Amnistía Internacional (AI) considera que los audios desvelados por elDiario.es, en los que un grupo de soldados presume de sus palizas a migrantes en Ceuta, revelan posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La ONG se ha referido en estos términos a las grabaciones que recogen parte de una conversación entre al menos tres militares en servicio en Ceuta durante uno de sus turnos de vigilancia. En ellas describen agresiones a migrantes “sin que se lo esperen” y tratos vejatorios.

“Los audios confirman algo muy importante, que no es legítima defensa de los militares en casos de agresiones, que también se han producido, sino que simplemente son operaciones de castigo que buscan humillar a inmigrantes. Y en este caso puede ser claramente tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, ha denunciado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, en declaraciones a este medio.

La organización ha exigido una investigación transparente. Según ha explicado Beltrán, se han dirigido por carta a la ministra de Defensa y han pedido “una actualización de la investigación interna que anunció, es decir, si ha emprendido investigaciones, si son exhaustivas, si se ha suspendido o no cautelarmente a militares implicados en torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Defensa envía los audios al juzgado

Horas después, el Ministerio de Defensa ha informado de que ha remitido al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía la investigación publicada por este medio sobre los audios. Esta información, según indica Defensa, se ha adjuntado a la documentación remitida a finales de septiembre por el mismo Ministerio, que trasladó por la vía judicial el informe de Amnistía Internacional que denunció prácticas como palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y teléfonos móviles por parte de militares que patrullan la ciudad, recogiendo parte de los hallazgos previos de elDiario.es.

“El Ministerio de Defensa adjunta a la información ya remitida al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía, la noticia publicada por elDiario.es, de la que se han hecho eco varios medios de comunicación, en la que se hace referencia a unos audios de supuestas conductas delictivas por parte de personal militar desplegado en Ceuta”, reza el escueto comunicado publicado este jueves por el departamento dirigido por Margarita Robles. “Se remite la información a los efectos oportunos y para preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas”.

Tras el comunicado de Defensa, Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades estatales tienen la “obligación” de “investigar de oficio estos hechos y por lo tanto tiene que haber una colaboración entre Fiscalía y Defensa ante toda la información que hay”. “Fiscalía no tiene que esperar a que le lleguen los casos”, sostiene Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España.

“No se puede poner la responsabilidad de estas investigaciones sobre las víctimas, que además se encuentran en una situación muy vulnerable, ya que por su situación, corren el riesgo de poder sufrir represalias o ser expulsadas sin acceso a justicia”, señala la investigadora de la entidad especializada en derechos humanos. “Fiscalía debería hacer un trabajo proactivo para investigar y garantizar que las víctimas que así lo quieran, puedan realizar denuncias de manera segura”.

Este domingo, la víspera del 12 de octubre, Margarita Robles defendió el trabajo de los soldados destinados en Ceuta y calificó de “críticas injustas” las denuncias de agresiones a migrantes, muchas ya contrastadas, pese a que su propio departamento las ha enviado al juzgado. “Me siento profundamente orgullosa de la labor que realizan, una labor callada que ha sufrido alguna crítica injusta fruto del desconocimiento”, dijo la titular de Defensa a los soldados destinados en la ciudad autónoma.

De los primeros testimonios a los audios

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Sin embargo, este medio no ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Defensa, pese a las insistentes preguntas trasladadas a su departamento de prensa.

Primero llegaron los testimonios de más de una veintena de migrantes, acompañadas de fotos e informes médicos. Este medio también publicó varios casos de menores rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento. Después, varios vídeos publicados y verificados por este medio confirmaron parte de la violencia que describen los migrantes.

Más adelante, las primeras denuncias de palizas fueron presentadas en comisaría y el informe de Amnistía Internacional que hablaba de “torturas” por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas fue enviado al juzgado. La ONG documentó, a través de 22 testimonios directos, palizas, vejaciones, robo de dinero y teléfonos móviles por parte de militares que patrullan Ceuta, en particular por “unidades de Regulares y de la Legión” en lo que “parece ser un patrón” contra los migrantes en la ciudad autónoma.

Pese a contar con la información, Defensa no trasladó las denuncias a la Justicia hasta que se publicó dicho informe, el pasado 30 de septiembre. El departamento encabezado por Robles remitió entonces a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta las denuncias y encargó una investigación interna para dilucidar “responsabilidades individuales”. Según ha informado la Agencia EFE, la Comandancia General de Ceuta del Ejército de Tierra está investigando las supuestas torturas y vejaciones por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas a migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

Fiscalía debería hacer un trabajo proactivo para investigar y garantizar que las víctimas que así lo quieran, puedan realizar denuncias de manera segura

Virginia Álvarez — Investigadora de Amnistía Internacional España

Por último, en los nuevos audios revelados por elDiario.es se puede escuchar cómo un grupo de militares españoles en servicio en la ciudad autónoma confirma y describe entre risas detalles de algunas de estas prácticas abusivas en una conversación durante una de sus misiones.

La charla se produjo la noche del 21 al 22 de septiembre. Un grupo de militares de servicio en Ceuta cumplía uno de sus turnos de vigilancia en un punto fijo de la ciudad. En concreto, se encontraba en la carretera que colinda con el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), próximo a uno de los bosques de la ciudad autónoma.

Alrededor de la medianoche, junto a su vehículo oficial, el batallón permaneció posicionado durante al menos 50 minutos en este punto y, sin apenas movimiento en la zona, los soldados se relajaron y empezaron a describir algunas de las actuaciones que realizan en el marco de la crisis migratoria en la ciudad autónoma tras la entrada de decenas de miles de personas a finales de julio desde Marruecos.

Entre las actuaciones comentadas, los al menos tres militares participantes en la conversación relatan palizas aparentemente injustificadas, posibles técnicas de engaño para atrapar a personas marroquíes antes de golpearlos o “pruebas” realizadas a los migrantes que podrían ser constitutivas de un delito de torturas. En general, el tono de los soldados traslada una normalización de estas prácticas, aunque a su vez los efectivos reconocen evitar “escuchar” o hablar con los agredidos porque, dicen, les puede llegar a “dar pena”.

En los audios, al menos tres militares en servicio admiten haber participado de manera directa o indirecta en agresiones contra personas migrantes que, según trasladan, no suponían una amenaza para la patrulla. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas también describen las sensaciones que les provocan este tipo de agresiones. “Lo que pasa es que [pegar] sin guantes mola más. Sin guantes se escucha el 'plas'”, dice uno de los militares, imitando con énfasis el sonido de un tortazo. Sus compañeros rompen a reír: “Sin guantes suena; con guantes, duele”, matiza otro de ellos, mientras las risas continúan en los audios a los que ha accedido este medio. “Con guantes suena también”, apunta un tercero antes de que otra voz remate en medio del jolgorio: “Hay que ser buenas personas; hay que usar guantes”.

Un total de 41 profesionales sanitarios se han inscrito en el registro de objetores habilitado por el Servicio de Sanidad de Castilla-La Mancha para rechazar la práctica profesional del aborto en el sistema público de la comunidad autónoma.

Es el dato que, según informa Amnistía Internacional, ha facilitado “por primera vez” el SESCAM a la Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha a través del Portal de Transparencia.

Según esa misma información, hay un total de 198 médicos en el conjunto de los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de Castilla-La Mancha, aunque no ha concretado cuántas de las 41 personas objetoras son médicas ni cuál es el número total de profesionales de estos servicios.

“Incluso tomando el supuesto más desfavorable —que las 41 personas objetoras fueran médicas— representarían el 20,7 % de los 198 médicos, lo que significa que casi ocho de cada diez no estarían inscritos en el registro de objetores”.

La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha se concentró este domingo en Alcázar de San Juan, con motivo del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, que se conmemora hoy, para reclamar que ninguna mujer tenga que salir de la sanidad pública para ejercer un derecho reconocido por ley. Desde hace un año las movilizaciones arrecian en la comunidad autónoma para lograrlo: “No es normal tener que ir a abortar a 180 kilómetros”, decían hace ahora un año.

En este tiempo, la Consejería de Sanidad ha anunciado que planea un “centro público” para abortos ante la objeción de conciencia casi total de sus médicos, según se decía el pasado mes de mayo. Con los datos de hoy en la mano, esa afirmación no es del todo cierta.

El colectivo ciudadano considera “especialmente relevante” que, después de años reclamando información, el SESCAM haya facilitado por primera vez datos oficiales sobre las personas inscritas en el registro de objetores de conciencia, pero cree que los datos que se proporcionan son “insuficientes” para conocer “con precisión” la dimensión de la objeción, al no especificarse las categorías profesionales ni la distribución por hospitales y áreas sanitarias. Creen que saberlo introduciría “datos objetivos en un debate en el que durante años se ha hablado de una supuesta objeción generalizada”.

Para la Plataforma, “este dato refuerza la necesidad de dejar de utilizar la objeción de conciencia como argumento para no organizar la prestación”. En su opinión, la obligación de la Administración es “organizar los servicios sanitarios de forma que una objeción individual no impida ni retrase el acceso de las mujeres al aborto en la sanidad pública”.

También inciden en que “la objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales, no una objeción de los servicios, unidades u hospitales” y en que “corresponde, por tanto, al SESCAM planificar los recursos humanos y asistenciales necesarios para garantizar la prestación”.

Además, vuelven a situar el foco en una reivindicación que se considera “pendiente” en Castilla-La Mancha: que el aborto se garantice de manera efectiva en la sanidad pública, con recursos, profesionales y una organización que permita acceder a la prestación sin tener que recurrir a centros privados y sin que las mujeres sean derivadas a otras comunidades autónomas, como ocurre actualmente en la mayoría de los casos.

El 99,95% de los abortos, en el sistema privado en 2024

Las organizaciones que integran la Plataforma han vuelto a denunciar que las mujeres de Castilla-La Mancha continúan encontrándose con una prestación que, pese a estar reconocida legalmente, se realiza fuera de la red pública. En 2024, el 99,95 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas, según datos del Ministerio de Sanidad. Y alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en los últimos 15 años han tenido que salir de la región para hacerlo.

Por ello, reclaman de nuevo “una red pública de interrupción voluntaria del embarazo integrada en el SESCAM, con recursos y profesionales suficientes y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias.”

Durante la movilización, la Plataforma reclamaba al Gobierno de Castilla-La Mancha una red pública de aborto en todas las provincias, un calendario concreto, público y verificable para la implantación de la prestación, recursos y profesionales suficientes, garantizando que la objeción de conciencia individual no impida ni retrase el acceso, datos públicos y transparentes sobre profesionales objetores, recursos, derivaciones y prestación realizada dentro y fuera de Castilla-La Mancha, información pública, clara y accesible sobre el derecho al aborto, el itinerario asistencial y los recursos disponibles y protección efectiva frente al acoso y la intimidación para mujeres y profesionales.

Este lunes se celebra el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, y la Plataforma reafirma una reivindicación clara: “Abortar es un derecho, la sanidad pública debe garantizarlo”.

A estas peticiones se han sumado hasta 25 colectivos como Amnistía Internacional, Feministas de Pueblo o CCOO. Este sindicato reclama una “verdadera red pública” para poder acceder al servicio.

Rosario tiene 80 años y vive en el Casco Histórico de Toledo. Este lunes perderá la vivienda en la que ha vivido siempre, en el barrio de San Justo de la ciudad, uno de los más frecuentados por los turistas. Es viuda, no tiene hijos y se encuentra sola, sin una alternativa habitacional a la que poder trasladarse.

Percibe una pensión de apenas 500 euros mensuales y es una persona con discapacidad. Los herederos de la vivienda en la que vive quieren vender el inmueble y poner fin a su permanencia en la casa. Este lunes debe entregar las llaves.

Ha acudido a los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento que gobiernan PP y Vox. También ha pedido ayuda a la Iglesia católica, pero hasta el momento no ha encontrado una solución que le permita garantizar su vivienda.

La Unión Popular de Inquilinas de Toledo pide “solidaridad” con Rosario, y ha convocado a la ciudadanía este lunes, a las 19.30 horas, en el momento en que debe marcharse de su casa.

“Rosario no debe entregar las llaves de su casa. No vamos a aceptar que una mujer de 80 años, sin hijos, sola y con una pensión de 500 euros, sea expulsada de su casa sin que exista una alternativa habitacional digna y ponemos de relieve que se trata de un problema sistémico que nos está deshumanizando y expulsando de nuestros barrios”, denuncia el colectivo.

Cree que la respuesta ante esta situación tiene que ser colectiva para “acompañar, organizarse y defender el derecho de Rosario a permanecer en su casa”.

Para la Unión Popular de Inquilinas la situación de Rosario vuelve a poner sobre la mesa la falta de vivienda asequible en Toledo y “las contradicciones de un modelo de ciudad que, mientras deja a vecinas mayores y vulnerables sin alternativas, mantiene viviendas y edificios sin un uso residencial que pueda dar respuesta a estas situaciones”.

En Toledo se muestran las contradicciones de un modelo de ciudad que, mientras deja a vecinas mayores y vulnerables sin alternativas, mantiene viviendas y edificios sin un uso residencial que pueda dar respuesta a estas situaciones

Reclaman al ayuntamiento que ponga a disposición de las personas que lo necesitan los recursos de vivienda pública existentes. La organización denuncia que “hay viviendas sociales reformadas desde 2024 en la zona del Tránsito que continúan sin ocupar”, y exige conocer cuántas viviendas públicas permanecen vacías, en qué condiciones se encuentran y por qué no están siendo utilizadas para atender situaciones de emergencia habitacional como la de Rosario.

También señalan la “responsabilidad de la Iglesia, una institución con una importante presencia inmobiliaria en el Casco Histórico”. En este punto explican que “mientras se destinan inmuebles a nuevos apartamentos turísticos, operaciones hoteleras y venta inmobiliaria, Toledo mantiene además numerosos conventos y edificios religiosos sin uso residencial”.

Además, exigen que Toledo sea declarada zona tensionada y que se intervengan los precios. “Precisamente el pasado lunes el pleno del Ayuntamiento de Toledo, con PP y Vox al frente, volvió a rechazar está declaración, que fue propuesta por IU”, recuerdan.

Este mismo domingo se celebraba una asamblea “urgente” en la céntrica plaza de Zocodover “en solidaridad y respaldo de las compañeras inquilinas de España”, en la que ha participado cerca de un centenar de personas.

“Ni un paso atrás”, señalan, hasta que se apruebe el 'decreto Mari Carmen'. A la espera de lo que pueda ocurrir en la reunión del Consejo de Ministros de esta próxima semana, ya se anuncian nuevas movilizaciones en la ciudad.

Movimiento Sumar Toledo se ha sumado a la petición para pedir al ayuntamiento que dote de alternativa a la anciana.

La Unión de Inquilinas de Toledo celebrará además Asamblea Abierta al próximo viernes 2 de octubre a las 19:30 horas, en el anfiteatro de las Tres Culturas de la ciudad. “Queremos encontrarnos con todas las personas que estén atravesando situaciones similares: alquileres inasumibles, amenazas de desahucio, viviendas en manos de grandes propietarios, falta de alternativas habitacionales o cualquier otra situación que ponga en riesgo el derecho a permanecer en sus casas”, explican y hacen un llamamiento a la ciudadanía a acudir y organizarse.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo han anunciado este lunes que se le ha ofrecido a Rosario una plaza en la Residencia Social Asistida (RSA) San José, ubicada en el barrio toledano de Azucaica.

“Dada su situación, mañana puede estar en la RSA San Jose. Técnicamente creemos que sería la mejor solución para ella. No creemos que tenga que seguir viviendo sola”, ha señalado la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, a preguntas de los medios.

Movilizaciones en Castilla-La Mancha, acampada en Madrid

Esta semana se han producido movilizaciones en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real. La plaza del Pilar en Ciudad Real reunió el viernes a más de 250 personas en una concentración para denunciar el desahucio de Mari Carmen Abascal, una vecina madrileña de 87 años, con discapacidad, convocada por CNT y apoyada por Amnistía Internacional.

Durante la concentración se leyó un manifiesto para recordar a “todas las Mari Carmen”, incidiendo en que “ la vivienda es un derecho humano” y que el desahucio se había producido a pesar de haber vivido durante décadas en su casa y haber pagado siempre su alquiler. “Fue desahuciada sin una alternativa habitacional adecuada, a pesar de que Naciones Unidas había pedido la suspensión del desalojo”.

Para Amnistía Internacional, “es una vulneración de derechos humanos y muestra el fracaso de las instituciones a la hora de proteger a una persona vulnerable”.

La organización recordo que “no es un caso aislado” porque “España vive desde hace años una crisis estructural de la vivienda”, con alquileres que “se han disparado”, mientras la vivienda social representa apenas el 1,71 % del parque de alquiler, frente a una media del 9 % en la Unión Europea. Según datos facilitados por Amnistía Internacional entre 2013 y 2025 se han producido alrededor de 600.000 desalojos.

Quienes se concentraron en Ciudad Real lo hicieron para decir que “Mari Carmen no está sola” y que “nadie debería ser expulsado de su hogar sin una alternativa habitacional adecuada”.

“Castilla-La Mancha también tiene responsabilidades”

Desde ayer sábado cientos de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, tras participar en una multitudinaria manifestació para apoyar a Mari Carmen y reclamar soluciones para este tipo de situaciones.

Eso, añadían, incluye también a Castilla-La Mancha. “Nuestra región también tiene responsabilidades que asumir para que aquí no se produzcan casos como el de Mari Carmen”.

En este aspecto recordaban que la recién constituida Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna de Castilla-La Mancha, de la que forma parte Amnistía Internacional, reclama al Gobierno regional anto alquileres estables y asequibles como que se declaren zonas de mercado residencial tensionado donde sea necesario para regular los precios. “¡Castilla-La Mancha aún no ha declarado ninguna!”, criticaban.

También piden un incremento sustancial del parque público de vivienda, con protección permanente o que antes de cualquier desalojo exista una alternativa habitacional real y digna, y que los casos de vulnerabilidad se detecten y atiendan desde el primer momento, con prevención, mediación, asesoramiento y acompañamiento.

Protección reforzada para las personas con discapacidad, problemas de salud mental u otras situaciones de especial vulnerabilidad, y que nunca se las desaloje sin valorar sus circunstancias y garantizar una alternativa.

Este sábado se ha celebrado Comité Regional del PSOE de Castilla-La Mancha en el que se ha aprobado una resolución sobre Vivienda. Es una declaración de intenciones, en la que se citan los desahucios, pero solo para decir que ha descendido el número de lanzamientos en la comunidad autónoma.

“Castilla-La Mancha ha tenido una evolución claramente descendiente en materia de desahucios de viviendas. Si en 2013 era una región que lideraba el número de desahucios en 2025 es la situación contraria, pasa de 2.762 en 2013 a 700 lanzamientos practicados en 2026, una caída aproximada del 75 %. El mínimo de la serie cerrada es 2025, incluso por debajo del dato excepcional de 2020 debido a la pandemia del COVID”, detalla, sin aludir a medidas sobre este tipo de situaciones que afectan a personas con nombres y apellidos, y con una casuística muy variada.

Silencio de PP y Vox: votaron contra el escudo social antidesahucios

Castilla-La Mancha prepara una Ley de Medidas en materia de Urbanismo y Vivienda que no contempla frenar desahucios como el de Mari Carmen, en aras a proteger la vulnerabilidad de las personas. Esta semana el consejero de Fomento Nacho Hernando aseguraba que hay negociaciones con PP y Vox “muy avanzadas” sobre la futura norma, pero el PP se ha apresurado a negarlo y dice que es “completamente falso” que el Gobierno regional haya puesto en marcha “ningún proceso de negociación” porque solo han sido convocados a una reunión. .

El PP castellanomanchego tampoco ha dicho ni una sola palabra sobre casos como el de Mari Carmen. En un comunicado aseguran que el partido presentará una “larga” serie de enmiendas “responsables” al texto planteado por el Grupo Socialista que tiene que ver con la defensa de la autonomía municipal, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica, la actualización del planeamiento, la movilización de suelo, la colaboración público-privada, la vivienda protegida, el acceso de los jóvenes, la rehabilitación y las necesidades específicas de los pequeños municipios.

Ni una palabra sobre las personas vulnerables o la posibilidad de estudiar casos que necesitan especial protección, por distintas circunstancias. Tampoco se le conoce una propuesta en este sentido a Vox. En febrero tanto PP como Vox, además de Junts, tumbaron el escudo social antidesahucios propuesto por el Gobierno en el Congreso.

En estos días, las protestas se repiten en el territorio nacional. En Castilla-La Mancha, Amnistía Internacional recuerda que es necesaria una Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha “que reconozca la vivienda como derecho humano y establezca garantías para hacerlo efectivo”.

“El derecho a la vivienda no puede quedarse en una declaración. Las administraciones están obligadas a respetarlo, protegerlo y adoptar medidas para garantizarlo, y nadie debería acabar sin hogar a causa de un desalojo, inciden. ”Necesitamos más vivienda pública y asequible, medidas para acceder y permanecer en una vivienda digna, y proteger a las personas vulnerables, evitando que la vivienda se trate solo como un activo económico“.

Una mujer víctima de violencia de género y su hija de nueve años serán desahuciadas de la vivienda donde residen en Nuevo Roces (Gijón/Xixón) el próximo martes, día 29. Representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Amnistía Internacional, el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA) y el Sindicato de Vivienda de Asturias, se han trasladado este viernes hasta las oficinas de Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) en Oviedo/Uviéu, para tratar de llevar al ánimo de su gerente, Marta Pulgar, la necesidad de que se paralice la orden de ejecucion debido a su situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, desde este organismo no hay intención alguna de evitar el desahucio, según explica Andrés García, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias.

“Están criminalizando a la inquilina”

“La respuesta de Marta Pulgar ha sido decir que no es un caso de vulnerabilidad, pese a que así se recoge en una resolución judicial; que la mujer tiene problemas con los vecinos, aunque no hay ninguna denuncia contra ella; y que no va a paralizar el desahucio. Lo único que ha hecho -comenta Andrés García- ha sido criminalizarla y, por lo tanto, no nos queda más que seguir luchando, movilizadas”.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias sostiene que el estado de vulnerabilidad de la mujer está reconocido judicialmente en una sentencia donde se reclama a Vipasa que busque una alternativa habitacional para ella y su hija.

El arraigo de la menor

Nuria García, de Suatea, ha reclamado que la eventual alternativa tenga en consideración el arraigo de la menor de nueve años a la zona donde reside actualmente y donde cursa sus estudios.

Según ha indicado en rueda de prensa, más de un centenar de docentes han respaldado un documento donde se recoge el posible perjuicio académico y personal que podría sufrir en el caso de que se lleve a cabo el desahucio.

La versión de Vipasa

Por su parte, la entidad pública defiende el procedimiento alegando que la inquilina accedió a esa vivienda en 2019 y tiene impagos de alquiler desde el año 2021.

La gerente asegura que, con anterioridad, ya se le ofrecieron varias vías para regularizar la deuda.

Concentración en Oviedo/Uviéu

Los colectivos que apoyan a la mujer reconocen esa deuda generada por la inquilina, pero sostienen que se originó a raíz de que dejara de percibir durante un período de tiempo una ayuda vinculada a su situación como víctima de violencia de género y hasta que comenzó a cobrar el ingreso mínimo vital.

Mañana, sábado, han convocado una concentración a las 19:00 horas, en la plaza de la Escandalera de Oviedo/Uviéu para tratar de paralizar el desahucio en defensa de su derecho a una vivienda.

Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que facilite la reubicación de los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta y que garanticen su acogida digna y la protección efectiva de todos sus derechos.

Esta petición de la organización humanitaria llega después de las declaraciones realizadas este jueves por la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, en las que afirmaba que la región no cuenta en estos momentos con la capacidad de albergar a menores procedentes de Ceuta, y un día después de que Emiliano García-Page descartase que Castilla-La Mancha se vaya a ofrecer para acoger a estos menores migrantes e instara al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver a todos los “que han entrado ilegalmente”. Además, se produce el mismo día en que se celebrará la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la cual se votará un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que entraron desde Marruecos

La organización ha trasladado su preocupación por la posición manifestada por el presidente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de no asumir la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta, según ha informado Amnistía Internacional a través de un comunicado.

Preguntan al Gobierno si ha cambiado de postura

“Estas declaraciones contrastan con la respuesta que Amnistía Internacional Castilla-La Mancha recibió recientemente del Gabinete de la Consejería de Bienestar Social”, han asegurado desde Amnistía Internacional, señalando que el Ejecutivo regional les había trasladado su “plena colaboración institucional y solidaridad”.

Amnistía Internacional ha asegurado que la Consejería afirmaba asimismo que, aunque la situación supone un esfuerzo importante para el sistema de protección de menores, requiere “el compromiso y la implicación de todas las partes involucradas”.

Además, las declaraciones ofrecidas esta semana tanto por Page como por García Torijano contrastan con las que ofreció a primeros de agosto José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Ejecutivo regional. En esos primeros días tras la llegada de miles de migrantes a Ceuta, Caballero aseguró que el Gobierno de Page permanecía “a la espera” de conocer el reparto de menores llegados a Ceuta y apostaba por la “solidaridad”, afirmando que la acogida deberíaá realizarse “por igual” en el resto de las comunidades autónomas españolas.

Por ello, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha dirigido una carta a la Presidencia del Gobierno autonómico para solicitar que aclare si se ha producido un cambio en la posición mantenida hasta ahora por Castilla-La Mancha respecto a la acogida y reubicación de niños, niñas y adolescentes no acompañados procedentes de Ceuta.

La organización ha señalado que la situación en Ceuta sigue siendo “especialmente preocupante”, subrayando que hay cientos de menores que permanecen en situación de calle y sin tener cubiertas adecuadamente necesidades básicas, así como su preocupación sobre si los procesos de determinación de la edad se están llevando a cabo con todas las garantías de derechos humanos y que persistan menores que no han sido adecuadamente identificados, censados y filiados por las instituciones públicas.

Amnistía Internacional ha solicitado a Castilla-La Mancha que mantenga “el compromiso que ha venido demostrando hasta ahora y continúe participando en la acogida y reubicación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentran en Ceuta, en aplicación de los mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad vigentes”.

La organización ha recordado la recomendación de garantizar la protección jurídica efectiva de estos niños y niñas, incluido su derecho a solicitar protección internacional, y que no se vulnere en ningún caso el principio de no devolución. “Cualquier decisión que se adopte debe estar basada en el principio del interés superior del menor”, han indicado.

Los trabajadores sociales critican los discursos “que criminalizan”

También desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha se han manifestado de forma pública este jueves para criticar la negativa del Gobierno regional a dar acogida a los menores migrantes llegados este verano a Ceuta.

Así, han recordado al Ejecutivo de Page que “existe la obligación legal y constitucional” de colaborar con otras autonomías. “Castilla-La Mancha no puede eludir el modelo de acogida vinculante ante situaciones de contingencia humanitaria en territorios fronterizos. El reparto corresponsable es un mandato legal y un mecanismo de justicia distributiva para garantizar que ningún territorio se vea desbordado en la atención a la infancia”, afirma el Colegio en un comunicado.

El texto remarca que “toda actuación de los poderes públicos que afecte a personas menores de edad debe situar en el centro su interés superior, su dignidad y la garantía efectiva de sus derechos” y que “los menores migrantes son, ante todo, niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad”, por lo que considera que “el principio del interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier otra consideración política, demográfica o de control fronterizo”.

Además, afirman que están “totalmente fuera de lugar discursos que criminalicen” o términos como “invasión”, empleado en el día de ayer por Page en diversas ocasiones, para referirse a la infancia desprotegida.

“Por todo ello, instamos a los responsables políticos de nuestra comunidad autónoma a actuar con responsabilidad, mantener la cordura institucional, a cumplir estrictamente con los marcos legales de protección a la infancia y a liderar desde el ejemplo de la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con el bienestar social”, culminan desde el Colegio de Trabajo Social regional.

La Fiscalía “obstaculiza” y “dificulta” las investigaciones abiertas por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a dirigentes, abogados y familiares de independentistas catalanes con el programa Pegasus.

Así lo ha concluido Amnistía Internacional tras estudiar diez de las causas que instruyen distintos juzgados de Barcelona sobre el espionaje. El documento, muy crítico con el Ministerio Público, carga contra “el rol defensor del Estado y de la empresa israelí NSO”, creadora de Pegasus, que, a juicio de la entidad, ha jugado la Fiscalía.

El escándalo de espionaje a los independentistas catalanes, producido tanto bajo el Gobierno del PP como del PSOE se destapó en 2022. Cuatro años después, las investigaciones judiciales han corrido suerte dispar, pero ninguna de ellas ha conseguido llegar a juicio.

“La conclusión es triste y clara: las víctimas de este escándalo siguen esperando saber la verdad, quién les espió y para qué fueron espiadas”, ha denunciado Virginia Álvarez, responsable del área de investigación en derechos humanos de Amnistía Internacional en España durante una rueda de prensa en Barcelona.

La exdirectora del CNI Paz Esteban, imputada en cinco causas, fue cesada para evitar que los partidos soberanistas dejaran de apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso. Es la única autoridad que asumió responsabilidades políticas por el caso.

La investigación judicial más avanzada es la que tiene como víctima al expresident de la Generalitat Pere Aragonès, una de las 18 personalidades independentistas que el CNI admitió haber espiado. El juez Santiago García es el juez de Barcelona que más ha investigado el caso, y ahora solo tiene que decidir si envía a Paz Esteban a juicio o archiva un caso en el que la Fiscalía ha exculpado a la exjefa de los servicios secretos.

La abogada Blanca Domínguez, una de las autoras del informe, ha criticado incluso las preguntas del fiscal en los interrogatorios del caso por “ir dirigidas a minimizar los hechos” e “invitar” a Esteban a acogerse a la ley de secretos oficiales o al deber de reserva en las actividades del CNI. Álvarez ha detallado que, tras trasladar Amnistía su preocupación a la Fiscalía, el Ministerio Público respondió que su actuación estaba guiada por el principio de legalidad.

El resto de procedimientos, repartidos en distintos juzgados de instrucción porque la Audiencia de Barcelona rechazó crear una única macrocausa, han avanzado lentamente y a trompicones. La instancia superior ha tenido que corregir a varios de los instructores, que archivaron o declinaron investigar a fondo el caso, y ha ordenado imputar a Esteban en otros tres casos.

Pese a varias peticiones de los jueces, el Gobierno tan solo ha desclasificado una mínima parte (y con tachones) de los autos con los que el Supremo habilitó el espionaje, y se ha negado a proporcionar, aduciendo el secreto de las actividades del CNI, documentos sobre contratos y pagos del centro a NSO.

Además, la falta de colaboración de Israel, Luxemburgo (país europeo en el que NSO tiene una filial) e Irlanda (donde están residenciadas las multinacionales de telecomunicaciones como Whatsapp) ha lastrado las investigaciones.

“A la violación de derechos que supuso el espionaje se suma la impunidad de que no se esté investigando”, ha denunciado la periodista Txell Bonet, pareja del expresidente de Òmnium Jordi Cuixart y una de las víctimas. “Queremos saber quién ordenó el espionanje, cómo se ejecutó, con qué dinero público se pagó y dónde se almacenó toda la información”, ha agregado. 

En su informe, Amnistía Internacional denuncia la “revictimización” que todos estos obstáculos provocan a los afectados por el espionaje, e insta a la Fiscalía a “cambiar radicalmente su papel en los procedimientos y ponerse al lado de las víctimas”.

El informe también propone cambios legislativos para impedir que se repita el espionaje “indebido” a personajes de la sociedad civil. Amnistía Internacional reclama que se prohíban los programas de espionaje masivo como Pegasus.

“No existe un verdadero control judicial de las actividades del CNI”, denuncia Amnistía, que ve “urgente” la modificación de la ley reguladora de la actividad del centro para acabar con los permisos que, de forma general, concedió el Supremo al espionaje.

En este sentido, Álvarez ha destacado que el control judicial es “imposible” ante un programa “tan invasivo y que obtiene tantos datos de manera tan desproporcionada como Pegasus”. “Este 'software' no se puede usar sin una interferencia total a la privacidad, no hay posibilidad de usarlo de forma proporcionada”, ha apostillado.

La entidad reclama asimismo una reforma de la ley de secretos oficiales (que no se ha tocado en todos los años de democracia) para “alinearla con los estándares internacionales” de derechos humanos.

Cinco días después de los terremotos que han sacudido Venezuela, la angustia se vive también a miles de kilómetros de distancia. La comunidad venezolana residente en Castilla-La Mancha sigue con preocupación las labores de rescate, mientras trata de localizar a familiares y amigos y organiza iniciativas solidarias para hacer llegar ayuda a las zonas afectadas.

“La comunidad venezolana aquí está bastante afectada por todo lo que ha acontecido en los últimos días”, explica Luis Alfredo Sequera, presidente de Planeta Migrante en Guadalajara. Desde que se produjo la tragedia, la asociación se ha convertido en uno de los principales puntos de apoyo para los alrededor de 2.500 venezolanos que residen en la provincia, muchos de ellos con familiares afectados directamente por la catástrofe.

La principal preocupación, explica, son las familias de quienes todavía no tienen noticias de sus seres queridos. La mayoría de quienes acuden a la asociación -más de 70 personas en estos días- buscan información sobre familiares desaparecidos o afectados. También colabora con Cruz Roja para prestar atención psicológica a algunas de estas personas.

Sequera asegura que la situación sobre el terreno sigue siendo crítica y considera insuficiente la respuesta de las autoridades venezolanas.

“La situación está fuerte porque el gobierno no ha llegado con la ayuda necesaria. Hay muchos edificios y estructuras que todavía no han sido tocadas cuando realmente hay mucha gente que está debajo de los escombros”, afirma. Asimismo, sostiene que “hay muchas más personas bajo los escombros y desaparecidas de lo que muestran las cifras oficiales”.

Una preocupación compartida por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Desde Amnistía Internacional Castilla-La Mancha recuerdan que “las autoridades han divulgado una información limitada que no está corroborada, por eso exigimos una divulgación pronta, creíble, periódica, sobre el alcance de los daños, el número de víctimas reales, las rutas de atención y el plan de contingencia. Es decir, expresamos y queremos transparencia”.

Su presidente, Erick Figueroa, también alerta de las dificultades para acceder a información independiente. “Estamos preocupadas por el acceso a esta información porque la libertad de prensa y de expresión ha sido severamente restringida durante años por una censura estatal. Recordemos que en Venezuela la red social X está prohibida, está bloqueada y la criminalización de los periodistas es constante”.

Pese a ello, destacan la respuesta solidaria que está generando la catástrofe. “Estamos sorprendidos por la capacidad de resiliencia y de solidaridad tanto del pueblo español como de los venezolanos, porque son capaces, ante una crisis como la que está ocurriendo, de ponerse en pie y expresar solidaridad tanto aquí como allí”, añade Figueroa.

Ayuda desde Castilla-La Mancha

De esa respuesta del pueblo venezolano es buen ejemplo Planeta Migrante. La asociación que preside Luis Alfredo Sequera puso en marcha esta pasado fin de semana una campaña de recogida de material de primera necesidad en Guadalajara.

La asociación ha logrado reunir 557 cajas de productos de primera necesidad, que ya han sido entregadas a una fundación encargada de hacerlas llegar a Venezuela siguiendo un protocolo de distribución entre las personas más afectadas. Y repetirán el fin de semana próximo en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián.

“Este fin de semana nosotros vamos a estar otra vez, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde el sábado y el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, para seguir con este trabajo”.

La entidad explica que lo más necesario en este momento son medicamentos, comida no perecedera, pañales y artículos de higiene. Pide que no se lleve ropa ni agua, debido a limitaciones en el peso para el transporte.

La carga emocional también pesa sobre quienes permanecen en España. “Estamos afectados, consternados de la situación, tristes, desconsolados. Hay personas que han perdido toda su familia completa y así, o sea, la preocupación es bastante”, concluye Sequera.

Desde Accem, ONG que trabaja con refugiados e inmigrantes, explican que buena parte de la comunidad venezolana residente en Castilla-La Mancha está preocupada por el futuro. “Si el futuro era un poco incierto, ahora ya ellos mismos no viven con un futuro, es donde el caos y la situación de anarquía cada día tiene más fuerza”, Braulio Carlés, responsable territorial de Accem en Castilla-La Mancha.

“Aquí hay familias, matrimonios con hijos, que hacen su vida más o menos normal, pero allí tienen hermanos, padres... y no saben cómo están. Y cuando saben cómo están, pues saben que la situación es preocupante desde el punto de vista económico y sanitario”.

Carlés también se muestra preocupado por las dificultades que tienen estos venezolanos residentes en Castilla-La Mancha para contactar con sus familiares en el país sudamericano.

“Lo normal es que no hayan conseguido contactar. Y quien lo ha conseguido, diariamente intentan hablar con ellos, saber cómo están, cómo se encuentran, cómo han pasado la noche”.

En Valdepeñas, el alcalde Jesús Martín ha anunciado que el consistorio prepara la aportación de una ayuda económica para hacer frente a esta catástrofe porque “los que hemos sufrido la ira de los elementos, como es Valdepeñas con las inundaciones, sabemos que el dolor está instalado hoy en Venezuela, pero la tragedia se alarga en el tiempo”.

El regidor municipal ha manifestado que “obviamente las vidas perdidas no se recuperarán, pero si que se podrán recuperar no pocos bienes destruidos de familias que se han quedado literalmente en la calle” y ha avanzado que se habilitará una partida de 6.000 euros que se harán llegar a través de Cáritas.

También ha querido trasladar su pésame “a los 169 venezolanos que residen y están empadronados en nuestra ciudad, algunos muy necesarios porque trabajan en la sanidad pública, y a la comunidad venezolana en general mostrar nuestra solidaridad ante una tragedia que extiende el dolor en un país ya castigado por su situación socioeconómica y política”.

Castilla-La Mancha ha mostrado este lunes su solidaridad

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado ya el fallecimiento de 17 ciudadanos españoles, mientras que otras 138 personas continúan desaparecidas o sin que se haya podido establecer contacto con ellas.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha señalado este lunes que el Ejecutivo continúa trabajando en la identificación de todos los españoles afectados antes de determinar su distribución por comunidades autónomas, por lo que todavía no existe información sobre posibles castellanomanchegos entre las víctimas, heridos o desaparecidos.

La solidaridad también se ha dejado sentir en la región. Numerosos ayuntamientos castellanomanchegos han guardado este lunes un minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias, mientras que el Arzobispado de Toledo ha trasladado su cercanía al pueblo venezolano y a todas las personas que viven estos días marcados por el miedo y el dolor.

Cómo colaborar

Las organizaciones humanitarias recuerdan que, en esta fase de la emergencia, la forma más eficaz de ayudar son las donaciones económicas. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) recomienda priorizar las aportaciones monetarias frente al envío de material, ya que permiten responder con mayor rapidez a las necesidades que van surgiendo sobre el terreno y evitan problemas logísticos.

La agencia aconseja canalizar la ayuda a través de organizaciones especializadas como Cáritas, Cruz Roja Española, Acción contra el Hambre, UNICEF España, Save the Children, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón o World Vision.

Mientras avanzan lentamente las labores de búsqueda, miles de personas continúan sin hogar y con dificultades para acceder a agua potable, alimentos y atención sanitaria. “Aunque el terremoto ocurrió hace unos días, la emergencia continúa y se intensificará a medida que logra acceder a más zonas afectadas. Hoy vemos a familias organizando su vida en carpas y refugios improvisados, donde el acceso a agua segura y condiciones básicas de higiene es fundamental para proteger su salud y su dignidad”, explica Dunia de Barnola, directora de Acción contra el Hambre en Venezuela.

UNICEF estima, además, que 3,9 millones de niños y niñas viven en las zonas afectadas, donde será necesario reforzar de forma urgente la protección infantil, la reunificación familiar, el apoyo psicosocial, el acceso a agua potable y la creación de espacios seguros para la infancia.

Amnistía Internacional ha alertado del aumento de las políticas y prácticas que vulneran los derechos de las personas LGTBIQ+ en distintos países y ha anunciado una serie de movilizaciones con motivo del Orgullo, entre ellas varias actividades en Castilla-La Mancha. La organización denuncia que durante el último año se han producido graves retrocesos en materia de igualdad y no discriminación en países como Estados Unidos, Argentina, Turquía, Ghana o Uganda.

Según ha informado la ONG en una nota de prensa, la iniciativa principal será “Orgullo de Ruta”, una acción reivindicativa que incluirá el izado de banderas LGTBIQ+ ante las embajadas de Estados Unidos, Argentina, Turquía y Ghana en Madrid para denunciar las vulneraciones de derechos registradas en estos países. La organización considera que existe una “preocupante tendencia antiderechos” impulsada por gobiernos que cuestionan libertades y derechos previamente conquistados por el colectivo.

Denuncia de leyes, discursos y persecuciones

Amnistía Internacional pone el foco en distintas situaciones que considera especialmente preocupantes. Entre ellas, menciona la aprobación de legislación restrictiva en varios estados de Estados Unidos, el incremento de los crímenes de odio contra personas LGTBIQ+ en Argentina, los procesos judiciales contra organizaciones defensoras de estos derechos en Turquía y la aprobación en Ghana de una de las normativas más severas del continente africano contra el colectivo.

La organización también recuerda que en Uganda continúa vigente una ley que contempla penas extremadamente severas, incluida la pena de muerte para determinados supuestos relacionados con la denominada “homosexualidad agravada”.

Frente a estos retrocesos, Amnistía destaca algunos avances recientes, como la retirada de cargos contra organizadores de marchas del Orgullo en Hungría y la celebración de la manifestación prevista en Budapest el próximo 27 de junio.

Actividades previstas en Castilla-La Mancha

Dentro de la programación del Orgullo, Amnistía Internacional participará en diferentes actos organizados en la región junto a otros colectivos sociales y entidades locales. En Albacete, la organización estará presente en la actividad “Hacemos comunidad” y en la manifestación prevista para finales de junio.

En Alcázar de San Juan, la ONG se sumará a la V Marcha del Orgullo Rural, convocada por la asociación Plural LGTBIQA+ Mancha Centro, con el objetivo de reivindicar derechos, denunciar el aumento de los delitos de odio y reforzar el compromiso con la igualdad y la diversidad en el medio rural.

Además, en la provincia de Toledo se desarrollarán proyecciones, coloquios y concentraciones en localidades como Torrijos, Toledo, Añover de Tajo y La Puebla de Almoradiel, dentro de una programación que busca visibilizar la realidad del colectivo y promover el respeto a los derechos humanos.

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha asegurado que el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox en la Comunidad está “más centrado en lo que quieren que haga el Gobierno de España que en lo que pretenden hacer en Castilla y León”, con dos partidos que utilizan esa autonomía como un instrumento para su estrategia política nacional.

En rueda de prensa este viernes en Palencia, Gascón ha calificado el pacto de “negativo” para Castilla y León y ha criticado que buena parte de su contenido esté orientado a cuestiones que exceden las competencias autonómicas o que responden a debates impulsados desde el ámbito estatal.

A su juicio, el acuerdo refleja que tanto PP como Vox conciben Castilla y León “como un objetivo para llegar al fin de gobernar en España”, en lugar de plantear un proyecto propio para responder a los problemas de la Comunidad. Alfonso Fernández Mañueco será investido el 9 de junio con el apoyo de PP y Vox.

Movilización social

Gascón ha recordado que el nuevo gobierno nace de “un fracaso político”, puesto que Vox abandonó el Ejecutivo autonómico hace dos años tras romper la coalición con el PP. “Su propuesta de regeneración para Castilla y León es seguir con lo mismo que ya había”, ha analizado Gascón, quien ha recordado que muchas de las medidas recogidas en el nuevo acuerdo ya formaban parte del pacto firmado por ambas formaciones en 2022.

Además, ha cuestionado la viabilidad económica de algunas de las propuestas incluidas en el documento al entender que combinan rebajas fiscales con nuevas políticas de apoyo a la natalidad, la vivienda o el emprendimiento sin concretar la financiación necesaria para llevarlas a cabo.

Asimismo ha lamentado que el acuerdo “ponga el acento en lo accesorio como la caza o la pesca y no desarrolle lo que es relevante para la Comunidad”. Gascón también ha reprochado al PP que exija al Gobierno central la aprobación de presupuestos cuando la Junta acumula varios ejercicios con las cuentas prorrogadas y ha advertido de que el acuerdo contiene numerosas demandas dirigidas al Ejecutivo estatal mientras resulta menos exigente con las actuaciones que corresponden a la propia Administración autonómica.

En la misma línea, ha advertido de que el pacto incorpora medidas dirigidas a controlar el absentismo laboral y recortar el peso de los sindicatos de clase, mientras apenas contempla propuestas para mejorar las condiciones de los trabajadores, que representan más del 80 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad. Por ello, ha defendido el papel de las organizaciones sindicales en conflictos como los de Siro o Renault y ha acusado a PP y Vox de querer debilitar a quienes tienen capacidad para defender los intereses de los trabajadores frente a las políticas del nuevo Ejecutivo autonómico.

Amnistía Internacional alerta de que se cuestionen los derecho shumanos

Amnistía Internacional Castilla y León ha alertado este viernes del “grave retroceso” que en derechos humanos va a suponer el acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox en esa comunidad, en cuanto que “cuestiona que los derechos humanos sean para todas las personas”.

En la misma línea que los “retrocesos ya acordados en Extremadura y Aragón” por ambas formaciones, Amnistía Internacional se ha referido este viernes en un comunicado a cuestiones que incluye ese acuerdo como el principio de prioridad nacional en las ayudas, el rechazo a acoger menores migrantes, planes de repatriación o la supresión de subvenciones a las ONG y la vinculación de la delincuencia con la inmigración.

También incluye el acuerdo firmado entre PP y Vox en la comunidad la prohibición del burka y el nicab, el endurecimiento de los centros de menores, la reforma restrictiva del padrón, la exclusión de personas en situación irregular de prestaciones esenciales y la ausencia de medidas contra la violencia de género.

Amnistía Internacional ha incidido en que son políticas que “vulneran obligaciones internacionales protección de la infancia, libertad religiosa y derecho a la vivienda”. La ONG ha incidido en que “ningún acuerdo político puede justificar retrocesos en derechos humanos y que Castilla y León debe garantizar una plena y efectiva de todas las personas, sin excepciones”.

“Murió. Solo sabemos que se nos fue por una senda clara diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos, y no más. Sed lo que he sido entre vosotros. Alma. Vivid. La vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido”. Lo escribió Antonio Machado en 1915, dedicando el poema a la muerte de su maestro Francisco Giner de los Ríos.

Este jueves Carmen García Márquez leía un fragmento para recordar a quien fue su compañero de vida, Francisco García Martín, historiador e investigador, profesor y activista de los derechos humanos que falleció en agosto de 2025. “Paco vivió hablándonos de lo importante. Contándonos quiénes éramos y de dónde veníamos y sobre todo dejó una profunda huella con sus obras”, recordaba, sin obviar “el dolor” pero “con la esperanza de que el alma continúe a través de sus acciones y de su legado”.

“Estoy contenta, orgullosa y agradecida”, decía, dirigiéndose a quienes participaban en un sencillo y emotivo homenaje que este jueves se dedicaba a Paco García Martín, en el Salón Rico de Toledo, para el que el Consorcio de la ciudad cedió las instalaciones. “El sufrimiento sigue, pero con estos reconocimientos, en parte, se apacigua”.

“A la buena gente siempre hay que tenerla de referente”

El acto fue conducido por Javier Mateo, educador social y exconcejal en Toledo, uno de los organizadores del acto de reconocimiento, junto a Juan Carlos Villacampa, artista plástico, director teatral y columnista cultural. “Se implicó hasta el último minuto en mejorar lo que tenía alrededor y eso es lo que define a una buena persona. A la buena gente hay que tenerla como referente”, comentaba Mateo para dar paso a la decena de personas que recordaron al hombre “generoso” y “tenaz”, entre otras cualidades que quedaron patentes durante el acto.

“Le conocí al llegar al Museo de Santa Cruz en 2022”, comentaba el director del centro cultural, Antonio Dávila. “Nada más llegar me asaltó con dos libros que tenía para publicar”. Así recordó su incombustible inquietud por divulgar cultura y patrimonio.   También mencionó su trabajo en una exposición celebrada a finales del pasado año, dedicada al pintor Vicente Cutanda, uno de los fundadores de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

Paco García Martín formaba parte de la Asociación de Amigos del Museo de Santas Cruz ¡Vivo! y uno de sus miembros,  Luis Miguel García Bermejo, recordaba cómo tardó apenas un mes en hacerse socio tras la constitución de la asociación en 2014. “Nuestro agradecimiento colectivo como asociación, siempre fue motor y pilar fundamental”. Su legado permanecerá, más allá de su muerte, en sus facetas de escritor o investigador, entre otras muchas “porque se multiplicaba”, escribía en una carta que se leyó en el acto Rafael García Serrano, que fuese director del Museo Santa Cruz.

Elena Cuevas, voluntaria cultural de la Confederación de Aulas de la Tercera Edad (CEATE) en el Museo de Santa Cruz recordaba cómo la convenció “con su sonrisa” para formar parte de esta iniciativa. “Pensé que iba a aportar a la sociedad y me ha terminado aportando a mí. Le agradezco enormemente que tirara el lazo”.

“Te convencía de hacer cosas que pensabas que no se podían hacer”, comentaba Rafaela Alonso de Amnistía Internacional, una de las organizaciones por las que se desvivía defendiendo los derechos humanos. “Era una persona cultísima e inteligente. Podía haber ido de snob, pero era muy humilde y siempre estaba ahí”, añadía.

“No era un activista que apareciera en los titulares, era de los que se movían en las trincheras invisibles”, apostilló el presidente de la organización en Castilla-La Mancha, Erick Figueroa.

Siempre se implicó “en mil charcos” y lo hacía “hasta las cejas”, sin postureo. Hay quien le conocía como ‘Paco 0,7’ porque formó parte de la Comisión 0,7%, para que las instituciones destinasen ese porcentaje del PIB a la cooperación al desarrollo. Lo recordaban Juan Díaz, que fue alumno suyo, y Fernando Gutiérrez, de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, de la que Paco también formo parte como miembro de su Junta Directiva. “Siempre trabajó por un mundo mejor”, decía Fernando Gutiérrez. “Su figura no puede entenderse sin Carmen. Eran un binomio”.

“Era una persona buena y un excelente compañero”, dijo de él quien fuera director del IES El Greco, Pedro Rodríguez. Allí Francisco García Martín ejerció como profesor. “Con su tesón e implicación consiguió que este instituto fuese el primero de Toledo en ser declarado instituto histórico”, añadía la actual directora del centro, Isabel Mariscal.

La directora de ElDiario.es Castilla-La Mancha, Carmen Bachiller recordó los “mordaces, pero siempre constructivos” artículos de opinión de Paco García Martín ‘Epicaris’ que el historiador y activista publicó entre abril de 2021 y julio de 2025, en una sección que él mismo quiso llamar Nuestro Patrimonio. “Siempre creyó que el patrimonio era un bien colectivo a disfrutar y a proteger por encima de otras muchas cosas que consideraba efímeras o quizá superficiales”. La periodista aseguró que “Paco merece este homenaje y muchos más. Espero que lleguen”.

Paco recelaba de la turistificación, un término que él ya utilizaba a finales de los años 90, como recordó el director de La Tribuna de Toledo, Francisco Rodríguez, quien repasó algunas de las anécdotas sobre el carácter perseverante del ‘Paco columnista', siempre “coherente” en su opinión a lo largo de los años. Temía incluso que los pisos turísticos terminasen pasando factura a la tradición de abrir los patios toledanos del Casco Histórico y lo denunciaba en sus artículos.

El presidente de la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo, Andrés León, un colectivo del que (claro) Paco García Martín también formó parte como vecino del Casco Histórico. Hoy uno de esos patios le homenajea en una exposición, instalada en el Palacio de Benacazón durante la semana de la Fiesta del Corpus. Los jardines históricos, recordaba, eran otra de las pasiones del historiador e investigador.

“Era una persona buena y un excelente compañero”, dijo de él quien fuera director del IES El Greco, Pedro Rodríguez. Allí Francisco García Martín ejerció como profesor. “Con su tesón e implicación consiguió que este instituto fuese el primero de Toledo en ser declarado instituto histórico”, añadía la actual directora del centro, Isabel Mariscal.

Juan Leal antiguo profesor del IES Brianda de Mendoza de Guadalajara, y miembro de la Asociación Nacional Defensa Patrimonio Institutos Históricos en la que se implicaron tanto Paco como su esposa Carmen dejando una profunda “huella”. Fue “un hombre tranquilo con una perseverancia excepcional, seguramente basada en la solidez de sus principios. Ha sido una suerte compartir con él una parte de nuestras vidas”.

El hombre “incómodo” que discrepó desde la lealtad

En el homenaje también participó Ángel Felpeto, exconcejal de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Toledo y exconsejero de Educación en la Junta de Castilla-La Mancha. “Compartimos proyectos y propuestas y también discrepamos mucho desde la lealtad y la cordialidad de la relación personal”.

Reclamó la necesidad de “muchas personas como él” porque pese a resultar a veces “incómodo”, destacó por su capacidad de “entendimiento desde la discrepancia e incluso desde el desencuentro. Vivimos tiempos convulsos en los que parece que la sociedad acepta que la mentira se justifique como estrategia en el mundo político”.

Eso, lamentaba, “ha generado desgaste” en todo tipo de relaciones y aventuró que Paco García Martín estaría de acuerdo “en que la mentira y el insulto descalifican a quien los utiliza”, pero también rechazaría “el silencio o mirar para otro lado”.

En Gaza, la población civil sigue atrapada en un genocidio. En Ucrania, los bombardeos continúan golpeando infraestructuras esenciales. En Sudán, se han cumplido tres años de guerra y de la mayor crisis humanitaria del mundo. En Irán, la violenta represión sobre las protestas en enero de 2026 podría ser la más letal en décadas. Y, en EEUU, las políticas migratorias y la presión sobre organismos internacionales han encendido las alarmas sobre el retroceso democrático. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) constata que en distintas partes del mundo se repite un mismo patrón: se ha producido un deterioro de los derechos humanos.

El trabajo analiza la situación de 144 países y concluye que el mundo atraviesa uno de los momentos más críticos desde la creación del sistema internacional de derechos humanos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La organización sostiene que ya no se trata de un deterioro progresivo, sino de un “ataque directo a los cimientos del sistema internacional basado en normas”.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, fue aún más contundente durante la presentación del informe: “La humanidad misma se encuentra bajo ataque”. Según explicó, el mundo ha entrado en una nueva fase en la que ya no se trata de advertencias, sino de una realidad consolidada: “Ya no estamos ante un colapso inminente, estamos dando cuenta de su llegada”.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, apunta que “vivimos un momento crítico para la humanidad”, marcado por la actuación de lo que define como “gobiernos depredadores” que buscan “control, impunidad y beneficios económicos” mediante violencias de derechos humanos.

Más guerra, impunidad y complicidad

El informe recién publicado por Amnistía Internacional documenta un aumento de crímenes de guerra, de lesa humanidad y otras violaciones graves, en un contexto en el que los mecanismos de rendición de cuentas pierden eficacia. Entre los ejemplos más señalados, tanto en el informe como en la rueda de prensa de presentación del trabajo, figuran el genocidio contra la población palestina en Gaza, los ataques en Ucrania o la violencia extrema en Myanmar y Sudán.

Callamard describió este escenario como el resultado de un cambio de paradigma. “Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral”, apuntó, en referencia a Estados que vulneran sistemáticamente el derecho internacional.

Beltrán señala directamente a varias potencias: “EEUU, Rusia, Israel y, en cierta manera, China o Myanmar cometen violaciones de derechos humanos para imponer su dominio”. Según explica, estas dinámicas pasan por “declarar guerras ilegales, violar el derecho internacional e intentar dejarnos sin las normas que nos han regido durante los últimos 80 años”.

Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral

Agnès Callamard — Secretaria general de Amnistía Internacional

El informe sitúa en ese contexto a líderes como Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamín Netanyahu, a los que Callamard acusó de buscar “el dominio político y económico mediante la destrucción, la represión y la violencia a gran escala”.

El documento no solo pone el foco en los responsables directos de las violaciones, sino también en la actitud del resto de gobiernos cómplices. Según Amnistía Internacional, muchos Estados han optado por políticas de apaciguamiento, evitando confrontar a las potencias implicadas. “La mayoría de los gobiernos han optado por apaciguar a estos depredadores”, denunció Callamard, que criticó especialmente el papel de los países europeos. En la misma línea, Beltrán es tajante e incide en que “la mayoría de los gobiernos siguen políticas de apaciguamiento que echan más leña al fuego”.

Esta dinámica, advierte AI, tiene consecuencias directas sobre la población y la sociedad civil organizada. “Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo”, apunta Beltrán.  

Represión, control y crisis climática

El deterioro de los derechos humanos no se limita únicamente a los escenarios de guerra. A escala nacional, el informe describe un aumento global de prácticas autoritarias a través de, por ejemplo, una mayor represión en las protestas en Irán, Estados Unidos, Turquía y Reino Unido, la criminalización de la disidencia en Egipto y la India y la vigilancia digital y censura en países como Serbia y Kenia.

Callamard alertó de que este modelo está consolidando un nuevo orden y “un mundo donde la guerra y el asesinato de civiles se han normalizado como herramientas de gobierno”. En esa lógica, añadió, la sociedad civil pasa a ser tratada como un enemigo y la disidencia se silencia mientras “se criminaliza la solidaridad y se convierte la ley en un arma”.

Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo

Esteban Beltrán — Director de Amnistía Internacional en España

En muchos países, estas medidas se han traducido en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. La tecnología, según AI, está desempeñando un papel creciente en este proceso, al facilitar nuevas formas de control social.

Además, el informe vincula este deterioro con factores estructurales como la crisis climática y los recortes en la ayuda internacional a través del fin de la asistencia de USAID, la agencia humanitaria estadounidense. El mundo se encamina hacia un aumento de hasta tres grados en la temperatura global, lo que, según el informe, agravará problemas como la inseguridad alimentaria o los desplazamientos forzados.

La guerra con Irán y la figura de Trump

Uno de los ejemplos más claros de esta deriva es la escalada en torno a Irán. Según Amnistía, el conflicto se intensificó tras el ataque ilegal de EEUU e Israel en violación de la Carta de Naciones Unidas, al que siguieron represalias iraníes. Durante la presentación del informe, la responsable de la ONG advirtió de que esta dinámica ha desencadenado una espiral de violencia con consecuencias globales.

“El conflicto [en Oriente Medio] está poniendo en peligro la vida y la salud de millones de personas en toda la región”, señaló Callamard, que alertó de que sus efectos pueden extenderse más allá de la región, afectando al acceso a energía, alimentos o atención sanitaria en todo el mundo.

Además, la población iraní sufre una doble presión, por un lado, los ataques externos y, por otro lado, la represión interna. “Los iraníes son blanco de las bombas al tiempo que se enfrentan a una represión mortal por parte de su propio gobierno”, denuncia la secretaria general de la organización.

El informe también señala al papel de EEUU y, en particular, de Donald Trump, en el debilitamiento del sistema internacional. Callamard denunció que EEUU ha impuesto sanciones contra jueces y fiscales internacionales “por el simple hecho de estar haciendo su trabajo”, en referencia a las investigaciones de la Corte Penal Internacional.

Estas medidas, según Amnistía, forman parte de un intento más amplio de convertir la justicia internacional en un campo de batalla y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas.

Espacios de resistencia y elogio a España

Pese al diagnóstico, el informe también recoge señales de resistencia. Callamard subrayó que “hay otra historia”, concretamente, la de millones de personas que se han movilizado, y se movilizan, en todo el mundo para defender los derechos humanos.

Desde protestas masivas contra la guerra en Gaza hasta acciones de trabajadores portuarios en países como España, Grecia o Marruecos para bloquear el envío de armas con destino a Israel, pasando por movilizaciones en defensa de derechos civiles como las que se dieron ante la prohibición de la Fiesta del Orgullo en Budapest para defender los derechos LGTBI. Beltrán también apunta que “la buena noticia es que hay una sociedad civil que se rebela, que lucha”.

En este sentido, Callamard destacó el papel de algunos Estados que han tratado de abrir grietas en la inacción general como, por ejemplo, España, al que definió como un país que, en los últimos años, ha hablado “alto y claro” sobre la importancia de la rendición de cuentas y ha evitado, a su juicio, el doble rasero que está erosionando el sistema internacional.

La XIII Asamblea Ordinaria de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, celebrada el sábado 21 de marzo en Toledo, ha elegido a Erick Figueroa como nuevo presidente de la organización en la región, en sustitución de Mar Pozuelo Castillo, quien había asumido esta responsabilidad durante un año.

Erick Figueroa es licenciado en Administración de Empresas, activista y portavoz de Amnistía Internacional España. Según destacan desde la organización, su trayectoria se define “por un compromiso firme y sostenido con los derechos humanos, desde una mirada interseccional, feminista y antirracista”. En España, ha centrado su labor en la promoción y defensa de los derechos de las personas LGTBIQA+ a través de políticas y prácticas orientadas a garantizar la igualdad, la no discriminación y el reconocimiento efectivo de la diversidad en los ámbitos social, institucional y comunitario. Asimismo, participa “activamente” en organizaciones y redes internacionales de derechos humanos.

“En esta nueva etapa -explicaba Erick- asumo la presidencia con una convicción profunda: esta tierra diversa, urbana, rural, amplia y profundamente digna, no puede ni debe dar espacio a la deshumanización. Mi compromiso claro e irrenunciable es situarnos, siempre, del lado de los derechos humanos, de la justicia y de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Un liderazgo que no solo represente, sino que movilice, interpele y construya”.

Además, se ha renovado el puesto de secretario de la Junta Directiva, que ahora ocupa Gabriel Moreno, profesor de Secundaria y activista en el Grupo de Acción de Cuenca.

Hoja de ruta en 2026

El nuevo presidente de la entidad y su junta directiva afrontan una serie de retos en materia de derechos humanos que la asamblea autonómica ha definido. Entre ellos, seguirá siendo “prioritario” la lucha contra el genocidio en Gaza, “el apartheid y la ocupación ilegal en Territorio Palestino Ocupado, la actuación contra graves violaciones del derecho internacional humanitario en otros conflictos como el de Sudán o Irán”.

La organización seguirá trabajando “contra las prácticas autoritarias en todo el mundo y contra el impacto de las políticas de Donald Trump”, tanto dentro como fuera de Estados Unidos “con una mirada fuerte” en el trato cruel a las personas migrantes. Los derechos de las mujeres seguirán siendo central a lo largo del año, con acciones específicas sobre violencia sexual o derecho al aborto. La organización abordará el racismo institucional en España y abogará por los derechos de las personas migrantes y el derecho a la vivienda.

Durante la Asamblea se celebró un coloquio con la presencia de miembros de la plataforma Toledo por Palestina, en el que se denunció el crimen de genocidio que se lleva cometiendo desde hace casi dos años y medio en Gaza, y las continuas violaciones de los derechos humanos que sufre la población palestina en Cisjordania.

Amnistía Internacional cuenta con más de 2600 personas socias en Castilla-La Mancha y decenas de activistas en grupos locales y de acción en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Valdepeñas y Toledo, donde además existe un grupo de jóvenes. Además, tiene equipos autonómicos de comunicación, relaciones institucionales, campañas, activismo y educación en derechos humanos.

La Asamblea coincidió con la celebración del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora bajo el lema 'Parad el racismo y no a las personas'. Por ello, los participantes a la Asamblea llevaron a cabo un acto de calle contra el racismo para reclamar medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales.

El acto tuvo lugar en la Plaza de Zocodover, fue dinamizado por el grupo de jóvenes de Amnistía Internacional en Toledo, y contó con la participación de miembros de El Dorado Activismo Cultural, que recitaron poemas contra el racismo, la Unión Popular de Estudiantes y Toledo con Palestina.

Amnistía Internacional Castilla-La Mancha celebra este sábado, 21 de marzo, su III Asamblea Ordinaria en Toledo, coincidiendo este año con la celebración del Día contra la Discriminación Racial, que se conmemora bajo el lema 'Parad el racismo y no a las personas'.

Aprovechando el encuentro, que tendrá lugar en el Centro Cívico Padilla, participarán en un acto de calle contra el racismo para reclamar medidas urgentes y concretas para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales, tal y como ha informado la organización.

El acto se celebrará a las 14.00 en la plaza de Zocodover, junto a otras 400 organizaciones, entre las que se cuenta Rights International Spain; Red Acoge; Fundación Secretariado Gitano; Iridia o Defender a Quien Defiende, entre otras.

Formularios para identificar racismo en las actuaciones policiales

Amnistía Internacional ha reclamado formularios de parada, registro e identificación en las actuaciones policiales, indicando que múltiples investigaciones han puesto cifras al racismo en las actuaciones policiales.

Asegura que en España, un estudio realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en Granada, reveló que por cada persona blanca identificada “se paraba a 42 personas negras”.

Otros datos muestran que “por cada persona de nacionalidad española se identifica a más de siete personas extranjeras”. Es el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas el que ha instado a España a “tomar las medidas necesarias para poner fin de manera definitiva a los controles de identidad basados en perfiles raciales y étnicos”, así como a garantizar su investigación y sanción.

“Iba con mi chica, que conducía su moto, nos paró la policía para pedir los papeles de la moto, pero en cuanto me quité el casco vinieron hacía mí, y a quien le pidieron los papeles fue a mí y no ella, ella protestó porque era quien conducía, pero ni caso”, ha ejemplificado el actor y activista senegalés Thimbo Samb, que recientemente ha pasado por Toledo, cuyo testimonio ha recabado la organización.

Ante esta situación, la organización ha reclamado medidas específicas para erradicar esta práctica discriminatoria, concretamente, la implementación de formularios de parada, registro e identificación en las actuaciones policiales, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Por ello, en el marco del 21 de marzo, Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha ha organizado un acto en Toledo, sumándose a los programados en múltiples localidades como Cáceres, Málaga, Murcia o Palma de Mallorca.

Además, en Valencia, Salamanca y Barcelona, se presentarán en los ayuntamientos mociones pidiendo la implementación de dichos formularios. Se trata de un documento que intenta “hacer frente a las prácticas policiales que discriminan a las personas por el color de su piel o su origen”.

“Las redadas y paradas basadas en prejuicios raciales no sólo son injustas, son ilegales y destruyen la confianza entre la ciudadanía y las instituciones que deben protegerla”, sostiene la organización que propone un decálogo por el fin de las redadas racistas con diez medidas urgentes y concretas “para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación en todas las actuaciones policiales”.

El decálogo recoge exigencias como la prohibición explícita de las identificaciones policiales basadas en el perfil racial o étnico, conforme al principio de igualdad y no discriminación.

Con la definición clara de qué constituye una identificación discriminatoria, incluyendo cualquier actuación, basada total o parcialmente en el color de piel, origen nacional o étnico, religión o rasgos físicos y otras medidas orientadas al control y transparencia de este tipo de actuaciones policiales.

En la Asamblea también se establecerán las líneas de trabajo de Amnistía Internacional para intentar mejorar, durante 2026, la situación de los derechos humanos en Castilla-La Mancha y en el mundo; se valorará el trabajo del pasado año, se dedicará un espacio a reflexionar con personas externas sobre el genocidio en Gaza y se elegirán a las personas que asumirán los cargos directivos durante los próximos dos años.

La acción se celebrará en el Parque Gloria Fuertes entre las 11:00 y las 14:00 horas. Durante la jornada, las personas asistentes podrán informarse sobre esta realidad, participar en distintas actividades de sensibilización y sumarse a iniciativas en defensa de los derechos humanos y la igualdad.

La organización advierte de que el racismo continúa presente en la sociedad no solo a través de actitudes individuales, sino también mediante dinámicas institucionales que condicionan el acceso a derechos fundamentales como la vivienda, la educación, la sanidad o la libertad de circulación. Entre estas prácticas, subraya las identificaciones policiales basadas en criterios raciales o étnicos, señaladas por entidades sociales y de derechos humanos por su impacto en la dignidad, la salud y la confianza de las personas afectadas.

En este contexto, Amnistía Internacional recuerda la necesidad de definir y prohibir de forma clara y expresa la identificación por perfil racial en el artículo 16 de la conocida como Ley Mordaza, incorporando la definición de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia: “el empleo por parte de la policía, sin justificación objetiva y razonable, de la raza, color, lengua, religión, nacionalidad u origen étnico o nacional en las actividades de control, vigilancia o investigación”.

Pese a su prohibición en la legislación española, la organización alerta de que estas prácticas siguen siendo una realidad preocupante. Según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 26% de las personas afrodescendientes se sienten discriminadas de forma permanente en España. Sin embargo, solo un 4% de quienes sufren discriminación llega a denunciar, lo que sitúa al país entre los de menor nivel de denuncia dentro de la Unión Europea.

La encuesta de esta agencia europea también apunta a una pérdida de confianza en las instituciones públicas, incluida la policía, especialmente entre quienes han sufrido discriminación. Esta desconfianza, advierten, podría estar directamente relacionada con la infradenuncia existente.

“La comunidad gitana, así como las personas migrantes y solicitantes de asilo son objeto del racismo estructural y la xenofobia. Urge tomar medidas para combatir y prevenir los comportamientos racistas y xenófobos, facilitando la denuncia y exigiendo responsabilidad a quienes sean culpables de estas actitudes”, subraya la organización.

Desde Amnistía Internacional hacen un llamamiento a la ciudadanía a implicarse activamente en la construcción de una sociedad “más justa, inclusiva y libre de discriminación”. La organización, presente en más de 150 países, sitúa la lucha contra el racismo como una de sus líneas prioritarias de acción.

“Para los talibanes, estoy muerta. Oficialmente, no existo”. Con estas palabras, la periodista Khadija Amin describe la cruda realidad que enfrentan las mujeres en Afganistán, una situación que ha desgranado este lunes en la Biblioteca Pública del Estado 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey' de la capital cacereña. El encuentro, organizado por Amnistía Internacional Extremadura, se enmarca en la exposición 'Ellas son la revolución', que busca dar voz a quienes el régimen de Kabul intenta silenciar sistemáticamente.

Amin, que fue un rostro conocido de la televisión pública afgana hasta la toma de poder de los talibanes en agosto de 2021, ha explicado cómo el sistema legal ha sido desmantelado para anular cualquier derecho femenino. Uno de los puntos más alarmantes compartidos en la charla se refiere a la reciente deriva del código penal talibán. Según denunció la activista, la normativa actual establece que, si una mujer no presenta fracturas óseas o heridas abiertas de gravedad, la agresión no se considera maltrato punible.

Esta desprotección contrasta con la paradoja de las nuevas leyes de “moralidad”, que incluyen penas más severas y específicas para el maltrato de animales que para la violencia doméstica cotidiana. “Se nos ha situado por debajo de los animales en la jerarquía legal”, lamentó Amin ante un auditorio que llenó el salón de actos de la biblioteca.

El peso de la voz del hombre

La periodista también compartió su drama personal, que ejemplifica la indefensión jurídica absoluta. En el nuevo Afganistán, el testimonio de una mujer carece de valor frente al de un hombre. En su caso, su exmarido la ha registrado oficialmente como fallecida, lo que la deja sin entidad jurídica, sin pasaporte y sin posibilidad legal de reclamar la custodia de sus hijos, que permanecen en Kabul.

“Mi exmarido dice que estoy muerta y, para el Estado afgano, eso es una verdad absoluta porque lo dice un hombre. Mi voz, mis documentos o mi presencia física no cuentan nada”, explicó.

Desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio en agosto de 2024, el silencio es obligatorio. Las mujeres tienen prohibido hablar en público, cantar o incluso leer en voz alta, ya que su voz es considerada awrah (algo íntimo que debe ocultarse). Además, el uso del velo integral es obligatorio, una norma que Khadija siempre cuestionó y que fue uno de los detonantes de las amenazas que la obligaron al exilio.

Resistencia desde el exilio

Pese a la distancia, Amin mantiene una red de contacto con mujeres que resisten dentro del país. La situación en Extremadura, a través de estos encuentros, sirve para que la ciudadanía no olvide que Afganistán se ha convertido en una “cárcel a cielo abierto”.

La activista afgana reconoce que, pese a tener trabajo y participar en charlas por las tardes, la situación de su país la atraviesa emocionalmente cada día. “Hay momentos en los que no quiero ni salir de casa”, confiesa. La distancia con sus hijos, de quienes no sabe dónde están ni cómo se encuentran, agrava una herida que nunca puede cerrar. Denuncia que, por el hecho de ser mujer y haber nacido en Afganistán, no solo ha visto vulnerados sus derechos fundamentales, sino que ni siquiera dispone de documentación que facilite la búsqueda de sus hijos. “Todo lo que pasa allí me afecta personalmente”, explica, describiendo una montaña rusa emocional que le impide vivir con tranquilidad mientras las mujeres afganas siguen siendo castigadas simplemente por serlo.

Sobre la posibilidad de un cambio a corto plazo, se muestra pesimista. Considera que, tras cinco años sin avances significativos, la situación no variará sin un respaldo firme de la comunidad internacional. “Sin apoyo internacional es imposible”, sostiene, al tiempo que lamenta la falta de implicación interna en la defensa de los derechos de las mujeres. A su juicio, la prioridad geopolítica se centra en conflictos armados y tensiones regionales, mientras la vulneración sistemática de derechos en Afganistán no genera la misma reacción. Desde España, pide visibilidad y compromiso: difundir lo que ocurre, apoyar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno y firmar peticiones. En ese contexto menciona a la asociación 'Esperanza de libertad', que canaliza ayuda directa a mujeres dentro del país y promueve acciones de denuncia y solidaridad internacional.

Al finalizar el acto, se hizo mención al documental “¿Dónde están mis hijos?”, disponible en plataformas como Movistar Plus+, una pieza audiovisual que Khadija define como una “carta para el futuro”, para que sus hijos sepan que su madre nunca dejó de luchar por ellos ni por los derechos de todas las afganas.

La exposición

La exposición 'Ellas son la revolución' se integra en una campaña internacional de Amnistía Internacional destinada a sensibilizar a la ciudadanía y a exigir que la comunidad internacional haga rendir cuentas a los talibanes por posibles crímenes de derecho internacional, incluida la persecución por motivos de género. La exposición ha recorrido ya espacios como la Casa de las Mujeres de Avilés y el municipio de Rivas‑Vaciamadrid, consolidándose como una herramienta de denuncia y de movilización social.

El caso Ana Belén Pintado, vecina de Campo de Criptana en Ciudad Real, como niña robada a principios de los años 70 del siglo XX a su familia biológica, sigue su curso ante los tribunales con novedades procesales tras la reactivación del caso a finales de 2025.

De la investigación abierta para determinar las circunstancias en las que se produjo la adopción de Ana Belén se ha derivado la aparición de un documento que quizá permita tirar del hilo en un caso complejo, según ha confirmado la abogada de la querellante Itziar Bilbatua.

De forma reciente se ha detectado que el número de expediente de la adopción de Ana Belén anotado en el libro de registro del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid en el año 1973, “no existe”, señala la letrada. “Hemos pedido que nos trasladen copia de ese procedimiento y resulta que el número asignado corresponde a un procedimiento de reclamación de una cuantía, una letra de cambio, no a una adopción”.

“Se le dio, en aquel juzgado, un número de procedimiento que no tiene nada que ver con una adopción”, detalla Bilbatua, porque en realidad se refiere a un juicio cambiario, un proceso judicial por el que se reclama el pago de una deuda que tiene que ver con cheques, letras de cambio o similares.

Pese al hallazgo, lamenta la abogada, la jueza que instruye el caso no investigará este dato que “puede tener visos de supuesta falsedad”. No se ha estimado la solicitud de diligencias para citar a declarar a quienes dirigían aquel juzgado en la época “por si hubiera una presunta irregularidad”, así que la defensa de Ana Belén ha optado por interponer una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. “Es como si no hubiera ganas de investigar. Hemos pedido que se localice el expediente y que se analice. Es posible que así podamos avalar nuestra hipótesis: que no hubo abandono ni adopción sino robo directamente de la niña”.

Hace algo más de tres meses el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 10 de Madrid tomó declaración a su madre biológica Pilar Villora y también a una administrativa y dos matronas de la clínica María Cristina de Madrid donde nació Ana Belén.

Una de las matronas solicitó el archivo del procedimiento de instrucción del caso, pero su petición fue rechazada y la instrucción seguirá adelante, con una prórroga para completarla hasta el 8 de agosto. “Se sigue investigando pero se alimenta poco el derecho de defensa”, comenta la letrada, después que tampoco se admitiese el planteamiento para abordarlo como un presunto caso de desaparición forzada que además, esgrime la defensa, “no es el único” en España.

La querella se interpuso contra la Maternidad Santa Cristina en diciembre 2022 por presuntos delitos de detención y sustracción ilegal y forzosa, alteración de paternidad/maternidad y falsedad documental en el contexto de crímenes contra la humanidad. El caso ha sido archivado en dos ocasiones pero a comienzos de diciembre de 2025 se reabrió.

“Al día siguiente de nacer Ana Belén aparece el reconocimiento de la madre adoptiva como madre biológica. No hay documento de renuncia por parte de la madre biológica real. No hay nada. Incluso hay otro documento en el que los padres adoptivos - que ya fallecieron y que nunca le dijeron nada a Ana Belén- aparecen como 'poco promocionados'. Es decir estaban a la cola de la lista para adoptar”.

En este caso, todos los caminos siguen abiertos. “Documento a documento y paso a paso. No sabemos a dónde nos puede llevar”, asegura la abogada que confía también en que la Fiscalía sea “proactiva”, aunque sabe que no será sencillo. “Nos queda saber si la jueza considera o no que hay base para abrir juicio oral”.

Una ley estatal sobre 'bebés robados' estancada

Amnistía Internacional ha acompañado el caso durante estos meses. La organización humanitaria lleva años insistiendo en la necesidad de “investigar y esclarecer los hechos para conocer la verdad” sobre los casos de bebés robados que tildan de “violación de derechos humanos” y lamentan que su esclarecimiento se haya prolongado en el tiempo “por la incertidumbre y el dolor asociados a los procesos de búsqueda”.

Sobre la mesa del Congreso de los Diputados está lograr aprobar una norma estatal sobre 'bebés robados', cuya primera proposición de ley se presentó en 2018 sin que se haya culminado hasta la fecha. Para Amnistía Internacional “es una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de esas violaciones de derechos humanos y para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas”.

El Pleno de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha aprobó por unanimidad el 25 de noviembre de 2021 una declaración institucional para que el Gobierno de la Comunidad instara a los Grupos Políticos del Congreso de los Diputados, así como al Gobierno de España, a agilizar la tramitación de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español hasta su aprobación definitiva. En esas mismas fechas expertos de la ONU hicieron lo mismo.

La organización humanitaria considera que esta ley “debe aprobarse, incorporando la asistencia integral a las víctimas, con servicios de orientación jurídica, y acompañamiento psicosocial en todas las fases del proceso de búsqueda”.

Organizaciones sindicales, feministas y de defensa de los derechos humanos de Castilla-La Mancha han dirigido un total de 275 postales firmadas por la ciudadanía de la región al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, exigiendo que todas las administraciones “garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública, en las mejores condiciones de proximidad al domicilio, sin intimidación ni acoso”.

Las postales por el derecho al aborto expresan la preocupación de las organizaciones sociales y de ciudadanas y ciudadanos de Castilla-La Mancha ante el “incumplimiento”, por parte del Gobierno regional, de su obligación de garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en la sanidad pública.

La firma y presentación de postales da continuidad a las acciones impulsadas por diversas organizaciones -entre ellas colectivos como Ágora Feminista de Albacete, el sindicato Comisiones Obreras y Amnistía Internacional- en torno al incumplimiento de este derecho.

Entre dichas acciones destacan las concentraciones celebradas durante los últimos dos años en las capitales de provincia, en el marco del Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro.

Desplazamientos y clínicas privadas

Las organizaciones denuncian que cada año más del 60% de las mujeres de Castilla-La Mancha que quieren abortar tienen que desplazarse a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho al aborto. De los 47.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha entre 2010 y 2023, tan solo 18.895 lo fueron en la región.

Destallan que el 99,94% de los abortos se realiza en clínicas privadas y concertadas (tan solo 30 interrupciones voluntarias del embarazo en 14 años en centros públicos), lo que evidencia “un patrón de objeción de conciencia que en ningún caso puede ser institucional”. “La negativa a practicar abortos debe ser individual, nunca colectiva ni de los centros”. añegan.

También argumentan que la Junta no ha informado de cómo se está implantando el registro de objetores ni de cómo se van a organizar los servicios públicos para asegurar el derecho al aborto, como obliga la ley, que establece claramente que “el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia”. Recuerdan que la normativa señala que a estos efectos, los servicios públicos se organizarán “siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Las organizaciones también destacan que la información pública sobre la interrupción voluntaria del embarazo se reduce al teléfono 'Salud Responde', lo cual resulta “insuficiente”: falta información accesible (protocolos, folletos, web…) y queda a la voluntad de cada profesional informar y cómo hacerlo.

No hay una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres

“No hay una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos en la puerta de las clínicas con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión, pese a que la Junta debería instar a las autoridades competentes a actuar”.

Los colectivos que han enviado las postales sociales se dirigieron a Presidencia de la Junta para concertar la entrega de postales, pero no recibieron respuesta. Asimismo, durante los últimos años han solicitado varias reuniones con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la consejera de Igualdad, Sara Simón, sin que estas solicitudes hayan sido atendidas.

Las organizaciones que forman parte de esta campaña son:

Amnistía Internacional ha instado al Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara) y a la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha a adoptar “medidas urgentes” para garantizar una vivienda adecuada a Ikram, de 26 años, y su hija de un año, “tras su desalojo sin alternativa habitacional en noviembre de 2025”.

Según la organización, madre e hija “se encuentran actualmente residiendo en una habitación en una vivienda compartida que no reúne condiciones adecuadas de habitabilidad ni salubridad, lo que supone una situación de especial gravedad al afectar directamente a una menor”.

Amnistía Internacional ha escrito tanto al Ayuntamiento de Alovera como a la Consejería de Bienestar Social, solicitando “la adopción inmediata de medidas urgentes” para asegurar una vivienda adecuada para la familia, la “revisión de la actuación administrativa que permitió el desalojo sin solución habitacional” y, por otro lado, la “implementación de protocolos que impidan el desalojo de menores sin alternativa de vivienda”.

La organización ha recordado que los Servicios Sociales dependientes del Ayuntamiento de Alovera y la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emitieron previamente un informe “recomendando la paralización del desahucio por tratarse de una familia en situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó “medidas cautelares al Estado español para evitar daños irreparables, instando a proporcionar una alternativa habitacional adecuada”.

La organización también subraya que recientemente el Comité de los Derechos del Niño recomendó a nivel estatal “suspender los desalojos de familias con menores hasta garantizar una vivienda alternativa”, y que el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, ha advertido “sobre las consecuencias del fin de la moratoria de desahucios para familias vulnerables”.

“Las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, evitando los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional, y de proteger el interés superior del menor”, ha señalado Alfonso Sánchez, coordinador de Campañas de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha.

Bienestar Social dice “no tener competencia” para ofrecer vivienda

La consejera de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha señalado hoy a preguntas de los periodistas que le “consta que el Ayuntamiento de Alovera tiene algunas viviendas sociales. Supongo que a través de los equipos del ayuntamiento estarán tramitando esta situación que para nosotros no es deseable, pero a veces sucede y las administraciones tenemos que dar la mayor cobertura posible”.

Asegura que desde la Consejería su “posibilidad no es ofrecer una vivienda porque no es nuestra competencia, pero sí es ofrecer nuestros apoyos posibles para que esa familia salga de esa situación de vulnerabilidad” que se puede hacer “con ayudas de emergencia para poder facilitar alquiler, como con recursos de personas en situación sin hogar”.

García Torijano ha añadido que cree que “tiene que ser una acción más concreta del propio ayuntamiento, que es la entidad competente en darle una alternativa a esta familia si puede y tiene posibilidades, y muy trabajado con los Servicios Sociales de Atención Primaria”.

Este medio se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alovera. Sin embargo, no ha obtenido respuesta por el momento.

El próximo miércoles 4 de marzo, a las 18:00 horas, la Biblioteca Pública 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey' acogerá a la periodista y activista afgana Khadija Amin. En un encuentro organizado en colaboración con Amnistía Internacional, Amin compartirá su experiencia personal y la alarmante situación de retroceso de derechos humanos que sufren las mujeres bajo el régimen talibán.

El evento coincide con la exposición fotográfica 'Ellas son la revolución', que estará disponible en el hall de la biblioteca del 2 al 15 de marzo. Khadija Amin, quien fuera una de las voces más prominentes de la televisión pública en Kabul, vive hoy exiliada en España, desde donde denuncia el borrado sistemático de las mujeres en la vida pública de su país.

Esta charla-coloquio ofrece una oportunidad única para escuchar de primera mano a una de las figuras más comprometidas con la libertad de prensa y de género en el ámbito internacional. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional ha respaldado el caso de Rebeca y Laura desde que se supo que Women's Link había presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional representando a estas mujeres. Lo decidieron así porque vieron que la información periodística era “sólida” y que podría contener “un caso de presunta agresión sexual”.

Se sintieron concernidos, además, por la internacionalidad del caso, ya que Julio Iglesias emplea a trabajadoras del hogar en República Dominicana, Bahamas o España. “Era un caso muy importante para señalar esa cuestión de poder y arbitrariedad sobre mujeres víctimas y trabajadoras domésticas que Amnistía Internacional ha documentado en tantos países del mundo”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

¿Entienden que el caso de Rebeca y Laura no es un caso aislado?

Las trabajadoras domésticas sienten muchas veces que la casa es como un infierno. Eso lo hemos documentado en todo el mundo. El cuerpo de una mujer encerrada entre cuatro paredes está en una situación vulnerable, más si es una mujer racializada que tiene que aguantar todo para no perder su trabajo. Es algo que hemos visto en Arabia Saudí, en Qatar, en la comunidad venezolana, en Colombia, en el Líbano… En muchas partes del mundo. Este es un caso que responde a esos parámetros de violación de derechos humanos en que el empleador es el dueño de estas personas. Al ser el dueño, controla su contrato laboral, cuándo viajan, cómo hacer los trámites migratorios… El empleador sustituye al Estado y, por lo tanto, deja en una situación vulnerable a estas mujeres.

¿El trabajo doméstico interno es la esclavitud de las mujeres en el siglo XXI? 

En realidad, la trata es la esclavitud del siglo XXI. Esa trata se da en muchos ámbitos del trabajo doméstico. Lo hemos visto, por ejemplo, en mujeres keniatas yendo a Qatar, en Líbano, en muchos lugares.

¿Por qué podría aplicarse ese delito de trata en el caso concreto de Rebeca y Laura?

Hay un contexto de trata porque hay elementos que llevan a esas mujeres a tener que ir a un lugar en el que el empleador es el dueño y en el que no hay un marco legal que las proteja adecuadamente. Esta combinación de elementos puede dar lugar a ese crimen de derecho internacional que es la trata de seres humanos.

Las representantes de estas mujeres han acudido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para presentar una denuncia. ¿Qué piensa Amnistía Internacional sobre si la Audiencia Nacional es aquí competente para este caso?

Hechos tan graves tienen que ser investigados. La competencia es una discusión más jurídica que encanta a los abogados, pero aquí la cuestión fundamental es que los hechos tan graves que estas mujeres valientemente han planteado a la Fiscalía tienen que ser investigados. Al ser un español denunciado en varios lugares del mundo y en base a un posible crimen de derecho internacional como la trata, debería ser competente la Audiencia Nacional. La clave es la investigación de los hechos, llegar a un veredicto de inocencia o culpabilidad y al reconocimiento del dolor causado a estas personas.

En el caso de Rebeca y Laura hay un contexto de trata porque hay elementos que llevan a esas mujeres a tener que ir a un lugar en el que el empleador es el dueño y en el que no hay un marco legal que las proteja adecuadamente

¿Qué implicaciones tiene que la trata sea un delito internacional?

La trata es un crimen de derecho internacional. Está reconocido en múltiples convenios, como el Convenio de Palermo o el Convenio de Estambul, que protege los derechos de las mujeres, que son las principales víctimas de trata. Que sea un derecho internacional significa algo mucho más serio que la propia violación de derechos humanos. Es decir, es un crimen que compete a toda la humanidad y que cualquier juez en cualquier lugar del mundo puede investigar. Son indicios de hechos tan graves que puede llevar a una investigación internacional de cualquier tipo y que, además, hace que no prescriba hasta que haya una investigación clara de lo ocurrido. Es más que un delito, es más que una violación de derechos humanos. Es algo que compete a toda la humanidad.

¿Alguna valoración respecto a los otros delitos que sugieren las denunciantes?

Son delitos contra la libertad sexual, contra un trabajo digno. Son delitos muy graves y que marcan lo que Amnistía ha documentado durante tantos años en tantos casos de trabajadoras domésticas. Siempre se dan estos elementos, y se dan por el poder absoluto del empleador. En algunos casos, el empleador es un Estado y en otros casos es un individuo particular, pero, al final, es el empleador quien controla las vidas de estas personas, y dentro de las casas quiere controlar sus cuerpos. Este es el punto que se da en lo que denuncian estas dos mujeres, que valientemente lo que hacen es marcar la tendencia que Amnistía ha identificado en muchos países del mundo cuando se dan estas circunstancias.

Si se cerrara la vía judicial española, ¿qué cree que supondría para Rebeca y Laura, por ejemplo, que tuvieran que acudir a la Justicia de República Dominicana en lugar de la de España?

No debemos discutir ese escenario. El escenario es intentar que la investigación española de los juzgados de la Fiscalía, que tiene competencias, que tiene posibilidades, que creemos que tiene un ámbito legal importante, lo haga. Lo importante también es que no quede impune. La base es que haya una denuncia. Hay que investigar esos hechos, hay que investigar esas palabras, hay que tomar testimonio y hay que proteger a Laura y a Rebeca. Hay que ver que eso avance en España. Si no avanza, se plantearán otros escenarios, pero de momento el escenario que tenemos y donde hay una obligación del Estado de investigar es en España.

Hay que investigar esos hechos, hay que tomar testimonio y hay que proteger a Laura y a Rebeca

¿Cómo valora la situación de las trabajadoras en el hogar?

Las mujeres tienen sus derechos, el problema es que se los violan. Las mujeres son más vulnerables en el ámbito de políticas migratorias. Las trabajadoras agrícolas que a veces se enfrentan a explotación, las mujeres que trabajan en el ámbito textil haciendo camisetas o cosiendo y las trabajadoras domésticas son los tres sectores donde existe más riesgo de explotación laboral, agresión sexual y, a veces, trata de seres humanos.

¿Por qué está costando tanto que las empleadas de hogar accedan a derechos que sí que tienen en general el resto de trabajadores y trabajadoras?

La violencia de género se da fundamentalmente en el ámbito familiar, es decir, entre cuatro paredes. Ahí es donde pasan las peores pesadillas las mujeres víctimas de violencia de género. Las trabajadoras domésticas, además de ser víctimas de violencia de género y violencia sexual, están en las mismas cuatro paredes, pero sometidas al poder absoluto de sus empleadores. En buena parte del mundo, donde no hay leyes ni inspecciones ni prácticas que las protejan, están en solitario. A veces ni siquiera existen asociaciones o sindicatos que ayuden a proteger a las mujeres que son trabajadoras domésticas. Por eso hay mayor violación de derechos humanos.

Además, están las políticas migratorias, que favorecen el sistema de explotación de estas trabajadoras domésticas, que van de país en país. Son mujeres que van desde África a países de Oriente Medio o que huyen de una situación económica muy fuerte, como en Venezuela, y acaban en otro país. Por eso son un colectivo de millones de mujeres que están especialmente expuestas al poder del empleador, por la falta de leyes que las protejan y la falta de voluntad de los gobiernos para inspeccionar lo que está ocurriendo en esas cuatro paredes. 

¿Cree que el impacto de los testimonios, cuando se publican en un medio de comunicación como ha sido el caso de Rebeca y Laura, puede ayudar a avanzar en derechos?

Todas estas mujeres han sido muy valientes. La experiencia que tenemos en derechos humanos es que, muchas veces, las pioneras son las que hacen avanzarlos. Luego viene toda una parte de apoyo de la sociedad civil, del periodismo, de las organizaciones internacionales como Amnistía... pero, al final, todo esto depende de la voluntad de las que han sido víctimas de presuntos abusos a sus derechos. Son ellas las que tienen que dar el paso y sentirse apoyadas por las leyes, por la sociedad civil.

Los derechos humanos no son una cuestión ideológica. Si existe un presunto abuso contra una mujer en cualquier lugar del mundo, da igual si es de derechas o de izquierdas, tienes que creer que lo están denunciando porque ven vulnerados sus derechos. Esas son las pioneras, las que en otros lugares fueron Rosa Parks, las mujeres que hacen avanzar los derechos humanos. Pero al principio es muy complicado para ellas porque se enfrentan a estructuras de poder que las acusan, que intentan ilegitimarlas, desacreditarlas. Por eso necesitan el apoyo de la sociedad civil y ahora también el apoyo de las instituciones del Estado español para investigar lo ocurrido.

Aunque hay mucho apoyo, también escuchamos frases que se suelen decir a las víctimas de violencia sexual, como 'por qué hablan ahora' o 'por qué no denunciaron antes'. ¿Cómo se responde a este tipo de cuestionamientos? 

Es importante entender que los tiempos de las víctimasde presuntos abusos son muy determinados y dependen individualmente de cada persona. En el ámbito de la violencia sexual y de género juegan mucho los estereotipos, juega mucho la historia, juega mucho la falta de protección del Estado. Solo con mirar lo que ocurría en España en los años 70 se ve que la mujer era una persona sometida a su marido, una persona que no debía protestar por lo que ocurría en su casa. Y eso se ha ido construyendo como en un inconsciente colectivo. Pareciera que en el ámbito de violencia de género, la mujer tiene que probar que el agresor es el culpable. Pero cualquier delito lo tiene que probar la investigación, no las mujeres.

Si alguien me roba en mi casa, no tengo que demostrar que me robaron en mi casa, o tiene que investigar la policía, lo tiene que investigar la Fiscalía. Ese mismo criterio tenemos que aplicar en estos casos. No estemos tanto en desacreditar a las víctimas, en ponerlas en riesgo e intentar conseguir su identidad, como en ayudarlas a que investigue el Estado y llegue a una conclusión como en cualquier delito. Pareciera que estos delitos son menores porque se dan en el ámbito privado, cuando precisamente porque se dan en el ámbito privado son delitos de mayor envergadura y más graves.

¿Es habitual que las víctimas de violencia sexual tarden muchísimo tiempo en hablar?

Claro, porque se enfrentan a estereotipos. No quieren denunciar porque se enfrentan, encima de que han sido abusadas, al estereotipo de haber sido abusadas. Aquí, además, se enfrentan personas racializadas, personas sin recursos que necesitan el trabajo y que tienen que aguantar antes de denunciar. Eso requiere mucho tiempo. Si denuncian, además, temen que no van a encontrar otro trabajo. Las víctimas de violencia sexual, las víctimas de violencia de género, tienen ese problema añadido. Por eso es tan indignante que les pidamos los demás, que no somos el Estado, las pruebas y los papeles sobre la mesa. Es el Estado el que tiene que investigar, en este caso la Fiscalía, y llegar a una conclusión, pero no las propias mujeres, que encima han tomado la decisión valiente de denunciar. ¿Entonces para qué tenemos a la Fiscalía y para qué tenemos a la policía?

Si has vivido o tienes conocimiento de un hecho similar a los que aquí se cuentan, queremos escucharte. Mándanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp al número +34 646 35 35 34 o escríbenos un correo a pistas@eldiario.es. Trataremos tu testimonio con absoluta confidencialidad.