Seis años de la muerte del oso Cachou sin juicio a la vista: “La Justicia es menos justa cuando va tan lenta”

La muerte del oso Cachou en la Val d'Aran ya tiene una serie de televisión, pero todavía no cuenta con fecha de juicio. La tardanza del juzgado de Lleida para señalar la vista oral de la que en su día fue la primera investigación secreta por la muerte de un oso en España desespera a los ecologistas que ejercen la acusación. “La Justicia es menos justa cuando va tan lenta”, lamenta Joan Vázquez, el portavoz de la entidad IPCENA.

El cuerpo del oso Cachou fue hallado sin vida el 9 de abril de 2020 en una zona boscosa del municipio aranés de Les, cerca de la frontera francesa. El cadáver se trasladó en helicóptero hasta el laboratorio de veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En la primera necropsia ya se averiguó que el animal murió por intoxicación. Los análisis posteriores desvelaron que el veneno fue líquido anticongelante. No había sido un accidente, como había alegado en un primer momento el gobierno aranés.

La jueza instructora de Vielha se esmeró como pocas veces había ocurrido en una causa por la muerte de un oso. La investigación destapó una oposición inédita (y está por ver si delictiva) de los grupos de cazadores y ganaderos del Aran, vinculados muchos de ellos a familias poderosas y a la clase política del valle.

Más de un lustro después, Vázquez destaca que la tensión contra el oso “se ha rebajado mucho”. El portavoz ecologista lo atribuye al impulso investigador que la jueza dio al inicio del caso, que desveló un grupo organizado de más de 100 personas en contra de estos animales. “Nadie se pensaba que se llegaría tan lejos”, admite Vázquez, que recuerda que el resto de investigaciones sobre osos muertos en España terminaron en archivo.

Vázquez señala que la situación del oso ha mejorado. Así lo corroboran los datos oficiales: el grupo de seguimiento transfronterizo del oso pardo (GSTP) que integran Andorra, la Val d'Aran, Catalunya, Navarra y Aragón y las regiones pirenaicas francesas contabilizó en 2025 un total de 108 osos, catorce más que el año anterior.

El temor de las entidades ecologistas es que la tardanza del juicio por Cachou haga dar pasos atrás a la situación. “Es como si la Justicia pensara que juzgar los delitos medioambientales es menos importante”, agrega Vázquez. El retraso ya tiene una primera consecuencia: debido a la demora en celebrar el juicio, los acusados verán rebajadas sus penas en caso de condena.

La lentitud se explica por diversos motivos: retrasos por el cambio de jueces en Vielha (una de las plazas con más rotación); el intento de los acusados de anular el caso porque la primera instructora escribió, un año después de dejar el juzgado, un artículo en el que mencionaba la causa (no lo consiguieron); y, a finales de 2025, un error formal (en el auto de apertura de juicio oral no se habían concretado todas las responsabilidades civiles) que ya ha sido enmendado.

En el banquillo del futuro juicio se sentarán A.M., agente de Medio Ambiente (y por entonces encargado del equipo de seguimiento y control del oso) del Conselh Generau d'Aran, el gobierno del valle; y José Antonio Boya Quintana, conseller de Territorio del Conselh entre 2015 y 2019 y ganadero y cazador. Ambos solicitan su absolución.

La Fiscalía les reclama dos años y tres meses, y dos años y cuatro meses de cárcel, respectivamente, mientras que la Generalitat les pide una indemnización de 35.000 euros para resarcir los daños causados. En la causa también están personadas como acusaciones populares IPCENA y el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) y Acción Legal Animalista.

En su escrito de acusación, el abogado de IPCENA, Eduardo Gil, destaca que la muerte de Cachou supuso “una pérdida muy importante” en términos de biodiversidad en el Pirineo, ya que buscaba mermar las poblaciones oseras.

Los mayores indicios contra los acusados se encontraron en los grupos de WhatsApp “Plataforma anti osos” y “Asociación del Caball Pirenaico” y en las charlas telefónicas que mantuvieron mientras no sabían que estaban siendo grabados por orden judicial.

La tesis acusatoria es que ambos acusados divulgaron datos reservados sobre la ubicación de Cachou que solo podían conocer por el empleo como agente de Medio Ambiente de uno de ellos. Por eso además de un delito contra la fauna también están acusados de revelación de secretos.

La investigación ha puesto de manifiesto que ambos acusados también se informaron sobre la ubicación de otro oso, Goliath, en julio de 2020. “¿Tú no sabes dónde está el oso ahora?”, preguntó Boya al otro acusado, que no dudó en indicarle la ubicación del animal. “A ver si los podemos matar a todos”, apostilló el acusado en otra charla intervenida por orden de la jueza.

Al agente de Medio Ambiente también se le atribuye el envenenamiento de Cachou porque, en algunos pinchazos, manifestó a sus interlocutores que los Mossos d'Esquadra estaban buscando anticongelante, tal y como ocurrió en el registro realizado en su domicilio. Y también porque en una conversación por WhatsApp manifestó que se le podía “caer el pelo” por la muerte del oso.