El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pliega a la táctica de Génova 13 en al menos cuatro asuntos cruciales en el debate político gallego: se opone a la quita de la deuda pública, no negociará bilateralmente una nueva financiación, ha votado en contra de la demanda histórica de traspaso de la autopista atlántica y del uso del gallego en las instituciones estatales. Estas posiciones le sirvieron a la portavoz del BNG, Ana Pontón, para calificar a Rueda del “presidente del no a Galicia”. “Ustedes sí que son los del no a todo”, intentó revolverse el jefe del Ejecutivo con uno de sus tópicos habituales sobre el nacionalismo, pero lo cierto es que el Partido Popular de Galicia y, con él, el Gobierno autonómico ha hecho suya la desaforada guerra sin cuartel de Feijóo contra Pedro Sánchez en estos temas. La sesión de control de este miércoles en el Parlamento de Galicia lo dejó claro.

“Le recuerdo un eslogan del PP, 'Galicia primeiro'”, había comenzado Pontón su intervención, “en realidad es 'el PP primero, Galicia después o Galicia nunca”. El Gobierno gallego, añadió, renuncia a 4.000 millones de euros en la quita de la deuda y no quiere negociar con el Estado “una financiación justa”. También “ha dicho no al gallego”: Alfonso Rueda llevó a su grupo parlamentario a votar en contra de su uso en el Congreso y en el Senado. Finalmente se refirió a la transferencia de la AP-9, cuya concesión a Audasa prorrogó Aznar hasta 2048 en una operación que Europa ha declarado ilegal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, resumió la nacionalista.

El presidente de la Cámara había acumulado las preguntas de la oposición. José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, había acusado a Rueda de “no gobernar pensando en Galicia, sino en lo que le dictan en Madrid”. Y mencionó la existencia de “un nuevo susurrador en el oído de Rueda”, la extrema derecha: “Votan de la mano de Vox para evitar la transferencia”. Besteiro sintetizó su discurso con una definición de lo que entiende por autogobierna y que, a su juicio, Rueda no ejerce: “Es asumir competencias, no inventar problemas, y aprovechar cada euro para mejorar las condiciones de los nuestros”. Pontón había sido más contundente: “¿Cómo alguien incompetente va a querer competencias?”.

Alfonso Rueda se defendió con una respuesta algo deslabazada. Se esforzó por presentar a los líderes de BNG y PSdeG como delegados de Pedro Sánchez y llegó a calificarlos, “sin el sentido peyorativo”, de tontos útiles. A lo concretó entró, pero únicamente para volver sobre argumentarios ya conocidos y emitidos en numerosas ocasiones. La financiación no se negocia bilateralmente, sino en una conferencia de presidentes. “Una posición de partida que nunca va a mejorar” si la discusión es bilateral. Lo que no ha hecho nunca su gabinete es hacer público el modelo que prefiere, si es que tiene alguno. Sí a la transferencia, “no a la estafa”, que él considera que es el acuerdo refrendado en el Congreso por todos los grupos excepto el PP y Vox. Según la derecha, abre la puerta a que la Xunta tenga que indemnizar a la concesionaria, lo que la izquierda niega. “Hay que tener dignidad y ustedes no la tienen”, apuntó.

Ya en el turno de cierre, el presidente de la Xunta quiso explicar su visión del autogobierno y, para ello, puso algunos ejemplos: la frustrada operación de su gabinete para instalar una macrocelulosa en A Ulloa o lo que denomina “resolver el absentismo”, en realidad reducir el derecho a baja laboral de los trabajadores. “Ustedes sí que son los del no a todo. Ya que traen recados, lleven otro de vuelta”, espetó a la oposición: “Que respeten a los gallegos”.

Emiliano García-Page ha pedido este miércoles al Gobierno de España que tenga el “coraje” de convocar una Conferencia de Presidentes autonómicos para debatir el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

El presidente de Castilla-La Mancha justificaba esta petición por una cuestión “de respeto a las autonomías”, para que esta propuesta, “que es resultado del chantaje de los independentistas”, pueda ser discutida “a la cara”.

Además, ha pedido al Gobierno de España que “no se avance más en el atropello a la igualdad que significa esta propuesta, si no hay un Presupuesto General del Estado aprobado”, para que, según su opinión, “sepamos si estamos hablando de algo serio o de fuegos de artificio”. “Para qué vamos a estar peleándonos unos con otros si ni siquiera hay presupuestos”, ha añadido.

Por último, el barón socialista, ha pedido separar la negociación de la financiación autonómica con la de los presupuestos. “Porque si no, lo que va a terminar pensando todo el mundo en España es que la igualdad de todos se somete al mercado para intentar sacar unos presupuestos. Y eso no lo vamos a consentir”.

La de hoy es la enésima muestra de rechazo por parte del Gobierno de García-Page hacia el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Hace solo dos días era el consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Molina, quien insistía en un “rechazo absoluto” a la propuesta, razón que justificaba por el principio de ordinalidad que trata de “dar privilegios a una comunidad autónoma en detrimento de las otras”, en alusión a Catalunya.

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha manifestado el compromiso “total” de Extremadura para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, tras la propuesta del Gobierno central de 0,1 % de objetivo de déficit y un techo de gasto del 4 % en 2027 para las CCAA, aunque ve “dificultades” a la hora de llevarlos a efecto.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este lunes la senda de estabilidad para las comunidades autónomas con la mayoría de Hacienda y los votos de las regiones socialistas (Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias), ya que el PP votó en contra del “irrelevante” objetivo: un déficit del 0,1 % del PIB anual entre 2027 y 2029 y una deuda del 18,9 % del PIB en 2027, 18,3 % del PIB en 2028 y 17,7 % del PIB en 2029.

En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, la también portavoz del Ejecutivo extremeño ha relatado que la oposición fue “unánime” en la reunión, con las tres CCAA gobernadas por el PSOE manifestando también dificultades aunque votaron posteriormente a favor.

A juicio de Manzano, los compromisos estatales de gastos superan “con creces” esos objetivos.

En este sentido, ha citado el impacto presupuestario de la subida salarial del 4,5 % a afrontar por las CCAA; la falta de financiación a la atención a la dependencia, financiada al 50 % en otras comunidades, según ha recordado, mientras que en Extremadura “nos siguen debiendo 200 millones”; la bajada de la ratio en las aulas y el plan de vivienda.

La consejera de Hacienda ha reclamado una reforma del sistema de financiación autonómica al ministro del ramo, Arcadi España, a quien ha pedido que “se tome en serio su trabajo” y ha recordado que 14 CCAA votaron en contra del modelo propuesto por su antecesora, en el cual se otorgaban “cero euros de 21.000 millones para Extremadura”.

Asimismo, ha reiterado su rechazo a la negociación bilateral para establecer el modelo y ha defendido la multilateralidad.

En este sentido, España ha citado a los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas para el próximo 29 de julio en un CPFF que debatirá su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica.

Sobre la apertura a debate para fijar objetivos de déficit asimétricos, es decir no igualitario a todas las regiones, Manzano ha asegurado que la propuesta del ministro “nadie lo esperaba porque no lo comentamos en ningún momento” durante la reunión entre las CCAA.

Así, la consejera extremeña ha defendido la necesidad de tomar decisiones conjuntamente sobre la capacidad financiera de los territorios para prestar servicios y llevar a cabo un desarrollo equilibrado.

En su opinión, si se diera el déficit asimétrico, algunas comunidades tendrían mayor facilidad para endeudarse y para prestar mejores servicios que otras con una capacidad más limitada.

De esta forma ha rechazado “tratamientos dispares” entre CCAA y ha abogado por un objetivo único de déficit y por salvaguardar el principio de igualdad, aunque “España es un Estado unitario con distintas regiones y nacionalidades”.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha asegurado este martes que la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica, sobre el papel, “la letra de la canción tiene sentido, pero la música no” y ha reclamando que este incluya criterios como despoblación, dispersión territorial o envejecimiento.

Preguntado en una rueda de prensa por esta propuesta del Gobierno, De la Rosa ha recordado que el debate sobre el modelo no se produjo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, sino que deberá abordarse en una futura reunión en una contraposición que no debe ser entre comunidades, sino entre Gobierno y autonomías, ha argumentado.

De la Rosa ha defendido que el sistema de financiación debe atender las singularidades de las comunidades autónomas y ha sostenido que el debate no debe plantearse como un enfrentamiento entre territorios como, en su opinión, está intentando hacer el PP. En este sentido, el dirigente socialista ha criticado la postura de los gobiernos autonómicos del PP, a los que ha acusado de instalarse en el rechazo al nuevo modelo sin plantear una alternativa.

Así, De la Rosa ha destacado el incremento de los recursos transferidos por el Estado a Castilla y León a través de las entregas a cuenta, que, según ha señalado, superan en un 6% las del ejercicio anterior y suponen 3.443 millones de euros más que los recibidos en 2018, durante el último Gobierno de Mariano Rajoy.

Encuentro bilateral con el PSC

De la Rosa ha anunciado además que una delegación del PSOE de Castilla y León mantendrá el jueves y el viernes de esta semana un encuentro de trabajo con el PSC para conocer de primera mano políticas públicas desarrolladas en Catalunya que, a su juicio, podrían adaptarse a la Comunidad.

Las reuniones abordarán materias como vivienda, educación, empleo, industria, sanidad, igualdad o servicios sociales, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre cuestiones como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, las políticas de vivienda pública, la captación de talento o la atención a la salud mental. La cita culminará con un encuentro entre el secretario general del PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

El PP acusa al PSOE de “funambulismo político”

Por su parte, el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha instado al PSOE a reclamar al Gobierno la retirada de la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica acordada con ERC y le ha advertido que “o se está con Junqueras o se está con Castilla y León”.

En un comunicado, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha acusado a Martínez de practicar un “funambulismo político” al defender una financiación justa para Castilla y León sin, a su juicio, enfrentarse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

García ha recordado que el PSOE reivindica unos criterios de financiación similares a los que el PP lleva años reivindicando, por lo que ha pedido al PSOE que exija la retirada del actual modelo y que defienda un nuevo sistema negociado entre todas las comunidades autónomas. Asimismo, el Grupo Popular ha reclamado al PSOE de Castilla y León que rechace la condonación de deuda autonómica y que se oponga a que el Estado impute gastos a las comunidades “de forma unilateral”.

El cambio en el Ministerio de Hacienda, con la llegada de Arcadi España para suplir la salida de María Jesús Montero hacia Andalucía, no ha cambiado un ápice la estrategia del Gobierno a la hora de negociar con las comunidades autónomas que dirige el Partido Popular: echar sal en la herida de los agravios entre las distintas regiones del mismo color político por la financiación que reciben unas y otras.

Los intereses de la Comunitat Valenciana o la Región de Murcia, los territorios peor tratados por el sistema de financiación autonómica, son diferentes de los de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Las tres están en manos del PP pero, en cuanto a las cuentas públicas se refiere, sus necesidades son bien distintas.

Las reformas de financiación de las comunidades autónomas que ha ido poniendo encima de la mesa el Gobierno a lo largo de esta legislatura han servido para explotar la debilidad que supone para el PP liderar la mayoría de los ejecutivos regionales. Pasó con la condonación de más de 80.000 millones de deuda pública regional, que arrojaba el mayor alivio para la Andalucía de Juanma Moreno (PP). O con la propuesta para reformar el sistema de reparto que plantea 15.000 millones de euros más para las regiones que ahora dirigen los populares.

El paso más allá llegó con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, el que debía dar luz verde a los objetivos de estabilidad presupuestaria para los años 2027 a 2029, el paso previo para desbloquear la presentación de los Presupuestos. Allí, el ministro España planteó un déficit para el conjunto de las comunidades autónomas del 0,1% del producto interior bruto (PIB) durante los tres años. En conjunto, un mayor margen de gasto por valor de 5.849 millones para el trienio que se aprobará este martes en Consejo de Ministros.

Y Hacienda mostró su disposición a un reparto “asimétrico” de esos números rojos “teniendo en cuenta la situación fiscal diferente de cada una”.

“Hay muchas comunidades autónomas que han cerrado su ejercicio con superávit. Su estructura de gasto y otras condiciones como el modelo de financiación les garantizan ese superávit y, por tanto, no necesitan de un colchón financiero adicional que, en este caso, es el déficit”, justificó España en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Lo que hemos propuesto, que han propuesto comunidades del PP en otro momento y se ha aprobado en nuestro país en el año 2013, es un ejercicio que debe llevar a la reflexión. Que se lo pregunten a la Comunitat Valenciana o a Murcia si quieren, de ese 0,1%, tener una parte mayor para ellos”, planteó el ministro tras su primer CPFF al frente de Hacienda.

Madrid lo rechaza y Murcia lo “estudiará”

España llevó la propuesta después de su experiencia como conseller de Hacienda en la Generalitat valenciana, que recibió el aval de la representante catalana, Alícia Romero. Comunidades como Madrid mostraron su rechazo con contundencia, mientras que los Gobiernos de la Comunitat Valenciana o Murcia se mostraron más abiertos a la idea del Ministerio.

“La posición de la Comunidad de Madrid es que todos tenemos que tener los mismos objetivos de déficit y de deuda. En caso de que se planteara un déficit asimétrico, la lógica te dice que el que más cumple tendría que tener mayores posibilidades, no al que más incumple darle más posibilidad”, dijo la madrileña Rocío Albert.

El valenciano José Antonio Rovira, apretado a preguntas de la prensa, respondió que su opinión tampoco era tan importante. “No estoy en contra, pero tampoco es una cuestión relevante”, señaló. “Poner el mismo déficit a todas las comunidades autónomas con un sistema de financiación que privilegia a unas frente a otras no tiene sentido”, dijo a renglón seguido.

“Vamos a estudiarla”, respondió, por su parte, la consejera murciana Marisa López.

En puridad, la propuesta de ese déficit bosquejada por España no es nueva. Ya en 2013 con el ministro de Hacienda de entonces, Cristóbal Montoro, se aprobaron unos números rojos del 1,3% del PIB. Algunas comunidades autónomas tuvieron un margen superior, como Baleares (-1,47%), Cataluña (-1,58%), Andalucía (-1,58%), Murcia (-1,59%) y Comunidad Valenciana (-1,60%). A otras, que partían de situaciones mejores, se les exigió una mayor consolidación: Extremadura (-1%), La Rioja (-1,06%), Asturias (-1,06%) y Comunidad de Madrid (-1,07%).

La realidad es que, con datos de 2025, las comunidades autónomas registraron cuentas con una salud muy dispar. En un extremo se encontraba Navarra, con un superávit del 2% del PIB, junto con otras siete regiones. Al otro lado, Murcia (-1,56%) y la Comunitat Valenciana (-1,54%) tuvieron los mayores números rojos, junto con otras siete. En total el déficit de las comunidades autónomas fue del 0,3%. El triple de lo estipulado en un principio para ese año.

“No todas las comunidades parten de la misma base”, justificó España en la rueda de prensa de este lunes. “Es un ejercicio de solidaridad entre las comunidades autónomas que lo necesitan y las que no lo necesitan”, insistió.

“¿Quieren ser solidarias [las del PP] con otra comunidad de su signo político o no quieren serlo? Yo soy partidario de la solidaridad, incluso si no es de su signo político”, dijo.

Si bien el ministro no detalló cómo articular ese mecanismo, España planteó que las comunidades autónomas llegaran a un acuerdo previo para ese reparto o a la intervención de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para realizar un borrador de ese cálculo. Sin embargo, fuentes gubernamentales reconocieron que había “poca agua” para un pacto de estas características. Pero las cartas ya están encima de la mesa. Otra cosa es que la partida llegue a jugarse.

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, ha defendido este lunes la necesidad de flexibilizar la regla de gasto para poder incrementar los recursos presupuestarios disponibles para seguir reforzando el estado de bienestar.

Peláez ha participado en Madrid en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que se ha aprobado, con el voto a favor de Asturias, la propuesta del Ministerio de Hacienda para que el próximo año el objetivo de déficit se sitúe en el 0,1% y la regla de gasto –el porcentaje máximo de incremento permitido en el gasto público- se eleve del 3,5% actual al 4%.

“Esperábamos que hubiera un incremento de la regla de gasto debido a la senda de crecimiento económico previsto para España”, ha señalado el consejero en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Peláez ha abogado por adaptar esta figura fiscal, que busca limitar el aumento del gasto público al marco normativo de la Unión Europea, de modo que se permita a las administraciones utilizar “todos los recursos disponibles”.

El consejero ha subrayado que Asturias cuenta con “unas cuentas totalmente saneadas” y cumple con los objetivos tanto de deuda -con una de las ratios por habitante más bajas del país- como de déficit, y ha remarcado el compromiso del Principado “con la estabilidad de las cuentas públicas como garantía de una administración pública eficiente”.

El consejero ha señalado que Hacienda ha contado con el con el voto favorable del Principado para el objetivo de déficit planteado, del 0,1 por ciento anual para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, pero ha insistido en que “lo que más preocupa” al Gobierno de Asturias es la regla de gasto porque “es la que de verdad está limitando la capacidad de gasto”.

Además, Peláez ha considerado “una muy buena noticia” que el Gobierno de España vaya a presentar unos nuevos presupuestos generales y ha dicho esperar que salgan adelante porque servirían para “seguir reforzando el estado del bienestar y seguir impulsando la inversión productiva desde lo público”.

Déficit asimétrico

En el encuentro, el ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha mostrado dispuesto a debatir por primera vez la posibilidad de fijar objetivos de déficit asimétricos para las diferentes comunidades autónomas, en lugar de una misma meta para todas, como ocurre actualmente.

De esta manera, los objetivos de déficit tendrían en cuenta la diferente situación fiscal de cada región, según han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda.

Peláez ha señalado que Asturias solo apoyaría esta medida si funcionara como una herramienta para “mejorar la responsabilidad fiscal” y ofreciera mayor capacidad de endeudamiento a las comunidades que mejor cumplen.

“Desde luego, si se proponen objetivos asimétricos para que quien más deuda tenga o quien más incumple pueda tener mayor capacidad de endeudamiento y más déficit, ahí no van a encontrar a Asturias”, ha apuntado al respecto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto hoy a insistir en su posición sobre el nuevo modelo de financiación autonómica con un “rechazo absoluto” a la propuesta presentada por el Ejecutivo central. El consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Mlina ha reiterado que la razón estriba en que se defiende el principio de ordinalidad que trata de “dar privilegios a una comunidad autónoma en detrimento de las otras”, en alusión a Catalunya.

Poca novedad en este sentido tras la reunión este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el primero que ha presidido el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. La reunión bilateral mantenida hace unos días con el ministerio no ha supuesto avances.

Ruiz Molina reclamaba minutos antes de comenzar el encuentro entre Gobierno central y todas las comunidades autónomas que la reforma del sistema de financiación autonómico debe abordarse desde el consenso y desde la negociación multilateral. También lamentaba las “manifestaciones imprudentes” por parte de la consejera de Hacienda de Catalunya en las que da por hecho que se va a aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica, previsiblemente en el siguiente consejo, a finales de julio.

Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, el modelo se ha pactado de forma “unilateral” y con una sola comunidad autónoma.

A colación de este asunto, se ha preguntado para qué han servido las reuniones bilaterales en las que han participado algunas comunidades autónomas y donde se ha puesto de manifiesto el modelo que se defiende, como ha sido el caso de Castilla-La Mancha. En este contexto, ha deseado que estos encuentros “no hayan sido un paripé” y ha echado de menos que el Gobierno central no haya desmentido a la consejera catalana, generando incertidumbre sobre el proceso de negociación.

Objetivos de estabilidad y margen presupuestario para 2027

Durante su intervención, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se van abordar los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años, con especial atención al ejercicio 2027, ya que de ellos depende el “margen de maniobra del que disponemos para poder afrontar el presupuesto del próximo año, al menos aquellas comunidades que elaboran y aprueban sus cuentas en tiempo y forma cada ejercicio, como es el caso de Castilla-La Mancha”.

En este sentido, el consejero ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico queremos disponer de un mayor margen de maniobra para afrontar las cuentas del próximo ejercicio y, por ello, ha reclamado al Partido Popular que permita la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. A su juicio, ha indicado que es positivo que el Gobierno de España presente su propuesta para que pueda ser debatida y, en su caso, rechazada durante su tramitación parlamentaria.

Asimismo, ha defendido que el nivel de déficit autorizado para las comunidades autónomas no debería ser un elemento de discusión si existiera un sistema de financiación autonómica que cubriera adecuadamente las necesidades reales de gasto de los territorios. Un modelo de financiación suficiente, que según ha remarcado, “reduciría la dependencia de los márgenes de déficit para garantizar la prestación de los servicios públicos”.

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha lamentado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), convocado para el próximo lunes 6 de julio, “deje fuera el debate sobre la reforma de la financiación autonómica, una cuestión prioritaria para la Comunitat Valenciana”.

“El Ministerio de Hacienda ha convocado un consejo para abordar la regla de gasto, los objetivos de déficit del Estado y de las comunidades autónomas de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027. Es una cuestión que debe tratarse si el Gobierno quiere por fin intentar sacar adelante unos presupuestos, ya que no hay que olvidar que lleva con las cuentas prorrogadas desde 2023, pero no puede hacerse a costa de olvidar un debate como el de la financiación, que es urgente”, ha señalado.

El conseller de Hacienda ha recordado que el último CPFF se celebró el 14 de enero. “Lo convocó la entonces ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, obligada tras el anuncio de Junqueras (ERC) sobre un modelo de financiación para Cataluña. En esa reunión no se dieron datos concretos, solo se mostró un 'power point' y no hemos vuelto a saber absolutamente nada”, ha lamentado.

“El debate de la financiación es incómodo para el Gobierno de Sánchez, que vio cómo todas las comunidades autónomas, con la única excepción de Cataluña, mostraban su rechazo a algo sobre lo que aún hoy desconocemos la letra pequeña. Tal vez esta sea la razón por la que ha decidido dejar esta cuestión fuera del orden del día del CPFF, alegando que habrá otro más adelante para tratar el tema”, ha manifestado.

Rovira ha reiterado que “mientras no se apruebe el nuevo modelo, el Consell de Pérez Llorca va a seguir exigiendo la llegada urgente de un Fondo de Nivelación Transitorio que compense la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana”. “De este tema parece que tampoco interesa hablar en el CPFF del próximo lunes. El ministro Arcadi España debería hacer memoria y recordar que es el mismo fondo que él mismo pedía cuando era conseller de Hacienda”, ha añadido.

El conseller ha pedido al ministro que ejerza su cargo “tomando decisiones”. “Arcadi España tiene en su mano dar pasos en financiación autonómica, en el fondo de nivelación transitorio o decidiendo sobre la personación de su Ministerio en el caso de las joyas del expresidente Zapatero, como le ha sugerido el juez”, ha concluido.

Una modificación sustancial del modelo de financiación autonómica en España exige un procedimiento complejo, en el que confluyen decisiones políticas, legislativas y, en determinados supuestos, incluso constitucionales. La pieza central sería la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Al tratarse de una ley orgánica, su reforma requiere aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto, después de una tramitación ordinaria en ambas Cámaras y siempre con la posibilidad de veto o enmiendas por el Senado. La práctica constitucional española ha convertido la LOFCA en la norma básica del sistema de financiación de régimen común.

Aunque jurídicamente no es imprescindible, políticamente resulta casi indispensable alcanzar un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este órgano participan el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas de régimen común. Tradicionalmente, cualquier reforma relevante se negocia previamente en este foro para dotarla de legitimidad política y viabilidad parlamentaria.

Además de la LOFCA, suelen requerirse reformas de la ley reguladora del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, las leyes de cesión de tributos y diversas normas tributarias estatales. Por tanto, normalmente no basta con una única ley.

Adicionalmente, y dependiendo del alcance de la reforma, algunas comunidades podrían verse obligadas a adaptar sus normas tributarias propias, ajustar sus presupuestos y, en ciertos casos, disposiciones de sus estatutos de autonomía.

 ¿Sería necesaria una reforma constitucional? En principio, no. La Constitución, especialmente los artículos 156 a 158, deja un amplio margen para diseñar distintos modelos de financiación autonómica. Ahora bien, sí sería necesaria una reforma constitucional si se pretendiera alterar los principios constitucionales de solidaridad o suficiencia financiera, modificar la distribución territorial del poder financiero, generalizar un sistema semejante al concierto económico vasco y al convenio navarro para algunas o todas las comunidades o cambiar aspectos esenciales del Estado autonómico.

Aunque jurídicamente bastaría una mayoría absoluta en el Congreso para reformar la LOFCA, una reforma profunda y duradera suele requerir amplio consenso entre comunidades autónomas, un acuerdo entre los principales partidos nacionales y un marco de Estabilidad presupuestaria plurianual. De hecho, una de las razones por las que no se ha renovado el modelo vigente desde 2009 es la enorme dificultad para conciliar los intereses de comunidades receptoras y contribuyentes netas.

La pregunta del millón es: ¿Puede un gobierno sin apoyos parlamentarios sacar adelante una reforma de calado del modelo financiero territorial? En términos estrictamente jurídicos, sí podría. En términos políticos, es extraordinariamente difícil.

La clave está en distinguir entre Gobierno y mayoría parlamentaria. El Gobierno puede elaborar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, negociar con las comunidades autónomas y remitir al Congreso un proyecto de reforma de la LOFCA. Sin embargo, la reforma no puede entrar en vigor sin la aprobación de las Cortes Generales. Por tanto, un gobierno sin apoyos suficientes puede diseñar y presentar una propuesta y puede abrir negociaciones bilaterales o en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y puede incluso alcanzar acuerdos con algunas comunidades autónomas. Pero no puede aprobar unilateralmente la reforma de la LOFCA (requiere mayoría absoluta del Congreso), las modificaciones de las leyes de cesión de tributos y las eventuales leyes presupuestarias asociadas.

Además, existe una dificultad añadida: la financiación autonómica genera ganadores y perdedores relativos, incluso poniendo una ingente cantidad de dinero encima de la mesa para suscitar adhesiones. Incluso gobiernos con mayorías sólidas han tenido enormes problemas para reformarla. De hecho, el modelo vigente, aprobado en 2009 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue fruto de una negociación muy compleja con comunidades autónomas y grupos parlamentarios; y se puso dinero para suscitar adhesiones, pero el modelo comenzó a mostrar sus defectos desde el primer momento, ya que se hizo a impulso de las autoridades catalanas sin tener en cuenta la integridad y la dinámica del modelo. ¿Vamos a repetir los mismos errores?

Desde una perspectiva práctica, una reforma profunda suele requerir tres mayorías simultáneas: una mayoría en el Congreso, un grado razonable de acuerdo entre comunidades autónomas y una capacidad para sostener el acuerdo durante varios ejercicios presupuestarios. Por ello, si un Gobierno carece de una mayoría parlamentaria estable para aprobar incluso los Presupuestos Generales del Estado, resultaría muy difícil que pudiera sacar adelante una reforma de carácter estructural como es la financiación autonómica. No es imposible, pero exigiría pactos amplios con partidos de la oposición y con varias comunidades autónomas. Las perspectivas no son halagüeñas después de los primeros pasos dados desde la Secretaría de Estado de Hacienda en reuniones bilaterales, en un contexto preelectoral, sin recorrido suficiente para una negociación realista, sosegada y razonable de una política estructural del Estado.

En el marco político actual español, muchos constitucionalistas y expertos en Hacienda Pública consideran que una reforma de gran alcance del modelo de financiación solo tendría verdadera estabilidad si contara con un consenso semejante al que se exige para las grandes leyes de Estado, aunque formalmente la Constitución no imponga una mayoría reforzada más allá de la exigida para la ley orgánica.

Solo si la reforma alterase los principios básicos del modelo territorial español sería necesaria una reforma de la Constitución. El problema es que se pretenda hacer pasar como una mera reforma del modelo un cambio fundamental en el modelo financiero territorial español y esto sí que exigiría una reforma constitucional. En definitiva, una reforma del calado que se propone y que afecta a los fundamentos constitucionales del Título VIII abre la puerta a una litigiosidad en forma de potencial recurso de inconstitucionalidad.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, ha apuntado que aprobar la condonación de 83.000 millones de deuda pública de las comunidades autónomas es una medida que quedará “coja” sin aplicar al mismo tiempo una reforma del sistema de financiación de los gobiernos regionales, un proyecto del Gobierno que tiene pocos visos de prosperar ante la falta de apoyos para que salga adelante.

“Si se aprobase una condonación de la deuda y no se aprobase un nuevo sistema de financiación autonómica, que es un escenario también posible, creemos que quedaría la reforma coja”, ha dicho este jueves la presidenta de Autoridad Fiscal a preguntas de los periodistas durante su participación en el curso de verano que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en Santander, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que patrocina BBVA.

Olóndriz ha señalado que “la línea lógica de actuación” y “el escenario óptimo” sería el inverso al seguido por el Gobierno hasta ahora, empezando por una reforma de las reglas fiscales que controlan las cuentas públicas de las autonomías –algo que el Ejecutivo ha decidido no abordar–. Solo después se abordarían los cambios en el sistema de financiación autonómica y, en último lugar, medidas de alivio del endeudamiento como el caso de la condonación.

Sin embargo, Olóndriz ha insistido en que, en sus escenarios fiscales, aún no está incluida la quita de deuda: “Cuando se proponen medidas, hasta que no se materializan no las tenemos en cuenta, porque ese escenario de no aprobación está ahí”.

El Gobierno envió al Congreso la ley para condonar la deuda autonómica a finales del año pasado, pero el proyecto aún no se ha estudiado. El Ministerio de Hacienda se encuentra inmerso en las negociaciones con las comunidades autónomas para tratar de alumbrar una reforma del sistema de financiación, algo que se abordará, previsiblemente, en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que tendrá lugar en el mes de julio.

Revisarán al alza su proyección del PIB para 2026

Ante la falta de Presupuestos, también por la dificultad que tiene el Gobierno para atar el apoyo de sus socios, la Autoridad Fiscal ha insistido en que “no es una práctica muy deseable seguir año tras año con prórroga” de las cuentas públicas, en tanto que esto “dificulta la planificación económica” del Ejecutivo y “ralentiza decisiones que puedan afectar al crecimiento económico”.

Así, ha planteado que deberían presentarse “para, al menos, tener una idea clara de las prioridades del Gobierno de turno”.

A pesar de la situación de prórroga, Olóndriz ha reconocido la buena marcha de la economía española, fundamentalmente por el vigor del mercado de trabajo, que ha potenciado el consumo. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado este jueves que el producto interior bruto (PIB) avanzó un 0,6% en el primer trimestre y, según la Autoridad Fiscal, los datos más recientes apuntan a que la actividad va a un ritmo mejor del esperado.

“Los resultados que está habiendo en este segundo trimestre están siendo algo mejor de lo que teníamos previsto inicialmente. Es posible que en nuestro próximo pronunciamiento, que será a mediados de julio, subamos la tasa de crecimiento de la economía para 2026”, ha señalado. Su última proyección era de un avance del 2,2% del PIB, una cifra qe podría revisar al alza en “una o dos décimas”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado la comparecencia en las Cortes regionales para informar a los grupos parlamentarios del resultado de la reunión mantenida con el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, tras la reunión mantenida este lunes con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Tras criticar ayer duramente la propuesta de Gobierno de España hoy ha indicado que, durante dicho encuentro, se le trasladaron al Ministerio de Hacienda las mismas reivindicaciones y planteamientos que se han mantenido “de forma constante en los últimos años” respecto al sistema de financiación.

Una posición, ha indicado, basada en “la coherencia”, basada en el principio de igualdad y en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha con independencia del color político del Gobierno de España; “lo hicimos tanto con ministros de gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista porque no se trata de hablar de valentía, sino de coherencia”.

Por ello, ha pedido conocer la propuesta del partido de la oposición regional en materia de financiación autonómica, en alusión al PP.

Reclama al resto de partidos políticos una posición común

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que ha solicitado la comparecencia en el Parlamento autonómico para explicar con detalle el contenido de la reunión y volver a exponer los principios que sustentan la propuesta de Castilla-La Mancha en materia de financiación autonómica.

Hoy, como ya hiciera ayer el PSOE, el consejero ha vuelto a tender la mano al conjunto de las fuerzas políticas de la región, para alcanzar una posición común en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma.

Respecto al modelo planteado por el Gobierno central, Ruiz Molina ha indicado que Castilla-La Mancha mantiene una posición crítica con la propuesta elaborada por el Gobierno de la nación, al considerar que se trata de una propuesta “injusta y regresiva”, que sólo trata de satisfacer privilegios para una comunidad autónoma, dejando claro con ello que “los privilegios de unos se convierten en desventajas para otros”.

Por ello, el consejero ha reiterado que dicho modelo no debe prosperar, es un modelo que “no cuenta ni con el favor de algunos independentistas que no quieren más financiación, sino que lo que buscan es tener más financiación que los demás”. Además, ha reconocido que el daño ya está hecho porque con este modelo, el Gobierno de España, un gobierno progresista, ha trasladado un mensaje a la sociedad de que “quien más tiene, más derechos tiene”.

Un modelo, ha continuado, que está en contra de lo que propone Castilla-La Mancha, al estar basado en la ordinalidad, que viene a decir que “aquellos territorios que acumulan mayor número de habitantes con rentas altas tienen derecho a una mayor financiación, y, por tanto, derecho a una prestación de servicios públicos en mejores condiciones que los demás”.

Un modelo que garantice “el coste real en la prestación de servicios”

Frente a ello, el consejero ha recordado que en Castilla-La Mancha “no queremos un modelo que premie a los territorios, queremos un modelo que proteja a los ciudadanos con independencia de donde vivan”. Por ello, y así se lo trasladó al secretario de Estado, en la Comunidad Autónoma “defendemos un modelo que garantice el coste real que nos supone a los territorios prestar los servicios públicos de nuestra competencia”.

Teniendo en cuenta factores como la extensión territorial, la dispersión geográfica de la población y el envejecimiento, que “encarecen la prestación de servicios como la sanidad o la educación”. Poniendo como ejemplo el caso del municipio de Fuenlabrada, que tiene la misma población que la provincia Cuenca, puede prestar la atención primaria con siete centros de salud, mientras que en Cuenca se necesitan 32.

En definitiva, y así lo ha remarcado, “el modelo que defendemos en Castilla-La Mancha consiste en garantizar el principio de igualdad con independencia de la capacidad económica de unos o de la capacidad económica del lugar en el que residan”.

Se había fijado la cita este lunes para una reunión bilateral entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda de cara a volver a hablar del nuevo modelo de financiación autonómica y el encuentro ha dejado poco margen para la sorpresa. Ningún resultado en un dilatado compás de espera sobre una cuestión que se prolonga ya durante más de una década.

Hoy el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha reiterado su “rechazo frontal” a la propuesta impulsada por el Ejecutivo central porque cree que se trata de “un modelo diseñado al margen del conjunto de las comunidades autónomas, basado en el principio de ordinalidad y orientado a consolidar privilegios territoriales incompatibles con la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas”.

Lo ha explicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, al salir de la reunión con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón y con la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Mónica García, en la que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.

Una reunión más, “tardía” y por “lealtad institucional y educación”

Ya lo había avanzado el presidente regional Emiliano García-Page el viernes. No habría “nada de lo que hablar” si de la propuesta no se retiran “las cesiones al independentismo”. Así que la reunión de hoy pasa por ser una más, sin resultados positivos y el enésimo fracaso en los últimos años.

Ruiz Molina ha cuestionado incluso la utilidad de una reunión que, a su juicio, ha sido “tardía”, ya que se produce “cuando las principales decisiones ya han sido adoptadas”. El consejero cree que los encuentros 'bis a bis' con cada uno de los territorios deberían haberse celebrado “antes” de que el Gobierno central cerrara una propuesta de financiación “con una comunidad autónoma concreta”, aludiendo a Catalunya, y antes de su presentación pública.

En este aspecto ha afeado que no se hayan contrastado las distintas “sensibilidades territoriales” y el consejero de Hacienda ha comentado que si se ha mantenido esta reunión con el Gobierno central ha sido por pura “lealtad institucional y por educación” y que eso es algo que “no ha tenido el Gobierno de nación”.

Castilla-La Mancha reitera su rechazo al principio de ordinalidad

Una de las cuestiones que mantienen enfrentadas las posturas entre el Gobierno castellanomanchego y el Ministerio de Hacienda tienen que ver con el hecho de que esta comunidad autónoma se opone al llamado 'principio de ordinalidad“ en el reparto de los fondos para los territorios.

Este, dice Ruiz Molina, es un criterio que sigue presente en la propuesta planteada por el Ejecutivo central, y que en su opinión “supone que aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria mantengan una posición privilegiada en términos de financiación, lo que contradice los principios de igualdad y solidaridad que deben regir el sistema”.

A juicio de Ruiz Molina, trasladar ese criterio al funcionamiento de los servicios públicos equivaldría a asumir que los ciudadanos que residen en territorios con mayores niveles de renta tienen derecho a recibir mejores servicios públicos o que las comunidades con una mayor concentración de rentas altas merecen una financiación superior.

En definitiva, señala el consejero, supone defender que “quien más tiene debe recibir más”, y por ello, cree que resulta difícil comprender cómo “un Gobierno que se define como progresista abogue por este planteamiento”.

¿Qué propone Castilla-La Mancha?

Frente a esa propuesta, el responsable de Hacienda ha defendido nuevamente un modelo de financiación sustentado “en el principio de igualdad y en el coste real que nos supone a las comunidades autónomas para prestar los servicios públicos de nuestra competencia”, es decir, que el sistema tenga en cuenta factores que incrementan el coste de los servicios públicos, como la extensión territorial, la dispersión de la población o el envejecimiento demográfico.

Como ejemplo, el consejero ha recordado que en una ciudad como Fuenlabrada, que tiene una población similar a la de toda la provincia de Cuenca, la prestación de la Atención Primaria se realiza con siete centros de salud, mientras que en la provincia conquense son necesarios 32.

Por ello, Castilla-La Mancha defiende que el nuevo modelo garantice recursos suficientes para cubrir el coste efectivo de los servicios públicos fundamentales y asegurar que “todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica o de la capacidad económica de la región en la que vivan, tienen derecho al mismo nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos”.

Un modelo “injusto” que “no debe salir adelante”

El consejero califica la propuesta que el Ministerio de Hacienda pone sobre la mesa como un modelo “injusto” que, a su juicio, insiste en que “busca satisfacer las exigencias de una Comunidad Autónoma concreta”.

Por eso considera que este es un “modelo que no debe salir adelante”, ya que “ni siquiera cuenta con el favor de algunos independentistas que no quieren más financiación, sino que lo que buscan es tener más financiación que los demás”.

Ha advertido de que “el principal daño de este debate es el mensaje que se traslada a la sociedad, de que los territorios con mayor capacidad económica tienen derecho a recibir más recursos públicos y, por tanto, a disponer de mejores servicios” y de ahí el rechazo por parte del Gobierno castellanomanchego.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido este lunes al PP regional que apoye al Gobierno autonómico en su reivindicación de una financiación autonómica “pactada y justa” para Castilla-La Mancha, que no está dispuesta a permitir “que haya más privilegios ni desigualdades entre territorios”.

Lo ha trasladado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales Charo García Saco, señalando la necesidad de negociar, en la reunión que ha convocado el Ministerio de Hacienda con Castilla-La Mancha este lunes, “lo que es mejor y justo para Castilla-La Mancha”.

Así, ha sostenido que esta tierra solo votará a favor de una propuesta que sea “justa e igualitaria para todos los territorios” y, ante un PP regional que ya ha dicho que “ellos no irían” a la reunión, ha lamentado que “es normal, porque ellos habrían aceptado la propuesta sin rechistar”. “Porque aquí, en esta región, en el PP, quien manda y quien toma las decisiones es el señor Tellado”.

García Saco ha insistido en la necesidad de negociar la mejor financiación para Castilla-La Mancha y ha deseado que en esa cita con el Ministerio se escuchen las propuestas de las regiones que acuden. “Cuando se convocan reuniones hay que asistir, aunque no se esté de acuerdo”, ha concluido en relación a la negativa de las regiones gobernadas por el PP.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avisado de que su gobierno no tendrá “absolutamente nada que hablar” el lunes con el Ministerio de Hacienda sobre el nuevo modelo de financiación autonómica “si no retiran de entrada” las cesiones al independentismo.

Desde Albacete, donde ha participado en la presentación el Programa ESA BIC Castilla-La Mancha en el hangar de Airbus del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha (PTCLM), García-Page ha sacado pecho de los proyectos puestos en marcha en la región y ha dicho que “ojalá” vinieran acompañados también de “un poquito más” de implicación en la financiación autonómica.

Ha sido en este punto donde el presidente regional se ha referido a la reunión bilateral del próximo lunes entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda para abordar la nueva financiación. “No habrá absolutamente nada que hablar si no retiran de entrada los proyectos del independentismo porque rompe la solidaridad y la igualdad en España”.

“Queremos los mismos fondos que han puesto pero con reglas distintas. Y esto es algo que le vamos a decir prácticamente todo el mundo; menos aquellos que están detrás de romper la igualdad entre todos los españoles”, ha apostillado García-Page.

Hacienda remitió cartas a las consejerías del ramo de todas las comunidades autónomas para pedir reuniones bilaterales y, de entrada, el Gobierno de Castilla-La Mancha había aceptado el encuentro.

El presidente del Gobierno valenciano del PP, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, el socialista valenciano Arcadi España, han mantenido una reunión bilateral este lunes en el Palau de la Generalitat. El encuentro, solicitado en su día por el jefe del Consell, se ha producido en un momento clave de las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto en el que la Comunitat Valenciana se juega su viabilidad económica a corto y medio plazo.

Tras el encuentro, Pérez Llorca ha comentado que el encuentro, que ha durado en torno a una hora, ha sido en un tono tan distendido por su “afinidad personal” como serio y riguroso.

Sobre el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno que portaría a la Generalitat Valenciana 3.669 millones de euros adicionales, el jefe del Consell ha comentado que la negociación se debe dar desde un modelo aportado por el Gobierno, como así ha sido, pero plasmado en un borrador de Ley Orgánica y de Presupuestos del Estado, de lo contrario, “cualquier propuesta no es real”, si bien es cierto que ha reconodido que no le parece “descabellado” que el Gobierno plantee un modelo, pero ha insistido en que tiene que estar “justificado en algo” de forma que se vea negro sobre blanco de dónde salen los recursos adicionales que se repartirán entre las diferentes comunidades.

Pérez Llorca ha tratado de evitar la idea de que la reunión de este lunes haya sido bilateral para hablar de este tema, puesto que tanto él como su partido advirtieron de que solo hablarían del nuevo modelo en el marco del Consejo General de Política Fiscal y Financiera, es decir, de forma conjunta con el resto de autonomías: “Hoy no ha habido una reunión bilateral, ha sido un encuentro que solicité y que por cierto, ha tardado mucho en darse, sobre cuestiones de necesidad como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), las entregas a cuenta o los créditos dana. Ellos van a iniciar rondas bilaterales sobre el nuevo modelo de financiación, por los presidentes autonómicos del PP no van a participar. La Comunitat Valenciana no va a participar en reuniones bilaterales”.

Preguntado sobre si le parece positiva la propuesta del Gobierno como base para iniciar una negociación ha insisitido en que cuando esté plasmado el nuevo modelo en una Ley podrán valorarlo y ver qué es lo más justo para la Comunitat Valenciana y ha recordado que “hay un criterio que es la población ajustada que se debe incluir” al tiempo que ha añadido: “Como está no la podemos aceptar porque la comunitat queda por debajo de la media. He convencido a los barones de mi partido de que si tiene que haber una excepcionalidad en alguna comunidad es en la valenciana por ser la peor financiada y por la dana. Eso es lo que voy a defender”.

El presidente, ante la insistencia de los medios, ha reiterado que se abro a negociar un nuevo modelo para la Comunitat Valenciana, pero siempre dentro del Consejo de Política Fiscal, “ahí la Comunitat Valenciana irá a pedir un sistema justo, equitativo y que sea igual para todos”. En ese consejo “cada autonomía deberá hacer sus aportaciones” y ha apuntado que “el cambio de modelo no es una lucha entre territorios, eso dijo Arcadi y esa frase la comparto, todos juntos en una mesa es la mejor manera de afrontarlo”.

En cuanto a la quita de 11.220 millones de la deuda histórica de la Comunitat Valenciana que se aprobará próximamente en el Congreso de los Diputados, Pérez Llorca ha afirmado que defenderé “lo mejor para esta tierra” y que en estos momentos no puede valorar aquello que no se ha concretado en los Presupuestos ni en la Ley Orgánica. Con todo, ha dicho que es “respetuoso con las instituciones” y que si se aprueba lo acatarán aunque no lo compartan.

El jefe del Consell ha insistido también en la necesidad de un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación hasta que esta se apruebe, a pesar de España le ha trasladado que no se va a poner en marcha ese fondo, cuando lo reivindicaba el propio socialista como conseller de Ximo Puig, no existía una propuesta de nuevo modelo. Ahora, sin embargo, ya está esa propuesta encima de la mesa y según ha afirmado España la idea del Gobierno es aprobarlo el próximo 1 de enero.

El ministro de Hacienda también ha desvelado que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) tiene prevista la aprobación esta misma tarde de una partida global de 4.000 millones de euros destinados a la Comunitat Valenciana. Al respecto, Pérez Llorca ha pedido que se vuelva a informar a final de año de las entregas a cuenta y los FLA que se aprobarán para el siguiente ejercicio como se hacía anteriormente en lugar a mediados del año en curso, un cambio impulsado por María Jesús Montero que consideran contraproducente.

Dependencia y atenciones en sanidad a desplazados

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado al ministro de Hacienda, Arcadi España, el pago de los 5.000 millones de euros que el Gobierno de España adeuda a los valencianos en sanidad y en dependencia y una mayor inversión en las infraestructuras clave para la Comunitat Valenciana.

Tras la reunión mantenida con el ministro, el jefe del Consell ha señalado que “hay un compromiso legal por el cual el Gobierno de España debe abonar el 50% de los gastos derivados de la dependencia y nunca se llega a esa cifra, por lo que la deuda del Ejecutivo central con la Generalitat ha alcanzado los 4.000 millones de euros”. 

De igual manera, ha recordado que también se adeudan 1.000 millones de euros en gasto sanitario de desplazados de otras comunidades autónomas, por lo que ha solicitado que se concrete cuándo se va a producir el reembolso de ambas cantidades.

Ayuda a fondo perdido para la dana y exoneración de intereses

El jefe del Consell también ha achacado que el Gobierno de España “no haya realizado ninguna entrega a cuenta a la Generalitat Valenciana” para hacer frente a las consecuencias de la dana, “y solo nos haya permitido endeudarnos con un dinero que hay que devolver”. Por ello, el president ha exigido que “este crédito se convierta en una ayuda a fondo perdido y sea un tema que se aborde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”.

También ha hecho referencia al Fonde de Solidaridad de la Unión Europea dotado con 1.000 millones de euros de los que ha pedido explicaciones porque a la Generalitat “apenas ha llegado 100 millones”, así como los fondos Next Generation para la reconstrucción por un valor de 1.200 millones de euros de los que “no hemos recibido ninguno”.

En esta materia, el máximo responsable del Ejecutivo valenciano ha vuelto a reclamar un cambio en la Ley de Contratos “para que las obras de reconstrucción puedan tramitarse como emergencia o excepcionalidad, especialmente para los ayuntamientos que cuentan con el dinero, pero se encuentran con muchos problemas burocráticos para agilizarlas”. Además, ha trasladado la necesidad de introducir la revisión de precios de materiales para los contratistas de estas obras.

Pérez Llorca también ha solicitado al Gobierno la exoneración del pago de intereses por la devolución de subvenciones de la dana para las personas afectadas por las inundaciones. Igualmente, ha reclamado el retorno del IVA pagado por la Generalitat de los contratos de emergencia y reconstrucción que ha cifrado en torno a los 82 millones de euros.

Pérez Llorca pide mejoras en infraestructuras

Aunque no es competencia directa del ministro España, el jefe del Consell no ha desaprovechado la ocasión para trasladarle algunas reivindicaciones históricas de la Comunitat Valenciana en materia de infraestructuras. En este sentido, ha explicado que ha pedido que se agilicen las obras del Corredor Mediterráneo, así como las ampliaciones de los aeropuertos de València y Alicante.

También ha solicitado que se avance en el Plan de Cercanías puesto que “más de la mitad no se ha ejecutado y acabó en 2025” al tiempo que le ha recordado que aún no se ha recuperado la normalidad en la C3 de València a Utiel dañada por la dana. También ha sacado del cajón viejos proyectos como el acceso norte al puerto de Valencia e infraestructuras del agua como el trasvase Tajo-Segura. Por último ha pedido mayor celeridad en las obras vinculadas a la dana en la cuenca del Magro y de los barrancos y ha criticado “la baja ejecución presupuestaria de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), del 3,9%” así como del plan de la Albufera y de las obras de reconstrucción que corresponden al Gobierno.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha trasladado oficialmente al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, los detalles del próximo paquete de liquidez que recibirá la administración autonómica. Según fuentes gubernamentales, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) tiene prevista la aprobación esta misma tarde de una partida global de 4.000 millones de euros destinados a la Comunitat Valenciana.

El desglose de esta inyección económica contempla, por un lado, un montante de 1.904 millones de euros procedentes del denominado 'ExtraFLA' y, por otro, 2.126 millones de euros correspondientes al tramo ordinario del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para el tercer trimestre del ejercicio. Asimismo, Hacienda ha confirmado que las arcas de la Generalitat contarán con un total de 344 millones de euros derivados del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE), cuyo propósito es mitigar los severos daños materiales provocados por la dana del octubre de 2024.

Esta asignación definitiva representa un incremento de 52 millones de euros respecto a las previsiones iniciales. Este repunte responde a una reasignación interna por parte del Ejecutivo central, que ha derivado a la Generalitat aquellos recursos que, por limitaciones técnicas o presupuestarias, no pudieron ser absorbidos directamente por las corporaciones locales valencianas.

En el plano estrictamente político, España ha instado al jefe del Consell a “remar en la misma dirección” con el fin de consolidar la reforma del sistema de financiación autonómica. Desde el departamento de Hacienda subrayan que el nuevo modelo propuesto reportaría a la Comunitat Valenciana ingresos adicionales por valor de 3.669 millones de euros, una cifra que —según han incidido— duplica los 1.782 millones que el propio Pérez Llorca demandó formalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la cumbre bilateral mantenida el pasado mes de diciembre.

Paralelamente, el ministro ha enfatizado los beneficios que reportará para la sostenibilidad financiera valenciana la aprobación de la quita de deuda impulsada por el Gobierno central. Esta medida de alivio fiscal, cuya tramitación parlamentaria se encuentra actualmente en el Congreso de los Diputados, supondría una reducción directa del endeudamiento autonómico cifrada en 11.210 millones de euros.

Por último, se ha recordado que el Real Decreto-ley (RDL) validado por el Consejo de Ministros contempla una actualización de las entregas a cuenta que elevará la partida destinada a la Comunitat Valenciana hasta un máximo histórico de 14.993 millones de euros. Ante la proximidad de la sesión de convalidación de la norma, programada para este jueves en la Cámara Baja, el ministro ha solicitado formalmente a Pérez Llorca que interceda ante la dirección de su partido (PP) para que deponga su rechazo. Desde el Ejecutivo central recuerdan que los populares ya votaron en contra de esta medida presupuestaria en las sesiones parlamentarias de enero y febrero, por lo que apelan a la “responsabilidad institucional” para evitar un tercer bloqueo que afectaría directamente a los recursos de los servicios públicos valencianos.

En este sentido, Arcadi España ha pedido al PP que, “a diferencia de las dos últimas veces, vote a favor de la actualización de las entregas a cuenta”, ya que es una medida “fundamental para comunidades y ayuntamientos”. Además, ha añadido que estas soluciones transitorias se deben convertir en estructurales: “Por eso hemos presentado un nuevo sistema de financiación, de la misma manera que la condonación de la deuda. El nuevo sistema dará el doble a la Comunitat Valenciana de lo que pidió Pérez Llorca al presidente Sánchez”.

El titular de Hacienda se ha preguntado por qué la Generalitat “no se sienta a negociar el nuevo sistema”, al tiempo que zanjaba que “son todo excusas”. “He venido a buscar soluciones, no a imponer”, ha sentenciado el ministro, recordando su pasado en la administración autonómica: “Tenemos una oportunidad histórica, y espero que si la decisión es o Feijóo o la Generalitat, Pérez Llorca elija la Comunitat Valenciana”.

Finalmente, el responsable de la cartera estatal se preguntaba también qué hace la Generalitat con el dinero si actualmente dispone de “los mayores recursos de la historia”, insistiendo en que su objetivo último es que el nuevo modelo de financiación esté plenamente operativo el próximo 1 de enero.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, mantendrán una reunión bilateral el próximo lunes por la mañana en el Palau de la Generalitat. El encuentro, solicitado en su día por el jefe del Consell, se produce en un momento clave de las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto en el que la Comunitat Valenciana se juega su viabilidad económica a corto y medio plazo. Precisamente, la financiación y la condonación de la deuda serán dos de los puntos clave de la agenda, aunque, según reconocen fuentes ministeriales, sobre la mesa se abordará “todo”.

La cita llega precedida por la constante ofensiva del Ejecutivo valenciano ante el Ministerio de Hacienda para revertir una situación de infrafinanciación que sucesivos informes de organismos como el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) o la Sindicatura de Comptes califican de “crónica”. La Comunitat Valenciana continúa a la cola de la financiación por habitante, lo que obliga al Gobierno autonómico a recurrir sistemáticamente a los mecanismos de liquidez del Estado, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para sostener servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y las políticas sociales.

En la hoja de ruta que defiende el Consell, la prioridad absoluta para este encuentro se centra en la exigencia de un fondo de nivelación transitorio. Esta herramienta, que cuenta con el consenso de la plataforma de la sociedad civil y de los expertos económicos valencianos, busca aportar de manera inmediata los recursos necesarios para equiparar a la autonomía con la media española mientras se tramita el complejo y lento modelo definitivo.

Junto a este fondo de nivelación, el Consell reclama el reconocimiento y la condonación de la deuda histórica, una cifra que ya supera los 55.000 millones de euros. Asimismo, frente a las ofertas de negociaciones singulares con otras autonomías, como Cataluña, el Gobierno valenciano defiende que el nuevo modelo de reparto de la caja común debe acordarse de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) bajo el principio de equidad.

El encuentro del lunes servirá para medir la temperatura de la relación entre el Ejecutivo central y el Consell. La cita se produce después de que Pérez Llorca rechazara la propuesta de nueva financiación impulsada por el Gobierno de España, una medida que habría supuesto unos ingresos extra anuales de más de 3.600 millones de euros para la autonomía.

El Ministerio de Hacienda ya ha puesto fecha a la reunión bilateral con el Gobierno de Castilla-La Mancha para abordar sus propuestas de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. Será el 22 de junio con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y con la Secretaría General de Financiación Autonómica.

En ese encuentro, la comunidad autónoma le trasladará su propuesta, basada en garantizar el coste real que supone prestar los servicios de su competencia y garantizar el principio de igualdad en materia financiera.

Lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha incidido en la defensa de que todos los ciudadanos deben recibir “en condiciones de calidad” los mismos servicios públicos “con independencia de su capacidad económica o de la capacidad tributaria que tengan los territorios”.

“El modelo que presenta Castilla-La Mancha, el que vamos a defender en esa reunión bilateral, es diametralmente diferente al que ha propuesto el Gobierno, al que ha negociado el Gobierno central con los independentistas catalanes, en el sentido de que se trata de primar la capacidad tributaria en lugar de ese principio de igualdad. Yo siempre digo que los impuestos los pagan los ciudadanos, quienes reciben los servicios públicos son los ciudadanos y no son los territorios”, ha argumentado.

Ruiz Molina ha recordado que el fruto de estas reuniones bilaterales se llevará posteriormente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha reiterado la necesidad de contar con documentación técnica para tener una posición más definida de cara a ese encuentro, “fundamentalmente para que la reunión sea más productiva”.

“Solamente contamos con un PowerPoint”, ha dicho, que es el que tienen los medios de comunicación, considerando que “técnicamente nos merecemos algo más de documentación”, fundamentalmente “las tripas de lo que es el modelo, que para eso tenemos un equipo técnico potente en la Consejería de Hacienda para analizar los datos, no solamente los que pudieran servir de base, que es el 2023, pero sí saber la evolución hasta el 2027”.

La carta enviada a todas las comunidades autónomas

Este encuentro se enmarca en la carta que el Ministerio envió a principios de mes a todas las comunidades autónomas concertando reuniones bilaterales con el objetivo de retomar la cuestión, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se presentó un documento de bases para un nuevo sistema de financiación autonómica.

El objetivo es que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. En los últimos meses, según apuntaba la misiva del secretario de Estado, se han desarrollado trabajos “técnicos” para facilitar que se pueda presentar y debatir en el CPFF “lo antes posible” una propuesta de acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación que, si fuese aprobada, permitiría elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación y posterior remisión al Congreso de los Diputados.

Jesús Gascón explicaba en la carta que tras las valoraciones de la última reunión y “algunas opiniones que informalmente nos han ido llegando, hay algunos aspectos que consideramos interesante compartir”. Algo que se traduce, abunda, en “concretar y aclarar lo reflejado en el documento de bases ya presentado”.

En la carta también se sugiere, “atendiendo a algunas peticiones formuladas en el CPFF”, trabajar con los datos cerrados de 2023, y considerarlo como “año base” porque cree que eso sería “compatible” con que el primer año de aplicación pueda ser 2027 para el nuevo modelo.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles acudir a la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda para negociar el modelo de financiación autonómica con el objetivo de defender los intereses de la comunidad, frente a un Partido Popular que le ha pedido que no acuda y que “no traicione a Asturias”, en palabras del líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo.

En el turno de preguntas al jefe del Ejecutivo en el pleno de la Junta General, Queipo ha acusado a Barbón de “consentir” los incumplimientos de los compromisos del Gobierno central con Asturias y también de incumplir sus propios acuerdos como los relativos a la financiación autonómica.

La 'Declaración de Santiago'

Queipo ha subrayado que Asturias firmó en 2021 con otras siete comunidades autónomas la 'Declaración de Santiago', un documento que decía que la reforma del modelo de financiación solo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que “por tanto deja a un lado cualquier reunión bilateral” entre el Estado y las comunidades, ha remarcado el presidente del PP de Asturias.

Además, el Gobierno asturiano firmó en 2020 un acuerdo con todos los grupos de la Junta General, excepto Vox, que establecía que el nuevo modelo debe ser “el resultado de una negociación multilateral, transparente y fruto del consenso”, ha añadido.

Queipo: “No traicionen a Asturias”

“Van a sentarse donde firmaron que no se iban a sentar nunca”, ha dicho Queipo, quien ha advertido de que la reunión bilateral a la que acudirá el Principado no servirá para negociar sino para “blanquear que a Asturias le tocan lo restos de lo que negocia Oriol Junqueras”, líder de ERC.

“No asistan a esa reunión, no traicionen a Asturias, se lo pedimos encarecidamente”, ha insistido Queipo, quien ha afirmado que “Asturias está indefensa” porque lleva “demasiado tiempo sin un presidente que la defienda” y lo que tiene el Principado es “un portavoz de Ferraz en un despacho de Oviedo”.

Barbón: “Asturias, por encima de todo”

En su respuesta, Barbón ha remarcado que su Gobierno “actúa por encima de la ideología de partido” o de “afinidades tribales de ideología” porque “tiene muy claro que por encima de todo está Asturias”, y ha subrayado que ejemplo de ello es su rechazo a la actual propuesta de reforma del modelo de financiación o su exigencia de eliminación del peaje del Huerna.

“Cuando Asturias tiene problemas, el Gobierno actúa; cuando tiene una oportunidad, negocia, y cuando hay un agravio, pelea”, ha subrayado Barbón, quien ha asegurado que su Gobierno acudirá a la reunión para exigir cambios en la propuesta de reforma si Hacienda quiere contar con el 'sí' de Asturias.

El envejecimiento o la dispersión

Barbón ha garantizado que su Gobierno defenderá lo pactado en la 'Declaración de Santiago' y en el acuerdo alcanzado en el seno de la Junta General, documentos que defienden la introducción de factores como el envejecimiento o la dispersión a la hora de calcular el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos, y no solo el número de habitantes.

Además, el presidente del Principado ha subrayado que, aunque el acuerdo definitivo se tiene que adoptar en el CPFF, en la negociación de la financiación autonómica siempre hay reuniones bilaterales, y ha recordado que en la reforma de 2009 el entonces presidente gallego y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudió a esos encuentros.

El “síndrome preelectoral precoz”

Barbón ha acusado a Queipo de “estar a lo que le ordena Génova” y ha afirmado que si fuera él el que tuviera que negociar la financiación autonómica para Asturias “no se atrevería jamás” a defender los intereses de la comunidad.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha insistido en que Queipo sufre “el síndrome preelectoral precoz” y “cree que hacer oposición es decir no a todo” ante su “incapacidad” de presentar una alternativa.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha enfrentado este jueves al primer examen en la Comisión del Congreso que fiscaliza su cartera con el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que presentará Presupuestos para 2027 bajo el brazo. Por cuarta vez en lo que va de legislatura, el Ejecutivo dice que habrá cuentas públicas. Pero, esta vez, y a poco más de un año para el fin del mandato, el Gobierno se ha encontrado con los recelos de sus socios parlamentarios.

“Ayer el presidente anunció que vamos a poner en marcha la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027. Mañana mismo se publicará la orden de elaboración y, este mes, el ministro de Economía actualizará el cuadro macro para traer a esta cámara unas cuentas que nazcan del diálogo”, ha desgranado España en su estreno en la Comisión de Hacienda, donde acudió para presentar las líneas fundamentales de su departamento dos meses después de su nombramiento en sustitución de María Jesús Montero.

El anuncio de Sánchez ante el Cercle d’Economia confirmó el elefante en la habitación de que, tras varios retrasos, tampoco habrá unas cuentas actualizadas en 2026 y las de 2023, aprobadas a finales de 2022, seguirán en vigor durante todo el ejercicio. 

Pero, para los socios, el boato con el que el presidente dio el pistoletazo de salida a los Presupuestos del año que viene se aleja de una negociación presupuestaria tradicional y tiene más que ver con la necesidad del Gobierno de ganar oxígeno entre tantos frentes judiciales, e iniciar una larga precampaña que desembocará en la convocatoria de elecciones generales.

“Un anuncio de precampaña”

La portavoz del PNV en la Comisión de Hacienda, Idoia Sagastizabal, ha sido la más clara en su dudas, al plantearle una pregunta muy directa al ministro España: “Llevan anunciando esa negociación mucho tiempo. (...) ¿Es un intento de estirar la legislatura o un déjà vu de lo que ocurrió en 2019?”. En aquel año, el proyecto presupuestario fue tumbado en el Congreso y Sánchez adelantó las generales a abril.

La diputada jeltzale ha reconocido que hubo conversaciones con su grupo parlamentario de cara a unas potenciales cuentas para 2026, ya descartadas, pero ha asegurado que el contexto ha cambiado por completo. No solo por la guerra en Irán, la razón oficial por la que el Ejecutivo retrasó la presentación de una ley que anunciaron para el primer trimestre. También por el estallido de las investigaciones judiciales en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o por la publicación del sumario de la presunta fontanera del PSOE Leire Díez.

“Hubo conversaciones con mi grupo y voluntad de acuerdo, pero ese ya no es nuestro punto de partida. No dé aquella negociación por heredada”, ha advertido Sagastizabal.

La tentación de que la coalición de PSOE y Sumar use esos presupuestos como programa político, aunque sepan que no va a salir adelante, también ha provocado recelos en otro de los socios clave de la legislatura: ERC. La diputada Pilar Vallugera ha asegurado que son “escépticos y críticos” con lo que, directamente, han tachado de “anuncio de precampaña”. “Creemos que, con la tesitura y las circunstancias actuales, seguramente es la necesidad de empezar ya la precampaña”, ha asegurado.

A la reunión de la Comisión no han acudido ni EH Bildu ni Junts, los otros grupos parlamentarios que habitualmente necesita el Gobierno para ahormar sus mayorías. Por el Grupo Mixto, ha sido el representante del BNG, Néstor Rego, quien ha dado el toque de atención al Ejecutivo.

“Permítame que acoja este anuncio con toda prudencias, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la cuarta ocasión, el cuarto año, en que se anuncia la realización de los PGE y, como es bien sabido, en los últimos tres años no llegó a concretarse”, ha afeado.

Una herida en la que ha ahondado el portavoz popular, Pedro Puy: “Ahora dicen que van a traer un Presupuesto. Antes no lo traían porque había incertidumbre a escala internacional. ¿Estamos ante una operación publicitaria porque estamos muy próximos al año electoral?”, se ha cuestionado.

España ha tratado de responder a las dudas de sus socios asegurando que los compromisos adquiridos –y por cumplir– del Gobierno se abordarán en las cuentas públicas. “Vamos a cumplir los acuerdos con los distintos grupos parlamentarios de investidura. (...) Esos compromisos, cuando iniciemos el diálogo, los repasaremos uno a uno y veremos su encaje en el Presupuesto”, ha dicho.

La financiación autonómica será “multilateral”

El ministro de Hacienda se ha reafirmado en que el impulso de las cuentas públicas no solo permitirá tener los primeros presupuestos de la legislatura, sino que permitirá avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica que impulsó la exvicepresidenta Montero.

Esta misma semana, el Ministerio envió una serie de cartas a las comunidades autónomas para citarlas a reuniones bilaterales para abordar el modelo, con el objetivo de desembocar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –el órgano multilateral que reúne a la Hacienda nacional con los consejeros regionales– para un último debate antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Pero la mayoría de los gobiernos populares dieron un portazo a esa petición, negándose a esa bilateralidad en la negociación.

“Hubo un CPFF, que es un órgano multilateral, donde se planteó el modelo. En ese consejo la ministra anunció que habría reuniones con los distintos gobiernos autonómicos para luego volver a una mesa multilateral [de nuevo el CPFF] y luego al Congreso de los Diputados”, ha insistido. “Se quiera o no se quiera, el modelo siempre es multilateral porque se decide en el Congreso de los Diputados”, ha zanjado.

Una vez pasado el trámite de la Comisión, el ministro se enfrenta a un fin de curso, antes de las vacaciones de verano, en el que tendrá que presentar la senda de estabilidad para elaborar las cuentas públicas y enviar la reforma del modelo de financiación autonómico al Congreso. También está pendiente la aprobación de la quita de la deuda. “Yo, que soy optimista, intento mirar las cosas hacia delante”, ha asegurado España.