En el marco del Consejo del Diálogo Social y en colaboración con el SEPE, UGT Castilla-La Mancha asesora a personas trabajadoras y desempleadas sobre la oferta de cursos gratuitos de Formación Profesional en el Ámbito Laboral, el procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales (Procedimiento Acredita) y sobre la Formación Profesional, haciendo especial hincapié en la Formación Dual.

El sindicato cumple así con su objetivo de poner a disposición de toda la ciudadanía las herramientas necesarias para mejorar su cualificación y adquirir las competencias profesionales para potenciar su empleabilidad.

Un equipo de técnicas y técnicos repartido por las cinco provincias de la región ofrece información, orientación y asesoramiento sobre la oferta formativa disponible, ayudando a actualizar la cualificación de aquellos que están trabajando y aumentando las posibilidades de incorporación al mercado laboral de los que se encuentran en situación de paro. Además, este servicio de UGT les ayudará a convertir su experiencia laboral en una acreditación oficial gracias al procedimiento Acredita.

Formación en el medio rural

El secretario de Formación y Proyectos de UGT Castilla-La Mancha, Óscar Molina, explicaba que, en este ejercicio, la oferta se va a orientar especialmente a la formación en el medio rural, y a sectores como la Logística, el Metal y el Transporte Sanitario.

Entre las actividades que se van a desarrollar se encuentran, igualmente, un podcast centrado en la formación, un estudio y un foro de las necesidades formativas dentro del sector del Transporte Sanitario y otro estudio de formación con perspectiva de género.

Organizaciones sindicales como CCOO y UGT, que mantienen una presencia sólida entre trabajadores con trayectorias estables, están encontrando mayores dificultades para integrar a quienes se incorporan al mercado laboral y a quienes ocupan posiciones más vulnerables, apuntan las conclusiones del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recogidas por Funcas.

El dato que más inquieta a las grandes centrales no es tanto la caída sostenida de la afiliación como su reparto por edades. Entre los asalariados de 25 a 44 años, solo el 18% de quienes trabajan a tiempo completo está afiliado; entre los de 45 a 64 años, el porcentaje sube al 26%. La brecha se agranda entre los jóvenes con contratos parciales: apenas un 10% está sindicalizado.

De la rebeldía democrática a la normalización de los derechos

La afiliación sindical en España lleva más de dos décadas descendiendo. A comienzos de los 2000 rondaba el 15% de los asalariados; hoy se sitúa en el 12%-13%. Para Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO, comparar la afiliación juvenil actual con la de la Transición es comparar “dos mundos laborales completamente distintos”. En los años setenta el país era demográficamente joven, con incorporación temprana al trabajo, muy masculina y un gran peso industrial.

Gutiérrez explica que las reivindicaciones laborales chocaban con un régimen autoritario, “afiliarse era un acto de rebeldía democrática”. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, coincide. Durante la Transición, recuerda, había un anhelo profundo de libertad sindical. “Derechos que hoy parecen básicos —negociación colectiva, protección social, el propio Estatuto de los Trabajadores— costaron cárcel y vidas”, añade.

La conquista colectiva se ha convertido en suelo asumido. Hoy esos derechos forman parte del paisaje institucional y esa normalización tiene un efecto paradójico: reduce la percepción de urgencia. “Muchos jóvenes han crecido con esos derechos ya consolidados y no siempre identifican al sindicato como su origen”, señala Luján.

A ello se suma una particularidad del modelo nacional: no es necesario estar afiliado para beneficiarse de los convenios colectivos. Lo que reduce el incentivo formal a afiliarse y obliga a las organizaciones a redoblar esfuerzos de presencia y pedagogía. En comparación con otros países de la Europa occidental, el informe sitúa a España en una posición intermedia —similar a Alemania, Italia o Países Bajos—, lejos de los países nórdicos, donde la afiliación alcanza a dos tercios de los trabajadores.

Trabajar más tarde, trabajar peor

Gal·la Torres, recién graduada en Barcelona tras completar sus estudios universitarios —en el ámbito de las ciencias sociales—, se enfrenta ahora a sus primeros empleos. “La precariedad es una de las problemáticas comunes con las que nos enfrentamos cuando entramos al mundo laboral”, resume. A su parecer, su generación accede a trabajos marcados por contratos mal remunerados, la normalización de las horas extra y, en general, condiciones laborales poco favorables.

Samuel Albuquerque, que también acaba de finalizar su formación —en su caso, vinculada al ámbito de la empresa y la gestión— y da sus primeros pasos profesionales, añade otro ángulo al diagnóstico. “Gran parte del problema está en la poca instrucción que recibimos”, sostiene. A su juicio, durante la etapa educativa apenas se informa sobre el papel y la existencia de los sindicatos, su función en la defensa de los trabajadores o cómo pueden intervenir ante situaciones de abuso. 

El retraso en la incorporación al mercado laboral es otro elemento clave: se estudia más tiempo y se accede más tarde al mundo laboral. Y la afiliación, recuerdan los sindicatos, se produce sobre todo en los centros de trabajo. “Si te incorporas de forma tardía y además lo haces con contratos temporales, en sectores precarizados o en empresas pequeñas, el vínculo es mucho más frágil”, explica Gutiérrez.

La temporalidad no solo afectan a las condiciones laborales, sino también al sentimiento de pertenencia. Los datos respaldan esa idea: entre los mayores de 45 años, la brecha por tipo de jornada casi desaparece (24% de afiliación en parcial y 26% en completa). Entre los jóvenes, en cambio, la precariedad actúa como barrera de entrada. “Donde hay estabilidad y representación, el vínculo crece”, resume Luján.

Organizar colectivamente a trabajadores que rotan, encadenan contratos o compaginan empleo y estudios es más complejo. Gal·la lo expresa de forma directa: “Siento los sindicatos un poco lejanos, como si aún no estuviera asentada para afiliarme”. Una distancia que no nace necesariamente del rechazo, sino de la provisionalidad. Samuel tampoco se ha planteado afiliarse por ahora. “No lo descarto, pero todavía no me dedico a tiempo completo a mi profesión”, explica.

“Si sufro solo, no me sirve el sindicato”

Más allá de los factores estructurales, desde el ámbito sindical se señala un cambio cultural de fondo. “La juventud vive muchas veces sus problemas laborales de manera individual”, apunta un responsable sindical. “La precariedad se sufre en casa, con ansiedad, incluso con culpa. El reto es pasar de ese ‘yo que sufre’ a un ‘nosotros’ que organiza y politiza ese malestar”.

El joven en sus primeros pasos profesionales observa esa misma lógica en su entorno. “Aunque algunas cosas no nos gustan, las aceptamos”, reconoce Samuel. “Ese conformismo, unido al desconocimiento de los derechos laborales, actúa como freno a la sindicalización”.

A ello se suman prejuicios persistentes. “Escuchamos que [los sindicatos] ‘no sirven para nada’, que ‘solo están en grandes empresas’, que ‘están politizados’ o que ‘son cosa de gente mayor’”, explica la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura. “Muchas veces esa percepción viene de fuera. Pero cuando alguien tiene un problema concreto y recibe apoyo colectivo, cambia radicalmente”.

La estigmatización también pesa. Desde el sindicato se habla de una “criminalización de la acción sindical” en un contexto de creciente crispación política que desincentiva implicarse. “Hay quien piensa: ‘No me meto en jaleos’. Ese miedo a exponerse influye”. En la misma línea, la estudiante Gal·la, lo resume así: “Deberíamos estar más motivados a sindicalizarnos y defender algo bastante compartido: que las condiciones laborales tienen que cambiar”.

Más que salario: proyecto de vida

Las preocupaciones de la juventud no se limitan al salario. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España se situó a principios de 2026 en una tasa de paro juvenil del 25%, una de las más altas de la Unión Europea. La estudiante recién graduada defiende que: “No se trata solo de cobrar más, sino de poder imaginar un futuro digno”.

Desde el ámbito sindical, la responsable de Juventud de CCOO en Extremadura amplía el foco: el problema no es únicamente la precariedad, sino también la falta de oportunidades y la emigración juvenil. “Muchos jóvenes no saben si podrán quedarse, emanciparse o consolidar un proyecto de vida. El sindicalismo también tiene que dar respuesta a un modelo productivo que no ofrece certezas”, señala.

En ese contexto, cuestiones como la vivienda, la conciliación o la salud mental han ganado peso en el debate. Pero no son ámbitos aislados. “La vivienda depende del salario. La salud mental está atravesada por la precariedad. La conciliación tiene que ver con las jornadas”, explica la dirigente sindical. “El error es separar estas luchas cuando forman parte del mismo conflicto: cómo se reparten la riqueza y el tiempo de vida”.

Samuel pone el acento en otro aspecto: la comunicación. A su juicio, los sindicatos deberían revisar qué necesidades cubrían originalmente y recuperar la idea de comunidad, más allá del acompañamiento en conflictos individuales. “Hace falta reconstruir ese sentimiento de colectivo y aprovechar mejor las herramientas actuales para llegar a la gente joven”, plantea. Y añade una clave: “Hay que poner en valor lo que aporta la cohesión a la hora de defender a los trabajadores”.

Desde el sindicato insisten en que el cambio es ineludible. “Necesitamos más presencia en sectores precarios y emergentes, mayor apertura en la toma de decisiones y más pedagogía temprana sobre derechos laborales”, señala la responsable de Juventud. “El sindicalismo del futuro no puede hablar sobre la juventud; tiene que construirse con la juventud”, concluye.

Renovarse para no envejecer

Aunque el 66% de los asalariados españoles nunca se ha afiliado a un sindicato, según los datos recogidos por Funcas, los dirigentes rechazan la idea de un declive irreversible. “El sindicalismo confederal no está en riesgo de desaparecer”, afirma Gutiérrez. Pero reconoce que está en juego su modelo: uno de carácter sociopolítico, que no solo negocie salarios, sino que intervenga en debates como vivienda, sanidad o educación, frente a un sindicalismo más corporativo y fragmentado.

El desafío para los sindicatos es demostrar que, en este nuevo contexto, la organización colectiva sigue siendo útil para disputar el reparto del salario, del tiempo y del futuro. Gutiérrez apunta a la importancia de la representación descriptiva: “Si queremos conectar con la gente joven, tenemos que abrir espacios de responsabilidad a jóvenes, que hablen su idioma y compartan experiencias vitales”. Porque, como resume Nicolás Molina, “la juventud no solo quiere trabajar; quiere poder vivir con dignidad”.

CCOO y UGT van a presionar en los próximos meses para endurecer el despido, de tal manera que sea resarcitorio y con indemnizaciones a partir de 45 días por año trabajado; para reformar las condiciones del contrato parcial y que tenga que estar más explicado su uso; y para exigir una justificación “rigurosa” del despido en periodo de prueba, un fenómeno disparado desde la entrada en vigor de la reforma laboral.

El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, han presentado este martes la 'Propuesta sindical unitaria', su agenda clave para los próximos meses, que estará centrada en cuatro grandes reformas: la vivienda, el despido, los contratos a tiempo parcial para frenar su uso y el refuerzo del diálogo social y la negociación colectiva.

Ambos sindicalistas han planteado una reforma del despido improcedente que llevarán a la mesa de diálogo social con el Ministerio de Trabajo y que recoge alguno de las reivindicaciones que ya habían adelantado estos meses, como recoge Europa Press.

Entre ellas, recuperar los salarios de tramitación, que se perdieron con la reforma laboral del año 2012, que, tal y como ha apuntado Luján, se hizo “a espaldas” y “en contra” del diálogo social, así como el diseño de un modelo para que el despido sea disuasorio, con el objetivo de que “no merezca la pena despedir” y en línea con la Carta Social Europea suscrita por España.

CCOO y UGT reclaman indemnizaciones mínimas

Sobre la cuestión, Luján ha reivindicado que las indemnizaciones por despido improcedente deberían partir de los 45 días por año trabajado y no de los 33 días vigentes actualmente. No obstante, UGT y CCOO no han querido reflejar en su propuesta un número de días concretos para la indemnización por despido improcedente, ya que, en línea con el Comité Europeo de Derechos Sociales, consideran que las indemnizaciones tasadas pueden no cubrir completamente los daños causados y, por lo tanto, se debe seguir el principio de que sean disuasorias y reparadoras.

“El bloque del conjunto de las propuestas que planteamos para trasladar los compromisos que este país ha establecido con la Unión Europea va mucho más allá de si al final la fijación máxima que acabemos negociando en el marco del diálogo social acaba en 45 días o en 42 días, sino que constituye la conformación de un modelo que, evidentemente, le dice al empresario que si tienes un problema, tienes mecanismos internos en el Estatuto de los Trabajadores para poderlos resarcir, la pandemia como ejemplo paradigmático, y, en todo caso, si tienes que utilizar esas figuras, tienes que tener en cuenta que los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener un marco de protección”, ha expuesto Pacheco al respecto.

Sin embargo, CCOO y UGT sí recogen en su propuesta que se deben fijar unas indemnizaciones mínimas en caso de despido improcedente en línea con los estándares europeos, para lo que Luján ha puesto de ejemplo Italia o Francia, donde están tasadas en seis y tres meses, respectivamente.

Además, en el bloque del despido, los sindicatos han recogido la necesidad de “causalizar” el despido en periodo de prueba exigiendo una justificación rigurosa de las razones debido al incremento que se ha registrado de los despidos en periodo de prueba sin causa.

En todo caso, CCOO y UGT plantearán dar más participación a la autoridad laboral en relación a los despidos colectivos e improcedentes y que, en este último caso, el derecho a restablecer el contrato de trabajo cuando lo fije un juzgado recaiga en la persona trabajadora y no en la empresa.

El contrato parcial tendrá que justificarse

De igual manera, ambos sindicatos propondrán vigilar el uso del contrato a tiempo parcial, de manera que el indefinido a tiempo completo sea el de “referencia”, para lo que se deberá justificar la excepcionalidad que amerita el uso de un contrato a tiempo parcial.

Junto a este mayor control de las causas, CCOO y UGT ven necesario pactar las horas complementarias para que el empresario no pueda hacer uso de ellas para alargar una jornada a tiempo parcial y que, en todo caso, exista un criterio de preaviso y cancelación si finalmente el trabajador tiene que modificar las horas extraordinarias pactadas inicialmente.

“Planteamos la consolidación de las horas complementarias utilizadas de manera ordinaria, con dos fórmulas, utilizando la más beneficiosa para el trabajador en nuestra propuesta: o el 80% de jornadas complementarias medias que se hayan utilizado en el año anterior o el 100% de las horas complementarias de jornada media que se hubieran utilizado en los dos ejercicios anteriores. ¿Qué queremos con esta idea? Que si un empresario, de manera recurrente, está utilizando una ampliación de jornada disponible, vaya consolidando esa jornada en el contrato del trabajador”, ha expuesto Pacheco.

Además, se propone dar prioridad a los trabajadores que estén con un contrato a tiempo parcial para las vacantes de la empresa que sean a tiempo completo.

Hay dictámenes que iluminan y otros que, con solemnidad, oscurecen lo evidente. El reciente del Consejo de Estado sobre el registro de jornada pertenece a esta segunda categoría: no por lo que dice, sino por lo que decide no ver.

El registro horario no es una ocurrencia ni una excentricidad. Nació en 2019 para responder a una realidad inquietante: millones de horas extraordinarias sin pagar ni cotizar. Su propia exposición de motivos lo advertía con claridad: sin registro, las personas trabajadoras quedan indefensas y se facilitan jornadas por encima de los límites legales, con impacto en el salario, la conciliación y las cotizaciones.

No es un problema técnico, sino de derechos. Siete años después seguimos discutiendo si puede desarrollarse reglamentariamente mientras millones de personas ven vulnerados sus derechos por el descontrol de la jornada laboral. Resulta difícil no sorprenderse cuando, en nuestro ordenamiento jurídico, las jornadas especiales se regulan por real decreto desde 1995, pero el registro —ya establecido por ley— parece resistirse a ese mismo desarrollo. Como si ordenar el tiempo de trabajo fuera aceptable, pero controlarlo efectivamente resultara sospechoso.

La paradoja es evidente. El Consejo de Estado nació en 1526, bajo Carlos V. Cinco siglos después, en plena era de algoritmos e inteligencia artificial, parece que pasar del papel al registro digital exige poco menos que una reforma constitucional. Menos mal que su criterio no es vinculante, porque la recomendación, al mismo tiempo que pone barreras a los avances tecnológicos , nos devuelve al siglo XVI

Y ello pese a que el propio dictamen reconoce lo esencial: el descontrol de la jornada es un problema grave que afecta a la salud, la conciliación y la competencia leal. Es decir, admite el diagnóstico, pero rechaza el tratamiento. Además, desplaza el debate hacia lo caricaturesco: la protección de datos. De pronto, el problema no es trabajar gratis, sino registrar ese trabajo. No se protege a quien lo sufre, sino —parece— a quien lo impone.

El resultado es inquietante: la protección de datos como escudo de la opacidad. Llevado al extremo, obligaría a replantear incluso la actuación de Hacienda: ¿también las facturas o los registros contables deberían quedar fuera de control en nombre de la intimidad? El absurdo es evidente. Porque aquí no se trata de datos: se trata de derechos.

Los datos son tozudos. Cada semana se realizan millones de horas extraordinarias en España, muchas sin retribuir. Solo en 2025, 2,49 millones de horas semanales no se pagaron, afectando a 441.000 personas y generando más de 3.200 millones de euros anuales no abonados, según datos de la EPA. Traducido: A cientos de miles de personas trabajadores les roban más de cinco horas de su vida cada semana.

Quizá no sea urgente. Depende de dónde se mire. No lo es desde la cómoda distancia de un dictamen que pide “sosiego y reflexión”, pero sí para quien encadena jornadas ilegales, no puede conciliar o ve evaporarse su salario en horas invisibles.

Por eso se visualiza en este dictamen una cierta alineación con quienes llevan años resistiéndose a cumplir la ley. No se cuestiona un exceso regulatorio, sino que el control sea eficaz: que el registro sea, como exige el Derecho europeo, objetivo, fiable y accesible. Y eso, en la práctica, significa que no pueda manipularse.

Discutir si el registro debe ser digital, los plazos o las cargas para las pymes es legítimo. Pero no puede servir de coartada para sostener un sistema que aún permite prolongaciones de jornada no registradas ni pagadas. Entonces ya no hablamos de técnica jurídica, sino de normalizar una ilegalidad.

Además, el dictamen trata con ligereza una cuestión clave: la salud laboral. Controlar el tiempo de trabajo no es solo salario, es prevención. Jornadas excesivas y descansos insuficientes impactan directamente en la salud, algo que el propio Consejo de Estado reconoce.

Negar la urgencia es negar la evidencia. Puede no serlo desde un despacho que reclama “sosiego”, pero sí para quienes acumulan cada semana horas no pagadas. La pregunta es sencilla: ¿cuántas más hacen falta para que sea urgente?

El Gobierno debe decidir. Puede dejarse arrastrar por un dictamen no vinculante que debilita la reforma o garantizar que la ley se cumple y la competencia es leal.

Eso exige aprobar el real decreto, con los ajustes técnicos necesarios, pero sin tocar su esencia: un registro objetivo, fiable, accesible y no manipulable que proteja las horas trabajadas, la retribución y la salud.

Si al Consejo de Estado no le parece urgente, es legítimo. No responde ante los ciudadanos.

El Gobierno, sí.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha lleva tiempo denunciando las “prácticas abusivas” en la contratación que la empresa de logística GXO viene realizando a través de empresas de trabajo temporal.

Tal y como han explicado la secretaria general de FeSMC UGT-CLM, Ana González, y el secretario de Organización de FeSMC UGT-Guadalajara Javier Martínez, tras “una larga e intensa lucha”, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara ha emitido un informe-oficio dirigido a GXO Logistics Spain S.L.U., en el centro de trabajo de Marchamalo, dando la razón a este sindicato.

Concretamente, el informe concluye que la empresa ha venido celebrando contratos de puesta a disposición a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) sin causa temporal habilitante, “en fraude de ley”, durante los años 2024 y 2025.

Según explica, GXO ha mantenido “una dependencia estructural y abusiva de trabajadores” cedidos por ETT. Precisa que ha habido una contratación media anual de personas de ETT sobre la plantilla total del centro del 30,8 % en 2023, un 27,7% en 2024, y un 19,9 % hasta septiembre de 2025.

“El descenso que se aprecia en este tipo de contrataciones no es fruto de la buena voluntad de la empresa. Se debe exclusivamente a que ya existía un requerimiento previo de la Inspección de Trabajo. Incluso en los meses de menor actividad, hay centenares de trabajadores y trabajadoras sin contrato propio de GXO. Hablamos de un mínimo estructural de más de 500 puestos que deberían ser empleo estable”.

Solo contratos de ETT con “causa legal real”

Ahonda UGT en que se ha utilizado “de forma fraudulenta” a empresas de trabajo temporal, como “mero artificio”, para “poder evadir las responsabilidades que conlleva la contratación a personal directamente de empresa y reducir al mínimo los costes laborales, con absoluto desprecio por los derechos de las personas trabajadoras”.

Por todo ello, la Inspección obliga a GXO a celebrar en adelante solo contratos de ETT con “causa legal real” (según el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores), y contratar directamente como trabajadores propios al 50% de las personas (más de 1.000 trabajadores y trabajadoras) cedidas durante 2025, en un plazo de nueve meses.

Desde UGT valoran positivamente la actuación de la inspección de Trabajo, pero consideran que todavía no es suficiente. Por eso, exigen el cumplimiento “estricto e inmediato” del requerimiento inspector.

Piden que las contrataciones directas se realicen con contratos indefinidos, no con nuevas fórmulas de “temporalidad encubierta”; y también que se garantice la igualdad de condiciones para los trabajadores que pasen a plantilla propia. El sindicato también demanda un “seguimiento periódico” por parte de la inspección del cumplimiento del requerimiento y que se abra expediente sancionador si la empresa no cumple en los plazos establecidos.

“GXO ha construido durante años un modelo que traslada el riesgo empresarial a las personas trabajadoras. Esto es precariedad organizada y tiene que acabar. Desde UGT exigimos que la empresa cumpla íntegramente el requerimiento en los plazos que le marcan y no vamos a permitir ni dilaciones ni excusas”, concluye.

Este medio se ha puesto en contacto con GXO Logistics para recabar su valoración sobre este informe y para saber si procederá a las contrataciones, sin que por el momento haya habido respuesta.

Los sindicatos de UGT, CCOO, Facua y la Red Vecinal Andaluza han presentado este jueves una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para “garantizar el derecho a una vivienda digna en Andalucía”, en una rueda de prensa conjunta en la que han participado representantes de las organizaciones impulsoras.

La propuesta también contempla medidas para frenar la especulación y recuperar vivienda para uso residencial, como la movilización de viviendas vacías, el refuerzo de la función social de la propiedad y la limitación de las viviendas de uso turístico, estableciendo topes por barrios e impidiendo nuevas licencias en zonas tensionadas.

Asimismo, la ILP apuesta por reforzar de forma estructural el parque público de vivienda, incrementando la reserva de suelo para vivienda protegida hasta el 50% en nuevos desarrollos y destinando una parte significativa al alquiler social, además de blindar estas viviendas para evitar su uso especulativo.

Financiación suficiente

Entre otras medidas, incluye también la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional para asegurar financiación suficiente, así como mecanismos de protección frente a desahucios, que obliguen a ofrecer alternativas habitacionales a las familias vulnerables antes de cualquier desalojo.

Durante su intervención, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha advertido de que “no estamos ante un problema puntual, estamos ante una emergencia habitacional que afecta directamente a la clase trabajadora”.

Román ha criticado que “el derecho a la vivienda está dejando de ser un derecho para convertirse en un privilegio, secuestrado por la especulación”, señalando que “hoy en Andalucía hay miles de familias que no pueden pagar un alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse y hogares que viven con la incertidumbre de no saber si podrán seguir en sus casas”.

La dirigente sindical ha subrayado que esta situación no responde a una falta de vivienda, sino a una falta de voluntad política: “No falta vivienda, falta decisión para garantizar su función social. Se ha permitido que los precios suban sin control, que los fondos de inversión compren barrios enteros y que las viviendas turísticas expulsen a vecinos y vecinas de sus barrios”.

Más del 35% del salario

En este sentido, ha puesto sobre la mesa datos que reflejan la gravedad del problema, como el incremento de más del 12% en el precio de la vivienda en el último año o el hecho de que el alquiler medio supere los 700 euros, obligando a muchas familias a destinar más del 35% de sus ingresos a este gasto.

“La vivienda se ha convertido en un negocio para unos pocos mientras se vulnera un derecho básico recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía”, ha afirmado. Maribel Román ha explicado que esta ILP nace con un objetivo claro: “cambiar el modelo y garantizar que la vivienda deje de ser un bien especulativo para convertirse en un derecho real y efectivo”.

En este sentido, ha detallado que la iniciativa establece un límite claro al esfuerzo económico de las familias, de forma que ninguna tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a la vivienda y suministros básicos. Asimismo, ha señalado la necesidad de “poner freno a la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios mediante la regulación de las viviendas turísticas” y de reforzar el parque público de vivienda con medidas estructurales y sostenidas en el tiempo.

“Estamos hablando de decidir qué modelo de sociedad queremos: si ciudades para vivir o ciudades para especular. Cuando una familia es expulsada de su barrio no solo pierde una casa, pierde su vida, su red y su historia”, ha subrayado. Román ha insistido en que esta iniciativa “elige claramente el lado de la mayoría social” y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a las instituciones y al conjunto de fuerzas sociales para que respalden esta propuesta y sitúen el derecho a la vivienda en el centro de la acción política.

“Todos somos vulnerables”

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha afirmado que “la crisis de vivienda nos convierte en vulnerable a todos, a todas. Da igual que tengamos un empleo, que tengamos unos salarios por encima de la media, nos hace ser vulnerable a todos los andaluces y las andaluzas”.

Así, la dirigente sindical ha puesto el foco en la insostenible situación de los precios. “Los datos lo dicen, el precio de la vivienda ha crecido enormemente en los dos últimos años, casi un 30% la vivienda nueva, y un 20% los alquileres; mientras, Andalucía sigue siendo la segunda comunidad con los salarios más bajos del conjunto del país”, ha afirmado.

“El desacople total entre el precio de la vivienda y el precio de los salarios nos hace desiguales y nos convierte en vulnerables al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra”, ha añadido. Especialmente crítica se ha mostrado con la ley andaluza de vivienda impuesta por el Gobierno andaluz a primeros de 2026, de la que ha subrayado que “planteamos con esta iniciativa una derogación completa porque no es seria, porque no es realista y porque fomenta la especulación”.

La dirigente sindical ha pedido a los partidos que concurren a las elecciones que “hagan suya esta propuesta para solucionar el problema de la vivienda que ahoga y asfixia a las familias de todo tipo, porque la vivienda se ha convertido en un mercado y se especula con ella continuamente”.

Instrumentos de planificación

Además, el vicepresidente de Facua Andalucía, David Sifredo ha declarado que “las personas consumidoras tienen que saber, tienen que conocer los instrumentos de planificación, tienen que conocer los derechos que tienen en materia de acceso a la vivienda y tienen sobre todo que tener la tranquilidad de que los agentes intervinientes en el mercado de vivienda no van a abusar de su papel de preponderancia”.

Por su parte, Miguel Bascón, de la Red Vecinal Andaluza, ha apuntado que el objetivo de la organización es defender a todas las personas residentes en Andalucía sin discriminación alguna y por lo tanto y especialmente a los colectivos y personas más vulnerables. “Nuestra prioridad absoluta es acabar con los desahucios y regular el mercado de alquileres de la vivienda. Queremos llevar la voz de los barrios a los dirigentes políticos de Andalucía”, ha aseverado.

Así, la ILP presentada por las organizaciones sociales se centra en el cambio de paradigma para que la vivienda sea un servicio público esencial y pretende dar respuesta a un problema que afecta a la mayoría social frente a los grandes fondos de inversión, fondo buitre y grandes tenedores.

Entre sus propuestas destacan la declaración de zonas tensionadas, la limitación a la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) y la implantación de una tasa turística autonómica. Asimismo, la ILP exige blindar el parque de vivienda pública, haciendo que las VPO sean de calificación permanente y prohibiendo su venta a fondos de inversión.

Para garantizar el desarrollo de la norma, la ILP propone la creación del Fondo Andaluz de Garantía Habitacional (FAGH), que se nutriría de porcentajes de los Presupuestos Generales de la Junta, recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), de los Actos Jurídicos Documentados (AJD), así como de sanciones o cánones por vivienda vacía.

Finalmente, esta ILP, abierta a todas las organizaciones que quieran sumarse a ella, incluye una protección real frente a los desahucios mediante mediación obligatoria y alternativas habitacionales para familias vulnerables.

Los cuatro sindicatos con representación en la función pública han alzado hoy la voz contra el Gobierno de Castilla-La Mancha por lo que consideran su última “cacicada”: suprimir la excedencia voluntaria en funcionariado interino y temporal.

CCOO, STAS, UGT y CSIF se han manifestado a las puertas de la Delegación de Función Pública en Toledo para protestar por esta medida, incorporada mediante una enmienda del Grupo Socialista a la conocida como ‘Ley de Acompañamiento’ de los Presupuestos regionales de 2026, que se aprueba hoy en el pleno de las Cortes regionales y que todos los años incorpora decenas de novedades en bloque.  

Concretamente, los sindicatos se refieren a la supresión de un párrafo en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha. En el artículo 121 de esta normativa se establecía hasta ahora que puede declararse en “situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios” en el sector público el personal funcionario de carrera que se encuentre en situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier Administración pública.

Y esta misma posibilidad se contemplaba para el personal funcionario interino, personal estatutario temporal o personal laboral“. Es este último párrafo el que elimina la enmienda socialista. Los sindicatos conocieron esta decisión en la Mesa sectorial de la Función Pública celebrada a comienzos de semana. Y abandonaron la misma por este motivo, anunciado la protesta de hoy, en paralelo a su votación en el pleno.

Durante la movilización, los sindicatos han leído un manifiesto en el que acusan al Gobierno de Emiliano García-Pge de “volver a recortar derechos” al personal empleado público. “Y esta vez, sin negociación”, añaden. “Estamos ante una decisión unilateral que desprecia la negociación colectiva y a quienes representamos legítimamente al personal”.

Para los manifestantes, la modificación planteada supone “un ataque directo a las ya limitadas posibilidades de promoción profesional” del personal funcionario de la Administración regional. Consideran que implica menos oportunidades reales de avanzar en la carrera administrativa, “más bloqueo profesional” y “peores expectativas de estabilidad para miles de empleadas y empleados públicos”.

“Una vez más, se sustituye la negociación colectiva, ya de por sí efímera y repetidamente disfrazada de información, por la imposición. El ninguneo a la parte social alcanza un nuevo nivel: se legisla de espaldas a quienes sostienen los servicios públicos, ignorando deliberadamente cualquier posibilidad de acuerdo”, añaden en su manifiesto.

También claman por la carrera profesional

Además, también se han hecho eco de otro de los puntos que debate el pleno de las Cortes regionales: la carrera profesional, que “sigue sin desarrollarse por falta de voluntad política”.

“Para avanzar en derechos nunca hay tiempo; para recortarlos, toda la prisa y todo el rodillo. Lo que está en juego no es solo la excedencia por prestación de servicios en el sector público, sino el futuro de nuestras condiciones de trabajo”.

Para los sindicatos, no se trata de una concentración más: “Es una respuesta colectiva ante el desprecio. Si no respondemos ahora, vendrán más recortes. Si respondemos en unidad de acción, seremos más fuertes”, concluyen.

El Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado para esta semana Santa un plan estratégico que convierte al casco histórico en un laboratorio de seguridad inteligente, marcando un antes y un después en la gestión de las grandes aglomeraciones. La gran novedad de este año es la implementación de un sistema de Inteligencia Artificial basado en 40 sensores estratégicos que, de forma anónima, rastrearán las señales de telefonía móvil para calcular con precisión matemática la densidad de personas por metro cuadrado. Este “cerebro digital” permitirá al CECOP anticiparse a los riesgos de colapso en puntos críticos como la Cuesta del Rosario o la Alfalfa, enviando alertas automáticas para aforar calles o cerrar accesos antes de que la bulla se convierta en un peligro real.

Esta vigilancia silenciosa se complementa con una medida acústica pionera: una red de megafonía de emergencia controlada desde el centro de control municipal para dar instrucciones directas en caso de incidentes o cambios por lluvia. Sin embargo, la verdadera revolución llega al bolsillo del ciudadano. El Ayuntamiento ha actualizado la aplicación Sevilla —disponible para móviles y tabletas— incorporando funcionalidades críticas para la movilidad.

Desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, la aplicación digital permitirá seguir minuto a minuto la posición de las cofradías mediante GPS, indicando la ubicación exacta de la Cruz de Guía y de cada paso. La herramienta más destacada será el semáforo de densidad, que volcará los datos de los 40 sensores para que los cofrades eviten zonas saturadas en tiempo real. Además, la aplicación centraliza la información sobre el tráfico, la ocupación de aparcamientos y el acceso directo a servicios de Tussam, Lipasam y el dispositivo sanitario, incluyendo incluso el acceso a la exposición digital Fotógrafos de la Semana Santa.

Movilidad total y refuerzos 24 horas

En el plano de la movilidad, el Ayuntamiento saca toda su artillería para blindar el centro al tráfico privado. Tussam ha diseñado refuerzos masivos en todas las líneas radiales con frecuencias de entre cinco y ocho minutos. El servicio de autobuses no descansará durante la Madrugá y mantendrá operativos los servicios especiales las 24 horas en las jornadas clave del Jueves y Viernes Santo. Además, Metro de Sevilla también ha confirmado horarios ininterrumpidos y refuerzos en la capacidad de los trenes para absorber el flujo de visitantes que llegan desde el Aljarafe y Dos Hermanas.

Limpiar una ciudad que recibe a cientos de miles de visitantes diarios requiere una logística casi militar a cargo de los cerca de 1.500 operarios de Lipasam. La estrategia consiste en un seguimiento inmediato de los cortejos: equipos de limpieza actuarán justo detrás de los últimos tramos de las cofradías para recoger residuos de forma instantánea. Especial atención recibirá el pavimento con la denominada “operación cera”, empleando productos biodegradables y agua a alta presión para evitar que la cera se adhiera al asfalto, reduciendo el riesgo de resbalones para motos y bicicletas.

Drones y seguridad aérea

La seguridad en superficie se verá reforzada por una visión cenital constante gracias al uso de unidades de drones de la Policía Local. Estos dispositivos sobrevolarán las plazas y cruces más concurridos para ofrecer al CECOP una perspectiva real de las corrientes de público, permitiendo una coordinación total con las patrullas de a pie. Este despliegue aéreo se suma a un control riguroso sobre la venta ambulante ilegal y al cumplimiento estricto de los horarios de carga y descarga.

En definitiva, Sevilla encara su semana grande con una infraestructura técnica que busca proteger la esencia de la fiesta mediante la precisión de la tecnología, asegurando que el 2026 sea recordado por ser la Semana Santa más segura y conectada de la historia.

Cádiz, marzo de 1976. España aún no era una democracia, los sindicatos seguían sin ser legales, y el sistema educativo continuaba anclado en los esquemas del franquismo. En ese contexto incierto, con el país apenas iniciando su transición política tras la muerte de Franco, unos 150 docentes se reunieron en el Colegio San Felipe Neri, en la capital gaditana, para debatir cómo debía ser la enseñanza en un futuro que todavía no estaba garantizado. Aquella cita, organizada por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), acabaría convirtiéndose en uno de los momentos más influyentes —y poco conocidos— en la construcción del modelo educativo de la España democrática.

El aniversario del congreso, que se conmemora este miércoles en Cádiz con un encuentro impulsado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) junto a UGT, sirve para recuperar aquella memoria y proyectarla hacia el presente. Se organiza en un colegio concertado y religioso, pero es un guiño para este centro cuya elección hace medio siglo no fue casual. La celebración del congreso en Cádiz fue posible gracias a la mediación de Javier Anso, entonces responsable del colegio mayor Chaminade, que facilitó aquel encuentro en un momento en el que cualquier reunión sindical se movía en los márgenes de la legalidad. Clave fue también un joven Manuel Chaves para elegir la capital gaditana como sede de este congreso estatal.

El encuentro se celebró entre el 19 y el 21 de marzo de 1976 en una suerte de limbo político. El franquismo había muerto con el dictador, pero seguía vivo en las estructuras del Estado. El Gobierno de Carlos Arias Navarro ensayaba una apertura limitada, sin romper con el régimen, y los sindicatos continuaban sin reconocimiento legal —UGT no sería legalizada hasta abril de 1977—. En ese escenario, la reunión de Cádiz fue posible porque el sistema empezaba a resquebrajarse, aunque el control y la incertidumbre seguían presentes.

“Lo hicimos ya tolerado. Ni autorizado, ni prohibido”, recordó años después el exdiputado Rafael Román en su libro Crónica de una generación, donde define aquel momento como una “democracia tutelada”. La expresión resume bien el equilibrio inestable en el que se movían quienes participaron en el congreso: podían reunirse, pero no sabían hasta dónde llegaban los límites.

El miedo formaba parte del ambiente. “Sensación de triunfo no había ninguno todavía. Al contrario, había miedo”, recuerda Carmen Romero, entonces joven docente y una de las participantes. La ausencia de libertades, la vigilancia política y la memoria reciente de la represión hacían que cualquier paso tuviera un componente de riesgo. Aun así, el congreso salió adelante y reunió a profesores de todos los niveles educativos —desde primaria hasta universidad— junto a representantes internacionales del ámbito educativo europeo.

Igualdad de oportunidades

Al ser clandestino, de aquel congreso no quedan fotografías, pero sí una pequeña nota en Diario de Cádiz, que refleja una asistencia de alrededor de 150 personas, organizadas en comisiones para debatir distintas ponencias: desde una “Alternativa socialista para la enseñanza” hasta un manifiesto pedagógico, pasando por cuestiones político-sociales, la formación profesional o la estructura organizativa del sindicato. Aquellos debates no eran meramente técnicos. En realidad, lo que se estaba discutiendo era el papel de la educación en la futura democracia.

Lo que salió de Cádiz fue una propuesta de transformación profunda. Los participantes defendieron una escuela pública, gratuita, laica y democrática, pero también introdujeron matices que marcarían el desarrollo posterior del sistema educativo. “No era una escuela estatal autoritaria, sino una escuela participativa y democrática”, explica Romero. “Meter ese funcionamiento democrático en la escuela era esencial”. La idea no era solo cambiar contenidos, sino transformar la propia cultura escolar, convertir los centros en espacios de participación y aprendizaje en libertad.

Otro de los ejes fue la coeducación, en ruptura con un sistema que había separado a niñas y niños durante décadas. También lo fue la voluntad de evitar la segregación social desde edades tempranas. Frente a modelos que diferenciaban itinerarios educativos según el origen o el rendimiento, los docentes apostaron por el llamado “ciclo único”, una enseñanza común que garantizara la igualdad de oportunidades.

“Había una educación para pobres y otra para ricos, y eso lo habíamos vivido”, recuerda Romero. “No queríamos que esa segregación empezara desde el principio”. La educación debía ser, en su planteamiento, un instrumento de cohesión social, no un mecanismo de reproducción de desigualdades.

El congreso también abordó uno de los debates que marcarían las décadas siguientes: el papel de la enseñanza privada. En aquel momento, la posición de los sectores más comprometidos con la escuela pública era clara, pero el desarrollo político posterior obligaría a matizarla. La Constitución de 1978, fruto del consenso, reconoció en su artículo 27 tanto el derecho a la educación como la libertad de creación de centros, dando lugar a un modelo mixto que sigue vigente. “Fue un pacto”, señala Romero. “Tuvimos que aceptar esa libertad, pero con la idea de que la educación pública debía ser el referente”.

“La clave no es hacer leyes, es financiarlas”

La influencia del congreso de Cádiz no se limitó al plano teórico. Muchos de sus participantes desempeñaron después un papel relevante en el desarrollo de la educación en democracia. El encuentro, presidido por un joven Manuel Chaves, fue un auténtico semillero de dirigentes políticos y sindicales. Estaban Romero, Román, Manuel Gracia, Javier Solana... Por sus filas pasaron nombres que más tarde ocuparían responsabilidades institucionales y contribuirían a diseñar el sistema educativo.

50 años después, buena parte de aquellas reivindicaciones forman parte del paisaje educativo español. Sin embargo, los debates de fondo siguen abiertos. La financiación de la educación pública, la situación del profesorado, el papel de la enseñanza privada o el desarrollo de la formación profesional vuelven a situarse en el centro de la discusión.

Romero insiste en que el principal problema no es normativo, sino material. “La clave no es hacer leyes, es financiarlas”, advierte. A su juicio, la falta de inversión y de planificación está generando nuevas desigualdades, especialmente en ámbitos como la formación profesional, donde el crecimiento de la oferta privada está marcando el acceso de muchos jóvenes.

A estos retos se suman otros completamente nuevos, como el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza o la transformación del papel del profesorado en un contexto de acceso masivo a la información. “Es un cambio brutal”, afirma. “El profesor tiene que orientar en un mundo en el que el alumno puede acceder a todo el conocimiento”.

La jornada reunirá a protagonistas de la época, responsables sindicales e historiadores, y actuales dirigentes y docentes, en un ejercicio que combina homenaje y reflexión, además de servir de encuentro intergeneracional. Una de sus mesas se llama ‘De la tiza a la IA’.

Los trabajadores del Hospital Santa Clotilde de Santander, que acaba de firmar un convenio de privatización de servicios sanitarios con el Gobierno de Cantabria por importe de 256 millones de euros hasta el año 2042, han iniciado movilizaciones para denunciar que la dirección del centro religioso está bloqueando el convenio colectivo, caducado en 2024, y la falta de personal “en áreas fundamentales”.

Los trabajadores del centro sanitario estiman que la actual plantilla de 220 empleados ya está “al límite” y que “será difícil” hacer frente a todos los compromisos adquiridos en el convenio singular con el Servicio Cántabro de Salud, que incorpora nuevos servicios sanitarios hasta ahora se prestaban exclusivamente en lo público como los cribados de cáncer de mama y colon.

“Tendrán que invertir en personas”, reclama María José Barrio, responsable de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras. El convenio singular exige unas condiciones de infraestructuras -número de camas, quirófanos, consultas, etcétera- y un número de personal sanitario que el hospital no cumple. “El problema es que el documento tampoco establece plazos para que se cumplan los requisitos”, explica Barrio. De hecho, entró en vigor el 1 de enero de 2026 sin haber resuelto esta cuestión.

En paralelo, se produce otra situación. Parte del personal que trabaja en Santa Clotilde no son trabajadores del hospital de la Orden de San Juan de Dios, sino que pertenecen a la empresa que gestiona el servicio de radiodiagnóstico desde dentro del centro sanitario. Los empleados de HT Médica no están incluidos en la plantilla de 220 personas del hospital.

El pasado 10 de marzo el centro religioso, en el acto de celebración de su patrón San Juan de Dios, anunció unas obras de ampliación que estarán acabadas a final de año. Como adelantó elDiario.es, el Ayuntamiento de Santander recalificó la parcela del hospital para permitir construir otro edificio.

Ese día, en la celebración, después de asistir a misa en la capilla del centro, el consejero de Salud, César Pascual (PP), aprovechó para reivindicar la privatización de servicios sanitarios: “No es una concesión, no es un privilegio, no es una anomalía. Es una herramienta de gestión sanitaria perfectamente legal utilizada en muchas comunidades autónomas y diseñada con un objetivo muy sencillo: poner todos los recursos disponibles en Cantabria al servicio de los pacientes”, recalcó.

CCOO denuncia “represalias”

La realidad es que los trabajadores del centro han empezado a movilizarse: no hay convenio colectivo, la plantilla es insuficiente y, además, CCOO ha denunciado “represalias” por parte de la Dirección de Personas y Valores del Hospital que “ha advertido de posibles sanciones a quiénes participen en las movilizaciones”.

“Una actuación incompatible con el ejercicio del derecho fundamental de la libertad sindical”, subrayan desde el sindicato. La directora de Personas y Valores es Eva Salmón, la diputada del PSOE en el Parlamento de Cantabria, que dirige los recursos humanos del hospital y es una de las dos personas designadas por la dirección para sentarse a negociar con el comité de empresa, como ha venido haciendo en ocasiones predecentes. Desde el Comité de Empresa comunican que la empresa parece interesada en retomar las negociaciones “con exigencias reales” para finales de marzo.

Los trabajadores iniciaron las movilizaciones de protesta el pasado 4 de marzo con una concentración a la puerta del hospital convocada por el Comité de Empresa ante “la indiferencia y dejación de la dirección que mantiene paralizada la negociación”.

La presidenta del órgano sindical del centro hospitalario, Inmaculada Martínez (UGT) considera “que hace falta gente, necesitamos más personal porque los ratios son muy generales, no están especificados y hay falta de categorías o algunas de ellas están muy escuetas”. “Se necesita como mínimo contratar a 15 personas y de ahí para arriba”, añade. Además, ha criticado que “las infraestructuras están muy anticuadas, falta espacio para trabajar y todo ello provoca problemas físicos y psicosociales”.

El convenio privatizador exige 27 trabajadores más

Hace algunas semanas, la Plataforma de Defensa de la Sanidad Publica de Cantabria ya denunció públicamente que se desvía dinero público a Santa Clotilde “sin que la entidad concesionaria disponga de los recursos necesarios para suplantar a la Sanidad pública en las prestaciones correspondientes”.

Para cumplir las condiciones del acuerdo económico millonario, que inyectará cerca de 256 millones de dinero público a lo largo de las próximas dos décadas, el hospital tendrá que ampliar la plantilla contratando a 27 trabajadores más para pasar de 78 a 105 sanitarios. Entre ellos, 22 enfermeras, 27 auxiliares de enfermería, 7 médicos de diferentes especialidades, un psicólogo, 8 fisioterapeutas, 4 terapeutas ocupacionales y 3 logopedas.

La Red de Aerobiología de Castilla-La Mancha no funciona desde hace más de dos años. Se trata de una web donde podían consultarse en tiempo real los niveles de concentración de polen en las cinco provincias de la comunidad autónoma y en Talavera de la Reina. Ahora, según ha comprobado este medio, solo aparecen activos los de esta última ciudad y su comarca.

Esto sucede en plena “alerta” por el aumento de las alergias debido a los altos niveles de polen tras los continuos episodios de lluvias del invierno. La alarma la han dado Luis Cuerda, secretario de la Agenda 2030 de UGT en Albacete, y Antonio Marín, experto en medio ambiente.

Concretamente, han solicitado la recuperación de esta red, que según apuntan, dejó de funcionar el 1 de enero de 2024 por falta de financiación, y que informaba a la ciudanía en tiempo real de los niveles de polen de las diferentes especies alergénicas.

Explican que esta red ofrecía una previsión semanal de la evolución de las concentraciones de polen en las distintas provincias. Toda la información llegaba a la ciudadanía a través de la mencionaddça página web. “Un servicio necesario para la salud de la población en general y de los trabajadores y trabajadoras”, explica Marín.

“Desde UGT no entendemos cómo en un contexto de cambio climático y calentamiento global en el que las etapas de alergias empiezan antes y son más prolongadas, tengamos este vacío informativo”, señalan desde el sindicato.

Un 30% de la población de la región es alérgica al polen

La importancia radica en que se trata de “un tema de salud pública”. “No nos podemos olvidar que entre un 20 y un 30% de la población de la región es alérgica al polen, algo que también tiene un importante impacto en la salud laboral de miles de trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios al aire libre”.

El personal dedicado a la ganadería, la limpieza viaria, la jardinería o la construcción, entre otros sectores, no pueden consultar esta información, y eso “impide que se puedan tomar medidas preventivas que eviten o mitiguen los impactos más importantes que el polen pueda tener sobre la salud de los ciudadanos”.

Es más, Antonio Marín ha advertido de que esta temporada “va a ser muy dura para los alérgicos”, y por eso desde UGT solicitan a la Consejería de Desarrollo Sostenible que recupere “lo antes posible” esta red.

“No estamos hablando de crear algo nuevo, es recuperar un servicio fundamental para la ciudadanía y para los trabajadores. Desde UGT Albacete tenemos claro que el derecho a la información ambiental es fundamental para el derecho a la salud de la ciudadanía y de los trabajadores y trabajadoras”, concluyen.

El Gobierno de La Rioja, la Federación de Empresas de La Rioja y los sindicatos UGT y CCOO han rubricado este jueves el Plan de Desarrollo Industrial para La Rioja 2026-2028, un documento previamente consensuado por todos los miembros del Consejo Riojano de Diálogo Social y que supone una estrategia integral para transformar el tejido industrial riojano durante los próximos tres años. 

El presidente del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, ha destacado “el gran valor estratégico” de la firma de este acuerdo nuclear, “una hoja de ruta que marca el camino hacia una región industrial más innovadora, sostenible, digitalizada e internacionalizada; con empresas competitivas, un ecosistema tecnológico avanzado e infraestructuras energéticas y logísticas suficientes”. “Con diálogo, con trabajo y con entendimiento, alcanzamos acuerdos para mejorar aspectos clave de la economía riojana, como es la competitividad y el fortalecimiento industrial”, ha añadido.

Esta estrategia integral, basada en seis pilares, trece líneas de acción y veintiocho medidas concretas, blinda la apuesta industrial del Gobierno de La Rioja con un plan trianual (2026-2028) y un presupuesto de 138,9 millones de euros “para transformar y fortalecer el modelo productivo regional”. Para este año 2026, ha precisado una partida inicial de 45,4 millones de euros.

Capellán ha indicado que “la nueva política industrial riojana se apoyará en la colaboración público-privada, en la innovación, en la cohesión territorial, el buen gobierno y el diálogo social”. Así, este nuevo plan “surge como respuesta integral a los desafíos que afronta el tejido industrial riojano en un contexto global marcado por profundas transformaciones”. “La reconfiguración de cadenas de valor, la aceleración tecnológica, la transición energética y la exigencia de nuevos estándares de sostenibilidad, configuran un escenario que requiere una actuación estratégica y decidida”, ha agregado.

El presidente ha detallado que La Rioja, junto con Navarra, es la comunidad autónoma con más aportación industrial al PIB (más del 25%) y lidera las estadísticas nacionales en concentración relativa de industria, con 2.040 empresas y el 9,6% del tejido regional, y en densidad industrial por población, con 629,3 empresas por cada 100.000 habitantes. La actividad industrial genera más de 39 mil puestos de trabajo, el 26,8% de todo el empleo de la Comunidad. A ello se suma la apuesta del sector por la internacionalización, ya que el 99% de las exportaciones de La Rioja provienen de la industria.  

Capellán ha estado acompañado durante la presentación por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, Alfonso Domínguez, el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, la directora general de Empleo, Cristina Salinas, el presidente de la FER, Eduardo de Luis, el secretario general de UGT en La Rioja, Jesús Izquierdo, y el secretario general de CCOO en nuestra región, Rodrigo Alfaro.

El presidente de la FER, Eduardo de Luis, ha señalado que “siempre debemos agradecer al Gobierno de La Rioja el clima de diálogo que existe en nuestra comunidad”. “La industria es un sector estratégico y clave para cualquier economía desarrollada, pero hay una situación geopolítica que crea más incertidumbre y un posible riesgo de dislocación. Este plan industrial llega en un momento muy oportuno y adecuado para seguir apostando por nuestra industria. Creo que es una apuesta decisiva. Y también agradezco al Gobierno de La Roja por esa simplificación administrativa”, ha explicado.

Por su parte, el secretario general de UGT, Jesús Izquierdo, ha agradecido el consenso en torno a este acuerdo que ha considerado “esencial”. “Este plan industrial es la base para ese crecimiento que queremos en nuestra Comunidad Autónoma, para la generación de empleo estable y de calidad, que es lo que todos perseguimos. Un plan ambicioso, pero que también establece indicadores para hacer una evaluación y seguimiento durante los próximos meses. En un día como hoy, debemos resaltar el valor de la palabra. En tiempos complicados como los que vivimos, donde parece que el ruido y la confrontación se han instalado permanentemente en nuestra sociedad, estamos dando una lección de responsabilidad”, ha argumentado. 

Por último, el secretario general de CCOO, Rodrigo Alfaro, ha destacado la importancia “del diálogo social y el bien común, que no es otro que el bienestar de la Comunidad de La Rioja y sus habitantes”. “Antes no teníamos un plan industrial. Esto también lo hace que este sea muy importante. Y luego, en nuestra parte, es un motor de empleo estable y de calidad, como todo el mundo sabe. ¿Por qué organizaciones dispares firman un acuerdo tan importante? Estamos hablando de personas, que es lo que representamos, pero también de polígonos, del efecto de la digitalización en aquellas personas que trabajan, de seguridad y salud en el trabajo, de sostenibilidad ambiental y transiciones energéticas. Todo tiene que ver con las personas. Y eso es algo que fue muy importante para nosotros y es la razón principal por la que firmamos”, ha expresado.

El Plan de Desarrollo Industrial para La Rioja está alineado con ocho objetivos estratégicos y fundamentados en un exhaustivo análisis DAFO, como son el refuerzo y la expansión del tejido industrial; el impulso de la innovación, digitalización y tecnología; el incremento de la internacionalización y atracción de inversiones; un empleo estable, seguro y de calidad; infraestructuras adecuadas; un entorno empresarial dinámico; modernización tecnológica y circular; y el fortalecimiento de la gobernanza y planificación estratégica.

Seis pilares estratégicos 

El documento está vertebrado mediante seis pilares estratégicos que contienen un total de veintiocho acciones específicas para potenciar una base industrial consolidada, corregir la fragmentación y la brecha digital, captar fondos europeos y mitigar la competencia y una demografía adversa. 

Dichos pilares son el fortalecimiento industrial; la proyección exterior; conocimiento, tecnología y digitalización; personas; sostenibilidad y transición ecológica; y marco institucional. Contienen actuaciones destacadas que ya se están implementando, como líneas de ayudas para la modernización de infraestructuras inteligentes y proyectos I+D+i, la realización de proyectos innovadores, el estudio y análisis de nuevas tendencias tecnológicas, actuaciones en micropolígonos, becas de internacionalización, un programa estratégico para impulsar la exportación, un programa de ciberseguridad industrial o el desarrollo del parque científico tecnológico de La Rioja.

Los sindicatos CCOO y UGT de Andalucía han presentado un decálogo de medidas para acabar con la siniestralidad laboral ante el “aumento dramático de los accidentes laborales y de las enfermedades derivadas del trabajo”, y han reclamado que “no valen planes de choque que duran dos meses y tienen unos resultados muy pobres”.

En este sentido, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín y la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, han advertido de que la siniestralidad laboral “continúa siendo uno de los principales problemas del mercado de trabajo andaluz”, al tiempo que han reclamado un “refuerzo de las políticas de prevención para evitar accidentes laborales que, en muchos casos, son evitables”.

Por su parte, UGT-A ha incidido en que desde 1988, cuando existen registros, hay más de 6.300 personas han perdido la vida en accidente laboral en Andalucía, una cifra que refleja la dimensión de un problema que, a su juicio, “no puede seguir siendo asumido como inevitable”. “No podemos aceptar que morir en el trabajo forme parte del ecosistema laboral”, ha señalado.

121 trabajadores fallecidos en Andalucía

Según ha explicado el dirigente sindical, durante el pasado año se registraron en Andalucía 103.609 accidentes de trabajo con baja, lo que supone que más de cien mil personas sufrieron lesiones mientras desarrollaban su actividad laboral. También, en 2025 fallecieron 121 trabajadores en Andalucía, lo que equivale a una muerte cada tres días.

Además, uno de cada cuatro accidentes graves que se producen en España ocurre en Andalucía, tal y como ha afirmado UGT, lo que “evidencia que la comunidad mantiene un problema estructural en materia de prevención”.

Martín ha subrayado también que determinados sectores continúan concentrando una “elevada siniestralidad”. En este sentido, ha señalado que la construcción registró en 2025 un incremento del 37% en los fallecimientos, aunque ha advertido de que el problema “no se limita a este ámbito”. “El sector servicios registró 50 personas fallecidas el pasado año, lo que demuestra que los riesgos laborales afectan a una gran diversidad de actividades económicas”, ha indicado.

Uno de los datos que, según el secretario general de UGT Andalucía, explica buena parte de esta realidad es que el 46% de los accidentes graves y el 42% de las muertes laborales se produjeron en empresas que no habían realizado la evaluación de riesgos. “Cuando una empresa no evalúa los riesgos no estamos ante un simple descuido administrativo. Estamos ante una negligencia grave que pone en peligro la vida de las personas trabajadoras”, ha afirmado.

Medidas

Oskar Martín ha señalado que una de las claves del problema está en la estructura del tejido empresarial andaluz, ya que el 85% de las empresas son microempresas, donde en muchos casos no existe representación sindical ni delegados de prevención. Para corregir esta situación, ha defendido la implantación de la figura del Delegado Territorial de Prevención, que permitiría actuar en aquellas empresas donde actualmente no existe supervisión preventiva.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha reclamado medidas estructurales para acabar con la siniestralidad laboral y la infradeclaración de enfermedades profesionales en Andalucía; así como el fortalecimiento de los organismos de control y prevención.

De igual modo ha pedido “garantizar la vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, instando a las administraciones a que cubran las vacantes. “Ante este drama que sufrimos las personas trabajadoras en Andalucía no valen paños calientes; no valen planes de choque que duran dos meses y tienen unos resultados muy pobres”, ha continuado.

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha aclarado que “no solo queremos que se sancione a las empresas, sino que se haga prevención en ellas y que si alguna incumple la legislación en prevención, caiga sobre ellas el peso de la ley, que para eso existe”. Precisamente sobre esta última cuestión, la dirigente sindical ha subrayado que “llevamos ya 20 años sin desarrollar las unidades de prevención de riesgos laborales que permitirían informar, formar, asesorar tanto a empresa, empresariado, directivos y trabajadores en esa concienciación colectiva de evitar los accidentes y las enfermedades profesionales”.

López ha apuntado, igualmente, la importancia del delegado de prevención territorial o sectorial porque, como ha explicado “que en las empresas que tienen representantes sindicales hay más evaluación de riesgo, más seguimiento a la prevención, más medidas correctivas y más concienciación”.

Enfermedades profesionales

Las enfermedades profesionales son otra de las cuestiones que se priorizan en el decálogo, ya que, según ha alertado la secretaria general de CCOO de Andalucía, “un 98% de estas enfermedades profesionales que sufren las personas derivadas de la actividad laboral en su puesto de trabajo son escondidas y tapadas por las empresas”.

“Hay un problema de ocultación por parte de las empresas y de las mutuas para reconocer y para comunicar las enfermedades derivadas de los puestos de trabajo por lo que desde CCOO instamos a que se ponga encima de la mesa un plan integral para mejorar la salud mental, que es una epidemia del siglo XXI”, ha señalado López.

Prueba de ello es que, según datos del sindicato, el 40% de los accidentes mortales por patología no traumática son consecuencia directa de la situación que se vive en las empresas, de “los elevados ritmos de trabajo, de las jornadas extenuantes, de la presión psicosocial, de la doble presencia que sufren las mujeres y de unas condiciones precarias que sufren el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras”.

La dirigente ha llegado incluso a decir que “las empresas que tienen muchos recursos económicos intentan tapar el daño con dinero y ha vuelto a denunciar el trasvase a la sanidad pública por parte de las mutuas de enfermedades que son profesionales y no pueden ser tratadas como comunes”.

Un decálogo

Durante la rueda de prensa, UGT y CCOO han presentado conjuntamente un decálogo de medidas estructurales para reducir la siniestralidad laboral en Andalucía. Entre las propuestas planteadas se encuentra la implantación de la figura del Delegado o Delegada Territorial de Prevención, con el objetivo de garantizar la supervisión preventiva en las miles de pequeñas empresas donde actualmente no existe representación sindical.

El documento también plantea la puesta en marcha de planes específicos de salud mental laboral, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas preventivas y la investigación de todos los accidentes mortales y los más graves para evitar que vuelvan a repetirse.

Junto a ello, el decálogo propone reforzar la prevención en los accidentes laborales en desplazamiento, impulsar la formación continua en prevención de riesgos laborales, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, mejorar los sistemas de vigilancia de la salud en las empresas y fortalecer el sistema institucional andaluz de prevención de riesgos laborales. Los sindicatos han advertido que esto es una hoja de ruta en la que harán una asamblea de delegados y delegadas y que las acciones previstas dependerán de la respuesta de administración y los de los empresarios ante tal situación.

Primer fallecido en Málaga

Este proyecto se presenta un día después de que los sindicatos se concentraran este miércoles en Benarrabá (Málaga), donde una persona falleció y otra resultó herida grave al derrumbarse un muro de una obra.

La secretaria de salud laboral y PRL de UGT Málaga, Sara Salor, indicó que se trata del primer accidente mortal de este 2026 en la provincia y ha recordado que un trabajador falleció y otro resultó herido grave “como consecuencia del colapso del muro de contención del entorno del tanatorio municipal que se desplomó sobre ambos. Los escombros dejaron atrapados a ambos trabajadores”.

También desde UGT han trasladado el pésame a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, y esperan que el trabajador gravemente herido se recupere pronto. Además, han hecho llegar el ofrecimiento para las acciones legales que necesiten emprender.

UGT creará una oficina para asesorar a sus afiliados en materia de vivienda. El sindicato ha anunciado la medida este miércoles, durante la presentación de un informe, elaborado a partir de una encuesta a más de 4.300 personas trabajadoras, que muestra que una de cada tres tiene miedo a perder la casa en la que vive. “Hay una demanda clara de asesoramiento”, ha señalado Víctor Escorsa, de la vicesecretaría general de la organización y uno de los autores del estudio.

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha destacado que el objetivo es “incorporar la vivienda en la acción sindical de la organización” y aprovechar la experiencia en las labores de mediación y arbitraje, como ya ocurre con los conflictos colectivos, para resolver desavenencias, principalmente, en torno a los alquileres.

Según ha destacado Rubén Ranz, del Espacio de Vivienda Digna de UGT, la encuesta a esos más de 4.000 afiliados muestra como el alquiler “se ha convertido en el principal foco de desigualdad” e inestabilidad. El 31% se ha mudado más de cinco veces a lo largo de su vida, lo que impide “crear arraigo” y un 35% teme que el alquiler aumente de precio en el corto plazo. Son, ha dicho, esas personas que firmaron sus contratos en los años de la pandemia y que los verán finalizados en los próximos meses. Son unas 600.000 familias, según los datos del Ministerio de Consumo.

Además, el informe revela que el 39% de la población inquilina considera que el alquiler de su vivienda está por encima de mercado.

En este contexto, el sindicato ha identificado una demanda clara de asesoramiento, por lo que ha confeccionado un proyecto piloto con el que ofrecer ese servicio a sus afiliados y afiliadas. No solo a los inquilinos, donde estará el foco principal, sino que la organización atenderá también a trabajadores hipotecados, a pequeños propietarios, de hasta tres viviendas, y a cooperativistas.

Las oficinas presenciales estarán inicialmente en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Aragón y Madrid, aunque el objetivo es ampliarlas a todos los territorios que, por el momento, tendrán atención telemática y siempre a cargo de asesores expertos en vivienda, también con una parte jurídica, “si finalmente hace falta articular cualquier acción legal”, ha señalado Escorsa.

El sindicato espera, no obstante, que las mayores consultas sean relativas a dudas habituales sobre los contratos de alquiler, plazos para notificar subidas o renovaciones o quién es responsable de determinados gastos.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja ha presentado una reclamación ante la Junta de Contratación de la empresa pública TRAGSA por el incumplimiento de la normativa vigente en el concurso para el servicio de videovigilancia móvil en dos obras estratégicas de la región: la ampliación del Centro de Salud de Calahorra y la nueva Residencia de personas mayores de Torrecilla en Cameros.

Un incumplimiento flagrante de la Ley derivado de los pliegos de condiciones que, con un presupuesto de licitación de 47.395 euros (sin IVA), establecen que la adjudicación se basará exclusivamente en la oferta económica (100 % de la ponderación). FeSMC UGT denuncia que esta fórmula ignora la Ley de Contratos del Sector Público que estipula que en servicios de vigilancia y seguridad los criterios relacionados con la calidad deben representar, al menos, el 51 % de la puntuación total.

Para el sindicato, esta omisión va más allá de una cuestión meramente administrativa, ya que tiene consecuencias directas sobre el empleo y el servicio. Por un lado, genera una evidente falta de garantías sociales, ya que, al competir únicamente por precio, se incentiva la aparición de ofertas a la baja que ponen en riesgo el cumplimiento de los convenios colectivos y las condiciones de las personas trabajadoras.

Además, esta limitación total de criterios en torno al precio podría generar deficiencias en el servicio debido a que se obvian factores fundamentales como la solvencia técnica de las empresas o las mejoras en los medios tecnológicos, entre otras.

FeSMC UGT considera que una empresa pública como TRAGSA debe ser ejemplar en la inclusión de cláusulas sociales y no permitir que la seguridad de las infraestructuras y servicios riojanos se subasten al mejor postor. Por ello, tras trasladar estas consideraciones a la Junta de Contratación de TRAGSA, solicita la correspondiente subsanación de los pliegos para que se ajusten a la legalidad y garanticen un servicio de calidad que responda a las necesidades reales de las obras. El sindicato se mantendrá vigilante para asegurar que la contratación pública en esta comunidad no sirva como herramienta para la precarización del sector de la seguridad privada. 

UGT La Rioja ha constituido esta mañana su Área LGTBI en una asamblea precedida por la Jornada ‘Los derechos de las personas LGTBI en el trabajo’, a cargo del coordinador confederal del área, José Álvarez. 

Un área que, tal y como ha manifestado el responsable confederal, constituye “un punto de partida para luchar de manera concreta en la comunidad contra la LGTBIfobia en el ámbito del trabajo” y garantizar el cumplimiento de las medidas impulsadas por el sindicato en materia de negociación colectiva. Entre ellas, Álvarez ha destacado el artículo 15.1 de la Ley Trans y LGTBI que obliga a las empresas de más de 50 personas trabajadoras a introducir en los convenios colectivos medidas para proteger a las personas LGTBI en los centros de trabajo. 

No obstante, Álvarez ha subrayado que “no se trata sólo de introducir medidas en las empresas, sino que es una cuestión política en tanto buscamos proteger y garantizar una vida digna para todas las personas trabajadoras”, sobre todo “ante un panorama político complicado en el que hay un ataque específico por parte especialmente de la ultraderecha hacia las personas trans”.

Durante la jornada también han participado la Vicecoordinadora Institucional LGTBI, Begoña Iza Ramos,y el vicepresidente de Gylda, Jesús Cárcamo, que ha analizado la situación en La Rioja.

Por último, la asamblea ha procedido a la constitución del área, la aprobación de su reglamento de funcionamiento y la elección del nuevo responsable, Borja Llorente, quien ha agradecido la confianza depositada y ha manifestado su “ilusión” por “poder ayudar en un área tan importante y de la mano de UGT para que estas personas puedan desarrollarse plenamente y puedan sentirse seguras”. 

Miles de docentes se han manifestado este lunes por el centro de Barcelona para exigir mejoras laborales y salariales, al considerar insuficiente el acuerdo de la Generalitat con CCOO y UGT. El profesorado ha respondido en la calle a la primera de las cinco jornadas de huelga de esta semana, repartidas geográficamente, y que ha tenido un seguimiento del 31,8% según el Departamento de Educación, y del 70% según el sindicato mayoritario USTEC.

Los dos sindicatos con mayor representación en Primaria y Secundaria, USTEC y Professors de Secundària, además de la CGT, decidieron no firmar el pacto que alcanzó el Departamento de Educación con CCOO y UGT y mantuvieron la semana de huelgas. Este lunes es el turno de los docentes de Barcelona y la comarca del Baix Llobregat.

Tras empezar la jornada con cortes de carretera en la capital catalana y sus alrededores, los docentes se han concentrado en la plaza Urquinaona y sobre las 13.00 horas han comenzado a marchar hacia la plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat. La movilización ha contado con 8.000 personas según la Guàrdia Urbana, y 25.000 según USTEC.

La protesta ha transcurrido sin incidentes y entre cánticos como “luchando también estamos educando”, “si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga” y “recursos públicos para la escuela pública”.

Los docentes han protestado contra el acuerdo de Educación con CCOO y UGT, y les han acusado de ser “del PSC”. Durante la manifestación han reclamado que se suban los salarios y se bajen las ratios, además de rebajar la burocracia en los centros.

En la pancarta que encabezaba la marcha se podía leer “¡Ya basta, mejoras laborales ya! En la educación: +salario, +recursos, -ratios, -burocracia”, con los logotipos de USTEC-STEs, Professors de Secundària, CGT e Intersindical, y los símbolos tachados de CCOO y UGT. La tensión con estos dos sindicatos, patente en los últimos días en los claustros, se ha hecho más evidente si cabe frente a la sede de los primeros, donde los manifestantes les han tachado de “traidores”.

Las escuelas e institutos de Catalunya se adentran en una nueva oleada de huelgas. Después de la destacada movilización de febrero, con un seguimiento sin comparación en los últimos años, ahora los docentes encaran cinco jornadas de paro laboral repartidas por toda la geografía catalana. Una protesta que, a diferencia de la anterior, esta vez estará marcada por el acuerdo que alcanzó la Generalitat con los sindicatos CCOO y UGT y que ha disparado la tensión en los claustros. 

El resto de sindicatos, que incluye a USTEC y Professors de Secundària —los dos mayoritarios en la enseñanza pública—, además de a CGT e Intersindical, han decidido mantener el pulso al departamento de Educación. Para reforzar su decisión, sometieron a una encuesta el bautizado como “acuerdo histórico” educativo por parte del Govern de Salvador Illa: de los 42.965 docentes que votaron (aproximadamente la mitad de la plantilla de los centros públicos), el 95% lo rechazó y aseguró secundar la huelga. 

La convocatoria de paro, que afecta a docentes y personal laboral de los centros, se reparte esta vez por regiones. El lunes será el turno de los colegios de Barcelona y el Baix Llobregat. El martes, Penedès, Tarragona y Terres de l’Ebre. El miércoles, Al Pirineu i Aran, Catalunya Central y Lleida. El jueves, Girona, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental. Y el viernes, huelga en toda Catalunya con una manifestación unitaria en la capital catalana. 

Los sindicatos convocantes insistieron este viernes al departamento de Educación que el profesorado rechaza mayoritariamente el acuerdo sellado con CCOO y UGT y exigieron a la administración que regrese a la mesa de negociación. “Es la única forma de resolver este conflicto; si siguen bloqueándolo, no acabaremos el curso con normalidad”, advertía Iolanda Segura, portavoz de USTEC. 

¿Qué se pactó y qué piden los demás?

El acuerdo que ha resquebrajado la unidad sindical se anunció el lunes después de varias semanas de negociaciones entre Educación y el profesorado en las que ambas partes reconocían avances. El Govern proclamó un “acuerdo histórico” con CCOO y UGT y lo escenificó con una firma en el Palau de la Generalitat presidida por Salvador Illa, lo que provocó la indignación instantánea del resto de representantes del sector docente. 

El pacto incluye de entrada una subida salarial a través del complemento específico autonómico, que actualmente ronda los 700 euros mensuales, y que era el auténtico nudo a deshacer en las discusiones entre sindicatos y Educación, porque sitúa los docentes catalanes a la cola de España en salarios. El compromiso del Govern es aumentarlo un 30% en cuatro años, es decir, unos 3.000 euros más al año al llegar a 2029. A ello hay que añadir además la subida estatal aprobada para todos los funcionarios. 

Los otros sindicatos, sin embargo, recuerdan que esto significa un incremento inferior al 8% en el conjunto del salario. Tampoco aprueban que sea inferior al pactado entre Govern y Mossos d'Esquadra. Ni sirve para recuperar el poder adquisitivo perdido, añaden. 

La demanda de USTEC pasa por un incremento del 100% del complemento autonómico, dado que esta figura no se toca desde hace 25 años. Pero la Generalitat responde que esta exigencia es inalcanzable. Además, recuerdan que los presupuestos para 2026, si se aprueban, contemplan una subida del 18% respecto a los últimos, los de 2023, con una partida de 8.000 millones. 

Por otro lado, el compromiso de Educación con CCOO y UGT contempla también el cobro de 50 euros por noche en el caso de excursiones —una reclamación que ha cogido fuerza entre el profesorado—, un complemento retributivo para el Personal de Atención Educativa, 300 millones de euros para aumentar los recursos en educación inclusiva, o una rebaja de ratios que fije como tope los 20 alumnos por aula en Infantil y Primaria. 

A ello hay que añadirle un acuerdo salarial para el personal laboral (integradores, auxiliares de educación especial, cocineros, técnicos de infantil…). Este es el único punto que sí ha firmado USTEC. 

Tensión en los claustros

Las diferencias entre los sindicatos han enrarecido el ambiente en muchas escuelas e institutos, cuyos docentes tenían en marcha asambleas para preparar las movilizaciones de esta semana. CCOO y UGT han denunciado que algunos de sus miembros han sido objeto de insultos y trato degradante impropios de un contexto educativo. En un comunicado, UGT asegura que sus delegados reciben “amenazas, muestras de odio y presiones personales”, y acusan a los demás sindicatos de ser cómplices de ello, por acción u omisión, en algunos chats de profesores.

Hay ejemplos de asambleas de centros que han declarado “sindicatos non gratos” a CCOO y UGT, según ha podido comprobar este diario. También se han colgado carteles en otras escuelas e institutos en los que se les tacha de “traidores” y “ratas”. 

Esta situación ha obligado a intervenir al departamento de Educación, que este jueves envió un correo electrónico a todos los directores de centros a los que pedía preservar el clima de respeto y tolerancia. “Nadie debería sentirse insegura, menospreciada o cuestionada por razón de su opinión. Si identificáis alguna situación de conflicto que pueda vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, os corresponde actuar”, advertían. 

Por su parte, los sindicatos que rechazan el pacto han minimizado estas quejas. “Porque haya habido algún caso puntual se haya ido de madre no quiere decir que de forma generalizada haya habido agresiones. Son muestras simbólicas de indignación”, ha considerado Segura.

Euskadi afronta este martes una huelga general para reivindicar un salario mínimo propio, diferenciado y superior al vigente en el Estado, para equipararlo con un nivel de vida, y, por tanto, unos precios, más elevados que en otras comunidades autónomas. Los sindicatos convocantes -que llaman a parar en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra- han fijado este salario en un mínimo de 1.500 euros, frente a los 1.221 euros vigentes ahora en todo el Estado.

ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde anunciaron esta convocatoria ya en el mes de diciembre y con ella quieren paralizar el país ante “el saqueo de la patronal”, dicen, que se niega a la negociación para subir este salario. Pero la huelga dirige también sus reivindicaciones contra los políticos que no reclaman al Estado competencias para que Euskadi legisle sobre la materia. La huelga va del huevo, pero también del fuero. Es decir, del dinero que debe estar en el bolsillo de los trabajadores, pero también de competencias para que Euskadi pueda legislar sobre ello.

En estos meses se han sumado al paro sindicatos como ESK, que ha presentado la convocatoria por su cuenta, y CNT y EHKS -el movimiento comunista vinculado a GKS- que han decidido en asamblea compartida unirse al paro, lo mismo que Ikasle Sindikatua o el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. También partidos como EH Bildu han instado a la población a sumarse a la huelga para “garantizar salarios dignos frente a la carestía de la vida”, y además, reivindicar “capacidades” para “decidir en Euskal Herria los asuntos que atañen a los trabajadores”. Podemos también se suma a la reivindicación “para atajar la gravísima pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores vascos”.

Es decir, la convocatoria de huelga tiene un importante apoyo, y cuenta en Euskadi con la mayoría sindical que otorgan los sindicatos nacionalistas, ya que UGT y CCOO no secundan el paro. El hecho de que la huelga no sea unitaria entre los sindicatos llevará a un seguimiento desigual en algunos sectores. El impacto en Navarra se prevñe mucho menor, ya que ELA y LAB no tienen mayoría en la comunidad foral.

UGT y CCOO han decidido no sumarse al paro porque creen que la vía para conseguir un SMI propio en Euskadi, acorde con el coste de la vida, algo que comparten todas las centrales, debe ser la negociación colectiva. Por eso, ambos sindicatos han participado en los llamamientos a la patronal para abordar una negociación, pero no en las iniciativas para modificar la legislación ni tampoco en la convocatoria de huelga. Por las mismas razones -que el SMI propio debe fijarse mediante la negociación colectiva- tampoco apoyan el paro desde Sumar, que lidera la cartera de Trabajo en España.

Los convocantes quieren conseguir con la huelga general lo que no han logrado ni por la vía de la negociación, ni por la judicial, ni tampoco por la presión política. La patronal vasca, Confebask, se niega a sentarse a negociar para establecer este salario mínimo, porque consideran que un SMI propio supondría un “riesgo a la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”. Por un lado, por las diferencias de costes salariales con otras comunidades autónomas, pero también porque supondría elevar el mínimo salarial en todos los convenios y el resto de los salarios se negociarían al alza.

Tres veces se ha negado Confebask a secundar la convocatoria de las centrales, que decidieron denunciar ante los tribunales esta negativa a la negociación. Pero del TSJPV llegó un nuevo varapalo. El tribunal reconoce que la patronal no tiene por qué sentarse a negociar algo para lo que no tiene competencias, ya que la legislación laboral que fija este salario, es básica, y por tanto exclusivamente estatal. Y ahí entra la negociación política, de momento, también fracasada. El Parlamento Vasco dio portazo a tramitar la ILP que presentaron los sindicatos avalada por 138.495 firmas con los votos de PNV, PSE-EE, PP y Vox. Solo EH Bildu Y Sumar apoyaron tramitar la ILP, en la que lo que se planteaba era precisamente que desde la Cámara Vasca se instara a las Cortes Generales a que habiliten a las comunidades autónomas a establecer sus propias políticas en esta materia.

Decaída la posibilidad del Parlamento Vasco los sindicatos, junto a centrales nacionalistas de otras comunidades autónomas, han explorado la vía de reuniones con los partidos con presencia en el Congreso para que apoyen su reclamación de modificación del Estatuto de los Trabajadores para que las comunidades autónomas puedan legislar sobre la materia. Pero, al margen de las reuniones, hoy por hoy, es una posibilidad que está muy lejana.

Las centrales han considerado que ante la cerrazón a las diferentes vías que han intentado, no se les ha dejado otro camino que la huelga general, aunque la convocaron con tres meses de antelación. Será la primera huelga general que se plantea durante el Gobierno de Imanol Pradales, y también la primera que tiene lugar desde enero de 2020, justo antes de la pandemia de la COVID-19. Después han tenido lugar paros en sectores concretos, como los funcionarios, o la Educación, pero no generalizada.

La previsión con la que cuentan las centrales convocantes es que el paro sea “multitudinario y exitoso”, después de contar con las adhesiones de 1.750 comités de empresa y comités de personal; además, se han adherido más de 100 agentes sociales, jóvenes, estudiantes, agentes ecologistas, antirracistas, feministas, pensionistas.

Entre las empresas que ya han hecho público el resultado de sus asambleas de adhesión a la huelga están algunas importantes por su tamaño como CAF, en Beasain y en Irún, Biele (Azpeitia), Indar (Beasain), Arcelor-Bergara, Fagor Electrónica (Arrasate-Modragón), Irizar (Ormaiztegi), ABB (Eibar), JMA (Arrasate) y Aralar Papelera (Amezketa). O centros escolares como Salbatore Mitxelena Ikastola (Zarautz), Arizmendi Ikastola (Arrasate), Laskorain Ikastola (Tolosa) y GKN-Legazpi. También Ayuntamientos como el de Oñati, Hernani o Tolosa. Aunque se prevé que “en las próximas horas” se produzcan más adhesiones, a medida que se vayan celebrando las asambleas. También se han convocado concentraciones en centros de Osakidetza. Otros como el comité de empresa de Bilbobus, han desmentido que apoyaran el paro, como se dijo en un primer momento por parte de los convocantes.

“Las posibilidades de conseguir un SMI propio siguen abiertas”, señalan desde ELA y LAB, por lo que subrayan la “importancia de sumarse a la huelga”. Consideran que la respuesta a su ronda con los partidos políticos en Madrid ha sido “satisfactoria”, en lo que se refiere sobre todo a la “voluntad mostrada por algunos partidos soberanistas para de llevar al Congreso una Proposición de Ley para su debate, con el fin de modificar el Estatuto de los Trabajadores”, como han pedido las centrales.

Además, el nuevo contexto de guerra en Irán se añade a las reivindicaciones sobre el salario mínimo. “También será una huelga contra la guerra y a favor de la justicia social. El encarecimiento de la vida se está agudizando a raíz de los ataques imperialistas de Estados Unidos e Israel contra Oriente Próximo, y son precisamente las medidas para combatir ese encarecimiento las que se reivindicarán con la huelga general: repartir la riqueza, mejorar salarios y decidir aquí el SMI”, señalan las centrales, que llevan desde el simbólico cincuenta aniversario del 3 de marzo de 1976 en Vitoria calentando motores. Este jueves se concentraron ante el Parlamento Vasco y la Ertzaintza tuvo que emplear tenazas para liberar a un sindicalista de LAB que se había encadenado en el cercado del Parlamentopara llamar a la huelga general .

El paro arrancará con diversos piquetes a partir de las 5.00 horas de la mañana. A las 11.00 habrá diversas columnas de manifestantes en Bilbao, Donostia, Vitoria, Eibar, Pamplona y Tudela. Por la tarde nuevas manifestaciones a las 18.00 horas en Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona. El Gobierno vasco, de su lado, operará con normalidad y ya ha anunciado que en el Consejo aprobará su plan de choque por el impacto económico de la guerra en Irán.

Transporte al 30% y centros de salud como un sábado

El Gobierno vasco ha publicado ya la orden por la que se decretan los servicios mínimos en aquellas actividades consideradas esenciales en línea con lo decretado en paros anteriores. En el sector sanitario los centros hospitalarios trabajarán, con el personal habitual de un festivo -pudiéndose dar altas médicas- los servicios de urgencia, cocina, reparto de comida, la limpieza estrictamente necesaria para el funcionamiento de estos servicios y la atención debida a personas enfermas hospitalizadas. Se mantendrán, también, los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos predeterminados y los indemorables.

En atención primaria, habrá personal como un sábado, mientras que en los PAC y servicios de emergencia trabajará el cien por cien del personal. Los servicios de 'call center' estarán al 50% del personal que habitualmente presta estos servicios. Las empresas del sector del transporte sanitario mantendrán los servicios de urgencias, el transporte programado para los tratamientos de hemodiálisis, oncológicos y para el hospital de día, el transporte urgente interhospitalario que se produzca, siempre que sea acreditado mediante certificado médico o se precise del uso de camilla, las altas hospitalarias que precisen de la utilización de camilla. Todos estos servicios se atenderán con el con el cien por cien del personal.

En el sector educativo se garantiza una persona del equipo directivo y una persona de la plantilla de subalternos por turno para la mañana y otra para el turno de tarde, además de una profesora por cada etapa educativa (Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachiller y Formación Profesional). En las etapas de Educación Infantil, tanto del ciclo 1, como del ciclo 2 y en la etapa de Educación Primaria, a partir de 100 alumnos matriculados en cada etapa, se añadirán un profesor en cada etapa correspondiente. Y a partir de 200 alumnos, se añadirá otro y así sucesivamente. En la Universidad, una persona de la plantilla de conserjes por cada turno para garantizar el acceso y, a efectos de realización de los exámenes planificados en el calendario académico que tengan rango de evaluación final, un profesor responsable de la realización del examen.

Los transportes, autobuses, trenes, tranvías, funiculares y transporte fluvial, mantendrán un número de servicios equivalentes al 30% de los ordinarios programados en las franjas horarias coincidentes con la convocatoria de huelga. Dicho porcentaje ha de ser distribuido de forma tal que se prioricen aquellas líneas que carezcan de servicios de transporte alternativo o que tengan por destino centros sanitarios. Asimismo, habrán de cubrirse especialmente los horarios de entrada y salida a los centros de trabajo. Los servicios que, en su caso, tengan su inicio con anterioridad a las horas de comienzo de la huelga deberán seguir realizándose hasta concluir su trayecto habitual. Igualmente, han de mantenerse los servicios de mando, coordinación, control y seguridad en los medios de transporte con una persona por cada puesto de estos servicios y en cada turno.

Se garantizará el funcionamiento del 20% de las gasolineras. La determinación se efectuará por la patronal del sector en cada territorio, oídas las respectivas organizaciones sindicales con representación en el sector. Las empresas y organismos encargados de la producción y suministro de energía eléctrica, producción y distribución de gas y depuración y suministro de agua, garantizarán la prestación del servicio manteniendo el personal correspondiente a un día festivo. En las empresas de telecomunicaciones, para la realización de labores de mantenimiento se mantendrá el personal de un festivo de este grupo de personal.

En los servicios de emergencias y seguridad vial de las administraciones públicas y los servicios de 112 la atención se mantendrá en su totalidad. El resto de estos servicios (atención de emergencias y meteorología, bomberos, emisoras y comunicaciones de emergencias, mantenimiento de carreteras, incluido el servicio de vialidad invernal y emergencias en pantanos, ríos y montes, Protección Civil, Centro de Gestión del Tráfico de Euskadi...) se mantendrán con el personal equivalente al de un día festivo de esta época del año. En el área de comunicaciones e informática del Departamento de Seguridad, el servicio se mantendrá con un técnico de operación y monitorización por turno.

Las residencias de mayores o con dependencia se mantendrá el 50% del personal que realiza la atención directa, salvo en el horario habitual de la comida, y de 08.00 a 10.30 de la mañana, y de 20.00 a 22.00 horas en que este porcentaje se incrementará en un 10%. Exclusivamente, en aquellas residencias donde el perfil de las personas usuarias tenga, en más de un 70%, niveles de dependencia reconocida de grado II o III, el personal gerocultor o asimilado será del 70%. En el turno de noche, se prestará servicio por el 100% del personal de atención directa y las tareas a desarrollar serán única y exclusivamente las configuradas como de “atención directa”.

El personal sanitario será del 50%, lo mismo que el de cocina, que se ocupará exclusivamente las referidas a la preparación de los alimentos. El personal de limpieza se mantendrá en un 20% limitándose a áreas que supongan un riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud de las personas. Los centros de día, mantendrán también el personal al 50%.

Cada vez que una fábrica despide a un empleado en Cantabria, normalmente hay un taller o una empresa de pequeño o mediano tamaño dispuesta a contratarle. No es en todos los casos, pero es un circunstancia que se repite a menudo. “Se están perdiendo empleos en las grandes industrias, pero en el resto sucede al revés: hay demanda de trabajadores y están pidiendo que se formen más”, explica César Conde, secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Cantabria.

Cantabria perdió el año pasado un millar de empleos en el sector industrial, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El año 2026 también ha comenzado con malas noticias tras el anuncio de Solvay, que plantea despedir a 77 trabajadores de la planta química de Barreda (Torrelavega) y reducir la producción de carbonato. La fábrica es una de las grandes empresas que quedan en Cantabria -Solvay llegó a tener más de 4.000 empleados en los años 60 del pasado siglo- con una plantilla que se ha ido reduciendo progresivamente en las últimas décadas hasta los 320 trabajadores actuales.

Nestlé, con unos 1.100 empleados en la Penilla de Cayón, es la fábrica con mayor número de trabajadores. SEG Automotive, en Treto, tiene unos 700, mientras que la planta de Nissan en Los Corrales de Buelna tiene algo más de 300. Global Steel Wire en Santander y las tres industrias de Campoo -Sidenor, Forein Casting y Gamesa- forman el núcleo de grandes factorías de un sector que va perdiendo fuerza. “Son decisiones estratégicas de las empresas, que deciden producir en otros lugares con menos costes”, indica Conde.

Solvay pretende ahora despedir a la cuarta parte de su plantilla. No es la única empresa que ha anunciado un ERE. Esa denominación de Expediente de Regulación de Empleo que se aplica como un eufemismo contemporáneo para no aludir directamente a los despidos. Bridgestone también ha aplicado recortes en los últimos tiempos en su planta de Puente San Miguel. Más recientemente, a principios de febrero, Teka anunció despidos en todos sus centros: 34 de estos trabajadores en Cantabria, de una plantilla de 195 empleados que la empresa de electrodomésticos tiene en Santander.

Se están perdiendo empleos en las grandes industrias, pero en el resto sucede al revés: hay demanda de trabajadores y están pidiendo que se formen más

“Muchos de estos trabajadores despedidos se están recolocando, pero no tienen las mismas condiciones laborales que en las grandes empresas”, explica el responsable sindical. Las pymes se quejan de que no encuentran mano de obra porque además muchos están migrando al sector servicios, subraya. Faltan sobre todo soldadores y caldereros. También electricistas y otras especialidades profesionales. Una escasa oferta que se agrava por la falta de relevo de una generación de trabajadores que se va a empezar a jubilar ahora, advierten desde el sindicato.

Una sangría a la que no se pone freno

El Gobierno de Cantabria no consigue revertir esta tendencia y las grandes empresas siguen perdiendo empleo, aunque los despidos ya no generan tanto ruido social y público como hace apenas unos años y aunque no se haya sustanciado ningún proyecto empresarial que genere puestos de trabajo a gran escala.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), ha dicho que los tres grandes ERE planteados en Cantabria “han ocurrido por problemas para competir, sobre todo con países extracomunitarios, y esos problemas son comunes en los tres: derechos de emisión de CO2 a la atmósfera y elevados costes energéticos”.

Por ello, quiere que la Comisión Europea y el Ministerio de Industria busquen soluciones “a la competencia manifiestamente injusta que supone que los países extracomunitarios no paguen por emitir dióxido de carbono a la atmósfera”. Es decir, que el Gobierno de España compense los gastos de las industrias electrointensivas, con gran influencia en el sector industrial de Cantabria.