La XIII Asamblea Ordinaria de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, celebrada el sábado 21 de marzo en Toledo, ha elegido a Erick Figueroa como nuevo presidente de la organización en la región, en sustitución de Mar Pozuelo Castillo, quien había asumido esta responsabilidad durante un año.

Erick Figueroa es licenciado en Administración de Empresas, activista y portavoz de Amnistía Internacional España. Según destacan desde la organización, su trayectoria se define “por un compromiso firme y sostenido con los derechos humanos, desde una mirada interseccional, feminista y antirracista”. En España, ha centrado su labor en la promoción y defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+ a través de políticas y prácticas orientadas a garantizar la igualdad, la no discriminación y el reconocimiento efectivo de la diversidad en los ámbitos social, institucional y comunitario. Asimismo, participa “activamente” en organizaciones y redes internacionales de derechos humanos.

“En esta nueva etapa -explicaba Erick- asumo la presidencia con una convicción profunda: esta tierra diversa, urbana, rural, amplia y profundamente digna, no puede ni debe dar espacio a la deshumanización. Mi compromiso claro e irrenunciable es situarnos, siempre, del lado de los derechos humanos, de la justicia y de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Un liderazgo que no solo represente, sino que movilice, interpele y construya”.

Además, se ha renovado el puesto de secretario de la Junta Directiva, que ahora ocupa Gabriel Moreno, profesor de Secundaria y activista en el Grupo de Acción de Cuenca.

Hoja de ruta en 2026

El nuevo presidente de la entidad y su junta directiva afrontan una serie de retos en materia de derechos humanos que la asamblea autonómica ha definido. Entre ellos, seguirá siendo “prioritario” la lucha contra el genocidio en Gaza, “el apartheid y la ocupación ilegal en Territorio Palestino Ocupado, la actuación contra graves violaciones del derecho internacional humanitario en otros conflictos como el de Sudán o Irán”.

La organización seguirá trabajando “contra las prácticas autoritarias en todo el mundo y contra el impacto de las políticas de Donald Trump”, tanto dentro como fuera de Estados Unidos “con una mirada fuerte” en el trato cruel a las personas migrantes. Los derechos de las mujeres seguirán siendo central a lo largo del año, con acciones específicas sobre violencia sexual o derecho al aborto. La organización abordará el racismo institucional en España y abogará por los derechos de las personas migrantes y el derecho a la vivienda.

Durante la Asamblea se celebró un coloquio con la presencia de miembros de la plataforma Toledo por Palestina, en el que se denunció el crimen de genocidio que se lleva cometiendo desde hace casi dos años y medio en Gaza, y las continuas violaciones de los derechos humanos que sufre la población palestina en Cisjordania.

Amnistía Internacional cuenta con más de 2600 personas socias en Castilla-La Mancha y decenas de activistas en grupos locales y de acción en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Valdepeñas y Toledo, donde además existe un grupo de jóvenes. Además, tiene equipos autonómicos de comunicación, relaciones institucionales, campañas, activismo y educación en derechos humanos.

La Asamblea coincidió con la celebración del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora bajo el lema 'Parad el racismo y no a las personas'. Por ello, los participantes a la Asamblea llevaron a cabo un acto de calle contra el racismo para reclamar medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales.

El acto tuvo lugar en la Plaza de Zocodover, fue dinamizado por el grupo de jóvenes de Amnistía Internacional en Toledo, y contó con la participación de miembros de El Dorado Activismo Cultural, que recitaron poemas contra el racismo, la Unión Popular de Estudiantes y Toledo con Palestina.

Amnistía Internacional Castilla-La Mancha celebra este sábado, 21 de marzo, su III Asamblea Ordinaria en Toledo, coincidiendo este año con la celebración del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora bajo el lema 'Parad el racismo y no a las personas'.

Aprovechando el encuentro, que tendrá lugar en el Centro Cívico Padilla, participarán en un acto de calle contra el racismo para reclamar medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales, tal y como ha informado la organización.

El acto se celebrará a las 14.00 en la plaza de Zocodover, junto a otras 400 organizaciones, entre las que se cuenta Rights International Spain; Red Acoge; Fundación Secretariado Gitano; Iridia o Defender a Quien Defiende, entre otras.

Formularios para identificar racismo en las actuaciones policiales

Amnistía Internacional ha reclamado formularios de parada, registro e identificación en las actuaciones policiales, indicando que múltiples investigaciones han puesto cifras al racismo en las actuaciones policiales.

Asegura que en España, un estudio realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en Granada, reveló que por cada persona blanca identificada “se paraba a 42 personas negras”.

Otros datos muestran que “por cada persona de nacionalidad española se identifica a más de siete personas extranjeras”. Es el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas el que ha instado a España a “tomar las medidas necesarias para poner fin de manera definitiva a los controles de identidad basados en perfiles raciales y étnicos”, así como a garantizar su investigación y sanción.

“Iba con mi chica, que conducía su moto, nos paró la policía para pedir los papeles de la moto, pero en cuanto me quité el casco vinieron hacía mí, y a quien le pidieron los papeles fue a mí y no ella, ella protestó porque era quien conducía, pero ni caso”, ha ejemplificado el actor y activista senegalés Thimbo Samb, que recientemente ha pasado por Toledo, cuyo testimonio ha recabado la organización.

Ante esta situación, la organización ha reclamado medidas específicas para erradicar esta práctica discriminatoria, concretamente, la implementación de formularios de parada, registro e identificación en las actuaciones policiales, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Por ello, en el marco del 21 de marzo, Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha ha organizado un acto en Toledo, sumándose a los programados en múltiples localidades como Cáceres, Málaga, Murcia o Palma de Mallorca.

Además, en Valencia, Salamanca y Barcelona, se presentarán en los ayuntamientos mociones pidiendo la implementación de dichos formularios. Se trata de un documento que intenta “hacer frente a las prácticas policiales que discriminan a las personas por el color de su piel o su origen”.

“Las redadas y paradas basadas en prejuicios raciales no sólo son injustas, son ilegales y destruyen la confianza entre la ciudadanía y las instituciones que deben protegerla”, sostiene la organización que propone un decálogo por el fin de las redadas racistas con diez medidas urgentes y concretas “para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales”.

El decálogo recoge exigencias como la prohibición explícita de las identificaciones policiales basadas en el perfil racial o étnico, conforme al principio de igualdad y no discriminación.

Con la definición clara de qué constituye una identificación discriminatoria, incluyendo cualquier actuación, basada total o parcialmente en el color de piel, origen nacional o étnico, religión o rasgos físicos y otras medidas orientadas al control y transparencia de este tipo de actuaciones policiales.

En la Asamblea también se establecerán las líneas de trabajo de Amnistía Internacional para intentar mejorar, durante 2026, la situación de los derechos humanos en Castilla-La Mancha y en el mundo; se valorará el trabajo del pasado año, se dedicará un espacio a reflexionar con personas externas sobre el genocidio en Gaza y se elegirán a las personas que asumirán los cargos directivos durante los próximos dos años.

La acción se celebrará en el Parque Gloria Fuertes entre las 11:00 y las 14:00 horas. Durante la jornada, las personas asistentes podrán informarse sobre esta realidad, participar en distintas actividades de sensibilización y sumarse a iniciativas en defensa de los derechos humanos y la igualdad.

La organización advierte de que el racismo continúa presente en la sociedad no solo a través de actitudes individuales, sino también mediante dinámicas institucionales que condicionan el acceso a derechos fundamentales como la vivienda, la educación, la sanidad o la libertad de circulación. Entre estas prácticas, subraya las identificaciones policiales basadas en criterios raciales o étnicos, señaladas por entidades sociales y de derechos humanos por su impacto en la dignidad, la salud y la confianza de las personas afectadas.

En este contexto, Amnistía Internacional recuerda la necesidad de definir y prohibir de forma clara y expresa la identificación por perfil racial en el artículo 16 de la conocida como Ley Mordaza, incorporando la definición de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia: “el empleo por parte de la policía, sin justificación objetiva y razonable, de la raza, color, lengua, religión, nacionalidad u origen étnico o nacional en las actividades de control, vigilancia o investigación”.

Pese a su prohibición en la legislación española, la organización alerta de que estas prácticas siguen siendo una realidad preocupante. Según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 26% de las personas afrodescendientes se sienten discriminadas de forma permanente en España. Sin embargo, solo un 4% de quienes sufren discriminación llega a denunciar, lo que sitúa al país entre los de menor nivel de denuncia dentro de la Unión Europea.

La encuesta de esta agencia europea también apunta a una pérdida de confianza en las instituciones públicas, incluida la policía, especialmente entre quienes han sufrido discriminación. Esta desconfianza, advierten, podría estar directamente relacionada con la infradenuncia existente.

“La comunidad gitana, así como las personas migrantes y solicitantes de asilo son objeto del racismo estructural y la xenofobia. Urge tomar medidas para combatir y prevenir los comportamientos racistas y xenófobos, facilitando la denuncia y exigiendo responsabilidad a quienes sean culpables de estas actitudes”, subraya la organización.

Desde Amnistía Internacional hacen un llamamiento a la ciudadanía a implicarse activamente en la construcción de una sociedad “más justa, inclusiva y libre de discriminación”. La organización, presente en más de 150 países, sitúa la lucha contra el racismo como una de sus líneas prioritarias de acción.

“Para los talibanes, estoy muerta. Oficialmente, no existo”. Con estas palabras, la periodista Khadija Amin describe la cruda realidad que enfrentan las mujeres en Afganistán, una situación que ha desgranado este lunes en la Biblioteca Pública del Estado 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey' de la capital cacereña. El encuentro, organizado por Amnistía Internacional Extremadura, se enmarca en la exposición 'Ellas son la revolución', que busca dar voz a quienes el régimen de Kabul intenta silenciar sistemáticamente.

Amin, que fue un rostro conocido de la televisión pública afgana hasta la toma de poder de los talibanes en agosto de 2021, ha explicado cómo el sistema legal ha sido desmantelado para anular cualquier derecho femenino. Uno de los puntos más alarmantes compartidos en la charla se refiere a la reciente deriva del código penal talibán. Según denunció la activista, la normativa actual establece que, si una mujer no presenta fracturas óseas o heridas abiertas de gravedad, la agresión no se considera maltrato punible.

Esta desprotección contrasta con la paradoja de las nuevas leyes de “moralidad”, que incluyen penas más severas y específicas para el maltrato de animales que para la violencia doméstica cotidiana. “Se nos ha situado por debajo de los animales en la jerarquía legal”, lamentó Amin ante un auditorio que llenó el salón de actos de la biblioteca.

El peso de la voz del hombre

La periodista también compartió su drama personal, que ejemplifica la indefensión jurídica absoluta. En el nuevo Afganistán, el testimonio de una mujer carece de valor frente al de un hombre. En su caso, su exmarido la ha registrado oficialmente como fallecida, lo que la deja sin entidad jurídica, sin pasaporte y sin posibilidad legal de reclamar la custodia de sus hijos, que permanecen en Kabul.

“Mi exmarido dice que estoy muerta y, para el Estado afgano, eso es una verdad absoluta porque lo dice un hombre. Mi voz, mis documentos o mi presencia física no cuentan nada”, explicó.

Desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio en agosto de 2024, el silencio es obligatorio. Las mujeres tienen prohibido hablar en público, cantar o incluso leer en voz alta, ya que su voz es considerada awrah (algo íntimo que debe ocultarse). Además, el uso del velo integral es obligatorio, una norma que Khadija siempre cuestionó y que fue uno de los detonantes de las amenazas que la obligaron al exilio.

Resistencia desde el exilio

Pese a la distancia, Amin mantiene una red de contacto con mujeres que resisten dentro del país. La situación en Extremadura, a través de estos encuentros, sirve para que la ciudadanía no olvide que Afganistán se ha convertido en una “cárcel a cielo abierto”.

La activista afgana reconoce que, pese a tener trabajo y participar en charlas por las tardes, la situación de su país la atraviesa emocionalmente cada día. “Hay momentos en los que no quiero ni salir de casa”, confiesa. La distancia con sus hijos, de quienes no sabe dónde están ni cómo se encuentran, agrava una herida que nunca puede cerrar. Denuncia que, por el hecho de ser mujer y haber nacido en Afganistán, no solo ha visto vulnerados sus derechos fundamentales, sino que ni siquiera dispone de documentación que facilite la búsqueda de sus hijos. “Todo lo que pasa allí me afecta personalmente”, explica, describiendo una montaña rusa emocional que le impide vivir con tranquilidad mientras las mujeres afganas siguen siendo castigadas simplemente por serlo.

Sobre la posibilidad de un cambio a corto plazo, se muestra pesimista. Considera que, tras cinco años sin avances significativos, la situación no variará sin un respaldo firme de la comunidad internacional. “Sin apoyo internacional es imposible”, sostiene, al tiempo que lamenta la falta de implicación interna en la defensa de los derechos de las mujeres. A su juicio, la prioridad geopolítica se centra en conflictos armados y tensiones regionales, mientras la vulneración sistemática de derechos en Afganistán no genera la misma reacción. Desde España, pide visibilidad y compromiso: difundir lo que ocurre, apoyar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno y firmar peticiones. En ese contexto menciona a la asociación 'Esperanza de libertad', que canaliza ayuda directa a mujeres dentro del país y promueve acciones de denuncia y solidaridad internacional.

Al finalizar el acto, se hizo mención al documental “¿Dónde están mis hijos?”, disponible en plataformas como Movistar Plus+, una pieza audiovisual que Khadija define como una “carta para el futuro”, para que sus hijos sepan que su madre nunca dejó de luchar por ellos ni por los derechos de todas las afganas.

La exposición

La exposición 'Ellas son la revolución' se integra en una campaña internacional de Amnistía Internacional destinada a sensibilizar a la ciudadanía y a exigir que la comunidad internacional haga rendir cuentas a los talibanes por posibles crímenes de derecho internacional, incluida la persecución por motivos de género. La exposición ha recorrido ya espacios como la Casa de las Mujeres de Avilés y el municipio de Rivas‑Vaciamadrid, consolidándose como una herramienta de denuncia y de movilización social.

El caso Ana Belén Pintado, vecina de Campo de Criptana en Ciudad Real, como niña robada a principios de los años 70 del siglo XX a su familia biológica, sigue su curso ante los tribunales con novedades procesales tras la reactivación del caso a finales de 2025.

De la investigación abierta para determinar las circunstancias en las que se produjo la adopción de Ana Belén se ha derivado la aparición de un documento que quizá permita tirar del hilo en un caso complejo, según ha confirmado la abogada de la querellante Itziar Bilbatua.

De forma reciente se ha detectado que el número de expediente de la adopción de Ana Belén anotado en el libro de registro del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid en el año 1973, “no existe”, señala la letrada. “Hemos pedido que nos trasladen copia de ese procedimiento y resulta que el número asignado corresponde a un procedimiento de reclamación de una cuantía, una letra de cambio, no a una adopción”.

“Se le dio, en aquel juzgado, un número de procedimiento que no tiene nada que ver con una adopción”, detalla Bilbatua, porque en realidad se refiere a un juicio cambiario, un proceso judicial por el que se reclama el pago de una deuda que tiene que ver con cheques, letras de cambio o similares.

Pese al hallazgo, lamenta la abogada, la jueza que instruye el caso no investigará este dato que “puede tener visos de supuesta falsedad”. No se ha estimado la solicitud de diligencias para citar a declarar a quienes dirigían aquel juzgado en la época “por si hubiera una presunta irregularidad”, así que la defensa de Ana Belén ha optado por interponer una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. “Es como si no hubiera ganas de investigar. Hemos pedido que se localice el expediente y que se analice. Es posible que así podamos avalar nuestra hipótesis: que no hubo abandono ni adopción sino robo directamente de la niña”.

Hace algo más de tres meses el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Madrid tomó declaración a su madre biológica Pilar Villora y también a una administrativa y dos matronas de la clínica María Cristina de Madrid donde nació Ana Belén.

Una de las matronas solicitó el archivo del procedimiento de instrucción del caso, pero su petición fue rechazada y la instrucción seguirá adelante, con una prórroga para completarla hasta el 8 de agosto. “Se sigue investigando pero se alimenta poco el derecho de defensa”, comenta la letrada, después que tampoco se admitiese el planteamiento para abordarlo como un presunto caso de desaparición forzada que además, esgrime la defensa, “no es el único” en España.

La querella se interpuso contra la Maternidad Santa Cristina en diciembre 2022 por presuntos delitos de detención y sustracción ilegal y forzosa, alteración de paternidad/maternidad y falsedad documental en el contexto de crímenes contra la humanidad. El caso ha sido archivado en dos ocasiones pero a comienzos de diciembre de 2025 se reabrió.

“Al día siguiente de nacer Ana Belén aparece el reconocimiento de la madre adoptiva como madre biológica. No hay documento de renuncia por parte de la madre biológica real. No hay nada. Incluso hay otro documento en el que los padres adoptivos - que ya fallecieron y que nunca le dijeron nada a Ana Belén- aparecen como 'poco promocionados'. Es decir estaban a la cola de la lista para adoptar”.

En este caso, todos los caminos siguen abiertos. “Documento a documento y paso a paso. No sabemos a dónde nos puede llevar”, asegura la abogada que confía también en que la Fiscalía sea “proactiva”, aunque sabe que no será sencillo. “Nos queda saber si la jueza considera o no que hay base para abrir juicio oral”.

Una ley estatal sobre 'bebés robados' estancada

Amnistía Internacional ha acompañado el caso durante estos meses. La organización humanitaria lleva años insistiendo en la necesidad de “investigar y esclarecer los hechos para conocer la verdad” sobre los casos de bebés robados que tildan de “violación de derechos humanos” y lamentan que su esclarecimiento se haya prolongado en el tiempo “por la incertidumbre y el dolor asociados a los procesos de búsqueda”.

Sobre la mesa del Congreso de los Diputados está lograr aprobar una norma estatal sobre 'bebés robados', cuya primera proposición de ley se presentó en 2018 sin que se haya culminado hasta la fecha. Para Amnistía Internacional “es una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de esas violaciones de derechos humanos y para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas”.

El Pleno de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha aprobó por unanimidad el 25 de noviembre de 2021 una declaración institucional para que el Gobierno de la Comunidad instara a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados, así como al Gobierno de España, a agilizar la tramitación de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español hasta su aprobación definitiva. En esas mismas fechas expertos de la ONU hicieron lo mismo.

La organización humanitaria considera que esta ley “debe aprobarse, incorporando la asistencia integral a las víctimas, con servicios de orientación jurídica, y acompañamiento psicosocial en todas las fases del proceso de búsqueda”.

Organizaciones sindicales, feministas y de defensa de los derechos humanos de Castilla-La Mancha han dirigido un total de 275 postales firmadas por la ciudadanía de la región al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, exigiendo que todas las administraciones “garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública, en las mejores condiciones de proximidad al domicilio, sin intimidación ni acoso”.

Las postales por el derecho al aborto expresan la preocupación de las organizaciones sociales y de ciudadanas y ciudadanos de Castilla-La Mancha ante el “incumplimiento”, por parte del Gobierno regional, de su obligación de garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en la sanidad pública.

La firma y presentación de postales da continuidad a las acciones impulsadas por diversas organizaciones -entre ellas colectivos como Ágora Feminista de Albacete, el sindicato Comisiones Obreras y Amnistía Internacional- en torno al incumplimiento de este derecho.

Entre dichas acciones destacan las concentraciones celebradas durante los últimos dos años en las capitales de provincia, en el marco del Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro.

Desplazamientos y clínicas privadas

Las organizaciones denuncian que cada año más del 60% de las mujeres de Castilla-La Mancha que quieren abortar tienen que desplazarse a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho al aborto. De los 47.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha entre 2010 y 2023, tan solo 18.895 lo fueron en la región.

Destallan que el 99,94% de los abortos se realiza en clínicas privadas y concertadas (tan solo 30 interrupciones voluntarias del embarazo en 14 años en centros públicos), lo que evidencia “un patrón de objeción de conciencia que en ningún caso puede ser institucional”. “La negativa a practicar abortos debe ser individual, nunca colectiva ni de los centros”. añegan.

También argumentan que la Junta no ha informado de cómo se está implantando el registro de objetores ni de cómo se van a organizar los servicios públicos para asegurar el derecho al aborto, como obliga la ley, que establece claramente que “el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia”. Recuerdan que la normativa señala que a estos efectos, los servicios públicos se organizarán “siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Las organizaciones también destacan que la información pública sobre la interrupción voluntaria del embarazo se reduce al teléfono 'Salud Responde', lo cual resulta “insuficiente”: falta información accesible (protocolos, folletos, web…) y queda a la voluntad de cada profesional informar y cómo hacerlo.

No hay una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres

“No hay una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos en la puerta de las clínicas con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión, pese a que la Junta debería instar a las autoridades competentes a actuar”.

Los colectivos que han enviado las postales sociales se dirigieron a Presidencia de la Junta para concertar la entrega de postales, pero no recibieron respuesta. Asimismo, durante los últimos años han solicitado varias reuniones con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la consejera de Igualdad, Sara Simón, sin que estas solicitudes hayan sido atendidas.

Las organizaciones que forman parte de esta campaña son:

Amnistía Internacional ha instado al Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) y a la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha a adoptar “medidas urgentes” para garantizar una vivienda adecuada a Ikram, de 26 años, y su hija de un año, “tras su desalojo sin alternativa habitacional en noviembre de 2025”.

Según la organización, madre e hija “se encuentran actualmente residiendo en una habitación en una vivienda compartida que no reúne condiciones adecuadas de habitabilidad ni salubridad, lo que supone una situación de especial gravedad al afectar directamente a una menor”.

Amnistía Internacional ha escrito tanto al Ayuntamiento de Alovera como a la Consejería de Bienestar Social, solicitando “la adopción inmediata de medidas urgentes” para asegurar una vivienda adecuada para la familia, la “revisión de la actuación administrativa que permitió el desalojo sin solución habitacional” y, por otro lado, la “implementación de protocolos que impidan el desalojo de menores sin alternativa de vivienda”.

La organización ha recordado que los Servicios Sociales dependientes del Ayuntamiento de Alovera y la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emitieron previamente un informe “recomendando la paralización del desahucio por tratarse de una familia en situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó “medidas cautelares al Estado español para evitar daños irreparables, instando a proporcionar una alternativa habitacional adecuada”.

La organización también subraya que recientemente el Comité de los Derechos del Niño recomendó a nivel estatal “suspender los desalojos de familias con menores hasta garantizar una vivienda alternativa”, y que el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, ha advertido “sobre las consecuencias del fin de la moratoria de desahucios para familias vulnerables”.

“Las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, evitando los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional, y de proteger el interés superior del menor”, ha señalado Alfonso Sánchez, coordinador de Campañas de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha.

Bienestar Social dice “no tener competencia” para ofrecer vivienda

La consejera de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha señalado hoy a preguntas de los periodistas que le “consta que el Ayuntamiento de Alovera tiene algunas viviendas sociales. Supongo que a través de los equipos del ayuntamiento estarán tramitando esta situación que para nosotros no es deseable, pero a veces sucede y las administraciones tenemos que dar la mayor cobertura posible”.

Asegura que desde la Consejería su “posibilidad no es ofrecer una vivienda porque no es nuestra competencia, pero sí es ofrecer nuestros apoyos posibles para que esa familia salga de esa situación de vulnerabilidad” que se puede hacer “con ayudas de emergencia para poder facilitar alquiler, como con recursos de personas en situación sin hogar”.

García Torijano ha añadido que cree que “tiene que ser una acción más concreta del propio ayuntamiento, que es la entidad competente en darle una alternativa a esta familia si puede y tiene posibilidades, y muy trabajado con los Servicios Sociales de Atención Primaria”.

Este medio se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alovera. Sin embargo, no ha obtenido respuesta por el momento.

El próximo miércoles 4 de marzo, a las 18:00 horas, la Biblioteca Pública 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey' acogerá a la periodista y activista afgana Khadija Amin. En un encuentro organizado en colaboración con Amnistía Internacional, Amin compartirá su experiencia personal y la alarmante situación de retroceso de derechos humanos que sufren las mujeres bajo el régimen talibán.

El evento coincide con la exposición fotográfica 'Ellas son la revolución', que estará disponible en el hall de la biblioteca del 2 al 15 de marzo. Khadija Amin, quien fuera una de las voces más prominentes de la televisión pública en Kabul, vive hoy exiliada en España, desde donde denuncia el borrado sistemático de las mujeres en la vida pública de su país.

Esta charla-coloquio ofrece una oportunidad única para escuchar de primera mano a una de las figuras más comprometidas con la libertad de prensa y de género en el ámbito internacional. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional ha respaldado el caso de Rebeca y Laura desde que se supo que Women's Link había presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional representando a estas mujeres. Lo decidieron así porque vieron que la información periodística era “sólida” y que podría contener “un caso de presunta agresión sexual”.

Se sintieron concernidos, además, por la internacionalidad del caso, ya que Julio Iglesias emplea a trabajadoras del hogar en República Dominicana, Bahamas o España. “Era un caso muy importante para señalar esa cuestión de poder y arbitrariedad sobre mujeres víctimas y trabajadoras domésticas que Amnistía Internacional ha documentado en tantos países del mundo”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

¿Entienden que el caso de Rebeca y Laura no es un caso aislado?

Las trabajadoras domésticas sienten muchas veces que la casa es como un infierno. Eso lo hemos documentado en todo el mundo. El cuerpo de una mujer encerrada entre cuatro paredes está en una situación vulnerable, más si es una mujer racializada que tiene que aguantar todo para no perder su trabajo. Es algo que hemos visto en Arabia Saudí, en Qatar, en la comunidad venezolana, en Colombia, en el Líbano… En muchas partes del mundo. Este es un caso que responde a esos parámetros de violación de derechos humanos en que el empleador es el dueño de estas personas. Al ser el dueño, controla su contrato laboral, cuándo viajan, cómo hacer los trámites migratorios… El empleador sustituye al Estado y, por lo tanto, deja en una situación vulnerable a estas mujeres.

¿El trabajo doméstico interno es la esclavitud de las mujeres en el siglo XXI? 

En realidad, la trata es la esclavitud del siglo XXI. Esa trata se da en muchos ámbitos del trabajo doméstico. Lo hemos visto, por ejemplo, en mujeres keniatas yendo a Qatar, en Líbano, en muchos lugares.

¿Por qué podría aplicarse ese delito de trata en el caso concreto de Rebeca y Laura?

Hay un contexto de trata porque hay elementos que llevan a esas mujeres a tener que ir a un lugar en el que el empleador es el dueño y en el que no hay un marco legal que las proteja adecuadamente. Esta combinación de elementos puede dar lugar a ese crimen de derecho internacional que es la trata de seres humanos.

Las representantes de estas mujeres han acudido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para presentar una denuncia. ¿Qué piensa Amnistía Internacional sobre si la Audiencia Nacional es aquí competente para este caso?

Hechos tan graves tienen que ser investigados. La competencia es una discusión más jurídica que encanta a los abogados, pero aquí la cuestión fundamental es que los hechos tan graves que estas mujeres valientemente han planteado a la Fiscalía tienen que ser investigados. Al ser un español denunciado en varios lugares del mundo y en base a un posible crimen de derecho internacional como la trata, debería ser competente la Audiencia Nacional. La clave es la investigación de los hechos, llegar a un veredicto de inocencia o culpabilidad y al reconocimiento del dolor causado a estas personas.

En el caso de Rebeca y Laura hay un contexto de trata porque hay elementos que llevan a esas mujeres a tener que ir a un lugar en el que el empleador es el dueño y en el que no hay un marco legal que las proteja adecuadamente

¿Qué implicaciones tiene que la trata sea un delito internacional?

La trata es un crimen de derecho internacional. Está reconocido en múltiples convenios, como el Convenio de Palermo o el Convenio de Estambul, que protege los derechos de las mujeres, que son las principales víctimas de trata. Que sea un derecho internacional significa algo mucho más serio que la propia violación de derechos humanos. Es decir, es un crimen que compete a toda la humanidad y que cualquier juez en cualquier lugar del mundo puede investigar. Son indicios de hechos tan graves que puede llevar a una investigación internacional de cualquier tipo y que, además, hace que no prescriba hasta que haya una investigación clara de lo ocurrido. Es más que un delito, es más que una violación de derechos humanos. Es algo que compete a toda la humanidad.

¿Alguna valoración respecto a los otros delitos que sugieren las denunciantes?

Son delitos contra la libertad sexual, contra un trabajo digno. Son delitos muy graves y que marcan lo que Amnistía ha documentado durante tantos años en tantos casos de trabajadoras domésticas. Siempre se dan estos elementos, y se dan por el poder absoluto del empleador. En algunos casos, el empleador es un Estado y en otros casos es un individuo particular, pero, al final, es el empleador quien controla las vidas de estas personas, y dentro de las casas quiere controlar sus cuerpos. Este es el punto que se da en lo que denuncian estas dos mujeres, que valientemente lo que hacen es marcar la tendencia que Amnistía ha identificado en muchos países del mundo cuando se dan estas circunstancias.

Si se cerrara la vía judicial española, ¿qué cree que supondría para Rebeca y Laura, por ejemplo, que tuvieran que acudir a la Justicia de República Dominicana en lugar de la de España?

No debemos discutir ese escenario. El escenario es intentar que la investigación española de los juzgados de la Fiscalía, que tiene competencias, que tiene posibilidades, que creemos que tiene un ámbito legal importante, lo haga. Lo importante también es que no quede impune. La base es que haya una denuncia. Hay que investigar esos hechos, hay que investigar esas palabras, hay que tomar testimonio y hay que proteger a Laura y a Rebeca. Hay que ver que eso avance en España. Si no avanza, se plantearán otros escenarios, pero de momento el escenario que tenemos y donde hay una obligación del Estado de investigar es en España.

Hay que investigar esos hechos, hay que tomar testimonio y hay que proteger a Laura y a Rebeca

¿Cómo valora la situación de las trabajadoras en el hogar?

Las mujeres tienen sus derechos, el problema es que se los violan. Las mujeres son más vulnerables en el ámbito de políticas migratorias. Las trabajadoras agrícolas que a veces se enfrentan a explotación, las mujeres que trabajan en el ámbito textil haciendo camisetas o cosiendo y las trabajadoras domésticas son los tres sectores donde existe más riesgo de explotación laboral, agresión sexual y, a veces, trata de seres humanos.

¿Por qué está costando tanto que las empleadas de hogar accedan a derechos que sí que tienen en general el resto de trabajadores y trabajadoras?

La violencia de género se da fundamentalmente en el ámbito familiar, es decir, entre cuatro paredes. Ahí es donde pasan las peores pesadillas las mujeres víctimas de violencia de género. Las trabajadoras domésticas, además de ser víctimas de violencia de género y violencia sexual, están en las mismas cuatro paredes, pero sometidas al poder absoluto de sus empleadores. En buena parte del mundo, donde no hay leyes ni inspecciones ni prácticas que las protejan, están en solitario. A veces ni siquiera existen asociaciones o sindicatos que ayuden a proteger a las mujeres que son trabajadoras domésticas. Por eso hay mayor violación de derechos humanos.

Además, están las políticas migratorias, que favorecen el sistema de explotación de estas trabajadoras domésticas, que van de país en país. Son mujeres que van desde África a países de Oriente Medio o que huyen de una situación económica muy fuerte, como en Venezuela, y acaban en otro país. Por eso son un colectivo de millones de mujeres que están especialmente expuestas al poder del empleador, por la falta de leyes que las protejan y la falta de voluntad de los gobiernos para inspeccionar lo que está ocurriendo en esas cuatro paredes. 

¿Cree que el impacto de los testimonios, cuando se publican en un medio de comunicación como ha sido el caso de Rebeca y Laura, puede ayudar a avanzar en derechos?

Todas estas mujeres han sido muy valientes. La experiencia que tenemos en derechos humanos es que, muchas veces, las pioneras son las que hacen avanzarlos. Luego viene toda una parte de apoyo de la sociedad civil, del periodismo, de las organizaciones internacionales como Amnistía... pero, al final, todo esto depende de la voluntad de las que han sido víctimas de presuntos abusos a sus derechos. Son ellas las que tienen que dar el paso y sentirse apoyadas por las leyes, por la sociedad civil.

Los derechos humanos no son una cuestión ideológica. Si existe un presunto abuso contra una mujer en cualquier lugar del mundo, da igual si es de derechas o de izquierdas, tienes que creer que lo están denunciando porque ven vulnerados sus derechos. Esas son las pioneras, las que en otros lugares fueron Rosa Parks, las mujeres que hacen avanzar los derechos humanos. Pero al principio es muy complicado para ellas porque se enfrentan a estructuras de poder que las acusan, que intentan ilegitimarlas, desacreditarlas. Por eso necesitan el apoyo de la sociedad civil y ahora también el apoyo de las instituciones del Estado español para investigar lo ocurrido.

Aunque hay mucho apoyo, también escuchamos frases que se suelen decir a las víctimas de violencia sexual, como 'por qué hablan ahora' o 'por qué no denunciaron antes'. ¿Cómo se responde a este tipo de cuestionamientos? 

Es importante entender que los tiempos de las víctimasde presuntos abusos son muy determinados y dependen individualmente de cada persona. En el ámbito de la violencia sexual y de género juegan mucho los estereotipos, juega mucho la historia, juega mucho la falta de protección del Estado. Solo con mirar lo que ocurría en España en los años 70 se ve que la mujer era una persona sometida a su marido, una persona que no debía protestar por lo que ocurría en su casa. Y eso se ha ido construyendo como en un inconsciente colectivo. Pareciera que en el ámbito de violencia de género, la mujer tiene que probar que el agresor es el culpable. Pero cualquier delito lo tiene que probar la investigación, no las mujeres.

Si alguien me roba en mi casa, no tengo que demostrar que me robaron en mi casa, o tiene que investigar la policía, lo tiene que investigar la Fiscalía. Ese mismo criterio tenemos que aplicar en estos casos. No estemos tanto en desacreditar a las víctimas, en ponerlas en riesgo e intentar conseguir su identidad, como en ayudarlas a que investigue el Estado y llegue a una conclusión como en cualquier delito. Pareciera que estos delitos son menores porque se dan en el ámbito privado, cuando precisamente porque se dan en el ámbito privado son delitos de mayor envergadura y más graves.

¿Es habitual que las víctimas de violencia sexual tarden muchísimo tiempo en hablar?

Claro, porque se enfrentan a estereotipos. No quieren denunciar porque se enfrentan, encima de que han sido abusadas, al estereotipo de haber sido abusadas. Aquí, además, se enfrentan personas racializadas, personas sin recursos que necesitan el trabajo y que tienen que aguantar antes de denunciar. Eso requiere mucho tiempo. Si denuncian, además, temen que no van a encontrar otro trabajo. Las víctimas de violencia sexual, las víctimas de violencia de género, tienen ese problema añadido. Por eso es tan indignante que les pidamos los demás, que no somos el Estado, las pruebas y los papeles sobre la mesa. Es el Estado el que tiene que investigar, en este caso la Fiscalía, y llegar a una conclusión, pero no las propias mujeres, que encima han tomado la decisión valiente de denunciar. ¿Entonces para qué tenemos a la Fiscalía y para qué tenemos a la policía?

Si has vivido o tienes conocimiento de un hecho similar a los que aquí se cuentan, queremos escucharte. Mándanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp al número +34 646 35 35 34 o escríbenos un correo a pistas@eldiario.es. Trataremos tu testimonio con absoluta confidencialidad.

Cada 10 de diciciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año, Amnistía Internacional realizará la habitual campaña mundial de envío de cartas y recogida de firmas para luchar contra la injusticia y apoyar a personas cuyos derechos humanos se ven amenazados, pero además organizará una ruta senderista en Ciudad Real.

Se celebrará el 13 de diciembre en colaboración con Oxigena2. La caminata por los derechos humanos comenzará a las 10 horas, consta de 12 kilómetros, por un recorrido llano y fácil, accesible a todos los públicos y es posible además consultar a la organización sobre las adaptaciones posibles para personas con discapacidad.

El punto de encuentro, donde dará comienzo la experiencia, será el inicio de la Vía Verde, situado en la capital.

La actividad es gratuita, pero para participar se requiere rellenar previamente una inscripción haciendo click en este enlace.

El plazo límite para inscribirte será hasta el 10 de diciembre a las 11 horas.

El grupo de Cáceres de Amnistía Internacional (AI) ha lanzado una nueva edición de la campaña 'Regala tus palabras', que cada año, coincidiendo con las fechas navideñas, invita a la ciudadanía a escribir postales dirigidas a personas encarceladas injustamente por defender los derechos humanos. El objetivo es transmitir apoyo y solidaridad, además de recordar a las autoridades que estas personas no están olvidadas y que su situación debe cambiar.

En esta ocasión, las postales han sido ilustradas por la realizadora y artista Lyona Ivanova y pueden recogerse en la tienda Mafalda, empanadas argentinas, situada en la calle Pintores número 33 de Cáceres. Amnistía Internacional recomienda que los mensajes sean breves, transmitan buenos deseos y solidaridad, y que no incluyan opiniones políticas ni religiosas ni referencias a la situación política del país de origen de los destinatarios.

Las tres personas destinatarias de la campaña de este año son Sonia Dahmani, Sai Zaw Thaike y Brooklin Rivera. Dahmani, abogada tunecina, fue detenida arbitrariamente en mayo de 2024 en la sede del Colegio de Abogados de Túnez y ya ha sido condenada a cuatro años de prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Se enfrenta a varios procesos judiciales y permanece recluida en condiciones crueles e inhumanas, sin acceso a ropa de abrigo ni alimentos proporcionados por su familia.

El fotógrafo birmano Sai Zaw Thaike, colaborador del medio independiente Myanmar Now, fue condenado en 2023 a veinte años de cárcel tras un juicio injusto por documentar las consecuencias de un ciclón. Su caso refleja la represión contra los medios de comunicación en Myanmar tras el golpe militar de 2021, y desde su detención ha sido víctima de torturas.

Por su parte, el líder indígena miskito Brooklin Rivera, en Nicaragua, fue detenido en septiembre de 2023 y sometido a catorce meses de desaparición forzada. En noviembre de 2024 las autoridades reconocieron tenerlo bajo custodia, acusándolo de traición y conspiración. Amnistía Internacional lo ha declarado preso de conciencia por su defensa de los derechos de los pueblos originarios.

Con esta campaña, Amnistía Internacional Cáceres busca que la ciudadanía se implique en un gesto sencillo, pero cargado de significado: escribir unas palabras de apoyo que, además de acompañar a quienes sufren prisión injusta, recuerden a los gobiernos que la defensa de los derechos humanos no puede ser silenciada. Y es que cada mensaje escrito en una postal es mucho más que un saludo: es un recordatorio para quienes están en la cárcel injustamente de que no están solos, de que su lucha es conocida y reconocida en otros lugares del mundo. Estas palabras, sencillas pero cargadas de humanidad, ayudan a sostener la dignidad de las personas presas y muestran a las autoridades que la comunidad internacional vigila y exige justicia sin descanso.

“Estamos encerrados en celdas de 93 metros cuadrados”, explica una persona que pasó por el campo de internamiento de Alligator Alcatraz: “Hay 32 personas en cada celda y hay 8 celdas dentro de la carpa. Las luces son como las de un estadio; siempre están encendidas, nunca se apagan ni se atenúan. Hace mucho frío, el aire acondicionado es muy fuerte. Hay muchos mosquitos”.

Un informe publicado este jueves por Amnistía Internacional tras un viaje al sur de Florida en septiembre de 2025 documenta los efectos de las políticas migratorias de la Administración Trump y su impacto sobre los derechos humanos en lo que respecta a la detención y deportación masivas, el acceso a un proceso justo y las condiciones de detención desde que el presidente de EEUU, Donald Trump, asumió el cargo el 20 de enero de 2025.

“No teníamos acceso a ningún tipo de medio de comunicación. No hay televisores ni periódicos. No teníamos la posibilidad de practicar nuestra religión; no hay Biblias. Estábamos encerrados en celdas casi las 24 horas del día. No podíamos recibir visitas, ni siquiera de nuestros abogados o familiares”, explica un detenido Alligator Alcatraz. Y otro apunta: “Hay tres retretes en cada celda. No hay privacidad; hay cámaras encima de los retretes. Los retretes se atascaban mucho y se desbordaban. Vi una serpiente grande. A un amigo le picó una araña que le puso huevos dentro”.

“Estas conclusiones confirman la existencia de un sistema deliberado creado para castigar, deshumanizar y ocultar el sufrimiento de las personas detenidas”, afirma Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas: “La aplicación de la legislación en materia de inmigración no puede operar al margen del Estado de derecho ni eximirse del cumplimiento de las normas de derechos humanos. Lo que estamos viendo en Florida debería alarmar a toda la región”.

La investigación se centra en las condiciones de detención en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North (Krome) y en el Centro de Detención Everglades, también conocido como Alligator Alcatraz. Y la investigación demuestra que las políticas contra los migrantes y contra el asilo del Gobierno federal y del estado de Florida, comandado por el gobernador republicano Ron DeSantis, están infundiendo un miedo generalizado en las comunidades de migrantes, solicitantes de asilo y personas en situación mixta.

“La creciente implicación de las autoridades estatales y locales en la aplicación de la ley federal de inmigración a través de los acuerdos con el ICE –llamados 287(g)– ha dado lugar a una expansión del sistema de detención arbitraria masiva de solicitantes de asilo y migrantes, en violación de las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos”, afirma Amnistía Internacional: “En virtud de estas políticas y acuerdos, la detención de solicitantes de asilo y migrantes es la norma, no la excepción”.

Krome es un centro de detención del ICE situado en el condado de Miami-Dade, en el límite de los Everglades. Las operaciones del centro están gestionadas por Akima Global Services, LLC, que lleva más de una década gestionando las instalaciones. Krome funciona tanto como centro de tramitación a corto plazo como centro de detención para migrantes y solicitantes de asilo. Esta función híbrida ha provocado un aumento del número de personas recluidas en el centro, lo que ha dado lugar a un deterioro de las condiciones de detención.

Durante décadas, organizaciones, abogados y proveedores de servicios han denunciado las condiciones en Krome, entre ellas el grave hacinamiento, la negligencia médica crónica relacionada con múltiples muertes bajo custodia, el trato degradante y abusivo, y las deficiencias procedimentales que socavan el acceso de las personas a la asistencia letrada y al debido proceso.

En 2025, el centro se ha enfrentado a un mayor escrutinio tras las denuncias de grave hacinamiento y varias muertes. “Amnistía Internacional documentó retrasos en los procedimientos de admisión, hacinamiento en las zonas de tramitación temporal, atención médica inadecuada e inaccesible, prácticas disciplinarias alarmantes, incluido el uso prolongado del aislamiento, y dificultades para acceder a la representación legal y al debido proceso en Krome”, explica el informe.

Alligator Alcatraz, por su parte, abrió sus puertas en julio de 2025 con capacidad para detener a unas 3.000 personas. El centro está situado en los Everglades, una de las zonas más sensibles desde el punto de vista ecológico de Florida. Alligator Alcatraz es el primer centro de detención de migrantes de propiedad y gestión estatal de los Estados Unidos, de Florida en este caso.

“En consecuencia, no solo no existe supervisión federal del centro, sino que tampoco está integrado en los sistemas o bases de datos del ICE”, explica Amnistía Internacional: “La ausencia de mecanismos de registro o seguimiento de las personas detenidas en Alligator Alcatraz facilita la detención en régimen de incomunicación y constituye una desaparición forzada cuando se desconoce el paradero de una persona detenida allí y no se le permite ponerse en contacto con su abogado. Las personas detenidas en el centro se enfrentan a obstáculos para acceder a la representación legal y a las garantías procesales”.

La investigación de Amnistía Internacional concluye que las personas detenidas arbitrariamente en Alligator Alcatraz “se encuentran en condiciones inhumanas e insalubres, que incluyen inodoros desbordados con materia fecal que se filtra en los lugares donde duermen, acceso limitado a las duchas, exposición a insectos sin medidas de protección, luces encendidas las 24 horas del día, comida y agua de mala calidad y falta de privacidad”.

“Las personas entrevistadas”, dice el informe, “dijeron que el acceso a la atención médica es irregular, inadecuado o se niega por completo, lo que pone a las personas en grave riesgo de sufrir daños físicos y mentales. Las personas informaron que siempre estaban esposadas cuando estaban fuera de su celda. Otros tratos a los que se ha sometido a las personas equivalen a tortura, como el encierro en la caja, descrita como una estructura similar a una jaula de 60 cm x 60 cm en la que se encierra a las personas como castigo —a veces durante horas, expuestas a la intemperie y sin apenas agua— con los pies sujetos a unas ataduras en el suelo”.

“Es aterrador lo que ocurrió durante el verano”, dice otra persona entrevistada: “Las personas estaban recluidas al aire libre, inmovilizadas y expuestas a los mosquitos, que transmiten enfermedades. Estaban encerradas en celdas sin acceso suficiente a servicios básicos. Los inodoros se desbordaban y solo se les permitía ducharse una vez a la semana, si acaso. Las condiciones son terribles”.

Y otro explica: “Soy asmático y uso un inhalador. Estuve detenido en Alcatraz durante 11 días y nunca me dieron uno. Sufrí mucho con los cambios de calor a frío porque se iba la luz constantemente. La zona médica no funciona. La gente no recibía su medicación. Si necesitaban medicación a las 8 de la tarde, se la daban a las 2 de la madrugada”.

“Cuando estaba en Alligator Alcatraz, alguien murió”, explica otro testimonio: “Oí muchos gritos. Pero no hay forma de saber qué le pasó realmente a esa persona porque no estamos registrados en el sistema del ICE”.

Así, Amnistía Internacional considera que las condiciones de detención en ambas instalaciones equivalen a un trato “cruel, inhumano y degradante. El uso prolongado del aislamiento en Krome y el uso de la caja en Alligator Alcatraz equivalen a tortura.

“Estas condiciones despreciables y repugnantes en Alligator Alcatraz reflejan un patrón de negligencia deliberada diseñado para deshumanizar y castigar a los detenidos allí”, afirma Amy Fischer, directora de Derechos de los Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos: “¿Dónde está la supervisión?”.

Según los datos difundidos por AI, Alligator Alcatraz ya ha absorbido más de 360 millones de dólares en contratos emitidos por el estado de Florida y se prevé que necesite aproximadamente 450 millones de dólares anuales para funcionar una vez que esté plenamente operativo.

Los fondos para su construcción y funcionamiento vienen de la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) a discreción del gobernador, en virtud de las competencias para adquisición de emergencia que suelen reservarse para los desastres naturales.

Amnistía Internacional ha documentado que el Gobierno de Florida recortó los recursos de programas sociales y de gestión de emergencias esenciales, al tiempo que asignó fondos discrecionales de la FDEM para financiar la construcción y el funcionamiento de Alligator Alcatraz. Y también documentó el uso habitual y prolongado de grilletes a personas migrantes detenidas, tanto en los centros de detención como durante los traslados entre centros, “lo que constituye un trato cruel, inhumano y degradante, y puede equivaler a tortura u otros malos tratos”.

Así, la organización insta al Gobierno de Florida a cerrar Alligator Alcatraz, “prohibir el uso de cualquier centro de detención de inmigrantes gestionado por el Estado, poner fin al uso indebido de los poderes de emergencia, detener todas las adquisiciones sin licitación y redirigir los fondos destinados a la detención hacia programas esenciales de atención sanitaria, vivienda y ayuda en caso de catástrofes”. Además, pide al Gobierno de los Estados Unidos “que ponga fin a su cruel maquinaria de detención y deportación masiva de inmigrantes, que deje de criminalizar la migración, que prohíba el uso de centros estatales para la detención de inmigrantes, que garantice la investigación exhaustiva de todas las muertes, abusos y denuncias de tortura durante la detención, y que cumpla con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos”.

El activista antirracista haitiano Roudy Joseph, portavoz del Colectivo Haitianos RD y actualmente inmerso en un programa de protección en nuestro país, ha estado este martes en Cáceres dentro de la gira organizada por Amnistía Internacional para sensibilizar sobre la situación de vulneración de derechos que sufre la población haitiana en República Dominicana. Su paso por la región, que comenzó ayer lunes en Plasencia, incluye también encuentros mañana y el jueves en Mérida y Badajoz.

En sus intervenciones en la capital del Jerte y en la ciudad cacereña, Joseph ha alertado del “avance peligroso” en la denegación de derechos fundamentales a quienes tienen origen haitiano en República Dominicana. Explicó que esta comunidad vive una discriminación estructural marcada por deportaciones masivas, detenciones arbitrarias, violencia institucional, restricciones sanitarias y prácticas racistas que afectan especialmente a mujeres embarazadas, menores y personas en situación de alta vulnerabilidad.

Durante su primera parada en Extremadura, en el IES Sierra de Santa Bárbara de Plasencia, recordó que estas vulneraciones “ya habían derivado en muertes” por las “limitaciones arbitrarias” impuestas por el Gobierno dominicano al acceso a la salud para las personas haitianas o de ascendencia haitiana, incluso aquellas nacidas en territorio dominicano.

El haitiano explicó que la persecución política y el racismo institucional forman parte de un problema que se ha intensificado en los últimos años, con campañas de deportación masiva, retirada de documentación, impedimentos para registrar a recién nacidos y una narrativa oficial que criminaliza a toda la comunidad haitiana. “Se están produciendo violaciones graves y alarmantes de derechos básicos”, aseguró el defensor de derechos humanos, que lleva más de una década documentando casos con nombres y apellidos.

“La juventud extremeña puede ser parte del cambio”

En sus charlas, el activista pide a la juventud extremeña que tome conciencia y actúe. Recuerda que “la vulneración de derechos puede ocurrir en cualquier parte del mundo” e insiste en la importancia de informarse de fuentes fiables y usar las redes sociales para difundir información verificada sobre estas situaciones. “Compartir lo que está pasando ya es una acción”, remarca siempre ante los estudiantes.

El activista subrayó además en Cáceres que su objetivo era construir puentes entre territorios y demostrar que la solidaridad internacional importa. “Hay situaciones que nunca pudimos imaginar que pasarían, y están ocurriendo ahora mismo”, señaló.

Una visita para sensibilizar, informar y movilizar

La gira por Extremadura, organizada por Amnistía Internacional, tiene como principal objetivo sensibilizar, informar y promover la movilización social frente a las vulneraciones de derechos humanos que denuncian colectivos haitianos en República Dominicana. La organización insiste en que la visibilidad pública constituye una herramienta clave de protección para quienes defienden derechos humanos, especialmente en contextos donde denunciar implica poner en riesgo la propia vida.

Los encuentros con Joseph están permitiendo a la ciudadanía de Extremadura conocer de primera mano la situación de los migrantes haitianos, su especial vulnerabilidad y la necesidad de políticas que respeten sus derechos fundamentales.

En los actos públicos celebrados en las ciudades extremeñas, el activista siempre insiste en que es primordial que los jóvenes extremeños participen en la difusión de información y se impliquen en causas de justicia social: “Tener conciencia de lo que ocurre más allá de tu zona es el primer paso para cambiar las cosas”.

La importancia de la visibilidad y del trabajo de Amnistía Internacional

Joseph destaca que la celebración de charlas abiertas con la ciudadanía y la implicación de los medios de comunicación son esenciales para que estas situaciones no queden silenciadas. Amnistía Internacional subraya que dar visibilidad a estas vulneraciones, acompañar a defensores y defensoras de derechos humanos y sostener la presión internacional es imprescindible para proteger a las comunidades afectadas y garantizar que las violaciones no queden impunes por eso “la acción ciudadana informada es una herramienta poderosa para impulsar cambios reales”.

Amnistía Internacional ha celebrado en Ciudad Real el acto 'Línea Roja por Gaza' coincidiendo con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino que se celebra cada 29 de noviembre desde 1978, junto a colectivos como Pacifistas Ciudad Real, Mujeres de la Plaza del Pilar, Feministas de Pueblo, Ciudad Real contra el Racismo, Educación con Palestina, además de Mujeres y Teología.

La movilización, en la tarde-noche del viernes ha servido para recordar que persisten la ocupación, el apartheid y el desplazamiento forzoso que afectaron históricamente al pueblo palestino desde la resolución 181 de Naciones Unidas y la Nakba de 1948.

Las organizaciones convocantes denunciaron, con la lectura de un manifiesto, que Israel ha cruzado repetidamente “líneas rojas” mediante ataques deliberados contra civiles —incluidos miles de niños y niñas—, bombardeos a hospitales y personal humanitario, bloqueo de ayuda y destrucción de infraestructuras esenciales. También recordaron que el alto el fuego habría sido vulnerado más de 500 veces desde el 10 de octubre, causando nuevas víctimas mortales. Las cifran en cerca de 350 personas, mujeres, mayores, niños y niñas en su mayoría. Casi 70.000 personas han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023 y más de 170.000 han resultado heridas.

Supervivencia al límite en medio del invierno

Las condiciones de vida, recordaron, siguen siendo “terribles” para la población desplazada en Gaza, obligada a sobrevivir en campamentos improvisados sin agua corriente ni electricidad. La llegada del invierno y las primeras lluvias agravan aún más la situación, elevando el riesgo de enfermedades, hipotermia y muertes evitables, especialmente entre menores.

El manifiesto reclama el cese inmediato de los ataques, la retirada del ejército israelí de más del 50% de la Franja y el fin del bloqueo impuesto desde 2007. Los colectivos exigen la entrada masiva de ayuda humanitaria y la evacuación de quienes requieran atención médica urgente, así como el respeto al derecho al retorno cuando existan condiciones seguras.

También se reclaman investigaciones independientes sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas por las partes en conflicto, así como la participación directa de la ciudadanía palestina en los procesos políticos y de reconstrucción. “El camino debe estar liderado por el pueblo palestino”, señalan.

Finalmente, el manifiesto advierte que el alto el fuego no puede convertirse en una “cortina de humo para el genocidio en curso de Israel” y critica el “patrón de conducta de Israel en Gaza, incluida la denegación deliberada de ayuda para la población palestina, muchos de cuyos miembros están heridos, desnutridos y en riesgo de sufrir enfermedades graves”. Algo que, inciden, “sigue amenazando su supervivencia”.

Llaman a la comunidad internacional a mantener la presión diplomática para garantizar la entrada de ayuda, proteger a la población civil y avanzar hacia una paz permanente.

El demoledor informe que ha hecho público Amnistía Internacional sobre el funcionamiento de los centros de atención integral a víctimas de violencia sexual en algunas comunidades autónomas no ha gustado nada en Castilla-La Mancha. Consideran en el Ejecutivo regional que esta organización ha faltado a la verdad en lo referente a esta comunidad autónoma.

Fuentes de la Consejería de Igualdad han precisado a elDiario.es Castilla-La Mancha que, pese a los testimonios de mujeres recabados por la organización, el trato que se da en los centros de esta región es “bueno y empático” y que no les constan quejas en ese sentido.

Pero, sobre todo, este departamento pone el acento en que los centros llevan todo el año funcionando “perfectamente y con profesionales cualificados”. “Otra cosa es que ese personal fuese fijo, porque el definitivo ha entrado este mes. Algunas trabajadoras continúan y otras cambian por la entrada en vigor del contrato”, aclaran en relación con las críticas a la temporalidad con la que trabaja el personal.

Además, el Gobierno castellanomanchego destaca que estos espacios funcionan durante 24 horas, aunque no haya trabajadoras durante ese periodo de tiempo esperando por la noche por si llegara alguna mujer. “Eso no es eficiente, puesto que existe un protocolo de urgencia que se activa de inmediato ante un aviso”, apuntan las mismas fuentes.

Otra de las críticas que denunció Amnistía Internacional ha sido la falta de información sobre la existencia de este recurso. La Consejería de Igualdad explica que se informó a la organización de derechos humanos que en breve pondrá en marcha una “potente” campaña de comunicación e información.

La red tendrá “un nombre más amable”

En, concreto quieren darle a la red “un nombre más amable” porque “nos llegan quejas y dificultades en varias provincias en las que se detecta que algunas mujeres no quieren ir a centros en los que hay rótulos grandes que indican que son víctimas de agresiones sexuales”.

Asimismo, el Gobierno regional dice haber explicado a Amnistía Internacional que actualmente está implantando y desarrollando protocolos para poder trabajar en red, para que todos los servicios de la Administración conozcan estos recursos y para que haya coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los tribunales y los recursos sanitarios.

Finalmente, en cuanto a la falta de servicios concretos para mujeres prostituidas, afirman que no existen recursos específicos porque “una mujer agredida sexualmente es una mujer agredida, sea cajera, frutera o mujer prostituida”, y que, en cualquier caso, el Gobierno de Castilla-La Mancha es “abolicionista”.

La organización pro Derechos Humanos, Amnistía Internacional, acaba de publicar un informe sobre la situación de los centros de crisis para víctimas de violencia sexual en varias comunidades autónomas, destacando que solo Galicia y Asturias garantizan la apertura 24 horas. Aunque la situación en La Rioja no ha sido objeto del informe, el Servicio de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual que se ha puesto en marcha en nuestra región abre 8 horas diarias toda la semana, salvo martes y jueves, lo que implica que permanece cerrado 16 horas al día.

“Que las víctimas no cuenten desde el primer momento con una información adecuada, accesible y pedagógica, puede provocar que se perpetúen el silencio, el aislamiento o incluso la cronificación del trauma derivada de la agresión sexual vivida”, ha denunciado Amnistía Internacional. Asimismo, han mostrado su preocupación por “dejar fuera de la gestión de estos servicios especializados a entidades feministas con amplia trayectoria en violencia sexual, una situación que ya ha sido señalada por GREVIO (Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica)”.

Igualmente, advierten de que “las mujeres con discapacidad, LTBI, romaníes, migrantes y refugiadas, así como las mujeres que ejercen trabajo sexual y han sufrido violencia sexual, pueden enfrentar mayores barreras de acceso”.

Amnistía Internacional considera que “las autoridades competentes no pueden ampararse en la existencia de otros recursos de atención a otras violencias o justificarse en que se trata de recursos caros y de difícil financiación, para comprometer su mantenimiento, continuidad y sostenibilidad”. Y pide, tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, que se “garantice la coordinación interinstitucional y una atención especializada y de calidad para atender de forma integral a las víctimas”.

Reclaman que ello“ debe hacerse mediante una atención realizada por personal experto en violencia sexual en crisis y en emergencia, facilitando el contacto con el centro de crisis de forma directa y no a través de intermediarios, para evitar la revictimización por tener que relatar varias veces la violencia sexual sufrida”.

Aunque La Rioja no está incluída en el informe, el centro de Logroño cumple igualmente algunas de las deficiencia detectadas: “No se han dado a conocer de manera generalizada y por lo tanto las mujeres se encuentran perdidas cuando sufren este tipo de violencias; no se garantiza la atención presencial en los centros de crisis 24 horas los siete días de la semana; ni tampoco la atención telefónica u online por personal especializado; no hay suficientes recursos para cubrir a todas las posibles víctimas; y las barreras son mayores para mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, de etnia gitana o con discapacidad”. De igual manera, ni La Rioja ni ninguna comunidad autónoma garantiza la recomendación de contar con un centro por cada 200.000 habitantes.

Amnistía Internacional ha publicado, en vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un nuevo informe en el que analiza los “obstáculos que todavía”, tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual, se encuentran las víctimas de violencia sexual a la hora de recibir una atención integral y especializada. Lo atribune, en parte, al “dispar funcionamiento” de los centros de crisis 24 horas, recurso que “debe jugar un papel fundamental en su acompañamiento”.

La organización señala la importancia de garantizar el derecho de estas mujeres a una atención integral y multidisciplinar, para lo cual estos centros deben ser un recurso básico. Por eso pide al Gobierno central y a las comunidades autónomas que se garantice la coordinación interinstitucional y que se aprovechen los recursos económicos existentes para que estos centros funcionen correctamente, tal y como exigen diferentes mecanismos internacionales a España. 

El documento analiza la situación dispar en la que se encuentran estos centros en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Catalunya y Galicia, que comparten al menos cinco deficiencias estructurales: no se han dado a conocer de manera generalizada y por lo tanto las mujeres se encuentran perdidas cuando sufren este tipo de violencias; no se garantiza la atención presencial en los centros de crisis 24 horas los siete días de la semana; ni tampoco la atención telefónica u online por personal especializado; no hay suficientes recursos para cubrir a todas las posibles víctimas; y las barreras son mayores para mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, de etnia gitana o con discapacidad.

Aunque con retrasos en su implementación, se ha abierto al menos un centro en cada provincia española, excepto en Ceuta, que todavía sigue sin estar en funcionamiento. Sin embargo, España incumple con la recomendación de contar con un centro por cada 200.000 habitantes. Ninguna comunidad autónoma garantiza esta ratio.

“Llamé al único número que encontré, un 900 de la Junta de Andalucía. La llamada fue muy fría, llegó hasta a preguntarme si podría decirle qué edad podría tener el hombre que me agredió… Luego dijo que los centros de atención en crisis [[a las diez de la noche]] no estaban funcionando, y me dio un correo electrónico”. Así explica Teresa (nombre ficticio), de 25 años, que sufrió una agresión en un tren, cómo se sintió con la llamada.

Ella comprobó en su propia piel cómo el acceso directo telefónico a los centros de crisis se canaliza, en algunos casos, mediante los teléfonos generalistas gratuitos disponibles en cada comunidad autónoma. La atención telefónica no especializada puede hacer que “la víctima desista de continuar con el proceso, o que, si lo hace, tenga que relatar nuevamente su experiencia, resultando revictimizante”. Además, encontrar los teléfonos directos de los centros es una tarea complicada en algunas comunidades.

Centros de crisis ¿24/7?

Amnistía Internacional denuncia que, en la mayoría de las comunidades autónomas que ha estudiado, no está garantizada la apertura de los centros 24/7 los 365 días del año: sólo Galicia y Asturias cumplen con esa condición.

Castilla-La Mancha tiene un horario de atención de sus centros de 8.00 a 22.00 horas, y están cerrados los fines de semana. En Aragón el horario es de 9.00 a 19.00 horas, también de lunes a viernes. Y en Andalucía de 8.30 a 20.30, los días de diario.

Catalunya, que ha optado por considerar centros de crisis a cuatro de los 21 Serveis d’intervenció especialitzada (SIE), mantiene un horario similar: de 9.00 a 19.00 horas, aunque según la directora para la Erradicación de las Violencias Machistas se habrían reforzado con diez profesionales para la atención de violencias sexuales y 33 psicólogas de guardia que atienden cuando los SIE no están abiertos. Sin embargo, estos cuatro centros no contienen información online (principal forma de búsqueda de las víctimas) sobre violencia sexual.

“Los centros de atención de 24 horas, creados al amparo de las obligaciones contraídas por España en el Convenio de Estambul, y en la Directiva Europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, además del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, son un recurso especializado esencial para la atención y recuperación integral y multidisciplinar de las mujeres víctimas o supervivientes de cualquier tipo de violencia sexual”, señala Virginia Álvarez, investigadora del informe.

“Si las víctimas no cuentan, en un primer momento, con una información adecuada, accesible y pedagógica, ésto puede provocar que se perpetúe el silencio, el aislamiento o incluso la cronificación del trauma derivada de la agresión sexual vivida”, añade Mar Abellán, coordinadora del Equipo de Derechos de las Mujeres de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha.

Otro testimonio: Susana (nombre ficticio) fue agredida sexualmente por un compañero de trabajo. “Necesitaba acompañamiento y busqué en Google… llamé a un teléfono que me aparecía. Me dijeron que estaban desbordadas y que si no era urgente volviese a llamar al día siguiente. Me facilitaron otro teléfono, era un servicio de violencia machista, no especializado… sentí más vacío que antes. Necesitaba ser escuchada sin miedo a ser juzgada pero fue como hablar con el ChatGPT, automático, impersonal”.

Según Amnistía Internacional, a las dificultades que las víctimas tienen para el acceso telefónico y presencial a estos centros se añade la “preocupante situación de desbordamiento” en el que se encuentran algunas profesionales que trabajan en ellos. De las comunidades autónomas estudiadas, la mayoría de los centros solo tiene una o dos psicólogas, o trabajadoras sociales o asesoras jurídicas, lo que al final puede condicionar la capacidad de atención.

Solo Asturias cuenta con personal laboral entre las que hay 7 abogadas y 8 psicólogas. Contar con personal suficiente es muy importante para garantizar la atención integral y de calidad a las víctimas. “Nos preocupa, que en las licitaciones pueda tener más peso la oferta económica que la técnica, dejando fuera de estos servicios especializados a entidades feministas con larga experiencia en violencia sexual, algo que ya ha sido señalado por el Comité GREVIO”.

Este comité manifestó su preocupación porque el sistema en España favorezca a las organizaciones grandes en detrimento de las más pequeñas con experiencia directa. También ha expresado preocupación por las condiciones de trabajo del personal y eso se debe, en gran medida, al hecho de que las licitaciones públicas favorecen a los licitadores más bajos, obligando a los proveedores a reducir costes en personal así como la calidad de los servicios.

Amnistía Internacional ha hablado con la madre de una niña de 12 años víctima de abusos sexuales, y que había acudido al centro de crisis de Zaragoza derivada por otra organización. “El primer día no me cogieron el teléfono, tuve que volver a llamar y me dieron cita tres días después. Me dijeron que la psicóloga estaba de baja, pero a los pocos días mi hija fue al centro y tuvo una reunión en la que estaban otras niñas. Le explicaron cómo decir que no y esas cosas”. Tres meses después de ese encuentro grupal su hija no había vuelto a recibir asesoramiento, y seguía esperando una nueva cita.

Doble discriminación

El informe, la organización resalta que las autoridades tienen también la obligación de garantizar un enfoque interseccional en la atención que se presta en los centros de crisis. Las mujeres con discapacidad, mujeres LTBI, mujeres romaníes, mujeres migrantes y refugiadas y mujeres que ejercen trabajo sexual y han sufrido violencia sexual “pueden encontrarse con más trabas a la hora de acudir a estos servicios”.

“No hizo falta ningún insulto abiertamente racista (cuando hablé a la policía), cayeron sobre mí todos los estereotipos: mujer sola con hijos, extranjera, no creían que yo fuera médico… El trato fue muy machista, incluso me dijeron que agradeciera que no hubiera habido penetración”. Marta (nombre ficticio) es una mujer extranjera que vive en Ciudad Real y sufrió una agresión sexual y que ha narrado su experiencia traumática y revictimizadora, además de machista y racista, a la organización. “Me estoy enterando por ti de que estos servicios existen”, relata, sobre los centros de crisis.

Mujeres trabajadoras sexuales han expresado a Amnistía Internacional su desconfianza a la hora de acudir a estos centros “por los estereotipos y prejuicios que pesan sobre ellas cuando revelaban su actividad”. Debido a las trabas o dificultades para obtener la tarjeta sanitaria para algunas mujeres migrantes en situación administrativa irregular, el hecho de que los centros se encuentren es hospitales “también puede suponer un freno para ellas, que pueden evitar acudir a centros que estén en complejos hospitalarios”.

Por último, el documento señala las dificultades adicionales que pueden tener las mujeres rurales a la hora de acceder a cierto tipo de servicios, puesto que estos se encuentran en capitales de provincia o núcleos urbanos. Solo Asturias dispone de un servicio de taxi para facilitar la accesibilidad de las víctimas al centro de crisis, o contempla la posibilidad de trasladar a las trabajadoras para visitar a las víctimas.

La Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha informó a la organización de que no estaba previsto el desplazamiento de las trabajadoras fuera del centro. Explicó que hay un proyecto para facilitar el desplazamiento de personas que viven en municipios pequeños mediante un servicio de transporte a demanda que lo que hace es acercar a esas personas a las cabeceras de las líneas de transporte para que desde allí puedan llegar a la capital.

En caso de que una mujer víctima de violencia sexual que se encuentre en algún municipio sin servicio de transporte público quisiera desplazarse a uno de los centros de crisis, tendría que llamar el día antes y solicitar este servicio, que todavía no estaba operativo en todas las zonas, sino que estaba implantándose

Peticiones de la organización

Amnistía Internacional recuerda que las autoridades competentes “no pueden ampararse” en la existencia de otros recursos de atención a otras violencias o justificarse en que “se trata de recursos caros y de difícil financiación, para comprometer su mantenimiento, continuidad y sostenibilidad”. Y por lo tanto exige, entre otras recomendaciones, tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, que se garantice la “coordinación interinstitucional” y una atención especializada y de calidad en los recursos existentes, como son los centros de crisis 24/7, para atender de forma integral a las víctimas, tal y como exigen los organismos internacionales de derechos humanos.

Por su parte, las comunidades autónomas deben, añade, “garantizar la accesibilidad, adaptabilidad y disponibilidad para todas las víctimas y supervivientes de violencia sexual” de los centros de crisis 24 horas los 7 días de la semana, conforme a lo establecido en la Ley Integral de Garantía Integral de Libertad Sexual y los estándares internacionales de derechos humanos.

El contacto no puede hacerse a través de intermediarios, para evitar la revictimización por tener que relatar varias veces la violencia sexual sufrida

“Esto debe hacerse mediante una atención telefónica realizada por personal experto en violencia sexual en crisis y en emergencia, facilitando el contacto con el centro de crisis de forma directa y no a través de intermediarios, para evitar la revictimización por tener que relatar varias veces la violencia sexual sufrida”.

Además, considera que deben asegurar que todos los centros de crisis disponen de equipos multidisciplinares (psicólogas, juristas y trabajadoras/educadoras sociales) “con experiencia demostrable en violencia sexual para garantizar una verdadera atención integral y especializada”.

“También es imprescindible que las comunidades garanticen la financiación y el sostenimiento de los centros de crisis mediante las transferencias recibidas de los Presupuestos Generales del Estado, tal y como establece la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El gobierno central, además de establecer una partida específica para el sostenimiento de estos centros, debe realizar un seguimiento de los planes y las medidas establecidas para que este recurso funcione adecuadamente”, concluye.

Situación en Castilla-La Mancha: no son 24 horas

En Castilla-La Mancha hay cinco centros de crisis para víctimas de violencia sexual, uno en cada capital de provincia. Esto significa que hay un centro por cada 420.886 habitantes. Aunque en Castilla-La Mancha se anunció que los centros de crisis entraron en funcionamiento a finales de 2024, hasta junio de 2025 no empezaron a contar con trabajadoras.

El horario de atención es de 8.00 a 22.00 horas. Fuera de ese horario y los fines de semana el centro permanece cerrado. Cuando el centro está cerrado, la única opción que hay es llamar al teléfono general de la comunidad sobre violencia de género. En una reunión con la consejera de Igualdad, Sara Simón, indicó que estaba previsto “derivar la llamada a la persona que estuviera de guardia que valoraría también la necesidad de desplazamiento al mismo o al hospital”, si bien esta posibilidad de que haya personal de guardia no se encuentra en la información consultada por la organización de derechos humanos.

En Castilla-La Mancha, tras ser impugnada la adjudicación de los centros de crisis, la Consejera de Igualdad informó a Amnistía Internacional que en noviembre de 2025 empezaría a operar la asociación que había ganado la licitación en el primer momento.

Visitada la página web de esta asociación, esta organización no ha podido encontrar ninguna referencia a su especialización en la atención a víctimas de violencia sexual. Según la información disponible, su ámbito principal de actuación es la prevención, tratamiento e integración de personas que se encuentren en riesgo de exclusión. Por ello, se solicitó información por escrito a la entidad adjudicataria para completar esta información. A fecha de cierre de este informe, no ha recibido contestación.

“Cuando preguntamos a la Consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha sobre la experiencia de esta organización con víctimas y supervivientes de violencia sexual respondió que lo que sabía es que se les habían adjudicado también los centros de crisis de Melilla y Ceuta”.

Amnistía Internacional conversó con algunas trabajadoras de los centros de crisis en Castilla-La Mancha, quienes relataron que habían tenido que iniciar la puesta en marcha de los centros “sin apenas apoyo y recursos”. “Se les había informado de que no continuarían trabajando en dichos recursos, una de ellas manifestó su preocupación por las mujeres que estaban atendiendo y que de un día para otro verían cómo sus asesoras legales o sus psicólogas dejarían de ser sus personas de referencia en el acompañamiento que ya habían iniciado”, concluye el demoledor informe.

Sin atención garantizada 24 horas, gestionados por empresas o fundaciones que no tienen experiencia en violencias machistas o sin información accesible para llegar a ellos. Es la situación general en la que se encuentran los llamados centros de crisis 24 horas de violencia sexual, un recurso concebido para atender a las víctimas cuya puesta en marcha en España estuvo marcada por las dilaciones. Hicieron falta dos prórrogas para que abrieran sus puertas y ahora que sí hay uno por provincia –el mínimo estipulado por ley–, “son muchos los obstáculos” que arrastran estos recursos.

Es lo que concluye un informe de Amnistía Internacional hecho público a las puertas del 25N, Día Internacional contra las Violencias Machistas, en el que la organización monitorea si, más allá de empezar a funcionar, los centros están cumpliendo los estándares para los que fueron creados. El resultado es que “no se está garantizando adecuadamente” la asistencia 24 horas, siete días a la semana y todos los días del año a las mujeres agredidas sexualmente o que, como ocurre en algunas provincias de Andalucía, están situados en módulos prefrabricados.

La organización ha estudiado la implementación de los centros de crisis en seis comunidades –Andalucía, Asturias, Aragón, Catalunya, Castilla-La Mancha y Galicia– a modo de “primera evaluación” tras su apertura, que en algunos casos ha ocurrido hace pocos meses. Aún así, y a pesar de que algunas autoridades han trasladado a Amnistía Internacional que se encuentran en periodo de “ajuste”, la organización considera imprescindible valorar los primeros pasos debido al “papel fundamental” que estos recursos juegan en la recuperación y no revictimización de quienes han sufrido agresiones sexuales, apunta la investigación.

Aunque son una parte las autonomías analizadas, la organización destaca que las conclusiones “son trasladables” al resto y señala como primera característica que la la apertura de los centros –a excepción de Ceuta, donde aún no ha empezado su actividad– ha estado marcada por la “desidia en el tiempo y la falta de priorización de la atención a las víctimas” a pesar de que desde 2021 las comunidades empezaron a contar con fondos para ponerlos en marcha.

Fue en abril de ese año cuando la Conferencia Sectorial de Igualdad acordó por primera vez y por unanimidad la creación de estos centros, una previsión que después fue incluida en la ley del 'sólo sí es sí'. Para ello, el Ministerio de Igualdad repartió 83 millones de euros a las comunidades, una partida procedente de los fondos europeos de recuperación. El plazo para que hubiera uno por provincia se cumplió a finales de 2023, pero entonces solo cuatro los habían implantado. El Ministerio de Igualdad tuvo que pedir dos prórrogas más, hasta junio de este año. La mayoría de los centros, apunta el informe, han arrancado su actividad a principios de 2025, es decir, casi dos años tarde.

Sin apertura 24 horas

Entre las primeras “deficiencias estructurales” detectadas por la investigación está el hecho de que no todas las comunidades garantizan la apertura de los centros 24 horas ni una línea telefónica del propio centro de crisis. Solo Galicia y Asturias cuentan con centros abiertos ininterrumpidamente y un teléfono al que llamar en cualquier momento, pero el resto restringen sus horarios y derivan a líneas generales que solo sirven para “hacer una primera valoración” de la llamada pero no son atendidas por personal vinculado al recurso. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha el horario de atención de los cinco centros es de 8 de la mañana a 10 de la noche mientras que los fines de semana permanece cerrado, un patrón que se repite en otras autonomías.

El informe incluye testimonios como el de Teresa (nombre ficticio), que sufrió una agresión sexual en un tren. “Llamé al único número que encontré, un 900 de la Junta de Andalucía. La llamada fue muy fría, muchos silencios que me hacían sentir muy mal hasta que después de contarle lo que me había pasado me dijo: '¿Y qué necesita? ¿Información para poner una denuncia?'”. La joven, de 25 años, le dijo que alguien le había hablado de centros en los que “te asesoran”, a lo que la mujer le respondió que estaba cerrado y le facilitó una dirección de correo electrónico para dirigirse al recurso. “Fue como hablar con una máquina, en ningún momento me preguntó qué tal estaba”, añade Teresa.

Amnistía Internacional subraya la importancia de que las víctimas se encuentrn al otro lado con atención especialiada que sepa acompañarlas porque, de lo contrario, “puede hacer que desistan de continuar” o si no lo hace “tengan que relatar nuevamente su experiencia” en un momento de “confusión y miedo”.

Susana, otro de los testimonios incluidos en el informe, da cuenta de ello: “Busqué en Google y llamé a un teléfono que me aparecía, me dijeron que estaban desbordadas y me facilitaron otro número, era un servicio de violencia machista no especializado y sentí más vacío que antes. Necesitaba ser escuchada sin ser juzgada, pero fue como hablar con ChatGPT, automático e impersonal”, relata la mujer, que fue agredida por un compañero de trabajo.

Casi nadie sabe que existen

Las dificultades para encontrar información clara y accesible sobre los recursos a los que las víctimas pueden dirigirse es otro de los obstáculos que ha identificado la organización, que dibuja un escenario de “disparidad” entre comunidades en este sentido. Mientras que en Galicia o Aragón, los buscadores en Internet remiten “con facilidad” a una página web en la que se encuentra de manera “fácil y directa” qué son los centros de crisis 24 horas, sus direcciones y teléfonos, en Andalucía “la única opción” es llamar al teléfono general “y no especializado” para que se produzca la derivación.

Por otro lado, lamenta la organización que una de las deficiencias principales de los centros es el “desconocimiento generalizado” sobre su existencia, incluso por parte de organizaciones con trayectoria en la atención a víctimas. En Catalunya, una abogada de un colectivo especializado “dijo no tener apenas información” sobre el funcionamiento de los recursos allí. Marta, una mujer que vive en Ciudad Real y fue agredida en junio de 2025, desconocía que hay un centro en su provincia hasta su entrevista con las investigadoras de Amnistía Internacional a pesar de que denunció ante la Policía y acudió al hospital: “Me estoy entenrando por ti de que estos servicios existen. Estoy recibiendo apoyo psicológico, pero es privado”.

La investigación pone también el foco en las adjudicaciones que las comunidades hacen para gestionar los centros, un factor que, en general rompe “la especialización” exigida porque, en su mayor parte, las licitaciones recaen en empresas, organizaciones o fundaciones que no tienen “trayecoria comprobada” en violencias machistas. Solo Asturias, cita el informe, ha optado por un centro público con personal laboral mientras que el resto han optado por entidades privadas: el centro de Vigo lo gestiona una empresa de construcción, los de Aragón una fundación enfocada en salud mental y exclusión social, en Andalucía o Castilla-La Mancha, una ONG de atención a colectivos vulnerables.

Por último, Amnistía Internacional llama la atención sobre el hecho de que la apertura de un centro por provincia es un mínimo exigible, pero el Consejo de Europa recomienda uno “por cada 200.000 habitantes”, por lo que España “incumple la ratio aconsejada” para “ateder adecuadamente a las víctimas y supervivientes de violencia sexual de acuerdo a los estándares internacionales”. Un acompañamiento que se hace más complicado en el caso de que las mujeres tengan discapacidad, sean migrantes, prostitutas o de etnia gitana, destaca el informe, que concluye que, en general, los centros no garantizan la perspectiva interseccional.

La dana que arrasó la Comunitat Valenciana hace un año y que provocó una de las inundaciones más destructivas registradas en Europa ha puesto de manifiesto la evidente falta de protección del derecho a la vivienda y la ausencia de una estrategia de adaptación adecuada frente al cambio climático en esta región mediterránea. Para Amnistía Internacional esto supone una vulneración clara de derechos humanos.

La organización presenta hoy el informe Llueve sobre mojado. La dana: impactos de la crisis climática en un escenario de crisis estructural de vivienda, en el que recuerda que un año después de la riada se sigue construyendo en los municipios afectados por las inundaciones exponiendo a decenas de miles de personas a nuevas inundaciones que podrían producirse en cualquier momento.

Un fenómeno extremo en un contexto de vulnerabilidad estructural

En España, y en la Comunitat Valenciana, a pesar del contexto de cambio climático y las advertencias de organismos internacionales de que los fenómenos meteorológicos serán más frecuentes y más graves, la normativa urbanística sigue permitiendo la construcción en zonas inundables. Las distintas administraciones han ido desarrollando un ordenamiento jurídico que, de espaldas a la legislación sobre cambio climático y al derecho a la vivienda, establece limitaciones pero no impide la construcción de nuevas edificaciones en zonas inundables.

La Comunitat Valenciana es la segunda región con mayor extensión de zonas inundables de España, donde habitan aproximadamente 600.000 personas. En municipios como Paiporta y Catarroja, que tienen todas las viviendas en áreas de riesgo de inundación, se registraron las mayores cifras de víctimas y daños tras el paso del temporal.

Gran parte de la edificación en los municipios más afectados por la riada se realizó en zonas que ya fueron identificadas como inundables en 2003, aumentando la exposición de la población a catástrofes y contribuyendo a agravar los daños ocasionados.

“Hay dos velocidades en la reconstrucción. Un año después, todavía no está aprobada la revisión del Patricova ni la reforma de las normas estatales de gestión de los riesgos de inundación, pero las autoridades autonómicas y locales han adoptado el urbanismo exprés, flexibilizando más que antes el urbanismo y desprotegiendo a la gente”, asegura Marta Mendiola, investigadora sobre cambio climático y derecho a la vivienda de Amnistía Internacional en España.

Diversos estudios evidencian una notable disminución de la inversión en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia a partir de 2009, consecuencia directa de los ajustes presupuestarios derivados de la crisis económica y financiera, reduciendo así la capacidad de prevención y mitigación de riesgos.

El sistema de ayudas ha sido insuficiente

“El agua no discrimina, pero en materia de vivienda llueve sobre mojado: la falta de políticas adecuadas hace que sean siempre las personas más vulnerables quienes sufran más. La solución no son solo las ayudas temporales y los parches: las personas afectadas deben recuperar sus derechos. La vivienda no es sólo un bien que se ha perdido. Es un derecho humano que sigue sin estar garantizado un año después de la dana”, ha señalado Marta Mendiola.

Las personas afectadas por la DANA han enfrentado trámites complejos, información escasa o tardía,y escasez de vivienda social. La ayuda máxima de la Generalitat de 800 euros mensuales resulta insuficiente frente a los precios de alquiler en los municipios afectados, que aumentaron tras la riada. Las mujeres, especialmente las migrantes trabajadoras del hogar, han sufrido exclusión en el acceso a estas ayudas.

“La crisis climática convierte cada tormenta en un riesgo mayor, pero el problema de fondo es estructural. La ausencia de planificación, la escasez de vivienda social y las políticas de construir de espaldas a los derechos de la gente garantizan que la próxima catástrofe vuelva a golpear con más dureza a quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad”, ha añadido Teresa García del Vello, investigadora sobre derecho a la vivienda de Amnistía Internacional en España.

Alrededor de 60.000 personas migrantes, muchas de ellas mujeres dedicadas a los cuidados, se han encontrado con barreras estructurales para cumplir los requisitos de las ayudas, comoel empadronamiento, el número de identificación de extranjero (NIE), un contrato de arrendamiento o la titularidad de una cuenta bancaria. Esa dificultad las discrimina de manera indirecta y les aleja de las ayudas y de su categorización como personas afectadas.

Las comunidades más marginadas han sufrido de manera desproporcionada, incluidas personas migrantes y en situación administrativa irregular. Casos como el de Yuliza (nombre ficticio), mujer migrante trabajadora del hogar y cuidadora que no estaba empadronada, ilustran la exclusión de las ayudas y la precariedad post-dana:

“Durante la dana, el agua me llegaba hasta la cintura y subía con fuerza mientras intentaba poner a salvo a mi hermana, que estaba lesionada, y a la abuelita que cuidaba. Me resbalé, me golpeé la espalda pero cargué a la abuelita hasta la azotea. Nadie nos ayudó; todo el mundo estaba asustado y apresurado. Cuando intenté recibir atención médica, me negaron la asistencia porque no estaba empadronada y solo conseguí una tarjeta sanitaria temporal. He tenido que enfrentar trámites administrativos complicados para empadronarme y acceder a ayudas que aún me resultan inalcanzables. Un año después de la dana sigo viviendo en precariedad, con incertidumbre y sin poder reconstruir mi vida”. Su caso ilustra cómo la burocracia y la falta de políticas públicas adecuadas obstaculizanel reconocimiento como víctima y, con ello, el acceso al derecho a una vivienda digna.

Por otra parte, los barrios del Xenillet y La Mancha en Torrent muestran la precariedad extrema previa a la DANA y el agravamiento de vulneraciones posteriores. Muchas viviendas han sido demolidas sin información suficiente sobre indemnizaciones, destino de los terrenos o alternativas habitacionales, vulnerando el derecho a la vivienda de las personas residentes. Además, problemas en el alcantarillado y el agua potable que persisten hoy han expuesto y exponen a la población a riesgos sanitarios, incluidos menores con erupciones cutáneas e infecciones.

Un modelo de respuesta fragmentado

La respuesta institucional ha sido reactiva y fragmentada, sin enfoque integral que combine adaptación climática y protección del derecho a la vivienda. La escasez de coordinación entre administraciones y la insuficiencia de la vivienda social han dejado a muchas familias sin opciones adecuadas de alojamiento.

Tal como ha señalado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, es imprescindible avanzar hacia un sistema de protección social anticipatorio, basado en derechos humanos, que garantice el acceso a una vivienda adecuada antes, durante y después de fenómenos meteorológicos extremos.

Por último, Amnistía Internacional considera que esta descoordinación también se ha hecho patente de manera especial en la primera fase de diseño de ayudas, lo que ha afectado a la forma de transmitir y recibir la información de las ayudas y a la tramitación de las mismas.

Frente a esta situación, y un año después de la dana, Amnistía Internacional solicita de manera urgente a las autoridades autonómicas y locales una moratoria que paralice los proyectos urbanísticos en los municipios afectados por las inundaciones hasta la aprobación de la revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) y hasta que las autoridades locales realicen un estudio pormenorizado de las zonas de riesgo en sus localidades, cuyo fin sea la prevención de riesgos y la protección del derecho a la vivienda. Todo ello en cumplimiento de sus obligaciones jurídicamente vinculantes en materia de adaptación al cambio climático y del derecho a la vivienda.

A medio plazo, la organización pide a las autoridades centrales, autonómicas y locales la revisión del sistema de protección social frente a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos en España, considerando tanto los eventos pasados como los riesgos futuros en un contexto del cambio climático, así como la elaboración de un protocolo integral de ayudas que establezca un decálogo de medidas orientadas a reforzar la protección del derecho a la vivienda.

Amnistía Internacional Extremadura ha puesto en marcha dos concursos culturales que combinan literatura y audiovisual con un objetivo común: invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre el racismo y a promover el antirracismo a través de la creación. Se trata del V Concurso de Microrrelatos sobre Derechos Humanos y del certamen de obras audiovisuales de hasta dos minutos, ambos con plazo de participación abierto hasta el 30 de noviembre.

El concurso literario, ya consolidado en la región, busca que escritoras y escritores exploren el impacto del racismo y la discriminación en la vida cotidiana. La temática se inspira en los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que reconocen la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas sin distinción alguna.

Cada participante podrá enviar hasta tres microrrelatos inéditos, con un máximo de 250 palabras, redactados en castellano. Las obras deben enviarse por correo electrónico a extremadura@es.amnesty.org, siguiendo el sistema de plica para garantizar el anonimato.

Los tres textos ganadores recibirán distintos reconocimientos: una obra de un artista extremeño para el primer premio, y material de Amnistía Internacional para el segundo y tercer galardón. Los resultados se anunciarán en torno al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y los microrrelatos se difundirán en el blog de Amnistía Internacional Extremadura y en su boletín semestral Somos Activistas.

Audiovisuales de dos minutos para visibilizar el racismo

El segundo certamen convoca a creadoras y creadores audiovisuales, con libertad de estilo y género: desde documentales y ficciones hasta animaciones o videoclips. La condición es que la pieza no supere los dos minutos y que aborde de forma explícita el racismo y el antirracismo desde perspectivas diversas.

Las obras deben ser originales y compartirse con licencia Creative Commons CC BY, lo que permitirá su difusión abierta. Podrán participar personas de todas las edades nacidas o residentes en Extremadura. En el caso de menores, se exige autorización de sus tutores legales.

El jurado —formado por integrantes de Amnistía Internacional, especialistas en derechos humanos y profesionales del ámbito audiovisual— valorará principalmente la relevancia del tema, la originalidad y la calidad artística y técnica. Habrá dos premios: uno para participantes de hasta 25 años y otro para mayores de 25, con posibilidad de accésits.

Cultura para defender derechos

Con la doble convocatoria, Amnistía Internacional Extremadura busca trasladar la defensa de los derechos humanos al terreno de la creación artística, generando un espacio de reflexión colectiva y crítica social.

Ambos certámenes culminarán el 10 de diciembre de 2025, coincidiendo con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, con un acto en el que se darán a conocer las obras premiadas.

Las bases completas de los concursos pueden consultarse en el blog de Amnistía Internacional Extremadura y en sus redes sociales.