“Es una injusticia lo que han hecho con ellos. Les han desahuciado aunque ya lo paralizaron varias veces y saldaron lo que debían”. A la portavoz de la familia desalojada el pasado 23 de junio de su vivienda en la calle Sombrerería, en Lavapiés, le cuesta tanto encontar una explicación a lo ocurrido como contener la emoción que le genera. Un matrimonio, la octogenaria madre de la mujer y dos menores de 7 y 11 años fueron forzados a abandonar su piso, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS). Esto es, un organismo público dependiente del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida.

La entidad se parapeta en una deuda de apenas 3.129 euros que derivó en un proceso judicial resuelto hace ya tres años. De hecho, este diario ha podido constar que la familia saldó esa cantidad mediante varios pagos fraccionados a lo largo de 2025. La documentación acredita que tampoco hay irregularidades en la subrogación de la propiedad, al menos en el caso de la anciana desahuciada. Después de la muerte de su marido, el cambio de titularidad quedó aprobado en junio de 2022 por la directora de Servicios Sociales y Atención Ciudadana del Consistorio.

Según sostiene la portavoz familiar, fue de hecho la muerte del patriarca lo que derivó en esa deuda inicial: “Intentaron pagar los recibos y cambiar de titular, per les exigían que se hiciera con cita. Coincidió con la pandemia, cuando era muy difícil lograrlas, y todo se complicó mucho sin ser culpa de ellos. Se juntó esa deuda de más de 3.000 euros y, en vez de negociarlo, ya les denunciaron para echarles”. Cuenta que, después del primer intento, el matrimonio removió cielo y tierra para conseguir el dinero que saldase la deuda, además de cumplir con las mensualidades vigentes. Lo consiguieron, pero a EMVS no le ha bastado para detener el procedimiento. Otra fuente próxima al caso va más allá y afirma que “no les dejaron pagar” y que “les trataron como okupas sin serlo”.

La situación más delicada es la de la anciana, que depende de un respirador constante debido a sus problemas de salud. Por el momento se aloja con otra de sus hijas, debido a la limitada movilidad de la que dispone por la bombona de oxígeno y a que “se niega a irse sola a una residencia después de pasar toda la vida con sus hijos”. El resto de la familia se ha mudado por el momento a casa de otra allegada, ya que “no se ha sabido nada de un alojamiento alternativo de emergencia”. La portavoz alerta también de la situación de la madre de familia: “Está muy mal. Casi no come, ha perdido bastantes kilos y atraviesa una depresión”.

Además de volver a la que todavía consideran su casa, ahora luchan por conseguir que se les devuelva el dinero abonado en 2025 si no se les permite regresar. No saben sí lo lograrán: “Se nos escapa. Es un proceso muy complicado”. Aunque agradecen la labor de los abogados de oficio, lamentan que en el momento del desalojo se encontraban fuera de España y desde que se produjo apenas han podido abordar los nuevos escenarios que se les presentan. “Han pagado 10.000 euros desde 2023. Ese dinero no tendría que haberse cobrado”, critican fuentes profesionales próximas al caso.

EMVS acelera los desahucios y recrudece sus formas ante la caída del escudo social

El desahucio culminado el día 23 estuvo precedido por un intento previo el pasado 11 de diciembre que ya hacía presagiar este drástico escenario. Han incidido factores como “la no generación de una comunidad de vecinos en lucha”. Observa otros procesos similares en marcha dentro de un bloque del que Ana Botella ya intentó desprenderse en 2013 (cuando puso la alfombra roja a la llegada de Blackstone a Madrid): “No quieren hablar, aunque el próximo les puede tocar a ellos”.

Critica el acelerón en el número de desahucios en viviendas de EMVS con la caída del escudo social que protegía los desahucios a familias especialmente vulnerables. A ello hay que sumar la “falta de mediación” en los últimos intentos de expulsión de estos afectados. Una “irregularidad”, dice, como el hecho de haber desalojado a la anciana octogenaria: “El resto de la familia no aparece en el contrato, pero lo de la señora no tiene sentido”. Apostilla de hecho que cuando se ejecutó el lanzamiento quedaba pendiente de resolución un segundo recurso de revisión de su expediente, después de que un juzgado rechazase el primero.

Desde EMVS trasladan a este diario que no ofrecen datos concretos sobre procedimientos específicos en marcha, pero recuerdan que “las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños y están sujetas a una normativa y un reglamento por cuyo cumplimiento EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar”. Aseguran que la compañía municipal “solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales; por generar problemas de convivencia o por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas; cesiones ilegales; subarriendos o impagos reiterados durante muchos años sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros”.

En esas circunstancias, argumentan, “los servicios jurídicos de EMVS Madrid cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos, que esperan la adjudicación de una vivienda, así como proteger el patrimonio municipal”. Respecto de la subrogación, apostillan, “solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”. En este caso, a excepción de los problemas de convivencia que según otras fuentes anónimas cercanas sí se han generado desde el entorno de los desahuciados, la documentación descarta los demás argumentos aportados por la entidad. Es así a tenor de la voluntad por cumplir con los planes de pago y oa regularización del cambio de titularidad.

“Todo esto responde a una especulación desmesurada de una EMVS que ha perdido el norte, que pasa por alto las vulnerabilidades y contribuye a la gentrificación. Han externalizado el equipo de trabajadores sociales y jurídicos que va a los barrios, mermando el número de profesionales a pie de calle que pueden evitar estos desastres”, expone una conocedora del caso que prefiere conservar su anonimato.

“En vez de expulsar a las familias, lo que hay que hacer es regularizar su situación mediante planes de pagos o ayudándoles a cumplimentar la documentación que necesitan y a ordenar las carpetas que manejan”, opina. Desde EMVS, ante las preguntas de Somos Lavapiés, no confirman si a la familia desahuciada se le concedió plan de pago alguno.

Lucía Lois, concejala de Más Madrid, considera en declaraciones a este periódico que Almeida “ha convertido la EMVS en un casero insensible y deshumanizado que pone a las familias más vulnerables en la calle”. “Día sí, día también, lo que debería ser un instrumento de política pública para garantizar que la gente tenga una vivienda digna se dedica a poner de patitas en la calle a quien más la necesita”, denuncia. Cree que ya “no es una anécdota”, sino que “el alcalde lo ha convertido en una tendencia estructural, ya que EMVS ha pasado de tres desahucios en 2023 a 60 hace un año y a 60 hasta el pasado abril”.

Clama especialmente contra “el detalle” en algunos de estos desalojos, porque “Almeida está echando a la calle a gente por cantidades ridículas, incluso por menos de 300 euros”. “Uno de cada cinco procedimientos está por debajo de 5.000 euros. El PP está utilizando el desahucio como una herramienta normalizada de gestión, incluso en situaciones perfectamente abordables con políticas sociales. Hablamos de gente que está intentando encauzar su situación, que quiere pagar y regularizar sus situaciones y se encuentran con un muro que ni les escucha. Es una política despreciable, Almeida blinda a rentas más altas, utilizando el suelo público para hacer viviendas para ricos, mientras pega un portazo y desahucia a la gente más vulnerable de sus casas”, concluye.

Paradójicamente, el mismo día en que esta familia se vio forzada a abandonar su casa de EMVS, la entidad llevó a cabo el primer sorteo de sus nuevas promociones para “ingresos medios”. Esto es, por encima de 68.000 euros anuales. 52 viviendas que dan una idea del nuevo modelo pretendido por la compañía pública y de la gente que deja atrás.

El Palacio de la Duquesa de Sueca afronta la recta final de unas obras que comenzaron hace una década y que van camino de transformar en un gran equipamiento público este monumental edificio, construido en 1781 y conocido popularmente por ser la sede del Ministerio del Tiempo, esa cartera gubernamental ficticia que dio nombre a una popular serie de RTVE.

El Ayuntamiento de Madrid comunicó el pasado mes de septiembre varios hallazgos arqueológicos, que se han vuelto a poner hoy de relevancia con motivo de una visita a las obras de varios concejales. En la planta baja se hallaron restos de enterramientos islámicos que podrían datar de los siglos XII o XIII. También apareció un reloj de sol que salió a la luz en la medianera del palacio con el Instituto San Isidro, que podría ser anterior incluso a la construcción del propio Palacio de Sueca.

Los enterramientos serán musealizados por medio de suelo de vidrio pisable que permitirá tanto su visión como una correcta conservación. También será visible el reloj y unos restos de pinturas murales con motivos vegetales y geométricos propios de las decoraciones de palacios madrileños del XVIII y, sobre todo, del XIX, que se han encontrado en la primera planta.

El emblemático edificio fue transformado en palacio en 1791, cuando Carlos IV mandó construir un palacio para Godoy y su esposa, la duquesa de Sueca. Anteriormente, el inmueble había albergado una escuela para los hijos de los criados de Carlos III. Ya a comienzos del siglo XIX, acogió la Escuela de Temporalidades y, después, el Colegio de Humanidades. En el siglo XX fue cuartel de la Guardia Civil y, posteriormente, viviendas privadas.

Un gran equipamiento social

El edificio se incorporó al patrimonio municipal después de una expropiación que tuvo lugar en 1999, que establecía que el inmueble debería ser destinado a un fin de interés social. Después de ese procedimiento, diversas vicisitudes jurídicas avocaron a complejos procesos judiciales, lo que ha provocado una importante dilación en el tiempo para el cumplimiento del fin al que el planeamiento urbanístico destina este bien.

 El Ayuntamiento ha llevado a cabo desde 2016 obras de consolidación para garantizar la seguridad del edificio, trabajos que finalizaron en 2023. Desde entonces, el Área de Obras y Equipamientos ha venido trabajando en la redacción del presente proyecto, que ha sido muy compleja por los condicionantes de la protección del inmueble y los restos arqueológicos. El proyecto cuenta con el visto bueno tanto de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid como de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.

El entorno ha sido visitado este viernes por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañados por el concejal de Centro, Carlos Segura. Allí han comprobado el avance de los trabajos para abrir dos nuevos equipamientos sociales municipales: un centro de alojamiento temporal y para familias vulnerables y un centro de mayores. 

Los trabajos, que comenzaron el pasado mes de mayo, se extenderán previsiblemente hasta finales de 2027 y cuentan con un presupuesto de 12,5 millones de euros, un esfuerzo inversor que tiene que ver fundamentalmente con el carácter de edificio protegido que tiene el inmueble y con la obligación de preservar diversos restos arqueológicos allí presentes.

El edificio cuenta con una superficie de 6.150 m² construidos, de los que 1.583 m² estarán destinados al centro de mayores, que se ubicará en el cuerpo este del inmueble, y 4.567 m² se dedicarán al centro de alojamiento temporal y para familias vulnerables, que ocupará al resto de la superficie. 

Los trabajos incluirán la reforma de los patios y el acceso de la entrada, así como el acondicionamiento de todos los espacios interiores. Asimismo, se dotará al edificio de todas las instalaciones precisas para su correcto funcionamiento y confortabilidad. En este sentido, una de las principales actuaciones tendrá que ver con la accesibilidad, ya que se rehabilitarán las antiguas escaleras de acceso a las diferentes zonas del inmueble, se ejecutará una rampa en la entrada principal y se instalarán seis ascensores, dos plataformas elevadoras y una silla salvaescaleras.

 El sótano albergará espacios para el centro de alojamiento temporal de familias, almacenamiento del catering e instalaciones generales del edificio. En la planta baja, se ubicarán la zona de admisión con punto de atención al público, zonas de catering y comedor, espacios de esparcimiento y descanso, administración del centro, lavadero, salas de usos múltiples, cocina del centro de mayores y aseos.

 La planta primera contará con talleres, zonas de esparcimiento, vestuarios, viviendas públicas, cuartos de limpieza, aseos, salas polivalentes, peluquería, podología, fisioterapia y cuartos de limpieza y almacenaje. Por su parte, en la planta segunda habrá talleres, salas de personal del centro, zonas de esparcimiento, viviendas públicas, sala de lectura, zona de cardio y pilares, sala de informática, vestuarios, cuartos de limpieza y almacenaje y aseos. Tanto para la bajocubierta como para la cubierta no se plantean usos.

“Iremos contra la empresa por daños al patrimonio y desacato al TSJM”. Con estas palabras el concejal del PSOE Antonio Giraldo acusaba este miércoles a la empresa promotora del hotel cápsula de la calle Cabestreros está incumpliendo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hace una semana paralizaba los trabajos por el posible valor histórico de los inmuebles situados en sus números 1 y 3 de la calle.

“Se está incumpliendo el auto del TSJM. Como podéis ver, la demolición de los edificios en Cabestreros continúa y ya han agujereado la fachada”, avisaba Giraldo, que colgaba en redes sociales un vídeo de la retirada de escombros en la demolición. “Borja Carabante dice que comunicó la suspensión a la empresa, pero siguen. La policía no actúa. Es increíble”, añade antes de advertir que “habrá consecuencias penales”.

Junto al vídeo de un vehículo descargando escombros, el concejal mostraba imágenes de demoliciones en los citados edificios, sin ya la parte superior del tejado, que conservaba hasta hace unos días.

El edil socialista también ha puesto en duda la actuación del consistorio en este caso al no paralizar una demolición que ya detuvo la justicia: “Valoraremos si el Ayuntamiento o la policía municipal no están ejerciendo sus funciones. La demolición ha sido suspendida por el TSJM desde el miércoles 10 de junio. Esto es una vergüenza”, escribe en Bluesky.

El consistorio, sin embargo replica que la Policía Municipal ha comprobado que no se estaban realizando trabajos en los edificios donde la Justicia paralizó cautelarmente las obras. Fuentes del área de Urbanismo aclaran que en el número 5, donde la constructora cuenta con licencia pertinente de construcción y no hay ninguna paralización activa, hay operarios trabajando. También confirman que el consistorio notificó a la empresa la resolución del TSJM.

Una demolición en pausa judicial

La semana pasada, un auto del TSJM detuvo la obra después de la petición del PSOE y de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que pidieron revistar una decisión de la Comunidad de Madrid de descartar la protección del conjunto, pese a que había anunciado inicialmente que le otorgaría una protección ambiental.

En el edificio se encontraba un popular restaurante senegalés, el Baobab, que cerró poco antes de que se conociera este proyecto hotelero, en el año 2020. La promotora tramitó a partir de entonces una iniciativa para echar abajo dos inmuebles y levantar encima un hostel con 260 camas e inició la demolición a principios de año, pero una denuncia del PSOE y de varias asociaciones al comenzar el derribo, justo después de las pasadas navidades, frenó los trabajos.

En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. Entonces el Gobierno regional aseguró que pediría la protección ambiental del edificio, lo que parecía frenar el proyecto hotelero, algo que finalmente no se produjo. La resolución de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid apuntaba a que los dos edificios se habían visto fuertemente alterados desde su origen, con modificaciones significativas, y que el estudio arqueológico, histórico y arqueométrico concluye que estas edificaciones no son las que aparecen en las planimetrías del siglo XVII y XVIII, sino que tienen su origen “a mediados del siglo XIX”.

El edil Antonio Giraldo avisó en su momento que los posibles valores patrimoniales del edificio y al conocer la resolución de la Consejería de Cultura calificaba de “noticia nefasta para el patrimonio madrileño” la falta de protección del inmueble. No obstante, ya entonces advertía de la existencia de “datos contradictorios en la resolución final” de la Comunidad de Madrid, “y fechas que no concuerdan con elementos arquitectónicos presentes en ambas edificaciones”. La semana pasada, el TSJM frenaba los trabajos, pero la demolición ha seguido adelante esta semana.

Una de las entidades más volcadas en la inclusión y la dinamización de Lavapiés, barrio multicultural por antonomasia del centro de Madrid, se enfrenta a una situación crítica ante la falta de instalaciones donde desarrollar su actividad. Dragones de Lavapiés, club de fútbol base y aficionado cuya labor ha sido reconocida por el Consejo Superior de Deportes (así como LaLiga o FIFA), lleva meses con su campo inoperativo por unas obras del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, una de sus sedes alternativas también queda fuera de juego.

Juan, vecino de Lavapiés desde hace 20 años, es padre de un niño de 8 años que juega en Dragones. Cuenta que desde que el terreno de juego de Embajadores, 18, quedó clausurado por obras gran parte de la actividad (sobre todo de los más pequeños) se trasladó a las canchas del cercano Parque Casino de la Reina. Pero en ellas también se está trabajando en una reforma municipal: “Hubo ya una recientemente en la zona infantil [cuya inauguración se postergó en su término hasta que los propios residentes tiraron las vallas para utilizarla], pero ahora se quiere actuar sobre las canchas, un área con problemas derivados de gente en situación de calle. Hay que tener en cuenta que no hay ni baño”, lamenta en conversación con Somos Lavapiés.

Defienden esa actuación, sí, pero critican los tiempos del Gobierno que lidera José Luis Martínez-Almeida: “Las obras del campo iban a terminar en febrero, pero ahora están abandonadas y deterioradas, con mucha suciedad. La alternativa del parque no era ideal por su falta de mantenimiento y sus insuficientes instalaciones, pero es que ahora nos empujan a la calle. En septiembre no sabemos qué pasará”. Los trabajos iniciados en septiembre en la instalación deportiva municipal se detuvieron en noviembre, al hallarse construcciones subterráneas de los antiguos edficios comerciales sobre el solar.

Dolores Galindo, presidenta del club, recuerda que Dragones “juega en distintos espacios de Madrid, pero el de Embajadores es el espacio más emblemático, nuestro símbolo donde han surgido equipos como el de madres, el de personas sin hogar o el de amputados”. Todo de una forma “estructurada a través de entrenamientos”, dando acceso a colectivos que muchas veces no lo han tenido al deporte más mediático del mundo y a unos 600 jugadores del barrio o el conjunto de la ciudad. Una labor que explica el respaldo de más de 100 organizaciones sociales al manifiesto “600 Dragones sin instalaciones”.

El origen de este “campo icónico” ahora tomado por los escombros parte además del propio club, fundado en 2014: “Nuestros entrenadores colocaron las porterías”, recuerda Galindo, aunque resalta tambien la colaboración del Ayuntamiento. “Lo poco que había lo han hecho Dragones y el barrio”, apostilla Juan.

La directiva traslada su “sensación de que se quiere cambiar o borrar la huella de un fútbol por la igualdad y el progreso”. Dragones ha llegado a recibir el apoyo del Ministerio de Igualdad, con un reconocimiento a su forma de “cambiar los clubes de fútbol para hacerlos acogedores para las mujeres”. “Es una huella que no quieren que permanezca. Tratamos de contar que en nuestro barrio se puede vivir en paz, vengas de donde vengas. Algo que se quiere borrar porque en el mundo lo que suenan son tambores de guerra”.

“Había unos árboles plantados que han quitado. La placa del Consejo Superior de Deportes tampoco está. Percibimos que se quiere difuminar lo que hemos hecho. Eso nos preocupa, además de las instalaciones, porque hay 400 menores que no son tan fáciles de mover como otros combinados con miembros más mayores”, protesta la presidenta. De hecho, comenta que la situación ya era compleja antes de las obras del Casino de la Reina por lo “degradado” del espacio“, ”sin baños, con ratas y con excrementos“.

Fuentes de la Junta Municipal del distrito Centro, de la cual dependen las obras trasladan a este periódico que se reanudarán después del verano con una duración aproximada de cinco meses, por lo que previsiblemente acabarán ya en 2027. “Se está cerrando el importe modificado de la obra, ya que tras haber encontrado los sótanos del edificio preexistente, se tienen que hacer rellenos con hormigón para consolidar el terreno y asegurar el apoyo de la cimentación del muro, especialmente en el lado de la calle San Cayetano”. En cuanto a las obras de Casino de la Reina, “se llevarán cabo durante el verano, época en la que los entrenamientos se reducen o se suspenden”. Puntualizan por último que la Junta “esta abierta a estudiar cualquier solicitud formal que plantee el club”.

La actuación en el solar de Embajadores incluye un espacio estancial con la creación de una zona verde formada por tilos, arces paliformos, lavanda, romero, espino de fuego y madroños, así como la mejora del cerramiento con un muro de granito acorde al entorno. También busca dotar al espacio de un almacén que podrán utilizar los usuarios de la zona deportiva para guardar los enseres necesarios para los entrenamientos.

Horas después de la publicación de esta información, el propio concejal de distrito, Carlos Segura, ha publicado una carta en redes sociales detallando algunos aspectos de la obra. “No voy a tolerar que se cuestione el trabajo de los funcionarios de la Junta de Centro, y mucho menos que se juegue con la seguridad de los niños”, ha añadido.

Obra sobre obra en un barrio falto de dotaciones

“El Casino necesita obras, pero lo ideal es que no fueran todavía”, opina Juan. “Si se ejecutan, pedimos al Ayuntamiento que nos preste coles para poder entrenar en el barrio. Que nos den acceso a los colegios por la tarde”. Avisa de una “alarmante escasez de instalaciones deportivas en centro”: “Igual que el Santa María nos ha prestado su patio, hay tres o cuatro coles más donde el Ayuntamiento posee el terreno y pueden proveer instalaciones deportivas propias”.

Dolores resume la situación con un hecho muy simbólico. En la parcela de Embajadores, un gran graffiti que cita a Rosa de Luxemburgo coronaba el espacio: “Socialmente diferentes, humanamente diferentes, totalmente libres”. “El Rey de la Ruina, su autor, ha pedido que lo arreglen porque está muy degradado. Pero en el Ayuntamiento me han dicho que no les gusta”, afirma la mandataria del club.

“Todo esto tiene que ver con que es un espacio que ha vivido mucho en la indeterminación, nunca tuvimos adjudicación, pero lo administrábamos de facto. Ahora nos dicen que se trata de mejorar la instalación, supuestamente, pero vemos que por ejemplo no se va a mejorar el césped. Conseguimos que una empresa lo instalara gratuitamente y ahora se está estropeando. Por no hablar de que han arrasado árboles con los que casi nos denunciaron solo por podarlos”, expone Dolores Galindo, que habla de “una falta de reconocimiento total hacia queines hemos cuidado el campo”.

La presidenta cuestiona esta falta de apoyo institucional a un proyecto caracterizado por la “gestión comunitaria”, reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los mejores en la resistencia a la pandemia a través de actividades dinamizadoras o colaboración con el Banco de Alimentos.

Es una huella que no quieren que permanezca. Tratamos de contar que en nuestro barrio se puede vivir en paz, vengas de donde vengas. Algo que se quiere borrar porque en el mundo lo que suenan son tambores de guerra

Dolores Galindo — Presidenta de Dragones de Lavapiés

Frente a ese historial, un porvenir mucho más incierto: “En septiembre solo podremos garantizar el acceso al deporte de los niños solo si nos ayudan los coles del barrio, que el CEIP Santa María renueve y nos vuelva a ceder instalaciones, pero también que se sumen más. Lo que pedimos al Ayuntamiento que nos ayude con esta emergencia deportiva”.

Juan destaca el “crecimiento orgánico de estos diez años, cumpliendo una función social y saciando la demanda de fútbol”. La “integración en el barrio” y “el fomento del tejido social” han sido dos puntales del proyecto en un barrio donde “apenas hay instalaciones”.

Por toda esta contribución, familias de Lavapiés han lanzado una campaña con la que solicitar un calendario para las obras del solar y que siga siendo de gestión público-vecinal: “Que siga perteneciendo al club, que no cambien de modelo”. Es la alternativa ante “un perjuicio a un grupo de 600 personas, ligado a una entidad que todo el mundo quiere y que pertenece al barrio”.

Barrios en expansión de Carabanchel o Vallecas. Zonas que llevan tiempo colapsadas, véanse Latina y Lavapiés. Distritos al noreste (Ciudad Lineal) y noroeste (Tetuán) de la ciudad que, como el resto de Madrid, se han llenado de pisos turísticos y nada parece equilibrar su crecimiento. Esta mañana, 153 viviendas han amanecido con pintadas en las fachadas de su bloque. La mayoría de los graffitis señalan que hay apartamentos en la zona vinculados a la plataforma Airbnb. “Mi barrio no es turismo”, puede leerse en uno de ellos, a modo de crítica contra su proliferación. También algunos cajetines, colocados en las puertas de acceso para que los viajeros introduzcan un código numérico, fueron saboteados con pegamento en su rueda metálica. ¿Quién está detrás?

Un grupo de vecinas anónimas ha reivindicado la acción, en comunicación con este periódico. Es la segunda de este tipo en lo que va de año. “¿Que por qué salimos? Si nuestros abuelos decían que la tierra es para quien la trabaja, nosotras decimos que las casas son para el barrio y sus vecinas”, sentencia uno de los participantes, que como el resto ha preferido ocultar su nombre para evitar problemas legales.

A finales de febrero, estos mismos colectivos pasaron a la acción y marcaron con sus pintadas otro lote de edificios, en los mismos barrios que ahoran vuelven a ser señalados. La gentrificación golpea en todos ellos, pues se ha extendido tanto que ya no cabe solo en el centro de Madrid. Esta misma semana, un nuevo estudio conjunto de dos de los principales portales inmobiliarios, Idealista y Fotocasa, publicaba que en 2025 los alquileres han crecido siete veces más deprisa que los salarios, abocando a un nuevo tramo en la crisis de vivienda.

A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb, y ahora gane cuatro o cinco veces más

En la capital, sin ir más lejos, los precios han subido y no de forma gradual: según datos del Ministerio de Vivienda, el precio mediano del alquiler pasó de 615 euros en 2015 a 825 euros hace tres años, un 34% más. El año pasado se cerró en torno a los 22,7 euros mensuales el metro cuadrado. “A mí lo que me jode es haberme tenido que ir de mi barrio para que mi casero alquile ilegalmente por Airbnb y gane cuatro o cinco veces más. Pues no, mientras yo pueda, esa casa no será para un guiri que decida pagar 200 euros la noche, y menos en un barrio empobrecido como el mío”, señala otra de las personas que, este martes por la noche y hasta la madrugada del miércoles, recorrieron muchas de las calles de Madrid. El objetivo: reivindicar desde sus portales un coto al turismo.

Hace ya más de un año, el Ministerio de Consumo advirtió al Ayuntamiento de la existencia de, al menos, 16.335 alojamientos turísticos ilegales detectados en la ciudad. Una cifra muy lejana a las 1.131 licencias que, en ese momento, había concedido el consistorio a negocios de este tipo. “Entonces, no puedo irme de vacaciones porque el 80% de mi salario va para pagar el alquiler, ¿y aun así tengo que aguantar que me echen de mi casa para que vengan los turistas a destrozar mi ciudad? Pues no”, declara otro de los impulsores de esta segunda acción protesta.

Tanto en su primer intento, a finales del invierno, como para esta nueva reivindicación optaron por elegir barrios en base a dos criterios principales: su capacidad de organizarse y el avance de la turistificación fuera del centro histórico. “Hemos ido principalmente a barrios en los que ya estábamos organizadas, pero también primamos otros puntos más calientes. Al fin y al cabo, una ciudad sin gentrificación es una mejor ciudad para todas”, añade una de las participantes. Los activistas sostienen que la proliferación de viviendas de uso turístico no solo afecta a la capacidad de acceso a una vivienda, sino también a los negocios de proximidad que existen a su alrededor.

“Esto no es solo por las casas, es también por el barrio. Un turista no va a una ferretería ni a una mercería. Cada vez hay menos vecinas y cada vez más negocios pensados para quien está de paso”, resumen. La intervención nocturna transcurrió con relativa tranquilidad, según sus impulsores. No apareció la Policía ni nadie comenzó conflicto alguno: “Nos coordinamos para hacer el menor ruido y ser lo más efectivos posible”, relata otro de los presentes. Entre los participantes, casi siempre se repite una percepción común: si las administraciones públicas no hacen nada, alguien tendrá que hacerlo.

“Esta también es una forma de regular los precios, ¿no? Como el Gobierno no lo va a hacer, lo tendremos que hacer nosotros. Si ellos quieren abrir más y más pisos turísticos, haremos que esos pisos no se puedan abrir”, sentencian. Ya de madrugada, de regreso a casa después de varias horas mapeando calles de Madrid, sintieron algunas contradicciones en el día a día de la ciudad. “Da rabia pasear por la noche y ver que Madrid se está convirtiendo en un parque temático. Creo que lo que hemos hecho hoy es poner un palito en una de esas atracciones”, concluye otra voz del grupo que ha impulsado esta acción protesta.

Detenido por segunda vez el proyecto hotelero sobre los números 1 y 3 de la calle Cabestreros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decretado la paralización de la obra y de su consiguiente derribo, admitiendo las medidas cautelarísimas reclamadas por el PSOE y por asociaciones en defensa del patrimonio, ante la posibilidad de que desaparecieran dos edificios con alto valor histórico.

Un informe pericial firmado por doctor y profesional en arquitectura y patrimonio desmiente la resolución de la Comunidad de Madrid de finales de mayo, en la que descartaba cualquier tipo de protección para los inmuebles. A principios de año, la propia Consejería de Cultura había asegurado que iba a dar protección ambiental al espacio, donde se encontraba uno de los restaurantes senegaleses más famosos de la ciudad, el Baobab, que cerró para dar paso al proyecto de un hostel con 260 camas.

El anuncio de la paralización judicial lo ha hecho el concejal socialista Antonio Giraldo, quien en un vídeo posterior ha explicado que la resolución es temporal, pero con ella el recurso gana tiempo para poder demostrar las incongruencias presentes en la resolución del Gobierno de Ayuso, que sospechan pueden basarse en un informe “de parte”, elaborado por la propia empresa que impulsa la construcción del hotel.

El proyecto hotelero pasó en el año 2020 por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y emitió dictamen favorable a la demolición en el año 2022 “al considerarse que no había ningún elemento que proteger”, indican desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero luna denuncia del PSOE y de varias asociaciones al comenzar el derribo, justo después de las pasadas navidades, frenó los trabajos.

En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. Entonces el Gobierno regional aseguró que pediría la protección ambiental del edificio, lo que parecía frenar el proyecto hotelero, algo que finalmente no se produjo. La resolución de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid apuntaba a que los dos edificios se habían visto fuertemente alterados desde su origen, con modificaciones significativas, y que el estudio arqueológico, histórico y arqueométrico concluye que estas edificaciones no son las que aparecen en las planimetrías del siglo XVII y XVIII, sino que tienen su origen “a mediados del siglo XIX”.

El edil Antonio Giraldo avisó en su momento que los posibles valores patrimoniales del edificio y al conocer la resolución de la Consejería de Cultura calificaba de “noticia nefasta para el patrimonio madrileño” la falta de protección del inmueble. No obstante, ya entonces advertía de la existencia de “datos contradictorios en la resolución final” de la Comunidad de Madrid, “y fechas que no concuerdan con elementos arquitectónicos presentes en ambas edificaciones”.

El agua de Madrid ha perdido en algunas zonas de la región su habitual prestigio de buen sabor, pese a que sea insípida por definición. Desde este domingo 7 de junio algunos abonados al sistema gestionado por el Canal de Isabel II han reportado un olor y sobre todo sabor intenso “a cloro”, que este periódico ha podido comprobar.

El cambio en el sabor tiene que ver con una maniobra que tuvo lugar la mañana del citado domingo en el embalse de Santillana, en la sierra. En concreto, fuentes del Canal informan a Somos Madrid que se produjo en los filtros de carbón activo de suestación de tratamiento de agua potable.

Esto es lo que ha hecho que algunos abonados de distintos municipios regados por este pantano situado en Manzanares el Real (por ejemplo, en el centro de Madrid) hayan percibido un cambio en el olor y sabor del agua en sus grifos. “El agua sigue siendo potable y apta para el consumo”, aclaran desde el Canal de Isabel II para tranquilizar cualquier duda sobre su ingestión.

Las mismas fuentes añaden a este periódico que se están efectuando purgas en la red para eliminar definitivamente el sabor y olor atípicos, aunque no detallaron cuándo está previsto que el líquido suministrado recobre sus características habituales.

El cambio en el sabor se extendió por zonas de la zona centro como Lavapiés, Chueca, Malasaña, Argüelles o incluso Arganzuela, según testimonios recopilados por este periódico y también comentarios en algunos hilos de redes sociales que comentaron esta circunstancia.

Adiós a los dos edificios de la calle Cabestreros que varias organizaciones civiles y partidos de la oposición intentaron proteger a principios de año por su valor patrimonial. Fuentes municipales confirman a este periódico que la Comunidad de Madrid ha levantado la suspensió cautelar de las obras, por lo que ambos inmuebles serán demolidos para levantar en esa parcela un hotel cápsula.

La decisión la tomó el pasado viernes la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno regional, al considerar “que no tiene ningún valor cultural que sea objeto de protección”, explican las mismas fuentes del área de Urbanismo. “La licencia está bien concedida”, añaden recordando que desde la Agencia de Actividades ya se había autorizado el hostel.

El proyecto pasó en el año 2020 por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y emitió dictamen favorable a la demolición en el año 2022 “al considerarse que no había ningún elemento que proteger”, indican desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero la denuncia del PSOE y de varias asociaciones al comenzar el derribo, justo después de las pasadas navidades, frenó los trabajos.

En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. Entonces el Gobierno regional aseguró que pediría la protección ambiental del edificio, lo que parecía frenar el proyecto hotelero, algo que finalmente no se ha producido. La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid apunta a que los dos edificios se han visto fuertemente alterados desde su origen, con modificaciones significativas, y que el estudio arqueológico, histórico y arqueométrico concluye que estas edificaciones no son las que aparecen en las planimetrías del siglo XVII y XVIII, sino que tienen su origen “a mediados del siglo XIX”, relatan fuentes del Gobierno regional.

“El asunto queda ahora resuelto y se puede continuar con la construcción del hostel”, informan fuentes municipales a este periódico sobre la resolución, a la vez que recuerdan que el inmueble estaba vandalizado y cerrado desde hacía tiempo. La nueva instalación turística prevé la apertura de 260 camas en pleno corazón de Lavapiés.

La parcela, situada junto a la plaza de Nelson Mandela, cuenta con 400 metros cuadrados de parcela y 1.800 de edificabilidad. Allí se encontraba el icónico restaurante senegalés Baobab, que cerró en el año 2020 para el avance de este proyecto inmobiliario. Cuando se conoció el derribo del edificio, una movilización política y social intentó pararlo pero finalmente las instituciones públicas han descartado inscribirlo en el catálogo de edificios protegidos de Madrid.

El edil Antonio Giraldo avisó en su momento que los posibles valores patrimoniales del edificio y hoy califica de “noticia nefasta para el patrimonio madrileño” la falta de protección del inmueble. No obstante, advierte que pueden existir “datos contradictorios en la resolución final” de la Comunidad de Madrid, “y fechas que no concuerdan con elementos arquitectónicos presentes en ambas edificaciones”.

Por ello, asegura que “vamos a estudiar con velocidad todas las posibilidades para detener la pérdida. Me resulta increíble que la dirección autonómica de patrimonio tenga a bien demoler estos dos edificios para en su lugar levantar un bloque contemporáneo totalmente descontextualizado del lugar para albergar cápsulas. Este no es el Madrid que queremos. Y haremos todo lo posible por detenerlo”.

La Policía Nacional detuvo el viernes pasado a cinco miembros del grupo de ultraderecha Núcleo Nacional durante una concentración racista no autorizada en Lavapiés. Fueron arrestados por desórdenes públicos y tenencia ilícita de armas en la plaza de Nelson Mandela del barrio madrileño. Los agentes también identificaron y sancionaron a otras 18 personas que irrumpieron por sorpresa en la plaza cuando estaba llena de inmigrantes. 

Los hechos ocurrieron sobre las 20.25 horas, cuando policías nacionales y municipales de Madrid se trasladaron a la conocida plaza par evitar altercados. Los agentes detuvieron a estos cinco individuos, uno de los cuales es menor de edad, y de los que tan solo uno cuenta con antecedentes por hechos similares.

Entre las armas incautadas los agentes encontraron puños americanos, navajas karambit y espráis de defensa personal no homologados, entre otros. Según ha adelantado el diario El Mundo, los neonazis aparcaron en las inmediaciones y se dirigieron hacia la plaza de Nelson Mandela con una pancarta en la que se podía leer el lema: “Contra la regularización, deportación”.

Desde la organización se convocó para el día siguiente una nueva concentración en el mismo barrio de Lavapiés “contra la regularización” y en favor de “deportaciones masivas”. “Lavapiés es España, hemos pasado y pasaremos”, celebraron desde Núcleo Nacional en su perfil de la red social X.

“El Ayuntamiento de Madrid prohíbe expresamente la utilización de equipos de reproducción e instrumentos de percusión en el medio ambiente exterior salvo si existen razones de interés general”. Es la respuesta que la organización Desarma Madrid ha recibido a su solicitud de un permiso municipal para emplear un megáfono en la lectura antibélica programada este jueves 23 de abril a las 19.00 en la plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía.

Con motivo del Día del Libro, el evento pretende convertir este emplazamiento en un potente emisor de mensajes contra los diferentes conflictos que asolan el planeta. Para ello, animan a que los asistentes acudan con libros que cuestionan esta forma de barbarie y a que lean en voz alta algunos de sus pasajes. Una iniciativa surgida el pasado año, entonces en la Puerta del Sol, al calor de la polémica por el aumento de los gastos en materia de Defensa por parte del Gobierno central.

“Como en alguna ocasión nos hemos visto con multas por usar pequeños megáfonos de mano, se mandó en paralelo una petición al Ayuntamiento de Madrid para uso de megafonía manual durante dicha concentración y sin instalación de medios auxiliares”, explica Desarma Madrid en una pieza publicada en El Salto. “Resulta que, en la ciudad de la Libertad, si decides manifestarte, tienes que pedir permiso en cada Junta Municipal del territorio por el que pase la protesta para usar megafonía. Si no, multa al canto”, lamentan.

Cuentan que recibieron la respuesta del Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida, que abre este artículo, a solo una semana de la fecha de la convocatoria. “Parece que ni leer libros en el espacio público el 23 de abril, o sea el Día del Libro, ni levantar palabras contra las guerras, son motivos de tal interés”, cuestionan desde Desarma Madrid.

Desde el área de Medio Ambiente del Consistorio exponen que “el problema de ese acto es que coincide con el horario lectivo de una escuela que está a menos de 150 metros, lo que está expresamente prohibido en el artículo 19.3 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica”. Precisan que “no se le ha hecho una denegación, lo que se les ha dicho es que no pueden por ese motivo y que busquen otro emplazamiento, otra fecha no lectiva (fin de semana) u otro horario posterior al funcionamiento de la escuela”.

Desarma Madrid habla de “excusa” en los argumentos del Ayuntamiento

La plataforma Desarma Madrid califica de “enrevesado” este segundo motivo que el Consistorio saca a colación para justificar el veto: “Se comunica que en el emplazamiento elegido (plaza de Juan Goytisolo) existe un centro docente (Real Conservatorio de Música de Madrid) cuyo horario de funcionamiento coincide con el del acto pretendido (clases lectivas de lunes a viernes de 09.00 a 21.30), por lo que no procederá autorización para la superación de los límites de los niveles sonoros en ese horario. Varias firmantes de este texto hemos estudiado en ese Conservatorio. Que no nos utilicen como excusa. ¿Desconoce el Ayuntamiento la normativa de insonorización de estos espacios? ¿La multitud de eventos que se celebran frente al Museo Reina Sofía con megafonía, sin que el Conservatorio sufra menoscabo acústico alguno? ¿Se han parado a escuchar el ruido provocado por el tráfico de Atocha?”.

La entidad comenta con ironía que, “para culminar la buena labor administrativa”, desde Cibeles “invitan a enviar de nuevo la solicitud argumentando los motivos de interés público y avisando de que para hacer tal demanda hace falta un mes de plazo.” Todo, insisten, “una semana antes del acto”.

Unas trabas que no parecen mermar su ímpetu por celebrar la concentración: “Tenemos claro que protestar es un derecho y que nuestras armas son las palabras. Le pese a quien le pese, desempolvaremos nuestros libros de casa o de la biblioteca y alzaremos nuestras voces y lecturas contra las guerras en un espacio significativo para la cultura como es la plaza Juan Goytisolo madrileña, frente al Museo Reina Sofía”. Y añaden: “Las estudiantes del Conservatorio, si se enteran de esta actividad, será porque vean por redes sociales o en distintas librerías el cartel que acompaña este artículo, no por el ruido que podamos hacer, que será ninguno”.

Un estudio del Ayuntamiento de Madrid asegura que los rodajes generaron en los cuatro años posteriores a la pandemia hasta 385,5 millones de euros de impacto anual y más de 2.500 empleos anuales. El 64,12% de forma directa, generado por los gastos de las empresas implicadas en la producción (personal, alquileres, equipos, localizaciones). El resto llega por la cadena de suministro a través de las empresas proveedoras que participan de forma secundaria en el proceso. Y 77,6 millones más se deben al gasto posterior en la economía madrileña efectuado por los trabajadores y los proveedores que han obtenido ingresos gracias a la producción de rodajes.

Las cifras salen del estudio Dimensión e impacto de los rodajes de largometrajes y series (aquí, en PDF) elaborado por el organismo municipal Madrid de Madrid Film Office y el Instituto Universitario de Predicción Económica L. R. Klein de la Universidad Autónoma de Madrid,, en el que se han analizado 415 producciones de series y películas en la capital.

En términos de empleo, los rodajes de largometrajes y series estimularon la creación de 10.101 empleos en cuatro años, con unas rentas salariales de 562,6 millones de euros. Esto supone una contratación equivalente a 2.525 empleos cada año, a tiempo completo.

Durante la presentación del estudio, la delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha explicado que el Ayuntamiento de Madrid está intentando “descentralizar” estos rodajes por “las molestias que generan”, como los cortes al tráfico o la desaparición de plazas de aparcamiento durante una o varias jornadas. Vecinos de barrios céntricos como Chamberí, Malasaña o Lavapiés han protestado en numerosas ocasiones por este motivo.

“Hemos realizado una guía de buenas prácticas para las productoras”, ha explicado Maíllo, con la vista puesta es respetar mejor el descanso de los vecinos. También busca “ampliar las zonas de grabación en Madrid, que no todos los rodajes sean en los mismo lugares”, para evitar estas molestias.

En cuanto a la estructura del sector, la industria se ha caracterizado por una elevada atomización empresarial, con predominio de microempresas y pequeñas productoras, y por un fuerte peso del empleo temporal, que ha alcanzado el 92,9% de los puestos generados por los rodajes.

Asimismo, el documento refleja la dimensión económica de la actividad, con una media de 3,6 millones de euros en largometrajes de ficción y de hasta 26,2 millones por temporada en series internacionales.

El crecimiento del sector se ha producido especialmente tras la pandemia, con un aumento sostenido del número de proyectos entre 2021 y 2024 y una mayor presencia de producciones internacionales.

En este escenario, la directora del Instituto L.R. Klein, Milagros Donés, ha destacado que el audiovisual “tiene capacidad de crear empleo y generar actividad económica más allá del propio sector”, con un efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía madrileña, explica en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, la delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha subrayado que el impacto del sector “va mucho más allá del propio ecosistema audiovisual”, al extenderse a ámbitos como la restauración, la hostelería o el turismo, además de contribuir a la proyección de la ciudad a nivel internacional.

Este desarrollo ha ido acompañado de un creciente impacto en otros sectores económicos, así como de una mayor proyección internacional de Madrid como escenario audiovisual, impulsada por producciones de éxito rodadas en la ciudad como 'La Casa de Papel', 'Élite' o 'Velvet'.

La movilización del Sindicato de Inquilinas de Madrid ante el decreto del Gobierno que prorroga cientos de miles de alquileres no se va a quedar en una campaña mediática o digital. La organización emprende desde este martes 7 de abril una concatenación de asambleas abiertas en diferentes barrios de la capital, donde asesorar a todas aquellas personas que tengan dudas sobre el procedimiento para solicitar las renovaciones o los argumentos jurídicos con los que cuentan.

“Hay que recordar que en Madrid entre 2026 y 2027 finalizarán 474.000 contratos de alquiler, afectando a casi 1,6 millones de personas”, recalcan desde el Sindicato. Todos los que deban renovarse hasta el 31 de diciembre del próximo año, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, están englobados en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó en marzo.

Un paquete de medidas en materia de vivienda ante el impacto de la Guerra en Irán que todavía espera una quimérica convalidación en el Congreso, pero que a criterio de muchos juristas puede mantener sus efectos incluso si la Cámara Baja no lo aprueba, siempre y cuando los arrendatarios soliciten formalmente las prórrogas antes de la previsible desestimación parlamentaria del decreto.

Las asambleas físicas llegan después de “miles de visitas desde que se lanzó la página web poderinquilino.org, en donde se explica el Real Decreto-ley sobre la prórroga de 2 años de los alquileres, los pasos a seguir y los modelos a enviar”. Ahora el Sindicato da un paso más y “sale a las calles a hablar directamente con las inquilinas e inquilinos a los que se les acaba su contrato de alquiler antes de 2028 para que pidan la prórroga”.

Arrancan este martes 7 de abril con dos asambleas a las que puede sumarse quien lo desee: a las 12.00 en la plaza Agustín Lara de Lavapiés y a las 19.00 en el Casino de Lucero (en el número 1 de la calle Luis Pando, en el distrito de Latina). El miércoles 8, a las 19.00, regresan al mismo distrito para un encuentro en la plaza del Mercado de Tirso de Molina (en el barrio de Puerta del Ángel).

La actividad continuará el fin de semana: el sábado 11 a las 18.30 en el Centro Social Okupado La Rosa (calle del Bastero, 1) y el domingo 12 desde el mediodía en la plaza de las Palomas de Tetuán (nombre oficioso de la plaza del Canal de Isabel II).

La semana que viene las asambleas se celebrán el lunes 13, a las 18.30, en El Sanky de Carabanchel (número 23 de la calle José del Río). También el miércoles 15, colofón a la iniciativa en una jornada de intensa actividad, ya que a las 19.00 tendrán lugar tres encuentros simultáneos: en la plaza Rutilio Gazis de Arganzuela, en la plaza Roja de Vallecas y en la plaza de Daoíz y Velarde de Retiro.

Estas citas excepcionales se complementan con la actividad ordinaria del Sindicato. Así, el lunes 20 de abril tendrán sus habituales asambleas inquilinas los nodos de la organización en Madrid: este (número 63 de la calle Pedro Antonio de Alarcón), sur (calle Virgen de Icíar, 15), Latina (avenida de Portugal, 79), Carabanchel (El Sanky), Centro-Arganzuela (La Rosa), Corredor del Henares (Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz) y Sierra Norte (La Cabrera).

Por último, la agrupación recuerda que todos los viernes de abril (también este día 10) el Ateneo La Maliciosa alberga sus asambleas de bienvenida. El espacio del número 12 de la calle Peñuelas se abre a inquilinos e inquilinas con interés en sumarse a la lucha cada viernes desde las 18.30.

Los límites al alquiler del decreto y cómo beneficiarse de él

Una potente movilización que busca exprimir al máximo las posibilidades de los arrendatarios. La norma hace efectiva, desde su publicación en el BOE el pasado 22 de marzo, la congelación durante dos años de todos los alquileres residenciales acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos con independencia de su fecha de firma, siempre que venzan desde ese 22 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2027. Solo podrán experimentar una actualización anual limitada al 2% durante el periodo de prórroga, salvo que casero y ocupante de la vivienda acuerden un alza mayor. En este último caso, además, debe tratarse un propietario no considerado gran tenedor (diez viviendas o más). Si lo es, la subida quedará obligatoriamente restringida al 2%.

El Sindicato de Inquilinas ha creado dos modelos para acogerse a la prórroga, en función de si se trata de zonas declaradas tensionadas o no. Para recibirlos, solo hay que rellenar un pequeño formulario disponible en este enlace. La portavoz de la organización en Madrid, Valeria Racu, recuerda que es una prórroga “obligatoria, pero no automática” y de ahí la importancia de actuar. El Ministerio de Consumo ha lanzado asimismo su propio modelo de solicitud.

Desde el Sindicato animan a dirigir la solicitud al domicilio del casero, que se indica en el contrato, o a la sede de la inmobiliaria en caso de que haya sido gestionada mediante esta. “En realidad, a la dirección que ponga a efectos de notificaciones en el contrato, que suele aparecer en el encabezamiento o en una cláusula concreta que se llamada dirección a efectos de notificaciones”, especifica el abogado experto en vivienda Víctor Palomo. La comunicación deberá ser por escrito y con comprobante de entrega. Aunque es posible mediante correo electrónico certificado, el método más recomendado es el burofax. Correos explica cómo se ejecutan en esta página. Las organizaciones en defensa de los arrendatarios remarcan la importancia de guardar todo documento recibido o enviado.

El pasado 29 de marzo murió Marta Plaza. Su nombre y apellidos no eran particularmente originales ni su figura se movía en los pasillos que hubieran hecho que los responsables de los medios de comunicación corrieran en busca de alguien para redactar su obituario.

Sin embargo, la noticia, de eco leve al principio –propagada a través de grupos de afinidad en WhatsApp o con mensajes faltos de contexto en redes sociales–no tardó en amplificarse en internet a lo largo de las siguientes horas. No había textos sobre ella en Google Noticias pero mucha gente, muy diversa, desde lugares muy distintos entre sí, atesoraban encuentros, experiencias, textos o aprendizajes prendidos a la figura de Marta Plaza. Especialmente en el campo (amplio) de los derechos de las personas psiquiatrizadas.

El próximo sábado 18 de abril, por la tarde, se celebra un homenaje a Marta Plaza en el Centro Social Autogestionado Tres Peces Tres, un proyecto en el que ella misma participó. Se llevará a cabo una lectura de textos suyos, mico abierto y exposición de obra de Marta (en los últimos años cultivó caligramas y juegos visuales). Además, se nombrará la biblioteca del centro con el nombre de la activista.

“Marta fue una compañera generosa, discreta y amorosa, que dedicó su lucha a la defensa de las redes de cuidados, el apoyo mutuo y contra las violencias psiquiátricas. Transfeminista y antirracista, siempre acompañando a la lucha de las de abajo”, han dicho de ella desde el centro social en su convocatoria.

El homenaje a Plaza en Lavapiés es una muestra más de la ola creciente de reivindicación de su figura que se ha producido en los últimos días. Que se ha manifestado en los innumerables mensajes que han aparecido en redes sociales, los recuerdos en los medios en los que colaboró, los dibujos sobre Marta o en quienes se han organizado para redactar su artículo en Wikipedia. Quien no la conociera, puede escuchar su voz en la película de María Ruido Estado de malestar, que durante unos días se puede ver en abierto.

Marta era una chica de Chamberí (y lo llevaba muy a gala). Para ella fueron muy importantes los ámbitos del 15M y post-15M en la asamblea del distrito. Se ha ido justo cuando van a hacer quince años de la experiencia.–¿nos hablan los tiempos?–. Pero su curiosidad y capacidad de escucha la llevaron a acercarse y, frecuentemente, involucrarse, con muchos otros ámbitos relacionados con los movimientos sociales y el apoyo mutuo.

Su campo de actuación primordial fue, sin embargo, el de la salud mental, que afrontó desde una perspectiva vivencial y las posturas innegociables del feminismo y la organización colectiva. Se convirtió en gran representante del feminismo loco, una corriente crítica y un movimiento de mujeres y disidencias supervivientes de la psiquiatría que cuestiona la patologización patriarcal.

Con Marta, se han ido la sonrisa franca del activismo loco y una de las siluetas más libres del Madrid rebelde. Muchos y muchas hablan estos días de ella (el esfuerzo por despedirla públicamente de Luis, su compañero, es un ejemplo de amor y compromiso). Las reacciones a su marcha subrayan su figura de la manera más coherente posible con su forma de vivir: sus amigas –todas, muchas, de tantos sitios…–están situando a Marta dentro de una genealogía alternativa, colectiva y hecha así misma. Falta nos hace.

Entre los años 1978 y 1982, una de las cuevas habituales en los edificios de la Cava Baja se convirtió en un secreto que corría de boca en boca por los ambientes de un Madrid que inauguraba con ahínco el tópico 'ciudad que no duerme'. Eran los años de la hoy tan manoseada Movida. Pero los chavales más jóvenes de la Nueva Ola, con estilismo de SEPU y pelos de color tropical, no eran los únicos que estrenaban país. La Mandrágora, en el número 42 de la calle, fue el local que aglutinaba a una generación un poco más mayor –sus fundadores estaban en la treintena–, acaso de perfil más intelectual.

Aunque la experiencia no duró mucho, su recuerdo fue rebotando en las paredes del tiempo gracias a La Mandrágora, un disco publicado en 1981 con canciones grabadas en el sótano de la Cava Baja por los cantautores Joaquín Sabina, Alberto Pérez y Javier Krahe. En el aire de grabación casual del disco, se cuelan las risas de la noche 'mandragorera' y el tintineo de los vasos. Casi se puede oler el humo de los cigarrillos de Krahe.

Sin embargo, el viaje a través de un puñado de canciones desternillantes oculta el resto de las actividades que, durante años, convirtieron el local en centro neurálgico de la movida cultural. La Mandrágora fue el proyecto de los artistas Manuel Paniagua y Enrique Cavestany, Enrius, que le dedicó un libro llamado Una cueva diluvial en la Cava Baja.

Cavestany rememora cómo conoció a Paniagua y a su pareja, Piluca Pascual –también pionera en la aventura–, en el obituario que los dedicó después de que ambos fallecieran en un desgraciado accidente de tráfico en 2005: “Nos conocimos hace 30 años y Begoña me los presentó como unos padres del Colegio Siglo XXI, de Moratalaz, lo que en aquella época formaba parte de nuestras señas de identidad”.

En su libro, narra también el primer encuentro con Joaquín Sabina, que se produjo al poco tiempo de abrir las puertas del local: “Serían las once y media cuando Manolo me dijo que un tipo quería hablar con el baranda. Salí de la cocina donde estaba terminando de fabricar un gazpacho y junto a la barra me encontré con un individuo carniseco, pero flamenco, con un voluminoso álbum de fotos bajo el brazo. Se presentó como vecino del barrio y confesó de manera desenfadada que su mujer le había informado acerca de la reciente apertura de nuestro pequeño local, al tiempo que le hacía ver la urgente necesidad de procurarse algunos ingresos para afrontar los apremios alimenticios de las próximas horas”.

Empezaron una colaboración que al principio se pagaba a 1.500 pesetas la noche y la mitad de la recaudación por las copas. “A las pocas semanas sus actuaciones en la cueva conocían un éxito muy por encima de nuestras expectativas y atraían a otros vocalistas y acróbatas, así como a un público devoto que celebraba generosamente sus interpretaciones”, explicaba.

Fueron muchos los que fueron llegando al local al socaire de las actuaciones y se quedaron. Entre ellos, Pancho Varona, un joven aspirante a funcionario que, a fuerza de acudir todas las semanas a las actuaciones, se hizo amigo de Sabina y acabó acompañándole en el escenario –y en la composición del repertorio– durante varias décadas.

Se unieron a la fiesta Javier Krahe y el bolerista Alberto Pérez. Las actuaciones de los cantautores se fueron haciendo cada vez más famosas, especialmente cuando el crítico Alberto Caffaratto les dedicó un elogioso artículo en la Guía del Ocio. Los cantantes, haciendo gala de guasa, le entregaron una noche un jamón de jabugo durante el transcurso de una actuación. Luego, vinieron las apariciones en el programa de García Tola, el revuelo nacional cuando Krahe pronunció por primera vez en pantalla la palabra 'gilipollas' durante la interpretación de Marieta… Y el resto es historia.

En La Mandrágora había mucho más que aquellos conciertos de los sábados, a los que a veces se apuntaba también el cantautor maño y discípulo de Labordeta Joaquín Carbonell. Otro de los espectáculos más recordados era el que desempeñaba Juan Tamariz, entonces uno de los jóvenes que estaba renovando la magia española. Allí tuvieron lugar también las proyecciones en Super-8 de Almodovar, que se recuerdan como desternillantes, o las de Jaime Chávarri. Había sitio para el tarot de Flora Pino o las representaciones teatrales de algunos de los grupos de teatro experimental que abundaban en la época.

Entre la clientela, podríamos anotar a los Alberto Corazón, Forges, Luis Eduardo Aute, Maruja Torres, Montxo Almendariz, Chicho Sánchez Ferlosio, Vainica Doble o Manolo Tena, entre otros.

La Mandrágora se enfrentó a problemas administrativos antes de su cierre. En 1980 el Ayuntamiento lo clausuró temporalmente por denuncias de ruido. El 18 de marzo, el diario El País publicaba una carta firmada por Joaquín Sabina, Juan Tamariz y otros abajo firmantes habituales de La Mandrágora:

“Esta vez, la represión económico-cultural la ha perpetrado el Ayuntamiento contra un local, La Mandrágora, en el que los abajo firmantes actuábamos, con regularidad unos, esporádicamente otros. Los muy reglamentarios y no menos confusos motivos por los que se ha decidido privarnos de unos minipuestos de trabajo y diversión, si se aplicaran coherentemente, y nadie pide esa coherencia, llevarían a clausurar centenares de discotecas, puticlubs, salas de fiesta, y, por supuesto, talleres, industrias, ayuntamientos, etcétera. Pero no; cerrarán La Mandrágora porque, en su pequeña dimensión, no es un local adocenado, sino con esquemas singulares, donde las sonrisas, risas y «risotadas» provienen de una actitud crítica no alineada. Ese cierre no es ético. Queremos que se nos abra La Mandrágora y una docena más de lugares similares”.

El sótano queda a la izquierda cuando uno baja al baño en el bar de pinchos que ocupa hoy el número 42 de la Cava Baja. Sin embargo, el espíritu de La Mandrágora sigue muy vivo en el imaginario colectivo y cada cierto tiempo es reivindicado por espacios de marchamo cultural que se quieren herederos de la experiencia de la Cava Baja. Es el caso de distintos espacios culturales con barra que, en las últimas décadas, han tratado de convertirse en refugio habitual de cuadrillas noctámbulas desafectas a las grandes pistas de baile.

Por ejemplo, de La Juntada de La Realidad Club, un Open Mic que comenzó el pasado 19 de febrero y pretende reunir con “el espíritu de La Mandrágora” cada dos jueves a poetas, músicos y artistas. Se anuncia como “espacio de resistencia cultural” porque la oposición en la ciudad de Madrid quizá está hoy en otras coordenadas diferentes a las que atravesaba la postransición, pero sigue habiendo espacio para una cultura contestataria.

Un mural para recordar el espíritu de La Mandrágora

Una medianera en la cercana plaza de Cascorro invoca, con colores desvaídos, al paisanaje de La Mandrágora. Cocktail Grand Luxe es un fresco humano encargado en tiempos de Tierno y pintado por el propio Enrique Cavestany en junio de 1983, con La Mandrágora ya cerrada.

El pintor incluyó en el mural de 17 metros de altura y 5 de ancho el rótulo verde del local y a mucha de la clientela; 35 personajes que desfilan por los puestos del El Rastro entre los que se distingue a Joaquín Sabina, Alberto Corazón, Juan Luis Cebrián o el propio Manolo Paniagua, que también tuvo puesto en el mercadillo y aparece tumbado.

Cavestany lleva más de veinte años intentando que el mural se restaure y a la empresa se unió también la asociación Nuevo Rastro. Durante el gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, se les instó a que incluyeran la propuesta en los presupuestos participativos, pero fue desestimada estar sobre una propiedad privada.

Posteriormente, ya con el Partido Popular en Cibeles, se anunció que la rehabilitación se haría en el segundo trimestre de 2020, pero con la pandemia se instauraron la excepcionalidad y el borrón y cuenta nueva. Aún se volvería a anunciar una vez más, hablándose incluso de un presupuesto de 40.000 euros y la colaboración de una entidad bancaria. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido la ansiada recuperación y los fantasmas de La Mandrágora se desvanecen poco a poco, a la vista de todos.

El último domingo marzo, una nueva protesta irrumpió en la plaza de Lavapiés. Decenas de personas se manifestaron en apoyo a Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y activista antirracista, días después de ser detenido frente a su casa por resistencia a la autoridad. La Policía Nacional lo trasladó a la comisaría junto a otras seis personas y, al ser puesto en libertad, Mbaye anunció su intención de presentar una denuncia ante lo que considera una operación “racista” y con tintes de “violencia policial”. En los últimos meses, e incluso años, los vecinos han acusado a las autoridades de una hipervigilancia respecto al barrio, con redadas habituales en un entorno multicultural. Pero ahora quieren cambiar el foco y situarlo sobre otros problemas cotidianos.

“Es una desfachatez”, opinan desde la plataforma Lavapiés al Límite, una suma de hasta 60 colectivos o entidades vecinales surgida en respuesta a la presión del barrio y centrada en reivindicar otros asuntos conflictivos además de la seguridad. Consideran que la presencial policial en la zona, con un 40% de población migrante según datos recientes del INE (Instituto Nacional de Estadística), es excesiva y “desproporcionada”, y anteponen otras complicaciones como la gentrificación, el encarecimiento de la vivienda o la escasez de espacios óptimos para la infancia.

Para trasladar esta petición al debate público han decidido ponerse manos a la obra. A mediados de febrero, convocaron a vecinos y medios de comunicación para presentar su estrategia: un calendario de manifestaciones temáticas para todo el año. Los miembros de Lavapiés al Límite denuncian que el concejal-presidente del distrito Centro, Carlos Segura, no les ha recibido desde su creación en 2024, y aseguran que en su seno coexisten agrupaciones de vecinos representativas del barrio, con propuestas firmes sobre asuntos de interés vecinal. Así que, para hacerse oír, harán un llamamiento cada mes para protestar en la calle por cada una de las preocupaciones que perciben en Lavapiés.

“+ churros, - aguacates”: un alegato contra la gentrificación

En febrero, coincidiendo con el fin de semana de San Valentín, iniciaron un recorrido desde el Casino de la Reina con unas mil personas advirtiendo de su gran problema diario: el precio de la vivienda. Con irónicos carteles que pedían “+ churros, - aguacates”, los vecinos señalaron un viraje en el modelo de barrio que abría paso a la turistificación o la adquisición de piso por parte de fondos y grandes rentistas para exprimir al máximo su valor. Otro protagonista del día fueron las redadas policiales, con simbolismos hasta en el punto de partida de la manifestación.

El 23 de octubre, el Casino de la Reina fue testigo de un altercado con la policía durante un partido de fútbol. Jugaba el Dragones de Lavapiés, un equipo alevín del barrio, y en las gradas había familiares que fueron a ver a sus hijos. En el marco de una macrooperación antidroga que comenzó esa tarde en la zona y en la que participaron un centenar de agentes, varios de ellos se acercaron a la pista y se llevaron fuera de el recinto a algunos padres, según confirmó el entrenador del equipo, para identificarlos y recopilar sus datos. La Policía Nacional defendió el operativo aunque lo desvinculó de un aumento puntual en las denuncias o alertas detectadas en la barriada. Desde Jefatura se habló de un barrio habitualmente conflictivo, donde “muchos fines de semana hay agresiones con arma blanca”.

Durante el mes de marzo se retomaron las protestas con nuevos protagonistas, como el impulso a las políticas feministas o la dedicación a la infancia. Varias personas cerraron una calle de Lavapiés al tráfico para “visibilizar la falta de espacios de juego”, en perjuicio de los más pequeños. El objetivo de abril serán el clima y la petición de espacios verdes, con una acción prevista para el día 19. Mayo pondrá la lupa en los espacios autogestionados del barrio, que alberga centros sociales okupados reconocidos como el CSO La Rosa o La Tabacalera, ambos integrados en la plataforma que convoca estas manifestaciones.

En este caso, la selección temática guiña un ojo al 15M, el movimiento ciudadano iniciado en mayo de 2011 que derivó en protestas y acampadas masivas en distintas plazas de España. Las asociaciones promotoras avanzan que habrá asambleas en las plazas de Lavapiés o acciones que pongan en valor los espacios okupados con actividades abiertas. Para el inicio del verano, en junio, se impulsarán motivos vinculados al Orgullo LGTBI, que ese mes llenará las calles de todo Madrid; mientras que en julio retomarán el debate de la vivienda.

Acciones paralelas y un calendario reivindicativo por confirmar

Otras iniciativas aún están por confirmarse o de momento no se revelarán al público para evitar boicots o interferencias. En paralelo, los vecinos tiran de otros proyectos de presión como el mapeo de los pisos turísticos en la barriada o el tejido de una red asociativa que se organice para mantener sus demandas a la orden del día. Las actualizaciones de última hora se anunciarán en redes sociales, así como futuras convocatorias para elevarse a ojos de la administración.

La detención de Serigne Mbaye ha vuelto a remover la indignación más de un mes después desde que el portavoz del Sindicato de Manteros se preguntara, sentado en una mesa junto a otros miembros de Lavapiés al Límite, qué era lo que definía verdaderamente al barrio y sus necesidades. “¿Es acaso la inseguridad una cortina de humo para echar a los vecinos y abrirse al capital extranjero? ¿La Policía es solvente en sus actuaciones? Creo que hay muchas preguntas que deberíamos hacernos, así que volveremos a la calle”, determinó aún sin saber que su futuro paso por comisaría despertaría una nueva oleada de críticas.

El Ayuntamiento de Madrid blindará las procesiones esta Semana Santa peatonalizando 22 calles en el entorno de parroquias ubicadas en Centro y Salamanca entre el 2 de abril, Jueves Santo, y el 5, Domingo de Resurrección.

Se busca garantizar la movilidad peatonal alrededor de las parroquias católicas más emblemáticas y concurridas de la ciudad en estas fechas habilitando siete áreas peatonales, seis de ellas en el distrito de Centro y una en el distrito de Salamanca, ha informado el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, en un comunicado.

El corte al tráfico de las 22 calles se producirá entre las 11 y las 21 horas de estos cuatro días. Además de las cortadas se verán afectadas otras 53 vías y plazas. Para el cumplimiento de las peatonalizaciones temporales, el Ayuntamiento habilitará un dispositivo extraordinario de 230 efectivos de Agentes de Movilidad que se sumará al personal ordinario.

Además una patrulla informativa realizará sus funciones a pie por las calles más frecuentadas para indicar a los ciudadanos cuáles son los itinerarios más recomendables, los aparcamientos más cercanos disponibles así como cualquier otra información relativa a la movilidad.

En todo momento se coordinarán con Policía Municipal, que llevará a cabo aquellos cortes de tráfico que, aun no estando previstos de manera inicial, pudieran ser necesarios para evitar aglomeraciones en aceras y calzadas.

La medida ha sido “un gran éxito” en las tres ediciones precedentes -asegura el Ayuntamiento- y persigue facilitar a los viandantes un tránsito cómodo en el entorno de los templos más visitados: la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas (Iglesia del Sacramento), la Basílica Pontificia de San Miguel, la Real Iglesia de San Andrés Apóstol, la Iglesia de San Pedro el Viejo, la Colegiata de San Isidro, la Iglesia de San Ildefonso, la del Santísimo Cristo de la Fe, la Basílica de Jesús de Medinaceli, la Capilla del Divino Cautivo de los Padres Escolapios y la parroquia de San Lorenzo.

Antonia tiene una pequeña nevera que gotea cada vez que abre. Se debate entre comprar otra o no, porque vive de alquiler en un piso de Lavapiés y el propietario no le cobra mucha renta, pero tampoco le paga sus electrodomésticos. Un día decide ir a una tienda y mirar modelos, pequeñitos, porque solo quiere guardar “cuatro ajos”, como dice ella.

Cuando va de camino, una vecina le llama y frustra los planes: su casero va a vender a un fondo buitre el piso de alquiler y las otras 51 viviendas con las que comparte escalera. Antonia se queda en shock y decide pausar la compra, para volver a recoger el goteo de su refrigerador y a su incierto futuro.

La siguiente escena -os estoy contando una película real- es con Antonia en la tienda de electrodomésticos, hablando con el dependiente y escogiendo su nueva nevera. Eligiendo resistir junto a otras vecinas. Quedándose con la esperanza.

La metáfora de la nevera es uno de los hilos conductores de Soy Tribulete 7, un documental recién sacado del horno, que tuve la suerte de ver el pasado martes en el Teatro del Barrio, donde se mostró al público por primera vez. Sus autoras, las periodistas Leah Pattem y Elisa González, se han pasado dos años grabando historias de los vecinos de este bloque, adquirido por el fondo Elix y ejemplo de los desahucios silenciosos que tienen lugar -a miles- en Madrid.

“Lo cotidiano que tenemos en el barrio lo están vendiendo y lo están destruyendo. Están echando a nuestros vecinos para traer a turistas y queremos que se oiga”, explicaba Elisa durante la presentación sobre los procesos económicos que amenazan espacios como este edificio, cuyos habitantes son la pura esencia de Lavapiés, el ADN que compone Madrid.

Lo que pasa en Tribulete 7 lleva mucho tiempo apareciendo en los medios de comunicación. Somos Madrid lo ha contado varias veces, incluyendo la última gran victoria vecinal: la de sentar en el banquillo por acoso inmobiliario al fondo buitre, acusándolo de llevar a cabo molestas obras de reforma con intención de echar a los vecinos. De momento han conseguido expulsar a la mayoría: solo quedan 15 de los 52 alquilados. Pero los inquilinos prometen quedarse todo lo que puedan.

La historia de su lucha se hubiera podido perder en el tiempo, pero gracias a este magnífico documental podrá pervivir y enseñar a otros el camino para resistir ante la voracidad inmobiliaria. La película, que tiene un enorme trabajo de grabación y montaje detrás (hay más de 1.000 horas de material, condensado en 53 minutos), acaba de echar a rodar y su camino de exhibición va a ser largo. También costoso.

De momento sus impulsoras están vendiendo carteles ilustrados del documental para financiar los siguientes pasos y ofrecen proyecciones gratuitas. En la web oficial del documental tienes más información sobre ellas, así como en el email de contacto (soytribulete7@gmail.com) y en sus redes sociales, donde acaban de estrenar un tráiler que te deja con ganas de conocer más historias. No desvelo ninguna otra porque merece la pena sentarse a verlas y escucharlas.

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La Comunidad de Madrid ha decidido proteger los inmuebles de la calle Cabestreros que iban a ser derribados para construir en su lugar un hotel cápsula. El Gobieron de Ayuso solicitará al Ayuntamiento la protección ambiental de este lugar, donde se encontraba el restaurante senegalés Baobab, al inicio de la calle Cabestreros.

Según trasladan fuentes del Ejecutivo autonómico a Europa Press, la Dirección General de Patrimonio Histórico ya habría estudiado la petición municipal para dar su criterio en torno a este conjunto, adelantada este lunes en Somos Lavapiés y han avanzado que se solicitará para el mismo la protección ambiental.

Este grado de catalogación se aplica a edificios que contribuyen al carácter histórico o paisajístico del entorno urbano y cuyo valor reside principalmente en su integración en el paisaje de la calle o del barrio. Actualmente el edificio no cuenta que con ningún tipo de protección urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana.

Tanto la sociedad civil como el Grupo Municipal Socialista intentaron frenar una demolición que suponía “un atentado patrimonial”, como ahora acaba de ratificar la Comunidad. El concejal Antonio Giraldo aseguró que los edificios derribados podían ser casas señoriales que dataran al menos del siglo XVII. Por este motivo, decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía Provincial, al igual que hizo la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, fue preguntada por la noticia avanzada por este periódico e indicó que en el Consistorio todavía no tenía “ninguna novedad” en torno a este trámite. “La Comunidad está estudiando ese expediente y, por lo tanto, en el momento en el que nos trasladen cuál es su opinión, pues actuaremos en consecuencia”, aclaraba a los medios tras la presentación de los nuevos vehículos del Cuerpo de Bomberos.

Los antiguos edificios de la calle Cabestreros que el PSOE intentó defender en los tribunales a principios de año se salvan, de momento. La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid está estudiando su valor patrimonial después de ordenar al Ayuntamiento que comunicara la detención de la obra a la empresa responsable, según información a la que ha tenido acceso este periódico.

El proyecto turístico sobre los números 1 y 3 de Cabestreros, una vía situada en el corazón de Lavapiés, salió a la luz pública a finales de año. Fue entonces cuando se supo que la empresa propietaria tenía intención de levantar allí un hostal con 260 habitaciones tipo cápsula. Para hacerlo, antes tenía planificado echar abajo los dos edificios antiguos, de los que no quedaría ningún resto.

Aunque los planes se conocieron en plenas navidades, numerosas asociaciones y particulares alertaron de la pérdida para el patrimonio de Madrid que podría suponer el derribo de las dos casas. Una de ellas era muy conocida en la zona por haber alojado en su día el Baobab, un popular restaurante senegalés. Su cierre coincidió con el inicio de los trámites para un proyecto urbanístico que fue aprobado primero en 2020 y luego en 2025, modificado, cumpliendo todos los trámites sin tener en cuenta el posible valor de los inmuebles, que no estaban catalogados.

Pero el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid escuchó la alarma patrimonial y solicitó de urgencia al área de Urbanismo que valorara su protección el 9 de enero, luego acudió a la Fiscalía a denunciar los hechos. Para entonces, la empresa encargada de la demolición ya se estaba preparando y los acontecimientos se precipitaron: el consistorio se dirigió a la Comunidad de Madrid después de recibir el escrito del PSOE y la Consejería de Cultura ordenó, unos días después, detener la obra. El Ayuntamiento se lo comunicó a la empresa. Pero algo falló.

La mañana del día 14 de enero los obreros empezaron a desmontar el tejado de Cabestreros 1, pese a que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, había reclamado la paralización el día anterior. Los vecinos alertaron de lo que estaba sucediendo desde casi el amanecer, mientras algunos veían una estrategia de los inversores para conseguir el derribo por otras vías: “Se han dado prisa para cargarse el tejado del edificio más antiguo. El siguiente paso, declaración del inmueble en ruinas y para adelante”, lamentaba un vecino entonces.

Finalmente, el Ayuntamiento notificó la suspensión in situ, ante la mirada del concejal Antonio Giraldo, quien se implicó personalmente en salvar el edificio, acudiendo varias veces al lugar y también a la Fiscalía. Hoy, en conversación con este periódico, recuerda cómo empezó todo: “Se pusieron en contacto conmigo arquitectos, expertos en patrimonio, la gente de MCyP... y empezamos a indagar, a buscar documentación, porque desde hace mucho pensábamos que el edificio tenía valores suficientes para no liquidarlo diciendo que no estaba en el catálogo”.

Giraldo cree que su existencia puede datar al menos desde 1656, porque aparece en el plano de Pedro de Teixeira, fechado ese año y que recoge minuciosamente numerosas construcciones del Madrid antiguo. Ahora la Comunidad de Madrid indicó —en el requerimiento para detener la obra— que los dos edificios podrían corresponderse con casas señoriales del Siglo XVII y que, en ese caso, serían consideradas Bien de Interés Patrimonial.

“Nos da tranquilidad que la Comunidad de Madrid vaya a encargar un estudio en profundidad, es la guardiana de estos bienes y hay buenos técnicos trabajando allí”, apunta el edil de la oposición. Sobre el resultado final de este proceso, advierte de las posibilidades: “A lo mejor no es una protección al máximo, pero tal vez puedan forzar la modificación del proyecto para mantener cierta parte del volumen del inmueble y hacer un recrecido... Tienen un abanico de posibilidades entre la demolición total y el mantenimiento íntegro, ya se verá”.

Apunta Giraldo que, no obstante, el Ayuntamiento “podría directamente incorporarlo en el catálogo, sin ningún problema, pero ha decidido pasarle la pelota a la Comunidad”. Y recuerda que “estos días estamos hablando de lo que pasó con las Cocheras de Cuatro Caminos, que se echaron abajo con una licencia concedida a toda prisa, sin sentencia firme del Tribunal Supremo, donde había mucha gente advirtiendo de sus valores patrimoniales, y se acabó demoliendo”.

El concejal del PSOE valora otras actuaciones que sí que ponen en valor el patrimonio industrial, como la construcción de unas viviendas en Carabanchel con la pervivencia de parte de la estructura de la fábrica que había allí antes, un proyecto que el propio Ayuntamiento presentó hace unos días. “Parece que el patrimonio solo interesa cuando es rentable económicamente”, se queja Giraldo. Y deja esta reflexión: “Al final la crítica aquí es que siempre tiene que estar la sociedad civil o los grupos políticos vigilando todo para que, en algún caso, los que gobiernan reaccionen y se den por aludidos. Demoler debería ser algo excepcional, como marca la ley”.

Ya hay acuerdo para relanzar el CSA Tabacalera, en Lavapiés, contando con la presencia de entidades vecinales. El complejo volverá a acoger el tejido asociativo del céntrico barrio de Madrid a finales de 2026. Así lo han acordado el Ministerio de Cultura, titular del inmueble, y representantes del colectivo Remontada Tabacalera.

Se prevé que dos edificaciones, anexas al edificio principal, estén disponibles para estos usos asociativos en el último trimestre de este año después de las obras de rehabilitación que llevará a cabo el Ministerio de Cultura, a cargo de su presupuesto. Se trata de las naves Trapecio y Trastocados/Metrópolis (de 512 y 288 metros cuadrados) dentro del complejo de Tabacalera, que serán rehabilitadas integralmente para garantizar su adecuación para el uso y que cumplen todas las garantías de seguridad.

La cesión formal se hará al CSA La Tabacalera, de acuerdo con los colectivos y asociaciones que forman parte del colectivo Remontada Tabacalera, entre los que se encuentran el propio CSA y otras entidades como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, 8M Lavapiés, la Oficina de urbanismo social o Red Interlavapiés.

Según ambas partes han acordado, estos espacios serán autogestionados por el CSA La Tabacalera, en colaboración con asociaciones vecinales del barrio de Lavapiés. Con este compromiso, se recupera un espacio fundamental para el uso comunitario y cultural en el centro de la ciudad de Madrid, privilegiando la función social y apertura al público de esta dotación con independencia de la residencia y centro artístico que la cartera liderada por Ernest Urtasun planea impulsar en el resto del recinto.

El Sindicato de Inquilinas lo celebra: “Recuperamos para la ciudad la Tabacalera”

El Sindicato de Inquilinas ha celebrado el acuerdo en una nota remitida a los medios de comunicación: “Gracias a la negociación y movilización de los movimiento sociales de la ciudad, el acuerdo se ha desbloqueado, formalizando el uso del espacio a través del convenio existente e incorporando las modificaciones necesarias para adaptarlo al momento actual del proceso”.

Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato, cree que con este compromiso consiguen “un espacio que había sido arrebatado a los movimientos sociales y que es fundamental para los vecinos de Lavapiés y de todo Madrid”. Opina que “se abre un nuevo paradigma del modelo de ciudad que vamos a construir”.

En el escrito detallan el enfoque que Remonta Tabacalera dará al proyecto: “Se plantea una visión de colaboración amplia junto al CSA Tabacalera y otros movimientos y colectivos sociales del territorio, articulada en torno a tres ejes estratégicos: la cultura de base autogestionada, el sindicalismo social y la economía solidaria”.

En las negociaciones se ha acordado entender este proceso como “una oportunidad para incorporar la participación ciudadana en la rehabilitación del edificio con una perspectiva de regeneración urbana en su contexto territorial y ampliar derechos culturales y sociales de las personas que habitan y atraviesan Madrid”. Señalan que, “por todas las partes”, se ha manifestado “una aspiración para explorar formas innovadoras y contemporáneas de gestión cultural y urbana acorde al momento actual y a los retos sociales que afrontamos.

Casi tres siglos de historia en el corazón de Lavapiés

Situado en el número 53 de la calle Embajadores, el complejo de Tabacalera está formado por diversas edificaciones, ocupando una superficie total de más de 21.000 metros cuadrados. Tabacalera se ubica en la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid, cuya construcción tuvo lugar entre 1780 y 1792 y que perdió ese uso a finales del siglo XX.

Adscrito al Ministerio de Cultura desde 2003, ese mismo año el edificio se abre al público como espacio centrado en la exhibición y la programación de actividades. Entre 2010 y 2021 desarrolla un programa permanente de exposiciones temporales y de actividades en torno a la fotografía, el arte contemporáneo y las artes visuales. Actualmente el complejo de Tabacalera se encuentra en proceso de rehabilitación arquitectónica y reforma integral de las instalaciones para adecuar el edificio a su futuro uso como centro de producción y residencias artísticas, en la línea de otros centros internacionales.

En marzo de 2025, un Real Decreto oficializó la creación del Centro de Producción y de Residencias Artísticas Tabacalera. Este futuro Centro Tabacalera es un proyecto estratégico del Ministerio de Cultura y está dirigido a la reactivación del tejido creativo, promoviendo un espacio de investigación artística e intercambio de experiencias entre artistas, en colaboración también con las comunidades autónomas. El proyecto aspira, asimismo, a ser una institución abierta al barrio de Lavapiés, un propósito relanzado con este acuerdo.