En la primavera de 2020, el mundo se detuvo de forma inesperada. El confinamiento provocado por la COVID-19 paralizó ciudades, industrias y transportes.

Sin embargo, mientras la actividad humana se reducía al mínimo, ocurrió algo extraordinario. Los niveles de contaminación se desplomaron en las grandes urbes, los canales de Venecia recuperaron una claridad olvidada y la fauna volvió a ocupar espacios urbanos. La naturaleza, de pronto, parecía respirar.

Aquellos meses nos dejaron una enseñanza inapelable: la Tierra no estaba agotada, sino sometida a una presión asfixiante. Bastó una breve tregua en nuestra frenética rutina para que demostrara una asombrosa capacidad de recuperación. Fue una demostración silenciosa de que el planeta conserva una inmensa fuerza regeneradora si, simplemente, le damos la oportunidad de ejercerla.

Pero el alivio fue efímero. En cuanto la maquinaria económica volvió a arrancar, regresaron las emisiones, la polución y la explotación intensiva. El planeta retomó las mismas cargas que lo asfixiaban antes de la crisis. Aunque muchos de aquellos efectos fueron temporales, demostraron hasta qué punto la presión humana influye de manera directa en la calidad ambiental y cómo determinados ecosistemas conservan capacidad de recuperación cuando se reducen las agresiones. Aun así, el confinamiento quedó grabado como un faro de lo que sería posible si rediseñáramos nuestra relación con el entorno.

La dimensión humana de la crisis ambiental

Con frecuencia analizamos el deterioro ecológico a través de frías estadísticas y gráficos. Olvidamos que detrás de esos datos hay rostros concretos.

La contaminación del aire y del agua castiga con mayor dureza a las comunidades más vulnerables, aquellas que carecen de recursos para protegerse. Las enfermedades respiratorias, la escasez de agua potable y la degradación del entorno impactan directamente en la salud y la dignidad de millones de personas.

A esto se suma la violencia de los fenómenos climáticos extremos: sequías prolongadas, inundaciones, incendios forestales y tormentas demoledoras. Estos episodios no solo desmantelan ecosistemas, sino que arrasan viviendas, cultivos y proyectos de vida, empujando a comunidades enteras a un éxodo forzoso como refugiados climáticos. El sufrimiento de la Tierra y el sufrimiento humano son, en realidad, las dos caras de la misma moneda.

La pérdida de biodiversidad: la quiebra del equilibrio

Otro de los grandes desafíos de nuestro tiempo es la extinción acelerada de especies. A menudo se percibe este problema como una pérdida puramente estética o sentimental, pero la biodiversidad es el tejido vivo que sostiene nuestra propia existencia.

Los insectos polinizadores sostienen buena parte de la producción de alimentos; los bosques regulan el clima y los océanos contribuyen al equilibrio global. Cuando una especie desaparece, se altera una compleja red de relaciones que desestabiliza el ecosistema entero. Además, la destrucción de los hábitats rompe las barreras naturales, facilitando el salto de enfermedades de animales a humanos. La biodiversidad no es un lujo de la naturaleza, sino un requisito para nuestra supervivencia.

Castilla-La Mancha, con sus extensas llanuras, humedales y montes, no es ajena a esta fragilidad. Espacios tan emblemáticos como las Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera encarnan la riqueza y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad de nuestro patrimonio. Las sequías recurrentes, la sobreexplotación acuífera y el cambio climático amenazan hoy unos paisajes que configuran nuestra historia y nuestra identidad. Quienes hemos arraigado nuestra vida en esta tierra somos testigos de la alteración de las estaciones y de la creciente escasez de agua. La crisis climática no es una advertencia lejana; está sucediendo aquí mismo.

Del sentimiento de culpa a la responsabilidad

Ante la magnitud de este escenario, es fácil caer en la impotencia y pensar que los gestos individuales son irrelevantes frente a desafíos globales. Sin embargo, el confinamiento también nos reveló cuánto añoramos el aire limpio y el contacto con la naturaleza cuando nos son privados. Nuestro bienestar depende del equilibrio ecológico mucho más de lo que nos atrevemos a admitir.

Cada ciudadano posee un poder real de influencia. El consumo consciente, la reducción de residuos, el ahorro energético y la apuesta por la sostenibilidad son decisiones que, multiplicadas por millones, transforman realidades. Pero la implicación no acaba en el ámbito doméstico: exige también una participación activa en la vida pública, respaldando políticas ambientales valientes y exigiendo compromisos firmes a gobiernos y corporaciones. Se trata, en el fondo, de un cambio de paradigma: dejar de actuar como dueños de la Tierra para reconocernos como parte de ella.

Un deber moral con las generaciones futuras

Existe una dimensión ética ineludible en esta crisis: las decisiones de hoy moldearán el mundo de mañana. Nuestros hijos y nietos heredarán los bosques que salvemos o destruyamos, los ríos que limpiemos o contaminemos. No elegimos el planeta que recibimos, pero somos plenamente responsables del que entregamos.

La educación es la herramienta clave en este proceso. Como docente, sé que el respeto por el medio ambiente no se asimila solo en los libros de texto. Se aprende observando el vuelo de un ave, contemplando el campo en primavera, escuchando el curso del agua y comprendiendo el valor intrínseco de cada ser vivo. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a convivir con los recursos, no solo a explotarlos. El verdadero progreso no mide cuánto producimos, sino cuánto somos capaces de conservar.

Conclusión

La radiografía de un planeta en crisis no debe arrastrarnos al pesimismo paralizante. Al contrario, debe espolearnos el recuerdo de 2020: la naturaleza se regenera con una rapidez asombrosa en cuanto aliviamos la presión sobre ella. La verdadera incógnita es si seremos capaces de preservar las condiciones para una vida humana digna.

Al contemplar los campos manchegos al final de la primavera -sus olivares, dehesas y humedales resistentes-, se hace evidente que la defensa del planeta comienza por lo que nos rodea. La ecología no solo se dirime en las cumbres internacionales; se construye día a día en cada pueblo, ciudad y comunidad.

Durante el silencio de la pandemia escuchamos, por un instante, el latido limpio del planeta. Esa voz discreta nos demostró que hay esperanza. Depende de nosotros transformar aquella lección en un compromiso innegociable. No somos meros espectadores de la naturaleza: formamos parte de ella, y nuestro destino está indisolublemente unido al suyo.

La contratación pública de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario cuando los controles habían saltado por los aires. El decreto que impuso el Estado de Alarma en el país permitió comprar de emergencia a cualquiera y sin concurso cuando fallecían cientos de personas al día. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector. Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios, algunos ni eso, se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

La Fiscalía Anticorrupción alertó por escrito sobre este 'antisistema', perfecto para alimentar la corrupción: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

La pandemia dejó en España cientos de casos de empresarios o comisionistas que lograron, por la emergencia, un enriquecimiento obsceno pero legal. Como Víctor de Aldama, el nexo corruptor del Ministerio de Transportes que tras sobornar con dinero y regalos al ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, logró el primer gran negocio millonario de su vida con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.  

Soluciones de Gestión fue la empresa recomendada por Aldama, que para entonces ya pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro Ábalos. Logró vender 20 millones de mascarillas por más de 50 millones de euros al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. De ese dinero público, 15 millones de euros se quedaron en los bolsillos del dueño de Soluciones de Gestión (nueve millones) y de Víctor de Aldama (seis).

Antes del juicio en el Supremo del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción avisó de que no había nada anómalo en ese procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que Aldama devolviera al menos los 3,7 millones de euros que había ganado por el material vendido al Ministerio de Transportes previo soborno a sus dirigentes. “Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de un año”, escribió.

Los siete magistrados del Supremo que juzgaron el caso decidieron por unanimidad que Aldama no cumpliera los 4,5 años de cárcel de la condena y, además, le perdonaron la multa de los 3,7 millones de euros ganados. La sentencia considera poco relevante la información privilegiada con la que Aldama hizo negocio en el Ministerio donde tenía comprado a su principal responsable. “La relevancia de la información sobre la futura licitación, además de ser de muy escasa entidad dada la situación de la pandemia, el Estado de Alarma y normativa circundante, sucede que resultaba accesoria para la obtención del beneficio económico, que, como finalidad, establece el artículo 442 del Código Penal; pues la existencia de otros licitadores, como hemos descrito, en virtud de las influencias descritas, no eran ponderadas”, señala la sentencia.

Los magistrados creen y así lo defienden en el fallo que “no ha mediado prueba sobre que el suministro de mascarillas se haya pactado en condiciones perjudiciales para la Administración, ni que el precio fuera excesivo”. El empresario corrupto Víctor de Aldama vendió las mascarillas a 2,5 euros por unidad, lo que según el Supremo es prueba de que no se puso un precio excesivo y el suministro no se pactó en condiciones perjudiciales para la Administración.

El hermano de Isabel Díaz Ayuso, de nombre Tomás, se alió con un amigo de su pueblo que tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, para suministrar a la Comunidad de Madrid hasta 250.000 mascarillas a seis euros la unidad, casi el triple que los precios ofrecidos por Aldama. El material era muy parecido, comprado en China a dos euros en las mismas primeras semanas de la pandemia en España.

La importancia que los magistrados del Supremo dieron al precio fijado por Aldama fue, sin embargo, irrelevante para la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió archivar la investigación al hermano de Díaz Ayuso porque, según dijo un alto cargo de esa institución, “la avaricia no es delito”. Aquel expediente se cerró con una excusa administrativa: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

Los correos electrónicos de la oferta de Tomás Díaz Ayuso iban a nombre del dueño de la empresa de ropa infantil, Priviet, y, por tanto, los funcionarios de la Comunidad de Madrid no podían saber que detrás de esa propuesta estaba el hermano de la presidenta, argumentaron los fiscales.

El Supremo destacó en su sentencia que 2,5 euros por unidad era un precio que se situaba por debajo de la media del precio medio pagado en España en marzo de 2020 (3,38 euros) y en abril (3,65 euros). De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro. 

El delito fiscal después del beneficio empresarial

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas durante la emergencia intentaron después engañar a Hacienda para que su beneficio fuera aún mayor. Es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento (seis euros por mascarilla).

La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

Algo parecido le ocurrió al novio de Isabel Díaz Ayuso, comisionista en una compraventa de mascarillas entre dos empresas privadas. Ganó dos millones de euros (el 4,5% de la operación) pero engañó a Hacienda con facturas falsas para ahorrarse el pago de 155.000 euros en impuestos, según determinó la Agencia Tributaria. Ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales.

La Audiencia de Lleida ha confirmado el archivo de la causa penal abierta a los responsables de la residencia de Tremp que en el otoño de 2020 registró uno de los brotes más graves de coronavirus en Catalunya, con 61 ancianos fallecidos.

La resolución cierra definitivamente la vía penal para los familiares de las víctimas, y confirma de nuevo que la mayoría de tribunales españoles no aprecian que las muertes en residencias alcanzaran la gravedad para investigarse por los delitos de homicidios por imprudencia o contra los derechos de los trabajadores.

En un auto, adelantado por Pallars Digital y que ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Lleida considera “evidente” que los responsables de la residencia de Tremp investigados tuvieron “numerosas dificultades” para actuar “con la celeridad que exigía la gravedad de la situación”, esto es, con los contagios disparados y sin control entre ancianos y plantilla.

Sin embargo, concluye el tribunal, las “dificultades no son atribuibles a ninguna acción u omisión dolosa o imprudente” de la directora de la residencia en el momento de los hechos y su responsable sanitaria (una monja aquejada en la actualidad de demencia senil que la convierte en inimputable) “por no haber facilitado a los trabajadores los medios necesarios para evitar riesgos durante su jornada laboral”.

En pocas semanas, la residencia de la Fundación Fiella-Sant Hospital de Tremp, un municipio de menos de 6.000 habitantes en la comarca del Pallars Jussà (Lleida), se convirtió en un agujero negro donde han fallecido más de medio centenar de personas. 

En conjunto, se produjeron 61 defunciones por COVID-19 de los 150 residentes, lo que supuso más del 40% del total de ancianos que acogía el centro. La investigación también reveló déficits organizativos en la gestión de los protocolos del centro, que terminó con 42 trabajadores de un total de 65 contagiados.

La Audiencia de Lleida constata que falló el plan de contingencia de la residencia (que implicaba la organización del centro por plantas, zonas de aislamiento y un control por parte de médico, una enfermera y una supervisora) y que fue por la conselleria de Salud, si bien no implica que ello conlleve una responsabilidad penal.

El “contexto excepcional de pandemia que se estaba viviendo” (pese a que los hechos ocurrieron en la segunda ola del COVID, no la primera), argumenta el tribunal, implicó que el plan de contingencia no pudiera aplicarse “dada la excepcionalidad del momento debido al elevado número de contagios”.

“Las posibles deficiencias en la difusión del plan [entre la plantilla] tampoco hubieran evitado el gran número de contagios”, zanja el tribunal. Ni la Generalitat ni la Inspección de Trabajo tampoco sancionaron a la residencia por vía administrativa.

La Mesa de la comisión parlamentaria que ha investigado la compra de material sanitario durante la pandemia ha tramitado este lunes las dos únicas enmiendas presentadas a la propuesta de dictamen.

Fuentes parlamentarias han informado a EFE de que estas dos enmiendas, presentadas de forma conjunta por los grupos parlamentarios Nacionalista Canario y Popular, no varían el contenido del informe y solo hacen apreciaciones técnicas.

Las fuentes han señalado que las dos enmiendas serán remitidas a los grupos parlamentarios y serán votadas junto con la propuesta del dictamen en la comisión que está previsto celebrarse a final de este mes de junio.

Tras la comisión, el dictamen saliente será elevado al pleno del Parlamento de Canarias para su debate posiblemente en el mes de julio.

La diputada de Nueva Canarias, Esther González, ha señalado a EFE que su grupo no ha presentado enmiendas porque no quiere participar “en el circo” en el que, en su opinión, han convertido a esta comisión los partidos que apoyan al Gobierno.

González ha insistido en que antes del inicio de la comisión, CC y PP ya habían sentenciado al anterior presidente del Ejecutivo canario , Ángel Víctor Torres, y a su consejo de gobierno.

De hecho, ha añadido, la propuesta de dictamen responsabiliza a Torres y su consejo de gobierno por “acción y omisión” desde el inicio, incluye informes que no existen y no recoge testimonios aclaratorios. 

Verano de 2020, en una rotonda fronteriza de Hendaya. El protagonista de Última escala, la nueva novela de Santi Fernández Patón, ve cómo su pareja, Miriam, desaparece tras subir a un autobús. Es el punto de partida de una historia que va a profundizar en la crisis personal de este personaje para acabar adquiriendo un alcance universal. “Lo que vertebra todas mis novelas es cómo lo personal se implica en lo social y, en esta novela en concreto, quizá es más evidente”, asevera el autor, “en el sentido de que el telón de fondo de esta ruptura y la reconstrucción del personaje tiene lugar al mismo tiempo que una sociedad se tenía que reinventar después de una pandemia que trastocó un montón de pilares”.

El autor, columnista en elDiario.es Andalucía, presenta el libro este martes en Sevilla a las 20:00, con Isaac Rosa, en Librería La Fuga, y el miércoles en Málaga con Guillermo Busutil en la librería Suburbia, a las 19:00. Ante la casualidad de que también novelas recientes como Feliz final del propio Isaac Rosa o El detalle de Jesús Carrasco hablen de rupturas sentimentales, Fernández Patón cree que “estamos viviendo en un mundo acelerado, en un mundo que se empieza a descomponer en muchos aspectos, y enfrentarse a una ruptura personal como es un desamor me servía para catalizar todo ese viaje, tanto personal como social, hacia la construcción de una nueva subjetividad, que es, al fin y al cabo, de lo que trata la novela”.

Por otro lado, el hecho de que la separación se produzca en un punto fronterizo como Hendaya no es, en palabras del autor, nada casual. “Desde el primer párrafo el protagonista lo reconoce. Hendaya tiene una particularidad, para quien no haya estado allí en la que tú entras por el lado del País Vasco español y, cuando llegas al otro lado, estás en el País Vasco francés. Entonces él dice algo así como que entramos en la rotonda por el lado de la pareja y salimos de ella por el de la ruptura”.

Marcados profundamente

“Todo surge de una anécdota personal”, prosigue. “Mi pareja hace la vendimia en Francia en muchas ocasiones, igual que la pareja del protagonista, y yo la acompañaba hasta esa rotonda. Allí se subía a un autobús y yo me quedaba unos días más solo. Empecé a pensar qué habría ocurrido si, al subir a ese autobús, mi pareja me hubiera dicho: ‘En realidad me subo a este autobús y no vuelvo. Quería haberte dejado, pero como estábamos en confinamiento no pude’. Empecé a tirar de ese hilo y de ahí fue surgiendo la historia. A partir de ahí empecé a desarrollar la historia del protagonista, al mismo tiempo que recuperaba fragmentos escritos de obras que habían fracasado, y en los que quería hablar de otros asuntos. No sabía cómo engarzar todo eso hasta que descubrí que precisamente todo lo que habíamos vivido con el Covid podía servir. Porque esa es otra cuestión: creo que hubo muchas novelas e historias increíblemente oportunistas sobre el Covid y se hizo literatura muy mala, una literatura que todavía no tenía una mirada reposada ni una perspectiva suficiente”.

Para Fernández Patón, “este es el momento de empezar a analizar cómo nos afectó aquello. Ahora, con más calma, y cuando los lectores pueden estar más receptivos y entender que ya no se trata de oportunismo literario, sino de algo realmente necesario: ver qué supuso la pandemia”. Por otro lado, está convencido de que “me perjudicó escribir una novela con ese telón de fondo, porque algunas editoriales importantes se negaron directamente a leerla. Entendían que era un tema feo, del que no se quería hablar, o que podía tener una mirada oportunista. Ahora me está pasando lo contrario. Los primeros comentarios que estoy recibiendo son muy positivos”.

“Creo que cosas que estamos viviendo hoy —la presencia de las fake news, la polarización, la apelación a la libertad entendida como individualismo salvaje— tienen su germen en muchos episodios ocurridos durante esos meses de confinamiento y los posteriores. Fue un episodio que marcó profundamente a esta sociedad y que parece que queremos rehuir. Mi mirada, o eso he intentado, resulta atractiva porque está hablando de otras cosas que nos atañen universalmente: el desamor, las recomposiciones familiares, las recomposiciones laborales”.

Humor en la tragedia

El escritor señala asimismo que la novela “tiene también partes de humor, porque hubo humor en medio de la tragedia. Tiene muchos elementos que hacen que la pandemia sea simplemente ese telón de fondo que nos ayuda a comprender los elementos individuales del narrador. No hay una presencia invasora o totalizadora de la pandemia que pudiera echar para atrás al lector”.

En cuanto al modo en que esta nueva obra dialoga con novelas anteriores, como Grietas o Todo queda en casa, comenta que “creo que hay algunos temas que se vienen repitiendo en mis novelas de una u otra manera, más enmascarados o de forma más evidente. Uno de ellos son las segundas oportunidades, los errores y la indagación personal. Son novelas muy introspectivas en las que me enfrento siempre a un reto como narrador, pero también como lector. Quiero novelas dinámicas, novelas que atrapen, y quiero que la indagación no se confunda con el solipsismo. Que la historia esté presente y le sirva al lector para entrar de una manera y salir de otra, sin tener la sensación de haberse metido en marismas demasiado solipsistas. Creo que eso es lo que mejor las define y está presente en todas ellas: recomponerse al mismo tiempo que el contexto social está muy presente. Y cuando digo social no me refiero exclusivamente al contexto político, sino también al económico”.

A este respecto, apunta que “en mis novelas está siempre muy presente el dinero: en qué trabajan los personajes, cómo se ganan la vida y cómo eso define su manera de ver el mundo, de amar, de relacionarse con los otros y de enfrentarse al día a día. Me parece algo fundamental. Y en esta novela, en concreto, lo hago también desde el humor. No quiero desvelar demasiado, pero tiene mucho humor. Creo que esa es otra constante en mis novelas, igual que otra lo son las familias que sufren pérdidas traumáticas. Eso también viene de mi propia biografía. Mi madre murió a los 39 años; yo tenía 11. Es un hecho que me ha marcado y que siempre, de alguna manera, está presente en mis novelas. Hay una pérdida traumática que acaba definiendo también la subjetividad y la personalidad de cada personaje. Y te adelanto algo más: en la próxima novela en la que estoy trabajando quizá haya incluso algún cameo de algún personaje de esta”.

El centro del mundo

Para terminar, Fernández Patón cree que pertenecer a la clase media literaria –“e incluso a la clase baja”, matiza con humor– es un hándicap que se suma al hecho de ser andaluz viviendo en el norte de España, es decir, un periférico. “Yo me crie en Madrid, aunque mi familia no es madrileña y no tengo familia allí. Llevo en Andalucía más tiempo que en cualquier otra parte del mundo, y ahora con este interludio en Gijón, al que me fui hace años por cuestiones laborales y familiares. Y añado que clase baja, al menos en lo que se refiere a ventas. Además, me reivindico como escritor de provincias”.

“Mis novelas suelen transcurrir en Málaga; casi todas lo han hecho”, subraya por último. “Hay episodios breves en Madrid y, en la actualidad, en Gijón, pero yo hablo de Málaga como hablan los escritores de Madrid: mencionan barrios, calles y bares sin dar explicaciones, como si todos tuviéramos que conocerlos por el simple hecho de ser Madrid. Pues yo hago lo mismo. Hablo de Málaga como si fuera el centro del mundo”.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como supuesto jefe de una trama corrupta enriquecida gracias al tráfico de influencias. La principal operación bajo sospecha en la que supuestamente intervino la red delictiva es el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo de 2021 la concesión a la compañía de dos préstamos por 53 millones de euros a devolver en siete años. El PP denuncia por sospechosa la rapidez en la aprobación de ese rescate. En realidad se hizo ocho días más tarde del plazo máximo para resolver –seis meses– establecido en el decreto que regulaba estas ayudas extraordinarias. Calama interpreta algunos mensajes de directivos de Plus Ultra para situar a Zapatero como la principal vía de influencia que triunfó para que se aprobara el rescate. Esos mensajes se produjeron cuando la compañía se reunió con el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para conocer detalles del Fondo creado para ayudar a empresas en pandemia.

El expediente completo de la tramitación del rescate de Plus Ultra, remitido por la SEPI al juzgado de instrucción número 15 de Madrid que investigó la operación tras una querella de Manos Limpias, detalla los múltiples controles internos y externos que superó la solicitud de ayuda de la compañía aérea sin hallar rastro de intervención política.

La solicitud pasó la revisión de la auditora financiera DAIWA CORPORATE ADVISORY, de la auditora jurídica DELOITTE, de la dirección general de Aviación Civil, de la Agencia de Seguridad Aérea y de la auditora Price Waterhouse (contratada por Plus Ultra para avalar el cumplimiento de todos los requisitos del rescate). La propuesta que finalmente hizo la SEPI, con la resolución estimatoria del Fondo de Ayuda, se basó “en las conclusiones de los informes” de las dos auditoras externas que analizaron la solicitud “sin incluir valoraciones de carácter discrecional”, según explica la Abogacía del Estado en un extenso informe remitido al juzgado. La instructora Esperanza Collazos investigó el rescate durante 19 meses y acabó archivando la querella presentada por Manos Limpias contra los principales directivos de la SEPI.

Sin el aval de esos dos informes, la ayuda no se habría aprobado. No consta ninguna intervención o presión política sobre esas dos empresas en la investigación abierta por el juez Calama en la Audiencia Nacional ni en los informes policiales que analizaron el caso. Los principales directivos de la SEPI encargados de gestionar el Fondo de Ayuda a empresas, Bartolomé Lora y José Ángel Partearroyo, han declarado en el Senado que no recibieron presiones de ningún ministro del Gobierno.

Plus Ultra es una sociedad anónima con domicilio en Alcobendas (Madrid) que inició sus operaciones en 2015 tras obtener el certificado de operador aéreo durante el mandato del PP. El año anterior a la crisis del coronavirus, la compañía transportó 176.396 pasajeros y 3.461 toneladas en sus cuatro rutas regulares (Madrid-Lima, Madrid-Caracas, Madrid-Quito-Guayaquil y Tenerife-Caracas) con una cuota de mercado del 11% en dichas rutas y una plantilla de 403 empleados (228 entre pilotos y personal de cabina). Ese año 2019 tuvo unos ingresos de 100 millones de euros y aprobó un presupuesto para 2020 con un resultado neto positivo por primera vez desde su fundación.

El Fondo de Ayuda que el Gobierno creó para ayudar a determinadas empresas con problemas de solvencia por la crisis del coronavirus establecía dos condiciones principales: la solvencia financiera antes de presentar la solicitud y que fueran “compañías estratégicas”.

El expediente remitido al juzgado acredita cómo se cumplieron ambos requisitos para aprobar el rescate de Plus Ultra. Pero las informaciones publicadas en algunos medios cuestionando la aprobación del préstamo a Plus Ultra obligaron al Gobierno a “extremar la prudencia”, según explicó la Abogacía del Estado, y se bloqueó el pago del 60% de los 53 millones. 

El 18 de marzo de 2021 se desembolsó únicamente el préstamo ordinario de 19 millones, “el más urgente para la cobertura de la tesorería de acuerdo con el Plan de Viabilidad, así como el de más fácil recuperación, si fuese preciso, por su menor importe y carácter no subordinado”. Sin embargo, el préstamo participativo de 34 millones quedó bloqueado. La compañía se quejó dado que tenía una “urgente necesidad de recibir la ayuda” para liquidar las deudas contraídas como consecuencia de su inactividad. Los 34 millones de euros se liberaron más de tres meses después, algo que comunicó la Abogacía del Estado a la juez que investigaba el rescate: “Deloitte ha remitido carta de 8 de junio de 2021 en la que, además de ratificar su informe emitido en el curso del expediente, manifiesta que, a su criterio no existe óbice legal para acometer el desembolso pendiente, sin perjuicio de que en caso de algún tipo de falsedad u ocultación por parte de la compañía quepa aplicar las causas de vencimiento anticipado que en el contrato se contempla”.

La juez Esperanza Collazos siguió investigando y 16 meses después archivó el procedimiento abierto tras la querella de Manos Limpias con la siguiente conclusión: “El delito de obtención de subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieses impedido, previsto y penado en el artículo 308 del Código Penal, requiriéndose como elemento del tipo el que sea cometido de forma dolosa, no cabe la comisión imprudente, lo que lleva a considerar, a la vista de las periciales practicadas que por parte de la empresa no se ocultaron datos, con el ánimo de defraudar, y deduciéndose de la prueba del careo que la interpretación contable siembra una duda sobre ese ánimo defraudatorio que la parte querellante afirma existir. Una cosa son prácticas contables no ortodoxas y otra, la comisión de un tipo penal”.

La cronología del préstamo que ahora cuestiona la Audiencia Nacional en el caso Zapatero es como sigue:

Una de las primeras solicitudes para el rescate: 1 de septiembre de 2020. Plus Ultra fue una de las primeras empresas en solicitar apoyo financiero acogiéndose al plan de rescate aprobado por el Gobierno. La propuesta fechada el 1 de septiembre de 2020 incluía un Plan de Viabilidad (elaborado por la consultora PriceWaterhouseCoopers) e información financiera y jurídica, así como las correspondientes declaraciones responsables y certificados para justificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para acceder al apoyo temporal con cargo al Fondo.

Tres requerimientos de subsanación en octubre, noviembre y diciembre de 2020. La comunicación entre los responsables del Fondo y Plus Ultra fue muy intensa en los primeros cuatro meses de tramitación de la solicitud, como ocurría con el resto de propuestas de empresas en dificultades. Se remitieron a la compañía aérea tres requerimientos de subsanación, mejora, complemento y aclaración de la solicitud. Plus Ultra atendió a todos los requerimientos, según el informe de la Abogacía remitido al juzgado. El fondo reclamaba a la aerolínea “más información económico-financiera y jurídica, necesaria para hacer la revisión de la solicitud por parte de auditoras externas”.

Los fundamentos del “carácter estratégico de la compañía”

La Abogacía del Estado justificó así el carácter estratégico de la compañía en el informe remitido al juzgado:

La solvencia financiera de Plus Ultra

Los asesores externos financiero y jurídico concluyeron “inequívocamente” que la empresa no estaba “en situación de crisis”. “El patrimonio neto a 31 de diciembre de 2019 no resulta inferior a la mitad del capital social suscrito (incluyendo un préstamo participativo de 6.304.000 euros, que representa el 63% del capital suscrito). La potencial beneficiaria no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente y no ha recibido ayuda de salvamento ni ayuda de reestructuración (…) Los ratios de Deuda/Capital y de EBITDA/Intereses que presenta la potencial beneficiaria al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 (inferior a 7,5 y superior a 1,0, respectivamente) no superan los umbrales que determinan la calificación de ”empresa en crisis“, cumpliendo ampliamente con dichos ratios”.

Plus Ultra conoce con antelación la concesión del préstamo y lo aprueba en sus órganos sociales. “El Consejo Gestor, habiendo sido informado previamente en varias reuniones sobre la evolución del procedimiento administrativo de la solicitud, el 2 de marzo de 2021 adoptó resolución estimatoria de la solicitud condicionando la misma a la aprobación de los citados acuerdos por los órganos sociales de Plus Ultra y a la posterior autorización del Consejo de Ministros, de modo que tras la correspondiente aprobación por los órganos sociales de Plus Ultra en fecha 3 de marzo de 2021 se elevó la resolución a autorización del Consejo de Ministros”, que lo aprobó el 9 de marzo de 2021.

El premio de Investigación final de residencia que otorga el Sector sanitario Zaragoza II, que es el que tiene como hospital de referencia el Hospital Universitario Miguel Servet, ha recaído este año en la preventivista Alba Gallego, que ha analizado el impacto del confinamiento en la obesidad infantil, cuyos resultados muestran un aumento significativo en ambos casos, sobre todo en los niños mayores de 6 años.

Además, se ha otorgado un accésit a la oftalmóloga Ana Pueyo por un estudio sobre el uso de inteligencia artificial para mejorar el cribado de enfermedades neurodegenerativas mediante imágenes de retina, ha informado el Gobierno aragonés.

Ambos galardones se han entregado este miércoles en el acto de despedida de los residentes que han realizado su formación especializada en el Sector Zaragoza II. La celebración ha tenido lugar en el salón de actos del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

En este sector sanitario se han formado casi 120 profesionales en diversas especialidades médicas, de Enfermería y otras como Farmacia, Psicología Clínica o Radiofísica Hospitalaria. Ahora han terminado ese periodo de residencia todos aquellos cuya formación es de dos, tres o cuatro años de duración. Los médicos cuyas especialidades requieren una formación de cinco años finalizan en julio y entonces se realizará otro acto de despedida.

Antes y después del confinamiento

Respecto a la investigación premiada, su autora utiliza datos de peso y talla registrados en las revisiones del Programa de Salud Infantil en Atención Primaria, en menores de 0 a 14 años, y compara las cifras de los años 2018 y 2019 con las de 2021.

Los resultados muestran que la obesidad infantil pasó del 3,8% en 2019 al 5,5% en 2021, mientras que el sobrepeso aumentó del 14,5% al 15,8%. Los niños presentaron cifras más altas que las niñas, aunque esta diferencia se redujo en 2021.

El análisis territorial revela que las diferencias no se explican únicamente por vivir en un entorno urbano o rural. Algunas zonas intermedias y áreas rurales próximas a núcleos urbanos mostraron prevalencias más elevadas, lo que confirma que los patrones de vida y consumo influyen más que la clasificación administrativa del territorio.

El estudio concluye que la pandemia interrumpió la tendencia descendente que Aragón venía registrando en obesidad infantil. Además, identifica la influencia de factores socioeconómicos –como el nivel de ingresos y el nivel educativo familiar– especialmente en la provincia de Zaragoza.

Los autores recomiendan reforzar la vigilancia desde Atención Primaria y diseñar medidas preventivas adaptadas a cada territorio, con especial atención a las zonas más vulnerables.

La doctora ha destacado además el valor simbólico del reconocimiento para la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública: “Es una especialidad poco conocida, pero la investigación es una parte esencial de nuestra formación. A menudo trabajamos como técnicos de apoyo, aportando metodología y análisis, y no aparecemos tanto en los titulares. Pero somos esa 'hormiguita' que sostiene gran parte del trabajo”.

IA para el cribado de enfermedades neurodegenerativas

Por otro lado, el accésit de esta convocatoria anual de premios de Investigación del Sector II ha recaído en un trabajo publicado en 'Artificial Intelligence in Medicine', que propone un sistema completamente automático basado en inteligencia artificial para analizar imágenes de tomografía de coherencia óptica (OCT) de la retina.

La investigadora Ana Pueyo Bestué explica que OCT es una prueba rápida, no invasiva y ampliamente utilizada en Oftalmología para obtener imágenes de alta resolución de las capas de la retina.

La innovación del estudio radica en el uso de un modelo avanzado de inteligencia artificial especializado en análisis de imagen, capaz de mejorar la precisión del cribado de enfermedades neurodegenerativas mediante la detección temprana de alteraciones estructurales en la retina.

Este enfoque abre la puerta a herramientas diagnósticas más rápidas, precisas y accesibles, con potencial para integrarse en la práctica clínica habitual y facilitar la identificación precoz de patologías como el Alzheimer o el Parkinson.

Para Ana Pueyo, “este accésit representa un apoyo importante para seguir adelante con la carrera investigadora y consolidar una línea de trabajo que une la oftalmología y la inteligencia artificial, un campo con un enorme potencial en los próximos años”.

La oftalmóloga ha subrayado que compaginar la labor asistencial, la formación como especialista, la investigación y la realización de la tesis doctoral durante la residencia ha sido posible gracias al Grupo de Investigación GIMSO de Oftalmología del Hospital Miguel Servet, dirigido por el jefe de servicio de Oftalmología, Luis Pablo.

Además, este jueves se celebra el acto de despedida de los residentes que se han formado en el Sector Zaragoza III, que es el que corresponde al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, donde han realizado dos, cuatro o cinco años de formación, otros 106 graduados en Medicina, Enfermería, Psicología Clínica, Bioquímica, entre otras muchas especialidades de cinco unidades docentes –aquí se incluye el Sector de Calatayud y los residentes de Enfermería y de Medicina especializada en Geriatría que se forman en el Hospital San Juan de Dios–.

En el Sector I, que es el que tiene como referencia los hospitales Royo Villanova y Nuestra Señora de gracia, se han formado otros 32 profesionales, a los que se suman los 16 que han realizado su especialidad en los sectores de Huesca y Barbastro y los 24 de los sectores de Teruel y Alcañiz.

La UCO ha estado en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. No solo ha buscado información en la sede del PSOE, también la Dirección General de la Guardia Civil. Y aquí llega el gran titular: La Audiencia Nacional apunta a que el PSOE pagó a Leire Díez por sus maniobras contra fiscales y policías. El juez atribuye a Santos Cerdán un “papel superior” en el plan para “desestabilizar de forma sistemática y continuada” las causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno y Leire Díez era su brazo ejecutor. También sabemos que el juez Pedraz de la Audiencia Nacional imputa a Santos Cerdán, al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco. 

¿Cómo afecta esto al PSOE en unas semanas en las que, además, se añade la imputación de Zapatero, el juicio del hermano de Pedro Sánchez y la inminente sentencia del caso Ábalos? Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.  

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Estos últimos días seguimos buceando en las carpetas y archivos del sumario del caso Zapatero… Cada día, probablemente durante muchos días, irán aflorando detalles, algunos sospechosos, otros completamente irrelevantes aunque llamativos a los que tendremos que dar el orden que merecen. Muchos de ellos giran en torno a la aerolínea que da nombre al caso: Plus Ultra. 

¿Es una compañía española o venezolana? ¿Cumplía o no los requisitos para el rescate en la pandemia? ¿Qué papel desempeña Zapatero o cuál le atribuye la UDEF en toda esta operación? Lo analizamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.    

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La gran epidemia de peste de mediados del siglo XIV liquidó a más de un tercio de la población europea. Además de cientos de miles de muertos, dejó algunas enseñanzas en salud pública, como la importancia de los sistemas de cuarentena, los cordones sanitarios o los lazaretos y la necesidad de recopilar datos y vigilar los brotes de enfermedades infecciosas. Muchos siglos después, el cólera puso de manifiesto la urgencia de mejorar el alcantarillado y el acceso a agua potable en las ciudades.

Las grandes crisis sanitarias de la historia han permitido avances en materia de salud pública, todavía insuficientes ante los ingentes retos que enfrenta hoy en día el mundo, pero que permiten afrontar estos desafíos desde una nueva óptica. “Aprendemos mucho, otra cosa es que lo hagamos todo lo que deberíamos”, resume la exdirectora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, que vivió la pandemia de coronavirus en esa responsabilidad.

“Los propios brotes de coronavirus de principios del siglo XXI nos sirvieron para aprender cómo funcionan estos virus, detectarlo mucho antes, hacer la secuenciación, tener herramientas diagnósticas en poco tiempo y aplicar medidas no farmacológicas de aislamiento y distancia social”, explica la especialista en medicina interna.

Un reciente informe de la Junta de Monitorización de la Preparación Global —GPMB, por sus siglas en inglés— de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte a los Estados sobre la posibilidad de que se “intensifique la aparición y amplificación de peligros infecciosos” en la próxima década. El cambio climático, los cambios demográficos, la inestabilidad geopolítica y otras “presiones convergentes” amenazan la seguridad sanitaria mundial, por lo que los países “deberán mejorar su colaboración multilateral”, con inversión “más estratégica y eficiente”.

Pese al tirón de orejas por la lentitud en la financiación, la organización admite que la covid-19 ha supuesto la puesta en marcha de “muchas reformas importantes”. Sin embargo, la OMS concluye que “su impacto total solo se hará evidente en los próximos años”.

El presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), Eduardo Satué, considera que en los últimos años ha habido “una de cal y otra de arena” a nivel global. “Vamos bien en vigilancia, suspendemos en coordinación y podríamos hacer más en investigación”, resume este experto.

Esos tres pilares son claves en epidemiología: permiten establecer los mecanismos que avisan cuando llega una crisis sanitaria; qué hacer cuando ocurre; y estudiar cómo evolucionan los mecanismos por los que se transmiten las infecciones para evitar que se produzcan y se propaguen. “Lo que salva vidas son las actuaciones de prevención y control”, avanza este experto, que pone como ejemplo algunas actuaciones en el contexto de la fiebre del Nilo, del que se han detectado casos en España en los últimos veranos. “Se están haciendo cosas muy interesantes, como la utilización de mosquitos estériles, para acabar con esa generación”, explica.

La vigilancia es también el campo donde ha identificado más avances la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Maria João Forjaz. Por ejemplo, tras la pandemia de covid-19 se reforzaron en este país los sistemas y se impulsaron nuevos mecanismos, como el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SIVIRA). Se trata de un sistema de vigilancia conjunta de gripe, coronavirus y otros patógenos, como el virus respiratorio sincitial, integrado a nivel autonómico y nacional que, según la epidemióloga, “está mostrando grandes beneficios”.

Hay cosas pendientes. El pasado mes de junio, el Congreso aprobó la Agencia Estatal de Salud Pública, pero todavía no se ha desarrollado, algo que echan en falta las voces consultadas. Como el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud, redactado pero también pendiente de aprobación.

En 2025, las autoridades sanitarias también modificaron el Reglamento Sanitario Internacional. Los cambios en el documento, que salió a la palestra recientemente en plena crisis por el hantavirus, facilitaron su aplicación. Y recientemente se adoptó el acuerdo sobre pandemias que, sin embargo, dejó suelto uno de los flecos más relevantes: el anexo para compartir y asegurar que los países del sur global tengan acceso a tratamientos y vacunas. “Sigue habiendo una brecha norte-sur en el acceso a toda esta innovación”, ratifica la exdirectora científica e investigadora del Institute for Global Health, Denise Naniche.

En 2016, tras la epidemia de ébola de 2014, se concibió la Coalición para las Innovaciones en Preparación Para Epidemias (CEPI), que se puso en marcha al año siguiente para desarrollar vacunas contra patógenos emergentes. “En 2021, tras la pandemia de covid, se puso en marcha la 'misión de los 100 días', con el compromiso de un gran número de entidades de proporcionar test diagnósticos, tratamiento y prototipos de vacunas en los 100 primeros días desde que la OMS declara una emergencia de salud pública”, explica Naniche, para quien el actual brote en República Democrática del Congo será una de las pruebas de fuego de ese plan.

Con más de 170 muertes sospechosas en apenas una semana, solo en la provincia de Ituri, en un brote de un ébolavirus sin tratamiento ni vacuna, la OMS ya ha adelantado que está valorando dos opciones de antídoto pero que la “candidata más prometedora” tardará entre seis y nueve meses en producirse.

En esta crisis, no obstante, los médicos sobre el terreno tienen una herramienta de la que no disponían hace una década. “Tenemos gente con experiencia y una relativa facilidad para montar centros de tratamiento”, explicaba en una entrevista con elDiario.es el epidemiólogo de Médicos Sin Fronteras Manuel Albela. “Ahora sabemos cómo se tienen que aislar los pacientes, las características antropológicas, las relaciones sociales y familiares, los tratamientos de soporte, etc.”, añade Aparicio.

El abordaje del VIH es otro ejemplo de los avances científicos, pero también de la brecha norte-sur que sigue existiendo en el mundo. “En los años 80 [del siglo XX], no había nada y, aunque seguimos sin vacuna, ahora tenemos todo un armamento de test, tratamientos y cuidados. Y, sin embargo, sigue siendo un gran problema en el África subsahariana, donde se producen más del 70% de las nuevas infecciones”, explica la investigadora del IS Global, que ha dedicado buena parte de su trayectoria a este virus.

De fondo, las expertas mencionan el “elefante en la habitación”. Los recortes económicos de la administración Trump, que ponen en peligro programas en todo el mundo. La cooperación es fundamental para el abordaje del VIH, del ébola o de factores que empeoran la salud de la población, como la propia pobreza, que dificulta el acceso a los sistemas sanitarios. “La prioridad en salud pública no responde a si afecta a un país pobre o rico, porque lo que le pase a uno, le pasará a los demás”, señala João Forjaz, sobre los nuevos enfoques One Health. “Los virus y las personas se mueven, por eso hay que reforzar la cooperación internacional, la OMS, el ECDC, la CDC... necesitamos una visión global”.

Uno de esos ejemplos de cooperación global ha sido la gestión de la crisis del hantavirus, en la que participaron la Unión Europea, la OMS, el ECDC y más de una veintena de países con nacionales a bordo del crucero MV Hondius donde se detectó el brote. Hubo otra lección. “La importancia de una comunicación clara y unida entre quienes toman decisiones que van a afectar a la salud pública”, explica Naniche.

Precisamente, los pasajeros españoles de aquel barco se encuentran en este momento en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', en Madrid, donde están realizando la cuarentena. Uno de ellos, que dio positivo en hantavirus, se encuentra aislado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), que se inauguró en 2015, tras la crisis del ébola de 2014.

Pese a los avances, España tiene una asignatura pendiente. Según la última estadística de Eurostat, este país dedica una media de 95 euros por habitante a programas de prevención y salud pública, lo que equivaldría a un 3% del gasto sanitario total. Una cantidad que sitúa a España en la parte baja del ranking, donde la media de la Unión Europea supera los 200 euros por persona.

El reciente brote de hantavirus entre los pasajeros de un crucero de lujo ha reavivado las preocupaciones globales ante la posibilidad de una futura pandemia, y cómo de preparados estamos. La gestión de esta crisis sanitaria ha coordinado un gran despliegue internacional para evacuar y tratar a los pasajeros afectados, en la que países como España han jugado un papel esencial. En 2020, la pandemia del Covid-19 también puso de manifiesto las carencias y fortalezas del sistema de salud global, además de la desigualdad entre la distribución de vacunas en todo el mundo. 

Esta semana ha tenido lugar en Madrid la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud, antesala de la Cumbre de Jefes de Estado de noviembre, en la que la salud, y en particular la preparación ante pandemias, el acceso a medicamentos y la soberanía sanitaria, ocupan un lugar central. Una de las asistentes es Aurélia Nguyen, experta en salud global y directora general adjunta de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés). elDiario.es ha podido hablar con ella sobre los riesgos actuales de la salud global, y la distribución de vacunas en situaciones de emergencia. 

CEPI es la única organización global centrada exclusivamente en la investigación y desarrollo frente a epidemias y pandemias. Durante la pandemia del Covid-19, Nguyen y su equipo lideraron los esfuerzos de COVAX, una iniciativa global creada en 2020 para garantizar el acceso equitativo y rápido a las vacunas del Covid-19. Nguyen cuenta con una sólida experiencia en acceso a vacunas, implementación de programas y alianzas multilaterales, con un fuerte enfoque en la equidad. Sobre todo, desde CEPI luchan por la distribución equitativa de vacunas en todos los países ante posibles futuras emergencias sanitarias.

En primer lugar, quería preguntarle sobre la propagación de enfermedades transmitidas por vectores (y zoonóticas, como el hantavirus) a nuevas regiones. ¿Cómo se relaciona esto con el cambio climático y la globalización constante? 

Efectivamente, en estos momentos todo el mundo está pendiente del brote de hantavirus que se ha producido. Esto resulta interesante en dos aspectos. Por un lado, estamos viendo cómo enfermedades que existen en determinadas partes del mundo están provocando brotes en nuevas zonas del planeta, por lo que observamos esa propagación. Y eso se debe a varios factores: el cambio climático, los rápidos patrones de desplazamiento y la urbanización. También estamos viendo brotes de nuevas enfermedades que no habíamos visto antes. Así pues, este es el estado de constante cambio en el que vivimos, y creo que esto demuestra que la frecuencia y la magnitud de los brotes están aumentando.

Solo el año pasado tuvimos brotes de ébola, chikungunya, nipah y marburgo. Todas ellas son enfermedades para las que hoy en día no existen vacunas. Y ese es precisamente el trabajo que realiza CEPI en lo que respecta a prepararse para brotes cada vez más frecuentes y de mayor magnitud de estas enfermedades.

¿Qué opina de la gestión de la actual crisis del hantavirus?

El hantavirus es, y creo que los expertos están de acuerdo, un caso muy concreto en cuanto a cómo se ha producido el brote y cómo ha podido propagarse dentro de un crucero. Por lo tanto, sigue siendo un caso muy concreto, pero creo que la fuerte respuesta pública que ha habido es un buen reconocimiento del hecho de que estos sucesos pueden ocurrir en cualquier lugar y requieren una acción coordinada muy, muy firme.

La respuesta pública, sobre todo con el liderazgo del Gobierno español y la estrecha coordinación con organizaciones internacionales como la OMS, creo que ha sido muy, muy positiva para recordar a la gente que se necesitan sistemas sólidos, se necesita cooperación internacional. Porque había muchísima gente de diferentes nacionalidades, de más de 20 países a bordo de un solo barco, y todos ellos eran vulnerables y estaban en riesgo. 

Y por eso la cooperación internacional forma parte de cualquier respuesta de salud pública. Y creo que también es un recordatorio muy claro de que las enfermedades que pueden provocar brotes no son necesariamente las que uno esperaría. No creo que el hantavirus estuviera en el radar de mucha gente. 

Y además, en esta situación concreta, probablemente para la gente el hantavirus parecía algo muy lejano, y esto demuestra lo rápido que, antes de que te des cuenta, puede estar muy, muy cerca de ti. Por eso es necesaria una respuesta muy coordinada en la que los mejores expertos trabajen para identificar de qué vacuna se trata, determinar las medidas de protección y comprender la situación. En CEPI, hemos estado trabajando para determinar qué vacunas están disponibles o no en esta situación, y qué se necesitaría. Todas esas cosas deben ponerse en marcha de inmediato. Y deben prepararse con antelación. 

La respuesta pública, sobre todo con el liderazgo del Gobierno español y la estrecha coordinación con organizaciones internacionales como la OMS, creo que ha sido muy, muy positiva para recordar a la gente que se necesitan sistemas sólidos, se necesita cooperación internacional

Aurélia Nguyen — Experta en salud global y directora general adjunta de CEPI

En nuestro país, ha habido gente que se ha opuesto a acoger y atender a los pasajeros del crucero. ¿Qué opina al respecto? ¿Cree que falta solidaridad internacional?

Creo que cualquier brote de una enfermedad infecciosa va a generar preocupación y ansiedad, ya que acabamos de pasar por una pandemia. Todos hemos sido testigos de los graves efectos que tuvo sobre la salud de las personas, sobre la pérdida de seres queridos, pero también sobre la imposibilidad de ir a trabajar o de que nuestros hijos asistieran al colegio.

Así que creo que esa ansiedad es real y no se puede ignorar. Pero, al mismo tiempo, cuanto antes se pueda atender a los pacientes, incorporarlos a sistemas sanitarios que puedan monitorizar sus síntomas, que puedan diagnosticar si tienen fiebre, si se trata del hantavirus o de otra cosa, mejor será para contener el brote. Y por eso creo que el Gobierno español ha demostrado un liderazgo excelente al ser capaz de hacerse cargo y desembarcar a los pasajeros muy, muy rápidamente para que puedan ser atendidos en un entorno adecuado.

Y con la atención que necesitan, lo importante para la población es demostrar que la forma en que se hace es muy, muy responsable, muy protectora de la población, de modo que el riesgo para ellos sea extremadamente bajo.

¿Está el mundo preparado para futuras pandemias y epidemias en un contexto de falta de cooperación entre países en lo que respecta al acceso a las vacunas? 

El mundo está mejor preparado que antes de la pandemia, pero creo que aún le queda camino por recorrer. Y CEPI, en mi opinión, ha estado a la vanguardia de los esfuerzos por mejorar esa preparación. Es evidente que CEPI desempeñó un papel muy importante durante la pandemia, al ser una de las organizaciones que formaban parte de COVAX, que distribuyó 2.000 millones de dosis en 146 países y ayudó a salvar 2,7 millones de vidas. 

Hemos demostrado que, gracias a la cooperación internacional y a la rápida movilización de los mejores conocimientos científicos, organizaciones como CEPI, que fueron capaces de apostar muy rápidamente por las vacunas que iban a dar resultado y ayudar a proteger a la población, formaron parte de una respuesta muy rápida. Así que hemos aprendido y hemos podido demostrar ciertos aspectos.

Pero creo que, en otras medidas, seguimos careciendo de una protección muy sistemática y amplia. Por eso, en CEPI estamos elaborando una nueva estrategia que comenzará en 2027, en la que estamos analizando minuciosamente cada uno de los componentes que creemos que aún faltan para ayudar a complementar un sistema en el que, cuando llegue la próxima pandemia, podamos dar una respuesta más sólida.

Y hay tres grandes componentes en ello. El primero, y esto enlaza con tu comentario sobre el hantavirus, es que existen diferentes amenazas (las llamamos familias virales) de las que podría surgir una pandemia. Por lo tanto, no debemos fijarnos solo en el coronavirus, porque fue ahí donde ocurrió la última vez, ni solo en la gripe, porque sabemos que es una amenaza. Tenemos que fijarnos en todas estas familias virales diferentes y entender cuáles son los tipos de riesgos y cómo empezamos a pensar en diseñar una vacuna contra esos riesgos muy rápidamente. 

Nos fijamos, en la práctica, en qué tecnología se necesita. Así que, en cierto modo, se quiere tener una vacuna que sea un poco «plug and play», en la que se haya establecido que va a ser una vacuna segura. Se comprende cómo va a funcionar la eficacia. Así, cuando surge un nuevo patógeno, se puede adaptar la vacuna muy rápidamente, ampliar su producción y distribuirla. Y luego, la última parte de nuestra estrategia, que también es una lección aprendida de la pandemia del COVID, es que tener la tecnología es una cosa, pero se necesita una coordinación conjunta. Y eso se consigue contando con capacidad regional en cada continente para poder ampliar la producción y fabricar vacunas. 

Vimos en la pandemia que el continente africano se quedó muy rezagado porque tenía muy poca capacidad de fabricación. Por eso pensamos en todos los diferentes elementos que deben confluir, de modo que no haya un único lugar del que todos dependamos. De hecho, existe esa resiliencia en todo el mundo para poder ampliar la producción de vacunas y distribuirlas muy rápidamente de una manera que será mucho más justa y equitativa que lo que vimos durante la pandemia.

¿Cuánto nos falta para lograr una distribución equitativa de vacunas a nivel mundial, independientemente de los ingresos o la ubicación de los países? 

Creo que estamos más cerca de lo que hemos estado nunca. Creo que COVAX ya ha demostrado que somos capaces de distribuir vacunas a una escala sin precedentes: 2.000 millones de dosis. Lo hemos conseguido más rápido de lo que habíamos hecho antes. Entre el día en que se secuenció el SARS-CoV-2 y la primera vacunación transcurrieron 326 días. Pero aún no estamos lo suficientemente cerca. Hemos formado parte de las organizaciones que realmente apoyan lo que se conoce como la «Misión de los 100 días». 

Se trata de una ambición muy grande: si pudiéramos hacerlo mejor que lo que hicimos con la COVID (326 días hasta la primera vacunación) y lo lográramos en 100 días, ¿qué haría falta? Y si lo hubiéramos hecho con la COVID, habríamos salvado ocho millones de vidas al reducir ese tiempo, dada la rapidez con la que se propagaba la pandemia.

Así que lo que realmente queremos hacer es trabajar en cada uno de los aspectos en los que podemos ahorrar tiempo. ¿Cómo se diseña una vacuna en cuestión de horas y no de días o semanas? ¿Cómo se prueba para asegurarse de que es totalmente segura, de que la gente va a confiar en que puede vacunarse de una forma mucho más rápida? ¿Cómo se distribuyen miles de millones de dosis, no solo desde una fábrica, sino desde muchas fábricas diferentes? Ahora mismo estamos estableciendo esas colaboraciones. 

Se trata de una ambición muy grande: si pudiéramos hacerlo mejor que lo que hicimos con la COVID (326 días hasta la primera vacunación) y lo lográramos en 100 días, ¿qué haría falta? Y si lo hubiéramos hecho con la COVID, habríamos salvado 8 millones de vidas

Aurélia Nguyen — Experta en salud global y directora general adjunta de CEPI

¿Podría explicarnos con más detalle la labor de CEPI en América Latina y cómo está ayudando a los países a alcanzar la independencia regional respecto a la redistribución de vacunas en casos de emergencia?

La verdad es que es un placer estar en Madrid con motivo de la Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud. Y para mí también resulta muy alentador ver la cooperación activa entre España, Portugal y los países latinoamericanos, porque, desde el punto de vista epidemiológico y científico, hay muchos aspectos que unen a estos países. Por ejemplo, los tipos de enfermedades que preocupan a la región latinoamericana (el chikunguña, el dengue, el zika), los brotes que hemos visto con bastante frecuencia últimamente, requieren un entendimiento científico común sobre cuál es la carga de morbilidad, dónde se está produciendo la enfermedad, cuál es su magnitud y cómo se está propagando.

Obviamente, el trabajo actual sobre el hantavirus y su rastreo han sido importantes. También está la cuestión, como mencionabas antes, de la fabricación, de garantizar que exista una base regional sólida para que, en caso de una gran epidemia o pandemia, haya centros de fabricación listos para entrar en acción, que cuenten con la tecnología, el personal y los conocimientos técnicos necesarios. Y luego, una vez que se produce la vacuna, lo ideal es que los países cooperen entre sí desde el punto de vista regulatorio.

Así, no todo el mundo está intentando revisar un expediente regulatorio para asegurarse de que todo está en orden. Cuando el tiempo es muy, muy valioso, se puede confiar unos en otros de una manera que te da la tranquilidad que necesitas. Podría seguir. Hay otros aspectos relacionados con el trabajo de laboratorio, pero creo que estos son todos los diferentes aspectos en los que esa cooperación regional, dado que son países con intereses comunes y son capaces de trabajar juntos en términos de compartir sus conocimientos y poder confiar en los sistemas de los demás y complementarse mutuamente, creo que es una oportunidad fantástica.

¿Cuáles son los principales objetivos de la nueva estrategia de CEPI, que se completará en 2031, y que tiene como objetivo reducir la probabilidad, el impacto y el coste de futuras epidemias?

Creo que esta estrategia llega en un momento muy importante, ya que estamos asistiendo a un aumento de los brotes y a la aparición de muchas enfermedades diferentes en lugares donde antes no se habían registrado, es decir, nuevos brotes. Creo que también vivimos en un mundo en el que el recrudecimiento de los conflictos constituye otro factor de riesgo en lo que respecta a la propagación de enfermedades infecciosas.

Además, nos encontramos en un contexto en el que contar con estrategias regionales sólidas va a ser realmente importante, sobre todo cuando quizá haya una menor dependencia de las instituciones mundiales. Por eso, nuestra estrategia se ha concebido en gran medida dentro de este contexto, en el que nos centramos en las prioridades regionales para el desarrollo de vacunas contra enfermedades que afectan a determinadas regiones. Estamos desarrollando las redes y la capacidad de fabricación para que sean sólidas a nivel local, pero también lo hacemos con un enfoque muy centrado en el acceso equitativo. Y eso es algo que constituye un motor muy importante para CEPI: garantizar la disponibilidad de vacunas independientemente de dónde vivan las personas, independientemente de su capacidad para adquirir dosis. Así que eso es algo que respaldamos firmemente. Las otras dos novedades de esta estrategia que se basan en el trabajo que hemos realizado anteriormente tienen que ver con la inteligencia artificial. 

En cuanto a la inteligencia artificial, hay, si se me permite decirlo, un lado positivo y otro negativo. Desde el lado positivo, ofrece una enorme oportunidad para acelerar el desarrollo de vacunas al comprender dónde surgirán los virus, diseñar vacunas más rápidamente, realizar ensayos clínicos que demuestren su seguridad y eficacia, y ayudar con la revisión regulatoria. Todas estas medidas acelerarán el proceso de una forma que resultará útil en caso de brote.

Pero, obviamente, hay un lado negativo en el sentido de que estamos acostumbrados a lidiar con enfermedades que se producen de forma natural, pero ahora nos encontramos en un mundo en el que debemos pensar en brotes de enfermedades que podrían producirse accidentalmente o debido a un uso indebido deliberado. Y el uso indebido deliberado de un virus es más fácil con técnicas mejoradas por la IA. Por eso, en CEPI tenemos un plan de trabajo, lo que llamamos «bioseguridad», que consiste en tratar de comprender dónde surgen los riesgos, cómo nos adelantamos a ellos y cómo nos aseguramos de que, si ocurriera algo, podamos responder y proteger a la población muy rápidamente. Esta es, pues, la estrategia que estamos proponiendo y para la que estamos buscando el apoyo del Gobierno español y de nuestros otros inversores, con el fin de que nos ayuden a seguir adelante.

Eso es algo que constituye un motor muy importante para CEPI: garantizar la disponibilidad de vacunas independientemente de dónde vivan las personas, independientemente de su capacidad para adquirir dosis

Aurélia Nguyen — Experta en salud global y directora general adjunta de CEPI

¿Cómo contribuye Europa, y en concreto España, a reforzar la seguridad sanitaria mundial?

En primer lugar, el Gobierno español lleva mucho tiempo invirtiendo y apoyando a CEPI. Les estamos muy agradecidos, pero también porque esto se suma a otros aspectos de CEPI, y es que España cuenta con una base de investigación y en ciencias de la salud muy sólida. Por eso también invertimos en España, para ayudar a desarrollar nuevas tecnologías de producción de vacunas, en lo que respecta a las instalaciones de fabricación.

Así que hemos trabajado con organizaciones como Algenex, Biofabri y CZ Vaccines, que son actores muy importantes aquí y buenos colaboradores para nosotros. Así que, en el contexto español, realmente demostramos que la cooperación desde una perspectiva científica y técnica, así como desde una perspectiva de financiación, se une y, en mi opinión, construye una asociación muy sólida. 

Y eso se extiende al ámbito europeo en el trabajo que realizamos con la Comisión Europea. Trabajamos muy estrechamente con el organismo europeo HERA (Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias), que también desarrolla contramedidas médicas para complementar el trabajo que hacemos. Así que, tenemos una cooperación a nivel nacional con España, a nivel regional con Europa y, además, el trabajo internacional que realizamos en otros continentes. También mantenemos muy buenas relaciones con muchos de los demás países europeos.

El pasado sábado un avión de la fuerza aérea británica lanzó un cargamento de emergencia y a un grupo de militares en paracaídas sobre uno de los lugares más remotos del planeta en una operación sin precedentes. Los ocho efectivos, entre los que se encontraban dos sanitarios, saltaron sobre la isla de Tristán de Acuña, un pequeño punto en mitad del Atlántico sur, cargados con botellas de oxígeno y material médico. Su objetivo: atender a un residente de la localidad que bajó del crucero MV Hondius a mediados de abril y empezó a desarrollar síntomas compatibles con el brote de hantavirus a principios de mayo.

La operación se realizó en tiempo récord porque el paciente necesita oxígeno y el suministro se le estaba agotando. Según el diario The Times, se encuentra ingresado en un “diminuto centro sanitario” que cuenta únicamente con dos médicos y dos camas y su esposa también está en aislamiento. Para las autoridades británicas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un caso “sospechoso” de hantavirus, porque hasta el momento no se han podido realizar pruebas diagnósticas.

La ayuda se envió por aire desde la base británica de la isla Ascensión, a más de 3.200 km al norte, porque Tristán de Acuña no tiene aeropuerto y solo puede alcanzarse tras varios días de navegación. Gracias a este extremo aislamiento, el territorio habitado más remoto del planeta logró sortear la pandemia de coronavirus de 2020; esta vez, sin embargo, su barrera natural podría haberse roto accidentalmente por el regreso de uno de sus vecinos.

Excursión entre los “tristones”

El paciente tiene 65 años y es el antiguo jefe de policía de la isla, que regresaba a su casa después de un largo viaje. Se bajó allí en la escala que hizo crucero MV Hondius procedente de Argentina, previo paso por la Antártida, y de camino a la isla de Santa Elena. El barco llegó a la costa de Tristán de Acuña en la mañana del martes 14 de abril. La llegada, según describe la web oficial de la isla, estuvo marcada por un clima excepcionalmente benigno, con “amaneceres espectaculares” y mares en calma que propiciaron el desembarco. 

A las pocas horas de atracar, 110 pasajeros bajaron a tierra firme y pasaron el día interaccionado con los “tristones”, que es como se llama a los 221 habitantes de la isla. “Había un ambiente animado en el pueblo, con los huéspedes participando en paseos guiados, explorando a su propio ritmo, visitando el museo y disfrutando de todos los espacios abiertos”, relató la jefa de Turismo, Kelly Green. “El pub, como siempre, fue uno de los lugares favoritos, lleno de risas e historias compartidas de sus viajes”. 

En el barco ya estaba el cuerpo sin vida de la primera víctima del brote de hantavirus, un pasajero neerlandés de 70 años. Había fallecido tres días antes de una supuesta “muerte natural”. Es muy probable que en ese momento ya hubiera otros contagiados incubando la enfermedad, entre ellos su esposa, que acabaría enfermando y muriendo días después. Nadie, ni los visitantes ni los visitados, sospechaba entonces lo que se estaba gestando a bordo del crucero.

Durante la visita, el cuerpo sin vida de la primera víctima del brote de hantavirus estaba en el barco. Había fallecido tres días antes de una supuesta “muerte natural

El día siguiente, miércoles, varios miembros de la tripulación visitaron la escuela St Mary's para enseñar unos vídeos educativos a los niños de la isla y entregarles unos regalos. El viernes, el Hondius circunnavegó la isla Gough antes de continuar su viaje hacia Santa Elena, donde se llevó a una familia de cuatro isleños que viajaban al extranjero, varios sacos de patatas de Tristán y un suministro de marisco fresco para la cocina del barco, incluyendo sus famosas langostas. Los cuatro isleños desembarcaron en Santa Elena el 24 de abril tras recorrer 2.400 km en una semana de navegación. En este momento se encuentran en aislamiento preventivo y bajo vigilancia epidemiológica.

De la precaución a la alerta

En las imágenes de la visita del MV Hondius a la isla de Tristán de Acuña, se ve al antiguo jefe de policía sonriente junto a la tripulación del barco. Los síntomas tardaron alrededor de dos semanas en aparecer, justo cuando el mundo se empezó a enterar de la existencia de un brote de hantavirus en el crucero. El 4 de mayo, el administrador de la isla, Philip Kendall, emitió un aviso público para informar a los isleños de que había un brote grave en el barco. Como los pasajeros bajaron a tierra, la preocupación era obvia, pero Kendall afirmaba explícitamente que no se habían identificado casos de esta enfermedad en Tristán y no había un motivo significativo de preocupación en la isla en aquel momento. También pedía que, por precaución, quien tuviera fiebre llamara al hospital, “pero por favor NO asista en persona”.

Dos días después, el 6 de mayo, los isleños recibieron la noticia de que había un paciente aislado en Tristán, sospechoso de hantavirus. En un mensaje dirigido al jefe de la isla, el ministro británico para los Territorios de Ultramar, Stephen Doughty, aseguraba que sus pensamientos estaban “con el isleño que se encuentra hospitalizado y su cónyuge, que está en aislamiento”. Pero hasta el 8 de mayo la noticia no saltó al mundo, cuando la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) informaba de que, además de los afectados que viajaban en el barco, había “un caso adicional sospechoso de un ciudadano británico en Tristán de Acuña”. Solo dos días después, el pasado sábado, se realizaba la operación militar de lanzamiento en paracaídas para llevar oxígeno al paciente.

Pendientes del diagnóstico

Las autoridades locales mantienen silencio sobre la situación del paciente sospechoso y el estado de la población. “No podemos comentar los detalles específicos de los itinerarios de cada buque ni los movimientos de pasajeros”, afirman en un comunicado. El Ministerio de Defensa de Reino Unido tampoco ha confirmado si entre el equipo médico enviado a la isla había un sistema de pruebas PCR o de diagnóstico para confirmar si el paciente sospechoso es positivo en hantavirus, aunque entregó “suministros de diagnóstico esenciales, incluidas pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)”, a la Isla Ascensión a través de un avión militar el 7 de mayo.

Si este paciente está requiriendo el oxígeno, tiene muy mal pronóstico sin acceso a una unidad de terapia intensiva

Gaspar Domínguez — Especialista en salud pública del Hospital Clínico Universidad de Chile 

Por otro lado, fuentes militares aseguran que hay algunos barcos en camino y se está preparando apoyo médico adicional para poder evacuar al paciente afectado o los casos sospechosos “de forma segura a su debido tiempo”. “Ante la escasez crítica de oxígeno en la isla, el lanzamiento aéreo de personal médico fue la única manera de brindar atención vital al paciente a tiempo”, aseguró la secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, en un comunicado. “La operación también garantizará la capacidad de respuesta del sistema de salud en la isla, al apoyar al equipo médico de dos personas que atiende a Tristán de Acuña”.

Una situación complicada

Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, destaca que en estos lugares tan aislados lo más peligroso es que el paciente empeore y no dé tiempo a atenderlo por no tener las instalaciones adecuadas. “El problema de esta enfermedad es que una vez que comienzan los síntomas graves van relativamente rápido, en de 24 a 48 horas puedes estar en una situación crítica y por eso necesitas una UCI cerca”, explica.

Si ya han pasado casi 30 días sin aparecer nuevos contagios es buena noticia pero aun podría aparecer algún caso

Joan Caylá — Epidemiólogo y especialista en salud pública

Gaspar Domínguez, especialista en salud pública de Chile que coordinó la respuesta al último gran brote de hantavirus en la Patagonia, explica que cuando estos casos no reciben atención médica la letalidad se acerca al 70%. “El aumento de la supervivencia está dado principalmente por acceso a ventilación mecánica y ECMO”, asegura. “Si este paciente está requiriendo el oxígeno, tiene muy mal pronóstico sin acceso a una unidad de terapia intensiva”.

Respecto a la posibilidad de que se produjeran más contagios durante la vista del crucero o que el actual afectado transmitiera a otros la enfermedad, el epidemiólogo y especialista en salud pública Joan Caylá cree que es importante el seguimiento de sus contactos. “Es necesario comprobar si estas personas tienen mucha vida social o viven muy aislados”, asegura. “Si ya han pasado casi 30 días sin aparecer nuevos contagios es buena noticia pero aún podría aparecer algún caso. Por otro lado, al ser una isla tan remota seguro que sus habitantes tienen unas características [genéticas] especiales, sería bueno conocerlas”.

Este fin de semana por fin empezó la operación para evacuar a los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius por el estallido de un brote de hantavirus. El saldo es, por ahora, de tres fallecidos y al menos otras cinco personas contagiadas, en un nuevo caso de zoonosis, o transmisión de virus de animales a humanos, que nos trae recuerdos del estallido del Covid-19 y todo lo que vino después hace ahora seis años. Es una de las consecuencias más preocupantes de la intervención humana en hábitats salvajes, del cambio climático y de la alteración de los ecosistemas.  

Hablamos con Antonio Martínez Ron, experto en Ciencia de elDiario.es, para aclarar qué sabemos del hantavirus, su origen y sus diferencias con la Covid-19. Con David Noriega, periodista que cubre los asuntos relacionados con Sanidad, repasamos algunos detalles de la gestión sanitaria y política de esta alerta.

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La llegada este domingo del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla, en Tenerife, ha situado en el centro del debate público el primer brote de hantavirus de cepa andina identificado a bordo de un buque internacional con destino a Europa. Conviene situar las cosas en su justa medida desde el principio: no estamos ante un riesgo pandémico comparable al del Covid-19, pero sí ante una emergencia sanitaria que exige una respuesta proporcionada, basada en la evidencia científica y desprovista del ruido de la opinionitis o la politiquería barata que tantas veces sustituye al rigor en el debate público sobre salud.

Conviene recordar lo que sabemos. El hantavirus de la variedad andina presenta una letalidad que puede alcanzar el 40%, una cifra equiparable a la del ébola. Pero, a diferencia del SARS-CoV-2, no se transmite por vía aérea ni mediante aerosoles. Su contagio entre personas requiere, por regla general, contacto estrecho, convivencia íntima o intercambio de fluidos corporales. Este dato no es un matiz menor: es clínicamente decisivo y es la razón por la que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades coinciden en calificar de “particularmente bajo” el riesgo de diseminación hacia la población de Canarias o del conjunto del país. No estamos ante una pandemia en ciernes; estamos ante un brote acotado que requiere, eso sí, una contención meticulosa.

El contagio de una azafata del vuelo de KLM que transportó a los Países Bajos a una pasajera del barco infectada nos hizo temer que el contacto necesario para la transmisión podía no ser tan íntimo como inicialmente se asumía. Afortunadamente, ese riesgo se ha despejado al dar negativa este viernes a las pruebas de laboratorio para diagnosticar infección por Hantavirus. Pero no hay que bajar la guardia, ya que este mismo 8 de mayo se ha ingresado en Alicante a una paciente con sintomatología compatible con el cuadro de Hantavirus, sospechosa de haberse infectado tras haber estado sentada en el vuelo de Johannesburgo a Amsterdam cerca de una de las personas evacuadas del barco e infectadas y que desafortunadamente falleció.

Hay que recordar también que la enfermedad tiene un periodo de incubación largo que puede extenderse hasta ocho semanas: una persona puede no presentar síntomas hoy y desarrollarlos entre ahora y finales de junio o principios de julio. Esa es la razón —no otra— por la que la cuarentena de cuarenta a cuarenta y cinco días para los catorce pasajeros españoles que regresarán a Madrid, y para los pasajeros de otros países que serán repatriados a sus respectivos lugares de residencia, no constituye una imposición arbitraria, sino la única respuesta sensata desde un punto de vista estrictamente epidemiológico. Lo razonable es que cualquier persona en su sano juicio acepte el aislamiento en el hospital Gómez Ulla. Y, si no fuera así, conviene recordar que la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y el artículo 26 de la Ley General de Sanidad ofrecen amparo suficiente para que la autoridad sanitaria pueda imponerlo cuando exista riesgo inminente y extraordinario para la salud colectiva.

La crisis del Hondius pone también de manifiesto ciertas carencias operativas a lo largo del mes de abril durante la trayectoria del crucero y en sus paradas en islas como Santa Helena que merecen análisis. Treinta pasajeros abandonaron el crucero antes de tiempo y el paradero de varias de ellas se desconoce a día de hoy. El dispositivo de seguimiento de las autoridades sanitarias del Reino Unido —en la isla de Santa Helena— y de los Países Bajos, bandera del barco, no ha funcionado con la celeridad y la precisión requeridas. Algunas de estas personas pueden estar infectadas sin saberlo, y el riesgo no es solo para ellas, sino para sus contactos próximos allí donde se encuentren. Localizarlas, contactarlas, seguirlas durante al menos ocho semanas desde que desembarcaron, trazar sus contactos cercanos, son condiciones indispensables para acotar el brote. Se trata de una debilidad que no debería repetirse ante futuros brotes de mayor calado.

Los protocolos que se han diseñado, la acción conjunta de las autoridades españolas de sanidad y protección civil, el involucramiento del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y de la OMS desde que el navío arribó a Cabo Verde, están siendo las medidas correctas para abordar el problema de un brote epidémico que plantea cuestiones de seguridad sanitaria española, europea y mundial, en un navío europeo que navega en aguas internacionales. Se han planteado con un enfoque riguroso basado en la evidencia científica y la cooperación multilateral.  

A continuación, insistimos en algunos elementos clave para darle más rotundidad a la de las acciones que hay que desarrollar: 

Primero, no pensar la respuesta epidemiológica solo en términos de revisión médica clásica y cuarentena pasiva. Se requiere una vigilancia epidemiológica moderna: pruebas PCR y pruebas serológicas de anticuerpos para todos los pasajeros del barco, incluida la tripulación, con el fin de detectar infecciones asintomáticas y actuar en consecuencia.

Segundo, dotar a los trabajadores que vayan a entrar en contacto con el buque —personal sanitario, fuerzas de seguridad, trabajadores portuarios, técnicos de evacuación— de los equipos de protección individual adecuados. No para alimentar miedos infundados, sino porque la prevención del riesgo laboral es indisociable de la salud pública.

Tercero, al no tratarse de una emergencia de salud pública de trascendencia internacional según los criterios del Reglamento Sanitario Internacional, especialmente el bajo riesgo de transmisión a pesar de la alta letalidad, no es necesario establecer restricciones de viaje ni controles fronterizos. Sin embargo, convendrá reforzar los sistemas de control sanitario en fronteras y puntos de entrada. La pandemia de Covid-19 nos enseñó que las barreras sanitarias funcionan cuando son ágiles, proporcionadas y basadas en evidencia, y que se vuelven contraproducentes cuando llegan tarde o se aplican sin discriminación. La llegada del Hondius a Granadilla, sin atraque y con traslado directo de los pasajeros en condiciones de seguridad hasta el aeropuerto Tenerife Sur, es un buen ejemplo de respuesta bien calibrada.

Cuarto, comunicar con honestidad y rigor. Ni alimentar la alarma social ni minimizar la realidad del problema. La ciudadanía canaria, en particular, no tiene motivo para el miedo, pero sí derecho a información clara sobre lo que ocurre y sobre las garantías que se aplican. La sensibilidad heredada de la pandemia es comprensible, pero no debemos confundir vigilancia atenta con pánico desinformado.

Quinto, extraer las lecciones institucionales. Este brote recuerda que la Unión Europea, el ECDC y la propia OMS necesitan perfeccionar de forma continuada sus mecanismos de coordinación, especialmente en el seguimiento transnacional de los contactos. Y recuerda también que España tiene una Agencia Estatal de Salud Pública aprobada por ley, pero que está aún en proceso de despliegue que lleva un retraso injustificable. Esta es una oportunidad —y también una obligación normativa— para dotarse del músculo técnico que la prevención y la respuesta a brotes futuros van a exigir. No basta con un decreto fundacional. La Agencia debe arrancar cuanto antes y contar con la inversión necesaria, la estructura organizativa prevista y el personal adecuado en el menor tiempo posible.

La salud pública moderna se construye en la frontera entre la determinación y la acción eficaz, por un lado, y la prudencia y la sensatez, por otro. Ni alarma innecesaria ni complacencia tranquilizadora. La cepa andina del hantavirus es un patógeno serio, con letalidad alta y período de incubación largo. Y, al mismo tiempo, es un patógeno de transmisión limitada que, si actuamos como corresponde, no va a generar un foco de infección para Canarias ni mucho menos para el conjunto del país.

Lo haremos bien si somos rigurosos, si actuamos con base en la evidencia, si reforzamos los protocolos de seguimiento internacional, si evitamos la desinformación y la politiquería con relación a la respuesta a un brote epidémico, y si honramos el mandato legal y hacemos lo que nos comprometido a hacer. En resumen, si entendemos —ahora más que nunca— que salus populi suprema lex est: la salud del pueblo es la ley suprema. 

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Firman también: José Martínez Olmos, ex Secretario General de Sanidad 2005-2011 y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, y Alberto Infante, ex Director General de la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud (2006-2010)

“Los virus mutan, el COVID-19 empezó de una forma y luego los vectores de contagio cambian”. Estas palabras del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, explotan políticamente las dudas que tienen algunos ciudadanos, con la pandemia aún en la memoria. “Si es difícil que el contagio entre humanos se pueda dar, ¿por qué hay siete contagiados en el mismo barco?”, continuó el político en declaraciones a la Cadena SER. “Son dudas que yo me hago, que se hacen los profesionales de la sanidad pública canaria y que nadie sabe contestarme”.

La realidad es que la comunidad científica sí tiene respuestas claras sobre este número de casos y no es verdad que el brote infeccioso a bordo del crucero MV Hondius conlleve un riesgo similar al de la pandemia. Virólogos y epidemiólogos explican por qué las características de este brote de hantavirus, que ha dejado tres fallecidos y obligará a la embarcación a atracar en las islas Canarias, no tiene nada que ver con el SARS-CoV-2. Estos son sus argumentos para quienes tengan dudas.

1. Ni es nuevo ni ha mutado

El hecho de que se hayan producido contagios de persona a persona no es una prueba de que el virus haya mutado ni es cierto que nos encontremos ante un nuevo patógeno. Este miércoles se confirmó que se trata de Andes virus (ANDV), la única variante en la que se ha documentado transmisión entre humanos. Y, aunque parezca raro, esto es una buena noticia. “Si hubiera sido una de las otras variantes, habríamos tenido sospecha de que hay un virus que mutó”, explica Gaspar Domínguez, el especialista en salud pública que coordinó la respuesta al último gran brote de hantavirus en la Patagonia. “El virus Andes se está comportando como se comporta, que es transmitiéndose entre humanos. No hay elementos que hagan sospechar que hubo un cambio en la genómica del virus”.

“Estamos ante un virus conocido, no es como cuando apareció el coronavirus, que era una variante de la que no teníamos ni idea”, señala Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra. “Pertenece a una especie muy concreta, la especie Andes, en la que sí se ha demostrado transmisión limitada entre personas, y que probablemente es lo que esté ocurriendo en el barco”. ¿Puede cambiar, como dice el presidente canario? “Claro”, responde López-Goñi. “Los virus viven mutando y por eso hay distintas especies o tipos de hantavirus, pero lo normal es que no cambie el modo de transmisión. Un virus no cambia de manera de transmisión de un día para otro, no tenemos ningún dato científico que apoye la idea de que este virus vaya a mutar y a transmitirse de una manera muchísimo más rápida”.

2. Es menos propenso a mutar

Por sus características morfológicas, además, la capacidad de mutación de los hantavirus es mucho menor que la de los coronavirus en general. “Este virus tiene tres fragmentos de ARN y su capacidad de mutación está mucho más limitada que en el caso de los coronavirus”, explica Noemí Sevilla, directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC).

Este virus tiene tres fragmentos de ARN y su capacidad de mutación está mucho más limitada que en el caso de los coronavirus

Noemí Sevilla — Directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC)

“Los coronavirus han hecho muchas infecciones simultáneas en humanos, porque sí nos tienen a nosotros como huésped”, prosigue. “Esto supone una mayor cantidad de ciclos de replicación para escapar al sistema inmune. Los hantavirus, en cambio, están adaptados a replicar en su reservorio, que son los roedores. Para ellos, el humano es un callejón sin salida”.

3. Diferencias de propagación  

La principal diferencia entre hantavirus y coronavirus está en sus capacidades de propagación y mortalidad. Los primeros pueden causar enfermedades mucho más graves, con tasas de mortalidad más elevadas, pero su transmisión entre humanos es muy limitada, y eso marca su menor alcance epidemiológico. “Si hubiera sido la COVID, habría más de 100 contagiados en el barco”, observa el epidemiólogo y especialista en salud pública Joan Caylá. “A pesar de que esto se ha dado en un espacio cerrado, los afectados en principio eran solamente ocho”. 

Si hubiera sido la COVID, habría más de 100 contagiados en el barco

Joan Caylá — Epidemiólogo y especialista en salud pública

Caylá recuerda que el ritmo de reproducción (R0) de la covid-19 llegó a ser altísimo, mientras que el hantavirus a duras penas logra que un infectado contagie a otra persona bajo circunstancias normales. “El problema de este virus es que la letalidad es muy alta, del 30 y el 40%. Por esto explica que haya habido tres muertes”. Cuando la infección se complica, añade, desencadena rápidas fiebres hemorrágicas con severo compromiso renal o pulmonar para los que no existe un tratamiento antiviral específico.  

“La gente habla de virus y piensan que son todos iguales. Son muy diferentes”, añade Noemí Sevilla. “Tú imagínate que estás en Madrid y te cruzas con una persona; no te vas a contagiar con hantavirus y sí te podrías contagiar con un coronavirus. Esa es la diferencia entre un virus y otro”. Además, la mortalidad de un coronavirus es muchísimo menor. “Conocemos muy bien los sistemas con los que trabajamos y sí que estamos preparados para lo impensable y sabemos las capacidades que tienen los patógenos con los que trabajamos”, sentencia la directora del CISA-INIA-CSIC. “Yo transmitiría tranquilidad a la población de que este virus no es un coronavirus”.

4. El ‘efecto encierro’ 

Si el hantavirus se transmite tan mal, ¿por qué hay tantos infectados en el crucero? En realidad, en términos relativos son muy pocos y una prueba la baja capacidad de este patógeno para transmitirse. “Hay 8 contagiados en el barco porque es un sitio confinado, cerrado, donde estás en contacto, donde compartes todo”, recalca López Goñi. El caso es muy excepcional por eso, y muy diferente de la forma en que actuaría el virus en otras condiciones. “En el crucero, la persona que se contagió inicialmente tuvo más posibilidad de infectar al resto porque estaba en un ambiente muy confinado”, afirma Noemí Sevilla. “Coexisten muchas personas en un espacio pequeño, entonces en ese sentido pues era favorecedor la transmisión persona a persona”. 

Gaspar Domínguez documentó el brote de Andes virus (ANDV) en la localidad de Epuyén en 2019, que infectó a 34 individuos y 11 de ellos fallecieron (con un 30% de letalidad). En este caso, recuerda, el R0 estuvo por encima de 1 porque había muchas personas en un espacio muy pequeño y para algunas bastó con estar muy cerca de una persona con una carga viral muy alta para inhalar partículas infectadas. “Por eso hubo personas que produjeron 5 casos nuevos y otros cero casos nuevos”, señala.

5. ¿Y los casos dispersos?

¿Qué pasa con los alrededor de 30 pasajeros que se bajaron hace semanas del barco? Las autoridades han confirmado que muchos fueron regresando a sus países y al menos uno de ellos está ingresado en un hospital de Suiza con síntomas de hantavirus. ¿Podrían producir nuevos focos del virus? “Es poco probable, pero no hay que descartar que alguno de esos casos acabe infectando a otro por un contacto estrecho, por eso hay que saber dónde están y que estén en vigilancia, y saber si tienen síntomas o no”, asegura López-Goñi.

En ocasiones anteriores, como el brote de 2019 en la Patagonia, la baja reproducibilidad del virus hizo que el brote se apagara, aunque hubo personas que lo transmitieron a otros después de la fiesta. “En aquella ocasión cuando se diseminaron, se controlaron pronto”, explica Gaspar Domínguez. “Si ocurriera, por ejemplo, que en diez días más empiezan a aparecer casos remotos, ahí habría que alertarse. Pero yo creo que todavía estamos dentro del comportamiento esperable para lo que ya conocemos en el pasado”.

“Conviene recordar que el virus Andes lleva bastantes años circulando en Argentina y han sido siempre brotes muy concretos que no ha trascendido a una gran epidemia, porque la capacidad de transmisión entre personas es limitada”, recuerda López-Goñi. “No ha habido grandes explosiones y llevan años con él. No es esperable que se extienda por algunos casos que anden sueltos por ahí”.

Ninguna persona bajará del crucero MV Hondius cuando llegue a Canarias el domingo a mediodía hasta que no haya un avión preparado para recogerlo y no tendrán contacto alguno con la población local. El plan del Gobierno con el barco –en el que han fallecido tres personas por hantavirus y otras cinco han presentado síntomas (solo permanece a bordo un cadáver)– pasa porque los pasajeros estén el mínimo tiempo posible en España y, específicamente, en tierras del archipiélago, han explicado este jueves la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, y el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, en una rueda de prensa.

El dispositivo que se pondrá en marcha a partir del próximo domingo implica a 23 países y estará coordinado por la Comisión Europea –que tiene activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (MPCU)– y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay contactos además con el resto de países de fuera de la UE y colaboración con EEUU, Canadá y Reino Unido. Cada hora hay una reunión de seguimiento con organismos internacionales y administraciones implicadas. Todo para contener el virus y evitar que el brote del crucero de Oceanwide derive en una expansión internacional del hantavirus.

Los responsables han explicado que el protocolo previsto es que, según llegue el barco, los expertos de Sanidad Exterior subirán para evaluar a los pasajeros. Si permanecen asintomáticos, empezará la segunda parte de la operación: el traslado de todos los pasajeros, también los 14 españoles, al aeropuerto para que vuelen a sus países de origen. Pero, ha remarcado Barcones, “no van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar”.

“El proceso va a ser rápido y ágil”, ha explicado Barcones. Para ello, ha desgranado, serán trasladados a tierra y “automáticamente, por carretera, [harán] un trayecto de aproximadamente 10 minutos con medios que la naviera pone a disposición, supervisados y custodiados en todo momento por el Gobierno de España”, donde subirán a los respectivos aviones.

En el caso de los 14 ciudadanos españoles, irán directos al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde está previsto que pasen una cuarentena de tiempo indeterminado por el momento. Para esa cuarentena se les pedirá una autorización, pero podrán ser obligados si la situación lo requiere.

La ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, faculta en su artículo tercero a la autoridad sanitaria a adoptar las medidas que considere “necesarias” en caso de “riesgo de carácter transmisible”. La ley General de Sanidad, de 2011, también incluye una redacción genérica que da cobertura para que la autoridad sanitaria adopte las “medidas preventivas” que se consideren “sanitariamente justificadas” en caso de que “exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.

Con el resto de pasajeros, de 23 nacionalidades diferentes, las situaciones son dispares. Para los ciudadanos de nueve países de la UE y tres que participan en el mecanismo europeo habrá traslados organizados por la UE. Las personas de los 11 que ni son de la UE ni tienen ningún tipo de acuerdo están pendientes de que sus Gobiernos decidan enviar un avión o no para recogerlos. EEUU y Gran Bretaña han mostrado su disposición a hacerlo; del resto, si no llegan aeronaves, se hará cargo Países Bajos como país responsable del MV Hondius.

¿Y si hay sintomáticos?

En el caso de que algún pasajero desarrolle síntomas estos días antes de llegar a España, el protocolo no contempla una respuesta automática, han explicado los expertos. Dependerá del estado en el que se encuentren se actuará de una u otra manera. Si tienen síntomas leves y pueden continuar el viaje, así lo harán. Si requieren hospitalización y aislamiento, el Ministerio de Sanidad ya ha contactado con los centros especializados, ha informado Gullón.

Los responsables han explicado que el aislamiento de los pasajeros respecto a la población local será absoluto. “Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil”, ha subrayado Barcones: “Van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir”.

“Lo digo para que la población de Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto”, ha remarcado la secretaria general de Protección Civil. El director general Gullón había mandado un mensaje tranquilizador poco antes: “En términos de los riesgos en la población y de salud pública, el riesgo es muy bajo”, ha explicado. Tan es así que “no se requerirá de situaciones especialmente medicalizadas ni extremas en relación a los mecanismos de transmisión”.

Por último, Barcones y Gullón han explicado que “el barco tiene que llegar a su lugar de origen”, que son los Países Bajos, pero que por el momento no está decidido cómo se va a realizar la desinfección del mismo. “Estamos ultimando con el Gobierno de Canarias y con todas las autoridades cómo realizamos esa desinfección, incluso si se hace dentro de España o si continúa hasta el lugar de origen”, ha explicado Gullón, “pero no se puede quedar sin tripulación, con lo cual las cosas irán en diferentes tiempos. Pero no puedo dar una respuesta definitiva a exactamente dónde se va a realizar la desinfección”, ha admitido.

La llegada del barco a las Islas Canarias ha enfrentado a los Gobiernos central y canario, que se oponía a su llegada. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha aceptado la situación tras reunirse con la ministra de Sanidad, Mónica García, y asumir que la decisión corresponde a Moncloa y que no puede hacer nada al respecto.

Sí ha arrancado al Ministerio el compromiso de que el barco fondee en vez de amarrarse en puerto, una maniobra que Gullón ha minimizado porque, ha explicado, apenas supone diferencia alguna a nivel sanitario o de riesgo de contagio.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha señalado este jueves que “es posible que sean reportados más casos” de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se dirige a Canarias, “dado el periodo de incubación” del virus, de unas seis semanas. En cualquier caso, desde la OMS han insistido en que, pese a tratarse de un “incidente serio”, siguen considerando “bajo” el riesgo para la población global.

El barco, de bandera neerlandesa, salió de Ushuaia (Argentina) el pasado 1 de abril y realizó cuatro paradas en las islas del Atlántico hasta llegar a Cabo Verde el pasado sábado. En ese tiempo, se han detectado ocho casos: tres personas han fallecido, una se encuentra crítica, y mejorando, en Sudáfrica, otros tres fueron evacuados este miércoles a Países Bajos y la octava está en Suiza, donde había viajado tras desembarcar antes de llegar a Cabo Verde.

El médico chileno Gaspar Domínguez es uno de los expertos que mejor conoce el hantavirus que está en el centro de la atención mundial tras el brote en el crucero MV Hondius. Este especialista en salud pública coordinó, junto a las autoridades argentinas, la respuesta al brote de hantavirus de 2019 en la localidad de Epuyén, en la Patagonia, el que más se parece a la situación actual.

En aquella ocasión, la misma variante que se transmite entre personas — el Andes virus (ANDV)— infectó a 34 individuos de varias localidades y 11 de ellos fallecieron (con un 30% de letalidad). La reconstrucción de los nexos epidemiológicos y el estudio de secuenciación genómica de los ANDV involucrados permitieron reconstruir lo sucedido. Todo arrancó en una fiesta familiar en la que los invitados compartían mate. La limitada capacidad de propagación del virus facilitó el rápido control del brote, una característica que —según Domínguez— hace altamente improbable que este sea el inicio de una nueva pandemia.

Como experto que ha trabajado en un gran brote de hantavirus de los Andes sobre el terreno, ¿coincide en que, por su capacidad de propagación, es muy improbable que se repita lo que pasó con el coronavirus?

Sí. El virus Andes, que es el que tenemos aquí en Sudamérica, en Argentina y Chile, es el único de todos los virus hanta que tiene probada transmisibilidad entre humanos. Por eso no me extraña que a algunos expertos del hemisferio norte les parezca esto sumamente raro, porque es algo que no existe en el hemisferio norte. Nosotros lo hemos visto varias veces y sabemos hace años que el virus hanta versión Andes sí se transmite entre humanos, pero con una efectividad que es relativamente baja.

Existe en epidemiología un número básico de reproducción, el R0 (R subcero), que probablemente muchos escucharon en el contexto del COVID, que es un indicador que da cuenta en promedio de cuántas personas se contagian de un individuo infectado. Por ejemplo, el R0 del COVID es entre dos y cuatro. Una enfermdad que clásicamente tiene el R0 alto es el sarampión, que es alrededor de 15 o 18. Para que algo tenga la probabilidad de propagarse y generar un brote, tiene que tener un R0 mayor a uno, es decir, que un caso produzca más de un caso nuevo. Es una cosa aritmética. Y cuando un caso produce menos de un caso nuevo, por definición van a ser casos aislados y deberían limitarse a un brote único. Lo que sabemos por la experiencia previa del virus Andes es que el R0 es menor de uno; he buscado en fuentes científicas 0,3 o 0,7, pero siempre es menor a uno.

Cuando un caso produce menos de un caso nuevo, por definición van a ser casos aislados y deberían limitarse a un brote único

En consecuencia, la probabilidad de generar un brote gigante es muy baja, salvo con condiciones muy excepcionales, como por ejemplo que el caso esté confinado a un espacio muy reducido donde el contacto entre los individuos sanos y enfermos está muy aumentado, como puede ser un crucero. El brote de Epuyén que tuvimos en el pasado, que publicamos y que eran 34 casos con 11 fallecidos, la mayor parte de los casos partió a propósito de una fiesta familiar donde hubo un caso de transmisión desde el ratón colilargo en un bautizo. Había muchas personas en un espacio muy pequeño compartiendo en la comunidad de la Patagonia chilena y argentina donde la gente toma mate y se compartía la bombilla [la caña para beber la infusión]. En ese caso excepcional y puntual, el R0 fue mayor que uno en ese contexto específico.

¿Cómo se delimitó, aquel brote? Es muy interesante, porque sería un caso muy similar al del crucero, ¿no?

Hubo un trabajo binacional entre el Ministerio de Salud argentino y chileno. Yo participé en las reuniones con los colegas epidemiólogos argentinos. Básicamente lo que hicimos fue confinar a los casos, aislar a las personas sintomáticas, y sugerirle a la comunidad que dejara de compartir mate y que no se juntara con personas con síntomas respiratorios. La verdad es que eso hizo que no hubiera más casos nuevos y se restringió de manera importante.

¿Se dio en la misma localidad o se diseminaron por distintos sitios?

Se diseminaron. De hecho, partió en Argentina en un bautizo y una funcionaria de mi hospital tuvo síntomas y falleció. Así fue como llegó el primer caso a Chile. Se les siguió el rastro, se les aisló y aparte se hizo una campaña publicitaria en medios locales para decir que había un brote. Educamos respecto de la transmisibilidad entre humanos, que no es tan conocida porque es baja, y recomendamos no compartir mate, no reunirse en espacios cerrados y evitar contacto en persona. Hicimos un poco lo que ahora están todos familiarizados con COVID, pero lo hicimos antes de la pandemia.

Por eso pasó algo muy interesante, y es que un año después, cuando llegaron los primeros casos de COVID, el sistema de aislamiento y urgencia respiratoria ya estaba engrasado. Desde el día 1 de COVID nosotros en Palena ya teníamos una suerte de residencias sanitarias y la urgencia respiratoria separada, porque la experiencia de este brote de hantavirus subtipo Andes se maneja de la misma forma que el COVID, pero como la eficacia de transmisión es baja, no tiene potencial pandémico.

Claro, porque no se transmite por vía respiratoria igual que la COVID, ¿no?

Existe conocimiento de que se requiere contacto estrecho, por eso es muy común que se transmita entre parejas. Nosotros vimos personas que no eran parejas, pero sí compartieron instancias sociales como compartir mate con una bombilla y en esa instancia fue suficiente para generar casos nuevos al estar en un ambiente cerrado. Por eso estas personas que están en un crucero, yo sospecho que tienen un casino y comen muy cerca unos de otros y alguien podrá eventualmente compartir un vaso, y eso favorece que en ese contexto particular aislado el R0 sea mayor que uno y eventualmente puede haber presencia de más casos. Pero el número reproductivo del virus hanta es menos que uno.

Hay un factor de preocupación y es que hay hasta 23 pasajeros no localizados que bajaron antes del barco. Por su experiencia, la capacidad de estas personas de prender en nuevos sitios entiendo que es muy limitada, ¿no?

Claro, salvo que hubiera una mutación, y ahora no existe ningún elemento que nos haga pensar que aquí hay algo distinto a lo habitual. Sabemos que la transmisibilidad es menor de uno y que la mortalidad es de alrededor de un 30-40%. En aquella ocasión cuando se diseminaron, se controlaron pronto. Habría que esperar 40 días después del último caso sintomático y ahí podríamos saber que ya no hay casos nuevos porque el periodo de incubación es largo.

Hay personas preocupadas porque el virus podría haber mutado, pero el hecho de que se contagie entre personas no quiere decir que haya sufrido una alteración, sino que es una característica de esta variante, ¿verdad?

Todos los virus pueden mutar y están mutando siempre. En este caso, si hubiéramos obtenido muestras de los enfermos del crucero y hubiéramos podido tener la certeza de que era el virus hanta, no Andes, ahí hubiéramos tenido sospecha para pensar que hay un virus que mutó. Pero cuando se confirmó que este subtipo era Andes, sabemos que el virus Andes se está comportando como se comporta, que es transmitiéndose entre humanos. Así que no hay elementos todavía sobre la mesa que hagan sospechar de manera razonable que hubo una mutación o un cambio en la genómica del virus.

Paradójicamente, entonces, el hecho de que sea virus Andes es tranquilizador…

Exactamente.

Si hubiéramos obtenido muestras de los enfermos del crucero y hubiéramos visto que es virus no Andes, podríamos sospechar que el virus mutó

¿Este es un virus más agresivo que el SARS-CoV-2?

Sí. La mortalidad clásica es alrededor del 40% y en el brote que tuvimos el año 2019 fue un 30%. Además, no tiene un tratamiento específico. Es un tratamiento de soporte, es decir, proveer oxígeno a la persona si lo requiere, eventualmente conectar a ventilación mecánica y en el peor de los casos conectar a una máquina que se llama ECMO, que es una máquina que saca la sangre del cuerpo de la persona, la mete una membrana y la devuelve, reemplazando la función del corazón y del pulmón.

¿Cómo actúa el hanta? ¿Qué le hace al cuerpo?

Produce lo que se llama el síndrome cardiopulmonar. Y el síndrome cardiopulmonar que se produce por el virus Andes tiene la característica de que afecta el funcionamiento del endotelio [las células que tapizan los vasos sanguíneos]. Lo que sabemos es que el virus, cuando ingresa al torrente sanguíneo, produce una inflamación del endotelio que afecta a los vasos sanguíneos atraviesa hacia el pulmón, y eso produce un edema pulmonar muy significativo y a la persona le cuesta respirar. Ocurre que hay menos sangre dando vueltas en las arterias y eso produce una depresión miocárdica. En suma, produce síndrome cardiopulmonar con una inflamación sistémica exagerada, con falta de oxigenación de la sangre y puede llevar a la muerte al 30-40% en los casos.

¿Y en cuántos días se produce esa muerte?

El síndrome clásico tiene la característica de que desde que una persona empieza con los síntomas hasta que está conectada a ventilador mecánico pueden pasar 48 horas o una semana, pero en general es relativamente rápido. Por ejemplo, en el caso que tuvimos en 2019, pasaron 3 días y ella requirió conectarse a soporte ventilatorio. Puede ser muy rápido.

Lo más probable es que alguien se bajara del barco, paseara por allí y respirara las partículas virales desde la orina de algún ratón colilargo

En este caso, al ser la variante de los Andes, todo apunta a la escala que hicieron en Ushuaia. ¿Se podrá determinar cuál pudo ser el foco original?

Desconozco el estudio oficial. Lo que vi en prensa es que se hizo la secuenciación genómica y se comprobó que era virus Andes en una embarcación que había recalado en Sudamérica. Lo más razonable es pensar que el caso índice fue allí, o sea, alguien se bajó del barco, anduvo paseando por allí y respiró las partículas virales que se aerosolizaron desde la orina de algún ratón colilargo. Para reconstruir la cadena de eventos y el seguimiento de casos las herramientas científicas que tenemos son el nexo epidemiológico y la secuenciación genómica.

¿Cuál fue la conclusión que sacaron sobre cómo se originó aquel brote en 2019?

Se pudo establecer cuál fue el caso índice, la primera persona que probablemente lo obtuvo a través de la aerosolización de orina del ratón colilargo. Ese caso índice estuvo en contacto con otros cinco casos y hubo un bautizo donde salieron muchos casos más. Habían tenido contacto estrecho entre sí, contacto cercano. Algunos eran parejas, familiares, amigos, vecinos que habían compartido espacios cerrados. Culturalmente en esa localidad es ampliamente distribuido el consumo de mate. Tienes que pensar que para todos los efectos es parecido al COVID, pero con menor eficiencia o menor efectividad en la transmisión.

En el caso del crucero, entiendo que el primer paciente debió aspirar partículas de orina de ratón. ¿Hay algún tipo de comportamiento o situación como hurgar en cuevas, que sea origen de este tipo de brotes?

Lo más común es que estos casos son esporádicos, relacionados a transmisión roedor-humano. Habitualmente han sido personas que han ingresado a bodegas o galpones que estaban cerrados por mucho tiempo. Los casos aumentan en temporada de excursionistas. La recomendación es cuando hay una bodega cerrada, abrirla y dejar ventilar un par de horas antes de entrar, porque al entrar movilizas las partículas secas en el aire, o si te pones a barrer se ponen en suspensión y las respiras. Respecto de los excursionistas, la recomendación es no acercarse a orinar a vegetación frondosa cerca de cauces de agua, que es donde habita el ratón colilargo.

¿Cuánto tiempo sobreviven las partículas virales o se mantiene la amenaza en la orina de los ratones?

Las partículas del virus Andes pueden permanecer infecciosas en el ambiente por períodos variables que van desde 24 horas hasta 15 días, dependiendo de las condiciones ambientales específicas (húmedo hasta 15 días, seco hasta 24 horas). Para la limpieza de áreas contaminadas, se recomienda humedecer las superficies con desinfectante antes de limpiar para evitar la aerosolización de partículas virales, y nunca barrer en seco. Los desinfectantes a base de alcohol, aldehídos y peróxido de hidrógeno son efectivos para inactivar completamente el virus.

El ratón que hospeda el virus se alimenta de los brotes de la quila y cuando esta florece, sabemos que aparecen más casos de hanta. Si alguien llega con dolor de garganta, fiebre, malestar, le hacemos un test rápido

¿Puede suceder que llegue a ratones en Europa, por ejemplo, y empiecen a ser reservorios?

El reservorio principal en el Cono Sur, en Chile y Argentina, es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). No existen otros reservorios significativos para efectos de la transmisión del virus. Lo que sabemos hasta ahora es que el virus es solo del ratón colilargo. Quizás pueda contagiar a otros ratones, pero el R0 entre otras especies es menor a uno y el brote se frena. El ciclo natural es en ese roedor en particular, que se alimenta de los brotes de la quila y cuando esta florece, sabemos que aparecen más casos de virus hanta. Entonces, cuando florece estamos todos atentos a que si alguien llega con dolor de garganta, fiebre, malestar, le hacemos un test rápido de hanta. De hecho, en los hospitales rurales, hospitales muy básicos, muy lejanos, muy rurales, hay test rápido de virus hanta y uno lo tiene disponible, lo puede hacer. 

¿Se ha exagerado la atención mediática de este caso porque tenemos el precedente de la pandemia de COVID?

Sí, de hecho nuestro brote fue en febrero del 2019 y, salvo los interesados, el mundo no se enteró. La cercanía del COVID ha hecho que las personas tengan más claro el asunto del potencial pandémico, pero hoy día muere muchísima más gente en Gaza o en la guerra de Ucrania; no es materia de preocupación en términos relativos.

En medio del desierto de California, entre carreteras secundarias y plantaciones de dátiles, existe una “república” que no aparece en los mapas oficiales, pero que ya cuenta con decenas de miles de ciudadanos. Se llama Slowjamastan y, aunque no está reconocida por ningún país, tiene bandera, moneda, pasaportes… y una norma fundamental: aquí no se permiten las Crocs.

La historia de este experimento geopolítico comienza en 2020, cuando el locutor de radio Randy “R Dub!” Williams, frustrado por no poder completar su lista de países visitados durante la pandemia, decidió crear el suyo propio. Compró un terreno de apenas 4,5 hectáreas en el desierto y lo proclamó nación independiente, con él mismo como “sultán”.

Lo que podría parecer una broma privada se ha convertido en una comunidad global: más de 25.000 personas de unos 120 países han solicitado la ciudadanía de Slowjamastan. Ninguna vive allí de forma permanente, pero todas participan en una identidad colectiva construida en torno al humor, lo absurdo y cierta crítica cultural.

Entrar en este territorio no es sencillo: se requiere cita previa y, sobre todo, cumplir con un estricto código de normas. La más famosa es la prohibición de usar Crocs, una decisión que responde, según su fundador, a una simple cuestión de gusto personal. Otras reglas incluyen evitar el botón “responder a todos” en los correos electrónicos o no escuchar rap dentro del país.

Pero detrás del humor hay también una estructura sorprendentemente elaborada: Slowjamastan cuenta con su propia moneda, subdivisiones territoriales, pasaportes y hasta una patrulla “policial”. Su sistema político mezcla la autoproclamación autoritaria con decisiones simbólicas tomadas por la comunidad.

La micronación funciona principalmente en internet, donde sus ciudadanos comparten experiencias, imágenes de sus pasaportes y celebran eventos. Este carácter digital ha permitido que el proyecto trascienda su pequeño territorio físico y se convierta en una especie de nación global sin fronteras reales.

Un refugio lúdico en tiempos polarizados

El auge de iniciativas como Slowjamastan no es casual. Según diversos estudios sobre comunidades digitales y pertenencia simbólica, cada vez más personas buscan espacios alternativos donde escapar de la polarización política y social. Slowjamastan, con su prohibición explícita de discusiones políticas, encaja perfectamente en esta tendencia.

En ese sentido, esta micronación actúa como una especie de parodia del Estado moderno, pero también como refugio emocional. Sus ciudadanos no buscan soberanía real, sino una experiencia compartida que combine humor, identidad y desconexión del conflicto cotidiano.

Quizá por eso Slowjamastan resulta tan fascinante: no aspira a ser reconocida por la ONU, sino a cuestionar (con ironía) qué significa realmente ser un país. Y en ese juego, prohibir las Crocs es solo el primer paso.

El pasado 14 de marzo se cumplieron seis años desde que el Gobierno declarara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. También se cumplen seis años de unos protocolos sanitarios que fueron aplicados en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que priorizaban que ancianos con infección respiratoria fueran atendidos en las propias residencias y no en los hospitales. Esos 'protocolos de la vergüenza', según sostienen asociaciones como Marea de Residencias, provocaron la muerte de más de 7.000 personas en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2020. Y el asunto acabó siendo judicializado. ¿Pero en qué punto se encuentra la investigación de esos fallecimientos por parte de la justicia madrileña?

Entre 2020 y 2021 se llegaron a interponer alrededor de 350 querellas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid que iban dirigidas contra la presidenta Díaz Ayuso, contra el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y contra varios directores de residencias geriátricas. Los delitos que se les imputaban eran los de homicidio imprudente, prevaricación, denegación del deber socorro o trato degradante, al entender que fueron los responsables de impedir que esos mayores fueran tratados en centros médicos.

Esas primeras querellas, formuladas gracias al ánimo de abogados que actuaron por puro activismo social, según explican desde Marea de Residencias, corrieron diferente fortuna: algunas se agruparon, otras fueron archivadas y, en definitiva, quedan vivas a día de hoy unas 90 de ellas en diferentes juzgados. En las que fueron sobreseídas se optó por el recurso ante la Audiencia Provincial y, tras la confirmación de los diferentes archivos, se elevaron hasta 80 casos —siempre cifras aproximadas— por medio de recursos de amparo al Tribunal Constitucional.

Y ahí, por el momento, se congela el proceso para esos casos. ¿Por qué? Según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por elDiario.es, los recursos se estudian de manera agrupada y, dado que aún hay causas que no han sido archivadas, se debe actuar con la debida cautela. Entienden que una inadmisión de esos recursos de amparo podría suponer “una injerencia en la jurisdicción penal” porque tanto los hechos denunciados como las personalidades contra las que se va son los mismos en todas esas causas.

Advierten, sin embargo, de que pese a que de momento no se prevé cercano un pronunciamiento del Constitucional, sí se está discutiendo al respecto en las distintas secciones del tribunal de garantías constitucionales. Y reiteran que, si el Constitucional inadmitiera ahora un solo recurso, podría entenderse que invita a archivar las causas vivas y esto podría interferir en los procedimientos penales abiertos.

La vía del 511 del Código Penal

A esta primera vía siguió en 2024 una segunda en la que los familiares de las víctimas decidieron acudir con sus denuncias ante la Fiscalía para que fuera desde el Ministerio Público desde donde se impulsara una judicialización de la investigación. En total se presentaron 109 denuncias que atacaban el asunto desde el prisma del delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Ese tipo contempla penas de hasta dos años de cárcel para el cargo público o funcionario que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho y que lo haga por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, o por razones de aporofobia, e exclusión social, de la enfermedad que padezca o de su discapacidad.

Según explican desde Marea de Residencias, si bien en un inicio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, tardó un mes en derivar a los 'buzones fiscales' correspondientes esas denuncias, poniendo en riesgo que las mismas fueran judicializadas antes de que prescribiera el delito, finalmente llegaron a interponerse en diferentes juzgados entre 80 y 90 querellas (una vez más, una cifra no exacta y que choca con la que manejan otras fuentes jurídicas consultadas). Esto posibilitó, además, que causas ya archivadas —de la primera vía ya citada— fueran reabiertas de nuevo gracias a ese impulso fiscal y por ese nuevo delito.

Por medio de este cauce, los interesados sí que han podido ver desfilar a investigados ante diferentes sedes judiciales: es el caso de Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y firmante de esos 'protocolos de la vergüenza'; de Francisco Javier Martínez Peromingo, otro ex alto cargo que también se implicó en la elaboración de esos protocolos; y Pablo Busca Ostolaza, que dirigía las ambulancias del Summa 112 en lo más crudo de la pandemia.

La cuestión de competencia

En paralelo, se abrió otro 'melón' entre los diferentes juzgados con el asunto de la competencia. Gran parte de los familiares de las víctimas consideran que deben agruparse todas las querellas en el juzgado que primero decidió abrir causa, esto es, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, del que es titular la magistrada María Isabel Durántez. De hecho, varios resolvieron por auto inhibirse en favor de ese juzgado de Plaza de Castilla.

Pero Durántez no estaba de acuerdo con que su juzgado tuviera esa fuerza atractiva de las otras causas y acordó mediante auto que suspendía las declaraciones programadas y que delimitaba el objeto de su investigación a los hechos de la querella que había admitido. El asunto fue elevado por medio de una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial, que en diciembre de 2025 resolvió que Durántez tenía razón y que era necesario analizar cada uno de los supuestos de forma separada atendiendo así “a las circunstancias personales de cada víctima y a las de cada una de las residencias donde se encontraban ingresadas al tiempo de producirse su fallecimiento como consecuencia del Covid-19”. Y esto a pesar de que eran conscientes de que los ex altos cargos emprenderían un peregrinaje declarativo que les llevaría a múltiples juzgados para declarar en calidad de investigados.

A esa cuestión de competencia se sumó un recurso ante la Audiencia Provincial impulsado desde las acusaciones para que la Sección Primera entre a decidir si la resolución de Durántez debe ser revocada o confirmada. Será el próximo 16 de abril cuando los magistrados se citen para deliberar al respecto, y de ahí puede surgir una gran causa que aglutine todos los casos o puede confirmar la vía que se ha seguido hasta ahora y es que cada juzgado haga la guerra por su cuenta en un asunto que, en lo fundamental, es común a todos.

Esta 'espera', la enésima para las familias de las víctimas, se ha salpicado con diferentes decisiones, como la de un juez de Getafe que ha ampliado la imputación tanto para Mur como para Peromingo sumándoles un nuevo delito, el de prevaricación. Tomó esta decisión después de admitir parcialmente una ampliación de denuncia del PSOE, que ejerce en varios juzgados la acusación popular, y la acotaba a la investigación de “la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”.

Esta semana estaba citado a declarar como investigado Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, aunque se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía. A su salida, apuntó en declaraciones a los medios contra Fernando Simón y el Gobierno central: “Yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad”. Los familiares le han reprochado que cargase la culpa de lo sucedido en Madrid sobre Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Con todo, fuentes del entorno de las familias afectadas lamentan que hasta la fecha han visto poco interés por parte de la Justicia en llegar al fondo del asunto, aunque consideran que, si permanecen firmes en su reivindicación, al final los jueces no tendrán más remedio que entrar a valorar los diferentes casos y confían que se llegue a escalar a responsabilidades políticas. No obstante, advierten de que, después de lo que pasó en las residencias, si no se realiza una investigación judicial profunda, sería un reflejo de la sociedad muy lamentable.

La misma semana en la que se juzga el Caso Kitchen la casualidad ha querido que entremos de lleno también… en otro juicio, que afecta al PSOE, al Gobierno, y que es más reciente: el caso Koldo, que es también el caso Ábalos y es, a su vez, el caso mascarillas. Desde febrero de 2024 las investigaciones han desvelado que el virus de la corrupción llevaba años en el Ministerio de Transportes y dibujan un triángulo de corrupción formado por el ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

Juntamos todas las piezas de este caso con la narración de los periodistas de elDiario.es Elena Herrera y Javier Lillo. Podemos escuchar audios procedentes de las declaraciones en sede judicial, escuchas que se han encontrado en los teléfonos y declaraciones públicas de los protagonistas. Vamos a contar también con material de archivo de este podcast. Te dejamos también un documental en vídeo para ampliar la información que contamos en este episodio.

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'Caso Ábalos: la tríada de la corrupción': un documental de elDiario.es sobre el caso mascarillas

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