La ONU estimó este jueves que unas 500 personas, la mayoría pertenecientes a la perseguida minoría musulmana rohinyá, podrían haber muerto frente a las costas de Birmania en los últimos días, tras el naufragio de dos embarcaciones.

Los dos barcos partieron del estado de Arakán, en el oeste del país, a finales de junio, transportando principalmente pasajeros rohinyá, algunos de los cuales habían viajado desde campos de refugiados de Cox's Bazar, en la vecina Bangladés, según un comunicado conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La primera embarcación, con unas 250 personas a bordo, perdió el contacto poco después de zarpar, mientras que la segunda, que transportaba a unos 280 refugiados, se hundió frente a las costas del estado de Irawadi, en el suroeste de Birmania.

A falta de confirmación oficial sobre el número de víctimas y las circunstancias de ambos naufragios, ACNUR y OIM alertaron del posible alcance de una tragedia que “pone de relieve el impacto devastador del conflicto prolongado” que sufre Birmania.

Ambos viajes se realizaron fuera de la temporada de navegación habitual, cuando las condiciones marítimas suelen ser más peligrosas.

Las recientes lluvias torrenciales e inundaciones en toda la región han incrementado aún más los riesgos asociados a este tipo de travesías marítimas, señaló Naciones Unidas.

Más de 6.500 rohinyás emprendieron desplazamientos por mar y cerca de 900 fueron declarados muertos o desaparecidos en 2025, lo que equivale a uno de cada siete y convierte a ese año en el más mortífero desde que existen registros, según ACNUR.

La persecución contra esta comunidad ha forzado el desplazamiento de más de 1,3 millones de personas hacia Bangladés, un éxodo que los ha convertido en la mayor población apátrida del mundo.

Un país en guerra desde 2021

La mayoría huyó tras la ofensiva militar de 2017, el episodio más devastador para esta comunidad, cuando el Ejército birmano atacó, incendió y bombardeó sus aldeas, en una campaña de violencia sistemática que fue investigada por equipos de Naciones Unidas y reunió evidencias sobre crímenes contra la humanidad y genocidio.

En el campamento de refugiados bangladesí Cox's Bazar, el más grande del planeta, la inseguridad y la falta de servicios básicos, incluida la educación, ha empeorado con el tiempo, lo que empuja a sus habitantes a intentar llegar a destinos como Indonesia o Malasia, ambos países de mayoría musulmana.

Miles de rohinyás todavía permanecen en el estado de Arakán, de donde son originarios, pese al deterioro de la seguridad desde el golpe de Estado de 2021, que acabó con 10 años de transición democrática y sumió al país en una espiral de ostracismo internacional y violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que se vive desde hace décadas.

La agenda de Shigeru Ban durante el Congreso Mundial de Arquitectura de la UIA en Barcelona recuerda a la de una estrella del rock. Conferencias, entrevistas y encuentros repartidos por toda la ciudad le dejan apenas unos minutos libres entre compromiso y compromiso. Para el arquitecto japonés este ritmo forma parte de la normalidad: desde hace décadas reparte su tiempo entre los estudios que dirige en Tokio, París y Nueva York, compagina la práctica profesional con la docencia y se mantiene siempre dispuesto a desplazarse allí donde un terremoto, una guerra o una crisis humanitaria requieren arquitectura de emergencia.

Horas antes de nuestra conversación acaba de protagonizar una de las conferencias más esperadas del Congreso. Ante una multitud repasa algunos de los proyectos que le han convertido en una de las figuras más influyentes de la arquitectura contemporánea: iglesias levantadas tras terremotos, refugios para personas desplazadas o escuelas provisionales construidas con los ya inseparables tubos de cartón que han acabado convirtiéndose en uno de los símbolos de su obra. Antes de abandonar el escenario anuncia que ya prepara un viaje a Venezuela para colaborar con arquitectos locales en la respuesta a los devastadores terremotos.

La entrevista tiene lugar en CaixaForum Barcelona con motivo del diálogo La arquitectura que necesitamos, organizado por la Fundación “la Caixa” dentro del ciclo En pausa: Diálogos para pensar el presente, en el que Ban conversa con Martha Thorne, directora ejecutiva del Premio Pritzker entre 2005 y 2021. Bajo su liderazgo, el galardón comenzó a reconocer con mayor frecuencia una arquitectura menos centrada en el edificio icónico y más comprometida con el contexto, la sostenibilidad y el impacto social. La elección de Ban como Premio Pritzker en 2014 simbolizó para muchos ese cambio de sensibilidad.

Ha anunciado que ya prepara un viaje a Venezuela para colaborar con arquitectos locales tras los recientes terremotos. Después de tres décadas trabajando en zonas de desastre, ¿qué sigue impulsándole a volver una y otra vez?

Es parte de mi responsabilidad como arquitecto. Igual que un médico acude allí donde hay personas heridas, nosotros debemos actuar cuando la gente pierde su hogar.

Lo primero siempre es salvar vidas. Después llegan los espacios de evacuación y, poco a poco, la necesidad de construir viviendas temporales. Nuestro trabajo consiste en formar equipos con arquitectos y universidades locales para responder con rapidez y utilizando los recursos que ya existen en cada lugar.

Desde la iglesia de cartón levantada tras el terremoto de Kobe hasta los refugios de emergencia construidos con tubos de cartón y cimentaciones hechas con cajas de cerveza, ha demostrado que una buena arquitectura puede levantarse con materiales que cualquiera consideraría corrientes. ¿Cómo nació esa manera de proyectar?

Cuando empecé a trabajar en situaciones de emergencia comprendí que no podía depender de materiales sofisticados ni de largas cadenas de suministro. Había que construir con aquello que ya estaba disponible en el lugar.

Los tubos industriales de cartón nunca fueron “mi material”, simplemente descubrí que eran extraordinariamente útiles. Son muy económicos, ligeros, resistentes y, sobre todo, universales. Se fabrican prácticamente en cualquier país del mundo. Cuando trabajé en Ruanda encontré una fábrica que los producía allí mismo y, para nuestra posible intervención en Venezuela, ya he localizado otra.

Lo mismo ocurre con las cajas de cerveza, que pueden rellenarse con sacos de arena para construir cimentaciones sin necesidad de utilizar hormigón. No me interesa el cartón por el cartón. Me interesa demostrar que una buena arquitectura no depende de materiales caros, sino de comprender cómo utilizar de la forma más inteligente aquello que ya tenemos.

Diseñar un museo y una vivienda temporal para refugiados es exactamente lo mismo

Muchos arquitectos entienden el trabajo humanitario como una excepción dentro de su carrera. Usted nunca ha hecho esa distinción.

Porque para mí no existe esa diferencia. Diseñar un museo y diseñar una vivienda temporal para personas refugiadas es exactamente lo mismo. Les dedico el mismo tiempo, la misma energía y el mismo nivel de exigencia. La única diferencia es que por uno recibo honorarios, y por el otro no.

¿No cobra por estos proyectos?

Nunca cobro por los proyectos humanitarios. Trabajo a través de mi propia organización, la Voluntary Architects' Network (VAN), e intentamos mantenernos independientes de los gobiernos porque eso nos permite actuar mucho más deprisa. Las organizaciones financian únicamente los materiales y, cuando hace falta, los desplazamientos. En una emergencia el tiempo es fundamental.

¿Por dónde empieza siempre un proyecto?

Por entender el lugar. Antes de pensar en la forma hay que comprender el paisaje, el clima, la cultura y las condiciones del sitio. Muchas veces hay árboles que merece la pena conservar o materiales que ya forman parte del lugar y pueden incorporarse al proyecto.

Siempre intento aprender de los arquitectos locales, de los profesores y de la gente que conoce el territorio. Es como un buen cocinero: trabaja con los mejores ingredientes que encuentra cerca. La arquitectura debería hacer exactamente lo mismo.

La construcción sigue siendo una de las industrias que más residuos genera del planeta. Usted lleva casi cuarenta años intentando demostrar que otra forma de construir es posible.

Reducir el desperdicio probablemente sea mi filosofía de vida. Empecé diseñando exposiciones efímeras, donde había que conseguir el mayor impacto posible con muy pocos recursos y un montaje y desmontaje rápidos. Aquello me enseñó que la creatividad no depende de gastar más, sino de utilizar mejor lo que ya tienes.

Intento aplicar esa misma lógica también a mi vida. Vivo en un apartamento pequeño, no tengo coche y llevo el mismo reloj Casio desde hace treinta años. En casa me enseñaron que no debía desperdiciarse nada, ni siquiera un solo grano de arroz. Esa educación sigue muy presente en todo lo que hago.

Usted ha construido algunos de los museos más importantes del mundo y, sin embargo, insiste en que el lujo no depende de materiales caros. ¿Qué es entonces el lujo en arquitectura?

La calidad de la arquitectura no tiene nada que ver con el precio de los materiales. El lujo tiene que ver con la luz, con la sombra, con la ventilación y con la calidad del espacio. También con la estructura.

Siempre me han interesado arquitectos como Frei Otto o Gaudí porque buscaban la forma más eficiente de construir utilizando el mínimo material y el mínimo consumo de energía sin renunciar a la creatividad y la belleza. Frei Otto hablaba de form finding, encontrar la forma adecuada, frente al form making, imponer una forma preconcebida. Esa diferencia sigue pareciéndome fundamental.

Gaudí construyó con el mínimo material sin renunciar a la belleza

Hay quien sostiene que la inteligencia artificial cambiará radicalmente la profesión. ¿Existe algo que nunca podrá automatizar un ordenador?

La tecnología siempre ayudará. Puede calcular estructuras con mayor rapidez o facilitar muchos procesos. Pero eso no significa que vaya a producir mejor arquitectura.

Quizá pueda sustituir la arquitectura mediocre. La buena arquitectura, no. Un ordenador puede ayudarnos a calcular, pero no añade calidad por sí mismo. Si pensamos de nuevo en Gaudí, comprendemos que el verdadero valor no estaba en los cálculos, sino en la manera de entender la estructura, la materia y el espacio. Ningún ordenador habría concebido unas estructuras más lógicas que las de sus maquetas funiculares.

Compagina tres estudios —Tokio, París y Nueva York— con la docencia y los proyectos de emergencia repartidos por todo el mundo. Desde fuera parece un ritmo casi imposible. ¿Qué le aporta esa vida itinerante?

Es la vida que llevo desde hace muchos años. Antes de la pandemia viajaba a París cada dos semanas durante casi quince años. Ahora voy aproximadamente una vez al mes, así que incluso viajo menos que antes.

Me gusta porque cada lugar me aporta una mirada distinta. Los estudios funcionan de manera coordinada y, cuando surge una emergencia, intento desplazarme para trabajar junto a arquitectos y estudiantes locales. La arquitectura no se hace desde un despacho; se hace entendiendo el lugar y colaborando con las personas que lo conocen.

El cliente más difícil suele ser el promotor inmobiliario que entiende la arquitectura como un producto

Además de proyectar edificios, lleva décadas enseñando arquitectura. Si hoy tuviera delante a un estudiante que empieza la carrera, ¿qué intentaría transmitirle?

Viajar. Creo que es la mejor educación que puede recibir un arquitecto. Hay que visitar ciudades, paisajes, museos y culturas diferentes. Solo así se aprende realmente.

Cuando era niño quería ser carpintero porque me parecía mágico transformar un trozo de madera en otra cosa. Más tarde cayó en mis manos una revista con el trabajo de John Hejduk y aquello cambió completamente mi vida. Me llevó a viajar a Estados Unidos para estudiar en Cooper Union y esa experiencia me transformó como arquitecto y como persona. Por eso siento la responsabilidad de devolver a las nuevas generaciones parte de lo que yo recibí.

Y les diría también que intenten recorrer siempre el camino más difícil. Los seres humanos tendemos a elegir la opción más cómoda y más segura. Yo siempre he preferido hacer lo contrario. Ahí es donde aparecen las oportunidades para aprender, descubrir cosas nuevas y hacer una arquitectura que realmente aporte algo.

Durante su conferencia en Barcelona, confesó que a menudo se siente decepcionado con la profesión. Después de todo lo que ha visto y construido, ¿qué echa en falta en la arquitectura contemporánea?

No estoy decepcionado con la arquitectura, sino con la idea que a veces tenemos de cuál debe ser nuestro papel. Demasiados arquitectos creen que su trabajo consiste únicamente en construir edificios o satisfacer a un cliente. Nuestra responsabilidad es mucho mayor.

Por eso sigo enseñando. Tuve la suerte de recibir una formación extraordinaria y siento la obligación de transmitir ese conocimiento a la siguiente generación. La educación también forma parte de nuestra responsabilidad.

Y esa responsabilidad incluye transformar la manera de pensar de los clientes. El más difícil suele ser el promotor inmobiliario, porque entiende la arquitectura como un producto. Pero no lo es. La arquitectura está para mejorar la vida de las personas. Curiosamente, algunos de esos mismos promotores han acabado apoyando económicamente mis proyectos de emergencia. Por eso creo que es posible encontrar un equilibrio entre ambos mundos.

Ousman Umar tenía 12 años cuando abandonó Ghana. Se fue buscando el sueño europeo. El canto de cisne de una vida mejor que tantos otros emprendían. Nadie le dijo que muy pocos lo lograban. Tampoco que al llegar estaban casi condenados a sufrir el racismo de la sociedad y a malvivir mientras buscaban un trabajo. Su trayecto duró cinco años. Cruzó el Sáhara a pie después de que aquellos que les prometieron que les llevarían hasta el mar le dejaran tirado junto a otras 55 personas. Solo sobrevivieron seis.

Vagaron por el desierto, cayó en manos de traficantes y tuvo que permanecer cuatro años en Libia hasta que logró el dinero para pagar a otro traficante que le prometió que le ayudaría a cruzar el Mediterráneo. Pagó 1.600 dólares. Por fin llegó a Fuerteventura y más tarde a Barcelona. Fueron cinco años de penurias hasta llegar a ese “país de los blancos” como él lo describe y bautiza. Su caso fue una excepción. Cuando llegó fue acogido por un matrimonio que le ayudó en su integración. Aprendió catalán y se convirtió en un superviviente y en un símbolo. 

Ousman Umar contaba en primera persona las terroríficas condiciones de su viaje. Que sobreviviera fue casi un golpe de suerte, y por eso tuvo claro que debía servir de algo. En 2012 fundó la ONG Nasco Feeding Minds, con el objetivo de fomentar el acceso a la educación y la información en Ghana. Quería que jóvenes como él supieran la realidad a la que se enfrentan cuando deciden viajar a Europa. Después escribió un libro, Viaje al país de los blancos (Plaza & Janés), en donde contó toda su travesía, y ahora ese libro se convierte en una película dirigida por Daniel Sancho donde, además, se interpreta a sí mismo en la etapa adulta del personaje.

Umar cree que si él fue quien sobrevivió de aquel grupo, tenía que ser un motivo. “No llegué vivo por ser el más fuerte de mi equipo, sino que tenía que cumplir un propósito en mi vida, y era dar voz a todos aquellos que no lo lograron. El otro propósito es trabajar en el origen del problema para evitar que otros niños sufran lo mismo que yo, y poder trasladar esta historia a la gran pantalla es la mejor forma de hacerlo. Cumplir esos objetivos me dio la razón para sentirme vivo, porque después de todo lo ocurrido, me era imposible”, dice Ousman desde el otro lado del teléfono.

Aunque suene naif, cree firmemente en el poder del arte para cambiar las cosas. “Me encantaría poder compartirte algunos de los comentarios que me llegaron cuando publiqué el libro en 2019”, dice cuando le preguntan por ello. Para él “el arte tiene una gran fuerza, llega donde no lo hacen las palabras. Dicen que una imagen habla más que mil palabras y yo creo que es literal, por eso el libro puede hacer mucho, pero el audiovisual tiene una fuerza mayor y tiene este gran potencial para llegar a las masas”, opina.

Desde aquel 2019 cuando salió su libro al 2026 de la llegada de la película han cambiado las cosas. La extrema derecha ha extendido su mensaje y llegan a los ayuntamientos y autonomías enarbolando un concepto como el de ‘prioridad nacional’, cuyo racismo hubiera hecho que gente como Ousman Umar quizá no hubiera deseado quedarse en España. Por eso creo que “la película ha llegado en el momento correcto para demostrar que realmente es posible la convivencia, para arrojar una luz en la oscuridad y una luz de esperanza en la sociedad”. 

La película ha llegado en el momento correcto para demostrar que realmente es posible la convivencia, para arrojar una luz en la oscuridad y una luz de esperanza en la sociedad

Ousman Umar — Activista y escritor

En momentos donde la extrema derecha tensa la cuerda del racismo, él pide un cambio, “hablar de prioridad humana en vez de prioridad nacional”. También les da una lección de Historia. “Si lees los libros de Historia te das cuenta de que la mayor fábrica de migrantes de la humanidad es Europa. Pregunta a alguien de Argentina, por ejemplo, por sus cuatro apellidos, y verás que hay españoles, italianos, alemanes… De 1947 a 1952, cientos de centenares de pateras llegaron a Venezuela desde España hasta que Franco firma un convenio con el presidente de Venezuela para que acepten legalmente a los españoles migrantes, así que solo pido que lean un poquito más para darse cuenta de que hablan de chorradas. Los que realmente causan dificultades al Estado no son los más vulnerables”, dice con contundencia.

Le parece “triste” que ciertas personas “llenen sus discursos con la prioridad nacional”. “Son los mismos que luego van a misa los domingos. Es la hipocresía máxima. Yo no quiero dar lecciones a nadie, ni mucho menos. Pero sí estoy totalmente convencido que ese libro y esta película llegan en un momento culminante para arrojar esperanza y humanidad en la situación que estamos viviendo, de la misma manera que el mensaje del Papa fue un golpe grande que espero que tengan conocimiento y sabiduría suficiente para poder interpretarlo y entenderlo. Pero bueno, muchas veces tenemos orejas pero no escuchan. Espero que hayan podido escucharlo bien”, asevera.

Su historia se convirtió en referente para muchos, pero como él siempre destaca, es una excepción. Uno de los pocos que sobreviven a esa travesía. Por eso aclara que no se considera “una persona exitosa ni mucho menos” y que para él, el éxito, “es una acumulación de fracasos sin perder la ilusión”. “Yo era un auténtico fracasado. Lo que pasa es que jamás me doy por vencido, jamás pierdo la ilusión de seguir adelante. Yo creo que mi vida es un espejo de muchos de mis compañeros que no llegaron con vida, pero también para los que han llegado pero no están visibles. Gracias a esa historia, la gente puede hacer esfuerzo para girar a mirar todas esas personas. Basta ya de culpar a los más vulnerables. Es una historia que llama a mirar al migrante con otros ojos”, apunta.

También una historia para los que sobreviven, a los que pide que “no bajen los hombros” y “sigan luchando” porque siempre puede mejorar su situación. “A los españoles y europeos también les puede hacer ver que la convivencia es posible, porque el talento no tiene color, y la gente que llega son diamantes en bruto. Si somos capaces de darles la oportunidad, van a contribuir a nuestro país, a nuestra cultura y al crecimiento económico de nuestro país, que es justamente lo que nos hace falta”, zanja.

En Viaje al país de los blancos narra las partes de la travesía que suelen ser olvidadas, como todo lo que ocurre antes de llegar al mediterráneo. Para Ousman la gente “no quiere ir más allá” y se quedan con un titular que suele ser un número, aunque se trate de “personas con nombres, apellidos, familia y sueños”. Una “falta de interés” en un tema demasiado “crudo”. “No queremos saber. No preguntamos porque no queremos saber cómo es realmente. Nos imaginamos que lo que hay detrás es tan duro que preferimos mirar a otro lado, y eso es también lo que me pasó en las calles de Barcelona mis primeros meses, que cientos de personas pasaban por delante, pero nadie me miraba a la cara. Y cuando intentabas pedir un vaso de agua la gente apartaba el bolso”, recuerda.

A pesar de todo sigue viendo “siempre el vaso medio lleno” y tiene claro que “las grandes batallas se ganan desde dentro”. Por eso sigue activo con su ONG con la que tiene claro que no va a cambiar el mundo, pero que al menos puede poner un grano de arena para que vea que “el amor puro es lo único que nos puede humanizar”.

Con solo una mochila, una camisa y un pantalón, Kary Rojas Lanuza tuvo que abandonar a los 26 años su vida tal y como la conocía. Era de noche cuando cruzó la frontera de Nicaragua el 7 de abril de 2019. No fue una decisión meditada ni una aventura buscada, sin embargo, esa huida era “muy necesaria”.

Así lo comparte en una entrevista a elDiario.es, donde asegura que detrás quedaron su familia, sus amigos, su trabajo y un país que, según denuncia, dejó de ser seguro para él por motivos políticos y por pertenecer a la comunidad LGTBIQ+.

Ahora, a sus 33 años, vive en Zaragoza y, aunque trabaja como encargado de un restaurante, continúa ejerciendo el activismo en defensa de los derechos humanos y de la diversidad porque “no hay que olvidar que la lucha sigue”.

“Salí huyendo porque tenía miedo de que me detuvieran de manera arbitraria, sin derecho a defenderme”, recuerda. Tras cruzar la frontera llegó a Costa Rica junto a quien hoy es su esposo. Allí, lejos de sentir alivio inmediato, recibió el golpe de la realidad: “Cuando llegué a San José me puse a llorar porque me di cuenta de que había perdido todo. Mi familia, mi trabajo, mis cosas, todo aquello por lo que había luchado”.

Aquella primera noche en Costa Rica la pasó sin saber dónde dormiría ni qué iba a comer al día siguiente. Apenas llevaba unos pocos colones en el bolsillo. “No conocía a nadie, no sabía qué organizaciones podían ayudarme. Fue un proceso muy duro, física y emocionalmente”, sostiene.

Su historia forma parte de una realidad global que afecta a millones de personas. Según datos del Consejo General de Trabajo Social, más de 117 millones de personas viven actualmente desplazadas por guerras, violencia o persecución. En Aragón, la Oficina de Asilo y Refugio afirma que se registraron 5.694 solicitudes de protección internacional durante 2025 y en lo que va de 2026 ya se han sumado otras 1.262.

No obstante, detrás de cada cifra existe una historia individual marcada por pérdidas, incertidumbre y resistencia.

Precisamente por eso insiste en que todavía existe mucho desconocimiento sobre qué significa ser una persona refugiada, ya que “mucha gente piensa que salir de tu país tiene que ver con buscar una vida mejor económicamente, pero detrás hay violencia, persecución y una vulneración de derechos que muchas veces permanece invisible”. Para Kary, escuchar cada historia es la única forma de comprender realmente qué supone abandonar toda una vida de un día para otro.

Seis años aprendiendo a sobrevivir

Kary permaneció seis años en Costa Rica. Allí encontró apoyo en organizaciones internacionales y entidades sociales que le ayudaron a acceder a formación y empleo. Sin embargo, también conoció de primera mano la discriminación, la xenofobia y las dificultades burocráticas que afrontan muchas personas refugiadas.

“La gente cree que migrar o refugiarse es una cuestión económica, pero detrás hay violencia, persecución y vulneración de derechos. Eso muchas veces no se entiende”, lamenta.

Pese a las dificultades, logró salir adelante. Ahora, ni siquiera él encuentra una explicación sencilla a su capacidad para reconstruirse una y otra vez. “A veces ni yo mismo comprendo cómo he sido tan resiliente”, admite.

Reconoce que gran parte de ese proceso no habría sido posible sin el apoyo de organizaciones que le acompañaron desde los primeros días del exilio. “Me ayudaron con formación, con orientación laboral y hasta con apoyo económico cuando no tenía nada. Gracias a ellas pude empezar a reconstruir mi vida”, dice. Aquella experiencia también transformó su manera de entender el futuro: “Hoy ya no tengo miedo a empezar de cero. Uno sabe dónde nace, pero no dónde muere”.

En 2024 fue seleccionado para un programa de reasentamiento impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, lo que le permitió trasladarse a España.

Una nueva vida en Zaragoza

La llegada a España supuso un cambio radical. Kary destaca el acceso a la sanidad pública, las oportunidades laborales y una integración que considera más sencilla que en otros lugares donde ha vivido.

“Aquí me han dado oportunidades que nunca pensé tener. He podido demostrar mis capacidades y acceder a responsabilidades laborales que en otros países no conseguí”, explica.

Sin embargo, también señala obstáculos que continúan afectando a muchas personas refugiadas, como la homologación de estudios. “¿Cómo vas a traer documentos homologados si has salido huyendo de tu país y el propio Estado que te persigue dificulta o elimina esos registros?”, se pregunta.

Otra de las grandes dificultades ha sido la reunificación familiar. Su esposo permaneció durante un tiempo en Costa Rica, separado de él. Finalmente pudo llegar a España solicitando protección internacional, aunque el proceso estuvo lleno de trabas administrativas. “Cuando llegué aquí me afectó mucho emocionalmente estar solo. La reunificación debería ser más ágil para quienes ya hemos conseguido rehacer nuestra vida”, admite.

El activismo como herramienta de resistencia

Además de refugiado, Kary es activista LGTBIQ+. Considera que, aunque España ha avanzado enormemente en derechos, la lucha continúa. “Seguimos trabajando para que no haya retrocesos y para que se respeten los derechos que tantas personas conquistaron antes que nosotros”, subraya.

Para él, la visibilidad es importante para las nuevas generaciones, no solo como una cuestión de representación, sino como una forma de proteger y acompañar a quienes todavía viven situaciones de discriminación.

También recuerda que muchas personas LGTBIQ+ refugiadas siguen enfrentándose a una doble discriminación. Explica que conoce a personas que, además de huir de la persecución, han tenido dificultades para acceder a tratamientos médicos o han sufrido rechazo tanto por su orientación sexual como por su condición de migrantes. En este sentido, denuncia que “a veces no sabes si te están discriminando por ser extranjero o por formar parte de la comunidad LGTBIQ+. Al final todo se mezcla”.

“Las celebraciones también son una conmemoración de quienes ya no están y de quienes lucharon para que hoy tengamos derechos. Tenemos la responsabilidad de continuar ese legado”, añade.

Aunque reconoce que el país que dejó hace años ya no existe, sigue imaginando un regreso. No habla de recuperar el tiempo perdido, sino de reencontrarse con sus raíces, con su madre -a la que lleva nueve años sin abrazar- y con el lugar donde creció. “Sé que ya no será igual porque yo también he cambiado, pero todavía tengo esperanza de volver. Me gustaría que hubiera un verdadero Estado de derecho y que todas las personas fuéramos respetadas”, comparte.

Hoy define la libertad de una manera sencilla y alejada del concepto abstracto: “Es poder alzar la voz, poder decir que algo no es justo, que están violentando mis derechos, y que nadie me lo prohíba”.

Mientras llega ese momento, continúa construyendo su futuro en Zaragoza. Y cuando mira hacia atrás, hacia aquel joven que una noche de abril de 2019 cruzó la frontera con apenas una mochila, no siente lástima sino orgullo. “Le diría que ha sido muy valiente, que ha resistido muchas cosas y que ha logrado salir adelante”, remarca.

Quizá por eso tampoco tiene dudas sobre qué le diría al Kary de dentro de diez años, una persona que espera que haya seguido defendiendo su libertad y que haya encontrado la paz lejos de la burocracia que todavía hoy le persigue.

“Le diría que lo logró. Que no fue fácil, pero que lo logró”, concluye este joven, cuya historia refleja la de tantas personas que, pese a perder un país, nunca han permitido que les arrebataran la esperanza ni la libertad de seguir siendo quienes son.

Estos días ha dado comienzo el Mundial de fútbol, un acontecimiento global que siguen millones de personas aficionadas de todo el mundo. Son días interesantes, especialmente para quienes siguen cada encuentro, pero también para quienes lo viven desde más lejos. Pronto llegarán los partidos de la fase eliminatoria, cuando se disputen el trofeo las grandes selecciones, tanto del Norte Global como de países empobrecidos que forman parte de lo que denominamos Sur Global. De momento, las favoritas calientan motores y nosotras, las ONG de desarrollo de Euskadi, comparamos algunos partidos de fútbol con la realidad que acompañamos en muchos países de ese Sur Global.

Hace unos días, por ejemplo, mientras algunos disfrutaban del partido Brasil-Haití, nosotras sólo podíamos pensar en las más de 1.200.000 personas de origen haitiano que actualmente están protegidas por la ACNUR, refugiadas en diferentes lugares del mundo o desplazadas dentro del propio país caribeño. Probablemente, muchas de las personas que vieron el jueves el Uzbekistán-Colombia no sabrán que este último es el país más letal para las defensoras de la tierra y el medioambiente, con 48 asesinatos en 2024, según Global Witness.

Para quienes nos dedicamos a la cooperación y la solidaridad internacional nos es muy difícil mirar hacia otro lado. A quienes hemos recordado, como cada 20 de junio, el Día Mundial de las Personas Refugiadas, nos resulta imposible olvidar a las 117 millones de personas que para el año 2025 habían sido obligadas a huir de sus casas por persecuciones, conflictos, violaciones a los derechos humanos u otros motivos de desplazamiento forzoso.

A la guerra y la crisis medioambiental, principales responsables de este éxodo masivo según la ACNUR, se suma otra grave crisis para los derechos humanos: el cierre del espacio cívico. Según el instituto V-Dem, más del 70% de la población mundial vive en países donde el espacio cívico está reprimido o cerrado, esto es, lugares donde los derechos civiles y políticos no pueden ejercerse de forma plena, mientras que solo el 4% de la población vive en espacios cívicos abiertos.

Las ONGD vascas venimos alertando de esta oleada antiderechos. Una oleada que no sólo se vive en el Sur Global. La prohibición de manifestaciones propalestinas en el Reino Unido o Alemania, o la violencia policial contra integrantes de la Global Sumud Flotilla en el aeropuerto de Loiu, son señales de que el espacio cívico se estrecha también en Europa, donde el porcentaje de personas que viven en un espacio cívico abierto (total o parcialmente) pasó de un 63% antes de la pandemia a un 29% en 2025.

Cerca de aquí, en Extremadura y Aragón, el pacto PP-Vox reducirá a mínimos la política de cooperación internacional al desarrollo, convirtiendo los derechos humanos en moneda de cambio y poniendo en riesgo la protección de millones de personas en situación de vulnerabilidad. Ante el riesgo de que estos ataques se extiendan por todo el Estado, las ONGD y coordinadoras autonómicas hemos puesto en marcha una campaña para reivindicar, también en el contexto del Mundial, que la cooperación, la justicia social, el antirracismo, la convivencia... no pueden ser moneda de cambio en negociaciones presupuestarias. La solidaridad es lo normal, lo que nos enseñaron nuestras amamas y nuestros aitites. Lo raro es tener que recordarlo y defenderlo ante estos ataques.

De algún modo, aunque sea metafóricamente, este Mundial tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo los pueblos del mundo; solo que en vez de un trofeo, fuera de los estadios nos estamos jugando algo mucho más valioso, algo que ha costado décadas construir y por lo que queda mucho por hacer: una sociedad libre, donde cada persona y comunidad tenga reconocidos sus derechos fundamentales. Este otro partido va de salvar vidas, y de proteger y fortalecer los derechos humanos. Las ONGD que vivimos a diario cada jugada, sabemos lo que está en juego en este choque; y también sabemos que, por ahora, lo estamos perdiendo.

Con una base social de más de 100.000 personas, las 85 organizaciones que formamos la Coordinadora de ONGD de Euskadi trabajamos en 69 países del mundo para contribuir a la defensa y fortalecimiento de los derechos humanos, la justicia social y la democracia. En colaboración con entidades locales, la cooperación vasca apoya el fortalecimiento a largo plazo de estas comunidades, a través de 949 proyectos que abarcan diversas áreas, como la salud, la nutrición, la educación, la provisión de servicios de agua, saneamiento e higiene, la protección infantil, el empoderamiento de las mujeres y personas LGTBIQ+, la defensa de los derechos humanos...

El 15 de enero, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Antonio Guterres dijo: “Algunos quieren poner la cooperación internacional en una sala de cuidados intensivos. Les aseguro que no nos rendiremos”. Tampoco lo haremos las ONGD vascas que formamos esta Coordinadora.

En el Día mundial de las personas refugiadas, los colectivos de Cantabria Pasaje Seguro y Las Calles contra el fascismo se han concentrado este sábado, en la calle Burgos de Santander, para leer un manifiesto, historias de vida, y repartir octavillas entre los transeuntes, a favor de los derechos de las personas inmigrantes: “Las personas migrantes no somos adversarias”, han dicho.

La actividad ha tenido como eje recordar que las personas “llegan a Europa buscando refugio, seguridad y una oportunidad para vivir con dignidad, se encuentran con muros, concertinas, redadas, burocracia, explotación y discursos de odio”, han cuestionado durante la lectura de su manifiesto.

“Este 20 de junio llenemos las calles de solidaridad, de memoria y de resistencia”, han enfatizado, rodeados de pancartas en las que se podía leer, entre otras consignas “Odia el racismo, no a las personas”.

También han advertido de que “cuando se señala constantemente a un colectivo como una amenaza, se legitiman los discursos de odio y se crea un clima en el que aumentan las agresiones racistas, la discriminación y la exclusión, como podemos ver en Castro Urdiales”, han dicho en referencia a la polémica, que continúa, tras la instalación de un centro de menores extranjeros no acompañados en el municipio cántabro.

Los colectivos han explicado que la llamada “prioridad nacional” que defiende Vox es una estrategia que consiste en establecer categorías de personas con distintos derechos en función de su origen: “Hoy se dirige contra las personas migrantes; mañana puede dirigirse contra cualquier otro colectivo”, han subrayado.

“Culpar a migrantes, refugiadas, personas racializadas, mujeres, personas LGTBIQ+ o minorías religiosas de problemas que tienen causas económicas y políticas mucho más profundas. Frente a todo ello, el antifascismo no es solamente una posición ideológica. Es la defensa de la igualdad, de la convivencia y de los derechos conquistados”, han reivindicado.

Pasaje Seguro (PS) y Las Calles Contra el Fascismo (LCCF) se concentrarán este sábado, 20 de junio, a las 12.00 horas en la calle Burgos de Santander, junto al kiosko de la ONCE, con motivo del Día de las Personas Refugiadas, para apoyar el proceso de regularización de las personas migrantes sin papeles y rechazar las políticas migratorias “criminales” que está aprobando la Unión Europea (UE).

Los dos grupos ciudadanos desarrollarán actividades de reparto de información y la lectura de historias de vida y migración de personas, así como de un manifiesto, han indicado en una nota de prensa conjunta.

Según han destacado, “a día de hoy más de 900.00 personas han registrado debidamente la solicitud de regularización y más de 360.000 han obtenido la autorización provisional que les permite trabajar legalmente y acceder a las prestaciones a las que les da derecho la residencia”.

Esto les proporcionará “una mayor inclusión y justicia social en lo referente a sus derechos laborales, casos de explotación laboral, trata de personas, exclusión de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad o el no acceso a servicios sociales”, han subrayado.

Sin embargo, el colectivo ha denunciado que, al mismo tiempo, “nos enfrentamos a políticas de exclusión y racismo a nivel regional”, dados los acuerdos PP-Vox de “prioridad nacional”; así como al “endurecimiento de las leyes migratorias a nivel europeo”, con el reciente acuerdo que “permitirá la creación de centros de detención y deportación para personas migrantes, similares a prisiones, fuera del territorio de la Unión Europea”.

“Los intentos de generar odio y de dividir a personas, que viven y trabajan juntas, por su origen es uno de los grandes riesgos que amenazan nuestra convivencia”, han sostenido las organizaciones, para quien esto es “la trampa del fascismo que lleva a la guerra”.

Así, Pasaje Seguro y Las Calles Contra el Fascismo defienden una sociedad “más libre y igualitaria, es la que acoge a diferentes bajo una misma ley y con derechos sociales y de ciudadanía comunes”.

Para el colectivo, el proceso de regularización es “un avance” en este sentido. “Ningún ser humano es ilegal y porque todas las personas merecen los mismos derechos todos los días”, ha sentenciado.

La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres ha convocado para el próximo 18 de junio, jueves, una marcha reivindicativa con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas. Bajo el lema ‘La prioridad son las personas’, la movilización partirá a las 20.30 horas desde la plaza de San Juan y concluirá en la Plaza Mayor de la capital cacereña.

La convocatoria, difundida a través de un cartel en el que aparecen huellas atravesando una cinta de “frontera” y referencias al “racismo institucional”, pretende llamar la atención sobre la situación que viven las personas refugiadas y migrantes y reclamar que las políticas públicas sitúen los derechos humanos por encima de los controles fronterizos.

Además de la marcha, la organización ha anunciado una performance en la Plaza Mayor para la que pide a las personas asistentes que lleven zapatos sueltos. Este tipo de acciones simbólicas suelen utilizarse para representar las ausencias, los desplazamientos forzosos y las vidas truncadas por los conflictos armados, las persecuciones o las rutas migratorias.

La movilización se enmarca en los actos que cada año se celebran en torno al Día Mundial de las Personas Refugiadas, una jornada impulsada por Naciones Unidas que se conmemora el 20 de junio para reconocer la situación de quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares debido a guerras, persecuciones o violaciones de derechos humanos.

La Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres mantiene desde hace años una labor de sensibilización y denuncia sobre las dificultades que afrontan las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Recientemente trasladó a la Diputación de Cáceres su preocupación por las situaciones de exclusión social y habitacional que afectan a personas que finalizan los programas de acogida del sistema de protección internacional.

Con el mensaje 'La prioridad son las personas', el colectivo pretende visibilizar las consecuencias humanas de las políticas migratorias y reclamar una respuesta basada en la acogida, la protección y la garantía de derechos para las personas refugiadas.

Un informe interno de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha determinado que trabajadores de la organización abusaron sexualmente de refugiadas sudanesas que habían llegado a Chad huyendo de la guerra en el país. La investigación, espoleada por una denuncia de la situación publicada por la agencia Associated Press (AP), documentó 59 acusaciones de diversos tipos de explotación sexual y llevó al despido de 18 trabajadores.

El informe, cuyos extremos adelantó la semana pasada AP, se completó en julio y documenta episodios en que empleados de la ONG abusaron de menores o exigieron sexo a cambio de comida a refugiadas. Algunas de las actuaciones eran reiteradas, por lo que el informe plantea que se diesen situaciones de “tráfico sexual” organizado.

La ONG reconoce que el informe puede no incluir todos los casos reales por la renuencia de muchas mujeres a hablar abiertamente, y que no fue posible localizar a todos los responsables por la magnitud de la emergencia humanitaria —con cientos de miles de refugiados— y los cambios frecuentes en la plantilla. También aseguró a AP y confirma a elDiario.es que ha reforzado los sistemas de referencia para los candidatos y los sistemas para presentar quejas.

Investigación de 2024

Los abusos empezaron a investigarse en otoño de 2024 y las víctimas, además de refugiados, también son chadianas, y trabajadoras y contratistas de MSF. Algunos casos conllevaban la explotación sexual de refugiadas a cambio de comida, agua, leche o puestos de trabajo, así como casos de prostitución, también de menores de edad.

El informe detalla un caso de un bloque de un campo de refugiados en el que los líderes comunitarios impusieron un toque de queda para evitar que el personal de la ONG “visitase” a chicas jóvenes.

Además, a siete chicas contratadas se las llevó en coche a lo que en teoría eran zonas de distribución de agua y obras de construcción, pero en realidad era otra ubicación, donde se vieron “expuestas” a abusos sexuales y solicitudes de sexo, según el informe citado por AP. También se amenazó a trabajadoras chadianas con que perderían el trabajo si se negaban a tener relaciones con colegas o supervisores.

El informe no detalla los puestos de los que incurrieron en los abusos, pero señala que eran contratados locales, internacionales y contratistas.

En el mundo hay 117,5 millones de personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares, un 5% menos respecto al año anterior, según Naciones Unidas. Aunque cada vez hay más guerras, han aumentado la violencia y la crisis climática, por primera vez en una década se han registrado menos desplazados forzosos en el ámbito global. El motivo: cada vez es más difícil pedir protección internacional. Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Canarias registró el pasado año casi 7.825 solicitudes de asilo en 2025 pese a las “políticas hostiles” de la UE. 

“Las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retorno forzoso” están obligando a millones de personas a permanecer en países donde sus vidas corren peligro. Según CEAR, el descenso de solicitudes de asilo no se debe a que haya menos necesidades de protección internacional, sino a las grandes dificultades a las que se enfrentan las personas solicitantes de asilo y protección internacional.

Entre esas políticas hostiles, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entró en vigor el pasado 12 de junio y que pone en riesgo los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La organización llama la atención especialmente sobre la lista de países considerados seguros, ya que incluye algunos con graves déficits en Derechos Humanos, como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez. Además, alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno que prevé la detención prolongada y la expulsión a centros de deportación de terceros países. 

“España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos. Para ello, debemos reclamar al Gobierno español que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad. También debe garantizar la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes”, sostiene Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias.

“Más control, más deportaciones y menos protección”

España registró una reducción significativa de solicitudes de asilo (13,7%), frenando la tendencia ascendente observada en los últimos años. Pese a ello, Canarias experimenta un aumento del 2% para un total de 7.825 solicitudes, frente a las 7.667 del 2024. Según CEAR, este descenso se debe principalmente a “la reducción de las llegadas como consecuencia de acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y al efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería (RELOEX), el cual no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo”.  

España sólo ha reconocido el asilo al 11% de las personas que lo solicita. Lo que nos sitúa en la cola de Europa, sólo por delante de Croacia y Chipre, muy alejados de la media europea que está en el 34%, y que también ha registrado un considerable descenso en el último año. Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias lo resume en una frase: “Hay más control, más deportaciones y menos protección”. 

Venezuela es el país del que proceden más solicitantes de asilo a España. En Canarias, las principales nacionalidades solicitantes de protección internacional han sido: Venezuela, Mali, Colombia, Senegal, Guinea, Gambia y Perú; manteniendo la tendencia de los últimos años. 

Menos llegadas a las costas canarias

Las políticas de externalización de fronteras provocaron también una reducción considerable de las llegadas a costas canarias, un 62% menos que el año anterior. En este contexto, CEAR vuelve a reclamar a España que habilite vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdidas humanas en las rutas migratorias.

La organización subraya que el 15% de todas las personas que llegaron a las costas españolas fueron niñas, niños y adolescentes sólos, familiares que les acompañen. La reforma Ley de Extranjería, que facilita la corresponsabilidad entre Comunidades Autónomas, y los autos del Tribunal Supremo para que el Estado asuma la tutela de quienes solicitan protección internacional han agilizado los traslados a la Península. En total, 581 niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares fueron derivados desde Canarias a otras autonomías en 2025. Estos datos han sido recogidos por CEAR en su informe anual, presentado en el día de hoy en el Cabildo de Gran Canaria.

Más discursos de odio, menos derechos

En su Informe Anual , CEAR ha denunciado que las vulneraciones de derechos no se dan exclusivamente en las fronteras, o en los países de tránsito u origen, sino que también ocurren en nuestro país. “Persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España, lo que dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas”, asegura CEAR.  

Obstáculos especialmente acuciantes en el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, el acceso a una vivienda digna o al empadronamiento. Para la organización la escalada del racismo y la xenofobia continúan “constituyendo barreras estructurales en los procesos de inclusión”. Los delitos e incidentes de odio, especialmente aquellos relacionados con racismo y xenofobia, aumentaron un 23,6% en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior.

“Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y exigimos una vez más que se apruebe un Pacto de Estado contra esta escalada del odio que erosiona la cohesión social. Necesitamos urgentemente compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables”, reclama Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias.

Nuevo Comité de personas refugiadas en Canarias

La exposición del Informe Anual de CEAR también ha servido para presentar el recién creado Comité de Personas Refugiadas (CPR) que ha impulsado la organización. Un espacio de participación, representación y trabajo conformado por personas con experiencias de desplazamiento forzoso, tanto dentro como fuera de la entidad. La presentación del Comité de personas refugiadas la realizaron Nicole Sirikari Pachka, natural del Congo y Edwin Abadía Arboleda, de origen colombiano, ambos miembros del CPR de Canarias. 

Las tres diócesis católicas de Extremadura han reclamado a la Junta que reconsidere la reducción de fondos destinados a cooperación internacional al desarrollo incluida en los presupuestos autonómicos, una medida acordada por el Gobierno regional de PP y Vox que supone una drástica disminución de los recursos destinados a esta política pública.

En un comunicado conjunto difundido este viernes, las diócesis de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia expresan su preocupación por el recorte y recuerdan que la cooperación internacional constituye una herramienta fundamental para combatir la pobreza, promover los derechos humanos y favorecer la justicia global.

Los responsables eclesiásticos señalan que la solidaridad con los países y comunidades más vulnerables no debe entenderse como una acción secundaria, sino como una responsabilidad compartida que trasciende fronteras. En este sentido, defienden que la cooperación internacional no es incompatible con la atención a las necesidades sociales de Extremadura, sino que forma parte de un compromiso ético con la dignidad humana.

La petición de las diócesis se produce después de que la Junta anunciara una reducción de más de nueve millones de euros en los fondos destinados a cooperación internacional. El vicepresidente del Ejecutivo extremeño, Óscar Fernández Calle, ha defendido esta decisión argumentando que los recursos deben priorizarse para atender necesidades internas de la comunidad autónoma, como la dependencia, la sanidad o los servicios sociales. Según explicó recientemente, la partida destinada a cooperación pasará de alrededor de 11 millones de euros a unos 2 millones.

En su comunicado, las diócesis recuerdan además la larga trayectoria solidaria de la sociedad extremeña y el trabajo desarrollado durante décadas por organizaciones sociales, entidades religiosas y ONG en proyectos de desarrollo internacional. A su juicio, el apoyo institucional a estas iniciativas ha contribuido a proyectar una imagen de Extremadura comprometida con la justicia social y la solidaridad entre pueblos.

La posición de la Iglesia extremeña se suma a las críticas formuladas en los últimos días por organizaciones sociales, entidades de cooperación y colectivos defensores de los derechos humanos, que han mostrado su rechazo a los recortes y han reclamado al Ejecutivo autonómico que mantenga su compromiso con la cooperación internacional.

Las diócesis concluyen su llamamiento apelando al diálogo y a la reflexión para que la reducción presupuestaria pueda ser revisada, en un contexto en el que distintas organizaciones alertan de las consecuencias humanitarias que los recortes en cooperación pueden tener sobre las poblaciones más vulnerables.

“A veces el deseo más grande no es cambiar el futuro, sino volver por un momento al pasado y vivir otra vez lo más querido”. Se trata de una reflexión que ha acompañado a Hanna Babylko desde que llegara a España en 2024. La joven, de 25 años, reside en Tenerife después de haber tenido que abandonar Ucrania por la invasión rusa. Lo hizo viéndose obligada a separarse de su familia y, por ende, dejando toda su vida atrás. “Al principio fue muy difícil. Estaba sola, sin amigos. No conocía a nadie aquí”, confiesa a elDiario.es. Sin embargo, aunque la adaptación fue complicada, pronto encontraría una vía que le serviría de apoyo: las palabras.

Pese a que no conocía mucho del idioma a su llegada, Babylko ha encontrado un amparo tan valioso en la literatura que la ha llevado a convertirse en una de las ganadoras del concurso de relatos cortos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Su propuesta, El día que volver a verla, no solo muestra sus logros con respecto al aprendizaje del español, pues también pone en evidencia cómo se puede encontrar compañía a través de las historias. “Nunca había escrito, era mi primera vez”, reconoce la joven, que considera que haber dado el paso a hacerlo ha sido “muy importante”. “A través de los relatos podemos decir todos los sentimientos que guardamos en el alma”, añade. La entrega de premios se ha celebrado en la Biblioteca Pública Eugenio Trías, en el marco de la Feria del Libro de Madrid.

Pese a que ahora tiene lejos a su familia, Hanna Babylko ha decidido homenajearla sobre el papel, acordándose especialmente de su abuela. “La perdí cuando tenía 15 años y me gustaría mucho poder hablar con ella. Usar la escritura para recordar el tiempo que pasaba con ella en la infancia me da calor y cariño”, explica la joven. “Me da seguridad y apoyo porque ella siempre estaba ahí para mí”, agrega sobre la importancia de aludir a la infancia. Es algo que, además, expresa en su relato, protagonizado por el personaje de Anna. “Quería recordar cada detalle: su voz, sus manos, su sonrisa, cómo caminaba. Cada minuto era precioso”, escribe.

Por su parte, Mamadou Wague también recurre a la literatura para mantener presente a su familia, inspirándose en este caso en su abuelo. El autor, de 26 años, vive en Sevilla desde 2025, pues tuvo que irse de Malí por razones de seguridad. Esto lo obligó irremediablemente a aprender a estar a tanta distancia de sus seres queridos. “Me gustaría estar con mi familia, pero la situación nos lo está impidiendo y hay que aceptarlo”, declara a este periódico, señalando que “no es fácil” pero celebrando que existan personas que lo hayan ayudado en su nueva vida en el país. “Me encanta aprender siempre”, indica sobre su interés por la literatura desde el primer día que llegó a España.

En tanto que Hanna Babylko ha sido la ganadora de relato en la categoría intermedia, Wague ha hecho lo propio en la modalidad avanzada. Su texto, titulado Aissata y el río seco, aborda el “esfuerzo” y la “convivencia”. Son dos palabras que constantemente le enseñaba su abuelo cuando era un niño y que se han vuelto todavía más significativas cuando mira todo con perspectiva desde el presente. La historia, de hecho, está inspirada en todo aquello que le contaba su abuela durante la infancia. “En este momento sé que él estaría orgulloso de mí, porque he podido contar ese relato que él no pudo”, apunta. “Es una oportunidad para hablar y exponer lo que sentimos”, afirma.

La necesidad de mantener las puertas abiertas

El acto de entrega de premios del certamen ha contado como invitado con Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. “Estamos en una sociedad en la que es muy importante ir quitándole agresividad a la frontera. Tenemos que ir conociéndonos a nosotros mismos, pero sabiendo que en ese nosotros las puertas están abiertas y que cualquier intento de cerrarla es un intento que va contra la dignidad humana”, ha comentado, detallando que “la literatura es mucho más que un diccionario”. “La literatura reconoce todo lo que cabe en las palabras: nuestros valores, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos y nuestro compromiso con el mundo”, ha añadido.

Luis García Montero ha abogado a la relevancia de “comprender la diferencia que hay entre la propia soledad y el aislamiento”: “Cuando aprendemos a meditar lo que cabe en nuestra palabra, sabemos que no estamos aislados porque las palabras nos abren las puertas y las ventanas. Son un diálogo con el mundo, con la otra realidad”. Este ha apuntado que cuando se viven “situaciones de desarraigo”, es necesario “determinar las dinámicas y poder participar o desarrollarse en otra lengua”. “No se trata de olvidarnos de nosotros mismos, sino también de sentirnos incluidos en un nosotros más abierto, distinto”, ha alegado.

El director del Instituto Cervantes ha argumentado que es “muy importante” que haya proyectos como este que inviten a aquellas personas que no han tenido el español como lengua materna a escribir en español y sentirse acogidos e integrados en la nueva realidad que viven. Por su parte, Carlos Berzosa, presidente de CEAR, agradece a los profesores “el esfuerzo que supone enseñar el idioma”. “Hay muchos escritores catalanes que aprendieron a hablar catalán en su casa, pero les cuesta escribir en catalán porque no lo estudiaron durante la época en la que estaba prohibido estudiarlo en España por la dictadura”, ha declarado.

Carmen Ruiz, coordinadora estatal del área de Inclusión de CEAR, ha aseverado que “aprender el idioma no es únicamente aprender vocabulario, gramática o pronunciación”, sino que “aprender una lengua nueva es también ganar autonomía, poder expresar lo que se necesita, defender tus derechos, crear vínculos y empezar, sobre todo, a construir un lugar propio en la nueva sociedad de acogida”. Asimismo, Ruiz ha reivindicado el concurso porque “convierte el aprendizaje del idioma en una experiencia creativa, emocional y colectiva”: “Cada relato nos recuerda que detrás de cada proceso de aprendizaje hay una vida, una trayectoria, una pérdida o una esperanza”.

A Marjan Salehi, su marido Ali Faqiri y su hijo Adrian, de 11 meses, les quedan apenas unos días con un techo bajo el que refugiarse. Esta familia afgana, a la que el Gobierno concedió asilo político en febrero de 2025 por huir del régimen talibán, deberá abandonar el próximo miércoles la vivienda en la que reside después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les comunicara el fin de su programa de acogida.

“No sabemos dónde iremos”, resume Marjan, de 28 años. “Nuestro hijo todavía es un bebé y depende completamente de nosotros”.

La pareja huyó de Afganistán tras el regreso de los talibanes al poder porque tanto el padre como el hermano de Marjan habían colaborado con el Ejército español, un vínculo que acabó siendo determinante para la concesión del asilo.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior, resolvió en 2025 un total de 160.951 expedientes de protección internacional. La cifra supone un incremento del 67,2% respecto al año anterior y es la más elevada desde la creación de la oficina, en 1992.

Desde su llegada a España, la familia pasó primero por un centro de acogida gestionado por una ONG y después fue trasladada a Barcelona. Allí viven desde hace meses en un piso compartido del barrio de Sant Andreu, gestionado por la entidad Moviment per la Pau (MPDL), junto a otras ocho personas.

Hace unas semanas, sin embargo, recibieron la notificación definitiva: habían agotado el periodo máximo de estancia previsto en el sistema estatal de acogida y no se contemplaba una prórroga, pese a su situación de vulnerabilidad. 

Ali sufre artrosis y una hernia discal; Marjan apenas ha podido aprender español mientras cuidaba de su hijo. “No tenemos dinero, ni familia, ni ningún sitio al que ir”, lamenta ella.

Desde la entidad que les ha proporcionado alojamiento en virtud de un convenio con el Ministerio, les han comunicado que no pueden prorrogar su estancia y que deben atenderse a lo que les diga la Administración. 

Este periódico contactó el viernes tanto con el Ministerio, que respondió que el proceso que se ha seguido con esta familia es el habitual. “Cuando se les concede el estatus de refugiados y obtienen el permiso de residencia y trabajo, se les informa de que tienen un plazo de seis meses para dejar el centro”, señala una fuente oficial.

“Atendiendo siempre el interés superior del menor, se tendrá en cuenta su situación para pedir la suspensión de su salida del centro hasta que el recurso se resuelva”, prosiguen desde el Ministerio, que también recuerdan que la organización que gestiona su vivienda coordinará los trámites para que la familia sea atendida por los Servicios Sociales de la capital catalana. Este periódico se puso en contacto con la entidad MPDL el viernes pero no obtuvo respuesta.

Un periplo a través de Irán

La vida de Marjan cambió en agosto de 2021, cuando los talibanes recuperaron el control de Afganistán tras la retirada internacional. “El país se convirtió en un lugar inseguro y hostil”, recuerda. “La situación se volvió extremadamente dura”.

Su familia había trabajado estrechamente con las tropas españolas en Herat, ciudad situada en el oeste afgano. Su padre había sido empleado de la armada y su hermano trabajó como traductor. Con el regreso de los talibanes, esos vínculos equivalían a una condena.

“Empezamos a recibir amenazas. Nuestras vidas corrían peligro”, relata.

Parte de su familia logró escapar desde el aeropuerto de Kabul durante los días caóticos de la evacuación internacional. Ellos, sin embargo, no consiguieron salir y terminaron huyendo por tierra hacia Irán.

“Huir no fue una elección; fue la única forma de sobrevivir”, dice Marjan. “Desde entonces solo hemos intentado reconstruir nuestra vida lejos del peligro”.

Fue en Irán donde recibió finalmente la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores para viajar a España y acceder al sistema de protección internacional. Desde entonces, el Ministerio de Inclusión les ha proporcionado alojamiento temporal hasta que han agotado todos los plazos.

Todos los intentos para ampliar su estancia han fracasado hasta ahora. El abogado que les asiste ha presentado un recurso contra la resolución administrativa que ordena su salida de la vivienda y ha solicitado medidas cautelares para evitar que la familia quede en la calle mientras se resuelve el procedimiento. Por el momento, no ha obtenido respuesta.

“Hasta la muerte”. Este es el límite que aseguran estar dispuestos a alcanzar Aristotelis Chantzis y Suzon Doppagne, dos residentes en huelga de hambre de Prosfigiká, un histórico vecindario de Atenas okupado desde hace casi dos décadas y uno de los espacios autogestionados más grandes de Europa.

En una Grecia marcada por la precariedad económica crónica y una creciente crisis de vivienda, este barrio organizado en asamblea acoge a más de 400 personas, ahora en riesgo de desalojo ante un proyecto de las autoridades regionales que muchos ven como otro paso hacia la gentrificación del área. Es un asunto candente en un país dónde los precios de los alquileres y para comprar casa se disparan a niveles cada vez más inasumibles para gran parte de la población.

“Nosotros seguimos con nuestra protesta y si hace falta seguiremos hasta morir”, dice Chantzis, de 43 años, en una entrevista con elDiario.es, mientras muestra cómo adelgazó tras más de 100 días de huelga de hambre. Explica que la empezó a inicios de febrero, cuando pesaba 67 kilos, y que ya ha perdido 22, como muestran sus huesos, muy marcados.

Chantzis toma sales minerales para perseverar en su protesta lo máximo posible, pero tiene el cuerpo cada vez más afectado por la atrofia muscular, el entumecimiento de las extremidades y los desmayos que le causa la desnutrición. Aun así, conserva cierta energía para conversar o caminar distancias muy pequeñas, determinado a dar a conocer la situación del vecindario y frenar el plan del Gobierno del Ática, la administración regional.

Este organismo —propietario de 177 de los 228 apartamentos de Prosfigiká— busca dedicar 15 millones de euros de fondos europeos para restaurar cuatro de los ocho bloques del barrio. Los edificios, de estilo arquitectónico Bauhaus, son testigos de la historia reciente de Grecia; se levantaron en los años 30 para acoger a refugiados helenos de Anatolia expulsados tras la caída del Imperio otomano y la creación del Estado turco.

Lucha para evitar la “mercantilización”

El plan anunciado por las autoridades prevé apartamentos de vivienda social y habilitar algunas casas para acoger a pacientes de cáncer de un hospital oncológico aledaño. El colectivo de Prosfigiká, sin embargo, argumenta que la intención real es mercantilizar la zona, preciada por estar en el corazón de Atenas, al lado del Tribunal Supremo y frente el estadio del Panathinaikos, uno de los grandes clubs de fútbol de Grecia.

Aquí creamos una nueva propuesta de vida en sociedad que rompe con la que se nos ha impuesto

Suzon Doppagne — Vecina de Prosfigiká

La comunidad también alega que no se ofreció alternativa de vivienda a los más de 400 residentes actuales, entre los que hay unos 50 menores, así como ancianos, personas enfermas o en situación de vulnerabilidad, tanto griegos como originarios de otros 27 países, muchos de ellos migrantes o con estatus de refugiado.

“Aquí creamos una nueva propuesta de vida en sociedad que rompe con la que se nos ha impuesto”, dice Suzon Doppagne, joven belga de 27 años y vecina de Prosfigiká desde hace más de un lustro. Según alega, el Estado busca acabar con la iniciativa “comunal y horizontal” que se forjó con la okupación, inspirada en ideologías como el confederalismo democrático kurdo o el movimiento zapatista de Chiapas.

Ante ello, Doppagne siguió a Chantzis y este mayo inició su huelga de hambre. Otros podrían sumarse si el Estado no responde a sus demandas. La comunidad pide que se pare el plan, garantías para su permanencia, y que su entidad sin ánimo de lucro pueda reformar el recinto independientemente, con sus propios recursos.

Bastión de resistencia antifascista

En la II Guerra Mundial, el vecindario fue bastión de resistencia partisana contra la ocupación nazi y núcleo con fuerte presencia del Ejército Popular de Liberación Nacional (ELAS), la guerrilla comunista. Fue objeto de ataque de las tropas de Reino Unido en la llamada Dekemvriana, cuando entre finales de 1944 y el inicio de 1945 hubo duros combates en Atenas que enfrentaron a fuerzas del Gobierno provisional griego y el Ejército británico contra la milicia izquierdista. Las marcas de balas y metralla de la artillería británica visibles en algunos bloques son memoria viva de ello.

Esto lo hace un complejo único en Grecia, conservado tras años de lucha vecinal y de la sociedad civil. En los 2000, el Estado planeó demolerlo para alzar un centro comercial. “Las autoridades obligaron a los vecinos a irse. Les dieron muy poco dinero para expropiarlos”, pero 51 propietarios se negaron y recibieron apoyo de arquitectos y académicos, cuenta Valentini Siova, miembro de la comunidad desde hace 17 años. Esto llevó a una batalla legal que en 2009 culminó con la Justicia griega fallando a favor de preservar todo el vecindario.

Todo pasaba en plena ebullición de Grecia, en medio de protestas por la crisis económica y ante un fuerte movimiento de okupaciones de impronta anarquista que buscó responder a los estragos. Así se okupó Prosfigiká, y la autogestión derivó en la formalización del colectivo según sus propios estatutos en 2012.

Proyectos similares han estado muy presentes en el país durante décadas, aunque su peso menguó sobre todo desde que la fuerza derechista Nueva Democracia de Kyriakos Mitsotakis asumió el poder en 2019. Esta aumentó los desalojos de espacios okupados en zonas como Exarcheia, barrio cercano a Prosfigiká y bastión de los movimientos sociales y del anarquismo griego, golpeado ahora por la creciente gentrificación y turistificación.

El temor de que Prosfigiká sufra una deriva similar hace que el plan estatal se vea con aún más suspicacia. Para Siova, es una contradicción, porque lo previsto —espacios de acogida para enfermos y vivienda social— es justo lo que el colectivo creó estos años, ante la ausencia o poca capacidad del Estado para cubrir funciones básicas.  

“El Estado miente cuando dice que creará vivienda y hospedajes. Es un modo de obtener aprobación social” para continuar su operación, plantea Siova mientras pasea por el vecindario. Entre otros, saluda a un vecino que va a casa de otra residente para reparar una avería, a una mujer migrante y soltera que vive con su bebé en uno de los pisos que reformó la comunidad, así como a un refugiado kurdo que obtuvo asilo hace poco. También se ven decenas de activistas, muchos extranjeros, que entregan panfletos informativos a pie de calle o ayudan a reformar los viejos pisos, cómo hace una joven de Luxemburgo que vino a respaldar a la comunidad.

Autogestión vs. intervención estatal

En el recinto hay también 22 estructuras creadas para necesidades de la comunidad o de grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos un horno, un comedor popular, una cocina social que provee un centenar de comidas al día a personas sin techo, un espacio para acoger a mujeres afectadas por violencia machista y una escuela infantil. A su vez, un piso hospeda a pacientes de cáncer cuando vienen de otros puntos del país para hacer terapia en Aggios Savvas, el centro oncológico más grande de Grecia, a pocos metros de Prosfigiká.

En la comunidad aseguran que el desalojo podría ejecutarse de un momento para otro, pero están decididos a resistir pese a las crecientes incursiones policiales, arrestos y enjuiciamientos de estos años. Así lo cree Doppagne, que está junto a Chantzis en la clínica autogestionada del vecindario, dónde se ofrece atención médica continua.

Amnistía Internacional alertó en abril del “grave riesgo de desalojo forzoso” del colectivo. “Entre los afectados hay refugiados y otros grupos vulnerables a la discriminación y marginación, incluido personas sin techo en el pasado o en tratamiento por adicciones”, dijo la ONG. Según denunció, los residentes “fueron excluidos del proceso de toma de decisiones”, y el plan “no prevé alternativa de vivienda” para todos ellos.

Ante las críticas, el Gobierno regional de Ática aseguró este mayo que los bloques de Prosfigiká “no serán comercializados ni demolidos”, sino convertidos en “viviendas sociales asequibles” para familias, jóvenes, pensionistas o desempleados. El organismo agregó en un comunicado que con “una planificación organizada y transparente, se velará por la reubicación en estructuras y alojamientos adecuados” a los residentes actuales.

Aun así la confianza de los vecinos en la autoridad regional y el Ejecutivo griego es nula. “Han batido récords de corrupción”, dice Siova, resaltando los escándalos en los que está envuelto el Gobierno de Mitsotakis, salpicado hace poco por una nueva trama de fraude y malversación de fondos agrícolas de la UE, otro caso que hace que la confianza de los griegos en sus instituciones sea de las más bajas de Europa. A esto se suma el trágico accidente de tren de febrero de 2023, el peor de la historia del país con 57 muertos, y sobre el que muchos consideran que hubo negligencia estatal y poca rendición de cuentas de parte del Ejecutivo derechista.

Crisis de vivienda creciente

Esto sucede en un momento de creciente presión inmobiliaria y encarecimiento de la vivienda en Atenas. Grecia fue el segundo país de la UE con mayor subida de precios de alquiler en 2025, con un aumento del 10,1%, según el grupo heleno Centro de Estudios Liberales (KEFiM). En la capital, el alquiler medio de un piso de un solo dormitorio equivale al 70,2% del salario mensual medio, y el de dos habitaciones al 93,6%. El precio para comprar casa en el país ascendió un 7,7% interanual a fines de 2025, un incremento marcado por la baja oferta de vivienda en el mercado, el auge turístico, alquileres de corta duración y fuerte entrada de capital extranjero. En un país con un sueldo mínimo mensual bruto de 920 euros, esto pone a muchos griegos en gran dificultad.

“Pisos que antes estaban a 400 euros subieron a 600, 700 o el doble, y muchos son pequeños, viejos o están en mal estado”, señala a elDiario.es Panagiota, joven ateniense que busca casa. “Hay viviendas que ya no se alquilan porque pasaron a ofrecerse por Airbnb, y esto lo hace aún más complicado”, lamenta. Según datos de portales especializados, las ofertas en esta plataforma subieron un 19% en un año, y más de 76% los últimos tres años.

Los alojamientos en oferta superan hoy los 15.450, y más del 92% son apartamentos enteros, concreta Inside Airbnb. De hecho, el turismo alcanzó niveles récord en la urbe, con más de ocho millones de visitantes al año. El alcalde de Atenas, Haris Doukas, alertó hace poco que la ciudad “no puede funcionar como si fuera un hotel gigante”, criticó la sobresaturación de barrios como Plaka, en el pie del Acrópolis, y apeló a imponer restricciones y normas.

Para Chantzis, Prosfigiká se erige en “bastión de resistencia” ante esta realidad. Con su huelga de hambre, pretende también oponerse a un concepto de ciudad “hecha cada vez más para los ricos”.

La Plataforma Bienvenidos refugiados de La Rioja vuelve, un año más, a gestionar una recogida solidaria de ropa y enseres, los días 22, 23 y 24 de mayo. Esta recogida de ropa se dirige a los campamentos de personas en tránsito, migrantes y solicitantes de asilo que gestiona No Name Kitchen en la frontera este de Europa. 

Se recogerá, fundamentalmente, ropa de abrigo y zapatos de hombre, mantas, accesorios de camping y productos de higiene personal.

El lugar de recogida se ubicará en el local de la calle Duquesa de la Victoria 75-77 en horario de mañana viernes, sábado y domingo de 10 a 13,30 horas y también en horario de tarde viernes y sábado de 18 a 20,30 horas.

Desde la organización animan a la sociedad riojana a pariticpar en esta iniciativa que tan buenos resultados genera todos los años.

El viaje de Jerusalén Este a Amán debía ser fácil: un pequeño trecho en coche hasta el mar Muerto, luego cruzar el control fronterizo y llegar sin demora a la capital jordana.

Pero a los trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) el recorrido les parecía impenetrable. Era comienzos del verano de 2024 e intentaban proteger un archivo documental ingente y muy importante que recogía décadas de la historia palestina reciente.

La UNRWA encaraba el final de una operación de 10 meses para salvaguardar sus archivos de Gaza y Jerusalén Este. Había sido una maniobra muy delicada y también peligrosa, en ocasiones. Participaban decenas de trabajadores de la agencia en cuatro países, había conllevado desplazamientos para rescatar documentos a zonas de bombardeos, llevar sobres sin membrete de Egipto y sacar un material precioso en cajas mediante aviones militares.

Destruirlos habría sido catastrófico... Si alguna vez se llega a una solución justa y duradera para el conflicto, esta sería la documentación que demostraría que los palestinos vivieron en un lugar determinado

Roger Hearn — alto cargo UNRWA y responsable de la operación

El tiempo se acababa. Israel se había organizado para echar a la UNRWA del vasto recinto que ocupaba en Jerusalén Este, un objetivo buscado también por grupos derechistas.

La relevancia de los archivos de la UNRWA es evidente. Muchos detallan las experiencias de los palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus hogares durante las guerras que dieron pie a la fundación de Israel, en 1948.

“Destruirlos habría sido catastrófico... Si alguna vez se llega a una solución justa y duradera para el conflicto, esta sería la documentación que demostraría que los palestinos vivieron en un lugar determinado”, explica Roger Hearn, alto cargo de la agencia y responsable de la operación.

La UNRWA no debería tener que hacer este tipo de esfuerzos clandestinos, pues su misión fundacional en 1949 era proveer atención sanitaria, comida y educación a unos 750.000 refugiados palestinos.

Al comienzo de la guerra de Gaza, que siguió al sorpresivo ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, los archivos de la organización estaban diseminados por los países en los que tiene sede en Oriente Medio. En sus instalaciones en Ciudad de Gaza estaban las tarjetas de registro originales de los refugiados palestinos que huyeron a la Franja en 1948 en busca de seguridad, así como certificados de nacimiento, matrimonio y defunción que se remontaban a varias generaciones. Con estos, los palestinos descendientes de aquellos que se vieron obligados a abandonar sus hogares podrían documentar que sus orígenes familiares están en lugares que hoy son Israel.

Pese a que hubo varias iniciativas para digitalizar los documentos, cientos de miles de registros solo se conservan en papel, lo que los hace vulnerables al fuego, las inundaciones o la destrucción deliberada.

Había un riesgo real de que los israelíes entrasen y los destruyesen, o de que quedasen arrasados por un incendio, una explosión o lo que fuese

Sam Rose — director interino de la UNRWA en Gaza

Jean-Pierre Filiu, profesor de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Ciencias Políticas de París que visitó Gaza durante la guerra, juzga que los documentos son “cruciales para la experiencia palestina”.

“Hay testimonios de la gente que fue obligada a huir en 1948, de dónde vinieron, cuáles eran sus propiedades, qué se destruyó. A Gaza llegaron de toda Palestina 200.000 personas entre 1948 y 1949”, recuerda.

Israel lleva décadas de hostilidad contra la UNRWA, a la que acusa de darles esperanzas a los palestinos de volver a sus hogares al reconocerles la condición de refugiados a los descendientes de los que huyeron originalmente. También acusa a la agencia de usar en sus escuelas libros de texto que promueven visiones antiisraelíes y antisemitas.

Tras los ataques de Hamás en 2023, Israel adujo que hubo miembros de la agencia que participaron en el ataque. La UNRWA despidió a nueve personas al cabo de una investigación.

La primera fase de la operación de rescate de documentos fue dramática y arriesgada.

Días después de invadir Gaza, Israel ordenó evacuar las oficinas de la UNRWA en Ciudad de Gaza. Los trabajadores internacionales se marcharon en solo unas horas, sin poder llevar consigo los archivos.

“Había un riesgo real de que los israelíes entrasen y los destruyesen, o de que quedasen arrasados por un incendio, una explosión o lo que fuese”, indica Sam Rose, director interino de la UNRWA en Gaza.

El sistema de registro digital de la UNRWA se había tenido que desactivar temporalmente por un intento de piratería informática tan solo unos meses antes, y cundía el miedo ante la posibilidad de que otro ciberataque borrase los registros ya escaneados.

“Hubo un período muy peligroso en el que los ciberataques se repetían. Atacaban muchas, muchas veces al día y pensamos de verdad que podían destruir tanto los originales como las copias que habíamos hecho. Y todo se habría perdido sin remedio”, recuerda Hearn.

Un pequeño equipo de cargos de la UNRWA alquiló unas camionetas parar volver al extenso complejo de la agencia en Ciudad de Gaza pese a la inmisericorde ofensiva israelí, que bombardeaba y lanzaba fuego de artillería sin descanso. El equipo hizo tres viajes para llevar los papeles a un almacén de alimentos en Rafah, en la frontera con Egipto.

Pero El Cairo no permitía sacar los archivos de Gaza sin consultar antes a Israel. Los cargos de la UNRWA estaban seguros de que Israel, que había impuesto un bloqueo casi absoluto sobre la Franja, se daría cuenta inmediatamente de la importancia de los documentos y los incautaría o rechazaría su traslado. Cuando Israel invadió Líbano en 1982, su Ejército retiró los archivos de la Organización para la Liberación de Palestina de su sede en Beirut.

Así que se encargó a los cargos de la UNRWA que tenían pasaporte internacional que se hiciesen con los archivos sin ser vistos.

“Si paraban a alguien en la frontera, decían simplemente que era papeleo. Había que sacar montañas [de documentos]. Todo el mundo llevaba algo encima”, señala.

Los documentos se cotejaron en Egipto a lo largo de los seis meses siguientes y luego los trasladó una ONG jordana a bordo de los aviones militares del país que volvían a Amán tras entregar ayuda humanitaria en Gaza. Los últimos paquetes salieron tan solo dos semanas antes de que los tanques israelíes entrasen en Rafah para hacerse con la ciudad, en mayo de 2024, y bloqueasen las salidas.

Con todo, todavía quedaban por rescatar varios compendios de documentos igualmente importantes en la sede de la agencia en Jerusalén Este.

A las pocas semanas de dar comienzo a la guerra, Israel había vuelto a insistir de forma más intensa en la acusación de que la UNRWA colaboraba con Hamás y emprendió una campaña de bloqueo y acoso a la agencia. El complejo de Jerusalén Este ya había sido objeto a principios de 2024 de varias protestas y una serie de ataques incendiarios que causaron daños importantes. Al tiempo, cobraban fuerza las iniciativas para expulsar a la agencia de la ONU.

“Nos amenazaron con que perderíamos el acceso [a nuestras oficinas] en Jerusalén Este”, indica Rose.

Los intentos por convencer a las misiones diplomáticas más amistosas de que guardasen los archivos cayeron en saco roto. El tiempo se acababa, así que los trabajadores se los fueron llevando a lo largo de varios meses a las oficinas de la UNRWA en Jordania. Israel aprobó en enero de 2025 una ley que vetó a la agencia en los Territorios Ocupados y del propio Israel.

Esto llevó a una nueva iniciativa, de carácter extensivo, que se lanzó desde Amán, con financiación mayoritariamente de Luxemburgo. Más de 50 trabajadores de UNRWA se dedicaron a escanear a mano numerosas tarjetas de registro de refugiados tamaño postal junto con millones de artículos en un sótano estrecho y apretado.

“Ahora [los archivos] están fuera de Palestina, pero al menos están protegidos”, apunta Filiu.

La UNRWA ha digitalizado ya casi 30 millones de documentos con los que espera poder facilitar a los refugiados palestinos sus árboles genealógicos y los documentos relacionados, así como elaborar mapas que expliquen el patrón de los desplazamientos de 1948. Los archivos también permitirán entender mejor los sucesos que rodearon la expulsión y huida de los aproximadamente 750.000 palestinos que fueron desplazados y huyeron entonces. Los cargos de la agencia calculan que el trabajo podría llevar otros dos años.

La doctora Anne Irfan, historiadora del Oriente Medio moderno en el University College London y autora de la recientemente publicada Breve historia de la Franja de Gaza (A Short Story of the Gaza Strip) opina que los documentos suponen un registro vital de la historia nacional palestina.

“Los palestinos son un pueblo sin Estado y sin un archivo nacional unitario... así que el archivo de la UNRWA es especialmente importante para ellos”, explica.

Los archivos digitalizados abren múltiples líneas de investigación de la experiencia de los refugiados palestinos, el papel de la ONU y la comunidad internacional, y elementos esenciales de la política de Oriente Medio en los últimos 80 años, según relata Irfan a The Guardian. “Es una historia muy disputada y con ramificaciones potenciales muy reales en el presente”, defiende.

Por primera vez en casi diez años, el habitual y ya tradicional manifiesto de solidaridad con los pueblos que sufren la devastación de la guerra, el llamamiento a la paz y el boicot a Israel no estuvo presente en el festival WOMAD de Cáceres. La lluvia impidió la lectura del texto, que finalmente se realizará este jueves a las 19.30 horas en el Kiosco de la Música del Paseo de Cánovas.

El manifiesto conjunto ha sido elaborado por las plataformas de Personas Refugiadas de Cáceres y Cáceres con Palestina y será leído por miembros de ambas organizaciones. El texto mantiene el tono de denuncia y reivindicación que durante casi una década ha acompañado al festival multicultural cacereño.

Un “no rotundo a la guerra”, el compromiso de la ciudadanía para “parar el genocidio de Gaza” y la acogida a las personas migrantes son las ideas principales del comunicado, que también reclama reforzar las campañas de boicot y aislamiento contra Israel.

“El alto el fuego en Gaza de octubre de 2025 no ha sido respetado por Israel en ningún momento: ha continuado el genocidio simplemente a una velocidad menor”, sostiene el manifiesto. Las organizaciones denuncian que “los ataques se han seguido produciendo todos los días, asesinando población civil indefensa, incluyendo niños, mujeres y ancianos”, además de alertar sobre la entrada insuficiente de ayuda humanitaria y la ocupación militar de más del 55% de la Franja.

“El sistema carcelario israelí para los presos palestinos —en donde retienen a más de 10.000 personas, de los cuales muchos cientos son niños— utiliza la tortura de forma sistemática”, añade el texto, que también denuncia la situación en Cisjordania, la ofensiva militar israelí en Líbano y el asalto a la denominada Global Sumud Flotilla, que se dirigía a Gaza “para romper el bloqueo genocida”.

Las plataformas critican además “la pasividad e incluso complicidad de los gobiernos occidentales en general, y especialmente de EE.UU. y la Unión Europea”, a quienes responsabilizan de garantizar “la impunidad” de Israel.

“Hacemos un llamamiento a los pueblos y organismos civiles de todo el mundo para que intensifiquen las actividades de solidaridad con el pueblo palestino y refuercen las campañas de boicot y aislamiento de la entidad sionista genocida de Israel”, recoge el manifiesto.

“Casi diez años llevamos subiendo a este escenario para recordarlo, para dar escalofriantes cifras de muertos, de desplazados, de mutilados y de políticos y políticas que lo alimentan o lo consienten. Y estamos hartas de ver cómo todo sigue igual, o peor”, señala el comunicado.

“Hartas de que el horror sea lo normal. Hartas de que las vidas no importen, de que se negocie con los seres humanos. Hartas de que se compren y se vendan armas, con una mano, mientras se escriben discursos de paz con la otra”.

“Nos negamos a consentir que el ruido de las bombas sea el idioma del mundo. Nos negamos a ser la indiferencia que lo permite”, añaden las organizaciones convocantes.

“¡Basta ya! Basta del negocio de la guerra. Basta de acuerdos vergonzosos. Basta de que sean el dinero y el poder quienes deciden quién vive y quién muere”.

El manifiesto reivindica también el derecho a migrar y rechaza las fronteras: “Porque ninguna persona es ilegal. Porque migrar es un derecho. Porque la tierra pertenece a las personas que la habitan. Porque la vida no se negocia. ¡No, en nuestro nombre!”.

“Pero no venimos a explicar nada, porque no hace falta explicar nada. Venimos a defender la paz, porque defendiendo la paz defendemos la vida de la humanidad. La de hoy y la de mañana. Y solo nosotros, los ciudadanos, podemos hacerlo”, continúa.

“Por una paz auténtica, justa, respetuosa, por un futuro para todos, gritamos y exigimos un no rotundo a las guerras”. El texto concluye con un mensaje pacifista y de denuncia social: “No a la guerra. Ninguna persona es ilegal”.

Una tarjeta plastificada asoma entre los documentos que Abdeluadud Mohamed conserva desde hace más de 50 años. En la fotografía, un hombre atractivo, de 23 años y cabello oscuro, posa con sonrisa ladeada. Parece orgulloso de haber conseguido un empleo en la mayor empresa española en el Sáhara Occidental, la mina de fosfatos de Fosbucraa. Su gesto transmite el brío de quien da los primeros pasos en una carrera bien encaminada: un empleo en nómina, derecho a la Seguridad Social, un buen sueldo como peón de mecánica y condiciones regidas por la normativa de España en la que era su provincia número 53. 

Medio siglo después de utilizar esa tarjeta para entrar en la mina, Abdeluadud, sentado en una jaima levantada sobre el desierto argelino, le cuesta reconocerse en el joven que fue, pero lo reivindica. “No siempre fui así, no siempre tuve este aspecto, ni esta vida. Tenía bastante dinero, vivía desahogado, vestía bien, trabajaba en la mejor empresa que podía trabajar”, describe el mismo hombre de la imagen, de pelo canoso, rostro ajado y unas gafas que ocultan el ojo perdido por el impacto de una mina antipersona. A sus 73 años, tras una espera interminable en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, el hombre ve en esa fotografía una vida arrebatada por la ocupación marroquí, pero también el abandono de los trabajadores saharauis, cuando la abrupta retirada de la empresa pública española les dejó atrás sin indemnización ni reconocimiento de sus derechos laborales. 

En su caso, el abandono de la que era —y sigue siendo a ojos de la ONU— la potencia administradora del Sáhara Occidental va más allá de la cesión ilegal del territorio a Marruecos. Para quienes trabajaban para empresas españolas, la salida supuso también la vulneración de sus derechos laborales, quienes en su mayoría, pese a estar contratados y amparados bajo la normativa española, no recibieron indemnización alguna ni han recibido pensión en caso de corresponderles. Uno de los colectivos más afectados por esta situación son los saharauis empleados por Fosbucraa, la empresa dedicada a la explotación a cielo abierto de fosfatos en la mina de Bucraa (Sáhara Occidental). 

La compañía, fundada en 1962, fue impulsada por el Instituto Nacional de Industria durante el franquismo. Durante sus primeros años, los trabajos se centraron en la investigación de los yacimientos de fosfatos, descubiertos por un geólogo toledano, y la construcción de la infraestructura, que incluía una cinta transportadora de más de 100 kilómetros de largo, la más larga del mundo, para desplazar miles de toneladas de roca fosfórica por hora hasta el puerto de El Aaiún, donde finalizaba la cinta con un cargadero que se internaba tres kilómetros en el mar para su exportación. A partir de 1972 inició su explotación, que se mantuvo bajo control español hasta 1976, que pasó a manos de Marruecos a través de una sociedad estatal. 

La tarjeta de identificación laboral de Adeluadud demuestra junto a otros documentos su vinculación laboral con la empresa. Entre los papeles que guarda está un documento oficial, sellado por el ayuntamiento de El Aaiún, que certifica su residencia en la ciudad; una tarjeta de asistencia sanitaria; y una de las nóminas recibidas por la compañía minera, un largo y estrecho papel amarillo, escrito íntegramente en español. Las cantidades son recogidas en la moneda vigente hasta 1976 en el Sáhara Occidental: las pesetas y todo está escrito en castellano, el idioma oficial de entonces. Con toda esa documentación, el saharaui intenta desde hace décadas reclamar su derecho a una compensación económica como trabajador de la empresa. 

Su lucha es compartida con los cerca de 2.000 trabajadores saharauis de Fosbucraa que, según calculó Comisiones Obreras y UGT, trabajaron para empresas españolas antes de la ocupación marroquí. Tras un trabajo de casi una década, ambos sindicatos españoles y la organización saharaui UGTsario, alcanzaron en 2011 un acuerdo con el Gobierno español para indemnizarles. Durante los últimos meses de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, su Ejecutivo aprobó una reforma de la Ley de Seguridad Social que incluía un primer paso para cumplir su compromiso.

Una ley incumplida

“El Gobierno, en el plazo de dos meses, presentará a la Comisión de Trabajo e Inmigración un informe que recoja una relación de las personas saharauis que trabajaban en empresas españolas el 26 de febrero de 1976, momento en el que España se retiró del Sáhara Occidental. Aparte de las personas trabajadoras afectadas, este informe incluirá el coste, su fórmula de articulación y los plazos”, indica la norma publicada en el BOE en agosto de 2011. El plazo de dos meses expiró, como también han transcurrido casi 15 años sin que ni siquiera se hayan empezado los trámites oficiales para reparar a estos trabajadores. Aunque muchos habrán fallecido sin ver su derecho reconocido, otros, repartidos entre los territorios ocupados y los liberados, continúan reclamando lo que consideran suyo.

Los turnos en la empresa consistían en tres días trabajados y cuatro de descanso. El 6 de noviembre de 1975, Abdeluadud Mohamed disfrutaba de las jornadas de libranza en su ciudad, El Aaiún, cuando Marruecos inició la invasión de la entonces colonia española a través de la llamada ‘Marcha Verde’. Ningún superior se puso en contacto con él, nadie le advirtió del proceder de la empresa a partir de entonces. “Simplemente, se fueron”, explica el saharaui. El joven, temeroso de posibles represalias marroquíes, huyó a Argelia, donde los refugiados levantaron varios campamentos temporales que permanecen 50 años después, donde Abdeluadud vive desde entonces a la espera de la convocatoria del referéndum de autodeterminación exigido por la ONU.

“Estoy muy enfadado con lo que hicieron los españoles. Ni siquiera nos han dado una indemnización a los trabajadores de Fosbucraa. No nos han reconocido nada”, dice el hombre, resguardado del sol bajo una jaima desplegada en el campamento de Auserd, durante la celebración del Festival de Cine del Sáhara Occidental (FiSáhara). Él vive en otro campamento, a media hora de distancia, y se ha desplazado hasta aquí, con su carpeta de documentos, para explicar su situación a elDiario.es y tratar de abrir una puerta al reconocimiento de su derecho. 

“Ellos son los que se han ido. No nosotros. Yo tenía un contrato, estaba en nómina y nunca firmé un despido ni la cancelación del contrato. ¿Dónde están las leyes españolas de las que hablan? ¿Dónde está la humanidad?”, se queja el señor, quien en los últimos años dice tener aún mayor necesidad de recibir la compensación económica que considera suya: “Somos muchos los que reclamamos nuestros derechos. Hay que conseguirlo. Sobre todo a esta edad, que lo necesitamos”.  

Cuando este medio pregunta al mecánico saharaui si ha intentado solicitar este derecho por alguna vía formal, Adeluadud responde con otra pregunta, que atina de lleno en el diagnóstico del bloqueo de su situación: “¿Cuál es la puerta abierta para solicitarlo?”, se pregunta el anciano, con la misma sonrisa ladeada que lucía en los 70, pero más envejecida.

“Es cierto”, confirma Alejandra Ortega Fuentes, responsable para países árabes, África y Asia de CCOO, quien lleva décadas pidiendo a las distintas autoridades españolas el reconocimiento de sus derechos laborales. “A día de hoy, no existe ninguna puerta para solicitarlo. Eso es lo que falta: el informe y la creación del procedimiento. Y así llevamos más de diez años”, indica.

La batalla sindical que quedó bloqueada

En los años de batalla sindical, actualmente con bajo fuelle, el objetivo inicial era lograr la concesión de una pensión para los extrabajadores saharauis de Fosbucraa que alcanzasen la jubilación. “A partir del año 2003, y de manera sistematizada, se enviaron las documentaciones que demostraban y avalaban la pérdida de estos derechos. Se logró enviar más de 3.000 expedientes. Una vez informatizados los archivos de la Seguridad Social se empezaron a recibir contestaciones que concluían, en la mayoría de los casos, que los trabajadores no habían trabajado suficiente tiempo como para generar derecho a obtener una pensión”, recoge CCOO en un informe publicado en 2016. 

Después de intentar sin éxito obtener “una concesión de una pensión mínima no contributiva a los trabajadores saharauis” que demostraran la relación laboral que tuvieron con empresas españolas en el Sáhara. Las negativas y complicaciones burocráticas con las que se chocaron Zapatero, empujó a los sindicatos plantear una vía de compensación de mínimos: la obtención de una indemnización única. Para ello, sostiene CCOO, no hacía falta una ley, pero sí “realizar un informe que pudiera avalar el cálculo de estas posibles indemnizaciones”. Esta es la opción que acabó aceptando el Gobierno, como quedó reflejado en una disposición adicional de la Ley de Seguridad Social, aprobada en el BOE en 2011. 

elDiario.es ha preguntado al Ministerio de Seguridad Social y al de Trabajo sobre cuál es la razón de no haber actuado sobre este asunto pendiente hasta el momento y si han recibido las peticiones de los sindicatos al respecto, pero por el momento no ha recibido respuesta, aunque aseguran que lo estudiarán y contestarán próximamente.

“Han pasado más de 10 años y no se ha avanzado nada desde entonces”, dice a elDiario.es Ortega Fuentes. “El Gobierno de España no ha realizado todavía un informe que debía haberse presentado en dos meses a partir de la fecha de publicación en el BOE”, indica la sindicalista, que asegura que durante este tiempo se han enviado cartas a los distintos equipos de gobierno sin haber recibido una respuesta por escrito. “En algunas ocasiones se han alegado dificultades técnicas, y en otras, sin alegar nada”, recogía ya su informe de 2016. Diez años después de la publicación del documento, el sindicato confirma con cierta vergüenza que el texto apenas requiere de actualización: “Todo está bloqueado”.

La asociación Salburuko Harrera Sarea, que lleva meses apoyando a los refugiados malienses en las calles del barrio de Salburua de Vitoria frente a la comisaría de la Policía Nacional, donde hay un tapón burocrático en las citas para hacer valer son condición, ha llamado a la “colaboración” vecinal para atender una “emergencia humanitaria” que se viene dando desde el verano de 2025. Alertan, por ejemplo, de que con la llegada del tiempo más caluroso es posible que sean cerrados los dispositivos extraordinarios para las pernoctas que llevan algunas semanas cubriendo una parte de la demanda, dos parroquias de la Iglesia católica, las de San Joaquín y Santa de Salburua y la de Nuestra Señora de las Nieves en Arambizkarra. Asimismo, han activado también una cuenta corriente para captar donativos, la ES92 3035 0320 69 3201036515, porque se precisa comida, bolsas, ropa y calzado o utensilios de aseo.

Salburuko Harrera Sarea, en el acto que ha sido su presentación en sociedad, aunque ya funcionaba en redes sociales y ámbitos vecinales, ha lamentado que sea una plataforma ciudadana la que provea de atención a estos migrantes ante la dejadez de las instituciones. Han asegurado, por ejemplo, que en casi un año no tienen constancia de que la alcaldesa, Maider Etxebarria, el diputado general, Ramiro González, la consejera del ramo, Nerea Melgosa, u otras autoridades hayan pasado por la zona a conocer esta realidad. Reclaman “una respuesta a la altura de esta emergencia humanitaria” y, sobre todo, teniendo presente que en verano puede que se incrementen las llegadas y, a la vez, desaparezcan los espacios cerrados y seguros para dormir, que son los dos templos y la propia asociación vecinal, unas 50 plazas en total. Fuentes de la Iglesia católica confirman que eran instalaciones puestas en marcha para la temporada de frío y señalan que próxamente se tomará una decisión sobre su continuidad o no, aunque aseguran que la compartirán tanto con los colectivos de apoyo como con los propios afectados.

La acumulación en las calles de Vitoria de personas de Malí, un país sumido en conflictos internos y que expulsa a su población, viene siendo una constante desde el pasado verano como antes lo fue en zonas de Donostia. Las citas que ha de ofrecerles la Policía Nacional, cuerpo con competencias en materia de documentación y extranjería, son limitadas y se ha generado un tapón. Sin esa primera atención, no es posible acceder al circuito al que tienen derechos los refugiados. Asier Etxenike, uno de los portavoces de Salburuko Harrera Sarea y vestido con una camiseta de 'Inor ez da ilegala', ha manifestado que la Policía incluso ha cambiado el sistema de reparto de citas, eliminando la tramitación presencial y abocando a personas que no dominan los idiomas oficiales a trámites digitales y que, además, están sujetos a especulación porque hay un “numerus clausus” de turnos cada vez que se ponen a disposición. Es un “proceso especialmente complejo y opaco”, ha agregado su compañera Cristina Riega.

La red, que se dice inspirada en la creada en su día en Irún para atender a los afectados por las devoluciones en caliente que practica Francia en la frontera con Hendaya, hechos documentados por vez primera por este periódico en 2018, sostiene que son un “parche” que sustituye a la ineficacia de las “respuestas públicas”. Por ello, piden la “creación urgente de una mesa institucional” con el Estado, con el Ayuntamiento, con la Diputación y con el Gobierno vasco, así como con entidades sociales como CEAR o Zehar-Errefuxiatuekin, que llevan también meses encima de este asunto, al igual que otros colectivos sociales que colaboran con los malienses.

Etxenike ha recordado que, dada la alta rotación de este colectivo, “igual han llegado más de mil personas” en los últimos meses procedentes de Malí. Ha destacado su buen comportamiento, todo lo “positivo” que aportan al barrio. La red, en todo caso, lamenta que la formación de ultraderecha Vox haya usado esta realizada para sus campañas políticas xenófobas, incluso usando sin consentimiento de los migrantes sus imágenes. En paralelo, han brotado protestas por la inminente apertura en la cercana Arana de un centro de refugiados de 200 plazas.

Salburuko Harrera Sarea prepara una “asamblea abierta” en el barrio, uno de los más populosos de Vitoria después de Zabalgana o Lakua, para seguir haciendo un análisis de las “necesidades” e ir concretando las “próximas acciones”. Han pedido a las personas interesadas en sumarse a la red solidaria que contacten por redes sociales o por correo electrónico o bien que hagan aportaciones económicas en la cuenta bancaria habilitada.

Tras su llegada a España desde los campamentos de refugiados saharauis, Ezza pensaba que la larga espera podía tener una salida. Después de más de un año atrapada en el proceso de apatridia, creyó que la regularización extraordinaria le abriría una puerta: trabajar, dejar de depender de la familia de su hermana, poder viajar al campo de El Aaiun (Tinduf) para ver a su hija mayor. Pero este martes una noticia volvió a colocar su vida en pausa: el Gobierno había excluido finalmente a los solicitantes de apatridia de la medida. “Yo pensaba pedirla, pero los saharauis no pueden. Otra vez nos vuelven a castigar a los saharauis”, dice a elDiario.es desde Asturias, donde vive acogida por su hermana.

La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre los saharauis que llevaban semanas siguiendo de cerca el desarrollo de la medida, como Ezza. Los solicitantes de apatridia sí figuraban en el último borrador de la norma pero el texto definitivo les ha dejado fuera en el último momento, pese a que quienes piden la apatridia suelen esperar durante años la respuesta del Gobierno, en una situación administrativa más incierta que los demandantes de protección internacional, según explica el abogado Sidi Talebbuia. Mucos saharauis perciben el giro de última hora como un nuevo golpe el Gobierno de Pedro Sánchez al pueblo del Sáhara Occidental, después del cambio de posición de España con respecto a la causa, pese a la responsabilidad histórica del país en la antigua colonia española.

Razones que no se corresponden con la realidad de los saharauis

El Gobierno ha justificado la exclusión apoyándose en el dictamen del Consejo de Estado, que cuestiona la inclusión de perfiles cuya situación administrativa ya está en proceso de resolución, como es el caso de los solicitantes de apatridia. Según esta argumentación, incorporarles al mecanismo extraordinario podría generar “inseguridad jurídica o solapamientos entre procedimientos”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, justificó la decisión asegurando que las personas apátridas no están en situación irregular. España es de los pocos países que tiene un estatuto específico que protege a las personas apátridas“, afirmó en una entrevista en la Cadena Ser.

Sin embargo, la titular de Migraciones parecía confundir las personas que ya cuentan con el estatuto de apatridia reconocido con los solicitantes. Del mismo modo que no es lo mismo ser solicitante de protección internacional (para los que sí está destinada la regularización) que refugiado (para los que no). Además, Saiz afirmó que la población saharaui está “protegida”, una afirmación falsa, dada la precariedad en la que se encuentran los solicitantes de apatridia saharauis, mucho más vulnerable en comparación con las garantías del sistema de asilo.

Distintos informes han documentado las dificultades específicas que enfrentan los solicitantes de apatridia en España durante la tramitación de sus expedientes. El Índice de Apatridia en España 2023, elaborado por la Red Europea sobre Apatridia con participación de entidades como la Fundación CEPAIM, advierte de que estas personas encuentran obstáculos para acceder a derechos básicos mientras esperan una resolución. El informe señala que la apatridia genera una situación de “anomalía legal” que se traduce en barreras para el acceso al empleo, la sanidad o las ayudas sociales, en un contexto en el que los procedimientos pueden prolongarse durante años sin que exista un marco de protección equiparable al de otros colectivos migrantes.

Para el abogado Sidi Talebbuia, saharaui y especialista en apatridia, la explicación carece de sentido práctico. “La ministra dice que los apátridas cuentan con un procedimiento propio, pero los solicitantes de asilo también, y además es mucho más garantista que el de los apátridas, así que no se sostiene”, zanja el letrado. Mientras los demandantes de protección internacional se les concede una serie de documentos que prueban su situación regular en el país y, tras seis meses, pueden trabajar, los saharauis carecen con estos derecos en España, sino que mientras aguardan la respuesta definitiva de su petición durante años, se quedan en una especie de “limbo jurídico”, detalla el jurista. “No tienen derecho al trabajo, ni se les documenta. Antes se notificaba en comisaría y se les daba una tarjeta verde, pero eso ya no se hace desde hace años”, explica.

Las afirmaciones de Saiz han sido respondidas por la diputada saharaui de Más Madrid, Tesh Sidi. “La ministra ha dicho que los saharauis estaban protegidos. ¿Protegidos con qué? ¿Con carecer de papeles durante más de tres años, sin poder comer, sin poder trabajar, sin poder acceder a un centro de salud, con la incertidumbre de no saber dónde está tu expediente? ¿Eso es estar protegido?”, ha declarado.

La realidad de Ezza

El caso de Ezza evidencia el contexto aportado por Talebbuia. La mujer saharaui, de 31 años, llegó a España el 21 de julio de 2024. Tres meses después, el 17 de octubre, solicitó la apatridia. “Desde hace un año y siete meses estoy en trámite, pero aún no me han respondido. Y sigo así, sin documentos, sin poder trabajar, sin nada”, explica. En ese tiempo, apenas ha recibido noticias de su expediente. Era un requerimiento habitual: acudir a comisaría, acreditar su documentación y seguir avanzando en el procedimiento, explica. El proceso sigue sin resolverse. 

Agotada con la espera, Ezza quería acogerse a la regularización como una solución a su situación, pese a que supusiese renunciar a la apatridia, un estatus que, de concederse finalmente, le aportaría mayores derechos y un permiso de residencia permanente en España. “Pero esta espera es casi inviable. Por eso lo más importante para mí es tener unos papeles para trabajar y vivir con la hija tranquila, sacarla adelante y poder viajar para ver a mi otra hija”, explica la saharaui. “Nunca pensé que todo iba a tardar tanto. Dejé a mi hija con dos años y ahora tiene cuatro”, ejemplica la mujer. Su niña menor nació en España y ya cuenta con nacionalidad española.

El día a día de Ezza no encaja con la “protección” con la que dice la ministra que cuentan los saharauis como solicitantes de apatridia. Su vida cotidiana transcurre en condiciones indignas en Asturias. Vive en casa de su hermana, en un piso pequeño donde conviven ocho personas. “Es un apartamento de dos habitaciones. Vivo con mi hermana, su marido, sus cuatro hijos, yo y mi hija, describe la saharui. No está empadronada allí. Tampoco tiene ingresos. ”No tengo nada… ni ayuda, ni empadronamiento... lo tenía pero tenía que pagar alquiler y ahora no puedo. Y en casa de mi hermana no puedo empadronarme porque es familia numerosa, ya vive mucha gente y no es posible“, explica.

Ese limbo administrativo se prolonga durante largos periodos que van de los dos a los tres años. En ese tiempo, aunque su situación no es de irregularidad, tampoco pueden construir una vida normalizada. A diferencia del procedimiento de asilo, regulado con mayor detalle, el de apatridia se rige por un reglamento de 2001 que deja amplios márgenes de discrecionalidad a la Administración. “Se les podría documentar, es potestativo, pero España dejó de hacerlo desde la pandemia. Mientas que la ley de asilo sí obliga a entregar esa documentación temporal”, subraya el abogado.

Talebbuia sospecha que la situación de los solicitantes de apatridia en España trasciende lo jurídico. La mayoría de ellos son saharauis, personas cuya documentación procede de la República Árabe Saharaui Democrática, un Estado que España no reconoce. “Ahí hay un problema político evidente. No quiere enfadar a Marruecos”, sostiene.

Mientras Ezza describe su situación se escucha a su hija, también a su hermana y a su cuñado, además a otros niños de fondo en el pequeño piso donde viven todos juntos. Recuerda una paradoja: “Yo incluso debería tener la nacionalidad española porque mi padre la tenía por haber nacido en una provincia española (Sáhara Occidental), pero ¿por qué no nos tratan igual que a quienes vienen de otras excolonias españolas como los países de America Latina?”, critica la saharaui, como tantos otros, atrapada entre un procedimiento que no termina y una regularización que, cuando parecía abrirse, ha vuelto a cerrarse.