tuvimos adjudicación, pero lo administrábamos de facto. Ahora nos dicen que se trata de mejorar la instalación, supuestamente, pero vemos que por ejemplo no se va a mejorar el césped. Conseguimos que una empresa lo instalara gratuitamente y ahora se está estropeando. Por no hablar de que han arrasado árboles con los que casi nos denunciaron solo por podarlos”, expone Dolores Galindo, que habla de “una falta de reconocimiento total hacia queines hemos cuidado el campo”.

La presidenta cuestiona esta falta de apoyo institucional a un proyecto caracterizado por la “gestión comunitaria”, reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los mejores en la resistencia a la pandemia a través de actividades dinamizadoras o colaboración con el Banco de Alimentos.

Es una huella que no quieren que permanezca. Tratamos de contar que en nuestro barrio se puede vivir en paz, vengas de donde vengas. Algo que se quiere borrar porque en el mundo lo que suenan son tambores de guerra

Dolores Galindo — Presidenta de Dragones de Lavapiés

Frente a ese historial, un porvenir mucho más incierto: “En septiembre solo podremos garantizar el acceso al deporte de los niños solo si nos ayudan los coles del barrio, que el CEIP Santa María renueve y nos vuelva a ceder instalaciones, pero también que se sumen más. Lo que pedimos al Ayuntamiento que nos ayude con esta emergencia deportiva”.

Juan destaca el “crecimiento orgánico de estos diez años, cumpliendo una función social y saciando la demanda de fútbol”. La “integración en el barrio” y “el fomento del tejido social” han sido dos puntales del proyecto en un barrio donde “apenas hay instalaciones”.

Por toda esta contribución, familias de Lavapiés han lanzado una campaña con la que solicitar un calendario para las obras del solar y que siga siendo de gestión público-vecinal: “Que siga perteneciendo al club, que no cambien de modelo”. Es la alternativa ante “un perjuicio a un grupo de 600 personas, ligado a una entidad que todo el mundo quiere y que pertenece al barrio”.

Barrios en expansión de Carabanchel o Vallecas. Zonas que llevan tiempo colapsadas, véanse Latina y Lavapiés. Distritos al noreste (Ciudad Lineal) y noroeste (Tetuán) de la ciudad que, como el resto de Madrid, se han llenado de pisos turísticos y nada parece equilibrar su crecimiento. Esta mañana, 153 viviendas han amanecido con pintadas en las fachadas de su bloque. La mayoría de los graffitis señalan que hay apartamentos en la zona vinculados a la plataforma Airbnb. “Mi barrio no es turismo”, puede leerse en uno de ellos, a modo de crítica contra su proliferación. También algunos cajetines, colocados en las puertas de acceso para que los viajeros introduzcan un código numérico, fueron saboteados con pegamento en su rueda metálica. ¿Quién está detrás?

Un grupo de vecinas anónimas ha reivindicado la acción, en comunicación con este periódico. Es la segunda de este tipo en lo que va de año. “¿Que por qué salimos? Si nuestros abuelos decían que la tierra es para quien la trabaja, nosotras decimos que las casas son para el barrio y sus vecinas”, sentencia uno de los participantes, que como el resto ha preferido ocultar su nombre para evitar problemas legales.

A finales de febrero, estos mismos colectivos pasaron a la acción y marcaron con sus pintadas otro lote de edificios, en los mismos barrios que ahoran vuelven a ser señalados. La gentrificación golpea en todos ellos, pues se ha extendido tanto que ya no cabe solo en el centro de Madrid. Esta misma semana, un nuevo estudio conjunto de dos de los principales portales inmobiliarios, Idealista y Fotocasa, publicaba que en 2025 los alquileres han crecido siete veces más deprisa que los salarios, abocando a un nuevo tramo en la crisis de vivienda.

A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb, y ahora gane cuatro o cinco veces más

En la capital, sin ir más lejos, los precios han subido y no de forma gradual: según datos del Ministerio de Vivienda, el precio mediano del alquiler pasó de 615 euros en 2015 a 825 euros hace tres años, un 34% más. El año pasado se cerró en torno a los 22,7 euros mensuales el metro cuadrado. “A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb y gane cuatro o cinco veces más. Pues no, mientras yo pueda, esa casa no será para un guiri que decida pagar 200 euros la noche, y menos en un barrio empobrecido como el mío”, señala otra de las personas que, este martes por la noche y hasta la madrugada del miércoles, recorrieron muchas de las calles de Madrid. El objetivo: reivindicar desde sus portales un coto al turismo.

Hace ya más de un año, el Ministerio de Consumo advirtió al Ayuntamiento de la existencia de, al menos, 16.335 alojamientos turísticos ilegales detectados en la ciudad. Una cifra muy lejana a las 1.131 licencias que, en ese momento, había concedido el consistorio a negocios de este tipo. “Entonces, no puedo irme de vacaciones porque el 80% de mi salario va para pagar el alquiler, ¿y aun así tengo que aguantar que me echen de mi casa para que vengan los turistas a destrozar mi ciudad? Pues no”, declara otro de los impulsores de esta segunda acción protesta.

Tanto en su primer intento, a finales del invierno, como para esta nueva reivindicación optaron por elegir barrios en base a dos criterios principales: su capacidad de organizarse y el avance de la turistificación fuera del centro histórico. “Hemos ido principalmente a barrios en los que ya estábamos organizadas, pero también primamos otros puntos más calientes. Al fin y al cabo, una ciudad sin gentrificación es una mejor ciudad para todas”, añade una de las participantes. Los activistas sostienen que la proliferación de viviendas de uso turístico no solo afecta a la capacidad de acceso a una vivienda, sino también a los negocios de proximidad que existen a su alrededor.

“Esto no es solo por las casas, es también por el barrio. Un turista no va a una ferretería ni a una mercería. Cada vez hay menos vecinas y cada vez más negocios pensados para quien está de paso”, resumen. La intervención nocturna transcurrió con relativa tranquilidad, según sus impulsores. No apareció la Policía ni nadie comenzó conflicto alguno: “Nos coordinamos para hacer el menor ruido y ser lo más efectivos posible”, relata otro de los presentes. Entre los participantes, casi siempre se repite una percepción común: si las administraciones públicas no hacen nada, alguien tendrá que hacerlo.

“Esta también es una forma de regular los precios, ¿no? Como el Gobierno no lo va a hacer, lo tendremos que hacer nosotros. Si ellos quieren abrir más y más pisos turísticos, haremos que esos pisos no se puedan abrir”, sentencian. Ya de madrugada, de regreso a casa después de varias horas mapeando calles de Madrid, sintieron algunas contradicciones en el día a día de la ciudad. “Da rabia pasear por la noche y ver que Madrid se está convirtiendo en un parque temático. Creo que lo que hemos hecho hoy es poner un palito en una de esas atracciones”, concluye otra voz del grupo que ha impulsado esta acción protesta.

Detenido por segunda vez el proyecto hotelero sobre los números 1 y 3 de la calle Cabestreros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decretado la paralización de la obra y de su consiguiente derribo, admitiendo las medidas cautelarísimas reclamadas por el PSOE y por asociaciones en defensa del patrimonio, ante la posibilidad de que desaparecieran dos edificios con alto valor histórico.

Un informe pericial firmado por doctor y profesional en arquitectura y patrimonio desmiente la resolución de la Comunidad de Madrid de finales de mayo, en la que descartaba cualquier tipo de protección para los inmuebles. A principios de año, la propia Consejería de Cultura había asegurado que iba a dar protección ambiental al espacio, donde se encontraba uno de los restaurantes senegaleses más famosos de la ciudad, el Baobab, que cerró para dar paso al proyecto de un hostel con 260 camas.

El anuncio de la paralización judicial lo ha hecho el concejal socialista Antonio Giraldo, quien en un vídeo posterior ha explicado que la resolución es temporal, pero con ella el recurso gana tiempo para poder demostrar las incongruencias presentes en la resolución del Gobierno de Ayuso, que sospechan pueden basarse en un informe “de parte”, elaborado por la propia empresa que impulsa la construcción del hotel.

El proyecto hotelero pasó en el año 2020 por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y emitió dictamen favorable a la demolición en el año 2022 “al considerarse que no había ningún elemento que proteger”, indican desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero luna denuncia del PSOE y de varias asociaciones al comenzar el derribo, justo después de las pasadas navidades, frenó los trabajos.

En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. Entonces el Gobierno regional aseguró que pediría la protección ambiental del edificio, lo que parecía frenar el proyecto hotelero, algo que finalmente no se produjo. La resolución de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid apuntaba a que los dos edificios se habían visto fuertemente alterados desde su origen, con modificaciones significativas, y que el estudio arqueológico, histórico y arqueométrico concluye que estas edificaciones no son las que aparecen en las planimetrías del siglo XVII y XVIII, sino que tienen su origen “a mediados del siglo XIX”.

El edil Antonio Giraldo avisó en su momento que los posibles valores patrimoniales del edificio y al conocer la resolución de la Consejería de Cultura calificaba de “noticia nefasta para el patrimonio madrileño” la falta de protección del inmueble. No obstante, ya entonces advertía de la existencia de “datos contradictorios en la resolución final” de la Comunidad de Madrid, “y fechas que no concuerdan con elementos arquitectónicos presentes en ambas edificaciones”.

El agua de Madrid ha perdido en algunas zonas de la región su habitual prestigio de buen sabor, pese a que sea insípida por definición. Desde este domingo 7 de junio algunos abonados al sistema gestionado por el Canal de Isabel II han reportado un olor y sobre todo sabor intenso “a cloro”, que este periódico ha podido comprobar.

El cambio en el sabor tiene que ver con una maniobra que tuvo lugar la mañana del citado domingo en el embalse de Santillana, en la sierra. En concreto, fuentes del Canal informan a Somos Madrid que se produjo en los filtros de carbón activo de suestación de tratamiento de agua potable.

Esto es lo que ha hecho que algunos abonados de distintos municipios regados por este pantano situado en Manzanares el Real (por ejemplo, en el centro de Madrid) hayan percibido un cambio en el olor y sabor del agua en sus grifos. “El agua sigue siendo potable y apta para el consumo”, aclaran desde el Canal de Isabel II para tranquilizar cualquier duda sobre su ingestión.

Las mismas fuentes añaden a este periódico que se están efectuando purgas en la red para eliminar definitivamente el sabor y olor atípicos, aunque no detallaron cuándo está previsto que el líquido suministrado recobre sus características habituales.

El cambio en el sabor se extendió por zonas de la zona centro como Lavapiés, Chueca, Malasaña, Argüelles o incluso Arganzuela, según testimonios recopilados por este periódico y también comentarios en algunos hilos de redes sociales que comentaron esta circunstancia.

Adiós a los dos edificios de la calle Cabestreros que varias organizaciones civiles y partidos de la oposición intentaron proteger a principios de año por su valor patrimonial. Fuentes municipales confirman a este periódico que la Comunidad de Madrid ha levantado la suspensió cautelar de las obras, por lo que ambos inmuebles serán demolidos para levantar en esa parcela un hotel cápsula.

La decisión la tomó el pasado viernes la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno regional, al considerar “que no tiene ningún valor cultural que sea objeto de protección”, explican las mismas fuentes del área de Urbanismo. “La licencia está bien concedida”, añaden recordando que desde la Agencia de Actividades ya se había autorizado el hostel.

El proyecto pasó en el año 2020 por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y emitió dictamen favorable a la demolición en el año 2022 “al considerarse que no había ningún elemento que proteger”, indican desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero la denuncia del PSOE y de varias asociaciones al comenzar el derribo, justo después de las pasadas navidades, frenó los trabajos.

En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. Entonces el Gobierno regional aseguró que pediría la protección ambiental del edificio, lo que parecía frenar el proyecto hotelero, algo que finalmente no se ha producido. La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid apunta a que los dos edificios se han visto fuertemente alterados desde su origen, con modificaciones significativas, y que el estudio arqueológico, histórico y arqueométrico concluye que estas edificaciones no son las que aparecen en las planimetrías del siglo XVII y XVIII, sino que tienen su origen “a mediados del siglo XIX”, relatan fuentes del Gobierno regional.

“El asunto queda ahora resuelto y se puede continuar con la construcción del hostel”, informan fuentes municipales a este periódico sobre la resolución, a la vez que recuerdan que el inmueble estaba vandalizado y cerrado desde hacía tiempo. La nueva instalación turística prevé la apertura de 260 camas en pleno corazón de Lavapiés.

La parcela, situada junto a la plaza de Nelson Mandela, cuenta con 400 metros cuadrados de parcela y 1.800 de edificabilidad. Allí se encontraba el icónico restaurante senegalés Baobab, que cerró en el año 2020 para el avance de este proyecto inmobiliario. Cuando se conoció el derribo del edificio, una movilización política y social intentó pararlo pero finalmente las instituciones públicas han descartado inscribirlo en el catálogo de edificios protegidos de Madrid.

El edil Antonio Giraldo avisó en su momento que los posibles valores patrimoniales del edificio y hoy califica de “noticia nefasta para el patrimonio madrileño” la falta de protección del inmueble. No obstante, advierte que pueden existir “datos contradictorios en la resolución final” de la Comunidad de Madrid, “y fechas que no concuerdan con elementos arquitectónicos presentes en ambas edificaciones”.

Por ello, asegura que “vamos a estudiar con velocidad todas las posibilidades para detener la pérdida. Me resulta increíble que la dirección autonómica de patrimonio tenga a bien demoler estos dos edificios para en su lugar levantar un bloque contemporáneo totalmente descontextualizado del lugar para albergar cápsulas. Este no es el Madrid que queremos. Y haremos todo lo posible por detenerlo”.

La Policía Nacional detuvo el viernes pasado a cinco miembros del grupo de ultraderecha Núcleo Nacional durante una concentración racista no autorizada en Lavapiés. Fueron arrestados por desórdenes públicos y tenencia ilícita de armas en la plaza de Nelson Mandela del barrio madrileño. Los agentes también identificaron y sancionaron a otras 18 personas que irrumpieron por sorpresa en la plaza cuando estaba llena de inmigrantes. 

Los hechos ocurrieron sobre las 20.25 horas, cuando policías nacionales y municipales de Madrid se trasladaron a la conocida plaza par evitar altercados. Los agentes detuvieron a estos cinco individuos, uno de los cuales es menor de edad, y de los que tan solo uno cuenta con antecedentes por hechos similares.

Entre las armas incautadas los agentes encontraron puños americanos, navajas karambit y espráis de defensa personal no homologados, entre otros. Según ha adelantado el diario El Mundo, los neonazis aparcaron en las inmediaciones y se dirigieron hacia la plaza de Nelson Mandela con una pancarta en la que se podía leer el lema: “Contra la regularización, deportación”.

Desde la organización se convocó para el día siguiente una nueva concentración en el mismo barrio de Lavapiés “contra la regularización” y en favor de “deportaciones masivas”. “Lavapiés es España, hemos pasado y pasaremos”, celebraron desde Núcleo Nacional en su perfil de la red social X.

“El Ayuntamiento de Madrid prohíbe expresamente la utilización de equipos de reproducción e instrumentos de percusión en el medio ambiente exterior salvo si existen razones de interés general”. Es la respuesta que la organización Desarma Madrid ha recibido a su solicitud de un permiso municipal para emplear un megáfono en la lectura antibélica programada este jueves 23 de abril a las 19.00 en la plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía.

Con motivo del Día del Libro, el evento pretende convertir este emplazamiento en un potente emisor de mensajes contra los diferentes conflictos que asolan el planeta. Para ello, animan a que los asistentes acudan con libros que cuestionan esta forma de barbarie y a que lean en voz alta algunos de sus pasajes. Una iniciativa surgida el pasado año, entonces en la Puerta del Sol, al calor de la polémica por el aumento de los gastos en materia de Defensa por parte del Gobierno central.

“Como en alguna ocasión nos hemos visto con multas por usar pequeños megáfonos de mano, se mandó en paralelo una petición al Ayuntamiento de Madrid para uso de megafonía manual durante dicha concentración y sin instalación de medios auxiliares”, explica Desarma Madrid en una pieza publicada en El Salto. “Resulta que, en la ciudad de la Libertad, si decides manifestarte, tienes que pedir permiso en cada Junta Municipal del territorio por el que pase la protesta para usar megafonía. Si no, multa al canto”, lamentan.

Cuentan que recibieron la respuesta del Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida, que abre este artículo, a solo una semana de la fecha de la convocatoria. “Parece que ni leer libros en el espacio público el 23 de abril, o sea el Día del Libro, ni levantar palabras contra las guerras, son motivos de tal interés”, cuestionan desde Desarma Madrid.

Desde el área de Medio Ambiente del Consistorio exponen que “el problema de ese acto es que coincide con el horario lectivo de una escuela que está a menos de 150 metros, lo que está expresamente prohibido en el artículo 19.3 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica”. Precisan que “no se le ha hecho una denegación, lo que se les ha dicho es que no pueden por ese motivo y que busquen otro emplazamiento, otra fecha no lectiva (fin de semana) u otro horario posterior al funcionamiento de la escuela”.

Desarma Madrid habla de “excusa” en los argumentos del Ayuntamiento

La plataforma Desarma Madrid califica de “enrevesado” este segundo motivo que el Consistorio saca a colación para justificar el veto: “Se comunica que en el emplazamiento elegido (plaza de Juan Goytisolo) existe un centro docente (Real Conservatorio de Música de Madrid) cuyo horario de funcionamiento coincide con el del acto pretendido (clases lectivas de lunes a viernes de 09.00 a 21.30), por lo que no procederá autorización para la superación de los límites de los niveles sonoros en ese horario. Varias firmantes de este texto hemos estudiado en ese Conservatorio. Que no nos utilicen como excusa. ¿Desconoce el Ayuntamiento la normativa de insonorización de estos espacios? ¿La multitud de eventos que se celebran frente al Museo Reina Sofía con megafonía, sin que el Conservatorio sufra menoscabo acústico alguno? ¿Se han parado a escuchar el ruido provocado por el tráfico de Atocha?”.

La entidad comenta con ironía que, “para culminar la buena labor administrativa”, desde Cibeles “invitan a enviar de nuevo la solicitud argumentando los motivos de interés público y avisando de que para hacer tal demanda hace falta un mes de plazo.” Todo, insisten, “una semana antes del acto”.

Unas trabas que no parecen mermar su ímpetu por celebrar la concentración: “Tenemos claro que protestar es un derecho y que nuestras armas son las palabras. Le pese a quien le pese, desempolvaremos nuestros libros de casa o de la biblioteca y alzaremos nuestras voces y lecturas contra las guerras en un espacio significativo para la cultura como es la plaza Juan Goytisolo madrileña, frente al Museo Reina Sofía”. Y añaden: “Las estudiantes del Conservatorio, si se enteran de esta actividad, será porque vean por redes sociales o en distintas librerías el cartel que acompaña este artículo, no por el ruido que podamos hacer, que será ninguno”.

Un estudio del Ayuntamiento de Madrid asegura que los rodajes generaron en los cuatro años posteriores a la pandemia hasta 385,5 millones de euros de impacto anual y más de 2.500 empleos anuales. El 64,12% de forma directa, generado por los gastos de las empresas implicadas en la producción (personal, alquileres, equipos, localizaciones). El resto llega por la cadena de suministro a través de las empresas proveedoras que participan de forma secundaria en el proceso. Y 77,6 millones más se deben al gasto posterior en la economía madrileña efectuado por los trabajadores y los proveedores que han obtenido ingresos gracias a la producción de rodajes.

Las cifras salen del estudio Dimensión e impacto de los rodajes de largometrajes y series (aquí, en PDF) elaborado por el organismo municipal Madrid de Madrid Film Office y el Instituto Universitario de Predicción Económica L. R. Klein de la Universidad Autónoma de Madrid,, en el que se han analizado 415 producciones de series y películas en la capital.

En términos de empleo, los rodajes de largometrajes y series estimularon la creación de 10.101 empleos en cuatro años, con unas rentas salariales de 562,6 millones de euros. Esto supone una contratación equivalente a 2.525 empleos cada año, a tiempo completo.

Durante la presentación del estudio, la delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha explicado que el Ayuntamiento de Madrid está intentando “descentralizar” estos rodajes por “las molestias que generan”, como los cortes al tráfico o la desaparición de plazas de aparcamiento durante una o varias jornadas. Vecinos de barrios céntricos como Chamberí, Malasaña o Lavapiés han protestado en numerosas ocasiones por este motivo.

“Hemos realizado una guía de buenas prácticas para las productoras”, ha explicado Maíllo, con la vista puesta es respetar mejor el descanso de los vecinos. También busca “ampliar las zonas de grabación en Madrid, que no todos los rodajes sean en los mismo lugares”, para evitar estas molestias.

En cuanto a la estructura del sector, la industria se ha caracterizado por una elevada atomización empresarial, con predominio de microempresas y pequeñas productoras, y por un fuerte peso del empleo temporal, que ha alcanzado el 92,9% de los puestos generados por los rodajes.

Asimismo, el documento refleja la dimensión económica de la actividad, con una media de 3,6 millones de euros en largometrajes de ficción y de hasta 26,2 millones por temporada en series internacionales.

El crecimiento del sector se ha producido especialmente tras la pandemia, con un aumento sostenido del número de proyectos entre 2021 y 2024 y una mayor presencia de producciones internacionales.

En este escenario, la directora del Instituto L.R. Klein, Milagros Donés, ha destacado que el audiovisual “tiene capacidad de crear empleo y generar actividad económica más allá del propio sector”, con un efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía madrileña, explica en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, la delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha subrayado que el impacto del sector “va mucho más allá del propio ecosistema audiovisual”, al extenderse a ámbitos como la restauración, la hostelería o el turismo, además de contribuir a la proyección de la ciudad a nivel internacional.

Este desarrollo ha ido acompañado de un creciente impacto en otros sectores económicos, así como de una mayor proyección internacional de Madrid como escenario audiovisual, impulsada por producciones de éxito rodadas en la ciudad como 'La Casa de Papel', 'Élite' o 'Velvet'.

La movilización del Sindicato de Inquilinas de Madrid ante el decreto del Gobierno que prorroga cientos de miles de alquileres no se va a quedar en una campaña mediática o digital. La organización emprende desde este martes 7 de abril una concatenación de asambleas abiertas en diferentes barrios de la capital, donde asesorar a todas aquellas personas que tengan dudas sobre el procedimiento para solicitar las renovaciones o los argumentos jurídicos con los que cuentan.

“Hay que recordar que en Madrid entre 2026 y 2027 finalizarán 474.000 contratos de alquiler, afectando a casi 1,6 millones de personas”, recalcan desde el Sindicato. Todos los que deban renovarse hasta el 31 de diciembre del próximo año, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, están englobados en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó en marzo.

Un paquete de medidas en materia de vivienda ante el impacto de la Guerra en Irán que todavía espera una quimérica convalidación en el Congreso, pero que a criterio de muchos juristas puede mantener sus efectos incluso si la Cámara Baja no lo aprueba, siempre y cuando los arrendatarios soliciten formalmente las prórrogas antes de la previsible desestimación parlamentaria del decreto.

Las asambleas físicas llegan después de “miles de visitas desde que se lanzó la página web poderinquilino.org, en donde se explica el Real Decreto-ley sobre la prórroga de 2 años de los alquileres, los pasos a seguir y los modelos a enviar”. Ahora el Sindicato da un paso más y “sale a las calles a hablar directamente con las inquilinas e inquilinos a los que se les acaba su contrato de alquiler antes de 2028 para que pidan la prórroga”.

Arrancan este martes 7 de abril con dos asambleas a las que puede sumarse quien lo desee: a las 12.00 en la plaza Agustín Lara de Lavapiés y a las 19.00 en el Casino de Lucero (en el número 1 de la calle Luis Pando, en el distrito de Latina). El miércoles 8, a las 19.00, regresan al mismo distrito para un encuentro en la plaza del Mercado de Tirso de Molina (en el barrio de Puerta del Ángel).

La actividad continuará el fin de semana: el sábado 11 a las 18.30 en el Centro Social Okupado La Rosa (calle del Bastero, 1) y el domingo 12 desde el mediodía en la plaza de las Palomas de Tetuán (nombre oficioso de la plaza del Canal de Isabel II).

La semana que viene las asambleas se celebrán el lunes 13, a las 18.30, en El Sanky de Carabanchel (número 23 de la calle José del Río). También el miércoles 15, colofón a la iniciativa en una jornada de intensa actividad, ya que a las 19.00 tendrán lugar tres encuentros simultáneos: en la plaza Rutilio Gazis de Arganzuela, en la plaza Roja de Vallecas y en la plaza de Daoíz y Velarde de Retiro.

Estas citas excepcionales se complementan con la actividad ordinaria del Sindicato. Así, el lunes 20 de abril tendrán sus habituales asambleas inquilinas los nodos de la organización en Madrid: este (número 63 de la calle Pedro Antonio de Alarcón), sur (calle Virgen de Icíar, 15), Latina (avenida de Portugal, 79), Carabanchel (El Sanky), Centro-Arganzuela (La Rosa), Corredor del Henares (Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz) y Sierra Norte (La Cabrera).

Por último, la agrupación recuerda que todos los viernes de abril (también este día 10) el Ateneo La Maliciosa alberga sus asambleas de bienvenida. El espacio del número 12 de la calle Peñuelas se abre a inquilinos e inquilinas con interés en sumarse a la lucha cada viernes desde las 18.30.

Los límites al alquiler del decreto y cómo beneficiarse de él

Una potente movilización que busca exprimir al máximo las posibilidades de los arrendatarios. La norma hace efectiva, desde su publicación en el BOE el pasado 22 de marzo, la congelación durante dos años de todos los alquileres residenciales acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos con independencia de su fecha de firma, siempre que venzan desde ese 22 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2027. Solo podrán experimentar una actualización anual limitada al 2% durante el periodo de prórroga, salvo que casero y ocupante de la vivienda acuerden un alza mayor. En este último caso, además, debe tratarse un propietario no considerado gran tenedor (diez viviendas o más). Si lo es, la subida quedará obligatoriamente restringida al 2%.

El Sindicato de Inquilinas ha creado dos modelos para acogerse a la prórroga, en función de si se trata de zonas declaradas tensionadas o no. Para recibirlos, solo hay que rellenar un pequeño formulario disponible en este enlace. La portavoz de la organización en Madrid, Valeria Racu, recuerda que es una prórroga “obligatoria, pero no automática” y de ahí la importancia de actuar. El Ministerio de Consumo ha lanzado asimismo su propio modelo de solicitud.

Desde el Sindicato animan a dirigir la solicitud al domicilio del casero, que se indica en el contrato, o a la sede de la inmobiliaria en caso de que haya sido gestionada mediante esta. “En realidad, a la dirección que ponga a efectos de notificaciones en el contrato, que suele aparecer en el encabezamiento o en una cláusula concreta que se llamada dirección a efectos de notificaciones”, especifica el abogado experto en vivienda Víctor Palomo. La comunicación deberá ser por escrito y con comprobante de entrega. Aunque es posible mediante correo electrónico certificado, el método más recomendado es el burofax. Correos explica cómo se ejecutan en esta página. Las organizaciones en defensa de los arrendatarios remarcan la importancia de guardar todo documento recibido o enviado.

El pasado 29 de marzo murió Marta Plaza. Su nombre y apellidos no eran particularmente originales ni su figura se movía en los pasillos que hubieran hecho que los responsables de los medios de comunicación corrieran en busca de alguien para redactar su obituario.

Sin embargo, la noticia, de eco leve al principio –propagada a través de grupos de afinidad en WhatsApp o con mensajes faltos de contexto en redes sociales–no tardó en amplificarse en internet a lo largo de las siguientes horas. No había textos sobre ella en Google Noticias pero mucha gente, muy diversa, desde lugares muy distintos entre sí, atesoraban encuentros, experiencias, textos o aprendizajes prendidos a la figura de Marta Plaza. Especialmente en el campo (amplio) de los derechos de las personas psiquiatrizadas.

El próximo sábado 18 de abril, por la tarde, se celebra un homenaje a Marta Plaza en el Centro Social Autogestionado Tres Peces Tres, un proyecto en el que ella misma participó. Se llevará a cabo una lectura de textos suyos, mico abierto y exposición de obra de Marta (en los últimos años cultivó caligramas y juegos visuales). Además, se nombrará la biblioteca del centro con el nombre de la activista.

“Marta fue una compañera generosa, discreta y amorosa, que dedicó su lucha a la defensa de las redes de cuidados, el apoyo mutuo y contra las violencias psiquiátricas. Transfeminista y antirracista, siempre acompañando a la lucha de las de abajo”, han dicho de ella desde el centro social en su convocatoria.

El homenaje a Plaza en Lavapiés es una muestra más de la ola creciente de reivindicación de su figura que se ha producido en los últimos días. Que se ha manifestado en los innumerables mensajes que han aparecido en redes sociales, los recuerdos en los medios en los que colaboró, los dibujos sobre Marta o en quienes se han organizado para redactar su artículo en Wikipedia. Quien no la conociera, puede escuchar su voz en la película de María Ruido Estado de malestar, que durante unos días se puede ver en abierto.

Marta era una chica de Chamberí (y lo llevaba muy a gala). Para ella fueron muy importantes los ámbitos del 15M y post-15M en la asamblea del distrito. Se ha ido justo cuando van a hacer quince años de la experiencia.–¿nos hablan los tiempos?–. Pero su curiosidad y capacidad de escucha la llevaron a acercarse y, frecuentemente, involucrarse, con muchos otros ámbitos relacionados con los movimientos sociales y el apoyo mutuo.

Su campo de actuación primordial fue, sin embargo, el de la salud mental, que afrontó desde una perspectiva vivencial y las posturas innegociables del feminismo y la organización colectiva. Se convirtió en gran representante del feminismo loco, una corriente crítica y un movimiento de mujeres y disidencias supervivientes de la psiquiatría que cuestiona la patologización patriarcal.

Con Marta, se han ido la sonrisa franca del activismo loco y una de las siluetas más libres del Madrid rebelde. Muchos y muchas hablan estos días de ella (el esfuerzo por despedirla públicamente de Luis, su compañero, es un ejemplo de amor y compromiso). Las reacciones a su marcha subrayan su figura de la manera más coherente posible con su forma de vivir: sus amigas –todas, muchas, de tantos sitios…–están situando a Marta dentro de una genealogía alternativa, colectiva y hecha así misma. Falta nos hace.

Entre los años 1978 y 1982, una de las cuevas habituales en los edificios de la Cava Baja se convirtió en un secreto que corría de boca en boca por los ambientes de un Madrid que inauguraba con ahínco el tópico 'ciudad que no duerme'. Eran los años de la hoy tan manoseada Movida. Pero los chavales más jóvenes de la Nueva Ola, con estilismo de SEPU y pelos de color tropical, no eran los únicos que estrenaban país. La Mandrágora, en el número 42 de la calle, fue el local que aglutinaba a una generación un poco más mayor –sus fundadores estaban en la treintena–, acaso de perfil más intelectual.

Aunque la experiencia no duró mucho, su recuerdo fue rebotando en las paredes del tiempo gracias a La Mandrágora, un disco publicado en 1981 con canciones grabadas en el sótano de la Cava Baja por los cantautores Joaquín Sabina, Alberto Pérez y Javier Krahe. En el aire de grabación casual del disco, se cuelan las risas de la noche 'mandragorera' y el tintineo de los vasos. Casi se puede oler el humo de los cigarrillos de Krahe.

Sin embargo, el viaje a través de un puñado de canciones desternillantes oculta el resto de las actividades que, durante años, convirtieron el local en centro neurálgico de la movida cultural. La Mandrágora fue el proyecto de los artistas Manuel Paniagua y Enrique Cavestany, Enrius, que le dedicó un libro llamado Una cueva diluvial en la Cava Baja.

Cavestany rememora cómo conoció a Paniagua y a su pareja, Piluca Pascual –también pionera en la aventura–, en el obituario que los dedicó después de que ambos fallecieran en un desgraciado accidente de tráfico en 2005: “Nos conocimos hace 30 años y Begoña me los presentó como unos padres del Colegio Siglo XXI, de Moratalaz, lo que en aquella época formaba parte de nuestras señas de identidad”.

En su libro, narra también el primer encuentro con Joaquín Sabina, que se produjo al poco tiempo de abrir las puertas del local: “Serían las once y media cuando Manolo me dijo que un tipo quería hablar con el baranda. Salí de la cocina donde estaba terminando de fabricar un gazpacho y junto a la barra me encontré con un individuo carniseco, pero flamenco, con un voluminoso álbum de fotos bajo el brazo. Se presentó como vecino del barrio y confesó de manera desenfadada que su mujer le había informado acerca de la reciente apertura de nuestro pequeño local, al tiempo que le hacía ver la urgente necesidad de procurarse algunos ingresos para afrontar los apremios alimenticios de las próximas horas”.

Empezaron una colaboración que al principio se pagaba a 1.500 pesetas la noche y la mitad de la recaudación por las copas. “A las pocas semanas sus actuaciones en la cueva conocían un éxito muy por encima de nuestras expectativas y atraían a otros vocalistas y acróbatas, así como a un público devoto que celebraba generosamente sus interpretaciones”, explicaba.

Fueron muchos los que fueron llegando al local al socaire de las actuaciones y se quedaron. Entre ellos, Pancho Varona, un joven aspirante a funcionario que, a fuerza de acudir todas las semanas a las actuaciones, se hizo amigo de Sabina y acabó acompañándole en el escenario –y en la composición del repertorio– durante varias décadas.

Se unieron a la fiesta Javier Krahe y el bolerista Alberto Pérez. Las actuaciones de los cantautores se fueron haciendo cada vez más famosas, especialmente cuando el crítico Alberto Caffaratto les dedicó un elogioso artículo en la Guía del Ocio. Los cantantes, haciendo gala de guasa, le entregaron una noche un jamón de jabugo durante el transcurso de una actuación. Luego, vinieron las apariciones en el programa de García Tola, el revuelo nacional cuando Krahe pronunció por primera vez en pantalla la palabra 'gilipollas' durante la interpretación de Marieta… Y el resto es historia.

En La Mandrágora había mucho más que aquellos conciertos de los sábados, a los que a veces se apuntaba también el cantautor maño y discípulo de Labordeta Joaquín Carbonell. Otro de los espectáculos más recordados era el que desempeñaba Juan Tamariz, entonces uno de los jóvenes que estaba renovando la magia española. Allí tuvieron lugar también las proyecciones en Super-8 de Almodovar, que se recuerdan como desternillantes, o las de Jaime Chávarri. Había sitio para el tarot de Flora Pino o las representaciones teatrales de algunos de los grupos de teatro experimental que abundaban en la época.

Entre la clientela, podríamos anotar a los Alberto Corazón, Forges, Luis Eduardo Aute, Maruja Torres, Montxo Almendariz, Chicho Sánchez Ferlosio, Vainica Doble o Manolo Tena, entre otros.

La Mandrágora se enfrentó a problemas administrativos antes de su cierre. En 1980 el Ayuntamiento lo clausuró temporalmente por denuncias de ruido. El 18 de marzo, el diario El País publicaba una carta firmada por Joaquín Sabina, Juan Tamariz y otros abajo firmantes habituales de La Mandrágora:

“Esta vez, la represión económico-cultural la ha perpetrado el Ayuntamiento contra un local, La Mandrágora, en el que los abajo firmantes actuábamos, con regularidad unos, esporádicamente otros. Los muy reglamentarios y no menos confusos motivos por los que se ha decidido privarnos de unos minipuestos de trabajo y diversión, si se aplicaran coherentemente, y nadie pide esa coherencia, llevarían a clausurar centenares de discotecas, puticlubs, salas de fiesta, y, por supuesto, talleres, industrias, ayuntamientos, etcétera. Pero no; cerrarán La Mandrágora porque, en su pequeña dimensión, no es un local adocenado, sino con esquemas singulares, donde las sonrisas, risas y «risotadas» provienen de una actitud crítica no alineada. Ese cierre no es ético. Queremos que se nos abra La Mandrágora y una docena más de lugares similares”.

El sótano queda a la izquierda cuando uno baja al baño en el bar de pinchos que ocupa hoy el número 42 de la Cava Baja. Sin embargo, el espíritu de La Mandrágora sigue muy vivo en el imaginario colectivo y cada cierto tiempo es reivindicado por espacios de marchamo cultural que se quieren herederos de la experiencia de la Cava Baja. Es el caso de distintos espacios culturales con barra que, en las últimas décadas, han tratado de convertirse en refugio habitual de cuadrillas noctámbulas desafectas a las grandes pistas de baile.

Por ejemplo, de La Juntada de La Realidad Club, un Open Mic que comenzó el pasado 19 de febrero y pretende reunir con “el espíritu de La Mandrágora” cada dos jueves a poetas, músicos y artistas. Se anuncia como “espacio de resistencia cultural” porque la oposición en la ciudad de Madrid quizá está hoy en otras coordenadas diferentes a las que atravesaba la postransición, pero sigue habiendo espacio para una cultura contestataria.

Un mural para recordar el espíritu de La Mandrágora

Una medianera en la cercana plaza de Cascorro invoca, con colores desvaídos, al paisanaje de La Mandrágora. Cocktail Grand Luxe es un fresco humano encargado en tiempos de Tierno y pintado por el propio Enrique Cavestany en junio de 1983, con La Mandrágora ya cerrada.

El pintor incluyó en el mural de 17 metros de altura y 5 de ancho el rótulo verde del local y a mucha de la clientela; 35 personajes que desfilan por los puestos del El Rastro entre los que se distingue a Joaquín Sabina, Alberto Corazón, Juan Luis Cebrián o el propio Manolo Paniagua, que también tuvo puesto en el mercadillo y aparece tumbado.

Cavestany lleva más de veinte años intentando que el mural se restaure y a la empresa se unió también la asociación Nuevo Rastro. Durante el gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, se les instó a que incluyeran la propuesta en los presupuestos participativos, pero fue desestimada estar sobre una propiedad privada.

Posteriormente, ya con el Partido Popular en Cibeles, se anunció que la rehabilitación se haría en el segundo trimestre de 2020, pero con la pandemia se instauraron la excepcionalidad y el borrón y cuenta nueva. Aún se volvería a anunciar una vez más, hablándose incluso de un presupuesto de 40.000 euros y la colaboración de una entidad bancaria. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido la ansiada recuperación y los fantasmas de La Mandrágora se desvanecen poco a poco, a la vista de todos.