El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado una ampliación de 3,5 millones de euros en las ayudas a autónomos para llegar a todos aquellos que se quedaron fuera de la última convocatoria.

Capellán ha respondido a una pregunta de la portavoz del Grupo Popular, Cristina Maiso, que ha querido conocer la valoración del presidente riojano de la política de apoyo a los autónomos.

El presidente riojano ha anunciado que la semana que viene se publicará una nueva convocatoria, de 3,5 millones de euros destinada “todos los autónomos de La Rioja que no cumplían los requisitos, dado que se requería un año ejerciendo la actividad de autónomo”.

Capellán ha entendido que “todo autónomo que en La Rioja decide emprender una actividad tiene que tener la confianza y la seguridad de que el Gobierno de La Rioja le va a apoyar”.

La ayuda equivaldrá, para menores de treinta años, “a un año entero de tarifa”. “Cero euros para animar y favorecer el inicio de la actividad”, ha dicho señalando que, por lo tanto, son “2.700 euros en una convocatoria única”.

Una convocatoria, ha insistido, que “va a incluir a todos los autónomos, a los societarios, a los colaboradores, a los mutualistas; ahora ya todos recogidos en una sola orden”.

Se destinará a todos los autónomos y será de 2.700 si es menor de treinta años, o mayor de sesenta; y de y 2.100 para el resto. “Los autónomos tendrán siempre en esta comunidad el apoyo del Gobierno del Partido Popular”, ha afirmado.

La patronal de autónomos ATA ha denunciado este miércoles un supuesto nuevo “sablazo” del Gobierno a los trabajadores por cuenta propia, por la subida de la base mínima de cotización –y, en consecuencia, de la cuota– de los autónomos societarios y los familiares colaboradores. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a esta queja, como un nuevo “atraco” por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la medida se pactó expresamente en la reforma de autónomos de 2022, con el apoyo tanto de ATA como del PP.

La polémica se centra en la base mínima por la que cotizan a la Seguridad Social los autónomos societarios (empresarios que desarrollan su actividad a través de una sociedad mercantil), los familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos. En la reforma de 2022, para que los autónomos pasaran a cotizar en función de sus ganancias, se previó que este grupo de trabajadores aumentara su base mínima a la del sistema para los asalariados (del Régimen General).

No obstante, se pactó un periodo transitorio para ello. La base de cotización –cuantía de referencia para después calcular la pensión o la baja por enfermedad, por ejemplo– se fijó en 1.000 euros al mes para 2023. Para los años 2024 y 2025, se dejó la decisión a los Presupuestos Generales del Estado, que finalmente se prorrogaron. Y, finalmente, la ley especificaba que a partir del año 2026 se aplicaría la cotización mínima del Régimen General.

Un 42% de aumento, a pagar hasta 2028

En la práctica, la base de cotización sube un 42% de 1.000 euros a 1.424 euros al mes desde enero de 2026 “a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1000 euros al mes”, ha cifrado ATA.

Esta cantidad elevará la cuantía por la que se calculan sus prestaciones, sus pensiones, bajas por enfermedad y permiso por nacimiento de hijo (por ejemplo), pero también la cuota mensual a pagar cada mes. Esta aumentará en 135 euros, hasta una cuota mensual de 435 euros, ha destacado ATA.

En el Ministerio de la Seguridad Social precisan que este aumento de la cuota puede aplicarse este año, pero también pagarse a posteriori, dentro de dos años, en 2028 cuando se realice la regularización de las cuotas del ejercicio de 2026.

ATA pide que se revierta la subida

La patronal de autónomos ATA, dirigida por Lorenzo Amor, ha calificado este miércoles de “sablazo” el aumento de la cuota y ha acusado al Gobierno de “mentir”, por no congelar las cuotas de este colectivo como las del resto de los trabajadores autónomos, con las cuantías de 2025.

Hay una diferencia sustancial entre ambas situaciones. En este caso, el pacto de 2022 ya contemplaba expresamente esta cuota para los autónomos societarios y familiares colaboradores este año, cuyo texto respaldaron tanto en ATA como en el PP.

Sin embargo, para el resto de autónomos no había una cuantía ya cerrada, sino que las partes se comprometieron a seguir negociando la senda de aumentos para 2026 y los años sucesivos, con la intención de continuar el camino a una cotización por ingresos reales en 2032.

En ATA han pedido al Gobierno que revierta el aumento por ley, para lo que han afirmado que se están reuniendo con otras formaciones políticas. En UPTA, la asociación de autónomos vinculada a UGT, su presidente Eduardo Abad también ha apostado por una “fácil solución”: “Hacer un real decreto ley para volver a recuperar esa base mínimas de cotización de 1.000 euros”.

En UATAE, colectivo de autónomos afín a CCOO, responden que este aumento es “algo que se pactó por las tres asociaciones, agentes sociales y Gobierno, para los societarios y se debería quedar así”. “Pero sí que consideramos que es necesario retomar las negociaciones que quedaron suspendidas, para abordar el problema de las personas colaboradoras y otros, como bajar la cuota a los autónomos con menos ingresos y mejorar la protección social”, indican en el colectivo liderado por María José Landaburu.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social sostienen que “el Gobierno sigue tendiendo la mano a las asociaciones de autónomos, patronal y sindicatos para concretar los términos del despliegue del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, las mejoras del proceso anual de regularización de lo cotizado y la extensión de la acción protectora de los autónomos”.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la convocatoria del programa Adelante Inversiones 2026, con 40 millones de euros, para acompañar a las pymes y autónomos en sus procesos de crecimiento, de modernización y de generación de empleo.

Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, aunque fue el presidente regional, Emiliano García-Page, el que deslizó dicho acuerdo este pasado martes en Talavera de la Reina.

“En esta convocatoria apoyamos inversiones reales que tienen que ver con la maquinaria, la ampliación de instalaciones, la incorporación de tecnología y la mejora de los procesos productivos. Además, ampliamos el límite de la inversión subvencionable. Antes, los proyectos que se podían financiar eran hasta 900.000 euros y lo ampliamos a 1.200.000 euros, para dar cobertura a proyectos cada vez más ambiciosos”, ha detallado Padilla.

Según ha explicado, la ayuda puede llegar hasta el 40% de la inversión, en el caso de las medianas empresas, y hasta el 50%, en el de las pequeñas empresas y las personas autónomas.

La campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 comienza oficialmente en 2026 y se desarrollará de manera escalonada para facilitar su presentación. Los contribuyentes podrán cumplimentarla por internet desde el 8 de abril, mientras que la opción de hacerlo por teléfono estará disponible a partir del 9 de mayo. La presentación presencial en oficinas de Hacienda se podrá realizar desde el 1 de junio. En cualquiera de los tres casos, el plazo máximo para presentar la declaración será el 30 de junio, lo que permite a los ciudadanos organizar sus trámites con suficiente margen y ajustarse a sus preferencias de presentación.

Además de las fechas, esta campaña incorpora cambios relevantes tanto para familias como para autónomos y otros colectivos. Entre ellos se incluyen mejoras en la forma de incluir a descendientes y ascendientes en la declaración, así como la prórroga de deducciones vinculadas a la sostenibilidad y la eficiencia energética. También se incorpora una nueva deducción dirigida a trabajadores con ingresos más bajos. Estas novedades reflejan un esfuerzo por hacer la declaración más precisa y accesible para todos los contribuyentes.

Deducciones familiares

La declaración de 2025 mantiene y aclara diversas deducciones vinculadas a los hijos y otros familiares a cargo. La deducción por maternidad sigue disponible para madres trabajadoras con hijos menores de tres años, pudiendo alcanzar hasta 1.200 euros anuales, con la opción de recibir pagos anticipados de 100 euros al mes. La deducción por familia numerosa varía según la categoría: 1.200 euros para familias de categoría general y 2.400 euros para familias especiales, con incrementos adicionales por cada hijo extra.

También se mantiene la deducción por ascendientes con dos hijos, destinada a progenitores que no conviven con la otra parte y que no reciben pensión alimenticia, siempre que cumplan los requisitos de actividad laboral. La aplicación Renta Web, la propia plataforma detecta si los ascendientes o descendientes tienen rentas entre 1.800 y 8.000 euros y si están marcados como no obligados a declarar. Esto permite que los datos se incluyan automáticamente en la declaración cuando proceda, evitando la duplicidad de información y garantizando que las deducciones se apliquen correctamente.

Deducciones para autónomos

El modelo 100 para la declaración de la Renta incorpora novedades para los trabajadores autónomos. Entre ellas se incluyen nuevas casillas que permiten reflejar de manera más precisa las regularizaciones de cotizaciones en estimación directa, así como un desglose más detallado en las declaraciones de módulos. También se contemplan campos para ajustar la devolución de subvenciones, garantizando que los datos reflejen correctamente la situación económica de cada contribuyente.

La deducción por el uso de un vehículo habitual es posible, pero únicamente si se demuestra que el coche está afecto a la actividad profesional y que su uso tiene un fin laboral justificable. Esto significa que los desplazamientos deben estar vinculados de manera clara a la actividad del autónomo y no a fines personales, asegurando que la deducción se aplique de forma legítima y transparente.

Subvenciones, premios y fondos

Por otra parte, la declaración incorpora herramientas para consignar ganancias patrimoniales derivadas de premios, fondos cotizados (ETFs) y sociedades de inversión de capital variable (SICAV). La aplicación Renta Web facilita el registro de estas operaciones y permite trasladar automáticamente los datos a las casillas correspondientes, simplificando el proceso y reduciendo posibles errores.

Asimismo, se han actualizado los tramos de la base liquidable del ahorro dentro del IRPF. Los rendimientos del capital mobiliario, como intereses, dividendos y ganancias patrimoniales por la venta de acciones, fondos, criptomonedas o inmuebles, se ven afectados por el incremento del tipo marginal máximo estatal del 14 % al 15 % para la parte de la base que supere los 300.000 euros. Para quienes residen en el extranjero, este tipo máximo sube al 30 %, frente al 28 % anterior, adaptando la tributación a los cambios normativos y ofreciendo mayor claridad sobre los límites fiscales aplicables.

Otras novedades de la declaración de Renta 2025

Una de las principales novedades para los trabajadores con ingresos más bajos es la deducción recientemente incorporada. Quienes perciban rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales y no tengan otras rentas superiores a 6.500 euros podrán aplicarla de forma automática. La reducción fiscal alcanza un máximo de 340 euros para quienes reciben el salario mínimo y disminuye progresivamente hasta desaparecer cuando se llega al límite superior de ingresos. Esta medida tiene como objetivo compensar parcialmente el efecto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la renta disponible de los trabajadores.

En paralelo, los contribuyentes que realicen mejoras energéticas en sus viviendas seguirán pudiendo aplicar deducciones fiscales. Esto incluye la instalación de sistemas de eficiencia energética, rehabilitación de edificios o puntos de recarga para vehículos eléctricos. La continuidad de estos beneficios permite a los contribuyentes invertir en soluciones sostenibles y reducir su carga fiscal al mismo tiempo, alineando la política fiscal con objetivos medioambientales.

Gracias a algunas religiosas jóvenes con cierta actividad en redes sociales, algunos nos hemos enterado de que las monjas cotizan en el régimen de autónomos a diferencia, por ejemplo, de los curas, que son trabajadores por cuenta ajena: la Conferencia Episcopal les paga un sueldo según su posición en el escalafón salarial de la Iglesia.   

Si un autónomo es alguien que trabaja por cuenta propia, con sus propios horarios, sus clientes y sus declaraciones de IVA e IRPF, ¿por qué una monja, que vive aislada por y para su congregación, que sigue una rutina estricta y obediente, que no trabaja para nadie más que para Dios, cotiza en el régimen de autónomos? Intentamos responder a todas estas contradicciones con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, medio asociado a elDiario.es en cuestiones relacionadas con la religión y la Iglesia católica.

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La Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto en marcha un proceso fundamental dentro del nuevo sistema de cotización por ingresos reales que afecta a miles de trabajadores autónomos de toda España. Durante las últimas fechas, estos profesionales han comenzado a recibir notificaciones oficiales que informan sobre la regularización de sus cuotas correspondientes a los ejercicios pasados, basándose en lo ganado. Esta comunicación no debe interpretarse como una sanción o multa, sino como un ajuste necesario para equilibrar lo aportado mensualmente. Es el resultado directo de la transición hacia un modelo más equitativo donde cada autónomo contribuye según su capacidad económica real.

El procedimiento se basa en un cruce automatizado de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para verificar los rendimientos netos. La administración compara las previsiones de ingresos que el trabajador hizo al elegir su tramo de cotización con la información fiscal real del IRPF. Este análisis permite detectar desajustes entre la base elegida inicialmente y la que realmente correspondía según el nivel de beneficios obtenidos. Se trata de una fase sensible del sistema que busca eliminar las diferencias prolongadas entre lo que se declara y lo que finalmente se ingresa. Al ser un proceso automático, no requiere de una inspección individual. Este mecanismo garantiza que la base definitiva se ajuste a la realidad.

Como consecuencia de esta revisión, el autónomo puede encontrarse ante dos escenarios posibles. Si el trabajador cotizó por una base inferior a sus ingresos reales, tendrá que abonar la diferencia económica correspondiente a la administración. Por el contrario, si las cuotas pagadas superan lo que correspondía según los beneficios finales, la Seguridad Social procederá a una devolución. Este ajuste afecta especialmente a quienes no modificaron sus tramos durante el año ante cambios en su volumen de negocio o incrementos de ingresos. El objetivo final es garantizar que la aportación sea proporcional al ingreso. La regularización actúa así como un balance de equidad para el colectivo de trabajadores autónomos.

Las cartas detallan minuciosamente el periodo que se está regularizando, los rendimientos computados y la diferencia exacta resultante del cálculo. Dichas notificaciones se envían por correo certificado o a través del sistema de notificaciones telemáticas de la Seguridad Social y el portal DEHú. Los interesados pueden consultar todos los detalles de su expediente mediante el portal Import@ss, dentro del apartado específico de pagos y deudas. Se recomienda encarecidamente revisar que los datos de la carta coincidan con lo presentado previamente en la declaración de la renta para evitar errores. En caso de discrepancia, el autónomo puede presentar sus alegaciones. 

Una vez recibida la notificación, el trabajador dispone de una serie de plazos para actuar, comenzando por los diez días naturales para leer el aviso. Si el resultado es a ingresar, el pago debe realizarse antes del último día del mes siguiente al de la notificación para evitar consecuencias: En caso de no cumplir con el periodo voluntario, la deuda conllevará recargos automáticos de entre el 10% y el 20%. Incluso se podrían iniciar procedimientos de apremio que deriven en futuros embargos o retenciones sobre devoluciones de otros impuestos estatales. No obstante, la Seguridad Social permite solicitar ciertos fraccionamientos. El cumplimiento de estos tiempos es vital para evitar sobrecostes por mora.

El sistema también contempla supuestos de flexibilidad para los autónomos que deseen mantener una base superior a la mínima que les correspondería. Si alguien ha cotizado por encima de sus rendimientos desde diciembre de 2022, puede optar por conservar esa base superior ejerciendo la opción online. Para realizar esta gestión, se dispone de un plazo que termina el último día del mes siguiente a la notificación de la Tesorería General del Estado. Es fundamental que los datos bancarios y el correo electrónico estén siempre actualizados en la plataforma para recibir avisos y cobros correctamente. Estas herramientas permiten un mayor control sobre la protección social.

Los perfiles más afectados por estas reclamaciones de cuotas suelen ser los autónomos que eligieron bases mínimas a pesar de tener ingresos altos. También se encuentran en esta situación aquellos autónomos con ingresos muy irregulares que superaron los umbrales previstos en momentos puntuales. La reforma ha supuesto un cambio estructural profundo, pasando de un modelo de libre elección a uno vinculado estrictamente a la realidad económica. Son miles los trabajadores autónomos que ya han adaptado su base al menos una vez, demostrando la importancia de realizar ajustes periódicos durante el año. Anticiparse a estos cambios permite evitar desembolsos elevados imprevistos. El ajuste constante es la mejor defensa frente a deudas por regularización.

30 de noviembre, fecha límite

El calendario de regularización ya está definido, comenzando en febrero con las notificaciones relativas a los ingresos percibidos durante el año 2023. Se estima que entre marzo y abril se completen la mayoría de los pagos y las devoluciones automáticas en las cuentas de los beneficiarios. Posteriormente, el próximo mes de julio se iniciará el proceso para el ejercicio de 2024, una vez que Hacienda comunique los datos definitivos de la Renta. Todo este ciclo de ajustes y comunicaciones de ambos años deberá quedar cerrado antes del 30 de noviembre. Este cronograma permite gestionar las obligaciones de forma planificada. 

Este nuevo modelo contribuirá a mejorar las prestaciones futuras de los autónomos, como las pensiones o la incapacidad. Al cotizar por ingresos reales, la base reguladora será más alta para muchos, lo que se traduce en una mayor red de seguridad ante contingencias vitales. La recomendación de algunos expertos es revisar periódicamente el portal de Import@ss y ajustar el tramo varias veces al año si es necesario. Estar atentos a la evolución de los rendimientos evita sorpresas finales. La información constante será el pilar del nuevo régimen de los trabajadores autónomos.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que su departamento inicia los trámites para formar por fin el Consejo de Trabajo Autónomo, un órgano consultivo que lleva atascado casi dos décadas, ha adelantado en su intervención en la VI edición del Foro Económico de elDiario.es que se está celebrando desde el miércoles hasta este viernes.

Atascado “casi dos décadas, 20 años, por fin vamos a constituir el Consejo de Trabajo Autónomo”, ha anunciado Díaz, que ha advertido que “parece fácil, pero no lo es, por eso no se hizo en 20 años”, ya que “se juega la representatividad” de los colectivos de autónomos que se sientan en el diálogo social con el Gobierno para negociar las medidas que afectan a este colectivo de 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras.

En efecto, el principal obstáculo para la constitución de este órgano consultivo ha sido el sistema de medición de la representatividad de las asociaciones de autónomos, con muchos intereses enfrentados entre los hasta ahora considerados principales colectivos: ATA, UPTA y UATAE.

La vicepresidenta segunda ha anunciado que su equipo inicia “los trámites para constituir el Consejo del Trabajo Autónomo”, previsto en la Ley de Trabajo Autónomo de 2007. Tras un intento fallido para formarse en 2011, por el entonces ministro socialista Valeriano Gómez, este órgano no se ha constituido nunca.

El Consejo es una fórmula de participación de las asociaciones de autónomos en la creación de las políticas públicas destinadas a este tipo de empleo, y un mecanismo de diálogo social institucionalizado para sus colectivos más representativos.

Díaz además se ha mostrado “absolutamente a favor de la transposición del IVA franquiciado”, una medida que no había tomado todavía el Gobierno de coalición –con acciones incluso en los tribunales de la Comisión Europea– y que ahora saldrá adelante para conseguir el voto favorable de Junts al decreto con la mayoría de medidas anticrisis por el conflicto en Irán.

“Irresponsabilidad” del PP ante la guerra de Irán

Yolanda Díaz también se ha referido al contexto actual de crisis por la guerra de Irán, que ha lamentado que no parece tener “una salida próxima” por la falta de “un plan de salida” por parte de quien la inició, el presidente de EEUU, Donald Trump.

Díaz ha defendido los decretos del Gobierno de coalición con las primeras medidas para hacer frente a los daños económicos y sociales de este conflicto en Oriente Medio. Tanto el decreto más amplio, con el conjunto de ayudas y medidas por valor de 5.000 millones de euros, como el decreto para congelar los alquileres.

Yolanda Díaz ha instado a los inquilinos a que pidan la prórroga de sus contratos, ya que el decreto está ahora en vigor, aunque todo apunta a que decaerá dentro de un mes por la negativa de las derechas en el Parlamento.

La responsable de Trabajo ha denunciado la “irresponsabilidad” de la oposición, y en especial del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, que se prevé que votará en contra de los dos decretos.

Yolanda Díaz ha sostenido que el PP se sitúa así en contra de la “gente de su país”, tanto de los empresarios como de la gente trabajadora y las personas más vulnerables, en un conflicto que está empobreciendo económicamente a España y al resto del mundo, y que solo beneficia “a unos muy pocos”, como los “magnates del petróleo”, del fracking y los oligarcas tecnológicos “amigos de Trump”, ha denunciado la vicepresidenta.

En el terreno más político, la líder de Sumar en el Gobierno –que ya no será la líder de la izquierda confederal en las próximas elecciones– ha llecho un llamamiento a dar “esperanza” y “tranquilidad” a la ciudadanía. “Sé que el contexto político es muy malo, pero la extrema derecha y las políticas del odio y la destrucción no son una ola imparable”, ha sostenido. “Se puede ganar a la extrema derecha, que España no es una excepción, somos la inspiración y vamos a volver a serlo”, ha afirmado Yolanda Díaz.

Insiste en que reforzará el registro horario

La vicepresidenta segunda ha insistido este jueves en que sacará adelante el refuerzo del registro de jornada, que ha recibido la oposición interna del Ministerio de Economía y dos varapalos de los órganos consultivos que tenían que evaluar el real decreto, el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos.

“Lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer, créanme, es que este registro sea eficaz, que valga para algo, como nos ha dicho el TJUE (la justicia europea)”, ha sostenido Díaz, en referencia a las sentencias que reclaman que el registro sea fiable, objetivo y accesible.

El Ministerio de Trabajo se ha abierto a hacer “pequeños cambios” en su actual texto, aunque ha situado como líneas rojas que el control horario sea digital y accesible para la Inspección de Trabajo.

Ayer, en el Congreso de los Diputados, Díaz insistió en que sacaría adelante el refuerzo del registro horario “aunque fuera lo último” que hiciera, lo que avecina una nueva pugna dentro del Gobierno. El ministerio de Economía de Carlos Cuerpo consideró esta semana que había que asegurar “una implementación equilibrada” del registro para las empresas.

La Junta de Castilla-La Mancha y la Fiscalía regional han firmado un nuevo convenio de colaboración para reforzar el trabajo conjunto en el ámbito de la seguridad y la salud laboral en la región.

De este forma, se ha presentado el programa 'Castilla-La Mancha Más Segura', que cuenta con una dotación económica de 2,63 millones de euros, con el objetivo de continuar “apoyando la inversión, innovación, certificación y el trabajo de pymes y autónomos en la mejor de la salud en el trabajo”, según exponen desde el Gobierno regional.

Durante el acto, Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, se ha referido a la Fiscalía de Castilla-La Mancha como un “aliado estratégico” en un ámbito, el de la seguridad y salud en el trabajo, “que forma parte de nuestras prioridades, porque de nada serviría que consolidemos la población activa más alta de nuestra historia, el dato de ocupación más alto de toda la serie histórica en nuestra región, si no trabajamos de manera intensa y conjunta para lograr que nuestros trabajos sean seguros”.

Novedades del convenio

El convenio, que tiene una vigencia de cuatro años renovable por otros cuatro a continuación, incluye novedades y refuerzos en ámbitos como ampliar la cobertura de las actuaciones, establecer cauces de comunicación “más ágiles, fluidos y recíprocos”; junto con una mejora en la trazabilidad y una apuesta por la formación, el asesoramiento y la coordinación en seguridad y salud laboral. “Se establece un técnico de seguridad y salud de enlace en cada una de las provincias con la Fiscalía, para reforzar esa labor recíproca de comunicación”, ha señalado Patricia Franco, enmarcando la firma del convenio en el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales, “que tiene vigencia hasta final de este año y que cuenta con el 85% de sus medidas iniciadas y en desarrollo, 94 de las 111 programadas”, al tiempo que ha expresado que el Ejecutivo regional y los agentes sociales, tanto en el Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral como en el Instituto Regional, van a trabajar en paralelo para diseñar y definir el nuevo acuerdo estratégico que entrará en vigor el año que viene.

“Tenemos la tarea entre todos de conseguir puestos de trabajo más seguros en nuestra región”, ha indicado la consejera, señalando que ese compromiso “requiere la responsabilidad del conjunto de la sociedad”, y que tiene reflejo, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el Diario Oficial de la región. “Hoy hemos publicado la nueva convocatoria del programa ‘Castilla-La Mancha Más Segura’, que crece en su dotación un 35%, hasta los 2,63 millones de euros, 675.000 euros más, para seguir apoyando a las pymes y autónomos de la región en la inversión en entornos de trabajo más seguros, así como en investigación, innovación o certificaciones en seguridad y salud laboral”, ha señalado, exponiendo que, desde el año 2015 y sumando líneas y partidas que antes no existían, “más de 3.000 pymes y autónomos se han beneficiado de estas ayudas, con una inversión del Gobierno regional de más de 13 millones de euros”.

Red de Inspectores fortalecida

Junto a este programa, Patricia Franco ha valorado el trabajo conjunto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la región, una labor que se ha “intensificado” en los últimos años al tiempo que ha crecido la red en torno a la prevención y la seguridad y la salud en el trabajo. “Este año hemos programado más de 32.000 acciones conjuntas, y de ellas, una de cada tres va destinada a la seguridad laboral”, ha indicado la consejera, detallando que las órdenes de servicio en este ámbito, más de 10.000, son las más numerosas dentro de una programación que destina el 25% de sus acciones al área de Seguridad Social, un 24% a la economía regular o un 17% a las relaciones laborales y empleo.

“Esa cifra, las más de 10.000 órdenes de servicio previstas para este año supone triplicar las que se llevaron a cabo por ejemplo en el año 2020, que fueron 3.371, al tiempo que hemos fortalecido también la red de inspectores y subinspectores que trabajan en nuestra región, que han pasado de 84 a 129 en los últimos cinco años”. Ese compromiso, ha dicho la consejera, tiene reflejo en las cifras, como la reducción en el índice de incidencia del 6% el pasado año, o un descenso en el inicio del año del 12,8% en el número de accidentes con baja, “pero debemos seguir reforzando la vigilancia y la prevención para que se reduzcan también los accidentes mortales y los accidentes graves, y seguiremos trabajando con la DGT para reducir también los accidentes in itínere en Castilla-La Mancha”.

Por último, Patricia Franco ha apelado al conjunto de la sociedad para avanzar en este ámbito. “Toda la sociedad debe ser responsable y copartícipe para que consigamos reducir las cifras de accidentabilidad laboral”, ha indicado, señalando también la importancia de introducir la prevención en las etapas tempranas de formación.

Para muchos trabajadores, la llegada de la edad de jubilación no significa necesariamente el fin de su vida laboral. Sin embargo, la incompatibilidad del cobro de la pensión con seguir al frente de un negocio o realizar trabajos por cuenta propia suscita muchas dudas. “En España, el punto de partida es bastante claro: la pensión de jubilación, en su modalidad ordinaria, es incompatible con el trabajo”, asegura Jaime Carrasco del Olmo, fundador de VIPA Asesores.

A pesar de esta norma general, existen excepciones legales que permiten la convivencia de ambas situaciones. El asesor explica a elDiario.es los casos más comunes y los requisitos necesarios para evitar problemas con la Seguridad Social.

La jubilación activa

“La principal vía para compatibilizar pensión y trabajo es la llamada jubilación activa, que permite continuar con una actividad profesional una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación”, señala Carrasco del Olmo. “No obstante, no es automática ni aplicable a cualquier situación: exige, entre otras cosas, haber generado el derecho al 100% de la pensión”, advierte. Otro de los requisitos para poder acogerse es haber accedido a la jubilación a la edad legal y no de manera anticipada. 

En este régimen, generalmente se cobra el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando.

Autónomos con empleados

Existe una ventaja significativa para los trabajadores por cuenta propia en el régimen de jubilación activa que cuenten con, al menos, un trabajador contratado, destaca el asesor: “Es posible cobrar el 100% de la pensión mientras se mantiene la actividad”. 

“Eso sí, incluso en estos supuestos, se mantiene la obligación de cotizar, aunque de forma limitada”, avisa Carrasco del Olmo. “Este es un detalle que a menudo se pasa por alto y que también puede generar incidencias si no se tiene en cuenta”.

Actividades puntuales

Existe la creencia popular de que, si los ingresos anuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no es necesario darse de alta como autónomo ni declarar la actividad a efectos de la pensión. Pero el asesor aclara que esta idea “no funciona como una regla automática” y que este es “probablemente uno de los escenarios que más confusión genera”.

En el caso de actividades de escasa entidad económica o carácter puntual, el experto afirma que “la compatibilidad no está definida de forma tan clara [como en la jubilación activa] y depende mucho de cómo se interprete la actividad en concreto”.

El riesgo no está solo en cuánto se gana, señala Carrasco del Olmo: “La Seguridad Social no analiza únicamente el nivel de ingresos, sino también la habitualidad de la actividad”. Así, si el organismo detecta una actividad continuada y organizada, puede exigir la devolución de la pensión percibida y el pago de las cuotas de autónomo no ingresadas. 

Cómo evitar las sanciones

“Si hay un patrón común en los casos que acaban en regularización, es la falta de planificación previa”, afirma el asesor. “Muchas veces no hay una intención de incumplir, sino simplemente decisiones tomadas sin conocer bien el encaje legal” añade. La clave para no recibir una notificación de la Seguridad Social exigiendo la devolución de dinero es la previsión.

“Antes de iniciar cualquier actividad tras la jubilación, lo más prudente es analizar el caso concreto: tipo de ingresos, frecuencia de la actividad, estructura… y, a partir de ahí, determinar qué figura es la adecuada”, recomienda Carrasco del Olmo. Lo más sencillo para no equivocarse es consultar con un experto, no fiarse de criterios informales y comunicar correctamente la situación a la administración.

“La compatibilidad entre pensión y trabajo existe, pero no es flexible ni automática: funciona bien cuando se ajusta a las reglas, fuera de ahí es donde empiezan los problemas”, resume el experto.

El Gobierno se ha comprometido a dar una solución urgente a la prórroga del sistema de módulos por el que tributan miles de autónomos a pocos días del cierre del primer trimestre, una fecha clave para estos trabajadores por cuenta propia –y sus asesores fiscales–, ya que comienzan a presentar las declaraciones del IVA de arranque del año.

Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por elDiario.es aseguran que la idea del Ejecutivo es buscar una solución “en tiempo y forma”, después de que los dos reales decretos-ley ómnibus en los que se incluyó la medida –el de finales del año pasado, con la revalorización de las pensiones; y el de principios, con el resto del escudo social– fueran rechazados en el Congreso con los votos en contra del PP, Vox y Junts.

La semana arrancó con la reclamación de la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), una de las mayores asociaciones del sector, que exigió al Ejecutivo “seguridad jurídica” en relación con los límites de la facturación anual del sistema de módulos. “A solo 15 días de que finalice el trimestre y se inicie el plazo para la presentación del IVA, decenas de miles de transportistas autónomos se encuentran en una situación de absoluta inseguridad jurídica. A día de hoy siguen sin saber si podrán continuar tributando por módulos o si, por el contrario, se verán obligados a pasar a estimación directa”, lamentaban en un comunicado.

Un sistema simple, pero con críticas

La tributación por módulos, oficialmente conocida por Hacienda como de estimación objetiva, no funciona únicamente en base a la facturación de las actividades adheridas a este sistema, sino que lo hacen en relación con una serie de características del negocio. Y siempre con un tope de ingresos y compras por un valor inferior a 250.000 euros.

“Un bar, por ejemplo, que haya ingresado 240.000 euros no va a tributar por eso. Sino que se ve cuántas sillas o mesas tienen, cuánto mide la barra, de dónde se sirven las copas… Y eso tiene unos parámetros. Si tienes tres mesas, se multiplica por tanto; si la barra mide esto, por lo otro… Y de ahí sale una cuantía a pagar que siempre es inferior a lo que correspondería pagar por el beneficio obtenido”, explica Rubén Gimeno, director de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

De acuerdo con los últimos datos de la Agencia Tributaria, hay unos 350.000 autónomos que tributan por módulos, a los que hay que sumar 700.000 trabajadores agrícolas que disfrutan de un sistema similar. El atractivo de este régimen, detalla Gimeno, reside no solo en el ahorro fiscal para sus beneficiarios, sino también en su simplicidad. “Cuando nació este sistema, no todo el mundo llevaba la contabilidad. Hoy en día todo el mundo lo hace porque hay programas y softwares gratuitos”, subraya.

Ahora bien, estas mayores facilidades son también una ventana abierta al fraude, según sus críticos. Ya en 2014 se intentó cambiar este sistema a través de una reforma de la Ley del IRPF del Gobierno de Mariano Rajoy, y se rebajaron los umbrales de 450.000 a 150.000 euros de ingresos y de 300.000 a 150.000 euros de gastos.

Pero, de facto, esta rebaja no llegó a entrar plenamente en vigor, sino que todos los años se ha ampliado el umbral hasta los 250.000 euros. Hasta 2025.

Una solución “kafkiana”

El año pasado, como ha sucedido este, el Congreso rechazó el Real Decreto-Ley ómnibus en el que se incluían las pensiones, el escudo social y otra serie de medidas económicas y tributarias. Algunas se incluyeron en un texto posterior, pero otras quedaron en el tintero. Entre ellas, la prórroga de estos umbrales.

La solución que halló el Gobierno no pasó por incluir la medida en otra norma, sino que fue a través de una resolución de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. La interpretación que hizo es que, a pesar de que haberse derogado texto, las tres semanas que estuvo en vigor fueron suficientes, dado que los contribuyentes iniciaron el año “con la certeza de poder determinar su rendimiento con arreglo al método de estimación objetiva”. El anuncio lo hizo la Agencia Tributaria a partir de una nota informativa en su página web, fechada el pasado 21 de marzo. 

Para Gimeno, esa solución fue una “interpretación kafkiana” de la norma. “No es nada ortodoxo regularlo así, por una interpretación de la Agencia Tributaria en una página web y no por una norma técnica. Pero como al final se arregló y es bueno para todo el mundo, también para la gente que cotiza por módulos, pues nadie se queja de la técnica legislativa. Mucho me temo que va a ser lo mismo”, considera.

Consultadas las tres organizaciones de autónomos más representativas –ATA, UPTA y Uatae–, las tres transmiten tranquilidad en que la situación se solucionará a pesar de la inseguridad jurídica, ya que lo sucedido este año es idéntico a lo que pasó en 2025.

Preguntados en Hacienda, el Ministerio no da pistas sobre si este año el arreglo –que insisten en que llegará “en tiempo y forma”– vendrá a través de una nueva interpretación que siga este precedente o se incluirá en el Real Decreto-Ley que el Gobierno prepara en respuesta a los efectos económicos de la guerra en Irán. En este último caso, se enfrentaría al reto de pasar el filtro del Congreso… y podría ser derogado por tercera vez en lo que va de año.

Un 20% de las personas ocupadas en Castilla-La Mancha están vinculadas al trabajo autónomo. No es un porcentaje desdeñable. Se sabe que la mayoría de quienes se decantan por el autoempleo tienen edades que oscilan entre los 46 y los 65 años. O que los menores de 25 años representan, tan solo, el 3,21% de este colectivo. “Eso nos dice que necesitamos relevo generacional”, reconoce la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona.

La buena noticia es que las personas más jóvenes que salen de la universidad o de la FP ahora apuestan más por crear su propio negocio como opción laboral. “Hay una clara tendencia en los jóvenes por el empleo autónomo. Se está rompiendo el estándar. No todos quieren ser funcionarios, como se ha dicho tantas veces. Hay cada vez más jóvenes y más mujeres que se acercan al mundo del autónomo. Y muchos dejan las ciudades para irse al medio rural”.

Emprender ya no es lo mismo y la motivación también ha cambiado. “Está surgiendo una cultura emprendedora en jóvenes y en mujeres muy significativa”, señala. La mentalidad es diferente. “Ahora se ve más como posibilidad, no tanto como necesidad”. Una transformación que, dice, “quizá” tenga que ver con el cambio en la estructura laboral: más teletrabajo, mayores cotas de flexibilización, reducciones de jornada, avance de la conciliación personal y profesional…

Este cambio ha condicionado la forma de hacer políticas de empleo. Hace apenas unos días se oficializó la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha (2026-2030), que da relevo a la anterior “hoja de ruta” iniciada en 2022. Han pasado apenas cuatro años, “con buenos resultados porque se han ejecutado más del 98% de las medidas”, presume Ana Carmona, pero lo cierto es que el panorama es ahora muy distinto.

Con los aranceles y la guerra de Irán estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar

De entrada, se han puesto sobre la mesa 100 millones de euros contando con el “consenso y la colaboración” de los agentes sociales y de las asociaciones que representan al colectivo. “Es un documento flexible al que se pueden ir sumando medidas”. Incluso las que puedan llegar derivadas de los conflictos internacionales, ya sean económicos o bélicos, como la guerra en Irán o la imposición de aranceles por parte de EEUU.

¿Habrá medidas paliativas para los autónomos, por ejemplo los transportistas o el sector agrario para amortiguar posibles impactos?, preguntamos. En este aspecto Ana Carmona se remite a las palabras del presidente regional, Emiliano García Page, que puso en manos del análisis que pueda hacer el recién creado Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, por un lado, y por otro a las posibles medidas que este mismo viernes pueda anunciar el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “Estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar. Evidentemente va mucho más allá de la propia estrategia de la que estamos hablando”.

De momento, esa estrategia incorpora seis retos, cuatro objetivos y 70 medidas que incluyen la creación de un Observatorio del Emprendimiento y un nuevo Portal de Emprendimiento. Al reto de seguir fomentando la cultura de emprender se suma asesorar a este tipo de profesionales. “Queremos seguir reforzando la ‘Red Acompaña’, reducir trámites administrativos y facilitar el acceso a los instrumentos financieros”.

Crece el número de autónomos en el ámbito técnico y científico

El colectivo de los autónomos tiene un notable peso en el tejido económico castellanomanchego, copando sectores como el relacionado con los Servicios. Hay un 21,84% de trabajadores autónomos en el sector comercio. En la agricultura y ganadería el porcentaje llega al 22,15%. Mientras, en la construcción el 13,47% de personas empleadas son autónomas y en hostelería lo son un 8,47%.

“El mayoritario es el conjunto del sector Servicios, con más de un 61% de autónomos, pero también sube la cifra en el ámbito de las profesiones técnicas o científicas”, comenta Ana Carmona. En este último campo ya hay más de un 6% de autónomos. “Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados”.

Si hablamos de provincias, Toledo se lleva la palma al aglutinar casi un 34% del total regional.

Otro dato relevante es la elevada consolidación de los negocios relacionados con el autoempleo. En buena medida, las iniciativas resisten con el paso del tiempo. “Dos de cada tres autónomos acumulan más de cinco años de antigüedad y un 46% de ellos supera los diez años en activo”.

El año 2025 cerró con un total de 150.459 autónomos y autónomas en Castilla-La Mancha. Es una cifra que ha variado poco en una década: en 2015 había 148.806. Ha crecido incluso con la crisis de la COVID-19 de por medio que amenazó con que muchos negocios se viesen obligados a echar el cierre.

“Hay más autónomos, pero son más pobres”. Toda una paradoja que UPTA ponía de manifiesto a principios del pasado mes de febrero y que la directora general rechaza. “No tenemos esa percepción en la comunidad autónoma”.  Sobre otro dato de esa misma asociación, que apunta que el 90% del nuevo empleo autónomo corresponde a personas migrantes, Ana Carmona dice que en Castilla-La Mancha el 91,4% de quienes optan por el autoempleo tienen nacionalidad española, pero reconoce que se está detectando que “cada vez más estos negocios los están impulsando personas migrantes”.

Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados

Con cifras del año pasado solo un 33,23% de las mujeres optan por el autoempleo, aunque lo cierto es que ellas son las que más están emprendiendo en los últimos años. “Son datos objetivos”, señala Ana Carmona, aludiendo a la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) que ha crecido de manera notable en las mujeres, cerrando la brecha de género en el emprendimiento en la región en el entorno del 7,2, según el Informe GEM 2024-2025 en Castilla-La Mancha.

En la estrategia hay hasta siete medidas que tienen que ver con la igualdad para, entre otras cosas facilitar el liderazgo femenino, favorecer la conciliación con ayudas directas o poner en marcha un Plan de Emprendimiento Femenino.

Los impuestos, la Tarifa Plana y la Tarifa Plana Plus

Entre las medidas de la nueva estrategia, que todavía habrá que ‘aterrizar’ y desarrollar, están las diferentes modalidades de la llamada ‘Tarifa Plana’, con cuatro líneas distintas. “Se busca en particular dinamizar las zonas rurales y el autoempleo en mujeres, jóvenes y mayores de 52 años”.

Son ayudas directas que se convocaron por primera vez el año pasado. “Han funcionado muy bien y son compatibles con las distintas líneas de financiación. Están además abiertas a los autónomos que trabajan dentro de empresas”, explica. Se recibieron cerca de 10.500 solicitudes. Ahora acaba de salir la convocatoria de 2026, abierta hasta el 15 de julio, y ya hay 3.547 peticiones.

¿Y los impuestos que pagan los autónomos? UPTA ha denunciado de forma reciente que pagan hasta 14 puntos más de tipo medio efectivo que los grandes grupos empresariales. Es una cuestión que no aborda la estrategia, por ejemplo en lo que tiene que ver con el tramo autonómico de la Renta. Además, la Comisión Europea acaba de multar a España por no trasponer la directiva que les exime de pagar IVA si su facturación no supera los 85.000 euros anuales. Las comunidades autónomas reciben una parte de esta cuota que les deriva el Estado, aunque lo cierto es que no tienen competencias sobre este impuesto.

Eso sí, una de las novedades es la reciente colaboración abierta con asesorías y gestorías, colegios de abogados o expertos en relaciones laborales. “Nos hemos dado cuenta de la importancia de trabajar con quienes actúan como intermediarios con el autónomo. Estamos programando todos los meses con ellos diversos webinars con temas que puedes interesarles, con la propia estrategia. El siguiente es ese viernes 20 de marzo y tenemos 360 personas apuntadas”.

La estrategia de trabajo autónomo trata también de captar o de recuperar “talento”, con dos medidas que llevan un tiempo funcionando: el Bono Talento Rural o el programa de Retorno del Talento. “Queremos también acelerar la innovación de proyectos incipientes”, dice Carmona, sin olvidar que hay que afrontar el relevo generacional. “Hay un envejecimiento claro del colectivo”, remarca, para avanzar que esta cuestión será objeto de análisis en colaboración con la universidad. Existe una desconocida página web sobre esta cuestión que no se publicita lo suficiente, según reconoce la propia estrategia como necesidad.

Además, la seguridad y salud laboral del colectivo está muy presente en esta hoja de ruta. “Vamos a trabajar de forma directa con el nuevo Instituto de Seguridad y Salud Laboral, para adaptar la cultura preventiva a la realidad del trabajador por cuenta propia”.

Sofía ha tardado dos años, pero finalmente ha conseguido que la Seguridad Social le reconozca una ayuda para madres autónomas. El organismo se la negaba porque la catalogó automáticamente como “padre” en su sistema al tener su hijo con otra mujer, Nuria. Un “error informático”, como reconocía la propia Seguridad Social, pero que no solventó pese a los innumerables intentos de las afectadas. Hasta que así lo ha exigido un juez. Su empeño no solo le beneficiará a ella, sino que debería alcanzar a otras madres lesbianas. “Esa es la mayor victoria”, sostiene la autónoma.  

Sofía y Nuria no se llaman así, pero pidieron guardar su anonimato para contar su historia a elDiario.es. Como explicaron a este medio días antes del juicio, las madres decidieron denunciar a la Seguridad Social después de reclamar sin éxito en numerosas ocasiones que el organismo público corrigiera su error –en la propia Seguridad Social y a través del Defensor del Pueblo– y le reconociera la ayuda para madres autónomas. 

Se trata de una bonificación del 80% de la cuota de autónomos durante dos años, que está destinada a las mujeres que se incorporan a la actividad en los dos años posteriores al cese por nacimiento, adopción o acogimiento de sus hijos. 

Es el caso de Sofía, pero la Seguridad Social no le aplicó la bonificación. Al reclamarla, la trabajadora fue consciente de la existencia de sesgos internos en el sistema informático de la Seguridad Social, que sigue asignando el código “PA” –del anterior permiso de paternidad– a los progenitores distintos de la madre biológica, aunque sean mujeres. Por este código, la Tesorería del organismo catalogó a Sofía como padre y no le abonó la ayuda en cuestión. 

Y, aunque Sofía les advirtió de la equivocación en múltiples intentos a través de la vía administrativa, ni la Tesorería ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) corrigieron la situación, señalándose mutuamente como los responsables del error. Esto obligó a Sofía a acudir a los tribunales para reclamar la ayuda. 

“Falta de diligencia”: dos años para solucionar un error

Finalmente, hace unos días la justicia ha dado la razón a Sofía. En el juicio, la Tesorería responsabilizó de nuevo al INSS del error, por mantener el código “PA” en el sistema, y alegó que la adjudicación de la ayuda es “automática”, por lo que no podía concederla partiendo de este código. Argumentos que ha rechazado el magistrado del juzgado de lo Contencioso Administrativo que ha estudiado el caso. 

El juez se hace eco de un escrito del INSS a Sofía de principios de febrero en el que el organismo sostiene que la Tesorería “realizará los desarrollos necesarios en su programa para aplicar las bonificaciones” en los casos en los que el código sea PA, “pero el sexo del beneficiario sea mujer”. Y para el caso concreto de Sofía, indicó que “manualmente” podría aplicar la ayuda.  

Pero, en cualquier caso y más allá de esta respuesta, el magistrado reprende a la Seguridad Social por su actuación. Sostiene que “evidentemente no puede hacerse recaer sobre la actora la falta de diligencia de la Administración Pública a la hora de corregir y adaptar sus sistemas informáticos”, con independencia de que ello implique “a uno o varios organismos integrantes de dicha Administración”, subraya. 

La sentencia estima así el recurso de Sofía, obliga a la Seguridad Social a aplicarle la ayuda, con intereses, y le condena al pago de costas, que están limitadas a mil euros.

Apenas unos días después, Sofía recibió los escritos de la Seguridad Social reconociéndole la bonificación de este comienzo de año y de 2025, mientras que la de 2024 está pendiente de la regularización de cuotas que está realizando el organismo. En total, y a falta de las cifras oficiales, la trabajadora estima que la ayuda alcanzará “unos 4.000 euros”. 

Nuria reconoce que el resultado le ha provocado alegría, pero también “enfado”. “No puede ser que dos instituciones que dependen del mismo Ministerio estén echándose las culpas y no resolviendo un problema que se ha visto que en tres días se podría haber solucionado”, critica la pareja de Sofía.

“Tener que estar casi dos años pleiteando es bastante descorazonador. Al final la gente se cansa”, lamenta el abogado de las madres, José Luis Calderón, del bufete Sifer Legal, que celebra por fin el resultado favorable de la sentencia.

Una victoria para ellas y la igualdad de madres lesbianas

Aunque el dinero de la ayuda sea bienvenido para estas madres, ambas destacan que su pelea iba más allá de su caso concreto. A raíz de sus denuncias, la Seguridad Social ha afirmado que cambiará su sistema para que la ayuda llegue automáticamente a madres lesbianas como Sofía, que tienen sus hijos con otras mujeres. 

“Es la mayor victoria de esta historia”, dice la autónoma con una sonrisa. “No le deseo a nadie la frustración de todo este proceso, de tener que pelear sin saber muy bien con quién... Ha sido agotador. Así que, quien se pueda beneficiar de esto, ha merecido la pena”, celebra Sofía.

Nuria considera, no obstante, que la Seguridad Social internamente debería cambiar la nomenclatura de “PA” para el otro progenitor, por una cuestión de igualdad, pero también de derechos efectivos. “No puede ser que en 2026 el INSS siga asignando PA a madres. Hay madres lesbianas, ya no es una cosa anecdótica en la sociedad y que sigan internamente llamando esas bajas como paternidad es lo que nos ha llevado a esta situación”, considera esta madre. 

El Gobierno de Asturias  impulsa una línea de avales, dotada con cinco millones, para apoyar a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por la falta de liquidez como consecuencia de la guerra en Irán. La Agencia Sekuens y la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar se encargarán de la gestión de esta herramienta financiera.

El Principado trabaja ya para evaluar los efectos en la comunidad del conflicto bélico y definir acciones que ayuden a paliar su impacto económico y social, según ha anunciado este lunes al término del Consejo de Gobierno.

Comité de seguimiento

En este contexto, se ha creado un comité de seguimiento formado por representantes de las consejerías de Hacienda, Ciencia, Movilidad, Medio Rural y Derechos Sociales, que colaboran con la Agencia Sekuens en la definición de un paquete de iniciativas que amortigüen las consecuencias del conflicto bélico en el tejido productivo.

Este grupo se encargará de elaborar un plan de acción que se desplegará en caso de que la actual situación en Oriente Medio se prolongue. Las medidas que se barajan van en la línea de las impulsadas en 2023 para mitigar las consecuencias de la guerra de Ucrania o las que se pusieron en marcha hace un año, tras el anuncio de la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, presidente de EE.UU.

La coordinación

En el marco de sus competencias, el Ejecutivo autonómico se coordinará con el Gobierno de España, que también está diseñando medidas para atender a los sectores más perjudicados, principalmente el primario y el del transporte, con el fin de contener el precio de la energía mediante rebajas fiscales y abaratar el precio de los carburantes. Las actuaciones del Principado complementarán las nacionales para potenciar sus efectos y reforzar la ayuda a las empresas de Asturias.  

De forma paralela, el Grupo Sekuens, del que dependen la Sociedad de Promoción Exterior Asturex, la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar y la Sociedad Regional de Promoción, analiza las posibles acciones de apoyo a las compañías, tanto de carácter financiero como de exploración de mercados alternativos.

Cese de las acciones bélicas

En este marco, se convocarán reuniones con patronal y sindicatos, además de otras sectoriales con las firmas exportadoras, el transporte, las organizaciones agrarias, las entidades sociales y los sindicatos más representativos, de modo que se pueda obtener una visión global de los efectos del conflicto en la economía asturiana e impulsar medidas eficaces.

El Gobierno del Principado, que desde el principio se ha pronunciado contra en conflicto bélico, aboga por el cese de las acciones bélicas. Para el Ejecutivo, esa sería la mejor manera de evitar todas sus dañinas consecuencias, tanto humanitarias como económicas.

Un destino estratégico

Oriente Medio supone un destino estratégico para las exportaciones asturianas, no tanto por el volumen de negocio, que alcanzó los 204,9 millones en 2025 (el 3,6% del total de las ventas al exterior), como por la presencia en la zona de importantes ingenierías que ejecutan u optan a grandes proyectos de inversión. En total, 253 empresas asturianas venden en la zona, 78 de ellas de forma regular, lo que refleja una vía de negocio estable.  

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí son los dos principales mercados de aquella región para las compañías asturianas. Al primero llegaron productos y servicios de Asturias por valor de 96,3 millones el año pasado y allí operan 80 empresas de la comunidad, 28 de ellas de manera habitual. Al segundo se enviaron bienes por una suma de 70 millones por parte de 44 empresas exportadoras, 17 de ellas regulares. Por su parte, Irán representa una cifra casi nula en las ventas al exterior, con nueve empresas exportadoras ocasionales en 2025.

La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber traspuesto dos directivas relativas al IVA. Todos los Estados miembros de la UE debían poner en vigor la legislación necesaria para transponer estas directivas a más tardar el 31 de diciembre de 2024. El 31 de enero de 2025 se enviaron dos cartas de emplazamiento a España, seguidas de dictámenes motivados el 17 de julio de 2025. Sin embargo, España es el único Estado miembro que no lo ha hecho. La Comisión pide al Tribunal que se multe a España. 

Una de las directivas se refiere a cambios en las normas del IVA aplicables a las pequeñas empresas (pymes) y autónomos con el objetivo de reducir los costes de cumplimiento del IVA para las pymes, rebajar el impacto negativo del efecto de umbral; y facilitar el cumplimiento por parte de las pymes y el seguimiento por parte de las Administraciones tributarias. Se refiere a las pymes y autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

Según la Comisión, España ha indicado que no tiene intención de aplicar la exención del IVA para las pymes establecida en la Directiva, ya que la aplicación de la exención es opcional para los Estados miembros. Sin embargo, la institución europea recalca que “aunque esto es posible, España debería transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros. Esto es necesario ya que, para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas”.

La organización de autónomos ATA, que pidió a la Comisión Europea que sancione a España por no trasponer esta directiva, explicó que esta nueva norma europea “permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual los autónomos y pymes quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA”. A cambio, los autónomos renuncian a deducir el IVA de sus gastos.

La otra directiva a trasponer modifica la norma  disposiciones obligatorias que los Estados miembros deben transponer en relación con el lugar de prestación a efectos del IVA de determinados servicios cuando se transmitan en continuo o se ofrezcan virtualmente de otra manera, y el régimen especial del IVA aplicable a los bienes de ocasión, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.

La Comisión señala que “a falta de transposición por parte de España de las disposiciones relativas al lugar de prestación conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros han transpuesto la directiva y se aplicarán normas diferentes”.

Retraso del Ministerio de Hacienda

Cuando elDiario.es preguntó a Hacienda por la no trasposición de esta directiva, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero se aseguró que “está pendiente de transposición la directiva, pero la idea es cumplir con los plazos”. Sin embargo, en la modificación de la directiva se establece que tendría que estar aprobada en los países de la UE “a partir del 1 de enero de 2025”.

A la vez, Hacienda argumentó que hay otros regímenes impositivos en España que hacen que no tenga sentido la aplicación de esta exención del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros.

“En España, desde 1986, año en el que se estableció el impuesto en España, se ha optado por aplicar otros regímenes distintos para pequeños empresarios como el régimen simplificado o el régimen del recargo de equivalencia que están coordinados con el régimen de módulos en el IRPF. Por tanto, no parece que tenga mucho sentido reformular la tributación en un impuesto y no decir qué pasará en el otro”, declararon desde el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030 en la región, un plan con una inversión de 100 millones de euros y con el objetivo de consolidar el autoempleo como uno de los motores de la comunidad autónoma. La presentación y firma se ha llevado acabo en Tarazona de la Mancha, donde la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado que “la actividad de las personas trabajadoras autónomas genera economía y riqueza en nuestro territorio, y lo hace además vertebrando socialmente nuestra región, porque fijan población y cohesionan nuestra comunidad autónoma”.

Ha destacado que esta estrategia surge con “la garantía que supone la ejecución de la hoja de ruta anterior”, que ha completado el 98,2% de sus medidas. La consejera ha expuesto que 32 personas trabajadoras autónomas de la localidad albaceteña de Tarazona de la Mancha se han beneficiado en la primera convocatoria de la Tarifa Plana Plus. Además, Patricia Franco ha avanzado que para esta segunda estrategia, que dedica el 65% de su presupuesto al apoyo directo al emprendimiento ya han recibido “más de 2.300 solicitudes”. Por otro lado, ha destacado que el objetivo es consolidar la actividad de esos negocios, así como apoyar el crecimiento y garantizar el relevo generacional, desde una perspectiva integral en ámbitos como la seguridad laboral o la búsqueda de la igualdad real en el trabajo autónomo.

Franco ha explicado que el presupuesto de esta estrategia se incrementa en un 32% con respecto a la anterior, estructurado en seis retos, cuatro objetivos y 70 medidas. “Hay noticias para el optimismo, porque el último informe, el undécimo, de Young Business Talents, muestra que el 32,5% de los jóvenes de entre 15 y 21 años en Castilla-La Mancha tienen la intención de emprender un negocio por cuenta propia, frente a un 12,8% que quiere ser contratado por cuenta ajena o el 23% que pone su mirada en la función pública”, por lo que, ha dicho, esta estrategia “persigue seguir consolidando y mejorando el ecosistema que permita que esa intención se convierta en realidad en nuestra región”.

Además, y dentro del apoyo integral a la actividad económica en Castilla-La Mancha, Patricia Franco ha anunciado la convocatoria hoy, a través del DOCM, de las ayudas dirigidas a cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la economía social, “dotadas con cerca de 2,5 millones de euros dirigidos tanto a la creación como a la incorporación de personas socias trabajadoras, así como a su promoción y a la formación del sector”, lo que muestra “el trabajo a todos los niveles que realizamos desde el Gobierno regional, siempre desde el concierto, el acuerdo y la voluntad de todos”, ha finalizado.

Apoyo de los agentes sociales

Junto con el presidente regional, Emiliano García-Page, han firmado la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha 2026-2030 el presidente de CECAM, Ángel Nicolás; el secretario regional de CCOO, Javier Ortega; el secretario provincial de UGT en Albacete, Francisco Javier González; el secretario general de ATA, José Luis Perea; el presidente de CEAT CLM, Ángel López; el coordinador de UATAE CLM, David Campo; y el secretario general de UPTA en la región, César García.

El acto ha contado, además, con el testimonio de Esmeralda Conde, autónoma de la provincia de Albacete y beneficiaria, en la puesta en marcha de su negocio, de las ayudas de la Tarifa Plana Plus.

Con el inicio de la declaración de la renta a la vuelta de la esquina, una de las deducciones más relevantes y a la vez desconocidas por muchos trabajadores autónomos es la que afecta a quienes deben pernoctar fuera de su municipio de residencia habitual. Cuando el desarrollo de la actividad laboral obliga al autónomo a dormir fuera de casa, Hacienda permite aplicar una desgravación diaria por gastos de manutención con límites económicos bastante claros, fijados en 53 euros diarios si la pernocta se produce dentro del territorio español. Esta cifra se incrementa de forma sustancial hasta los 91 euros por cada día si el desplazamiento tiene lugar en el extranjero. Estas cuantías están diseñadas para compensar los costes adicionales de alimentación y estancia que surgen inevitablemente cuando un trabajador debe desplazarse lejos de su hogar para cumplir con sus diversos compromisos profesionales.

Para poder beneficiarse de esta reducción impositiva máxima es absolutamente imprescindible cumplir con una serie de requisitos formales que la Agencia Tributaria vigila con especial celo. Todos los gastos realizados deben justificarse obligatoriamente mediante pagos efectuados en establecimientos de restauración y hostelería que estén vinculados directamente a la labor profesional. Además, resulta esencial que el abono de dichas cantidades se realice por vía electrónica para permitir una trazabilidad total de los fondos empleados en el viaje. La normativa exige que existan facturas o justificantes legales que acrediten el gasto real efectuado durante las jornadas de trabajo fuera de la residencia. 

Si el autónomo duerme fuera de su municipio pero sus gastos reales no alcanzan el límite máximo de 53 euros, la deducción final se ajustará siempre a la cantidad que haya sido justificada. La legislación tributaria vigente también contempla el supuesto de aquellos trabajadores por cuenta propia que aun sin pernoctar fuera de su municipio incurren en gastos de manutención. En estos casos específicos los profesionales tienen derecho a una desgravación con un límite máximo de 26 euros al día por sus comidas. De nuevo, el requisito fundamental e ineludible es que los gastos estén íntimamente relacionados con la actividad económica y se encuentren debidamente acreditados con sus correspondientes facturas. 

Para aquellos autónomos que realizan desplazamientos frecuentes y cumplen con todos los requisitos de pernocta la deducción total anual puede llegar a alcanzar cifras significativas de hasta 1.070 euros. Este ahorro representa un estímulo fiscal de gran importancia para quienes dedican gran parte de su tiempo a viajar para buscar proyectos. La correcta justificación de estas dietas es el factor determinante para que las cantidades no tributen como un rendimiento del trabajo ante una posible inspección de Hacienda. Esta labor implica contar con documentos originales o digitalizados que acrediten de forma fehaciente que el gasto se ha producido y que existe una relación laboral directa. 

Es por ello que los tickets y las facturas sirven para determinar la fecha exacta del pago y verificar la coincidencia temporal con los días que duró el viaje profesional del autónomo. También permiten identificar el lugar exacto y el establecimiento donde se llevó a cabo el consumo, lo que facilita enormemente el cálculo de las cuantías deducibles. Hoy en día existen herramientas tecnológicas avanzadas que permiten la digitalización certificada de estos justificantes para que el profesional pueda trabajar con mayor orden y seguridad en sus registros contables.

Más allá de la manutención y la pernocta, el amplio colectivo de los autónomos puede aplicar otras desgravaciones habituales que son fundamentales para la salud financiera de sus pequeños negocios. Entre ellas destacan la compra de materias primas necesarias para la producción, los salarios de sus empleados y el pago de la cuota mensual de autónomos a la Seguridad Social. También es posible deducir el alquiler de locales comerciales u oficinas así como el 30% de los suministros de agua luz e internet cuando se trabaja desde casa. Otros gastos menores, como las reparaciones necesarias de equipos y determinados tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, también se consideran fiscalmente deducibles en la declaración anual. Todas estas partidas deben quedar reflejadas con absoluta precisión en los libros contables para asegurar que el beneficio neto sea correcto.

Tres y millones y medio de autónomos

La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2025 se desarrollará oficialmente entre el 8 de abril y el 30 de junio. Durante este periodo, los tres millones y medio de autónomos que existen actualmente en España deberán rendir cuentas con el fisco de manera obligatoria. A diferencia de los trabajadores asalariados, los profesionales por cuenta propia están obligados a presentar su declaración independientemente de cuál sea su nivel de ingresos anuales. Esta obligación se ha consolidado tras la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales que eliminó los antiguos umbrales de exención para los rendimientos bajos. Es por ello que resulta más importante que nunca conocer al detalle todas las deducciones disponibles para evitar pagar más de lo debido al finalizar el ejercicio fiscal.

Como conclusión final, desde Hacienda no dejan de recordar que es altamente recomendable que los contribuyentes se tomen el tiempo necesario para revisar minuciosamente toda su documentación y las exenciones fiscales que pueden aplicar. Anticiparse a las fechas límite permite prevenir incidencias técnicas en la plataforma de la Agencia Tributaria o la falta de disponibilidad de citas en las oficinas físicas. La factura fiscal definitiva dependerá en gran medida de la capacidad del autónomo para demostrar sus gastos y aprovechar los beneficios que la ley pone a su disposición. El ahorro obtenido mediante la deducción de los gastos por dormir fuera de casa puede marcar una diferencia notable en la liquidez disponible para reinvertir en el negocio. Mantener un orden riguroso en los justificantes de pago electrónicos y las facturas de restauración es la mejor garantía de tranquilidad frente a cualquier inspección de las autoridades.

El Consejo de Gobierno ha declarado el proyecto para construir una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos sostenibles en los antiguos terrenos de Sniace como Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria, tras analizar la solicitud presentada el 6 de septiembre de 2025 por los promotores y comprobar que la iniciativa cumple los requisitos establecidos en la Ley de Simplificación Administrativa.

Se trata del denominado Proyecto 'Besaya Green', promovido por la empresa Besaya Green H2 SL, que se prevé implantar en terreno de los municipios de Torrelavega y Santillana del Mar.

Para la declaración como Proyecto Empresarial Estratégico, la documentación fue remitida a la Consejería de Ordenación del Territorio y a los ayuntamientos afectados, y en octubre y noviembre de 2025 se recibieron los informes preceptivos, “todos ellos favorables y sin observaciones que cuestionaran la coherencia del proyecto con los instrumentos de ordenación territorial vigentes”, según informa el Ejecutivo.

Así, el lunes el consejero de Industria, Eduardo Arasti, presentó oficialmente el proyecto ante el Parlamento como paso previo a su catalogación como estratégico en el Consejo de Gobierno de este jueves, tal y como marca la Ley de Simplificación.

“El proyecto cumple los tres criterios exigidos por la normativa para obtener la declaración de estratégico: inversión mínima superior a 50 millones de euros, creación prevista de más de 100 empleos indefinidos a tiempo completo y su pertenencia a un sector considerado estratégico en este caso, el del hidrógeno verde y la transición energética”, ha señalado el Gobierno de Cantabria.

La declaración permite activar los mecanismos de tramitación preferente, destinados a impulsar iniciativas con alto impacto para el desarrollo económico regional. Este paso posibilita reducir a la mitad de los plazos administrativos para autorizaciones esenciales, y da prioridad en el acceso a líneas de financiación, avales y ayudas públicas y valoración preferente en futuras convocatorias de incentivos a la inversión empresarial.

El acuerdo aclara que esta declaración no supone la aprobación definitiva del proyecto, que quedará condicionada a la obtención de las autorizaciones sectoriales y licencias pertinentes. La declaración será efectiva desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y admite recurso de reposición o contencioso-administrativo.

Ayudas a autónomos

Por otro lado, en materia de empleo el Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión semanal la convocatoria 2026 de subvenciones destinadas a promover el mantenimiento de los autónomos en Cantabria, con el objetivo de apoyar especialmente a proyectos de autoempleo y microempresas en sus primeros años de actividad, y con prioridad en municipios en riesgo de despoblamiento.

Para acceder a las ayudas, los autónomos deben acreditar entre tres y cinco años de cotización continuada, ejercer su actividad de forma directa en Cantabria y no superar una plantilla de nueve trabajadores. La convocatoria, además, se acoge al marco europeo de ayudas de minimis y contempla diferentes límites según la actividad económica del solicitante.

La financiación máxima asciende a 3.716.200 euros con cargo a la aplicación presupuestaria prorrogada al ejercicio 2026. Las ayudas oscilan entre 2.750 y 4.450 euros según el perfil del solicitante -hombre, mujer, persona joven, mayor de 45 años, con discapacidad o víctima de violencia de género- y prevén un incremento del 20% para quienes residan en municipios incluidos en el mapa de riesgo de despoblamiento. Las ayudas se abonarán en un único pago tras la verificación del cumplimiento de los requisitos.

Rechazo a la acogida de menores

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer nuevos recursos contenciosos-administrativos contra las resoluciones dictadas por la delegada del Gobierno en Ceuta el 15 y el 23 de enero y dos resoluciones del delegado del Gobierno en Canarias el 2 de febrero, relativas al traslado y reubicación en Cantabria de menores migrantes acogidos en dichas comunidades autónomas.

El Gobierno cántabro ha trasladado que acude a la vía judicial “para garantizar la defensa de los intereses de la comunidad autónoma y el respeto a los procedimientos establecidos en materia de protección de menores”.

Las resoluciones estatales cuestionadas ordenan el traslado a Cantabria de menores acogidos en Ceuta y Canarias, respectivamente, decisiones que el Ejecutivo de Cantabria entiende que requieren revisión judicial para “salvaguardar el marco competencial autonómico y los protocolos específicos que regulan la atención de menores extranjeros no acompañados”.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) y UPTA Rioja, impulsará una moción municipal dirigida a los ayuntamientos españoles, incluidos los 174 riojanos, con el fin de que sea presentada y votada en los plenos municipales por los grupos políticos que la quieran respaldar, incorporando medidas de compensación económica para los autónomos afectados por las obras de humanización urbana.

Las actuaciones de mejora del espacio público, aunque necesarias, tienen un impacto económico directo y demostrable sobre el pequeño comercio y sobre los servicios de proximidad. Desde UPTA RIOJA se constata que la disminución del tránsito peatonal se traduce en importantes pérdidas económicas. En los casos de afección intensa, cuando las restricciones son prolongadas y afectan de manera directa al acceso y a la visibilidad de los establecimientos, la caída de facturación puede alcanzar, de media, hasta el 30 por ciento mientras duran las obras. 

Este impacto resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que las obras de humanización urbana suelen tener una duración media aproximada de seis meses, periodo durante el cual los autónomos deben seguir haciendo frente a los costes fijos como alquileres, suministros, impuestos y tasas municipales. 

Según las estimaciones de UPTA RIOJA, un pequeño negocio a pie de calle soporta habitualmente una media de 1.500 euros anuales en impuestos y tasas municipales, incluyendo conceptos como el IBI del local, la tasa de recogida de residuos comerciales, licencias municipales, vados o tasas de ocupación pública. La combinación de una caída sostenida de ingresos y la imposibilidad de reducir gastos estructurales pone en riesgo la viabilidad de muchos pequeños negocios.

Plan de compensación municipal

En este contexto, UPTA ha elaborado y remitido a los ayuntamientos un Plan de Compensación Municipal, que contempla bonificaciones mínimas del 50% en impuestos y tasas municipales, la devolución de importes ya abonados y la aplicación de estas medidas de forma inmediata tras la finalización de las obras, mediante la comparación objetiva de la facturación de los meses afectados con los mismos periodos de años anteriores. Estas bonificaciones permitirían una compensación económica directa entre 500 y 1.000 euros por establecimiento afectado.

Los ayuntamientos deben ser plenamente conscientes del impacto real que las obras de humanización urbana tienen sobre el tejido económico local. No se pueden realizar obras de mejora que supongan un perjuicio para los pequeños negocios locales. Esta compensación supone hacer política local útil, cercana y pensada para quienes mantienen vivos nuestros barrios. 

La Seguridad Social está realizando la segunda regularización anual de las cuotas de los autónomos, para revisar lo que cotizaron según sus ganancias fiscales de 2024, y de nuevo está penalizando económicamente a los trabajadores que se acogieron a permisos de paternidad, maternidad y bajas médicas, como desveló el año pasado elDiario.es. Pese a que el Ministerio de Elma Saiz afirmó que iba a buscar soluciones a este problema, aún no ha modificado el procedimiento, bloqueado junto al resto de medidas pendientes de la mesa de negociación de autónomos.

“El Ministerio realizó una propuesta para este tema dentro de todo el paquete de medidas de mejora de la protección y del proceso de regularización, cuya negociación sigue abierta”, responden fuentes del departamento de Saiz.

Una negociación que ha estado parada durante meses por la polémica a raíz del aumento de las cuotas de los autónomos a partir de 2026, con una patronal que se salió del consenso alcanzado en 2022, y tras lo que el Ministerio de la Seguridad Social suspendió las reuniones y las discusiones en esa mesa de diálogo social, que también pretende mejorar la protección social del colectivo.

Los autónomos afectados por la penalización en los permisos por nacimiento de la regularización de cuotas de 2024 no dan crédito a que, pese a conocer los efectos de la primera revisión, la Seguridad Social no haya modificado el cálculo para la segunda. “Cuando algo se implementa por primera vez, puede haber fallos. Pero con un año vista, parece que no interesa cambiarlo”, denuncia Juan (nombre ficticio).

Una penalización económica por ejercer un derecho

La regularización de cuotas es una revisión anual que realiza la Seguridad Social, a posteriori, para cotejar que las cotizaciones pagadas por los trabajadores autónomos se adecuaron realmente a sus ganancias que declararon a la Agencia Tributaria. Si cotizaron de más, pueden optar a la devolución de este dinero. Si cotizaron de menos, la Seguridad Social les exige el pago de la cantidad adeudada. El año pasado se ejecutó la primera, correspondiente a 2023, y ahora está en marcha la segunda, del ejercicio 2024.

El año pasado varios trabajadores advirtieron de los efectos negativos de la regularización en situaciones en las que los autónomos habían recibido alguna prestación, como bajas médicas prolongadas y los permisos por nacimiento de hijos –antes conocido como maternidad y paternidad–. Este año, ha vuelto a suceder.

Pedro, autónomo y padre a finales de 2024, trabajó prácticamente todo el año. “357 días”, dice el autónomo, que fue padre de mellizos a finales de diciembre. Hasta entonces, trabajó y cotizó con normalidad. Por ello, se sorprendió notablemente cuando la Seguridad Social le reclamó hace unos días “unos 800 euros” en la regularización de cuotas.

Me han dividido los ingresos de todo el año en dos meses y medio. Me molestó mucho cuando vi que ponían que gané más de 6.000 euros al mes. Es que me están insultando en la cara

Juan — Autónomo

“Me han dividido las ganancias de todo el año, unos 18.000 euros, solo en cuatro meses”, explica el trabajador. Así, la Seguridad Social le adjudica unas ganancias mensuales de unos 4.500 euros al mes, y le exige la cuota correspondiente a estos rendimientos. Cuando, en realidad, de media ganó unos 1.500 euros al mes.

Lo mismo le ocurrió a Juan. Trabajó hasta octubre, cuando nació su hija, tras lo que se acogió al permiso de paternidad. En su caso, la Seguridad Social le ha dividido los rendimientos que ganó de todo el año “entre dos meses y medio” y le exige unos 500 euros. “Me molestó mucho cuando vi que ponían que mis ingresos eran más de 6.000 euros al mes. Es que me están insultando en la cara”, denuncia el autónomo.

Un cálculo “ficticio” que perjudica a los trabajadores

Los ejemplos de Pedro y Juan son el resultado de la fórmula de regularización que aplica el Ministerio de la Seguridad Social para situaciones en las que los trabajadores han percibido alguna prestación, como por incapacidad temporal (bajas médicas), por riesgo de embarazo y los permisos por nacimiento de hijos, entre otros.

La Seguridad Social excluye de la revisión los meses en los que se percibieron estas prestaciones, así como los que se utilizan para el cálculo de estas, que alcanzan a seis meses en el caso de los permisos por nacimiento de hijo. El objetivo, como explicó el año pasado el Ministerio de Elma Saiz, es que no haya revisiones a posteriori que puedan desembocar en cambios en las prestaciones ya recibidas.

“Si en el proceso se alterasen las bases de cotización, la entidad gestora tendría que calcular de nuevo la cuantía de la prestación. Con la posibilidad de que el autónomo sufriese un efecto negativo cuando le recalculasen el importe de la prestación”, justificaron el año pasado en el Ministerio. “Es una fórmula que hace el proceso más sencillo para el ciudadano con el que no sale perjudicado en su prestación”, añadieron en la Seguridad Social.

Es un cálculo ficticio, nos están imputando unos rendimientos que son irreales. Lo tienen que arreglar

Pedro — Autónomo

La cuestión es que la Seguridad Social no solo está excluyendo esos meses de la regularización de cuotas (las cuotas de esos meses no se tocan, son definitivas), sino que también los está excluyendo del cómputo de periodos de alta, trabajados y cotizados por los autónomos.

En cambio, sí tiene en cuenta los rendimientos obtenidos durante todo el año por los trabajadores, por lo que el resultado final es una fórmula que les perjudica económicamente por haberse acogido a un derecho, como coincidieron el año pasado todos los colectivos de autónomos y los agentes sociales, que pidieron una rectificación al Ministerio.

“Es un cálculo ficticio, nos están imputando unos rendimientos que son irreales. Lo tienen que arreglar. Esto me ha afectado a mí, pero también a otras muchas personas que estén en la misma situación”, alerta Pedro, que afirma además que pagar los 800 euros que le exige la Seguridad Social le supone una dificultad. “Este cálculo es totalmente irracional e injusto”, comparte Juan.

Denuncian la injusticia respecto a asalariados y otros autónomos

Los colectivos progresistas de autónomos, UATAE y UPTA, reiteran su demandan de que se corrija esta situación. “Está sin resolver, esta y otras cosas que advertimos de la primera regularización”, sostiene Eduardo Abad. En UATAE insisten en “la necesidad de retomar la negociación para poder avanzar en todas las cuestiones que siguen pendientes para los autónomos”.

Juan llama la atención también sobre la “injusticia” que supone este cálculo para autónomos como él y el resto de afectados por esta fórmula, frente a los asalariados u otros autónomos que han sido padres a principios de año. “Si hubiera sido padre en enero”, advierte, no le afectaría tanto el proceso de regularización porque los seis meses para el cómputo de su prestación serían los del año anterior, ya cerrado. “No tiene ningún sentido”, critica el trabajador.

Por ello, Juan reclama que no solo se solvente el problema a futuro, sino también de manera retroactiva a todas las personas afectadas en la primera y segunda regularización. En la Seguridad Social no han respondido a elDiario.es sobre si la solución que plantean alcanzará a los procedimientos de 2023 y 2024.

El Gobierno, en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, ha lanzado este lunes el 'Plan de relevo generacional de Cantabria', un programa “pionero” cuyo objetivo es poner en contacto a empresarios en proceso de jubilación con emprendedores interesados en adquirir sus establecimientos.

La página web www.relevocantabria.com expondrá videos explicativos sobre cada uno de los proyectos adheridos a esta propuesta, cuya experiencia piloto cuenta con siete comercios. Además, celebrará dos ferias, denominadas 'Jornada de emprendimiento y relevo generacional de Cantabria', el 25 de febrero, en Santander, y el 11 de marzo, en Torrelavega.

Este proyecto, que forma parte del I Plan de Autónomos de Cantabria, ha contado con un estudio demográfico del sector comercial regional en 2025, que determina que existen 13.347 comercios en la región, de los que el 40% está dirigido por una persona mayor de 55 años. El 61% de esas personas dejará su actividad a lo largo de los próximos cinco años, lo que supondrá la jubilación del 24% de los comerciantes.

Así lo han presentado este lunes el consejero de Industria, Innovación, Empleo y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas. Arasti ha explicado que “durante años, se han estado perdiendo activos reales en Cantabria y conocimiento único, que en muchos casos son el esfuerzo de toda una vida”. Por ello, el Ejecutivo ha apostado por aprovechar esa experiencia para que los comerciantes “puedan jubilarse en mejores condiciones” y, a la vez, “formar y transmitir ese conocimiento” a los emprendedores.