Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ha sido noticia nacional en las últimas semanas tras proponer bajar el sueldo a las personas de baja para combatir “el cáncer” del absentismo. Unas afirmaciones en las mezclaba incapacidades temporales con absentismo laboral, definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el hecho de que un trabajador no se presente a su puesto de trabajo “sin motivo justificado”. Un supuesto en el que no entrarían las bajas por enfermedad como afirmó Feijóo en sus declaraciones. Se trata de un discurso en el que lleva tiempo incidiendo la CEOE de Tenerife, por ejemplo, que incide en ello en sus informes y que ha llegado a promover un “buzón de bajas fraudulentas”. Y es además un discurso al que se ha sumado recientemente la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón anunciando una comisión para combatir el “absentismo” pero incidiendo en que se han incrementado con especial atención a las bajas vinculadas a problemas de salud mental leve.

CCOO y UGT remarcan que se vuelve a mezclar absentismo laboral confundiéndose con bajas médicas e incluso permisos de paternidad y maternidad y por otros motivos. “El absentismo en Canarias no llega al 1%”, remarca, mientras insisten en que de lo que no se habla es de salud laboral.

Para Ignacio Hernández, secretario de Acción Sindical de CCOO, “todas estas palabras que hemos escuchado a Feijóo que no son nuevas, y las calificamos de lamentables, surrealistas incluso, y encima es un insulto a la clase trabajadora, pero es que también a los profesionales médicos, porque de alguna manera está diciendo que están prevaricando, que están en un fraude de ley, cuando da baja sin tener que dar esa baja, ¿no? O sea, un despropósito, un insulto, una falta de respeto, y encima habla del cáncer, sabiendo que hay 14.000 procesos oncológicos en este país, y son de origen laboral, o sea, y que en España cada año mueren 6.000 personas, 6.000 fallecimientos son cánceres originarios de trabajo, por tanto, todo esto es un despropósito”.

Hernández añade que se está hablando además con “datos manipulados” haciendo referencia al bajo porcentaje de absentismo que existe realmente. “Hay régimen sancionador, si tú faltas a trabajar se te sanciona, se te descuenta el día”, recuerda.

Considera además que está empezando a calar un relato entre patronales, extrema derecha y derecha que es perseguir las enfermedades comunes. “O sea, tienes un proceso de cáncer, estás con quimio, lo quieren perseguir, quieren recuperar algo que ya puso Rajoy en 2012 con su reforma magnífica, que era el despido por estar de baja, el despido, aunque esté justificada, eso se derogó, pero quieren volver a retomarlo”, lamenta.

Para Héctor Fajardo, de UGT, Feijóo “parece que demuestra su desconocimiento del derecho laboral, de cómo funciona el tema de las bajas laborales, la baja por IT por incapacidad temporal. Algo que no nos sorprende, no nos sorprende demasiado, pero sí nos preocupa, porque, por otra parte, esto ya viene a decir que en su programa de gobierno lo que pretende es recortar derechos a los trabajadores. Hay que recordar a Feijóo también que las bajas, las personas que estén de baja por enfermedad, por IT, en la normativa básica ya cobran menos del 100% de su base de cotización, ya por estar de baja se cobra menos”.

“Otra cosa es que a través de la negociación colectiva, a través de los pactos entre patronal, sindicato o la representación legal de los trabajadores en una empresa, y la empresa se complementa el 100% de la cotización de baja por IT, pero esto cuenta con el acuerdo entre patronal y sindicato o entre empresa y la representación legal de los trabajadores. Entonces, esto que dice él de que aunque haya pacto al contrario, ello aboga por pagar menos a un trabajador que esté de baja, aparte de ser ilegal lo que está diciendo, muestra un desprecio absoluto hacia el diálogo social y la negociación colectiva. Y también muestra un desprecio absoluto hacia la propia patronal, a pesar de que está planteando defender sus decisiones”, agrega Héctor Fajardo.

Fajardo también incide en la idea de que “confundir absentismo con incapacidades temporales, aparte de que vuelve a demostrar su desconocimiento, pero aparte vuelve a hacerle el juego a la patronal con una campaña que está desarrollando a todos los niveles, no solamente a nivel estatal, sino aquí a nivel regional a patronal en Canarias. Están fomentando un discurso que es falaz, que lo que viene es a criminalizar a los trabajadores, dando por hecho no solamente a los trabajadores, sino también a los profesionales, a los facultativos, acusando los de fraude. Que nos parece muy grave”.

A Fajardo le sorprende que el Colegio de Médicos, por ejemplo, “tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife ”no haya puesto el grito en el cielo, ante las acusaciones de la patronal de estar acusando a los médicos de realizar fraude y de mentir en esas bajas, en esas bajas que las da un facultativo, y precisamente es un facultativo su rigor científico a la hora de establecer si la persona puede trabajar o no, si le está haciendo esas acusaciones“.

Alarma ante la mesa que anuncia la consejera de Sanidad

El vicesecretario General de Organización y Comunicación de UGT añade que otra cuestión que preocupa al sindicato y que no es la primera vez que pasa, es que la administración, el Gobierno regional “le compre también el mismo discurso a la patronal y ahora haya creado una mesa de absentismo vinculada con la ITE, la Consejería de Sanidad, que quiera crear una mesa de absentismo. Oye, si vamos a hablar de bajas, si vamos a hablar de incapacidades temporales, es cierto que hay un porcentaje alto de incapacidades temporales, pero eso tiene que ver con la escasa política de prevención de riesgos laborales, la escasa política de promoción de la salud en los entornos laborales. Esto es responsabilidad única y exclusivamente, bueno, principalmente vamos a decir, de las empresas”, asegura.

“Si hubiera una política fija de prevención de las enfermedades, no solamente de enfermedades de origen laboral, sino de prevención de la salud o de promoción de la salud, seguro que las incapacidades temporales se reducen. También mejorando las condiciones de trabajo, mejorando las sobrecargas laborales que hay, también se reducen las incapacidades temporales”, advierte.

“Entonces, eso es mejor manera de resolver este problema que no mirar a los trabajadores y criminalizarlos. Porque al final lo que están intentando hacer es trabajar enfermos. Y eso, a la larga, aparte de ser una política bastante estúpida, porque lo que va a provocar eso es que bajas se alarguen, se cronifiquen”, agrega.

En este punto, Ignacio Hernández añade que a esa mesa que ha anunciado la consejera de Sanidad no se ha invitado a los sindicatos. “Vamos a hablar, pero vamos a hablar de verdades, de lo que realmente está pasando. Porque están pasando cosas, por ejemplo, ¿por qué no hay inversión en prevención de riesgos laborales? Vamos a buscar el origen de esas bajas médicas, de esos accidentes. El año pasado murieron 30 personas en Canarias, no volvieron a su casa a ver a su familia. Pues no se ha invertido en prevención de riesgos laborales, inviertan en prevención de riesgos laborales, evalúen por qué esas ansiedades, por qué esas hernias, por qué esas intoxicaciones de los bomberos forestales…

Asimismo, apunta que cuatro de cada diez horas extras que se hacen, ni se pagan, ni se cotizan, ni se compensan y pese a ello al Gobierno de Canarias solo le interesa hablar de productividad. “Un informe del BBVA dice que en los últimos 25 años ha aumentado la productividad de las personas trabajadoras un 22%, producimos mejor las personas trabajadoras, mientras que en nuestros últimos 25 años, la productividad de las empresas, que son otros factores que se miden distintos, ha caído hasta un 21%”, apunta. “Entonces, el problema no son los trabajadores, las trabajadoras, el problema es otro”, agrega.

El secretario de Acción Sindical de CCOO pone el ejemplo de la hostelería en Canarias, con jornadas de turnos partidos, salarios más bajos que en el resto de España y muy precarizada. “En Canarias se produce, los trabajadores producen, pero es el sistema productivo canario el que no es eficiente”, sostiene.

La secretaria general de CCOO Canarias, Vanessa Frahija Betancort, también se ha pronunciado recientemente en comisión parlamentaria acusando al Gobierno de Canarias de “comprar el relato a la patronal” sobre el absentismo laboral y de criminalizar a la clase trabajadora mientras se evita abordar problemas como la pobreza, los bajos salarios, la economía sumergida o las horas extra sin remunerar.

Según sus declaraciones, recogidas por EFE, rechazó también que se identifiquen como absentismo las bajas médicas, los permisos de maternidad o paternidad, los accidentes laborales y otros derechos reconocidos legalmente, y ha asegurado que la ausencia injustificada del puesto de trabajo “no llega al 1 %” en Canarias.

Además, afeó al Ejecutivo autonómico asumir el discurso empresarial mientras guarda silencio sobre el fraude derivado de la economía sumergida, las más de 32.000 horas extraordinarias semanales que, según el sindicato, no se pagan ni cotizan, o la derivación de pacientes desde las mutuas al Servicio Canario de la Salud, que contribuye a aumentar las listas de espera.

Alfonso Rueda lleva semanas intentando justificar el voto en contra del Partido Popular en el Congreso al traspaso a Galicia de la autopista AP-9, que va de Ferrol a Tui, en la frontera portuguesa. Este lunes, al término de la reunión semanal de su gabinete, el presidente de la Xunta ha insistido en que no aceptará la competencia sino es a “coste cero” y ha cargado contra el ministro de Hacienda, Arcadi España, por decir que el Gobierno gallego debe usar “su presupuesto, sus recursos y sus políticas” para gestionar la infraestructura. Rueda ha asegurado que incluso si Feijóo llega al Ejecutivo central, él mantendrá su posición al respecto.

PSOE, Sumar y BNG pactaron la ley de transferencia de la AP-9, que salió adelante en el Parlamento español con la oposición de PP y Vox. Se trata de una demanda histórica de la comunidad, cuya Cámara lo había reclamado por unanimidad en varias ocasiones. Alfonso Rueda sostiene, sin embargo, que el texto pactado no respecta esos acuerdos. La izquierda y los nacionalistas defienden que sí. “El ministro deja quedar en mal lugar a los partidos de la oposición, que dicen que viene con lafinanciaciónn asegurada”, dijo Rueda.

Socialistas y BNG remiten en realidad a la Comisión Mixta de Transferencias entre administraciones para acabar de concretar la operación. Es en ese órgano en el que se estudian las condiciones económicas del traspaso. La ley, en todo caso, fija una división de responsabilidades económicas: el Estado asumiría las derivadas de decisiones adoptadas antes de la transferencia y la Xunta, las derivadas de decisiones adoptadas tras la asunción de las competencias.

Fue el Gobierno de José María Aznar el que aprobó una prórroga de la concesión a Audasa de la autopista, que Europa ha declarado ilegal. Las consecuencias de esa ilegalidad todavía no se han hecho públicas. Rueda se comprometió este viernes a seguir demandando el “coste cero” aunque presida el Gobierno central Alberto Núñez Feijóo. “De lo contrario, yo no puedo aceptarla [la competencia]”, concluyó.

El Partido Popular (PP) registró un beneficio neto acumulado de 9,6 millones de euros al cierre del ejercicio 2025, lo que supone un 52,8% menos con respecto al año anterior debido, entre otras razones, a la reducción de la actividad electoral.

El año 2024 fue un ejercicio con importantes subvenciones electorales e ingresos extraordinarios, dado que se celebraron elecciones al Parlamento Europeo, en Galicia, en País Vasco y en Catalunya, mientras que 2025 solo acogió un proceso electoral, los comicios en Extremadura. Así se recoge en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, que ha recogido Europa Press, y que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo presentó el pasado 30 de junio ante el Tribunal de Cuentas junto con el informe de control interno.

La evolución muestra que el año de mayor beneficio fue 2024, mientras que en 2023 el excedente del ejercicio fue solo de 1,7 millones debido al enorme volumen de gastos electorales de ese año, que acogió municipales, autonómicas y generales. La cuenta de resultados del PP de 2025 muestra que el PP cerró el ejercicio con un superávit de 9,65 millones de euros –frente al excedente de 20,4 millones del año anterior–, aumentó su liquidez disponible, redujo su endeudamiento bancario y reforzó su patrimonio neto, que pasó de 81 a 90,7 millones.

En el capítulo de ingresos electorales de origen público, el PP los cifra en 15,6 millones en 2024 (por subvenciones por resultados y subvenciones por envíos electorales), mientras que en 2025 la cifra baja considerablemente hasta los 620.000 euros por la reducción de la actividad electoral.

Además, la tesorería del PP aumentó desde 31 millones en 2024 a 35,3 millones de euros al año siguiente, lo que refleja una mejora de la liquidez y capacidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Por su parte, la deuda bancaria del partido se redujo de 19 millones a 12,9 millones de euros, en buena medida tras amortizar la financiación asociada a las elecciones europeas de 2024.

En el apartado de ingresos de origen público, las subvenciones para gastos de funcionamiento ordinario y aportaciones de grupos institucionales se mantuvieron estables o con ligeros incrementos (pasando de 43,58 millones en 2024 a 45,85 millones en 2025). En cuanto a la financiación privada, las cuentas del PP reflejan 8,99 millones de ingresos de origen privado, principalmente de aportaciones de cargos públicos (4,39 millones) y cuotas de afiliados (3,55 millones). El PP señala que no existieron donaciones superiores a 25.000 euros durante el ejercicio.

299 empleados

En el apartado de gestión ordinaria, el Partido Popular gastó un total de 15,5 millones en gastos de personal, correspondiendo 12,2 millones a sueldos, salarios y asimilados y 3,3 millones a cargas sociales. En cuanto a la plantilla, el PP ha experimentado un ligero ajuste, pasando de 301 empleados en 2024 a 299 en 2025, manteniendo el mismo número de mujeres (153) pero reduciendo en dos el personal masculino (de 148 a 146). El PP señala en su informe que en julio de 2025 celebró su XXI Congreso Nacional, donde se acordó la renovación de sus órganos de gobierno.

En un año con menor actividad electoral, el PP siguió invirtiendo en su estructura territorial, ya que las cuentas revelan la compra de dos nuevas sedes en Andalucía en 2025: una en Almonte (Huelva) por un valor de 190.000 euros y otra en Ubrique (Cádiz) por 97.500 euros.

Además, el partido gastó más de 2,8 millones de euros en renovar equipos informáticos, instalaciones y mobiliario en diversas sedes, según recoge en las cuentas anuales de 2025 que han hecho públicas hace dos semanas.

“Hace falta un cambio de gobierno en España (...) y hay que derogar el sanchismo en su totalidad. Eso supone tocar cerca de 100 leyes”, advirtió a principios de semana el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una entrevista que le hizo la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en The Objective. Alentado por algunas encuestas, el principal partido de la oposición está convencido de que en cuanto Pedro Sánchez convoque las elecciones generales, el PP volverá a la Moncloa. Y la derecha ya trabaja en una contrarreforma legal que tiene previsto poner en marcha en cuanto recupere el poder. El plan pasa por derogar algunas de las principales leyes aprobadas en los últimos ocho años de gobiernos progresistas, incluso las que incorporaron derechos sociales de la ciudadanía.

La estrategia es idéntica a la que materializó Mariano Rajoy nada más llegar al poder, en 2011. En solo un mes, ese Ejecutivo del PP trató de acabar con leyes que habían establecido nuevos derechos para poner fin a lo que en ese momento se llamó el 'zapaterismo', haciendo así alusión a que eran normas aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además de mantener su recurso contra el matrimonio igualitario en el Tribunal Constitucional –que, no obstante, acabó avalando la norma– en esas primeras semanas los ministros de Rajoy plantearon recortes a la ley del aborto –que, sin embargo, terminó forzando la salida de Alberto Ruiz Gallardón del Ejecutivo sin la reforma prometida–, la sustitución de Educación para la Ciudadanía o el replanteamiento de la píldora del día después. Son solo tres ejemplos.

Ahora en el punto de mira de Feijóo están también leyes que han ampliado derechos o han provocado avances sociales, como la ley trans, las políticas de igualdad, la ley de Memoria Democrática, la de amnistía –avalada esta misma semana por la justicia europea–, y se plantea además recortes en prestaciones por desempleo, en materia de derechos de los trabajadores e incluso limitando el acceso a ayudas como el ingreso mínimo vital.

Justo el primer sábado de julio, coincidiendo con la manifestación estatal del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid, precisamente el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que solo unos días antes se había declarado “orgulloso” de ser “maricón y del PP” durante una intervención en el Congreso, anunció que si Feijóo gobierna recortará por Ley los derechos ahora reconocidos a las personas trans. Tras décadas de lucha, el colectivo logró que en la legislatura pasada se aprobara una ley que dejaba de considerar enfermos a los ciudadanos transexuales para poder así ver reconocida su identidad real a nivel oficial a través de la autodeterminación de género.

En una entrevista en El País, De los Santos aseguró que nada más llegar al Gobierno el PP volverá a considerar enfermas a las personas trans. “La autodeterminación en sí misma es una ficción. Si usted quiere pasar por un registro civil a inscribir cualquier otra cuestión, tiene que llevarla documentada”, dijo. Se refería a que con un Gobierno de los populares las personas trans deberán volver a demostrar que padecen “una disforia de género” e hizo afirmaciones sosteniendo que “las mujeres que transicionan a hombres” se hacen “una mastectomía doble” o hablando de la “castración” de “los hombres que transicionan a mujeres”, vinculando siempre la identidad de género a esas operaciones o a “tratamientos hormonales”.

El PP pretende así regresar a 2007 (con la normativa que estaba vigente hace 19 años) para volver a exigir a las personas trans “una documentación sobre si hay o no disforia de género, un informe, efectivamente, psicosocial” como condición para ser reconocida su identidad. Este retroceso en el colectivo LGTBIQ+ no tendría efectos retroactivos, pero sí supondría un duro golpe para las personas que siguen luchando para que sea reconocido su género.

La ley del feto y el derecho al aborto

Días después de que De los Santos hiciera esas declaraciones, Feijóo anunció otro golpe para los derechos reproductivos de las mujeres. “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, anunció. Se trata de una propuesta que ya se ha transformado en ley en la Comunidad de Madrid y también en Galicia, pero que, según algunos juristas, puede afectar al derecho al aborto de las mujeres, ya que si el feto es considerado un ser humano desde su concepción –el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, llegó a decir que incluso antes de que la mujer se duchara después del coito– una interrupción voluntaria del embarazo implicaría, por tanto, acabar con un ser humano. Esta teoría choca con todo tipo de normas internacionales y científicas. El PP ha anunciado que no tiene intención de reformar la Ley del Aborto vigente.

También en cuanto a derechos sociales, Feijóo ha desvelado en los últimos días cuál será su contrarreforma si llega a la Moncloa. A principios de mes y ante el Círculo de Empresarios Vascos, el líder del PP llamó “cáncer” a las bajas médicas y aseguró que hay un fraude masivo, aunque no aportó ni un dato que lo sostenga. Habló de un porcentaje de fraude por encima del 4% o el 5% sin ningún sustento y comparó las bajas de 2018 con las de 2026 en términos brutos (de 450.000 a 1,1 millones) ignorando que España ha pasado de 19 a casi 22,5 millones de ocupados.

En cualquier caso, Feijóo anunció que una de las principales iniciativas que adoptará si llega al poder será reducir sueldos y “prestaciones” a los trabajadores que no acudan a trabajar, bien sea por una baja, un permiso o una ausencia de cualquier otro tipo. De hecho, el PP se enredó a hablar de “absentismo” obviando que las bajas médicas o las ausencias por enfermedad no tienen nada que ver con ese término que se refiere a prolongadas y sistemáticas ausencias del puesto de trabajo sin justificación. El líder del PP trataba de atender así a una histórica reivindicación empresarial que ya existió con Rajoy en 2012 y que recortaba las prestaciones de los trabajadores.

También habrá recortes en derechos sindicales si el PP vuelve a la Moncloa. En su último Congreso, el PP defendió elevar a 250 trabajadores el umbral a partir del cual una empresa está obligada a tener comité de empresa, lo que en la práctica vaciaría de representación sindical a la inmensa mayoría del tejido empresarial español, hecho de pymes. Y, en pensiones, el partido dice defender el sistema público mientras vota sistemáticamente en contra de su revalorización con el IPC.

En cuanto al ingreso mínimo vital, “se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular. A todo esto, se suma la “prioridad nacional” pactada con Vox en cuatro comunidades, que condiciona el acceso a ayudas públicas a un “arraigo” con el territorio, aventurando así que muchas personas que ahora pueden recibir ayudas sociales y que llevan poco tiempo en España, con la derecha en el poder no podrán seguir percibiéndolas.

El recorte en derechos también afectará a las víctimas del franquismo. La semana pasada, en un acto en homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, Tellado trató de vincular las leyes de memoria con EH Bildu y vaticinó: “La ley de memoria democrática será derogada en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo”. Esta supresión afectaría de lleno a los españoles represaliados por la dictadura, ya que la norma, en vigor desde 2022, creó un censo de víctimas y estableció el derecho a su reparación moral y económica. Sin la ley, el PP dejaría a esas víctimas sin ayudas.

Las víctimas del franquismo y la 'ley de nietos'

Pero uno de los focos en los que más ha centrado el PP su justificación para suprimir esa norma es lo que se ha denominado 'ley de nietos'. Aunque esta lleva en vigor desde hace cuatro años y cuando se aprobó en el Congreso y en el Senado las distintas direcciones de los populares no mostraron un ápice de crítica a este aspecto, ahora Génova 13 quiere cercenar otro derecho: el que recoge la ley para dar la nacionalidad a los descendientes de los represaliados por el franquismo que tuvieron que marcharse al exilio. Sin ninguna prueba, a principios de este mes el PP empezó a hablar de un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales a través de esta 'ley de nietos' y Feijóo llegó a acusar al Ejecutivo de “fabricar votantes”.

En su disposición adicional octava la ley de memoria permitió que, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, se pueda solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.

Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. Y precisamente ha sido esta instrucción en la que el PP ha centrado sus críticas, ya que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no.

La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto.

Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada 'ley de nietos' hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses.

La amnistía, una derogación “simbólica”

Otra de las leyes con la que pretende terminar Feijóo si alguna vez llega a la Moncloa es la de amnistía, que precisamente ha sido avalada este jueves por el Tribunal de Justicia de la UE, algo que el líder del PP –partido que llevó la norma a Bruselas– dijo que no ocurriría. En este caso los populares reconocen que esa derogación “no tendría efectos” prácticos, tal y como explicó Tellado en su conversación con Esperanza Aguirre. Sería algo “simbólico”, según dijo.

Nada que ver, por tanto, con los recortes de derechos que sí implicarían los puntos de la contrarreforma antes mencionados y que Génova 13 está segura de poder llevar a cabo para “acabar con el sanchismo” al dar por hecho que el líder socialista no repetirá mandato y que los españoles situarán a Feijóo en la Moncloa en 2027.

Durante un acto político en Santiago de Compostela para presentar a los candidatos de las capitales de provincia, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que existan formaciones con peso en el Gobierno que deseen la derrota de la selección nacional en la final del Mundial frente a Argentina. Feijóo ha lamentado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez no se parezca a la selección española y ha dicho que a España “le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre”,

“Quiero deciros que el domingo vamos a ver el partido. Yo lo voy a ver con Almeida para que veáis que cumplo mis obligaciones empadronado en Madrid. Quiero decir que no somos del mismo equipo de fútbol; pero el domingo todo el PP de España será de un único equipo de fútbol que es la selección española. No todos los partidos pueden decir lo mismo. Somos el partido de España”, ha dicho Feijóo entre aplausos.

El líder del PP ha reprochado la postura de ciertos alcaldes de partidos nacionalistas e independentistas por su falta de apoyo a la selección. Haciendo referencia directa al BNG, ERC y EH Bildu, el dirigente popular ha contrapuesto su visión de país: “Están deseando que pierda España. Vamos a ganarles, en fútbol y en todo”.

Feijóo a sus compañeros: “No me vais a superar”

También ha echado flores a sus compañeros –“el primer partido de España tiene el mejor banquillo de España”–, pero ha lanzado un aviso sobre su futuro: “Hay mujeres y hombres que te pueden sustituir con igual de eficacia, con más brillantez y con mismos resultados. Digo 'mismos' porque no me vais a superar.

Asimismo, el presidente del PP ha valorado el esfuerzo de los futbolistas, destacando que “jugar con un equipo es jugar sin egos, sin ponerlo todo al servicio de una persona”. De este modo, ensalzó al vestuario como un modelo de superación, compañerismo y orgullo frente a las dinámicas partidistas actuales.

El líder popular trasladó su total respaldo al grupo y a Luis de la Fuente, asegurando que los valores de humildad y trabajo del técnico son una “lección para la política”. Bajo esta premisa, insistió en que “a España le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre y cuando el país vuelva a jugar en equipo”.

Cando publiquei Os médicos tamén enferman en abril do 2025, os meus dous mellores amigos, doutores no campo das urxencias hospitalarias, atopábanse de baixa. Reparei niso o día da presentación do libro en Compostela cando os vin entre o público. Nunca antes estiveran nunha situación semellante despois de 25 anos de exercicio profesional na sanidade galega. A sobrecarga permanente que obriga en cada xornada a facer o traballo de varias persoas, as quendas extraordinarias de cada día, o desgaste, o pánico a cometer un erro que poña en perigo algunha vida humana e a sensación de abandono foron algunhas das respostas dadas diante da preocupación dos achegados. Meses despois, o meu entorno presaxiaba para min unha situación análoga polas mesmas razóns que a dos meus amigos, pero iso é outra historia.

Hai seis anos reincorporeime de novo á trincheira da Atención Primaria. Dende ese intre ate hoxe asistín dende a primeira liña asistencial a un deterioro progresivo deste servizo público, provocado polas decisións e omisións dunha Administración gobernada polo PP que non atende a razóns inocentes. Eles son os facilitadores de xerar espazos de negocio e pórlle prezo á saúde da xente. Para constatalo, tan só hai que seguir o rastro do diñeiro no aumento exponencial da contratación de seguros de saúde pola cidadanía na última década, ou nos millonarios convenios asinados polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) coa sanidade privada para a prestación de servizos concertados. As consecuencias de todo isto socavan de maneira irreversíbel un modelo corrector das desigualdades sociais, xerando unha situación onde a saúde das doentes (“os recortes matan”) e a das sanitarias están en perigo, mentres os autores intelectuais desta desfeita consolidan pola vía dos feitos consumados a medio prazo un modelo sanitario de beneficencia.

Na década anterior o sistema fixo un axuste nas retribucións da xente do común baixo o lema “a mesmo traballo menor salario” , mentres na década actual o axuste vén da man da carga laboral cun lema que di “a mesmo salario dobre traballo”. Esta dobre volta de porca que afecta a traballadoras de servizos públicos esenciais pódese trasladar á maioría das profesións. Se a iso lle engadimos un encarecemento no custo da vida (vivenda, cesta da compra) e unha sociabilidade limitada polo eco dunha pandemia, podemos concluír que transitamos unha treboada perfecta que afecta á nosa saúde individual mais tamén á colectiva.

Nos últimos meses o goberno Rueda sinalou como prioridade diminuír o continxente das baixas laborais, insinuando unha mala praxe das profesionais dunha saturada atención primaria, e unha posible fraude dunha gran parte dos homes e mulleres que están nesta situación. Dende entón reforzouse o servizo de inspección, falouse de pórlle incentivos ás médicas por recortarlle o tempo de baixa aos seus pacientes e proliferaron as notificacións coercitivas tanto a doentes como a sanitarias. A luva foi recollida hai uns días polo expresidente da Xunta e líder do PP a nivel de Estado nun encontro sectorial con empresarios, onde incidiu na necesidade de reverter esta situación. A posición fixada por ámbolos non é inocente e obríganos de novo a buscar o rastro do diñeiro, nesta ocasión na marxe de beneficios da patronal, e no reforzamento do control das mutuas laborais nas incapacidades temporais.

Rueda e Feijóo viven abonados á frase “que a realidade non estrague un bo titular”, sobre todo porque hai grandes grupos de comunicación públicos e privados dispostos a guionizarlles as mentiras. Se quixeran minorar ou resolver o problema que lles preocupa poderían comezar por exercer as competencias, mais iso evidenciaría gran parte das súas incompetencias ou no peor dos casos, das súas axendas ocultas. O presidente galego, que é quen ten responsabilidades de goberno, faría ben en impulsar políticas públicas que diminúan as insufríbeis listas de agarda nas especialidades hospitalarias, reforzar dunha vez a atención primaria ou actuar nos preocupantes datos da sinistralidade laboral en Galiza, en que o rol das mutuas é cando menos cuestionable. Iso rebaixaría os tempos de recuperación e reparto de cargas, pero tamén suporía recoñecer moitas das eivas e problemas derivados da súa xestión

Cada día pasan moitas pacientes pola miña consulta, algunhas delas en situación de baixa, que agardan unha media de oito meses en ser atendidas na unidade de alxias músculo-esqueléticas, ou outro tanto en acadar unha cita cunha psicóloga nunha unidade de saúde mental. Moitas delas buscan diante da demora unha solución na medicina privada onde gastan ás veces o que non teñen ou non se poden permitir gastar. Mentres iso acontece, o seu presidente chámalles defraudadoras a elas e ás súas médicas de familia que están ao límite. Por iso penso que antes de dar razóns con artigos coma este a quen non opera con elas, ou enumerar evidencias a quen non as ten en conta dende as súas responsabilidades de goberno, rematariamos antes asumindo democraticamente que o raposo non debe coidar das galiñas porque acabará coméndoas, senón o fixo xa.

El pasado jueves se resolvió uno de los asuntos políticos más controvertidos de la legislatura: la legalidad de la ley de amnistía aprobada en 2024. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) anunció su aval a la norma, cuya aplicación no ha sido completada. Y el PP, que tras conocer la decisión se limitó a expresar su “respeto”, si bien aseguró que no borra la “responsabilidad política” del independentismo, llevaba semanas rebajando su discurso sobre el procés sospechando que la decisión del TJUE iba a ser favorable a la polémica normativa. Una década después de la crisis abierta en Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a su partido “pasar página” de uno de los momentos más delicados para la integridad territorial de España.

El Tribunal Supremo se ha negado hasta ahora a aplicar plenamente la ley de amnistía. El caso más relevante es el que afecta a quien dirigía la Generalitat en octubre de 2017. Fue Puigdemont quien verbalizó la brevísima declaración unilateral de independencia, para suspenderla en el mismo acto y, tres días después, escapar hacia Bélgica. Desde entonces, reside en Waterloo a la espera del perdón que no llega y que permitió a Pedro Sánchez obtener los siete votos de Junts para su investidura.

La respuesta europea deja ya casi en imposible cualquier nueva petición del Tribunal Supremo para extraditar a Puigdemont, aunque deberá ser el alto tribunal el que ahora decida qué hacer con el expresident tras conocer la decisión del TJUE. También determina el futuro de los CDR acusados de terrorismo, que ya pueden ser amnistiados según la sentencia del tribunal comunitario, por lo que ha caído el último obstáculo a su aplicación plena.

Desde su aprobación en 2023, el PP ha visto en la ley de amnistía uno de sus principales ejes de crítica al Gobierno. En septiembre de ese mismo año, antes incluso de su fallido intento de investidura, Feijóo sacó a la calle a miles de personas contra la medida de gracia y acusó a Pedro Sánchez de “vender” España. Insistió en noviembre. Y en enero de 2024.

Feijóo puso sus esperanzas en las instituciones comunitarias. “Tengo fe en los tribunales y en los foros jurisdiccionales españoles y europeos”, aseguró a finales de 2023. También Isabel Díaz Ayuso lanzó una “llamada de auxilio a todas las instituciones, sobre todo las europeas” en uno de esos actos multitudinarios.

Las acusaciones vertidas contra Sánchez fueron de grueso calibre. Se le señaló de “traidor”, de hacer una “transacción” a cambio de permanecer en el poder, de protagonizar “un pacto entre un prófugo de la justicia y un preso de la ambición”. Tanto desde los partidos como desde instancias judiciales se ha señalado al Gobierno por una norma cuyo objetivo era rebajar la tensión en Catalunya y desjudicializar la vida política en esa comunidad.

Feijóo y las dos barajas

Pero mientras la derecha se lanzaba con todo contra Sánchez, el PP de Feijóo mantuvo línea directa con Junts. Desde el principio de la legislatura, aunque los españoles no se enteraron hasta febrero de 2024, cuando un alto cargo del partido reconoció ante un grupo de periodistas que habían negociado con los de Puigdemont la investidura de su jefe de filas.

El PP estudió la amnistía, aunque la descartó casi sobre la marcha. No ocurrió lo mismo con los indultos: los de Feijóo los pusieron sobre la mesa de negociación para conquistar los votos de los siete diputados de Junts. Una oferta que no convenció al expresidente catalán, ya que implicaba entregarse a la justicia española, cumplir pena de prisión y, dentro de unos años, recibir el perdón.

Feijóo planteó así para Puigdemont una hoja de ruta similar a la que el Gobierno ideó para los líderes del procés que no huyeron y que provocó multitudinarias manifestaciones en toda España. Entre otras, la famosa foto de Colón. Cuando Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull o Dolors Bassa, entre otros, recibieron el perdón oficial, las críticas de las derechas contra el Ejecutivo fueron muy duras. “Humillan al poder judicial, humillan al poder ejecutivo”, dijo en su día Alberto Núñez Feijóo. Apenas dos años después, se los ofreció a Puigdemont.

Pero hubo más detalles en aquella revelación. Por ejemplo, que eran conscientes de la extrema dificultad de condenar a Puigdemont por terrorismo, lo que sí hubiera vetado definitivamente cualquier opción de amnistía.

Mientras en público alentaban esas acusaciones, en privado asumían que no iban a ningún lado. Un doble juego que el PP de Feijóo ha mantenido durante toda la legislatura: críticas a los pactos del Gobierno con Junts y, a la vez, negociaciones con los independentistas para sacar en el Congreso iniciativas propias o tumbar las del Ejecutivo.

Quizá uno de los ejemplos más palmarios de este doble lenguaje sea Miguel Tellado. Como portavoz parlamentario lanzó duras diatribas contra su homóloga de Junts, Míriam Nogueras, pero hace apenas un año confirmó formalmente ante las cámaras que mantenían relaciones con Junts.

En realidad, Feijóo ha intentado atraer al independentismo catalán de derechas durante toda la legislatura. También al PNV, aunque con los primeros ha funcionado más que con los segundos. Esta misma primavera, el líder del PP les arengó en público para apoyarle en una moción de censura contra Sánchez, sin mucho éxito.

“Pasar página”

Los guiños del PP a Junts han sido muchos. Uno de los que fueran principales dirigentes de Feijóo, Esteban González Pons, dijo en 2023 que “es un grupo parlamentario que más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”.

Pero quizá nunca se habían expresado como lo hizo Feijóo el pasado 27 de junio: “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, dijo durante la clausura del PP catalán que reeligió a Alejandro Fernández como líder. Pese a Feijóo. Porque la dirección nacional no lo quería al frente de la organización autonómica, aunque no ha tenido más remedio que tragar.

Fernández tiene un discurso opuesto al de su jefe de filas. El líder del PP catalán, respaldado afectuosamente por Cayetana Álvarez de Toledo y toda el ala dura del partido, sostiene no solo que no hay que “pasar página” del procés, sino que este sigue en marcha. Este mismo mes de junio aseguró que el actual procés es más peligroso porque lo lideran los socialistas, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la cabeza.

“Ahora lo que queremos es mirar al futuro, queremos más porque Cataluña merece más”, dijo Feijóo. Sus palabras las ratificó esta misma semana su portavoz nacional, Borja Sémper, en una entrevista en Rac 1. “Estamos preocupados por la España de 2026 y no por la de 2018”, dijo. Dos afirmaciones que colocan al PP donde está la mayoría del arco parlamentario. Con un lustro de retraso, eso sí.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este viernes que Canarias debe ser “la mejor imagen” de España y se comprometió a dotar al archipiélago de una mayor financiación acorde con su condición de Región Ultraperiférica (RUP), aunque no concretó qué medidas impulsaría ni el alcance de esa financiación. Además, defendió una política migratoria “firme, ordenada y europea” y reclamó que el Gobierno central asuma la gestión de la inmigración irregular cuando no sea capaz de controlar los flujos.

Durante un acto de presentación de Carmen Pérez como candidata del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Feijóo afirmó que Canarias no puede “estar condenada al abandono del sanchismo” ni convertirse en noticia por “personajes oscuros”, sino por su “talento y prosperidad”.

El líder popular sostuvo que el archipiélago necesita una financiación adaptada a sus singularidades y señaló que las prioridades pasan por impulsar la construcción de vivienda, mejorar los servicios públicos, favorecer el empleo y generar nuevas oportunidades económicas.

Feijóo al Gobierno que asuma la crisis migratoria

Buena parte de su intervención estuvo centrada en la crisis migratoria en Canarias. Feijóo defendió una política migratoria “firme, ordenada y europea” y aseguró que, si el Ejecutivo central no logra frenar la llegada de inmigrantes en situación irregular, debe asumir la responsabilidad de gestionar la situación.

“No voy a dejar sola a Canarias ante una crisis”, afirmó.

En este sentido, señaló que durante los gobiernos de Pedro Sánchez han llegado a Canarias alrededor de 173.000 migrantes, frente a los 2.800 que, según indicó, arribaron al archipiélago durante la etapa de Mariano Rajoy. Feijóo utilizó estas cifras para defender un cambio en la política migratoria del Estado.

Respaldo al PP de Canarias y a Carmen Pérez

El presidente del PP también expresó su respaldo al trabajo del Partido Popular de Canarias, al que definió como un equipo con “talento, trabajo y determinación” por su labor en el Gobierno autonómico.

Sobre la candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, aseguró que Carmen Pérez es una “gran candidata” y destacó que está “enamorada de Santa Cruz”, además de afirmar que “no tiene techo” en su trayectoria política.

Asimismo, reconoció el trabajo de Carlos Tarife, primer teniente de alcalde de la capital tinerfeña y anterior candidato del PP, de quien dijo que sigue siendo “un activo” para el partido. Para ilustrar su papel dentro del equipo, recurrió a un símil con el futbolista Pedri, al señalar que un jugador puede estar en el banquillo y seguir siendo fundamental para que el equipo alcance el éxito.

Carlos García Adanero repetirá como candidato del PP a la Alcaldía de Pamplona en 2027 tras haber sido designado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Adanero, que llegó al PP tras haber sido expulsado de UPN junto con su compañero Sergio Sayas (que también dio el salto al PP) por mentir e ir en contra de la decisión tomada por la dirección de su antiguo partido al votar en contra de la reforma laboral, ya fue candidato en 2023, recién llegado al PP. Además de concejal en Pamplona, Adanero es también diputado en el Congreso.

Tras conocer su designación, García Adanero, ha agradecido la “confianza depositada” en él por el presidente del Partido Popular. “Es un reto muy importante, que afronto con una enorme ilusión y con el compromiso de seguir trabajando desde el primer día por todos los pamploneses”, ha indicado en una nota García Adanero, actualmente concejal en el Ayuntamiento de la capital navarra y diputado en el Congreso.

El candidato del PP ha defendido que Pamplona “necesita un cambio que permita afrontar los principales problemas de la ciudad y recuperar el liderazgo de su Ayuntamiento”. “La vivienda será una prioridad absoluta, al igual que mejorar la seguridad de nuestros barrios. Son dos de las principales preocupaciones de los pamploneses y el próximo Ayuntamiento tiene que estar centrado en resolver sus problemas reales”, ha afirmado.

García Adanero ha asegurado, además, que “el principal objetivo político será poner fin al gobierno de EH Bildu en la capital navarra”. “El objetivo número uno es echar a Bildu de la Alcaldía de Pamplona para que la ciudad vuelva a tener la dignidad que nunca debió perder tras el acuerdo entre Pedro Sánchez y Bildu. Queremos devolver la libertad y la dignidad a Pamplona y construir una ciudad pensada para los vecinos”, ha destacado.

Adanero ha mostrado su “convencimiento de que existe una mayoría de pamploneses que desea un cambio en el Ayuntamiento y ha apelado a sumar esfuerzos para hacerlo posible”. “Voy a trabajar para ganarme la confianza de todos aquellos que quieren una Pamplona mejor, una ciudad más segura, con más oportunidades, donde sea más fácil acceder a una vivienda y donde el Ayuntamiento vuelva a estar al servicio de los vecinos”, ha señalado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para que vuelva a ser la candidata del PP a la Alcaldía de la capital aragonesa en las elecciones municipales de mayo de 2027, tal y como la propia regidora ha anunciado de una llamativa forma.

“Hoy tengo algo que contaros. Alberto Nuñez Feijóo me ha elegido, de nuevo, para ser candidata a la Alcaldía de Zaragoza para seguir transformando nuestra ciudad”, ha expresado Chueca en su cuenta de la red social de Instagram.

“Hace ya tres años que me disteis vuestra confianza. Tres años maravillosos en los que no he dejado de trabajar para que Zaragoza mejore”, ha dicho Chueca en un video grabado en el Puente de Piedra y en el que se dirige a los zaragozanos.

“Ahora, con más ilusión que nunca quiero seguir trabajando para vosotros para seguir transformado Zaragoza y que brille como merece, porque lo mejor está por llegar”, ha concluido en su vídeo en el que además de la basílica del Pilar de fondo se ve a la alcaldesa en distintas actividades realizadas a lo largo del año.

También la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha asumido este lunes el “reto” de la candidatura a la Alcaldía de Huesca por el PP en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, fecha a la que llegará “la misma ilusión” y “las mismas ganas” que el primer día,

En la misma línea que Natalia Chueca, Orduna ha anunciado en redes sociales que el presidente nacional de los Populares, Alberto Núñez Feijoó, la ha designado candidata a la Alcaldía de Huesca “para seguir transformando la ciudad”. Un anuncio que se hará oficial este sábado en Santiago de Compostela.

Para la actual alcaldesa, la transformación de Huesca en estos años es “innegable” y en sus redes ha dicho que “el cambio que hemos vivido en Huesca hará también, sin duda, un futuro para España”. Por eso, ha continuado, “os esperamos este sábado en Santiago de Compostela con Alberto Núñez Feijoó”.

Procedente del ámbito empresarial, Lorena Orduna se presentó por primera vez a las elecciones de mayo de 2023 como candidata a la Alcaldía de Huesca por el PP y se quedó a un concejal de la mayoría absoluta, al lograr 12 de los 25 concejales que conforman la corporación municipal.

El aval de la justicia europea a la ley de amnistía para los líderes del procés despeja el camino a una estrategia de acercamiento al partido de Puigdemont que Feijoó lleva cultivando cada vez con menos disimulo. A pesar de que el PP ha hablado de terrorismo, de delincuencia, de humillación y traición a España, el presidente del partido lleva tiempo apostando por “pasar página”, y ya no tendrá que negociar amnistías ni indultos para negociar votaciones, mociones y quizá gobiernos con un Junts regularizado para la política estatal.

Hablamos con Neus Tomàs, directora adjunta de elDiario.es, sobre los efectos políticos del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, y cómo debemos interpretar los movimientos de los últimos meses en el PP y en Junts a partir de ahora en un contexto político donde el auge de la ultraderecha condiciona las alianzas entre ambos.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este jueves en Las Palmas de Gran Canaria que un demócrata “respeta las sentencias, todas las sentencias y de todos los tribunales” y, además, “no ordena a sus ministros salir a señalar a jueces con nombres y apellidos”.

Núñez Feijóo ha hecho estas declaraciones al término de una jornada marcada por dos resoluciones judiciales: la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de amnistía y el auto de la Audiencia de Madrid que confirma que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, puede ser juzgada ante jurado por dos delitos: tráfico de influencias y malversación.

“Los demócratas no interpretamos las sentencias judiciales en función de si nos gustan o no”, ni tampoco “seleccionamos las sentencias para acatar las que comparte y despreciar las que no les vienen bien”, ha remarcado el líder popular, durante el acto de presentación del nuevo candidato de su partido a alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Poli Suárez.

En esa línea, el presidente del PP ha mencionado expresamente la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía para expresar su respeto, “el mismo” que tiene por “todas las sentencias previas” sobre este litigio “y las que vendrán después”, ha enfatizado.

Pero, además, ha opinado que esta resolución de la Corte de Luxemburgo “no convierte en verdad las mentiras de Sánchez”.

“Dijo a todos los españoles que nunca haría nada así (una ley de amnistía para los promotores del procés independentista de hace una década en Cataluña). Con y sin sentencia, mintió y vendió la igualdad de todos los españoles por su interés personal. Lo que era una mentira antes, lo sigue siendo ahora. La legislatura se ha construido sobre una gran mentira”, ha agregado.

Caso Leire

El presidente del PP ha recordado, además, que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tiene que declarar este jueves como imputada ante el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Leire.

Núñez Feijóo se ha preguntado “en qué cabeza cabe que siga en su sitio” y que un departamento del cuerpo, la Unidad Central Operativa (UCO), “tenga que investigar los delitos de sus superiores”, algo que, en su opinión, resulta “completamente indefendible”.

El líder de los populares también se ha referido a la información publicada por ABC relativa a un presunto boicot instigado desde la Dirección de la Guardia Civil contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto central del 2 de Mayo de 2025.

“Simplemente, porque no les gusta quién gobierna en la Comunidad de Madrid. Esto es intolerable. Si esto es así, y la grabación acredita que es así, desde luego es gravísimo”, ha dicho.

“Hay más honor en cualquier cuartel de la Guardia Civil en cualquier localidad de España que en la Dirección General de la Guardia Civil y en el Ministerio del Interior”, ha abundado.

Núñez Feijóo se ha comprometido a decirle a la gente “que lo que estamos viviendo no es normal” y a trabajar para reconstruir “la limpieza” de las instituciones y la confianza ciudadana en ellas.

“Tenemos que reconstruir la convivencia entre españoles. Debemos derribar muros y construir puentes”, ha añadido.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de pedir a la Oficina del Censo un informe completo sobre la llamada ley de nietos viene a respaldar las objeciones expresadas por su partido, el PP, que considera que “se aplica sin control”.

“Teníamos razón al señalar que la aplicación de la ley de nietos se está haciendo sin control y fuera del ámbito de la ley, teníamos razón al solicitar más garantías porque no se puede alterar el censo sin motivación suficiente, sin verificación suficiente y sin vigilancia suficiente”, ha asegurado el líder de la oposición.

Núñez Feijóo ha hecho estas manifestaciones durante el acto organizado por el PP de Canarias para presentar oficialmente a su nuevo candidato a alcalde Las Palmas de Gran Canaria, Poli Díaz, en la actualidad consejero de Educación de la comunidad autónoma.

Cabe destacar que, y según publicó elDiario.es, tanto el PP como el partido de ultraderecha Vox no hicieron ninguna crítica durante el año y los tres meses que duraron los debates parlamentarios de la ley de memoria democrática que abrían la puerta a conceder la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados por el franquismo, en concreto, en su disposición adicional octava.

Este jueves, la JEC ha publicado sus respuestas a los escritos presentados por diferentes partidos sobre las implicaciones del apartado de la Ley de Memoria Democrática que permite a los hijos y nietos de los republicanos exiliados durante el franquismo solicitar la nacionalidad española y sobre cómo impacta en el censo electoral.

En concreto, el órgano que vela por la limpieza de los procesos electorales en España se interesa sobre la “corrección jurídica” del procedimiento de actualización del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) que viven en el extranjero y de la determinación del municipio de inscripción electoral, tras remitirle la Oficina del Censo un informe que no considera suficiente.

El presidente del PP se ha referido a esta resolución de la JEC para defender que tenían “razón al poner en cuestión la decencia” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este asunto.

A su juicio, lo irresponsable no es dudar sobre “las intenciones de Sánchez con la 'ley de nietos'”, sino “no hacerlo tras todo lo que hemos visto que es capaz de hacer”.

“Vamos a seguir exigiendo rigor, transparencia y cumplimiento de la ley”, ha añadido.

“Ni quiero ni puedo” fue la frase estrella con la que Mariano Rajoy afrontó el procés. El entonces presidente del Gobierno y líder del PP ni quería ni podía negociar un referéndum, algo que puede resultar comprensible, pero tampoco estaba dispuesto a negociar, ni siquiera a dialogar, sobre ninguna otra cuestión que pudiera concitar el acuerdo de una amplia mayoría de la sociedad catalana. Cuando todo saltó por los aires, el Gobierno también renunció a buscar una solución al enorme choque constitucional que se produjo, de modo que todo quedó en manos de unos tribunales que intervinieron en un conflicto político a golpe de Código Penal.

Ese es el contexto en el que, tras los indultos y con un PSOE que necesitaba a Junts para investir a Pedro Sánchez, surgió la ley de amnistía, aprobada casi siete años después del 1 de octubre. Para entonces se contaban por centenares las personas condenadas o encausadas por causas relacionadas con el procés y la situación política seguía pendiente de normalizarse, con Carles Puigdemont sin poder volver a Catalunya y Oriol Junqueras inhabilitado para presentarse a las elecciones.

La frustración y el inmovilismo político fueron quedando atrás y, gracias a la negociación y al diálogo, comenzaron a darse pasos. Se pretendía poner fin a una situación que no beneficiaba a nadie y que no se correspondía con el deseo mayoritario de mirar hacia adelante. Nadie que conozca la política catalana podrá decir que la ley de amnistía no haya servido precisamente para eso.

Una vez el Congreso convirtió la amnistía en ley, expresando así la voluntad clara del poder legislativo, los del “ni quiero ni puedo” pasaron a centrarse en la segunda parte. Se quería, pero ¿se podía? Algunos se empeñaron en decir que no. No solo desde la esfera política, sino sobre todo desde la judicial. El rechazo de la amnistía a Puigdemont y Junqueras con el argumento de que se enriquecieron por no pagar el referéndum de su bolsillo constituye una pirueta jurídica que ahora está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional.

La Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, entre otros, plantearon cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la adecuación de amnistiar delitos de terrorismo o sobre si las condenas por malversación podían haber afectado a fondos europeos. En definitiva, preguntaron por la compatibilidad de la ley de amnistía con el marco jurídico de la Unión Europea.

Todo eso ha quedado despejado este jueves con la sentencia del máximo tribunal de la UE que, por cierto, evita cualquier expresión ajena al lenguaje jurídico, un ejemplo que también deberían seguir algunos de nuestros tribunales, tan dados a incorporar florituras innecesarias en sus escritos. La sentencia de Luxemburgo avala la práctica totalidad de la norma del olvido penal, con la única excepción de la obligación de levantar las medidas cautelares, un aspecto cuya redacción ya resultaba muy dudosa.

Con este importante espaldarazo europeo, el Constitucional lo tiene mucho más fácil para terminar de validar la amnistía, algo que ya ha ido haciendo parcialmente, aunque sin entrar en el fondo del asunto. La decisión definitiva llegará en una sentencia muy esperada. El propio tribunal ha preferido no dictarla antes de conocer el parecer del TJUE, pero ahora, despejada la cuestión europea, todo apunta a que acabará pronunciándose en otoño.

Si certifica la constitucionalidad de la norma, el Supremo tendrá muy difícil, por no decir imposible, negarse a aplicar la amnistía a Puigdemont, Junqueras y al resto de afectados. Y se confirmará que el “no se puede” queda reducido a un “no se quiere”, algo que, en una democracia que presume tanto de serlo, un tribunal no debería poder permitirse.

El primer interesado, además de Sánchez y de los directamente beneficiados por la amnistía, en que este embrollo se resuelva definitivamente es Alberto Núñez Feijóo, por más que los populares gesticulen o que José María Aznar hable de una “agresión sediciosa al derecho”.

“Todavía diez años más tarde, Cataluña intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico”, señaló este jueves el PP en un comunicado. La pregunta que tendría que hacerse el partido es qué ha hecho para contribuir a esa recuperación. Porque la incógnita no es qué hizo Rajoy con Catalunya, eso ya lo sabemos, sino qué hará Feijóo si llega a la Moncloa. Y, por ahora, el PP sigue sin responder a esa pregunta.

España vive bajo un “poder autocrático” y Pedro Sánchez es “un presidente autoritario” que “blanqueó e hizo negocios con dictaduras”. La reflexión la verbalizó este miércoles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, delante de los representantes de 60 partidos conservadores de 42 países de Europa y América Latina. El líder de los populares aprovechó el altavoz que le brindó una cumbre internacional para tratar de ensuciar la imagen de España y utilizó como argumento la labor de un Gobierno, el de PSOE y Sumar, que sufre para poder legislar en el Parlamento por no contar con una mayoría clara y que un día antes había perdido una de las votaciones más importantes del año, la del techo de gasto y la senda de déficit.

Aunque su propio partido contribuyó a tumbar ese primer paso para la tramitación de los Presupuestos, lo que intenta trasladar Feijóo a sus colegas de todo el mundo es que España es una suerte de dictadura que debería censurarse a nivel internacional.

Prácticamente al mismo tiempo que Feijóo lanzaba esas proclamas en el foro Libertas, Sánchez presidía este miércoles un acto de indudable valor histórico como es la demolición de la verja de Gibraltar y hacía gala de sus buenas relaciones con el ministro principal del Peñón, las autoridades europeas y el Reino Unido. Todo ello un día después de ser uno de los principales invitados del presidente francés, Emmanuel Macron, al desfile del 14 de julio y de encabezar la delegación española en la reunión de los países que ejercen de aliados de Ucrania para ayudarle a hacer frente a la invasión lanzada por Rusia.

Feijóo, en cambio, utilizó estas palabras para referirse a Sánchez, aunque inicialmente no dijo que se refería a él: “Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas. Si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario. Lo bueno de todo esto es que ya los conocemos y nuestro compromiso, nuestro deber, es quitarles las caretas. Y por eso estamos aquí. Y para transmitirle a la gente que la democracia nunca puede estar subordinada al proyecto personal de nadie”.

España, “agredida desde las más altas instancias”

Fue a renglón seguido cuando ya dejó claro sobre quién hablaba: “Quiero aclararles que no les hablo desde la tranquilidad de quien ya no sufre estos males. Al revés, lo recibo en una España que también sufre la amenaza de una democracia debilitada, agredida desde las más altas instancias que deberían defenderla por encima de todo. Pero tampoco aquí estamos paralizados porque no estamos dispuestos a hacer nuestro un modelo que trae pobreza y frustración, por más que algunos se empeñen”.

Sin anunciar ninguna medida concreta para hacer frente a esa suerte de dictadura que Feijóo cree que es España, el líder del partido más votado en las últimas elecciones añadió: “Al populismo le venceremos. Tengan por seguro que España, más pronto que tarde, dejará atrás los tiempos en los que un gobierno elegido democráticamente en este país blanqueó e hizo negocios con dictaduras”. “España, más pronto que tarde, se incorporará al despertar democrático que permita reconstruir nuestras instituciones, nuestras libertades individuales y nuestras alianzas históricas. El cambio en España está más cerca”, concluyó. Tampoco anunció esta vez la única prerrogativa con la que cuenta para poner fin a ese Ejecutivo del que habló: la presentación de una moción de censura contra Sánchez para expulsarle de la Moncloa.

En ese mismo foro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advertía sobre lo que “está pasando en un país miembro de la Unión Europea”, en España, donde a su juicio “gobierna un movimiento de destrucción del Estado de derecho”. Ella compara la situación con la de Venezuela o Cuba: “Tampoco se lo querían creer en su día venezolanos o cubanos”. “Solo hace falta que un autócrata sin escrúpulos se cuele en una democracia, que se suelen plantear desde la buena fe y la confianza en el otro. Una vez que ya ha entrado, adiós”, añadía, poniendo en duda la legitimidad de futuros procesos electorales, informa África Gelardo.

Los discursos de Feijóo y Ayuso se suman a los intentos del PP de los últimos días por minar las relaciones internacionales de España, especialmente con Francia. La semana pasada, el PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para paralizar la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023. Los populares aprobaron un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Carta Magna. En concreto, el artículo 2.4 del Tratado prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que en el PP consideran que es contrario a la Constitución y por ello ya promovieron hace un año otro recurso ante el Constitucional en este sentido.

Los ministros de Exteriores de los dos países llegaron en abril a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será “para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado” y no propiamente en el mismo. Pero esta fórmula no le valió al PP, que ahora sostiene que la “cláusula interpretativa” que se ha añadido “ni modifica la redacción del artículo 2.4, ni forma parte 'stricto sensu' del texto del Tratado”, por lo que, una vez aprobado, los dos gobiernos podrían adoptar una cláusula interpretativa en “distintos términos”. La decisión del PP causó perplejidad en las autoridades francesas.

El viernes irrumpió en la polémica el expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy, que introdujo una reflexión racista en su habitual columna en El Debate sobre el partido del Mundial en el que España ganó a Bélgica. El exmandatario afirmó que la selección francesa de fútbol tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. Se refería al hecho de que la mayoría de la plantilla del equipo francés no es blanco. En realidad, apenas tres futbolistas de la plantilla de 26 jugadores de Francia no nacieron en el país europeo. El resto nacieron en Francia y son todos franceses. Gran parte de los ministros del gobierno francés salieron entonces a hacer frente a las palabras de Rajoy.

Rajoy y las distracciones

Sánchez tuvo que pedir disculpas al primer ministro galo durante su asistencia al desfile del 14 de julio. “Estoy muy avergonzado por las palabras de nuestro expresidente” le dijo a Sébastien Lecornu delante de Brigitte Macron, esposa del presidente francés. El acto tuvo lugar apenas unas horas antes de la semifinal del Mundial de fútbol que enfrentó precisamente a España y a Francia y que los españoles ganaron con holgura. En su columna tras el encuentro Rajoy no solo no pidió perdón, sino que defendió su comentario racista explicando que él es así.

“Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso”, escribió en el medio de la Asociación Católica de Propagandistas, El Debate. “De manera especial, gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial. La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones. Son estas las que importan a los españoles, las que están en la mente de todos, las que preocupan a la gente y debían ocupar a esas autoridades. Nada de esto son minucias. Sin embargo, les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo”, añadió.

Mientras desde el PP tratan de enfangar las relaciones entre España y la comunidad internacional, desde el Gobierno hacen esfuerzos diplomáticos para que esa postura no afecte a la visión que del país se tiene en el extranjero. Además del gesto de Sánchez durante el desfile militar en París, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tuvo que ponerse en contacto con su homólogo francés para dejarle claro que la de Rajoy no es la posición de la mayoría de los españoles. La dirección del PP justificó al que fue su máximo líder y atribuyó su comentario racista al “sarcasmo” del expresidente.

Desde el Gobierno tratan de poner en valor el papel internacional de Sánchez y todo su Gabinete. Como ejemplo, citan el protagonismo de España en alcanzar el acuerdo entre la UE y Reino Unido que permitió este mismo miércoles la demolición de la verja de Gibraltar, donde el presidente español sentenció: “Hoy cae el último muro de Europa continental”.

Ocho meses después de lo previsto, la Xunta de Galicia presentó su nueva propuesta para la normalización del gallego. El documento recoge 700 medidas “en todos los ámbitos sociales” elaboradas por 130 expertos, pero no entra en uno de los aspectos más discutidos de la política lingüística de los sucesivos gobiernos del Partido Popular: su presencia limitada por ley en la enseñanza. El conselleiro de Cultura, José López Campos, remitió la posibilidad de rectificar el llamado decreto del plurilingüismo, impuesto en 2010 por Feijóo, a una negociación política y “con consenso”. Preguntado por si el Gobierno gallego levantará el veto al idioma en asignaturas de ciencias, dijo: “El plan recoge ese escenario”.

López Campos cargó, no obstante, contra el BNG e insinuó que la exigencia de retirada de la norma que, por primera vez en democracia, redujo el gallego en las aulas era “una reclamación unilateral” del nacionalismo. En realidad, dicha legislación ha sido cuestionada por instituciones culturales oficiales, asociaciones de base, escritores y cineastas, sindicatos, toda la izquierda política e incluso por el Consejo de Europa. “El plan no entra en el tema del decreto pero sí pide ajustes que permitan actualizarlo”, resumió. El BNG cargó contra el Gobierno gallego casi en tiempo real: “Van a mantener el infame decreto contra el gallego que convirtió nuestra lengua en una lengua de segunda y nos llevó a la actual situación de desastre en la que cada vez se habla menos gallego”.

El conselleiro atendió a las preguntas de los medios de comunicación en un aparte, tras presentar las líneas generales de un documento para el que no ahorró ditirambos. “Es una respuesta ambiciosa y estratégica que sintetiza las aportaciones de la inmensa mayoría de la sociedad gallega”, afirmó ante cientos de invitados en el museo de la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. Pese a la autoproclamada importancia de la cita, entre los asistentes no se encontraba el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ni el responsable de Educación, Román Rodríguez.

El argumento principal del Gobierno gallego para actualizar el Plan Xeral de Normalización Lingüistica de 2004 consiste en una evidencia: Galicia ha cambiado y no es la misma que en 2004. También mencionó los alarmantes datos de la encuesta del Instituto Galego de Estatística que revelaron la drástica caída de gallego hablantes, sobre todo en la franja de edad más joven. “Esas cifras nos pedían un paso al frente. También lo pidió en 2025 la Real Academia Galega. Entendimos perfectamente el mensaje”, aseguró.

“Un nuevo tiempo en el que el gallego sea la lengua que nos une”, decía, en esa línea, el vídeo que abrió el acto del Gaiás. Lo que obviaba, también lo obvió el conselleiro, era que los acuerdos amplios de los que presumía en las imágenes los dinamitó por su cuenta y riesgo el Partido Popular. “La lengua gallega”, dice ahora López Campos, “es una responsabilidad social, una gran responsabilidad colectiva”. Y definió el Pacto da lingua galega como “un nuevo documento sobre un pacto social” del idioma y pidió “altura de miras” a las fuerzas políticas para sumarse al mismo tras un “proceso de escucha y diálogo” del Parlamento autonómico.

“Estamos a tiempo de compromisos compartidos”

Los trabajos, coordinados por el catedrático y académico Manuel González, implicaron a 130 expertos organizados en 11 comisiones sectoriales, 400 contactos y recopilaron 1.300 aportaciones. “Aún estamos a tiempo de alcanzar compromisos compartidos”, dijo, “desde el diálogo, las razones, el realismo y el rigor”. González había desgranado antes lo que designó como seis objetivos del nuevo documento: la capacitación lingüística de la población, la garantía legal de poder vivir en gallego, el incremento de la implantación social de la lengua y su mayor estima social, el reconocimiento exterior de la misma y la dotación de recursos lingüísticos y técnicos para “vehicular las necesidades de la sociedad actual”.

El académico, que ya hace más 20 años presidió la redacción técnica del plan de normalización, no esquivó las controversias. Aseguró comprender la postura del BNG, “aunque no la comparta”, pero insistió en acordar “una hoja de ruta avalada por el consenso y un compromiso político sin grietas”. Celebró las medidas a favor del reconocimiento del pluralismo lingüístico del Estado impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez -su uso en el Congreso y en el Senado, la petición de oficialidad en la Unión Europea- a las que se opuso el Partido Popular en Madrid y en Santiago de Compostela. Y llamó “al avance social del gallego en todos los estratos y todos los sectores”. “Ojalá la fecha de hoy marque un punto de inflexión en el camino de la plena normalización de nuestro idioma”, había comenzado su discurso.

9Louro y dos conselleiras

A la presentación del Plan da lingua galega asistieron, en el edificio del museo de la Cidade da Cultura, cientos de invitados. Había miembros de la Real Academia Galega y del Consello da Cultura, dos conselleiras -la de Política Social y la de Vivienda- pero ni rastro del de Educación, a cuyo departamento corresponde la aplicación del discutido decreto del plurilingüismo, mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, candidatos del Partido Popular pero ningún representante del nacionalismo político, tampoco socialista, presidentes de fundaciones culturales emblemáticas -la Rosalía de Castro, la Castelao-, incluso presentadores de televisión. No estaba Alfonso Rueda pero sí el presidente del Parlamento, Miguel Santalices. El acto lo condujeron Esther Estévez e Xosé Antón Touriñán y lo salpicaron intervenciones -la productora audiovisual Zaza Ceballos, neofalantes de distinto origen- y actuaciones -9Louro, Simón Rodríguez Landaeta- que a duras penas se sobrepusieron a la insufrible acústica del edificio diseñado por Eisenman.

Datos catastróficos recogidos por el IGE

El Gobierno de Alfonso Rueda reaccionaba con la promesa de un Pacto polo Galego a los catastróficos datos recopilados por su órgano estadístico. Quince años de gabinetes del Partido Popular habían multiplicado por dos el número de niños que no saben hablar gallego: el 32,44% de entre 5 y 14 años. Expertos y oposición enseguida lo vincularon a las consecuencias del decreto del plurilingüismo, que redujo por primera vez la presencia del gallego en la enseñanza pública y lo prohibió en algunas asignaturas de ciencias. La norma, aprobada en solitario por el PP de Feijóo en 2010, había provocado un rechazo masivo de izquierda, nacionalismo, académicos o estudiosos de los procesos de normalización lingüística. Hasta el Consejo de Europa acabó pronunciándose en contra.

El decreto culminaba así la ruptura unilateral de los consensos sobre el gallego a la que había procedido Alberto Núñez Feijóo con Rueda como número 2. La derecha gallega asumía el discurso extremista de asociaciones contrarias al idioma propio de la comunidad e incluso participaba en sus manifestaciones. Según estas, y así lo repite todavía en algunos debates el actual presidente de la Xunta, el bipartito de Pérez Touriño estaba “imponiendo” el gallego y poco menos que persiguiendo a los castellano hablantes. Esa retórica gruesa le sirvió a Feijóo para arrastar a su partido a la ruptura del Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado por unanimidad -PP, Partido Socialista y BNG- en el Parlamento gallego en 2005, cuando todavía gobernaba Fraga Iribarne.

A la necesidad de revisar y actualizar ese plan, conformado por más de 400 medidas concretas dirigidas “a favorecer el uso del gallego en todos los ámbitos de la sociedad”, se refirió el conselleiro José López Campos a los pocos meses de que el IGE difundiera su encuesta. Antes, eso sí, su departamento había llegado incluso a cuestionar la metodología del organismo oficial y encargado una encuesta a una empresa demoscópica privada para revertir la imagen de la situación lingüística gallega. Ahora, con la presentación del Plan da lingua galega con ocho meses de retraso sobre la primera de las fechas anunciadas, la Xunta asegura que busca un lugar para el gallego “en la Galicia de 2026”.

Alberto Núñez Feijóo advierte sobre los riesgos del autoritarismo frente a líderes de la derecha internacional, como el presidente del PP europeo, Manfred Weber, o la recién elegida presidenta de Perú, Keiko Fujimori, hija del ya fallecido dictador. Sin embargo, el líder del Partido Popular español no habla desde “la tranquilidad de quien ya no sufre estos males”, sino desde “una España amenazada” con una “democracia debilitada, agredida desde las más altas instancias”. Aunque ha evitado hacer referencia directa al Gobierno o a Pedro Sánchez, ha asegurado que si un líder “recela de los jueces”, entonces es un “presidente autoritario”.

Para Feijóo es sencillo reconocer a un líder que no respeta la democracia. “Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen”, “si cuestiona la independencia de las instituciones” o “si teme a las urnas si no le aseguran el poder” no hay que buscar más, para el líder de la derecha española. “Eso es un presidente autoritario”, ha apostillado durante la inaguración del Foro Libertas que arranca este miércoles en la capital española. Una crítica velada tras la sentencia al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, inhabilitado por prevaricación.

El encuentro ha contado con la asistencia del presidente del PP europeo, Manfred Weber, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, el viceprimer ministro de Italia, Antonio Tajani, y la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, entre otros líderes.

Feijóo ha comenzado su intervención alertando de un “orden internacional en profunda transformación” y sobre los “populismos”, especialmente en Europa y Latinoamérica. Precisamente ha querido centrar su discurso en los lanzos y alianzas entre ambos territorios, poniendo como ejemplo a aquellos países de la región que ahora cuentan con gobiernos de derechas, como Argentina, Ecuador o Perú. Para el líder del PP español, “más pronto que tarde” se dejará “atrás los tiempos en los que un Gobierno elegido democráticamente blanqueó e hizo negocios con dictaduras” ya que España, a su juicio, “se incorporará al despertar democrático”.

Sobre esta unión entre Europa y Latinoamérica, Feijóo se ha dirigido a Weber para pedirle que tiene que ser “el primer presidente” del partido europeo que “tenga claro que la prioridad ha de ser” esa región, a quien espera que se mire “de una forma especial como durante décadas” ha ocurrido con Estados Unidos, “con quienes no romperemos nuestra amistad”, ha añadido.

Ayuso dice que España es gobernada por “un movimiento de destrucción del Estado de derecho”

Por la tarde era el turno de Isabel Díaz Ayuso, que ha seguido la línea del líder de su partido nacional pero, como es costumbre, aumentando el tono y apelando directamente al presidente y al Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que “hoy nos gobierna un movimiento de destrucción del Estado de derecho”. Una situación que compara con la de Venezuela o Cuba: “Tampoco se lo querían creer en su día venezolanos o cubanos”.

Una vez más, Ayuso ha alimentado la idea de una llegada “sin control” y de manera “irregular y masiva” de migrantes. “Hoy también en Gibraltar”, ha dicho la líder madrileña durante su intervención, haciendo alusión a la histórica demolición de la verja. “Solo hace falta que un autócrata sin escrúpulos se cuele en una democracia, que se suelen plantear desde la buena fe y la confianza en el otro. Una vez que ya ha entrado, adiós”, ha añadido.

El PP de la Comunitat Valenciana, el segon més potent d'Espanya, seguirà dirigit per una gestora després que aquest dimarts 14 de juliol s'hagen complit els sis mesos que marquen els estatuts per a la convocatòria del congrés que pose fi a la interinitat. La “comissió transitòria” s'empara en l'excepció prevista en la normativa interna, que permet prorrogar la seua continuïtat per “circumstàncies excepcionals”.

Els estatuts del Partit Popular preveuen en el seu article 37.1.e) que la “transitorietat” de la gestora no podrà excedir de sis mesos, encara que preveuen una excepció: “Llevat que concórreguen circumstàncies excepcionals que motiven la pròrroga de l'esmentat termini”. I aquestes són les circumstàncies que concorren en aquest moment, segons expliquen a elDiario.es fonts del PP de la Comunitat Valenciana. “La gestora es renova fins que es convoque el congrés”, remarquen les mateixes fonts, que consideren “normal” la situació.

No obstant això, aquest mateix article afig una precisió: “Transcorregut l'esmentat període de temps (els sis primers mesos) es convocarà el Congrés en els dos mesos següents”. A aquest apartat de l'articulat s'aferra l'equip de l'expresident Francisco Camps, l'únic que s'ha postulat públicament per a presidir el partit i que porta mesos reclamant la convocatòria del congrés per a posar fi a la interinitat.

Fonts properes a Camps sostenen que el PP valencià es troba ara dins d'aquests dos mesos en què Gènova encara pot convocar el congrés, encara que consideren que, per a prorrogar la gestora, “s'havia d'haver convocat una Junta Directiva Nacional que permetera seguir de manera interina”. “Podrien haver al·legat per a la pròrroga la possibilitat que Sánchez convocara eleccions, però no s'ha fet res en aquest sentit”, afirmen. Segons les mateixes fonts, “la gestora no estaria formalment prorrogada, per la qual cosa el conclave es podria convocar fins al 14 de setembre”. A partir d'ací caldria sumar els 45 dies naturals que estableixen els estatuts per a la seua celebració.

Les gestores es creen en moments de greus crisis internes dels partits i, encara que el seu objectiu és aportar estabilitat, evidencien una situació d'interinitat mentre un congrés no ratifique el lideratge. El president de la Diputació de València i del PP provincial, Vicent Mompó, s'ha mostrat partidari de celebrar el congrés “abans de les eleccions” autonòmiques.

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que també defensava la celebració d'un congrés per a aspirar a ser candidat amb el suport del partit, ha matisat recentment aquesta posició. “Als congressos regionals no s'elegeixen candidats, s'elegeixen presidents del partit. I és clar que els congressos s'han de celebrar, però tampoc sabem quan seran les eleccions generals”, va argumentar Pérez Llorca en una conferència davant del secretari general del PP, Miguel Tellado.

Altres fonts del PP consideren que Gènova evita convocar un congrés després de l'estiu perquè qui resulte elegit president del partit reclamarà automàticament ser el candidat a la Generalitat. I què ocorreria si després no guanyara les eleccions? En aquest cas, el PP podria veure's abocat a una nova crisi interna, amb un president derrotat a les urnes que volguera “perpetuar-se” al capdavant del partit des de l'oposició.

Mentre continua la incògnita sobre si hi haurà congrés, encara més gran és la incertesa sobre qui serà el candidat a la presidència de la Generalitat, una designació que correspon a Alberto Núñez Feijóo. De moment, el líder nacional del PP no ha donat cap pista sobre qui encapçalarà la candidatura, cosa que alimenta les especulacions dins del partit. El millor situat segueix sent el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, encara que a Gènova tampoc descarten el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, la gestió del qual al capdavant de la institució provincial està ben valorada. La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, també figura entre els noms que es consideren gràcies a la seua bona relació amb la direcció nacional.

El PP de la Comunitat Valenciana, el segundo más potente de España, seguirá dirigido por una gestora después de que este martes 14 de julio se hayan cumplido los seis meses que marcan los estatutos para la convocatoria del congreso que ponga fin a la interinidad. La “comisión transitoria” se ampara en la excepción prevista en la normativa interna, que permite prorrogar su continuidad por “circunstancias excepcionales”.

Los estatutos del Partido Popular contemplan en su artículo 37.1.e) que la “transitoriedad” de la gestora no podrá exceder de seis meses, aunque prevén una excepción: “Salvo que concurran circunstancias excepcionales que motiven la prórroga de dicho plazo”. Y esas son las circunstancias que concurren en este momento, según explican a elDiario.es fuentes del PP de la Comunitat Valenciana. “La gestora se renueva hasta que se convoque el congreso”, remarcan las mismas fuentes, que consideran “normal” la situación.

Sin embargo, ese mismo artículo añade una precisión: “Transcurrido dicho periodo de tiempo (los seis primeros meses) se convocará el Congreso en los dos meses siguientes”. A ese apartado del articulado se aferra el equipo del expresidente Francisco Camps, el único que se ha postulado públicamente para presidir el partido y que lleva meses reclamando la convocatoria del congreso para poner fin a la interinidad.

Fuentes próximas a Camps sostienen que el PP valenciano se encuentra ahora dentro de esos dos meses en los que Génova todavía puede convocar el congreso, aunque consideran que, para prorrogar la gestora, “se tenía que haber convocado una Junta Directiva Nacional que permitiera seguir de manera interina”. “Podrían haber alegado para la prórroga la posibilidad de que Sánchez convocara elecciones, pero no se ha hecho nada en ese sentido”, afirman. Según las mismas fuentes, “la gestora no estaría formalmente prorrogada, por lo que el cónclave se podría convocar hasta el 14 de septiembre”. A partir de ahí habría que sumar los 45 días naturales que establecen los estatutos para su celebración.

Las gestoras se crean en momentos de graves crisis internas de los partidos y, aunque su objetivo es aportar estabilidad, evidencian una situación de interinidad mientras un congreso no ratifique el liderazgo. El presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Vicent Mompó, se ha mostrado partidario de celebrar el congreso “antes de las elecciones” autonómicas.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que también defendía la celebración de un congreso para aspirar a ser candidato con el respaldo del partido, ha matizado recientemente esa posición. “En los congresos regionales no se eligen candidatos, se eligen presidentes del partido. Y claro que los congresos se tienen que celebrar, pero tampoco sabemos cuándo serán las elecciones generales”, argumentó Pérez Llorca en una conferencia ante el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Otras fuentes del PP consideran que Génova evita convocar un congreso después del verano porque quien resulte elegido presidente del partido reclamará automáticamente ser el candidato a la Generalitat. ¿Y qué ocurriría si después no ganara las elecciones? En ese caso, el PP podría verse abocado a una nueva crisis interna, con un presidente derrotado en las urnas que quisiera “perpetuarse” al frente del partido desde la oposición.

Mientras continúa la incógnita sobre si habrá congreso, aún mayor es la incertidumbre sobre quién será el candidato a la presidencia de la Generalitat, una designación que corresponde a Alberto Núñez Feijóo. De momento, el líder nacional del PP no ha dado ninguna pista sobre quién encabezará la candidatura, lo que alimenta las especulaciones dentro del partido. El mejor situado sigue siendo el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aunque en Génova tampoco descartan al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, cuya gestión al frente de la institución provincial está bien valorada. La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, también figura entre los nombres que se barajan gracias a su buena relación con la dirección nacional.