Durante una década, entre los años 1461 y 1471, hubo un taller de acuñación de monedas españolas en Guadalajara que hoy en día casi nadie recuerda. Fue la denominada ceca de la capital alcarreña y su papel fue esencial como respuesta a la “increíble” crisis monetaria que se produjo durante el reinado de Enrique IV, un momento muy concreto y turbulento del siglo XV, con un sistema económico prácticamente colapsado.

Las ‘cecas’ eran casas de moneda, establecimientos oficiales donde se acuñaban y fabricaban las monedas y medallas. Por extensión, también se llamaba así a la pequeña marca (letra o símbolo) que llevaban las monedas y que indicaba en qué ciudad o fábrica fueron elaboradas.

En esos momentos se acuñaban en España monedas de oro como el ‘medio enrique’ y piezas de vellón y plata, principalmente cuartillos y maravedíes.

La ceca de Guadalajara no encajaba del todo en la imagen de casas de la moneda clásicas y regladas. Las investigaciones, todavía abiertas, apuntan que funcionó como un taller de carácter “extraordinario”, ligado al poder local y a las grandes familias que dominaban la ciudad y su entorno, en este caso los Mendoza.

Lo cuenta Manuel Mozo, ingeniero de sistemas e investigador independiente con más de 40 años dedicados al estudio de la numismática medieval de los reinos de Castilla y León. Autor de más de 150 artículos científicos y varios libros, destaca su 'Enciclopedia de la Moneda Medieval', obra de referencia de más de 5.800 páginas, en ocho volúmenes, premiada en 2017 como Mejor Obra Científica de Investigación.

Colabora con instituciones como el Museo Arqueológico Nacional y el CSIC, y participa en proyectos arqueológicos desde el año 2000. Ha impartido conferencias en destacados foros científicos nacionales e internacionales y es creador del 'Memorial de Moneda Medieval', el mayor catálogo digital sobre emisiones medievales castellanoleonesas. Recientemente, ha impartido una conferencia en el Museo de Guadalajara sobre la mencionada 'ceca' de la ciudad.

Cuando la Corona perdió el control de la cantidad de monedas

Detalla que esta casa de moneda respondió a un momento muy puntual, en un contexto en que la Corona necesitaba numerario y, al mismo tiempo, había perdido “capacidad real” para controlar la calidad y la cantidad de moneda que se ponía en circulación.

El taller acuñó monedas en la franja que va aproximadamente desde abril de 1461 a “algún momento indeterminado” comprendido en el lustro que va de 1465 a 1470, coincidiendo con la llamada “segunda fase” de amonedaciones de Enrique IV, delimitada por el Ordenamiento de Aranda (1461) y el de Segovia (1471). Y fue precisamente una década de devaluaciones, inflación, “desconfianza”, falsificación y “proliferación de talleres con permisos más o menos claros”.

En el caso concreto de Guadalajara, Manuel Mozo habla de tres momentos distintos: un primer tramo en el que se acuña a nombre de Enrique IV; un breve intervalo, en plena guerra civil, en que se acuña para Alfonso de Ávila (el pretendiente promovido por parte de la nobleza); y un tercer momento en que se vuelve a acuñar de nuevo para Enrique IV.

“Esa oscilación es muy reveladora, porque la moneda no es solo economía: es también política, propagandística y el elemento motor del control geoterritorial”, explica el investigador.

El hecho de que se acuñara en Guadalajara no significa que las monedas vivieran “encerradas”. Circulaban en cualquier lugar donde hubiera impuestos y pagos. Pero lo más curioso es que su uso principal fue el de la “pequeña economía diaria”, aunque con el paso del tiempo esa utilidad “quedó ensombrecida por la pérdida de confianza que provocaba su baja calidad”, pues progresivamente, “de emisión en emisión, los porcentajes argénteos (de plata) en la composición de las monedas era inferior”.

De hecho, la brevedad de este taller así lo atestigua. Guadalajara desaparece como taller monetario activo porque el propio sistema económico, llevado al límite entre 1461 y 1471, obligó a reaccionar frente a la alta inflación ocasionada.

El Ordenamiento de Segovia y el “cierre de grifo” al “caos monetario”

Concretamente, Mozo precisa cómo el 'Ordenamiento de Segovia' del 10 de abril de 1471 intentó “cerrar el grifo a tanto caos monetario”. Es decir, se restringió la fabricación de moneda a un número reducido de casas oficiales y se sustituyó parte del vellón anterior por nuevas tipologías “más controladas”.

“A partir de ahí, y sobre todo con la política monetaria de los Reyes Católicos, se consiguió avanzar hacia una mayor centralización pecuniaria y hacia una moneda más estable. Guadalajara fue hija de una década excepcional; cuando la excepción se corrige, el taller se apaga y cesa”.

Pero su importancia no se mide por su corta duración, sino por lo que representó. “Fue un magnífico termómetro para tomar la temperatura de Castilla a mediados del siglo XV. En esa década, la moneda se convierte en un campo de batalla: el rey, la nobleza y los poderes locales competían por recursos, por legitimidad y por control”.

Guadalajara aparece (de la mano de la poderosa familia ligada al cardenal Mendoza, confesor de Isabel La Católica), precisamente, en el punto en que el Estado necesita emitir y, al mismo tiempo, “no consigue controlar del todo lo emitido”.

La moneda funciona mientras la gente cree en ella y cuando se devalúa, se envilece o se falsifica de manera masiva, esa confianza se resquebraja y suben los precios

Desde el punto de vista histórico, Manuel Mozo resalta que su relevancia es doble. Por un lado, habla del peso específico de Guadalajara y de sus élites en la política del momento. Y por otro, permite estudiar “cómo se degrada un sistema monetario” cuando se rompe el equilibrio entre “lo que la moneda dice que vale” y “lo que la moneda realmente vale”. Es una lección medieval, pero también muy contemporánea “que todos percibimos incluso hoy en nuestra vida diaria”.

¿Y qué nos puede decir la ‘ceca’ sobre la sociedad de la época? El investigador lo resume en “poder, confianza y supervivencia”. Poder, porque en la sociedad castellana del siglo XV, la nobleza tiene una capacidad enorme de condicionar al rey. Confianza, porque la moneda “funciona mientras la gente cree en ella” y cuando se devalúa, se “envilece o se falsifica de manera masiva”, esa confianza se “resquebraja” y suben los precios, “se penaliza al que cobra en moneda mala, y el comercio se entorpece”.

En cuanto a la supervivencia: en una economía donde faltan piezas de plata y donde el Estado necesita pagar, recaudar y mover mercancías, se acaba aceptando “lo que hay”. La ceca de Guadalajara fue así el reflejo de “una sociedad sometida a tensiones políticas y económicas constantes, que se adapta como puede a una masa circulante imperfecta”.

Según apunta Mozo, no existen datos sobre el edificio concreto donde se ubicó esta casa de moneda en Guadalajara. La hipótesis más razonable la sitúa en el área del antiguo Alcázar Real, hoy en día estado de total abandono, o en un entorno próximo al núcleo de poder urbano, pero no hay evidencias arqueológicas. El investigador prefiere dejarlo como hipótesis.

En cambio, las monedas “sí son un vestigio material directo”. Se conservan ejemplares en colecciones particulares y, en algunos casos, en instituciones y museos. La Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara y el propio investigador han donado un total de cuatro “raros ejemplares”.

En general, aparecen como piezas de vellón (cuartos, maravedís y blancas, según emisiones) y, de manera mucho más rara, monedas de oro (medios enriques de la silla). Estas piezas son, en sí mismas, documentos históricos: “Nos hablan del metal, de la técnica, del estilo artístico, de las inscripciones marginales y de la circulación monetaria alcarreña”.

Si queremos entender cómo se construyen los estados, cómo se financian las guerras, cómo se organizan los mercados o cómo se transmite propaganda, la moneda es una fuente privilegiada de vital significación

De hecho, las antiguas cecas medievales de Toledo, Cuenca, y Guadalajara “forman parte de la historia de Castilla-La Mancha”. Estos talleres muestran que hubo “momentos de fuerte complejidad” y que los territorios de la actual región estuvieron implicados en procesos de alcance general. También, destaca el investigador, existe un valor en el mercado numismático, “que depende de la rareza, conservación y demanda de cada pieza”.

En el conjunto de España, el propio reinado de Enrique IV fue “un océano de tipologías y talleres”, con ‘cecas’ extraordinarias o concesiones puntuales en ciudades que hoy no asociamos a moneda: Benavente, Villalón o Jerez de la Frontera suelen aparecer en la literatura especializada, pero “no han permeado” en la divulgación general. Para el investigador, es una oportunidad: “Todavía hay mucho patrimonio por explicar bien, con rigor y con lenguaje accesible”.

Hoy en día, en España, la numismática cuenta con estudios muy detallados y de gran calidad. Existe una tradición académica sólida, revistas especializadas, museos con gabinetes numismáticos de primer nivel y grupos universitarios de investigación.

Pero Manuel Mozo subraya que, para el volumen inmenso de material existente, siempre harían falta más equipos, más proyectos y, sobre todo, “más personal interesado y continuidad investigadora”, además de más medios públicos.

Esto es así porque la numismática es interdisciplinar: “No basta con leer la moneda, hay que cruzarla y darle contexto con diplomática, metrología, historia económica, arte, epigrafía, arqueología, y alguna que otra rama más de la ciencia”.

Precisamente porque hoy usamos una moneda común y estamos acostumbrados a la estandarización, mirar al pasado monetario nos ayuda a comprender que la moneda fue siempre identidad, soberanía y comunicación política

Además, muchas piezas están dispersas entre colecciones y mercados, y no siempre es fácil acceder a datos completos. Y, por último, la financiación y la visibilidad institucional suelen concentrarse en otras áreas.

El reto ahora sería la digitalización seria de colecciones, con metadatos completos, proyectos colaborativos entre museos, universidades y “coleccionismo responsable”, además de una divulgación “de calidad” que “acerque la disciplina sin banalizarla”. Cuando eso se consiga, “la numismática dejará de parecer una afición monetaria, para entenderla como lo que es: evidencias de la historia en estado material”.

“Precisamente porque hoy usamos una moneda común y estamos acostumbrados a la estandarización, mirar al pasado monetario nos ayuda a comprender que la moneda fue siempre identidad, soberanía y comunicación política. Si queremos entender cómo se construyen los estados, cómo se financian las guerras, cómo se organizan los mercados o cómo se transmite propaganda, la moneda es una fuente privilegiada de vital significación”, concluye.

La “luna de miel” entre el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira y Bolivia duró menos de seis meses. El presidente de centroderecha elegido en octubre soporta desde el primero de mayo un cerco de organizaciones sociales que han paralizado parcialmente La Paz, la capital política del país andino, con demandas que, lejos de aplacarse, se han elevado: han pasado de pedir un aumento salarial del 20% a demandar la renuncia del mandatario.

La crisis política ha agravado la ya deteriorada economía boliviana, que desde hace más de un año sobrevive a duras penas frente a una severa escasez de combustibles, la falta de dólares en el mercado financiero y una inflación galopante.

Las protestas las abandera la Central Obrera Boliviana (COB), la más grande organización sindical del país. Respaldada por campesinos y maestros, la COB ha puesto entre la espada y la pared al Gobierno de Paz y ha instalado un clima de convulsión en el que no han faltado excesos de vandalismo contra la población urbana de La Paz, donde se concentran las manifestaciones. También en la vecina El Alto, esta última de mayoritaria población indígena aimara e históricamente combativa.

El Gobierno desestimó las reivindicaciones de la COB, de entrada. Adujo falta de liquidez fiscal y protestó por lo que calificó de tentativa sediciosa para forzar la salida del presidente. La acusación ha cobrado fuerza en los últimos días, una vez que las demandas salariales han derivado en exigir la renuncia del jefe de Estado, a quien el sindicato acusa de gobernar en alianza con sectores empresariales del oriente del país.

Del gasolinazo a la ‘gasolina basura’

El economista Gonzalo Colque afirma, en un reciente texto de análisis, que el mandatario “llegó al poder a hombros del sector popular”, al que una vez instalado en el cargo “dio la espalda”. Primero, sostiene el también investigador de la ONG Fundación Tierra, se distanció del vicepresidente Edmand Lara, un expolicía muy seguido en redes al que muchos atribuyen buena parte del éxito electoral. Lara fustigó abiertamente a Paz por conformar un gabinete de ministros cercanos al millonario empresario Samuel Doria Medina, que lo apoyó en la segunda vuelta electoral.

Después eliminó el impuesto a las grandes fortunas, y antes de que acabara el año, retiró por decreto la subvención a los combustibles que se aplicaba desde los primeros años del siglo. En la práctica, la decisión supuso un incremento del 86% en el precio de la gasolina y del 163% para el diésel. El grueso de la población aceptó el recorte a cambio de un compromiso de mantener el abastecimiento, deficiente de 2024.

El decreto incluía, no obstante, disposiciones que abrían la puerta a la simplificación burocrática, social y ambiental para las inversiones extranjeras. Esto movilizó a la COB que, tras jornadas de paro y manifestaciones en La Paz, dobló el brazo a Paz y lo obligó a anularlas.

Otro escándalo siguió enrareciendo el ambiente: suministros de gasolina de mala calidad provocaron daños en gran parte del parque móvil. El malestar por la “gasolina basura” hizo caer al ministro del ramo y forzó al Gobierno a anunciar compensaciones económicas.

Con este telón de fondo, el presidente promulgó en abril una ley, la 1720, que preveía, para acceder el acceso a créditos bancarios, la conversión de pequeñas propiedades de tierra en medianas, lo que ponía en riesgo el control de campesinos e indígenas de los pequeños chacos de tierra con los que sobreviven al día. Los potenciales afectados iniciaron una marcha pacífica desde el norte del país (en las fronteras con Brasil y Perú) hasta La Paz. El arribo de los movilizados coincidió con el paro de la COB por el incremento salarial, lo que llevó a Paz a ceder nuevamente y derogar la ley.

De la crisis económica a la ingobernabilidad

La concatenación de crisis ha puesto en un aprieto a Paz, a pesar de sus cesiones. Las reformas normativas beneficiaron a los sectores privilegiados del este del país en detrimento de sus bases electorales y la COB y otros sectores radicalizados piden que dimita. El presidente ha intentado sumar el apoyo de las otras fuerzas parlamentarias y de alcaldes y gobernadores, pero no negocia con los líderes del cerco a La Paz, a los que acusa de supuesto terrorismo. Este lunes, grupos movilizados se enfrentaron con dinamita a policías, atacaron instalaciones públicas y privadas, y agredieron a agentes y ciudadanos de a pie.

El atrincheramiento de los bandos ha puesto al país en un entuerto de imprevisible resolución, dice la socióloga Luciana Jáuregui. La analista observa que la protesta es “una movilización multisectorial, que adopta una posición abiertamente destituyente, que ya no se reduce a la satisfacción de demandas concretas, sino al pedido de renuncia del presidente, cuestionando su legitimidad y autoridad para gobernar a través del control efectivo del territorio”.

En respuesta, el Gobierno asegura que no piensa negociar con “vándalos” como el líder de la COB, Mario Argollo, contra quien rige una orden de captura. “El problema es que ningún sector tiene fuerza suficiente para imponerse plenamente: las movilizaciones son masivas y radicales, pero no se expanden a otras capas sociales, mientras que el Gobierno representa únicamente a las elites y clases medias tradicionales y se sostiene a través de una administración coercitiva del conflicto”, analiza Jáuregui.

La investigadora no cree que la crisis actual desemboque en una renuncia inmediata de Paz, debido a los candados constitucionales y al respaldo de sectores de clase media y alta que, aun sin avalar plenamente el accionar del Gobierno, reclaman el respeto a la elección democrática y rechazan el eventual retorno de la izquierda de la mano de liderazgos en declive como el del expresidente de izquierda Evo Morales, autoconfinado en la región del Chapare (Cochabamba). “En perspectiva, la renuncia de Rodrigo Paz es una posibilidad, pero no es el escenario inmediato, depende de la escalada de la violencia”, precisa Jáuregui.

Ningún sector tiene fuerza suficiente para imponerse plenamente: las movilizaciones son masivas y radicales, pero no se expanden a otras capas sociales, mientras que el Gobierno representa únicamente a las elites y clases medias tradicionales

Luciana Jáuregui — Socióloga

Una escalada que podría emerger de la fragilidad económica. En su más reciente informe de perspectivas económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó que la economía boliviana reportará en 2026 un crecimiento negativo del -3.3% y una inflación del 20,7%, porcentajes más adversos que los heredados por la gestión del predecesor en la presidencia, Luis Arce.

Mientras los opositores más frontales —como Evo Morales— insisten en pedir su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas, hay sectores más conservadores que demandan “mano dura” y hasta la puesta en vigencia del “estado de sitio” para pacificar por la fuerza al país. En paralelo, se organizan manifestaciones urbanas en contra del cerco a La Paz que han despertado el temor ante un eventual enfrentamiento civil.

Paz ha llamado al diálogo y ha abogado por abrir “corredores humanitarios” para facilitar el abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno hospitalario para La Paz. Tras casi una semana fuera del foco público, el presidente ofreció este miércoles una conferencia de prensa para anunciar un “reordenamiento” de su gabinete y la creación de un consejo social y económico para atender con más eficiencia las demandas de los sectores del occidente del país que se dicen traicionados por su gestión.

Los anuncios del mandatario han dejado sabor a poco a muchos actores políticos, empresariales y sociales. De cara a las protestas aún vigentes en La Paz, Jáuregui advierte que el “Gobierno busca desplazar parcialmente la crisis desde el terreno destituyente hacia el terreno institucional”, en una suerte de “admisión implícita de la legitimidad de las demandas” y con el objetivo de “recuperar la capacidad de iniciativa y dividir a la movilización”.

Repercusión internacional

Mientras el clima interno no ofrece mayores visos de solución más allá del desgaste de las protestas sociales, la crisis boliviana ya se ha vuelto un asunto de preocupación regional. El presidente colombiano, Gustavo Petro, desató una controversia diplomática al insinuar en X que el régimen de Paz no estaría sabiendo canalizar las demandas de la “insurrección popular” boliviana.

En respuesta, el Gobierno boliviano expulsó a la embajadora colombiana en La Paz. En reciprocidad, el Ejecutivo de Petro ha cesado este miércoles las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá.

A su vez, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, expresó, también a través de X, su respaldo al Gobierno de Paz y advirtió: “No dejaremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

Aunque el espaldarazo de EEUU puede otorgarle aire en el plano internacional, el Ejecutivo de Paz aún no ha dado con la fórmula para desinflar la presión social. Y aun de conseguirlo en esta coyuntura, está dejando expuesta una debilidad política que, en criterio de políticos y analistas, puede llevar a su administración a un estado de ingobernabilidad crónica de cara a los más de cuatro años que le restan para cumplir su mandato.

Así lo prevé Jáuregui, para quien la respuesta de Paz a la situación “puede generar una descompresión parcial y temporal del conflicto, pero no resuelve la disputa profunda de distribución de poder y de orientación de la política estatal. De hecho, lo más probable es que la demanda de renuncia no desaparezca, sino que siga funcionando como un horizonte simbólico y mecanismo de presión a lo largo de toda la gestión”.

El pasado día 7, en el programa Interesting Times, de The New York Times, el milmillonario Ray Dalio le dice al columnista Ross Douthat, director del programa, que estamos viviendo en un tiempo no solamente desordenado, sino en el que el desorden progresa de manera creciente. Este avance del desorden, concluyen ambos, conduce a la imprevisibilidad. Es mucho menos lo que sabemos respecto de lo que puede ocurrir en los próximos tres o cinco años que lo que no sabemos y, en consecuencia, avanzamos a ciegas con el inmenso riesgo que ello comporta. 

La moraleja es clara: el sistema político de la democracia ha dejado de ser fiable. Hasta en los países con una tradición política democrática más prolongada, los procesos electorales están dejando de ser instrumentos razonables para la adopción de decisiones políticas de una manera jurídicamente ordenada y están convirtiéndose en una suerte de lotería que puede desembocar en cualquier disparate.

Mi impresión, tras oír la conversación entre Ray Dallio y Ross Douthat, es que lo que decían sobre el futuro inmediato, los próximos tres o cinco años, se viene produciendo ya desde 2016. Hemos acumulado una experiencia de desorden más que notable en estos años. Y no parece que hayamos aprendido algo que nos permita hacerle frente. Más bien todo lo contrario.

El resultado del referéndum del Brexit y el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de ese 2016 han sido las formas de manifestación más destacadas del fracaso de los dos sistemas políticos democráticos más sólidos del mundo. Si un personaje como Nigel Farage era capaz de imponerse al Partido Conservador británico, que había sido la maquinaria político-electoral más eficaz conocida hasta la fecha en el continente europeo y si Donald Trump era capaz de “apropiarse” del Partido Republicano, que también lo había sido en el continente americano, estaba claro que dejábamos de saber qué es lo que podía pasar de ahora en adelante. 

Inicialmente se pudo pensar que se trataba de dos “episodios” especialmente desafortunados que la propia consistencia de los sistemas políticos afectados podría superar. El resultado de las elecciones de mitad de mandato de 2018, con el triunfo inequívoco del Partido Demócrata y la elección de Joe Biden en 2020, así pareció indicarlo en los Estados Unidos. El fracaso de los cuatro primeros ministros conservadores en la gestión del Brexit, la amplia mayoría absoluta del Partido Laborista en las elecciones de 2024 y el creciente rechazo del Brexit por parte de la opinión pública británica que indican todos los estudios de opinión, parecía indicar lo mismo en el Reino Unido. 

Pero no ha sido así. Ni el sistema político de los Estados Unidos ha sido capaz de hacer un ajuste de cuentas a Donald Trump, a pesar del asalto al Capitolio, ni el sistema político del Reino Unido se lo ha podido hacer a Nigel Farage, que acaba de derrotar tanto al Partido Laborista como al Partido Conservador en las elecciones municipales celebradas hace unos días y que, si se mantiene el sistema electoral, puede tener mayoría absoluta en las próximas elecciones generales, que no es improbable que tengan que anticiparse.

El desorden no está empezando a producirse, el desorden empezó hace ya diez años como mínimo y no ha parado de extenderse cada vez con más intensidad. No solamente en los Estados Unidos y en el Reino Unido, sino en todos los países democráticamente constituidos.

¿Cuánto desorden más pueden soportar la ONU o el Derecho Internacional o la integridad de Organizaciones supranacionales como la Unión Europea o la propia integridad territorial de los Estados nacionales? 

¿A dónde puede llevar el resultado de las elecciones celebradas esta semana en Escocia y Gales y la voluntad de los partidos ganadores en ambas de convocar un referéndum en 2028 para redefinir su posición en el Reino Unido? Referéndum que se puede celebrar con Nigel Farage como primer ministro, como escribía Rafael Behr en The Guardian: “El colapso nacional del laborismo amenaza con hacer a Nigel Farage el rostro de la frágil unión del Reino Unido” (6 de mayo). Si ese programa se implementa, ¿qué impacto puede tener en otros países europeos?

¿O adónde puede llevar la escisión entre estados “azules” y “rojos” en los Estados Unidos tras los intentos de manipulación electoral por parte de la Administración Trump? ¿Pueden entre Donald Trump y el Tribunal Supremo hacer imposible la alternancia electoral y desposeer de facto a la población afroamericana del derecho de sufragio?

¿La fragmentación electoral que se está produciendo en todos los Estados democráticos puede ser el indicador de una potencial fragmentación territorial? Cada vez resulta más difícil formar Gobiernos en prácticamente todos los países. Las fórmulas electorales no permiten que las distintas sociedades hagan una síntesis política de sí mismas mediante el ejercicio del derecho de sufragio para poder autodirigirse. Y esa carencia de síntesis conduce a una agresión, que ya empieza a no ser exclusivamente verbal, que envenena la convivencia. En España, sin ir más lejos, lo estamos viviendo. Hasta con el Hantavirus. 

 Y eso sin tomar en consideración el desorden que puede provocar el cambio climático o la hecatombe demográfica que se asoma a la puerta, a los que no solamente no estamos prestando la atención que se merecen, sino que estamos retrocediendo en las políticas que serían necesarias para hacerles frente. 

Preferiría equivocarme, pero me temo que, como diría Sánchez Ferlosio, vendrán más años malos y nos harán más ciegos.

Tras la operación sin precedentes de este domingo en Canarias, durante este lunes se ha completado el traslado de los pasajeros del MV Hondius afectado por un brote de hantavirus. A bordo había personas de 23 nacionalidades diferentes que ya han salido de España a diferentes destinos. El crucero continuará ahora hacia Países Bajos con una tripulación mínima a bordo.

Entre los pasajeros, 14 españoles que ya están ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. La cuarentena que deben guardar se contará a partir del día 6 de mayo y se podrá extender hasta 42 días. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado que esta primera semana va a ser “más estricta”, durante la que se tendrá el resultado de las PCR, y los afectados no podrán recibir visitas. Así, estarán aislados hasta al menos el 17 de junio si no hay cambios.

Diferentes países se han sumado a esta operación para tratar y aislar a los pasajeros del crucero. Y pese a que existen unas recomendaciones comunes de la OMS, cada uno ha establecido protocolos, tiempos y condiciones de aislamiento diferentes. 

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha dicho este lunes en rueda de prensa que todos los países deberían cumplir la cuarentena de 42 días para los pasajeros, bien en un centro sanitario o en sus casas. Pero ha añadido que es una petición, porque la OMS no puede imponer protocolos a ningún país porque son soberanos para decidir.

Francia

El pasado domingo los cinco franceses fueron evacuados en un vuelo sanitario desde Tenerife con destino París. Hoy se ha confirmado que una de estas pasajeras ha dado positivo en hantavirus, tras presentar síntomas durante el vuelo y ser ingresada en un hospital a su llegada a la capital francesa. 

Las otras cuatro personas han dado negativo tras someterse a las pruebas, y permanecerán en el hospital Bichat, situado en el distrito 18 de París, en cuarentena durante un mínimo de 15 días. 

Después, las agencias sanitarias regionales serán las encargadas de realizar un seguimiento de estas personas en sus lugares de residencia. Deberán estar en aislamiento durante 45 días y con un dispositivo de vigilancia adaptado, según las autoridades.

Reino Unido

Los 20 británicos que viajaban a bordo del MV Hondius fueron evacuados en un vuelo el pasado domingo desde Canarias, y están ya haciendo cuarentena en un hospital de Merseyside, en el noroeste de Inglaterra. Antes de subir al avión, se les realizó una prueba de hantavirus, y una vez en Reino Unido, se llevó a cabo un minucioso control y medidas en el trayecto desde el aeropuerto de Manchester hasta el hospital. 

El hospital Arrowe Park en Wirral (Merseyside), que cuenta con seis plantas de apartamentos independientes, es donde se les realizará pruebas y permanecerán durante 72 horas. Un pasajero japonés también completará su aislamiento en Arrowe Park, a petición del Ejecutivo de Tokio, y siguiendo las directrices de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA). 

Después, serán especialistas de la UKHS y el Servicio Nacional de Salud (NHS) los que determinarán dónde se aislarán adecuadamente durante un periodo de 45 días.

Alemania

Los alemanes guardarán cuarentena durante 45 días y lo harán en sus propios hogares, sin necesidad de estar ingresados en un hospital. La Clínica Universitaria de Fráncfort ha recibido esta mañana a los cuatro alemanes evacuados del crucero MV Hondius desde Tenerife, donde permanecen aislados, de momento sin síntomas. 

A lo largo de este lunes, se trasladarán a sus respectivas regiones de origen: Berlín (este), Baden-Württemberg y Baviera (ambas en el sur) y Schleswig-Holstein (norte). Este desplazamiento está organizado por las autoridades regionales y municipales, según ha explicado Martin Elsässer, portavoz del Ministerio de Sanidad. 

Serán las autoridades sanitarias municipales las que vigilen el cumplimiento de esta cuarentena, como durante la pandemia del Covid-19, y en base a la Ley de Enfermedades Infecciosas, según Elsässer. 

Alemania está trabajando estrechamente con otros países de la Unión Europea, y ha agradecido su cooperación al Gobierno de los Países Bajos, ya que estos cuatro alemanes volaron al aeropuerto de Eindhoven desde Tenerife, no a Alemania. 

Por otra parte, otra pasajera alemana del MV Hondius está ingresada desde la semana pasada en la clínica universitaria de Düsseldorf, en el oeste del país, tras haber tenido contacto estrecho en un vuelo con una de las mujeres fallecidas por hantavirus.

Australia

El ministro australiano de Medio Ambiente, Murray Watt, explicó este lunes que cuatro australianos, junto con un residente de Tenerife y un ciudadano neozelandés, serán repatriados desde Tenerife hasta Australia. En el país preparan ya las medidas de cuarentena y vigilancia para su llegada.

Una vez aterricen en Sídney, serán trasladados al nuevo Centro de Biocontención del hospital Westmead, en el oeste de la ciudad, donde serán evaluados y permanecerán bajo observación médica.

Estados Unidos

Estados Unidos ha informado hoy de que uno de los 17 estadounidenses que están siendo repatriados desde Canarias hacia su país ha dado positivo en hantavirus, y otro presenta síntomas leves.

Una vez su llegada al país, los pasajeros serán trasladados al Centro Regional ASPR para el Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes (RESPTC) en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, antes de llevar a la persona con síntomas leves a un segundo punto de tratamiento.

A su llegada a cada instalación, cada persona será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados según su estado.

Países Bajos

Los neerlandeses que viajaron en el vuelo con destino Eindhoven están ya en Países Bajos y tendrán que guardar una cuarentena de seis semanas en sus propios hogares. Las autoridades sanitarias neerlandesas explicaron que estos ciudadanos deberán controlar diariamente su temperatura y mantener contacto constante con los servicios municipales de salud (GGD), pero el cumplimiento de la cuarentena no se supervisará con visitas domiciliarias.

Además, los dos contagiados que fueron trasladados a Ámsterdam la semana pasada siguen en cuarentena. Una vez terminada la operación en Tenerife, el crucero seguirá hasta su destino final con el resto de la tripulación hasta Países Bajos.

Países Bajos tiene además que organizar la repatriación de los ciudadanos que viajaban en el barco –de bandera neerlandesa– y cuyos países no han puesto medios para recogerlos. Se trata de 18 pasajeros: cuatro alemanes, cuatro filipinos, dos belgas, dos indios y ciudadanos de Argentina, Grecia, Guatemala, Montenegro, Portugal y Ucrania.

Irlanda

Dos pasajeras irlandesas del MV Hondius se encuentran ya en su país tras aterrizar en el aeropuerto de Dublín anoche. Se encuentran en buen estado y sin síntomas de hantavirus, y están en un hospital del HSE de Dublín, donde se les hará pruebas y tendrá vigiladas para detectar signos de una posible infección. Ambas harán cuarentena durante unos 42 días desde el primer día de exposición al virus, que las autoridades han fijado en el pasado 1 de mayo.

Mali lleva mucho tiempo identificado como un foco de inquietud, tanto en términos de desarrollo como de seguridad. Por eso, desgraciadamente, no resulta tan sorprendente el estallido violento registrado el pasado día 26, con una ofensiva general en la que la milicia yihadista Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) y la del Frente de Liberación del Azawad (FLA) han sumado fuerzas para desafiar abiertamente a las Fuerzas Armadas malienses (FAMA), o, lo que es lo mismo, a la junta militar golpista liderada por el general Assimi Goita, que rige los destinos del país desde 2020.

No es sorprendente porque dicha junta no solo no ha sido capaz de resolver ninguno de los problemas heredados, sino que ha terminado por agravar otros. Su prioridad, una vez rotos todos los vínculos tanto con Francia como con la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados del África Occidental), ha sido consolidar el poder de la nueva élite militar que se rebeló contra el presidente Ibrahim Boubacar Keïta.

El fracaso de la junta

Para ello han optado por una política de fuerza –centrada en controlar las principales ciudades del país, mientras han seguido desatendiendo las necesidades de la población rural–, apostando por Moscú como nuevo aliado. Así, primero con los mercenarios rusos del Grupo Wagner, sustituidos posteriormente por los uniformados del Africa Corps (dependientes del Ministerio de Defensa ruso), Goita y los suyos han tratado de proteger sus posiciones y de hacer frente a la amenaza real que suponen tanto el JNIM (ligada a Al Qaeda) como el Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS, vinculado a Dáesh), sin olvidar la dinámica independentista de los tuareg de Azawad.

No hay, de hecho, ningún aspecto de la vida nacional, incluyendo el campo de representación política, en el que Mali haya registrado mejora alguna en estos últimos años bajo la junta militar

El fracaso cosechado ha sido total. En el plano socioeconómico, basta con recordar que Mali ocupa el puesto 188 (de un total de 191 países) en el Índice de Desarrollo Humano, con apenas el 45% de sus 26 millones de habitantes alfabetizados y una tasa de natalidad de 5,9 hijos por mujer en edad fértil –todo ello, mientras el crecimiento anual del PIB no ha logrado crecer por encima del 4% en lo que llevamos de década–.

Evidentemente, esa negativa situación tiene sus fundamentos en etapas anteriores de la historia de un país subordinado a agendas exteriores, con Francia como referencia capital, pero nada de eso resta responsabilidad a los actuales gobernantes, escasamente sensibles a las necesidades y demandas de una población muy diversa, tanto en clave étnica como religiosa. No hay, de hecho, ningún aspecto de la vida nacional, incluyendo el campo de representación política, en el que Mali haya registrado mejora alguna en estos últimos años bajo la junta militar.

Triple ofensiva

Por lo que respecta al ámbito de la seguridad, sin olvidar la represión que las propias fuerzas armadas y policiales ejercen sobre sus ciudadanos, el resultado se resume en que Mali es el cuarto país del planeta en el que la gravedad de la amenaza terrorista (yihadista, en este caso) es más alta, tanto en número de atentados como de víctimas registradas. Por un lado, JNIM y EIGS compiten entre ellos por el control de buena parte del territorio nacional, buscando simpatizantes y combatientes, y por el control de los diversos comercios ilícitos que pululan en una geografía en la que las FAMA nunca han logrado asentar su dominio. Por otro, ambos grupos desafían a Bamako, con pretensiones de imponer su particular visión del islam por la fuerza. Y a todo esto se añade la dinámica independentista impulsada por el FLA, junto a otros grupos de menor capacidad operativa.

Que ahora JNIM y el FLA hayan decidido coordinar sus acciones en una triple ofensiva que ha puesto de manifiesto tanto la debilidad de las FAMA como la falta de voluntad del Africa Corps para defender una causa que, en el fondo, no es la suya, supone un salto muy notable en sus planes de acción.

Por lejano que pueda parecernos, lo que ahora ocurre en Mali nos afecta muy directamente

Con la recuperación del control de la ciudad de Kidal, expulsando a los mercenarios rusos, junto a los ataques contra Gao y Tombuctú, el FLA aumenta significativamente sus opciones para revitalizar su máxima aspiración de fracturar Mali, creando un Azawad independiente. Simultáneamente, la toma de Mopti, Sévaré y buena parte de Bamako (incluyendo el aeropuerto internacional) por parte de JNIM, eliminando de paso al ministro de Defensa en la toma de la guarnición militar de Kati, indica tanto la inoperatividad de las FAMA y de Africa Corps como la intención de JNIM de ir más allá de lo que ya hicieron en 2012.

Cómo nos afecta

Y si en aquel momento Francia –con la operación Serval, primero, y posteriormente con la operación Barhane– logró frenar el avance yihadista sobre la capital y reducir durante un tiempo la pujanza bélica tuareg, ahora Goita no parece en condiciones, ni solo ni con ayuda externa, de resistir la embestida. Nada justifica los errores acumulados por Francia durante los años de la Françafrique, apostando por gobernantes escasamente legítimos que servían de socios para explotar las riquezas nacionales sin atender a las necesidades y demandas de la población; pero llegados a este punto, ya no basta con mirar atrás buscando responsables históricos.

Por lejano que pueda parecernos, lo que ahora ocurre en Mali nos afecta muy directamente. No solo se trata de asumir culpas históricas por los errores y desmanes cometidos, sino de entender que el colapso de este país (y de Burkina Faso y Níger) ofrece una oportunidad extraordinaria para la expansión de la amenaza yihadista, tanto hacia el golfo de Guinea –y la navegación por sus costas– como hacia el Norte de África, es decir, hasta el Mediterráneo y la Unión Europea. Terrorismo, comercios ilícitos… También puede tener consecuencias en los flujos migratorios hacia el continente.

Desde la Unión Europea, sería hora de entender que la respuesta securitaria no sirve para estabilizar esos países. Y si no lo hacemos por ética y responsabilidad histórica, deberíamos hacerlo por puro egoísmo inteligente, entendiendo que la contribución al desarrollo social, político y económico de la región del Sahel es la mejor vía para evitar el desastre que, de otro modo, se avecina.

Paula tiene 25 años y a la salida de una discoteca varios hombres la abordaron y le agredieron sexualmente. Tras lo ocurrido sufre fuertes crisis de ansiedad y es incapaz de salir sola de casa. Nerea tiene 46 años y desde hace dos su jefe se le insinúa continuamente. A pesar de que la mujer le ha dicho que no quiere tener ninguna relación con él, su acoso no cesa y teme perder su trabajo si presenta una denuncia. Ainhoa tiene 13 años y desde hace dos meses su tío le realiza tocamientos cada vez que están a solas. Tiene miedo de que se enteren sus padres. Las tres son víctimas de violencia sexual. Se trata de casos ficticios basados en otros reales que han acudido a los centros de crisis 24 horas para la atención de víctimas de violencia sexual de Euskadi.

Las tres Diputaciones Forales gestionan estos centros con la colaboración del Gobierno vasco y del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde). En Vitoria, el centro se llama 'Tximeletak' y está abierto desde abril de 2024. En Bizkaia el centro 24 horas se divide en dos espacios. En diciembre del 2023 abrió lo que denominan como 'Centro de Atención en Crisis', que dispone de cinco plazas de alojamiento temporal en situaciones de emergencia y está atendido las 24 horas del día por un equipo especializado compuesto por ocho personas. Su ubicación se mantiene en secreto para garantizar la seguridad física y la intimidad de las víctimas. En julio de 2024 se abrió un segundo 'Centro de Atención Ciudadana de Recuperación Integral', situado en la calle Ledesma de Bilbao. Se trata de un centro de acceso libre en horario de oficina y está especializado “en recuperación a largo plazo”. “Aquí se ofrecen apoyos sociales, educativos, jurídicos y psicológicos para que las supervivientes puedan reconstruir sus proyectos de vida tras superar la fase crítica”, detallan desde la Diputación de Bizkaia.

En el caso de Gipuzkoa, bajo el nombre de 'Hariberria', se han creado dos sedes, a la espera de la apertura de la tercera. En noviembre de 2024 se comenzó a atender en su sede en la calle de Kale Berria 10, de Donostia, en marzo de 2025 en Arrasate-Mondragón, en un centro ubicado en la calle Uribarri número 5. Mientras que la tercera sede estará ubicada en Lazkao, pero no se conoce aún ubicación. En ellas se ofrece atención y acompañamiento inmediato, integral y especializado, 24 horas al día los 365 días del año y los equipos están compuestos por una coordinadora, una abogada, una trabajadora social y tres psicólogas.

Con el objetivo de explicar su funcionamiento y su papel en la sociedad, Belén Larrion, directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y Óscar Seco, director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia han participado en la I Jornada de Intervención en Violencia Sexual, bajo el título 'Abordaje Integral de la Violencia Sexual: el papel de los centros de crisis 24 horas' celebrada este lunes en la Universidad de Deusto. En el caso de Álava, por “incompatibilidad de agenda” ningún representante del centro de crisis 'Tximeletak' ha acudido a la jornada.

Durante sus intervenciones han explicado la diferencia entre una atención de urgencia social y una atención en crisis, dos situaciones que se encuentran cada día en estos centros, pero que requieren un abordaje diferente. La primera atención en urgencia social es cuando la agresión sexual es reciente. “Puede requerir entre otras prestaciones acompañamiento al hospital, dependencias policiales o judiciales, asesoramiento de denuncia, etc. La urgencia está motivada por la preservación de pruebas, por plazos médicos forenses y por la necesidad de reducir el impacto del evento traumático”, ha detallado Larrion.

Los servicios públicos no pueden construirse a espaldas de los que ya existen ni tampoco se debería hacer intervenciones a espaldas de las asociaciones feministas

Belén Larrion — Directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Mientras que, la atención en crisis, es aquella situación que puede experimentar una mujer que requiere de atención especializada, incluso mucho tiempo después de haber sufrido la violencia sexual. “No necesariamente requiere activar acompañamiento de urgencia a dependencias policiales, sanitarias o judiciales, ni tampoco otras medidas”, ha aclarado.

En el último año, en el caso de Gipuzkoa, han realizado 141 intervenciones a víctimas y 43 familias o personas del entorno. 92 víctimas 26 familiares han requerido atención inmediata y 78 víctimas y 31 familiares han requerido atención integral. “Según los datos recogidos hasta la fecha, podemos observar que casi el 70% de las 141 víctimas atendidas son de nacionalidad española y se encuentran en situación regular y un 31,94% son jóvenes de entre 18 y 23 años. Casi la mitad, un 48,63% refiere haber sufrido agresión sexual como forma de violencia sexual y violación de la libertad por parte de un conocido en un 77,3% de los casos, de los cuales sin convivencia con el agresor un 82,27%”, ha detallado Larrion.

“En cuanto al tiempo transcurrido un 44,68% de las víctimas han sufrido recientemente la agresión, hace menos de 6 meses de su llegada al servicio. El 21,98% entre los 6 meses y 3 años y un 9,93% entre 3 y 10 años atrás. Un 19,15% no ha acudido al servicio hasta después de entre 10 y 20 años de la agresión. Mientras que, un poco más de la mitad, el 51,77% ha puesto la denuncia antes de entrar al servicio y/o acompañada por las compañeras de los centros. En el caso de las víctimas atendidas en el último año, la mayoría han sido atendidas durante un mes y medio aproximadamente, 64 de ellas tienen hijos e hijas y 27 de los menores dependen únicamente de ellas. En cuanto a las personas acompañantes el 72,09% también son mujeres”, ha aclarado la directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

No estamos llegando a las víctimas de violencia digital ni a la juventud. La agresión sexual no ocurre en túneles oscuros

Óscar Seco — Director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia

Sobre los datos recogidos en Bizkaia, Óscar Seco, director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia ha indicado que entre el 70% y el 80% de las agresiones sexuales recogidas en los centros son cometidas por personas conocidas o del entorno cercano de la víctima. “Esto refuerza la necesidad de intervenciones comunitarias y educativas, la detección precoz en ámbitos familiares, escolares y sanitarios, abordajes que contemplen el daño relacional y no solo el derecho penal”, ha explicado.

En el caso de Bizkaia ha reconocido que “se detecta una creciente judicialización y desconfianza en el sistema penal, especialmente en violencia sexual”. “No estamos llegando a las víctimas de violencia digital ni a la juventud. La agresión sexual no ocurre en túneles oscuros, la víctima conoce al agresor la mayoría de las veces. Entre el 24% y el 27% de los casos atendidos corresponden a violencia sexual contra menores. Gran parte de estos casos son intrafamiliares y de revelación tardía, lo que complementa la complejidad clínica y la duración de la intervención. Este dato consolida la violencia sexual a la infancia como uno de los principales retos estructurales del sistema”, ha detallado Seco.

Preguntados por la relación con asociaciones feministas, que antes de la llegada de estos centros de crisis se encargaban de la primera atención en casos de violencia sexual, han reconocido que los nuevos recursos “no restan, suman”. “En el caso de Gipuzkoa es importante contar con el tejido asociativo y las casas de las mujeres que ya existen. Evidentemente los servicios públicos no pueden construirse a espaldas de los que ya existen ni tampoco se debería hacer intervenciones a espaldas de las asociaciones feministas. Se debe sumar y construir de manera conjunta y desde la Diputación estamos abiertas a esas colaboraciones”, ha apuntado Larrion.

Por su parte, Seco ha añadido que desde la Diputación de Bizkaia “hay grandes apuestas y firmes en lo que tiene que ver con las alianzas con el movimiento feminista”. “Las arquitecturas del machismo son tan grandes, tan desmesuradas las estrategias que están poniendo ahora en marcha con tiktokers, gamers, youtubers y la manosfera que necesitamos manos para luchar contra esto. Si además añadimos la creciente desmembración social, la falta de vínculo que tienen las mujeres, la necesidad de comunidad que tenemos todas para seguir construyendo esta sociedad libre de machismos y libre de violencia, nos damos más cuenta de que nos necesitamos recíprocamente. Yo no creo que un sistema público se pueda construir al margen del movimiento feminista”, ha concluido.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha insistido este miércoles en exigir al Gobierno central la flexibilización de las reglas fiscales para poder acudir al endeudamiento por importe de 1.600 millones y aumentar el paquete de medidas para hacer frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Cabe recordar que el actual Gobierno de Canarias, de CC y el PP, ha dejado sin usar más de 3.400 millones de euros de los presupuestos de la comunidad en los tres años que lleva en el poder (más de 1.000 millones solo en 2025), y que, además, ha rechazado la propuesta de quita del Gobierno central de 3.200 millones, así como que se ha negado a apoyar el nuevo modelo de financiación, por el que las Islas recibirían unos 1.100 millones de euros más al año. De ahí que la oposición le haya recordado en diversas ocasiones que el problema del archipiélago no es de falta de fondos, sino de falta de gestión. Ocurre lo mismo con los fondos europeos, como recordó el Colegio de Economistas de Las Palmas, subrayando la incapacidad de gestión del Ejecutivo regional, ya que el archipiélago es la segunda RUP de la UE que más dinero recibe, y la que menos ejecuta.

La consejera, en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria este miércoles y que le ha afeado su respuesta “pobre y decepcionante” vía decreto-ley tras 40 días a la espera, ha comentado que si Canarias obtiene esos recursos (los 1.600 millones de endeudamiento), se pactaría con todas las fuerzas políticas el diseño de nuevas medidas, algo que no hicieron en las medidas presentadas la semana pasada.

Asián no ha ocultado que en el Ejecutivo están “preocupados” por el impacto de la guerra en el archipiélago y no entiende por qué el Gobierno central se niega a permitir un endeudamiento del 13%, mismo objetivo que tiene el Estado.

Asimismo ha reclamado al Gobierno que actualice las entregas a cuenta porque, si no se hace, implicaría un pérdida de unos 1.200 millones este año, al tiempo que ha lamentado que el Estado solo aporte 15 millones de euros a Canarias a modo de compensación por los efectos de la guerra para adaptar la rebaja del IVA. Cabe señalar aquí que las medidas propuestas por el propio Gobierno canario ni siquiera llegan a esa cantidad: se quedan en 14,8 millones de euros, que sumados a los 15 del Estado, suman los 30 que anunció el portavoz del Gobierno canario este lunes.

Asián ha valorado el alto el fuego en Irán tras el “susto” de la jornada de este martes cuando parecía que el conflicto se iba a enconar aún más y entiende que el archipiélago tiene “sobradas razones” para solicitar más fondos dado que el decreto ley estatal ha “olvidado” a las islas.

“El más pintado tiene un borrón. Yo no quiero criticar a nadie porque todos nos confundimos, pero oiga, introducir unas medidas bajando el impuesto sobre hidrocarburos y sobre el IVA y a nosotros dejarnos así, sabiendo que esos impuestos no nos afectan y luego poner una ayuda de 20 céntimos por litro para agricultores y transportistas y en Canarias solo hacerlo a los agricultores y no a los transportistas, a ver qué explicación tiene”, le ha espetado al diputado socialista Manuel Hernández.

Sin embargo, Asián no ha explicado por qué el Gobierno canario anunció que bajaría el IGIC al 0% en 45 productos básicos para después tener que admitir que en realidad 40 de esos productos ya lo tenían bajado y que, por tanto, la medida anunciada afectaba en realidad a solo cinco productos.

El PSOE ha reprochado al Gobierno de CC-PP que no aproveche el “autogobierno” para aplicar medidas y se refugie en “echar la culpa” al Gobierno central cuando el conflicto bélico “ya se está sintiendo en los bolsillos de la ciudadanía”.

“Gobernar requiere anticipación, requiere planificación y requiere acción y ustedes han hecho todo lo contrario”, ha comentado, poniendo como ejemplo que “tardaron menos en bajarle los impuestos a los ricos” [esta fue la primera medida adoptada por CC y el PP al llegar al Gobierno canario en 2023, aprobada apenas dos semanas después de formar gobierno].

Ha comentado que bajar el IGIC al 0% en los combustibles apenas representará un céntimo de ahorro y ha ironizado con que “no se protege a las familias” llevando al 0% el tipo en la mantequilla [uno de los nuevos productos con rebaja].

Frente a esto, el PSOE ha defendido las propuestas de su grupo como prestaciones extraordinarias dirigidas a quienes reciben la renta canaria de ciudadanía, la deducción en el IRPF para combatir el alza de los precios, una línea de avales específica para pymes y autónomos o reforzar las ayudas también para la implantación de las renovables.

“Nos enfrentamos a un verdadero shock… Probablemente más allá de lo que podemos imaginar en este momento”. Estas son palabras de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en una entrevista publicada este jueves en The Economist. Europa se asoma a un abismo económico por culpa de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Las consecuencias económicas ya se palpan en la Unión Europea, pero, como advierte Lagarde, hay un peligro añadido, ya que el impacto se manifiesta gradualmente, lo que implica “una evaluación tardía” de la gravedad real de la crisis. Cuando se va a cumplir un mes del inicio de los bombardeos, lo que parecía un fantasma empieza a revelarse como una posibilidad cada vez más cercana entre los analistas: la estanflación, una pesadilla económica caracterizada por bajo crecimiento con un fuerte incremento de la inflación.

Este sentimiento que se extiende en los mercados crece ante la incertidumbre que provocan los constantes cambios de estrategia de la guerra por parte del presidente de EEUU, Donald Trump. Aunque aseguró que la guerra duraría entre cuatro y seis semanas, cuando ya se ha cumplido un mes aún no se percibe que Trump haya encontrado una salida creíble al conflicto. Este viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que incrementarían sus ataques contra Irán tirando por tierra la supuesta solución diplomática que el presidente de EEUU asegura que está negociando con Irán.

Ante este escenario, Boris Vujcic, recientemente nombrado vicepresidente del BCE, también ha advertido de que la guerra en Irán está empujando a la zona euro hacia una combinación de crecimiento más débil y mayor inflación. La advertencia de Vujcic no fue que Europa ya estuviera en esta situación, sino que la tendencia del riesgo se mueve más rápido de lo que se pensaba en esa dirección.

En un entorno de estanflación, los bancos centrales tienen menos flexibilidad y más probabilidad de cometer errores de política monetaria. “Los banqueros centrales de todo el mundo se están encontrando entre la espada y la pared, ya que los precios de la energía se disparan y destrozan la economía global. A medida que aumentan los riesgos de inflación creciente y desaceleración del crecimiento con cada subida en los precios del crudo, la función de respuesta de la política monetaria se vuelve débil”, explica Jack Janasiewicz, gestor de Natixis.

La tardía reacción del BCE en la crisis de inflación que provocó la invasión de Ucrania pesa sobre el BCE. Lagarde insiste en que actuará inmediatamente, pero los analistas avisan de que la situación es diferente. “El inmovilismo actual de los bancos centrales, aunque parece impuesto, es probablemente la mejor respuesta. Si bien el riesgo de recesión derivado de este choque energético parece bastante obvio, el recuerdo de la ola de inflación de 2022-2023 sigue siendo demasiado nítido para que los banqueros centrales lo ignoren. Sobre todo, como ha señalado el Banco de Pagos Internacionales, los bancos centrales no deben reaccionar a través de sus herramientas de política monetaria a las crisis temporales de oferta. He ahí una lección que especialmente el BCE haría bien en tener presente, ya que sus errores de política monetaria en la era Trichet costaron muy caro a la economía de zona euro”, advierte Enguerrand Artaz, gestor de fondos de LFDE.

“Se están encendiendo las alarmas de estanflación”

“Se están encendiendo las alarmas de estanflación porque la guerra en Oriente Medio impulsa los precios al alza mientras frena el crecimiento”, comentó Chris Williamson, el economista jefe de negocios en S&P Global Market Intelligence. Williamson ha advertido que “los costes de las empresas están aumentando al ritmo más rápido en más de tres años, en medio del aumento de los precios de la energía y la interrupción de las cadenas de suministro como consecuencia de la guerra”.

El economista de SP en la Eurozona añadió que: “El crecimiento de la producción se ha desacelerado hasta casi la estanflación, debido a una caída de la confianza empresarial y al deterioro de los nuevos pedidos. La disminución de las expectativas sobre la producción futura fue la mayor registrada desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022”.

No es el único analista que advierte del impacto económico de la guerra de Irán en Europa. “Los mercados están comenzando a incorporar un escenario de petróleo más alto por más tiempo. Esta dinámica está reforzando las preocupaciones sobre la estanflación”, dijo Emmanuel Cau, jefe de estrategia en Barclays. Mientras, Xavier Chapard, estratega de LBP, indicó que “las primeras encuestas de coyuntura de marzo confirman el carácter estanflacionista de la crisis” con “un golpe es especialmente fuerte en Europa, lo que no resulta sorprendente a la vista de las importaciones de petróleo y gas de la región”.

Patrick Artus, analista de Ossiam, añadió que: “Incluso antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, la economía de la zona euro se estaba moviendo hacia un equilibrio de estanflación debido a la ausencia de aumentos en la productividad y a un fuerte aumento de los precios de metales y semiconductores. La guerra en Oriente Medio, si persiste, aumenta el riesgo de caer en estanflación, dado el shock negativo de oferta derivado de los mayores precios del petróleo y del gas natural”.

Un impacto económico que ya sufren los ciudadanos

En España ya hay datos concluyentes del impacto de la guerra. El Índice de Precios al Consumo (IPC) se disparó al 3,3% en marzo, un punto más que en febrero, debido al encarecimiento de los carburantes. El Banco de España ya apunta que el peor de los escenarios por la guerra supondría un frenazo de la economía (1,9%) y una inflación disparada (5,9%), mientras que la OCDE recortó en una décima, hasta el 2,1%, la previsión de crecimiento PIB de España en 2026 y otra décima, hasta el 1,7%, para 2027, debido a los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Estamos hablando de la economía española, que es la que va mejor entre los grandes países de la UE. Bloomberg ha publicado que Alemania se quedaría en un escaso 0,5% de crecimiento en 2026 si la guerra continúa, mientras que Italia ya ha anunciado que no crecerá más de un 0,5% y el banco central de Francia revisó al 0,9% la tasa de crecimiento para su país este año.

Anthony Willis, esconomista de Columbia Threadneedle Investments, explicó que “es muy desafortunado que, en un año en el que se esperaba un aumento del crecimiento y de los beneficios corporativos, sobre un fondo de baja inflación y, en palabras de Christine Lagarde, ”en buena posición“, el contexto haya empeorado tan rápidamente. La UE está en mejor situación desde el punto de vista del suministro de gas que en 2022, gracias a la infraestructura de importación de GNL ahora en funcionamiento, pero sigue siendo vulnerable, ya que las reservas de almacenamiento están agotadas y la UE compite con Asia por los limitados suministros de gas disponibles desde EEUU, dado que Catar está parcialmente 'fuera de línea'. El estímulo económico y el gasto adicional en defensa pueden ayudar a la economía europea hasta cierto punto, pero los precios más altos para una región muy dependiente de las importaciones de energía, dejan a la UE vulnerable a una desaceleración económica impulsada por los precios de las materias primas, combinada con un shock inflacionario”.

Este viernes hubo una reunión de ministros de finanzas de la UE para analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, fue concluyente: “Las perspectivas están empañadas por una profunda incertidumbre, pero es evidente que nos enfrentamos al riesgo de un choque estanflacionario. Se daría incluso si las interrupciones en el suministro energético fueran relativamente cortas”. El comisario europeo señaló que el crecimiento de la UE en 2026 podría situarse entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales “por debajo de lo proyectado en nuestras previsiones económicas de otoño (1,4% de incremento del PIB)”.

Cuando parecía que Europa dejaba atrás los efectos del conflicto en Ucrania, la guerra de Irán ha vuelto a golpear el crecimiento europeo y ha obligado a los ejecutivos de la eurozona a dedicar sus esfuerzos en rebajar el golpe de los precios. El presidente Pedro Sánchez señaló en unas jornadas organizadas por elDiario.es que “la guerra la iniciaron mandatarios de países extranjeros, no podemos dejar que la paguen 20 millones de hogares españoles. Es una catástrofe, un gran error político y geopolítico. Desestabiliza una arteria fundamental del comercio internacional como es el estrecho de Ormuz. Amenaza con un terremoto global. Ya está impactando en los bolsillos de nuestros conciudadanos”. Como otros países europeos, el Gobierno de España ha sacado adelante medidas anticrisis que van a paliar el impacto sobre la economía de los ciudadanos.

“Estamos en una situación que podría convertirse en una recesión global autoinfligida. Demuestra lo que ocurre cuando se actúa fuera del marco de las normas y reglas internacionales. Todo está vinculado con todo: el precio del petróleo con el del gas, con el de los alimentos, con el de los fertilizantes, con el de los productos farmacéuticos y la lista continúa”, comentó Alexander Stubb, presidente de Finlandia, en una entrevista en Politico para explicar la debacle económica que se avecina.

El Partido Popular ha seguido este fin de semana con sus críticas a los decretos anticrisis aprobados el viernes por el Gobierno. Esta vez, su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ha puesto el foco en el plante de Sumar en el Consejo de Ministros. Pero no en la parte política: ha decidido referirse a los ministros del socio minoritario del Ejecutivo como “personajes casi siempre bastante poco aseados” durante el 15M.

“Fue un decreto, por cierto, que es ya la madre de todos los disparates. Y es que fue aprobado a cachitos, en un Consejo de Ministros casi dinamitado, en el que Yolanda Díaz, [Ernest] Urtasun, Sira Rego, Mónica García, estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, decidieron quedarse fuera. no fuera a ser… Y me refiero a falta de aseo personal e intelectual, pero esto es otra cosa”, ha subrayado De los Santos.

Las declaraciones del responsable de Educación e Igualdad del PP han tenido lugar este domingo en Toledo, en un acto de Nuevas Generaciones que ponía fin a tres días de formación. Al comienzo de su discurso, De los Santos se ha dirigido al público: “En estos tres días habéis contribuido mucho a hacer de la política esa herramienta válida y valiosa para cambiar las cosas cuando más necesario es, porque tenemos al peor Gobierno que ha tenido España durante esta democracia”.

El dirigente 'popular' considera un “disparate” que el Consejo de Ministros aprobase un decreto “a cachitos”, es decir, dos reales decretos-ley, uno con medidas anticrisis y otro con la congelación de los alquileres. Según De los Santos, el plante de Sumar —con el que pretendía incluir medidas de vivienda, como finalmente sucedió— fue una “burrada” y asegura que “en un gobierno serio y responsable, el presidente hubiera cesado de forma inmediata a todos esos ministros que se niegan a entrar a un Consejo a como poco debatir medidas imprescindibles para el futuro de este país”.

Desde el PP, la respuesta ha sido pedir elecciones anticipadas, sin desvelar si los de Alberto Núñez Feijóo apoyarán las medidas, pese a presumir de que Pedro Sánchez se las ha copiado. El PP sí votará contra el decreto para congelar los alquileres.

Los miembros del Gobierno consultados rebajan el “nivel de dramatismo” de ese encuentro y aseguran que ni siquiera se trató de una negociación con altas dosis de tensión. “Ellos han dicho que no podían aprobar el decreto sin medidas de vivienda y se ha buscado una salida negociada porque es cierto que había un desencuentro importante, pero poco más. Esa negociación se ha producido en unos términos muy afables y muy razonables hasta que se ha llegado a un acuerdo”, explican en la Moncloa, según informa José Enrique Monrosi.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reafirmado que su Gobierno tomó “medidas drásticas” por los fallos del cribado del cáncer de mama que afectaron a un total de 2.317 mujeres. “Gracias a esas medidas, el sistema ha salido reforzado”, sin embargo, no ha explicado por qué la Junta no adoptó medidas cuando el servicio de Radiodiagnóstico trasladó un plan de choque en mayo de 2023 para tratar de paliar las demoras en el análisis de mamografías ni cuando se trasladó una hoja de Excel en 2025 con el número de pruebas a hacer, ya que no se encontraban sustitutos para las bajas temporales de los radiólogos debido a los recortes del SAS.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado este miércoles en Huelva, Moreno ha hecho una huida hacia delante al ser preguntado sobre los informes elaborados por el ex jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío, Javier Castell, donde se concentraron la inmensa mayoría de los fallos, publicados por El País. “Hemos asumido responsabilidades políticas”, ha apuntado en referencia a la exconsejera Rocío Hernández, a la Dirección General de Salud Pública y al exdelegado de Salud en Sevilla, Manuel Molina.

“Se tomaron medidas tan contudentes: como falló la cadena de información, el cambio de la Consejería de Sanidad. Otra medida fue el plan de choque y las disculpas que se pidieron a las afectadas”, ha insistido. “Hemos detectado errores y hemos avanzado sobre los aciertos, porque se hacen casi un millón de cribados de cáncer de mama en Andalucía”. A pesar de lo defendido, no ha nombrado en esta ocasión a Castell, quien fue forzado a dimitir el pasado 21 de octubre y sobre quien pesaba el chivo expiatorio en otras intervenciones en los medios de comunicación.

Castell habría propuesto un plan de mejora de la actividad en dicha unidad para paliar la falta de personal y el atasco de pruebas pendientes de realizar. Entre enero y octubre de 2025, se habrían dejado de hacer 20.400 ecografías, 12.100 TAC, 10.100 resonancias magnéticas y 6.400 mamografías. A pesar de ello, la Junta rechazó activar el plan de choque propuesto por el jefe de unidad de Radiodiagnóstico del Virgen del Rocío.

La oposición pide explicaciones

A lo largo de este miércoles, PSOE, Vox, la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía han acusado a la Junta de haber ninguneado durante casi un año los avisos por falta de personal que elevó la dirección de la Unidad de Radiodiagnóstico del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se concentra el 90% de las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama.

Todos los partidos de la oposición se han hecho eco de las informaciones de El País que, citando fuentes del hospital, aluden a documentos y escritos que el jefe de dicha unidad, Javier Castell, elevó a sus superiores para alertar de la escasez crónica de personal que provocaron un atasco considerable en las pruebas que debían hacerse las mujeres con sospecha de cáncer de mama.

La Consejería de Salud ha declinado hacer valoraciones sobre los reportajes publicados. Mientras, los portavoces de los partidos de la oposición han comparecido, uno tras otro, para exigir “responsabilidades políticas” porque, “lo sabían de antemano, lo taparon o ignoraron los avisos”. “A Moreno sólo le preocupan la vida de los andaluces si le dan votos. Son una panda de desalmados. Han perdido completamente el norte y están solamente preocupados en una rentabilidad electoral”, ha asegurado la portavoz adjunta del PSOE-A, Ángeles Férriz.

Asimismo, hoy en el Congreso de los Diputados ha sido la propia vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE de Andalucía a la Junta, María Jesús Montero, quien ha reprochado la “falta de diligencia” de la Junta a Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, el que fuera la mano derecha de Moreno cuando formó parte de su primer Ejecutivo. “¿Es verdad que en más de dos ocasiones los radiólogos del Virgen del Rocío les alertaron del colapso del servicio?”, ha concluido su intervención la dirigente socialista.

El estallido del conflicto en Oriente Próximo ya se deja sentir en la economía española. El barril de Brent ha superado la barrera psicológica de los 100 dólares, lo que ha empujado los precios de la gasolina y el diésel por encima de los 1,7 y 1,8 euros por litro. Entre los sectores más afectados, destacan el transporte por carretera y el agrario, según reconoce el propio Ejecutivo. Este último sector tiene un gran peso en la economía de algunas provincias españolas, como la Región de Murcia, reconocida a nivel europeo como una de las grandes productoras y exportadoras agroalimentarias.

En este contexto inflacionista, el Gobierno se reunió este lunes con el sector agrario y pesquero para analizar la situación actual y evaluar posibles medidas para mitigar el impacto económico derivado de las hostilidades en Oriente Próximo, que ya están afectando a agricultores, ganaderos y pescadores en toda la Península. Se trata de la segunda reunión para abordar el problema que convoca el Ejecutivo, tras un encuentro con empresarios y sindicatos la semana pasada. Después del mismo, el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció que el Gobierno está preparando medidas fiscales para contener los precios de la energía, así como ayudas específicas para el campo español.

El posible impacto de la crisis en el sector es “muy difícil de cuantificar”, apunta a este diario Alfonso Gálvez Caravaca, secretario general de ASAJA Murcia. El aumento del precio de los fertilizantes, la subida del combustible y la energía, el incremento de los costes de producción, las trabas al comercio internacional… son varios los factores que pueden generar incertidumbre, especialmente para las empresas exportadoras murcianas. Las exportaciones hortofrutícolas de la Región de Murcia fueron de casi 3.800 millones de euros en 2025, batiendo su récord histórico y creciendo un 7,3% respecto al año anterior, según fuentes del Gobierno autonómico.

El sector denuncia una subida especulativa de los carburantes y los fertilizantes

Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) señalan que las principales subidas que afectan al sector se están produciendo en el gasóleo agrícola y la urea, el fertilizante más utilizado a nivel mundial. Concretamente, el campo español consume cada año 2.000 millones de litros de gasóleo agrícola y 1,9 millones de toneladas de urea. El incremento de precios experimentado una semana después del inicio del conflicto fue de un 41% para el gasóleo agrícola y un 20% para la urea. “Lo que vemos no es una subida de precios por escasez real: es una subida de precios por anticipación especulativa. Los distribuidores están repercutiendo en el agricultor un riesgo potencial sobre suministros futuros, cargando ese coste sobre el stock que ya tienen en almacén y que compraron a precio anterior”, explican fuentes de la organización.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) coinciden en el diagnóstico, y añaden que la subida del gasóleo afecta especialmente a los cultivos de regadío. En cuanto a la urea, los principales proveedores de España son Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia, indica COAG: “Ninguno de estos orígenes depende del Estrecho de Ormuz ni se ve afectado directamente por el conflicto en curso. La participación de Irán en el suministro real de urea a España es limitada”.

Almacenes llenos antes de la escalada bélica

Otro argumento que utiliza COAG para justificar que la escalada de precios tiene un origen especulativo es que el gasóleo almacenado en España se compró antes del conflicto. “En menos de una semana no puede haber cambiado ni un litro de gasóleo en los depósitos españoles. El producto en los almacenes de los distribuidores llegó a España antes del conflicto, con contratos previos”, afirman fuentes de la organización agraria. UPA, por su parte, opina que “el miedo a desabastecimientos o a subidas aún mayores lleva a los agricultores y ganaderos a aprovisionarse, y eso está siendo aprovechado por la despiadada industria de los carburantes para aumentar sus márgenes”.

En total, COAG calcula para el campo español un sobrecoste de 700 millones de euros anuales para el gasóleo y 190 millones para la urea, lo que equivale a 17,2 millones semanales sumando ambos productos. Por ello, ambas organizaciones han pedido al Ejecutivo que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) abra una investigación de oficio sobre las prácticas de fijación de precios en la distribución de gasóleo y fertilizantes agrícolas, así como la activación de mecanismos de seguimiento y control de márgenes en la cadena de distribución de insumos energéticos al sector agrario.

Un paquete de medidas para las empresas murcianas

El pasado viernes, el presidente murciano Fernando López Miras se adelantó al Gobierno nacional y anunció un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán en el territorio regional. El Ejecutivo autonómico calcula que se beneficiarán de ellas unas 600 empresas locales, y ya está en contacto con el Instituto de Fomento (INFO) y con el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región (ICREF) para poner a disposición de las empresas murcianas más damnificadas, especialmente aquellas dedicadas a la exportación, líneas de ayuda que les permitan atender los costes de la energía y el transporte, según explicó el presidente de la Región de Murcia en la Asamblea Regional. Así, las empresas exportadoras contarán con un bono temporal para afrontar los efectos de la subida de precios, mientras que el pago de los impuestos autonómicos y los tributos cedidos podrá ser aplazado y fraccionado.

Por el momento, todas las miradas están puestas ahora mismo en la posible duración del conflicto. Tanto los economistas como los inversores advierten que una prolongación indefinida podría desatar una crisis inflacionaria similar a la que se vivió cuando Rusia invadió Ucrania, aunque inicialmente la respuesta de los mercados haya sido más moderada en esta ocasión. Para Gálvez Caravaca, todos los factores que alimentan la incertidumbre, ya sean un aumento de los costes o las dificultades para exportar, pueden reducir la rentabilidad del sector agrícola murciano y terminar trasladándose al precio final de los alimentos si la crisis se prolonga.

Navarra es la única comunidad con un miembro de Podemos en el Gobierno. Es Begoña Alfaro, ex coordinarora autonómica de la formación, y vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias en el Gobierno de coalición liderado por la socialista María Chivite. En esa comunidad se ha producido en los últimos días un cruce de acusaciones entre un grupo de inscritos que asegura haber reunido a “más de 100” militantes que quieren abandonar Podemos entre críticas a la dirección de Neniques Roldán, que niega una crisis interna y asegura que “solo ha habido dos bajas”.

Fue el pasado viernes cuando dos miembros del Consejo Ciudadano de Podemos Navarra, David Fuentes y Xabier Castro, a quien se les unió el militante Javier Ruiz, remitieron un comunicado a los medios de comunicación en el que anunciaban la decisión “firme y reflexionada” de “más de 100 inscritos” de abandonar la formación “ante la deriva sin rumbo a la que la dirección está empujando al partido en los últimos meses”. En ella acusaban a la coordinadora navarra, Neniques Roldán, y a la dirección de la también navarra Ione Belarra de “imponer decisiones que condicionan el futuro sin el mínimo aval de las bases”. 

La dirección de Podemos emitió un comunicado a las pocas horas desmintiendo las bajas y en el que aseguraron que “más de 1.650 personas” están inscritas actualmente en Podemos Navarra. En conversación con elDiario.es/Navarra Neniques Roldán señala que tan solo han confirmado su baja del partido dos de los tres firmantes de la carta, David Fuentes y Xabier Castro. El tercero, Javier Ruiz, asegura que ya había anunciado su baja “en mayo”, cuando Begoña Alfaro era la coordinadora autonómica.

Roldán explica que tanto Fuentes como Castro procedían de la lista de Txuma Huarte que perdió las primarias de Podemos Navarra en junio de 2025 y que ella incluyó en su Consejo Ciudadano. “Es gente que ha perdido y no acepta el resultado de las primarias”, añade para avanzar que está “valorando” emprender acciones legales contra ellos por mandar a los medios un comunicado “que es mentira”.

Fuentes internas del partido consultadas por este periódico confirman un clima de tensión interna en la formación. Neniques Roldán se impuso en aquellas primarias por apenas 31 votos de diferencia con la candidatura de Txuma Huarte (186 votos contra 155). Estas mimas fuentes apuntan que han sido “decenas” las personas que han mostrado su voluntad de abandonar la formación en las últimas semanas. “¿Qué sentido tiene que mientan?”, añaden.

María Chivite ha convocado el Consejo Económico y Social el próximo miércoles para analizar el impacto de la guerra de Irán en Navarra y estudiar las posibles medidas para “paliar” las consecuencias “tanto en las empresas como a nivel social”.

El objetivo es “trabajar conjuntamente” con los agentes sociales y económicos para realizar un balance de las repercusiones del conflicto en Oriente Medio, ha declarado la presidenta navarra, y partir de ese análisis, se diseñarán “distintas medidas” para mitigar su impacto.

Se trata de una actuación similar a la que ya se adoptó durante la guerra de Ucrania, en la que Navarra ya tiene una “trayectoria” de medidas centradas “sobre todo en el ámbito energético”, aunque Chivite ha adelantado que “el impacto no se prevé que sea el mismo”.

Además, ha destacado que dentro del acuerdo con el Estado sobre el superávit navarro, también se pidió al Gobierno de España que el “dinero no fuera solamente a inversiones”, sino que se pudiera destinar “si fuera necesario” a otras ayudas. En esta línea, la presidenta navarra ha subrayado que las decisiones que se adopten en la Comunidad foral serán “siempre en acompañamiento” a las que apruebe el gobierno de Pedro Sánchez, de las que espera conocer más detalles tras el Consejo de Ministros previsto para el próximo martes.

María Chivite ha defendido que el Gobierno de Navarra “siempre ha estado a la altura de la demanda que exigían los distintos momentos”, recordando las medidas de apoyo desplegadas durante la pandemia de Covid-19 y la guerra de Ucrania. “Sin duda lo haremos también en el marco de esta guerra de Irán”.

La última crisis interna de Vox en la Región de Murcia, su principal granero de votos en el país, refuerza la impronta de un partido fuertemente centralizado bajo el liderazgo de Santiago Abascal, quien pone y quita 'reyes' en las comunidades autónomas sin ni siquiera levantar el teléfono. La dirección nacional contempló una destitución exprés del ya antiguo líder en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, con la fórmula menos brusca para evitar “revuelo”. No lo ha conseguido, a pesar de la visita de la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, a Cartagena. El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) dimitió en bloque a última hora de este jueves para que Madrid pudiera manejar una gestora, una maniobra que buscaba forzar su salida sin un cese directo. Este episodio se suma a otros choques recientes entre la cúpula nacional y dirigentes territoriales, y vuelve a evidenciar la tensión recurrente entre el control central del partido y sus estructuras autonómicas.“Siempre es la misma estrategia: forzar dimisiones. Ya ha pasado con Macarena Olona, el juez Serrano, Ortega Smith, ahora también en Valencia”, apunta una fuente cercana a la formación.

Lo acontecido esta semana es una repetición fotograma a fotograma de lo ocurrido en 2019 en la Región. La dirección nacional se hizo con el control de la célula provincial con el mismo método empleado estos días, con la dimisión en bloque de su Comité Provincial. Aseguraron que el entonces líder de la formación, Pascual Salvador, había dimitido por “acumulación de funciones”. Pero, ante todo, incidieron en la necesidad de “reforzar” la estructura interna del partido.

“Lo que pasa es que aquella vez fue pacífico. El partido dijo que dimitiera [el CEP] y la gente dimitió sin problema”, explican fuentes cercanas al partido. En el caso actual, aunque los integrantes del Comité lo han abandonado en bloque, no han conseguido que Antelo accediera a disfrazar su cese de dimisión: “Es una situación extremadamente extraña. Les he dicho que si me querían cesar que lo respetaría, aunque no lo entendería. Pero no me querían cesar por si se generaba revuelo en la Región de Murcia o en el ámbito nacional”, ha explicado el exlíder de Vox a los medios.

El encumbramiento de Antelo en Vox nació, precisamente, del cese de 2019 del anterior CEP, después de que se le pusiera al frente de la gestora en Murcia: “Antelo era el enlace con la Universidad Católica [UCAM]”, ha detallado fuentes cercanas a Vox. Antes de que comenzase su andadura en política, Antelo llegó a la UCAM como jugador de baloncesto. Entonces, era un protegido de José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, dueña de la Universidad Católica: “[Mendoza] se lo había traído [a Antelo] para jugar con ellos. Luego él tuvo su lesión y entonces [Mendoza] le dio un titulillo de Marketing Deportivo. Mendoza tendría sus defectos, pero todo el mundo sabe que cuidaba de los suyos”, han abundado fuentes cercanas al partido.

En aquella época, el difunto Mendoza estaba muy molesto con el Partido Popular, al que acusaba de “persecución” y “maltrato” después de que se le abriera juicio a la institución educativa por un presunto delito urbanístico: “Luis Gestoso [portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia] trajo a Ortega Smith a reunirse con Mendoza. Entonces [Mendoza] le retiró el apoyo al PP y se lo ofreció a Vox. Uno de los peajes para que la UCAM ofreciese su apoyo a Vox fue tener a Antelo en el partido”, han abundado voces cercanas a Vox.

Vox, “marca nacional”

Todos estos vaivenes y crisis le pasan poca factura a la formación de extrema derecha entre sus votantes. Para José Miguel Rojo, investigador de la Universidad de Murcia (UMU), quienes votan a Vox en el ámbito autonómico lo hacen a una “marca nacional”. “La marca les ha engullido. Lo que moviliza voto en torno a Vox son temas e ideas; liderazgo, también, pero el líder ha de tener credibilidad en esos temas e ideas. Si Abascal, en vez de hablar de inmigración, hablara de transición ecológica, no creo que a la gente le gustara tanto”.

Vox es un partido muy vertical y jerarquizado, con un “hiperliderazgo nacional” tan fuerte que las estructuras autonómicas no son de decisión, sino que sirven para ejecutar lo que Madrid decide. “Da igual el carisma o el carácter, ponen al peón más dócil”, añade Rojo. El propio Antelo había asumido con devoción esa disciplina interna desde que aterrizara en la anterior gestora en 2019 -“alto, jugador de baloncesto, con esa impronta agresiva de su mentor, Javier Ortega Smith”, afirman fuentes próximas, pero ha terminado por asumir el mismo destino que su cicerone: “El partido funciona mucho por asociación. Entonces, si Ortega Smith cae y es sospechoso, toda la gente que hay a su alrededor, también”.

De hecho, Antelo acababa de votar la expulsión de Ortega Smith del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), organismo del que, probablemente, él también será expulsado. “Estoy seguro de que no fue un trago de su gusto, pero es que si hay algo que la gente sabe es que el que se mueve, está fuera al día siguiente”.

La explicación más clara a esta crisis se encuentra, según Rojo, en el hecho de que hay un cambio de guardia en la cúpula de Madrid. Si, en un primer momento, Vox estuvo abanderado por Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith y Alejo Vidal-Quadras; ahora, el peso lo tienen figuras como Kiko Méndez Monasterio y Jorge Buxadé: “Ellos querrán tener liderazgos y cuadros alineados con lo que es la nueva línea estratégica del partido”.

La cuestión que sobrevuela en este momento es si Bambú tiene un nuevo candidato para las elecciones autonómicas de 2027 en Murcia. “Si dejas la dirección regional, después es más difícil que te resistas a no ser candidato”, apunta Rojo. Para este politólogo la reflexión más importante es que estas crisis no le pasan factura a Vox, frente al “altísimo coste” que tuvieron las diferencias internas en otros partidos de nuevo cuño, como Podemos o Ciudadanos. “Si no le afectan, el incentivo para tomar este tipo de decisiones es mucho mayor porque, al final, este ruido se va a pasar. Además, lo hacen ahora para que en 2027 nadie se acuerde de esto”.

Ni antes ni ahora los buenos resultados de un líder provincial lo han salvado de la picota. Si los últimos barómetros del CEMOP han situado a Vox empatado con el PSOE e, incluso, como segunda fuerza política en la Región con un 25 y 27% de los votos, tan solo unos meses antes de cercenar al CEP al completo en el año 2019, Murcia se convirtió en la única comunidad en la que Vox había quedado como primera fuerza con el 28% de las papeletas en las elecciones generales de ese año. En la celebración de los resultados de aquellos comicios estuvo Gestoso y Joaquín Robles, que brindaron con sidra en vasitos de plástico: se acababan de convertir en diputados por la Región para el Congreso.

Tres legislaturas después, a Gestoso se le perfila como uno de los posibles arquitectos de la caída de Antelo; y a Robles, como su potencial sustituto en la presidencia de Vox en Murcia. Este licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia (UMU), que militó en la izquierda en su juventud, es descrito como un hombre gris con “un perfil cafetero” que le puede “poner una alfombra roja a quien venga de candidato”.

El futuro de Antelo en la Asamblea

Antelo ha adelantado que, por el momento, se niega a abandonar su escaño en la Asamblea Regional y ha recordado que “sigue siendo portavoz” del grupo parlamentario: “Es una decisión del partido [retirarme la portavocía]. Veremos lo que hace”.

A primera vista, el futuro del antiguo líder de Vox en la Región de Murcia puede parecer incierto, pero lo cierto es que puede encontrar su reflejo en el destino de los díscolos de Vox. Tras la remodelación del CEP, la formación politica volvió a sufrir nuevas convulsiones en junio de 2020, cuando Vox expulsó del partido a tres de los cuatro diputados autonómicos de esta formación en la Asamblea Regional de Murcia -Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera- después de que estos quitasen de la titularidad de las cuentas de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Ortega Smith y despidieran a cuatro trabajadores del grupo parlamentario.

Los tres diputados, que en aquel entonces pasaron a ser conocidos como los 'díscolos de Vox', permanecieron en su escaño hasta las elecciones de 2023, llegando incluso a asumir la cartera de la consejería de Educación en el año 2021 tras la moción de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos. Antelo no tiene tanto tiempo, puesto que los próximos comicios autonómicos están fechados para 2027. Sobre todo, queda por saber si alguno de los otros ocho diputados de Vox en la Asamblea Regional dará un paso adelante para apoyar a Antelo, lo que podría acercarle a un PP en minoría parlamentaria y con el que ha protagonizado intensas negociaciones.

Si cinco de los nueve diputados de la formación de ultraderecha se ponen de acuerdo, podrían quitarle a Antelo la portavocía del grupo parlamentario: “Si Abascal quiere, el grupo parlamentario votará y, en un día, lo cambian de portavoz. Pero se va a mantener”, aventuran fuentes próximas.

Los estudiantes de las universidades iraníes han celebrado su tercer día consecutivo de protestas, poco más de un mes después de que la violenta represión por parte de los servicios de seguridad de las manifestaciones masivas en las calles dejara miles de muertos.

Las protestas se produjeron en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Washington ha reforzado su presencia militar y aumentado la presión en Oriente Medio mientras negocia con Teherán, unas conversaciones indirectas cuya próxima ronda se celebrará el jueves en Ginebra. Donald Trump ha advertido de que si no se llega a un acuerdo “ocurrirán cosas realmente malas”.

Irán responderá “ferozmente” a cualquier ataque, según afirmó el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei.

Las manifestaciones del lunes se extendieron a los campus, incluida la Universidad Al Zahra de Teherán, exclusivamente femenina, donde se corearon consignas contra el Gobierno y se quemó y rasgó una bandera iraní, pero no se trasladaron a las calles.

Un canal de Telegram para estudiantes iraníes, Anjmotahed, afirmó que un ataque de la milicia Basij, respaldada por el Estado, en la Universidad Sharif de Teherán dejó varios estudiantes heridos y que llegó al campus una ambulancia. Las universidades han enviado mensajes de texto a los estudiantes advirtiéndoles de las consecuencias disciplinarias por protestar.

Para ridiculizar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, algunos estudiantes se subieron a los árboles del campus y colgaron ratones de juguete de las ramas, una forma de decir que el líder se escondía bajo tierra como un ratón. Según los informes, los estudiantes corearon “muerte al dictador, ”por cada asesinado, 1.000 le seguirán“ y ”la sangre que se ha derramado nunca se borrará“.

Un grupo de representantes estudiantiles que se reunieron el fin de semana con el vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, le dijeron que era insultante afirmar que los terroristas habían sido los responsables de las muertes durante las protestas de enero. “La respuesta a las protestas del pueblo se ha dado a tiros”, dijeron.

Las nuevas protestas son otro recordatorio de que Trump aún no ha cumplido su promesa a los “patriotas iraníes· durante las manifestaciones de enero de que ”la ayuda está en camino“.

La cobertura mediática nacional de las protestas universitarias se ha reducido al mínimo, ya que las autoridades ordenaron a las universidades prohibir fotografiar a los manifestantes en los campus. En Irán los estudiantes están, en principio, a salvo de las actuaciones policiales, lo que ha provocado enfrentamientos entre los estudiantes y las autoridades.

Mohammad Jatamí, presidente de Irán entre 1997 y 2005, ha pedido la liberación de todos los detenidos, de los que ha dicho que no se les acusa de nada más que de estar desesperados y protestar.

Considerado a menudo como menos crítico con el régimen que otros reformistas, las declaraciones de Jatamí suponen un cambio con respecto a su respuesta inicial a las protestas, que, según él, habían sido orquestadas por EEUU e Israel.

Por otra parte, los reformistas iraníes se quejaron de que se les había prohibido presentarse a las elecciones al ayuntamiento de Teherán, la primera vez que esta injerencia política, habitual en la política parlamentaria y presidencial, se extendía al ámbito de las autoridades locales.

Jamenei se enfrenta a la crisis más grave de sus 36 años de mandato. La economía está muy deteriorada por las sanciones internacionales y el malestar crece desde las grandes protestas de enero.

Otra señal preocupante para el Gobierno es el acuerdo de cinco partidos políticos que representan a los kurdos iraníes para formar una coalición para derrocar al Gobierno. El comunicado que publicaron afirmaba que el Gobierno iraní había perdido toda legitimidad, pero seguía en pie debido a la fragmentación de la oposición. Afirmaba que la coalición se solidarizaba con otras naciones de Irán y estaba dispuesta a trabajar en solidaridad con todos los opositores a la República Islámica.

El malestar se extiende mientras EEUU acecha

Las señales entrecortadas de disidencia interna llegan en un momento delicado para el Gobierno, ya que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, se prepara para reunirse con los mediadores omaníes el martes en Mascate, antes de las importantes conversaciones sobre el futuro acuerdo nuclear que se celebrarán el jueves en Ginebra.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, ha dicho que Irán presentará propuestas para garantizar a EEUU que Irán no tiene planes ni medios para fabricar la bomba nuclear.

La disposición de EEUU para aceptar las propuestas de Irán depende en gran medida de la respuesta personal de Trump, pero Irán parece dispuesto a volver a lo que se conoce como el Protocolo Adicional, un acuerdo que otorga a los inspectores de armas nucleares de la ONU un mayor acceso a las instalaciones nucleares bombardeadas de Irán.

El viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que los países deberían recurrir a la diplomacia en lugar de a las sanciones y la guerra.

En su intervención ante el Consejo, Gharibabadi advirtió de que, si estallara la guerra, sus efectos “no se limitarían a las dos partes, sino que abarcarían toda la región”.

El viceministro afirmó que los Estados que han intentado aplicar “sanciones y guerra con Irán” deberían “probar con la diplomacia y el respeto”. Luego añadió: “¡Es lamentable que los defensores de los derechos humanos quieran dar una lección de democracia al pueblo iraní, que se libró de la dictadura de Pahlavi hace 47 años!”.

El lunes se supo que Irán había acordado en diciembre un acuerdo secreto de armas por valor de 500 millones de euros con Rusia para adquirir miles de equipos lanzamisiles avanzados de uso individual con el fin de ayudar a cubrir las lagunas en las defensas aéreas del país.

El acuerdo, firmado en Moscú, compromete a Rusia a entregar 500 unidades Verba portátiles y 2.500 misiles 9M336 en un plazo de tres años.

La Generalitat y la Iglesia han firmado un protocolo para que las diócesis catalanas pongan inmuebles de su propiedad a disposición de la Administración pública con el fin de destinarlos a vivienda social. El president del Govern, Salvador Illa, y el presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, han presentado este lunes el acuerdo en el Palau de la Generalitat.

El pacto permitirá impulsar promociones de vivienda social en inmuebles que sean propiedad de la Iglesia católica, sin modificar su titularidad, pero con gestión pública. De este modo, la Iglesia mantendrá la propiedad de los edificios cedidos, mientras que la gestión corresponderá a la Generalitat. Durante el acto, Planellas ha defendido que el acceso a la vivienda debe abordarse como una “cuestión de país”, e Illa ha celebrado el acuerdo alcanzado con la institución eclesiástica.

Planellas ha representado en el Palau a todos los obispos de las diócesis con sede en Catalunya, incluidas las comunidades religiosas pertenecientes a la Unión de Religiosos de Catalunya (URC), para firmar el convenio junto a Illa. El acuerdo permitirá que las diócesis colaboren con la Generalitat y otras instituciones públicas y privadas del país para incrementar el parque de vivienda social en Catalunya.

Lo firmado hoy establece así un marco general de colaboración para promover e impulsar la promoción de vivienda social, sin detallar por ahora cuántas viviendas o solares podrán aportar. Con el objetivo de movilizar estos activos se creará una mesa de trabajo, integrada por cinco miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y cinco miembros designados por la Generalitat.

Entre los representantes del Govern habrá cuatro miembros designados por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (dos del ámbito de la vivienda y dos del ámbito de urbanismo) y un miembro designado por el Departamento de Justicia y Calidad Democrática (ámbito de asuntos religiosos) de la Generalitat.

Se prevé que la mesa se reúna inicialmente una vez por semestre, con las funciones de colaborar institucionalmente, estudiar conjuntamente la creación de vivienda social con bienes de titularidad de la Iglesia católica, proponiendo los cambios normativos que la hagan viable y sin alterar el título de propiedad.

También promoverá e impulsará la firma de convenios de colaboración entre las administraciones públicas y las diócesis y archidiócesis titulares de los bienes eclesiásticos para la creación de nueva vivienda social. Finalmente, velará por que los proyectos resultantes se destinen a colectivos en situación de vulnerabilidad, con criterios de “transparencia y equidad”.

El acuerdo también prevé crear una comisión de seguimiento de este protocolo, integrada por tres miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y tres representantes de la Generalitat. La comisión se reunirá al menos una vez al año.

La duración inicial del protocolo es de cuatro años, prorrogable por acuerdo mutuo de las partes. Las cesiones podrían oscilar entre los 30 y 75 años, en función de cada caso. La Iglesia las cederá de forma gratuita.

Durante su discurso, Planellas ha destacado la importancia de “rehacer y reutilizar” bienes de la Iglesia para destinarlos a vivienda social. El presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense ha subrayado que es un “motivo de alegría” para las diócesis aportar este “grano de arena” para intentar paliar la problemática de la vivienda.

El arzobispo ha reiterado que la crisis de acceso a la vivienda es “de país”. En este sentido, ha instado a los partidos a no hacer una “política polarizada”, sino a “sumar y unir”. “El tema de la vivienda es de país, no del Govern; tenemos que implicarnos todos para sumar y no restar”, ha repetido.

Illa ha remarcado que el acuerdo es “pionero” en el Estado y que permite “abrir camino” con una estrategia en la que “quien gana es el país”. “Con diligencia y paso a paso, respetaremos los ritmos de cada diócesis”, ha garantizado el presidente, que ha insistido en la “política integral” del Govern para favorecer el acceso a la vivienda.

Al acto de esta mañana han asistido la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, y el conseller de Justicia, Ramon Espadaler. Sus departamentos han pilotado las negociaciones para cerrar el acuerdo con la Iglesia.

El jefe del Ejecutivo ha añadido que quería que su primer acto oficial tras la baja médica fuera la firma de este convenio. Illa ha regresado hoy “plenamente consciente” de lo que ha vivido Catalunya durante su ausencia.

En una declaración institucional esta mañana desde el Palau, ha defendido que sabe “lo que hay que hacer”. “Debemos tener plena confianza en que Catalunya está preparada para resolver cualquier situación”, ha concluido.

El Gobierno cubano ha comunicado a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país no tendrá combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según ha confirmado la Agencia EFE.

El mensaje oficial Notam (aviso a aviadores) de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. El periodo de validez de la notificación es por un mes, del 10 de febrero y hasta el 11 de marzo.

Los aeropuertos afectados son el José Martí de La Habana (oeste), el Juan Gualberto Gómez de Varadero (oeste), el Jaime González de Cienfuegos (centro), el Abel Santamaría de Santa Clara (centro), el Ignacio Agramonte de Camagüey (centro), el Jardines del Rey de Cayo Coco (centro), el Frank País de Holguín (este), el Antonio Maceo de Santiago de Cuba (este) y el Sierra Maestra de Manzanillo (este).

Por el momento, las aerolíneas que operan vuelos a y desde Cuba –principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas– no han anunciado públicamente cómo van a afrontar esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.

No obstante, la falta de combustible no es nueva en Cuba. En situaciones similares previas (tanto en el periodo especial, en los años 90 del siglo pasado, como en cuellos de botella temporales en los últimos meses) las aerolíneas habían salvado el problema reacomodando sus rutas de salida de la isla con escalas extra para repostar en México o República Dominicana.

La mayoría de vuelos que conectan la isla con el exterior cubren rutas a Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún). Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas (Venezuela), entre otras capitales latinoamericanas.

El anuncio puede afectar al ya maltrecho sector turístico nacional, en crisis desde la pandemia de la COVID, las sanciones estadounidenses y los problemas económicos del país, que lastran la calidad de la oferta y el servicio. Varios países habían advertido ya en fechas recientes a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Cuba en las actuales circunstancias, debido a los apagones y sus consecuencias, y la escalada de tensiones con Estados Unidos.

El presidente Donald Trump firmó el pasado 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, tras alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para EEUU.

La decisión es una vuelta de tuerca más a la presión energética sobre Cuba, que comenzó el 3 de enero, tras la operación militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, cuando Washington anunció el fin del suministro de petróleo de Venezuela a la isla.

Cuba produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas. Para el resto recurría a importaciones de Venezuela (que en 2025 supusieron en torno a un 30% del total) y, en menor medida, de México y Rusia.

El Gobierno cubano anunció esta semana un duro plan de emergencia para tratar de subsistir sin importaciones de crudo y derivados, un paquete de restricciones que incluía el fin de la venta de diésel, la reducción de los horarios de hospitales y oficinas estatales y el cierre de algunos hoteles.

En el marco de ese paquete de medidas, ha empezado a cerrar algunos hoteles de la isla y a trasladar a los turistas a otras instalaciones este fin de semana, tal y como confirmaron a EFE fuentes del sector. Las fuentes, que pidieron el anonimato, avanzaron a EFE que desde el viernes se están cerrando hoteles y reubicando a los turistas internacionales en otros centros. Esto afecta principalmente a algunas instalaciones turísticas ubicadas en la localidad turística de Varadero (oeste) y de los cayos del norte de la isla.

Las sociedades que crecieron bajo controles estrictos suelen tener dificultades para modificar hábitos cuando la situación cambia. En el caso de China, el intento de alterar un patrón demográfico arraigado ha puesto al país ante un problema que pone en jaque la economía por culpa de una severa planificación estatal.

La política que durante décadas limitó los nacimientos se ha transformado en una estrategia desesperada para impulsarlos, aunque los resultados hasta ahora han sido mínimos. Lo que antes se consideraba un exceso de población se ha convertido en una escasez que amenaza la estructura misma del país, y con ello la sostenibilidad de su modelo productivo.

Pekín intenta revertir la caída de la natalidad con medidas que apenas funcionan

El gobierno chino intenta revertir una fuerte caída de nacimientos tras años de control de la fertilidad, de acuerdo con Fortune. En 2024 y 2025 la tasa descendió un 17%, el nivel más bajo desde 1949. Pekín eliminó ventajas fiscales para anticonceptivos, condones y píldoras, buscando desincentivar su uso y animar a las familias a tener hijos. Xi Jinping ha llegado a pedir públicamente a las mujeres que aumenten la natalidad, pero las políticas no han logrado resultados. La población envejece, y el número de muertes supera al de nacimientos.

Otros países de Asia han vivido un proceso similar. Corea del Sur, que registra la tasa de fertilidad más baja del mundo con 0.7 hijos por mujer, lleva dos décadas ofreciendo ayudas a los padres. Desde 2006 el Gobierno ha invertido más de 200.000 millones de dólares en programas para promover los nacimientos, sin éxito.

En Singapur, las autoridades probaron bonificaciones fiscales, permisos de maternidad pagados y campañas públicas. Incluso una marca de caramelos, Mentos, lanzó un anuncio para fomentar la “noche nacional” como iniciativa para aumentar los embarazos. Nada cambió: la tasa sigue en 1.2.

Los cambios sociales complican aún más el aumento de nacimientos

China, mientras tanto, ha tenido que girar por completo su política. Pasó de la imposición del hijo único, establecida en los años 70 y mantenida durante décadas, a la autorización de dos hijos en 2015 y tres en 2021. La medida pretendía provocar un repunte en los nacimientos, pero no lo consiguió. La natalidad continuó bajando hasta 1.0 hijos por mujer en 2024. Entre tanto, el coste de criar un niño ha subido hasta unos 538.000 yuanes, que viene a ser poco más de 65.500 euros, hasta los 18 años, lo que disuade a muchas parejas.

Un padre entrevistado por la BBC explicó que el nuevo impuesto del 13% sobre los anticonceptivos apenas cambia nada: “Una caja de preservativos cuesta cinco yuanes más, a lo sumo veinte. En todo un año no supone ni mil yuanes, es asumible”, dijo.

Los cambios sociales también influyen. La modernización ha ampliado la formación y el empleo de las mujeres, lo que lleva a retrasar la maternidad o renunciar a ella. Muchos matrimonios prefieren centrarse en la estabilidad económica antes que en formar una familia. Las parejas urbanas, en especial, valoran el coste de vivienda, educación y sanidad como barreras casi infranqueables. Según el sociólogo Wang Feng, de la Universidad de California, “las pruebas de otros países muestran que los incentivos económicos apenas influyen en el aumento de la natalidad”, una idea que repitió en declaraciones al New York Times.

El envejecimiento rápido ya afecta al mercado laboral y al sistema de pensiones. Cada año disminuye el número de personas en edad de trabajar, lo que obliga a cubrir la demanda con mayor productividad o con automatización. Las cifras oficiales apuntan a un desequilibrio que va a más: más de 11 millones de muertes frente a 7,9 millones de nacimientos en el último año contabilizado. Además, la tendencia arrastra consecuencias económicas y sociales que se acumulan con el tiempo.

La demografía se convierte en un freno que puede cambiar el modelo chino

Los especialistas en demografía, como Dudley L. Poston Jr., profesor de Sociología en Texas A&M University, consideran que China ha caído en la llamada trampa de baja fertilidad. Según explicó en su análisis, una vez que el índice baja de 1.5 hijos por mujer, resulta casi imposible subirlo de forma sostenida. La transformación del país durante la industrialización redujo voluntariamente la natalidad, y ahora ese proceso es difícil de revertir. Las medidas actuales, como los subsidios de 3.600 yuanes por niño menor de tres años, tienen un alcance limitado frente al peso de los factores culturales y económicos.

La población china ha comenzado a reducirse desde 2022, y los expertos creen que el descenso continuará. Aunque el crecimiento económico todavía ronda el 5% anual, la demografía amenaza con dejar al país con millones de trabajadores menos en pocos años. Es un cambio estructural que ya no depende de impuestos ni de campañas, sino de una decisión conyugal difícil de alterar una vez fijada.

En plena crisis de los misiles de Cuba, el presidente estadounidense John F. Kennedy recurrió al libro Los cañones de agosto, un recopilatorio de errores de cálculo de los dirigentes y líderes políticos que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Según el mismo presidente contó a su hermano en una misiva, tenía miedo de que su papel en esos días de tensión pudiera derivar en un enfrentamiento nuclear con Rusia. Así que usó ese libro para aprender de los errores del pasado y “encontrar un camino para la paz”.

Con esta anécdota empieza Roman Krznaric (Sídney, 1971) su libro Historia para el mañana. Mirar al pasado para caminar hacia el futuro (Capitán Swing, 2025). El filósofo australiano se ha pasado décadas estudiando hechos, revoluciones y cambios sociales clave en la historia de la humanidad, cosa que -asegura- le ha convertido en una persona “con esperanza”. Se dice a menudo que todo está inventado y, siguiendo esa máxima, Krznaric apunta a que las soluciones a las crisis que nos acechan hoy (desde la climática a la económica) ya las ideó alguien en el pasado.

Desde las formas de democracia radical en poblados africanos hasta el modelo de economía regenerativa que desarrolló Japón en el siglo XVIII, pasando por el inesperado vínculo entre las sufragistas y los campesinos británicos que -de manera indirecta- acabaron contribuyendo a la abolición de la esclavitud. Todos estos ejemplos son una manera de “superar el derrotismo, aunque las posibilidades de éxito sean pocas, sabemos que hay alternativas”, asegura.

Leí la anécdota de Kennedy justo el día después de que Trump secuestrara Maduro e interviniera Venezuela. No pude evitar hacer paralelismos. ¿Qué cree que debería aprender Trump de la historia?

Lo que Trump hizo en Venezuela es coherente con el colonialismo que Estados Unidos ha llevado a cabo en Latinoamérica. Nos lleva a la invasión de Haití en 1994 o la de Panamá en 1989. También al apoyo a la violencia militar en El Salvador, Guatemala y Honduras. Así que, de alguna manera, está siguiendo la estela de su propia historia. Es cierto que Trump es distinto a cualquier presidente norteamericano anterior, pero el papel de Estados Unidos en la zona siempre ha sido complicado.

La cuestión es que siempre ha habido oposición a los movimientos americanos en la región. Así que la pregunta para Trump es ¿Por qué? ¿Vale la pena? Y yo creo que él diría que sí porque, en el fondo, él es antes un hombre de negocios que un presidente. Además, lo de Venezuela no es más que una distracción a la crisis económica que tiene en casa. Casi siempre es esa la respuesta cuando un país realiza una intervención militar en otro.

Quizás debería plantearle la pregunta diferente: ¿Por qué no ha aprendido el pueblo de la historia para evitar que volviera a ser presidente de los Estados Unidos?

Es que hay diferencias. Su primer mandato fue un blitzkrieg, pero aprendió mucho durante los años fuera del poder. Por eso es tan difícil estar preparado para lo que está haciendo. Y pararlo ahora es complicado porque hay mucho miedo en Estados Unidos. Hay gente que querría oponerse a su mandato, pero que está aterrorizada por el ICE y la sociedad vigilante que ha creado. Pero sí creo que hay más oposición de la que parece. Y siempre hay que tener fe en los movimientos sociales. Están esperando y están listos.

¿Para derrocar a un presidente como Donald Trump?

En el libro hablo de la Tríada de la Disrupción, que es un modelo de cambio triangular que dice que, para una transformación disruptiva, necesitas tres cosas: una crisis -sea del tipo que sea-, ideas alternativas y movimientos sociales que amplifiquen la crisis. Y Estados Unidos tiene esas tres cosas. Sé que será muy difícil derrocarle, pero no pierdo la fe.

Llevamos encadenando crisis desde antes del inicio de siglo, hemos tenido movimientos sociales e ideas. ¿Por qué no se ha dado todavía ese cambio disruptivo?

Creo que es un problema de tempos. Déjame dar dos ejemplos: cuando cayó el muro de Berlín en 1989, hubo esos tres factores. Una crisis de liderazgo en el gobierno de Alemania del Este, las ideas -viejas ideas- sobre la libertad estaban volviendo a florecer, y tenías a los movimientos sociales en Leipzig, primero, y luego en Berlín. Esas tres cosas pasaron a la vez. Ya había movimientos, crisis e ideas antes de 1989, pero nunca habían confluido las tres cosas juntas.

Luego tenemos la crisis económica de 2008, que desgastó a muchísimos gobiernos. Y apareció el movimiento Occupy, que se extendió a más de 800 ciudades en sólo dos meses. Pero lo que no había eran buenas ideas para reemplazar el sistema capitalista, así que nos quedamos igual que empezamos. Y ahora nos pasa lo mismo. Llevamos en crisis desde hace más de 25 años, sí, pero creo que no hemos tenido la crisis correcta en el momento correcto.

Es normal que pensemos que es imposible, como lo pensaron quienes se opusieron al colonialismo en India. Pero lucharon como si creyeran que podían derrocar al régimen

En España tenemos un dicho: Cuanto peor, mejor. ¿Algo así?

No exactamente. Se trata de esperar y estar listo. Por eso siempre me dirijo a los activistas y les digo que es normal que pensemos que es imposible, como lo pensaron aquellas personas que se opusieron contra el colonialismo en India. Pero lucharon como si creyeran que podían derrocar al régimen.

La principal diferencia entre el Berlín de 1989 y el movimiento Occupy en 2008 es que el segundo luchaba contra una crisis global en un sistema global. Muchas de las lecciones históricas que aparecen en su libro son muy inspiradoras, pero resolvieron crisis locales. ¿Cree que nos podrían servir en el contexto actual?

Es una observación importante, porque es cierto que la mayoría de movimientos de los que hablo actuaban dentro de las fronteras de una sola nación, pero creo que estamos aprendiendo a movilizarnos globalmente. Piensa en Fridays for Future, en Black Lives Matters o en el mismo Occupy. Pero es cierto que nos va a llevar tiempo adaptarnos, porque no se trata de cambiar un gobierno, sino todo un sistema.

Por eso creo que es importante que tengamos en mente alternativas que nos pueda enseñar la historia. Es verdad que la economía regenerativa que desarrolló Japón en el siglo XVII ahora no es posible, pero sí tenemos más de 100 ciudades en el mundo, desde Ámsterdam hasta Cali, que están intentando dejar atrás la idea del crecimiento económico. Quizás no lleguen a nada y, dentro de 100 años, cuando miremos atrás, solo fueran una flor en el desierto. Pero quizás sí sean el principio de algo.

Es usted muy optimista.

No, no lo soy. Hay una diferencia entre el optimismo y la esperanza. El primero nos hace ver el vaso medio lleno y nos dice que todo irá bien, aunque no haya pruebas. No puedo ser optimista cuando estamos en medio de una crisis climática y tecnológica autodestructiva y tenemos el menor número de democracias de los últimos 30 años.

Lo que sí tengo es esperanza, porque estoy comprometido con unos valores que me dicen que, aunque las posibilidades de éxito son muy pocas, hay que seguir luchando. Y hay muchos ejemplos en la historia que me ayudan a mantener esa esperanza de que el cambio es posible.

Dice que una de las claves es que los movimientos sociales agraven las crisis. Por eso, realza las virtudes de las acciones radicales y pone como ejemplo las acciones en museos de Extinction Rebellion, que son llamativas, pero inocuas. En cambio, las acciones radicales de la extrema derecha pueden dar verdadero miedo. ¿Puede la izquierda ganar en ese juego?

Si miramos a la historia, no hay ningún motivo por el que la derecha no pueda tomar mucha más ventaja de estos momentos de crisis que la izquierda. La derecha y sus acciones generan miedo, que es una emoción muy efectiva para movilizar a la gente que se siente insegura, particularmente en momentos de incertidumbre económica.

Y eso se nota mucho en las redes sociales. A la derecha se le da mucho mejor movilizar a la gente y amplificar su mensaje. Pero hay alternativas: mira la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York. Le requirió una gran campaña de redes, pero también salir a la calle y mirar a los ojos a la gente para que vieran a un migrante que no da miedo, que siempre sonríe. Es un ejemplo de que la izquierda todavía puede movilizar a la gente.

¿Cree que uno de los motivos que dificultan el cambio es que nos faltan más buenas noticias que generen esperanza?

Es exactamente eso, por eso escribí el libro, para decirle a la gente que, si miras atrás, en el ayer siempre hallaremos ejemplos de esperanza para este mundo en crisis.

Pero son de hace siglos…

Ya, pero nunca conduces un coche sin mirar al retrovisor. Y creo que no estamos mirándolo suficiente, estamos demasiado atrapados en el momento actual.

No quiero decir que la historia sea lo único que importe, ojalá hubiera más ejemplos actuales, pero creo que mirar atrás y ver que hubo gente que consiguió triunfar es una inyección de esperanza

Pero, si miras demasiado al retrovisor, podrías tener un accidente.

Correcto, pero sólo si únicamente miramos hacia atrás y si idealizamos el pasado. Creo que es importante recordarle a la gente que hay una larga tradición de movimientos disruptivos que tuvieron éxito. Y que están todos están interconectados. Por ejemplo, hace poco estuve con uno de los fundadores de Extinction Rebellion y llevaba una chapa de las mujeres sufragistas de 1900. Y me dijo que todos los movimientos sociales están relacionados.

No quiero decir que la historia sea lo único que importe, ojalá hubiera más ejemplos actuales, pero creo que mirar atrás y ver que hubo gente que consiguió triunfar es una inyección de esperanza. Se trata, no de dar soluciones perfectas, porque cada momento de la historia es distinto, sino de abrir la imaginación y permitirnos mirar por la ventana y saber que el mundo no tiene por qué ser así. Esto no es inevitable. La democracia no tiene por qué ser así, podemos hacer que la IA se regule mejor y nuestras economías pueden dejar atrás la obsesión por el crecimiento.

Habla de cambiar la economía y la democracia… ¿Cómo se hace eso? ¿Es de los que cree que los cambios pequeños pueden suponer una gran diferencia?

Tengo sentimientos contradictorios sobre eso. Los cambios sociales requieren tiempo y están hechos de diversos cambios pequeños. Pero luego hay oportunidades que no se pueden controlar, como las guerras o las pandemias.

Decía antes que para que se dieran cambios, se necesita la crisis adecuada. ¿No fue la pandemia la crisis adecuada?

Sí y no. Mucha gente pensó que lo era, pero el problema fue cómo los gobiernos enfrentaron la crisis. La idea era volver a la normalidad, a lo de antes. A poder comprar de nuevo. La solución fue continuar con el modelo neoliberal, no buscar una alternativa.

Y, por otro lado, la crisis interrumpió el auge de los movimientos sociales. Fridays for Future estaba creciendo mucho pero, de repente, todo se paró. Y eso es algo que se nota todavía hoy. Pero volverán, porque la movilización social es algo que siempre fluctúa y nuestros jóvenes volverán a organizarse.

Es muy difícil saber la magnitud cuando estás viviendo la historia en directo. Adam Smith no pudo ver que la Revolución Industrial estaba pasando justo en sus narices

¿Qué cree que se diría de la pandemia si alguien escribiera un libro como el suyo dentro de un siglo?

No lo sé. Es posible que si la comparan con otras pandemias como la peste negra o la muerte púrpura, se pregunten por qué la COVID no trajo cambios más significativos. Seguramente, los historiadores del futuro lleguen a conclusiones obvias, como que el modelo neoliberal era demasiado fuerte, aunque estuviera ya tocado de muerte.

Pero quién sabe. Creo que algo muy interesante es que es muy difícil saber la magnitud de lo que está pasando cuando estás viviendo la historia en directo. Eso le pasó nada más y nada menos que a Adam Smith, que no pudo ver que la Revolución Industrial estaba pasando justo en sus narices. ¿No es increíble? Por eso guardo esperanza, quizás lo que hoy nos parece insignificante es, en realidad, la semilla de un gran cambio. Seguramente nunca lo sabremos.

A veces, parece que la historia sea patrimonio de la derecha, que usa la nostalgia para reivindicar dictaduras y regímenes represivos. ¿Qué le parece esta instrumentalización del que es su campo de estudio?

Terrible, pero lógico. Es lo que hace Trump con el lema MAGA [hagamos América grande de nuevo, según sus siglas en inglés]. No habla de otra grandeza que de la época de los años 50, que se ha romantizado mucho. Pero hay que tener claro que la historia se romantiza e instrumentaliza igual que la economía o cualquier otra fuente de datos.

De todos los ejemplos de cambio que nos da la historia y que usted recoge en su libro, ¿Cuál es el que le parece más esperanzador?

Creo que me quedo con cualquiera que nos enseñe que el mundo no tiene que ser así, que el cambio es posible. Estos tesoros del pasado alimentan nuestra imaginación. Por eso creo que la historia aplicada debería ser enseñada en las escuelas porque necesitamos esperanza para lo que vendrá.