Como todos sabemos, Albert Camus dedicó el premio Nobel que recibió en 1957 a su maestro de primaria, Louis Germain, el querido, queridísimo señor Germain; así se dirigía a su profesor en las cartas que intercambiaron. Louis Germain le llamaba “mi querido pequeño”. “Sin usted, sin esa mano afectuosa que tendió al niño pobre que yo era, sin sus enseñanzas y su ejemplo, no habría sucedido nada de todo esto”, escribió el escritor al hombre que se empeñó en que estudiara el bachillerato, que le acompañó en tranvía al examen de ingreso y esperó el resultado sentado en un banco en la plaza del instituto, el maestro que movió cielo y tierra para que le concedieran una beca. Leo las cartas que se escribieron, interrumpidas por la muerte de Camus en accidente de coche en 1960, asombrada ante el hecho de que el oficio de maestro se haya convertido en uno de los más odiados por la derecha reaccionaria y por padres de toda ideología contrarios a que sus hijos respeten ninguna autoridad que no sea la suya. Isabel Díaz Ayuso es una de las políticas que lideran esa tendencia ultra consistente en atacar a los colectivos que reivindican derechos de todos y lanzarles la acusación de moda: no quieren trabajar. Esos profesores con tres meses de vacaciones, que no dan palo al agua e intentan adoctrinar a nuestros hijos y siempre se están quejando en lugar de ser parte de esa España sacrificada y flagelante que quiere gobernar Alberto Núñez Feijóo. 

La pérdida del respeto debido a los maestros de nuestros hijos es uno de los muchos síntomas de una época nueva que todavía no acaba de mostrar todo su horror. Albert Camus ya advirtió en La peste que nunca queremos ver las señales de los desastres que se avecinan, aunque las calles estén llenas de ratas muertas. El cambio climático que trae incendios e inundaciones más frecuentes y graves, el avance carente de control de la IA, el colapso del estado del bienestar, por poner algunos ejemplos, suceden hoy porque se han ido quitando piezas vitales de un progreso sostenible sin importar las consecuencias futuras. Ahora esas consecuencias ya son presente. Como si nada de esto tuviera que ver con el capitalismo, enemigo de la socialdemocracia, los nuevos poderes, a la vez revisionistas y reaccionarios, incumplen las reglas con impunidad ante electorados furiosos y volátiles. La misma derecha que ha roto el contrato social quiere mantener la paz mediante el mero ejercicio de la coacción. Se pretende hacer creer que el problema es de desorden público cuando es social, y profundo. Por eso su solución es el orden basado en la represión, y en el miedo y el odio al otro, que ya no es un conciudadano sino un competidor por unos recursos limitados. 

En este momento crucial en el que Europa y todo Occidente decide su futuro inmediato, con jóvenes protestando en toda Europa, las propuestas “reformistas” de la derecha se resumen en hacer más difícil la vida de la clase trabajadora, sin un horizonte que ilusione a nadie que no tenga ya la vida solucionada o espere enriquecerse con el mínimo esfuerzo. La baja productividad en España se echa sobre los hombros de los trabajadores, ignorando la falta de inversión en capital e innovación, y el escaso valor de las empresas y los sectores que mueven nuestra economía, y que puede agravarse en España afrontando el drama de la vivienda desde el punto de vista del rentismo y el pelotazo inmobiliario. Tomar decisiones vitales para el futuro es urgente, y Europa ha optado por dejar esa tarea en manos de imitadores de Trump, Milei o Bukele. Todo huele a muerte. 

En España, en un intento de dispararnos un tiro en el pie grave y doloroso, la derecha ha decidido poner al timón de este cambio de orden mundial a Alberto Núñez Feijóo. Cómo hemos (han) llegado hasta Feijóo. Ilusos de nosotros, pensábamos que una de las debilidades del líder popular era no saber inglés y resulta que tampoco se maneja con el castellano, a tenor de los lapsus que comete en una de cada tres frases que emite y de los laberínticos jardines en los que se adentra voluntariamente. Consigue no ser, a la vez, un hombre de estado ni un líder carismático ni un buen gestor ni un burócrata ni el héroe accidental que aparece en los momentos de crisis. La fortaleza de un país también consiste en que haya políticos solventes (y no criminales) en todo el espectro ideológico, y en contestar que sí a la pregunta de si dejarías a tus hijos al cuidado de personas con las que no estás de acuerdo pero reconoces honestas, inteligentes y responsables. Feijóo, con sus luminosas inutilidad e ignorancia, ha resultado ser el elegido para conducir a España en este trascendente cambio de época, en este tránsito a un nuevo mundo que se adivina aún más salvaje y fuera de control. 

No es una cuestión de ideas: el presidente del PP no tiene ninguna. Se trata de decidir cuánta dignidad, bienestar, igualdad y derechos sociales vamos a salvar de la quema en el nuevo desorden mundial. Los votantes de derechas votarán a Feijóo por una sola cualidad: no ser Sánchez, cuando la mayor virtud de Sánchez es no ser Feijóo. Aún estamos a tiempo. 

El terrorismo es una peste. El terrorismo en la izquierda en democracia es más peste aún porque aleja los valores profundos del progresismo y el objetivo final de sus luchas. El libro de Carla Mosca y Rossana Rosanda sobre las Brigadas Rojas italianas en el que desmontan intelectualmente hasta la sumisión a Mario Moretti, líder de la organización terrorista, debería servir para cualquier indocumentado que a día de hoy todavía piense que la violencia terrorista es un camino transitable para la izquierda en democracia. Ni por moral, ni por decencia, ni por convencimiento ético, pero es que ni siquiera por estrategia.

Es por eso, desde el pleno convencimiento del rechazo al terrorismo, que la izquierda no puede permitir que en el debate público se maneje esa falsa equidistancia entre un partido que nace del convencimiento del repudio a ese tipo de violencia para labrar un proyecto en paz que permita cabida a cualquiera que piense distinto y un partido posfascista que como todos los de su cultura se alimentan de la violencia política en todas sus formas.

Un hecho que se reafirma en un documento explícito e individual firmado por todos los candidatos de Bildu que dice lo siguiente: “Como desarrollo de los principios y valores del Código Ético firmado, donde por un lado el diálogo, la negociación y el acuerdo son la base de cualquier método de trabajo y, por otro, el máximo respeto mutuo es la base entre quienes conforman la comunidad de EH Bildu así como con el resto de la ciudadanía, declaro que, hago mías las bases ideológicas y objetivos políticos de EH Bildu, rechazando con ello cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos”.

Los hechos por delante para que la propaganda reaccionaria no empañe la verdad. Y ahora, Vox. Alberto Núñez Feijóo, en la entrevista en la Cadena Ser, utilizó a Bildu, como siempre hace la derecha, para negarse a comentar la existencia de un neonazi en las listas de Vox por Tarragona, el ultra Jordi de la Fuente, que participó en reuniones en Beirut con el brazo político de los terroristas de Hezbolá para darles apoyo por la inclusión de la organización por parte de la Unión Europea en la lista de bandas terroristas. En la legislatura pasada el único diputado en el Congreso al que se le aplicó la ley antiterrorista por atentados de ámbito político contra otras formaciones fue el miembro de Vox Juan Carlos Segura Just. El diputado de extrema derecha fue condenado a un año de cárcel en 1980 por formar parte del grupo ultra Frente Nacional de Juventudes que atacó la sede de UCD con piedras, botellas, cócteles molotov y una lata de gasolina causando un incendio. La delegación madrileña de ese partido, el Frente de Juventud, fue el grupo responsable del asesinato del estudiante y miembro del PCE Andrés García a manos del terrorista José Luis Martínez Merino. La misma organización asesinó en 1978 a Javier Idígoras Navarrete y Luis Arribas Santamaría con la colocación de una bomba en el Instituto San Isidro de Madrid. 

La violencia terrorista de extrema derecha causó durante la Transición un total de 67 víctimas mortales según la historiadora Sophie Baby. De manera paradójica en los medios y la política española no se exige a los ultras de Vox la firma de un compromiso de rechazo a la violencia del mismo modo que se le exige a Bildu cuando los ultras son legatarios orgullosos de la tradición cultural, familias y política que causó ese dolor y tanta muerte, y eso sin entrar en consideración sobre las víctimas del franquismo, solo hablando del periodo democrático. No hay nadie de Vox que haya rechazado jamás la violencia terrorista de extrema derecha habiendo pertenecido incluso a los mismos grupos terroristas que tienen las manos manchadas de sangre. Por eso Bildu es mejor que Vox, por supuesto que lo es, por mucho que brame Feijóo al unir su futuro al de la organización postfacista. La izquierda, de manera orgullosa, tiene que señalar a quienes ni en sus estatutos, ni en sus comunicados ni en sus declaraciones han rechazado la violencia del pasado de sus organizaciones y tienen a sus filas a miembros de organizaciones continuistas de aquellas que fueron responsables de las muertes de compañeros de izquierdas. 

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presidido este sábado el acto de presentación de los candidatos y candidatas del partido a las Cortes Generales (Congreso y Senado) por las dos provincias isleñas para las Elecciones Generales del 29 de noviembre celebrado en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria.

Torres se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “volverá a ser presidente” y de que el PSOE seguirá “adelante con los derechos que tenemos, preservándolos y aumentándolos”. Y ha advertido de que los isleños son los que se juegan más sus derechos“ y avances en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre porque el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ”está absolutamente entregado a las tesis de la ultraderecha“ con el objetivo de llegar a la Moncloa ”como sea y al precio que sea“.

De igual modo, el también ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha advertido de que el popular estaría dispuesto a aceptar una pérdida de derechos y una “involución democrática” para alcanzar el Gobierno, incluso “abrazándose” a partidos que son “reminiscencias de la dictadura y el fascismo”.

Torres ha insistido en que a Feijóo le da “absolutamente igual que España retroceda” si eso le permite llegar al Ejecutivo central. “Pero a los que no les va a dar igual es a los españoles ni a los canarios, vamos a ganar estas elecciones”, ha asegurado.

Un Gobierno de PP y Vox, de espaldas a Canarias

Torres ha vaticinado que un Gobierno liderado por el PP con Vox le “daría la espalda” con el fenómeno migratorio. En este punto, ha hecho especial hincapié en que lo que harían sería dejar en Canarias a los inmigrantes, tanto mayores como menores, que arribaran de manera irregular, como ya han demostrado cuando las comunidades gobernadas por estos partidos se han negado a acoger migrantes desde Canarias para ayudar a las Islas a desaturar sus centros, o cuando votaron en contra de que los menores migrantes no acompañados también fueran derivados a las comunidades y no recaiga solo en los gobiernos autónomicos su atención.

Asimismo, ha asegurado que las islas perderían 1.300 millones de euros adicionales al año que “ya se han conseguido” (las comunidades del PP votaron en contra y en Canarias, la consejera de Hacienda, del PP, se ausentó y dejó la votación en manos de otra consejera, de CC) a través del Gobierno de España con el acuerdo de parte del Ejecutivo autonómico.

Torres también ha citado entre los avances en riesgo la cogestión de los aeropuertos que previsiblemente se firmará la próxima semana, y la defensa del Estado autonómico y del Régimen Económico y Fiscal (REF). “Todo eso lo van a perder los canarios si gobierna la derecha ultra y ultraderecha”, expuso, ya que Vox niega el Estado de las autonomía y pretende centralizar las competencias en el Gobierno central, recortando fondos a los autonómicos.

Feijóo, de feminista “absolutamente nada”

Cuestionado sobre la posibilidad de que el Ministerio de Igualdad desaparezca con un Gobierno de España de derechas, Torres ha apuntado que “en la vida no es lo que uno dice, sino lo que uno hace”.

“Cualquier persona, incluso Feijóo, puede decir que es feminista, pero luego vamos a los hechos, no a las palabras. ¿Es feminista Feijóo que pacta con Vox en las autonomías retirar la lucha contra la violencia machista?”, se preguntó.

En este punto, el ministro ha visto al PP “absolutamente dependientes de la ultraderecha para mantener su poltrona y su sillón”.

Frente a ello, ha reivindicado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha definido como “un gobierno feminista” que seguirá defendiendo la lucha contra la violencia machista, reforzando el Ministerio de Igualdad y apoyando a los colectivos que trabajan por los derechos de las mujeres.

“El señor Feijóo, con claridad, no es lo que dice, sino lo que hace. De feminista, absolutamente nada. Está aceptando todas las tesis antifeministas porque se lo impone la ultraderecha”, ha concluido.

Voto de los nacionalizados en el exilio

Torres ha insistido en que personas que votaron en las últimas elecciones autonómicas, generales y europeas ahora no van a poder hacerlo y se les va a cercenar un derecho constitucional, lo que ha calificado de “asombroso”.

Ha remarcado, por ello, que lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo “es entrar en el fondo del asunto y antes de que se celebren las elecciones del 29 de noviembre”.

“Estamos ante un relato que la derecha y la ultraderecha quieren mantener y que se le traslada a la sociedad española: que hay españoles de primera y de segunda, que son los que, habiendo ya votado, ahora no lo pueden hacer”, ha señalado Torres.

Según el ministro, “están poniendo una tirita antes de la herida y adelantando lo que va a ocurrir, que es la remontada... estamos en la remontada”.

Así mismo, ha indicado que ya se ha entregado parte de la información requerida por el Tribunal Supremo y que en los próximos días se completará ese proceso, tras el requerimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores a los consulados para recabar la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de la Ley de Nietos, como pide el Alto Tribunal.

Torres ha apuntado que no es una situación “sencilla” pues en muchos casos “estamos hablando de actuaciones que se hacen de manera directa, incluso a mano”, ha señalado Torres 

El candidato del Partido Popular a las futuras elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha continuado su gira de precampaña este sábado en un acto en el Puerto de Vigo, donde ha cargado contra los casos de corrupción en el Gobierno y el Partido Socialista y ha asegurado que tendrán “consecuencias”.

“Me encargaré de que paguen por todo”, ha lanzado Feijóo, quien ha dicho que no indultará a los corruptos y ha calificado al actual Ejecutivo de “gobierno de la corrupción”.

“Quedan 16 sumarios por cerrar, queridos amigos. Eso es lo que les ha motivado a adelantar las elecciones, y no otra cosa, sus problemas con la justicia, con la verdad y con el Código Penal”, ha defendido Núñez Feijóo poco después de criticar la subida de los precios motivada por la inflación derivada de los altos precios del petróleo a nivel internacional y de anunciar diversas promesas de reducción de impuestos.

En el acto también han participado el presidente de la Xunta y líder del PP galego Alfonso Rueda o la concelleira y diputada provincial del PP de Vigo Luisa Sänchez Méndez. También estuvo presente el expresidente mexicano Felipe Calderón, a quien Feijóo agradeció personalmente su asistencia.

Feijóo, quien ha insistido en su promesa de campaña de que construirá “un millón de viviendas” en la próxima legislatura si es elegido presidente del gobierno, ha pedido “aumentar la oferta para que baje el precio” y, para ello, ha anunciado una modificación de la ley del suelo, la de propiedad horizontal y la aprobación de una ley antiokupación. “Vamos a poner más facilidades para que se construya más en España”, ha afirmado.

El líder de los 'populares' ha tratado además de relacionar ambos asuntos, el incremento de precios y los casos de corrupción que afectan a miembros socialistas del Ejecutivo: “¿Sabéis lo que ha ocurrido durante estos ocho años? Lo que ha ocurrido es que los españoles han pagado cada vez más y han recibido cada vez menos. El esfuerzo de la gente se evapora entre los precios, los impuestos y la corrupción”. Núñez Feijóo ha pedido acabar con la corrupción y que “tener trabajo” signifique “poder tener una casa”.

Para ello, la apuesta del Partido Popular vuelve a ser la bajada de impuestos. El propio acto del partido así lo reflejaba, con un mensaje simple en el atril: “menos impuestos”. “Basta de un gobierno que se gaste todo lo tuyo en impuestos y se gaste lo de tus hijos en deuda”, lanzaba Alberto Núñez Feijóo. “Ya basta de que crujan al currante y que la gente tenga que preguntarse si merece la pena trabajar, tener un negocio o emprender”, ha seguido, antes de lanzar varias promesas de reducción de impuestos.

Entre ellas han destacado promesas destinadas a reducir los impuestos “a quien más lo merece”: rentas medias, bajas, familias, autónomos y jóvenes. Feijóo se ha comprometido a reducir el IRPF porque “no se ha ajustado a la inflación desde el año 2022”, pero también a reducir el IVA de alimentos básicos y al 0% el IVA de la luz “mientras dure la inflación”.

El candidato del PP también ha avanzado que su intención es “eximir” a los autónomos del pago del IVA si facturan “menos de 85.000 euros” al año o bajadas en el IVA y el impuesto de transmisiones en la primera vivienda a los jóvenes. “Vamos a hacer que los jóvenes se ahorren el IRPF para pagarse la entrada de su casa”, ha lanzado también Feijóo, quien ha apostado también por los “impuestos cero” en la compra de primera vivienda en el mundo rural o una mejora de la exención del mínimo familiar “para que las familias con hijos paguen menos impuestos”.

“Amigos, llevamos desde el año 2022 pidiendo que se rebajen los impuestos. En 2027 por fin vamos a hacerlo. España va a tener un gobierno eficaz y decente y no pediré ni un euro más de lo que necesita un gobierno eficaz y decente”, ha prometido Feijóo.

“Galicia necesita un cambio”

El presidente de la Xunta de Galicia y líder del PP galego, Alfonso Rueda, ha puesto de manifiesto en su intervención en el acto preelectoral del candidato 'popular' a la presidencia del Gobierno que “Galicia necesita un cambio”. “Ya hace mucho tiempo que necesita un cambio de gobierno en Madrid, pero ahora lo necesita más que nunca, ahora ya es inaplazable, absolutamente”, ha asegurado Rueda, que ha pedido un gobierno “que no discrimine, que nos tenga en cuenta, como nos tiene que tener, como no lo está haciendo”.

Rueda ha exigido también un gobierno que cumpla sus compromisos y ha dicho estar harto de compromisos “que no se cumplen” y de “promesas que se olvidan”. Y ha hecho una mención velada a la negociación sobre la financiación autonómica: “No queremos más que nadie, pero, desde luego, no vamos a admitir menos. No lo vamos a admitir. Ni un euro menos, ni un derecho menos, ni un compromiso menos”.

“Y lo volveré a decir las veces que haga falta. Lo de todos se habla entre todos y lo de todos se reparte entre todos. A ver si se entera de una vez, que no se entera en ocho años”, le ha espetado a Pedro Sánchez.

Rueda también ha acusado al Ejecutivo central de no haber construido una sola vivienda en la comunidad autónoma gallega frente a lo que ha querido contraponer a su propio gobierno, quien asegura es el responsable de estas construcciones. Así mismo, también ha reclamado una bajada de impuestos a nivel nacional.

“Frente a lo que estamos viendo, frente a formas de ser que nos preocupan hasta el extremo, frente a la falta de principios, las manipulaciones, las mentiras y la negación de la realidad, frente a lo que vamos sabiendo del presidente del Gobierno, y lo que todavía no sabemos, pero él sí, e tal vez por eso tenga esa cara de crispado y de preocupado cada día más... yo digo, sobre todo y para mí lo principal, Alberto Núñez Feijóo y buenas personas con principios son las que hay que poner al frente de las instituciones, sobre todo, teniendo lo que tenemos delante”, ha defendido Rueda al final de su intervención.

Si algo tienen en común los fundamentalismos religiosos y las ideologías ultraconservadoras es su empeño en controlar los cuerpos y las vidas de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Cambian los discursos, las justificaciones y las formas de ejercer ese control, pero en el fondo comparten la misma idea patriarcal de que las mujeres no son plenamente capaces de decidir sobre sus propios cuerpos y sus vidas y que, por tanto, sus decisiones deben quedar subordinadas a una autoridad familiar, moral, religiosa o política que lo hará por ellas, especialmente cuando se trata de decidir sobre su sexualidad y su capacidad reproductiva.

Esa misma concepción es la que subyace en el debate que Alberto Núñez Feijóo pretende reabrir, si llega al Gobierno, sobre el derecho de las “niñas” de 16 años (como él las denomina) a interrumpir un embarazo sin autorización de sus progenitores. El líder del Partido Popular sostiene que lo correcto es que una adolescente comparta con sus padres una decisión que considera trascendente e irreversible y que estos tengan conocimiento de ella. Pero lo que no aclara es qué pretende cambiar de la legislación actual, que ya permite ese acompañamiento familiar sin convertirlo en una obligación ni condicionar la decisión de la adolescente a la voluntad de sus progenitores. Porque una cosa es defender que las familias conozcan y acompañen esa decisión y otra muy distinta es establecer por ley que deban ser informadas o que puedan intervenir en ella.

El planteamiento de Núñez Feijóo, envuelto en una aparente apelación al sentido común, deja así una pregunta fundamental sin respuesta: ¿qué ocurriría cuando una adolescente quisiera interrumpir su embarazo y sus progenitores se opusieran? Nadie discute la importancia de que las familias acompañen a sus hijas en decisiones tan importantes, pero acompañar no es decidir por ellas, y escucharlas no puede significar que su opinión solo cuente cuando coincide con la de sus progenitores. Conviene recordar, además, que cuando la reforma del PP de 2015 impuso el consentimiento de los representantes legales, apenas el 12% de las chicas de 16 y 17 años que abortaban lo hacía sin conocimiento de sus progenitores. Entre las razones para no comunicárselo figuraban situaciones de violencia intrafamiliar, amenazas, desarraigo o desamparo.

Precisamente de eso trata la norma actual, de reconocer y proteger también a esas adolescentes como sujetos de derechos con capacidad de decidir, porque no todas viven en familias que las protegen y respetan sus decisiones. Entre 2015 y 2023, con la legislación del PP, la exigencia de consentimiento parental no eliminó las situaciones de vulnerabilidad que afrontaban estas adolescentes. Al contrario, las dejaba ante alternativas especialmente difíciles como ocultar el embarazo, retrasar la atención sanitaria o buscar vías para interrumpirlo al margen de las garantías legales y sanitarias. Por eso, antes de volver a plantear este debate envenenado, habría que preguntarse qué protección efectiva ofrece a una adolescente que no puede acudir a su familia obligarla a “informar” de que quiere abortar cuando hacerlo puede significar violencia o incluso ser expulsadas de su casa. 

Por eso resulta más que cuestionable que Feijóo quiera reabrir un debate que nadie plantea comparando abortar con hacerse un tatuaje o sacarse el carné de conducir. Ni la maternidad ni la interrupción de un embarazo se parecen a nada de eso. Acompañar a una adolescente de 16 años en una decisión vital no es sustituir su voluntad por la de sus progenitores, y hacerlo desde la presunción de que, por su edad y por ser mujer, otras personas están más capacitadas para decidir responde a una lógica adultocéntrica y machista. Una lógica, además, contradictoria si se considera a una chica de 16 años lo bastante madura para asumir una maternidad, ¿por qué no para decidir si quiere continuar su embarazo?

Por último, una reflexión sobre la mirada que hace que el líder del Partido Popular llame “niñas” a chicas adolescentes de 16 años cuando habla de sus embarazos; porque la edad importa, y mucho, cuando hablamos de sexualidad y de derechos. No es lo mismo una niña que una adolescente de 16 años, y con esa forma de nombrarlas Feijóo desdibuja las diferencias entre infancia y adolescencia en un ámbito especialmente sensible, y al hacerlo contribuye a presentar como incapaces de decidir sobre su sexualidad a unas chicas a las que la ley ya reconoce, en esa edad, autonomía reproductiva y capacidad para prestar su consentimiento sexual. No resulta nada acertado desdibujar esa diferencia entre etapas evolutivas muy dispares para cuestionar la capacidad que tienen estas jóvenes para decidir por sí mismas sobre sus relaciones sexuales y el momento de decidir ser madres. Es más, resulta, hasta algo inquietante.

El PP, lanzado de lleno a la campaña electoral -es de facto campaña-, ofrece una regresión histórica en derechos y libertades a cambio solo de disfrutar de todo el odio a Pedro Sánchez que es capaz de generar. No sabemos ya si el espécimen que preside Argentina vino a enseñar nuevos improperios a sus correligionarios españoles o aprender más aquí. Ayuso, tras un estruendoso abrazo provocador, estuvo de acuerdo con los insultos que Milei le había dedicado al presidente de nuestro país y el suyo. Añadió que “a la democracia española le quedan horas contadas y que ”no va a quedar nada“ -con este gobierno por supuesto-. El PP de Madrid escribió con el acrónimo de PSOE, ”parásitos, sinvergüenzas, okupas y estafadores“. La portavoz Ester Muñoz volvió a sacar la historia del presunto prostíbulo familiar en plan bastante repugnante. Les montaron unos vídeos falseando imagen y voz con IA para volver a atacar a Begoña Gómez. Y nadie salió a defender al presidente español de los insultos de Milei. Nadie. Rollán, presidente del Senado, permaneció callado mientras disparaba su virulencia el argentino. Por este camino, además, el mes largo que queda hasta el 29N se nos va a hacer insufrible.

Feijóo ha aportado mucha más concreción de sus planes en una entrevista en la Cadena Ser. Una vez más, sin embargo, ha salido muy trasquilado de ella porque realmente la pifia casi cada vez que habla. Confirma, eso sí, el retroceso histórico que piensa imprimir de corte ultraconservador... si llega a ser presidente. Eliminará el Ministerio de Igualdad, dice. Él es feminista “por haber crecido con mujeres”, argumenta para mofa general, lo que le ha llevado a soltar otra sarta de insultos a Sánchez, impropia de un candidato a la presidencia del gobierno. Escribir en X una cadena de insultos y acusaciones, retuiteada por su partido y varios colaboradores, ha reflejado desesperación. Calidad humana ínfima al coronarla con la acusación de que Sánchez ha hecho su “carrera política con el dinero de la prostitución”. Tremendo para un aspirante a presidir el gobierno.

Sigamos. Feijóo reabre también el debate sobre el derecho al aborto y a la eutanasia, coincidiendo plenamente con Vox. Está de acuerdo con censurar la cultura si, según ellos, tiene “sesgos ideológicos”, como ha hecho ya el gobierno de Castilla y León. De programas aplicados por la pareja gobernante en Andalucía, destaca prohibir la investigación sobre los errores en el cribado del cáncer de mama. O expulsar migrantes. Ya.

El Salario Mínimo lo revalorizará -dice Feijóo- si está de acuerdo la patronal. Siempre se opone, por cierto. Así que subir el Salario Medio, competencia exclusiva de los empleadores, como sugiere él, es una pura entelequia. No sabe o no quiere saber que el SMI no tributa, como no lo hacen las rentas más bajas, y ha patinado en ese punto de la entrevista también con gran eco mediático. Ha contestado, además, al Sr. Aimar, como ha llamado al periodista Aimar Bretos, sobre esa cuestión: “Las pensiones nadie las discute en España ¿por qué a usted le preocupa?” ya para rematar.

Todo el discurso de Feijóo para ganar las elecciones está basado en el relato apocalíptico que hace de la gestión del Gobierno. No se cree las cifras, no se cree la viabilidad de las pensiones, nada… Sabe más que todos los organismos internacionales que han certificado la buena marcha y la solidez de la economía española.

El FMI y la OCDE dicen en sus informes que es la economía europea más dinámica. El 2,5% de su crecimiento supone más del doble del que tiene la zona euro (1,1%). Destacan “la resiliencia del consumo interno, la fuerte creación de empleo y el impulso de las inversiones”. La Comisión Europea también certifica el momento expansivo de nuestra economía. The Economist, en sus clasificaciones anuales macroeconómicas sobre los países de la OCDE, ha llegado a colocar a España en el puesto número uno “por su rendimiento combinado en indicadores como el PIB, el empleo y la evolución del déficit pública”.

Parece ser que el Sr. Alberto, Don Núñez Feijóo, sabe más. Sabe sobre todo de lo que quieren hacer él, su partido, sus socios y patrocinadores con esa jugosa economía a aumentar en recortes a los ciudadanos.

Por supuesto que ese crecimiento y estabilidad han de volcarse mucho más en la sociedad, pero si alguien cree que un gobierno PP/Vox lo va a hacer, no pisa el suelo. Sin embargo, no parece ser ese el factor que más influya en el voto a esta derecha-ultra-derecha, sino el odio a Sánchez, fomentado con muchas insidias por la derecha y sus medios. O con las precisas incursiones del Tribunal Supremo que envía mensajes amenazadores como este hoy mismo: El Supremo pide al Gobierno la lista de 160.000 nacionalizados con la ley de nietos y advierte de su “responsabilidad penal”. ¡Advierte sobre su responsabilidad penal!

La entrevista en La Revuelta a Pedro Sánchez con David Broncano ha marcado récords de audiencia, un 33,9% de cuota, máximo histórico del programa y anual de los espacios no deportivos, con más de 4.400.000 de espectadores de media, pero las plumas destacadas de la bulosfera no han encontrado en ella nada positivo. Renuncio a repetir ni palabra de unos textos con tan poca talla y tal cantidad de prejuicios. Por cierto, Feijóo está invitado también pero no irá por miedo a quedar en ridículo, máxime después de la fallida entrevista de este viernes. Aunque, David Broncano no deja de insistir en que no es periodista. Ciertamente: hace un programa de entretenimiento, pero sí tiene curiosidad y criterio. A menudo es hasta ingenuo.

Votar a esta derecha que se propone una regresión histórica solo por el odio a Sánchez (a los rojos, a los zurdos), nos va a destrozar la vida en derechos y libertades a millones de españoles. No hay ni un argumento sólido que indique que con un gobierno PP/Vox mejorará la vida de los ciudadanos.

“Mi primer objetivo es que Sánchez se vaya del Gobierno” ha asegurado Feijóo con una rara sinceridad en él. Pues bien, “el primer objetivo de todo demócrata progresista viendo las circunstancias reales que concurren es que PP y Vox no formen Gobierno”. Informar, informarse, y votar ayuda.

Prácticamente todas las encuestas, con la notable excepción del barómetro del CIS, pronostican que Alberto Núñez Feijóo llegará a la Moncloa tras las elecciones del 29N, y no seré yo quien ponga en duda los resultados del aluvión de proyecciones demoscópicas favorables al líder del PP. De lo que estoy convencido es de que, si no consigue su objetivo, en las facultades de comunicación y de ciencias políticas se estudiará la entrevista que este viernes concedió a la SER como uno de esos momentos en que el camino se le tuerce a un político.

He leído comentarios críticos con el periodista Aimar Bretos por haber permitido que Feijóo hablara a sus anchas. Pero yo considero que esa fue, precisamente, la virtud de la entrevista: crear las condiciones para que el candidato a la Presidencia soltara sin tapujos lo que llevaba adentro. Normalmente, Feijóo dedica sus intervenciones a descalificar al presidente Sánchez. Que nos cuente algo sobre sus propios planes es de agradecer. Hemos sabido, entre otras cosas, que tiene dudas sobre la viabilidad del sistema de pensiones, si bien reiteró su compromiso de mantener la revalorización de las prestaciones actuales según el IPC; que subirá el SMI solo si las empresas dan su visto bueno (cosa que no han hecho en siete de las últimas ocho subidas); que reabrirá el debate sobre el derecho al aborto para que las “niñas” de 16 y 17 años deban informar a sus padres si pretenden interrumpir su embarazo; que reformará la ley de la eutanasia (“La vida digna está por encima de la muerte digna”, sentenció, seguramente sin ser consciente de sus palabras); que suprimirá el Ministerio de Igualdad (ante las dudas del entrevistador sobre su compromiso con las mujeres, exclamó: “¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado en mi casa con muchas más mujeres que hombres?”); que derogará la Ley de Memoria Democrática; que está en contra de dar subvenciones públicas a la “cultura sectaria”…

Y esto no incluye todo lo que se vería obligado a añadir en unas eventuales negociaciones de investidura con Vox. Porque las encuestas coinciden en que el PP quedará lejos de la mayoría absoluta y deberá pactar con el partido de ultraderecha, envalentonado por su creciente influencia y popularidad. Imaginen además si Feijóo acude a esas negociaciones sin haber sido el candidato más votado. Lo pipa que se lo pasaría Abascal. Porque ese escenario también es posible: que Pedro Sánchez gane en número de votos. En ese caso, Feijóo no volvería a airear el “contrato” que propuso a Sánchez antes de las elecciones de 2023 para que los dos grandes partidos se comprometieran a facilitar la investidura del otro si resultaba más votado. El partido con más votos en aquellos comicios fue, ¿lo adivinan?, el PP, y Feijóo necesitaba la abstención del PSOE para llegar a la Moncloa, porque los apoyos de Vox no le alcanzaban. Ahora el panorama es distinto, según los sondeos. Las cuentas con Vox parecen cuadrar esta vez. Ya no harían falta contratos ni milongas con los socialistas. Gobernar sin haber ganado en votos ya no sería ilegítimo según la teoría política del PP. Pero la debilidad de Feijóo ante Abascal no se la quitaría nadie.

Volviendo a la entrevista en la SER, ¿y si el PSOE remonta? ¿Si cada entrevista que conceda en adelante Feijóo, y no serán pocas, fuera tan sustanciosa como la que mantuvo con Bretos y consiguiese espolear a un progresismo que no está aún suficientemente movilizado? Dicho de modo más directo: ¿y si Sánchez consigue mantenerse en la Moncloa? Vale, es muy improbable. Pero en política a veces suceden cosas inusitadas. En las elecciones estadounidenses de 1948 todos los medios y sondeos daban por ganador al republicano Thomas E. Dewey. Tanto, que al día siguiente el diario Chicago Daily Tribune, sin esperar el escrutinio hasta el final, abrió su portada a seis columnas con el titular enorme ‘DEWEY DEFEATS TRUMAN’ (Dewey derrota a Truman). Pues, para sorpresa general, ganó el demócrata Harry S. Truman, que dejó para la historia su icónica foto sosteniendo con una sonrisa el ejemplar desafortunado del diario de Chicago.

Las campañas pueden torcerse por muchos motivos. Por unos acontecimientos súbitos en la economía, por una catástrofe, por alguna reacción inoportuna de un candidato (recuérdese la nefasta imagen de Nixon pasándose por la cara el pañuelo en su debate televisivo con el joven y brioso Kennedy), por la revelación de un escándalo, por algún pequeño resorte que salta de repente en el complejo engranaje social… Incluso por una visita indeseada, como la que esta semana hizo a Madrid Javier Milei. Para el PSOE fue un regalo, más aún con sus insultos al presidente Sánchez, porque el hombre de la motosierra tiene la virtud de agitar al electorado progresista. Los socialistas incluso le dieron una irónica bienvenida al presidente argentino descolgando una enorme pancarta en la fachada de su sede de Ferraz en la que expresaban su orgullo de ser “zurdos”, como los llama despectivamente Milei. La dirección nacional del PP le sacó el cuerpo al incómodo huésped para no dar argumentos a sus rivales, pero el hombre fue donde la baronesa Ayuso, su condecoradora de cabecera, y salió la foto de los dos personajes fundidos en un abrazo para deleite del PSOE e inquietud de Génova.

“Si nos visita quince veces más, es posible que gane Sánchez”, ironizó Felipe González, sugiriendo que nada va a alterar ya el resultado favorable al PP que pronostican las encuestas. Por supuesto que Milei no va a venir quince veces más a Madrid. Pero Feijóo tiene previsto conceder más entrevistas.

De las muchas versiones que de sí mismo ha intentado transmitir a los españoles Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP ha elegido la más dura y agria ante su último intento de derrotar a Pedro Sánchez en las urnas. Así lo atestiguan las candidaturas elegidas para los principales puestos en las listas del 29 de noviembre. Desde Cayetana Álvarez de Toledo a Xavier García Albiol, pasando por Ana Vázquez y su spray de pimienta, el tránsfuga Sergio Sayas o el joven Jon Echeverría, bregado en las tertulias y redes sociales.

El giro de Feijóo no es nuevo y se ha venido fraguando desde que aterrizó en Madrid, allá por 2022, pero sobre todo desde el fiasco de su investidura, en el otoño de 2023. Se trata de una metamorfosis paulatina y constante que le ha llevado de renegar de Vox a abrir la puerta del regreso de la ultraderecha al Consejo de Ministros.

Los cambios en política suelen tener traslaciones que van más allá de los discursos. Y la asignación de responsabilidades o la composición de las listas electorales son clave para saber hacia dónde transita un dirigente. Y de cara al 29 de noviembre, Feijóo ha dado ya señales claras de un endurecimiento de su posición. Quizá el ejemplo más claro es el de Cayetana Álvarez de Toledo, quien será la número dos de la lista del PP por Madrid, justo detrás del candidato. Feijóo criticó en 2019 su designación como portavoz parlamentaria del PP de Pablo Casado. No fue el único. También lo hizo el andaluz Juan Manuel Moreno o el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco.

Todos pensaban que Álvarez de Toledo tenía unas formas demasiado agresivas. Un año después, en 2020, el hoy candidato y su ‘ticket’ electoral tuvieron un enfrentamiento público a cuenta de Pablo Iglesias. La diputada hispanoargentina aseguró que el padre del exvicepresidente fue un “terrorista”. Feijóo la señaló por caer en los “señuelos” del Gobierno y tildó sus palabras de “grave error”. Cuando Álvarez de Toledo fue destituida por Casado, escribió unas memorias para ajustar cuentas. Y no solo con el que había sido su líder, de quien dejó claro que nunca habían sido amigos. En la diana también estuvieron los presidentes autonómicos, a quienes catalogó como “barones blandos”. Eran los ya citados: Feijóo, Moreno y Mañueco. 

Según su relato, “emprendieron una campaña interna y mediática” para que no fuera designada portavoz parlamentaria. El objetivo, contó, era colocarse en la línea de sucesión del propio Casado, al que veían, según la tesis de Álvarez de Toledo, “tierno, dubitativo y débil”. “Y con razón”, concedió. Para cuando en 2022 se consumó el golpe de los barones, Álvarez de Toledo demostró su giro de cintura y alabó el aterrizaje de Feijóo, de quien dijo que iba a “competir con Sánchez”, no a “frenar a Vox”. El partido de Abascal apunta a un resultado récord en las urnas, mientras la distancia demoscópica entre el PSOE y el PP se reduce a cinco semanas de las elecciones.

Por la misma época en que se peleaba con Feijóo, Álvarez de Toledo también arremetió contra los dirigentes del PP de Euskadi. Entre otros, con el que será número tres en la lista de Madrid, justo por detrás de ella: Borja Sémper. La dirigente acusó a sus compañeros de Euskadi de “tibieza” con el nacionalismo, a lo que Sémper, quien ha vivido media vida con escolta, respondió: “Mientras algunas caminaban sobre mullidas moquetas, otros nos jugábamos la vida defendiendo la Constitución”. Sémper dejó poco después la política y acusó a Casado de rendirse a Vox. Volvió en 2023 para justificar como portavoz nacional del PP, por dos veces, los pactos de gobierno con la ultraderecha.

En los últimos días, tanto Feijóo como Sémper han restado importancia a las discrepancias pasadas, aunque sin mucho énfasis. “Ha trabajado conmigo en los últimos cuatro años. Ha trabajado de forma correcta, de forma leal, ha aportado al grupo y yo le he pedido que vaya de número dos. Esto es lo que hay”, dijo Feijóo este viernes en la Cadena Ser.  Al respecto, Sémper aseguró en declaraciones a los medios: “La vida es a veces encuentro y otra discrepancia. Yo discrepo con mi mujer y con mis amigos. No voy a discrepar con compañeros de partido”. Sémper llegó a comparar a su compañera de partido con dirigentes de ERC: “Me dicen, ‘qué bien se lleva’ o ‘qué capacidad de entendimiento tiene con Gabriel Rufián’. Esos mismos que lo alaban, les llama la atención que tenga una buena relación con Cayetana. Pues sí, la tengo y a mucha honra”.

La realidad es que Álvarez de Toledo se ha convertido en uno de los referentes del PP hasta llegar a ser designada portavoz adjunta en el Congreso. Su relación con el todopoderoso Miguel Tellado es excelente, y su coincidencia de criterio también. 

Albiol, contra la okupación (y Vox)

El otro gran nombramiento de las listas del PP es el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien encabezará la candidatura por Barcelona. El regidor se ha consolidado como uno de los más duros de su partido en materia de vivienda y seguridad. En su primera campaña electoral, de la mano de Iván Redondo, se hizo con la alcaldía con el lema “limpia Badalona”. En su segundo intento satisfactorio ha enarbolado el tema de la okupación con excelentes resultados en las urnas.

Albiol es un perfil que busca taponar la fuga de voto hacia Vox, que amenaza con superar al PP en Catalunya. Ha protagonizado vídeos donde se enfrentaba directamente con personas a las que acusaba de residir de forma ilegal en viviendas, algo que ha copiado de Javier Ortega Smith, y desalojó a centenares de migrantes que malvivían en unos edificios abandonados, sin ofrecerles una alternativa y después de no haberse gastado la asignación de la Generalitat para atender a personas sin hogar.

Albiol va a ser el encargado de armar la ley antiokupación prometida por Feijóo, aunque no está claro que vaya a compatibilizar el cargo de alcalde con el de diputado, para lo que necesitaría un permiso especial de la dirección del PP. Hay incluso quien lo sitúa como futuro ministro. A los días de ser designado ha tenido que salir al paso de un bulo lanzado por Feijóo, quien dijo que “con un ticket de una pizza” se podía frenar un desahucio. Una falsedad que fue replicada por Albiol en redes sociales.

Consolidación de perfiles duros

Feijóo también ha consolidado otros perfiles duros. Por ejemplo, el de la teórica jefa del grupo parlamentario. Ester Muñoz llegó a Madrid desde León como cuota femenina para ocuparse de Sanidad y Educación en la dirección del PP, y hoy es la portavoz en el Congreso. El 29N repetirá como número uno de su provincia. Es el premio a una labor que también ha recibido el aplauso constante de sus jefes, tanto de Tellado como de Feijóo. Muñoz, con una apariencia muy diferente a la que presentaba en 2023, se ha convertido en uno de los principales azotes no solo del Gobierno, también de sindicatos, asociaciones e incluso de periodistas, a quienes no duda en señalar en redes sociales.

Otro de los perfiles premiados ha sido el del tránsfuga Sergio Sayas. Y por partida doble. El exdirigente de UPN fue, junto a Carlos García Adanero, quien protagonizó la traición de la reforma laboral. A escondidas de sus jefes del partido, pactaron con el PP de Casado tumbar la ley que tanto había costado armar a la entonces solo ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El error del diputado del PP Alberto Casero hizo inútil la maniobra, la reforma salió adelante y UPN echó a los tránsfugas, que recalaron en el PP. Sayas es ahora el líder del partido en Navarra, tras la renuncia inexplicada de quien fuera elegido por las bases, Javier García, hace menos de cuatro años. En un giro no del todo inesperado, PP y UPN han pactado una coalición al Congreso en la que Sayas será el número dos. El cabeza de cartel lo pondrán los foralistas.

Una incorporación llamativa es la del joven Jon Echeverría, quien pugnará por un casi imposible escaño por Gipuzkoa. Con apenas 20 años, su perfil creció cuando comenzó a participar en tertulias televisivas. Eso sí, sin indicar que no era un simple “joven” que daba su opinión, sino un cuadro de un partido político. Al final tuvo que reconocer su implicación partidista, lo que hizo endurecer su perfil. En redes sociales ha logrado tener mucho impacto, y apunta a ser un rostro habitual en el corto y medio plazo. Su ascenso ha ido parejo al del ‘ayusista’ Ignacio Dancausa, nuevo líder de las Nuevas Generaciones.

También tendrá un papel relevante en las elecciones la eurodiputada Alma Ezcurra, responsable del programa electoral y quien ya pusiera negro sobre blanco la ideología del PP en el Congreso Nacional de julio de 2025. Criada también en el PP de Madrid, Ezcurra anima a los suyos a hablar “sin tapujos” sobre inmigración, aborto, igualdad y otros asuntos en los que, dice, la derecha suele hacer discursos acomplejados. Suyas son frases como que “la nacionalidad española es un honor que no se puede regalar”. Ezcurra llegó a Feijóo a través de la fundación Reformismo 21, cuya dirección vacante ha recaído en el exdiputado Gabriel Elorriaga, quien fuera uno de los principales asesores de José María Aznar. Hoy sigue relacionado con el expresidente del Gobierno a través de Faes, igual que Álvarez de Toledo o la propia Ezcurra, quien fue “becaria” de la fundación.

Feijóo ha elegido así a perfiles duros para su “última oportunidad”. Unas palabras que pronunció esta misma semana la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista. Un mensaje del que son muy conscientes en las plantas altas de Génova.

Alberto Núñez Feijóo ha celebrado este viernes el lanzamiento de la candidatura de María José Català como número uno de la lista al Congreso por València y el pistoletazo de salida de la precampaña de las elecciones generales en la Comunitat Valenciana. Pese a que el acto era de proclamación de la líder valenciana, tanto el presidente del PP como la propia alcaldesa de València han querido dejar claro que la aventura en Madrid de Català será a medio gas, puesto que seguirá siendo alcaldesa y su intención es repetir en las elecciones municipales de mayo de 2027.

Feijóo se ha comprometido ante más de un millar de cargos y militantes a soterrar las vías del corredor mediterráneo a su paso por la ciudad y a construir el túnel pasante para que València deje de ser un cul-de-sac ferroviario, una reivindicación histórica de la ciudad. «María José, vas a estar en la alcaldía vigilando que se cumpla ese compromiso», ha asegurado el presidente del PP, que completaba así la afirmación de la número uno al Congreso nada más empezar su intervención. «Voy a seguir siendo alcaldesa de València y, si vosotros queréis, voy a seguir siendo alcaldesa en mayo de 2027», ha anunciado en lo que se suponía que era el lanzamiento de una campaña al Congreso. Un lío para los poco acostumbrados a la velocidad infernal a la que nos tiene acostumbrados la política del siglo XXI.

De hecho, Català ha presentado a Feijóo una batería de necesidades de la ciudad de València que deberá atender si llega a la presidencia del Gobierno. «Necesitamos un plan sur metropolitano que nos aleje del miedo cuando hay un gran temporal. Necesitamos ejecutar el túnel pasante sin más retrasos. Necesitamos que Cercanías sea un servicio público con un mínimo de dignidad. Hay que abordar la financiación local. Necesitamos conectar el parque del Túria con la fachada marítima», ha solicitado la número uno por València. Las reivindicaciones del resto de las comarcas de la provincia las habrá dejado para la campaña.

Català ha mostrado su «orgullo» por ver que València «no se rinde y nunca se resigna». «Una tierra unida que va cada vez con más fuerza. Algo que se respira en toda España: ilusión por el cambio y por cambiar el Gobierno de España. Un país que quiere volver a caminar unido, una España que merece mucho más. Y València quiere ser protagonista de ese futuro», ha dicho Català.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien todavía no ha sido ratificado como candidato a la presidencia de la Generalitat, ha pedido a Feijóo «cercanía». El jefe del Consell ha vuelto a decir que el Gobierno dejó a la Generalitat «sola» el día de la dana y durante los meses posteriores. Cuando Feijóo sea presidente, «atenderá a esta tierra como se merece». «Jamás pediremos lo que no nos corresponde, pero jamás pediremos algo para quitárselo a los demás», ha asegurado. Pérez Llorca ha criticado duramente a Compromís: «En el batiburrillo de la izquierda, Compromís ha pactado con Esquerra Republicana. Compromís va a sucumbir ante el independentismo catalán».

El presidente provincial del PP de Valencia, Vicent Mompó, se ha comprometido ante Feijóo no solo a «volver a llenar» la plaza de toros de València en un acto electoral antes del 29 de noviembre, sino también «a reventarla». «La plaza de toros y cualquier recinto que nos pidas, para decir alto y claro que por fin llega el cambio», ha indicado el también presidente de la Diputación de Valencia.

«No tengas ninguna duda de que has elegido a nuestra mejor número uno», ha valorado el presidente de la Diputación, quien ha señalado que las exigencias de los valencianos «no son una simple lista», sino que son «exigencias de Estado». Además, ha añadido: «Exigimos un presidente que, cuando volvamos a tener una tragedia, no se le ocurra decir: “Si necesitan más recursos, que los pidan”».

«Eso es lo que dijo Pedro Sánchez a todos los valencianos y valencianas. Necesitamos olvidarnos del Gobierno de las corruptelas, de las joyas, de la prostitución y de la traición», ha proseguido Mompó, quien ha asegurado que la política «debe recuperar la ejemplaridad» y que «no hay nadie mejor que Feijóo para recuperarla».

El PP tendrá que hacer un proceso extraordinario para que la alcaldesa de València, María José Catalá, sea también diputada en el Congreso. Los estatutos de la formación conservadora establecen una incompatibilidad entre ser parlamentario nacional y alcalde en un municipio de más de 20.000 habitantes, caso que se da en el cabeza de lista por Barcelona, Xavier García Albiol, que es alcalde de Badalona, y ahora también de su número 1 por Valencia.

La normativa del Congreso sí permite esta compatibilidad, pero los populares fueron más restrictivos en sus estatutos. El artículo 12 señala: “La condición de Diputado al Congreso o al Parlamento Europeo es incompatible con el desempeño de cargos de Presidente o Secretario General Insular, Provincial o Autonómico del Partido y con los de Alcalde de municipios superiores a 20.000 habitantes”.

Sin embargo, según explican fuentes del PP, los estatutos prevén hacer excepciones a esta condición. El texto refleja la posibilidad de que el Comité Ejecutivo Nacional autorice “excepciones que, en supuestos extraordinarios, puedan demandar los intereses generales del Partido”. Este será el caso de la alcaldesa de València, según trasladan estas fuentes, a la que se le permitirá ejercer ambas funciones.

El de la alcaldesa de València es un anuncio que ha provocado una rápida reacción. Para el PP implica promocionar a uno de sus máximos valores en la Comunitat Valenciana y amplificar su altavoz de cara a las próximas municipales. Para la oposición, es una evidente contradiccón. Los socialistas le recuerdan que hace apenas una semana criticaba que a Pilar Bernabé, número uno del PSOE por Valencia y candidata a la alcaldía, le importara “un pimiento” la ciudad por irse a Madrid. Desde Compromís señalan que la única candidata que no ha optado a otro cargo es Mónica Oltra.

La entrevista del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trufado la entrevista en la Cadena SER de este viernes de varias afirmaciones falsas con respecto a la edad de jubilación o la hucha de las pensiones. Estas son algunas de ellas:

El salario mínimo tiene una deducción en el IRPF

El líder del PP acusa al Gobierno de “llevarse el dinero de los trabajadores” y hacer un “buen negocio” con la subida del salario mínimo. Lo ha hecho con estas palabras: “El Gobierno obliga a las empresas a subir el salario, obliga a las empresas a subir las cotizaciones, y cuando ese trabajador recibe más salario, muchas veces supera la tarifa del IRPF que venía pagando antes y cotiza”. El propio entrevistador, Aimar Bretos, le ha recordado que el salario mínimo no paga IRPF: “No, no, estaba exento antes”, ha contestado el líder del PP, rememorando el debate que hubo entre Hacienda y Trabajo: “El Gobierno quería que estuviese incluido”.

Es cierto que hubo un choque en el seno del Gobierno al respecto, pero se saldó con un acuerdo a través de una deducción diseñada para que el SMI no pagase IRPF en la declaración de 2026 y un pacto para que el impuesto no se coma las nuevas subidas. De forma posterior, Feijóo ha aclarado que se refería a que el incremento de SMI con el PP “quedará exento de IRPF siempre, por ley y automáticamente”.

Carlos Cuerpo no dijo que haya “un problema” con las pensiones

Feijóo también ha mentido al atribuir al vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, unas supuestas declaraciones en su entrevista de hace unos días en Onda Cero que nunca dijo. “Que el vicepresidente económico del Gobierno en precampaña diga, oiga, vamos a tener un problema con las pensiones, vamos a tener que incrementar en su caso las cotizaciones, y pensar en un incremento de la edad de jubilación... Este es el diagnóstico del señor Cuerpo, que creo que tiene más legitimidad que el señor Sánchez”, afirmó Feijóo.

Sin embargo, Carlos Cuerpo en ningún momento dijo en esta entrevista que haya “un problema” con las pensiones. Tampoco que fuera a aumentar las cotizaciones sociales ni la edad de jubilación.

En realidad, Cuerpo afirmó que “la sostenibilidad de las pensiones está garantizada y la sostenibilidad de nuestra deuda pública también, es así de claro. Y el que quiera decir que no, pues tendrá que demostrarlo”. De hecho, el vicepresidente pidió no dar pábulo a discursos “alarmistas” como los del PP y Vox, que exigen reformas debido a esta supuesta insostenibilidad del sistema. “¿Qué reformas?”, insistió Cuerpo, que criticó que estas fuerzas no las expliciten, por lo que les pidió ser “valientes” sobre sus planes en esta materia.

Feijóo además tergiversa la única mención de Cuerpo a la edad de jubilación. No dijo que se valore un aumento de la edad de jubilación, sino que las reformas ya aprobadas (con incentivos que premian la demora de la jubilación, entre otros) ya están suponiendo un aumento de la edad “efectiva” de jubilación. Es decir, que la gente se está retirando más tarde del mercado de trabajo (con la misma edad legal para acceder a la pensión).

No es cierto que los médicos tengan un papel “secundario” en la eutanasia

Ha dicho que “el papel de los médicos, los especialistas, es secundario” en el proceso eutanásico. Eso es, directamente, falso. Los facultativos son quienes acompañan, deciden y, sobre todo, tienen la capacidad de revocar en cualquier momento la solicitud de muerte asistida de un ciudadano. “Es una ambigüedad médica clara”, apunta Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

España no es el tercer país con más deuda de la UE, es el quinto, según Eurostat

En el segundo trimestre de 2026 la deuda española se situó en el 101,4% del PIB, un 4,26% más que el año anterior, según los datos de Eurostat. El porcentaje equivale a unos 34.500 euros por habitante. Pero España no es el tercer país con más deuda de la Unión Europea, tal y como ha afirmado Feijóo en la Cadena Ser. 

En realidad, es el quinto, por detrás de Grecia (140,8%), Italia (139,9%), Francia (119,1%) y Bélgica (110,2%). Sí es cierto que el país supera casi en 18,5 puntos porcentuales la media de la Unión Europea, que se situó en el 82,9% de deuda pública.

“Aznar dejó una hucha de las pensiones como ningún otro presidente”

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue quien dejó una hucha de las pensiones en su máximo, por delante de José María Aznar. El fondo alcanzó los 66.815 millones de euros al cierre de 2011. Cuando Aznar salió de la Moncloa, el saldo era de 19.330 millones.

“Quien más se ha llevado dinero de los trabajadores ha sido el Gobierno”

La teoría de Feijóo es que el Gobierno ha incrementado el salario mínimo para ganar más dinero. “El Gobierno ha hecho un buen negocio subiendo el salario mínimo porque quien más dinero de los trabajadores se ha llevado ha sido el Gobierno”, ha afirmado, en la entrevista. 

Que los trabajadores paguen un porcentaje mayor de IRPF cuando se les sube el sueldo no tiene nada que ver con que el Gobierno y sus miembros vayan a ganar más dinero. Lo que sí se incrementa es la recaudación fiscal que sirve para financiar los servicios públicos. Por tanto, a quien mejor le viene que se suban los sueldos, además de a los propios trabajadores afortunados, es al conjunto de la ciudadanía que cuenta así con una mejor financiación del Estado del bienestar. 

Quiere decirse feminista pero no quiere serlo. Les pasa a muchos, pero Alberto Núñez Feijóo no es un hombre cualquiera, es el líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. En solo cinco minutos de entrevista con Aimar Bretos en Hoy por Hoy de la Cadena Ser, su contradicción ha quedado más que patente, solo que su contradicción dista de ser algo personal: es lo que podemos esperar de quien aspira a gobernarnos. Enarbola el bote de gas pimienta para clamar contra las violaciones en Ceuta, pero planea acabar con el Ministerio de Igualdad; se pone el pin de feminista mientras cuestiona el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a decidir con autonomía y sin injerencias sobre sus cuerpos y sus vidas.

El problema es de fondo y de forma. De forma, porque Feijóo repite 'cuñadeces' que han sido impugnadas hasta la saciedad especialmente en los últimos años. “Cómo no voy a ser feminista si me he criado con muchas más mujeres que hombres”, ha dicho, convirtiéndose casi en un meme. Porque si criarnos o convivir con mujeres bastara para ser feminista, prácticamente todo el mundo lo sería. Lejos de ser una minoría o extraños seres en extinción, las mujeres somos la mayoría de la población. Siempre hay una madre, una hermana, una abuela, una pareja, una amiga... y, así, los hombres, con el machismo a sus espaldas, se diferencian más bien en su disposición a cuestionarlo. Puede que haya mujeres a su alrededor que propicien ese cuestionamiento, pero desde luego 'estar' con mujeres no basta.

Puedes criarte con mujeres y no escucharlas. Puedes criarte con mujeres y que no hayas interiorizado una mirada crítica del mundo y de ti mismo. El feminismo implica una toma de conciencia y, desde ahí, una toma de posición ante el mundo que interpela hacia fuera y hacia dentro. “Cómo no voy a pensar que una mujer tenga los mismos derechos que un hombre”, proseguía Feijóo, y ahí está otro de los problemas: entender el feminismo solo como una cuestión formal o legal, y no estar dispuesto a entrar a fondo en esa mirada que nos hace preguntarnos, incluso, a qué damos importancia, a quiénes escuchamos, o cómo nos comportamos en el día a día.

Porque la convicción feminista del líder del PP se diluye cuando pasamos a lo práctico, al fondo del asunto. No tiene sentido que admitas que existe la brecha salarial, pero que restes importancia al Ministerio de Igualdad. Es profundamente incoherente enarbolar los botes de spray pimienta para clamar contra las agresiones sexuales en Ceuta mientras anuncias que subsumirás el departamento de Igualdad -el ente que se encarga precisamente de la violencia sexual- en otro. La violencia sexual no se soluciona con gas pimienta, sino con políticas de igualdad hechas desde organismos especializados.

“Le voy a decir a la ministra o el ministro que se encargue de otras cosas, no solamente de igualdad”, afirmaba Núñez Feijóo, porque las violencias machistas, la discriminación laboral y salarial, la trata, los derechos sexuales y reproductivos, o el trabajo con las masculinidades son, al parecer, asuntos que no merecen un organismo propio y especializado. Pero, siguiendo con su contradicción, le reprochaba a la ministra del ramo, Ana Redondo, “trabajar de 8 a 3 e irse en el AVE a pasar la tarde a Valladolid”. ¿En qué quedamos?, ¿hacen falta muchas horas o pocas para encargarse de Igualdad?

Cuando hablamos de derecho al aborto, Alberto Núñez Feijóo pisa terreno resbaladizo: el que ha llevado a su partido a proponer la reforma más regresiva de la democracia, dar marcha atrás, asegurar que respeta la decisión del Tribunal Constitucional, torpedear la aplicación de la objeción de conciencia e inventar leyes del concebido no nacido. Todo para dificultar el derecho al aborto, a veces de manera más explícita, a veces menos; que lo parezca poco cuando no queremos quedar mal del todo, que lo parezca mucho cuando queremos llegar a ese electorado conservador y radical.

El líder del PP asegura que respeta la sentencia del Constitucional que avaló la reforma de la ley del aborto, pero vuelve a traer el asunto de las menores y deja en el aire si las mujeres de 16 y 17 años podrán abortar sin consentimiento paterno, como sucede ahora y como avaló el TC. “Una chica de 16 años debería de tener el conocimiento de sus padres, es un debate que procede volver a dar”, asegura Feijóo. Qué sucede entonces si una mujer de esa edad quiere abortar y sus padres no, no lo sabemos. No sabemos si para el PP es razonable que con 16 o 17 años tus padres puedan obligarte a tener un hijo y eso, de feminista, tiene poco.

La autonomía corporal es la base sobre la que se construyen el resto de derechos que Feijóo dice querer para las mujeres. Lo contrario, asumir que una mujer de cualquier edad puede ser obligada a parir y ser madre, es entendernos como ciudadanas de segunda y eso no casa muy bien con la democracia.

Pero una cosa es decirse feminista y otra distinta tener un proyecto feminista.

“La vida digna está por encima de la muerte digna”. Así lo ha afirmado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en La Ser que ha agitado el avispero respecto al debate sobre la eutanasia. El candidato del PP ha vuelto a poner sobre la mesa su intención de reformar la ley que garantiza la muerte asistida y lo ha hecho con un seguido de falsedades que no responden a la realidad.

La más evidente es su afirmación de que “el papel de los médicos, los especialistas, es secundario” en el proceso eutanásico. Eso es, directamente, falso. Los facultativos son quienes acompañan, deciden y, sobre todo, tienen la capacidad de revocar en cualquier momento la solicitud de muerte asistida de un ciudadano. “Es una ambigüedad médica clara”, apunta Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

Actualmente, según la ley, el proceso para acceder a la eutanasia pasa por pedirlo al médico especialista o de cabecera, que debe rubricar la solicitud y consultar al llamado 'médico consultor', un facultativo sin relación previa con el paciente que verifica que se cumplen con los requisitos. Una vez aquí, la petición pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación, formada por especialistas médicos y juristas, y que tiene la última decisión. En cualquiera de estos estadios, se puede revocar la petición.

“Es una ley tremendamente garantista en la que los médicos tienen un papel fundamental. Decir lo contrario es querer confundir a la población”, asegura Marín. Por ello, aunque Feijóo insista en que quiere “derogar” la ley de eutanasia, eso no es tan fácil, puesto que el Tribunal Constitucional avaló el derecho a morir dignamente.

Con todo, ante la dificultad de derogar la ley, el objetivo del PP es, realmente, reformarla mediante el “filtro paliativo”. Se trata de un requisito que quiere obligar a que los facultativos que participan del proceso de evaluación sean todos especialistas de paliativos. Eso supone un problema, porque reduciría bastante la lista de profesionales disponibles para participar en la evaluación, lo que acrecentaría muchísimo los plazos.

“Es una manera de aumentar las denegaciones de manera indirecta. Dificultar encontrar médicos responsables y consultores sólo conseguirá que la gente se muera ates de acceder a la eutanasia, no que se deje de solicitar”, insiste Marín.

Según el Ministerio de Sanidad, en 2025 se tramitaron 1.284 solicitudes para morir, un 31% más que el año anterior. De ellas, menos de la mitad (48%) acabaron recibiendo ayuda. Eso, según DMD, demuestra tanto que la ley es “muy garantista”, como que ya hay dificultades para conseguir acceder a la prestación. Esta afirmación se sustenta en otro dato: el 31,5% de solicitantes murieron durante el proceso de tramitación.

“Tenemos una cifra de muertes asistidas muy baja porque a la gente le cuesta encontrar médico responsable. La gente se muere antes, sobre todo las personas con cáncer”, explica Marín. De nuevo, los datos lo avalan. El cáncer supone casi el 40% de las solicitudes, pero las que reciben la prestación son menos del 30%. En cambio, estas cifras se invierten con las enfermedades neurológicas: suponen el 30% de las solicitudes y el 46% de las eutanasias realizadas.

Una de las maneras de entender la dificultad de encontrar médicos responsables y consultores es mirar los datos por comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en sanidad. Todas las regiones que se encuentran por debajo de la media en la realización de prestaciones (a excepción de Castilla-La Mancha) están gobernadas por el PP.

El motivo es que en estas comunidades suele haber más médicos objetores de conciencia. Eso significa que la solicitud debe ser trasladada al director del centro de salud que, si no encuentra a un facultativo entre su plantilla, debe preguntar al gobierno autonómico. “Se nota mucho que, según quien gobierne, cuesta más o menos encontrar profesionales”, insiste Marín.

A pesar de todas estas evidencias, Feijóo ha afirmado que está “de acuerdo” con la muerte digna, “pero antes de llegar ahí, hay que garantizar una vida digna”. Después de esta máxima, el líder popular ha aprovechado para volver a traer a colación el caso de Noelia, la joven que consiguió la eutanasia tras casi dos años de batalla legal con sus padres, que quisieron impedirle este derecho.

“El caso Noelia nos impactó. A mí me escribió su madre y me pidió que no volviera a pasar lo que le pasó a su hija”, ha asegurado Feijóo. Para DMD, que el líder del PP mencionara a la chica, es “un horror, una instrumentalización clara y gravísima”. Marín recuerda que a Noelia se le aplicó la eutanasia por la paraplegia que sufría, no por su depresión crónica. “Aun así, parece que hay quien quisiera que se volviera a intentar suicidar”, lamenta el vicepresidente de la entidad.

“Lo que hay que combatir es la desigualdad, las condiciones vitales que quitan la dignidad de las personas que sufren emocionalmente o por su situación socioeconómica. Eso es lo que hay que arreglar, no una ley de eutanasia que viene a dejar que la gente acabe su vida en dignidad y como decidan”, zanja Marín.

Reabrir el debate sobre el derecho al aborto, eliminar el Ministerio de Igualdad, estudiar si las pensiones son “viables”, reformar la ley de eutanasia, subir el SMI solo si las empresas dan su visto bueno y sentar a Vox en el Consejo de Ministros si lo necesita para gobernar. Son los compromisos adquiridos este viernes por el candidato del PP en las elecciones del 29 de noviembre. Todo, ante su gran objetivo: que “el señor Sánchez deje de manosear los asuntos públicos y el interés general” de España porque “es un personaje tóxico y conflictivo que conviene sacarlo del Gobierno”.

Así se ha pronunciado en una entrevista en la cadena Ser en la que se ha comprometido, solo a la tercera repregunta, a que gobierne la lista más votada en las urnas. En 2023, Feijóo planteó a Pedro Sánchez un contrato para que el segundo dejara gobernar a la lista más votada. Tres años después, ha intentado eludir la cuestión. “No contemplo esa hipótesis”, ha dicho a la primera. Apretado, Feijóo ha terminado concediendo: “Yo renuevo ese compromiso porque creo que mi partido va a ganar”.

Feijóo ha confirmado que no tendrá problema en pactar con Vox y en formar una coalición de gobierno con el partido de Santiago Abascal. “No puedo descartar hacer caso a lo que me manden los españoles”, ha dicho. “Si mandan completar la mayoría y dar estabilidad al Gobierno con la tercera fuerza política de mi país, yo soy un demócrata”, ha expuesto.

El líder del PP ha recordado que su partido ya gobierna en coalición en cuatro comunidades autónomas. “Eso sí”, ha añadido, “hemos puesto un marco claro de cuáles son las líneas rojas, y dentro de ese marco hemos pactado. No es un pacto encapuchado, no es el pacto con Bildu”.

Feijóo ha recurrido a Bildu también para despejar las preguntas sobre el cabeza de cartel de Vox en Tarragona (Catalunya), Jordi de la Fuente, un neonazi acusado de un ataque a un centro de menores en el que hubo cuatro heridos.

El candidato de la derecha ha puesto en duda las informaciones sobre las vinculaciones neonazis de De la Fuente: “No debe ser fácil probarlo. Pero, en todo caso, la responsabilidad de cada cual que lleve en sus listas, yo no voy a entrar, no conozco a esa persona que usted me refiere de Tarragona”.

El líder del PP sí ha asegurado que derogará la Ley de Memoria Democrática “porque no acepto que ETA nos dé elecciones de lo que ha sido democrático o no, de los años de Felipe González”. Feijóo ha dicho que legislará para intentar evitar que “ningún partido pueda llevar en sus listas electorales a personas condenadas por terrorismo”.

Feijóo también ha respondido sobre el futuro de las pensiones, aunque con poca concreción. “Aznar dejó una hucha de las pensiones como ningún otro presidente”, ha afirmado, falsamente, para sostener que “el debate de las pensiones en España es porque el Gobierno no ha sido capaz de hacer un plan para sanear las pensiones y tener la seguridad de la viabilidad de las pensiones”.

“Mi compromiso personal consiste en actualizar anualmente las pensiones conforme al IPC y en garantizar la viabilidad de las pensiones para los jóvenes”, ha afirmado. Algo que ya ha dicho previamente, pero sin explicitar cómo piensa hacer la segunda parte.

“Mi compromiso no es hacerlo por decreto. No, no. Voy a reactivar el Pacto de Toledo, donde sentaré a los sindicatos, a la patronal, a los partidos políticos y al Gobierno, y llevaremos un plan para hacerlo”, ha asegurado. El Pacto de Toledo pactó el actual sistema de pensiones. La subida de las pensiones conforme al IPC es una obligación legal contra la que el PP votó.

“Yo le voy a decir a los pensionistas, mire, sé que vamos a tener muchos problemas. No me creo muchas de las cuentas que tiene el Estado. Haremos una auditoría para saber exactamente el estado de las cuentas. Sé que tengo muchos problemas”, ha concluido.

Aborto con “información” a los padres

“Yo garantizo que las mujeres en España tengan, en el caso de una decisión de interrupción del embarazo, los mejores médicos y la mejor asistencia sanitaria y que puedan ejercerlo de acuerdo con las leyes de mi país”, ha sostenido Feijóo.

El líder del PP ha asegurado, no obstante, que este derecho no será obligatorio en la red pública de hospitales. “No lo puedo obligar a un médico a hacer una interrupción voluntaria del embarazo”, ha justificado. Feijóo ha asegurado que cuando era presidente de la Xunta, había “un hospital que hacía las interrupciones voluntarias muy complejas”. “Teníamos una serie de médicos que voluntariamente se prestaban a hacer interrupciones donde estaba en riesgo la vida de la madre, y en otros hospitales teníamos médicos que estaban dispuestos a hacer ese tipo de actividad quirúrgica o actividad médica, como le quieras llamar. Pero en la pública y en la privada, como ha sido siempre”.

Preguntado por el aborto en chicas de 16 o 17 años, Feijóo ha reiterado una posición que ya hizo pública en 2025, cuando el Tribunal Constitucional validó definitivamente la actual ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo. “Una chica de 16 años debería de tener el conocimiento de sus padres” antes de abortar, ha explicado. “Es mi opinión personal”, ha matizado después.

Feijóo ha querido explicitar que él no ha dicho que los padres deban dar su visto bueno a la interrupción del embarazo, pero sí saberlo. “Ese debate es un debate que procede, y yo volveré a darlo”, ha sostenido. “¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo y, sin embargo, puede abortar?”, se ha preguntado. “Yo creo, honradamente, que una niña de 16 años que comparta con sus padres una decisión vital, trascendente e irreversible como hacer un aborto es lo correcto”.

El líder del PP no ha querido comprometer una posición. “Veremos durante la legislatura si tengo la responsabilidad de gobernar cómo planteamos este asunto”, ha dicho. Y ha añadido: “¿Qué ocurre cuando una niña de 16 años quiere abortar y sus padres no lo aceptan? Ese es el debate que yo quiero plantear. Porque estoy convencido que una niña de 16 que tenga el apoyo de sus padres, habrá muchas que no quieran abortar”.

“Lo fundamental para mí, además de respetar la sentencia del Tribunal Constitucional, es decirle a cualquier persona, a cualquier mujer, que no aborte por un problema económico. Que si quiere tener un hijo y tiene un problema económico, que yo me comprometo a buscar una solución para el problema económico. Y quiere ser madre, si quiere tener un hijo, que lo pueda tener en mi país”, ha concluido.

Feijóo, “feminista” pero sin Ministerio de Igualdad

Feijóo ha sido mucho más tajante al afirmar que eliminará el Ministerio de Igualdad. “Lo voy a meter dentro de otros ministerios. Yo no voy a mantener 22 ministerios”, ha afirmado.

“Le voy a decir a la ministra o el ministro que lleve igualdad que se encargue de otras cosas”, ha añadido, para asegurar que es un departamento que solo ocupa una jornada matutina de trabajo: “La ministra de Igualdad no puede trabajar de 8 a 3 e irse a Valladolid en el AVE a pasar la tarde”.

Preguntado expresamente si “se considera feminista”, el líder del PP ha asegurado: “Cómo no voy a ser feminista si me he criado en mi casa con muchas más mujeres que hombres”,

“A esta edad y con este planteamiento democrático de lo que me he dedicado toda la vida, ¿cómo yo voy a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre? ¿O cómo no voy a aceptar que todavía hay una brecha salarial entre la mujer y el hombre? Claro que sí”, ha afirmado.

El líder del PP también ha asegurado que reformará la ley de eutanasia, aunque no ha explicado en qué sentido. “La muerte digna es un concepto con el que yo estoy de acuerdo”, ha dicho, para añadir que “la muerte digna solamente pueda ser el final de la acreditación de que esa vida no se puede mantener en unos niveles mínimos de dignidad”.

Feijóo ha citado el caso de Noelia, una joven que tuvo que batallar en los tribunales durante dos años contra parte de su familia y Abogados Cristianos para acceder a la eutanasia. “A mí me escribió su madre y me pidió que no volviese a ocurrir lo que le pasó a su hija”, ha explicado Feijóo, quien ha asegurado que en este caso se produjo “un fallo sistemático de todos los servicios, de los servicios sociales, de los servicios sanitarios” que provocaron la “desatención de Noelia”.

“Cuando una niña de veintipico años toma esa decisión, que es un fallo de la sociedad y un fallo de los poderes públicos, evidentemente”, ha reiterado. “La vida digna está por encima de la muerte digna, pero si después de hacer todo lo posible para garantizar una muerte digna, unos paliativos adecuados, llegamos a esa frontera, pues es evidente que es una decisión moral y ética de enorme impacto y de enorme calado”, ha sostenido.

“Esta ley de eutanasia, desde luego, la vamos a reformar, sí”, ha comprometido, para asegurar que dará más papel en la decisión a los médicos. “En esta ley de eutanasia el papel del médico, el papel del especialista, es un papel secundario, que creo que se lo tenemos que ofrecer a la persona antes de tomar una decisión”, ha dicho.

Subir el SMI si las empresas quieren

Feijóo ha asegurado en la entrevista en la Ser que solo subirá el salario mínimo interprofesional (SMI) lo que acepten los empresarios. “El compromiso del PP es reunirme con los sindicatos y con los agentes sociales y pactar el salario mínimo”, ha dicho. “No voy a caer en la trampa de que el PP esté en contra de subir el salario mínimo”, ha añadido, para asegurar que “quien más se ha llevado dinero de los trabajadores ha sido el Gobierno”.

Sobre las subidas del SMI aprobadas por los diferentes gobiernos de Pedro Sánchez, Feijóo ha criticado que ha hecho “lo que considera oportuno sin contar con los agentes económicos”, pese a que todos los incrementos han contado con el visto bueno de los sindicatos, aunque no de la patronal. “Y lo que ocurre es que baja la productividad de nuestro país y que baja la competitividad de la economía española y que perdemos convergencia con la Unión Europea”.

Feijóo también ha sostenido que “quien más se ha llevado dinero de los trabajadores ha sido el Gobierno” a cuenta de la subida del SMI. “El Gobierno obliga a las empresas a subir el salario, obliga a las empresas a subir las cotizaciones, y cuando ese trabajador recibe más salario, muchas veces supera la tarifa del IRPF que venía pagando antes y cotiza”, ha expuesto.

El líder del PP ha recordado que la bronca dentro del Gobierno precisamente a cuenta de la exención del SIM de pagar IRPF. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se enfrentó a la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La primera quería librar al SMI de pagar IRPF, lo que dejaría exento a ese mismo tramo en cualquier otro salario; la segunda era partidaria de aplicar el tributo.

Sumar ganó el pulso y el Gobierno finalmente aprobó elevar el mínimo exento del IRPF para igualarlo al SMI. Aunque Feijóo no lo ha dicho expresamente en la entrevista, en un mensaje posterior en Twitter ha afirmado: “Todo incremento de SMI quedará exento de IRPF SIEMPRE. Por ley y automáticamente”.

La exmilitante socialista Leire Díez ha presentado una querella ante el juzgado de la Audiencia Nacional que la investiga en la que acusa al PP de los delitos de calumnias con publicidad, contra la integridad moral y de suplantación de identidad digital. Lo hace después de que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo publicara en redes un vídeo realizado con inteligencia artificial en el que se puede ver a Díez indicando: “Si haber contratado a matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, sí soy zurda”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Leire Díez indica que esa recreación digital de su figura para poner en su boca palabras que no ha expresado ha sido difundida de forma simultánea por todas la redes del PP y son “una clara alusión” a la jueza que instruyó la causa David Sánchez, Beatriz Biedma, que declaró recientemente en ese mismo juzgado del magistrado Santiago Pedraz.

La abogada de Díez lamenta que “los hechos y afirmaciones contenidos en dicha publicación son absoluta y rotundamente falsos, habiendo no obstante el querellado actuado con pleno conocimiento de la falsedad de los datos difundidos y con un temerario desprecio hacia la verdad, con el único e inequívoco propósito de menoscabar el honor y la dignidad de la Sra. Díez”.

Al hilo, recuerda que el PP está personado en la causa en la que se investiga la presunta trama que coordinaría Leire Díez y que buscaba entorpecer causas relacionadas con el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno. Y por eso, entiende que es conocedor “de la ausencia de cualquier tipo de material probatorio” que demuestre que ella pudiera haber realizado cualquier acción encaminada a lo que sugiere el vídeo.

Tras esto, recalca que la difusión de este contenido falso está generando “un perjuicio de extrema gravedad e irreparable en la esfera personal, familiar y profesional” de Díez porque ha superado los 2 millones de reproducciones y porque a consecuencia de esa publicación ella y sus hijas han tenido que “aislarse en el domicilio”. Denuncia que, además, ella ha sufrido un ataque de ansiedad fruto de padecer todo tipo de “insultos, descalificaciones y vejaciones”.

Tras exponer los hechos, solicita la declaración como investigado del PP, y que se identifique a la persona del partido encargada de redes sociales, de colgar el contenido y los que aprobaron la publicación. Solicita, además,lal entrada y registro de la sede de la formación por parte de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil para que se acceda a los servidores y ordenadores para identificar a todas aquellas personas que hayan participado en la creación del vídeo, y capturen las huellas digitales tanto del vídeo como de los textos, fotografías y demás elementos que se hayan utilizado para la producción del vídeo.

Por otro lado, la exmilitante socialista pide que se retire cautelarmente el vídeo de las redes sociales que estén bajo control del PP o de cualquier otra persona.

Este mismo viernes, el presidente del PP ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser que en ese vídeo en el que se podía ver a Begoña Gómez, José Luis Ábalos, José Luis Rodríguez Zapatero o Santos Cerdán, entre otros, venía acompañado de un letrero que advertía de que era inteligencia artificial. Ha subrayado, además, que quién hace esos vídeos es alguien “muy bueno”, según la han explicado.

Los debates electorales vuelven a enfrentar al PSOE y al PP. Si en 2023 los de Alberto Núñez Feijóo plantaron a RTVE en el 'debate a cuatro', esta vez la discrepancia es por dónde hacerlo: mientras el equipo de Pedro Sánchez aboga por la propuesta de la corporación pública, el PP apuesta por la oferta del grupo privado Atresmedia, editora de Antena 3 y La Sexta. El que sí se hará es el debate 'cara a cara', previsto para el 16 de noviembre en Mediaset (Telecinco y Cuatro).

Pedro Sánchez ha aceptado este jueves participar en un ‘cara a cara’ electoral con Alberto Núñez Feijóo el lunes 16 de noviembre. Así lo ha confirmado el PSOE en un comunicado en el que, además, acepta también la invitación de RTVE a participar en el debate a cuatro el jueves 26 de noviembre. “El PSOE no elegirá ni vetará a ningún grupo mediático. En su lugar, pide a todos los grupos que encuentren un acuerdo entre ellos y que emitan la señal en abierto para todas las cadenas, como ya se ha comprometido a hacer TVE”.

Pero el PP ha reaccionado inmediatamente para bloquear la opción de la radiotelevisión pública, como ya hiciera en 2023. “No habrá debate a cuatro en RTVE”, apuntan fuentes oficiales del PP. Las mismas fuentes añaden: “No entendemos el intento de boicot del PSOE a Atresmedia”.

“Los debates serán el 16 en Mediaset y el 26 en la cadena en la que hace tres años sí le valía debatir a Pedro Sánchez”, concluye el comunicado del PP.

Lo que obvian en Génova es que fue Feijóo quien boicoteó en 2023 el de RTVE, que hizo un 'debate a tres' entre Sánchez, la entonces líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el candidato de Vox, Santiago Abascal. Los tres repitieron en Atresmedia, donde sí acudió el líder del PP.

La diferencia con entonces, al menos a día de hoy, es que tanto la propuesta de RTVE como la de Atresmedia son para el mismo día: el 26 de noviembre, penúltimo día de campaña.

“Atril vacío”

Preguntados si, como en 2023, Feijóo plantará a RTVE, desde el equipo de Feijóo contestan: “Ya veremos si deja vacío el atril de Atresmedia Pedro Sánchez”.

El PSOE considera que, “al menos, deben existir dos encuentros entre los cabezas de lista y que se debe seguir el precedente establecido en las pasadas elecciones de julio de 2023: un debate ‘cara a cara’ organizado por un grupo privado al inicio de la campaña y un debate con los cuatro candidatos principales organizado por la televisión pública. Siendo indispensable que ambos encuentros se produzcan”.

Los socialistas reprochan a Feijóo que en las últimas generales de 2023 “dejó su atril vacío y plantó a la radiotelevisión pública en el debate a cuatro, hurtando a los españoles la posibilidad de contrastar su programa con el resto de fuerzas políticas”. “El PSOE no va a vetar a ninguna cadena privada de igual forma que no vamos a consentir, bajo ningún concepto, el veto a la televisión pública. La misión de servicio público que la Constitución y las leyes encomiendan a Radio Televisión Española tiene en los debates electorales una de sus expresiones más esenciales y garantistas”, añaden.

Hasta ahora, el PP ha planteado hasta tres debates electorales de ámbito nacional para la campaña de los comicios del próximo 29 de noviembre: un 'cara a cara' entre su candidato, Alberto Núñez Feijóo, y el del PSOE, Pedro Sánchez; uno a cuatro, que incluya a Vox y al nuevo Frente Amplio; y otro de portavoces parlamentarios. Así lo ha anunciado en un comunicado en el que, además, anuncia que Feijóo no dará entrevistas a RTVE en programas de “productoras externas”.

El PP ha elegido a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo como 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo en la lista por Madrid. El tercero será el portavoz nacional, Borja Sémper, quien repetirá el mismo puesto que en 2023. Así lo ha comunicado el partido en un mensaje en su cuenta de Twitter con una única palabra: “Aura”.

El papel de Álvarez de Toledo dentro del PP de Feijóo ha sido ascendente desde la llegada del gallego a Madrid. Si la diputada fue uno de los puntales de la primera dirección de Pablo Casado en 2018, luego cayó en desgracia por sus enfrentamientos con Teodoro García Egea, según relató en sus propias memorias.

La diputada hispanoargentina pasó de ser la portavoz parlamentaria a quedar relegada dentro del grupo parlamentario. El ascenso de Feijóo supuso que Álvarez de Toledo siguiera en un segundo plano hasta que fue recuperada a medida que el PP endurecía su discurso contra el Gobierno de coalición.

Tras las elecciones de 2023, Miguel Tellado la recuperó como portavoz adjunta y una integrante clave en su equipo en el Congreso. El 'número dos' del partido suele deshacerse en elogios para la diputada, quien ha hecho de sus enfrentamientos dialécticos con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, su principal labor parlamentaria.

A Sémper lo recuperó el PP como portavoz de la campaña electoral en 2023, tres años después de dimitir de todos sus cargos y anunciar su marcha por desavenencias con el proyecto de Pablo Casado. De hecho, Sémper protagonizó varios encontronazos con la que entonces era portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Álvarez de Toledo representa al PP más extremo y radical. En 2019, por ejemplo, tildó de “tibios” a sus compañeros del PP vasco y criticó tanto la defensa de la foralidad de la comunidad autónoma como su relación con el nacionalismo, especialmente el PNV.

La respuesta llegó de boca del propio Borja Sémper: “Mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas otros nos jugábamos la vida”.

Siete años después, parecen no acordarse de aquel agrio enfrentamiento. “El PP es un proyecto amplio en el que caben todas las sensibilidades”, afirma el comunicado del PP para anunciar la candidatura, un texto en el que se define al partido como “una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos”.

“Somos un partido que representa una amplia mayoría social, no somos un partido de nicho. Somos un partido que quiere parecerse a España”, ha afirmado Sémper en una entrevista este jueves tras conocerse las designaciones. “En lo esencial, compartimos lo que España necesita”, ha señalado. “Estabilidad, futuro, encargarnos de los problemas de los españoles, que el próximo Gobierno tiene que ser de reformas, no de escándalos”, ha apuntado.

Feijóo endurece así la papeleta que él mismo encabeza ante las elecciones del 29 de noviembre. Hace ahora tres años, el líder del PP optó como 'número dos' por Marta Rivera de la Cruz, un fichaje de Ciudadanos con marchamo de mujer de la cultura.

De hecho, Rivera de la Cruz fue también en la lista de José Luis Martínez-Almeida al Ayuntamiento de Madrid en 2023. Poco después de las elecciones generales, optó por centrarse en la labor municipal y abandonó el Congreso. Hoy es delegada de Cultura, Turismo y Deporte en el equipo de Almeida.

Con la solemnidad que envuelve a los discursos históricos, el profesor Manuel García-Pelayo defendió el 12 de julio de 1980 la idea de que el recién creado Tribunal Constitucional debía garantizar que la Política se sometía al Derecho y no al contrario. Elegido primer presidente de ese órgano, García Pelayo expresó en aquel acto inaugural sus prevenciones: “Si la jurisdicción constitucional es un desarrollo lógico y un perfeccionamiento técnico de la idea del Estado de Derecho, esta jurisdicción implica necesariamente un alto grado de sumisión de la Política al Derecho. Asegurar esta sumisión y no producir decisiones políticas en forma jurisdiccional es la delicada y alta tarea que se nos ha encomendado”.

Y avisó de los peligros que amenazaban al Constitucional: “Unos y otros hemos de renunciar a la tentación de hacer del Tribunal un órgano político, desvirtuando su auténtica naturaleza (…) Nuestras decisiones, aun elaboradas y fundamentadas en estrictos criterios jurídicos, tendrán efectos políticos tanto respecto a la acción del Estado como con respecto a las posiciones del poder de los distintos grupos políticos, pero esos efectos serán consecuencia necesaria del juego de las normas, nunca producto de una deliberada decisión política del Tribunal”.

El mandato de García Pelayo se prolongó de 1980 a 1986. En esos primeros seis años de vida del Constitucional, el presidente intentó demostrar imparcialidad de juicio. Con su voto de calidad avaló el decreto Ley de expropiación forzosa de Rumasa y rechazó por inconstitucional la Ley del Aborto, dos decisiones clave del primer Gobierno socialista.  

Cuarenta y seis años después, unos y otros (PSOE y PP) han cedido a la tentación. Ambos partidos trabajan intensamente para hacer del Constitucional un órgano político, desvirtuando así su auténtica naturaleza.

Cuando al Gobierno de Pedro Sánchez le tocó elegir a dos magistrados para renovar el Constitucional, designó a quienes habían sido ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y directora general de Asuntos Constitucionales, Laura Díez.

Muchos antes de aquellos controvertidos nombramientos, el PP había situado ya en el Tribunal a su diputado nacional más antiabortista, Andrés Ollero, y a un juez conservador, Enrique López, habitual de los eventos de FAES. López acabó como consejero de Justicia en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras dimitir como magistrado del Constitucional al ser condenado por conducir una moto ebrio -cuadruplicaba la tase de alcohol permitido- sin casco y saltándose un semáforo a las cinco de la madrugada en el Paseo de la Castellana. Hoy López aspira a magistrado de la sala penal del Supremo, dominada desde hace 25 años por la derecha judicial.

Con esos mimbres a uno y otro lado del Constitucional, es inevitable la sensación de que el Tribunal produce “decisiones políticas en forma jurisdiccional”, el riesgo anunciado muchos años antes por el profesor García-Pelayo.

Filibusterismo parlamentario

El Partido Popular ha tomado ahora la iniciativa en la batalla por el control de ese órgano clave para el funcionamiento de la democracia en España. Desde su poder absoluto en el Senado, la formación conservadora pretende someter el Derecho a la Política mediante un ejercicio de filibusterismo por el cual bloquea desde hace 10 meses la obligatoria renovación del Tribunal que corresponde a la Cámara Alta. Ha evitado así -o aplazado al menos- que una mayoría de magistrados de sensibilidad progresista siga controlando el Constitucional durante los próximos tres años.

Con esta maniobra de obstruccionismo parlamentario, el PP gana tiempo para intentar que las urnas del 29 de noviembre le premien con escaños suficientes ante una renovación del Constitucional que podrían decidir a su favor desde una posición más hegemónica en el Senado.

El PP incumple el mandato de la Constitución al bloquear la renovación de cuatro plazas del Tribunal cuya elección corresponde a la Cámara Alta. En una situación normal, el Senado habría designado hace 10 meses a dos magistrados elegidos por el PP y otros dos por el PSOE. De esa manera, el Constitucional funcionaría los próximos tres años con la misma mayoría que tiene ahora (siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores).  

El mandato de cada uno de los 12 magistrados dura nueve años. Este órgano se renueva por tercios (cuatro magistrados cada tres años). Un tercio le corresponde al Congreso, otro al Senado, dos magistrados son de elección directa del Gobierno central y otros dos corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Todas las elecciones, salvo la directa del Ejecutivo, se hacen con mayorías cualificadas lo que obliga a un consenso que, históricamente, ha dado como resultado un Tribunal de fuerzas equilibradas, pero con una suficiente mayoría conservadora o progresista. Siempre un desequilibrio mínimo (siete frente a cinco) decidido por el momento cada nueve años en que al Gobierno de turno le toca nombrar a dos de los 12 magistrados.

El PP tiene ahora 143 de los 266 senadores de la Cámara Alta, a sólo 17 escaños de los 3/5 necesarios (160) para no tener que repartirse con el PSOE las cuatro plazas del Constitucional que hay que renovar. Con diferentes excusas, a cual más pintoresca, el PP se ha negado hasta ahora a la renovación obligada por la Constitución. Su artículo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional son designados por un período de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres años. Es la primera vez que se incumple ese mandato constitucional. El bloqueo ha llegado siempre de la mano del PP en 2007, 2019, 2022 y 2026.

El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió durante sus primeros cinco años de mandato (2018 a 2023) a un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora y a la contra que le tumbó varios decretos ley, algunos tan simbólicos como los que establecían distintas medidas de excepción para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Pero con el nombramiento de los dos magistrados que le correspondían al Gobierno, las tornas cambiaron en el Tribunal Constitucional y con una mayoría absoluta de magistrados progresistas se desatascaron algunos conflictos mayores. Trece años después, el Constitucional desestimó el recurso que el PP puso en 2010 contra la Ley del Aborto, con el voto en contra de los magistrados conservadores. También se anularon sentencias del Supremo, aprobadas por la mayoría de la derecha judicial en ese órgano, que condenaron a cárcel al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, por los ERE; o que sacaron del Congreso al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.  Además, el actual Tribunal Constitucional avaló la Ley de Amnistía pese al recurso del Supremo; derogó el pronunciamiento del mismo órgano que juzgó el proceso secesionista catalán y que consideró no amnistiable el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas.

La Sala de lo Penal del Supremo, corregida en sentencias clave, ha reaccionado acatando las resoluciones del Constitucional pero sin respetarlas. Manuel Marchena, magistrado de esa sala que presidió durante 10 años, firmó un auto donde considera una injerencia intolerable y una invasión de sus competencias estas resoluciones del Tribunal de garantías, al que acusa de incumplir su propia jurisprudencia. El Constitucional recuerda al Supremo que la Ley impide que sus sentencias sean criticadas o censuradas por otros órganos judiciales.

Pacto entre Feijóo y Abascal para el Senado

En esta situación de grave fractura entre instituciones clave, las elecciones generales del próximo 29 de noviembre tienen una batalla crucial a la que los principales partidos le han dado prioridad absoluta. El control del Tribunal Constitucional a través de la renovación de cuatro magistrados que corresponde al Senado es el objetivo de las estrategias de los grandes partidos.

El PSOE ha suscrito una alianza con el Frente Amplio sólo para las candidaturas del Senado con el objetivo de evitar una mayoría aplastante del PP que permita a este partido elegir a los cuatro magistrados cuya designación sigue pendiente desde hace 10 meses en la Cámara Alta.

El PP se dispone, una vez más, a sellar otro pacto con Vox. En este caso se trataría de sumar fuerzas en las listas del Senado. Atrás quedaron todos los recelos que durante años han expresado los líderes conservadores respecto a la ultraderecha que dirige Abascal. Hay un objetivo mayor: el control del Tribunal Constitucional durante el próximo sexenio.