Lo más importante del acuerdo del Partido Popular y Vox para que María Guardiola presida Extremadura no es todo lo que tenga que ver con el Gobierno de esa región. No es que sea irrelevante lo que ocurra allí, claro, pero hay un análisis que es imprescindible en estos momentos. Las encuestas prevén que unas elecciones generales darían la mayoría absoluta a esos dos partidos. Hay que suponer que un acuerdo para gobernar España tendría muchos de esos puntos que ahora se han pactado. Hay que leerlos como lo que son: el prólogo de lo que sucederá si Alberto Núñez Feijóo se convierte en el próximo presidente del Gobierno.

Todos los medios de comunicación han explicado que varios de esos compromisos relacionados con la inmigración, los que más interesan a Vox, están fuera de las competencias de una comunidad autónoma. Se habla de promover la reforma de leyes orgánicas para imponer una “prioridad nacional” en los destinatarios de ayudas sociales. Es decir, que los nacidos en España disfruten de privilegios sobre los de fuera. Si el PP y Vox cuentan con mayoría en el futuro Parlamento, ese proyecto estará a su alcance. La forma en que se llevará a la práctica es algo que lógicamente hoy no sabemos.

El PP ha sido lo bastante hábil con el lenguaje para no incurrir en una manifiesta ilegalidad. Han pactado inspirarse en “el principio de prioridad nacional”, que debe estar adaptado “a la legalidad vigente” y que los perceptores de ayudas deben tener “un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. En este punto, conviene recordar que la Administración siempre puede imponer condiciones de todo tipo para recibir una ayuda económica. Sólo si son manifiestamente discriminatorias, eso abre posibilidades de que sean recurridas ante los tribunales. Pero los jueces se fijan en primer lugar en las leyes que permiten esas medidas. Sólo hay que cambiar la ley para convertir en posible lo que antes no lo era, y eso podría hacerse en la próxima legislatura. Extremadura es el programa piloto de lo que podría suceder en el futuro en toda España.

La aplicación del pacto de Extremadura (aquí se puede leer el texto íntegro) consagra la idea de que puede haber ciudadanos de primera y de segunda clase. Los segundos serán aquellos que trabajan todos los días, contribuyen a la prosperidad de la economía y pagan sus impuestos, pero que no tendrán acceso a muchas de las medidas que integran lo que se llama el Estado de bienestar. Serán los que han nacido fuera de España y aún no tengan la nacionalidad española, pero sí la residencia. 

Tras la polémica generada, fuentes del PP han difundido el mensaje de que “la partida de nacimiento no determinará las ayudas” y que habrá un sistema de puntos por el que las ventajas para acceder a ayudas sociales se otorgarán en función del número de años que lleve empadronada esa persona, según El Mundo. Estamos en las mismas. Los extranjeros que han llegado a Extremadura en los últimos diez años estarán siendo discriminados, que es lo que ha exigido la extrema derecha.

Es un programa abiertamente xenófobo. Vox se ocupará de darle las connotaciones racistas que más le convengan. Lo vestirá de proclama nacionalista española para hacer frente a una supuesta “invasión” de extranjeros, como ya ha hecho Santiago Abascal. Reiterará que esos inmigrantes vienen a España a aprovecharse de las ayudas sociales y que hay que dejarles claro que no se les quiere en este país.

Feijóo continuará con las falacias con las que adorna su discurso contra la inmigración. Dirá que España acoge a todos los que vienen a trabajar, como si fuera posible vivir aquí tirado en un sofá o como si este país fuera un destino apetecible para todos los que se inician en una carrera profesional orientada al crimen.

Esta semana, Feijóo ha dicho que hay que oponerse a la regularización de inmigrantes sin papeles que el Gobierno ha puesto en marcha porque es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Sólo alguien como él es capaz de llamar inhumano al intento de dar el documento de residencia a los extranjeros que viven y trabajan en España. Sin ese papel, están condenados a sufrir abusos. Lo que es insostenible es mantener a una parte significativa de la población encerrada en la marginación. Es inmoral y también estúpido.

Extremadura es una de las regiones que ha perdido más población en los últimos 50 años, en concreto un 10% desde principios de los años 70. El 86% de los municipios extremeños tiene ahora menos habitantes que entonces. La despoblación es un problema real con evidentes consecuencias económicas. La falta de oportunidades laborales ha hecho que desde siempre la emigración sea una de las opciones por defecto de los jóvenes extremeños. El 36% de los nacidos en Extremadura vivía en otras comunidades en 2024, un dato que es demoledor. 

También es la región con menor porcentaje de inmigrantes, un 4,1%. Es lógico. Contra lo que piensa Feijóo, los extranjeros vienen a España a trabajar y es normal que pocos vayan a Extremadura si allí es difícil encontrar un empleo. Hay que ser idiota para pensar que el mayor problema de la comunidad es la inmigración. O un racista. 

Volviendo al tema de la ignorancia, el pacto afirma que protegerá a la agricultura y ganadería extremeñas de “las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”. Además, muestra su rechazo al acuerdo UE-Mercosur. Al firmar este texto, el PP se da un chapuzón euroescéptico al oponerse a medidas que ha aprobado en el Parlamento Europeo. Es la política de la irresponsabilidad con el fin de conservar el poder.

Cómo será la cosa que hasta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que el acuerdo no tiene ningún sentido ni legal ni político: “No se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle fuera del sistema sanitario como se nos ha pedido en Madrid”. Es un acuerdo que se hace fuera de la ley y de las competencias autonómicas. 

El PP se ha rendido a las exigencias de Vox. Para no meterse en más problemas con la extrema derecha, ha desaparecido cualquier referencia al machismo y la violencia contra las mujeres. Qué se puede esperar de alguien como Guardiola, autora de la frase “yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista”. En febrero, dijo que “el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”, así que no hay motivos para la sorpresa. 

No puedo más que estar de acuerdo con lo que escribe José F. Peláez, columnista de ABC: “Si la alternativa del PP a la regularización de Sánchez es la xenofobia contra menores y privar de fondos a las ONGs y a la Iglesia (pone ONGs y otras entidades y hay precedentes) no hay duda de quién va a ganar el debate público”. No va a ser el PP. No es el único que piensa así entre conservadores y liberales. 

El PP ha comprado todo el mensaje xenófobo de la ultraderecha como si fuera suyo. Lo hace en un momento de aparente debilidad de Vox, que ha visto frenado su crecimiento en las últimas elecciones de Castilla y León, como también parece que ocurrirá en Andalucía. Al igual que pasó en 2023, estos pactos autonómicos adelantan lo que la derecha hará si algún día tiene la oportunidad de llegar a Moncloa subida al caballo de Abascal. Quiero pensar que los votantes tomarán nota. 

Libros

Los grupos que se oponen al derecho al aborto suelen identificarse a sí mismos como provida. Ana Requena, redactora jefe de Género en elDiario.es ha escrito un libro –'Provida'– para refutar esa idea. “Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren”. Ana busca liberar el “estigma” que acompaña al ejercicio de ese derecho contando las historias de muchas mujeres que dieron ese paso, esas “historias con minúscula” que ayudan a entender todo por lo que pasa una mujer que decide interrumpir su embarazo. Aquí se puede leer un fragmento del libro.

Uno de los mitos siempre presentes en la vida política española es el concepto de las dos Españas eternamente enfrentadas, originado en el siglo XX. El historiador Henry Kamen ha publicado el libro 'Las dos Españas' para explicar por qué la historia de este país está atravesada por divisiones internas desde los tiempos del Siglo de Oro, un concepto que tiene más que ver con el mito que con la realidad. España siempre ha estado dividida en el pasado por debates sobre su destino como nación y los límites del poder imperial. El concepto de una nación unida en todos los aspectos es una invención contemporánea, como por otro lado ocurre en la mayoría de los países europeos. Kamen es el historiador perfecto para cuestionar muchos de los mitos sobre el pasado de España que leemos habitualmente en algunos medios. 

Es imposible entender muchas de las guerras y conflictos políticos que se producen en el mundo sin conocer la historia de esos países. Vemos estos días cómo el Gobierno de Donald Trump demuestra una ignorancia inmensa sobre Irán y su sistema político. No es una novedad. Estoy leyendo ahora 'Rey de Reyes' del periodista Scott Anderson, un muy buen libro sobre la revolución iraní que culminó en 1979 con el derrocamiento del sha Reza Pahleví y la llegada al poder del ayatolá Jomeini. No muchos meses antes, el presidente Jimmy Carter había dicho que Irán era “una isla de estabilidad en medio de una región llena de problemas”. ¿Cómo es posible que el desenlace sorprendiera a todos? Lo de siempre, una mezcla de arrogancia y total desconocimiento de la sociedad de un país esencial para la política exterior de EEUU. 

La regularización llevaba solo media hora en marcha cuando las primeras cien solicitudes fueron registradas. Un día después, se superaban las 13.000 peticiones telemáticas presentadas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a la redacción de elDiario.es con un punto de euforia contenida ante la “normalidad” que, defiende, ha caracterizado a la entrada en vigor de una medida que la derecha mira con lupa y ya intenta frenar en los tribunales.

“Cuando el Gobierno escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado”, dice la también portavoz del Ejecutivo para referirse a un proceso de negociación particular: tras el pacto con Podemos, el movimiento impulsor de la iniciativa, Regularización YA, ha sido otro de los actores clave en el resultado final de un real decreto que ha mantenido la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 personas, aunque ha acabado excluyendo algunas de sus demandas.

Elma Saiz hace balance en caliente de ese arranque y habla de los obstáculos a los que podrá enfrentarse la medida. La regularización, presentada como un hito por el Gobierno, nace también rodeada de resistencias: ayuntamientos que amenazan con no colaborar, críticas de la oposición y dudas sobre cómo aterrizará en la práctica un procedimiento que depende, en parte, de informes sociales y del acompañamiento de organizaciones sobre el terreno.

Acaba de entrar en vigor la regularización. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su balance?

Está yendo con total normalidad. Como estaba previsto, dando respuesta a la vía telemática y también a la solicitud de cita con total normalidad. A modo de anécdota, en la primera media hora de este proceso, que ha empezado a la medianoche, ya había 100 solicitudes telemáticas presentadas. Llevamos muchas semanas preparando este procedimiento con muchísimo cariño, sabiendo que tenía que estar a la altura de este hito para nuestro país.

Uno de los requisitos de última hora que está generando angustia a parte de los solicitantes es el informe de vulnerabilidad, exigido a los migrantes sin papeles [que no puedan probar vinculación laboral ni hijos menores], que deben ser por servicios sociales y ONG. Algunos ayuntamientos critican que no han recibido instrucciones por parte del Ministerio y mucha gente no logra conseguirlo. ¿Se ha coordinado este punto con todos los actores?

En este plan operativo se ha caminado de la mano del papel que tienen las entidades colaboradoras con el Ministerio, no solamente las entidades que ya vienen desde atrás colaborando, sino más allá, a través del nuevo registro de entidades colaboradoras de Extranjería, donde ya están más de 200 entidades que han dado un paso hacia adelante. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. El informe de vulnerabilidad va a ser un informe tipo, al que se puede acceder a través de la web del Ministerio, sencillo de rellenar y fácil, comprensible, accesible. A partir de ahí las diferentes entidades que tienen presencia en todo el país van a poder revisarlo y validarlo. 

Hemos sido muy conscientes de que no podíamos permitir que ningún trámite burocrático obstaculizara este importantísimo proceso que va a dar respuesta a muchísima gente. Vamos a mantener reuniones constantes con las entidades sociales para monitorizar cómo ir solventando cualquier dificultad que pueda aparecer en el camino.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que no va a colaborar en ningún trámite y otros ayuntamientos se han posicionado en ese sentido. ¿Temen que muchos ayuntamientos del PP puedan obstaculizar la emisión de esos informes sociales y que no sea suficiente con las ONG? ¿Hay un ‘plan B’ en este caso?

El boicot que pretenden hacer desde el Partido Popular es un boicot que no se lo hacen al Gobierno, se lo están haciendo a miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas, su dignidad, sus proyectos de vida detrás de este procedimiento. Esta medida es tan potente que va a salir bien a pesar del Partido Popular. 

Estamos hablando de un hito. No voy a permitir el boicot del PP ni de quien quiera poner piedras en el camino de esta regularización. Cuando, además, es absolutamente incoherente. Quiero recordar que el Partido Popular hace dos años dio luz verde a esta ILP de la que cogemos el testigo. Ese giro en política migratoria, por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales, no va a conseguir torpedear un procedimiento que nos hace mejor país y que da respuesta a miles de ciudadanos.

El Gobierno no solo ha mantenido en el cajón durante gran parte de la legislatura esta iniciativa legislativa popular, sino que llegó a calificar como inviable una regularización masiva. Han defendido ustedes en el pasado que las regularizaciones se estudiaran caso a caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí es viable?

La política migratoria del Gobierno de España es absolutamente coherente. Esta iniciativa se votó en el Congreso hace dos años con 310 votos a favor, solo votó en contra Vox. Pero el Partido Popular, con un giro de 180 grados en su política migratoria precisamente por ser preso de Vox la tenía paralizada. Por eso no teníamos el consenso suficiente para sacarla adelante. Este es un paso más de una política migratoria que es mucho más completa. Llevamos a cabo un procedimiento de regularización en Valencia tras la dana. Y todos los días damos respuesta y se regularizan a personas en nuestro país por las vías de arraigo, que ampliamos hace año y medio. El PP ha votado en el Congreso para eliminar la figura del arraigo. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar

El PP parece haber cambiado de opinión, pero es verdad que también hay una evolución sobre este tema en el discurso del Gobierno. Sus adversarios políticos dicen que esa evolución es oportunismo político.

Insisto, todos los días llevamos a cabo procesos de regularización caso a caso. Es muy importante que el texto haya visto la luz porque estamos viendo ese discurso racista y xenófobo que intenta abrirse camino. Y sabemos lo que quieren hacer porque cada vez que han tenido oportunidad han intentado implementar un discurso racista vinculando inmigración con delincuencia o poniendo piedras en el camino, negando servicios o documentos a personas que están queriendo regularizarse. Por eso hemos trabajado con rigor y por eso es tan importante ese aval recibido por parte del Consejo de Estado con un texto garantista, serio, riguroso.

Esta regularización fue negociada con Podemos en el marco también de un diálogo a tres bandas con Junts para la cesión de competencias migratorias. ¿Este proceso vuelve a abrir la puerta a esa negociación pendiente con Junts?

Yo querría separar las cuestiones. El Gobierno cumple sus acuerdos, que se trabajan muchísimo porque no son sencillos, son materias delicadas. Pero este texto coge el testigo de esa ILP que tiene una triple legitimidad: la de 900 entidades sociales y 700.000 firmas, la legitimidad política de 310 votos a favor y una legitimidad económica, porque la apoyan los empresarios. Lo hablamos con un grupo político como Podemos, que tiene un contacto especialmente intenso con determinados colectivos, y se alcanzó este acuerdo que hoy es una realidad y que nos hace ser un país mejor.

La derecha ha dicho que lo hacen para ganar votantes en el futuro, Feijóo ha calificado el texto de “inhumano” y ha llegado a decir también que ustedes van a darle papeles a hombres que han abusado de mujeres. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar, que llevó a cabo bajo su presidencia un proceso de regularización. Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible. Ya está bien por parte del señor Feijóo de intentar comprar un discurso claramente xenófobo y racista. Así que no voy a entrar ni por un segundo en ese marco. Pediría al señor Feijóo que fuera un poco más responsable en sus declaraciones. 

No solo hay una ofensiva política, también judicial contra esta medida. El Supremo ha inadmitido las medidas cautelarísimas que pedía una asociación ultra. ¿Le inquieta desde un punto de vista meramente técnico, legal o jurídico lo que pueda suceder con la regularización en los juzgados?

Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento.

Han quedado fuera de la regularización los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Este procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, y es diferente. España es uno de los pocos países que, fruto de ese compromiso con el pueblo saharaui y de los acuerdos internacionales, tiene un estatuto específico desde el año 2001 para proteger la situación de los apátridas. Y de hecho, todos los años miles de personas que lo solicitan, muchas de ellas saharauis, tienen esa protección por ese estatuto. Es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular. 

En el caso de los solicitantes, aún no son apátridas y no tienen esa protección que usted menciona. Su resolución suele tardar unos dos años. Por tanto, esa justificación no encaja con la protección real que tienen en el día a día los solicitantes de apatridia, que son quienes necesitan pedir la regularización. Si no se corrige la norma, ¿se plantea solucionar esa situación?

Lo que puedo asegurar es que con este procedimiento se van a liberar recursos, con el compromiso de que haya una mayor celeridad, acortando plazos y siendo mucho más exigentes a la hora de poder tramitar y resolver expedientes. Es importante precisamente que esto se lleve a cabo para acortar esos plazos de los que me habla.

Durante este Gobierno ha habido varias decisiones que han afectado al pueblo saharaui, como el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental. Algunos saharauis y activistas dicen que puede deberse a una presión de Marruecos. ¿Tiene algo que ver?

De ninguna manera. Era una de las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente.

Hay otro colectivo sobre el que han mostrado preocupación las ONG: los migrantes con arraigo que están en estos momentos encerrados en los CIE. En elDiario.es hemos publicado varios casos de personas que tenían un arraigo documentado y que iban a ser igualmente expulsados. ¿Abrirán algún tipo de vía para que estas personas puedan pedirla con garantías para no ser discriminados?

Son personas que, si cumplen los requisitos, claro que van a poder pedir esta regularización. Estar en un CIE no es una decisión unilateral del Gobierno, sino que es una cuestión que viene de un procedimiento judicial. Pero efectivamente podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos. 

¿Cómo? Porque estando en el CIE es muy difícil acceder a toda esa documentación que se pide…

Hay muchísimas entidades acreditadas que van a poder dar respuesta. Y al margen de eso tenemos una vía telemática, una vía presencial y se establecerá la posibilidad de que, quien cumpla los requisitos, pueda acceder. De hecho, ha puesto usted un ejemplo [el de Oussama, que finalmente fue liberado a horas de su repatriación] que demuestra la colaboración interministerial. Somos un Gobierno. Esto es una regularización extraordinaria, un proceso de un Gobierno. Así que estaremos a la altura para dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos.

La oposición critica también la regularización apelando a la economía. ¿Qué les dicen sus datos sobre cómo va a afectar el proceso de regularización al mercado laboral y también a nivel social?

En primer lugar, tras la última regularización con el presidente Zapatero se multiplicaron por cuatro las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Anualmente. En los últimos días, antes de la regularización, ya hemos batido récords en afiliación extranjera con 3,2 millones de afiliados extranjeros. Con su aporte, estamos consiguiendo las cifras de paro más bajas de los últimos 18 años y reducir la temporalidad. Todos los datos son positivos. El 42% del empleo creado desde la reforma laboral procede de trabajadores extranjeros con cada vez más presencia en sectores altamente cualificados. Esta es la España por la que estamos trabajando muchísima gente.

¿Qué España quiere el Partido Popular? Estas personas ya están aquí, ya llevan a sus hijos al colegio, ya caminan por nuestras calles, ya viven en nuestros barrios. El Partido Popular, que los quiere silenciados, escondidos, con miedo, sin derechos. Pues no.

¿Cómo lleva lo de ser portavoz y tener que meterse no solo en sus propios charcos, sino en los charcos de todo el Gobierno?

Me parece un honor contar la acción de un Gobierno, rendir cuentas, contestar a sus preguntas aunque muchas veces no sean fáciles. Le dedico mucho trabajo para estar a la altura. 

Con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto del juez Peinado que son inauditos y que van más allá de lo jurídico

Vamos a aprovechar ese honor para preguntarle por esos otros charcos. Óscar Puente ha hablado de la posibilidad de que haya instrucciones judiciales enfocadas a violentar a representantes elegidos democráticamente y no a hacer justicia. Lo decía en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre la pareja del presidente. ¿Usted cree que hay lawfare contra el Gobierno?

Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez, en su trayectoria impecable, profesional y personal. Tengo formación jurídica, soy licenciada en Derecho y he ejercido la abogacía. Y con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto que son inauditos y que van más allá de lo jurídico. 

¿Pero que un auto vaya más que lo jurídico, que es a lo que a lo que se debería ceñir un auto, no es otra cosa que prevaricar, no?

Mire, yo le digo que no solamente le hablo como ministra portavoz, sino desde mi formación jurídica: no son pocos los profesionales de mi mundo jurídico, también de su mundo periodístico, que coinciden en afirmar esto que le digo y que hay pasajes que son inauditos y que van mucho más allá de lo jurídico. Yo creo en la Justicia, en que la Justicia tiene que hacer su trabajo y en que lo hará.

No quiere decir entonces que el juez Peinado prevarique. 

Creo que he sido bastante clara con mis afirmaciones.

Apuesto a que, desde que usted es ministra portavoz, la pregunta que más le han hecho los medios es si va a haber Presupuestos.

Pues creo que gana usted la apuesta.

¿Y cuánto tiempo más lo vamos a tener que seguir preguntando?

Estamos dando respuesta a lo que necesita la gente con unos presupuestos prorrogados. No es lo mismo tener un presupuesto prorrogado de un Gobierno que recorta que un presupuesto prorrogado que está permitiendo, por ejemplo, desplegar un paquete de cinco mil millones de euros para proteger a la ciudadanía frente a la guerra de Irán. Dicho esto, vamos a presentarlos. 

¿No le parece una anomalía política que vayamos hacia el cuarto ejercicio sin ni siquiera presentar unas cuentas?

Lo que me parece una anomalía es que haya comunidades autónomas que, por esperar un acuerdo entre el PP y Vox, estén paralizadas y no estén poniendo en marcha medidas que acompañen este importante paquete que ha desplegado el Gobierno de España. Eso sí que es una anomalía, porque eso es hacer daño a la gente. Tener un presupuesto prorrogado no está siendo un problema para seguir teniendo una política social coherente, de acompañamiento y respuesta a la situación mundial que estamos viviendo tan complicada.

16 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año. El caso de esta semana en Córdoba es bastante paradigmático de hasta qué punto hemos normalizado un fallo sistémico. La víctima hizo todo lo que se le 'pide': denunció y se dispuso a acudir a un juicio por malos tratos, pero fue asesinada en la víspera. ¿Qué está haciendo mal el Gobierno para que esto ocurra y además parezca que no pasa absolutamente nada?

No, no, sí que pasa. En este contexto todavía es más inexplicable que podamos estar viendo cómo el Partido Popular y Vox ahí donde gobiernan alcanzan acuerdos negacionistas de la violencia de género. Vox es un partido que no acude a los homenajes, a los minutos de silencio.

Intento extrapolar esta situación a cualquier otra consideración de asesinados o asesinadas y seguramente se paralizaría el país. Cuando una víctima hace todo lo que le estamos diciendo que tiene que hacer para proteger su vida y en el proceso la matan es que aquí están fallando la policía, los jueces, las administraciones públicas, el Gobierno central. Por eso le decía que la sensación es de fallo sistémico y no se paraliza nada. ¿No tiene la sensación de que minusvaloramos este asunto?

Lo que le puedo decir es que no podemos bajar los brazos, no podemos ser tibios, no podemos seguir como si nada pasara. Tenemos que ser mucho más contundentes, con pedagogía desde la educación de los más pequeños. No vamos a dejar de trabajar ni un minuto para acabar con esta lacra.

¿Cómo asiste al juicio contra su excompañero José Luis Ábalos, al que le piden 25 años de cárcel?

Lo veo con repulsa, con asco. Porque cuando hay mucha gente que se está dejando la piel por construir un país mejor y por demostrar que las políticas públicas sirven, funcionan y mejoran la vida de la gente, ver determinados comportamientos hace daño, porque hacen que la gente se aleje de la política, que nos metan a todos en el mismo saco y que haya un descrédito. Pero también siento orgullo de la contundencia con la que se responde en el PSOE ante cualquier atisbo de corrupción. Eso no es un eslogan, sino que es una realidad. El Partido Popular de hoy sigue celebrando y homenajeando a M. Rajoy.

Sobre las pensiones se está empezando a consolidar un debate de guerra generacional que sostiene que la culpa de que los jóvenes tengan bajos salarios es de los pensionistas que tienen una pensión digna. ¿Dónde se sitúa en ese debate? ¿Es necesaria una reforma de las pensiones o la sostenibilidad está garantizada?

Está garantizada. Y en ese debate me sitúo donde está el Gobierno, en el rigor de los datos. Puedo lanzar el mensaje de tranquilidad de la sostenibilidad de las pensiones públicas. La reforma la hicimos con la mirada a largo plazo, no con la mirada cortoplacista de quien intenta embarrar también esto. ¿Sabe quién intenta enfrentar a nietos con abuelos? Los que defienden la privatización. Feijóo prometió a los autónomos bajarles la cuota si se abrían un plan de pensiones privado. Frente a quien quiere el descrédito de lo público y hace solamente política para unos pocos, datos, rigor y una reforma de pensiones que transmite certidumbre a los miles de pensionistas de hoy y también a los que los seremos un día.

A usted le ha tocado ser ministra-portavoz en un mundo en guerra. ¿Cómo vive la tensión diplomática con aliados tradicionales de España, como pueden ser Estados Unidos o Israel, ante la política exterior lanzada por su Gobierno del ‘no a la guerra’?

Me siento absolutamente orgullosa de pertenecer a un gobierno coherente que siempre ha defendido la paz, el multilateralismo, el respeto al orden internacional. Hemos alzado la voz y hemos llegado los primeros, pero cada vez nos siguen más países. España es un faro y cada vez que acudimos a un foro internacional son muchísimos los países de cualquier latitud que nos preguntan, que se interesan y que ponen como ejemplo al Gobierno de España y a sus políticas.

Volviendo a la regularización para acabar. Ha sido particular porque, además de Podemos, también ha tenido un gran papel el movimiento Regularización YA. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Este jueves hemos tenido un encuentro con el presidente del Gobierno donde estaban desde la Iglesia Católica, sindicatos, patronal, organizaciones de entidades del Tercer Sector y entidades colaboradoras en materia de extranjería. Y, viendo el unánime aplauso a esta iniciativa, me quedo con algo: lo importante que es para miles de personas. Esto demuestra que el Gobierno, cuando escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado. Y esa es la manera de gobernar. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de derecha? ¿Podemos meter en el mismo saco a liberales, ultraliberales, anarcocapitalistas, democristianos, fascistas, populistas, nacionalistas, conservadores, tradicionalistas? Para Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, la respuesta es: todo vale. Todo vale para llegar a La Moncloa, se entiende.

El liberalismo que parece defender nunca ha sido mayoritario en la España democrática. “La derecha es, fundamentalmente, un pensamiento y una acción reactivas que se oponen a la izquierda”, cuenta el historiador Antonio Rivera, autor de Historia de las derechas en España. Fraga fue el primero en liderar una derecha patria de corte conservador y con sitio para los restos y las estructuras del franquismo y los nacionalismos se hicieron fuertes en País Vasco y Cataluña, al margen de ese movimiento. Aznar unificó y amplió el espacio conservador, engulló el supuesto espacio de centro y marcó el camino futuro: neoliberalismo duro y crudo imitando a Margaret Thatcher en lo económico, nacionalismo conservador español y muy español en lo ideológico. Rajoy siguió esta pauta, con la particularidad personal de dejar que todo se pudra, desde el proceso catalán a la policía patriótica. Pablo Casado llegó con ganas de regeneración pero no fue eficaz antes de que sus compañeros le tiraran por la ventana —metafóricamente—. Y aquí llegó Alberto Núñez Feijóo, el gestor, para hablar de derecha sensata y moderada sustentada en un sólido entramado mediático, económico y judicial. 

Los que le conocen dicen que a Feijóo le gusta ir a mesa puesta. Él llegó a Madrid para gobernar España y su escasa firmeza ideológica permitió los primeros pactos con Vox que malograron su objetivo principal. Ahora vuelve a repetir error, con un Vox más fuerte que entonces pero que está frenando su ascenso, y está tocado por la crisis interna y la caída de uno de sus principales tutores y financiadores, Viktor Orbán. Con este panorama, la derecha de Feijóo, que no cuenta con activos genuinamente liberales y que vive del antisanchismo (una alternativa a la contra, destructiva, enemiga del apaciguamiento entre adversarios políticos) ha decidido doblar la apuesta: más Vox y más tópicos del populismo más reaccionario: rechazo a la inmigración, unidad de la patria, los españoles primero y desregularización al estilo motosierra. 

No hace falta repetir que el concepto de “prioridad nacional” es racista e ilegal. Discriminar por sus orígenes a personas que viven en España legalmente, que contribuyen a la riqueza del país y pagan sus impuestos a la hora del reparto de ayudas sociales es establecer una sociedad de castas, con ciudadanos de primera y de segunda. Ante esta situación hay que apelar a la izquierda pero también a la derecha, a esa supuesta derecha liberal, a la derecha democristiana de principios humanistas, a la derecha con ideología y valores, no solo con ambición política, a la derecha que tiene más ideas en la cabeza que bajar impuestos y aplicar con mano dura la ley y el orden. Y eso es imposible dentro del Partido Popular de Feijóo. El líder del PP ha decidido pasar por encima hasta de la dignidad humana en su tortuoso y cada vez menos edificante camino a la Moncloa. Y ha demostrado que la derecha que representa no tiene una idea clara ni del país ni del mundo que nos rodea, y por eso, ha decido subcontratar la ideología al partido de Santiago Abascal. España, no hace falta decirlo, puede vivir sin Sánchez, pero será mucho peor gobernada por una derecha autoritaria, iliberal y antihumanista que, además, no entiende los retos humanos, geopolíticos, tecnológicos y económicos que tenemos por delante. Y esa, desgraciadamente, es la derecha de Alberto Núñez Feijóo. 

Dice tu primo que le preocupa que entre los inmigrantes regularizados pueda haber violadores, ladrones u otros criminales aún peores. Tu primo, el de “yo no soy racista, PERO…”; tu primo que llena de bulos el grupo de WhatsApp de familia; tu primo que ha llegado a líder del PP y líder de la oposición, y tal vez algún día lo veamos de presidente del gobierno. Dice que le preocupa que se nos cuelen delincuentes entre los “regularizados a granel”, y que él no es racista PERO es normal estar intranquilo.

Dile a tu primo que es entendible su preocupación por los antecedentes penales y policiales, pero que el Código Penal es mucho más largo. Y que puede estar tranquilo porque, entre los inmigrantes regularizados, lo que con seguridad no habrá son personas con antecedentes por prevaricación, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones, falsedad en documento mercantil, uso de información privilegiada, estafa, asociación ilícita, organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, corrupción en los negocios, corrupción entre particulares, encubrimiento o financiación ilegal de partidos. Ninguno, ya te lo digo yo.

Si te pregunta, dile a tu primo que la lista de delitos la he copiado de las numerosas sentencias condenatorias que ha habido en los últimos años contra miembros del Partido Popular, integrantes de sus gobiernos, y empresarios y comisionistas de su órbita. Entre unos y otros, medio Código Penal. Ah, tampoco creo que entre las personas regularizadas haya nadie con antecedentes por montar una trama policial para espiar, destruir pruebas o acusar en falso a rivales políticos.

Qué demagogo soy, ¿verdad? Qué manera de mezclar las cosas, qué truco barato ese de recordar los delitos cometidos por la derecha, como respuesta a sus bulos sobre inmigración y delincuencia. Pues sí, demagogia pura y dura. Si nos ponemos, nos ponemos, que yo también sé hacer demagogia con la inmigración. Pero con una diferencia: los delitos atribuidos a los migrantes sin papeles son hipotéticos, cuando no directamente bulos; mientras que los delitos políticos y económicos arriba mencionados son todos reales, redactados en sentencias y escritos de acusación.

Dile a tu primo que frene un poco, que se va a acabar saliendo por la derecha del tablero. En los últimos meses le hemos oído hablar de “efecto llamada”, delincuencia, atentados terroristas, alteración del censo electoral, regularización “a granel” y traición a Europa. De seguir a este ritmo, pronto le oiremos alguna mención al “gran reemplazo”, que cuando un populista coge carrerilla, derrapa fácil. Y sí, yo también he derrapado en este artículo; pero comparado con lo suyo, lo mío parece patinaje artístico.

Saluda de mi parte al primo Alberto.

La política exterior del Partido Popular se basa en un principio inmutable. Todo lo que haga Pedro Sánchez está mal y es poco menos que una afrenta a la humanidad. Obligado a ir aumentando la escalera retórica hasta el infinito y más allá, su última innovación consiste en llamarle traidor a España, Europa, Occidente y otros representantes del bien absoluto. Se ha vuelto a los tiempos de Pablo Casado, cuando llamaba “felón” (desleal, traidor) a Sánchez. Alberto Núñez Feijóo se ha unido a esa tendencia a la agresión verbal. Era una consecuencia previsible.

A la derecha política y mediática no le ha gustado nada que Sánchez haya viajado otra vez a China. Ni que haya dicho que Occidente debe reconocer que China es una potencia mundial y que debe ser tratada como tal. “Nadie traiciona a su tierra, su origen y a sus socios a cambio de nada”, dijo Ester Muñoz. Seguro que hay algún manejo oculto. ¿Harán a Begoña Gómez directora de una cátedra en una universidad china? Cualquier cosa es posible. “Es decisión de Sánchez no estar en la mesa con Starmer y los aliados europeos y marcharse a China a vaya usted a saber qué”, se preguntaba Alma Ezcurra con fingida inocencia. Tiene que haber una conspiración. Siempre la hay para el PP y en la cúspide tiene que estar Sánchez.

La histeria obliga siempre a consumir dosis razonables de amnesia. Sánchez en Pekín no es como Jane Fonda en Hanoi en plena guerra de Vietnam. De hecho, no es una iniciativa muy original. Emmanuel Macron estuvo en China en 2023. Un año después, Xi Jinping devolvió la visita en Francia. Giorgia Meloni viajó allí en 2024. Keir Starmer lo hizo en enero de este año. Friedrich Merz le siguió en febrero. Europa parece estar llena de traidores. La que se va a montar cuando se entere el PP.

Donald Trump tiene previsto desplazarse a China a mediados de mayo. Sus elogios a Xi han sido más rotundos que los empleados por Sánchez.

Los gobiernos europeos saben que sería un error fiarse del Gobierno chino, pero sus temores son mayores en relación a Donald Trump. Y, como bien sabe el canciller alemán, son muy conscientes de que no pueden prescindir de las relaciones comerciales con el gigante asiático.

Por aquello de las coincidencias, resulta curioso que el PP se haya lanzado contra Sánchez por hacer lo mismo que el presidente de la Xunta hará la próxima semana. Alfonso Rueda viajará a Pekín y Shanghái para vender a Galicia como destino de inversiones. Juanma Moreno también estuvo allí en 2024 y dijo haberse traído inversiones por valor de 2.500 millones. Pero Rueda y Moreno son buena gente que nunca venderán a España al enemigo chino, aunque aceptan gustosamente su dinero. Ellos tienen vía libre para elogiar a China.

También la tuvo en su momento Mariano Rajoy en dos viajes a China en 2014 y 2017 cuando presidía el Gobierno, como también Feijóo que hizo lo mismo en su época de presidente de la Xunta. El momento más surrealista se produjo con Cospedal al firmar un acuerdo de colaboración en 2013 con el Partido Comunista Chino en su condición de secretaria general del PP. Son dos partidos que siempre han tenido mucho en común.

El discurso en la Universidad de Tsinghua fue uno de los momentos simbólicos de la visita de Sánchez. Tuvo su parte inevitable de dar jabón al anfitrión, pero de una forma que denota respeto a la historia y cultura de China. En un país en que el nacionalismo es el principal factor de legitimidad para el Gobierno –obviamente, no lo son ni el comunismo ni la democracia–, ver esa actitud en un líder extranjero suele recibirse con agrado.

Sánchez recordó que China ya era una potencia mundial en el siglo XVI cuando España era aún un imperio: “La España de entonces conocía de la grandeza de China. Sabía que Beijing no era la periferia del mundo, sino uno de sus centros”.

En relación al presente, el presidente apostó por un mundo multipolar, es decir, no sometido a los designios de un solo protagonista (léase Estados Unidos): “Esa multipolaridad que describo no es una hipótesis. Tampoco es un deseo. Es ya una realidad”. Planteó que la Unión Europea es uno de los actores imprescindibles de ese mundo: “Europa puede parecer pequeña en un mapamundi, pero en realidad es todo lo contrario”. Y exigió a China que tome medidas para que las relaciones comerciales sean más equilibradas: “Para que se hagan una idea, nuestro déficit comercial con China supone ya el 74% del déficit total de nuestro país”.

Eso es lo que Feijóo llama “estar traicionando los pilares básicos del europeísmo” tanto por la regularización de los inmigrantes sin papeles como por estar promoviendo “el repliegue de Occidente”.

En los últimos meses, todos los grandes medios europeos están destacando que Trump ha convertido a la OTAN en una organización casi obsoleta –esa es su opinión– y ha llamado “cobardes” a sus aliados por no participar en una misión temeraria para desbloquear el estrecho de Ormuz. Existe un convencimiento generalizado de que Trump es lo peor que le ha pasado a la alianza occidental en décadas. Para el PP, lo de la “traición” de Sánchez es mucho peor.

Mientras tanto, Sánchez sigue a lo suyo. El viernes y sábado, ha montado una gran cita internacional en Barcelona junto a otros veinte mandatarios de todo el mundo, entre los que estarán el brasileño Lula, la mexicana Sheinbaum, el portugués Costa, el colombiano Petro y el sudafricano Ramaphosa. Otra oportunidad para erigirse en estandarte antiTrump.

Feijóo quedará como el político que apoyó de entrada la guerra contra Irán y que luego ha acabado dando pasos hacia atrás hasta denunciar la “escalada belicista” que atormenta al mundo. Eso sí, sin atreverse a señalar a Trump, como si todo lo ocurrido desde el comienzo de esta guerra fuera producto del azar.

Lo cierto es que no hay mucha diferencia entre el comportamiento del diputado de Vox José María Sánchez cuando el martes se subió al estrado de la Cámara Baja para encararse desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y lo que se escucha en las filas del PP sobre quienes sueñan con salir de pobres, les llueva la suerte y dejen atrás la clandestinidad. 

Al fin y al cabo todo es violencia institucional. Todo emana del trumpismo, todo vulnera derechos, todo perpetúa la impunidad y todo parece ya normalizarse en esta España nuestra: desde que un parlamentario traspase todas las líneas rojas y amague con la agresión al vicepresidente del Parlamento hasta que se presente como delincuentes a quienes viven entre nosotros, trabajan en el mercado negro y contribuyen al crecimiento económico.

Que esto lo haga la ultraderecha se daba por descontado, que lo haga un partido que se considera de Estado, un líder que prometió hacer política para adultos o un aspirante a presidir el Gobierno de España es inhabilitante. ¿Quo vadis, Feijóo? ¿Qué fue de aquella promesa para buscar soluciones a una inclusión social correcta y legal de quienes viven y trabajan en España, pero no tienen papeles? Entre aquel compromiso del líder de la oposición en abril de 2024 y su brutal ofensiva de hoy contra la regularización de inmigrantes hay un largo trecho que el PP ha recorrido solo por un motivo: la pérdida de apoyo electoral en favor de Vox. 

Que Feijóo haga de la mentira y la manipulación sus señas de identidad no es nuevo, pero que asegure solemne que el proceso de regularización permitirá obtener el permiso de residencia a “inmigrantes que han abusado de una mujer” es, además de una absoluta irresponsabilidad, un salto cualitativo en su escalada hacia la indigencia institucional. Carecer de antecedentes penales es y seguirá siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería, pero a Feijóo le da igual porque con su “todo no” a lo que haga Sánchez se ha convertido en un aspirante sin proyecto político alternativo al que solo le mueve echar a Sánchez. En esa deriva se entiende su “no” a la regularización de extranjeros, la criminalización del inmigrante, la miopía en política exterior o la asunción de los más feroces postulados del trumpismo en política migratoria. 

El líder de la oposición está a un telediario de sostener que España “proporciona santuario y protección a delincuentes peligrosos” o que los extranjeros “están envenenando la sangre de nuestro país”, como afirmó Trump en alusión a los EEUU. 

Nada como el dato, la información y la estadística para desmontar falacias y evitar que una mentira repetida mil veces sea asumida sin más en la conversación pública. En nuestra mano está consumir información de manera crítica y responsable y distinguir entre verdad y propaganda, ya que la evidencia empírica demuestra que la inmigración, cuando se integra en el mercado de trabajo, contribuye positivamente al empleo, al crecimiento de la economía y a la sostenibilidad fiscal. En España, lo acreditan así las anteriores regularizaciones hechas por Gobiernos de distinto signo político, pero también las estimaciones de la Comisión Europea, del Banco de España, del Banco Central Europeo y hasta de la patronal. 

Conviene, primero, por tanto, desmontar algunos mantras de las derechas. Por ejemplo, el que sostiene que el Gobierno ha perdido el control de la inmigración. Dato: las llegadas irregulares suponen solo un 5% del total de extranjeros que entran en España. Dato: el 95% de las personas llegan por vías regulares y sobre todo seguras. Dato: los flujos migratorios irregulares se han reducido un 32% a escala nacional y un 59% en Canarias respecto al año pasado. Dato: las personas extranjeras suponen el 10% del aporte a la Seguridad Social y solo el 1% del gasto. 

La insistente asociación entre inmigración y delincuencia desde el PP y Vox no se sustenta con los datos del Ministerio del Interior, que muestran la tasa de criminalidad más baja de la historia, a pesar de que han aumentado casi en 2,5 millones las personas de origen extranjero desde 2018. El que delinque es el delincuente, no el inmigrante y las prestaciones económicas, como el IMV, siempre han estado, y así seguirá siendo, vinculadas a la búsqueda activa de empleo. Otro dato: el 83% de las personas que lo cobran ya son españoles, ya que se exige una residencia legal, efectiva e ininterrumpida durante más de un año. 

Desde una perspectiva demográfica y fiscal, el Ageing Report de la Comisión Europea ha subrayado que, en economías caracterizadas por un rápido envejecimiento poblacional, la inmigración en edad de trabajar contribuye a mitigar la reducción de la población activa, a sostener el crecimiento potencial y a aliviar las presiones a medio plazo sobre los sistemas de pensiones y protección social. En la misma línea, el último Informe País de la OCDE destaca que la integración laboral efectiva de la población migrante es un elemento clave para reforzar el empleo agregado, aumentar los ingresos públicos y mejorar la sostenibilidad del Estado del bienestar.

La regularización de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que sacó de la clandestinidad a 600.000 inmigrantes, se tradujo en mayores cotizaciones a la Seguridad Social y en un aumento de la recaudación fiscal. Aquella experiencia acreditó, de hecho, un salto sin precedentes en la afiliación de trabajadores extranjeros, que aumentó en 616.655 personas en un solo año, multiplicando por cuatro el crecimiento de ejercicios anteriores. Lejos de acreditar ningún tipo de efecto llamada como denuncian los profetas del Apocalipsis, generó más de 4.400 euros anuales por persona regularizada a través del IRPF y cotizaciones.

Hoy, como entonces, lo que se pretende es que los extranjeros que trabajan en la economía sumergida -y que eufemísticamente en la Administración llaman empleo informal- aumenten la afiliación a la Seguridad Social. Dato: desde 2023 más de 100.000 nuevas afiliaciones corresponden a personas que han accedido a alguna figura de regularización.

La evidencia de regularizaciones anteriores demuestra, además de mejoras en el empleo y los salarios de los trabajadores más cualificados, que este instrumento permite cubrir vacantes que el mercado no logra ocupar, mayoritariamente en el sector de los servicios, pero también en la construcción y el sector primario. Dato: el 45,6% de las empresas españolas declara la escasez de mano de obra como un factor que limita su actividad, un porcentaje que lleva años en aumento y que en hostelería, agricultura o construcción supera el 56%, según datos del Ministerio de Seguridad Social. Y estas son precisamente las áreas donde se concentra el empleo de la mayoría de las personas que se beneficiarán de la regularización. Dato: el 17% de los titulares de arraigo en activo trabaja en hostelería, el 13% en construcción y otro 13% en comercio.

La regularización aumenta también la recaudación fiscal y refuerza el sistema de pensiones. Algo que no es baladí en España, con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer y una proyección de que el 30% de la población supere los 65 años en 2050. Estimaciones recientes de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia apuntan a que, de aquí a 2075, un escenario de baja migración (un 30% menos de los flujos actuales) pondría en riesgo servicios esenciales: el número de médicos especialistas podría caer un 28%, una de cada cuatro aulas de educación obligatoria podría cerrar por falta de demanda, y la oferta de cuidados de larga duración a personas mayores dependientes podría reducirse casi un 30%.

Y para desmontar toda cantinela sobre el colapso de los servicios públicos que alientan tanto Feijóo como Abascal basta con recordar que los potenciales beneficiarios de la regularización ya viven en España y ya utilizan de forma habitual la sanidad, la educación o los servicios sociales. La diferencia es que a partir de ahora contribuirán de manera plena a su financiación. ¿O acaso ignoran que los datos del padrón son la fuente para los cálculos de la demanda de plazas en colegios públicos y de camas hospitalarias, así como para el reparto de recursos del sistema de financiación autonómica? ¿O que el censo recoge a todos los residentes con independencia de su situación administrativa? Más claro: los migrantes que se acojan a la regularización ya están contabilizados en los cálculos actuales para la financiación de los servicios públicos. 

¿Qué será lo siguiente, entonces? ¿Decir que los extranjeros que vienen de Marruecos se comen nuestras mascotas? Tiempo al tiempo.

“Ley de imprescriptibilidad ya”. Leonor Paqué, periodista y víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, ha recorrido en los últimos años más de 20.000 kilómetros entrevistando a supervivientes como ella para el documental 'Hermana Leonor'. Y sabe bien lo que sucede en muchos casos. El miedo, la ira, la frustración, el bloqueo a la realidad. “Personas que se recriminan dolorosamente haber bloqueado en sus mentes durante décadas, las agresiones sufridas”, explica. Por esto, y por muchas otras cosas, asociaciones de víctimas se concentrarán este jueves, a las 11 de la mañana, ante la sede nacional del PP (Génova 13) para exigir al principal partido de la oposición “que apoye la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia”, un barco del que, tal y como denuncia el activista Miguel Hurtado, “el PP se ha bajado”.

“Las víctimas no hablamos cuando queremos, sino cuando podemos”, subraya Paqué. Por su parte, Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat, apunta a que el momento es ahora, antes de la llegada de León XIV a nuestro país. “Antes de la visita del Papa el Congreso va a aprobar una ampliación de los plazos de prescripción en los delitos de pederastia. Hay 310 votos a favor, o había, porque el PP ha dado un giro de 180 grados y ya no apoya la imprescriptibilidad, a pesar de que votaron a favor de la medida en el parlamento europeo en junio 2025”, señala. “Mañana les vamos a pedir que rectifiquen”.

La concentración también apuntará a que la próxima semana se convoca en la comisión de justicia del Congreso la ponencia de la ley de imprescriptibilidad promovida por el Parlament de Catalunya. El PP ha presentado una enmienda que propone ampliar en diez años el plazo de prescripción actual, pero las víctimas alertan que la ley que se apruebe “puede ser descafeinada porque el PP no apoya la imprescriptibilidad”, como sí hacen todos los partidos de izquierdas (PSOE, Sumar, Podemos, BNG, ERC, Bildu). “Todos los partidos de derecha (Vox, PP, PNV), excepto Junts, se oponen. Es imprescindible que el PP actúe de forma coherente y responsable, votando y defendiendo la misma postura tanto en el Parlamento europeo en Bruselas como en el Congreso en Madrid”, sostiene Hurtado.

“Las víctimas de pederastia en la Iglesia le pedimos al PP que se comporte como un partido serio y responsable, votando y defendiendo lo mismo en Madrid y en Bruselas”, reclama Hurtado, quien pide “un gran pacto de estado entre el PSOE y el PP, para luchar contra la violencia sexual en la infancia, tanto en la Iglesia como en otros ámbitos de la sociedad”.

“La reciente negativa del Vaticano a enjuiciar canónicamente al exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza demuestra la urgente necesidad de aprobar una ley de imprescriptibilidad ambiciosa, homologable a otros estados europeos, para que los delitos de pederastia clerical los pueda juzgar la justicia civil y no la Iglesia internamente”, culmina Hurtado. “¡Basta ya de postureo, le pedimos al PP que vote lo mismo en el Congreso que en el Parlamento europeo!”.

Todo ello mientras que desde este 15 de abril, las víctimas de la pederastia clerical que así lo deseen podrán acceder al formulario de 'Solicitud para el Reconocimiento y Reparación de las víctimas de Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica', desde ya disponible, y activo, en la web del Ministerio de Justicia. Una nueva fórmula, en la que la decisión final de la indemnización correrá a cargo del Estado. Con importantes novedades.

Tal y como ha podido confirmar elDiario.es, las víctimas podrán optar, y así lo recoge el formulario, por una compensación económica, una reparación simbólica o restaurativa, atención social, gastos derivados de tratamientos por secuelas físicas o psicológicas y, también, y por vez primera, el documento de reconocimiento de la condición de víctima.

Una medida que se ha conseguido, gracias en gran medida a la presión de ANIR y Justice Initiative, y que debería permitir que, incluso, casos con sentencia firme (como el de la víctima del 'caso Gaztelueta'), presentasen el formulario pidiendo única y exclusivamente dicho documento. “Porque tiene derecho a él”, señala a elDiario.es Juan Cuatrecasas.

¿Qué significa este reconocimiento? A efectos civiles, muchas cosas, especialmente en lo tocante a pensiones por invalidez o jubilación. “¿Qué se aprueba a través de la LOPIDI o de cualquier otro organismo una medida para que las víctimas no hayan podido cotizar porque han estado excluidas del mercado laboral puedan tener un reconocimiento para jubilarse? Acreditando ese documento no deberían hacer falta dar más pasos”, apunta Cuatrecasas. “Cualquier medida que se apruebe a partir de ahora que implemente derecho, con este documento puedes tener acceso”, aseveran las asociaciones de víctimas.

Toda la información en www.religiondigital.org

Francesc Marc-Álvaro (Vilanova i La Geltrú, 1967) se ha estrenado esta legislatura como diputado en el Congreso. Era un rostro y una voz conocidos para muchos catalanes por ser un analista habitual en distintos medios. Su fichaje por ERC sorprendió. La columna de despedida en La Vanguardia, donde llevaba dos décadas colaborando, la tituló De espectador a actor y en ella se reivindicaba como periodista pese a ser consciente del salto que estaba dando.

Reconoce que a menudo cuando está en su escaño piensa en crónicas que no escribirá. A lo que no ha renunciado es a seguir publicando libros. El último se titula El franquismo en tiempos de Trump (Galaxia Gutenberg y Pòrtic, en catalán), un ensayo en el que describe cómo funciona el neofranquismo, cuyo principal heredero es Vox. 

Empiezo con una pregunta que usted, como tanta otra gente, también se hace. ¿Por qué crecen los partidos de ultraderecha? 

Por muchos factores, pero el principal es la existencia previa de lo que llamamos antipolítica. Es decir, desafección hacia las instituciones, los partidos y los políticos. Esa desafección tiene una base tangible, real. Se basa, por un lado, en los fallos y averías del sistema. Y también en los huecos que han dejado los partidos tradicionales, tanto izquierda como derecha, en temas que a la ciudadanía le preocupan. En el caso concreto del espacio de la izquierda, creo que ese cráter se debe al olvido en el abordaje de cuestiones muy urgentes para el ciudadano. 

Léase la vivienda, en algunos territorios también temas relacionados con la salud o la educación, y léase también la seguridad en los barrios. Estas y otras cuestiones que tal vez no formaban parte de la agenda tradicional de la socialdemocracia, o parecía que no se podían tratar. Todo eso junto, más un malestar difuso, genera el hueco por donde la ultraderecha entra. Ahí estamos.

El riesgo es que para frenar a la ultraderecha se acaben comprando algunos de sus argumentos.

Cierto, ahí hay que hilar muy fino para abordar cuestiones que preocupan al ciudadano desde los valores de la izquierda sin caer en la narrativa de la derecha. Esa alquimia, que es compleja, debe hacerse.

Por ejemplo, hay que hablar de seguridad, pero no con los apriorismos de la derecha, sino desde una visión integradora y cohesionante que es la de la izquierda. Pero hay que hablar de seguridad. 

En el libro se pregunta también cómo puede ser que hayamos olvidado todo lo que hicieron los partidos fascistas e imitadores del siglo XX. Igual, una parte de su éxito es que muchos de los votantes no habían ni nacido. 

Claro, pero existe eso que llamamos la transmisión de la experiencia y la memoria en la sociedad, la memoria colectiva. Mira, yo te hablo desde mi experiencia personal.

Mi tío, uno de mis tíos, fue asesinado en Mauthausen, como tantos republicanos. Ese tema fue un silencio muy espeso en mi familia, pero yo pude romperlo y me llegó esa transmisión. Por tanto, aunque hago hincapié en el papel público de las instituciones en la pedagogía de la memoria, también quiero poner el foco en la labor de las familias y en las relaciones intergeneracionales.

Ahora bien, cuando falla todo, cuando fallan las instituciones, la escuela y las familias, se crea un vacío de memoria por el que es fácil colocar esa semilla de discurso destructivo, que claro, como no puede comparar con el pasado, parece incluso nuevo y puede estar de moda. Es lo que ocurre hoy en día en muchos jóvenes que en España y en Europa se sienten fascinados por la otra derecha. 

Lo resume con una frase que es llamativa. Dice que son jóvenes seducidos por el abismo.

Sí, porque realmente el mundo ultra es un mundo atractivo cuando no hay nada más, pero eso no es nuevo. Realmente ya los fascistas en la Italia de los años 20 y los nazis en la Alemania de los años 30 fueron una contracultura, también fueron algo relevante desde el punto de vista de la juventud. ¿Qué hacen ahora los Orbán, Abascal, Meloni y Trump? Vuelven a encapsular con discursos atractivos viejos mensajes y con un añadido nuevo, eso sí, las redes.

La gran diferencia entre la propaganda fascista del siglo XX y la del siglo XXI es que la actual llega como una aguja hipodérmica en el cerebro de los individuos a través de los smartphones. Si Goebbels los hubiese tenido, no sé si hubiéramos ganado, la verdad.

Hablaba de Orbán, ¿cree que su derrota es síntoma de algo más? 

Sí, creo que es interesante porque nos dice dos cosas. Una, que no es inevitable el precipicio ni tampoco caer en manos del lado oscuro, que hay una posibilidad de salir de eso. Y también que el propio sistema democrático, a pesar del fatalismo, puede generar la respuesta.

Es decir, una derecha menos ultra ha ganado a Orbán. En los Países Bajos, un partido liberal de izquierdas frenó a la ultraderecha hace unos meses. Nada está escrito. A raíz de lo que ocurre con la guerra en Irán creo que la respuesta contra Trump va a salir finalmente del propio sistema.

Es decir, hagámonos la pregunta. ¿Pueden las estructuras profundas de Estados Unidos, del poder estadounidense, soportar esta disrupción constante? Bueno, tal vez aquellos que le dieron cuerda a Trump en su momento, pronto o más pronto que tarde se la van a quitar. Veremos.

Hay que hilar muy fino para abordar cuestiones que preocupan al ciudadano desde los valores de la izquierda sin caer en la narrativa de la derecha. Y esa alquimia, que es compleja, debe hacerse

Hay un momento en que cita al historiador Luciano Canfora porque él afirmó que el fascismo no murió después de Mussolini. ¿Con el franquismo y Franco se puede decir lo mismo? 

Se puede decir algo análogo. El franquismo desapareció en su forma institucional, pero en su forma social se instaló en la realidad. Es eso que llamamos franquismo sociológico. Se normalizó y en la democracia quedó como unas brasas que ahora Vox ha vuelto a convertir en llama, en fuego.

¿Y por qué quedó un franquismo sociológico en la realidad española? Muy sencillo. Porque la dictadura terminó con el dictador muerto en la cama, muerto en el hospital o en ese hospital que le montaron. Por tanto, ser franquista, y ahí hay un matiz, no se ha percibido históricamente tan extremo como ser nazi o ser fascista.

Esto lo he vivido yo en el Congreso: cuando le llamas a un diputado de Vox neofranquista, no se ofende. Si le llamaras neonazi, tal vez. No suena igual. Aunque nuestra dictadura y nuestra tiranía fue el franquismo, no fue el nazismo. Hay una cuestión de aparente grado que opera a favor del franquismo sociológico.

Vox no hace nada más que unir el franquismo sociológico con el material que le aporta el trumpismo. Y de ahí nace un nuevo producto, que es lo que está vendiendo actualmente Santiago Abascal. 

Comentaba que los ve en el Congreso, comparten hemiciclo, se los encuentra en comisiones, en la cafetería, ¿Cómo describiría a los diputados de Vox? 

Es una amalgama de gente que tiene procedencias diversas. Todos han acabado bajo el estandarte ultra, pero no todos provienen del mismo sitio. Están desde los espabilados del PP, que vieron una oportunidad, hasta los dogmáticos y fanáticos que estuvieron en Falange o en otros proyectos claramente fascistas. Y luego una gama intermedia de gente vinculada al movimiento antiabortista, el de víctimas del terrorismo, etc.

Todos bajo el mismo ideario, que consiste en pensar que sólo hay una forma de operar desde la derecha, que es cambiar las reglas de juego. Porque eso es lo sustancial de Vox. Quieren cambiar las reglas de juego. En teoría el PP no las quiere cambiar. Esa es la distinción y eso es lo que hace problemática la relación entre Feijóo y Abascal.

Esta misma semana hemos presenciado un incidente tras una intervención suya y es la de un diputado de Vox encarándose físicamente con el vicepresidente del Congreso que en ese momento presidía la sesión. ¿Cómo lo vivió?

No me sorprendió pues este diputado acostumbra a romper las más elementales reglas de convivencia en la Cámara. Hay personajes cuya actitud expresa a diario una pulsión autoritaria y agresiva que descubre la ideología destructiva que mueve a ciertos sectores.

En todo caso en el libro apunta que pueden ser muchas cosas, pero que no son estúpidos, nunca traspasan la línea roja.

Sí, ellos miden bien ese asedio a la democracia. Porque no proponen, por ejemplo, volver a la dictadura de Franco. Eso es absurdo. Ellos encaminan todo su programa político a vaciar la democracia. Su proyecto, que en eso son equivalentes a lo que busca Trump en Estados Unidos y otros, es que la democracia pase a ser una democracia mucho más frágil sin las garantías, los contrapesos y el equilibrio de libertades, derechos y deberes que tenemos hoy. Por tanto, el proyecto de Vox es muy sencillo. Pretenden que la democracia, que tiene ahora un perímetro de 100, pase a tener uno de 20. 

Un ejemplo. Ellos proponen la supresión del Estado autonómico, la expulsión de personas migrantes, acabar con políticas de apoyo a la mujer o de apoyo a los trabajadores o a la juventud. Estas políticas, en caso de aplicarse, lo que van a hacer es realmente una ‘democracia fake’. Se trata de lo que se ha venido a llamar el autoritarismo posdemocrático. 

¿Considera que el procés fue decisivo en el ascenso de Vox? 

Sí y no, porque nadie recuerda que cuando se convocaron las primeras elecciones en Catalunya, bajo el 155, ellos no concurrieron. Y ese beneficio se lo llevó Ciudadanos. Pero es verdad que luego en la campaña andaluza sí utilizaron al fantasma catalán para obtener un buen resultado. En ese sentido, sí. Pero tan incierto es decir que el procés no influyó en el crecimiento de Vox como darle un valor de 100. Influyó, y actualmente mucho más, la islamofobia.

En el libro también habla del ‘no viaje’ de Feijóo al centro. ¿Le ha sorprendido? 

Bueno, ojalá pudiera decir que sí, pero no. No me ha sorprendido, aunque creo que es suicida. Porque hay una batalla muy importante en las derechas democráticas europeas que es abrazar o no la ultraderecha. Pongo el ejemplo de Merkel como una democristiana que marcó una raya entre los ultras y democristianos, conservadores, todos ellos. Feijóo ha hecho lo contrario de Merkel. Se ha puesto a rueda de Abascal y le compra todos los marcos y le compra los debates, con el problema de que cada vez que Feijóo entra en esa lógica, Abascal sube la apuesta. Y por tanto es inalcanzable.

Siempre le va a romper la cabeza, siempre le va a romper el cuello. ¿Por qué? Porque domina el discurso duro. Y porque al final la ciudadanía que vota eso prefiere el original y no la copia.

Pero hay quien defiende que es la única manera que tiene el PP de poder acceder a gobiernos.

Bueno, ahí hay el debate es por qué Feijóo se ha quedado solo con un socio. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ya lo sabemos. ¿Por qué Feijóo no puede tener una interlocución productiva con el PNV o con Junts? ¿O por qué no puede establecer pactos en algunos lugares con los socialistas? Eso se ha construido a conciencia. El ejemplo es lo que ha ocurrido en Valencia. El precio que ha pagado Feijóo por cambiar a Mazón por un nuevo presidente es muy alto. Y ese ejemplo valenciano es el que da la brújula a Abascal. Es un laboratorio que a Vox le ha salido bien. 

El ‘no viaje’ de Feijóo al centro es suicida

En un capítulo aparece un acto, el de ‘España en libertad’, y aprovecha el discurso que allí hizo Pedro Sánchez para destacar que es un político “táctico y tacticista”. Si es un elogio no lo parece.

Bueno, puede ser un elogio, es una descripción. Táctico, tacticista y añadamos que con mucha suerte. Porque la tiene. Además, es un superviviente. Porque él logró ser líder del PSOE teniendo en contra medios muy importantes de este país, el IBEX 35, la vieja guardia del PSOE y en aquel momento a los que manejaban la dirección. Contra todo eso consiguió imponerse. 

Merece un cierto respeto la habilidad de Sánchez para superar lo que serían susto y muerte. Lo superó y por eso yo digo que es táctico y tacticista. Se ha acostumbrado a sortear los peligros sin pensar mucho en lo que vendrá. O sea, él vive al día porque es lo que le ha funcionado.

Sánchez se ha acostumbrado a sortear los peligros sin pensar mucho en lo que vendrá

No sé si es una provocación, pero en todo caso argumenta que el término antifascista es una palabra desgastada. ¿De quién es culpa? 

Pues de muchos que la hemos usado, y me pongo yo en primera persona. Cuando hemos usado el término fascista para describir lo que no nos gustaba de una forma un poco frívola también hemos desgastado nuestro antifascismo. Un ejemplo. Yo me ubico dentro del campo socialdemócrata. Por tanto, si veo a alguien que propone bajar impuestos, esa persona es mi adversario político pero de entrada no es un fascista. Será ultraliberal o lo que sea, pero no será necesariamente un fascista.

Ahora que han venido los fascistas, los de verdad, los que quieren expulsar inmigrantes, cerrar fundaciones culturales, quitar derechos a la mujer, en fin, clausurar autonomías, prohibir partidos, cuando han venido los que realmente practican el fascismo esa palabra nos ha quedado inservible. Pero hay que reconstruirla. La única forma de rearmar el antifascismo es redefinir muy bien el campo de los demócratas y los antidemócratas. Ahí, en ese campo de los demócratas, debe estar la izquierda y también la derecha democrática si quiere meterse. En el caso español, el PP no está ahí. Por desgracia, porque debería estar. 

Afirma que luchamos contra la desesperanza en el libro. No sé si eso es muy esperanzador.

Bueno, es que, aunque tenemos la noticia positiva de la caída de Orbán, es difícil mantener la esperanza en un mundo donde la ley del más fuerte, la arbitrariedad, la mentira y la destrucción de la verdad han construido una agenda nueva. Porque eso, más bien, tiende al fatalismo. Pero hay datos para rearmar esa esperanza.

En todo caso, estoy con LA idea de Havel de que la esperanza, más que creer que las cosas van a salir muy bien, es pensar que estás enfocado en el camino correcto. 

Como diputado de ERC en el Congreso me gustaría saber su opinión sobre los movimientos de Gabriel Rufián. ¿En qué se acabará concretando esta apelación a la unidad de las izquierdas?

 A ver, de entrada, el debate de ideas a mí me parece bueno. Estoy en política porque me interesa el debate de las ideas y los proyectos. Que se debata dentro y fuera del partido sobre qué hacer, me parece perfecto. Otra cosa es aterrizar ese debate en el hecho estratégico y táctico. Es más complejo. En lo que vaya a terminar, no lo sé, deberán definirlo los que han lanzado esa idea. Pero el debate en sí es bueno.

Otra forma es cómo lo deberíamos hacer, si a puerta cerrada o más abierta. Ahí hay mucha disparidad de criterios. 

Esquerra, Bildu, BNG y otras formaciones pueden tener algunos puntos en común, pero no necesariamente deben renunciar a la marca

Y para los que son diputados en el Congreso, ¿es complicado o incómodo que el portavoz del partido proponga una cosa que la dirección del partido no quiere?

Bueno, constatamos que hay criterios distintos. Eso sí, nosotros estamos ahí intentando hacer nuestro trabajo. Pero es verdad que la dirección tiene una visión distinta a la del portavoz. No tanto en los fines, sino en los métodos del debate. 

¿Y usted con quién está de acuerdo? 

Yo comparto bastante la visión de la dirección del partido. Pienso que hay muchas formas de crear una dinámica antiultra o antifascista y no necesariamente pasa por sumar todo bajo un paraguas. Esquerra, Bildu, BNG y otras formaciones pueden tener algunos puntos en común, pero no necesariamente deben renunciar a la marca. 

En el caso concreto de ERC, lo que nos da nuestra razón de ser son dos ejes. Por un lado el eje social, políticas de izquierdas, pero también el eje nacional. Somos un partido con centro de gravedad en Catalunya, nos votan en Catalunya y nos debemos a esos intereses que están conectados con la población española y europea. Pero no podemos perder el foco nunca.

Hace cuatro días ejercía de periodista. ¿Cuántas veces estando en el escaño has pensado que te gustaría escribir un artículo sobre eso que ha visto en ese momento en el hemiciclo? 

Muchas, muchas. La verdad es que, como llevo poco tiempo en política, todavía no pienso como un político, lo hago como un periodista. Veo un debate y veo un tema, un titular y digo ¡Ostras! Sí, me ocurre. 

¿Y qué es lo mejor y lo peor de estar en el Congreso? 

Mira, lo mejor, lo tengo claro, es la sensación de que estás dentro del flujo de la historia. No lo digo solemnemente sino de una forma operativa. Estás en un lugar donde, para bien y para mal, se deciden cosas que afectan a la vida de las personas. Eso te da un punto de responsabilidad muy alto, pero también es atractivo. Es el vértigo de estar donde sucede lo que debe suceder. 

La parte negativa es que participas, quieras o no, de eso que muchos llaman el descrédito de la política. Es imposible que yo me desenganche de las sesiones en las que los compañeros del PP y PSOE se insultan. Estoy dentro de eso, formo parte de ese retablo.

El Partido Popular y Vox están muy próximos a cerrar un acuerdo de Gobierno en Extremadura tras varias semanas de negociaciones desarrolladas, según ambas partes, en un clima de respeto y discreción. Las conversaciones continúan abiertas y se centran ahora en limar las últimas diferencias antes de anunciar un pacto definitivo.

Fuentes del PP señalan que las posiciones entre ambos partidos son “cercanas”, aunque todavía no definitivas, y confían en que en los próximos días se concreten los puntos pendientes. Desde la dirección nacional, en la sede de Génova, destacan que la discreción ha sido clave para avanzar en las conversaciones.

En el equipo de Alberto Núñez Feijóo subrayan que el tono de las negociaciones ha sido constructivo, con la participación del secretario general, Miguel Tellado, y la diputada Marta Varela. Además, apuntan que la tensión ha sido mayor en las declaraciones públicas de Vox que en las reuniones de trabajo.

Por su parte, desde Vox aseguran que las conversaciones avanzan “mucho”, aunque reconocen que aún quedan flecos por cerrar. Entre los principales puntos de discrepancia figuran cuestiones como la política de vivienda o la fiscalidad, donde persisten diferencias ideológicas entre ambas formaciones.

Fuentes del partido liderado por Santiago Abascal indican que el acuerdo final no responderá plenamente a las aspiraciones iniciales de ninguno de los dos partidos, ya que ambos están realizando concesiones en aras de garantizar la estabilidad institucional.

El calendario político añade presión a las negociaciones. El próximo 3 de mayo es la fecha límite para alcanzar un pacto que permita la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura y evitar así una repetición electoral en la comunidad.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el proceso de regularización abierto ayer por el Gobierno permitirá obtener el permiso de residencia a “inmigrantes que han abusado de una mujer”. Así lo ha dicho en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, donde se ha quejado de que el Ejecutivo no informe de la cifra exacta de personas que se acogerán al proceso extraordinario que acaba de abrirse.

“No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país”, ha apuntado Feijóo. “Y el Gobierno ha dicho muy claramente que con antecedentes policiales se va a regularizar a ese inmigrante”, ha añadido.

Feijóo ha sostenido a continuación que el decreto del Gobierno permitirá regularizar su situación administrativa a “un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española, que tenga antecedentes policiales”. Algo que, ha sostenido, “no tiene ningún antecedente en ningún país de la UE”.

El líder del PP también ha lamentado que hayan hecho “una pregunta muy clara” al Gobierno en la sesión de control, saber “cuántos inmigrantes irregulares van a obtener la residencia legal y, por lo tanto, los derechos en España”. “La ministra portavoz [y responsable de Migraciones, Emma Saiz, ha negado esa información a la Cámara”, ha lamentado.

Feijóo ha concluido: “Es un disparate que la ministra portavoz se niegue a darle información a la Cámara de cuántos inmigrantes irregulares van a convivir con los ciudadanos migrantes regulares y ciudadanos españoles. Es que no tiene ningún precedente”.

El Gobierno desmiente: “desconocimiento o mala fe”

El desmentido ha llegado por boca de la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien le ha acusado de “desconocimiento o mala fe” por su afirmación. “Carecer de antecedentes es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería”, ha replicado Saiz en declaraciones a los medios en el Congreso.

Saiz ha pedido al PP que “deje de embarrar”. “Boicotea a miles de ciudadanos. Hoy no hay más gente en el metro o usando los servicios públicos, hay más gente con derechos, feliz y sin miedos”, ha zanjado.

El 30 de agosto de 2017, un grupo de activistas del ámbito del nacionalismo –entre los que se encontraba el actual diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego– ocuparon de forma simbólica el Pazo de Meirás para reclamar su devolución al pueblo gallego. La Fundación Francisco Franco, que en aquel momento gestionaba las visitas al recinto, y los herederos del dictador pidieron un total de 250 años de cárcel para los 19 de Meirás, como pasaron a ser conocidos. Al día siguiente de la movilización, la única hija del general, Carmen Franco, dirigió una carta a la Xunta para exigir mejoras en la seguridad ante el riesgo de “asalto” y “terrorismo”. Un documento que muestra cómo percibía la historia de un inmueble cuya propiedad legítima estaba a punto de empezar a disputarse en los tribunales.

La misiva –a la que ha tenido acceso elDiario.es– tenía como destinatario al secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y arrancaba así: “Ante el allanamiento de morada y ocupación del Pazo de Meirás del 30 de Agosto del presente año, quiero manifestar que considero a la Xunta responsable subsidiaria de esta acción y de otras que pudieran acontecer en un futuro”.

“En el acuerdo inicial suscrito entre las partes”, continuaba, “se pactó que PROSEGUR organizase las visitas y se ampliase la cobertura del seguro del Pazo con los posibles daños que pudieran derivarse de las mismas”. Aquel acuerdo, firmado en febrero de 2011 y renovado un año después, supuso que la Xunta pagase un total de 44.200 euros (más IVA) para costear la vigilancia y el servicio de guía durante los cuatro días al mes en los que los Franco estaban obligados a abrir el pazo a las visitas por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). El gobierno bipartito PSdeG-BNG había declarado BIC el recinto en diciembre de 2008, pero la familia recurrió y no fue hasta 2010 cuando el Tribunal Supremo archivó sus demandas.

“He de recordarle que en su momento me opuse a la declaración BIC de la que fue la residencia de verano de mi padre mientras fue Jefe del Estado, dado que el interés cultural de las iniciales torres de Meirás dadas su antigüedad (finales del siglo XIX) y tamaño, era ridícula en comparación con otros pazos en Galicia, no declarados BIC, y muchos de ellos en un completo abandono”. El argumento de la hijísima coincidía casi punto por punto con el utilizado una década antes por Alberto Núñez Feijóo, quien debutaba como líder de la oposición tras suceder a Manuel Fraga al frente del PP gallego.

Feijóo se había puesto del lado de los Franco cuando impidieron la entrada de los técnicos de la Xunta en su residencia de verano, paso previo para su declaración como bien protegido, ya que, para él, Meirás no era un pazo, sino “una torre”. La entonces conselleira, la nacionalista Ánxela Bugallo, no ahorró el sarcasmo al saberlo y propuso contratar a Feijóo como técnico de patrimonio. El mismo Feijóo que, cuatro años después –y ya como presidente– pagaría los gastos derivados de la primera apertura del recinto seis meses después de que fuese considerado BIC.

El misterioso incendio de 1978

Pero volvamos a 2017 y a la carta, porque llega la parte en la que su autora dulcifica el expolio: “Mi madre compró terrenos adyacentes y muchos de los elementos que, tanto en el interior como en el exterior del pazo, conforman dicho conjunto. Y tras amueblarlo y decorarlo, una gran parte se perdió en el incendio que se produjo en el 1978, del que tenemos más que sospechas fue un acto de terrorismo”.

Como cualquier joyero de la época sabía, el concepto de “compra” de La Collares, como se conocía a la esposa de Franco, era realmente laxo. El portal España en Libertad del Ministerio de Memoria Democrática relata lo sucedido de una forma muy diferente. “Mediante técnicas represivas y coactivas se desposeyó a los legítimos propietarios de las fincas colindantes, de los derechos de explotación de estas y se efectuaron apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”. Algunas de esas piezas –como las esculturas de los profetas del Pórtico de la Gloria– han vuelto a su lugar de origen tras una larga lucha judicial. Otras, continúan esperando.

El incendio del 78 merece un capítulo aparte que, todavía hoy, invita a la fabulación. Los Franco insisten en la tesis del atentado, la explicación oficial habló de cortocircuito y los colectivos memorialistas creen que fue una operación diseñada para llevarse objetos de valor del Pazo antes de que la naciente democracia pusiese los pies en su interior, una urgencia que el tiempo demostraría injustificada.

Dos meses después del fuego –que estuvo precedido por el ir y venir de camiones militares–, Carmencita fue interceptada en Barajas, rumbo a Suiza, con dos kilos de oro y diamantes en monedas, broches y joyas en el bolso. Y poco después, un comprador anónimo adquiría en una subasta en Los Ángeles una versión de La marquesa de Santa Cruz, el cuadro de Goya que Franco quiso regalar a Hitler en su famoso encuentro en Hendaya, pero que trajo de vuelta. El comprador resultó ser el dictador filipino Ferdinand Marcos. Su esposa Imelda, asociada para la posteridad con la acumulación de zapatos, era una gran amiga de Carmen. Que La marquesa estuviese en Meirás y que se la llevasen aprovechando la confusión provocada por las llamas sigue siendo algo imposible de comprobar.

Teléfono estropeado

Sucediese lo que sucediese en aquel incendio, la reparación de sus daños sigue siendo uno de los motivos que los Franco esgrimen para reclamar una indemnización por renunciar a su residencia de verano. La duquesa lo reivindicaba así en 2017: “Dado el cariño que profeso al Pazo y a esta tierra, llevé a cabo su rehabilitación completa y nuevo acondicionamiento, labor que nunca se me ha reconocido, muy al contrario, ya que la Xunta ha venido dificultando, con cancelación unilateral del convenio, ampliaciones de visitas, recortes y multas, el disfrute del mismo”.

La cancelación del convenio remite a 2013, cuando el gobierno gallego dejó de pagar la gestión de las visitas. La ampliación, a que la enorme demanda llevase a ampliar en unas cuantas fechas los días de apertura; eso sí, respetando siempre el mes de agosto para no alterar “el disfrute del mismo”.

Con la multa, Carmen Franco se refiere a la sanción impuesta por la Consellería de Cultura tras el enésimo obstáculo de los herederos al acceso de público: el teléfono de reservas había dejado de funcionar desde febrero. En marzo, la hijísima culpó a la compañía por dar la línea de baja y facilitó un nuevo número. Pero el expediente ya estaba en marcha y concluyó con una multa de 4.500 euros sobre un máximo posible de 6.000.

Justo a continuación, la carta confirma algo que se había conocido semanas antes y que, de alguna manera, había detonado la ocupación simbólica y la indignación en buena parte de la sociedad gallega: “No dispongo de una infraestructura que me permita organizar aquello a lo que la declaración de BIC me obliga, por lo que he encomendado dichas tareas a la Fundación que lleva y defiende el legado de mi padre, que sí puede organizar y gestionar dichas visitas eficientemente”.

En febrero, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, había enviado una solicitud de entrevista personal a Núñez Feijóo. “La Fundación Nacional Francisco Franco, de común acuerdo con la Duquesa de Franco, está evaluando la posibilidad de dar al Pazo de Meirás un destino cultural. Por ello le proponemos mantener una reunión con Ud., en la fecha que mejor pudiera convenirle, para presentarle las líneas generales del proyecto, y recabar el posible apoyo de la Junta que Ud. preside para el mismo”.

No hay constancia de que existiese ese encuentro entre el presidente gallego y el hijo del que fue ministro franquista y uno de los fundadores de Alianza Popular, pero sí de que, unos meses despues, la fundación pasase a gestionar las visitas a Meirás. Lo hizo dándole esa pátina que ellos consideraban “cultural” pero que en realidad era una exaltación del “ideario fascista” –como denunció por unanimidad el pleno de la Deputación de A Coruña–, en la que no faltaban alusiones a un supuesto “genocidio de católicos” por parte de la República. Ante ese hecho “tan desafortunado”, Benito Portela, el alcalde de Sada –la localidad en la que se levanta el Pazo– solicitaba que se cediese al ayuntamiento la gestión de las visitas. Un mes después de su propuesta, los 19 de Meirás llevaban a cabo su acción.

“Revanchismo al amparo del dinero público”

“Al amparo de una interpretación obviamente falsa de la Ley de Memoria Histórica han proliferado una multitud de grupos revanchistas de izquierda al amparo del dinero público, ansiosos de titulares y protagonismos, que llevan meses anunciando a todos los vientos acciones ilegales contra mi propiedad del Pazo de Meirás”. Se acabaron los preámbulos y Carmen Franco, por fin, se soltaba el pelo. “Ante estos anuncios de violencia, la Xunta, que es responsable de la declaración de BIC, y por tanto, de las medidas de protección del valor histórico-cultural de dicho bien, no ha tomado medida alguna para prevenir la acción violenta de asalto y allanamiento de morada citada”. Mirando al futuro, se ponía catastrófica: “Esta acción, que obviamente no será la última ante la lenidad demostrada por la Xunta, hubiera podido ser evitada con facilidad si la Xunta hubiera cumplido con sus deberes legales, además de los más elementales criterios de prudencia, para la prevención de los delitos anunciados”.

Los últimos párrafos de la carta cumplen a la perfección el esquema clásico expongo/solicito, así que se cierra con las demandas: “Por la presente exijo que la Xunta tome las medidas pertinentes para que las exigencias unilaterales a las que me obliga en tanto que propietaria de un BIC no tengan las repercusiones de extrema gravedad que acaban de producirse, y que a todas luces se repetirán salvo que la Xunta tome las medidas mínimas de prevención”.

(Breve inciso, de nuevo para resaltar coincidencias: horas después de la protesta de los activistas, Fernández de la Mora volvió a solicitar una reunión personal a Feijóo, en los mismos términos que la anterior, para “transmitirle nuestra preocupación y estudiar las medidas a tomar para evitar futuros asaltos, que pudieran tener consecuencias irreparables”).

“El mínimo absoluto exigible, dados los antecedentes de asalto y terrorismo, es que la Xunta, en tanto que responsable de la declaración de bien de interés cultural del Pazo, que ha sufrido daños en el patrimonio histórico que lo integra, realice las gestiones conducentes a la identificación y depuración de responsabilidades de los asaltantes, y en su caso, se persone ejercitando las acciones penales y civiles derivadas de los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto. Adicionalmente, exijo que la Xunta asegure los potenciales daños que pudieran generarse como consecuencia de las visitas a las que estoy obligada, y provea de forma inmediata un servicio de seguridad adecuado a la amenaza. Atentamente, Carmen Franco Polo. Duquesa de Franco”. Al pie, su firma y, también manuscríto, el número de su DNI.

Post-scriptum

Carmen Franco: la hija del dictador y autora de la carta falleció cuatro meses después de escribirla, el 29 de diciembre. Su muerte dejó sin efecto la multa de 4.500 euros que le impuso la Xunta por incumplir la apertura del Pazo.

Los 19 de Meirás: En diciembre de 2022, la Audiencia de A Coruña archivó la causa contra los activistas. Consideró que ni hubo allanamiento –pues la protesta fue en horario de visitas– ni tampoco delito de odio. Los encausados lo celebraron como “una victoria del pueblo gallego”.

Alberto Núñez Feijóo: En 2020 celebró como “un triunfo” la sentencia del juzgado de A Coruña que ordenaba a los Franco devolver el Pazo. Posteriormente, defendió un plan de usos para el recinto que evitase centrarse en los años de la dictadura, una idea que ha recogido su sucesor, Alfonso Rueda. Tras la sentencia del Supremo, Feijóo ha guardado un silencio absoluto sobre Meirás.

Benito Portela: desde la devolución inicial del Pazo a dominio público, es el Concello de Sada el que gestiona las visitas a Meirás, tal y como había solicitado a la Xunta cuando lo hacía la Fundación Francisco Franco. Portela, militante de Anova, continúa como alcalde al frente de la formación municipalista SadaMaioría.

Pazo de Meirás: El Tribunal Supremo confirmó en marzo que el recinto pertenece al Estado tras rechazar el último recurso de los Franco contra la sentencia inicial de 2020. Basándose en un informe encargado por la Xunta de Feijóo, el fallo recoge que la familia ejerció la posesión de “buena fe”. Los herederos del dictador se apoyan en ese razonamiento para reclamar una indemnización que puede rondar el millón de euros y a la que se oponen tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia. El coste de las obras de reforma tras el incendio de 1978 es, precisamente, uno de sus principales argumentos para exigir compensación económica.

Fundación Francisco Franco: Este martes, 14 de abril, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, firmó la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para extinguirla y trasladó el expediente a la Justicia para que un juez o una jueza tomen la decisión final.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho suyo el triunfo de Péter Magyar en las elecciones legislativas de este domingo en Hungría y que han puesto final a 16 años de gobiernos de Viktor Orban. “Es la derrota de una forma de hacer política y de ejercer el poder”, ha dicho ante diputados y senadores de su partido, a quienes ha prometido seguir el camino del primer ministro húngaro electo. “Vamos a liberar Europa y liberar España del 'Orban del sur”, ha espetado sobre el presidente español, Pedro Sánchez.

Feijóo ha reunido este martes a los grupos del Congreso y del Senado. En una intervención en abierto, el líder del PP se ha felicitado por los resultados en Hungría. “Me gustaría empezar celebrando la gran victoria de nuestro partido en Hungría el pasado domingo. Es sin duda una gran satisfacción”, ha sostenido.

Magyar, sin embargo, lleva apenas dos años como opositor de Orban. De hecho, hasta 2024 fue un destacado miembro del partido del ultra húngaro, Fidesz. Pese a ello, y pese a prometer una relación “pragmática” con Rusia, el PP lo considera sin duda uno de los suyos, como lo fue Orban en el pasado.

El líder de la oposición ha aprovechado también las felicitaciones transversales que se ha producido desde el domingo en toda Europa ante la derrota de uno de los principales dirigentes de la ultraderecha continental, que ha estado detrás, por ejemplo, de la financiación de Vox con varios millones de euros.

“Es satisfactorio ver al PSOE y la izquierda radical que se alegren de una mayoría absoluta del PP”, ha ironizado. “Si han conseguido cero diputados, no se puede pedir más para empezar la semana”, ha bromeado. En Hungría, muchos partidos de izquierdas optaron por no presentarse para aprovechar el sistema electoral mayoritario y permitir la victoria de Magyar.

Feijóo también ha considerado “una satisfacción que haya primeros ministros sensatos, serios” que apuesten por el “europeísmo, el Estado de derecho, la separación de poderes y la democracia liberal”. El líder del PP ha dicho que “la gente no (sic) está cansada simplemente de izquierda o derecha”, y ha espetado: “Lo que verdaderamente está la gente cansada es de la tensión permanente, del deterioro de las instituciones y de la decadencia que se extiende por Europa”.

Los aliados del PP gobiernan en la mayoría de los países europeos y controlan también la Comisión Europea, tal y como ha aseverado él mismo: “Nuestro deber como primer partido europeo y como primer partido en España es trabajar en la recta final de esta legislatura, conscientes de que eso es también lo que pide la mayoría de los españoles”.

El líder del PP no ha querido atender a los medios antes ni después de su intervención, y suma ya varias semanas evitando responder preguntas de los periodistas. Feijóo ha entrado y salido de la sala donde se ha celebrado la reunión por una puerta lateral.

A su llegada ha logrado esquivar a los periodistas. A su marcha, los periodistas le esperaban en la puerta lateral y, aunque le han lanzado varias preguntas. Feijóo apenas ha esbozado un par de respuestas. Cuestionado sobre la intención del PP de recurrir la regularización de personas migrantes, se ha limitado a decir que tendrán que “estudiar” el texto legal aprobado. También se le ha pedido una opinión sobre las palabras del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien ayer afirmó, por partida doble, que “un tercio de España está podrido”.

Defensa de Peinado

En su discurso, Feijóo también ha abordado el juicio a Begoña Gómez. El PP ha rebajado en las últimas semanas la intensidad de su defensa del juez Juan Carlos Peinado, quien ayer envió a juicio a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. La coincidencia del juicio por la trama 'kitchen', una operación parapolicial para destruir las pruebas de la corrupción del PP, han empujado a Feijóo a la cautela, sabedor de que tendrá que testificar relevantes figuras del partido como Mariano Rajoy o su hoy asesor Javier Arenas.

Pero Feijóo sí ha arremetido contra los ataques del Gobierno a Peinado, que se han recrudecido este martes.

Pese a denunciar la “tensión permanente”, Feijóo ha dicho que España vive “en una acumulación de anomalías inmorales, una detrás de otra, sin pausa, sin corrección, sin límite”. “Ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable tener a un presidente con su mujer procesada”, ha dicho. “En ningún país de la Unión Europea, la mujer del primer ministro, cuatro veces imputada y procesada por delitos graves de corrupción sin que el primer ministro dimita, no es admisible”, ha añadido.

Feijóo ha continuado con la habitual retahíla. “Ni en Hungría ni en ningún otro lugar de Europa es aceptable que también su hermano y los dos 'números dos' estén pendientes de juicio”, ha dicho. “Ni en Hungría ni en ningún otro país de Europa es aceptable que las campañas internas de un partido las financie una red de prostíbulos y las gestione un portero de un club nocturno”, ha añadido. “Ni en Hungría ni en ningún otro país de Europa es aceptable que pueda haber expresidentes del Gobierno, comisionistas con familiares o amigos ejerciendo de supuestos testaferros”, ha sostenido. “Ni en Hungría ni en ningún otro país de Europa es aceptable que los trenes se estrellen por falta de control o que la luz se marche porque el gobierno juega a experimentar”, ha zanjado.

“¿Por qué lo que no es aceptable en Hungría ni en ningún otro país de Europa estamos condenados a padecerlo en España?”, se ha preguntado. “¿Por qué tenemos que tragar con señalamientos a la justicia hechos por todo el Gobierno en el día de ayer, capitaneados por el ministro de Justicia en democracia?”, ha añadido sobre las críticas de Félix Bolaños a Peinado.

“El culpable está claro. Se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón y es el máximo responsable del deterioro en el que vive la sociedad española”, ha concluido.

“Absolutamente en contra” de la regularización

Feijóo ha reiterado el rechazo del PP a la regularización de personas migrantes aprobada este martes por el Gobierno “porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible”. Y eso que, tal y como reconoció ayer la dirigente Alma Ezcurra, no conocen los detalles del texto aprobado por el Consejo de Ministros.

El líder del PP ha dicho, a la vez, que la regularización afectará a “un millón de personas” y que “no se sabe ni a cuantas personas. El dato oficial es de 500.000 beneficiarios. Después, ha reiterado el argumentario contra esta medida, apoyada por la Iglesia Católica y a favor de la cual votó el PP en el Congreso antes de que Vox empezara a robarle votos.

Feijóo ha dicho que “es un chollo para las mafias porque pueden hacer su trabajo con éxito, dado que aquí podrá entrar cualquiera”. También que “perjudica a quien cumple, a quien trabaja, a quien cotiza, a quien aporta, al que ha entrado de forma legal”. Que “es insegura”, en una nueva relación entre personas migrantes y delincuencia. Por último, ha asegurado que “es insostenible, porque todo esto se está haciendo sin memoria económica, sin ningún tipo de previsión, de coste”.

En 1988, un Tribunal de Revisión Histórica de San Francisco dictaminó que el origen de las galletas de la fortuna se encontraba en esa ciudad estadounidense. Aunque las asociamos automáticamente con China, lo cierto es que estas galletas, estadounidenses en su popularización y con raíces japonesas, comenzaron a servirse masivamente en restaurantes chinos estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial. De ahí que se haya consolidado la idea errónea de que las frases aparentemente profundas y siempre inofensivas de las galletitas forman parte de la tradición china: Un corazón alegre es el mejor compañero de viaje. Confía en tu buen juicio y verás que este te lleva al triunfo. El mañana empieza hoy. Nada es imposible para un corazón dispuesto. Un suceso fortuito revelará tu destino. Cambia tus horizontes si quieres cambiar tu suerte.

Cuento todo esto porque siempre que escucho recientemente a Alberto Núñez Feijóo recuerdo esta historia. Los discursos de Feijóo en política exterior están siendo estos días un híbrido entre ChatGPT y las frases de las galletas de la suerte: expresiones vacías, deliberadamente ambiguas, de una aquiescencia impactante, sin referencias concretas ni responsables identificables. 

El mismo día en que Donald Trump amenazaba con destruir “una civilización entera” con un lenguaje de una crudeza bien explícita, y mientras Israel continuaba sus bombardeos sobre Líbano con decenas de víctimas diarias, el líder del PP se limitaba a pedir en X “sensatez, no brutalidad”, añadiendo que “Occidente no es esto”. Quien sabe si esta profunda invocación a la sensatez fue fundamental para que Donald Trump deshiciese sus pasos en su proyecto de aniquilación, quien sabe si semejante apelación genérica tendrá algún efecto sobre los acontecimientos venideros. 

Días después, en una nueva muestra de este deshabitado estilo discursivo, Feijóo expresó su “condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo” y apeló a que “la mesura restituya la barbarie”. Pareciese que el mundo hubiese entrado él solo en una deriva belicista por un movimiento espontáneo de las placas tectónicas. La expresión arroja tal nivel de nadería que Feijóo podría estar hablando de las Guerras Médicas, las Púnicas, las Napoleónicas o incluso algún conflicto del Call of Duty. La deriva belicista hay que detenerla como sea. ¡Que paren la guerra tanto los que las hacen como los que la sufren! Por favor, mesura. 

Sin embargo, sí hay que reconocerle a Feijóo un cambio de rumbo estratégico en cuanto a la equiparación de los derechos humanos con el derecho internacional. Si bien al comienzo de la guerra instaba a derrocar al régimen iraní porque los derechos humanos están por encima del derecho internacional, el pasado viernes durante su intervención en el European Pulse Forum afirmó que “no hay derecho internacional sin derechos humanos”. Algo es algo.

Existe una necesidad casi ansiolítica de creer que el caos desatado por Trump responde a un arrebato puntual, pero lo cierto es que es parte de su estrategia política constante, y también lo cierto es que el caos y la flagrante violación del derecho internacional por parte de Israel lleva años instaurado con una aberrante normalización. Y no ha habido aún ni una sola expresión de condena medianamente contundente por parte del partido que aspira a gobernar España contra la barbarie acometida por Netanyahu.

Una vez más, el principal problema del Partido Popular está en esa lógica de oposición interna que condiciona toda su política, incluso su mirada internacional. La ceguera antisanchista no solo limita su capacidad en política exterior, incluso lo está empujando a frivolizar sobre cuestiones graves como la retención de un soldado español por parte del ejército israelí en el sur del Líbano.

Así que a falta de una línea discursiva clara en política exterior o de un portavoz de Exteriores en el partido, siempre le quedarán a Feijóo los vaporosos mensajes de postre. 

En ajedrez se llama zugzwang (del alemán zug, jugada, y zwang, obligación) a una posición del juego en la que uno de los jugadores ha de mover pieza, pero cualquier movimiento solo empeora su situación, acercándole a un inexorable jaque. Esto es lo que le ocurre al PP en el actual tablero de la política internacional, y sus explicaciones de cómo concibe las relaciones de España con Israel y EEUU. Quizá por esa impotencia táctica, los dirigentes del principal partido de la oposición han decidido comportarse como la paloma del dicho y revolotear sobre el tablero para acabar haciendo lo que hizo una representante de esta especie sobre la cabeza de Almeida. Un ejemplo claro es el movimiento que ha perpetrado esta semana Ester Muñoz al hablar del soldado español retenido por el ejército israelí en Líbano: para no criticar a Israel ha acabado confesando sus encontronazos con la Guardia Civil. 

Es difícil de entender que entre España y EEUU e Israel, el PP elija posicionarse del lado de la administraciones de Trump y de Netanyahu. Lo es desde un punto de vista moral pero también estratégico: una gran mayoría de ciudadanos españoles (81%) ven en Donald Trump la mayor amenaza para la paz mundial, ligeramente por encima de Vladímir Putin (79,3%) y ambos seguidos del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (71,2%), según una reciente encuesta de 40dB. Feijóo no sale del sanchismo y esa miopía inoperable ha conseguido que calibre mal su posición con la guerra de Irán desde el principio, contagiado por el entusiasmo tramposo de la intervención en Venezuela y su ansiedad por no perder más votos ante los de Abascal. El paso del tiempo, la constatación de que EEUU no tenía una estrategia clara que culminara su agresión y las amenazas de Trump de borrar una civilización entera han situado definitivamente a Feijóo en territorio enemigo. 

En estos momentos, al líder de la oposición ya no le queda movimiento bueno, así que nos lanza crípticos tuits gallegos en los que no nombra ni critica a nadie, pero nos advierte de que Occidente no esto. ¿Y qué es Occidente para usted?, le podríamos preguntar si quisiéramos meterle en un brete, pero a estas alturas nos da pereza escuchar su respuesta. Trump ha conseguido que los europeos pensemos que es el líder más peligroso, codicioso y narcisista del planeta, pero aún conservamos cierta querencia por el vínculo atlantista que va más allá de los mezquinos intereses de su actual presidente. Feijóo ni siquiera ha sabido jugar esa baza porque ya no distingue a Pedro Sánchez de España ni a España de sus ambiciones de llegar a la Moncloa. 

El cambio en la percepción de Israel es todavía más profundo, porque es el estado que nos dice que no hay soluciones que no sean violentas y que la existencia de algunos países (no gobiernos, no grupos terroristas) y sus ciudadanos es incompatible con la suya, y por extensión, la nuestra. Eso es tanto como decirnos que las soluciones no existen y la paz es imposible. Henryk Erlich, socialista judío líder del Bund, lo explicó en el periódico yiddish Di Tsukunft en octubre de 1938: “A lo largo de los años, el sionismo se ha convertido en un aliado abierto de nuestro enemigo mortal: el antisemitismo. De hecho, el sionismo siempre ha obtenido su alimento espiritual de las persecuciones sufridas por la población judía y, sobre todo, de la reacción política. En el transcurso de su existencia, la regla que el sionismo realmente ha aplicado hasta el final es: cuanto más oscuras son las cosas en el mundo, más brillantes son para el sionismo; cuanto peores son las cosas para los judíos, mejores son para el sionismo”. 

Feijóo no ha sabido medir el distanciamiento de los españoles de Trump y Netanyahu: hay amores y desamores que nos siguen uniendo, a pesar de la supuesta polarización: somos europeístas, pacifistas, defensores de los derechos humanos y del derecho internacional. Estamos en contra del exterminio masivo de otros seres humanos, a pesar de los esfuerzos de Abascal en su búsqueda de chivos expiatorios. La ceguera de Feijóo es aún más grave porque ha asumido en primera persona la gestión de la política internacional, olvidando que su partido ha contado tradicionalmente con excelentes diplomáticos que le podrían ayudar a salir de los charcos en los que se mete. La guerra de Irán ya ha sido y será una catástrofe para el mundo, y para ese Occidente al que alude Feijóo que parece que ya no respeta al ejército, no escucha al Papa y no sabe qué es la patria. 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este viernes su “condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo”. “La contención, la desescalada y la diplomacia es el único camino en el que Occidente se reconoce”, ha sostenido. “Todos debemos empujar para que la mesura sustituya a la barbarie”, ha añadido, porque “la barbarie se vence con sensatez”, ha dicho. “Tener razón no justifica actuar sin ella, por supuesto”, ha zanjado.

Así se ha expresado Feijóo durante una breve intervención en el evento 'European Pulse Forum', organizado por el medio 'Politico' y la consultora BeBartlet en Barcelona. El líder del PP no ha mencionado a EE UU ni a Israel. Tampoco a Donald Trump o Benjamin Netanyahu. Ni siquiera a Irán. Fiel a su estilo, Feijóo se ha limitado a hacer aseveraciones generales que le comprometan poco o nada.

El líder del PP ha participado en el evento con un discurso de unos 15 minutos en el que ha asegurado que “la sensatez” le “lleva a reclamar” que “contención, desescalada y diplomacia” son “el único camino en el que Occidente se reconoce”.

Siempre con frases impersonales y sin concretar, Feijóo ha asegurado que “la razón interpela para defender sin matices” los “valores” europeos, “sin equidistancia”. “Los regímenes que matan a los disidentes, que vulneran derechos, que persiguen, mujeres que oprimen a homosexuales tienen que tener una condena sin ambigüedad”, ha apuntado, sin referirse a ninguno en concreto.

“Con los autócratas, toda Europa debe tener actitud de firmeza”, ha defendido, para atacar al Gobierno, también sin mencionarlo: “Ningún país europeo debería aceptar felicitaciones de terroristas o dictaduras sin abochornarse, revolverse o desmarcarse”.

Casi la única referencia concreta del breve discurso ha llegado al hablar de Venezuela. Feijóo ha rechazado la presidencia de Delcy Rodríguez acordada por EE UU tras el secuestro de Nicolás Maduro. “Nuestro sitio”, ha dicho, está con “Edmundo González y María Corina Machado”, dirigentes de la oposición en el exilio y que, según ha dicho el líder del PP, se reunirán con él en breve en Madrid.

Defensa de la OTAN y de la UE

Feijóo ha aprovechado la intervención para reafirmar el compromiso inquebrantable del PP con la OTAN. De nuevo sin mencionar que ha sido Donald Trump quien ha amenazado con sacar a EE UU de la organización militar, el líder de la oposición ha sostenido que esta es “el mejor instrumento para garantizar la seguridad a ambos lados del Atlántico”.

“Todos debemos preservarla”, ha sostenido, “porque estamos amenazados por guerras de agresión en nuestro entorno, nuevos aranceles y nuevas guerras comerciales”, ha remachado. De nuevo, ha obviado que es Trump quien ha impuesto aranceles y ha amenazado a diversos países, entre ellos España, con esa “guerra comercial”.

Feijóo también ha hecho una defensa cerrada de la Unión Europea. “Europa es el ideal al que seguimos aspirando, pero su construcción política requiere abandonar utopías quizás plausibles para otras épocas, pero no para esta”, ha asegurado, sin especificar a qué se refiere.

“La UE levanta recelos y por eso requiere reformas”, ha planteado. “Porque más que nunca es necesario proteger el europeísmo de sus debilidades y de sus enemigos”, ha añadido. Estos están “fuera y dentro de la UE”, ha asegurado. “Sin ir más lejos, en España hay partidos antieuropeos y antiOTAN. Incluso en el propio Gobierno de España”, ha afirmado.

Feijóo ha criticado a la UE, y ha pedido “abrir los ojos”. “Europa puede ser gigante medio en lo económico pero tiene pies de barro en lo geopolítico”, ha sostenido. “No estamos libres de reproches”, ha asegurado, porque Europa ha llegado “tarde” a sus “deberes en materia de seguridad”. “El ritmo de los acontecimientos exige celeridad en la toma de decisiones y no estructuras paquidérmicas”, ha dicho. “Hemos boicoteado nuestra propia prosperidad regulando hasta la asfixia a sectores económicos concretos”, ha apuntado.

“Me comprometo sin ningún género de dudas a contribuir desde el Gobierno a los nuevos retos preservando la unidad de Europa”, ha espetado. “La UE no es solo una moneda. No es solo un mercado. No es solo un pasaporte. Es un compromiso que se respeta a las duras y a las maduras”, ha zanjado.

Feijóo ha hecho estas declaraciones mientras su jefa de gabinete, Marta Varela, y su secretario general, Miguel Tellado, negocian un acuerdo de gobierno en Extremadura con Vox. El miércoles pasado la reunión fue en Aragón.

Vox es un partido que ha defendido en el pasado la salida de España de la UE. Ya no lo hace, pero sí ha reclamado desmontar precisamente toda la estructura política de la UE y volver a un sistema como el de hace medio siglo, cuando apenas era una unidad de mercado para algunas mercancías y capitales.

De hecho, en las negociaciones Vox ha puesto sobre la mesa la ruptura de los acuerdos del PP en Bruselas con socialistas y liberales, así como con el grupo de Giorgia Meloni, lo que supondría romper con la actual Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen.

Feijóo ha asumido en su discurso algunos de los mantras de los ultras con los que pretende gobernar autonomías y, llegado el momento, el país. Por ejemplo, la teoría que establece que se está produciendo un reemplazo de ciudadanos europeos por extranjeros.

“Europa debe ocuparse de su realidad demográfica porque no hay Europa sin europeos”, ha afirmado. “Muchos colegas europeos me han trasladado su preocupación por la regularización masiva que está impulsando nuestro país”, ha dicho, para encadenar una serie de mentiras.

“España está exportando un problema migratorio al conjunto de la UE”, ha dicho. Pero el comisario europeo de Migraciones ha admitido que la regularización migrantes es “una competencia de los Estados miembros” y que “son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”.

Feijóo ha asegurado, además, que “la decisión de regularizar masivamente y sin condiciones a más de un millón de inmigrantes irregulares se está adoptando contra el criterio común de Europa, pero también contra la voluntad expresada por la mayoría del Congreso y del Senado”.

Pero ni la regularización será de más de un millón de personas ni el Congreso o el Senado la han rechazado. Sí se han aprobado mociones (declaraciones no ejecutivas ni vinculantes) para endurecer los requisitos.

A veces, solo a veces, hay cosas de la política que se entienden mal o directamente no se entienden. Y a veces, solo a veces, hay una responsabilidad de quienes cumplen el papel de intermediarios entre quienes orbitan la vida pública y los ciudadanos, es decir de los periodistas. Los políticos se han convertido en los verdaderos protagonistas de los medios de comunicación. Fulano dice. Mengano hace. Zutano acusa. Sin embargo, rara vez sus palabras aportan algo que pueda acercar a sus políticas. 

El discurso/mensaje de hoy nos conduce más allá de la sociedad líquida de Zygmunt Bauman y nos convierte a diarios, radios y televisiones en partícipes de una dinámica francamente incomprensible. A cada declaración, un titular enunciativo sobre alguien o algo que rara vez desarrolla, argumenta, explica o contextualiza. Una sucesión, en definitiva, de declaraciones donde el protagonismo es de quien habla, y no de lo que hay detrás de sus palabras o sus actos. Es lo que se conoce por periodismo declarativo, una sucesión sin más de sonidos sobre lo que los políticos dicen de ellos mismos o de sus adversarios sin trascendencia alguna para los ciudadanos.

Un ejemplo de lo que hablamos está en las reseñas de lo que unos han llamado pretenciosamente cumbre entre Génova y Sol; otros, una reunión entre Feijóo y Ayuso y alguno, un simple desayuno. Cita en todo caso que hubiera merecido, además, de una convocatoria previa -si es que en realidad tuvo la relevancia que se le atribuye-, un mínimo de contenido -si es que forma parte de alguna estrategia hasta ahora desconocida-.

Lejos de lo uno y lo otro, el presidente del PP y su baronesa madrileña no informaron de su encuentro hasta pasadas 24 horas. Se desconoce el motivo de tan insondable estrategia comunicativa. Si no era una reunión importante, por qué hacerla pública un día después. Y si lo era, por qué se dio cuenta de ella a través de sendas notas de prensa distribuidas desde Génova y la Puerta del Sol.

El texto de la dirección nacional afirmaba que “Ayuso, junto con los consejeros que integran su Ejecutivo, compartieron con Feijóo las prioridades estratégicas” de la región, pero no revela ni quién solicitó la reunión, ni sobre qué asuntos se habló, ni cuáles eran esas preferencias tácticas. Y, en el encuentro, continúa el breve redactado, “trasladaron las principales necesidades que siguen sin ser atendidas por parte de un Gobierno de España empeñado en convertir a los madrileños en rehenes de las prácticas de ajuste de cuentas con las que el PSOE les castiga por su falta de apoyo electoral” en Madrid. 

La nota del gobierno regional informa, por su parte, que lo que pasó en ese desayuno fue que Ayuso le trasladó “al líder de la primera fuerza parlamentaria en el Congreso y Senado en España los principales retos y logros de la Comunidad de Madrid, así como los ataques a los servicios públicos madrileños que se están produciendo desde el Gobierno central en diferentes materias: financiación, fiscalidad, la ausencia de inversión estatal en las infraestructuras de transporte como Cercanías, la falta de médicos en toda España que afecta a todas las CCAA, la inexistencia de políticas migratorias así como las trabas con la energía y la gestión del agua que ponen en dificultades el enorme desarrollo en digitalización de la región, entre otros”. Todo en un párrafo y medio.

Palabras grandilocuentes, tono exagerado y ni un solo dato o argumentación sobre lo que se pretende comunicar en lo que a todas luces muestra una estrategia de propaganda a mayor gloria no se sabe bien si de Ayuso o de Feijóo porque quien desveló la existencia de esta bilateral de altos vuelos y tan escasa materia fue primero el equipo del líder nacional.

Si hay algo que subyace tras este esperpento de los estrategas de los populares es la subordinación del líder del PP a su baronesa al desplazarse él a la sede del gobierno regional, y no Ayuso a la calle Génova, como mandan los cánones de jerarquía que siempre han aplicado los presidentes nacionales de ese partido. Todo lo demás, vacuidad y pirotecnia.

Y mientras, quienes tenemos la obligación de contar lo que hay detrás de cada palabra, gesto o acción de quienes nos representan seguimos dando pábulo a tanto fuego artificial y tanta nadería.