El PP de Navarra exigirá a UPN la presencia de sus siglas en una hipotética coalición electoral en Navarra. Así lo ha confirmado la parlamentaria Irene Royo, si bien ha avanzado que desconoce si se está en conversaciones con el partido regionalista para reeditar la alianza electoral después de que en 2023 ambas formaciones decidiesen acudir a las urnas por separado. Desde UPN, por su parte, han señalado que todavía no están en “ese análisis”.

A falta de ocho meses para las elecciones forales y municipales, UPN y PP todavía no han decidido si reeditarán la coalición electoral con la que concurrieron a los comicios de 2019, en aquella ocasión también con Ciudadanos. Por el momento, el PP ya avanza que, a diferencia de aquella vez, quiere que sus siglas estén presentes en el nombre de la coalición y descartan, por tanto, una fórmula como la de Navarra Suma, marca elegida para aquellos comicios.

Según la parlamentaria del PP en la comunidad foral Irene Royo, las siglas del PP aportan “valor” a una hipotética suma de los partidos de derecha y ha asegurado que su formación no renunciará a su presencia. Del otro lado, UPN insisten en que todavía no están estudiando la posibilidad de una alianza electoral.

UPN y PP se han presentado juntos a las elecciones en multitud de ocasiones, la última en 2019 bajo la marca Navarra Suma. Con esa alianza, a la que también se unió Ciudadanos, pretendían devolver a la derecha al Palacio de Navarra tras la presidencia de Uxue Barkos (Geroa Bai). Pero no lograron la ansiada mayoría absoluta y resultó investida la socialista María Chivite. Durante esa legislatura se consumó la ruptura total entre las dos formaciones tras el episodio de la votación de la reforma laboral. Los diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero se saltaron la disciplina de voto y votaron en contra de la reforma laboral que UPN se había comprometido a apoyar. Los dos diputados fueron expulsados del partido y dieron el salto al PP, lo que desde UPN se sintió como una traición de quienes eran sus socios.

Así, en 2023 dieron por amortizada la alianza y se presentaron en solitario a los comicios. Ahora, en busca de una nueva mayoría, explorarán una posible nueva alianza.

“En los días previos, la situación era alarmante. Desde luego, no podíamos presumir que se iba a producir esa entrada masiva de 80.000 personas. Pero sabíamos, por los medios de comunicación locales, que en una semana habían entrado 1.500 personas, y que en una semana la acogida de menores había pasado de 180 a 800, un ambiente que indicaba que algo pasaba”. Así ha explicado este lunes en Madrid el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cómo vivió las horas previas a la entrada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma el pasado mes de julio.

Vivas ha participado en un acto informativo en el hotel Four Seasons de la capital, rodeado por la plana mayor del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza y presentando al dirigente ceutí, y por un nutrido grupo de presidentes autonómicos del partido. De todos, el moderador solo ha elegido a Isabel Díaz Ayuso para que tomara la palabra.

En su presentación, el líder de la derecha ha sostenido que “el Gobierno actual está a la deriva” y que “no garantiza la seguridad del Estado”, y ha reiterado su petición de que sean deportados en bloque todos los inmigrantes que permanecen en Ceuta, pese a las limitaciones que impone la ley.

“Defender Ceuta no consiste en incendiarla, sino en protegerla para que esta crisis no acabe por destruirla”, ha sostenido Feijóo, que ha dado la palabra a un Vivas que ha dibujado una ciudad postapocalíptica a punto de la implosión social.

El presidente de Ceuta ha desvelado durante su intervención la conversación que mantuvo con el jefe del Estado en el Palacio de Marivent el pasado mes de agosto. Según el presidente ceutí, Felipe VI se comprometió ya entonces a realizar una visita oficial a Ceuta.

No es la única conversación que ha revelado Vivas. El presidente de Ceuta ha asegurado que Feijóo le dijo en una primera conversación tras la entrada masiva “que cuando está en juego la integridad territorial, la soberanía, lo más importante es defender la integridad y la soberanía por encima de cualquier cosa”.

“Una olla a presión”

“Ceuta ha dejado de ser lo que era. Es un trauma enorme”, ha sostenido Vivas, quien ha asegurado que sus conciudadanos “han perdido la tranquilidad y la alegría”. “Viven con el alma en vilo”, ha zanjado, a causa de las alrededor de 10.000 personas que permanecen en la ciudad autónoma desde los pasados 30 y 31 de julio.

Según Vivas, los ceutíes “han tenido que cambiar sus hábitos de vida”. “La crispación social crece por momento. Los altercados son continuos”, ha asegurado.

“La capacidad de acogida está sobrepasada”, ha dicho Vivas. “Ceuta se está llenando de albergues provisionales” y la gente se pregunta si “tendrá fin” o “será para siempre”.

“Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar” porque está en “una situación límite que no puede aguantar”. “Ceuta no tiene margen temporal”, ha explicado.

Vivas ha señalado a Marruecos y al Gobierno como responsables directos de la entrada masiva de personas. “¿Quién está detrás del golpe? Yo estoy convencido de que está Marruecos. Lo digo abierta y responsablemente, pero todos los indicios apuntan a eso”, ha asegurado Vivas, sin exponerlos. En su opinión, “Marruecos utiliza el control fronterizo y la presión migratoria como un instrumento al servicio de sus fines, para poner en jaque a un Estado miembro de la UE”.

Contra el Gobierno

Pese a ser responsable “del golpe”, las críticas de vivas se han dirigido contra otro actor: el Gobierno.

“El comportamiento del Gobierno no ha sido el adecuado. No ha estado a la altura de las obligaciones constitucionales. Ni antes, ni durante ni después” de la crisis, ha dicho.

Vivas ha abundado en que el Gobierno tenía la información pertinente para haber predicho lo que iba a suceder, aunque ha reconocido que él mismo no sabía de la magnitud de la crisis.

“En los días previos, la situación era alarmante. Desde luego, no podíamos presumir que se iba a producir esa entrada masiva de 80.000 personas, pero sabíamos por los medios locales que en una semana habían entrado 1.500 personas. Que en una semana, la acogida de menores había pasado de 180 a 800, un ambiente que indicaba que algo pasaba”, ha sostenido.

“Espero que la verdad se conozca en todos sus términos”, ha dicho.

Para Vivas, “la vuelta a la normalidad solo tiene un camino, el retorno a su país de origen a todos los que entraron y aún permanecen en la ciudad. No hay otra salida”. Una opción que pasa por saltarse la ley aunque Vivas ha defendido que “es una alternativa posible” que “solo supone voluntad política”. “Si se quiere y se pone medios, se hace”, ha zanjado.

Vivas ha reclamado que el Gobierno marque ya cuándo va a ocurrir: “Le pedimos al Gobierno que concrete la fecha en la que Ceuta va a volver a la normalidad”.

La relación entre PP y Vox es una de las cuestiones fundamentales de la política española ante el inminente ciclo electoral, que repartirá en 2027 buena parte del poder en España, incluido el Gobierno central. Los dos partidos juegan al doble discurso. El de Alberto Núñez Feijóo transita entre la defensa de sus alianzas autonómicas y la incumplida promesa de gobernar en solitario. Los de Santiago Abascal señalan a sus socios como “el PSOE azul” para luego investir a sus barones. Los datos desbrozan la realidad y muestran una amplia coincidencia: en esta legislatura han votado lo mismo el 80% de las veces en el Congreso.

La presente legislatura comenzó su andadura parlamentaria ordinaria tras la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, y desde el primer momento la coincidencia entre el PP y Vox ha sido la constante. Ambos iniciaron su relación con el voto conjunto al fallido intento de Feijóo de ser presidente del Gobierno y el rechazo a la reforma del Reglamento para regular el uso de los idiomas cooficiales. Y la entente se ha afianzado.

En ese último trimestre de 2023, PP y Vox se posicionaron juntos el 79% de un total de 28 votaciones. La coincidencia aumentó en 2024, siempre por encima del 80% y rozando el 90% en el primer y cuarto trimestre del año.

A la relación no le afectó la ruptura de los primeros gobiernos autonómicos entre el PP y Vox. Los de Abascal rompieron ese verano y abandonaron sus cargos ante el desplome en las encuestas, y con la excusa de rechazar el acogimiento de menores migrantes procedentes desde Canarias, donde se vivía una crisis humanitaria.

Aunque esa ruptura no tuvo consecuencias directas, 2025 sí fue el peor año en la relación entre el PP y Vox en la actual legislatura. Especialmente el tercer trimestre, coincidiendo con el verano, cuando se registró un discreto 71% de coincidencia en las 77 votaciones que se celebraron entre julio y agosto.

Del “Gobierno en solitario” a la “prioridad nacional”

Es el menor nivel de entendimiento de toda la serie analizada, y coincide en el tiempo con el XXI Congreso Nacional del PP. Fue el cónclave que renovó el mandato de Feijóo como líder del partido y en el que proclamó su intención de no gobernar con Vox.

“Yo quiero un Gobierno en solitario”, dijo Feijóo, sin prometer hacerlo. Lo que sí anticipó fue que no haría un “cordón sanitario” a Vox. “No habrá coalición”, aseguró su ‘número dos’, Miguel Tellado, al día siguiente.

El leve desencuentro fue, con todo, un espejismo. La última parte de 2025, y especialmente este 2026, son buena muestra de la sintonía, con coincidencias de hasta el 90%.

2026 es el año del ‘rally’ electoral ideado por el PP precisamente para desembarazarse de Vox en las comunidades autónomas. Pero las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía demostraron justo lo contrario: la dependencia mutua de las derechas para gobernar.

Un año después de esa promesa en dos tiempos de vetar a Vox para los gobiernos, los ultras detentan las mismas cuatro vicepresidencias que tenían en 2024 y han introducido con éxito el concepto de “prioridad nacional”, que el PP ha asumido plenamente.

Pero la relación entre el PP y Vox no está equilibrada. Pese a esa asunción de la “prioridad nacional” por parte de los de Feijóo, y pese a la dureza contra sus aliados que los de Abascal muestran de forma habitual, son los ultras los que apoyan más a la derecha clásica. Mucho más.

Los datos públicos de votaciones parlamentarias son claros: Vox ha votado a favor del 90% de las propuestas presentadas por el PP, pero solo ha recibido apoyo en un cuarto de las suyas.

Así, el PP se ha abstenido o ha optado por no votar el 41,9% de las iniciativas presentadas por Vox. El voto negativo en poco más del 32%, un total de diez propuestas. Y solo ha votado a favor en el 25%.

En sentido contrario, los números son contundentes. Vox ha apoyado el 90,9% de las iniciativas firmadas por el PP, según los datos que constan en la web del Congreso. Eso supone un total de 30 'síes'.

Los de Abascal solo han votado 'no' a una propuesta del PP (para asegurar juzgados especializados y formación obligatoria en violencia de género para jueces y magistrados) y se ha abstenido o se ha ausentado en dos (una para incrementar los controles de alcohol y drogas en conductores profesionales, la otra para reconocer el sistema alimentario como un sector estratégico esencial para España).

El exministro de Defensa Federico Trillo (2000-2004) ha defendido declarar el estado de excepción en Ceuta porque, en su opinión, facilitaría que se pueda expulsar a todos los migrantes que aún continúan en la ciudad a los que considera “invasores ilegales, sean o no menores”. El que fuera también presidente del Congreso, ha exigido además llevar a Marruecos ante los foros internacionales, sean estos las Naciones Unidas o los tribunales europeos, porque “alguien tiene que responder por las 150 muertes” que se han producido por la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

En una entrevista concedida a Europa Press, Trillo (PP) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado que tiene “síndrome de Estocolmo”, ya que está “en manos de sus secuestradores” y “contando la versión de los que le tienen atrapado, no se sabe por qué”. El exministro cree incluso que la versión de Sánchez es “tan increíble” que no ha sido “creída” ni por sus propios aliados parlamentarios. “No le cree nadie. Marruecos tiene todo que ver con lo que ocurrió en la invasión”, ha sentenciado.

Como prueba de ello, ha citado las reiteradas declaraciones de ministros marroquíes reafirmando su “pretensión sobre Ceuta y Melilla”. A su entender, “no cabe ninguna duda” de que el asalto del 30 y 31 de julio “fue programado y sigue siendo programado”.

Al ser preguntado por cuál debe ser la relación con Marruecos en este momento, Trillo ha dicho que “hay dos cosas a tener en cuenta”. La primera, la reacción que debe tener el Gobierno de España y que, en su opinión, pasa por “declarar un estado de excepción en Ceuta y proceder al desalojo y devolución de todos los invasores ilegales, sean o no menores o de cualquier otra condición”.

A su entender, si se declarase el estado de excepción “en ese momento se pueden expulsar a todos aquellos que se han introducido ilegalmente”. Se trata de un mecanismo constitucional extraordinario que se declara en caso de una grave alteración del orden público y que lleva al Estado a limitar derechos y asumir poderes extraordinarios para afrontar circunstancias que superan la normalidad.

En segundo lugar, ha apuntado a cuál debería ser la reacción ante Marruecos y que, a su juicio, pasa por “pedir de inmediato la responsabilidad internacional del Estado marroquí ante los foros internacionales, sea la ONU primero, la Unión Europea, el Tribunal Europeo y el Tribunal Internacional de Justicia porque alguien tiene que responder por esas más de 150 muertes”.

En su opinión, eso “es algo que solo es imputable a Marruecos” y, por tanto, “hay que exigir la responsabilidad internacional” de ese país, criticando que el Gobierno no lo haya hecho durante el mes que ha transcurrido. “150 muertes no es algo que deba quedar así, tiene que ser investigado”, ha apostillado.

Un “delito” contra la seguridad exterior de España

Al ser preguntado si cree que el presidente del Gobierno puede acabar siendo investigado por el Tribunal Supremo por lo ocurrido en Ceuta, como proponen desde el Partido Popular, Trillo ha señalado que es “muy importante” la investigación que está realizando la juez de la Audiencia Nacional María Tardón y ha dicho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “acertó al situar el tema en manos de los jueces porque lo que se ha cometido es un delito contra la seguridad exterior de España”.

“Ese delito, una vez denunciado, tiene que ser investigado por los jueces, que es a quien le corresponde. Sabiendo, primero, que ha habido una invasión y, segundo, qué grado de concertación existía en las autoridades españolas, que durante ocho horas al menos no lo evitaron”, ha indicado.

Trillo ha destacado que las autoridades españolas tampoco lo previeron pese a existir informes del CNI y de las Fuerzas de Seguridad que “hacían previsible una invasión de ese tipo”. “Por tanto, donde debe residenciarse un hecho tan ilegítimo que ha costado más de 150 muertos es en los tribunales”, ha abundado.

Al ser preguntado por la propuesta de Vox de activar el artículo 102 de la Constitución para que el Supremo investigue a Sánchez por un posible delito de traición, el exministro de José María Aznar considera que “eso es prematuro” y que “no hay que prejuzgar la actuación de los tribunales”. “En un Estado de Derecho, cuando los tribunales tienen conocimiento de un hecho ilícito, deben respetarse sus tiempos y sus procedimientos, que son los que garantizan la imparcialidad y la objetividad. Por tanto es prematuro hacer calificaciones de ese tipo”, ha apostillado.

Sánchez, “secuestrado” por Marruecos

Después de que Sánchez negara que en los días previos recibiera alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la entrada masiva, Trillo ha afirmado que “no solo miente” sino que está “secuestrado por las autoridades marroquíes”.

En su opinión, el presidente del Gobierno está “sometido a algún tipo de chantaje de manera que niega una evidencia” porque se ha producido una “invasión ilegítima” organizada “por la inteligencia marroquí y apoyada por sus fuerzas de seguridad e incluso militares”. “Y eso es incuestionable. ¿Qué más pruebas quiere?”, se ha preguntado, para añadir que hay incluso vídeos que lo recogen.

El también expresidente del Congreso ha recordado que ese asalto “es algo que estaba previsto” porque “ya lo anunció Donald Trump hace dos meses en la cumbre de la OTAN” al aludir a “problemas en las fronteras”.

“Y el rey de Marruecos siempre ha sabido que la manera de hacerlo es con ese tipo de invasiones 'pacíficas' como fue la Marcha Verde cuando estaba Franco declinante y se quedaron con el Sáhara. Y esto es exactamente lo mismo”, ha enfatizado, para aludir a la debilidad del jefe del Ejecutivo.

En cuanto a la publicación de todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta que ha anunciado Sánchez, Trillo ha dicho que es “muy necesario” pero ha cuestionado que lo haga porque “no le conviene nada”. “Ojalá lo hiciera, no creo que lo vaya a hacer”, ha resaltado.

Y ha invocado “el precedente” de los atentados del 11-M y ha recordado que el Gobierno del PP los desclasificó cuando se puso en cuestión su “rectitud”: “Se hicieron públicos los informes del CNI dirigido por (Jorge) Dezcallar que aseguraban en el momento y después de las bombas que había sido ETA”.

Defiende a Robles y pide que Felipe VI vaya a Ceuta “cuanto antes”

Trillo ha reconocido, siendo “objetivo”, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho “un acto de valor reconociendo la verdad” porque “el CNI sí informó”. Según ha añadido, si no se hace así, “el CNI como servicio de inteligencia quedaría desacreditado para el futuro ante todos los servicios extranjeros”. “Y como no es verdad pues lo mejor que ha hecho la ministra es decir la verdad. Creo que eso la honra”, ha apostillado.

A renglón seguido, ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien “en su día fue un juez reconocido”, “haya caído en la situación en la que ahora se encuentra”. “Ya no me atrevo ni a calificarlo. Es absolutamente impresentable”, ha enfatizado.

Sobre si el Rey debería visitar Ceuta este mes de septiembre, el exministro ha señalado que Felipe VI irá a la ciudad autónoma cuando “se considere oportuno” y ha recordado que “no puede decidir solo”, dado que “en una monarquía parlamentaria el rey tiene que actuar con refrendo del Gobierno”. “Por tanto será el momento en el que el Rey y el Gobierno estén de acuerdo pero, a mi juicio, si estuviera en el Gobierno debería hacerlo cuanto antes”, ha agregado.

Finalmente, ha señalado que los ministros de Sánchez que asistieron a finales de julio a la Embajada de Marruecos a celebrar la fiesta del rey Mohamed VI deben explicar “por qué aguantaron sin hacer nada” en esa recepción cuando “llevaban cinco horas ya pasando los invasores la frontera de España”.

La polémica por la compra opaca de un ático de más de seis millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid no ha roto la entente que mantienen Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso desde que el gallego aterrizó en la capital, hace ya más de cuatro años, para hacerse con las riendas del PP. Aunque en el partido se ha extendido la idea de que la gestión de la crisis por parte del Gobierno regional y de su lideresa es muy mejorable, a nadie se le pasa por la cabeza su caída o que se active una operación para descabalgarla a las puertas de uno de los ciclos electorales más importantes para la derecha.

Pese a la rumorología que se ha extendido por Madrid en las últimas semanas, todas las fuentes consultadas por elDiario.es dan por hecho que Ayuso será la candidata del PP en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo y que repetirá como presidenta regional al frente de uno de los gobiernos regionales más importantes, tanto económica como demográfica y políticamente.

No hay un enfrentamiento abierto entre la dirección nacional y la madrileña, apuntan desde ambos espacios. No existen maniobras internas para que, a nueve meses de que se coloquen las urnas, el PP prescinda de uno de sus principales activos electorales, fundamental para taponar la posible fuga de voto hacia la extrema derecha.

“No hay fuego amigo”, aseguran desde la dirección del PP de Madrid, que dicen desconocer cuál es el origen de la información que permitió a ‘El País’ adelantar la compra del ático. “Pudo ser cualquiera”, apuntan sobre el origen de la información.

Mayoría absoluta en riesgo

En el PP de Madrid descartan que pueda tener relevancia electoral. “Es un tema estirado artificialmente por la izquierda política y mediática”, sostienen las mismas fuentes, que consideran que el asunto tendrá “entre poca y ninguna repercusión” en las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

Tampoco en las plantas altas de Génova temen un descalabro electoral de Ayuso, aunque algunas voces no descartan que pueda tener cierta incidencia en el voto y ponga más difícil a la madrileña reeditar una mayoría absoluta que, dicen, ya tenía complicada antes de la polémica.

El ciclo electoral de la primera mitad de 2026, ideado por el PP para desprenderse de la dependencia de Vox, supuso justo lo contrario: la constatación de que la derecha y la extrema derecha se necesitan para gobernar.

El PP no solo no logró la esperada mayoría absoluta en Extremadura, sino que la perdió en Andalucía, retrocedió en Aragón y se quedó más o menos como estaba en Castilla y León.

El año que viene se repartirá buena parte del poder autonómico y todo el local, y en el PP ya nadie quiere acordarse de la promesa de gobernar en solitario lanzada por Feijóo hace apenas un año. Y ni siquiera dan por hecho que Ayuso podrá retener un poder omnímodo.

Nada que ver con Casado

Las fuentes consultadas por elDiario.es revelan que las direcciones nacional y autonómica del PP se pusieron en contacto inmediatamente después de que se conociera la irregular compra del ático. Miguel Tellado llamó a Alfonso Serrano y ambos secretarios generales hablaron de cómo gestionar la crisis abierta.

Una de las principales misiones del reducido equipo que acompañó a Feijóo en su viaje de Galicia a Madrid fue la de ganarse al PP de la región. Y Tellado es, desde 2022, el principal nexo de unión entre ambas direcciones. Además, la comunicación entre los gabinetes de ambos líderes es fluida y constante, aunque no siempre el resultado sea el buscado.

El predecesor de Feijóo, Pablo Casado, fue defenestrado precisamente por una guerra fratricida abierta entre él y Ayuso, dos buenos amigos hasta entonces, por el control del partido.

Los fantasmas de aquella guerra amenazaron con reaparecer este mes de agosto, cuando Feijóo abordó la polémica del ático en una entrevista para Europa Press.

El líder del PP no se desmarcó de la línea argumental mantenida por Sol. Primero, que estaban previstas unas obras en la sede oficial del Gobierno autonómico. Segundo, que cualquier explicación sobre la adquisición debían recaer en el departamento del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

El problema no fue el contenido de la entrevista, sino las declaraciones en sí, que se hicieron públicas el domingo 23 de agosto, cuando en el PP de Madrid pensaban que el suflé de la polémica comenzaba a bajar, en buena parte gracias a las fuertes críticas por la gestión de la crisis de Ceuta por parte del Gobierno central.

Las palabras de Feijóo reactivaron las preguntas sin responder sobre la compra del ático. Los medios cuestionaron directamente a Ayuso, quien sorprendió a propios y extraños con un exabrupto que, sin ser del todo inesperado en su boca, dentro del PP sí se considera un error: “Está en venta, chao pescao”.

En defensa de Ayuso

En la dirección del PP de Madrid quitan hierro a las declaraciones de Feijóo, que sitúan en la salida “típica” que eligen los políticos ante preguntas que pueden resultar complicadas: tirar de argumentario y limitarse a pedir que se “explique” lo ocurrido.

En el PP de Madrid descartan cualquier paralelismo entre la actual relación con Génova y la guerra con Pablo Casado y lo tachan de “ruido” en redes sociales.

“No tiene nada que ver”, sostienen. Y aseguran que a Casado no se lo llevó por delante que denunciara la corrupción de Ayuso, que no existió “porque la Justicia lo desmintió”, sino por “usar un bulo para atacar a su compañera de partido”.

Un supuesto “bulo” que sigue publicado en la cuenta de Twitter del PP cuatro años después.

Lo cierto es que la dirigente regional es intocable para la militancia, que mantiene una fervorosa pasión por ella.

Esta misma semana, en la concentración convocada contra la gestión del Gobierno en Ceuta por el PP bajo el paraguas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), volvió a llevarse la mayor ovación entre las decenas de miles de personas concentradas en la madrileña plaza de Cibeles.

Mientras el resto de dirigentes presentes, entre ellos Feijóo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, abandonaron el acto poco después de finalizar, la presidenta se dio un baño de masas tras atender a los medios y obviar las preguntas referidas al ático, haciendo bueno ese “chao pescao” de finales de agosto.

Pese a algunos comentarios en voz baja y siempre en privado, la dirección del PP y todos los barones autonómicos han cerrado siempre filas con la presidenta madrileña.

Incluso cuando, como el pasado viernes, les pone en un compromiso al promover unilateralmente un boicot al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que aprobó la nueva financiación autonómica y en el que se quedó sola.

No es la primera vez que Ayuso marca el camino a sus compañeros de partido, o que lo intenta, si bien es cierto que con menos éxito que en el pasado.

Pero ni siquiera los delitos fiscales confesados por su pareja, Alberto González Amador, ni las investigaciones judiciales abiertas para determinar la legalidad de su relación con el grupo sanitario privado Quirón, el principal contratista de la Comunidad de Madrid, han hecho mella en el respaldo del PP a Ayuso.

Este mismo mes de agosto, y pese a los rumores sobre una posible separación, ella misma habló en presente de su “familia política” y la relación que tienen con Ceuta. En el PP de Madrid declinan hacer cualquier comentario al respecto.

En esa misma entrevista, publicada el 19 de agosto, aseguró que, por ahora, no tiene intención de visitar Ceuta. “No se puede utilizar como un escaparate”, dijo. Ese mismo día, su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, visitaba la ciudad autónoma. Al día siguiente, lo hizo el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.

Con todo, la relación entre Feijóo y Ayuso es buena, mejor de lo que fue al principio del mandato del gallego. Al menos en público. Como apuntan desde la dirección nacional, el líder del PP no ve en ella el peligro para su posición en el partido que sí percibió Casado en su momento. Sabe que las próximas elecciones generales serán su última oportunidad: si gana, gobernará; si pierde, se irá a su casa.

Ambos han compartido decenas de actos en los últimos años, y a Feijóo se le ha ido viendo más cómodo con el paso del tiempo, fruto de la metamorfosis madrileña sufrida por el dirigente gallego desde 2022. Este mismo fin de semana, Feijóo ha vuelto a respaldar a Ayuso en el acto de inicio de curso político celebrado en el municipio madrileño de Getafe. La entente sigue en vigor.

El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis humanitaria de Ceuta y ha colocado otra vez a Felipe VI en el centro de la polémica. “Son distantes con el rey de España y reverenciables con el de Marruecos. Son los más monárquicos en el país equivocado”, ha destacado el presidente de los conservadores en un acto en el municipio de Getafe con motivo de la apertura del curso político del PP madrileño junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo ha destacado que en el Gobierno de España “son implacables con las comunidades que están gestionando sobrepasadas con los menores y mansos con las mafias de inmigración ilegal” y ha continuado señalando que “son contundentes contra naciones aliadas que protegen sus fronteras”, en referencia al conflicto surgido con Italia, y “sumisos contra quienes revientan nuestras fronteras”, por una posible participación de Marruecos en la entrada de 70.000 personas el pasado mes de julio. Según el líder del PP, “España no debe ni pedir permiso ni perdón para mantener su integridad territorial”, ya que “tiene que cumplir con sus derechos constitucionales, como respeta el resto de naciones”.

Para el líder del PP, “en Ceuta hemos visto la hipocresía de la izquierda” ya que “está callada” ante la inseguridad que se vive en la ciudad donde, según ha dicho, los abusos sexuales se han multiplicado “por ocho”. “El miércoles [en referencia a las manifestaciones convocadas en los ayuntamientos] vimos como en toda España los españoles dijimos que Ceuta es nuestra y que somos igual de españoles que los ceutíes”, ha añadido Feijóo.

Además, Feijóo ha aprovechado su intervención para pedir a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que “deje” comparecer a la directora general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, porque los españoles tienen “derecho a conocer la verdad” sobre lo ocurrido en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio. “Llevamos desde principios de agosto solicitando la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. Yo le digo a la ministra de Defensa desde aquí: deja comparecer a la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales porque si lo sigues impidiendo, aunque no le aplaudas, eres igual que Pedro Sánchez”, ha dicho.

En una línea similar se ha pronunciado Ayuso minutos antes. Según la líder regional, Sánchez niega “la verdad y miente”, ya que ha existido “una acción coordinada desde Rabat” y coordinada por “los servicios secretos marroquíes” que “fueron los que dirigieron a estos inmigrantes hasta el punto exacto de entrada”. Y, según ella, el presidente del Gobierno “no ha hecho nada. ”España está sola, no tiene defensa internacional“, ha dicho y ha añadido que ”han chuleado a EEUU“ y que ahora ”estamos solos y débiles con un Gobierno al que le han tomado la matrícula“.

Criticas a las vacaciones de Sánchez

“Necesitamos autoridad, ley y orden, y fronteras, y no un presidente que pasa de las fronteras mientras está de vacaciones”, ha asegurado la presidenta madrileña que ha criticado que Sánchez no suspendiese sus “lujosas” vacaciones. “Lo único a lo que está es al descanso, porque dice que tiene derecho. No, no tienes derecho. Cuando tú tienes una responsabilidad, eso está por encima de tu derecho a las vacaciones. ¿Cómo qué derecho a las vacaciones un líder político? Si las cosas están mal, te quedas con tu pueblo. Y, cuando las cosas se arreglen, como todo padre de familia, ya te irás si puedes. No hay derecho a vacaciones y que España se hunda. No hay derecho a hundir a España y a abandonarla”, ha defendido.

También se ha pronunciado sobre esto Feijóo que ha iniciado su intervención destacando que “un político no es oficinista de 8 a 3, es una persona que se compromete con el interés general”. El líder del PP ha destacado que en los próximos meses su partido se va a exigir “mucho”: “No vengo a pedir paciencia, vengo a pedir fuerza cada día, cada minuto y en cada lugar para que gane la razón de los españoles. Os aseguro que valdrá la pena”.

“No podemos confiarnos ni pensar en que todo caerá como una fruta podrida, hay que apretar”, ha dicho Feijóo en relación con las próximas elecciones municipales y autonómicas en mayo y una posible convocatoria de comicios generales. “Si algo hemos aprendido en estos años es que enfrente tenemos a una gente que puede hacer cualquier cosa para mantenerse”, ha asegurado y ha adelantado que “vamos a echar a Pedro Sánchez” aunque “ya sabemos como son: son expertos en maniobrar, de decir una cosa y la contraria”.

A renglón seguido, ha subrayado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que también estaba presente en el acto, competirá con una exministra de Sánchez como candidata, en alusión a Reyes Maroto. Y a Ayuso, ha proseguido, “le ponen dos ministros de candidatos”, en referencia al socialista Óscar López y Mónica García, de Más Madrid. En este punto, ha pedido a Ayuso y Almeida hacer “un trato”: “Vosotros le ganáis a los ministros y yo le gano al presidente”.

“Vamos a ir de cara y así le vamos a ganar. Y esta vez no como en el año 2023, sino haciendo imposible que vuelvan a gobernar después de perder. Es como tenemos que ganar”, ha destacado antes de concluir haciendo propio el eslogan de Ayuso en las últimas elecciones autonómicas: 'Vamos a ganar con ganas'.

Por su parte, la presidenta Ayuso ha comenzado su intervención, centrada en los ataques contra un Sánchez al que ha llamado “el jeta de La Mareta” y al que ha acusado de estar “obsesionado” con ella, destacando que comienza “un curso especialmente decisivo para España”. “Es el momento de reiniciar España”, ha dicho tras decir que pasamos por el momento más “antidemocrático” de su historia.

Para la líder regional, el Gobierno de Pedro Sánchez es “un proyecto totalitario, una reedición del frente popular, esta vez unido a los nacionalismos”. “Está atacando la unidad de España y la defensa de nuestras fronteras”, ha indicado y ha apuntado que “lo que ocurre en Ceuta está ocurriendo por toda España a menor velocidad”.

Ayuso también ha defendido la postura de su Gobierno de no acudir a la reunión con Hacienda para aprobar la financiación autónomica. “Si me dicen que pagando 500 millones de euros porque Sánchez se vaya, los pagamos”, ha bromeado la presidenta que ha destacado que “los madrileños no pueden más” porque “estamos pagando la fiesta independentistas”. “El dinero de los madrileños no se toca, y si lo tocan lo va a pagar. Eso lo juro”, ha dicho. “Estamos a dos días del francomodín”, ha afirmado la líder regional que también ha deslizado que el Gobierno quiere que “acabemos en una guerra civil”.

Silencio sobre el ático de lujo de Ayuso

Feijóo y Ayuso han exhibido unidad con este acto en el municipio de Getafe con el que inician un nuevo curso político, que estará ya marcado por las elecciones autonómicas y municipales del 2027. El encuentro ha reunido también a dirigentes y afiliados del Partido Popular de Madrid en el que también ha intervenido el portavoz popular en la localidad y candidato para las próximas elecciones municipales, Antonio José Mesa, que ha aprovechado este altavoz para cargar contra la alcaldesa socialista de la localidad.

El encuentro de ambos líderes se produce además en plena polémica por la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid, un asunto que el Gobierno madrileño quiere dar por zanjado ya que, según ha alegado, las explicaciones que se han dado son “concluyentes”. Y que, obviamente al ser un acto de partido, no se ha mencionado en ninguna de las intervenciones.

La propia presidenta tuvo que salir a defender el pasado 24 de agosto que ya se ha “dicho todo” sobre el ático y “se puede demostrar”: “Está en venta. Chao pescao”. Esta declaración se produjo en respuesta a unas declaraciones de Feijóo en una entrevista en la que aseguró que conocía desde el mes de abril que el Gobierno madrileño buscaba un lugar para “un traslado temporal” del equipo de secretaría y gabinete de Presidencia y que tendría que ser Patrimonio de la Comunidad de Madrid el que explicase por qué compró esta vivienda que “no se puede destinar a oficina”.

El Gobierno de Ayuso ha sacado a la venta ese inmueble por un precio de salida de 6,7 millones para recaudar fondos con los que pagar la reconstrucción de la Sierra Oeste a raíz del incendio que arrasó unas 30.000 hectáreas. Esta semana también se ha conocido que Ayuso visitó el ático adquirido por la empresa pública en el distrito de Chamberí tras su compra, pero se dejó para finales del mes de octubre “la decisión de qué hacer respecto al traslado” por las obras en la Real Casa de Correos.

Volví a ver este verano en TVE, los dos últimos capítulos de la serie de Juan Antonio Bardem, 'Lorca. La muerte de un poeta': los que abordan su apresamiento y posterior asesinato, en el contexto de la sublevación militar contra la República en Granada. Los vi, una vez más, conmovido y con el corazón en un puño. No era plato de gusto contemplar las masacres y fusilamientos en masa de obreros y gentes del pueblo que, desde el Albaicín, trataron inútilmente de defenderse de un golpe de Estado implantado en toda España por el terror.

Y el malestar se acrecentaba al pensar que el caldo ideológico propiciador de tales monstruosidades vuelve a hallarse en pleno auge. Uno escuchaba, en la serie televisiva, la alocución de Queipo de Llano desde Radio Sevilla, incitando a la población a apresar y matar a rojos en la calle y me resonaba en la cabeza la “caza al moro” de Torre Pacheco y, más recientemente, la voz aflautada del diputado de Vox José María Figaredo invitando a “cazar a todos los inmigrantes, uno a uno, pam, pam, pam”.

Porque vuelven los que reivindican el franquismo, y lo exhiben sin pudor, al calor de una extrema derecha que se está preparando a fondo y sin complejos para llegar al poder. O, al menos, para recuperarlo. Que ya le toca, porque parece palparse en el ambiente que está llegando el momento de que España vuelva a ser para los españoles; pero los de verdad, no sucedáneos como los que nos gobiernan para disolvernos como país, según el patrioterismo que nos adoctrina a diario.

Españoles que no sienten vergüenza ajena de serlo, hasta el punto de reivindicarse por triplicado; que llevan a España en sus pulseritas rojigualdas, en sus bolsillos acaudalados, en sus ganancias inmobiliarias, en sus negocios turbios. Españoles con clase, que, además de patrimonio, se han hecho con la patente del negocio español, el más rentable; el que, en tiempos pasados, les hizo ganar una guerra contra la “anti-España” desarrapada.

Españoles que son los herederos de aquellos que fueron del “bando nacional”, una denominación de origen que las derechas han conservado con esmero hasta el presente. Tienen, por tanto, la ventaja de haber ganado, desde su victoria por las armas, una batalla cultural que nadie se ha atrevido a disputarle seriamente. Aun hoy, plumas progresistas se permiten hablar de la insurrección militar del 36 como de un “alzamiento nacional”. Y aun hoy, los historiadores siguen hablando de “los nacionales” para referirse a los sublevados contra la República.

Que España es, pues, de la derecha que lo amadrina parece algo incontestable y de puro sentido común entre una buena parte de nuestra sociedad; que también está comprando la idea de que España tiene que defenderse de sus enemigos. Antes eran los “rojos”. Ahora son los inmigrantes “que vienen a España a delinquir” y a quitarnos nuestra identidad; y están, además, respaldados por un Gobierno de izquierdas, que los regulariza, al precio de provocar un “efecto llamada” claramente perturbador.

Y en el pecado lleva la penitencia. Y ahí tenemos como prueba lo ocurrido en Ceuta, que, para el PP y Vox, puede ser el golpe de gracia a la etapa de gobierno de Pedro Sánchez. Y no están solos en este empeño. Porque tienen a su lado a toda la Internacional Reaccionaria, comandada por autócratas y señores de la guerra, como Donald Trump, Netanyahu y Putin, plenamente interesados en acabar con la “excepción española” en un panorama general de rapiña, desigualdad e involución democrática, al servicio de los oligarcas tecnológicos del planeta.

Donald Trump ya ha asegurado que utilizará Ceuta como argumento de campaña contra los demócratas en las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. No sería, por tanto, de extrañar que se implicara, igualmente, apoyando a los de Feijóo y Abascal, en las cada vez más cercanas elecciones generales españolas. Ya lo está haciendo, y con éxito, en las que se celebran por países latinoamericanos. Es lo que tiene la geopolítica envenenada que nos rodea: que no permite excepciones nacionales, por razonables que parezcan. Y no está el horno para defender el Estado de bienestar, los servicios públicos y los derechos políticos y sociales de la gente, poniendo así en peligro el omnímodo poder de los mercados.

Y todo eso forma parte de nuestra vida política. Hace ya mucho tiempo que la situación internacional ha dejado de ser algo exótico para nosotros. Forma parte integrante de nuestra realidad, de nuestro debate interno como país. De hecho, las próximas elecciones generales definirán el futuro de nuestra soberanía nacional; porque tendremos que decidir qué España queremos: la que se suma al medallero de Trump y se somete a los dictados y políticas que nos llegan de los amos del planeta; o la que aspira a mantener sus propias políticas de progreso económico y social. La España que dice “amén” a la involución general ultraconservadora que acecha al conjunto de Europa o la que aún sirve de referencia para recuperar los derechos humanos que la Unión Europea tiene que mantener si no quiere perder su alma. La España del patrioterismo cerril o la España real que avanza y que Europa no debe perder. Lo mejor de esa España que aún nos queda.

La actualidad sigue pasando por Ceuta, por Marruecos y por un encendido Congreso de los diputados en el que la derecha pide el adelanto electoral. Eso no es una novedad, y no parece que vaya a alterar los planes de Pedro Sánchez: agotar las vías para presentar presupuestos y que las elecciones generales sean en 2027. Las elecciones serán, como máximo, el 22 de agosto del año que viene. Pero todos sabemos que serán antes. ¿Cuándo exactamente? ¿Antes o después de las municipales y autonómicas del 23 de mayo? ¿Quién gana con cada una de las variables?

Abordamos el calendario del curso político con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

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Todas las críticas recibidas en las últimas semanas hicieron que al final Pedro Sánchez variara un poco, no demasiado, su postura sobre las relaciones con Marruecos. En su comparecencia del jueves en el Congreso, el presidente no se movió de una posición que le ha supuesto un fuerte desgaste político y que ha tenido el rechazo no ya de la oposición, sino de sus socios en el Gobierno y el Parlamento. Con un matiz sobre el futuro. Su Gobierno mantiene la necesidad de tener buenas relaciones con Marruecos, “pero es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”.

Sánchez dio por probado que la Gendarmería marroquí “permitió el cruce de la frontera” durante diez horas del 30 de julio. Contra lo que ha aparecido en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), de la Policía, aún desconoce los motivos de esa actitud: “Si hubo incapacidad o inacción, tiene que aclararse”. En su réplica final, incidió en la misma idea. “Lo sucedido estos días tendrá consecuencias”. ¿Cuáles? No concretó nada.

Por primera vez, Sánchez aceptó que el Gobierno marroquí tiene muchas respuestas que dar sobre su conducta durante esos días. Hasta ahora, se había limitado a elogiar la colaboración prestada a partir de la mañana del 31 de julio al permitir sin problemas el regreso del 90% de los que habían entrado en Ceuta. Sorprendió al anunciar que el 21 de agosto se convocó en Exteriores al encargado de negocios de la embajada marroquí para comunicarle la protesta por unas declaraciones de su ministro de Justicia sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla. En una decisión que podría incluirse entre los errores cometidos por el Gobierno en esta crisis, la reunión se había mantenido en secreto.

Mientras Sánchez pretendía destacar la obligación del Gobierno de no hacer nada que ponga en peligro la resolución de la crisis, ni el PP ni Vox ni los socios del PSOE alteraron su discurso. Sus ataques a Marruecos, a su rey y a su Gobierno fueron constantes y hasta brutales. Alberto Núñez Feijóo reiteró lo dicho el día anterior. “La operación salió de Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y que el Gobierno (español) lo sabía”.

Sumar compartió ese análisis, excepto el último punto. “Marruecos, en coordinación con EEUU e Israel, ha organizado la entrada masiva”, dijo Enrique Santiago. “Cualquier otra hipótesis no es creíble”. Gabriel Rufián, que llamó “asesino” a Mohamed VI, llegó al extremo de afirmar que Marruecos había enviado a 80.000 personas con la intención de “cargarse al Gobierno de España con la colaboración de EEUU e Israel”, aunque es poco probable que las autoridades del país vecino deseen un Gobierno del PP y Vox en España.

En términos retóricos, nadie podía superar a Feijóo y Abascal. El líder del PP hizo una incursión directa en el terreno de la conspiración al referirse en varias ocasiones al caso Pegasus y a la supuesta información secreta sobre Sánchez que tendrían los servicios de inteligencia marroquíes: “¿Qué conversación e indicio había en su teléfono? ¿Qué sabía Marruecos de usted?”. Algunos sectores de la izquierda prosaharaui, enfurecidos por la adhesión del Gobierno a las tesis de Rabat sobre el Sahara, han difundido esas sospechas sobre las que no hay pruebas, más allá del hecho conocido de que los marroquíes han utilizado la tecnología israelí para espiar a políticos y activistas europeos.

En la línea que ha caracterizado a la oposición en esta legislatura, lo que es posible o ha aparecido en algún medio se convierte en seguro. “España no puede tener a su presidente bajo chantaje”, dijo Feijóo, dando por hecho que eso está pasando.

Al PP ya no le parece suficiente con exigir la dimisión de Sánchez o denunciar que su permanencia en el poder es una tragedia para España. También quiere meterlo en la cárcel. Feijóo sugirió que el tema puede llegar al Tribunal Supremo y advirtió al presidente que tendrá que pagar “ante la justicia”.

Sánchez descartó que cualquier informe policial o del CNI alertara días antes sobre el peligro inminente de una entrada masiva. Su versión es que todo ocurrió muy rápido. Entre el 10 y el 25 de julio, hubo una media de 37 entradas diarias desde el mar. Fue aumentando con el paso de los días, como ya había ocurrido el año anterior. En la noche del día 29, se produjeron 194 entradas, una cifra significativa, pero que no puede calificarse de masiva. La explosión se produjo en la mañana del día 30 cuando todo cambió “de forma radical y repentina”. Cuatro de cada cinco migrantes llegaron a nado por el espigón de El Tarajal.

En esos momentos, las fuerzas de seguridad españolas se vieron desbordadas ante una situación desencadenada en pocas horas. “Supieron responder con humanidad” y no provocar una tragedia mayor, dijo Sánchez. Como mínimo, 141 personas murieron ahogadas al intentar llegar a Ceuta. “¿Qué habría hecho usted diferente?”, preguntó a Feijóo. “¿Habría ordenado a la policía que disparara a la población civil? ¿Matar a cientos, quizá miles de jóvenes, para gestionar la frontera?”.

Feijóo se lo tomó como un ataque a las fuerzas de seguridad: “La Guardia Civil y la Policía nunca han disparado a inmigrantes en la frontera”. En 2014, quince inmigrantes murieron ahogados cuando guardias civiles utilizaron material antidisturbios contra los que intentaban llegar nadando a Ceuta.

El debate contribuyó a acentuar la imagen de soledad del Gobierno en esta crisis y su división interna, porque la relación con Marruecos separa radicalmente al PSOE y a Sumar. Sánchez anunció que se van a hacer públicos todos los informes policiales que el Gobierno recibió, lo que no ocurrirá probablemente hasta la próxima semana en el caso de que el Consejo de Ministros quiera desclasificar los informes del CNI. Eso contribuirá a precisar qué sabía el Gobierno en cada momento y con qué grado de fiabilidad. También puede ocurrir, como ya es habitual en la política española, que cada uno solo vea lo que quiere ver.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no actuar contra Marruecos a cuenta de la crisis de Ceuta por “miedo” al país de Mohamed VI, y le ha amenazado: “La va a pagar ante la Justicia y las urnas”. Así se ha expresado en su réplica a la intervención de Sánchez ante el Congreso para explicar lo ocurrido en la ciudad autónoma el pasado mes de julio.

El presidente ha asegurado en su primera intervención que no hay pruebas de la implicación de Marruecos en la entrada de decenas de miles de personas a Ceuta los días 30 y 31 de julio, pero Feijóo lo ha negado y ha deslizado que el espionaje a Sánchez de 2020 con el 'software' israelí Pegasus atribuido a Marruecos está detrás de la supuesta inacción del Gobierno.

“Durante diez horas, la gendarmería marroquí dejó entrar a todo quisqui. Y usted se queda de brazos cruzados. ¿Por qué? ¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional España no puede tener un presidente bajo chantaje. España no puede tener un presidente bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como esta”, ha dicho Feijóo.

“Los españoles están perplejos ante la violación de la integridad territorial” del país, ha sostenido Feijóo, quien ha cifrado en “millones” la asistencia a las concentraciones celebradas este miércoles en diversas ciudades españolas en apoyo de Ceuta, en las que hubo agresiones a periodistas y disturbios. El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por el PP, cifró en 150.000 la asistencia a la cita en la capital.

Feijóo ha reprochado toda la gestión de Sánchez. Antes, durante y después de la crisis. “Ha venido a decir que no se enteró de nada” y que, por tanto, no tienen “responsabilidad ni culpa alguna”. “Si esta es la verdad dimita por incompetente; y si es falso, dimita por cómplice”, ha espetado. “Es evidente que usted ya no ha venido a hablar como presidente del Gobierno, lo cual es una ventaja y un acto de realismo”, ha sostenido.

“Ceuta no sufrió una crisis migratoria, fue una invasión que continúa”, ha dicho Feijóo, en referencia a los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma. “Lo dijo usted mismo, diagnosticó un ataque contra la integridad territorial de la nación y acto seguido se largó”, le ha reprochado por sus vacaciones. “Se largó a compartir la banda sonora de su verano”, ha lamentado, para señalarle como “Nerón con TikTok y con una frialdad que asusta”.

Para Feijóo, lo ocurrido el 30 y el 31 de julio está claro. “La invasión se produjo porque 80.000 personas el día de la Fiesta del Trono, celebrada en Tetuán a 25 kilómetro. Y, pese a las estrictas medidas de seguridad, se dirigieron a la frontera y la superaron sin que su Gobierno ni Marruecos hiciera nada para impedirlo”, ha sostenido.

“La conclusión era evidente desde el principio”, ha dicho Feijóo, quien ha afirmado que sí han existido “informes previos al ataque” que advertían de lo que iba a ocurrir, y ha dado valor al informe policial que, a petición de la jueza, infiere la participación de Marruecos en la crisis de Ceuta con vídeos de redes sociales sin verificar como única prueba“.

“El Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello”, ha espetado Feijóo, quien ha tildado de “guerra híbrida” lo ocurrido, y ha reclamado que “no oculte los hechos” que apuntan a Marruecos. “Usted y su Gobierno nos ha mentido a la cara todo el tiempo y lo vuelve a hacer en esta comparecencia. Lo sabía y lo tapó, y lo sabe y lo tapa en la mañana de hoy”, ha dicho.

El líder del PP también ha criticado al presidente por “convocar de tapadillo” a la embajadora de marruecos el pasado mes de agosto, menos de 24 horas después de que él mismo solicitara dicha reunión.

Feijóo ha recordado que el PP está personado en la causa que se ha abierto en la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido. Una investigación, ha vaticinado, que “probablemente escale al Tribunal Supremo”. “Señor Sánchez, la va a pagar ante la Justicia y las urnas”.

Sánchez: ¿Dispararían a civiles?

En su réplica, el presidente del Gobierno ha pasado al ataque. “¿En qué hubiera diferido su gestión de la nuestra? El señor [Alberto Núñez] Feijóo y el señor [Santiago] Abascal han venido a decir que no hemos protegido nuestras fronteras. Qué es lo que habrían ordenado? ¿Habrían ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que se encontraban en el Tarajal disparar a la población civil? ¿Habría preferido ese Gobierno del PP con Vox matar a cientos, quizá miles de jóvenes, muchos de ellos menores, para evitarse tener que gestionar una crisis de acogida al otro lado de la frontera? Un Gobierno del PP con Vox descolgando el teléfono para exigir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hagan, eso no lo quiero para mi país”, ha dicho.

“No sé cómo creen ustedes que hubiera reaccionado la sociedad española ante esas imágenes, ni tampoco la comunidad internacional”, ha proseguido Sánchez. “¿Cómo habrían respondido los propios agentes fronterizos? ¿Cree que habrían contravenido todas las leyes y códigos éticos que les obligan a preservar la vida humana por ahorrarle a usted un problema político?”, ha concluido.

Un informe policial realizado sin fuentes propias en Marruecos ha servido a Alberto Núñez Feijóo para pegar un fuerte volantazo a sus opiniones sobre las relaciones con el país vecino. Su prioridad había sido mantenerse al margen de cualquier crítica directa a Rabat y reservar sus ataques a Pedro Sánchez. Aspira a ser algún día presidente del Gobierno y no le interesa entrar en Moncloa con la etiqueta de enemigo de Marruecos. Es lo que intentó José María Aznar en 1996, aunque luego las relaciones terminaron siendo bastante turbulentas.

Feijóo ha decidido que la crisis de Ceuta es otra oportunidad que no puede desaprovechar para dar el tiro de gracia al Gobierno de Sánchez. Pocas horas antes de las concentraciones convocadas por los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, decidió elevar el nivel de sus exigencias con el fin de culpar a Mohamed VI y a su Gobierno de la entrada masiva de decenas de miles de personas a finales de julio. Sabiendo que Sánchez no quiere tomar esa decisión, Feijóo anunció que hay que aumentar la confrontación con Rabat al máximo nivel, al inmediatamente anterior a la ruptura de relaciones diplomáticas.

“La embajadora de Marruecos debe ser convocada de carácter inmediato para que dé explicaciones sobre las acciones de sus autoridades y para anunciarle medidas de respuesta iniciales”, dijo en Ceuta. Al mismo tiempo, reclamó que el embajador español en ese país sea presente en el Ministerio de Exteriores “para evaluar las medidas más adecuadas”. No se toman este tipo de decisiones si no hay un motivo para denunciar a ese Gobierno. No se convoca a un embajador extranjero para que informe, sino como forma de mostrarle el rechazo a lo que ha hecho su país.

De la misma forma, no necesitas llamar a tu propio embajador para darle instrucciones. Las órdenes se le imparten por comunicaciones seguras cada día –por teléfono o por valija diplomática– y siempre que sea necesario. No es imprescindible aquí destacar que la embajada española está informando de forma permanente al Ministerio de Exteriores. Forma parte de su trabajo habitual, mucho más durante una crisis.

No era esta la posición que había mantenido Feijóo hasta ahora. Hace solo tres semanas, comentó que no tenía ninguna intención de lanzarse contra el Gobierno de Rabat. “Yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos. Lo que tengo que hacer es, con el conocimiento que tenía, evitar con Marruecos que esto se produjese”, dijo en una entrevista.

Por entonces, cargaba toda la responsabilidad en el Gobierno español sin críticas directas a Rabat. Lo justificaba con el argumento de que en el futuro podría ser el presidente del Gobierno: “Mi posición tiene que ser adecuada ante la eventualidad de que asumamos el Gobierno de nuestro país”.

No puedes dinamitar las relaciones con Marruecos si eso te pasará factura más adelante.

Esa era una posición razonable en ese momento. Ahora ha dejado de serlo, aunque solo sea por el hecho de que es imposible devolver a Marruecos a las miles de personas que aún continúan en Ceuta sin contar con la colaboración de las autoridades de ese país. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, exigió el miércoles “la vuelta de todos los que entraron el 30 y 31 de julio”. Sin ese retorno, no se podrá alcanzar “la normalidad”. Vivas también pidió “un horizonte temporal definido” para la resolución de la crisis. Es decir, cuanto antes. Será imposible si el Ministerio de Exteriores llama a consultas a la embajadora marroquí y entra en rumbo de colisión con Rabat.

Feijóo decidió que el presente es más importante que el futuro: “La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos”. Ha optado por dar a ese país la condición de enemigo de España para así poder afirmar que el Gobierno de Sánchez, si no acepta sus exigencias, es cómplice de los enemigos de España.

El PP ha dado este salto partiendo del informe policial recibido por la jueza María Tardón. Fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, una unidad policial que no tiene fuentes propias en Marruecos y que se basó en fuentes abiertas, es decir, aparecidas en medios de comunicación y redes sociales. Es lógico que atendiera a la petición de la magistrada. Lo que no parece comprensible es que el contenido y las conclusiones no estuvieran en la mesa del ministro de Interior desde mucho tiempo antes.

Marlaska pidió explicaciones al director general de la Policía. Podría haberlo hecho por teléfono o llamándole a su despacho, pero eligió hacerlo con una carta que se difundió a los medios de comunicación. La respuesta del director fue afirmar que el informe sobre Ceuta enviado al juzgado no señala a Marruecos y que la jueza había pedido que no se entregara a los superiores de la policía, decisión que rectificó el miércoles, una vez que un resumen de su contenido apareciera en El Español.

El contenido de ese informe, al que ha tenido acceso este diario, se basa en el análisis de imágenes ya difundidas en redes sociales y medios de comunicación para llegar a la conclusión de que las fuerzas de seguridad marroquíes tuvieron una “actitud pasiva” o que hicieron un trabajo de “guiado activo” de la masa de migrantes. Da por hecho que hubo una “planificación previa” y una “dirección estratégica”, pero no aporta ninguna prueba que lo demuestre.

Es por tanto un informe analítico o especulativo con el que el Gobierno español no puede acusar directamente a Rabat de haber organizado los acontecimientos del 30 y 31 de julio, lo que además pondría en peligro la repatriación de los marroquíes o subsaharianos que aún se encuentran en Ceuta. Es el informe del que se ha servido Feijóo para reclamar el enfrentamiento directo con Marruecos.

Algunas imágenes muestran a jóvenes que salen de camiones antes de llegar a la frontera con el permiso de policías marroquíes. También aparecen testimonios que fueron publicados esos días de los que llegaron a Ceuta que cuentan que otros policías les animaban a llegar hasta el final, porque la frontera estaba “abierta”. De ese mismo día, existen imágenes de TVE tomadas por cámaras situadas en la frontera que muestran a policías antidisturbios lanzando gases lacrimógenos a los jóvenes que bajaban por una ladera con la intención de entrar en Ceuta.

Dirigentes del PP, Sumar y Podemos coincidieron en pedir la dimisión de Marlaska. Los dirigentes socialistas no pueden ocultar que la incapacidad de Marlaska para controlar a las unidades policiales que forman parte de la estructura de su Ministerio está sirviendo a los intereses de la oposición.

No es que el ministro tenga la obligación de ajustar las investigaciones policiales a las necesidades políticas del Gobierno, pero muchos se preguntan cómo Marlaska desconoce las conclusiones de ciertos informes policiales cuando no pasa un día sin que Sánchez y sus ministros elogien la colaboración de las autoridades marroquíes.

No hay razones para pensar que Sánchez vaya a relevar al que ha sido su ministro de Interior durante ocho años. Lo que es seguro es que está pagando en términos de reputación personal la gestión de Marlaska.

Ceuta tiene unos 84.000 habitantes y unas capacidades de acogida muy limitadas. Por eso la permanencia prolongada de varios miles de personas sin recursos, y que por lo tanto deambulan de un lado hacia otro buscándose la vida, ha alterado profundamente el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Algunos lo expresan directamente en términos racistas, y parece molestarles sobre todo que la mayoría sean magrebíes y musulmanes, pero el conjunto de la población lo está experimentando como un fenómeno de saturación y congestión. Son dos fenómenos que se mezclan interesadamente, pero que son distintos. Y lo más importante es reconocer que Ceuta no tiene capacidad de absorción suficiente como para que la vida vuelva a la normalidad. Y, sin normalidad, la gente se frustra y se hace más sensible ante los discursos incendiarios.

Por eso, aunque nos disguste y duela, es innegable que el Gobierno ha llegado tarde. Más allá del debate sobre la causa de la entrada de miles de personas por la frontera, aspecto en el que el Gobierno sigue empeñado en proteger a Marruecos, está el debate sobre la gestión de esta saturación y congestión. La falta de soluciones prácticas y la lentitud en desplegar incluso el apoyo más básico, dejando por semanas que los inmigrantes se hacinaran en asentamientos improvisados, ha desconcertado no solo a los ceutíes sino a toda la población.

Eso sí, no existen soluciones mágicas, es decir, rápidas y que al mismo tiempo sean legales y decentes. Porque devolver de manera inmediata a todos los entrantes es tan inhumano como ilegal, aunque entre los discursos de la extrema derecha esta sea la propuesta estrella. Al fin y al cabo, si para ellos, como dijo el diputado de Vox José María Figaredo, el objetivo a perseguir en los primeros compases era cazar inmigrantes, uno tiene que deducir que ahora su objetivo es poco menos que tirarlos al mar. Esos discursos carecen de base legal, y ya han sido denunciados por incitación al odio, pero van calando entre una sociedad que ha comprado el marco de inmigración como amenaza (con la ayuda de un vocabulario muy extendido entre medios convencionales: invasión, ataque, asalto…). De ahí derivamos un problema sociológico y político importante, que nos costará caro, pero no una solución práctica y legal.

En realidad, lo único que puede hacerse al respecto es acelerar los procedimientos que marca la ley para registrar a los inmigrantes y evaluar sus casos individualmente. Este es un proceso que requiere apoyo logístico y personal suplementario para poder realizarse, lo que necesariamente es lento y exige que, mientras tanto, los inmigrantes estén en las mejores condiciones posibles. Hoy, habiendo transcurrido más de un mes desde el inicio de la crisis, todavía hay miles de personas no integradas en este sistema y que, por lo tanto, permanecen varadas en las calles de Ceuta. Pero incluso cuando ya estén todas las personas listadas y bien atendidas, seguirán permaneciendo en la ciudad y alterando la normalidad de los ceutíes. El riesgo es que entonces Ceuta se convierta en Lesbos, es decir, un territorio fronterizo transmutado de facto en sala de espera permanente de un problema que corresponde gestionar al conjunto del Estado y de la Unión Europea.

No sorprenderá a nadie que todo esto sea una bomba de relojería, de esas que se convierten en estupendas oportunidades para el crecimiento de una extrema derecha deseosa de lanzar cualquier cosa a la cara de este gobierno. Habiendo convertido la inmigración en un fenómeno criminalizado y deshumanizado, la extrema derecha, y la derecha tradicional por imitación competitiva, explotan la frustración ciudadana tanto como pueden. Pero cuando se juntan miles de personas, muchas de ellas desesperadas por recibir incluso comida, los altercados pueden producirse. Y solo hace falta un poco de mala suerte para que uno de esos altercados encienda una mecha de consecuencias impredecibles. Ya hemos visto a grupos ultras yendo a quemar los asentamientos de los inmigrantes, expandiendo así el lenguaje práctico de la extrema derecha. Qué no puede pasar si uno de esos hipotéticos altercados se convierte en la simbología que la extrema derecha necesita para darle una falsa ilusión de verosimilitud a sus narrativas xenófobas. Me temo que no estamos tan lejos de un escenario así.

Paradójicamente resulta que desactivar esta bomba de relojería es relativamente fácil, al menos técnicamente. Se trataría de obrar como se ha hecho otras veces, es decir, repartiendo el volumen de inmigrantes por toda la península y, en consecuencia, mostrando una solidaridad efectiva con Ceuta para que no sean ellos los que tengan que absorber en solitario esta función. Además, nada de esto implicaría la permanencia definitiva de los inmigrantes, que deberían seguir adscritos a los protocolos establecidos. El caso más obvio, por el que podría empezarse desde ya, y estaría justificado plenamente por la doble y triple condición de vulnerabilidad, es el de los menores no acompañados y particularmente de las niñas. La estimación de unos 2.500 menores que podrían ser repartidos desde ya dentro de los programas habituales —en el último año, y antes de esta reciente entrada, fueron efectivamente repartidos desde Ceuta más de 600 con total normalidad—. Todo ello abundaría en la protección de los menores inmigrantes, pero también ayudaría a descongestionar Ceuta y a restar presión a la situación.

Sin embargo, las comunidades gobernadas por PP y VOX se niegan. Presas del discurso de la extrema derecha, que ya provocó varias crisis de gobierno en 2021 y desembocó en la ruptura de sus alianzas, estas comunidades se niegan a ayudar a Ceuta. Ya he mencionado que los representantes de extrema derecha exigen cometer la ilegalidad de devolver a todas estas personas a la frontera. El PP, por su lado, se conforma con repetir un mantra abstracto de que quiere soluciones, pero negando la única viable a corto plazo. Y aquí, lo sorprendente, es por qué Pedro Sánchez no ha salido a la ofensiva con esta situación. Podría haber puesto encima de la mesa la hipocresía de quienes hablan de “defender Ceuta” pero luego se niegan a la única medida capaz de reducir rápidamente la presión demográfica sobre Ceuta. Podría ponerles a ambos frente al espejo y denunciar que estas derechas tratan a los seres humanos como meros objetos sin alma, y que su cristianismo es sólo estético y ya, quizás, ni eso. Podría, en definitiva, salir a la ofensiva y ser coherente con el gobierno que acogió al barco Aquarius o que está regularizando a más de medio millón de inmigrantes que ya viven y trabajan en España.

Pero no lo ha hecho. Pedro Sánchez ha decidido seguir aplastado entre el sabotaje del PP y Vox y la presión del discurso ultra, también del que procede de la Unión Europea y que ve con malos ojos que haya inmigrantes en la península —como si no entraran muchos más por avión a través de los principales aeropuertos de Europa—. Incluso en el caso de los menores, Pedro Sánchez sigue negándose a que sean trasladados a otras comunidades autónomas.

Hay quien sostiene que la ofensiva ultra se multiplicaría si el Gobierno aceptara esta única medida viable, y que terminaría cayendo. No es una hipótesis descabellada, y probablemente es lo que explica el comportamiento del presidente. Pero este planteamiento descansa en el supuesto implícito de que esperar es gratis, cosa que está lejos de ser cierta. En primer lugar, la extrema derecha no se ha desmovilizado ni una sola vez a cambio de una cesión en este terreno; ni en 2021, cuando el reparto de menores le sirvió para romper gobiernos autonómicos, ni después, cuando el endurecimiento del discurso migratorio del conjunto del arco parlamentario no le restó un solo voto. Dado que exigen lo imposible —devolver a todos, ya— nunca van a ser satisfechos, y por tanto tampoco desactivados. En segundo lugar, la demora fabrica exactamente el material que la extrema derecha necesita. Cada semana de personas durmiendo en asentamientos improvisados produce más imágenes aprovechables que cualquier autobús saliendo hacia la península: los altercados, los grupos ultras yendo a quemar campamentos, la sensación de descontrol. El Gobierno cree estar evitando un titular y lo que hace es alargar la producción diaria de titulares peores.

Al no plantear siquiera la medida, el Gobierno concede la premisa de que trasladar migrantes a la península es en sí mismo inadmisible. El Gobierno parece hipotecado por las iniciales y rápidas declaraciones de varios ministros diciendo que todos los inmigrantes serían devueltos. La realidad es más compleja que aquellas posiciones, que sonaban a precipitada defensa frente al discurso ultra, y nos obliga a reconocer que no sabemos cuántos inmigrantes serán finalmente devueltos. Lo que sí sabemos es que ese dato lo conoceremos mucho más tarde, y que lo que ahora importa es el mientras tanto en el que crecen las derechas.

Pedro Sánchez llegará este jueves al Congreso de los Diputados más solo que nunca. Ni la oposición, ni tampoco uno solo de sus aliados parlamentarios acompaña al presidente en su permanente discurso exculpatorio de Marruecos sobre la responsabilidad de la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta el pasado 30 de julio. Un empeño al que, al menos hasta ahora, se ha aferrado el Gobierno y que se complicó aún más en las últimas 24 horas, tras la filtración de un informe policial que apunta a la participación directa de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes en el paso fronterizo masivo.

La publicación de ese informe, adelantado por El Español y al que tuvo acceso elDiario.es, sumió en el caos este miércoles al ministerio del Interior e hizo saltar todas las alarmas en Moncloa el día antes de la comparecencia de Sánchez. Fernando Grande-Marlaska decidió hacer pública una carta en la que demandaba explicaciones al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que alegó que él tampoco tenía conocimiento de ese informe porque la jueza ordenó a los autores del texto no dar traslado a sus superiores. Y, tras informarse sobre el contenido del ese informe, volvió a negar que exista información sobre la implicación de Marruecos.

La conclusión del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía está basada en imágenes difundidas en redes sociales y por los medios de comunicación. Y alteró la preparación en la Moncloa de la cita en el Congreso de este jueves. El equipo del presidente preparaba desde principios de semana una intervención parlamentaria larga y minuciosa sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno. Y un discurso que en principio preveía mantener el cierre de filas sin matices respecto a la supuesta cooperación marroquí, a la que desde el Ejecutivo agradecen el retorno de la mayoría de personas que cruzaron.

Además, pretendían impregnar sus palabras de unas dosis de “empatía” hacía los ceutíes que creen en el Ejecutivo que no fue capaz de transmitir del todo durante su entrevista de arranque de curso el lunes, en la Cadena Ser. Con esa idea, de hecho, grabó y publicó en sus redes un vídeo el miércoles por la mañana, con motivo de la festividad de Ceuta y horas antes de las manifestaciones convocadas. “Me hago cargo de que, para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupere la normalidad, la respuesta del estado es insuficiente”.

Toda la atención ahora está en ver si Sánchez decidirá virar este jueves su discurso sobre Marruecos, al menos mínimamente, en mitad de un clamor unánime del resto de partidos y de la opinión pública, que le exigen romper amarras con el vecino africano. Durante toda la tarde del miércoles se perfiló en la Moncloa esa intervención en la que, según fuentes del Ejecutivo, el presidente no ignorará las novedades de las últimas horas y tratará esta vez sí de lanzar un mensaje de mayor firmeza ante cualquier ataque a la soberanía territorial de España, venga de quien venga. Aunque la tesis de fondo sigue inalterable: no hay pruebas concluyentes, dice el Gobierno, que demuestren que la monarquía alauí ordenara o perpetrara la ofensiva.

Feijóo eleva el tono con Marruecos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a ir con todo en su réplica al presidente del Gobierno, convencido de que la crisis de Ceuta (esta vez sí) será la que termine con la resistencia de Pedro Sánchez. El primer partido de la oposición ha endurecido su discurso con el paso de los días, y llega a la primera gran cita parlamentaria del último curso político de la legislatura dispuesto a todo.

Feijóo está dispuesto incluso a una escalada diplomática con Marruecos que, si llega a la Moncloa, tendría que revertir. El líder del PP fue cauto con el país africano en los días posteriores a la entrada de miles de personas en Ceuta. La estrategia pasaba por atacar al Gobierno por su falta de previsión y por no atajar la crisis humanitaria desatada en la ciudad autónoma. Las referencias a las “vacaciones” del presidente y de los ministros fueron constantes, así como las críticas a la lentitud y la incapacidad que, en su opinión, ha dominado la gestión del Ejecutivo.

El líder del PP insistirá en esa idea. Feijóo llega al debate del jueves tras las concentraciones en ayuntamientos convocadas por su partido a través de la FEMP para mostrar el apoyo ciudadano a los ceutíes y, de paso, arremeter contra el Gobierno y el “abandono” al que, según sostienen, han sometido a la ciudad autónoma.

Feijóo viajó precisamente a Ceuta este miércoles por la mañana y alabó a sus habitantes “por su capacidad de resistencia, por su civismo y por su dignidad defendiendo su territorio y nuestra nación”. “Somos conscientes de la situación crítica que Ceuta está pasando desde hace un mes”, dijo, para concluir: “Han mantenido en pie la frontera de España y de Europa sin perder la calma, sin perder la cabeza y sin dar un paso atrás”.

Pero Feijóo fue más lejos que en toda esta crisis y decidió pasar al ataque contra Marruecos, y pidió al Gobierno tomar “medidas” contra ellos a cuenta del informe policial basado en fuentes abiertas que señala el supuesto papel del país en la crisis humanitaria. Es el mismo Feijóo que hace menos de un mes dijo que “honradamente” él no debía “pedir explicaciones” y que aseguró que su primer viaje oficial como presidente será a Marruecos.

La réplica de Feijóo a Sánchez este jueves seguirá este mismo (y nuevo) derrotero, una senda que el PP no ha transitado en el pasado, conscientes de la importancia de mantener buenas relaciones con Marruecos.

Pero Feijóo ha visto en la crisis de Ceuta otra vía para golpear con todo al Gobierno. En la dirección del PP analizan las encuestas que, en las últimas semanas, muestran un alejamiento del electorado con Sánchez y los suyos por la respuesta dada por el Ejecutivo. Si los escándalos de corrupción que salpican al PSOE no han terminado de laminar la resistencia del presidente, sostienen en Génova, Marruecos lo hará.

Feijóo no solo busca hacer daño al Gobierno. Este miércoles, en su alocución en Ceuta, el líder del PP dejó un recado doble, dirigido al presidente, pero también al líder de Vox, Santiago Abascal, casi desaparecido durante todo el mes de agosto más allá de algunos tuits y videocomunicados enlatados. “Yo estoy donde debo estar”, aseguró. “Es aquí donde debería estar el presidente del Gobierno”, continuó. Y zanjó: “Y es aquí donde debe estar cualquiera que aspire a la Presidencia del Gobierno”. Está por ver que repita su doble acusación en sede parlamentaria.

Críticas de los socios

En Sumar consideran que el reino alauí ha desempeñado un papel protagonista “por acción o por omisión” y han decidido evidenciar con mayor claridad las diferencias que mantiene con los socialistas con respecto a la relación con Marruecos y a la gestión de la crisis en Ceuta. Hace unos días, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, planteó la necesidad de trasladar sin demora “a los niños y a las niñas no acompañados” que se encuentran en el sobrecargado sistema de acogida ceutí a la Península para descongestionar la ciudad y, una vez allí, continuar tramitando sus expedientes. Poco después, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, iba más lejos y afirmaba que todos los migrantes —mayores y menores de edad— debían ser sacados de Ceuta para aliviar la sobrecarga de la ciudad autónoma, incluso aunque posteriormente se decidiera su deportación.

Fuentes de Sumar explican que esta reclamación será uno de los ejes del discurso que pronunciarán los portavoces adjuntos del grupo, Enrique Santiago y Aina Vidal —la portavoz titular, Verónica Martínez, no podrá acudir al pleno por motivos familiares—. La formación, no obstante, también se ha mostrado contrariada con el PSOE en las últimas horas a raíz del informe policial que apunta a la participación de agentes marroquíes en la entrada masiva de inmigrantes de hace un mes: ya este miércoles, Martínez sostuvo que, “si se acredita el contenido del informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores debería convocar de urgencia a la embajadora de Marruecos en España para exigirle explicaciones”, y espetó que “seguir diciendo” que el reino alauí “no tuvo nada que ver resulta cada vez más difícil”.

La existencia de este documento causó un enorme estupor en el ala minoritaria del Gobierno. Y, aunque la coalición en su conjunto evitó ir más allá de exigir aclaraciones a Marlaska, IU —el partido de los integrados en Sumar que más se ha distanciado de la gestión del PSOE desde el inicio de la crisis de Ceuta— exigió por boca de su líder, Antonio Maíllo, dimisiones: o bien del director de la Policía “si se confirma” que el cuerpo “ha sido desleal”, o bien del propio ministro Marlaska “si se confirma que [su departamento] tuvo esta información y no la tramitó”.

No solo IU ha apuntado a la responsabilidad política del titular de Interior en este último capítulo de la crisis. También Podemos exigió el miércoles el cese del ministro, así como la ruptura de relaciones con Marruecos, “después de que el propio Ejecutivo haya reconocido la existencia de un informe que apuntaría a la actuación de las autoridades marroquíes como desencadenante de la actual crisis en Ceuta”. Fuentes de la formación morada reclaman a Sánchez que explique “por qué ha mentido y por qué ha ocultado información desde el 30 y 31 de julio y, especialmente, por qué insiste en proteger a Marruecos”, y se preguntan “qué le debe Sánchez” al régimen de Mohamed VI.

El resto de los socios del Gobierno se ha mostrado más cauto en relación a Marlaska a la espera de las explicaciones que pueda ofrecer Sánchez este jueves en el Congreso. Pero eso no implica que estén satisfechos con la gestión que ha realizado la Moncloa de la crisis: incluso los aliados que habitualmente son más precavidos a la hora de expresar críticas en público, como el PNV, han cargado duramente contra la actuación del Ejecutivo. Hace unos días, el presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, la calificaba de “nefasta” y afeaba al Gobierno la falta de unidad en su discurso durante el mes de agosto, con “ocho ministros, cada uno por su lado, haciendo declaraciones contradictorias, con intenciones también contradictorias”.

“Ni nos gusta la improvisación del Gobierno español, ni el circo que quieren montar otros”, deslizó igualmente Esteban en referencia al PP y a Vox, que pidió “competencias integrales en migración” para el País Vasco ante un Gobierno central “incapaz” de tener un sistema de acogida “mínimamente ordenado”. En esa misma línea se ha expresado Junts, cuya portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, volvió hace unos días a reclamar la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat y culpó al Gobierno de haber provocado la crisis de Ceuta por su supuesta “negligencia”. Nogueras, además, amenazó con no dar “ni un voto más” al Ejecutivo si envía a una parte de los niños y adolescentes que se hacinan en Ceuta al sistema de acogida de Catalunya.

ERC ha mantenido, por su parte, un tono mucho menos belicoso ante esta posibilidad, aunque hace unos días su líder, Oriol Junqueras, advirtió a la Moncloa de que “Catalunya, como en cualquier otro país del mundo, no tiene servicios suficientes para acoger infinitamente”, si bien sí se mostró a favor de acoger “niños y niñas necesitados”. Junqueras, por el contrario, se mostró mucho más duro a la hora de calificar la gestión de la crisis de Ceuta que ha realizado el Gobierno, de quien dijo que “lo ha hecho muy mal por mucha dejadez y por mucha dejadez durante mucho tiempo”. Y, además, dejó claro que desconfía de la versión del Ejecutivo de que Marruecos no tuvo nada que ver con la entrada masiva al asegurar que “es muy difícil de creer que decenas y decenas de miles de personas puedan tomar la decisión colectiva de cruzar una frontera sin que el país del cual salen lo sepa”, y más “en un país como Marruecos”, que “dedica muchos recursos a intentar controlar su sociedad y a saberlo todo”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asumido este miércoles que Marruecos “coordinó” el “ataque” contra Ceuta del pasado 30 y 31 de julio, ha reclamado al Gobierno que llame a consultas al embajador español en Rabat y que cite a su homóloga marroquí en España para informarle de “las medidas iniciales” que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería tomar contra el país de Mohamed VI.

Así lo ha referido Feijóo en una rueda de prensa en Ceuta, donde ha viajado a cuenta del día de la ciudad autónoma. El líder del PP ha dado por buenas las informaciones que apuntan a un informe que una unidad de la Policía Nacional ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, y que señalaría a Marruecos como instigador de la entrada de decenas de miles de personas hace ahora poco más de un mes.

“La embajadora de Marruecos debe ser convocada de carácter inmediato para que dé explicaciones sobre las acciones de sus autoridades y para anunciarle medidas de respuesta iniciales”, ha reclamado Feijóo. El líder del PP no ha querido concretarlas, y ha sostenido “el embajador de España en Marruecos debe ser llamado a consultas para evaluar las medidas más adecuadas”.

Feijóo aseguró hace un mes, diez días después de la crisis, que “honradamente” creía que él no tenía que “pedir explicaciones a Marruecos”, sino “evitar con Marruecos que esto se produjese”. También reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haber hecho su primera visita oficial al país africano, y prometió que él sí lo haría: “El primer viaje debe ser a Marruecos y por mi parte sería a Marruecos”.

“Teníamos indicios de que el Gobierno lo sabía”, ha sostenido, en referencia al papel de Marruecos en la crisis, que ha sido negado una y otra vez por Sánchez y sus ministros. “Era imposible que, a 25 kilómetros de la frontera de Ceuta, donde se celebró la fiesta del Trono en Marruecos, las autoridades marroquíes no advirtieran que había miles y miles de personas pasando por allí y llegando a la frontera”, ha añadido Feijóo.

“Fuimos absolutamente respetuosos y cuidadosos con nuestros pronunciamientos. Pero lo que no podemos es callar y aceptar, ni chantajes ni amenazas de nadie. Si el Gobierno no defiende la integridad territorial, la hace el partido mayoritario de España”, ha concluido.

Tercer viaje a Ceuta

El de este miércoles ha sido la tercera visita de Feijóo a Ceuta desde el estallido de la crisis. Un viaje relámpago para asistir a los actos institucionales del día de la ciudad autónoma, a los que ha llegado tarde por inclemencias climatológicas.

El líder del PP partirá de forma inmediata de regreso a la Península para asistir esta tarde a la concentración convocada en los ayuntamientos por su partido a través de la Federación de Municipios y Provincias, con el rechazo del resto de grupo.

Feijóo coincidirá en la madrileña Plaza de Cibeles con compañeros de su partido, como Isabel Díaz Ayuso. Pero también con el líder de Vox, Santiago Abascal, con quien no habla desde hace meses.

En su comparecencia en Ceuta, Feijóo ha criticado las ausencias que, en su opinión, se han producido durante esta crisis. Algunas las ha mencionado expresamente y otras solo las ha sugerido. “Yo estoy donde debo estar”, ha asegurado. “Es aquí donde debería estar el presidente del Gobierno, y es aquí donde debe estar cualquiera que aspire a la Presidencia del Gobierno”, ha añadido, una referencia velada al propio Abascal.

EH Bildu ha dado comienzo al nuevo curso político este lunes en Pamplona, “la vieja capital de Nafarroa y Euskal Herria”, como la ha definido Arnaldo Otegi. El secretario general de la coalición abertzale ha reconocido que el 2027 estará marcado por los procesos electorales que, según ha alertado, podrían situar a la extrema derecha “gobernando en Madrid y en París”. Para evitarlo, ha insistido en que la prioridad de EH Bildu seguirá siendo “detener” al “bloque reaccionario” que en Madrid representan “Abascal y 'FeiVox'”.

“Los siete territorios pueden estar a no mucho tardar, en manos de gobiernos absolutamente reaccionarios. Por lo tanto, la primera prioridad es detener el avance del bloque reaccionario en el Estado español y en el Estado francés”, ha insistido Otegi, que ha apostado porque el bloque progresista “siga siendo mayoritario”.

El secretario general de EH Bildu ha asegurado que la formación que él lidera tiene una “singularidad” y es la de “fijar prioridades” y “no poner por delante el interés del partido al del país”. Por ello, ha insistido que harán lo que esté en su mano para que Feijóo no llegue a La Moncloa o Le Pen a la presidencia de la República francesa. También tratarán de evitar que UPN recupere la presidencia de Navarra tras 8 años de gobierno de la socialista María Chivite, cuyas dos investiduras fueron facilitadas por EH Bildu, que es a su vez socio presupuestario. “Si es por nosotros, UPN no va a gobernar”, ha aseverado.

Pese a que algunas encuestas sitúan ya a EH Bildu como segunda fuerza en Navarra, superando al PSN y solo por detrás de UPN, Otegi ha incidido en que “estar o no en el Gobierno” no es algo que les interese “en demasía” en estos momentos. “Lo que se juega la sociedad navarra es si hay continuidad de un gobierno progresista, que a nosotros nos gustaría que sea mucho más progresista y mucho más euskaldun y que hiciera políticas mucho más avanzadas en el terreno fiscal o de la vivienda, pero lo que está en juego aquí es si vuelve la derecha reaccionaria de Navarra o si se mantiene el bloque progresista”, ha afirmado.

“Hasta ahora hemos tenido unas fórmulas que se pueden repetir o no, ya veremos, pero la prioridad es que el bloque sume y nosotros vamos a contribuir a ese bloque, creo que con algún escaño más, ese es nuestro interés de partido”.

Sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE, el líder de EH Bildu ha asegurado que está “a favor” de que se investiguen, pero ha señalado que además de presunta corrupción, también “hay casos de 'lawfare' claros”. “Por lo tanto, aquí lo que hay es un diseño no para hacer saltar el Gobierno de Sánchez, sino para obstruir una posible salida en términos democráticos a lo que no se hizo en el año 78. Esa es la batalla principal. Si se dieran casos de financiación de partido irregular evidentemente eso habría que sustanciarlo en términos políticos, pero si la alternativa a la corrupción del PSOE es la corrupción del PP ¿cuál es la salida? La independencia nacional de Euskal Herria”, ha apuntado.

Por último Otegi ha defendido la necesidad de las próximas elecciones sirvan para profundizar en el autogobierno. “El país tiene que dar un salto en materia de capacidades de decisión sobre todas las materias que afectan a la vida de los ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en este país”. Para ello, ha considerado que debe haber “acuerdos entre diferentes” sobre tres cosas que ha considerado “básicas”. “Somos una nación, necesitamos herramientas con garantías para hacer políticas públicas diferentes, y el futuro de los vascos y las vascas tiene que depender de la voluntad democrática de los vascos y las vascas, en un proceso gradual, en un proceso acordado, en un proceso como se quiera definir”.

Hace cuatro semanas, escribí sobre dos temas antes de las vacaciones: la crisis de Ceuta y el ático de Díaz Ayuso. Ahora estamos en las mismas. Pedro Sánchez pensaba que había encauzado la situación. La presidenta de la Comunidad de Madrid creía que podía pasar por encima de la polémica, como ha hecho en otras ocasiones. Ambos estaban equivocados. En el primer caso, porque la tensión en la ciudad no ha dejado de aumentar. En el segundo, porque ni siquiera en su partido se creen sus explicaciones.

Consciente de que la habían pillado, Ayuso se quedó sin vacaciones en la primera quincena de agosto y llevó a cabo una agenda frenética de visitas a zonas afectadas por los incendios con muchas promesas y no menos fotos. Se trataba de multiplicarse para que se hablara de ella en relación a los fuegos, y no del ático de seis millones que se había comprado a costa de los contribuyentes. Pero los periodistas no hacían más que preguntarle por esto último –todos sabían que esas visitas eran puro teatro– hasta que cortó por lo sano y se limitó a eso que se llama declaración institucional, que consiste en que no hay preguntas. 

No contaba con que también le preguntaran por el ático a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP dijo que el Gobierno autonómico “tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina”. Además, comentó que le habían hablado de unas obras previstas en la sede del Gobierno en una reunión en abril que tuvo que ser con Ayuso. La presidenta había dicho que se había enterado de la compra en julio. Era una más de las mentiras con las que habían intentado neutralizar la controversia.

Fue el 23 de agosto. Según Ayuso, estaba todo contado y explicado, pero Feijóo la había desmentido al pedir más explicaciones. Optó por la solución por defecto. Un poco de descaro y a correr. Al día siguiente, ofreció una de las frases del verano. “Está a la venta. Chao, pescao”. Una expresión frívola que parecía venir del típico político que se niega a aceptar que está en problemas. Quizá uno de sus toques personales que funcionan en su electorado, como cuando cambia el acento en los mítines para sonar más cheli, más ma-dri-le-ña. Soy macarra, hago lo que quiero y que le den a los que me critican. Pero con esta polémica ha aparecido la auténtica Ayuso. Su idea era: soy macarra, compro el ático que quiero y los contribuyentes me lo van a pagar. 

La armadura mediática que siempre le ha protegido muestra algunos síntomas de corrosión causados por la fatiga de materiales. En voz baja, en el PP no ocultan que ha sido un verano problemático para ella, que comenzó con un viaje a México, cuyo único fin parecía ser atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum y prestar un favor a la oposición mexicana. Una agenda internacional de contactos es lo que se necesita si uno aspira a puestos más altos en el futuro. 

Lo único que ha hecho últimamente es su remedio habitual de sacar a Sánchez en todas las declaraciones a ver si así no se habla del ático. El periodista David Fernández, autor de una biografía reciente de Ayuso, explicaba así lo que piensan algunos en su partido: “Me ha chocado mucho que altos cargos de la Comunidad de Madrid, muy cercanos a Ayuso, me han dicho: 'David, la cagada ha sido monumental y el escándalo que se va a conocer ha sido mayúsculo'”.

El ático que quería comprarse, y para el que sus asesores habían pedido a la inmobiliaria una gran terraza, presenta un flanco que la oposición intentará aprovechar en septiembre. Lo que ya está claro es que el manual básico de Ayuso para todas las crisis no le ha funcionado por primera vez en mucho tiempo. Como le gustan las frases populacheras, se puede comentar que todo le ha explotado en el culo cuando pensaba que eran los demás los que tenían que pagar la factura por sus decisiones. Su plan B siempre ha consistido en multiplicar por diez el plan A. Es lo único que sabe hacer Miguel Ángel Rodríguez.

Ceuta necesita ayuda, no más odio

Hace un mes, el Gobierno pensaba que había pasado lo peor en Ceuta con el regreso de la inmensa mayoría de las decenas de miles de personas que habían entrado en territorio español. Gran error. Semanas después, reconoció que las cosas no habían salido como esperaba con la decisión de poner en marcha un mando único para afrontar la crisis y poner al ministro Ángel Víctor Torres al frente. Había transcurrido casi un mes desde el asalto a la frontera, uno en que las víctimas fueron el centenar de personas que perecieron ahogadas. Segundo error. Debería haber hecho eso el primer día, porque la situación superaba en mucho las capacidades del Gobierno ceutí. 

El tercer error se produjo cuando el Gobierno no fue capaz de ofrecer una versión única sobre la actuación del CNI. La ministra Robles dijo que los servicios de inteligencia habían avisado del riesgo de una entrada masiva: “Si hay informes, si no hay informes... Los servicios de inteligencia operan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos”. ¿Manuscritos? Espero que no los redacten a mano y que el CNI tenga ordenadores. Marlaska lo negó: “No había ningún informe que atisbara que el 30 de julio iba a acontecer lo que sucedió”. 

Hay un cuarto error que no está en lo que se hizo o no desde el Gobierno, sino en las declaraciones. Sabiendo que no sale ganando si adjudica toda la culpa a Marruecos, algo de lo que siempre han sido conscientes los gobiernos españoles, ha llegado demasiado lejos en el intento de exculpar al régimen de Rabat. Marlaska volvió a llamar esta semana “socio leal” a Marruecos. “Las autoridades marroquíes han interceptado en lo que va de año más de 2.700 salidas irregulares marítimas hacia las costas españolas”, dijo. Esto último es cierto, pero el Gobierno no puede pretender que la opinión pública española culpe más a “los bulos” y “las mafias” de lo ocurrido que al vecino del sur. Ese es un discurso que no le va a comprar casi nadie.

“Podría ser Marruecos, no lo descarto completamente, pero no cuadra en absoluto con crisis anteriores ni tampoco tenemos una sola prueba que demuestre que han sido ellos”, han dicho fuentes del Gobierno a este diario sobre la responsabilidad de ese Gobierno en la crisis. 

Por mucho que a la oposición se le llene la boca exigiendo que los extranjeros que pasaron a Ceuta sean devueltos a Marruecos, eso no puede hacerse sin la colaboración de las autoridades de ese país. Todos lo saben, pero prefieren ignorarlo. Hasta el propio Feijóo no ha querido lanzarse contra Rabat. Quizá algún día esté en la misma situación que Sánchez y hará lo mismo que ha hecho el actual Gobierno.

“Es una recomendación de Feijóo. No es legítimo tratar de sacar ningún rédito político, ninguna ventaja electoral o partidista, de esta crisis existencial que vive Ceuta. Sería absolutamente reprobable”, dijo Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, el 19 de agosto. Eso es precisamente lo que ha hecho el PP, lo que no es ninguna sorpresa. Incluso pasando por encima de la ley, como con la petición de expulsión inmediata de los 5.000 extranjeros que continúan en la ciudad a los que hay que sumar unos 1.500 menores. Una delegada del Gobierno y una vicepresidenta ceutí fueron condenadas por prevaricación hace un año por tomar esa medida con la devolución de menores a Marruecos. 

La primera reacción del PP a los ataques racistas y al intento de impedir por la fuerza la entrega de comida a los extranjeros fue comprensiva. “Mucha paciencia han tenido”, dijo Cuca Gamarra sobre los habitantes de Ceuta. Un día después, se corrigió el mensaje y hubo que esperar a que Vivas dejara claro el rechazo a cualquier tipo de violencia sin ningún tipo de disculpas. 

También hay que añadir el intento del PP de crear alarma con el aviso de que podían producirse brotes infecciosos por culpa de los inmigrantes. Hasta se habló de tuberculosis. “La tuberculosis ha llenado titulares alarmistas y falsos”, respondió la ministra Mónica García. “Hemos detectado tres casos, uno ya tratado, una tuberculosis cerebral y una persona que ya estaba en Ceuta antes del 30 de julio. No hemos detectado ningún caso nuevo”. 

No se puede subestimar el miedo y la preocupación de los ciudadanos de Ceuta por lo que han pasado este mes. Ceuta no está en la misma situación que provincias como Zamora o Alicante, pero los derechos de ceutíes y melillenses deben ser defendidos con la misma fuerza que con los habitantes de la península.

Criminalizar a los inmigrantes presentándolos como “invasores” –y así se está haciendo en varios medios de la derecha– sólo contribuye a alentar el odio y hasta la violencia. Ese es un terreno de juego del que solo se beneficiará la extrema derecha. 

El PSOE ha señalado este sábado que la solicitud de comparecencia en el Senado por la crisis en Ceuta de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, que reclama el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue rechazada por la Mesa de la Cámara Alta dominada por mayoría de los 'populares'.

Núñez Feijóo ha reclamado este sábado la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el Senado para explicar cuándo se avisó, qué información se trasladó y qué sabía el Gobierno antes de la entrada ilegal de miles de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Una solicitud similar fue registrada a principios de agosto por Vox, para reclamar entre otros documentos las comunicaciones previas que pudieran contener alertas, previsiones o cualquier información destinada a anticipar la entrada en España de unas 70.000 personas. Sin embargo, la Mesa del Senado, donde hay mayoría del PP, no ha admitido a trámite la solicitud del partido de Santiago Abascal alegando motivos legales porque la directora del CNI “solo puede comparecer ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, como marca la normativa vigente”.

Según consta en el escrito de la mesa, recogido por Europa Press, la ley reguladora del CNI establece en su artículo 5.1 que las actividades de la institución, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de algunas de esas materias, constituyen “información clasificada, con el grado de secreto”.

Así, el escrito no admite a trámite la petición de Vox para una comparecencia pública porque contiene información clasificada y la cual “legalmente solo se puede dar cuenta a través de los medios establecidos en el artículo 11 de la citada ley, así como en la propia Ley de Secretos Oficiales”.

El artículo 11 establece que el CNI someterá al conocimiento del Congreso, en la forma prevista por su Reglamento, a través de la comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados (también conocida como comisión de secretos oficiales), la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades. “El contenido de dichas sesiones y sus deliberaciones será secreto”, zanja el artículo.

“Volverá a ser jefe de la oposición”

En esta línea, los socialistas han arremetido contra Feijóo: “Una vez más, hemos confirmado que Feijóo volverá a ser jefe de la oposición. Nuevo curso político, viejas costumbres. Hay cosas que no cambian”, han dicho a través de la red social.

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha acusado a Feijóo de querer “hacer de líder de la extrema derecha” en España ya que, tal y como ha recordado, fue Vox quien solicitó primero esta comparecencia de la directora del CNI en la Cámara Alta. Espadas ve en Feijóo “incompetencia, mala fe o ignorancia”, unas críticas a las que se ha sumado la portavoz del propio partido PSOE, Montse Mínguez. “Tiene mayoría absoluta en el Senado. Lo que no tiene es idea de nada. Y así con todo”, ha escrito Mínguez en la red social X.

De una forma similar se han pronunciado en la red social la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, quien ha tirado de ironía: “Es que no da una”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama que comparezca ante el Senado la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para explicar qué sabía el Gobierno antes de la entrada de masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio. En el acto de arranque del curso político que su partido celebra tradicionalmente en Galicia, cargó contra el equipo de Sánchez y señaló que su conclusión, tras las explicaciones de los ministros es que, “como mínimo, alguien miente”. “Yo creo que mienten todos. Vamos a saberlo, que comparezca la directora del CNI en el Senado comprometiéndose a decir la verdad de cuándo avisaron y que concrete qué sabía el Gobierno”.

Feijóo señaló también que el PP se va a personar en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional a raíz de la crisis de Ceuta: “¡Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad nacional no tenga consecuencias!”. Ha distribuido las responsabilidades por todo el Gobierno y por sus socios. En el 'sanchismo', dijo, “no hay héroes y villanos; todos son villanos”. “No hay izquierda alternativa decente. Se ha fusionado con el 'sanchismo'”, añadió.

El líder del principal partido de la oposición insistió en hablar de “invasión” y acusó al Gobierno de abandonar Ceuta. Agregó que las familias ceutíes tienen “miedo de salir a la calle” y que muchas le han trasladado que no van a llevar a sus hijos al inicio del curso escolar si la situación no se encauza antes. “Es justa la rabia, es legítima la indignación”, dijo, en un discurso de tono preelectoral en el que esa fue la mención que hizo a la tensión en la ciudad, que ha derivado en los últimos días en un estallido de violencia. La crisis es, agregó, “de una magnitud sin precedentes y afecta a la propia existencia de la nación”.

Dirigió también unas palabras al Ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los que ha dicho que han tenido que intervenir en Ceuta sin que el Gobierno les dé “medios ni cobertura legal para actuar”. “Ver al Ejército huir porque no tiene capacidad para defenderse de los inmigrantes es indignante para nuestra nación”, criticó.

Feijóo confirmó que va a participar en las concentraciones convocadas el día 2 de septiembre. “Es el día de Ceuta y allí estaré”, avanzó. “Ceuta y Melilla son España”, repitió. La intención del líder del PP es acudir a la ciudad por la mañana y asistir por la tarde al acto de Madrid. Llamó a la ciudadanía a sumarse el miércoles a una convocatoria que asegura que “no va en contra de nadie”.

Ante centenares de miembros del PP gallego y simpatizantes, Feijóo aprovechó su intervención en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo Cotobade (Pontevedra), para anticipar un curso político especialmente bronco que va a estar marcado por las citas electorales -municipales, autonómicas en varias comunidades y generales-, que asegura que va a ser “el del cambio”. “El sanchismo está acabado, pero ahora toca certificar su defunción en las urnas”, dijo al público, en el que se sentaban el expresidente Mariano Rajoy, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y varios cargos de la actual dirección: el secretario de Organización, Miguel Tellado; la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y la de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez.

También participó en el acto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que llamó a que Pedro Sánchez convoque elecciones tras el “escaqueo” que considera que ha protagonizado con Ceuta. El Gobierno, dijo, “parece que está más pendiente de los agresores que de los agredidos”. Ofreció también a Galicia como espejo en el que mirarse en cuestiones de migraciones y como referente de lo que, a su juicio, debe ser una persona migrante: “Si quieren lecciones de lo que es emigrar con arraigo, con respeto, entendiendo que a un país se va a trabajar, que nos pregunten a nosotros cómo hay que hacer las cosas”.

Isabel Díaz Ayuso quería ya pasar página de la polémica del ático después de un verano mucho más intranquilo políticamente para ella de lo que parecía hace solos unos meses. En los últimos días, la presidenta de Madrid había limitado cada vez más sus apariciones públicas y su actividad en redes sociales se basaba en hacer oposición al Gobierno central por la crisis en Ceuta. Parecía que el escándalo comenzaba a darle un respiro finalmente. Pero a poco más de una semana de septiembre, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a ponerla bajo los focos tras asegurar que en abril mantuvo una reunión “informal” en la que se le informó de que el Gobierno de Ayuso buscaba un lugar para un “traslado temporal”. El líder del PP también dijo que “Patrimonio tendrá que explicar por qué compró un ático que no se puede destinar a oficina”.

La líder madrileña ha estado este último mes de tournée por los pueblos de la Sierra Oeste de Madrid afectados por los incendios del pasado mes de julio, a los que ha acudido para anunciar medidas relacionadas con la reconstrucción. Por eso le pesaban tanto las preguntas de la prensa que, intervención tras intervención, intentaban aclarar las incógnitas que rodeaban la operación confidencial por la que se compró un inmueble de 6,3 millones de euros en el barrio de Chamberí para “reuniones”. Incluso llegó a espetar a los periodistas que por qué no preguntaban “una sola vez por la gente afectada por los incendios”. “Yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente”, dijo ante las cámaras, visiblemente molesta.

Una de las últimas novedades sobre este caso se conoció el pasado 7 de agosto, cuando la Comunidad de Madrid puso en venta el inmueble de lujo por 6,69 millones, tal y como anunciaron después del escándalo. Según indicaron, el objetivo era dedicar el dinero a la reconstrucción. A partir de ahí, Ayuso ha evitado dar más explicaciones, con una escueta agenda centrada en la reconstrucción y en Ceuta.

El PP descarta pedir “explicaciones” tras hacerlo Feijóo

Pero el esperar a que la situación se desinfle sola no ha dado los resultados que se pensaban. Los intentos del Gobierno de Madrid de enterrar el asunto quedaron en nada cuando, este pasado fin de semana, el líder del PP abordó el asunto en una entrevista para Europa Press con motivo del arranque del curso político. En ella, no solo no eludió el asunto del ático, sino que optó por extenderse en su respuesta.

Feijóo relató que el pasado mes de abril asistió a una reunión con el Gobierno de Madrid. Fue en ese contexto cuando alguien, una persona que no identifican ni el líder del PP ni su equipo, le comentó que se iban a hacer “obras de remodelación” en el edificio porque “había problemas” con las cañerías, el aire acondicionado o la conservación del edificio. En ese momento, siempre según esta versión, se le explicó que se estaban “buscando lugares” para trasladar durante la obra el “despacho de la presidenta y de los seis, siete u ocho puestos” de su “secretaría y atención de Gabinete”.

Efectivamente, el 8 de abril Feijóo y su ‘número dos’, Miguel Tellado, se reunieron en Sol con Ayuso y su Gobierno. Fue ese día cuando fue informado de las futuras obras y de que se buscaba un emplazamiento temporal para Ayuso, según confirman a elDiario.es desde su equipo.

Los gabinetes no dieron cuenta del encuentro hasta el día siguiente y, según explican desde la dirección nacional del PP a elDiario.es, fue en los minutos previos a esa reunión “formal” cuando Feijóo fue informado de la necesidad de acometer obras en el edificio. En las imágenes distribuidas entonces por la Comunidad de Madrid se puede apreciar cómo el líder del PP recorre parte de las dependencias de la Puerta del Sol acompañado por Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín.

Precisamente sobre García Martín están los focos, ya que él es el presidente de la empresa pública Planifica Madrid, responsable de la compra del ático que, supuestamente, iba a ser destinado para acoger el despacho de Ayuso y su equipo durante esas obras. En su entrevista, Feijóo centró las dudas de la operación en Patrimonio de la Comunidad de Madrid al exigir “explicaciones” por la compra de un inmueble que “no se puede destinar a oficinas”.

El PP reformuló este lunes su relato. El portavoz nacional, Borja Sémper, evitó exigir cuentas al Gobierno de Ayuso: “Las respuestas de la Comunidad de Madrid son razonables y las que ellos han querido dar, a ellas me remito”. Pocos días antes de la frase de Feijóo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, ya había dicho que la baronesa madrileña había dado todas las aclaraciones “por activa, por pasiva y por perifrástica”.

“Le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones”

Tras el revuelo de la entrevista de Feijóo, Ayuso mostraba su descontento este lunes por tener que seguir dando explicaciones. “Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, es evidente que uno a uno tiene un nuevo titular, pero va a ser lo mismo”, ha asegurado, para intentar zanjar el tema con un “chao, pescao”. Durante la rueda de prensa, la baronesa del PP ha criticado que “no se puede estirar más el chicle”, aunque ha evitado responder, por ejemplo, en qué contexto y cómo se produce la reunión “informal” de abril de la que hablaba Feijóo.

Lo que sí ha dicho es que el inmueble comprado está “destinado a oficinas” y que “además puede albergar despachos”. Sin embargo, la normativa del Ayuntamiento impide convertir en una dotación pública un noveno piso de un edificio residencial en ese barrio y solo podría albergar ese despacho profesional si es como complemento a una vivienda habitual.

Planifica Madrid lleva años intentando enajenar otro inmueble mucho más grande que el ático de Chamberí en la Gran Vía. Como sucede con el ático de lujo, el uso de ese otro inmueble es también residencial, pese a que el Gobierno madrileño lo ha venido utilizando durante años a oficinas.

El inicio del nuevo curso político

Este nuevo capítulo en la polémica del ático se produce cuando apenas falta una semana para comenzar el mes de septiembre y la vuelta a la actividad política. A pesar de que la presidenta trate de desactivar estos días la conversación en torno a la operación, tendrá que enfrentarse pronto a las preguntas de la oposición. Tanto PSOE como Más Madrid han anunciado que tomarán medidas legales por el escándalo que se tendrán que resolver próximamente. Pero no solo eso.

Durante el verano, la actividad en la Asamblea de Vallecas se paraliza, por lo que Ayuso ha podido sobrellevar la controversia sin tener que responder en sede parlamentaria. Sin embargo, en su comienzo del nuevo curso político le esperan más de 200 iniciativas orales y escritas, además de peticiones de información y de comparecencias, a las que están citadas también otras personas como el consejero Miguel Ángel García Martín.

Además, el 10 y el 11 de septiembre se producirá el Debate sobre el Estado de la Región, el último antes de las próximas elecciones autonómicas de 2027.