Castilla-La Mancha planea un “centro público” para abortos ante la objeción de conciencia casi total de sus médicos
El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere poner fin a la situación inédita que arrastra desde hace tiempo respecto a la imposibilidad de las mujeres de ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública porque la totalidad de los médicos están sujetos a la objeción de conciencia. El Servicio regional de Salud (SESCAM) está estudiando la creación de un “centro público” para prácticar la interrupción voluntaria del embarazo en la región.
Según ha adelantado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una entrevista a Encastillalamancha.es y ha podido confirmar este medio en fuentes del Gobierno regional, el SESCAM trabaja en la apertura de este centro para dar cumplimiento a la ley que protege el derecho al aborto. Sanidad no precisa ni el la ubicación ni los plazos para su puesto en funcionamiento.
En la entrevista, el consejero dice respetar a los y las profesionales que no quieren practicar abortos. “Estamos asegurando al 100% que la mujer que quiera abortar en Castilla-La Mancha lo pueda hacer. Y tercero, estamos a punto de hacer un centro público donde se puedan practicar abortos. Ahora mismo ofrecemos dos centros privados en la Comunidad para hacer interrupciones voluntarias del embarazo y uno más en la Comunidad de Madrid. Así aseguramos el derecho que tienen las mujeres. Ellas eligen dónde quieren que les realicen el procedimiento”.
En Castilla-La Mancha, el 99,94% de las interrupciones voluntarias del embarazo se producen en clínicas privadas o concertadas. Prácticamente ningún hospital ni centro público las realiza. Es una situación inédita que la comunidad arrastra desde hace años y que ha provocado decenas de protestas y concentraciones, muchas de ellas impulsadas por colectivos feministas y por Amnistía Internacional.
Abortar a 180 kilómetros de tu casa
La Plataforma 8M de Toledo ha denunciado en varias ocasiones que las mujeres, en la gran mayoría de los casos tienen que irse a otra comunidad para interrumpir un embarazo. “Hay gente que tiene medios y una red de apoyo muy cerca de donde vive, pero las personas que no los tienen no es normal que como ocurre en Cuenca tengas que irte a abortar a 180 kilómetros de tu domicilio”, indicó a este medio durante una de sus protestas.
Hace tres años, la entonces consejera de Igualdad, Blanca Fernández, reconoció en sede parlamentaria que hay dificultades para acceder a las interrupciones voluntarias de embarazo en la región. Y también aseguró que hay que “obligar” a que los abortos se hagan en el sistema público puede “complicar” la gestión autonómica. La portavoz también ha defendido la idea de “concertar” este servicio para ofrecerlo con “intimidad”.
Pero hasta día de hoy no ha habido avances en este sentido. La objeción de conciencia, que ya cuenta con un registro de objetores en Castilla-La Mancha como obliga la ley, ha derivado en una situación en la que juega un papel primordial la dispersión geográfica de la región.
Ahora, el Gobierno regional avanza este “centro público”, en singular, por lo que queda por saber cuál será su ubicación y las garantías que ofrecerá el SESCAM para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto con facilidades y sin enormes desplazamientos y costes.
Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso
Por el momento, este anuncio ha provocado el rechazo de CCOO. “Lo verdaderamente normalizado sería que esta prestación pudiera realizarse con garantías en cualquier centro hospitalario de la región y no concentrarse en un único recurso para toda Castilla-La Mancha”.
En palabras de la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud, Ana Villaseñor, no basta con abrir un recurso público, hay que “garantizar que la sanidad pública de nuestra región funcione con calidad, estabilidad y seguridad para las mujeres y para el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos”.
Centralizar esta prestación en un único centro no es suficiente porque que “seguiría perpetuando la desigualdad territorial en el acceso a la interrupción del aborto voluntaria” además de desplazamientos “innecesarios” y “dificultades de acceso para muchas mujeres”, especialmente en una comunidad autónoma tan extensa y dispersa geográficamente como Castilla-La Mancha.
Por otro lado, señala la dirigente, se podría generar una “estigmatización” de las mujeres que acuden a dicho centro algo que “no ocurriría si la asistencia la recibieran en un hospital”. “Si realmente se quiere reforzar la sanidad pública, la apuesta debería pasar por integrar progresivamente esta atención en toda la red hospitalaria pública, con recursos suficientes, profesionales formados y garantías asistenciales homogéneas en toda la región”.
No se trata únicamente de anunciar que habrá un centro público, defienden desde CCOO, sino de “construir un modelo sanitario accesible, cercano y equitativo para todas las mujeres, vivan donde vivan”.
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