Canarias pide que las leyes para ayudar a reconstruir La Palma se apliquen en toda España

El Gobierno de Canarias espera que las tres leyes creadas para dar marco jurídico a la reconstrucción de la isla de La Palma, tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021, puedan extenderse por toda España cuando se produzcan catástrofes naturales.

En Diálogos EFE Legislación 'Respuesta jurídica ante una emergencia: El derecho a recuperar lo perdido', celebrado este miércoles en la sede de la Agencia EFE en Madrid, han participado la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco Villar, que asesoró al Ejecutivo.

Tras la erupción, el 19 de septiembre de 2021, el Gobierno de Canarias, dado que no existía ningún derecho para recuperar el valor de lo perdido, aprobó un primer decreto dirigido a la reconstrucción de viviendas, que permitía reubicarse fuera de la colada, y con el que se flexibilizaron las normas territoriales y urbanísticas.

Con la llegada del nuevo Ejecutivo canario, tras las elecciones de 2023, se redactaron tres leyes que dieron marco jurídico a la reconstrucción en materia urbanística, agraria y vivienda protegida.

La consejera, que ha cifrado en 1.100 millones de euros la valoración de daños, ha explicado que la reconstrucción “no se podía afrontar” con la ley estatal de protección civil, ya que las ayudas por pérdida de vivienda de hasta 15.000 euros no servían para reformar una casa si esta tenía bastantes daños, y, además, se perdieron fincas agrarias de hasta una hectárea que podían generar miles de euros de producción.

Así pues, para Barreto este marco es “un modelo que trasciende de La Palma, que trasciende de Canarias y que creemos que es justo que pueda llegar a todos los ciudadanos cuando vivan una terrible situación como esa”.

También ha destacado que el sistema de entrega de ayudas cuenta con “trazabilidad” y “todos los controles posibles” y, tras distribuirlas para viviendas habituales y fincas agrarias, en este tercer año se están entregando las de segundas residencias, y ya se están construyendo nuevas fincas con el dinero de las ayudas pagadas.

“La gente empieza a tener vida, a reconstruirla, y además se da respuesta de una manera justa”, ha valorado.

El llamado por Barreto “derecho de ser compensado ante una gran catástrofe natural” es “nuevo”, y, en su opinión, este modelo legislativo ya no es de La Palma y “ni siquiera” del archipiélago: “Es un modelo que tiene que ser de cualquier ciudadano; que ante una situación de ese tipo, sea la dana, sean grandes incendios, pueda recuperar el valor de lo que perdió y por lo tanto hacer su vida de una manera real y justa”.

El catedrático Francisco Villar ha resumido el modelo en dos ideas básicas: “La gente tiene derecho a recuperar lo que tenía” (y si no es posible por seguridad “las administraciones tienen que facilitar que puedas recuperar en otros lugares”) y “una compensación económica que haga real que tú puedas materializar tus derechos”.

“Eso es propio de un Estado social que dice, aquí hay personas que han sufrido un daño por una catástrofe natural y vamos a ponerlos en las mejores condiciones” para recuperar su vida anterior, ha concluido, y ha recalcado que “el obstáculo será la temperatura, la incertidumbre sobre si hay un tubo volcánico o la emanación de gases, pero tendrán las condiciones económicas y legales para restablecerse en otro lugar de la isla”.

Barreto también ha propuesto crear un fondo estatal financiado por “pequeñas aportaciones anuales” de las comunidades autónomas que dé respuesta a este derecho cuando alguna región se vea afectada.