La asociación Salburuko Harrera Sarea, que lleva meses apoyando a los refugiados malienses en las calles del barrio de Salburua de Vitoria frente a la comisaría de la Policía Nacional, donde hay un tapón burocrático en las citas para hacer valer son condición, ha llamado a la “colaboración” vecinal para atender una “emergencia humanitaria” que se viene dando desde el verano de 2025. Alertan, por ejemplo, de que con la llegada del tiempo más caluroso es posible que sean cerrados los dispositivos extraordinarios para las pernoctas que llevan algunas semanas cubriendo una parte de la demanda, dos parroquias de la Iglesia católica, las de San Joaquín y Santa de Salburua y la de Nuestra Señora de las Nieves en Arambizkarra. Asimismo, han activado también una cuenta corriente para captar donativos, la ES92 3035 0320 69 3201036515, porque se precisa comida, bolsas, ropa y calzado o utensilios de aseo.

Salburuko Harrera Sarea, en el acto que ha sido su presentación en sociedad, aunque ya funcionaba en redes sociales y ámbitos vecinales, ha lamentado que sea una plataforma ciudadana la que provea de atención a estos migrantes ante la dejadez de las instituciones. Han asegurado, por ejemplo, que en casi un año no tienen constancia de que la alcaldesa, Maider Etxebarria, el diputado general, Ramiro González, la consejera del ramo, Nerea Melgosa, u otras autoridades hayan pasado por la zona a conocer esta realidad. Reclaman “una respuesta a la altura de esta emergencia humanitaria” y, sobre todo, teniendo presente que en verano puede que se incrementen las llegadas y, a la vez, desaparezcan los espacios cerrados y seguros para dormir, que son los dos templos y la propia asociación vecinal, unas 50 plazas en total. Fuentes de la Iglesia católica confirman que eran instalaciones puestas en marcha para la temporada de frío y señalan que próxamente se tomará una decisión sobre su continuidad o no, aunque aseguran que la compartirán tanto con los colectivos de apoyo como con los propios afectados.

La acumulación en las calles de Vitoria de personas de Malí, un país sumido en conflictos internos y que expulsa a su población, viene siendo una constante desde el pasado verano como antes lo fue en zonas de Donostia. Las citas que ha de ofrecerles la Policía Nacional, cuerpo con competencias en materia de documentación y extranjería, son limitadas y se ha generado un tapón. Sin esa primera atención, no es posible acceder al circuito al que tienen derechos los refugiados. Asier Etxenike, uno de los portavoces de Salburuko Harrera Sarea y vestido con una camiseta de 'Inor ez da ilegala', ha manifestado que la Policía incluso ha cambiado el sistema de reparto de citas, eliminando la tramitación presencial y abocando a personas que no dominan los idiomas oficiales a trámites digitales y que, además, están sujetos a especulación porque hay un “numerus clausus” de turnos cada vez que se ponen a disposición. Es un “proceso especialmente complejo y opaco”, ha agregado su compañera Cristina Riega.

La red, que se dice inspirada en la creada en su día en Irún para atender a los afectados por las devoluciones en caliente que practica Francia en la frontera con Hendaya, hechos documentados por vez primera por este periódico en 2018, sostiene que son un “parche” que sustituye a la ineficacia de las “respuestas públicas”. Por ello, piden la “creación urgente de una mesa institucional” con el Estado, con el Ayuntamiento, con la Diputación y con el Gobierno vasco, así como con entidades sociales como CEAR o Zehar-Errefuxiatuekin, que llevan también meses encima de este asunto, al igual que otros colectivos sociales que colaboran con los malienses.

Etxenike ha recordado que, dada la alta rotación de este colectivo, “igual han llegado más de mil personas” en los últimos meses procedentes de Malí. Ha destacado su buen comportamiento, todo lo “positivo” que aportan al barrio. La red, en todo caso, lamenta que la formación de ultraderecha Vox haya usado esta realizada para sus campañas políticas xenófobas, incluso usando sin consentimiento de los migrantes sus imágenes. En paralelo, han brotado protestas por la inminente apertura en la cercana Arana de un centro de refugiados de 200 plazas.

Salburuko Harrera Sarea prepara una “asamblea abierta” en el barrio, uno de los más populosos de Vitoria después de Zabalgana o Lakua, para seguir haciendo un análisis de las “necesidades” e ir concretando las “próximas acciones”. Han pedido a las personas interesadas en sumarse a la red solidaria que contacten por redes sociales o por correo electrónico o bien que hagan aportaciones económicas en la cuenta bancaria habilitada.

Tras su llegada a España desde los campamentos de refugiados saharauis, Ezza pensaba que la larga espera podía tener una salida. Después de más de un año atrapada en el proceso de apatridia, creyó que la regularización extraordinaria le abriría una puerta: trabajar, dejar de depender de la familia de su hermana, poder viajar al campo de El Aaiun (Tinduf) para ver a su hija mayor. Pero este martes una noticia volvió a colocar su vida en pausa: el Gobierno había excluido finalmente a los solicitantes de apatridia de la medida. “Yo pensaba pedirla, pero los saharauis no pueden. Otra vez nos vuelven a castigar a los saharauis”, dice a elDiario.es desde Asturias, donde vive acogida por su hermana.

La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre los saharauis que llevaban semanas siguiendo de cerca el desarrollo de la medida, como Ezza. Los solicitantes de apatridia sí figuraban en el último borrador de la norma pero el texto definitivo les ha dejado fuera en el último momento, pese a que quienes piden la apatridia suelen esperar durante años la respuesta del Gobierno, en una situación administrativa más incierta que los demandantes de protección internacional, según explica el abogado Sidi Talebbuia. Mucos saharauis perciben el giro de última hora como un nuevo golpe el Gobierno de Pedro Sánchez al pueblo del Sáhara Occidental, después del cambio de posición de España con respecto a la causa, pese a la responsabilidad histórica del país en la antigua colonia española.

Razones que no se corresponden con la realidad de los saharauis

El Gobierno ha justificado la exclusión apoyándose en el dictamen del Consejo de Estado, que cuestiona la inclusión de perfiles cuya situación administrativa ya está en proceso de resolución, como es el caso de los solicitantes de apatridia. Según esta argumentación, incorporarles al mecanismo extraordinario podría generar “inseguridad jurídica o solapamientos entre procedimientos”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, justificó la decisión asegurando que las personas apátridas no están en situación irregular. España es de los pocos países que tiene un estatuto específico que protege a las personas apátridas“, afirmó en una entrevista en la Cadena Ser.

Sin embargo, la titular de Migraciones parecía confundir las personas que ya cuentan con el estatuto de apatridia reconocido con los solicitantes. Del mismo modo que no es lo mismo ser solicitante de protección internacional (para los que sí está destinada la regularización) que refugiado (para los que no). Además, Saiz afirmó que la población saharaui está “protegida”, una afirmación falsa, dada la precariedad en la que se encuentran los solicitantes de apatridia saharauis, mucho más vulnerable en comparación con las garantías del sistema de asilo.

Distintos informes han documentado las dificultades específicas que enfrentan los solicitantes de apatridia en España durante la tramitación de sus expedientes. El Índice de Apatridia en España 2023, elaborado por la Red Europea sobre Apatridia con participación de entidades como la Fundación CEPAIM, advierte de que estas personas encuentran obstáculos para acceder a derechos básicos mientras esperan una resolución. El informe señala que la apatridia genera una situación de “anomalía legal” que se traduce en barreras para el acceso al empleo, la sanidad o las ayudas sociales, en un contexto en el que los procedimientos pueden prolongarse durante años sin que exista un marco de protección equiparable al de otros colectivos migrantes.

Para el abogado Sidi Talebbuia, saharaui y especialista en apatridia, la explicación carece de sentido práctico. “La ministra dice que los apátridas cuentan con un procedimiento propio, pero los solicitantes de asilo también, y además es mucho más garantista que el de los apátridas, así que no se sostiene”, zanja el letrado. Mientras los demandantes de protección internacional se les concede una serie de documentos que prueban su situación regular en el país y, tras seis meses, pueden trabajar, los saharauis carecen con estos derecos en España, sino que mientras aguardan la respuesta definitiva de su petición durante años, se quedan en una especie de “limbo jurídico”, detalla el jurista. “No tienen derecho al trabajo, ni se les documenta. Antes se notificaba en comisaría y se les daba una tarjeta verde, pero eso ya no se hace desde hace años”, explica.

Las afirmaciones de Saiz han sido respondidas por la diputada saharaui de Más Madrid, Tesh Sidi. “La ministra ha dicho que los saharauis estaban protegidos. ¿Protegidos con qué? ¿Con carecer de papeles durante más de tres años, sin poder comer, sin poder trabajar, sin poder acceder a un centro de salud, con la incertidumbre de no saber dónde está tu expediente? ¿Eso es estar protegido?”, ha declarado.

La realidad de Ezza

El caso de Ezza evidencia el contexto aportado por Talebbuia. La mujer saharaui, de 31 años, llegó a España el 21 de julio de 2024. Tres meses después, el 17 de octubre, solicitó la apatridia. “Desde hace un año y siete meses estoy en trámite, pero aún no me han respondido. Y sigo así, sin documentos, sin poder trabajar, sin nada”, explica. En ese tiempo, apenas ha recibido noticias de su expediente. Era un requerimiento habitual: acudir a comisaría, acreditar su documentación y seguir avanzando en el procedimiento, explica. El proceso sigue sin resolverse. 

Agotada con la espera, Ezza quería acogerse a la regularización como una solución a su situación, pese a que supusiese renunciar a la apatridia, un estatus que, de concederse finalmente, le aportaría mayores derechos y un permiso de residencia permanente en España. “Pero esta espera es casi inviable. Por eso lo más importante para mí es tener unos papeles para trabajar y vivir con la hija tranquila, sacarla adelante y poder viajar para ver a mi otra hija”, explica la saharaui. “Nunca pensé que todo iba a tardar tanto. Dejé a mi hija con dos años y ahora tiene cuatro”, ejemplica la mujer. Su niña menor nació en España y ya cuenta con nacionalidad española.

El día a día de Ezza no encaja con la “protección” con la que dice la ministra que cuentan los saharauis como solicitantes de apatridia. Su vida cotidiana transcurre en condiciones indignas en Asturias. Vive en casa de su hermana, en un piso pequeño donde conviven ocho personas. “Es un apartamento de dos habitaciones. Vivo con mi hermana, su marido, sus cuatro hijos, yo y mi hija, describe la saharui. No está empadronada allí. Tampoco tiene ingresos. ”No tengo nada… ni ayuda, ni empadronamiento... lo tenía pero tenía que pagar alquiler y ahora no puedo. Y en casa de mi hermana no puedo empadronarme porque es familia numerosa, ya vive mucha gente y no es posible“, explica.

Ese limbo administrativo se prolonga durante largos periodos que van de los dos a los tres años. En ese tiempo, aunque su situación no es de irregularidad, tampoco pueden construir una vida normalizada. A diferencia del procedimiento de asilo, regulado con mayor detalle, el de apatridia se rige por un reglamento de 2001 que deja amplios márgenes de discrecionalidad a la Administración. “Se les podría documentar, es potestativo, pero España dejó de hacerlo desde la pandemia. Mientas que la ley de asilo sí obliga a entregar esa documentación temporal”, subraya el abogado.

Talebbuia sospecha que la situación de los solicitantes de apatridia en España trasciende lo jurídico. La mayoría de ellos son saharauis, personas cuya documentación procede de la República Árabe Saharaui Democrática, un Estado que España no reconoce. “Ahí hay un problema político evidente. No quiere enfadar a Marruecos”, sostiene.

Mientras Ezza describe su situación se escucha a su hija, también a su hermana y a su cuñado, además a otros niños de fondo en el pequeño piso donde viven todos juntos. Recuerda una paradoja: “Yo incluso debería tener la nacionalidad española porque mi padre la tenía por haber nacido en una provincia española (Sáhara Occidental), pero ¿por qué no nos tratan igual que a quienes vienen de otras excolonias españolas como los países de America Latina?”, critica la saharaui, como tantos otros, atrapada entre un procedimiento que no termina y una regularización que, cuando parecía abrirse, ha vuelto a cerrarse.

Durante casi dos décadas, un banco de aeropuerto fue el hogar de Mehran Karimi Nasseri. Este refugiado iraní vivió entre 1988 y 2006 en la terminal del Aeropuerto Charles de Gaulle, en Francia, atrapado en una situación administrativa extraordinaria: no tenía documentos válidos para entrar en el país ni para viajar a otro destino.

Nacido en 1945 en la provincia iraní de Juzestán, Nasseri llegó a Europa tras abandonar su país y pasar por varios procesos migratorios. Durante años vivió en Bélgica como solicitante de asilo, pero tras perder sus documentos se encontró en una situación jurídica imposible: varios países europeos lo rechazaron por no cumplir los requisitos de entrada, mientras él tampoco podía regresar fácilmente a su lugar de origen.

Ese vacío legal lo dejó literalmente varado en el aeropuerto de París. Allí se instaló en la Terminal 2F, rodeado de carritos con sus pertenencias, donde pasaba los días leyendo periódicos, escribiendo cuadernos sobre su vida y conversando con empleados y viajeros.

Un limbo jurídico que inspiró a Hollywood

La historia de Nasseri terminó llamando la atención de periodistas y cineastas. Su vida inspiró la película The Terminal, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, que recrea la historia ficticia de un viajero atrapado indefinidamente en un aeropuerto.

El caso se convirtió en un ejemplo mediático de las paradojas del sistema migratorio internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado en diversos informes que los refugiados pueden quedar atrapados en “zonas de tránsito” cuando surgen problemas de documentación o reconocimiento legal entre distintos países.

Investigaciones académicas sobre movilidad y fronteras publicadas por la International Organization for Migration describen situaciones similares como ejemplos de “limbo migratorio”, donde las personas quedan fuera de los sistemas legales de varios Estados al mismo tiempo.

Entre la burocracia y la rutina diaria

En 1999, tras años de gestiones, Francia le concedió el estatus de refugiado y el derecho a permanecer en el país. Sin embargo, Nasseri continuó viviendo en el aeropuerto durante años, en parte por la complejidad de regularizar su situación y en parte por costumbre.

Su rutina era conocida por empleados y pasajeros. Dormía en un banco, utilizaba los baños de la terminal y recibía comida ocasional de trabajadores del aeropuerto. Con el tiempo, incluso adoptó el nombre de “Sir Alfred”, como se presentaba ante los periodistas.

Estudios sobre desplazamiento forzado y salud mental publicados en revistas como The Lancet Public Health han documentado cómo la incertidumbre prolongada en procesos de asilo puede generar fuertes impactos psicológicos y alterar la percepción del hogar o la estabilidad personal.

En 2006 Nasseri abandonó finalmente el aeropuerto tras ser hospitalizado por problemas de salud. Durante años vivió en albergues y residencias en París, financiándose en parte con el dinero recibido por los derechos de su historia.

Pero su vínculo con el lugar que lo hizo famoso nunca desapareció. En 2022 regresó al aeropuerto Charles de Gaulle, donde murió a los 77 años. Su vida, marcada por documentos perdidos y fronteras burocráticas, se convirtió en una de las historias reales más extrañas del mundo contemporáneo: la de un hombre que vivió casi veinte años en tránsito sin llegar nunca a salir del aeropuerto.

La apacible cotidianidad de Cartes, un municipio de Cantabria que no llega a los 6.000 habitantes a la vera del río Besaya y limítrofe con Torrelavega, se ha quebrado repentinamente con el anuncio de abrir un centro para los menores extranjeros que vienen de Canarias. Una decisión del Gobierno autonómico del PP que la alcaldesa del PSOE ha calificado de “castigo”.

Cartes, en los últimos años, solo había llamado la atención por sus excesos navideños. En una ocasión instaló el que supuestamente era el árbol de Navidad más alto del país, de 65 metros de altura, y en otra, un trineo de Papá Noel volador. Se trata de uno de los pocos municipios que quedan en Cantabria teñidos de rojo. Diez de los trece concejales en la Corporación municipal son del PSOE, otros dos del Partido Popular y el último del PRC.

En las últimas elecciones autonómicas, las de 2023, se impuso el Partido Popular y la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, tomó las riendas de la comunidad con un Gobierno en minoría.

Una de sus primeras iniciativas fue renunciar a hacer un centro de acogida de refugiados en otro municipio, gobernado por un alcalde también del PP, que el Ministerio de Inclusión y Migraciones iba a financiar con 30 millones de euros provenientes de fondos europeos. Gracias a un acuerdo firmado con el propio Gobierno de Cantabria en la legislatura anterior, cuando los asuntos sociales estaban gestionados por el PSOE en un Ejecutivo de coalición con el PRC.

Camargo, un municipio de 30.000 habitantes, votó en un pleno que prefería dedicar el viejo edificio del psiquiátrico de Parayas, donde se pensaba construir el centro de acogida, a un centro para personas mayores. “España es muy grande, los refugiados se pueden acoger en muchos lugares, pero a nuestros mayores hay que atenderlos en Cantabria”, argumentó entonces la presidenta autonómica del PP. El rechazo abrió una fuerte polémica. “Rozan la xenofobia”, denunció el PSOE sobre estas declaraciones.

La presidenta anunció, entonces, que los presupuestos de 2024 incluirían una partida para definir el “proyecto sociosanitario” que se comprometió a poner en marcha durante la presente legislatura. Hace poco se confirmó que el Gobierno sigue meditando qué va a hacer con el edificio. No se ha movido ni un papel cuando resta poco más de un año para que los cántabros vuelvan a las urnas.

En paralelo, el Gobierno del PP ha recurrido todos los traslados de menores extranjeros que llegan a la comunidad, dentro del reparto impulsado por el Estado que se hace entre autonomías para aliviar la situación migratoria de Canarias.

Hasta aquí todo se desarrolló de la forma esperada. El PP con su discurso en contra de la acogida y el PSOE con su discurso a favor. Hasta que el Gobierno de Cantabria ha anunciado esta semana la compra de un edificio en Cartes para construir un centro de acogida y la alcaldesa socialista, Lorena Cueto, ha calificado de “castigo” que instalen a los menores extranjeros en su pueblo.

“Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno”, ha sentenciado la regidora municipal en un mensaje difundido en su red social de Facebook. Una reacción que comparte la portavoz regionalista del municipio y que ha sacudido al pueblo.

Entre los argumentos para rechazar este centro –que acogerá a una veintena de menores procedentes de Canarias– la alcaldesa apela al hecho de que el centro estará en el Camino Real, la calle principal de la localidad. “No hay que olvidar que Cartes es un Conjunto Histórico de Especial Protección”, apostilla para refrendar su argumento.

La regidora ha criticado que se trata de una decisión “unilateral” del Gobierno liderado por Buruaga, “que jamás ha consultado ni acordado con el Ayuntamiento de Cartes”.

“Estamos en contra por la forma y por el fondo”

“Estamos en contra por las formas y por el fondo con el que el Gobierno de Cantabria está gestionando este asunto: oscurantismo, sin consultar, sin negociar y sin acordar nada con el Ayuntamiento; y lo más importante, de espaldas a los vecinos y vecinas”, insiste la alcaldesa.

La dirección del PSOE de Cantabria ha tratado de templar la reacción de su alcaldesa matizando que lo que se denuncia en Cartes “no es la elección del municipio sino la opacidad, el oscurantismo y la deslealtad con la que el Gobierno lo ha gestionado”.

No obstante, la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, tampoco considera Cartes una elección afortunada para poner el centro de menores. Al igual que la alcaldesa, ha reiterado en que “el Camino Real forma parte de un Conjunto Histórico de Especial Protección”.

“Cualquiera que conozca Cartes y el Camino Real saben que Buruaga miente cuando justifica la ubicación en un modelo de integración y no de aislamiento porque en esa zona viven unos pocos vecinos de avanzada edad y lo único que están haciendo es aislar a esos niños y niñas”, ha justificado la portavoz socialista.

Quiñones ha subrayado el rechazo a la ubicación aludiendo a que “hay una clara intencionalidad política de menoscabar la imagen de gestión municipal al no realizar la colaboración previa para una buena acogida”. “No hay opción, estamos cumpliendo una imposición de Sánchez”, ha replicado la presidenta del PP.

¿Por qué se ha elegido Cartes?

Más allá de la sorpresiva reacción de rechazo de los socialistas hay un mar de fondo político que hilvana la historia. Los vecinos de Cartes votaron por mayoría absoluta al ya exalcalde Agustín Molleda, que hace unos meses cedió el bastón de mando a su compañera Lorena Cueto para convertirse en secretario de Organización del PSOE de Cantabria.

No tardó en ser protagonista de un escándalo mayúsculo cuando un medio de comunicación local desveló que él y su hermana obtuvieron sendas plazas fijas de funcionarios en un concurso de méritos que convocó siendo alcalde. En su caso, se trataba de un puesto de encargado de mantenimiento.

Buruaga dijo que era “una corrupción de libro” y Molleda la llevó a los tribunales, aunque quedó en un acto de conciliación. La presidenta no se desdijo, pero Molleda consideró que sí. El asunto no fue más allá. Ahora no faltan voces que consideran que este episodio ha podido influir en la elección de Cartes, entre los 102 municipios cántabros, para instalar el centro de menores en el corazón del pueblo.

La alcaldesa que sustituyó a Molleda dice que va a presentar batalla. Por lo pronto, los vecinos se están movilizando para acudir al próximo pleno y exigir que se instale en otro lugar. Se puede dar la paradoja de que Cartes sea un municipio a contracorriente, donde los concejales del PSOE rechacen tener un lugar de acogida de menores extranjeros y los ediles del PP apoyen una iniciativa que impulsa su partido desde el Gobierno.

GAZA... t'estimo! es mucho más que una muestra fotográfica documental sobre la vida en Gaza antes de octubre de 2023. Incluso mucho más que una exposición del arte de Shareef Sarhan (Gaza, 1976) en la que este creador imprime por la técnica de “transfer” sus fotografías a bloques de hormigón, ladrillos rojos o azulejos. GAZA... t'estimo! es el testimonio visual de un mundo de ayer, de una realidad que comenzó a morir en octubre de 2023. Tal como lo expresa el propio artista, en cada piedra serigrafiada, en cada bloque de hormigón representado, “se esconde la memoria de las personas que habitaron los edificios y las calles de Gaza”.

La muestra, que puede visitarse en el Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona hasta el 14 de marzo, recoge un compendio de imágenes tomadas por Sarhan a lo largo de su carrera y transferidas a distintos soportes como ladrillos, azulejos o especialmente bloques de hormigón que simbolizan los restos de los edificios destruidos en Gaza por los bombardeos israelíes. Xavier de Luca, comisario de la exposición y cofundador de la ONG Jiser (“puente” en árabe), explica que “Shareef utiliza especialmente cemento porque es el material que más se reciclaba en Gaza, ya que se recogía el polvo de cemento de los edificios derruidos por el ejército israelí para construir de nuevo; por tanto, él considera que acumula la memoria de miles de personas”.

A esta “memoria del cemento”, Sarhan –que es miembro fundador del colectivo Shababik de Gaza para el arte contemporáneo y miembro de la Asociación de Artistas de los Estados Unidos de América, y ganó además el premio de ánimo en 2007 y el premio de bronce en 2008 en el concurso de la Unión de Fotógrafos Árabes– añade su inmenso archivo fotográfico, debido a su trabajo como fotógrafo documental para organizaciones como la ONU. Gracias al citado archivo, en 2012, editó el libro de fotografías Gaza vive, donde reivindica precisamente esa vitalidad social ahora desaparecida.

Testimonio de un genocidio a todos los niveles

El testimonio de Shareef Sarhan es desolador a pesar de que el artista lo relate con una frialdad derivada la inmensa tristeza que revelan sus ojos. Nacido en Gaza hace 49 años, Sarhan es un artista y fotógrafo que ha trabajado la mayor parte de su vida en su país, ocupado ya antes de que él naciera por los israelíes. Allí desarrolló su arte y su inmenso registro fotográfico documental sobre cómo era la vida en la provisionalidad que permitían las tropas ocupantes, una vida que, a pesar de la represión y la violencia diaria, era como la de cualquier sociedad, con sus calles atestadas de comercios, sus playas llenas de alborozo y su enjambre de edificios y avenidas.

Una vida “alegre y vital” que, Sarhan asegura, “no volverá a existir porque ha muerto para siempre” arrasada por Israel en su brutal respuesta a los ataques de Hamás de octubre de 2023. “Israel ha cometido un genocidio no solo de personas, sino de todos los aspectos que nos definían como país”, dice el artista: “Por ejemplo a nivel social, ha desplazado gentes del norte al sur y del este al oeste y al revés, de modo que ya nadie vive con esos vecinos que tuvo a lo largo de su vida, un aspecto fundamental de la sociedad árabe”. A este genocidio social, Sarhan añade el urbanístico, el arquitectónico, el educacional, el familiar –“hay 25.000 niños huérfanos vagando por las ruinas de Gaza”, señala– y, por supuesto, el cultural y el humano.

Ahora Sarhan es un refugiado más. La fortuna quiso que la respuesta israelí a los atentados de Hamás le sorprendiera en Estambul mientras inauguraba una exposición. Había viajado con su mujer y sus cuatro hijos y, lógicamente, ninguno de ellos ha podido regresar. En Gaza quedaron su casa y su taller, donde guardaba la mayoría de sus obras y también las de otros artistas que él acogía y promocionaba.

Una vida demolida

Hoy el taller, con toda su creación, tampoco existe, cayó bajo las bombas. Sin embargo, su casa se mantiene en pie y en ella residen los discos duros donde guarda su archivo digital, al que no obstante no tiene acceso. Solo puede acceder a una parte –“la más importante”, puntualiza– que se encuentra en los servicios de la nube, así como a las imágenes que se llevó a Turquía en su ordenador.

Con ellas ha vuelto a reconstruir su creación artística para intentar mantener la memoria de aquella Gaza que conoció y retrató. La muestra de Barcelona también incluye la serigrafía en los cristales del Pati Llimona de una suerte de caligrafías árabes que en realidad representan la condensación y elevación al cielo de las voces y memorias de las personas que habitaron la tierra de Gaza a lo largo de su historia. A este respecto, Xavier de Luca comenta que Sarhan, antes de 2023, adornó con estas formas en metal una rotonda en Ciudad de Gaza. “Por supuesto, la rotonda y las esculturas han sido arrasadas”, añade.

La reconstrucción de su obra la ha iniciado primero desde Madrid, a donde viajó con su familia para pedir asilo político, y después desde Marsella, ya que finalmente ha encontrado acomodo tanto artístico como habitacional en la ciudad francesa. “En España, a pesar de que se encontraba a gusto y rápidamente estableció relación con nosotros, le costó mucho encontrar una vivienda adecuada a un precio asequible, tanto en Madrid como después en Barcelona”, comenta De Luca. “La vivienda es imposible en España”, apostilla el propio artista, que agrega que “es tremendamente duro tener que saltar de un país a otro, porque exige continuos esfuerzos de adaptación”. Respecto a su retorno, el fotógrafo asegura que no pierde la fe en poder volver a Gaza, “aunque solo Dios dirá si mi país llegará a ser libre alguna vez”.

Escéptico respecto al plan de Donald Trump de reconstruir Gaza como un conjunto de resorts turísticos, opina que “Israel intentará con una presión más o menos disimulada que cerca de un millón de nosotros nos vayamos de Gaza para volver a crear asentamientos como antes de 2005”. En aquel año, un acuerdo entre el entonces primer ministro israelí Ariel Sharón y la Autoridad Nacional Palestina obligó a la salida de todos los colonos que ilegalmente se habían instalado en laFranja. “Ellos consideran que fue una de las peores decisiones de su historia y por eso intentarán regresar”, concluye Sarhan.

Un tribunal de la isla griega de Lesbos ha absuelto este jueves a los 24 trabajadores humanitarios, incluida la conocida activista siria Sarah Mardini, de los cargos de tráfico de personas que se les había imputado hace siete años por supuestamente facilitar la entrada de inmigrantes al país.

Los 24 voluntarios y activistas de la ONG Emergency Rescue Center International (ERCI) se enfrentaban también a los cargos de formación de una organización criminal y blanqueo de capitales, delitos que podrían haberles acarreado penas de hasta 20 años de cárcel.

Los ahora absueltos dieron apoyo entre 2015 y 2018 a operaciones de búsqueda y rescate de refugiados en el mar en Lesbos, adonde llegaron solo en 2015 más de medio millón de personas.

La decisión judicial se dictó tras la conclusión de las declaraciones de todos los acusados y la intervención de la fiscalía, que propuso la absolución total de todos los acusados, según el portal Stonisi.

“Un calvario legal”

El tribunal concluye que no hay ninguna prueba que sustentara los graves cargos contra los trabajadores humanitarios. El veredicto fue recibido con vítores, lágrimas y gritos de alegría.

“Las absoluciones son una reivindicación para los acusados, pero también son agridulces. Dos docenas de personas fueron sometidas a un calvario legal de siete años por cargos infundados por salvar vidas”, señala en un comunicado Eva Cossé, investigadora de la ONG internacional Human Rights Watch (HRW).

La ONG ya ha calificado el juicio contra los activistas como una “tergiversación perversa del trabajo humanitario que salva vidas”.

Entre los acusados se encuentra la exnadadora y activista siria Sarah Mardini, cuya travesía desde Siria hasta Lesbos inspiró la película de Netflix Las nadadoras. También estaban acusados el expresidente de ERCI, el rescatista griego Nasos Karakitsos; y el buzo de rescate irlandés Seán Binder.

Karakitsos, Binder, Mardini y otros tres miembros de ERCI fueron arrestados en 2018 y pasaron más de cien días en prisión preventiva antes de ser liberados en espera de juicio.

En enero de 2023, un tribunal de Lesbos retiró los cargos por falsificación de documentos y espionaje contra los acusados, considerándolos infundados, al igual que otros delitos menores que se les imputaban.

No obstante, las autoridades judiciales decidieron proseguir con la acusación respecto a los delitos mayores, de los que todos los acusados han sido absueltos.

En un informe del Parlamento Europeo publicado en 2021, el caso fue calificado como “el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa”.

Valeriia Kholkina estaba comprando helados con su marido y su hija de cuatro años cuando un hombre oyó que hablaban en ucraniano. “Enseñe a su hija a hablar polaco”, les espetó. A continuación, agredió físicamente a la pareja.

El incidente, que tuvo lugar en la ciudad de Szczecin, en el noroeste de Polonia, refleja el ambiente cada vez más hostil que se respira para los ucranianos en el país, un cambio radical con respecto al estado de ánimo que se vivía en 2022. En ese momento, tras la invasión a gran escala de Rusia, cientos de miles de polacos mostraron su apoyo y hospitalidad hacia sus vecinos, ofreciéndose como voluntarios en la frontera y acogiendo a refugiados en sus hogares.

Ahora, esa muestra de buena voluntad se está agotando, a medida que la guerra se acerca a su cuarto aniversario, y las encuestas muestran una percepción cada vez más negativa de los ucranianos en Polonia, alimentada por un debate político que se ha escorado hacia la derecha en materia de migración y por el resurgimiento de agravios históricos.

Según estadísticas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) de septiembre, hay alrededor de un millón de refugiados ucranianos en Polonia. Kholkina no es uno de ellos; como casi medio millón de ucranianos, ella ya vivía en Polonia antes de que estallara la guerra en 2022. De hecho, hace más de diez años que Kholkina vive en el país. “Ya soy más polaca que ucraniana... pero nunca pensé que alguien me daría lecciones sobre qué lengua utilizar con mi familia”. Desde la agresión, sufre ataques de pánico y le ha pedido a su hija que nunca hable ucraniano en público.

Si bien su experiencia fue extrema —y el agresor ha sido condenado a 14 meses de prisión—, hablar ucraniano en público se ha convertido en un motivo recurrente de hostigamiento.

En la mayoría de los países, mostrar hostilidad hacia los ucranianos implica ser prorruso, pero no en Polonia. Porque nuestras relaciones con Ucrania están cargadas de historia, resentimientos y desacuerdos

Piotr Buras — European Council on Foreign Relations

“La situación actual es más tensa”, afirma Aliona, una empresaria ucraniana de 39 años que vive en un pequeño pueblo del oeste de Polonia. “Cuando salimos, los niños susurran: 'Mamá, hablemos en polaco'. Antes no era así. Nadie hacía comentarios. Aunque se percataran de mi acento, sonreían”, explica.

Es difícil cuantificar la magnitud de las agresiones verbales y físicas contra los ucranianos, ya que es poco probable que muchos denuncien los incidentes a la policía. Sin embargo, las encuestas realizadas a los polacos muestran que el cambio de ambiente es más que anecdótico. Una encuesta muestra que el apoyo a la acogida de refugiados ucranianos ha descendido del 94% registrado poco después de la invasión al 48% actual. Otra encuesta muestra que el apoyo polaco a la adhesión de Ucrania a la UE ha bajado al 35%, desde el 85% en 2022.

“Se ha instalado en la sociedad la idea de que ya no se le debe nada a Ucrania”, afirma Piotr Buras, director de la oficina de European Council on Foreign Relations en Varsovia.

Son muchos los factores que han propiciado este cambio de opinión. El resentimiento se ha visto avivado por la desinformación y los vídeos virales en Internet. Además, la elección del populista de derechas Karol Nawrocki como presidente en junio de 2025 fue precedida de una campaña acalorada que desplazó todo el debate político hacia la derecha. A menudo se presenta a los ucranianos como desagradecidos y excesivamente dependientes de las ayudas públicas, pese a que los datos económicos muestran que aportan más a la economía polaca de lo que reciben.

Otros países europeos están experimentando un viraje similar. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha declarado que ha hablado por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el aumento de jóvenes ucranianos que viajan a Alemania. Merz afirmó que, durante la conversación telefónica con Zelenski, le pidió que se asegurara de que los jóvenes ucranianos —especialmente los hombres entre 18 y 24 años— “no vinieran a Alemania en grandes cantidades, sino que se quedaran en su país donde se les necesita”. El Gobierno alemán está trabajando en un proyecto de ley que restringiría el acceso a las ayudas públicas a los refugiados ucranianos.

En Polonia, el presidente Karol Nawrocki se posicionó en agosto contra un proyecto de ley del Gobierno que ampliaba el apoyo financiero a los refugiados ucranianos y defendió una legislación alternativa que condicionaba las prestaciones a la inserción laboral. Finalmente, se aprobó un texto de compromiso.

Oleksandr Pestrykov, director de la Casa Ucraniana en Varsovia —una organización cívica y cultural que apoya a la comunidad ucraniana en Polonia— afirma que la hostilidad hacia los ucranianos apareció por primera vez en Internet en 2023, cuando cualquier noticia relacionada con Ucrania en los medios de comunicación polacos se veía inmediatamente inundada de comentarios negativos. Algunos han acusado a los bots rusos de avivar los prejuicios en Internet, y durante un tiempo el odio en la red no pareció trasladarse al mundo real. Sin embargo, cree que la situación está cambiando.

“Hasta el verano de este año, esta negatividad rara vez salía de los límites de Internet; las quejas que recibíamos de los ucranianos eran esporádicas y similares a la situación anterior a la guerra. Sin embargo, desde el verano hemos registrado un número considerable de denuncias por agresiones, que afortunadamente han sido en su mayoría verbales”, afirma.

La compleja historia entre Polonia y Ucrania es otro factor que influye, ya que la masacre de más de 100.000 polacos entre 1943 y 1945 a manos de nacionalistas ucranianos que intentaban evitar que la región de Volinia pasara a formar parte de Polonia es un tema de conversación recurrente. Ucrania ha dado finalmente su autorización a Polonia para exhumar los cuerpos de las víctimas, pero los trabajos avanzan lentamente y el asunto sigue siendo profundamente sensible para amplios sectores de la sociedad polaca.

Hasta el verano de este año, esta negatividad rara vez salía de los límites de Internet; las quejas que recibíamos de los ucranianos eran esporádicas y similares a la situación anterior a la guerra. Sin embargo, desde el verano hemos registrado un número considerable de denuncias por agresiones, que afortunadamente han sido en su mayoría verbales

Oleksandr Pestrykov — director de la Casa Ucraniana en Varsovia

“El (elevado) nivel de apoyo a Ucrania en 2022 fue una anomalía; ahora estamos volviendo a la normalidad”, afirma Buras. Este contexto histórico es lo que permite que gran parte de la sociedad polaca se vuelva contra los ucranianos, al tiempo que sigue afirmando ser firmemente antirrusa. “En la mayoría de los países, mostrar hostilidad hacia los ucranianos implica ser prorruso, pero no en Polonia. Porque nuestras relaciones con Ucrania están cargadas de historia, resentimientos y desacuerdos”, explica.

El punto álgido se produjo cuando se viralizaron las imágenes de personas ondeando una bandera nacionalista ucraniana de tiempos de guerra durante el concierto de un rapero bielorruso en un estadio de Varsovia. La visión de la bandera roja y negra, muy extendida en Ucrania pero considerada ofensiva en Polonia, provocó enfrentamientos en el estadio y acabó con la deportación de 63 personas, 57 de ellas ucranianas. Cada vez más, el discurso de la derecha sobre los males de la migración ha comenzado a incluir a los ucranianos, mientras que en 2022 y 2023 se les solía contrastar positivamente con los refugiados no europeos que intentaban cruzar al país desde Bielorrusia.

No todos los ucranianos en Polonia tienen experiencias negativas. En una encuesta publicada a finales del año pasado, el 58% de los ucranianos dijeron que esperaban que sus hijos residieran en Polonia “durante muchos años”. Y la discriminación no se siente de forma generalizada, especialmente entre quienes viven en las grandes ciudades.

Anastasiia Zhelezniak, de 39 años, psicóloga infantil de la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih se mudó a Varsovia con sus dos hijos en el verano de 2023, tras decidir que su ciudad natal, sometida a ataques rusos constantes, se estaba convirtiendo en un lugar demasiado peligroso para criar a sus hijos. Eligió Varsovia porque su sobrina ya se había mudado a esta ciudad.

Desde entonces, ha aprendido polaco en cursos de idiomas patrocinados por el Gobierno, se ha reciclado como masajista y recientemente ha abierto su propio salón en el centro de Varsovia. “Personalmente, solo he tenido buenas experiencias en Polonia”, afirma. Cuando sus hijos, ahora de 10 y 15 años, empezaron el colegio en Varsovia, los profesores y otros padres se esforzaron por ayudarles, cuenta. “En una reunión de padres, todos preguntaban cómo podían ayudar. Casi me hicieron llorar”, recuerda.

Solo ha tenido malas experiencias en Internet. Cada vez que abre Facebook u otras redes sociales, se ve bombardeada con comentarios negativos sobre los ucranianos. “Estoy optando por no mirar”, afirma. Explica que, aunque muchos de sus amigos ucranianos han empezado a marcharse, alegando el cambio de ambiente y el aumento del coste de la vida, ella aún confía en poder labrarse un futuro en Polonia. “Creo que sería mejor para mis hijos y les daría más oportunidades que volver a casa”, señala.

Traducción de Emma Reverter

La tanqueta blindada avanza, varios soldados cortan el tráfico para permitir que aparque y un enjambre de periodistas se amontonan junto a los tres vehículos militares para grabar con sus cámaras. Es el único movimiento inusual en el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, por donde cada día cruzan unas 30.000 personas.

La afluencia se mantiene normal tras la operación militar ilegal de EEUU y la captura de Nicolás Maduro; incluso ha bajado, según los vendedores ambulantes que llenan de puestos las aceras.

“Estoy un poco más aliviada, pero con mucha expectativa, no sabemos qué va a pasar con el país. No será pronto, faltan muchos años para que Venezuela pueda ser como era”, asegura Adriana Salazar, una venezolana que vive en Colombia desde hace varios años y regresa después de pasar las Navidades en su país.

La euforia inicial de la diáspora venezolana –cerca de ocho millones en todo el mundo– ha dado paso a la cautela. En Cúcuta, ciudad limítrofe en el norte de Colombia, centenares de venezolanos salieron la noche del domingo a festejar el derrocamiento de Maduro, pero nadie asistió a una nueva concentración convocada para el día siguiente.

Estoy un poco más aliviada, pero con mucha expectativa, no sabemos qué va a pasar con el país. Faltan muchos años para que Venezuela pueda ser como era

Adriana Salazar — venezolana residente en Colombia

“Yo no opino nada. Uno opina algo y se mete en problemas, tengo a mi familia en Venezuela, no me voy a arriesgar por dar opiniones que no debería”, dice Henry Macías, que cruza la frontera cada día para trabajar de albañil. El temor de los venezolanos en su país contrasta con el desahogo de los que viven fuera.

“Era algo que la mayoría de venezolanos estábamos esperando que sucediera, en algún momento, y ¡qué milagro que pudo suceder de verdad!. Para mí es una gran alegría”, dice Luis Rumano, que vive en Chile desde hace nueve años. Su vuelo se canceló por el cierre del espacio aéreo venezolano tras el ataque de EEUU el sábado de madrugada y ha tenido que salir con toda su familia por tierra.

Tanto las opiniones de Macías y Rumano, como las descripciones de la situación en Venezuela, son opuestas. Para Henry está “todo calmado, sin escándalos”, mientras que para Luis “hay mucha tensión, todo muy silencioso”, porque la población no sale de casa “por miedo a que personas armadas les amedrenten”.

Se refiere a los colectivos, grupos chavistas en motocicleta que suelen salir a las calles en momentos de tensión como forma de intimidación. Desde Caracas, varios residentes han enviado a elDiario.es fotografías de esos hombres motorizados con armas largas realizando rondas de vigilancia en estos días.

Otro migrante venezolano, Ariles Allen, ha viajado más de 12 horas desde Caracas y cuenta que ha pasado por diez controles de carretera de las fuerzas armadas bolivarianas en ese trayecto de 800 kilómetros. “No me han parado en ninguno, todo muy ligero, había pocos vehículos”, afirma. En la capital, dice Allen, han abierto únicamente farmacias, supermercados y gasolineras, y se han formado largas colas de personas para hacer acopio de bienes básicos. “Se llevan sobre todo enlatados y arroz, pero no hay bulla; por primera vez, hay orden”, cuenta.

Era algo que la mayoría de venezolanos estábamos esperando que sucediera, en algún momento, y ¡qué milagro que pudo suceder de verdad!

Luis Rumano — venezolano residente en Chile

Otra de las mujeres que camina con varias maletas sobre el puente asegura que los uniformados venezolanos le han pedido 50.000 pesos (unos 11 euros) por dejarla pasar en uno de los controles.

Aparte de los que sí pueden cruzar la frontera, hay decenas de periodistas internacionales que han llegado a la parte colombiana pero no puede pasar: las autoridades venezolanas ya han devuelto a varios por no disponer de un visado de prensa, imposible de conseguir en estos momentos. En Venezuela ya se ha informado de la detención de al menos siete periodistas locales en Caracas.

Tal día como hoy, hace justo un año, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, dijo que cualquier extranjero que entre al país sin autorización será tratado como invasor. Esa advertencia está ahora más vigente que nunca.

Aumenta la tensión entre Washington y Bogotá

Nada en la frontera y en Venezuela hace pensar que se vaya a producir un éxodo masivo de la población, pero ese fue el motivo que esgrimió el presidente colombiano, Gustavo Petro, para enviar a unos 30.000 militares a lo largo de los 2.200 kilómetros de la porosa frontera con el país vecino, además de prometer asistencia a los refugiados.

Su ministro de Defensa fue más allá y aseguró que se activaron todas las capacidades para “anticipar y neutralizar” cualquier ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla que opera a ambos lados de esos lindes y que en el último año ha recrudecido sus acciones armadas. “[El ELN] es nuestra amenaza permanente, sobre la cual enfocamos nuestro accionar para mitigar, debilitar y poder derrotar militarmente esa amenaza”, explica a elDiario.es el teniente coronel Jonathan Artus en el puente Simón Bolívar.

El ELN controla el tráfico de drogas en esa región, el Catatumbo, con el apoyo explícito o la omisión de la fuerza pública venezolana. Por eso, ante la agresión militar de Estados Unidos y la captura de Maduro y la posible pérdida de poder del chavismo, al Gobierno venezolano le preocupa que la guerrilla binacional pueda replegarse de nuevo hacia el interior de su territorio.

Por otro lado, en caso de un ataque terrestre o aéreo por parte de Estados Unidos, como ha sugerido Donald Trump en varias ocasiones, todo indica que el objetivo sería el Catatumbo, la zona con mayor producción de coca. La posibilidad de una intervención militar en territorio colombiano ha disparado la tensión entre Washington y Bogotá.

Tras la captura de Maduro, el presidente colombiano dijo que no le preocupaba para nada una operación militar de Estados Unidos en su territorio, a lo que Trump respondió: “Entonces será mejor que vigile su trasero”. Al día siguiente, el mandatario colombiano insistía: “Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra”. Trump volvió a advertir que Colombia puede ser el próximo objetivo y Petro elevó el tono de su réplica: “Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, en referencia a su pasado como guerrillero.

Las declaraciones de Trump han calado entre la población colombiana y en la campaña de las elecciones presidenciales previstas para el próximo mes de mayo. “Mejor que se vaya Petro, porque solo nos va a dar problemas”, opina Augusto Ortiz, dueño de un taller. El miedo es otra forma de imponer la voluntad de Washington en la región, sin necesidad de lanzar un misil.

Cautela de los venezolanos en Cúcuta

En una barriada a las afueras de Cúcuta, cerca del puente Simón Bolívar, hay infraviviendas de latón y tablones que bautizaron como Venezuela, porque fueron levantadas por decenas de familias de ese país que lo abandonaron en los últimos años. Zuly Guerra salió hace cinco años por la acuciante necesidad económica. Hoy casi 8 millones de venezolanos necesitan ayuda urgente para sobrevivir, según la ONU.

“Me duele lo que está pasando en mi país, porque no es un justo que un presidente de Estados Unidos dañe la paz de tantos venezolanos, deje a madres sin sus hijos que son militares”, dice la joven, militar retirada, que ni siquiera abre la reja de su casa. “Aquí hay mucho sicariato, mucha matadera. Si andas en motocicleta nueva, te matan para robártela”, asegura.

Le agradezco a Trump por liberar a Venezuela, que sea como antes. Allá no podemos hablar de la liberación, porque, si no, nos matan, nos llevan presos, nos quitan los hijos

Ciliana Suárez — venezolana residente en Colombia

El lodo anega los callejones del asentamiento precario, paradójicamente parte del barrio La Esperanza. Esa palabra repite Ciliana Suárez varias veces. “Le agradezco a Trump por liberar a Venezuela, que sea como antes. Allá no podemos hablar de la liberación, porque, si no, nos matan, nos llevan presos, nos quitan los hijos”, lamenta.

La mujer recuerda cómo en Trujillo, a 700 kilómetros de Cúcuta, lloraba por tener que alimentar a los suyos con papaya guisada para que se llevasen algo de comida caliente a la boca. Ahora llora por no poder volver a su tierra. Está agradecida con Colombia por darle a sus hijos la oportunidad de estudiar, pero se queja de la discriminación que ha sentido y que le ha impedido encontrar trabajo en seis años. “Aquí al menos tenemos luz y agua”, se consuela.

En Cúcuta viven, o sobreviven como pueden, más de 200.000 venezolanos, una cuarta parte del total de sus habitantes. “Aquí las mujeres somos putas, porque dicen que les robamos a los maridos. Y a los hombres los ven a todos como ladrones”, reclama otra vecina sobre el ambiente de hostilidad que ha generado el éxodo de más de tres millones de venezolanos en Colombia.

Sin embargo, pese a las precarias condiciones, la marginalidad y la inseguridad, ni Zuly ni Ciliana piensan, de momento, en regresar. “Hay que ver cómo sigue la situación”, dice la primera. El futuro de Venezuela sigue en el aire y en la frontera los sueños se han roto demasiadas veces como para aventurarse.

Luis Cabello se levanta temprano y ante sus ojos se extienden las laderas llenas de olivos de Priego, en Córdoba. Hace un año, decidió constituir su propia empresa tras toda una vida dedicada a la agricultura, tal y como le enseñó su padre, tal y como ahora le enseña a los jóvenes que recogen los frutos de la tierra. Mamadou, Suleimán y Donkor llegaron hace apenas unas semanas en el marco de un proyecto pionero de inserción laboral para personas refugiadas, y agradece su esmero y empeño en un momento en que la falta de mano de obra en el campo se hace cada vez más patente.

El pacto beneficia a ambas partes: mientras que los productores facilitan la vivienda y financian el traslado de los trabajadores desde el punto en que estén, ellos acceden a una contratación regular que durante la campaña agrícola les permitirá sumar experiencia. “Me dijeron que íbamos a probar con esta gente y, la verdad, es que está yendo bien, vienen a trabajar, se defienden en español y van a lo suyo”, resume Cabello a través del teléfono. Los tres jóvenes forman parte de la experiencia piloto que ha puesto en marcha la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía gracias a la propuesta presentada a la Secretaría de Estado de Migraciones y la Dirección General de Atención Humanitaria, en colaboración con Cáritas.

La organización está adscrita al programa GECCO, una iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la contratación de extranjeros en origen y programas de migración circular, del que se han beneficiado en los dos últimos años unos 40.000 solicitantes en todo el país. La ruta por el sur andaluz comenzó a principios de diciembre en Córdoba y el propósito es trasladar a las personas con protección internacional a las explotaciones agrícolas de Jaén y Málaga, pasando a la recogida de frutos rojos en Huelva en febrero y concluyendo el periplo en junio en Extremadura, donde se dedicarían a la cosecha de la cereza.

Flujos migratorios

“Facilita la inserción laboral y nos ayuda a potenciar la mano de obra entre los agricultores”, indica Manuel Piedra, secretario de Políticas Migratorias de UPA, “hay gente procedente de Nigeria, Ghana, Senegal, Burkina Faso o Ecuador, alrededor de unas 50 personas”. La mayoría de ellos son hombres jóvenes, aunque también hay participantes de todas las edades, hasta de 60 o 50 años, que tomaron este camino para enraizarse en el país. “Aunque no sea obligatorio, damos formación, tanto a nivel educativo como cultural o, en el ámbito laboral, en materia de carnets fitosanitarios o para manejar una carretilla, ¡es la primera vez, pero buscamos tiempo y soluciones a todo!”, resalta.

Con este proyecto, los beneficiarios tendrán asegurados un mínimo de 20 jornadas de trabajo durante la campaña y, en ese periodo, habrá un contacto estrecho con varias entidades sociales para mejorar su aprendizaje, en función del perfil del empleado, así como que reforzar sus conocimientos en el idioma. Cabello, al teléfono, confirma que cumplen con el convenio colectivo y les deja una casa que tenía anteriormente alquilada. “Ahí están mejor que en ningún lado”, comenta, “lo que ganan, quieren mandárselo a su familia, se echan un cafelillo y salen poco”, describe sobre la experiencia que le ha transmitido la plantilla a lo largo de los días.

El empresariado agrario lleva consigo un estigma que se ha ido denunciando año a año: las condiciones laborales a las que se ven sometidas las personas migrantes que llegan al territorio sin otra vía de escape. Contra ello, Cabello asegura que ha habido una serie de inspecciones para garantizar que se cumplen con las condiciones de habitabilidad en la casa que ofrece, al igual que mantiene lo establecido en el convenio colectivo. Al respecto, Manuel Piedra asevera que uno de los propósitos es “organizar el flujo migratorio en el circuito legal”: “Hay garantías, ya que la ONG de acompañamiento vigila que se cumplan todos los acuerdos establecidos”. Es más, una de las quejas que presenta el sector es el obstáculo administrativo con el que se encuentran a cada paso que dan para intentar contratar.

Permisos

“Solicitamos que el Gobierno dé un paso y les dé un permiso de trabajo, porque eso garantizaría, primero, un empleo y un alojamiento dignos y, también, les permitiría cotizar, pero si no tienen lo fundamental, que es el permiso, nos arriesgamos a sanciones de hasta 10.000 euros”, razona Piedra, “estamos en el día de la marmota”.

Un pez que se muerde la cola. Así se define este embrollo legislativo que requiere de una actualización urgente. A principios de este año, el ala progresista del Congreso de los Diputados recuperaba la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas que viven en situación irregular en España. Una propuesta que se respaldó con la recogida de más de 600.000 firmas y que, en vistas de la aritmética parlamentaria, cayó en saco roto al no lograr los votos mínimos para sacarla adelante. “Esto no va a cambiar hasta que el Congreso se ponga manos a la obra”, critica el representante.

Pese a las trabas administrativas, la iniciativa, en sí, “es rentable”, determina Juan Pulido del Caño, responsable de UPA en Priego. “Falta personal en muchísimos sectores, como carpinteros, fontaneros, albañiles, y en el campo también, por lo que el proyecto tiene la intención de que se concatenen estos contratos”, se refiere. No sabe qué ocurrirá en el futuro, ya que no hay un compromiso en el tiempo más allá de lo que dure la experiencia, pero brindan la oportunidad para que se establezcan durante unos meses y, por el momento, la lectura es positiva.

Luis Cabello, desde Priego, desconoce cuáles son las aspiraciones de los muchachos que llegaron hace apenas tres semanas. Tendrán tiempo de hablar en lo que le resta de campaña. Aun así, deja una cosa clara: “Esto tiene mala pinta, porque la juventud no le ve futuro al campo y, por otra parte, todo es complicado... Apenas llueve, muy poquito, y eso que este año ha sido regular”. La aceituna pronto será transformada en oro líquido tras ser recogida por las manos de decenas de personas que buscan una oportunidad con la que cambiar sus vidas.

Nacida en Sofía, en 1973, la escritora Kapka Kassabova pertenece a la última generación que creció tras el Telón de Acero. En la Bulgaria comunista, fronteriza con el bloque occidental y países miembros del pacto de Varsovia, pasó sus veranos en las costas del mar Negro, escuchando susurros de aquellos a los que llamaban “los sandalias”: los alemanes del este que, con este tipo de calzado, intentaban cruzar la frontera.

Kassabova se fue pronto de su país: con sólo 20 años migró a Nueva Zelanda para luego, en 2005, trasladarse a Escocia, donde todavía vive. Pero estar lejos de su hogar no le ha hecho olvidar sus raíces. Al contrario, son las protagonistas de sus obras más célebres, conocidas como 'El cuarteto de los Balcanes'. Estos cuatro libros —el primero de los cuales, Frontera, acaba de ser traducido al catalán por la editorial Comanegra— se adentran en la zona de Tracia, donde Grecia, Turquía y Bulgaria comparten frontera e historias.

¿Por qué escribió sus libros sobre la frontera de la zona de Tracia?

Creo que siempre supe que escribiría sobre esa frontera porque es mi frontera, la frontera tras la cual crecí. Fuimos la última generación de niños fronterizos de Europa del este, en realidad, porque alcanzamos la mayoría de edad cuando cayó el Muro de Berlín, que fue la frontera más extrema de su época. Una vez escribí el primer libro, experimentando con lo que significó esa línea divisoria, supe que tenía que explorar otros lugares de los Balcanes.

Empezó con poesía y ficción, ¿qué le hizo cambiar a la crónica?

El arte es algo fluido. Quizás ya no escriba mucha poesía, pero sigo siendo poeta porque la poesía está dentro de la prosa. Para mí no existen fronteras claras entre los géneros. Incluso cuando escribo historias reales, la imaginación sigue activa. No significa que me invente cosas, sino que experimento la realidad de forma imaginativa a través de imágenes en movimiento, de rostros y paisajes.

Los refugiados son parte de nuestra realidad, una condición inherente a la realidad industrial en la que vivimos, una realidad insana

Un tema recurrente en su libro Frontera son los refugiados. ¿Ha cambiado esta figura a lo largo de los años?

No soy política ni estratega. No puedo generalizar, pero creo que el refugiado no es una persona cualquiera. Es parte de nuestra realidad, es una condición inherente a la realidad industrial en la que vivimos, una realidad insana donde todos estamos separados de los animales, de las plantas, de nuestros alimentos. Estamos casi atrapados y creo que cualquiera de nosotros podría convertirse en refugiado en cualquier momento. Todos somos refugiados de nuestra propia civilización, que se desmorona rápidamente.

A veces siento que ya estamos extintos como especie. Cuando miro a Gaza, pienso que la civilización ha llegado a su fin, que se ha autodestruido. Pero creo que esto solo aplica a la civilización militar industrial, que es la que aún conservamos. No es el fin de nuestra especie, pero reconectar con nuestra esencia natural es fundamental.

La gente le tiene mucho miedo a la realidad. Temen a los refugiados, temen al dolor. Mucha gente prefiere vivir negando la realidad, lo cual, en cierto modo, no ayuda, porque entonces uno queda atrapado en su propio miedo. Y el miedo es nuestro mayor enemigo en este momento.

En el libro describe la vida en los Balcanes y una de las cosas que muestra es la convivencia entre diversas religiones como la cristiana y la musulmana. ¿Por qué se da esta relación fluida a pesar de ser un lugar de fronteras?

Bueno, esta frontera en particular es bastante reciente. El Telón de Acero duró apenas 45 años, que no es más que un instante. Pero estas comunidades han estado ahí desde hace mucho tiempo. La frontera no deja de ser un microcosmos dentro de otro microcosmos que son los Balcanes, donde muchas cosas coexisten. Así es la cultura balcánica.

Por eso, hay elementos y costumbres que perduran allí, pero que se han perdido en otras partes de Europa. Una de las razones de su supervivencia es que el islam era la religión dominante y el imperio Otomano fue una cultura bastante tolerante. En cambio, en Escocia, donde vivo, la Iglesia persiguió a las brujas, a menudo curanderas y herbolarias, y provocó su desaparición.

Para escribir estos libros, volvió a una zona que había dejado atrás hacía unos 20 años. ¿Cómo fue para usted explicar su hogar después de tanto tiempo fuera?

Fue un proceso de investigación de campo alternada. Viví allí durante un tiempo, y recopilé historias activamente, como una especie de buscador de tesoros, para luego volver a mi casa en Escocia o a cualquier otro lugar neutral y poder estar a solas y reflexionar. Durante el tiempo en los Balcanes estuve conociendo gente y familiarizándome con la comunidad, lo que requirió tiempo. No se puede encontrar oro rápidamente. Tienes que ganarte el derecho a escribir sobre las personas y los lugares cuando eres un forastero.

Echando la vista atrás y viendo la situación actual, ¿qué lecciones cree que Europa debe aprender para afrontar mejor la gestión de los refugiados?

Creo que los europeos tienen muchas lecciones que aprender. No todos fueron amables con los refugiados en las ciudades fronterizas, pero creo que al principio la gente fue más amable y luego se insensibilizó. Es fundamental ser sensibles a todo lo que sucede a nuestro alrededor porque creo que el futuro está en las nuevas comunidades que se van formando. Todas las cosas buenas suceden desde abajo, desde la base. Mientras que la destrucción viene de arriba hacia abajo. Creo que, en ese sentido, las personas marginadas sí tienen algo que contarnos.

Mantenernos sensibles es el antídoto contra la ideología, el dogma, el lavado de cerebro y esta cultura de mentiras en la que, en realidad, todos vivimos

¿Sus libros pueden ayudar a revertir la desensibilización de la sociedad?

Eso espero. Por eso vivo como vivo y escribo como escribo, porque tengo esperanza. Este libro me cambió por completo, cambió mi comprensión de mis raíces, de lo que realmente son los Balcanes. Enriqueció mi comprensión de la gente, mi capacidad de estar con ella, de estar realmente presente, lo cual es algo muy hermoso. Así es cómo nos mantenemos sensibles y creo que ese es el antídoto contra la ideología, el dogma, el lavado de cerebro y esta cultura de mentiras en la que, en realidad, todos vivimos. Nuestras pequeñas experiencias pueden ser muy importantes.

¿Hubo algún momento en que ser una mujer en un viaje a solas le supusiera algún inconveniente?

Al contrario, creo que ser mujer puede tener una gran ventaja, porque todos te reciben con los brazos abiertos, ya que no te ven como una amenaza. También creo que los lugares que han sufrido muchos traumas necesitan la energía femenina. Y, de hecho, en muchos de estos pueblos fronterizos, las mujeres se han ido. Solo quedan solteros jóvenes y ancianos que han perdido a sus familias. Es muy típico de los paisajes postraumáticos donde el sistema militar-industrial prácticamente destruyó la vida: allí, lo femenino está herido o ausente.

Pero, sí, llegué a sentir miedo, sobre todo en los lugares en los que no hablaba el idioma, como en Grecia. Allí sentí verdadero terror porque no sabía qué decía la gente. Por eso el idioma es tan importante cuando te adentras en los submundos.

¿Cuál es su próximo proyecto?

Mi próximo libro trata sobre Escocia, concretamente sobre la zona de las Tierras Altas, donde vivo. Es un libro sobre el medio ambiente y la energía, sobre la destrucción causada por las grandes compañías energéticas que extraen los recursos explotando el viento y el agua. Vivo en una pequeña comunidad del norte de Escocia, completamente rodeada e invadida por la gran industria.

Desde que España abandonó el Sáhara Occidental en 1975, la mayor parte de la población saharaui lleva medio siglo sobreviviendo lejos de sus casas. A Tinduf (Argelia) fueron a parar quienes trataban de sobrevivir al asedio marroquí y en esta zona argelina se instalaron los campos de refugiados que hoy en día dan cobijo a casi 200.000 personas. Una población desarraigada, que malvive gracias a la ayuda humanitaria y que, ante las pésimas condiciones climáticas y sanitarias a las que se enfrenta, presenta una persistencia elevada de la celiaquía. Una enfermedad que se retrata en ‘Vientres de arena’ como la punta del iceberg de la doble supervivencia de los refugiados del Sáhara Occidental: la humana y la política.

‘Vientres de arena’ es un documental creado por los hermanos granadinos Pablo y Álvaro Montes que pone en el foco cómo la falta de recursos, un clima hostil y las condiciones socioculturales, han hecho que en los campos de refugiados saharauis la población que padece de celiaquía sea mayor que en cualquier otro lugar. Algo que en un país desarrollado no tendría apenas consecuencias, gracias a un sistema sanitario dotado de medios y la variedad de productos alimenticios y farmacéuticos que suplen los problemas derivados de esta intolerancia al gluten, en la sociedad saharaui se llega a convertir en un estigma.

La elevada consanguinidad en estos campos de refugiados hace que la herencia genética de la celiaquía persista en más de un 5% de los lugareños, lo que quintuplica la cifra que se encontraría en cualquier otra sociedad. Las costumbres locales y la falta de ayuda externa hacen el resto, lo que permite que este documental, candidato a los premios Goya, sirva como retrato de algo mucho más profundo: la desidia política que se ha olvidado a miles de seres humanos.

Una enfermedad silenciada

“Llevábamos tiempo queriendo hacer algo sobre el Sáhara Occidental, especialmente después de los últimos movimientos del Gobierno de España respecto a Marruecos”, explica para este periódico Álvaro Montes, antropólogo especializado en cooperación internacional y codirector del documental junto a su hermano Pablo. La idea inicial no era hacer un film sobre la celiaquía, sino abordar el enquistamiento político y la precariedad estructural que atraviesan los campamentos desde hace cinco décadas.

Sin embargo, el contacto con asociaciones que operan sobre el terreno les abrió una realidad apenas conocida incluso dentro del propio relato humanitario saharaui: la de las personas celíacas que dependen de una alimentación específica en un lugar donde casi nunca existe. “Nos dijeron que este tema era importante y un poco tabú en la sociedad refugiada. Entendimos que era una forma de contar todo lo demás”. Tal es el silencio en torno a esta enfermedad que muchas mujeres lo ocultan antes de casarse por miedo a ser rechazadas.

No en vano, en los campamentos, ser celíaca implica una vulnerabilidad extrema: no existe acceso estable a productos sin gluten, no hay capacidad para garantizar una dieta segura y las familias dependen por completo de la distribución humanitaria, que rara vez contempla necesidades específicas. El simple gesto de comer pan -un alimento básico en la cultura saharaui- puede desencadenar crisis de salud que allí no tienen respuesta médica.

La celiaquía no es una anécdota nutricional, sino que es una amenaza directa para la supervivencia en un contexto así, según se muestra en el documental. De hecho, muchas personas pasan años sin diagnosticar porque no hay recursos para hacerlo y porque la prioridad para las familias sigue siendo llegar a fin de mes, no entender por qué un alimento cotidiano les enferma, tal y como recuerdan los sanitarios que dan cobertura a los refugiados. Sanitarios que, además de enfrentarse a una gran falta de recursos para hacer su trabajo, también han de ser informáticos, limpiadores o lo que se tercie para poder hacer funcionar sus consultorios, lo que ahonda en la precariedad de una sociedad olvidada por occidente.

Para contar todo esto, el rodaje se llevó a cabo con un equipo mínimo y un presupuesto muy reducido, de apenas 6.000 euros. La mayor parte del material gráfico que habían llevado desde España fue requisado durante días en la aduana argelina. El documental pudo salir adelante gracias a la escuela de cine saharaui, que les cedió cámaras y equipo técnico mientras trataban de recuperar el suyo. “Yo siempre digo que fue casi un milagro poder haber hecho el proyecto y que saliera a la luz”, recuerda Montes.

A estas dificultades se sumó la vigilancia constante, la obtención tardía de permisos y la fragilidad de trabajar en un territorio considerado zona de riesgo para españoles. “Es un sitio controlado. Había reservas sobre que llegara un equipo con cámaras. Estás entrando en su casa y debes ser responsable”, afirma.

El contexto político

La convivencia con una familia saharaui en uno de los campamentos marcó el enfoque íntimo del cortometraje. Allí descubrieron la complejidad de vivir con celiaquía en un entorno donde la dieta depende casi por completo de la ayuda humanitaria y donde la cesta básica no garantiza ni variedad ni equilibrio nutricional. “La celiaquía es un pretexto, aunque no lo sea realmente”, señala Montes. “No se puede explicar un tema sin contar el contexto político y humanitario. Vivir 50 años en un campamento ya te impide tener una calidad de vida mínima”. El documental, que ya acumula más de quince nominaciones y cuatro premios nacionales e internacionales, se construye desde esa doble mirada: la urgencia sanitaria y la cronificación del abandono político.

La trayectoria del film también ha estado marcada por intentos de silenciamiento. En 2024 fue premiado como Mejor Documental por el World Food Forum, impulsado por la FAO, pero su presencia fue retirada de todas las comunicaciones públicas pocos días antes del evento. El equipo nunca recibió explicación formal. “Lo que nos dijeron es que hubo presiones diplomáticas de Marruecos”, asegura Montes, que interpreta el episodio como parte de un patrón. “También hemos visibilizado cómo Marruecos intenta que no se hable de esto”. El cortometraje mantiene, pese a todo, un recorrido sólido en festivales y ahora ha entrado en la lista de precandidatos a los Goya 2026 en la categoría de Mejor Cortometraje Documental.

Para los directores, la nominación tiene un valor simbólico y político: permite que una historia casi invisible encuentre espacio en el debate público. “Hemos llegado a los Goya porque los festivales nos han dado los puntos, no por mediación política”, indica Montes. Ese contraste entre el reconocimiento cultural y la inacción institucional forma parte del mensaje del film. “La última resolución de la ONU avala la autonomía marroquí sobre el territorio, desoyendo décadas de trabajo hacia un referéndum. Algo no se está haciendo bien”. El documental quiere ser, en ese sentido, una herramienta para escuchar a quienes llevan medio siglo sin voz en las mesas donde se decide su futuro. Porque aunque la población refugiada no tiene autonomía ni voto, sí tiene voz y este documental intenta que vuelva a escucharse.

En Cáceres, la acogida sincera no se publica ni se presume. No pide permiso ni credenciales. No pregunta a las personas de dónde vienen ni cuánto tiempo piensan quedarse. Simplemente ocurre. Así se entiende la labor de Ángel Martín Chapinal, sacerdote y actual párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que desde hace años ha convertido la hospitalidad en una práctica cotidiana, silenciosa, humilde y profundamente humana. Al más estilo del madrileño Padre Ángel, creador de la ONG 'Mensajeros de la Paz'.

Su trayectoria está ligada a barrios populares y a personas que rara vez ocupan el centro del relato. Durante su etapa en la Iglesia Del Buen Pastor, en Llopis Iborra conocido como el barrio del Carneril, la iglesia fue un refugio real para personas migrantes y refugiadas que llegaban a la ciudad con miedo, cansancio y demasiadas pérdidas a la espalda. Allí no había personas de primera y de segunda, ni categorías, ni etiquetas. No existían los “con papeles” y los “sin papeles”. Nadie pedía visados, pasaportes ni explicaciones. Cada persona era exactamente eso: una persona. Y cada una aportaba lo que podía y compartía todo lo que llevaba.

Hoy, desde la parroquia de Guadalupe, ese mismo espíritu sigue intacto. Chapinal, además de su labor pastoral y de sus responsabilidades diocesanas en Migraciones y Refugiados, impulsa espacios donde la igualdad no se proclama, se practica. La cena de Nochebuena comunitaria y la Misa del Gallo adelantada a las ocho de la tarde no es solo una decisión logística: es una forma de decir que nadie queda fuera, que todo el mundo tiene una silla allí que lleva su nombre. Y después de la celebración, la iglesia se convierte en mesa común, en una conversación compartida, en una noche en la que la soledad pierde fuerza.

En ese espacio no se pregunta por la religión. No es solo para católicos. Las creencias quedan en el ámbito privado. A la iglesia se va con ganas de compartir, de hacer comunidad, de conocer a otras personas en un momento concreto de sus vidas. A veces es solo ese instante. Otras, ese encuentro se queda para siempre. Porque cuando se eliminan las barreras artificiales, aparece algo evidente: hay muchas más cosas que nos unen como seres humanos de las que nos separan. Y que a quien ayuda, después de las vueltas que da la vida, quizás se le devuelva esa ayuda multiplicada por mil.

Ese compromiso de Chapinal se extiende también a su estrecha colaboración con Amnistía Internacional en Cáceres, donde es un referente muy apreciado. Desde ahí, acompaña y respalda a personas que han huido de sus países por persecuciones políticas, religiosas o por su orientación sexual; personas amenazadas incluso con la pena de muerte, que encuentran en España un lugar donde, al menos, no ser perseguidas. Su implicación conecta la acogida cotidiana con la defensa firme de los derechos humanos. Amnistía Internacional cumple en este ámbito una labor imprescindible: dar cobijo emocional, orientación legal y voz pública a quienes más la necesitan. Denuncia las vulneraciones de derechos, visibiliza el sufrimiento de las personas refugiadas y recuerda que el derecho de asilo es una obligación moral y legal. Su trabajo insiste en una idea sencilla y radical: ningún ser humano es ilegal. Y ahí está también el Padre Ángel y su inmensa labor.

Cáceres ha sido históricamente una ciudad de convivencia. Iniciativas como las que se tejen desde la parroquia de Guadalupe refuerzan esa identidad y la sostienen frente a los discursos de miedo. Frente a realidades como la de Badalona, donde recientes desalojos de personas migrantes han dejado a muchas de ellas en la calle y han tensionado la convivencia, aquí se demuestra que existen otras formas de estar y de responder, como han hecho algunas parroquias catalanas.

La labor de Ángel Martín Chapinal no busca reconocimiento. Se mueve en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo profundamente humano. Pero en tiempos de polarización y odio, su ejemplo recuerda algo esencial: lo básico, lo fundamental, es común a cualquier ser humano, venga de donde venga, crea en lo que crea y esté atravesando la circunstancia que esté atravesando. Y desde ahí, desde lo común, es desde donde se construye la verdadera comunidad. Y es que con ejemplos como este se demuestra que otra Iglesia es posible. Esta Nochebuena, la del año 2025 han compartido la mesa personas procedentes de Cuba, Colombia y Venezuela, entre otros países, y cacereñas y cacereños. Chapinal y el propio obispo, Jesús Pulido. En una noche como esta, en la que tantas historias se cruzan, Cáceres recuerda que la humanidad se mide en gestos sencillos: una mesa compartida, una conversación, una bienvenida sin condiciones.

Ataviada con un burka negro que solo deja entrever sus ojos marrones, Mona Mahmoud Al-Khadr, de 36 años, sube al autobús hacia Siria con su pequeña de 13 años, Maya. Sus otros dos hijos se quedan en Amán, Jordania. “Realmente quiero volver, pero no ahora. Quizás en uno o dos años”, afirma Marwan (nombre ficticio), el segundo hijo de Mona, quien acaba de cumplir la mayoría de edad. El joven despide a su madre con la esperanza de encontrar un empleo en Jordania, aunque no tiene permiso para trabajar en el país.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 75% de los sirios residentes en Oriente Medio quieren regresar algún día a su patria, pero solo una minoría, el 18%, planea volver en el próximo año. La mayoría duda y, por el momento, prefiere esperar en vez de regresar a corto plazo por diversas razones, principalmente ligadas a la mala situación económica y de seguridad en Siria.

Tras la derrota de Bashar Al-Assad y su huida del país, millones de sirios pensaron que una nueva era comenzaba y que podrían, por fin, poner fin a su destierro. “Hubo algunas personas que incluso fueron a la frontera el 8 de diciembre”, explica Hannah Patchett, directora de Norwegian Refugee Council en Jordania. Desde diciembre de 2024, 924.007 refugiados procedentes de países de Oriente Medio han regresado a Siria tras la toma del poder por parte de Ahmad Al-Sharaa. Buena parte lo hizo en los primeros meses, empujada por la emoción de volver a ver a los suyos, con el deseo de poner fin al exilio.

El impulso inicial de una parte de la población siria se enfrió al cabo de unos meses, al darse cuenta de que la situación de inseguridad e inestabilidad económica no cambiaría pronto. Los que regresan desde Jordania no lo hacen porque el Estado sirio esté listo para acogerles en condiciones dignas, sino porque en muchos casos el exilio se ha vuelto invivible. “Había personas que querían irse a casa, estaban desesperadas por irse”, comenta Hannah. Pero la realidad con la que muchos se encontraron fue muy diferente a la idealizada durante años de espera.

Un año después de la caída de Bashar Al-Assad, la situación en Siria sigue siendo inestable, y las recientes hostilidades han causado aún más daños a infraestructuras ya frágiles y han exacerbado las necesidades humanitarias, advierte Acnur.

Un país aún en ruinas

El marido de Mona emprendió el viaje hacia la ciudad siria de Hama para buscar un piso de alquiler, antes de que el resto de la familia llegase, ya que la guerra les dejó su casa en ruinas y los alquileres están disparados por la escasez de bienes inmuebles. La mayoría han sido dañados por la metralla, al igual que los hospitales o los colegios. “Mi marido me ha dicho que no hay agua, ni electricidad, ni internet, ni transporte. Las calles están vacías. No hay limpieza. Regresó la semana pasada y se arrepintió de haber vuelto”, explica Mona. Quienes viajaron a Siria tras más de una década de exilio se encontraron con un paisaje desolador, con un nivel de devastación y precariedad que superaba con creces lo que esperaban.

Su esposo perdió su trabajo en Jordania y no pudo renovar el permiso de trabajo, que tiene un alto coste. Sin empleo, decidió volver con la esperanza de encontrar trabajo en su patria. Antes de la caída del régimen, existía un visado que permitía circular entre ambos países. Ahora la decisión es definitiva, ya que el Gobierno jordano ha endurecido los requisitos de los visados y de las entradas al país. Aunque se haya arrepentido, no puede volver.

La precariedad empuja al retorno

En la práctica, el retorno no responde a una decisión plenamente voluntaria, sino que está influida por la ausencia de alternativas viables en su país de acogida. Como la familia Al-Khadr, millones de sirios siguen atrapados entre la precariedad de vivir en el exilio esperando que la situación mejore o retornar con incertidumbre a su tierra. En Egipto, Turquía, Líbano, Jordania e Irak, 4,3 millones de refugiados siguen enfrentándose a este dilema. Por el momento, tres millones han regresado a Siria desde la caída del anterior régimen.

Los recortes en la ayuda humanitaria de diversas naciones e instituciones internacionales en los últimos años ya tienen un impacto en la vida de los refugiados, quienes, en algunos casos, se ven forzados a repatriarse al no recibir ninguna asistencia ni conseguir empleo en Jordania. Reem Mohammad Alrifai, de 30 años, es un ejemplo del recorte de la financiación. Llegó a Zarqa, en Jordania, en 2012. La joven madre no quiere volver ahora, pero el deseo de que sus hijos estudien es mayor que sus miedos. “Me llamaron hace unas semanas para informarme de que ya no podrán financiar los estudios de mis hijos a partir del próximo semestre”, comenta Reem. Con tres criaturas de 15, 13 y 9 años, va a regresar a su país natal en unos meses, donde estudiar es más barato, ya que no puede permitirse los 300 dinares jordanos (360 euros) que cuesta un trimestre de escolarización en Jordania.

Más allá de los recortes en la ayuda humanitaria, otros factores económicos y administrativos condicionan las decisiones de retorno de miles de refugiados sirios en Jordania. La falta de recursos financieros es una barrera para quienes quieren empezar una nueva vida en Siria, ya que no pueden cubrir sus necesidades básicas, como una vivienda, debido a los exorbitantes precios. Regresar sin ahorros ni una oferta laboral supone asumir un riesgo que pocos pueden permitirse.

Sin recursos económicos en Jordania y ante la moribunda economía siria, que registra una tasa de paro del 25%, los jóvenes sirios prefieren quedarse en el país de acogida, especialmente si tienen empleo. Con una moneda más fuerte y una menor inflación, los trabajadores en Jordania pueden enviar divisas a sus familias en Siria. Así, aunque el deseo de retorno sea fuerte, se ha de contar con la capacidad financiera para hacerlo.

Las deudas les atan a su país de acogida

Israa Mustafa Al-Ghazali, de 30 años, ha tomado la decisión de volver a Siria con sus cuatro hijas menores. Su marido no irá con ellas, ya que no puede viajar al haber acumulado deudas en Jordania. Para ella, el regreso no es fácil, pero está feliz de volver a ver a sus padres y hermanos. La historia de Israa no es una excepción. Según ACNUR, el 43% de las familias que regresan a Siria lo hacen separadas, con uno o varios miembros obligados a quedarse atrás.

Israa llegó a Jordania siendo adolescente, donde estudió maquillaje y peluquería, pero nunca ha podido ejercer en su especialidad. “En Siria quiero intentarlo. Aquí es muy difícil”, explica, esperanzada, la joven mientras sostiene en brazos a su hija de dos años. En Jordania, las oportunidades laborales para los extranjeros son cada vez más escasas; por eso, muchos se ven forzados a pedir préstamos para cubrir necesidades básicas, como el alquiler o los servicios médicos. La acumulación de deudas les impide a muchos retornar, ya que en la frontera no les dejan salir del país si tienen problemas con la justicia por esas deudas. El cónyuge de Israa volverá a Siria cuando termine de pagar los créditos. “Mi esposo quiere regresar para trabajar, reconstruir su vida y volver a ver a su familia”, explica Israa, sin saber cuándo podrán volver a reunirse.

Una parte significativa de los refugiados sueña con vivir algún día en Siria, pero el retorno será lento y desigual ya que, por el momento, regresar no garantiza una vida mejor. Por ahora, solo una parte se atreve a volver, a menudo impulsada por la falta de alternativas en el extranjero. El resultado son familias fragmentadas que vuelven sin certezas, atrapadas entre el deseo de poner fin al largo destierro que nunca eligieron.

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado, en su reunión de este martes, la concesión de una subvención directa de 104.500 euros a la asociación Zehar-Errefuxiatuekin para atender, con carácter urgente y excepcional, a todas aquellas personas, la mayoría malienses, llegadas a Euskadi, principalmente a Vitoria. Según ha indicado el Ejecutivo vasco, desde febrero de 2025 se ha observado una llegada progresiva de personas solicitantes de protección internacional procedentes tanto de la frontera sur (Islas Canarias) como de la frontera norte, incluyendo personas devueltas desde Francia en aplicación del Convenio de Dublín o que han regresado sin poder formalizar su solicitud.

Estas personas, la mayoría de ellas malienses, han comenzado a establecerse en Amara-Berri (Donostia) y en al menos tres localizaciones distintas de Vitoria, informa Europa Press. A partir de julio de 2025, ha reconocido el Gobierno vasco, la situación “se ha intensificado, contabilizándose varias decenas de personas en situación de calle en ambas ciudades, lo que incrementa de forma significativa la vulnerabilidad del colectivo y generando una crisis humanitaria”.

En ese sentido, ha señalado que “muchas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de Malí se han ido desplazando mayoritariamente a Vitoria-Gasteiz, atraídas por la creencia de que en la comisaria de la Policía Nacional Vitoria las citas para iniciar los trámites podían obtenerse con mayor agilidad, empujando a decenas de personas a tener que pernoctar en la calle”. Según las estimaciones, ha apuntado, el número total de estas personas es en torno a varias decenas, repartidas por distintos puntos de la ciudad. Asimismo, y desde julio habrían llegado a Euskadi en torno a 600 personas de Malí, y más de la mitad lo habría hecho a Vitoria.

El Gobierno vasco ha precisado que la concesión directa de esta ayuda responde a “razones de interés público, social y humanitario, de carácter urgente y excepcional, con el objetivo de que ninguna persona solicitante de protección internacional quede desatendida en un momento de especial vulnerabilidad”. La concesión de esta ayuda, ha añadido, busca “activar mecanismos ágiles que permitan atender necesidades básicas y proteger derechos fundamentales, evitando situaciones de desamparo o exclusión social, y reforzando una acogida digna que contribuye a la cohesión social y al cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos”.

Confiscar las joyas de los solicitantes de asilo, construir centros en países no comunitarios para quitarse de en medio a los migrantes a los que se quiere deportar; detener durante tres meses a solicitantes de asilo tras arriesgar su vida en el mar, complicar los trámites de nacionalidad; abrir la puerta a encerrar en prisiones comunes a personas que no han cometido ningún delito… Son algunas de las medidas debatidas en los últimos meses a lo largo y ancho de una Europa que, tras años de blindaje sin éxito, sigue apostando por endurecer aún más las políticas migratorias como vía para reducir las llegadas irregulares y contentar a la extrema derecha. 

En lo que va de año, varios países europeos han anunciado distintas normativas nacionales para reducir la inmigración: Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal, Suecia, Países Bajos, Grecia, Italia han impulsado iniciativas que reducen los derechos de las personas migrantes… Incluso España, que mantiene la distancia de la línea dura promovida por la extrema derecha, también aprobó una reforma que, aunque favorece la regularización de miles de personas, desincentiva a su vez el acceso al asilo de miles de personas, ante la nueva penalización que sufren quienes reciben una denegación de su petición. 

Todas estas iniciativas nacionales ocurren mientras la Unión Europea ultima la aplicación del Pacto Europeo de Migraciones, que va a transformar la política migratoria a nivel comunitario y que abrirá la puerta a la puesta en marcha de una serie de medidas represivas inimaginables hace una década, cuando el “Welcome Refugees” aún coronaba los discursos de los principales dirigentes europeos. A ello se suman tres iniciativas legislativas sobre inmigración, negociadas actualmente por las instituciones europeas, cuyo enfoque sienta las bases para retornar a inmigrantes incluso a países con los que carecen de cualquier tipo de vínculo: los reglamentos de retorno, de países de origen seguro y de terceros países seguros. 

Esta nueva propuesta tiene todas las características de un Estado policial. Permitir a las autoridades entrar en domicilios privados con tanta discrecionalidad es un claro intento de intimidar a cualquiera que ayude a otro ser humano y de poner a las personas necesitadas en un peligro aún mayor

Silvia Carta — PICUM

Si hace meses la Comisión Europea introdujo en su propuesta de reglamento de retorno -que desarrolla las políticas de expulsión y devolución incluidas en el pacto europeo- la creación de centros europeos de detención en terceros países, con el objetivo enviar allí a los migrantes con una orden de retorno en firme, así como amplios periodos de detención de migrantes; el Consejo Europeo ha fijado este lunes una posición aún más dura tras la reunión de los ministros de Interior comunitarios, pues incluye mayores periodos de detención, amplía las sanciones a las personas en situación irregular (incluida la posibilidad de penas de prisión) y abre la puerta al impulso de las redadas policiales para detener a personas sin papeles.

“Esta nueva propuesta tiene todas las características de un Estado policial. Permitir a las autoridades entrar en domicilios privados con tanta discrecionalidad es un claro intento de intimidar a cualquiera que ayude a otro ser humano y de poner a las personas necesitadas en un peligro aún mayor”, ha criticado Silvia Carta, responsable de incidencia de PICUM, ONG con sede en Bruselas que defiende los derechos de los migrantes en la UE. “No podemos permitir que la aplicación de las leyes migratorias se convierta en la puerta de entrada a la normalización de las prácticas propias de un Estado policial en Europa”, añade.

También habrá consecuencias cuando las personas a las que se les haya ordenado regresar no cooperen. Los Estados miembros podrán “decidir denegar o deducir ciertas prestaciones y subsidios, denegar o retirar permisos de trabajo o imponer sanciones penales” que, según la posición del Consejo, también deberían incluir penas de prisión.

Según PICUM, un nuevo artículo propuesto por el Consejo permitiría a las autoridades realizar “redadas domiciliarias, investigaciones y controles adicionales para hacer cumplir las deportaciones”.

Los Estados también piden mayores periodos de tiempo de detención que los incluidos por la Comisión. Frente a los 18 meses actuales y los 24 meses del planteamiento de Bruselas, el Consejo apuesta por extenderlo hasta los 30 meses, incluso en el caso de los niños. 

Además, añaden nuevos motivos de detención de las personas migrantes. “Supone una criminalización de facto de la pobreza y la exclusión”, critican desde PICUM.

Como era de esperar, el Consejo también ha mantenido en su posición la posibilidad de que los Estados miembros establezcan centros de deportación fuera de la UE, pese al rechazo de algunos países como España, Francia y Portugal.

Este procedimiento merma las garantías de las personas solicitantes de asilo, pues imponen plazos muy breves. Y, si se toma la decisión de la denegación de asilo, recibe directamente la orden de retorno. Se puede de recurrir, pero no se frena la expulsión automáticamente, lo que reduce los derechos de estas personas

Elena Muñoz — CEAR

El Consejo ha mantenido la visión inicial de Bruselas, en lo que respecta esta medida pueda afectar solo a los migrantes que reciban una decisión de retorno firme. La única condición impuesta por la Comisión sobre los lugares donde pueden levantarse es que el Estado miembro que aplique esta medida tenga un acuerdo bilateral con el país a donde quiere mandar a sus inmigrantes y “el respeto de los derechos humanos” pero sin establecer por el momento la manera de controlar esas garantías, lo que abre la puerta a la arbitrariedad y a la falta de garantías en materia de derechos humanos, consecuencias habituales en los procesos denominados como “externalización de fronteras”, por los que un país europeo cede la gestión migratoria a otro no comunitario a cambio de dinero o de la cesión de posiciones en determinados intereses políticos. 

El reglamento de retorno es una de las medidas insignias con las que la UE pretende intensificar la detención de inmigrantes y las deportaciones de personas en situación irregular, incluso en países extracomunitarios.

“El denominado ‘Reglamento sobre el retorno’ instaura un régimen de deportación que consolida el castigo, la violencia y la discriminación. En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE está optando por políticas que empujarán a más personas al peligro y al limbo legal”, denuncia Carta. “La posición del Consejo va en contra de la humanidad básica y los valores de la UE. Ahora le corresponde al Parlamento Europeo rechazar este enfoque. La gestión de la migración debe basarse en la dignidad y los derechos, no en el miedo, el racismo o la exclusión”, añade Carta. 

Menos garantías

El Parlamento Europeo tendrá que adoptar su propia posición negociadora en los próximos meses. Y, posteriormente, ambas instituciones, el Parlamento y el Consejo, deberán alcanzar un texto común para alcanzar un acuerdo. 

“La aplicación del mismo pacto ya supone un endurecimiento con respecto a lo que teníamos antes, en Europa en general y aún más en España. En general, endurece, pero dependerá de cada Estado, dado que algunos puntos pueden aplicarse de una manera más garantista”, sostiene Elena Muñoz, responsable jurídica de CEAR. 

El acuerdo europeo da margen para fomentar más la detención, denegar las solicitudes de asilo rápidamente, retornar o expulsar a las personas migrantes más rápido… “Esta tendencia, se refuerza con las tres iniciativas legislativas que prepara la UE”, apunta Muñoz. Además del reglamento de retorno, las otras dos iniciativas concretan los conceptos de “país de origen seguro” y “tercer país de origen seguro”, que conformarán el esqueleto de la nueva política migratoria europea.

Según el acuerdo europeo, quienes procedan de un país considerado “seguro” por la UE serán objeto de un procedimiento acelerado de estudio de sus peticiones de asilo y tendrán grandes posibilidades de ver rechazada su petición.

“Este procedimiento merma las garantías de las personas solicitantes de asilo, pues imponen plazos muy breves. Y, si se toma la decisión de la denegación de asilo, recibe directamente la orden de retorno. Se puede de recurrir, pero no se frena la expulsión automáticamente, lo que reduce los derechos de estas personas”, cuestiona la abogada de CEAR. 

Lo que ya está aprobado

Los Estados miembros tienen de plazo hasta el verano del año que viene para trasladar a su legislación el pacto europeo de migración y asilo, y crear la infraestructura necesaria para aplicarlo. La puesta en marcha del acuerdo cambiará, entre otros asuntos, el procedimiento activado en caso de llegadas irregulares. Por ejemplo, tras el desembarco de uno de los cayucos que suelen llegar a las costas canarias. El nuevo sistema se asienta sobre lo que muchos expertos en migraciones denominan de forma crítica como “limbo jurídico”, por el cual las personas no entran en suelo comunitario cuando sobrepasan la frontera sino que se encuentran en una especie de tierra de nadie a efectos legales. Después de un triaje inicial, si los recién llegados quieren pedir asilo, pasan al carril del asilo. Si no, al de retorno. En ambos casos, mientras las autoridades estudian la petición de protección o mientras realizan los trámites de expulsión, estas personas pueden ser detenidas un máximo de tres meses, según el pacto. Sobrepasado ese plazo, las personas que no hayan sido retornadas quedarán en libertad y se les aplicará la normativa vigente hasta ahora. 

En cuanto al asilo, el pacto pretende acelerar el estudio de las solicitudes y, con ello, el retorno de quienes no obtengan la protección internacional. Para cumplir con este objetivo, crea un procedimiento exprés, que reduce los plazos, lo que en la práctica limita las garantías en el análisis de las peticiones de asilo. La finalidad es que estas solicitudes se resuelvan “lo antes posible” hasta un plazo máximo de tres meses. 

Una de las claves para decidir qué peticiones serán estudiadas por la vía exprés y cuáles por la ordinaria será el país de origen de los solicitantes. La UE creará un listado común de “países de origen seguros”, una iniciativa muy polémica por la arbitrariedad en los criterios de selección. También permite que cada Estado tenga su propia lista. El listado aún no es definitivo, pero en la propuesta de la Comisión Europea se incluyen países como Marruecos o Turquía. Y el Consejo ha dado el visto bueno a este listado.

Además de quienes procedan de estos países, los Estados también tendrán que estudiar de manera rápida las peticiones cuya nacionalidad tenga menos de un 20% de reconocimiento en las solicitudes de asilo totales de la UE. También aquellas de solicitantes que generen problemas de “seguridad y orden público” o aquellas donde existan indicios de fraude, un relato de los hechos “poco convincente” o sean registradas con cierto retraso desde su llegada a territorio comunitario. El derecho de asilo, por tanto, queda limitado por distintos extremos, lo que preocupa a las organizaciones especializadas en protección internacional.

La Iglesia de Inglaterra ha lanzado una campaña para plantar cara a la ultraderecha. Responden al mensaje antiinmigración del ultraderechista británico Tommy Robinson, cuyo movimiento ‘Unite the Kingdom’ [un juego de palabras con Reino Unido al estilo ‘Make America Great Again’], ha instado a sus seguidores a participar en un evento de villancicos el próximo fin de semana para “devolver 'Christ' [Cristo] a ‘Christmas’ [Navidad]”. 

Los carteles, que se exhiben en las marquesinas de las paradas de autobús, dicen “'Christ' siempre ha estado en ‘Christmas’” y “Forasteros bienvenidos”. También estarán disponibles para que iglesias locales puedan descargarlos y exhibirlos durante las fiestas.

La decisión de la Iglesia británica de desafiar la postura de extrema derecha del agitador Robinson se produce en un momento de creciente inquietud entre los líderes eclesiásticos debido al auge del nacionalismo cristiano y la apropiación de símbolos cristianos para reforzar las opiniones de sus seguidores.

En septiembre, una marcha organizada por ‘Unite the Kingdom’ contó con la presencia significativa de símbolos cristianos, como cruces de madera y banderas con lemas y cánticos como “Cristo es rey” o llamamientos a defender “a Dios, la fe, la familia y la patria”. 

La semana pasada, Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, anunció el evento de villancicos navideños del próximo fin de semana en un lugar al aire libre en el centro de Londres. Según explicó el líder de extrema derecha, con esto se pretende marcar el comienzo de “un nuevo renacimiento cristiano en Reino Unido, un momento para recuperar y celebrar nuestra herencia, cultura e identidad cristianas”. En contraposición, algunos activistas cristianos están planeando un evento paralelo para protestar contra las posiciones de extrema derecha de los seguidores de Robinson.

Una estrategia más amplia para hacer frente a la extrema derecha 

Los carteles forman parte de una respuesta más amplia a los movimientos de extrema derecha de Reino Unido por parte de varias iglesias. El Equipo Conjunto de Asuntos Públicos, una asociación entre la Unión Bautista de Gran Bretaña, la Iglesia metodista y la Iglesia Reformista Unida ofrece un “recurso de respuesta rápida” para iglesias locales que intenten “navegar por las complejidades” del nacionalismo cristiano y la “apropiación del lenguaje cristiano y sus símbolos —incluida la Navidad— para la agenda nacionalista”. 

El reverendo Arun Arora, obispo de Kirkstall y obispo codirector sobre justicia racial para la Iglesia de Inglaterra, indicó: “Debemos enfrentarnos y resistirnos a la apropiación del lenguaje y los símbolos cristianos por parte de fuerzas populistas que buscan explotar la fe para sus propios fines políticos”.

Arora afirmó que la conversión de Robinson al cristianismo durante su estancia en prisión era bienvenida, pero que eso no le daba “derecho a subvertir la fe para que sirva a sus propósitos en lugar de al revés”.

Una iglesia que no actuara en respuesta se vería mermada, añadió Arora: “Tanto en las advertencias de los profetas como en las enseñanzas de Jesús, hay un llamamiento inequívoco a garantizar la justicia para los más débiles y vulnerables. Al acercarse la Navidad y recordar la huida de la Sagrada Familia como refugiados, reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con otros en la creación de un sistema de asilo que sea justo, compasivo y basado en la dignidad del ser humano”. 

Tras la marcha de ‘Unite the Kingdom’ de septiembre, los líderes cristianos publicaron una carta abierta en la que afirmaban que “cualquier apropiación o manipulación de la fe cristiana para excluir a otros es inaceptable”. Entre los firmantes se encontraban siete obispos de la Iglesia de Inglaterra y altos dirigentes de las iglesias metodista, bautista y pentecostal, la Iglesia de Escocia, el Ejército de Salvación y la red de acción social católica Cáritas.

En un paso más de la ofensiva del Gobierno del PP en Aragón contra el acogimiento de migrantes de la emergencia canaria en la comunidad, el Ejecutivo autonómico ha revocado la licencia de hotel de los centros que dan servicio a estas personas para que no puedan recibir a otro tipo de clientes. La medida, en algunos casos recurrida, va a suponer como daño colateral que uno de estos establecimientos, el hotel La Pardina de Sabiñánigo, se quede sin alojar esta temporada de invierno a trabajadores de la nieve, como venía haciendo en años anteriores. La Dirección General de Turismo y Hostelería expone que se trata de una decisión “exclusivamente técnica” y que estos establecimientos incumplen la normativa turística.

Antes de este frente, el Ejecutivo popular ya había abierto otros con la llegada de inmigrantes como protagonista: uno con inspecciones sanitarias dirigidas específicamente contra este colectivo y otro con el reguero de recursos ante los tribunales que han planteado los Servicios Jurídicos autonómicos.

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha dicho que es “absolutamente compatible” la actividad de los hoteles con la acogida de migrantes y que “se hace desde hace mucho tiempo”. Sin refererise al caso concreto, ha destacado la importancia de la solidaridad entre comunidades autónomas y los derechos humanos, destacando que a los refugiados procedentes de Ucrania se les acogió en las mismas circunstancias. Ha explicado que son las entidades sociales que colaboran con las instuciones las que buscan los alojamientos hoteleros para darles formación y que cada cual “tiene que ejercer sus competencias sin olvidar los derechos humanos, la economía y la solidaridad entre territorios”

Desde el hotel La Pardina comentan a este diario que se encuentran “en un limbo” y que han presentado un recurso a esta decisión del Gobierno de Aragón. Aseguran que su establecimiento tiene entradas independientes y cumple con los requisitos exigidos por el Ejecutivo: “Nosotros cumplimos”. Explican que, tras la inspección, se les dio la opción de rebajar la categoría a hostal y que lo solicitaron, pero que se les denegó. Añade que en estas fechas se les suma una nueva problemática, y es que este establecimiento se encargaba de alojar a trabajadores de Aramón ya que en la zona “no hay alojamientos suficientes. Han estado las tres temporadas anteriores conviviendo con las personas acogidas sin ningún problema, tienen accesos independientes”.

El Hotel Montearagón, situado en Quicena, también ha recibido la notificación y sus responsables —los mismos que los de La Pardina— han presentado otro recurso. Sin embargo, reconocen que la situación en este alojamiento no es tan urgente porque no existe la demanda de hospedaje para trabajadores de Aramón. Otros establecimientos que también han resultado afectados por esta decisión lamentan “el aumento de inspecciones” en los últimos meses, que califican de “acoso, según recoge 'El Periódico de Aragón'.

La Dirección General de Turismo y Hostelería ha formalizado la baja de cuatro hoteles en el registro autonómico, tras argumentar que han perdido las condiciones que justificaron su inscripción y que ya no desarrollan actividad turística. En su lugar, funcionan como dispositivos de acogida de personas migrantes a través de contratos estatales con ONG, lo que, a juicio del Gobierno aragonés, es incompatible con el régimen hotelero.

Según los informes técnicos, estos edificios no cumplen requisitos como accesos independientes, separación de usos o la existencia de núcleos de comunicación vertical diferenciados, tales como ascensores y escaleras específicas para huéspedes. Además, no mantienen los estándares de compartimentación que exige la normativa vigente. Este conjunto de “irregularidades” ha servido de fundamento jurídico para la revocación.

Presión política del Gobierno de Aragón

No obstante, la decisión llega tras meses de presión política y mediática del Ejecutivo autonómico contra estos recursos humanitarios. En los últimos meses, Sanidad ha denunciado públicamente problemas higiénicos en al menos dos de los centros, ambos vinculados a la atención de personas migrantes: La Pardina, en Sabiñánigo, donde hubo un brote de gastroenteritis —en un primer momento se dijo que afectaba a 115 migrantes, aunque el delegado de Gobierno rebajó esa cifra y aseguró que todos los casos fueron de carácter leve—, y el Hotel Mur, en Jaca, que fue acusado de ofrecer comidas en “mal estado” pese a seguir siendo un restaurante abierto al público general.

Según los informes que sostienen los expedientes, la actividad desarrollada en estos inmuebles —la acogida humanitaria de personas migrantes— no puede considerarse turística y, por tanto, contraviene los artículos 2, 34 y 36 del Texto Refundido de la Ley del Turismo de Aragón. “Las personas alojadas no son turistas y su estancia no constituye actividad turística”, recogen los documentos técnicos. El Ejecutivo autonómico también esgrime la incompatibilidad de usos prevista en la normativa. El régimen solo permite la coexistencia de actividad hotelera con otros usos turísticos y siempre en zonas diferenciadas, algo que según el informe no se cumple en estos casos.

Todas estas circunstancias han llevado a la Dirección General de Turismo a concluir que han desaparecido las condiciones que motivaron la inscripción original como hoteles, lo que habilita la baja de oficio en el registro autonómico. Turismo sostiene que la decisión es “exclusivamente técnica” y ha ofrecido a los responsables de los inmuebles la posibilidad de inscribirse como hostales o pensiones, figuras en las que sí es posible compatibilizar usos sociales y turísticos. La ONG que gestiona algunos de estos centros no ha respondido por el momento las preguntas de este medio.

Las críticas también han llegado desde Chunta Aragonesista. Alberto Alcaine, secretario de Política Sectorial y Agenda 2030 de CHA ha expresado que parece “una decisión tomada con el único objetivo de desincentivar a los establecimientos a seguir participando, y añadir una nueva traba al proceso de acogida, en el que actualmente se encuentran 805 personas en todo Aragón”. Ha explicado que con esta medida “estos establecimientos pierden la posibilidad de alojar a otras personas que no tengan esta categoría”.

Expone que, “a pesar de no haberse producido ninguna incidencia, el Gobierno de Aragón toma una medida que cataloga a los residentes hoteleros en función de su lugar de origen, lo cual choca de forma frontal con todo lo que defendemos desde Chunta Aragonesista”, ha señalado el secretario de Política Sectorial y Agenda 2030.

Izquierda Unida Altoaragón también ha mostrado su rechazo y han acusado al Ejecutivo de “racismo y clasismo”. Para la organización, el impacto no solo recae sobre las personas migrantes y la plantilla de estos centros, sino que afecta también al conjunto del sector hostelero del Altoaragón, “generando graves repercusiones económicas y sociales”.

Según la argumentación del Ejecutivo autonómico, para compatibilizar la actividad hotelera con la de residencia para personas inmigrantes, el reglamento exige entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo. IU ha considerado que obligar a separar accesos y espacios “constituye un trato discriminatorio hacia personas especialmente vulnerables”. El coordinador de Izquierda Unida del Altoaragón, Vicente Guerrero, ha afirmado: “Esta decisión institucionaliza la segregación y lanza un mensaje profundamente peligroso, que hay personas de primera y personas de segunda”.

El PSOE aragonés también ha mostrado su rechazo. La alcaldesa socialista de Sabiñánigo, Berta Fernández, municipio donde se ubica uno de los hoteles que pierde esta licencia critica “razones políticas del gobierno de Azcón”. Asegura que este uso compatible nunca había generado problemas y supone un recurso económico para estos hoteles. “Es una medida drástica e innecesaria”, ha dicho.

El PSOE aragonés ha informado de que no va a tolerar el “uso partidista” de personas y establecimientos que generan actividad económica. Critica la “falta de empatía de Azcón” así como la “ausencia total de información y la alevosía” con que se ha llevado a cabo esta medida. Además añaden los socialistas que medidas como esta “suponen un castigo en toda la regla a cualquiera que se atreva a trabajar o a colaborar con la acogida de menores”.

Problemas sanitarios en los centros de acogida

La resolución llega tras una sucesión de incidentes y actuaciones de inspección relacionadas con los centros de acogida de la emergencia canaria en Aragón. En marzo, el Servicio de Inspección de Salud detectó deficiencias en limpieza y desinfección en la residencia de Sabiñánigo, el antiguo hotel La Pardina, donde un brote de gastroenteritis. En un primer momento se informó de que afectó a 115 de las 117 personas expuestas y Sanidad atribuyó el origen a alimentos manipulados sin las garantías higiénicas necesarias. Días después, Subdelegación de Gobierno en Huesca aseguró que la afección había sido leve y que afectó a “un número muy reducido de personas”.

El centro está gestionado por la ONG Apip Acam, contratada por el Ministerio de Inclusión, y que no respondió a las llamadas realizadas desde las redacciones para recabar su versión. Tras el brote, la consejera de Bienestar y Familia, Carmen Susín, reclamó al Gobierno central información sobre los controles aplicados en estos recursos, sin obtener respuesta, según trasladó el Ejecutivo aragonés.

Antes, en febrero, Sanidad había advertido de “graves deficiencias” en un restaurante del Hotel Mur, en Jaca, donde comen mujeres y menores migrantes. El Departamento vinculó las anomalías con la atención a este grupo pese a que el establecimiento continuaba abierto al público, sirviendo comidas incluso a escolares que se encontraban en la localidad por la Semana Blanca.

Este señalamiento fue criticado por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien acusó al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, de mantener un “tratamiento desigual” hacia los migrantes, al pedir alternativas de comedor únicamente para ellos. Beltrán reprochó que el Ejecutivo autonómico omitiera que cualquier persona podía comer en ese local en el momento de las denuncias. Días después, una nueva inspección verificó que se habían corregido todas las deficiencias y el restaurante cumplía la normativa.

El Gobierno de Aragón defiende su actuación

Los Departamentos de Medio Ambiente y Turismo y de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón han publicado un comunicado defendiendo la retirada de licencias de estos centros y exigiendo “respeto” a las actuaciones de los funcionarios. Han expresado ver “con estupor y sorpresa” que la Delegación del Gobierno “ofrezca asesoría jurídica a quien incumple la normativa, dado que como institución pública está obligada a cumplir y hacer cumplir la ley”. 

Aseguran que las acciones que se han emprendido “pretenden exclusivamente dar cumplimiento a la normativa, con el fin de dar de alta a estos establecimientos en la categoría o con la naturaleza jurídica que obedezca al uso para el que ahora se están destinando”. Es decir, “no cierran sus puertas como residencia para población migrante ni su retirada del Registro de Turismo supone ningún cambio respecto a esta actividad, que está conveniada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con diferentes fundaciones y de la que el Gobierno de Aragón no es competente”.

Sostienen que las resoluciones adoptadas por la Dirección General quedan “plenamente argumentadas jurídicamente” y se corresponden con la labor y competencias de la Inspección de Turismo, que actúa tanto de oficio ante quejas o reclamaciones, como ha sucedido en este caso, como a través de una programación anual.

Khaled Alghalban tiene 46 años, es gazatí y trabajador social. En la franja ejercía como tal y allí formó una familia junto a su mujer, Eitemad, de 43 años, anestesista y enfermera, y sus cuatro hijos: Mohammed, Ayman, Sohaib y Feras. Hace cuatro años, con las continuas incursiones militares del ejército israelí en Palestina, decidió viajar a España y buscar un futuro para su familia. Llegó a Guadalajara y comenzó a trabajar en una fábrica con estatus de refugiado.

Su objetivo, desde el primer momento, era conseguir el dinero suficiente para poder traer a su familia. Desde Palestina, todos consiguieron los pasaportes y los documentos para la reagrupación familiar en la capital alcarreña. Pero en octubre de 2023 todo cambió.

El inicio de las matanzas indiscriminadas, del genocidio, por parte de Israel tras los ataques masivos de Hamás, dio un vuelco a su situación. La familia de Khaled quedó “atrapada” en la franja y ni su documentación ni sus pasaportes les han servido para nada.   

El refugiado palestino cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha que desde que llegó a España desde hace cuatro años ha trabajado “sin descanso, buscando una nueva vida”. Su horizonte no era otro que vivir con su familia en un territorio sin guerra y ahora “todo se ha vuelto imposible”.

“Necesito evacuarlos de ese infierno. No puedo dormir, no puedo comer, solo pienso en ellos, en traerlos aquí. Me pregunto a diario cómo están, porque el alto el fuego es una farsa y hay muertos todos los días”, explica.

Tanto su familia directa como otros hermanos y primos suyos están viviendo bajo lonas de plástico en las ruinas del sur de Gaza. Khaled consigue comunicarse con ellos muy de vez en cuando, a través de whatsapp, porque las comunicaciones se cortan de manera continua. Sabe que en las últimas semanas “apenas han dormido”.

“Mi esposa no deja de llorar y yo no puedo protegerlos de los continuos bombardeos y asesinatos. Ni tampoco de la sed ni del hambre, ni del frío y la lluvia. Están todos viviendo en la calle, en insalubridad. Eso es un infierno de escombros y piedras. Mis hijos, no dejan de pedirme que les traiga y yo ya no sé qué hacer”, lamenta muy afectado.    

Khaled aporta a este medio todos los pasaportes de su esposa y sus hijos, el documento de reagrupación familiar y sus permisos para viajar. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) aprobó la extensión familiar de su asilo en noviembre de 2023.

Sin embargo, la burocracia y las dificultades sobre el terreno mantienen a su esposa e hijos en Khan Younis, una ciudad descrita como “una zona de desastre”. Es decir, toda su documentación está en regla, pero el Ejército israelí no les permite traspasar el cinturón de la franja.

“Estuvieron incluso una semana durmiendo en el límite de la frontera, pero fue imposible y terminaron desplazándose de nuevo más al sur”. Allí, su esposa Eitemad sigue trabajando en el único hospital que sigue en pie, aunque en muy malas condiciones, casi en ruinas. “Está traumatizada, ha cambiado mucho en los dos últimos años, trabaja con gente muy enferma”.

Ya han sufrido mucho, apenas tienen sueños. Temo perderlos de un día para otro

La Plataforma Guadalajara por Palestina y Cruz Roja Internacional han realizado numerosos trámites para ayudar a esta familia. Han podido localizarles mediante fotos y vídeos, pero no consiguen interceder para que les dejen cruzar el límite de la franja. La Plataforma incluso ha elevado su caso al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

También el propio Khaled ha enviado cartas a diferentes embajadas en El Cairo y Jerusalén, todas sin respuesta. “Por favor, ayuda. Solo quiero evacuar a mi familia. Ya han sufrido mucho, apenas tienen sueños. Temo perderlos de un día para otro. Por favor, ayuda, por favor”, repite sin cesar.

La lucha de este refugiado se convertirá el próximo sábado, día 29 de noviembre, en bandera de una manifestación en Guadalajara que amplifica su demanda personal para exigir al Gobierno español la ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel. 

La protesta se enmarca en una jornada de movilizaciones estatales convocadas en decenas de ciudades españolas bajo el lema ‘Fin al comercio de armas y relaciones con Israel y el alto definitivo al genocidio en Palestina’.

La marcha, que recorrerá el trayecto desde el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre hasta la Plaza del Ayuntamiento, no solo pedirá agilizar la evacuación de esta familia, sino que también exige “la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, el apoyo a la resistencia palestina y el fin a las ambigüedades de los gobiernos europeos”.

Según recuerda la organización, el pasado mes septiembre, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, proclamó un “embargo de armas legal y permanente” a Israel como respuesta al genocidio en Gaza.

Pero precisan que los datos aduaneros “cuentan una historia diferente”. Estiman que durante los primeros siete meses de este mismo año, España ha importado material de defensa israelí por valor de 19,8 millones de euros, una cifra que supone un 47% más que el promedio histórico de las últimas dos décadas.

Ambigüedad y “dependencia tecnológica”

Esta dualidad -prohibir la venta, pero mantener la compra- es prueba de “una ambigüedad, cuando no complicidad”, y que pone “negro sobre blanco de la dependencia tecnológica del Ejército español hacia la industria militar israelí”. Denuncian así la “desconexión” entre las declaraciones políticas y la regulación efectiva de la actividad empresarial en zonas de conflicto.

La lucha de la familia Alghalban y la movilización del sábado en Guadalajara se enmarcan en este escenario de creciente presión social que denuncia los límites de una acción gubernamental que “bascula entre el apoyo formal al pueblo palestino, pero manteniendo las relaciones económicas y diplomáticas con un Estado al que califican de criminal”.

En el barrio de la Caridad de Algeciras, por la proximidad con el puerto, hay una constante vida, un ir y venir de personas. Hay vecinos, viajeros, empresarios, trabajadores... En esas calles abundan hostales baratos que atienden la demanda de trabajadores de los muelles, de turistas de paso y de migrantes, quienes, tras complicadas travesías, han llegado a España con el amparo de alguna ONG.

Desde el pasado verano un conflicto se viene agravando por momentos. El Ayuntamiento de Algeciras ha ordenado el cierre a dos de esos hostales, el Don Manuel, y otro cuya propiedad prefiere no hacerse pública. El gobierno del PP argumenta que estos establecimientos no solo alojan sino que dan asistencia sin permiso a migrantes derivados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Uno de los dueños lo tiene claro: “Es racismo, no quieren tener negros por aquí”.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado desarrolla una intensa labor en Algeciras, ciudad de entrada y de paso para muchos solicitantes de protección internacional y personas refugiadas. Esta organización ofrece orientación jurídica, acompañamiento social y apoyo en trámites de protección internacional en sus oficinas del Paseo de la Conferencia, apenas unos metros de esos hostales como el Don Manuel. “Para poder alojarlos provisionalmente CEAR contrata esos hostales, por estar en una zona portuaria y céntrica, cerca de servicios sociales, sanitarios y transportes; recurrimos a este tipo de establecimientos porque nos permiten dar una respuesta día a día”, explica José Carlos Budía, coordinador de CEAR en Andalucía. 

Inspecciones de la policía

Fue este pasado verano cuando comenzó el conflicto. Fuentes del gobierno municipal que dirige José Ignacio Landaluce (PP) han explicado que todo surgió a raíz de una inspección general llevada a cabo por la Delegación Municipal de Urbanismo con la colaboración de la Policía Local. “No estaba dirigida solo a hostales, sino bares, cafeterías, restaurantes, tiendas, supermercados, establecimientos hosteleros e incluso a la comprobación del estado de inmuebles y fachadas”, apuntan.

Fue durante esas actuaciones, según el Ayuntamiento, cuando se detectó, entre otras deficiencias, la utilización de hostales como centros asistenciales improvisados en lugar de alojamientos turísticos. “Ante esta grave situación el Ayuntamiento no tuvo más opción que proceder a tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente”, explican las mismas fuentes. 

A Javier Villa, uno de los dos socios que dirige ahora el Hostal Don Manuel, le pilló esta inspección con el hostal recién adquirido, recogiendo el testigo de un establecimiento con años de solera. Acababa de estrenar también al CEAR como cliente para alojar a estos refugiados. “Compramos en junio y en agosto empezaron las visitas extrañas de la policía”, recuerda. “Entraban a preguntar si éramos un centro de acogida, cuando es evidente que somos un hotel; no había ningún incidente, ningún problema con vecinos, nada, pero venían y venían”, relata el hostelero.

Versiones enfrentadas: “racismo” vs. “seguridad”

El responsable del hostal defiende que su negocio cumple escrupulosamente la normativa: licencia hotelera, habitaciones turísticas, desayuno y cena para quien las contrate. “Alojamos a quien venga: turistas, trabajadores, agentes de Policía destinados temporalmente al puerto, y también personas derivadas por CEAR. Eso no es un servicio asistencial; es lo que hace cualquier hotel”, afirma.

La sorpresa llegó cuando, según explica, la Policía Local le comunicó de forma verbal y sin notificación oficial que el 28 de noviembre el hostal debía cerrar. “No tenemos ni un papel. Solo una llamada diciendo que Urbanismo ordena clausurar. Es intimidación pura y dura”, lamenta. Villa no duda en señalar el trasfondo: ·No quieren gente inmigrante, ni de color, en una zona céntrica y cercana al Ayuntamiento. No tiene otra explicación·. Su voz no titubea: “Es un tema de racismo”.

El Ayuntamiento de Algeciras lo niega y defiende que sus sanciones tratan, precisamente, de proteger a las personas inmigrantes. “Los centros expedientados no solo carecían de autorización para ejercer como centros asistenciales, sino también de las condiciones sanitarias, de emergencia y de prevención de riesgos, y también estaban excesivamente ocupados. Solo tienen habitaciones con literas, sin más actividad ni alternativas. El tema asistencial es mucho más sensible y el informe elevado obliga al Ayuntamiento a ordenar el cierre de los establecimientos por seguridad de los propios inmigrantes”, argumentan fuentes municipales.

La versión de CEAR difiere de plano. José Carlos Budía, su coordinador, defiende los hostales sólo prestan los servicios que son objeto de su licencia de actividad (alojamiento y manutención), y aclara que “no se prestan servicios profesionales de ningún tipo”. Explica que la atención jurídica, social y el acompañamiento se ofrecen exclusivamente en sus oficinas del Paseo de la Conferencia, donde “queda a disposición del Ayuntamiento para aclarar los servicios profesionales que se prestan a las personas refugiadas” y muestra “su absoluta predisposición para colaborar y trabajar de manera conjunta”.

La asociación de vecinos, a favor del cierre

El Ayuntamiento de Algeciras no entiende el empeño de las ONG en recurrir a estos hostales en el barrio y lamentan el abandono del Gobierno central. “Estas organizaciones cuentan con convenios en vigor suscritos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que contemplan el abono de cantidades económicas destinadas a la acogida de extranjeros por lo que la responsabilidad es del Gobierno. Es más, existe un Centro de Acogida Temporal de Extranjeros en la comarca cuya actividad es nula”, aseguran estas fuentes municipales. 

El gobierno atiende también así a las quejas que la asociación de vecinos del barrio ha hecho por la presencia creciente de personas “con perfiles complicados”. Su presidente, Antonio Jarillo, cree que en los últimos meses ha habido un “efecto llamada” de los servicios sociales que reparten comida en la calle. “Organizaciones como CEAR y CEPAIM han acaparado prácticamente la totalidad de los hostales, dejando sin plazas hoteleras a una zona que siempre ha sido un punto de acogida para quienes viajan por su cercanía al puerto, la estación de Renfe y la terminal de autobuses”, comenta el representante vecinal.

Jarillo admite que estos alojados no generan conflictos, pero, a continuación, asegura que “a nivel de imagen, puede no resultar positivo ver a grandes grupos de personas migrantes sentadas o tumbadas en los bancos del paseo Río de la miel sin actividades. Debemos tener en cuenta que las mafias pueden aprovechar la vulnerabilidad de estos perfiles”, opina.

El presidente vecinal se alinea con el Ayuntamiento en su decisión de cerrar los hostales: “Estamos completamente de acuerdo en que, si un establecimiento no cumple con las normas, debe ser cerrado hasta que las cumpla. Es fundamental recordar que estas normas incluyen medidas de higiene y seguridad, las cuales son esenciales para proteger los derechos de estas personas”. También pide que se inspeccione a estas organizaciones porque “tenemos constancia de que alojan a las personas en habitaciones muy pequeñas, muchas con literas, sin calefacción ni aire acondicionado, y que en varios casos se supera ampliamente la capacidad de los hostales. Nadie controla si la alimentación proporcionada es suficiente”, añade.

Apuesta por la multiculturalidad

Jarillo niega racismo en su postura: “Los vecinos queremos acoger y ayudar, y consideramos que se debe hacer de manera digna. No podemos saturar un mismo barrio ni concentrar a todas las personas en un solo lugar, porque se formaría un gueto y no se estaría logrando una verdadera integración”.

Mientras, el responsable del Hostal Don Manuel recibe estas quejas y estos expedientes municipales con indignación: “Esto es una forma de limitar y coaccionar a nosotros sobre a quién tenemos que alojar. Lo que no quieren es a personas migrantes o de color por esta zona”. Javier Villa defiende y presume de que su hotel tenga múltiples razas y nacionalidades entre su clientela: “Aquí ahora mismo hay africanos, latinos, ucranianos, y españoles”. Porque su hotel es tan multicultural como la propia Algeciras.

Budía, de CEAR, lamenta que nadie haya querido hablar con ellos para resolver dudas o expresar sus inquietudes. Inquietudes que son las de las personas refugiadas que atienden, que ya vienen con mochilas de enorme peso. Si se ejecuta el cierre este viernes, lo primero que ocurrirá es que unas 70 personas (entre ellas menores y mujeres embarazadas) se quedarán la calle. Temblarán también los puestos de trabajo de los hostales. Y lejos de solucionarse los problemas, surgirán otros peores.

Al menos trece personas murieron y un número indeterminado de ellas resultaron heridas este martes en un bombardeo israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos del Líbano, ubicado en la ciudad meridional de Sidón, sin que por el momento se sepa quién era el objetivo de la acción.

“El ataque resultó en el fallecimiento de trece personas y causó heridas a varias más. Las ambulancias todavía están transportando a más víctimas a los hospitales cercanos”, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), el ataque estuvo dirigido contra un convoy que se encontraba en las inmediaciones de una mezquita dentro del campo, si bien también se han reportado supuestas acciones posteriores contra el propio templo y un centro vinculado.

Tras el ataque aéreo atribuido al Estado judío, se han escuchado tiroteos en la zona, de acuerdo con el medio estatal.

Ain el Helu es el campamento más grande de la comunidad palestina en el Líbano, que acoge una docena de estos terrenos administrados de facto por una miríada de facciones y sin presencia de las fuerzas de seguridad libanesas.

Israel ha continuado atacando el Líbano con asiduidad pese al alto el fuego acordado entre ambos países hace casi un año, aunque estas acciones suelen estar dirigidas contra objetivos del grupo chií libanés Hizbulá y es mucho menos común que sean alcanzados miembros de formaciones palestinas.

Sin embargo, desde el comienzo del conflicto a finales de 2023 se han producido varios ataques contra responsables de facciones en carreteras, campos de refugiados o sus inmediaciones, siendo el de mayor envergadura el que acabó con el entonces número dos del movimiento islamista palestino Hamás Saleh al Arouri a las afueras de Beirut.