El pasado 14 de marzo se cumplieron seis años desde que el Gobierno declarara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. También se cumplen seis años de unos protocolos sanitarios que fueron aplicados en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que priorizaban que ancianos con infección respiratoria fueran atendidos en las propias residencias y no en los hospitales. Esos 'protocolos de la vergüenza', según sostienen asociaciones como Marea de Residencias, provocaron la muerte de más de 7.000 personas en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2020. Y el asunto acabó siendo judicializado. ¿Pero en qué punto se encuentra la investigación de esos fallecimientos por parte de la justicia madrileña?

Entre 2020 y 2021 se llegaron a interponer alrededor de 350 querellas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid que iban dirigidas contra la presidenta Díaz Ayuso, contra el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y contra varios directores de residencias geriátricas. Los delitos que se les imputaban eran los de homicidio imprudente, prevaricación, denegación del deber socorro o trato degradante, al entender que fueron los responsables de impedir que esos mayores fueran tratados en centros médicos.

Esas primeras querellas, formuladas gracias al ánimo de abogados que actuaron por puro activismo social, según explican desde Marea de Residencias, corrieron diferente fortuna: algunas se agruparon, otras fueron archivadas y, en definitiva, quedan vivas a día de hoy unas 90 de ellas en diferentes juzgados. En las que fueron sobreseídas se optó por el recurso ante la Audiencia Provincial y, tras la confirmación de los diferentes archivos, se elevaron hasta 80 casos —siempre cifras aproximadas— por medio de recursos de amparo al Tribunal Constitucional.

Y ahí, por el momento, se congela el proceso para esos casos. ¿Por qué? Según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por elDiario.es, los recursos se estudian de manera agrupada y, dado que aún hay causas que no han sido archivadas, se debe actuar con la debida cautela. Entienden que una inadmisión de esos recursos de amparo podría suponer “una injerencia en la jurisdicción penal” porque tanto los hechos denunciados como las personalidades contra las que se va son los mismos en todas esas causas.

Advierten, sin embargo, de que pese a que de momento no se prevé cercano un pronunciamiento del Constitucional, sí se está discutiendo al respecto en las distintas secciones del tribunal de garantías constitucionales. Y reiteran que, si el Constitucional inadmitiera ahora un solo recurso, podría entenderse que invita a archivar las causas vivas y esto podría interferir en los procedimientos penales abiertos.

La vía del 511 del Código Penal

A esta primera vía siguió en 2024 una segunda en la que los familiares de las víctimas decidieron acudir con sus denuncias ante la Fiscalía para que fuera desde el Ministerio Público desde donde se impulsara una judicialización de la investigación. En total se presentaron 109 denuncias que atacaban el asunto desde el prisma del delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Ese tipo contempla penas de hasta dos años de cárcel para el cargo público o funcionario que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho y que lo haga por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, o por razones de aporofobia, e exclusión social, de la enfermedad que padezca o de su discapacidad.

Según explican desde Marea de Residencias, si bien en un inicio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, tardó un mes en derivar a los 'buzones fiscales' correspondientes esas denuncias, poniendo en riesgo que las mismas fueran judicializadas antes de que prescribiera el delito, finalmente llegaron a interponerse en diferentes juzgados entre 80 y 90 querellas (una vez más, una cifra no exacta y que choca con la que manejan otras fuentes jurídicas consultadas). Esto posibilitó, además, que causas ya archivadas —de la primera vía ya citada— fueran reabiertas de nuevo gracias a ese impulso fiscal y por ese nuevo delito.

Por medio de este cauce, los interesados sí que han podido ver desfilar a investigados ante diferentes sedes judiciales: es el caso de Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y firmante de esos 'protocolos de la vergüenza'; de Francisco Javier Martínez Peromingo, otro ex alto cargo que también se implicó en la elaboración de esos protocolos; y Pablo Busca Ostolaza, que dirigía las ambulancias del Summa 112 en lo más crudo de la pandemia.

La cuestión de competencia

En paralelo, se abrió otro 'melón' entre los diferentes juzgados con el asunto de la competencia. Gran parte de los familiares de las víctimas consideran que deben agruparse todas las querellas en el juzgado que primero decidió abrir causa, esto es, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, del que es titular la magistrada María Isabel Durántez. De hecho, varios resolvieron por auto inhibirse en favor de ese juzgado de Plaza de Castilla.

Pero Durántez no estaba de acuerdo con que su juzgado tuviera esa fuerza atractiva de las otras causas y acordó mediante auto que suspendía las declaraciones programadas y que delimitaba el objeto de su investigación a los hechos de la querella que había admitido. El asunto fue elevado por medio de una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial, que en diciembre de 2025 resolvió que Durántez tenía razón y que era necesario analizar cada uno de los supuestos de forma separada atendiendo así “a las circunstancias personales de cada víctima y a las de cada una de las residencias donde se encontraban ingresadas al tiempo de producirse su fallecimiento como consecuencia del Covid-19”. Y esto a pesar de que eran conscientes de que los ex altos cargos emprenderían un peregrinaje declarativo que les llevaría a múltiples juzgados para declarar en calidad de investigados.

A esa cuestión de competencia se sumó un recurso ante la Audiencia Provincial impulsado desde las acusaciones para que la Sección Primera entre a decidir si la resolución de Durántez debe ser revocada o confirmada. Será el próximo 16 de abril cuando los magistrados se citen para deliberar al respecto, y de ahí puede surgir una gran causa que aglutine todos los casos o puede confirmar la vía que se ha seguido hasta ahora y es que cada juzgado haga la guerra por su cuenta en un asunto que, en lo fundamental, es común a todos.

Esta 'espera', la enésima para las familias de las víctimas, se ha salpicado con diferentes decisiones, como la de un juez de Getafe que ha ampliado la imputación tanto para Mur como para Peromingo sumándoles un nuevo delito, el de prevaricación. Tomó esta decisión después de admitir parcialmente una ampliación de denuncia del PSOE, que ejerce en varios juzgados la acusación popular, y la acotaba a la investigación de “la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”.

Esta semana estaba citado a declarar como investigado Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, aunque se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía. A su salida, apuntó en declaraciones a los medios contra Fernando Simón y el Gobierno central: “Yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad”. Los familiares le han reprochado que cargase la culpa de lo sucedido en Madrid sobre Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Con todo, fuentes del entorno de las familias afectadas lamentan que hasta la fecha han visto poco interés por parte de la Justicia en llegar al fondo del asunto, aunque consideran que, si permanecen firmes en su reivindicación, al final los jueces no tendrán más remedio que entrar a valorar los diferentes casos y confían que se llegue a escalar a responsabilidades políticas. No obstante, advierten de que, después de lo que pasó en las residencias, si no se realiza una investigación judicial profunda, sería un reflejo de la sociedad muy lamentable.

La misma semana en la que se juzga el Caso Kitchen la casualidad ha querido que entremos de lleno también… en otro juicio, que afecta al PSOE, al Gobierno, y que es más reciente: el caso Koldo, que es también el caso Ábalos y es, a su vez, el caso mascarillas. Desde febrero de 2024 las investigaciones han desvelado que el virus de la corrupción llevaba años en el Ministerio de Transportes y dibujan un triángulo de corrupción formado por el ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

Juntamos todas las piezas de este caso con la narración de los periodistas de elDiario.es Elena Herrera y Javier Lillo. Podemos escuchar audios procedentes de las declaraciones en sede judicial, escuchas que se han encontrado en los teléfonos y declaraciones públicas de los protagonistas. Vamos a contar también con material de archivo de este podcast. Te dejamos también un documental en vídeo para ampliar la información que contamos en este episodio.

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'Caso Ábalos: la tríada de la corrupción': un documental de elDiario.es sobre el caso mascarillas

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El Tribunal Supremo acoge a partir de este 7 de abril el juicio al mayor caso de corrupción que afecta al actual Gobierno: una presunta organización criminal con origen en el Ministerio de Transportes y que aprovechó la crisis del coronavirus para lucrarse. Casi una década después de conocerse durante las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a la dirección del PSOE, el exministro José Luis Ábalos y quien fuera su mano derecha, Koldo García, se sientan en el banquillo junto al empresario Víctor de Aldama, considerado el “nexo corruptor”.

Tres años de investigación han sacado a la luz la existencia de supuestos sobornos sistemáticos, adjudicaciones de contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros a cambio de mordidas y un presunto tráfico de influencias para colocar a la pareja de Ábalos en empresas públicas y sufragarle un alquiler de 2.700 euros mensuales. El final de esta etapa de impunidad comenzó a dibujarse en 2022 con una denuncia impulsada por el Partido Popular y que posteriormente dio paso a una investigación de la Fiscalía y la Guardia Civil, culminada con la detención de Koldo García en febrero de 2024.

Las pruebas incautadas y la confesión de Aldama —quien admitió haber pagado 350.000 euros en mordidas a Ábalos y Koldo y otras prebendas— estrecharon el cerco sobre el exministro. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que alcanzan los 24 años de cárcel para Ábalos por delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación. Para el exasesor, la petición es de 19 años y medio. Ambos están en prisión provisional desde el pasado noviembre e irán cada día a la vista en furgón policial. El juicio se prolongará durante cuatro semanas y comparecerán un centenar de personas entre acusados, testigos y peritos. 

22 de mayo de 2017

Ábalos, clave en las primarias del PSOE

José Luis Ábalos es uno de los coordinadores de las primarias que Pedro Sánchez gana a Susana Díaz y Patxi López. El nuevo líder del PSOE lo nombra Secretario de Organización, su 'número dos'. En esa campaña, Ábalos había conocido en Navarra a Koldo García.

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25 de octubre de 2017

Ábalos contrata a Koldo García como chófer

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Koldo García se traslada a Madrid para ejercer de chófer de Ábalos en su nueva labor como Secretario de Organización. Es Santos Cerdán, también recién nombrado Secretario de Coordinación Territorial, quien se lo recomienda.

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1 de junio de 2018

Ábalos defiende la moción de censura

Ábalos interviene en el Congreso en la moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez como candidato. "Crearon con su particular uso del poder un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas", criticó Ábalos.

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7 de junio de 2018

Ábalos es nombrado ministro de Fomento

Pedro Sánchez nombra a Ábalos ministro de Fomento. Tras haber establecido una relación de confianza durante la etapa en la que Koldo García fue su chófer, Ábalos lo nombra asesor.

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31 de agosto de 2018

"Lo tienes a huevo para hacer cosas"

La relación que vertebra la trama nace a finales del verano de 2018. El empresario Víctor de Aldama conoce a Ábalos y Koldo García gracias a su hermano Rubén, que ejercía como escolta del ministro. "Lo tienes a huevo para hacer cosas", le escribe Rubén a Víctor en un mensaje.

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4 de febrero de 2019

Ábalos, Koldo García y Aldama viajan a México

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Anticorrupción considera que este viaje es uno de los episodios que apuntan al grado de influencia de Aldama sobre el exministro y su asesor. El viaje tenía como objetivo promover los intereses de empresas españolas en México. Ábalos ha defendido que Aldama no formaba parte de la delegación.

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1 de marzo de 2019

Ábalos coloca a su pareja en Ineco

Koldo García presiona a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que contrate a Jéssica Rodríguez en la empresa pública Ineco. Le ordena iniciar los trámites y le advierte: "Si no José me corta los huevos". En su declaración en el Supremo, la mujer admitió que cobró sin ir a trabajar.

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Ábalos coloca a su pareja en Ineco

28 de marzo de 2019

Aldama empieza a pagar el alquiler de la pareja de Ábalos

La empresa de un socio de Aldama firma el contrato de arrendamiento de un piso en el que residía Jéssica Rodríguez. El alquiler es de 2.700 euros al mes. El empresario paga esa renta hasta septiembre de 2021. Un total de 82.298,40 euros.

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18 de octubre de 2019

La primera mordida: "Grandu 11500"

La capacidad de influencia de Aldama se sustentaba en el pago de sobornos a Koldo, a quien apodaba "Grandullón". La primera evidencia de esta "nómina" mensual de 10.000 euros en efectivo queda registrada en una nota creada por Aldama en su teléfono móvil, donde incluye el apunte: "Grandu 11500".

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21 de marzo de 2020

Primer contrato de mascarillas

Al estallar la pandemia, una empresa vinculada a Aldama resulta adjudicataria de cinco contratos de mascarillas por valor de más de 50 millones de euros. Dos de esos contratos los formalizan empresas dependientes del Ministerio de Transportes.

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8 de agosto de 2020

La nota de prensa sobre el rescate

El Ministerio de Transportes muestra en una nota de prensa el apoyo del Gobierno al rescate de Air Europa por la pandemia. Un día antes, Koldo García había enviado ese texto a Aldama, que lo remitió al CEO de la aerolínea para "tranquilizar a sus acreedores".

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14 de agosto de 2020

"Esto sale gratis por las molestias generadas"

La Fiscalía sostiene que Aldama pagó durante una semana el alquiler de un chalet en Marbella para Ábalos como contrapartida por la publicación de una nota de prensa apoyando el rescate de Air Europa, donde el empresario era consejero. "Esto sale gratis por las molestias generadas", le escribió Koldo García a Ábalos junto a una foto del chalé.

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10 de junio de 2021

Un socio de Aldama compra el chalé de Cádiz

Aldama recurre a Claudio Rivas y su red de hidrocarburos para comprar el chalet de lujo en La Alcaidesa, en Cádiz. A cambio, ambos pretendían recibir una licencia para la venta de combustible con la empresa Villafuel. La Guardia Civil cree que hay "múltiples evidencias" de que Ábalos hizo un "uso real" de ese chalé. Koldo García le envía a Ábalos el anuncio del chalé.

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10 de julio de 2021

Sánchez cesa a Ábalos como ministro

El presidente cesa de manera fulminante a Ábalos. Koldo García sale del Ministerio inmediatamente después. Pedro Sánchez nunca ha explicado los motivos de la destitución. Días después, Ábalos dimite como Secretario de Organización del PSOE y le sustituye Santos Cerdán.

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9 de diciembre de 2021

Transición Ecológica deniega la licencia a Villafuel

Once meses después de registrar la solicitud, el Ministerio de Transición Ecológica rechaza la licencia de operadora a Villafuel. En represalia, la sociedad dueña del chalet envía un burofax a Ábalos reclamándole las rentas de alquiler impagadas de agosto a noviembre.

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10 de marzo de 2022

Ayuso lleva a la Fiscalía los contratos de mascarillas

Alfonso Serrano, diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, presenta una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción que apunta a posibles irregularidades en doce contratos de material sanitario formalizados por la Administración General del Estado.

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22 de abril de 2022

La Fiscalía empieza a investigar

La Fiscalía abre diligencias tras la denuncia presentada por el PP de Madrid. Anticorrupción investiga durante más de un año y acaba presentando una denuncia en la Audiencia Nacional el 6 de septiembre de 2023.

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21 de febrero de 2024

La UCO detiene a Koldo García

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La UCO detiene a Aldama, Koldo García y otros implicados. En casa del exasesor, los agentes se incautan de tres móviles y una grabadora que son fundamentales para la investigación porque contienen las grabaciones secretas a Ábalos y Santos Cerdán.

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23 de octubre de 2024

El cerco se estrecha sobre el exministro

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno pide al Supremo que investigue a Ábalos por su "papel principal" en el caso. Al ser diputado, solo puede ser investigado por el alto tribunal.

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21 de noviembre de 2024

Aldama confiesa y sale de la cárcel

Aldama, que está en prisión provisional por el caso de los hidrocarburos, pide declarar ante el juez de forma voluntaria y afirma que pagó 250.000 euros en comisiones a Ábalos y 100.000 a Koldo García. La confesión le sirve para salir de prisión.

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12 de diciembre de 2024

Ábalos declara por primera vez en el Supremo

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Ábalos se sienta por primera vez delante de un juez para dar explicaciones. Durante tres horas, trata de rebatir los indicios que le acorralan. Afirma que "nunca" cobró comisiones.

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3 de noviembre de 2025

El Supremo manda a Ábalos y Koldo García al banquillo

Tras un año de investigación, el juez cierra la instrucción y propone sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama por los contratos de mascarillas. Les atribuye delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

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19 de noviembre de 2025

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. El fiscal Alejandro Luzón valora la "información relevante" aportada por Aldama, para el que rebaja su petición a siete años de prisión. Defiende que los tres formaron una "organización criminal" para lucrarse con contratos públicos.

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27 de noviembre de 2025

Ábalos y Koldo García entran en prisión

El juez envía a prisión provisional a Ábalos y Koldo García dado el "extremo" riesgo de fuga. La Fiscalía lo había solicitado al apreciar la posibilidad de que decidieran escapar a la acción de la Justicia por las elevadas condenas de cárcel a las que se exponen.

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7 de abril de 2026

Empieza el juicio en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo acoge el primer juicio por un caso de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez. La vista oral se prolongará hasta final de mes y testificarán decenas de testigos. El 28 de abril declararán Ábalos, Koldo García y Aldama.

7 de abril de 2026

Empieza el juicio en el Tribunal Supremo

Un juez de Getafe ha acordado imputar por un delito de prevaricación a Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y al que se investiga en diferentes juzgados por presuntamente participar en la elaboración de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza', que habrían impedido derivar a ancianos desde las residencias a hospitales de la Comunidad de Madrid en la primera ola del COVID-19.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor Luis Carlos de Isidro entiende que su juzgado sí es competente para admitir la ampliación de denuncia presentada por el PSOE, aunque lo hace parcialmente dado que debe acotar esa investigación “a la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”. Extiende su competencia a la participación que en ese asunto hubiera tenido otro de los ex altos cargos sanitarios de Isabel Díaz Ayuso, Francisco Javier Martínez Peromingo.

El juez hace este matiz en su resolución porque entiende que la formación pretendía con su ampliación que se investigaran unas órdenes “que afectan a todo el territorio de la Comunidad de Madrid y que fueron emitidas y confeccionadas en la localidad de Madrid”. Recuerda que las mismas solo tenían “efecto reflejo en la remisión de las mismas a la localidad de Getafe”, única en la que ostenta competencia territorial.  

En este sentido, abunda en que la investigación general del delito de prevaricación que se pretende desde el PSOE “excede claramente” de su competencia y, por tanto, considera “improcedente” parte de la ampliación de la denuncia.

La unificación

Cabe recordar que ya son varios los juzgados madrileños que tienen causas abiertas contra ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por esos protocolos y, según fuentes jurídicas consultadas, a lo largo del mes de abril habrá un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la posibilidad de que se acaben unificando en una sola causa.

Mur, que ostentó esa Dirección General durante ocho meses, fue el firmante de las distintas versiones de los llamados 'protocolos de la vergüenza'. Estos establecían quién podía o no ser trasladado a un hospital desde las residencias públicas y frenaron la derivación de dependientes, salvo la de aquellos que tenían seguro privado o vivían en su casa. Mur fue destituido de manera fulminante dos meses después de los protocolos, en mitad de la pandemia, y tras empezar a surgir denuncias de familiares. Él ha declarado en otro procedimiento que “coordinó, revisó, firmó y envió” los documentos a la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero argumenta que no fue su autor.

Mur fue sustituido en mayo de 2020 por Francisco Javier Martínez Peromingo, que hasta ese momento era geriatra en los hospitales gestionados por Quirón, una de las principales concesionarias en la sanidad madrileña, y, según declaró Mur, autor de otros borradores de los protocolos e interviniente en la redacción de los mismos desde esa posición, pese a que en ese momento estaba fuera de la cadena de mando de la Consejería. Peromingo reconoce su papel, pero apunta a Mur como responsable de los posibles elementos discriminatorios. En julio de 2023, Peromingo salió del gobierno regional de Ayuso para convertirse en jefe de Geriatría del buque insignia de Quirón en Madrid: la Fundación Jiménez Díaz.

En la ampliación de la denuncia, a la que también ha tenido acceso elDiario.es, el PSOE solicita ejercer la acusación popular en esta causa e indica que los hechos además de ser constitutivos del delito de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios también encajan en el tipo penal de la prevaricación administrativa. 

“Se debe investigar adecuadamente si las órdenes por las que se aprobaron los protocolos respecto de la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con COVID-19 durante la pandemia y que se aplicaron tanto en los hospitales como en las residencias de personas mayores, así como las decisiones de medicalizar las residencias para atenderlos que nunca se llegaron a materializar, pudieran ser constitutivos de otros delitos, en concreto el de prevaricación”, explica. 

En este sentido, hace mención al informe elaborado en el marco de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid elaborado por profesionales de varios sectores liderados por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. Resalta que ese trabajo concluía que “muchas de las personas fallecidas durante la pandemia del Covid-19 y que se encontraban ingresadas en residencias dependientes de la Comunidad de Madrid fueron víctimas no sólo de la enfermedad que acabó con sus vidas y la situación de pandemia general sino de las decisiones y protocolos que no contribuyeron a su salvación y que pudieron influir en su resultado fatal o incluso haber anticipado el hecho o haber aumentado el daño por falta de cuidados paliativos adecuados en una residencia”.

Y explica, refiriéndose a ese informe, que entre marzo y abril de 2020, murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid. De ellas, 7.291 lo hicieron en las residencias sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital. Y añade que los responsables sanitarios que tuvieron un papel decisivo en la gestión de la crisis del Covid-19 en las residencias de ancianos y centros de discapacitados, “establecieron unos protocolos de los que podrían derivarse responsabilidades penales” pues se aprobaron pese a que existían evidencias de las posibles consecuencias discriminatorias.

Tras realizar un repaso cronológico de qué pasos dio el gobierno de Ayuso hasta implementar esos protocolos incide en que se adoptaron “de manera arbitraria y con conocimiento de su injusticia” y que se trató de una “absoluta ilegalidad” dado que esa discriminación atentó al derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación que recoge la Constitución.

La propagación de infecciones entre especies depende de contactos concretos y de la forma en que los virus se adaptan a nuevos huéspedes. La pandemia de coronavirus mostró que el origen animal no es una hipótesis lejana, sino una realidad estudiada con detalle, y también dejó claro que no todos los animales implican el mismo nivel de amenaza.

El salto de un virus a humanos ocurre en situaciones específicas, sobre todo cuando los entornos naturales se transforman y aumentan los contactos. Además, las secuelas en personas que superan la enfermedad, desde problemas respiratorios hasta alteraciones neurológicas, han ampliado el impacto más allá de la fase aguda. Ese escenario obliga a localizar qué especies concentran mayor riesgo antes de que aparezcan nuevos brotes.

El riesgo se reparte de forma desigual dentro de los quirópteros

Esa necesidad de identificar focos concretos encaja con el trabajo dirigido por Caroline Cummings, de la University of Oklahoma, publicado en Communications Biology, donde un equipo analizó cerca de 900 especies de mamíferos para detectar qué grupos albergan virus con mayor capacidad de provocar epidemias.

El estudio no señala a todos los murciélagos como amenaza, sino que localiza el riesgo en ramas evolutivas específicas. Los investigadores revisaron datos de virus conocidos y su relación con distintos animales, y así delimitaron qué especies han estado vinculadas a enfermedades graves en humanos. La conclusión apunta a una concentración desigual del peligro dentro del mismo grupo animal.

Dentro de ese reparto desigual, ciertas familias destacan sobre el resto. Los datos muestran que no todos los murciélagos comparten el mismo perfil, ya que algunos concentran valores más altos de riesgo mientras otros apenas aparecen asociados a virus peligrosos.

Entre los grupos señalados figuran murciélagos insectívoros extendidos en varios continentes y especies que viven cerca de construcciones humanas, una circunstancia que aumenta la probabilidad de contacto. También aparecen zonas geográficas concretas donde coinciden estos animales con una fuerte presencia humana, como partes de África ecuatorial o el sudeste asiático, lo que eleva la posibilidad de transmisión.

Esa localización más precisa del riesgo cambia la forma de plantear la prevención. En lugar de estudiar todas las especies, los programas sanitarios pueden centrarse en regiones y animales concretos donde la interacción es más frecuente.

La OMS descarta culpar a especies y apuesta por vigilancia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que no hay que señalar a un animal como culpable, sino vigilar cómo se producen los contactos. Además, eliminar colonias no reduce el problema, ya que altera el equilibrio natural y puede aumentar la circulación de virus. La vigilancia dirigida, en cambio, permite detectar patógenos antes de que se expandan y ajustar las medidas de control en cada zona.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo desarrolló una herramienta específica que mide el riesgo de cada virus. Ese indicador, denominado potencial epidémico viral, combina varios factores, entre ellos la gravedad de la enfermedad, la facilidad de transmisión entre personas y el número de muertes registradas en brotes anteriores.

Con ese sistema, los investigadores compararon especies y detectaron patrones en el árbol evolutivo de los mamíferos. El resultado muestra que el riesgo no depende solo del animal, sino del tipo de virus que alberga y de su comportamiento en humanos.

Las cifras reflejan el alcance y las secuelas de la pandemia

El impacto en personas de estas enfermedades se entiende mejor al mirar las cifras. En España, el Ministerio de Sanidad registró 121.760 fallecidos por COVID-19 hasta finales de 2023, mientras que el Instituto Nacional de Estadística elevó el total a 150.426 al incluir casos confirmados y sospechosos.

Durante 2022, esa enfermedad fue la principal causa de muerte con 31.559 casos registrados. A escala mundial, las estimaciones superan los seis millones de fallecidos, una cifra que refleja la capacidad de estos virus para expandirse con rapidez. A ello se suman las secuelas que afectan a millones de personas, desde fatiga persistente hasta daños en órganos.

Los murciélagos de herradura concentran especial atención científica

Entre las especies señaladas con mayor atención aparecen los murciélagos de herradura, de la familia Rhinolophidae, ya asociados a coronavirus similares al SARS. Estos animales viven en colonias densas en cuevas de Europa, incluida España, el norte de África y amplias zonas asiáticas.

Al haber tantos ejemplares se facilita la circulación de virus entre individuos. Su tamaño reducido, entre cinco y siete centímetros, no impide que desempeñen un papel relevante en la transmisión.

Algunos estudios han analizado virus como el HKU5-CoV-2, capaz de infectar distintos mamíferos y de usar la proteína ACE2 para entrar en células humanas. Aunque no hay evidencia actual de contagio entre personas, la coincidencia entre estas especies y áreas con fuerte actividad humana hace que su vigilancia sea necesaria.

Un equipo de investigadores chinos ha diseñado una innovadora estrategia para evitar que los murciélagos propaguen y actúen como reservorios de virus letales: inmunizarlos mediante la liberación en su hábitat de “mosquitos-vacuna” que les transfieran la protección al picarlos o al ser ingeridos. En el trabajo, publicado en la revista Science Advances, los autores han demostrado experimentalmente que es posible prevenir la transmisión zoonótica de patógenos letales, como el virus Nipah y la rabia, mediante lo que denominan “vacunación ecológica”.

“Inmunizar a los murciélagos, particularmente a los que se encuentran en la naturaleza, podría servir como una medida proactiva para disminuir la transmisión zoonótica en su origen”, escriben los investigadores. El objetivo es impedir que las colonias de estos mamíferos actúen como reservorios naturales de una amplia variedad de virus interviniendo en su ecosistema.

Para ello, los autores usaron dos aproximaciones; además de usar mosquitos portadores de la vacuna, implementaron bebederos con una solución salina con la vacuna para lograr la vacunación por vía oral de los zorros voladores (huéspedes naturales del virus Nipah), que no se alimentan de insectos, sino de fruta. El virus Nipah, poco frecuente y transmitido por murciélagos, ha provocado infecciones humanas en distintos países de Asia y puede alcanzar una letalidad de hasta el 75%. Estos animales también pueden ser portadores de la rabia, una enfermedad que en personas resulta prácticamente mortal en todos los casos una vez se manifiestan los síntomas.

Una vacuna en la saliva

El primer paso del experimento se produjo en el laboratorio, donde los investigadores criaron mosquitos de la especie Aedes aegypti y los alimentaron con sangre que contenía la vacuna basada en el virus rVSV. Una vez ingerida, el equipo comprobó que el virus atenuado se replicaba en el interior del insecto y viajaba hasta sus glándulas salivales. A continuación, los científicos sometieron a los mosquitos a una dosis de radiación que los dejó completamente estériles y garantiza que no puedan reproducirse en el medio ambiente ni transmitir la vacuna a su descendencia. 

Para comprobar la eficacia de esta técnica, los investigadores realizaron primero experimentos controlados en el laboratorio: los animales expuestos a estos mosquitos (por picadura o ingestión) desarrollaron anticuerpos neutralizantes y sobrevivieron a dosis letales del virus. Además, para comprobar su viabilidad en la naturaleza, llevaron a cabo ensayos de cohabitación en espacios confinados donde los murciélagos interactuaron libremente con los mosquitos, induciendo respuestas inmunitarias robustas. De cara a un despliegue en el mundo real, los autores proponen liberar a los mosquitos esterilizados en hábitats específicos (como cuevas o árboles de descanso) utilizando barreras físicas o repelentes en los alrededores para evitar que se dispersen.

Para los murciélagos que se alimentan de fruta, los autores buscaron una alternativa oral. Las pruebas de laboratorio confirmaron que, al administrar la vacuna a través de pipetas, tanto ratones como hámsteres y murciélagos desarrollaron altos niveles de anticuerpos neutralizantes. Al ser expuestos a dosis letales del virus de la rabia, el 100% de los ratones y murciélagos vacunados sobrevivió, logrando resistir incluso a un segundo desafío meses después. De igual manera, los hámsteres inmunizados oralmente contra el letal virus Nipah lograron sobrevivir a la infección. Para lograr aplicar esta estrategia en la naturaleza, el equipo diseñó trampas de solución salina que aprovechan la necesidad innata de los murciélagos de buscar minerales, construyendo bebederos que emiten una neblina de sal para atraerlos. 

Los intentos de frenar enfermedades transmitidas por mosquitos mediante su modificación se centran sobre todo en especies del género Aedes, responsables de propagar virus como el dengue, el zika o el chikunguña. Hasta ahora, las dos principales estrategias han sido la liberación de mosquitos modificados genéticamente para que su descendencia no sobreviva, o bien hacerlos inofensivos, inoculados con la bacteria Wolbachia, que bloquea la replicación de virus en su interior. La primera estrategia tiene la limitación de que hay que liberar mosquitos de forma continua y a gran escala para mantener el efecto, y la segunda, aunque es más autosostenible, requiere un despliegue inicial complejo y un seguimiento prolongado para asegurar que la infección se establece y se mantiene. Con este planteamiento se suma una tercera estrategia en la que son los mosquitos los que portan la medicina para frenar la transmisión. 

Aplicaciones y dudas

Christian Gortázar, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), considera un gran logro que los autores hayan conseguido generar anticuerpos frente a rabia o Nipah en murciélagos tras alojarlos con mosquitos y tras ofrecerles agua salina con virus modificado. “Eso supone descubrir una nueva forma de administrar vacunas a murciélagos”, afirma. Sobre la aplicación que podrían tener estas tecnologías, cree que no sería factible aplicarlo a los miles de coronavirus “candidatos a emerger” que existen en múltiples reservorios. En otros casos, como el problema endémico de rabia transmitida por murciélagos vampiros (Desmodus rotundus) de América del sur, sí sería interesante. “Si fuese posible vacunarlos, podrían modificarse las estrategias de control actuales”, asegura. “E igual de interesante sería disponer de herramientas para prevenir los casos de Nipah y otros virus similares asociados a murciélagos frugívoros”.

David Roiz, también investigador del IREC, cree que es una idea atractiva e interesante, pero con una aplicación real muy limitada. “Me parece positivo en el sentido de que hay que buscar estrategias innovadoras”, explica a elDiario.es. “Recordemos que la primera vez que se propuso introducir mosquitos con Wolbachia para reducir la transmisión de dengue pareció una idea muy complicada y actualmente se está demostrando efectiva y rentable, al menos por un período”. 

Hay problemas de bioseguridad y la aceptabilidad social será limitada. Es una idea original, pero con evidencias débiles de que sea viable y efectiva

David Roiz — Investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)

Sin embargo, advierte el experto, la estrategia tiene algunos inconvenientes, como que podría afectar a otros animales y a personas, además de poder ocurrir potencialmente contaminación ambiental, a través de agua, heces u otros reservorios, dependiendo del virus. “Los efectos pueden ser limitados y no se sabe qué proporción debería vacunarse habiendo colonias de miles de murciélagos”, señala. “Además, hay problemas normativos de bioseguridad, hay que estudiar los costes económicos y la aceptabilidad social, que será limitada y no está ni mucho menos asegurada. En resumen, es una idea original, pero con evidencias débiles de que sea viable y efectiva”.

“Jeringuillas voladoras”

Elisa Pérez Ramírez, viróloga del CISA-INIA-CSIC experta en salud animal, coincide en que la propuesta es muy interesante, pero tiene algunas posibles limitaciones éticas, regulatorias y ecológicas. “Ya se inmuniza a los zorros contra la rabia con cebos orales y se han hecho otros experimentos para usar mosquitos como jeringuillas voladoras contra leishmania o zika, aunque en algunos casos no ofrecían protección completa y no se siguió investigando”, apunta. A su juicio, intervenir en los sistemas siempre tiene implicaciones ecológicas importantes y hay que tener mucho cuidado. 

“Habría que comprobar qué efecto tendría esto en humanos, así como la aceptación social, si la gente se entera de que están liberando mosquitos que podrían picarlos y vacunarlos”, señala Pérez Ramírez. Por eso, frente a la estrategia de los mosquitos, que es irreversible, suministrar la vacuna en bebederos le parece menos problemático, porque siempre se podrían retirar. En general, la idea de una vacuna voladora le parece muy sugerente y cree que el enfoque — además de ser de bajo coste— va en la línea acertada de considerar la salud global y actuar en las poblaciones animales. “Se trata de actuar antes de que se produzca el salto de la enfermedad a los humanos”, concluye.

Hemos conocido muchas Europas. Hace unos quince años la que se cebó con recortes para proteger la estabilidad de los más ricos, la de la prima de riesgo. La de los hombres de negro… La que nos desencantó. Hasta la pandemia, en 2020, la que redimió a Europa con una forma más amable de tratar la crisis. Pero luego llegó la guerra de Ucrania, el rearme y ahora… todo lo que ha desatado el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. La presidenta de la Comisión Europea ha tenido que rectificar unas palabras en las que aseguraba que Europa no podía ser la guardiana del viejo orden mundial. ¿Debe entonces primar la ley del más fuerte? ¿Esa es la Europa que deja Trump?

Lo abordamos con el corresponsal de elDiario.es en Estados Unidos, que también lo fue hace unos años en Bruselas, Andrés Gil. También con Mariano Aguirre, Investigador del CIDOB, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. 

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Se cumplen 6 años de la pandemia. Y han pasado 8 meses desde la aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de una Estrategia de Cronicidad que, por primera vez, incluía a la Covid Persistente entre las enfermedades crónicas.

Un tiempo en que nada ha cambiado para los pacientes. En el que su salud ha seguido empeorando y han continuado encontrándose con dificultades para la atención sanitaria. Un tiempo en que el hemos conocido la muerte por las complicaciones de la sintomatología de la Covid Persistente de una joven de 20 años, hace apenas unos días, en Madrid.

Cada mes que pasa, aumenta el riesgo para la salud y la vida de los más de 2 millones de españoles que han sufrido o sufren actualmente la enfermedad, según estudios poblacionales de consenso [1]. Solo en la en la Comunitat Valenciana son unos 165.000, según otro estudio poblacional de la Universitat Jaume I [2]. También se ve amenazada la salud para quienes contraerán esta dolencia a raíz de próximos contagios de Covid-19, un virus respiratorio que hemos normalizado, pero con complicaciones posteriores que pueden conllevar una pérdida severa de la salud y hasta la muerte.

Sabemos que la administración tiene sus plazos. Pero nosotros solo tenemos una vida. Y ya llevamos mucho tiempo esperando.

En estos ocho meses, por parte de las instituciones competentes en las comunidades autónomas, no tenemos noticia de la creación e implementación de protocolos para que los enfermos pasen al circuito asistencial de las dolencias crónicas. De manera que, por ahora, no pueden acogerse a programas que podrían ser beneficiosos para su salud y situación social, cada vez más agravadas.

Tampoco nos llega por parte de la administración central ninguna activación de mecanismos de control o acompañamiento para el cumplimiento con una Estrategia de Cronicidad que ellos mismos presentaron.

A las primeras, hemos de recordarles que la salud no puede ser un arma de oposición política. Y a las segundas, que la delegación de las competencias sanitarias no significa el abandono. La gestión sanitaria es una poderosa herramienta política y, en un Estado del Bienestar, debería de usarse siempre en beneficio de los ciudadanos.

¿Cuántos meses, cuántos años, cuántos muertos más hacen falta? ¿Pueden seguir escudándose unos y otros, gobierno central y administraciones autonómicas, en que es una enfermedad reciente, en que los servicios sanitarios están desbordados, en que no hay avances científicos concluyentes?

Lo que sí avanza es la enfermedad, que se agrava en la mayoría de afectados que lleva más de un año sufriéndola, con pérdidas crecientes a nivel cognitivo, de movilidad y autonomía en los casos más severos. Lo que también avanza es la aparición de nuevos casos, con cada oleada de contagio por nuevas cepas.

El tiempo corre en nuestra contra. Pero también en contra suya.

Porque habrán de explicarle a la sociedad y a su propia conciencia cómo, seis años después, todavía no han podido poner en marcha una estrategia asistencial que frene el empeoramiento de los casos, que minimice la pérdida de vidas, que impulse la investigación, que ofrezca un trato digno, humanitario y equitativo, como el que merece cualquier otro enfermo, a los pacientes de Covid Persistente.

Cada nuevo caso sin un protocolo asistencial específico suma nuevos motivos para la desconfianza en un Sistema Nacional de Salud que es de todos y que debería de atendernos a todos. Incluso a quienes somos el recuerdo del periodo más triste de nuestra historia reciente. Porque superar la pandemia no es dejar atrás a sus víctimas. Es atenderlas, dignificarlas y ofrecerles una esperanza.

[1] Al-Aly, Z., Davis, H., McCorkell, L. et al. Long COVID science, research and policy. Nat Med 30, 2148–2164 (2024). https://doi.org/10.1038/s41591-024-03173-6

[2] https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/02/23/covid-persistente-165-000-valencianos-sufren-secuelas-coronavirus-cinco-anos-despues-114557941.html

Lo anunció el pasado domingo y está empezando a hacerlo. El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León entre 2019 y 2021, Francisco Igea, ha comenzado a desvelar whatsapps con el presidente del Ejecutivo autonómico y candidato 'popular' a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, fechados en los primeros días de la pandemia, antes de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020. “Alfonso [Fernández Mañueco] no es el líder para cuando vienen mal dadas”, ha zanjado en un vídeo publicado a través de sus redes sociales.

Igea ha publicado en X varios mensajes en los que él pedía, el 9 de marzo de 2020 (lunes) un “consejo extraordinario” y le anunciaba su intención de convocar a los portavoces parlamentarios para pedirles “colaboración y lealtad” el día siguiente. Ese día siguiente, 10 de marzo, Castilla y León declaró a Miranda de Ebro en fase de “contención reforzada” por el alto número de casos. Ese miércoles convocó el consejo extraordinario, en el que se acordaron medidas y recomendaciones para el conjunto de la población.

El 14 de marzo -Sánchez ya había anunciado su intención de aprobar el Estado de Alarma el día anterior, con efecto a partir de ese sábado-, Francisco Igea solicitó convertir las recomendaciones en órdenes a través de la aplicación de la Ley Sanitaria autonómica para que estuvieran “cubiertas por el estado de alarma”.

Mensajes sin leer

El 15 de marzo, Francisco Igea, entonces portavoz del Ejecutivo autonómico, pidió a empresas y particulares equipos de protección para que los utilizaran los sanitarios y equipos de servicios mínimos. Después de este anuncio, Igea escribió a Mañueco: “Llámame si puedes. He hablado por Whatsapp con [Javier] Izquierdo -entonces delegado del Gobierno, que dimitió como secretario de Estudios y Programas del PSOE en diciembre de 2025 en medio de la crisis por las denuncias de comportamientos machistas dentro del PSOE- y casi lo mando a tomar por culo”. Una hora y media después, sin ninguna respuesta de Fernández Mañueco, Igea le preguntó: “¿Todo bien?”. Otra hora después, le respondió el presidente del Ejecutivo: “Todo bajo control. Whatsapp superado”. Igea reconoce el “exitazo” del llamamiento para colaborar en el suministro de equipos de protección y propuso a Fernández Mañueco que fuera él quien dé las gracias al día siguiente. “El Gobierno cabreado ha salido a requisar el material después de que nosotros lo hayamos conseguido por las buenas”, apostilló en su mensaje.

Igea también ha colgado un vídeo que acompaña a los pantallazos de Whatsapp, en el que ha ironizado por que Fernández Mañueco insista en la campaña electoral en que Vox les dejó “tirados” en el gobierno cuando “vinieron mal dadas” -en referencia a la marcha de Vox de todos los gobiernos autonómicos cuando pactaron un reparto de menores extranjeros no acompañados que vivían en Canarias con grandes dificultades por la falta de recursos-.

“Recuerdo lo que hizo del 8 al 15 de marzo, quién le exigía que había que convocar consejos de gobierno extraordinarios, solicitar el estado de alarma y cómo él decidió inhibirse del llamamiento a la población y a las empresas para que nos proporcionaran un material que no llegaran porque los mercados estaban 'rotos' y el Gobierno era incapaz de proporcionarnos los equipos de protección que necesitábamos”, ha reprochado el exvicepresidente autonómico, que dejó el cargo cuando Fernández Mañueco adelantó las elecciones en diciembre de 2021 de manera sorpresiva.

“Recuerdo quién salió a dar la cara, quién recibió las presiones del delegado del Gobierno [Javier Izquierdo] y qué es lo que hizo Alfonso. [Él] No es el líder para cuando vienen mal dadas”, ha zanjado Francisco Igea, procurador en las Cortes durante la pasada legislatura, que ha anunciado que contará “más cosas”.

Este domigno, Igea anunció un serial en la última semana de campaña para que los ciudadanos sepan “cómo es el presidente de verdad” cuando “de verdad vienen mal dadas”.

En un segundo vídeo, Igea ha recordado cómo le “presionaba” para que no tomara decisiones que afectaran a la hostelería, con encuestas de opinión. “Él [Fernández Mañueco] quería ser Ayuso porque había visto que a ella le venía bien y decidió que no hubiera más restricciones en navidades. Tuvimos una incidencia terrible y hubo que poner el mítico toque de queda 'del orto al ocaso'”, ha aseverado, en referencia a cuando se confinó a la población a las 20 horas.

“Fue una brillante idea del director general de Servicios Jurídicos, luego consejero [Luis Miguel González Gago], que apoyamos porque no se nos hizo caso en su momento. Y, naturalmente, el que se llevó ese marrón a la espalda fueron un servidor y la consejera [de Sanidad, Verónica Casado] , que éramos los malos a los que había que criticar por estas medidas”, ha agregado.

Igea ha publicado pantallazos de Whatsapp (incluido un meme sobre el toque de queda que vivió Castilla y León en 2021) en los que Fernández Mañueco le envió un sondeo sobre la opinión de la sociedad respecto a las restricciones: “El rechazo es no solo de los empresarios. Hay que tener paciencia e ir abriendo, y que la gente perciba que su sacrificio sirvió para algo”, agregó, según los mensajes.

Buscar la verdad de manera incansable puede convertirse en una lucha constante para todas aquellas víctimas que no forman parte del relato oficial. Lo saben bien las familias de las 7.291 personas mayores, usuarios de residencias, que murieron en los dos primeros meses de la pandemia en la Comunidad de Madrid, entre marzo y abril de 2020, sin que fueran derivadas a hospitales. Y en esa búsqueda de la verdad surgió en 2024 el documental ‘7291’, cinta que llegó a 1,3 millones de hogares en marzo del año pasado, cuando TVE lo emitió no sin antes causar cierto revuelo en el Gobierno regional. Este fin de semana culmina el estreno de la versión extendida de la cinta, con cuatro capítulos que casi alcanzan las cuatro horas en total, en los Cines Verdi de Madrid. “Ahora incido mucho más en el relato de las familias”, sostiene Juanjo Castro, el director del trabajo.

La idea brotó después de leer “Morirán de forma indigna” (Libros del KO, 2022), escrito por Alberto Reyero, político de Ciudadanos que durante la pandemia era consejero de Servicios Sociales en el gabinete presidido por Isabel Díaz Ayuso. “No me podía creer lo que contaba en el libro, así que empecé a investigar. Primero me vi la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que no acabó sus trabajos. Cuando vi que colectivos y expertos preparaban una comisión ciudadana por la verdad en 2023, me animé a hacer el documental”, relata este realizador.

Tanto la cinta original, que llega a las dos horas de duración, como ahora su versión extendida utilizan datos oficiales para contar aquella desgracia basada en una decisión política y una coyuntura de emergencia sanitaria. “Siempre he intentado ser muy objetivo. Es un tema muy polémico, no soy tan ingenuo de pensar que no, así que he utilizado principalmente los testimonios de los responsables que hablaron en la Asamblea y de las trabajadoras y familias que participaron en la comisión ciudadana”, aclara el mismo Castro.

El metraje “comercial”, como él lo llama, llegó a las salas en noviembre de 2024, y hubo pases hasta mayo del año siguiente. La distribución también fue cosa del director. “Se produce mucho y hay pocas salas, y siendo un documental la cosa se complica aún más, y ya ni te cuento si el tema es controvertido”, concreta. Todo valió la pena. Tanto entonces como en estos nuevos pases en los Cines Verdi, el clima que se crea tras visualizar la cinta es tan enriquecedor para Castro que ya se da por pagado. “Yo digo que soy millonario del cariño que he recibido”, comenta. De los 70 pases aproximados que lleva a sus espaldas, en torno al 90% de ellos ha sido con un coloquio con el director después.

Siempre he intentado ser muy objetivo. He utilizado principalmente los testimonios de los responsables que hablaron en la Asamblea y de las trabajadoras y familias que participaron en la comisión ciudadana

Juanjo Castro — Autor del documental

Rabia y dolor al revivir lo sucedido

María Jesús Valero Pablos es una de las personas que aparece en ‘7.291’ tras participar en la comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid. Su padre falleció el 26 de marzo en el Centro de Mayores Usera Cristo de la Victoria. “Denegaron su derivación al hospital. Estuvo agonizando cuatro días sin que le atendieran con el oxígeno que necesitaba”, rememora. También recuerda que el día que se enteró de que habría un documental de lo sucedido sintió una inyección de optimismo: “Pensar que hay personas que no son afectados directos pero que están interesados por este asunto da cierta alegría”.

Ella también es presidenta de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia y no olvida el día en que vio por primera vez el documental de Castro. “Sentí mucha impotencia. Saber que todo es tan claro, pero que los investigados siempre decían que no sabían nada del tema… Da mucha rabia y dolor”, detalla. Sin embargo, esa rabia y dolor son necesarios para saber lo ocurrido, agrega.

Esta jubilada de 70 años que ha trabajado cuatro décadas en una promotora inmobiliaria reitera que las familias “no se han inventado nada”, a pesar de los intentos de hacer pensar lo contrario y los insultos por parte de Ayuso y su entorno. “Seis años así son muy duros. Cuando luchas y al menos hacen que te escuchan, pues bueno, pero cuando encima encuentras este maltrato por parte del Gobierno que ordenó los protocolos mortales para nuestros familiares, todo es más cruel”, explica.

Ella, que ha llegado a ver hasta en nueve ocasiones ‘7.291’ para participar en los coloquios con el público, anima a hacer lo propio con la versión extendida del documental. “Necesitamos saber todo lo que se pueda saber. Cualquier información es importante”, remarca.

La versión extendida, el primer montaje

Castro sabe que su trabajo no va a conseguir recuperar a aquellas 7.291 personas fallecidas, que fueron más, en las residencias madrileñas. “Pero como sociedad tenemos que saber qué ha pasado. Si ocurre algo parecido, ¿volverán a tomar las mismas decisiones? Tenemos que aprender de lo ocurrido, porque lo que ocurrió es muy grave”, concede en declaraciones a elDiario.es. Y para explicar lo que vivieron tanto trabajadoras como usuarios y familiares durante marzo y abril de 2020, dos horas era poco tiempo.

Seis años así son muy duros. Cuando luchas y al menos hacen que te escuchan, pues bueno, pero cuando encima encuentras este maltrato por parte del Gobierno todo es más cruel

María Jesús Valero Pablos

“La versión extendida es casi el primer montaje que hice del documental porque me encontré con muchísima información que tuve que reducir”, apunta. Castro no se saca ningún conejo de la chistera ni descubre nada nuevo que no hubiera contado ya, pero sí tiene la oportunidad de detenerse en el relato de las familias. “Los protagonistas son las personas que fallecieron, pero en el documental son sus familiares”, abunda.

No son los únicos que tienen más tiempo para compartir su experiencia. Castro ha decidido incluir más cortes de la comisión de investigación de la Asamblea madrileña que se habían quedado fuera en un primer momento. Lo mismo sucede con otros temas no determinantes pero que, ahora, tienen cabida en la cinta. En esta ocasión la aportación de datos es algo más reposada y espaciada, por lo que el público no recibe tanta información en poco tiempo. Por el momento, el nuevo trabajo se ha estrenado en los Cines Verdi y posteriormente se podrá alquilar en la web del director y en una distribuidora.

Un documental para la búsqueda de la verdad

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, cree que esa cifra de 7.291 es engañosa. Su madre, que murió a consecuencia de una derivación tardía al hospital, no está incluida en ella. Vivía en la Residencia Los Frailes de Leganés. La responsable se equivocó con el geriatra de enlace y dijo que sí se podía valer por sí misma. “Por eso la ingresaron, si no se hubiera quedado en la residencia”, dice la hija. Llegó al hospital el 5 de abril, pero el 1 de mayo el corazón de la madre de López se apagó. Por eso afirma que fueron más. En concreto, 9.470, el número de residentes usuarios de centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid que perdieron la vida —no solo por Covid— en los dos peores meses de la pandemia.

“El documental ha supuesto un paso de gigante en la búsqueda de la verdad porque mucha gente ni se podía imaginar lo que estaba ocurriendo”, destaca López. Esta jubilada de 66 años, cuyos últimos 15 ha trabajado en una multinacional, recalca que otro puntal de la cinta es que muestra la situación de las residencias: “Aquello fue tremendo para trabajadoras, que sufrieron mucho, y para residentes”.

A pesar de la versión extendida de ‘7.291’, todavía hay cosas que se han dejado sin contar por falta de tiempo material para ello, según López. De todas formas, la producción de Castro da buena cuenta de cómo las decisiones políticas tuvieron consecuencias nefastas para uno de los sectores más dependientes de la sociedad. “Todos tendríamos que conocer bien esas decisiones para que sepamos a qué tipo de responsables políticos elegimos”, concluye la portavoz de Marea de Residencias.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones. En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal central, informa la Audiencia Nacional.

En este caso, Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.   

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la aerolínea Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela, según consta en la querella presentada por el Ministerio Público.

Anticorrupción impulsa la causa que arrancó en un juzgado de Madrid y que llevó en diciembre a la detención del presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez, y del consejero delegado, Roberto Roselli. 

El caso ha adquirido gran relevancia mediática pese al secreto de las actuaciones. El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que comparecer este lunes en el Senado por decisión del Partido Popular debido a su relación personal y laboral con uno de los detenidos en la operación por el rescate de Plus Ultra, Julio Martínez.

Zapatero admitió su labor como consultor y admitió sus trabajos para este empresario, pero ca negó cualquier tipo de cobro por gestiones con el régimen venezolano o por el préstamo de 53 millones de dinero público a Plus Ultra, la aerolínea que está en el punto de mira de la Justicia por el presunto “uso ilícito” de parte de los fondos obtenidos con ese rescate. 

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se gana la vida desde hace años con su actividad privada: trabajos de consultoría para distintas empresas y conferencias bien remuneradas. Es autónomo y paga a Hacienda el 45% de lo que factura, según cuenta su entorno. La imputación de su cliente, amigo y empresario Julio Martínez en el caso Plus Ultra —el supuesto desvío para fines ilegales de parte del préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a esta compañía— le ha puesto en aprietos.

La empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, pagó desde su creación en febrero de 2020 y hasta 2025 unos 600.000 euros brutos al consultor Zapatero y a la empresa de sus hijas por trabajos de asesoría y mercadotecnia, según adelantó El Mundo. A la vez, Julio Martínez ha ingresado en este tiempo con Análisis Relevante casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías externas relacionadas, entre otras cuestiones, con problemas de la compañía aérea en Venezuela.

El PP sospecha que Julio Martínez puede ser el testaferro de Zapatero para sus negocios en el país latinoamericano y ha citado en el Senado al expresidente del Gobierno para que responda sobre todas las sospechas de corrupción que han difundido contra él en los dos últimos años, entre ellas el supuesto regalo de una mina de oro en Venezuela.

El rescate de Plus Ultra: un préstamo de 53 millones a una compañía con tres aviones y 350 trabajadores. El 9 de marzo de 2021, casi un año después del decreto de alarma que cerró España por la pandemia, Plus Ultra recibió del Gobierno 53 millones de euros en dos préstamos (uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones) para evitar su quiebra por inactividad.

El gestor y máximo responsable del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas era Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, nombrado para ese puesto en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Lora declaró en el Senado que no había recibido presiones de ningún miembro del Gobierno para adjudicar los préstamos a empresas en crisis, entre ellas a Plus Ultra: “Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado”. Hasta el pasado diciembre, Plus Ultra había cumplido con las obligaciones comprometidas en la concesión de los dos préstamos y ya había devuelto nueve millones de euros en intereses.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró a Plus Ultra, con licencia tipo A concedida en 2015, una compañía esencial como las otras 19 del mismo tipo existentes en España. Plus Ultra “tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros, generó empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500. Por tanto, es una compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa, y cumple los criterios para recibir ayudas vinculadas al Fondo de Solvencia”, explicó Montero en el Congreso cuando le preguntaron por el rescate.

El PP consideró insultante y sospechosa la ayuda del Gobierno a una compañía con una flota de apenas tres aviones (dos A340-300 y un A340-600) y una cuota de mercado “de un 5,9%, con lo cual queda muy lejos de ser una empresa estratégica y, por tanto, susceptible del rescate concedido”. Plus Ultra realizó 765 operaciones en 2019 sobre un total de 1.155.070 operaciones de pasajeros internacionales desde los aeropuertos españoles; y en el año siguiente, en plena pandemia, hizo 220 de un total de 352.652 operaciones.

La formación conservadora preguntó a distintos ministerios si los accionistas de Plus Ultra estaban siendo investigados por blanqueo de capitales en Andcapital Bank Internacional, o sobre los préstamos que tenían en Gibraltar o Suiza, o sobre los vínculos de una parte de la propiedad con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. No obtuvo respuesta.

Zapatero niega ahora que hiciera gestiones con miembros del Gobierno español para el rescate de la aerolínea, y mucho menos que cobrara por nada relacionado con esa operación. La única reunión que mantuvo con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, fue posterior a la aprobación de la ayuda a Plus Ultra, según su entorno, y no trató sobre esa cuestión. Los informes que elaboraba para Análisis Relevante, cuentan, no trataron aspectos relacionados ni con este rescate ni con Venezuela.

La Fiscalía Anticorrupción presentó hace dos meses una querella por “uso indebido” de una parte del rescate de 53 millones de euros para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela. El pasado 12 de diciembre, la policía detuvo al presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; al consejero delegado, Roberto Roselli; y al asesor externo de la compañía y amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez. La Policía halló una especie de contrato por el que este empresario que contrató a Zapatero y a sus hijas cobraría de Plus Ultra una comisión del 1% (530.000 euros) en caso de que se lograra el rescate. También se hallaron 300.000 euros en billetes que Martínez Martínez atribuyó a la venta de una vivienda no declarada a Hacienda.

Análisis relevante: una empresa sin casi clientes que contrató a la familia Zapatero. Julio Martínez fundó la consultora Análisis Relevante en febrero de 2020, en vísperas de que España entrara en una larga pausa para combatir el coronavirus con un decreto que prohibió la mayoría de actividades económicas y encerró a los ciudadanos en sus casas.

Sergio Sánchez, un cargo relevante en el CNI durante el mandato del general Félix Sanz Roldan (2009-2019), adquirió por 1.000 euros el 25% de Análisis Relevante, una sociedad cuyo objetivo era conseguir clientes a los que vender informes geoestratégicos. Según ha explicado Sánchez a El Mundo y a El País, los clientes nunca llegaron, y él escribió los informes, por los que cobró apenas 18.000 euros mientras la empresa de las hijas de Zapatero se dedicaba a maquetarlos para enviarlos a los potenciales clientes.

Asegura que nunca supo que la empresa de la que era dueño en parte asesoraba a Plus Ultra. El entorno de Zapatero sostiene que Sánchez miente sobre los informes porque el expresidente escribió a mano muchos de ellos. Preguntado por esta circunstancia, Sergio Sánchez evita entrar en polémicas y se ciñe a lo explicado respecto a su participación en una empresa de la que ya no forma parte.

El falso regalo de una mina de oro en Venezuela. Hugo Armando el 'Pollo' Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana durante el mandato de Hugo Chávez y opositor al Gobierno de Nicolás Maduro desde 2019, desmintió desde la cárcel de Estremera (Madrid) un bulo que él mismo ayudó a difundir, que ya cumple cuatro años de vida y en el que se basan algunas de las denuncias presentadas y archivadas por la Audiencia Nacional contra Zapatero por narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros delitos. El 'Pollo' Carvajal envió en 2023 una carta manuscrita a Zapatero donde le pedía disculpas por las mentiras difundidas sobre el supuesto regalo de una mina de oro por parte del régimen venezolano y se comprometía a “subsanar el malentendido”.

La información publicada por primera vez en octubre de 2021 se basaba en un escrito del propio Hugo Armando Carvajal en el que denunciaba que “el hecho” de que una política colombiana, Piedad Córdoba, fallecida en 2024, señalara a Zapatero como “beneficiario de una mina donde predomina el oro y el diamante, ubicada en el extremo sureste del Estado Bolívar, fronterizo con la República Federativa de Brasil (…)” constituía “una prueba de cómo Nicolás Maduro privilegia, manipula y corrompe a políticos europeos que le dan reconocimiento internacional, a cambio de respaldar y avalar sus crímenes y violaciones de los derechos humanos en perjuicio del pueblo venezolano”. Una declaración confusa de Piedad Córdoba citando el nombre de Zapatero alentó una teoría conspirativa sobre la que no existía ni una sola prueba.

La asociación ultraderechista HazteOír presentó hace dos meses una querella contra Zapatero que aireaba el bulo de la mina de oro. El magistrado Antonio Piña archivó la denuncia tras pedir opinión a la Fiscalía: “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”. “Ni se puede afirmar el incremento patrimonial que se indica en la querella, ni que el mismo tenga relación con una actividad delictiva (...). Tampoco puede sostenerse que la colaboración con el Gobierno de Venezuela que en determinados ámbitos haya podido tener Zapatero sea suficiente para considerar que ayudaba de forma consciente al sostenimiento de una organización criminal”, escribió el juez Piña.

Durante los dos años que Hugo Armando Carvajal pasó en las cárceles españolas trató de evitar su traslado a Estados Unidos para ser juzgado. Su principal instrumento de persuasión consistió en ofrecer al juez información sobre tramas de corrupción en Venezuela que implicaban a dirigentes de Podemos. Carvajal llegó a denunciar sin pruebas que la petrolera PDVSA había pagado cientos de miles de euros a políticos de Podemos y que incluso uno de sus dirigentes, Juan Carlos Monedero, había llegado a recoger en mano en un hotel de Caracas 600.000 dólares que habían salido de la embajada de Cuba en la capital venezolana. Estas maniobras para evitar la extradición a cambio de lanzar acusaciones contra políticos de los partidos que gobernaban entonces España resultaron inútiles.

Unos meses antes de ser extraditado a Estados Unidos, el 'Pollo' Carvajal escribió una carta dirigida a Zapatero en la que empezaba ensalzando “su altura personal y compromiso democrático” y agradeciéndole sus gestiones para lograr la libertad de Miguel Rodríguez, primer ministro del Interior del Gobierno de Maduro (2013-2014) que acabó detenido y encarcelado por el régimen venezolano (2018) y pasó cuatro años preso hasta que fue expatriado a España.

Zapatero lleva más de 10 años negociando con el régimen de Maduro la liberación de presos políticos en Venezuela. Ha conseguido la libertad de más de 100 personas. Uno de los últimos en salir libre el pasado enero, Enrique Márquez, líder opositor venezolano, agradeció así el trabajo del expresidente español: “Cuenta con todo mi amor y cariño. Se portó con mi esposa como un hermano mientras yo estuve preso, la atendió, la consoló y le habló de esperanza y posibilidades. Y hoy si creo que el presidente Zapatero juega un papel aún hoy en Venezuela y espero que el tiempo lo reivindique dentro de una guerra de intolerancia que hay no solo en Venezuela sino también en España”.

Hugo Armando Carvajal señalaba en su carta de 2023 que fue un error no desmentir las acusaciones contra Zapatero y ensalzaba el hecho de que el expresidente calificara “sabiamente” de “surrealista” la información difundida sobre la mina de oro. El 'Pollo' Carvajal explica que las declaraciones de la política colombiana Piedad Córdoba en las que él se basó para sus acusaciones estaban “sacadas de contexto” y se ofreció a aclarar la “situación incómoda” y “subsanar el malentendido”. El exjefe de contrainteligencia militar venezolano admite que “medios de derechas” le llamaron, pero no quiso contestar: “Se nota la mala intención cuando se refieren a usted”.

El 'Pollo' Carvajal, encarcelado en España desde septiembre de 2021 a julio de 2023, rompió en 2019 con el Gobierno de Maduro, a quien acusó de asesinar a cientos de jóvenes en las calles y de matar a otros muchos venezolanos por falta de medicamentos y seguridad. La Audiencia Nacional autorizó en 2023 su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.

El pasado 25 de junio, el fiscal estadounidense Jay Clayton anunció que Hugo Armando Carvajal se había declarado culpable de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y de participar en actividades de narcoterrorismo para beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), delitos castigados en Estados Unidos con penas que llegan hasta la cadena perpetua. Clayton acusó al 'Pollo' Carvajal de coordinar en 2006 el envío de 5,6 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela en un DC-9 con matrícula. El avión había despegado en Venezuela y aterrizado en México donde las autoridades frustraron la operación y se incautaron del cargamento de droga.

El empresario y comisionista Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene ahora que no cometió los delitos fiscales por los que será enjuiciado. Antes había admitido de manera oficial todo lo contrario: confesó a través de su abogado el doble fraude fiscal ante los inspectores de Hacienda en octubre de 2023 cuando descubrieron múltiples engaños en sus declaraciones tributarias, intentó devolver lo defraudado cuando ya no podía, y acordó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en junio de 2024 un relato de hechos donde admitía dos delitos a cambio de ver rebajada la petición de cárcel a sólo ocho meses.

Entre la admisión de su culpa y la defensa de su inocencia ha pasado más de un año y un juicio en el Supremo donde cinco de los siete magistrados del Tribunal condenaron sin pruebas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados sobre Alberto González Amador. El fiscal general del Estado difundió una nota en la que informaba que el comisionista había propuesto un acuerdo de conformidad en el que admitía los delitos cometidos. De esa manera, el fiscal general desmentía el bulo lanzado por el entorno del novio de Ayuso y publicado por determinados medios de comunicación para denunciar en falso una cacería política de los poderes del Estado contra González Amador.

La defensa del novio de Ayuso dedica la mitad del escrito presentado el jueves en el juzgado a detallar la sentencia del Supremo que inhabilita al fiscal general del Estado por revelar el dato reservado de la confesión de culpa del empresario. Los abogados plantean esta circunstancia para denunciar que se ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de su cliente ante el juicio que tiene pendiente por dos delitos fiscales.

El Tribunal Supremo dedicó dos páginas de su sentencia a argumentar por qué la condena al fiscal general no podía utilizarse para pedir la anulación del juicio a González Amador por el doble fraude: “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad y en derecho sobre las pretensiones acusatorias, en su caso, articuladas. Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido. Y que, en consecuencia, saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio”, señala el fallo.

El origen de la causa penal abierta a González Amador es la declaración defraudatoria que presentó ante Hacienda en mayo de 2021, cuando ya mantenía una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La declaración del Impuesto de Sociedades de Maswell Cremona, la empresa propiedad de González Amador, incluyó unos gastos de 620.000 euros en 2020 por el pago de una supuesta comisión a una empresa mexicana, MKE. El contrato de colaboración con MKE que González Amador aportó a Hacienda establecía que eran necesarios nuevos contratos para abonar comisiones por cada negocio logrado en México. Pero nunca hubo nuevos contratos, ni tampoco negocios por los que pagar comisiones. Cuando la Inspección pidió explicaciones sobre esa factura, González Amador decidió anularla. Entonces, la Agencia Tributaria concluyó: “Se hizo para eludir parte de la tributación”.

El empresario había logrado como comisionista en 2020 el negocio de su vida en los peores meses de la pandemia. Ganó casi dos millones de euros como consecuencia de intermediar en una compraventa de mascarillas por la que facturó el 4,5% del monto de la operación. González Amador puso en contacto a una empresa gallega, MAPE, con la firma catalana FCS, que adquiría el material en China. Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, la firma a la que facturaba sus servicios González Amador antes del pelotazo de las mascarillas, era a su vez consejero de MAPE, la sociedad que adquirió el material a FCS en una operación que enriqueció al novio de Ayuso.

Cuando González Amador ya sabía que Hacienda le había abierto una inspección por las facturas falsas de MKE, presentó la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente y perpetró un engaño parecido. En este caso, presentó una factura por 922.585 euros a nombre de Gayani, una firma de Costa de Marfil que supuestamente había intermediado para conseguir que el novio de Ayuso vendiera vacunas al Gobierno de aquel país. González Amador nunca hizo ese pago a favor de Gayani; el Gobierno de Costa de Marfil nunca aceptó comprarle vacunas. Pero el novio de Ayuso se desgravó ese gasto inexistente, y otros menores de varias empresas andaluzas que también resultaron falsos. Todo para ahorrarse 155.000 euros y 195.000 euros en las declaraciones del impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 respectivamente.

Hacienda acreditó estos engaños tras una inspección exhaustiva que duró casi dos años: “Esta reiteración de situaciones similares acontecidas en 2020 y 2021 lleva a la Inspección a considerar que no nos encontramos ante meros errores de registros contables y deducciones fiscales de facturas recibidas de gran importe en los ejercicios en los que la mercantil incrementa de forma significativa su facturación. Sino que este actuar puede responder a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación, eludida mediante la búsqueda, registro y deducción de facturas relativas a servicios no acometidos, no relacionados con la actividad y no pagados que se han deducido indebidamente y justificado como errores corregidos en ejercicios fiscales en curso y en el momento en el que la Inspección requiere su acreditación, conseguidos mediante la utilización de facturas que se acreditan falsas o falseadas”.

Cuando González Amador se dio cuenta de que Hacienda descubrió sus reiterados fraudes, intentó evitar el juicio por los dos delitos fiscales devolviendo las cantidades que había defraudado a través de la declaración del Impuesto de Sociedades que presentó en 2023. Pero ya era tarde porque la Ley establece con detalle que ningún contribuyente puede regularizar su situación una vez que tiene abierta una inspección fiscal.

Octubre 2023. González Amador, ante Hacienda: “No intenté cometer un fraude delictivo, cuando entendí la gravedad de los hechos ingresé esas cantidades en Hacienda”

Los inspectores fiscales que analizaron las declaraciones de González Amador concluyeron que “con la finalidad de eludir el incremento del pago de impuestos por su empresa decidió deducir fiscalmente gastos que no respondían a prestaciones reales”, para lo que el novio de Ayuso había utilizado “facturas falsas y falseadas emitidas por mercantiles carentes de medios humanos y materiales para la prestación de los servicios facturados”.

González Amador respondió a través de sus abogados:  “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo pero cuando entendía la gravedad de los hechos procedí a ingresar esas cantidades en Hacienda”.

Junio 2024. Ante la Fiscalía y Abogacía del Estado: “Declaré gastos en los que no incurrí para reducir el beneficio sujeto a tributación”

El novio de Ayuso pactó un escrito de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la víspera de su declaración ante el juez, prevista para el 24 de junio de 2024. En ese texto, González Amador asumía que debido al aumento de beneficios derivados del incremento del volumen de negocios que había experimentado en los ejercicios 2020 y 2021, había hecho constar en sus declaraciones “gastos en los que en realidad no había incurrido para reducir el beneficio sujeto a tributación”. Además, reconocía que  “había obtenido de los acusados Maximiliano Eduardo Niederer González y David Herrera Lobato facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario”.

Ese acuerdo nunca se llegó a aplicar porque el juzgado decidió abrir una nueva investigación por corrupción en los negocios tras la reclamación que hicieron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. González Amador compró por 500.000 euros una empresa sin apenas valor a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Esa operación, según las acusaciones populares, podría camuflar el pago de una comisión ilegal a Camino por haber facilitado al novio de Ayuso el negocio de dos millones de euros por la intermediación en la venta de mascarillas.

Febrero 2026. Ante el juez: “La deducción anticipada de un gasto real no merece reproche penal”

La mitad del escrito de defensa presentado por González Amador, procesado por un doble delito fiscal, defiende que no merece reproche penal el hecho de que el empresario comisionista incluyera en sus declaraciones gastos previstos pero que finalmente no tuvo pero que sirvieron para desgravárselos y pagar menos impuestos: “La Agencia Tributaria no considera que en estos casos de incorrecta contabilización temporal, el ingreso anticipado o la deducción anticipada de un gasto real merezca ningún reproche penal, como revelan las regularizaciones en vía administrativa de la activación de los gastos anticipadamente deducidos por BAYESIAN y por APA, lo que nos conduce a qué tratamiento tributario prevé el ordenamiento jurídico para estos supuestos. Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”.

Para apuntalar su defensa, González Amador contrató los servicios de un perito, ex inspector de Hacienda, cuyos cálculos sitúan el fraude cometido por debajo de los 120.000 euros en cada ejercicio, lo que descarta el delito. Y concluye: “Los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal”.

Posdata: Los abogados de Alberto González Amador señalan en la cuestión previa del escrito de defensa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reveló “a la Cadena Ser, al diario El País y a la opinión pública los correos electrónicos en los que se plasmaba la posición de conformidad de la defensa del ahora acusado D. Alberto González Amador y, específicamente, del email de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa señalaba que ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública”. Los periodistas de El País declararon en el juicio del Supremo que la información sobre el ofrecimiento de una conformidad por parte de González a cambio del pago de una multa y del reconocimiento de los delitos fue facilitada por personal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sin relación alguna con el fiscal general del Estado. Sobre esa circunstancia aportaron pruebas durante el procedimiento que acreditaban que El País conoció esa información mucho antes de que García Ortiz comenzara a recabarla. La sentencia no desmintió estos hechos.

Borrasca Leonardo, Borrasca Marta, Borrasca Nils. Una sucesión de temporales de lluvia ha atravesado España en las últimas semanas. Han generado problemas en todo el país, sobre todo en Extremadura y Andalucía… sobre todo en la sierra entre Cádiz y Sevilla. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía no ha dudado: se enviaron alertas a los móviles, se cancelaron las clases, se confinaron barrios y se desalojó a una población entera: Grazalema. 

Ya nadie utiliza argumentos contra estas medidas y a favor de la libertad. Tampoco en el PP. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado en la gestión de este tipo de emergencias respecto a la pandemia o a la dana de Valencia? Lo abordamos con el periodista de elDiario.es especializado en cambio climático y medio ambiente, Raúl Rejón.

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Hace casi dos años se presentaba un documental pequeño, elaborado con pocos medios pero con vocación de arrojar luz sobre un oscuro episodio de la sanidad madrileña, el de los enfermos de Covid de residencias de la Comunidad de Madrid que fallecieron sin ser derivados a los hospitales. Su nombre, 7291, tomaba el dato de muertos en esta circunstancia durante lo peor de la pandemia.

Por aquel entonces su director, Juanjo Castro, aspiraba a estrenar “una historia que había que contar”, para que no quedara en el olvido. Un trabajo en el que incluía los testimonios de responsables políticos junto a los de familiares de las víctimas, intentando explicar cuál fue la secuencia de los hechos y cómo se tomaron las decisiones.

El documental se estrenó en cines unos meses después, con importante éxito de público pese a no contar detrás con una gran distribuidora. Los pases inicialmente previstos en varias salas del centro de Madrid se multiplicaron ante la gran demanda de entradas. Y en marzo de 2025, cuando se cumplían cinco años de los hechos que analizaba, fue emitido por RTVE con una importante audiencia. Entre medias se gestó una polémica política en la que Castro no quiso entrar, aunque sí habló para defender la honestidad de su trabajo.

Un año después de aquella emisión, el documental volverá a las salas de cine. Pero con un formato distinto, más extenso. Será en forma de serie con cuatro capítulos que incluyen material inédito, mayor desarrollo narrativo y nuevas líneas de análisis sobre lo ocurrido en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante el primer pico de la pandemia de 2020.

Los pases tendrán lugar en los Cines Verdi de Chamberí, con dos pases especiales el sábado 28 de febrero, a las 11.15 horas y el sábado 7 de marzo, también a la misma hora. En cada pase se proyectarán dos capítulos y ambos contarán con la presencia del director, quien participará en un coloquio posterior del que también formarán parte las asociaciones Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia, además del periodista Manuel Rico.

“Me adentro en temas que se quedaron con un análisis menos profundo, como la Operación Bicho”, explica Juanjo Castro en conversación telefónica con este periódico. “También hago hincapié en la versión de las familias de las víctimas, se extiende más la parte de la falta de medicalización de las residencias...” añade sobre el contenido del nuevo metraje.

Lo que ahora mostrará 7291, la serie, es un montaje de cuatro capítulos de 55 minutos cada uno, pensado incialmente para televisión pero que finalmente no fue emitido. La mayor duración del trabajo de Castro permite que cargos relevantes del caso como Carlos Mur tenga más espacio y que también se pueda dedicar mayor atención a la comisión de investigación que pusieron en marcha las asociaciones sanitarias que continuaron con las pesquisas cuando el Gobierno de Ayuso dio carpetazo a la desarrollada en la Asamblea de Madrid. “Intento dar voz a todas las partes, queda todo aún más claro”, considera.

“Se tiene que saber todo lo que sucedió con este caso, porque si no se aprende, puede llegar a repetirse en el futuro”, insiste Castro sobre su trabajo, al que se lanzó con intención de recopilar toda la información existente a partir de los testimonios de sus protagonistas, después de haber leído el libro sobre el tema que escribió el exconsejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero.

Castro, un realizador de series de televisión y director de modestos títulos de cine, asumió sin ningún apoyo financiero este trabajo, al que dedicó varios meses de visionado de declaraciones en las distintas comisiones, a los que añadió entrevistas, de tal manera que su documental sirviera para hacerse una idea de lo que sucedió, incluso para alguien que nunca hubiera oído hablar del caso. El director deja a los protagonistas hablar largo para que se entiendan sus explicaciones. “Como es un tema tan conflictivo, decidí utilizar el material oficial”, contaba al explicar el génesis de su película.

Casi dos años después de aquello, el director valora que la justicia esté investigando el caso y admite que su documental puede haber influido en que lo que pasó en las residencias haya llegado a más gente. “Es lo que tiene el audiovisual, que en poco tiempo puede llegar a tener más alcance que un libro, al que tienes que dedicar más horas”. Aunque lo mejor que se ha llevado de este trabajo son las muestras de apoyo recibidas, los momentos de catarsis experimentados por los espectadores y el soporte de las asociaciones.

“Ni en mis mejores sueños pensé que podría tener tanto alcance”, reconoce mientras piensa que todavía puede llegar un poco más lejos. “Si llenamos en los cines, quizás haya que programar más pases, añade.

Las investigaciones penales sobre las muertes de ancianos en residencias de Madrid durante la pandemia avanzan en los juzgados de la capital mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recrudece sus insultos contra las familias que impulsan las denuncias. Los antiguos altos cargos sanitarios de su gobierno se culpan mutuamente de la parte de los protocolos que bloqueó la derivación de miles de internos a hospitales mientras las acusaciones sopesan pedir más diligencias y procurar que las causas lleguen a juicio. El gobierno madrileño encaja las novedades judiciales calificando a los denunciantes de “plataforma de frustrados” y recordando que otras muchas causas similares ya fueron archivadas.

“Los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos”. Isabel Díaz Ayuso eligió San Sebastián de los Reyes para celebrar su Consejo de Gobierno esta semana y subió un escalón la intensidad de sus insultos a las familias que impulsan estas diligencias judiciales. Una “plataforma de frustrados de la izquierda madrileña”, dijo para referirse a asociaciones como Marea de Residencias. Un año antes ya había usado expresiones como “marea de rebotados” pero en este Consejo de Gobierno tempranero de 2026 la situación judicial es diferente.

Aunque la cifra de 143 causas archivadas es de difícil confirmación, lo cierto es que diversos juzgados y tribunales de la región han archivado en los últimos años numerosas causas penales que investigaban tanto los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' como su aplicación concreta en casos de ancianos que nunca fueron trasladados de las residencias a los hospitales y fallecieron. Algunos jueces archivaron las diligencias criticando los protocolos –uno los calificó de “discutibles”– y otros incluso negaron que la propia Ayuso pudiera ser acusada.

En esas causas no había altos cargos sanitarios imputados. Geriatras, responsables de enlace entre residencias y hospitales y médicos fueron los que desfilaron como investigados por estos juzgados mientras los responsables de los protocolos lo hacían como testigos. Carlos Mur, director sociosanitario durante lo peor de la pandemia, compareció varias veces a salvo del banquillo para defender su papel y el de los protocolos. Llegó a decir que no eran “de obligado cumplimiento” y que los suscribió para que los facultativos tuvieran un criterio al que agarrarse. Pero las últimas decisiones judiciales han cambiado el escenario: tanto él como algunos de sus compañeros y sucesores ahora están imputados y las declaraciones han tomado un cariz distinto.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que en estos días se ha reproducido en los juzgados la situación que ya se dejó entrever en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid de 2021: los exaltos cargos sanitarios de la Comunidad se señalan entre ellos cuando llega el momento de explicar al juez los puntos más polémicos de los protocolos. Los que, según la acusación, dispensaron un trato discriminatorio a los ancianos y bloquearon su traslado a hospitales desde unas residencias sin medicalizar donde el coronavirus arrasaba con todo.

Francisco Javier Martínez Peromingo apuntó a Mur y a sus superiores mientras afirmaba que él mostró su disconformidad con esa parte de los protocolos, aunque por ahora no ha aportado las pruebas por escrito que le pidió el juez sobre cómo expresó su desacuerdo. Y hace unos días fue Mur el que contestó con una estrategia parecida: él no redactó los protocolos y mencionó expresamente a dos cargos políticos de Isabel Díaz Ayuso, la entonces viceconsejera y hoy consejera de Familia, Ana Dávila-Ponce de León, y el entonces consejero y hoy senador del PP, Enrique Ruiz Escudero. E intentó hacer hincapié en su falta de intervención en los casos concretos que se investigan.

De la frustración a los insultos

Las primeras causas judiciales que analizaron los protocolos buscaban trazar una línea entre su aplicación y los fallecimientos concretos de ancianos en residencias públicas y privadas de toda la región. Delitos como homicidio imprudente o lesiones que, tal y como ha dicho muchas veces el Tribunal Supremo al rechazar querellas contra el Gobierno central por la gestión de la crisis sanitaria, necesitan de una conexión entre los protocolos y cada muerte concreta que es muy difícil probar. En estas nuevas causas los fallecimientos se investigan desde otro punto de vista: si los ancianos recibieron un trato discriminatorio.

Ha sido entonces cuando los altos cargos imputados han empezado a renegar de los protocolos y las consecuencias que tuvieron a la hora de no derivar a miles de ancianos a los saturados hospitales de la región. Carlos Mur reconoció, por ejemplo, que las residencias no habían sido medicalizadas, y los correos desvelados por El País demuestran que esa información estaba en poder de los cargos políticos de la Consejería que dirigía entonces Ruiz Escudero una semana después de que anunciaran que las residencias se iban a medicalizar. Algo que hasta ahora solo se había sabido gracias al testimonio de Alberto Reyero, entonces consejero de Asuntos Sociales que siempre ha explicado cómo se opuso de forma rotunda a estos protocolos, precisamente, por su componente discriminatorio.

El PSOE pidió este viernes que la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria Ana Dávila y el exconsejero Enrique Ruiz Escudero testifiquen en una de las causas, dado que ambos fueron receptores del email en el que se advertía de la situación de los centros.

Las primeras causas judiciales que buscaban delitos como el homicidio imprudente quedaron archivadas y los familiares, según informan fuentes conocedoras de esos casos, quedaron exhaustas y renunciaron a seguir recurriendo o a solicitar una indemnización por otras vías ajenas a la jurisdicción penal. En estas nuevas diligencias, con las víctimas representadas por Alejandra Jacinto, Carlos Castillo y Eduardo Ranz, las acusaciones están a la espera de poder examinar todo el material de la causa, comparar declaraciones y decidir si piden más pruebas para impulsar que las causas lleguen a juicio con antiguos altos cargos sanitarios de Ayuso en el banquillo.

La escalada verbal de la presidenta madrileña contra las familias coincide con el avance de estas investigaciones penales en las que los responsables de los protocolos apuntan hacia arriba –antiguos miembros de su gobierno durante la pandemia– cuando los jueces ponen la lupa sobre el posible trato discriminatorio que dispensaron a miles de ancianos. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, advirtió Mur a sus superiores de la Consejería el 20 de marzo de 2020, ocho días después de que la Comunidad de Madrid anunciase una medicalización de las residencias que, según ha reconocido en sede judicial, no llegó a tiempo.

El último insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los familiares de los fallecidos en las residencias durante la pandemia, ni siquiera sorprende a las asociaciones, a las que se refirió el pasado miércoles como “plataforma de frustrados”. María Jesús Valero, presidenta de '7291. Verdad y Justicia', cuenta que su reacción fue más bien la “risa”: “Lleva seis años menospreciándonos, insultándonos. No es de extrañar”.

Además, estos familiares responden a Ayuso recordándole a la presidenta sus “mentiras”. “Cuando decía que no existían protocolos, que no eran discriminatorios…”, recuerda Valero. O incluso la más reciente, desmentida este jueves en El País. Según este diario, el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia, y aún así “mintió”, reprochan desde la asociación.

Las plataformas consultas interpretan los últimos insultos de Ayuso –que se producen cuando comparece en los juzgados como imputado Carlos Mur, el alto cargo que firmó los 'protocolos de la vergüenza'– como un “desvío” de la atención, que debería dirigirse a “los malos tratos” que se siguen dando a los ancianos y a las trabajadoras en las residencias de la Comunidad de Madrid o a “los casos que ella misma tiene judicializados”.

Desde Marea de Residencias, su portavoz, Carmen López, entiende que el insulto de Ayuso responde a su “nerviosismo”. “Mur tira de la manta diciendo quiénes fueron los responsables”, y “su nombre puede aparecer”, añade.

Valero asegura que las descalificaciones no les afectan. De hecho, no es la primera ocasión en la que Ayuso carga contra estas entidades que llevan años inmersas en una ofensiva judicial para depurar responsabilidades políticas del Ejecutivo madrileño. Las ha calificado a como “chiringuito con políticos venidos a menos” o “resentidas”, unas declaraciones que se produjeron en un Pleno de la Asamblea celebrado en febrero de 2025, cuando la presidenta reprochó a Más Madrid que le atacaran “con las mismas mierdas”, aludiendo a los 7.291 fallecimientos en residencias durante la pandemia.

Más allá de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, los colectivos apuntan a sus acciones que, para ellos, brillan por su ausencia. “Más que frustrados, estamos indignados porque no hace nada por evitar que esto pueda volver a pasar en una nueva pandemia. Es triste tener a una presidenta que no esté a la altura”, denuncia López, de Marea de Residencias. Valero le exige “que se ocupe”, y le recuerda que “en el 2020 no se acabó el maltrato en la residencias”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ido un paso más allá en sus ataques a las familiares de las víctimas en las residencias de Madrid que han denunciado los protocolos de su gobierno que evitaron el traslado de miles de mayores a los hospitales durante lo peor de la pandemia. En la reunión posterior al Consejo de Gobierno celebrado en San Sebastían de los Reyes, Ayuso se ha referido a esas familias como “plataforma de frustrados de la izquierda madrileña” y ha dicho que tanto ellos como “los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos en un país donde han muerto más de 120.000 personas y por lo que el Gobierno nunca dio explicaciones”.

La presidenta madrileña respondió así a una periodista que pedía una valoración sobre la declaración en el juzgado el pasado lunes de un exalto cargo de su Gobierno durante la pandemia, Carlos Mur, responsable de los polémicos protocolos que impidieron derivar a miles de mayores a los hospitales, y que contó al juez que esa instrucción tenía sentido siempre que los geriátricos fuesen medicalizados, algo que la Comunidad de Madrid no hizo. Mur dijo también que la actual responsable de las residencias y entonces alto cargo también en el Gobierno de Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, estuvo al tanto de los llamados “protocolos de la vergüenza”, como también los conoció el entonces responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la actualidad senador por el Partido Popular.

Tanto Ayuso como su gobierno habían arremetido en anteriores ocasiones contra las asociaciones de familiares. En febrero de 2025, la presidenta ya le había llamado “marea de rebotados” que no lograron puestos en los partidos que le hacen oposición en Madrid, y durante un Pleno de la Asamblea en el que Más Madrid y el PSOE le exigieron respeto para esas familias, Ayuso replicó: “Siempre nos están llevando por las mismas mierdas”.

La Peste de Justiniano está considerada como una de las mayores catástrofes de la historia. La devastadora pandemia de peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis, asoló al Imperio Bizantino entre 541 y 750 d.C. Lo debilitó sobremanera, cobrándose millones de víctimas y echó por tierra cualquier anhelo expansionista.

La peste bubónica alcanzó niveles insospechados, hasta escalar a pandemia por su alcance, de las primeras que hay registros. Dejó entre treinta y cincuenta millones de muertos entre la actual Europa, Asia y África, según cálculos de diferentes investigaciones, que hasta ahora solo se habían centrado en investigar el origen y las características del patógeno. 

Ahora, un equipo de investigadores un equipo interdisciplinario de expertos de la Universidad del Sur de Florida pone el foco en el yacimiento de Jerash (Jordania), que da cuenta de la magnitud del desastre y donde se llevaban los miles de fallecidos por la peste bubónica. Un mortuorio de enormes dimensiones, que también ofrece información sobre la población que murió. 

“Queríamos ir más allá de identificar el patógeno y centrarnos en las personas a las que afectaba, quiénes eran, cómo vivían y cómo era la muerte por pandemia dentro de una ciudad real”, explica en un comunicado el autor y profesor asociado de la Facultad de Salud Pública, Rays HY Jiang.

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La plaga cambió y moldeó en buena medida la antigua Jerash. De acuerdo con el estudio, publicado en la revista Journal of Archaeological Science, durante la Peste de Justiniano, las personas afectadas vivían en comunidades diversas y a menudo desconectadas. 

Sin embargo, la peste los unió en la muerte, con innumerables cuerpos depositados rápidamente sobre capas de restos de cerámica de esta fosa comunitaria, un espacio cívico abandonado. “Muchas propuestas de enterramientos masivos siguen siendo especulativas. Jerash es el primer sitio donde se ha confirmado una fosa común de peste, tanto arqueológica como genéticamente”, ponen en valor los investigadores.

Los autores lo describen como un único evento mortuorio, fundamentalmente diferente de los cementerios cívicos habituales, que crecen con el tiempo. Ese no fue el caso, porque solo se empleó para enterrar a víctimas de la devastadora pandemia. Se calcula que cientos de cuerpos fueron depositados en cuestión de días. 

A su juicio, este hallazgo cambia la percepción sobre la primera pandemia de dos maneras importantes: proporciona evidencia directa de mortalidad humana a gran escala y ofrece una visión de cómo las personas se desplazaban, vivían y se volvían vulnerables en las ciudades antiguas.

La fosa común también ayuda a resolver otro enigma: por qué la historia y la genética demuestran que las personas se desplazaron y se mezclaron con el tiempo, mientras que otras evidencias hacen que las comunidades antiguas parezcan principalmente locales. 

En el caso de los individuos enterrados en Jerash, eran parte de una población móvil incrustada dentro de la comunidad urbana más amplia de la antigua Jordania, normalmente dispersa a través del paisaje pero reunida en una única fosa común por las crisis, concluyen los autores.

Toledo es una de las nueve ciudades que competirán por convertirse en sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). El plazo de presentación de candidaturas para acoger termina este lunes y la capital de Castilla-La Mancha se ha posicionado junto a Granada, Zaragoza, Barcelona, Oviedo, León, Salamanca, Lugo y Murcia por ser sede de este organismo, que nace con el objetivo de reforzar las capacidades del país frente a futuras emergencias sanitarias.

La Ley para crear la AESAP fue aprobada el pasado julio por el Congreso de los Diputados y, en diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los criterios para la elección de su sede. Entre los requisitos, figura contar con una instalación de 4.000 metros cuadrados y disponible para su ocupación inmediata, la cercanía a aeropuertos con conexión a destinos prioritarios, y un mercado inmobiliario competitivo en compra o alquiler.

Una comisión consultiva valorará el cumplimiento de estos criterios en cada una de las candidaturas, con el objetivo de que la sede quede fijada “lo antes posible” para que la Agencia Estatal de Salud Pública comience a funcionar “a la mayor brevedad”. Desde el Ministerio de Sanidad han detallado a Europa Press que, en paralelo a la elección de la sede, se está elaborando el Estatuto de la AESAP, que tendrá que ser aprobado en Consejo de Ministros. Tras ello, habrá tres meses para constituir el Consejo Rector, encargado de elegir al director de la Agencia.

Castilla-La Mancha resalta la ubicación en el centro del país

Las consejerías de Sanidad, ayuntamientos y gobiernos autonómicos han ido adelantando en los últimos días sus propuestas y las ventajas de cada una de ellas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó a finales de 2025 la candidatura de Toledo. Aunque no ha desvelado el espacio físico que ocuparía la la sede de la agencia, ha destacado la ubicación de la ciudad en el centro de España, beneficiosa en el caso de que tuvieran que desplazarse funcionarios u otro personal desde Madrid.

Entre los argumentos para optar también ha subrayado la importancia que da a la salud pública, un ámbito “muy potente” en la región, y toda la experiencia vivida desde que el Ejecutivo actual llegó al Gobierno, como el mayor brote de 'legionella' en diciembre de 2015 en Manzanares (Ciudad Real) o la pandemia de Covid.