Primavera de 2021. Con la pandemia todavía golpeando a la economía y miles de negocios intentando sobrevivir a meses de cierres y restricciones, llega el ansiado momento de pelear los millones de euros movilizados en ayudas. Sobre el papel, las reglas parecen claras: los solicitantes deben haber desarrollado la actividad durante un periodo determinado, acreditar que han sufrido una caída de ingresos y cumplir una serie de requisitos fiscales. En la práctica, comienza a aflorar otra disputa: empresas que intentan que los cálculos jueguen a su favor, exprimiendo para ello la letra pequeña y ensanchando la factura de sus pérdidas para elevar la cuantía a percibir, como en el caso de un gran grupo empresarial que llegaría a reclamar más de 30 millones de euros frente a los 564.106 que le reconoció la Administración.

Mientras los empresarios se organizan y salen a la calle, en los balcones de las zonas más turísticas aparecen carteles de 'SOS Turismo' acompañados de un lema que resume sus demandas: “Más ayudas, menos impuestos”. Más de 700 entidades y particulares se suman a una campaña que reclama un salvavidas público para un sector prácticamente paralizado. La consigna, sin embargo, alimenta una incómoda paradoja: ¿cómo se pueden reclamar más ayudas públicas mientras se exige una menor contribución para sostenerlas?

Pero en Balears la pandemia ha dejado algo más que hoteles vacíos y negocios cerrados. Ha hecho tambalear una certeza sobre la que el archipiélago ha construido buena parte de su economía: si el turismo puede desaparecer prácticamente de un día para otro, ¿hasta qué punto es sostenible depender de él? Las cifras hablan por sí solas: en 2020, las islas reciben unos tres millones de turistas frente a los más de 16,4 millones del año anterior. El hundimiento se hace extremo durante los meses centrales de la temporada: en junio llegan 58.256 visitantes, un 97,6% menos que un año antes, y en agosto, el mejor mes del verano, recalan 884.524, un 67,5% todavía por debajo de agosto de 2019. El desplome de la actividad se traslada también al consumo: el gasto turístico retrocede un 73,2% en agosto y un 89,6% en septiembre.

En Balears, la pandemia ha dejado algo más que hoteles vacíos y negocios cerrados. Ha hecho tambalear una certeza sobre la que el archipiélago ha construido buena parte de su economía: si el turismo puede desaparecer prácticamente de un día para otro, ¿hasta qué punto es sostenible depender de él?

Se abre así un intenso debate sobre la necesidad de diversificar la economía, reducir la dependencia turística y avanzar hacia un modelo más resiliente. Mientras se discute el futuro -las instituciones hablando de transformación y los colectivos sociales, de caminar hacia el decrecimiento, un debate que lleva años sobre la mesa-, las empresas necesitan resolver el presente: cuánto han perdido, cuánto pueden reclamar y hasta dónde pueden llegar las ayudas públicas para mantenerse a flote.

Es en ese terreno donde, más allá de las calles y los balcones, se inicia la pelea por cada euro de las ayudas COVID. Una batería de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), consultadas por elDiario.es, permite seguir el rastro de las estrategias desplegadas por empresas de muy distinto perfil para intentar obtener más dinero o defender las cantidades que reclamaban. Detrás de cada pleito hay una misma disputa: hasta dónde podían estirarse las reglas aprobadas en plena emergencia para encajar determinadas situaciones empresariales y quién tenía realmente derecho a cobrar. Las resoluciones judiciales han ido fijando esos límites y cerrando algunas de las vías utilizadas por quienes acudieron a los tribunales en busca de una mayor ayuda.

Una batería de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) permite seguir el rastro de las estrategias desplegadas por empresas de muy distinto perfil para intentar obtener más dinero o defender las cantidades que reclamaban

La letra pequeña que podía valer millones

Uno de los casos más llamativos por la cantidad en juego lleva hasta Roxa S.L., cabecera de uno de los grandes grupos empresariales de las islas, Grupo Roxa. Fundado en 1942 y con intereses en dos de los sectores más relevantes de la economía balear, la automoción y el turismo, en 2024 cifró su facturación conjunta en unos 220 millones de euros, tal como se desprende de su propia web. Durante la pandemia, la compañía llegó a reclamar 30,85 millones de euros de la Línea COVID. La Administración, sin embargo, acabó reconociéndole 564.106 tras certificar una caída del volumen de operaciones del 31,05%. La empresa acudió a los tribunales porque consideraba que el cálculo debía incluir también a seis sociedades que se habían incorporado al grupo durante 2020. La máxima instancia judicial de Balears rechazó su interpretación y confirmó la cuantía concedida.

La diferencia no era menor. Entre los 564.106 euros reconocidos por la Administración y los 30,85 millones que pretendía obtener el grupo mediaba una distancia de más de 30 millones de euros. La controversia acabó reducida a una cuestión aparentemente técnica -qué sociedades podían considerarse integrantes del grupo a efectos del cálculo-, pero con un impacto económico enorme. La Sala entendió que admitir las seis incorporaciones de 2020 habría alterado el criterio establecido por la normativa estatal y, con ello, la comparación entre los ejercicios que servía para determinar la caída de actividad.

El caso muestra cómo, en la carrera por las ayudas, la letra pequeña podía valer millones. En total, el grupo estaba formado por 28 sociedades en 2020, seis de ellas incorporadas ese mismo año. La empresa defendía que no tenía sentido dejarlas fuera cuando se calculaba la caída de facturación y, sin embargo, tenerlas en cuenta para otros aspectos del reparto. Pero el TSJIB cerró esa vía: para medir la caída de ingresos solo podían entrar en el cálculo las sociedades que hubieran formado parte del grupo en los dos ejercicios de referencia, 2019 y 2020.

Una doctrina nacida en tiempos de guerra

La pandemia también abrió otro frente: el de las empresas que intentaron reducir el impacto económico de la COVID sobre sus contratos. Es el caso del hotel El Corsario, en Eivissa, gestionado por la sociedad La Torre del Canónigo S.L., que reclamó que se le devolviera el 50% de las rentas de 2020 y 2021, por un total de 159.120 euros, invocando la doctrina rebus sic stantibus, una figura jurídica que permite revisar las condiciones de un contrato cuando circunstancias extraordinarias e imprevisibles alteran de forma grave el equilibrio económico entre las partes. La empresa defendía que la pandemia había hecho inviable la explotación del establecimiento.

La fórmula a la que recurrió la hotelera tiene, sin embargo, una historia mucho más antigua. La rebus sic stantibus cobró especial protagonismo en España en los años posteriores a la Guerra Civil, cuando los tribunales tuvieron que resolver qué ocurría con contratos firmados antes de la contienda cuyo equilibrio económico había quedado trastocado por el conflicto y la posguerra. En una sentencia de 1945, por ejemplo, el Tribunal Supremo abordó un contrato de arrendamiento de una fábrica celebrado en 1929, antes del conflicto bélico, cuyo cumplimiento se había visto afectado por las circunstancias sobrevenidas. Con el tiempo, la doctrina quedó configurada como una vía excepcional para revisar las condiciones de un contrato cuando un cambio extraordinario e imprevisible altera gravemente el equilibrio entre las partes.

La doctrina 'rebus sic stantibus' cobró especial protagonismo en España en los años posteriores a la Guerra Civil, cuando los tribunales tuvieron que resolver qué ocurría con contratos firmados antes de la contienda cuyo equilibrio económico había quedado trastocado por el conflicto y la posguerra

Ocho décadas después, la pandemia volvió a poner esa vieja doctrina sobre la mesa. Pero en el caso de El Corsario había un problema añadido: las obras del propio hotel. La Audiencia Provincial de Balears constató que los trabajos habían impedido la explotación del establecimiento hasta agosto de 2020, pese a que los hoteles ya podían reabrir con restricciones desde mayo. El tribunal consideró imposible determinar qué parte de las pérdidas obedecía realmente a la pandemia y cuál a las obras.

La reclamación acabó siendo desestimada. La Audiencia añadió que el hotel había facturado 994.121 euros en 2021 y 1.369.925 euros en 2022, y que la empresa había continuado pagando las rentas, elementos que, a juicio del tribunal, debilitaban la tesis de que la pandemia hubiera frustrado el contrato.

Un hotel nuevo en el mismo hotel

En otros casos, la batalla se centró en determinar quién podía acceder a las ayudas y por qué cuantía. Es el caso de Foners Rooms S.L., la sociedad que explotaba el Hotel Foners, situado en Playa de Palma. Constituida en noviembre de 2019 por los mismos hermanos que hasta entonces gestionaban el establecimiento a través de una comunidad de bienes, la nueva mercantil firmó apenas un mes después un contrato para hacerse cargo de la explotación del hotel durante 15 años. En junio de 2021 solicitó 350.459 euros de ayudas COVID, pero el Govern solo le reconoció 4.000 euros al considerar que se trataba de una empresa de nueva creación.

La mercantil defendió que no había nacido un negocio nuevo, sino que se había producido una auténtica sucesión empresarial: mismo hotel, mismos propietarios y continuidad de la actividad. El TSJIB no lo aceptó. Los magistrados consideran que una comunidad de bienes y una sociedad limitada son sujetos jurídicos diferentes y que el hecho de que los mismos propietarios estuvieran detrás de ambas no convierte automáticamente a la segunda en sucesora de la primera. El resultado fue mantener los 4.000 euros.

Una cuestión similar se produjo en el caso relativo a una 'Osteria' de Alcúdia. El restaurante había sido explotado anteriormente por una persona física y, posteriormente, pasó a una sociedad cuyo administrador y socio mayoritario era ese mismo empresario. La mercantil reclamaba 210.052 euros frente a los 4.000 concedidos por el Ejecutivo autonómico. La Sala concluyó que realizar la misma actividad, en el mismo local y con las mismas personas no bastaba para acreditar una sucesión empresarial.

El tribunal zanja la cuestión con una conclusión clara: aunque la persona física sea posteriormente administrador y socio mayoritario de la sociedad, ambos tienen personalidad y patrimonio separados. Por eso la nueva mercantil seguía siendo una empresa de nueva creación y no podía utilizar la facturación del negocio anterior para calcular la caída exigida por las ayudas.

La sociedad que quiso heredar un negocio anterior

Otro litigio lleva esta estrategia todavía más lejos. Una sociedad constituida en febrero de 2021 intentó que se reconociera como continuación de una comunidad de bienes creada años antes. Reclamaba 74.000 euros de ayudas y sostenía que la comunidad debía considerarse una sociedad civil irregular y que, por tanto, la nueva mercantil no podía ser considerada una empresa creada después de la fecha límite.

El TSJIB rechazó el planteamiento. Aunque una comunidad de bienes que desarrolla una actividad empresarial pueda ser asimilada en determinados ámbitos a una sociedad irregular, esa consideración no permite convertirla jurídicamente en una sociedad limitada a efectos de obtener una subvención. La sentencia es tajante: la irregularidad de la comunidad de bienes no puede invocarse para obtener un beneficio económico de los poderes públicos. Al haber nacido la nueva sociedad después del 31 de marzo de 2020, no podía ser beneficiaria de la ayuda.

Cuando una partida podía cambiar miles de euros

Otra batalla se libró en las cuentas. Un empresario recibió 24.623 euros, pero reclamó una cantidad superior después de sostener que Hacienda estaba incluyendo en el volumen de operaciones una partida de 22.105 euros correspondiente a la variación de existencias. Si se eliminaba esa partida, defendía, la caída de facturación pasaba a ser del 34,5% y la ayuda podía elevarse hasta 46.875,80 euros, según sus cálculos. El Tribunal Superior rechazó la interpretación y consideró que la convocatoria obligaba a utilizar los ingresos íntegros fiscalmente computables, incluida la variación de existencias.

Otro empresario planteó prácticamente el mismo problema. Había recibido 12.001 euros, aunque solicitaba 56.916, además de reclamar que la ayuda se elevara a 45.640 euros o, subsidiariamente, a 68.972. Su estrategia consistía en excluir del cálculo tanto determinadas subvenciones como la variación de existencias. El tribunal volvió a respaldar el criterio de la Administración y confirmó que esas cantidades debían integrarse en el cálculo.

Corregir las cuentas después

La discusión llegó incluso a las declaraciones fiscales presentadas después de solicitar las ayudas. Cubic Estudi Tècnic SLP reclamó 75.373 euros después de que se le denegara la subvención porque la caída de su volumen de operaciones era, según los datos de la Administración, del 22,41%, por debajo del 30% exigido. La empresa sostenía que la cifra real de 2019 debía ser otra y que determinadas operaciones permitían elevar la caída por encima del umbral.

El tribunal acabó dando la razón al criterio administrativo: para determinar el requisito se debían utilizar los datos fiscales certificados por la Agencia Tributaria, no una reconstrucción posterior de las cuentas aportada por la empresa.

Algo parecido ocurrió con City Yoga Palma. El centro reclamaba 24.410 euros, pero Hacienda había detectado que su resultado de 2019 era negativo en 1.701, lo que impedía acceder a la ayuda. La sociedad trató de apoyarse en una declaración complementaria del Impuesto sobre Sociedades presentada después de la solicitud para defender que la base imponible era positiva. El TSJIB rechazó la maniobra temporal: los requisitos debían cumplirse en el momento de solicitar la subvención.

La sentencia más reciente incorporada a esta radiografía, dictada el pasado 29 de junio, afecta a Villas 4 Rent Mallorca S.L.U. La empresa, dedicada al alquiler de viviendas vacacionales, había solicitado 271.123 euros, pero el Govern rechazó la ayuda porque no estaba al corriente de sus obligaciones tributarias en la fecha de presentación de la solicitud, el 23 de junio de 2021.

La defensa de la empresa tenía un argumento llamativo: aportó un certificado positivo de Hacienda emitido apenas 19 días antes, el 4 de junio, y sostenía que tenía una vigencia de 12 meses. El TSJIB rechazó esa interpretación. Lo decisivo no era que hubiese existido un certificado positivo unas semanas antes, sino la situación tributaria concreta el día en que se presentó la solicitud. La AEAT certificó posteriormente que en aquella fecha existían deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo. La Sala recuerda además que el informe de un auditor aportado por la empresa para justificar la ayuda no podía sustituir la comprobación de los requisitos que correspondía realizar a la Administración.

Primavera de 2021. Amb la pandèmia encara colpejant de ple l'economia i milers de negocis intentant sobreviure a mesos de tancaments i restriccions, arriba l'anhelat moment de lluitar pels milions d'euros mobilitzats en ajudes per evitar la fallida d'empreses i autònoms. Sobre el paper, les regles semblen clares: els sol·licitants han d'haver desenvolupat l'activitat durant un període determinat, acreditar que han patit una caiguda d'ingressos i complir una sèrie de requisits fiscals. A la pràctica, comença a aflorar una altra disputa: empreses que intenten que els càlculs juguin a favor seu, esprement per a això la lletra petita i eixamplant la factura de les seves pèrdues per elevar la quantia a percebre, com en el cas d'un gran grup empresarial que arribaria a reclamar més de 30 milions d'euros enfront dels 564.106 que li va reconèixer l'Administració.

Mentre els empresaris s'organitzen i surten al carrer, als balcons de les zones més turístiques apareixen cartells de 'SOS Turisme' acompanyats d'un lema que resumeix les seves demandes: “Més ajudes, menys impostos”. Més de 700 entitats i particulars se sumen a una campanya que reclama un salvavides públic per a un sector pràcticament paralitzat. La consigna, però, alimenta una incòmoda paradoxa: com es poden reclamar més ajudes públiques mentre s'exigeix una menor contribució per sostenir-les?

Però a Balears la pandèmia ha deixat alguna cosa més que hotels buits i negocis tancats. Ha fet trontollar una certesa sobre la qual l'arxipèlag ha construït bona part de la seva economia: si el turisme pot desaparèixer pràcticament d'un dia per l'altre, fins a quin punt és sostenible dependre d'ell? Les xifres parlen per si soles: el 2020, les illes reben uns tres milions de turistes enfront dels més de 16,4 milions de l'any anterior. L'enfonsament es fa extrem durant els mesos centrals de la temporada: al juny arriben 58.256 visitants, un 97,6% menys que un any abans, i a l'agost, el millor mes de l'estiu, en recalen 884.524, un 67,5% encara per sota d'agost de 2019. El desplomament de l'activitat es trasllada també al consum: la despesa turística retrocedeix un 73,2% a l'agost i un 89,6% al setembre.

S'obre així un intens debat sobre la necessitat de diversificar l'economia, reduir la dependència turística i avançar cap a un model més resilient. Mentre es discuteix el futur -les institucions parlant de transformació i els col·lectius socials, de caminar cap al decreixement, un debat que fa anys que és sobre la taula-, les empreses necessiten resoldre el present: quant han perdut, quant poden reclamar i fins on poden arribar les ajudes públiques per mantenir-se a la superfície.

És en aquest terreny on, més enllà dels carrers i els balcons, s'inicia la baralla per cada euro de les ajudes COVID. Una bateria de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), consultades per elDiario.es, permet seguir el rastre de les estratègies desplegades per empreses de molt diferent perfil per intentar obtenir més diners o defensar les quantitats que reclamaven. Darrere de cada plet hi ha una mateixa disputa: fins on podien estirar-se les regles aprovades en plena emergència per encaixar determinades situacions empresarials i qui tenia realment dret a cobrar. Les resolucions judicials han anat fixant aquests límits i tancant algunes de les vies utilitzades per aquells que van acudir als tribunals a la recerca d'una ajuda més gran.

La lletra petita que podia valer milions

Un dels casos més cridaners per la quantitat en joc porta fins a Roxa S.L., capçalera d'un dels grans grups empresarials de les illes, Grup Roxa. Fundat el 1942 i amb interessos en dos dels sectors més rellevants de l'economia balear, l'automoció i el turisme, el 2024 va xifrar la seva facturació conjunta en uns 220 milions d'euros, tal com es desprèn de la seva pròpia web. Durant la pandèmia, la companyia va arribar a reclamar 30,85 milions d'euros de la Línia COVID. L'Administració, tanmateix, va acabar reconeixent-li 564.106 després de certificar una caiguda del volum d'operacions del 31,05%. L'empresa va acudir als tribunals perquè considerava que el càlcul havia d'incloure també sis societats que s'havien incorporat al grup durant el 2020. La màxima instància judicial de Balears va rebutjar la seva interpretació i va confirmar la quantia concedida.

El cas mostra com, en la cursa per les ajudes, la lletra petita podia valer milions. En total, el grup estava format per 28 societats el 2020, sis d'elles incorporades aquest mateix any. L'empresa defensava que no tenia sentit deixar-les fora quan es calculava la caiguda de facturació i, tanmateix, tenir-les en compte per a altres aspectes del repartiment. Però el TSJIB va tancar aquesta via: per mesurar la caiguda d'ingressos només podien entrar en el càlcul les societats que haguessin format part del grup en els dos exercicis de referència, 2019 i 2020.

No serà l'únic intent d'estirar els límits d'aquelles ajudes. En els anys següents, els tribunals es trobaran amb societats acabades de crear que asseguren ser la continuació de negocis anteriors, empresaris que intenten canviar les xifres de referència incorporant o excloent determinades partides, declaracions fiscals corregides després de sol·licitar la subvenció, certificats d'Hisenda la validesa dels quals es discuteix i fins i tot una empresa que reclama més de 271.000 euros malgrat que el dia que va presentar la sol·licitud tenia deutes tributaris en via executiva.

La suma d'aquests casos dibuixa una mena de mapa de les escletxes que les empreses van intentar explorar per augmentar les ajudes o reduir l'impacte econòmic de la pandèmia. I les sentències permeten seguir-los un per un.

Una doctrina nascuda en temps de guerra

La pandèmia també va obrir a més un altre front: el de les empreses que van intentar reduir l'impacte econòmic de la COVID sobre els seus contractes. És el cas de l'hotel El Corsari, a Eivissa, gestionat per la societat La Torre del Canonge S.L., que va reclamar que se li tornés el 50% de les rendes de 2020 i 2021, per un total de 159.120 euros, invocant la doctrina rebus sic stantibus, una figura jurídica que permet revisar les condicions d'un contracte quan circumstàncies extraordinàries i imprevisibles alteren de forma greu l'equilibri econòmic entre les parts. L'empresa defensava que la pandèmia havia fet inviable l'explotació de l'establiment.

La fórmula a la qual va recórrer l'hotelera té, tanmateix, una història molt més antiga. La rebus sic stantibus va cobrar especial protagonisme a Espanya en els anys posteriors a la Guerra Civil, quan els tribunals van haver de resoldre què passava amb contractes signats abans de la contesa el quin equilibri econòmic havia quedat trasbalsat pel conflicte i la postguerra. En una sentència de 1945, per exemple, el Tribunal Suprem va abordar un contracte d'arrendament d'una fàbrica celebrat el 1929, abans del conflicte bèl·lic, el quin compliment s'havia vist afectat per les circumstàncies sobrevingudes. Amb el temps, la doctrina va quedar configurada com una via excepcional per revisar les condicions d'un contracte quan un canvi extraordinari i imprevisible altera greument l'equilibri entre les parts.

Vuit dècades després, la pandèmia va tornar a posar aquesta vella doctrina sobre la taula. Però en el cas d'El Corsari hi havia un problema afegit: les obres del mateix hotel. L'Audiència Provincial de Balears va constatar que els treballs havien impedit l'explotació de l'establiment fins a l'agost del 2020, malgrat que els hotels ja podien reobrir amb restriccions des del maig. El tribunal va considerar impossible determinar quina part de les pèrdues obeïa realment a la pandèmia i quina a les obres.

La reclamació va acabar sent desestimada. L'Audiència va afegir que l'hotel havia facturat 994.121 euros el 2021 i 1.369.925 euros el 2022, i que l'empresa havia continuat pagant les rendes, elements que, a judici del tribunal, debilitaven la tesi que la pandèmia hagués frustrat el contracte.

Un hotel nou al mateix hotel

En altres casos, la batalla es va centrar a determinar qui podia accedir a les ajudes i per quina quantia. És el cas de Foners Rooms S.L., la societat que explotava l'Hotel Foners, situat a Platja de Palma. Constituïda el novembre de 2019 pels mateixos germans que fins aleshores gestionaven l'establiment a través d'una comunitat de béns, la nova mercantil va signar tot just un mes després un contracte per fer-se càrrec de l'explotació de l'hotel durant 15 anys. El juny de 2021 va sol·licitar 350.459 euros d'ajudes COVID, però el Govern només li va reconèixer 4.000 euros en considerar que es tractava d'una empresa de nova creació.

La mercantil va defensar que no havia nascut un negoci nou, sinó que s'havia produït una autèntica successió empresarial: mateix hotel, mateixos propietaris i continuïtat de l'activitat. El TSJIB no ho va acceptar. Els magistrats consideren que una comunitat de béns i una societat limitada són subjectes jurídics diferents i que el fet que els mateixos propietaris estiguessin darrere d'ambdues no converteix automàticament la segona en successora de la primera. El resultat va ser mantenir els 4.000 euros.

Una qüestió similar es va produir en el cas relatiu a una 'Osteria' d'Alcúdia. El restaurant havia estat explotat anteriorment per una persona física i, posteriorment, va passar a una societat el numerador i soci majoritari de la qual era aquest mateix empresari. La mercantil reclamava 210.052 euros enfront dels 4.000 concedits per l'Executiu autonòmic. La Sala va concloure que dur a terme la mateixa activitat, en el mateix local i amb les mateixes persones no n'hi havia prou per acreditar una successió empresarial.

El tribunal talla la qüestió amb una conclusió clara: encara que la persona física sigui posteriorment administrador i soci majoritari de la societat, ambdós tenen personalitat i patrimoni separats. Per això la nova mercantil seguia sent una empresa de nova creació i no podia utilitzar la facturació del negoci anterior per calcular la caiguda exigida per les ajudes.

La societat que va voler heretar un negoci anterior

Un altre litigi porta aquesta estratègia encara més lluny. Una societat constituïda el febrer de 2021 va intentar que es reconegués com a continuació d'una comunitat de béns creada anys abans. Reclamava 74.000 euros d'ajudes i sostenia que la comunitat havia de considerar-se una societat civil irregular i que, per tant, la nova mercantil no podia ser considerada una empresa creada després de la data límit.

El TSJIB va rebutjar el plantejament. Encara que una comunitat de béns que desenvolupa una activitat empresarial pugui ser assimilada en determinats àmbits a una societat irregular, aquesta consideració no permet convertir-la jurídicament en una societat limitada a efectes d'obtenir una subvenció. La sentència és taxativa: la irregularitat de la comunitat de béns no pot invocar-se per obtenir un benefici econòmic dels poders públics. En haver nascut la nova societat després del 31 de març de 2020, no podia ser beneficiària de l'ajuda.

Quan una partida podia canviar milers d'euros

Una altra batalla es va lliurar en els comptes. Un empresari va rebre 24.623 euros, però va reclamar una quantitat superior després de sostenir que Hisenda estava incloent en el volum d'operacions una partida de 22.105 euros corresponent a la variació d'existències. Si s'eliminava aquesta partida, defensava, la caiguda de facturació passava a ser del 34,5% i l'ajuda podia elevar-se fins a 46.875,80 euros, segons els seus càlculs. El Tribunal Superior va rebutjar la interpretació i va considerar que la convocatòria obligava a utilitzar els ingressos íntegres fiscalment computables, inclosa la variació d'existències.

Un altre empresari va plantejar pràcticament el mateix problema. Havia rebut 12.001 euros, encara que en sol·licitava 56.916, a més de reclamar que l'ajuda s'elevés a 45.640 euros o, subsidiàriament, a 68.972. La seva estratègia consistia a excloure del càlcul tan determinades subvencions com la variació d'existències. El tribunal va tornar a donar suport al criteri de l'Administració i va confirmar que aquestes quantitats havien d'integrar-se en el càlcul.

Corregir els comptes després

La discussió va arribar fins i tot a les declaracions fiscals presentades després de sol·licitar els ajuts. Cubic Estudi Tècnic SLP va reclamar 75.373 euros després que se li denegués la subvenció perquè la caiguda del seu volum d'operacions era, segons les dades de l'Administració, del 22,41%, per sota del 30% exigit. L'empresa sostenia que la xifra real de 2019 havia de ser una altra i que determinades operacions permetien elevar la caiguda per sobre del llindar.

El tribunal va acabar donant la raó al criteri administratiu: per determinar el requisit s'havien d'utilitzar les dades fiscals certificades per l'Agència Tributària, no una reconstrucció posterior dels comptes aportada per l'empresa.

Una cosa semblant va passar amb City Yoga Palma. El centre reclamava 24.410 euros, però Hisenda havia detectat que el seu resultat de 2019 era negatiu en 1.701, cosa que impedia accedir a l'ajuda. La societat va intentar recolzar-se en una declaració complementària de l'Impost sobre Societats presentada després de la sol·licitud per defensar que la base imposable era positiva. El TSJIB va rebutjar la maniobra temporal: els requisits havien de complir-se en el moment de sol·licitar la subvenció.

La sentència més recent incorporada a aquesta radiografia, dictada el 29 de juny de 2026, afecta a Villas 4 Rent Mallorca S.L.U. L'empresa, dedicada al lloguer d'habitatges vacacionals, havia sol·licitat 271.123 euros, però el Govern va rebutjar l'ajuda perquè no estava al corrent de les seves obligacions tributàries en la data de presentació de la sol·licitud, el 23 de juny de 2021.

La defensa de l'empresa tenia un argument cridaner: va aportar un certificat positiu d'Hisenda emès tot just 19 dies abans, el 4 de juny, i sostenia que tenia una vigència de 12 mesos. El TSJIB va rebutjar aquesta interpretació. El fet decisiu no era que hagués existit un certificat positiu unes setmanes abans, sinó la situació tributària concreta el dia en què es va presentar la sol·licitud. L'AEAT va certificar posteriorment que en aquella data existien deutes o sancions tributàries en període executiu. La Sala recorda a més que l'informe d'un auditor aportat per l'empresa per justificar l'ajuda no podia substituir la comprovació dels requisits que corresponia realitzar a l'Administració.

El periodista estadounidense David France fue testigo y parte de una epidemia que acababa, sin piedad, con las personas a su alrededor. Al principio, los afectados eran personas homosexuales y ese “detalle” tuvo sus implicaciones a la hora de afrontar la crisis sanitaria. Su libro Cómo sobrevivir a una plaga (Capitán Swing, 2026) es una crónica de los quince primeros años del sida, desde el primer caso declarado en Nueva York, en 1981, hasta el desarrollo de fármacos eficaces para frenar su mortalidad, en 1996. Un tiempo en que, para la sociedad y para las autoridades, la propia homosexualidad era considerada como una plaga.

Las comparaciones con los musselmaner —muertos vivientes— de los campos de exterminio nazis son un lugar común en el libro. ¿Cuáles son los paralelismos con aquel genocidio?

Cuando empecé a escribir la crónica de la epidemia, quince años después de que sucediera todo, me di cuenta de que lo que habíamos vivido había sido una situación de muerte en masa que había tenido en su diana a la comunidad LGTBI... y la humanidad no había sufrido un destino así para una parte específica de la población desde la Alemania nazi.

Una de las cosas que todos hicimos después de 1996, con la llegada de los tratamientos retrovirales eficaces, fue dejar de hablar del tema. Por una mezcla de necesidad emocional y de supervivencia, simplemente dejamos de hacerlo. Yo seguí dedicándome al periodismo científico, pero nunca miré atrás a la muerte, el sufrimiento, el activismo, el odio y la impotencia de aquellos tiempos. Muchas de las personas de las que hablo en el libro, gente que yo conocía desde hacía 30 años, se negaban también a hablar de ello. Una persona, incluso, me dijo: “No recuerdo nada de esos años”. Esto también sucedió en el Holocausto: muchos hijos y nietos de víctimas de los campos de exterminio dicen que sus familiares nunca les contaron lo que habían vivido.

Por aquel entonces, vivía en el East Village de Nueva York, donde dice que “todos los edificios eran un microscopio de la plaga”. ¿Lloró mientras revivía sus recuerdos al escribirlos?

Mucho. Yo conocía personalmente a toda esa gente que murió, las personas sobre las que hablo en el libro. Sabía que no iba a ser fácil. Lo que cuento procede de mis notas de aquellos años, de las grabaciones que hice durante ese periodo y de un enorme archivo de vídeos de sus protagonistas, registrados en tiempo real mientras todo sucedía.

Hasta que no hubo 600 muertos de sida en Nueva York, el New York Times no empezó a informar en serio sobre la enfermedad, y eso fue antes, incluso, de que las autoridades sanitarias comenzaran a hacer algo

Escribe que, en 1987, “no había ni una sola persona al timón del Servicio Público de Salud que mostrara una mínima compasión humana por las víctimas”. Michael Callen lo llamó “genocidio pasivo”. Una idea que aparece repetida en la historia es que “nos están matando” o “nos están dejando morir”. ¿Quién? ¿Y por qué?

Es una figura retórica que usaba mucho el activista Larry Kramer. Yo siempre entendí que se refería a un asesinato por indiferencia. ¿Sabes qué? Hasta que no hubo 600 muertos de sida en Nueva York, el New York Times no empezó a informar en serio sobre la enfermedad, y eso fue antes, incluso, de que las autoridades sanitarias comenzaran a hacer algo. La única forma de entenderlo es ponerlo en el contexto del valor que se daba a esas vidas. Efectivamente, fue un asesinato en masa.

Se asumía que algo que los homosexuales hacíamos nos estaba destruyendo y que, si moríamos, era por nuestra maldita culpa. Incluso desde el gobierno, los consejos de investigación científica estadounidenses y el mundo académico, la creencia general era que lo que estaba pasando era un castigo divino por un vicio inmoral. Ronald Reagan lo dijo en una ocasión con esas mismas palabras. Es muy doloroso pensar que, si se hubieran tomado medidas a tiempo, se podría haber contenido la epidemia.

Las primeras campañas de sexo seguro que salvaron miles de vidas, no salieron de las autoridades, sino de dentro de la comunidad gay, cuando el médico especializado en enfermedades venéreas Joe Sonnabend, el músico Michael Callen y el escritor principante Richard Berkowitz publicaron el panfleto How to Have Sex in an Epidemic: One Approach, en 1983.

En esos tiempos, no podíamos lograr ni siquiera que el gobierno llevara a cabo campañas de prevención, porque eso hubiera significado que, de alguna manera, respaldaban lo que entonces eran relaciones sexuales ilegales. Era ilegal ser gay en todo Estados Unidos en 1981 y en muchos países del mundo. No teníamos representación ninguna en la ciencia, en la academia, en la cultura, en la política. No existíamos. Estábamos fuera de la vida civil por completo.

Ten en cuenta que vivíamos dentro de nuestras burbujas. Los demás nos despreciaban porque no nos conocían. No interactuábamos con nadie fuera de ellas. Ni siquiera interactuábamos con nuestras familias, porque nos habían rechazado.

Nosotros estábamos tratando de averiguar cuáles podían ser los agentes causales, aunque no éramos científicos

En esos primeros años, quienes se remangaron para investigar y entender la enfermedad fueron los propios afectados de la comunidad homosexual, la mayoría, personas que no tenían formación científica.

Nosotros estábamos tratando de averiguar cuáles podían ser los agentes causales, aunque no éramos científicos. Imaginábamos que estaba causado por algo. Todos los marcadores de nuestro sistema inmune estaban fuera de lo normal y nosotros queríamos adivinar qué estaba provocando eso. Y no era Dios. No era que nuestros cuerpos fueran diferentes que los cuerpos del resto de la gente. Por eso, debía de ser algo que estábamos haciendo los gays. No sabíamos si era una cuestión de sobrecarga del sistema inmune por todas estas enfermedades de transmisión sexual tan comunes entre los gays entonces (gonorrea, sifilis). Hicieron falta años, hasta 1984, hasta que nosotros, como comunidad, no comprendimos que tenía que ver con un patógeno sexualmente transmisible. Nadie en el sistema científico de Estados Unidos estudiaba esto en esa época, los únicos en el mundo que lo estaban haciendo entonces eran los investigadores del Instituto Pasteur, en Francia.

El activismo del sida, ¿cambió la forma de hacer ciencia?

¡Fueron cambios revolucionarios! Cambió cómo se practica la ciencia, cómo se identifican nuevos fármacos, cómo se prueban en los humanos, cómo se comercializan, cómo se regulan, cómo se exportan, cómo se hacen fármacos genéricos más baratos, surgió de la interacción de los pacientes con los investigadores. Esto no había pasado nunca antes en la historia.

Poco a poco, los activistas, personas con sida, consiguieron acercarse a los científicos y ser escuchados, lograron un sitio en las mesas donde tenían lugar los debates científicos, antes completamente cerradas. Ahora esto se hace de forma habitual. Se ha convertido en una tradición el que los pacientes formen parte en las mesas de toma de decisiones. Y eso es bueno para las farmacéuticas. Les ayuda a legitimizar su trabajo, organizar sus decisiones, agilizar los procesos... y ganar más dinero.

Es increíble la capacidad de respuesta y organización que mostró tener la comunidad LGTBI ante una amenaza tan letal y tan desconcertante, que no se comprendía.

Éramos una comunidad muy aislada. Colonizamos barrios enteros porque eso nos daba seguridad. Muchos trabajábamos y vivíamos dentro de esos guetos. Los había en Londres, París, Ámsterdam, Nueva York, San Francisco. Teníamos allí nuestros médicos, especializados en enfermedades como sífilis y gonorrea, que eran las que afectaban a la comunidad gay entonces, nuestros propios abogados que luchaban nuestras batallas legales... Cuando llegó el sida, teníamos ya esas redes establecidas y empezamos a buscar soluciones juntos.

Sin embargo, aunque podíamos replicar dentro de nuestros guetos la organización que había fuera, nos quedó claro que no podíamos vencer al sida solos. Sin los enormes centros de investigación científica, sin enormes inversiones por parte de las farmacéuticas, sin compromisos políticos para detener la plaga, sin los avances de la inmunología... no podíamos seguir adelante. Necesitábamos salir de los muros de nuestro guetos y construir puentes hacia las comunidades que nos habían dejado atrás. Esa fue una gran batalla.

Si miras a tu alrededor hoy en el mundo, toda esta locura que ataca los derechos homosexuales, no es imposible que esa época tóxica vuelva, todo en nombre de la superioridad blanca heterosexual

“Cuando has sobrevivido a Auschwitz, creo que no llegas a superarlo nunca”, dice uno de los personajes reales de la historia. También escribe que el activista Spencer Cox —que murió en 2013 porque él mismo dejó de tomarse la medicación— “nunca había abandonado los campos [de exterminio]. Quizá ninguno lo hicimos”. ¿Qué es el síndrome del superviviente?

Como muchos otros, Spencer Cox sufrió tanto por la plaga, por tener que convivir con el hecho de que tu gobierno, tu sociedad, tu familia, tus líderes religiosos respondieran con tan fría hostilidad... Hacer las paces con esto es muchas veces imposible. A pesar de sus aportaciones, no pudo recuperarse nunca de todo el horror que vio por el camino.

¿Cómo se puede vivir cuando sabes que la gente que te rodea te habría dejado morir sin parpadear?

Es terrible. Lo peor es que, si miras a tu alrededor hoy en el mundo, toda esta locura que ataca los derechos homosexuales, no es imposible que esa época tóxica vuelva, todo en nombre de la superioridad blanca heterosexual. Hay algo innato contra lo que tenemos que luchar todo el tiempo. Inmigrantes, prostitutas, mujeres, transexuales, estamos todos en la misma cesta.

¿En la cesta de humanos sin derechos?

En la cesta de humanos a los que de alguna manera se les niegan los derechos de los hombres blancos heterosexuales.

En aquellos primeros años de la década de 1980, ¿el objetivo era luchar por sobrevivir o luchar por los derechos humanos de las personas homosexuales?

Las dos cosas iban juntas. Tuvo que ser así. En esos primeros años, en Nueva York, los hospitales rechazaban a los enfermos con sida. Eso hubiera sido ilegal para cualquier otra persona. La ley de los derechos de las personas homosexuales no llegó hasta 1986. Durante los cinco primeros años de la epidemia, no nos dejaron visitar a nuestras parejas en el hospital, porque no se nos reconocía como miembros de la familia.

Esto me recuerda a la pandemia del covid, aunque entonces el grupo más vulnerable fueron las personas mayores en las residencias. ¿Encuentras algún paralelismo entre ambas plagas?

El miedo. Cuando el miedo toma las riendas, ocurren estas cosas, hay personas dispuestas a dejar morir a otras personas.

Quiero saber cómo sobrevivir una plaga.

Una de las acciones activistas contra el sida fue una camiseta que decía: “Aprende, ama, lucha”. Creo que la mayoría de las personas, cuando se enfrentan a una fuerza enorme, se resignan ante ella. Es muy raro que alguien se levante, sabiendo que está en inferioridad de condiciones, y decida enfrentarse. Creo que ese es el verdadero sentido del héroe. Hay muy pocos héroes y, entre quienes actúan heroicamente, son aún menos los que encuentran la manera de ganar. Eso es lo que aprendimos de las personas que conocí durante esos quince años. No se trata solo de lo que hace falta para ser un héroe, sino también de lo que hace falta para ganar, para salir victorioso.

Por eso quería contar sus historias. Creo que hacían falta todos ellos juntos para vencer. Los activistas Peter Staley, Larry Kramer, Michael Callen, Rafsky, Iris Young, Spencer Cox formaban una combinación esencial.

¿Quién gana en una epidemia así?

Bueno, nosotros ganamos la vida.

El Tribunal Supremo (TS) ha absuelto al exdecano del Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara de un delito de desobediencia grave a la autoridad por el que había sido condenado por no atender los requerimientos de un juzgado en mayo de 2020, durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, para que se prestara asistencia jurídica a cuatro detenidos, que fueron puestos en libertad.

Así lo ha acordado la Sala de lo Penal en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que estima el recurso del exdecano y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que había rebajado a 2.700 euros la multa de 5.400 euros que le había impuesto un juzgado de la ciudad andaluza.

La sentencia recoge que, el 6 de mayo de 2020, cuatro personas pasaron a disposición judicial, para lo que la titular de un juzgado requirió con una providencia al Colegio de Abogados de Málaga que facilitaran el nombre de los abogados que estaban de guardia, “a fin de comunicarles que debían acudir a la mayor brevedad posible para asistir la guardia detenidos”.

Otro sistema de comunicaciones

En esa resolución, la magistrada explicó al Colegio de Abogados que “los medios telemáticos de los que disponía el juzgado de guardia serían empleados para recibir declaración al detenido, así como al resto de personas citadas dicho día”, relata la sentencia de los hechos probados en primera instancia y, “expresamente”, se advertía: “En caso de no acudir se procederá a deducir oportuno testimonio de todo lo actuado y su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Consejo General del Poder Judicial, al defensor del Pueblo y a la Consejería de Justicia, sin perjuicio de deducir testimonio por presunto delito de desobediencia”.

A las pocas horas, y después de varias comunicaciones entre el juzgado y el Colegio de Abogados de Málaga, los cuatro detenidos quedaron en libertad, continúa el relato de los hechos.

La sentencia recoge que desde la Abogacía de la provincia habían propuesto otro sistema de comunicaciones, pero que “no había tenido implantación puesto que no solo requería una dotación económica que no tuvo lugar”, sino que además “era incompatible con el sistema de grabación Arcontes, sistema general de grabación de las actuaciones judiciales de los Juzgados en Andalucía”.

Ante ello, la Sala indica que en este caso no se detecta en la secuencia de los hechos “una oposición firme, pertinaz y abierta” a la orden de la titular del juzgado, sino que mostró “la disposición a cubrir el servicio por otro procedimiento que luego resultó inviable, momento en que se rectifica”.

Reticencias “no justificadas, pero sí disculpables”

Además, los magistrados señalan que “no hay contumacia y persistencia obstinada”, sino que más bien se trataron de “dilaciones o retrasos en el acatamiento provocados por la estimación -equivocada, pero en alguna medida disculpable- de que había otra alternativa que se ofrecía para cubrir el servicio”.

Según el tribunal, esto no supone “una oposición firme de fondo, decidida, sin paliativos, obstinada, inmotivada”, lo que permite entender que “no se alcanzan las cotas de gravedad que discriminan entre el ilícito penal y las acciones”.

“No consta en las actuaciones, ni durante la instrucción ni en el plenario elemento alguno que permita afirmar que el decano actuó impulsado por la enemistad personal que pudiera albergar hacia la jueza y su esposo, también magistrado. Por el contrario, los datos obrantes en la causa resultan compatibles con que su actuación obedeciera al propósito de velar por la protección sanitaria de los colegiados a quienes representaba”, añade.

Para el alto tribunal, la argumentación en que se basa la condena “parte de una base que desconoce el contexto en que se produce y atribuye un comportamiento delictivo desproporcionado”, y señala: “La existencia de desavenencias no implica necesariamente una dolosa intención de desobedecer”.

Excepcionalidad

Ante situaciones de excepcionalidad como fue la del coronavirus, arguye la Sala, “debían adoptarse medidas de excepcionalidad que podían considerarse las adecuadas”. “El acusado al constatar que no era viable su propuesta cedió inmediatamente plegándose al requerimiento judicial. La alternativa ofrecida podría ser considerada por el acusado como muy razonable en ese contexto”, continúa.“, continúa.

El tribunal considera que la orden dada por la juez de guardia podría suscitar, en el contexto antes aludido, “reticencias no justificadas, pero sí disculpables en alguna medida, en quien se sentía --y era-- responsable de evitar situaciones de riesgo sanitario para los colegiados”.

En la primavera de 2020, el mundo se detuvo de forma inesperada. El confinamiento provocado por la COVID-19 paralizó ciudades, industrias y transportes.

Sin embargo, mientras la actividad humana se reducía al mínimo, ocurrió algo extraordinario. Los niveles de contaminación se desplomaron en las grandes urbes, los canales de Venecia recuperaron una claridad olvidada y la fauna volvió a ocupar espacios urbanos. La naturaleza, de pronto, parecía respirar.

Aquellos meses nos dejaron una enseñanza inapelable: la Tierra no estaba agotada, sino sometida a una presión asfixiante. Bastó una breve tregua en nuestra frenética rutina para que demostrara una asombrosa capacidad de recuperación. Fue una demostración silenciosa de que el planeta conserva una inmensa fuerza regeneradora si, simplemente, le damos la oportunidad de ejercerla.

Pero el alivio fue efímero. En cuanto la maquinaria económica volvió a arrancar, regresaron las emisiones, la polución y la explotación intensiva. El planeta retomó las mismas cargas que lo asfixiaban antes de la crisis. Aunque muchos de aquellos efectos fueron temporales, demostraron hasta qué punto la presión humana influye de manera directa en la calidad ambiental y cómo determinados ecosistemas conservan capacidad de recuperación cuando se reducen las agresiones. Aun así, el confinamiento quedó grabado como un faro de lo que sería posible si rediseñáramos nuestra relación con el entorno.

La dimensión humana de la crisis ambiental

Con frecuencia analizamos el deterioro ecológico a través de frías estadísticas y gráficos. Olvidamos que detrás de esos datos hay rostros concretos.

La contaminación del aire y del agua castiga con mayor dureza a las comunidades más vulnerables, aquellas que carecen de recursos para protegerse. Las enfermedades respiratorias, la escasez de agua potable y la degradación del entorno impactan directamente en la salud y la dignidad de millones de personas.

A esto se suma la violencia de los fenómenos climáticos extremos: sequías prolongadas, inundaciones, incendios forestales y tormentas demoledoras. Estos episodios no solo desmantelan ecosistemas, sino que arrasan viviendas, cultivos y proyectos de vida, empujando a comunidades enteras a un éxodo forzoso como refugiados climáticos. El sufrimiento de la Tierra y el sufrimiento humano son, en realidad, las dos caras de la misma moneda.

La pérdida de biodiversidad: la quiebra del equilibrio

Otro de los grandes desafíos de nuestro tiempo es la extinción acelerada de especies. A menudo se percibe este problema como una pérdida puramente estética o sentimental, pero la biodiversidad es el tejido vivo que sostiene nuestra propia existencia.

Los insectos polinizadores sostienen buena parte de la producción de alimentos; los bosques regulan el clima y los océanos contribuyen al equilibrio global. Cuando una especie desaparece, se altera una compleja red de relaciones que desestabiliza el ecosistema entero. Además, la destrucción de los hábitats rompe las barreras naturales, facilitando el salto de enfermedades de animales a humanos. La biodiversidad no es un lujo de la naturaleza, sino un requisito para nuestra supervivencia.

Castilla-La Mancha, con sus extensas llanuras, humedales y montes, no es ajena a esta fragilidad. Espacios tan emblemáticos como las Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera encarnan la riqueza y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad de nuestro patrimonio. Las sequías recurrentes, la sobreexplotación acuífera y el cambio climático amenazan hoy unos paisajes que configuran nuestra historia y nuestra identidad. Quienes hemos arraigado nuestra vida en esta tierra somos testigos de la alteración de las estaciones y de la creciente escasez de agua. La crisis climática no es una advertencia lejana; está sucediendo aquí mismo.

Del sentimiento de culpa a la responsabilidad

Ante la magnitud de este escenario, es fácil caer en la impotencia y pensar que los gestos individuales son irrelevantes frente a desafíos globales. Sin embargo, el confinamiento también nos reveló cuánto añoramos el aire limpio y el contacto con la naturaleza cuando nos son privados. Nuestro bienestar depende del equilibrio ecológico mucho más de lo que nos atrevemos a admitir.

Cada ciudadano posee un poder real de influencia. El consumo consciente, la reducción de residuos, el ahorro energético y la apuesta por la sostenibilidad son decisiones que, multiplicadas por millones, transforman realidades. Pero la implicación no acaba en el ámbito doméstico: exige también una participación activa en la vida pública, respaldando políticas ambientales valientes y exigiendo compromisos firmes a gobiernos y corporaciones. Se trata, en el fondo, de un cambio de paradigma: dejar de actuar como dueños de la Tierra para reconocernos como parte de ella.

Un deber moral con las generaciones futuras

Existe una dimensión ética ineludible en esta crisis: las decisiones de hoy moldearán el mundo de mañana. Nuestros hijos y nietos heredarán los bosques que salvemos o destruyamos, los ríos que limpiemos o contaminemos. No elegimos el planeta que recibimos, pero somos plenamente responsables del que entregamos.

La educación es la herramienta clave en este proceso. Como docente, sé que el respeto por el medio ambiente no se asimila solo en los libros de texto. Se aprende observando el vuelo de un ave, contemplando el campo en primavera, escuchando el curso del agua y comprendiendo el valor intrínseco de cada ser vivo. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a convivir con los recursos, no solo a explotarlos. El verdadero progreso no mide cuánto producimos, sino cuánto somos capaces de conservar.

Conclusión

La radiografía de un planeta en crisis no debe arrastrarnos al pesimismo paralizante. Al contrario, debe espolearnos el recuerdo de 2020: la naturaleza se regenera con una rapidez asombrosa en cuanto aliviamos la presión sobre ella. La verdadera incógnita es si seremos capaces de preservar las condiciones para una vida humana digna.

Al contemplar los campos manchegos al final de la primavera -sus olivares, dehesas y humedales resistentes-, se hace evidente que la defensa del planeta comienza por lo que nos rodea. La ecología no solo se dirime en las cumbres internacionales; se construye día a día en cada pueblo, ciudad y comunidad.

Durante el silencio de la pandemia escuchamos, por un instante, el latido limpio del planeta. Esa voz discreta nos demostró que hay esperanza. Depende de nosotros transformar aquella lección en un compromiso innegociable. No somos meros espectadores de la naturaleza: formamos parte de ella, y nuestro destino está indisolublemente unido al suyo.

La contratación pública de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario cuando los controles habían saltado por los aires. El decreto que impuso el Estado de Alarma en el país permitió comprar de emergencia a cualquiera y sin concurso cuando fallecían cientos de personas al día. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector. Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios, algunos ni eso, se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

La Fiscalía Anticorrupción alertó por escrito sobre este 'antisistema', perfecto para alimentar la corrupción: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

La pandemia dejó en España cientos de casos de empresarios o comisionistas que lograron, por la emergencia, un enriquecimiento obsceno pero legal. Como Víctor de Aldama, el nexo corruptor del Ministerio de Transportes que tras sobornar con dinero y regalos al ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, logró el primer gran negocio millonario de su vida con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.  

Soluciones de Gestión fue la empresa recomendada por Aldama, que para entonces ya pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro Ábalos. Logró vender 20 millones de mascarillas por más de 50 millones de euros al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. De ese dinero público, 15 millones de euros se quedaron en los bolsillos del dueño de Soluciones de Gestión (nueve millones) y de Víctor de Aldama (seis).

Antes del juicio en el Supremo del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción avisó de que no había nada anómalo en ese procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que Aldama devolviera al menos los 3,7 millones de euros que había ganado por el material vendido al Ministerio de Transportes previo soborno a sus dirigentes. “Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de un año”, escribió.

Los siete magistrados del Supremo que juzgaron el caso decidieron por unanimidad que Aldama no cumpliera los 4,5 años de cárcel de la condena y, además, le perdonaron la multa de los 3,7 millones de euros ganados. La sentencia considera poco relevante la información privilegiada con la que Aldama hizo negocio en el Ministerio donde tenía comprado a su principal responsable. “La relevancia de la información sobre la futura licitación, además de ser de muy escasa entidad dada la situación de la pandemia, el Estado de Alarma y normativa circundante, sucede que resultaba accesoria para la obtención del beneficio económico, que, como finalidad, establece el artículo 442 del Código Penal; pues la existencia de otros licitadores, como hemos descrito, en virtud de las influencias descritas, no eran ponderadas”, señala la sentencia.

Los magistrados creen y así lo defienden en el fallo que “no ha mediado prueba sobre que el suministro de mascarillas se haya pactado en condiciones perjudiciales para la Administración, ni que el precio fuera excesivo”. El empresario corrupto Víctor de Aldama vendió las mascarillas a 2,5 euros por unidad, lo que según el Supremo es prueba de que no se puso un precio excesivo y el suministro no se pactó en condiciones perjudiciales para la Administración.

El hermano de Isabel Díaz Ayuso, de nombre Tomás, se alió con un amigo de su pueblo que tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, para suministrar a la Comunidad de Madrid hasta 250.000 mascarillas a seis euros la unidad, casi el triple que los precios ofrecidos por Aldama. El material era muy parecido, comprado en China a dos euros en las mismas primeras semanas de la pandemia en España.

La importancia que los magistrados del Supremo dieron al precio fijado por Aldama fue, sin embargo, irrelevante para la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió archivar la investigación al hermano de Díaz Ayuso porque, según dijo un alto cargo de esa institución, “la avaricia no es delito”. Aquel expediente se cerró con una excusa administrativa: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

Los correos electrónicos de la oferta de Tomás Díaz Ayuso iban a nombre del dueño de la empresa de ropa infantil, Priviet, y, por tanto, los funcionarios de la Comunidad de Madrid no podían saber que detrás de esa propuesta estaba el hermano de la presidenta, argumentaron los fiscales.

El Supremo destacó en su sentencia que 2,5 euros por unidad era un precio que se situaba por debajo de la media del precio medio pagado en España en marzo de 2020 (3,38 euros) y en abril (3,65 euros). De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro. 

El delito fiscal después del beneficio empresarial

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas durante la emergencia intentaron después engañar a Hacienda para que su beneficio fuera aún mayor. Es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento (seis euros por mascarilla).

La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

Algo parecido le ocurrió al novio de Isabel Díaz Ayuso, comisionista en una compraventa de mascarillas entre dos empresas privadas. Ganó dos millones de euros (el 4,5% de la operación) pero engañó a Hacienda con facturas falsas para ahorrarse el pago de 155.000 euros en impuestos, según determinó la Agencia Tributaria. Ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales.

La Audiencia de Lleida ha confirmado el archivo de la causa penal abierta a los responsables de la residencia de Tremp que en el otoño de 2020 registró uno de los brotes más graves de coronavirus en Catalunya, con 61 ancianos fallecidos.

La resolución cierra definitivamente la vía penal para los familiares de las víctimas, y confirma de nuevo que la mayoría de tribunales españoles no aprecian que las muertes en residencias alcanzaran la gravedad para investigarse por los delitos de homicidios por imprudencia o contra los derechos de los trabajadores.

En un auto, adelantado por Pallars Digital y que ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Lleida considera “evidente” que los responsables de la residencia de Tremp investigados tuvieron “numerosas dificultades” para actuar “con la celeridad que exigía la gravedad de la situación”, esto es, con los contagios disparados y sin control entre ancianos y plantilla.

Sin embargo, concluye el tribunal, las “dificultades no son atribuibles a ninguna acción u omisión dolosa o imprudente” de la directora de la residencia en el momento de los hechos y su responsable sanitaria (una monja aquejada en la actualidad de demencia senil que la convierte en inimputable) “por no haber facilitado a los trabajadores los medios necesarios para evitar riesgos durante su jornada laboral”.

En pocas semanas, la residencia de la Fundación Fiella-Sant Hospital de Tremp, un municipio de menos de 6.000 habitantes en la comarca del Pallars Jussà (Lleida), se convirtió en un agujero negro donde han fallecido más de medio centenar de personas. 

En conjunto, se produjeron 61 defunciones por COVID-19 de los 150 residentes, lo que supuso más del 40% del total de ancianos que acogía el centro. La investigación también reveló déficits organizativos en la gestión de los protocolos del centro, que terminó con 42 trabajadores de un total de 65 contagiados.

La Audiencia de Lleida constata que falló el plan de contingencia de la residencia (que implicaba la organización del centro por plantas, zonas de aislamiento y un control por parte de médico, una enfermera y una supervisora) y que fue por la conselleria de Salud, si bien no implica que ello conlleve una responsabilidad penal.

El “contexto excepcional de pandemia que se estaba viviendo” (pese a que los hechos ocurrieron en la segunda ola del COVID, no la primera), argumenta el tribunal, implicó que el plan de contingencia no pudiera aplicarse “dada la excepcionalidad del momento debido al elevado número de contagios”.

“Las posibles deficiencias en la difusión del plan [entre la plantilla] tampoco hubieran evitado el gran número de contagios”, zanja el tribunal. Ni la Generalitat ni la Inspección de Trabajo tampoco sancionaron a la residencia por vía administrativa.

La Mesa de la comisión parlamentaria que ha investigado la compra de material sanitario durante la pandemia ha tramitado este lunes las dos únicas enmiendas presentadas a la propuesta de dictamen.

Fuentes parlamentarias han informado a EFE de que estas dos enmiendas, presentadas de forma conjunta por los grupos parlamentarios Nacionalista Canario y Popular, no varían el contenido del informe y solo hacen apreciaciones técnicas.

Las fuentes han señalado que las dos enmiendas serán remitidas a los grupos parlamentarios y serán votadas junto con la propuesta del dictamen en la comisión que está previsto celebrarse a final de este mes de junio.

Tras la comisión, el dictamen saliente será elevado al pleno del Parlamento de Canarias para su debate posiblemente en el mes de julio.

La diputada de Nueva Canarias, Esther González, ha señalado a EFE que su grupo no ha presentado enmiendas porque no quiere participar “en el circo” en el que, en su opinión, han convertido a esta comisión los partidos que apoyan al Gobierno.

González ha insistido en que antes del inicio de la comisión, CC y PP ya habían sentenciado al anterior presidente del Ejecutivo canario , Ángel Víctor Torres, y a su consejo de gobierno.

De hecho, ha añadido, la propuesta de dictamen responsabiliza a Torres y su consejo de gobierno por “acción y omisión” desde el inicio, incluye informes que no existen y no recoge testimonios aclaratorios. 

Verano de 2020, en una rotonda fronteriza de Hendaya. El protagonista de Última escala, la nueva novela de Santi Fernández Patón, ve cómo su pareja, Miriam, desaparece tras subir a un autobús. Es el punto de partida de una historia que va a profundizar en la crisis personal de este personaje para acabar adquiriendo un alcance universal. “Lo que vertebra todas mis novelas es cómo lo personal se implica en lo social y, en esta novela en concreto, quizá es más evidente”, asevera el autor, “en el sentido de que el telón de fondo de esta ruptura y la reconstrucción del personaje tiene lugar al mismo tiempo que una sociedad se tenía que reinventar después de una pandemia que trastocó un montón de pilares”.

El autor, columnista en elDiario.es Andalucía, presenta el libro este martes en Sevilla a las 20:00, con Isaac Rosa, en Librería La Fuga, y el miércoles en Málaga con Guillermo Busutil en la librería Suburbia, a las 19:00. Ante la casualidad de que también novelas recientes como Feliz final del propio Isaac Rosa o El detalle de Jesús Carrasco hablen de rupturas sentimentales, Fernández Patón cree que “estamos viviendo en un mundo acelerado, en un mundo que se empieza a descomponer en muchos aspectos, y enfrentarse a una ruptura personal como es un desamor me servía para catalizar todo ese viaje, tanto personal como social, hacia la construcción de una nueva subjetividad, que es, al fin y al cabo, de lo que trata la novela”.

Por otro lado, el hecho de que la separación se produzca en un punto fronterizo como Hendaya no es, en palabras del autor, nada casual. “Desde el primer párrafo el protagonista lo reconoce. Hendaya tiene una particularidad, para quien no haya estado allí en la que tú entras por el lado del País Vasco español y, cuando llegas al otro lado, estás en el País Vasco francés. Entonces él dice algo así como que entramos en la rotonda por el lado de la pareja y salimos de ella por el de la ruptura”.

Marcados profundamente

“Todo surge de una anécdota personal”, prosigue. “Mi pareja hace la vendimia en Francia en muchas ocasiones, igual que la pareja del protagonista, y yo la acompañaba hasta esa rotonda. Allí se subía a un autobús y yo me quedaba unos días más solo. Empecé a pensar qué habría ocurrido si, al subir a ese autobús, mi pareja me hubiera dicho: ‘En realidad me subo a este autobús y no vuelvo. Quería haberte dejado, pero como estábamos en confinamiento no pude’. Empecé a tirar de ese hilo y de ahí fue surgiendo la historia. A partir de ahí empecé a desarrollar la historia del protagonista, al mismo tiempo que recuperaba fragmentos escritos de obras que habían fracasado, y en los que quería hablar de otros asuntos. No sabía cómo engarzar todo eso hasta que descubrí que precisamente todo lo que habíamos vivido con el Covid podía servir. Porque esa es otra cuestión: creo que hubo muchas novelas e historias increíblemente oportunistas sobre el Covid y se hizo literatura muy mala, una literatura que todavía no tenía una mirada reposada ni una perspectiva suficiente”.

Para Fernández Patón, “este es el momento de empezar a analizar cómo nos afectó aquello. Ahora, con más calma, y cuando los lectores pueden estar más receptivos y entender que ya no se trata de oportunismo literario, sino de algo realmente necesario: ver qué supuso la pandemia”. Por otro lado, está convencido de que “me perjudicó escribir una novela con ese telón de fondo, porque algunas editoriales importantes se negaron directamente a leerla. Entendían que era un tema feo, del que no se quería hablar, o que podía tener una mirada oportunista. Ahora me está pasando lo contrario. Los primeros comentarios que estoy recibiendo son muy positivos”.

“Creo que cosas que estamos viviendo hoy —la presencia de las fake news, la polarización, la apelación a la libertad entendida como individualismo salvaje— tienen su germen en muchos episodios ocurridos durante esos meses de confinamiento y los posteriores. Fue un episodio que marcó profundamente a esta sociedad y que parece que queremos rehuir. Mi mirada, o eso he intentado, resulta atractiva porque está hablando de otras cosas que nos atañen universalmente: el desamor, las recomposiciones familiares, las recomposiciones laborales”.

Humor en la tragedia

El escritor señala asimismo que la novela “tiene también partes de humor, porque hubo humor en medio de la tragedia. Tiene muchos elementos que hacen que la pandemia sea simplemente ese telón de fondo que nos ayuda a comprender los elementos individuales del narrador. No hay una presencia invasora o totalizadora de la pandemia que pudiera echar para atrás al lector”.

En cuanto al modo en que esta nueva obra dialoga con novelas anteriores, como Grietas o Todo queda en casa, comenta que “creo que hay algunos temas que se vienen repitiendo en mis novelas de una u otra manera, más enmascarados o de forma más evidente. Uno de ellos son las segundas oportunidades, los errores y la indagación personal. Son novelas muy introspectivas en las que me enfrento siempre a un reto como narrador, pero también como lector. Quiero novelas dinámicas, novelas que atrapen, y quiero que la indagación no se confunda con el solipsismo. Que la historia esté presente y le sirva al lector para entrar de una manera y salir de otra, sin tener la sensación de haberse metido en marismas demasiado solipsistas. Creo que eso es lo que mejor las define y está presente en todas ellas: recomponerse al mismo tiempo que el contexto social está muy presente. Y cuando digo social no me refiero exclusivamente al contexto político, sino también al económico”.

A este respecto, apunta que “en mis novelas está siempre muy presente el dinero: en qué trabajan los personajes, cómo se ganan la vida y cómo eso define su manera de ver el mundo, de amar, de relacionarse con los otros y de enfrentarse al día a día. Me parece algo fundamental. Y en esta novela, en concreto, lo hago también desde el humor. No quiero desvelar demasiado, pero tiene mucho humor. Creo que esa es otra constante en mis novelas, igual que otra lo son las familias que sufren pérdidas traumáticas. Eso también viene de mi propia biografía. Mi madre murió a los 39 años; yo tenía 11. Es un hecho que me ha marcado y que siempre, de alguna manera, está presente en mis novelas. Hay una pérdida traumática que acaba definiendo también la subjetividad y la personalidad de cada personaje. Y te adelanto algo más: en la próxima novela en la que estoy trabajando quizá haya incluso algún cameo de algún personaje de esta”.

El centro del mundo

Para terminar, Fernández Patón cree que pertenecer a la clase media literaria –“e incluso a la clase baja”, matiza con humor– es un hándicap que se suma al hecho de ser andaluz viviendo en el norte de España, es decir, un periférico. “Yo me crie en Madrid, aunque mi familia no es madrileña y no tengo familia allí. Llevo en Andalucía más tiempo que en cualquier otra parte del mundo, y ahora con este interludio en Gijón, al que me fui hace años por cuestiones laborales y familiares. Y añado que clase baja, al menos en lo que se refiere a ventas. Además, me reivindico como escritor de provincias”.

“Mis novelas suelen transcurrir en Málaga; casi todas lo han hecho”, subraya por último. “Hay episodios breves en Madrid y, en la actualidad, en Gijón, pero yo hablo de Málaga como hablan los escritores de Madrid: mencionan barrios, calles y bares sin dar explicaciones, como si todos tuviéramos que conocerlos por el simple hecho de ser Madrid. Pues yo hago lo mismo. Hablo de Málaga como si fuera el centro del mundo”.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como supuesto jefe de una trama corrupta enriquecida gracias al tráfico de influencias. La principal operación bajo sospecha en la que supuestamente intervino la red delictiva es el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo de 2021 la concesión a la compañía de dos préstamos por 53 millones de euros a devolver en siete años. El PP denuncia por sospechosa la rapidez en la aprobación de ese rescate. En realidad se hizo ocho días más tarde del plazo máximo para resolver –seis meses– establecido en el decreto que regulaba estas ayudas extraordinarias. Calama interpreta algunos mensajes de directivos de Plus Ultra para situar a Zapatero como la principal vía de influencia que triunfó para que se aprobara el rescate. Esos mensajes se produjeron cuando la compañía se reunió con el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para conocer detalles del Fondo creado para ayudar a empresas en pandemia.

El expediente completo de la tramitación del rescate de Plus Ultra, remitido por la SEPI al juzgado de instrucción número 15 de Madrid que investigó la operación tras una querella de Manos Limpias, detalla los múltiples controles internos y externos que superó la solicitud de ayuda de la compañía aérea sin hallar rastro de intervención política.

La solicitud pasó la revisión de la auditora financiera DAIWA CORPORATE ADVISORY, de la auditora jurídica DELOITTE, de la dirección general de Aviación Civil, de la Agencia de Seguridad Aérea y de la auditora Price Waterhouse (contratada por Plus Ultra para avalar el cumplimiento de todos los requisitos del rescate). La propuesta que finalmente hizo la SEPI, con la resolución estimatoria del Fondo de Ayuda, se basó “en las conclusiones de los informes” de las dos auditoras externas que analizaron la solicitud “sin incluir valoraciones de carácter discrecional”, según explica la Abogacía del Estado en un extenso informe remitido al juzgado. La instructora Esperanza Collazos investigó el rescate durante 19 meses y acabó archivando la querella presentada por Manos Limpias contra los principales directivos de la SEPI.

Sin el aval de esos dos informes, la ayuda no se habría aprobado. No consta ninguna intervención o presión política sobre esas dos empresas en la investigación abierta por el juez Calama en la Audiencia Nacional ni en los informes policiales que analizaron el caso. Los principales directivos de la SEPI encargados de gestionar el Fondo de Ayuda a empresas, Bartolomé Lora y José Ángel Partearroyo, han declarado en el Senado que no recibieron presiones de ningún ministro del Gobierno.

Plus Ultra es una sociedad anónima con domicilio en Alcobendas (Madrid) que inició sus operaciones en 2015 tras obtener el certificado de operador aéreo durante el mandato del PP. El año anterior a la crisis del coronavirus, la compañía transportó 176.396 pasajeros y 3.461 toneladas en sus cuatro rutas regulares (Madrid-Lima, Madrid-Caracas, Madrid-Quito-Guayaquil y Tenerife-Caracas) con una cuota de mercado del 11% en dichas rutas y una plantilla de 403 empleados (228 entre pilotos y personal de cabina). Ese año 2019 tuvo unos ingresos de 100 millones de euros y aprobó un presupuesto para 2020 con un resultado neto positivo por primera vez desde su fundación.

El Fondo de Ayuda que el Gobierno creó para ayudar a determinadas empresas con problemas de solvencia por la crisis del coronavirus establecía dos condiciones principales: la solvencia financiera antes de presentar la solicitud y que fueran “compañías estratégicas”.

El expediente remitido al juzgado acredita cómo se cumplieron ambos requisitos para aprobar el rescate de Plus Ultra. Pero las informaciones publicadas en algunos medios cuestionando la aprobación del préstamo a Plus Ultra obligaron al Gobierno a “extremar la prudencia”, según explicó la Abogacía del Estado, y se bloqueó el pago del 60% de los 53 millones. 

El 18 de marzo de 2021 se desembolsó únicamente el préstamo ordinario de 19 millones, “el más urgente para la cobertura de la tesorería de acuerdo con el Plan de Viabilidad, así como el de más fácil recuperación, si fuese preciso, por su menor importe y carácter no subordinado”. Sin embargo, el préstamo participativo de 34 millones quedó bloqueado. La compañía se quejó dado que tenía una “urgente necesidad de recibir la ayuda” para liquidar las deudas contraídas como consecuencia de su inactividad. Los 34 millones de euros se liberaron más de tres meses después, algo que comunicó la Abogacía del Estado a la juez que investigaba el rescate: “Deloitte ha remitido carta de 8 de junio de 2021 en la que, además de ratificar su informe emitido en el curso del expediente, manifiesta que, a su criterio no existe óbice legal para acometer el desembolso pendiente, sin perjuicio de que en caso de algún tipo de falsedad u ocultación por parte de la compañía quepa aplicar las causas de vencimiento anticipado que en el contrato se contempla”.

La juez Esperanza Collazos siguió investigando y 16 meses después archivó el procedimiento abierto tras la querella de Manos Limpias con la siguiente conclusión: “El delito de obtención de subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieses impedido, previsto y penado en el artículo 308 del Código Penal, requiriéndose como elemento del tipo el que sea cometido de forma dolosa, no cabe la comisión imprudente, lo que lleva a considerar, a la vista de las periciales practicadas que por parte de la empresa no se ocultaron datos, con el ánimo de defraudar, y deduciéndose de la prueba del careo que la interpretación contable siembra una duda sobre ese ánimo defraudatorio que la parte querellante afirma existir. Una cosa son prácticas contables no ortodoxas y otra, la comisión de un tipo penal”.

La cronología del préstamo que ahora cuestiona la Audiencia Nacional en el caso Zapatero es como sigue:

Una de las primeras solicitudes para el rescate: 1 de septiembre de 2020. Plus Ultra fue una de las primeras empresas en solicitar apoyo financiero acogiéndose al plan de rescate aprobado por el Gobierno. La propuesta fechada el 1 de septiembre de 2020 incluía un Plan de Viabilidad (elaborado por la consultora PriceWaterhouseCoopers) e información financiera y jurídica, así como las correspondientes declaraciones responsables y certificados para justificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para acceder al apoyo temporal con cargo al Fondo.

Tres requerimientos de subsanación en octubre, noviembre y diciembre de 2020. La comunicación entre los responsables del Fondo y Plus Ultra fue muy intensa en los primeros cuatro meses de tramitación de la solicitud, como ocurría con el resto de propuestas de empresas en dificultades. Se remitieron a la compañía aérea tres requerimientos de subsanación, mejora, complemento y aclaración de la solicitud. Plus Ultra atendió a todos los requerimientos, según el informe de la Abogacía remitido al juzgado. El fondo reclamaba a la aerolínea “más información económico-financiera y jurídica, necesaria para hacer la revisión de la solicitud por parte de auditoras externas”.

Los fundamentos del “carácter estratégico de la compañía”

La Abogacía del Estado justificó así el carácter estratégico de la compañía en el informe remitido al juzgado:

La solvencia financiera de Plus Ultra

Los asesores externos financiero y jurídico concluyeron “inequívocamente” que la empresa no estaba “en situación de crisis”. “El patrimonio neto a 31 de diciembre de 2019 no resulta inferior a la mitad del capital social suscrito (incluyendo un préstamo participativo de 6.304.000 euros, que representa el 63% del capital suscrito). La potencial beneficiaria no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente y no ha recibido ayuda de salvamento ni ayuda de reestructuración (…) Los ratios de Deuda/Capital y de EBITDA/Intereses que presenta la potencial beneficiaria al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 (inferior a 7,5 y superior a 1,0, respectivamente) no superan los umbrales que determinan la calificación de ”empresa en crisis“, cumpliendo ampliamente con dichos ratios”.

Plus Ultra conoce con antelación la concesión del préstamo y lo aprueba en sus órganos sociales. “El Consejo Gestor, habiendo sido informado previamente en varias reuniones sobre la evolución del procedimiento administrativo de la solicitud, el 2 de marzo de 2021 adoptó resolución estimatoria de la solicitud condicionando la misma a la aprobación de los citados acuerdos por los órganos sociales de Plus Ultra y a la posterior autorización del Consejo de Ministros, de modo que tras la correspondiente aprobación por los órganos sociales de Plus Ultra en fecha 3 de marzo de 2021 se elevó la resolución a autorización del Consejo de Ministros”, que lo aprobó el 9 de marzo de 2021.

El premio de Investigación final de residencia que otorga el Sector sanitario Zaragoza II, que es el que tiene como hospital de referencia el Hospital Universitario Miguel Servet, ha recaído este año en la preventivista Alba Gallego, que ha analizado el impacto del confinamiento en la obesidad infantil, cuyos resultados muestran un aumento significativo en ambos casos, sobre todo en los niños mayores de 6 años.

Además, se ha otorgado un accésit a la oftalmóloga Ana Pueyo por un estudio sobre el uso de inteligencia artificial para mejorar el cribado de enfermedades neurodegenerativas mediante imágenes de retina, ha informado el Gobierno aragonés.

Ambos galardones se han entregado este miércoles en el acto de despedida de los residentes que han realizado su formación especializada en el Sector Zaragoza II. La celebración ha tenido lugar en el salón de actos del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

En este sector sanitario se han formado casi 120 profesionales en diversas especialidades médicas, de Enfermería y otras como Farmacia, Psicología Clínica o Radiofísica Hospitalaria. Ahora han terminado ese periodo de residencia todos aquellos cuya formación es de dos, tres o cuatro años de duración. Los médicos cuyas especialidades requieren una formación de cinco años finalizan en julio y entonces se realizará otro acto de despedida.

Antes y después del confinamiento

Respecto a la investigación premiada, su autora utiliza datos de peso y talla registrados en las revisiones del Programa de Salud Infantil en Atención Primaria, en menores de 0 a 14 años, y compara las cifras de los años 2018 y 2019 con las de 2021.

Los resultados muestran que la obesidad infantil pasó del 3,8% en 2019 al 5,5% en 2021, mientras que el sobrepeso aumentó del 14,5% al 15,8%. Los niños presentaron cifras más altas que las niñas, aunque esta diferencia se redujo en 2021.

El análisis territorial revela que las diferencias no se explican únicamente por vivir en un entorno urbano o rural. Algunas zonas intermedias y áreas rurales próximas a núcleos urbanos mostraron prevalencias más elevadas, lo que confirma que los patrones de vida y consumo influyen más que la clasificación administrativa del territorio.

El estudio concluye que la pandemia interrumpió la tendencia descendente que Aragón venía registrando en obesidad infantil. Además, identifica la influencia de factores socioeconómicos –como el nivel de ingresos y el nivel educativo familiar– especialmente en la provincia de Zaragoza.

Los autores recomiendan reforzar la vigilancia desde Atención Primaria y diseñar medidas preventivas adaptadas a cada territorio, con especial atención a las zonas más vulnerables.

La doctora ha destacado además el valor simbólico del reconocimiento para la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública: “Es una especialidad poco conocida, pero la investigación es una parte esencial de nuestra formación. A menudo trabajamos como técnicos de apoyo, aportando metodología y análisis, y no aparecemos tanto en los titulares. Pero somos esa 'hormiguita' que sostiene gran parte del trabajo”.

IA para el cribado de enfermedades neurodegenerativas

Por otro lado, el accésit de esta convocatoria anual de premios de Investigación del Sector II ha recaído en un trabajo publicado en 'Artificial Intelligence in Medicine', que propone un sistema completamente automático basado en inteligencia artificial para analizar imágenes de tomografía de coherencia óptica (OCT) de la retina.

La investigadora Ana Pueyo Bestué explica que OCT es una prueba rápida, no invasiva y ampliamente utilizada en Oftalmología para obtener imágenes de alta resolución de las capas de la retina.

La innovación del estudio radica en el uso de un modelo avanzado de inteligencia artificial especializado en análisis de imagen, capaz de mejorar la precisión del cribado de enfermedades neurodegenerativas mediante la detección temprana de alteraciones estructurales en la retina.

Este enfoque abre la puerta a herramientas diagnósticas más rápidas, precisas y accesibles, con potencial para integrarse en la práctica clínica habitual y facilitar la identificación precoz de patologías como el Alzheimer o el Parkinson.

Para Ana Pueyo, “este accésit representa un apoyo importante para seguir adelante con la carrera investigadora y consolidar una línea de trabajo que une la oftalmología y la inteligencia artificial, un campo con un enorme potencial en los próximos años”.

La oftalmóloga ha subrayado que compaginar la labor asistencial, la formación como especialista, la investigación y la realización de la tesis doctoral durante la residencia ha sido posible gracias al Grupo de Investigación GIMSO de Oftalmología del Hospital Miguel Servet, dirigido por el jefe de servicio de Oftalmología, Luis Pablo.

Además, este jueves se celebra el acto de despedida de los residentes que se han formado en el Sector Zaragoza III, que es el que corresponde al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, donde han realizado dos, cuatro o cinco años de formación, otros 106 graduados en Medicina, Enfermería, Psicología Clínica, Bioquímica, entre otras muchas especialidades de cinco unidades docentes –aquí se incluye el Sector de Calatayud y los residentes de Enfermería y de Medicina especializada en Geriatría que se forman en el Hospital San Juan de Dios–.

En el Sector I, que es el que tiene como referencia los hospitales Royo Villanova y Nuestra Señora de gracia, se han formado otros 32 profesionales, a los que se suman los 16 que han realizado su especialidad en los sectores de Huesca y Barbastro y los 24 de los sectores de Teruel y Alcañiz.

La UCO ha estado en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. No solo ha buscado información en la sede del PSOE, también la Dirección General de la Guardia Civil. Y aquí llega el gran titular: La Audiencia Nacional apunta a que el PSOE pagó a Leire Díez por sus maniobras contra fiscales y policías. El juez atribuye a Santos Cerdán un “papel superior” en el plan para “desestabilizar de forma sistemática y continuada” las causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno y Leire Díez era su brazo ejecutor. También sabemos que el juez Pedraz de la Audiencia Nacional imputa a Santos Cerdán, al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco. 

¿Cómo afecta esto al PSOE en unas semanas en las que, además, se añade la imputación de Zapatero, el juicio del hermano de Pedro Sánchez y la inminente sentencia del caso Ábalos? Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.  

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Estos últimos días seguimos buceando en las carpetas y archivos del sumario del caso Zapatero… Cada día, probablemente durante muchos días, irán aflorando detalles, algunos sospechosos, otros completamente irrelevantes aunque llamativos a los que tendremos que dar el orden que merecen. Muchos de ellos giran en torno a la aerolínea que da nombre al caso: Plus Ultra. 

¿Es una compañía española o venezolana? ¿Cumplía o no los requisitos para el rescate en la pandemia? ¿Qué papel desempeña Zapatero o cuál le atribuye la UDEF en toda esta operación? Lo analizamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero.    

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La gran epidemia de peste de mediados del siglo XIV liquidó a más de un tercio de la población europea. Además de cientos de miles de muertos, dejó algunas enseñanzas en salud pública, como la importancia de los sistemas de cuarentena, los cordones sanitarios o los lazaretos y la necesidad de recopilar datos y vigilar los brotes de enfermedades infecciosas. Muchos siglos después, el cólera puso de manifiesto la urgencia de mejorar el alcantarillado y el acceso a agua potable en las ciudades.

Las grandes crisis sanitarias de la historia han permitido avances en materia de salud pública, todavía insuficientes ante los ingentes retos que enfrenta hoy en día el mundo, pero que permiten afrontar estos desafíos desde una nueva óptica. “Aprendemos mucho, otra cosa es que lo hagamos todo lo que deberíamos”, resume la exdirectora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, que vivió la pandemia de coronavirus en esa responsabilidad.

“Los propios brotes de coronavirus de principios del siglo XXI nos sirvieron para aprender cómo funcionan estos virus, detectarlo mucho antes, hacer la secuenciación, tener herramientas diagnósticas en poco tiempo y aplicar medidas no farmacológicas de aislamiento y distancia social”, explica la especialista en medicina interna.

Un reciente informe de la Junta de Monitorización de la Preparación Global —GPMB, por sus siglas en inglés— de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte a los Estados sobre la posibilidad de que se “intensifique la aparición y amplificación de peligros infecciosos” en la próxima década. El cambio climático, los cambios demográficos, la inestabilidad geopolítica y otras “presiones convergentes” amenazan la seguridad sanitaria mundial, por lo que los países “deberán mejorar su colaboración multilateral”, con inversión “más estratégica y eficiente”.

Pese al tirón de orejas por la lentitud en la financiación, la organización admite que la covid-19 ha supuesto la puesta en marcha de “muchas reformas importantes”. Sin embargo, la OMS concluye que “su impacto total solo se hará evidente en los próximos años”.

El presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), Eduardo Satué, considera que en los últimos años ha habido “una de cal y otra de arena” a nivel global. “Vamos bien en vigilancia, suspendemos en coordinación y podríamos hacer más en investigación”, resume este experto.

Esos tres pilares son claves en epidemiología: permiten establecer los mecanismos que avisan cuando llega una crisis sanitaria; qué hacer cuando ocurre; y estudiar cómo evolucionan los mecanismos por los que se transmiten las infecciones para evitar que se produzcan y se propaguen. “Lo que salva vidas son las actuaciones de prevención y control”, avanza este experto, que pone como ejemplo algunas actuaciones en el contexto de la fiebre del Nilo, del que se han detectado casos en España en los últimos veranos. “Se están haciendo cosas muy interesantes, como la utilización de mosquitos estériles, para acabar con esa generación”, explica.

La vigilancia es también el campo donde ha identificado más avances la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Maria João Forjaz. Por ejemplo, tras la pandemia de covid-19 se reforzaron en este país los sistemas y se impulsaron nuevos mecanismos, como el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SIVIRA). Se trata de un sistema de vigilancia conjunta de gripe, coronavirus y otros patógenos, como el virus respiratorio sincitial, integrado a nivel autonómico y nacional que, según la epidemióloga, “está mostrando grandes beneficios”.

Hay cosas pendientes. El pasado mes de junio, el Congreso aprobó la Agencia Estatal de Salud Pública, pero todavía no se ha desarrollado, algo que echan en falta las voces consultadas. Como el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas graves para la salud, redactado pero también pendiente de aprobación.

En 2025, las autoridades sanitarias también modificaron el Reglamento Sanitario Internacional. Los cambios en el documento, que salió a la palestra recientemente en plena crisis por el hantavirus, facilitaron su aplicación. Y recientemente se adoptó el acuerdo sobre pandemias que, sin embargo, dejó suelto uno de los flecos más relevantes: el anexo para compartir y asegurar que los países del sur global tengan acceso a tratamientos y vacunas. “Sigue habiendo una brecha norte-sur en el acceso a toda esta innovación”, ratifica la exdirectora científica e investigadora del Institute for Global Health, Denise Naniche.

En 2016, tras la epidemia de ébola de 2014, se concibió la Coalición para las Innovaciones en Preparación Para Epidemias (CEPI), que se puso en marcha al año siguiente para desarrollar vacunas contra patógenos emergentes. “En 2021, tras la pandemia de covid, se puso en marcha la 'misión de los 100 días', con el compromiso de un gran número de entidades de proporcionar test diagnósticos, tratamiento y prototipos de vacunas en los 100 primeros días desde que la OMS declara una emergencia de salud pública”, explica Naniche, para quien el actual brote en República Democrática del Congo será una de las pruebas de fuego de ese plan.

Con más de 170 muertes sospechosas en apenas una semana, solo en la provincia de Ituri, en un brote de un ébolavirus sin tratamiento ni vacuna, la OMS ya ha adelantado que está valorando dos opciones de antídoto pero que la “candidata más prometedora” tardará entre seis y nueve meses en producirse.

En esta crisis, no obstante, los médicos sobre el terreno tienen una herramienta de la que no disponían hace una década. “Tenemos gente con experiencia y una relativa facilidad para montar centros de tratamiento”, explicaba en una entrevista con elDiario.es el epidemiólogo de Médicos Sin Fronteras Manuel Albela. “Ahora sabemos cómo se tienen que aislar los pacientes, las características antropológicas, las relaciones sociales y familiares, los tratamientos de soporte, etc.”, añade Aparicio.

El abordaje del VIH es otro ejemplo de los avances científicos, pero también de la brecha norte-sur que sigue existiendo en el mundo. “En los años 80 [del siglo XX], no había nada y, aunque seguimos sin vacuna, ahora tenemos todo un armamento de test, tratamientos y cuidados. Y, sin embargo, sigue siendo un gran problema en el África subsahariana, donde se producen más del 70% de las nuevas infecciones”, explica la investigadora del IS Global, que ha dedicado buena parte de su trayectoria a este virus.

De fondo, las expertas mencionan el “elefante en la habitación”. Los recortes económicos de la administración Trump, que ponen en peligro programas en todo el mundo. La cooperación es fundamental para el abordaje del VIH, del ébola o de factores que empeoran la salud de la población, como la propia pobreza, que dificulta el acceso a los sistemas sanitarios. “La prioridad en salud pública no responde a si afecta a un país pobre o rico, porque lo que le pase a uno, le pasará a los demás”, señala João Forjaz, sobre los nuevos enfoques One Health. “Los virus y las personas se mueven, por eso hay que reforzar la cooperación internacional, la OMS, el ECDC, la CDC... necesitamos una visión global”.

Uno de esos ejemplos de cooperación global ha sido la gestión de la crisis del hantavirus, en la que participaron la Unión Europea, la OMS, el ECDC y más de una veintena de países con nacionales a bordo del crucero MV Hondius donde se detectó el brote. Hubo otra lección. “La importancia de una comunicación clara y unida entre quienes toman decisiones que van a afectar a la salud pública”, explica Naniche.

Precisamente, los pasajeros españoles de aquel barco se encuentran en este momento en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', en Madrid, donde están realizando la cuarentena. Uno de ellos, que dio positivo en hantavirus, se encuentra aislado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), que se inauguró en 2015, tras la crisis del ébola de 2014.

Pese a los avances, España tiene una asignatura pendiente. Según la última estadística de Eurostat, este país dedica una media de 95 euros por habitante a programas de prevención y salud pública, lo que equivaldría a un 3% del gasto sanitario total. Una cantidad que sitúa a España en la parte baja del ranking, donde la media de la Unión Europea supera los 200 euros por persona.

El reciente brote de hantavirus entre los pasajeros de un crucero de lujo ha reavivado las preocupaciones globales ante la posibilidad de una futura pandemia, y cómo de preparados estamos. La gestión de esta crisis sanitaria ha coordinado un gran despliegue internacional para evacuar y tratar a los pasajeros afectados, en la que países como España han jugado un papel esencial. En 2020, la pandemia del Covid-19 también puso de manifiesto las carencias y fortalezas del sistema de salud global, además de la desigualdad entre la distribución de vacunas en todo el mundo. 

Esta semana ha tenido lugar en Madrid la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud, antesala de la Cumbre de Jefes de Estado de noviembre, en la que la salud, y en particular la preparación ante pandemias, el acceso a medicamentos y la soberanía sanitaria, ocupan un lugar central. Una de las asistentes es Aurélia Nguyen, experta en salud global y directora general adjunta de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés). elDiario.es ha podido hablar con ella sobre los riesgos actuales de la salud global, y la distribución de vacunas en situaciones de emergencia. 

CEPI es la única organización global centrada exclusivamente en la investigación y desarrollo frente a epidemias y pandemias. Durante la pandemia del Covid-19, Nguyen y su equipo lideraron los esfuerzos de COVAX, una iniciativa global creada en 2020 para garantizar el acceso equitativo y rápido a las vacunas del Covid-19. Nguyen cuenta con una sólida experiencia en acceso a vacunas, implementación de programas y alianzas multilaterales, con un fuerte enfoque en la equidad. Sobre todo, desde CEPI luchan por la distribución equitativa de vacunas en todos los países ante posibles futuras emergencias sanitarias.

En primer lugar, quería preguntarle sobre la propagación de enfermedades transmitidas por vectores (y zoonóticas, como el hantavirus) a nuevas regiones. ¿Cómo se relaciona esto con el cambio climático y la globalización constante? 

Efectivamente, en estos momentos todo el mundo está pendiente del brote de hantavirus que se ha producido. Esto resulta interesante en dos aspectos. Por un lado, estamos viendo cómo enfermedades que existen en determinadas partes del mundo están provocando brotes en nuevas zonas del planeta, por lo que observamos esa propagación. Y eso se debe a varios factores: el cambio climático, los rápidos patrones de desplazamiento y la urbanización. También estamos viendo brotes de nuevas enfermedades que no habíamos visto antes. Así pues, este es el estado de constante cambio en el que vivimos, y creo que esto demuestra que la frecuencia y la magnitud de los brotes están aumentando.

Solo el año pasado tuvimos brotes de ébola, chikungunya, nipah y marburgo. Todas ellas son enfermedades para las que hoy en día no existen vacunas. Y ese es precisamente el trabajo que realiza CEPI en lo que respecta a prepararse para brotes cada vez más frecuentes y de mayor magnitud de estas enfermedades.

¿Qué opina de la gestión de la actual crisis del hantavirus?

El hantavirus es, y creo que los expertos están de acuerdo, un caso muy concreto en cuanto a cómo se ha producido el brote y cómo ha podido propagarse dentro de un crucero. Por lo tanto, sigue siendo un caso muy concreto, pero creo que la fuerte respuesta pública que ha habido es un buen reconocimiento del hecho de que estos sucesos pueden ocurrir en cualquier lugar y requieren una acción coordinada muy, muy firme.

La respuesta pública, sobre todo con el liderazgo del Gobierno español y la estrecha coordinación con organizaciones internacionales como la OMS, creo que ha sido muy, muy positiva para recordar a la gente que se necesitan sistemas sólidos, se necesita cooperación internacional. Porque había muchísima gente de diferentes nacionalidades, de más de 20 países a bordo de un solo barco, y todos ellos eran vulnerables y estaban en riesgo. 

Y por eso la cooperación internacional forma parte de cualquier respuesta de salud pública. Y creo que también es un recordatorio muy claro de que las enfermedades que pueden provocar brotes no son necesariamente las que uno esperaría. No creo que el hantavirus estuviera en el radar de mucha gente. 

Y además, en esta situación concreta, probablemente para la gente el hantavirus parecía algo muy lejano, y esto demuestra lo rápido que, antes de que te des cuenta, puede estar muy, muy cerca de ti. Por eso es necesaria una respuesta muy coordinada en la que los mejores expertos trabajen para identificar de qué vacuna se trata, determinar las medidas de protección y comprender la situación. En CEPI, hemos estado trabajando para determinar qué vacunas están disponibles o no en esta situación, y qué se necesitaría. Todas esas cosas deben ponerse en marcha de inmediato. Y deben prepararse con antelación. 

La respuesta pública, sobre todo con el liderazgo del Gobierno español y la estrecha coordinación con organizaciones internacionales como la OMS, creo que ha sido muy, muy positiva para recordar a la gente que se necesitan sistemas sólidos, se necesita cooperación internacional

Aurélia Nguyen — Experta en salud global y directora general adjunta de CEPI

En nuestro país, ha habido gente que se ha opuesto a acoger y atender a los pasajeros del crucero. ¿Qué opina al respecto? ¿Cree que falta solidaridad internacional?

Creo que cualquier brote de una enfermedad infecciosa va a generar preocupación y ansiedad, ya que acabamos de pasar por una pandemia. Todos hemos sido testigos de los graves efectos que tuvo sobre la salud de las personas, sobre la pérdida de seres queridos, pero también sobre la imposibilidad de ir a trabajar o de que nuestros hijos asistieran al colegio.

Así que creo que esa ansiedad es real y no se puede ignorar. Pero, al mismo tiempo, cuanto antes se pueda atender a los pacientes, incorporarlos a sistemas sanitarios que puedan monitorizar sus síntomas, que puedan diagnosticar si tienen fiebre, si se trata del hantavirus o de otra cosa, mejor será para contener el brote. Y por eso creo que el Gobierno español ha demostrado un liderazgo excelente al ser capaz de hacerse cargo y desembarcar a los pasajeros muy, muy rápidamente para que puedan ser atendidos en un entorno adecuado.

Y con la atención que necesitan, lo importante para la población es demostrar que la forma en que se hace es muy, muy responsable, muy protectora de la población, de modo que el riesgo para ellos sea extremadamente bajo.

¿Está el mundo preparado para futuras pandemias y epidemias en un contexto de falta de cooperación entre países en lo que respecta al acceso a las vacunas? 

El mundo está mejor preparado que antes de la pandemia, pero creo que aún le queda camino por recorrer. Y CEPI, en mi opinión, ha estado a la vanguardia de los esfuerzos por mejorar esa preparación. Es evidente que CEPI desempeñó un papel muy importante durante la pandemia, al ser una de las organizaciones que formaban parte de COVAX, que distribuyó 2.000 millones de dosis en 146 países y ayudó a salvar 2,7 millones de vidas. 

Hemos demostrado que, gracias a la cooperación internacional y a la rápida movilización de los mejores conocimientos científicos, organizaciones como CEPI, que fueron capaces de apostar muy rápidamente por las vacunas que iban a dar resultado y ayudar a proteger a la población, formaron parte de una respuesta muy rápida. Así que hemos aprendido y hemos podido demostrar ciertos aspectos.

Pero creo que, en otras medidas, seguimos careciendo de una protección muy sistemática y amplia. Por eso, en CEPI estamos elaborando una nueva estrategia que comenzará en 2027, en la que estamos analizando minuciosamente cada uno de los componentes que creemos que aún faltan para ayudar a complementar un sistema en el que, cuando llegue la próxima pandemia, podamos dar una respuesta más sólida.

Y hay tres grandes componentes en ello. El primero, y esto enlaza con tu comentario sobre el hantavirus, es que existen diferentes amenazas (las llamamos familias virales) de las que podría surgir una pandemia. Por lo tanto, no debemos fijarnos solo en el coronavirus, porque fue ahí donde ocurrió la última vez, ni solo en la gripe, porque sabemos que es una amenaza. Tenemos que fijarnos en todas estas familias virales diferentes y entender cuáles son los tipos de riesgos y cómo empezamos a pensar en diseñar una vacuna contra esos riesgos muy rápidamente. 

Nos fijamos, en la práctica, en qué tecnología se necesita. Así que, en cierto modo, se quiere tener una vacuna que sea un poco «plug and play», en la que se haya establecido que va a ser una vacuna segura. Se comprende cómo va a funcionar la eficacia. Así, cuando surge un nuevo patógeno, se puede adaptar la vacuna muy rápidamente, ampliar su producción y distribuirla. Y luego, la última parte de nuestra estrategia, que también es una lección aprendida de la pandemia del COVID, es que tener la tecnología es una cosa, pero se necesita una coordinación conjunta. Y eso se consigue contando con capacidad regional en cada continente para poder ampliar la producción y fabricar vacunas. 

Vimos en la pandemia que el continente africano se quedó muy rezagado porque tenía muy poca capacidad de fabricación. Por eso pensamos en todos los diferentes elementos que deben confluir, de modo que no haya un único lugar del que todos dependamos. De hecho, existe esa resiliencia en todo el mundo para poder ampliar la producción de vacunas y distribuirlas muy rápidamente de una manera que será mucho más justa y equitativa que lo que vimos durante la pandemia.

¿Cuánto nos falta para lograr una distribución equitativa de vacunas a nivel mundial, independientemente de los ingresos o la ubicación de los países? 

Creo que estamos más cerca de lo que hemos estado nunca. Creo que COVAX ya ha demostrado que somos capaces de distribuir vacunas a una escala sin precedentes: 2.000 millones de dosis. Lo hemos conseguido más rápido de lo que habíamos hecho antes. Entre el día en que se secuenció el SARS-CoV-2 y la primera vacunación transcurrieron 326 días. Pero aún no estamos lo suficientemente cerca. Hemos formado parte de las organizaciones que realmente apoyan lo que se conoce como la «Misión de los 100 días». 

Se trata de una ambición muy grande: si pudiéramos hacerlo mejor que lo que hicimos con la COVID (326 días hasta la primera vacunación) y lo lográramos en 100 días, ¿qué haría falta? Y si lo hubiéramos hecho con la COVID, habríamos salvado ocho millones de vidas al reducir ese tiempo, dada la rapidez con la que se propagaba la pandemia.

Así que lo que realmente queremos hacer es trabajar en cada uno de los aspectos en los que podemos ahorrar tiempo. ¿Cómo se diseña una vacuna en cuestión de horas y no de días o semanas? ¿Cómo se prueba para asegurarse de que es totalmente segura, de que la gente va a confiar en que puede vacunarse de una forma mucho más rápida? ¿Cómo se distribuyen miles de millones de dosis, no solo desde una fábrica, sino desde muchas fábricas diferentes? Ahora mismo estamos estableciendo esas colaboraciones. 

Se trata de una ambición muy grande: si pudiéramos hacerlo mejor que lo que hicimos con la COVID (326 días hasta la primera vacunación) y lo lográramos en 100 días, ¿qué haría falta? Y si lo hubiéramos hecho con la COVID, habríamos salvado 8 millones de vidas

Aurélia Nguyen — Experta en salud global y directora general adjunta de CEPI

¿Podría explicarnos con más detalle la labor de CEPI en América Latina y cómo está ayudando a los países a alcanzar la independencia regional respecto a la redistribución de vacunas en casos de emergencia?

La verdad es que es un placer estar en Madrid con motivo de la Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud. Y para mí también resulta muy alentador ver la cooperación activa entre España, Portugal y los países latinoamericanos, porque, desde el punto de vista epidemiológico y científico, hay muchos aspectos que unen a estos países. Por ejemplo, los tipos de enfermedades que preocupan a la región latinoamericana (el chikunguña, el dengue, el zika), los brotes que hemos visto con bastante frecuencia últimamente, requieren un entendimiento científico común sobre cuál es la carga de morbilidad, dónde se está produciendo la enfermedad, cuál es su magnitud y cómo se está propagando.

Obviamente, el trabajo actual sobre el hantavirus y su rastreo han sido importantes. También está la cuestión, como mencionabas antes, de la fabricación, de garantizar que exista una base regional sólida para que, en caso de una gran epidemia o pandemia, haya centros de fabricación listos para entrar en acción, que cuenten con la tecnología, el personal y los conocimientos técnicos necesarios. Y luego, una vez que se produce la vacuna, lo ideal es que los países cooperen entre sí desde el punto de vista regulatorio.

Así, no todo el mundo está intentando revisar un expediente regulatorio para asegurarse de que todo está en orden. Cuando el tiempo es muy, muy valioso, se puede confiar unos en otros de una manera que te da la tranquilidad que necesitas. Podría seguir. Hay otros aspectos relacionados con el trabajo de laboratorio, pero creo que estos son todos los diferentes aspectos en los que esa cooperación regional, dado que son países con intereses comunes y son capaces de trabajar juntos en términos de compartir sus conocimientos y poder confiar en los sistemas de los demás y complementarse mutuamente, creo que es una oportunidad fantástica.

¿Cuáles son los principales objetivos de la nueva estrategia de CEPI, que se completará en 2031, y que tiene como objetivo reducir la probabilidad, el impacto y el coste de futuras epidemias?

Creo que esta estrategia llega en un momento muy importante, ya que estamos asistiendo a un aumento de los brotes y a la aparición de muchas enfermedades diferentes en lugares donde antes no se habían registrado, es decir, nuevos brotes. Creo que también vivimos en un mundo en el que el recrudecimiento de los conflictos constituye otro factor de riesgo en lo que respecta a la propagación de enfermedades infecciosas.

Además, nos encontramos en un contexto en el que contar con estrategias regionales sólidas va a ser realmente importante, sobre todo cuando quizá haya una menor dependencia de las instituciones mundiales. Por eso, nuestra estrategia se ha concebido en gran medida dentro de este contexto, en el que nos centramos en las prioridades regionales para el desarrollo de vacunas contra enfermedades que afectan a determinadas regiones. Estamos desarrollando las redes y la capacidad de fabricación para que sean sólidas a nivel local, pero también lo hacemos con un enfoque muy centrado en el acceso equitativo. Y eso es algo que constituye un motor muy importante para CEPI: garantizar la disponibilidad de vacunas independientemente de dónde vivan las personas, independientemente de su capacidad para adquirir dosis. Así que eso es algo que respaldamos firmemente. Las otras dos novedades de esta estrategia que se basan en el trabajo que hemos realizado anteriormente tienen que ver con la inteligencia artificial. 

En cuanto a la inteligencia artificial, hay, si se me permite decirlo, un lado positivo y otro negativo. Desde el lado positivo, ofrece una enorme oportunidad para acelerar el desarrollo de vacunas al comprender dónde surgirán los virus, diseñar vacunas más rápidamente, realizar ensayos clínicos que demuestren su seguridad y eficacia, y ayudar con la revisión regulatoria. Todas estas medidas acelerarán el proceso de una forma que resultará útil en caso de brote.

Pero, obviamente, hay un lado negativo en el sentido de que estamos acostumbrados a lidiar con enfermedades que se producen de forma natural, pero ahora nos encontramos en un mundo en el que debemos pensar en brotes de enfermedades que podrían producirse accidentalmente o debido a un uso indebido deliberado. Y el uso indebido deliberado de un virus es más fácil con técnicas mejoradas por la IA. Por eso, en CEPI tenemos un plan de trabajo, lo que llamamos «bioseguridad», que consiste en tratar de comprender dónde surgen los riesgos, cómo nos adelantamos a ellos y cómo nos aseguramos de que, si ocurriera algo, podamos responder y proteger a la población muy rápidamente. Esta es, pues, la estrategia que estamos proponiendo y para la que estamos buscando el apoyo del Gobierno español y de nuestros otros inversores, con el fin de que nos ayuden a seguir adelante.

Eso es algo que constituye un motor muy importante para CEPI: garantizar la disponibilidad de vacunas independientemente de dónde vivan las personas, independientemente de su capacidad para adquirir dosis

Aurélia Nguyen — Experta en salud global y directora general adjunta de CEPI

¿Cómo contribuye Europa, y en concreto España, a reforzar la seguridad sanitaria mundial?

En primer lugar, el Gobierno español lleva mucho tiempo invirtiendo y apoyando a CEPI. Les estamos muy agradecidos, pero también porque esto se suma a otros aspectos de CEPI, y es que España cuenta con una base de investigación y en ciencias de la salud muy sólida. Por eso también invertimos en España, para ayudar a desarrollar nuevas tecnologías de producción de vacunas, en lo que respecta a las instalaciones de fabricación.

Así que hemos trabajado con organizaciones como Algenex, Biofabri y CZ Vaccines, que son actores muy importantes aquí y buenos colaboradores para nosotros. Así que, en el contexto español, realmente demostramos que la cooperación desde una perspectiva científica y técnica, así como desde una perspectiva de financiación, se une y, en mi opinión, construye una asociación muy sólida. 

Y eso se extiende al ámbito europeo en el trabajo que realizamos con la Comisión Europea. Trabajamos muy estrechamente con el organismo europeo HERA (Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias), que también desarrolla contramedidas médicas para complementar el trabajo que hacemos. Así que, tenemos una cooperación a nivel nacional con España, a nivel regional con Europa y, además, el trabajo internacional que realizamos en otros continentes. También mantenemos muy buenas relaciones con muchos de los demás países europeos.

El pasado sábado un avión de la fuerza aérea británica lanzó un cargamento de emergencia y a un grupo de militares en paracaídas sobre uno de los lugares más remotos del planeta en una operación sin precedentes. Los ocho efectivos, entre los que se encontraban dos sanitarios, saltaron sobre la isla de Tristán de Acuña, un pequeño punto en mitad del Atlántico sur, cargados con botellas de oxígeno y material médico. Su objetivo: atender a un residente de la localidad que bajó del crucero MV Hondius a mediados de abril y empezó a desarrollar síntomas compatibles con el brote de hantavirus a principios de mayo.

La operación se realizó en tiempo récord porque el paciente necesita oxígeno y el suministro se le estaba agotando. Según el diario The Times, se encuentra ingresado en un “diminuto centro sanitario” que cuenta únicamente con dos médicos y dos camas y su esposa también está en aislamiento. Para las autoridades británicas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un caso “sospechoso” de hantavirus, porque hasta el momento no se han podido realizar pruebas diagnósticas.

La ayuda se envió por aire desde la base británica de la isla Ascensión, a más de 3.200 km al norte, porque Tristán de Acuña no tiene aeropuerto y solo puede alcanzarse tras varios días de navegación. Gracias a este extremo aislamiento, el territorio habitado más remoto del planeta logró sortear la pandemia de coronavirus de 2020; esta vez, sin embargo, su barrera natural podría haberse roto accidentalmente por el regreso de uno de sus vecinos.

Excursión entre los “tristones”

El paciente tiene 65 años y es el antiguo jefe de policía de la isla, que regresaba a su casa después de un largo viaje. Se bajó allí en la escala que hizo crucero MV Hondius procedente de Argentina, previo paso por la Antártida, y de camino a la isla de Santa Elena. El barco llegó a la costa de Tristán de Acuña en la mañana del martes 14 de abril. La llegada, según describe la web oficial de la isla, estuvo marcada por un clima excepcionalmente benigno, con “amaneceres espectaculares” y mares en calma que propiciaron el desembarco. 

A las pocas horas de atracar, 110 pasajeros bajaron a tierra firme y pasaron el día interaccionado con los “tristones”, que es como se llama a los 221 habitantes de la isla. “Había un ambiente animado en el pueblo, con los huéspedes participando en paseos guiados, explorando a su propio ritmo, visitando el museo y disfrutando de todos los espacios abiertos”, relató la jefa de Turismo, Kelly Green. “El pub, como siempre, fue uno de los lugares favoritos, lleno de risas e historias compartidas de sus viajes”. 

En el barco ya estaba el cuerpo sin vida de la primera víctima del brote de hantavirus, un pasajero neerlandés de 70 años. Había fallecido tres días antes de una supuesta “muerte natural”. Es muy probable que en ese momento ya hubiera otros contagiados incubando la enfermedad, entre ellos su esposa, que acabaría enfermando y muriendo días después. Nadie, ni los visitantes ni los visitados, sospechaba entonces lo que se estaba gestando a bordo del crucero.

Durante la visita, el cuerpo sin vida de la primera víctima del brote de hantavirus estaba en el barco. Había fallecido tres días antes de una supuesta “muerte natural

El día siguiente, miércoles, varios miembros de la tripulación visitaron la escuela St Mary's para enseñar unos vídeos educativos a los niños de la isla y entregarles unos regalos. El viernes, el Hondius circunnavegó la isla Gough antes de continuar su viaje hacia Santa Elena, donde se llevó a una familia de cuatro isleños que viajaban al extranjero, varios sacos de patatas de Tristán y un suministro de marisco fresco para la cocina del barco, incluyendo sus famosas langostas. Los cuatro isleños desembarcaron en Santa Elena el 24 de abril tras recorrer 2.400 km en una semana de navegación. En este momento se encuentran en aislamiento preventivo y bajo vigilancia epidemiológica.

De la precaución a la alerta

En las imágenes de la visita del MV Hondius a la isla de Tristán de Acuña, se ve al antiguo jefe de policía sonriente junto a la tripulación del barco. Los síntomas tardaron alrededor de dos semanas en aparecer, justo cuando el mundo se empezó a enterar de la existencia de un brote de hantavirus en el crucero. El 4 de mayo, el administrador de la isla, Philip Kendall, emitió un aviso público para informar a los isleños de que había un brote grave en el barco. Como los pasajeros bajaron a tierra, la preocupación era obvia, pero Kendall afirmaba explícitamente que no se habían identificado casos de esta enfermedad en Tristán y no había un motivo significativo de preocupación en la isla en aquel momento. También pedía que, por precaución, quien tuviera fiebre llamara al hospital, “pero por favor NO asista en persona”.

Dos días después, el 6 de mayo, los isleños recibieron la noticia de que había un paciente aislado en Tristán, sospechoso de hantavirus. En un mensaje dirigido al jefe de la isla, el ministro británico para los Territorios de Ultramar, Stephen Doughty, aseguraba que sus pensamientos estaban “con el isleño que se encuentra hospitalizado y su cónyuge, que está en aislamiento”. Pero hasta el 8 de mayo la noticia no saltó al mundo, cuando la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) informaba de que, además de los afectados que viajaban en el barco, había “un caso adicional sospechoso de un ciudadano británico en Tristán de Acuña”. Solo dos días después, el pasado sábado, se realizaba la operación militar de lanzamiento en paracaídas para llevar oxígeno al paciente.

Pendientes del diagnóstico

Las autoridades locales mantienen silencio sobre la situación del paciente sospechoso y el estado de la población. “No podemos comentar los detalles específicos de los itinerarios de cada buque ni los movimientos de pasajeros”, afirman en un comunicado. El Ministerio de Defensa de Reino Unido tampoco ha confirmado si entre el equipo médico enviado a la isla había un sistema de pruebas PCR o de diagnóstico para confirmar si el paciente sospechoso es positivo en hantavirus, aunque entregó “suministros de diagnóstico esenciales, incluidas pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)”, a la Isla Ascensión a través de un avión militar el 7 de mayo.

Si este paciente está requiriendo el oxígeno, tiene muy mal pronóstico sin acceso a una unidad de terapia intensiva

Gaspar Domínguez — Especialista en salud pública del Hospital Clínico Universidad de Chile 

Por otro lado, fuentes militares aseguran que hay algunos barcos en camino y se está preparando apoyo médico adicional para poder evacuar al paciente afectado o los casos sospechosos “de forma segura a su debido tiempo”. “Ante la escasez crítica de oxígeno en la isla, el lanzamiento aéreo de personal médico fue la única manera de brindar atención vital al paciente a tiempo”, aseguró la secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, en un comunicado. “La operación también garantizará la capacidad de respuesta del sistema de salud en la isla, al apoyar al equipo médico de dos personas que atiende a Tristán de Acuña”.

Una situación complicada

Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, destaca que en estos lugares tan aislados lo más peligroso es que el paciente empeore y no dé tiempo a atenderlo por no tener las instalaciones adecuadas. “El problema de esta enfermedad es que una vez que comienzan los síntomas graves van relativamente rápido, en de 24 a 48 horas puedes estar en una situación crítica y por eso necesitas una UCI cerca”, explica.

Si ya han pasado casi 30 días sin aparecer nuevos contagios es buena noticia pero aun podría aparecer algún caso

Joan Caylá — Epidemiólogo y especialista en salud pública

Gaspar Domínguez, especialista en salud pública de Chile que coordinó la respuesta al último gran brote de hantavirus en la Patagonia, explica que cuando estos casos no reciben atención médica la letalidad se acerca al 70%. “El aumento de la supervivencia está dado principalmente por acceso a ventilación mecánica y ECMO”, asegura. “Si este paciente está requiriendo el oxígeno, tiene muy mal pronóstico sin acceso a una unidad de terapia intensiva”.

Respecto a la posibilidad de que se produjeran más contagios durante la vista del crucero o que el actual afectado transmitiera a otros la enfermedad, el epidemiólogo y especialista en salud pública Joan Caylá cree que es importante el seguimiento de sus contactos. “Es necesario comprobar si estas personas tienen mucha vida social o viven muy aislados”, asegura. “Si ya han pasado casi 30 días sin aparecer nuevos contagios es buena noticia pero aún podría aparecer algún caso. Por otro lado, al ser una isla tan remota seguro que sus habitantes tienen unas características [genéticas] especiales, sería bueno conocerlas”.

Este fin de semana por fin empezó la operación para evacuar a los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius por el estallido de un brote de hantavirus. El saldo es, por ahora, de tres fallecidos y al menos otras cinco personas contagiadas, en un nuevo caso de zoonosis, o transmisión de virus de animales a humanos, que nos trae recuerdos del estallido del Covid-19 y todo lo que vino después hace ahora seis años. Es una de las consecuencias más preocupantes de la intervención humana en hábitats salvajes, del cambio climático y de la alteración de los ecosistemas.  

Hablamos con Antonio Martínez Ron, experto en Ciencia de elDiario.es, para aclarar qué sabemos del hantavirus, su origen y sus diferencias con la Covid-19. Con David Noriega, periodista que cubre los asuntos relacionados con Sanidad, repasamos algunos detalles de la gestión sanitaria y política de esta alerta.

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La llegada este domingo del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla, en Tenerife, ha situado en el centro del debate público el primer brote de hantavirus de cepa andina identificado a bordo de un buque internacional con destino a Europa. Conviene situar las cosas en su justa medida desde el principio: no estamos ante un riesgo pandémico comparable al del Covid-19, pero sí ante una emergencia sanitaria que exige una respuesta proporcionada, basada en la evidencia científica y desprovista del ruido de la opinionitis o la politiquería barata que tantas veces sustituye al rigor en el debate público sobre salud.

Conviene recordar lo que sabemos. El hantavirus de la variedad andina presenta una letalidad que puede alcanzar el 40%, una cifra equiparable a la del ébola. Pero, a diferencia del SARS-CoV-2, no se transmite por vía aérea ni mediante aerosoles. Su contagio entre personas requiere, por regla general, contacto estrecho, convivencia íntima o intercambio de fluidos corporales. Este dato no es un matiz menor: es clínicamente decisivo y es la razón por la que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades coinciden en calificar de “particularmente bajo” el riesgo de diseminación hacia la población de Canarias o del conjunto del país. No estamos ante una pandemia en ciernes; estamos ante un brote acotado que requiere, eso sí, una contención meticulosa.

El contagio de una azafata del vuelo de KLM que transportó a los Países Bajos a una pasajera del barco infectada nos hizo temer que el contacto necesario para la transmisión podía no ser tan íntimo como inicialmente se asumía. Afortunadamente, ese riesgo se ha despejado al dar negativa este viernes a las pruebas de laboratorio para diagnosticar infección por Hantavirus. Pero no hay que bajar la guardia, ya que este mismo 8 de mayo se ha ingresado en Alicante a una paciente con sintomatología compatible con el cuadro de Hantavirus, sospechosa de haberse infectado tras haber estado sentada en el vuelo de Johannesburgo a Amsterdam cerca de una de las personas evacuadas del barco e infectadas y que desafortunadamente falleció.

Hay que recordar también que la enfermedad tiene un periodo de incubación largo que puede extenderse hasta ocho semanas: una persona puede no presentar síntomas hoy y desarrollarlos entre ahora y finales de junio o principios de julio. Esa es la razón —no otra— por la que la cuarentena de cuarenta a cuarenta y cinco días para los catorce pasajeros españoles que regresarán a Madrid, y para los pasajeros de otros países que serán repatriados a sus respectivos lugares de residencia, no constituye una imposición arbitraria, sino la única respuesta sensata desde un punto de vista estrictamente epidemiológico. Lo razonable es que cualquier persona en su sano juicio acepte el aislamiento en el hospital Gómez Ulla. Y, si no fuera así, conviene recordar que la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y el artículo 26 de la Ley General de Sanidad ofrecen amparo suficiente para que la autoridad sanitaria pueda imponerlo cuando exista riesgo inminente y extraordinario para la salud colectiva.

La crisis del Hondius pone también de manifiesto ciertas carencias operativas a lo largo del mes de abril durante la trayectoria del crucero y en sus paradas en islas como Santa Helena que merecen análisis. Treinta pasajeros abandonaron el crucero antes de tiempo y el paradero de varias de ellas se desconoce a día de hoy. El dispositivo de seguimiento de las autoridades sanitarias del Reino Unido —en la isla de Santa Helena— y de los Países Bajos, bandera del barco, no ha funcionado con la celeridad y la precisión requeridas. Algunas de estas personas pueden estar infectadas sin saberlo, y el riesgo no es solo para ellas, sino para sus contactos próximos allí donde se encuentren. Localizarlas, contactarlas, seguirlas durante al menos ocho semanas desde que desembarcaron, trazar sus contactos cercanos, son condiciones indispensables para acotar el brote. Se trata de una debilidad que no debería repetirse ante futuros brotes de mayor calado.

Los protocolos que se han diseñado, la acción conjunta de las autoridades españolas de sanidad y protección civil, el involucramiento del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y de la OMS desde que el navío arribó a Cabo Verde, están siendo las medidas correctas para abordar el problema de un brote epidémico que plantea cuestiones de seguridad sanitaria española, europea y mundial, en un navío europeo que navega en aguas internacionales. Se han planteado con un enfoque riguroso basado en la evidencia científica y la cooperación multilateral.  

A continuación, insistimos en algunos elementos clave para darle más rotundidad a la de las acciones que hay que desarrollar: 

Primero, no pensar la respuesta epidemiológica solo en términos de revisión médica clásica y cuarentena pasiva. Se requiere una vigilancia epidemiológica moderna: pruebas PCR y pruebas serológicas de anticuerpos para todos los pasajeros del barco, incluida la tripulación, con el fin de detectar infecciones asintomáticas y actuar en consecuencia.

Segundo, dotar a los trabajadores que vayan a entrar en contacto con el buque —personal sanitario, fuerzas de seguridad, trabajadores portuarios, técnicos de evacuación— de los equipos de protección individual adecuados. No para alimentar miedos infundados, sino porque la prevención del riesgo laboral es indisociable de la salud pública.

Tercero, al no tratarse de una emergencia de salud pública de trascendencia internacional según los criterios del Reglamento Sanitario Internacional, especialmente el bajo riesgo de transmisión a pesar de la alta letalidad, no es necesario establecer restricciones de viaje ni controles fronterizos. Sin embargo, convendrá reforzar los sistemas de control sanitario en fronteras y puntos de entrada. La pandemia de Covid-19 nos enseñó que las barreras sanitarias funcionan cuando son ágiles, proporcionadas y basadas en evidencia, y que se vuelven contraproducentes cuando llegan tarde o se aplican sin discriminación. La llegada del Hondius a Granadilla, sin atraque y con traslado directo de los pasajeros en condiciones de seguridad hasta el aeropuerto Tenerife Sur, es un buen ejemplo de respuesta bien calibrada.

Cuarto, comunicar con honestidad y rigor. Ni alimentar la alarma social ni minimizar la realidad del problema. La ciudadanía canaria, en particular, no tiene motivo para el miedo, pero sí derecho a información clara sobre lo que ocurre y sobre las garantías que se aplican. La sensibilidad heredada de la pandemia es comprensible, pero no debemos confundir vigilancia atenta con pánico desinformado.

Quinto, extraer las lecciones institucionales. Este brote recuerda que la Unión Europea, el ECDC y la propia OMS necesitan perfeccionar de forma continuada sus mecanismos de coordinación, especialmente en el seguimiento transnacional de los contactos. Y recuerda también que España tiene una Agencia Estatal de Salud Pública aprobada por ley, pero que está aún en proceso de despliegue que lleva un retraso injustificable. Esta es una oportunidad —y también una obligación normativa— para dotarse del músculo técnico que la prevención y la respuesta a brotes futuros van a exigir. No basta con un decreto fundacional. La Agencia debe arrancar cuanto antes y contar con la inversión necesaria, la estructura organizativa prevista y el personal adecuado en el menor tiempo posible.

La salud pública moderna se construye en la frontera entre la determinación y la acción eficaz, por un lado, y la prudencia y la sensatez, por otro. Ni alarma innecesaria ni complacencia tranquilizadora. La cepa andina del hantavirus es un patógeno serio, con letalidad alta y período de incubación largo. Y, al mismo tiempo, es un patógeno de transmisión limitada que, si actuamos como corresponde, no va a generar un foco de infección para Canarias ni mucho menos para el conjunto del país.

Lo haremos bien si somos rigurosos, si actuamos con base en la evidencia, si reforzamos los protocolos de seguimiento internacional, si evitamos la desinformación y la politiquería con relación a la respuesta a un brote epidémico, y si honramos el mandato legal y hacemos lo que nos comprometido a hacer. En resumen, si entendemos —ahora más que nunca— que salus populi suprema lex est: la salud del pueblo es la ley suprema. 

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Firman también: José Martínez Olmos, ex Secretario General de Sanidad 2005-2011 y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, y Alberto Infante, ex Director General de la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud (2006-2010)

“Los virus mutan, el COVID-19 empezó de una forma y luego los vectores de contagio cambian”. Estas palabras del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, explotan políticamente las dudas que tienen algunos ciudadanos, con la pandemia aún en la memoria. “Si es difícil que el contagio entre humanos se pueda dar, ¿por qué hay siete contagiados en el mismo barco?”, continuó el político en declaraciones a la Cadena SER. “Son dudas que yo me hago, que se hacen los profesionales de la sanidad pública canaria y que nadie sabe contestarme”.

La realidad es que la comunidad científica sí tiene respuestas claras sobre este número de casos y no es verdad que el brote infeccioso a bordo del crucero MV Hondius conlleve un riesgo similar al de la pandemia. Virólogos y epidemiólogos explican por qué las características de este brote de hantavirus, que ha dejado tres fallecidos y obligará a la embarcación a atracar en las islas Canarias, no tiene nada que ver con el SARS-CoV-2. Estos son sus argumentos para quienes tengan dudas.

1. Ni es nuevo ni ha mutado

El hecho de que se hayan producido contagios de persona a persona no es una prueba de que el virus haya mutado ni es cierto que nos encontremos ante un nuevo patógeno. Este miércoles se confirmó que se trata de Andes virus (ANDV), la única variante en la que se ha documentado transmisión entre humanos. Y, aunque parezca raro, esto es una buena noticia. “Si hubiera sido una de las otras variantes, habríamos tenido sospecha de que hay un virus que mutó”, explica Gaspar Domínguez, el especialista en salud pública que coordinó la respuesta al último gran brote de hantavirus en la Patagonia. “El virus Andes se está comportando como se comporta, que es transmitiéndose entre humanos. No hay elementos que hagan sospechar que hubo un cambio en la genómica del virus”.

“Estamos ante un virus conocido, no es como cuando apareció el coronavirus, que era una variante de la que no teníamos ni idea”, señala Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra. “Pertenece a una especie muy concreta, la especie Andes, en la que sí se ha demostrado transmisión limitada entre personas, y que probablemente es lo que esté ocurriendo en el barco”. ¿Puede cambiar, como dice el presidente canario? “Claro”, responde López-Goñi. “Los virus viven mutando y por eso hay distintas especies o tipos de hantavirus, pero lo normal es que no cambie el modo de transmisión. Un virus no cambia de manera de transmisión de un día para otro, no tenemos ningún dato científico que apoye la idea de que este virus vaya a mutar y a transmitirse de una manera muchísimo más rápida”.

2. Es menos propenso a mutar

Por sus características morfológicas, además, la capacidad de mutación de los hantavirus es mucho menor que la de los coronavirus en general. “Este virus tiene tres fragmentos de ARN y su capacidad de mutación está mucho más limitada que en el caso de los coronavirus”, explica Noemí Sevilla, directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC).

Este virus tiene tres fragmentos de ARN y su capacidad de mutación está mucho más limitada que en el caso de los coronavirus

Noemí Sevilla — Directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC)

“Los coronavirus han hecho muchas infecciones simultáneas en humanos, porque sí nos tienen a nosotros como huésped”, prosigue. “Esto supone una mayor cantidad de ciclos de replicación para escapar al sistema inmune. Los hantavirus, en cambio, están adaptados a replicar en su reservorio, que son los roedores. Para ellos, el humano es un callejón sin salida”.

3. Diferencias de propagación  

La principal diferencia entre hantavirus y coronavirus está en sus capacidades de propagación y mortalidad. Los primeros pueden causar enfermedades mucho más graves, con tasas de mortalidad más elevadas, pero su transmisión entre humanos es muy limitada, y eso marca su menor alcance epidemiológico. “Si hubiera sido la COVID, habría más de 100 contagiados en el barco”, observa el epidemiólogo y especialista en salud pública Joan Caylá. “A pesar de que esto se ha dado en un espacio cerrado, los afectados en principio eran solamente ocho”. 

Si hubiera sido la COVID, habría más de 100 contagiados en el barco

Joan Caylá — Epidemiólogo y especialista en salud pública

Caylá recuerda que el ritmo de reproducción (R0) de la covid-19 llegó a ser altísimo, mientras que el hantavirus a duras penas logra que un infectado contagie a otra persona bajo circunstancias normales. “El problema de este virus es que la letalidad es muy alta, del 30 y el 40%. Por esto explica que haya habido tres muertes”. Cuando la infección se complica, añade, desencadena rápidas fiebres hemorrágicas con severo compromiso renal o pulmonar para los que no existe un tratamiento antiviral específico.  

“La gente habla de virus y piensan que son todos iguales. Son muy diferentes”, añade Noemí Sevilla. “Tú imagínate que estás en Madrid y te cruzas con una persona; no te vas a contagiar con hantavirus y sí te podrías contagiar con un coronavirus. Esa es la diferencia entre un virus y otro”. Además, la mortalidad de un coronavirus es muchísimo menor. “Conocemos muy bien los sistemas con los que trabajamos y sí que estamos preparados para lo impensable y sabemos las capacidades que tienen los patógenos con los que trabajamos”, sentencia la directora del CISA-INIA-CSIC. “Yo transmitiría tranquilidad a la población de que este virus no es un coronavirus”.

4. El ‘efecto encierro’ 

Si el hantavirus se transmite tan mal, ¿por qué hay tantos infectados en el crucero? En realidad, en términos relativos son muy pocos y una prueba la baja capacidad de este patógeno para transmitirse. “Hay 8 contagiados en el barco porque es un sitio confinado, cerrado, donde estás en contacto, donde compartes todo”, recalca López Goñi. El caso es muy excepcional por eso, y muy diferente de la forma en que actuaría el virus en otras condiciones. “En el crucero, la persona que se contagió inicialmente tuvo más posibilidad de infectar al resto porque estaba en un ambiente muy confinado”, afirma Noemí Sevilla. “Coexisten muchas personas en un espacio pequeño, entonces en ese sentido pues era favorecedor la transmisión persona a persona”. 

Gaspar Domínguez documentó el brote de Andes virus (ANDV) en la localidad de Epuyén en 2019, que infectó a 34 individuos y 11 de ellos fallecieron (con un 30% de letalidad). En este caso, recuerda, el R0 estuvo por encima de 1 porque había muchas personas en un espacio muy pequeño y para algunas bastó con estar muy cerca de una persona con una carga viral muy alta para inhalar partículas infectadas. “Por eso hubo personas que produjeron 5 casos nuevos y otros cero casos nuevos”, señala.

5. ¿Y los casos dispersos?

¿Qué pasa con los alrededor de 30 pasajeros que se bajaron hace semanas del barco? Las autoridades han confirmado que muchos fueron regresando a sus países y al menos uno de ellos está ingresado en un hospital de Suiza con síntomas de hantavirus. ¿Podrían producir nuevos focos del virus? “Es poco probable, pero no hay que descartar que alguno de esos casos acabe infectando a otro por un contacto estrecho, por eso hay que saber dónde están y que estén en vigilancia, y saber si tienen síntomas o no”, asegura López-Goñi.

En ocasiones anteriores, como el brote de 2019 en la Patagonia, la baja reproducibilidad del virus hizo que el brote se apagara, aunque hubo personas que lo transmitieron a otros después de la fiesta. “En aquella ocasión cuando se diseminaron, se controlaron pronto”, explica Gaspar Domínguez. “Si ocurriera, por ejemplo, que en diez días más empiezan a aparecer casos remotos, ahí habría que alertarse. Pero yo creo que todavía estamos dentro del comportamiento esperable para lo que ya conocemos en el pasado”.

“Conviene recordar que el virus Andes lleva bastantes años circulando en Argentina y han sido siempre brotes muy concretos que no ha trascendido a una gran epidemia, porque la capacidad de transmisión entre personas es limitada”, recuerda López-Goñi. “No ha habido grandes explosiones y llevan años con él. No es esperable que se extienda por algunos casos que anden sueltos por ahí”.

Ninguna persona bajará del crucero MV Hondius cuando llegue a Canarias el domingo a mediodía hasta que no haya un avión preparado para recogerlo y no tendrán contacto alguno con la población local. El plan del Gobierno con el barco –en el que han fallecido tres personas por hantavirus y otras cinco han presentado síntomas (solo permanece a bordo un cadáver)– pasa porque los pasajeros estén el mínimo tiempo posible en España y, específicamente, en tierras del archipiélago, han explicado este jueves la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, y el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, en una rueda de prensa.

El dispositivo que se pondrá en marcha a partir del próximo domingo implica a 23 países y estará coordinado por la Comisión Europea –que tiene activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (MPCU)– y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay contactos además con el resto de países de fuera de la UE y colaboración con EEUU, Canadá y Reino Unido. Cada hora hay una reunión de seguimiento con organismos internacionales y administraciones implicadas. Todo para contener el virus y evitar que el brote del crucero de Oceanwide derive en una expansión internacional del hantavirus.

Los responsables han explicado que el protocolo previsto es que, según llegue el barco, los expertos de Sanidad Exterior subirán para evaluar a los pasajeros. Si permanecen asintomáticos, empezará la segunda parte de la operación: el traslado de todos los pasajeros, también los 14 españoles, al aeropuerto para que vuelen a sus países de origen. Pero, ha remarcado Barcones, “no van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar”.

“El proceso va a ser rápido y ágil”, ha explicado Barcones. Para ello, ha desgranado, serán trasladados a tierra y “automáticamente, por carretera, [harán] un trayecto de aproximadamente 10 minutos con medios que la naviera pone a disposición, supervisados y custodiados en todo momento por el Gobierno de España”, donde subirán a los respectivos aviones.

En el caso de los 14 ciudadanos españoles, irán directos al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde está previsto que pasen una cuarentena de tiempo indeterminado por el momento. Para esa cuarentena se les pedirá una autorización, pero podrán ser obligados si la situación lo requiere.

La ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, faculta en su artículo tercero a la autoridad sanitaria a adoptar las medidas que considere “necesarias” en caso de “riesgo de carácter transmisible”. La ley General de Sanidad, de 2011, también incluye una redacción genérica que da cobertura para que la autoridad sanitaria adopte las “medidas preventivas” que se consideren “sanitariamente justificadas” en caso de que “exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.

Con el resto de pasajeros, de 23 nacionalidades diferentes, las situaciones son dispares. Para los ciudadanos de nueve países de la UE y tres que participan en el mecanismo europeo habrá traslados organizados por la UE. Las personas de los 11 que ni son de la UE ni tienen ningún tipo de acuerdo están pendientes de que sus Gobiernos decidan enviar un avión o no para recogerlos. EEUU y Gran Bretaña han mostrado su disposición a hacerlo; del resto, si no llegan aeronaves, se hará cargo Países Bajos como país responsable del MV Hondius.

¿Y si hay sintomáticos?

En el caso de que algún pasajero desarrolle síntomas estos días antes de llegar a España, el protocolo no contempla una respuesta automática, han explicado los expertos. Dependerá del estado en el que se encuentren se actuará de una u otra manera. Si tienen síntomas leves y pueden continuar el viaje, así lo harán. Si requieren hospitalización y aislamiento, el Ministerio de Sanidad ya ha contactado con los centros especializados, ha informado Gullón.

Los responsables han explicado que el aislamiento de los pasajeros respecto a la población local será absoluto. “Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil”, ha subrayado Barcones: “Van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir”.

“Lo digo para que la población de Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto”, ha remarcado la secretaria general de Protección Civil. El director general Gullón había mandado un mensaje tranquilizador poco antes: “En términos de los riesgos en la población y de salud pública, el riesgo es muy bajo”, ha explicado. Tan es así que “no se requerirá de situaciones especialmente medicalizadas ni extremas en relación a los mecanismos de transmisión”.

Por último, Barcones y Gullón han explicado que “el barco tiene que llegar a su lugar de origen”, que son los Países Bajos, pero que por el momento no está decidido cómo se va a realizar la desinfección del mismo. “Estamos ultimando con el Gobierno de Canarias y con todas las autoridades cómo realizamos esa desinfección, incluso si se hace dentro de España o si continúa hasta el lugar de origen”, ha explicado Gullón, “pero no se puede quedar sin tripulación, con lo cual las cosas irán en diferentes tiempos. Pero no puedo dar una respuesta definitiva a exactamente dónde se va a realizar la desinfección”, ha admitido.

La llegada del barco a las Islas Canarias ha enfrentado a los Gobiernos central y canario, que se oponía a su llegada. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha aceptado la situación tras reunirse con la ministra de Sanidad, Mónica García, y asumir que la decisión corresponde a Moncloa y que no puede hacer nada al respecto.

Sí ha arrancado al Ministerio el compromiso de que el barco fondee en vez de amarrarse en puerto, una maniobra que Gullón ha minimizado porque, ha explicado, apenas supone diferencia alguna a nivel sanitario o de riesgo de contagio.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha señalado este jueves que “es posible que sean reportados más casos” de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se dirige a Canarias, “dado el periodo de incubación” del virus, de unas seis semanas. En cualquier caso, desde la OMS han insistido en que, pese a tratarse de un “incidente serio”, siguen considerando “bajo” el riesgo para la población global.

El barco, de bandera neerlandesa, salió de Ushuaia (Argentina) el pasado 1 de abril y realizó cuatro paradas en las islas del Atlántico hasta llegar a Cabo Verde el pasado sábado. En ese tiempo, se han detectado ocho casos: tres personas han fallecido, una se encuentra crítica, y mejorando, en Sudáfrica, otros tres fueron evacuados este miércoles a Países Bajos y la octava está en Suiza, donde había viajado tras desembarcar antes de llegar a Cabo Verde.