La situación financiera de la Comunitat Valenciana afronta un horizonte de máxima complejidad económica, según las estimaciones recogidas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su último informe. Las proyecciones de la entidad señalan que el endeudamiento de la autonomía superará los 66.000 millones de euros, una cifra equivalente a casi el 35% del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico. Paralelamente, la carga por el pago de intereses experimentará un repunte del 476% entre los ejercicios 2022 y 2029, al pasar de 361 millones a 2.080 millones de euros anuales.

Ante esta radiografía contable, el portavoz de Hacienda del PSPV en las Corts Valencianes, José Díaz, ha exigido una rectificación inmediata al Consell para la aceptación formal de la quita de más de 11.000 millones de euros planteada por el Ministerio de Hacienda. El diputado socialista ha tachado de “kamikaze financiero” la postura del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, tras rechazar el mecanismo de absorción de deuda propuesto por el Ejecutivo central.

Díaz considera una “indecencia política” la renuncia voluntaria a reducir el pasivo en el actual escenario de encarecimiento de los tipos de interés. Según las estimaciones expuestas, la factura bancaria anual de 2.080 millones mermará la capacidad presupuestaria autonómica en áreas prioritarias como la asistencia sanitaria, la gestión de la dependencia o la construcción de vivienda pública.

Disputa por la estrategia presupuestaria

El portavoz socialista ha enmarcado la posición del Ejecutivo autonómico dentro de una lógica de política estatal y ha acusado al jefe del Consell de “anteponer su candidatura a las cuentas de la Generalitat” para mantener la disciplina orgánica de su partido ante la dirección nacional. A juicio del grupo socialista, resulta incoherente esgrimir el problema de la infrafinanciación estructural histórica mientras la administración valenciana declina utilizar “la manguera” de la quita de deuda para aliviar las arcas públicas.

Desde el PSPV advierten sobre las consecuencias de abonar más de 2.000 millones de euros al año en concepto de costes financieros en un marco autonómico castigado por la infrafinanciación. En este contexto, la formación socialista exige al president el abandono de posturas partidistas con el fin de formalizar el acuerdo de condonación de los 11.000 millones de euros, de modo que el presupuesto autonómico pueda liberar recursos para la mejora de los servicios públicos esenciales en los próximos ejercicios.

La situació financera de la Comunitat Valenciana afronta un horitzó de màxima complexitat econòmica, segons les estimacions recollides per la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) en el seu últim informe. Les projeccions de l’entitat assenyalen que l’endeutament de l’autonomia superarà els 66.000 milions d’euros, una xifra equivalent a quasi el 35% del producte interior brut (PIB) autonòmic. Paral·lelament, la càrrega pel pagament d’interessos experimentarà un repunt del 476% entre els exercicis 2022 i 2029, en passar de 361 milions a 2.080 milions d’euros anuals.

Davant d’aquesta radiografia comptable, el portaveu d’Hisenda del PSPV a les Corts Valencianes, José Díaz, ha exigit una rectificació immediata al Consell perquè accepte formalment el quitament de més d’11.000 milions d’euros plantejat pel Ministeri d’Hisenda. El diputat socialista ha titllat de “kamikaze financer” la postura del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, després de rebutjar el mecanisme d’assumpció de deute proposat per l’Executiu central.

Díaz considera una “indecència política” la renúncia voluntària a reduir el passiu en l’actual escenari d’encariment dels tipus d’interés. Segons les estimacions exposades, la factura anual d’interessos de 2.080 milions d’euros minvarà la capacitat pressupostària autonòmica en àrees prioritàries com l’assistència sanitària, la gestió de la dependència o la construcció d’habitatge públic.

Disputa per l’estratègia pressupostària

El portaveu socialista ha emmarcat la posició de l’Executiu autonòmic dins d’una lògica de política estatal i ha acusat el cap del Consell d’“anteposar la seua candidatura als comptes de la Generalitat” per a mantindre la disciplina orgànica del seu partit davant la direcció nacional. A parer del grup socialista, resulta incoherent esgrimir el problema de l’infrafinançament estructural històric mentre l’Administració valenciana declina utilitzar “la mànega” del quitament de deute per a alleujar les arques públiques.

Des del PSPV adverteixen de les conseqüències d’abonar més de 2.000 milions d’euros a l’any en concepte de costos financers en un marc autonòmic castigat per l’infrafinançament. En aquest context, la formació socialista exigeix al president l’abandonament de postures partidistes amb la finalitat de formalitzar l’acord de condonació dels 11.000 milions d’euros, de manera que el pressupost autonòmic puga alliberar recursos per a la millora dels serveis públics essencials en els pròxims exercicis.

Acaban de cumplirse dos años de una de las investiduras más agitadas que se recuerdan. Y eso que, en Catalunya, ha pasado casi de todo en los últimos años. El 8 de agosto de 2024, Salvador Illa se convirtió en president de la Generalitat, pero el foco político se lo arrebató Carles Puigdemont, que ese mismo día hizo una aparición fugaz en Barcelona, antes de volver a esfumarse en dirección a Bélgica, donde permanece desde 2017.

La principal tarea que el president socialista se impuso entonces es que capítulos como aquel no se repitan en Catalunya. En sus palabras, “normalizar la situación política”. El contexto le ha ayudado aunque no del todo. La ley de amnistía se pactó unos meses después a cambio de los votos de Junts a la investidura de Pedro Sánchez, pero aun los principales líderes políticos catalanes, como el propio Puigdemont u Oriol Junqueras, no han podido disfrutar de sus efectos. Y, sin ello, el president sabe que la “normalización” no es completa.

Con todo, las cosas han cambiado mucho en Catalunya en los últimos años, con un independentismo a la baja y un Govern que con frecuencia saca pecho de su apuesta por la “colaboración” en vez de la “confrontación”. El principal objetivo de Illa se da, por tanto, casi por logrado.

Sin embargo, en el ecuador del mandato, el president está encontrándose con problemas difíciles de resolver y que desgastan a un ejecutivo que llegó con la promesa de la buena gestión. En la rueda de prensa de balance de este último semestre, Illa reconoció al menos dos: el que tiene que ver con la cartera de la Educación, donde ha mantenido un pulso con los profesores aún no resuelto, y el de la movilidad, con Rodalies como eterna fuente de quebraderos de cabeza del Govern.

Después de reconocer “dificultades” en ambas cuestiones, Illa respondió en el mismo tono triunfalista que marcó todo el balance de su gestión. “Tendremos una movilidad y una educación excelentes y no pasará demasiado tiempo antes de que lo veamos”, aseguró en la última comparecencia antes de irse de vacaciones.

Para cumplir esta promesa, el Govern tendrá que dar la vuelta a unos problemas persistentes en los últimos años. En el ámbito de Rodalies, los datos son desalentadores. El servicio de Renfe cerró el primer semestre del año con un 16% menos de usuarios que el mismo periodo de 2015, y eso que durante algunos de esos meses los billetes fueron gratuitos.

Rodalies, tras un semestre negro

Pese al optimismo con el que el Govern encaraba el arranque de 2026, los problemas se acumularon en la red ferroviaria tras el accidente de Gelida, el 20 de enero, tras lo cual hubo días en el que el servicio permaneció cerrado, algo que nunca había pasado, y la recuperación de algunas líneas se demoró mucho más allá de lo previsto por la Generalitat.

El Govern lo confía todo a dos aspectos. Por un lado, que lleguen los 110 convoyes encargados por Renfe. Unos trenes nuevos que siempre se consideraron como un hito de mejora del servicio, pero de los que aún no se tiene noticia pese a que ya deberían llevar meses en servicio según lo pactado con la operadora del Ministerio.

En segundo lugar, el Govern confía en el cambio de operadora de Rodalies, que en los próximos meses debe pasar de la propia Renfe a una mixta participada por la propia Generalitat, aunque bajo el paraguas de la empresa ferroviaria del Estado. La nueva empresa, que tendrá como nombre Rodalies de Catalunya, por el momento sigue sin desarrollarse y cuenta como único trabajador con su máximo responsable, Òscar Playà. La promesa era que comenzase a funcionar en enero de 2027, un horizonte cada vez más asfixiante.

Los problemas en Educación vuelven en septiembre

En el ámbito educativo, el curso pasado estuvo marcado por las huelgas de docentes que se acabaron convirtiendo en el principal pulso laboral al Govern de Illa. Maestros y alumnos se fueron de vacaciones sin haber encarrilado este conflicto, que volverá en septiembre y, cuando parecía que el año escolar no podía acabar peor, la exclusión de Catalunya de las pruebas PISA acabó suponiendo la sacudida definitiva en el sector.

El próximo 8 de septiembre será la primera jornada de curso y, también, la primera convocatoria de huelga. El mensaje que envían los docentes es claro: quieren demostrar que el conflicto laboral está vivo desde el primer día. El malestar acumulado a lo largo de los últimos años, sumado a una negociación errática y descuidada del Govern, acabó con los trabajadores de la Educación en pie de guerra.

El Departamento dirigido por Esther Niubó cometió un error fatal al llegar a un acuerdo con los minoritarios CCOO y UGT fuera de la mesa sectorial, lo que calentó los ánimos de USTEC y CGT, mayoritarios. Posteriormente, USTEC acabó firmando un nuevo pacto, pero fue rechazado por la mayoría de los trabajadores. El malestar tiene diferentes aristas porque, a la cuestión salarial, se suman quejas sobre la dotación del modelo de escuela inclusiva, la burocratización o incluso los currículums.

Sobre el fiasco en las pruebas PISA, de las que Catalunya ha sido expulsada por primera vez en la historia, la explicación de Educación es que, durante la celebración de las pruebas, en los centros catalanes se excluyó a un porcentaje de alumnado demasiado elevado para las exigencias de la OCDE, que es quien organiza estos tests internacionales. El máximo fijado por esta entidad es el 5%, pero en los centros catalanes se dejó al margen al 23% del alumnado seleccionado.

En su comparecencia de balance, Illa aseguró que “iría hasta el final” para conocer lo ocurrido, una frase que ya ha pronunciado en otras crisis. El president, sin embargo, ratificó su confianza en la consellera Niubó.

Nuevas cuentas y pensando en la financiación

Pese a los incendios sufridos por el Govern en las carpetas de Rodalies y profesores, Illa cruza el ecuador de su mandato habiendo aprobado unos presupuestos, una carta que durante mucho tiempo se le había resistido. Tras un largo estira y afloja con ERC, finalmente los republicanos se unieron a socialistas y comuns para aprobar unas cuentas propias de los tiempos de buena recaudación, claramente expansivas y con amplio margen para hacer inversiones.

Illa puede respirar tranquilo en lo relativo a la parte presupuestaria al menos durante todo 2027, que además es año de elecciones municipales. Sin embargo, la batalla económica que el president deberá luchar a la vuelta de las vacaciones es la nueva financiación autonómica. La propuesta del Gobierno está sobre la mesa y pasará primero por un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 4 de septiembre, para acabar en el Congreso, previsiblemente antes de fin de año.

El president está convencido de que la nueva financiación no decaerá porque bien el PP, que gobierna comunidades muy beneficiadas con la propuesta, o bien Junts, serán incapaces de dejar morir el proyecto. “Pido al resto de comunidades la misma responsabilidad que ha tenido Canarias”, dijo Illa, después de que la autonomía insular anunciase su apoyo a la nueva financiación. “Y, a las formaciones catalanas, les pido que piensen en Catalunya”, remató.

El estudio, elaborado por el investigador Ángel de la Fuente, analiza la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2024, recientemente publicada por el Ministerio de Hacienda, y concluye que la Comunidad de Madrid aportó el 26 % de sus ingresos al fondo común de financiación, seguida de Cataluña (8 %) y Baleares (7 %).

Esas aportaciones son redistribuidas entre el resto de comunidades autónomas de régimen común. En el caso de Extremadura, los recursos recibidos a través de estos mecanismos de nivelación representan más del 72 % de la recaudación obtenida por los tributos cedidos, una proporción solo superada por Canarias, donde alcanzan el 96 %.

El informe destaca que la financiación autonómica aumentó en 14.400 millones de euros respecto a 2023, lo que supone un crecimiento del 9,45 %. Este incremento se explica por la mejora de la recaudación tributaria y se produjo en un contexto en el que la inflación cerró el ejercicio en el 2,8 %, por lo que también supone un aumento de la financiación en términos reales.

El sistema de financiación combina recursos procedentes de la recaudación tributaria de cada comunidad con aportaciones del Estado y mecanismos de solidaridad interterritorial destinados a garantizar una financiación similar para la prestación de los servicios públicos fundamentales.

Pese a ello, el informe vuelve a poner de manifiesto los desequilibrios existentes entre comunidades. Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha continúan siendo las autonomías peor financiadas en términos de financiación efectiva por habitante ajustado, una situación que, según Fedea, se repite año tras año con el actual modelo.

En cuanto a la evolución relativa entre 2023 y 2024, Extremadura perdió algo más de 1,5 puntos en el índice de financiación efectiva por habitante ajustado, un descenso similar al registrado por Cantabria y solo inferior al de Baleares, que retrocedió 3,7 puntos. También Canarias perdió posiciones, mientras que Cataluña mejoró ligeramente, al igual que Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Por el contrario, Madrid continúa siendo la comunidad con mayor capacidad financiera dentro del régimen común y, junto con Aragón, es una de las que más ha mejorado su posición relativa en el último ejercicio, según las conclusiones del informe de Fedea.

El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, ha exigido al Consell de Pérez Llorca que acepte “cuanto antes” el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que supondrá que en 2027 la Generalitat recibirá 3.669 millones adicionales, así como la condonación de 11.200 millones de la deuda autonómica, tras comprobar cómo la hipoteca de gastos comprometidos con cargo a ejercicios futuros por parte del Ejecutivo valenciano se ha disparado superando los 75.000 millones de euros, tal como revela la Cuenta General de 2025 accesible ya en la web de la Conselleria de Economía y Hacienda.

José Díaz ha subrayado que resulta “incomprensible que Pérez Llorca anteponga los intereses del PP a los de los valencianos y valencianas negándose a que el Gobierno de Pedro Sánchez nos reduzca la deuda en 11.200 millones y a que nos sitúe en la media de la financiación por habitante de las comunidades autónomas después de 25 años”.

El socialista recalca que el nuevo modelo, impulsado actualmente por el ministro valenciano de Hacienda, Arcadi España, “pondrá fin a dos décadas y media de infrafinanciación, cuenta con el respaldo del grupo de expertos en financiación autonómica nombrados por las Corts y constituye todo un hito para la Comunitat Valenciana, motivo por el que resulta vergonzoso e inaceptable que Pérez Llorca y el PP se plieguen a los dictados de Ayuso y de Feijóo y pretenda que los valencianos continuemos en la cola de la financiación”.

El responsable del PSPV-PSOE advierte de la situación de “quiebra” de un Consell del PP “que ha vaciado la caja con regalos millonarios a los patrimonios más elevados, ha convertido en negocio la sanidad con las privatizaciones y no es capaz de gestionar ni las emergencias ni las finanzas de la Generalitat”. Según explica, la Cuenta General revela que el volumen de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros ascienda, a 31 de diciembre de 2025, a 75.795 millones de euros, lo que supone un incremento del 22% respecto al último año completo de gestión del Consell del Botànic, 2022, es decir, 13.571 millones de euros más comprometidos.

De los más de 75.000 millones hipotecados, la friolera de 69.031 millones son el principal y los intereses de la deuda que arrastra el Consell, un lastre que se ha disparado con el Consell de Mazón y de Pérez Llorca un 25% (13.888 millones), respecto a 2022, cuando ascendía a 55.143 millones. También se ha incrementado considerablemente respecto a 2024, nada menos que un 7,5%, mientras el pasivo (principal de la deuda e intereses) ha aumentado en 3.669,5 millones, un 5,6%.

“La hipoteca ha seguido creciendo a pesar de que este Consell se ha aprovechado de la buena marcha de la economía gracias a las políticas del Gobierno de España, de forma que en 2025 las transferencias con cargo al modelo de financiación supusieron unos ingresos de 15.921 millones de euros, un 47,5% más que en 2022, cuando ascendieron a 10.797 millones de euros. La pregunta es qué hacen con el dinero, más allá de la constatación de que son unos gestores pésimos”, alerta el parlamentario socialista.

En aquella misión, según publicaban los distintos medios, más de 1.200 migrantes que se quedaron en Ceuta y Melilla tras la operación del Ejército

El Govern manté el seu rebuig a la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic, encara que ha valorat positivament que s'hagi ajornat al mes de setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per debatre aquest acord.

En la roda de premsa posterior al Consell de Govern, el portaveu de l'Executiu, Antoni Costa, ha considerat que el retard de la convocatòria, després de la petició de les comunitats autònomes governades pel PP, “obre una nova línia” i és “una bona notícia”.

El Govern, ha continuat, formularà propostes per millorar la reforma del sistema i que tingui en compte les principals reivindicacions de Balears encara que, segons el portaveu, continua sent “pessimista”.

El Govern mantiene su rechazo a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, aunque ha valorado positivamente que se haya aplazado al mes de septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir este acuerdo.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha considerado que el retraso de la convocatoria, tras la petición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, “abre una nueva línea” y es “una buena noticia”.

El Govern, ha continuado, formulará propuestas para mejorar la reforma del sistema y que tenga en cuenta las principales reivindicaciones de Baleares aunque, según el portavoz, sigue siendo “pesimista”.

Las comunidades y ciudades autónomas recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por los impuestos estatales cedidos -como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales-, de los que corresponde 4.819 millones a Extremadura, un 7,8% más que en 2026.

Según el Ministerio de Hacienda, si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 5.094 millones, un 9,7% superior en comparación con el anterior ejercicio, lo que significa que “nunca el Gobierno extremeño había contado con tantos recursos”.

A nivel nacional los 170.529 millones son un 8,1% más que este ejercicio y de nuevo una cifra récord, según el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer esta cifra a los gobiernos autonómicos el día en que estaba prevista la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se iba a votar el nuevo modelo de financiación, y que finalmente ha sido aplazado al 4 de septiembre como solicitaron las comunidades gobernadas por el PP.

Si se añade a las entregas a cuenta la liquidación de 2025 -una vez conocidas las recaudaciones reales-, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1% más que en 2026. lo que Hacienda ha calificado también, en un comunicado, como una transferencia “histórica”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año gracias al sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, que aportaría otros 20.975 millones adicionales para los territorios, y ha recordado además que se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación “histórica” de la deuda autonómica que asciende a 83.252 millones.

España ha aprovechado para volver a tender la mano a todas las comunidades para sacar adelante la reforma del modelo de financiación -que rechazan las del PP y con las que son críticas también las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias- y ha lamentado específicamente que las gobernadas por el Partido Popular “se hayan negado a negociar hasta ahora”.

El titular de Hacienda ha destacado que estas entregas a cuenta muestran “el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades” y ha reclamado a los gobiernos autonómicos que los mayores recursos se destinen a reforzar el Estado de bienestar.

Actualización de 2026 y liquidación de 2024

Hacienda ha informado también este miércoles de que las comunidades autónomas han recibido en julio el pago de 11.139 millones de euros por la actualización -recientemente aprobada en el Congreso con los votos en contra solo de Vox- de las entregas a cuenta del año en curso correspondiente a los meses de enero a junio.

Del mismo modo, los territorios van a recibir el 31 de julio otros 13.316 millones de euros del abono de la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación.

Esto supone, como ha destacado Hacienda, que el Gobierno va a transferir en el mes de julio unos 24.455 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas por la actualización de entregas a cuenta de 2026 y la liquidación del año 2024, lo que para el Ministerio “garantiza la calidad de los servicios públicos que prestan, especialmente en el ámbito de los servicios públicos fundamentales de sanidad, educación y servicios sociales”.

Las comunidades autónomas del PP han solicitado al Ministerio de Hacienda el aplazamiento de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista para este miércoles, en la que el Gobierno pretendía abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, al considerar que no disponen de la información necesaria para analizar la propuesta. En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Arcadi España, consultada por Europa Press, las comunidades firmantes reclaman que la reunión se posponga, al menos, hasta septiembre y siempre que concurran “las condiciones mínimas de información y de plazo” que, a su juicio, exige una decisión de esta “trascendencia”.

La carta llega justo después de que el Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el PP, anunciara el lunes respaldará el nuevo modelo de financiación autonómica tras ver reconocidas sus singularidades con planteamientos “razonables que no perjudican a otras comunidades”.

El resto de los gobiernos autonómicos del PP sostienen que, aunque en los últimos días han recibido un nuevo borrador del acuerdo, las actas de las reuniones y unos primeros cálculos sobre el impacto para cada territorio, Hacienda sigue sin facilitar las simulaciones “completas y homogéneas” del conjunto del sistema ni la memoria de cálculo del reparto. A su juicio, sin esa documentación resulta imposible formarse “un juicio fundado” sobre una reforma llamada a determinar los recursos de las comunidades autónomas durante los próximos años.

Asimismo, recuerdan que tras la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del pasado 14 de julio las comunidades presentaron un elevado número de observaciones que afectan a elementos estructurales del modelo, como la población ajustada, los criterios de nivelación, los fondos específicos o la aplicación gradual del nuevo sistema. Sin embargo, critican que la documentación completa de aquella reunión no fue remitida hasta el pasado 24 de julio, apenas tres días hábiles antes de la celebración del CPFF, un plazo que consideran insuficiente para estudiar las alegaciones y valorar posibles cambios.

De hecho, dudan de que los servicios del Ministerio hayan tenido tiempo para analizar las propuestas remitidas por las comunidades y sostienen que el calendario previsto evidencia que el Gobierno “no tiene ninguna intención de valorar, y mucho menos de incorporar”, las alegaciones presentadas, limitándose a cumplir un trámite formal. Por otro lado, las comunidades del PP también ponen en duda la oportunidad de abordar una reforma estructural del sistema de financiación en un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En su opinión, acometer una reforma de esta magnitud sin un marco presupuestario estatal consolidado ni unos objetivos de estabilidad vigentes resta seguridad jurídica y rigor al proceso. Igualmente, reprochan al Ministerio de Hacienda no haber explicado cómo se integrarán los nuevos recursos del sistema en la envolvente financiera del Estado ni el impacto que tendrá la transferencia de mayores recursos hacia las comunidades autónomas sobre el resto de políticas financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Las comunidades del PP sostienen además que la propuesta del Gobierno “es el fruto de un pacto bilateral con ERC” y recuerdan que se trata, “prácticamente”, del mismo modelo que el Ejecutivo presentó el pasado mes de enero, cuando fue rechazado por 16 de los 17 territorios integrados en el sistema de financiación de régimen común, incluidas Ceuta y Melilla.

A su juicio, un modelo acordado “con una sola parte y a espaldas de todas las demás” no puede aprobarse de forma acelerada con un calendario que, según denuncian, impide siquiera su examen y vulnera el derecho de todas las comunidades autónomas a recibir un trato igualitario, reconocido tanto en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) como en la Constitución.

No obstante, las autonomías 'populares' aseguran compartir la necesidad de reformar el actual sistema de financiación, vigente desde hace 16 años, para adecuarlo a las necesidades reales de gasto de todas las comunidades autónomas y a la evolución de los factores que condicionan la prestación de los servicios públicos fundamentales. En este sentido, consideran que el procedimiento seguido por el Ministerio de Hacienda “dista de responder a un verdadero mecanismo de negociación multilateral”.

Los 'populares' reprochan además al Gobierno haber presentado primero una propuesta de reforma en el seno del CPFF sin una evaluación técnica previa en el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE), haber intentado después abrir una negociación bilateral con las comunidades y, solo posteriormente, trasladar el documento al comité técnico, cuando, a su juicio, ese debería haber sido el punto de partida del proceso.

En definitiva, las comunidades del PP sostienen que la convocatoria del CTPE celebrada el pasado 14 de julio “no convalida todo lo mal hecho” y consideran que el procedimiento seguido ha “viciado por completo” la elaboración del nuevo modelo.

La consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, acusa al Gobierno de “ocultarle los datos reales” del reparto de fondos del nuevo modelo de financiación, denuncia la “falta de tiempo” que les ha dado el Ministerio para presentar alegaciones a su propuesta -“es imposible analizar reformas estructurales en tan corto plazo” y, por último, rechaza abordar esta modificación del sistema de financiación ante un escenario de “incertidumbre presupuestaria”. “Sin Presupuestos Generales actualizados ni objetivos de estabilidad no se puede hablar de esto”, concluye.

Los distintos gobiernos autonómicos van tomando posición de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles en el que se votará el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno. Justo este lunes, Canarias, gobernada por Coalición Canaria y el PP, han anunciado que votarán a favor de un sistema que reportará a los canarios 611 millones más al año. Mientras tanto, el Gobierno de Pérez Llorca sigue sin aclarar que hará. El presidente apuntó hace unas semanas que se abriría a apoyarlo si se aprobara a través de una ley orgánica, situación que no se producirá a corto plazo. Por tanto, sería complicado que Comunitat Valenciana votara a favor de un modelo que reporta a las arcas de la Generalitat 3.669 millones más al año.

El presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha anunciado este lunes el apoyo al nuevo modelo de financiación tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con los ministros de Hacienda y Política Territorial, Arcadi España y Ángel Víctor Torres. Clavijo acordó, además, un adelanto de partidas presupuestarias ligadas a la llamada Agenda Canaria a la que su partido ligó el acuerdo de investidura en favor de Pedro Sánchez. El Gobierno canario asume que el nuevo modelo de financiación autonómica reconoce sus singularidades con planteamientos “razonables que no perjudican a otras comunidades”.

Hasta ahora, el Gobierno canario, a través de su consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), había rechazado el nuevo modelo ofrecido por el Estado al considerar que la propuesta era “discriminatoria”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha valorado que “Canarias se ha querido sentar a negociar, no ha pedido cosas imposibles y no ha pedido cosas que perjudiquen a otras comunidades autónomas”, unos elementos que ha considerado propios “de una negociación franca” y que ha confrontado con lo que han hecho otros presidentes autonómicos, al plantear “propuestas que sabían que eran inviables”.

“El Gobierno de Canarias ha hecho planteamientos razonables que atienden a circunstancias específicas y que no perjudican a otras comunidades. Eso es mucho, no ha pedido máximos”, ha remarcado España, unas valoraciones que Clavijo ha relacionado con “el modo canario de hacer política, que surte efecto y da resultado”.

El Gobierno de Pérez Llorca ha venido haciendo malabares para no negarse de plano a apoyar el modelo de financiación que propone el Gobierno por sus evidentes beneficios para las arcas de la Generalitat. Pero el PP de Alberto Núñez Feijóo ha dado orden a sus barones de que se nieguen.

Tras su reunión con Arcadi España el pasado 15 de junio, el presidente de la Generalitat aseguró que “hay un criterio que es la población ajustada que se debe incluir” al tiempo añadió: “Como está la propuesta, no la podemos aceptar porque la Comunitat Valenciana queda por debajo de la media. He convencido a los barones de mi partido de que si tiene que haber una excepcionalidad en alguna comunidad es en la valenciana por ser la peor financiada y por la dana. Eso es lo que voy a defender”.

El presidente, ante la insistencia de los medios, reiteró que se abre a negociar un nuevo modelo para la Comunitat Valenciana, pero siempre dentro del Consejo de Política Fiscal, “ahí la Comunitat Valenciana irá a pedir un sistema justo, equitativo y que sea igual para todos”. En ese consejo “cada autonomía deberá hacer sus aportaciones” y ha apuntado que “el cambio de modelo no es una lucha entre territorios, eso dijo Arcadi y esa frase la comparto, todos juntos en una mesa es la mejor manera de afrontarlo”.

elDiario.es contactó este lunes con la Conselleria de Hacienda para conocer la postura que llevará la Generalitat al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, pero a cierre de esta edición no ha recibido respuesta.

Els diferents governs autonòmics van prenent posició de cara al Consell de Política Fiscal i Financera d’aquest dimecres, en el qual es votarà el nou model de finançament proposat pel Govern. Justament aquest dilluns, el Govern de Canàries, format per Coalició Canària i el PP, ha anunciat que votarà a favor d’un sistema que reportarà als canaris 611 milions d’euros més a l’any. Mentrestant, el Govern de Pérez Llorca continua sense aclarir què farà. El president va apuntar fa unes setmanes que estaria disposat a donar-li suport si s’aprovava mitjançant una llei orgànica, una situació que no es produirà a curt termini. Per tant, seria complicat que la Comunitat Valenciana votara a favor d’un model que reporta a les arques de la Generalitat 3.669 milions d’euros més a l’any.

El president canari, Fernando Clavijo, de Coalició Canària, ha anunciat aquest dilluns el suport al nou model de finançament després de reunir-se a Las Palmas de Gran Canaria amb els ministres d’Hisenda i Política Territorial, Arcadi España i Ángel Víctor Torres. Clavijo també va acordar un avançament de partides pressupostàries lligades a l’anomenada Agenda Canària, a la qual el seu partit va vincular l’acord d’investidura en favor de Pedro Sánchez. El Govern canari assumeix que el nou model de finançament autonòmic reconeix les seues singularitats amb plantejaments “raonables que no perjudiquen altres comunitats”.

Fins ara, el Govern canari, a través de la seua consellera d’Hisenda, Matilde Asián, del PP, havia rebutjat el nou model oferit per l’Estat en considerar que la proposta era “discriminatòria”.

El ministre d’Hisenda, Arcadi España, ha valorat que “Canàries s’ha volgut asseure a negociar, no ha demanat coses impossibles ni coses que perjudiquen altres comunitats autònomes”, uns elements que ha considerat propis “d’una negociació franca” i que ha contraposat al que han fet altres presidents autonòmics, en plantejar “propostes que sabien que eren inviables”.

“El Govern de Canàries ha fet plantejaments raonables que atenen circumstàncies específiques i que no perjudiquen altres comunitats. Això és molt, no ha demanat màxims”, ha remarcat España, unes valoracions que Clavijo ha relacionat amb “la manera canària de fer política, que té efecte i dona resultat”.

El Govern de Pérez Llorca ha anat fent malabars per a no negar-se de pla a donar suport al model de finançament que proposa el Govern, pels seus beneficis evidents per a les arques de la Generalitat. Però el PP d’Alberto Núñez Feijóo ha donat ordres als seus barons perquè s’hi neguen.

Després de la seua reunió amb Arcadi España el passat 15 de juny, el president de la Generalitat va assegurar que “hi ha un criteri, que és la població ajustada, que s’ha d’incloure”, alhora que va afegir: “Tal com està la proposta, no la podem acceptar perquè la Comunitat Valenciana queda per davall de la mitjana. He convençut els barons del meu partit que, si hi ha d’haver una excepcionalitat en alguna comunitat, ha de ser en la valenciana per ser la més mal finançada i per la dana. Això és el que defendré”.

El president, davant la insistència dels mitjans, va reiterar que està obert a negociar un nou model per a la Comunitat Valenciana, però sempre dins del Consell de Política Fiscal i Financera: “Allí, la Comunitat Valenciana anirà a demanar un sistema just, equitatiu i que siga igual per a tots”. En aquest consell, “cada autonomia haurà de fer les seues aportacions”, i va apuntar que “el canvi de model no és una lluita entre territoris. Això ho va dir Arcadi i aquesta frase la compartisc. Tots junts en una taula és la millor manera d’afrontar-ho”.

elDiario.es va contactar aquest dilluns amb la Conselleria d’Hisenda per a conéixer la postura que portarà la Generalitat al Consell de Política Fiscal i Financera d’aquest dimecres, però, al tancament d’aquesta edició, no havia rebut resposta.

El Partido Popular ha vuelto a cargar contra el Gobierno central y el PSOE a cuenta del nuevo modelo de financiación autonómica, al que acusa de estar plagado de incertidumbres y de reproducir, a su juicio, incumplimientos con Canarias.

En este sentido, el diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias Fernando Enseñat ha asegurado este lunes que “el Gobierno de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres volverá a incumplir sus compromisos de financiación con Canarias porque, sencillamente, es lo que han hecho hasta ahora”.

Hasta ahora, el Gobierno canario, a través de su consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), había rechazado el nuevo modelo ofrecido por el Estado al considerar que la propuesta era “discriminatoria”.

Si bien el diputado reconoce que el último documento incorpora, vía mecanismos complementarios no consolidados, algunas de las demandas planteadas por la Consejería de Hacienda del Gobierno canario, advierte de que esas mejoras “no están garantizadas” en el nuevo sistema de financiación autonómica.

A su juicio, considera “claramente insuficiente”, por lo que señala que “se tendría que haber seguido negociando para aclarar aspectos que pueden afectar a Canarias a largo plazo. Pero no gobernamos solos”, subraya el diputado.

Pese a la dureza de las críticas, Enseñat confirma que su partido no se opondrá al acuerdo, “aunque no sea suficiente y deje muchos interrogantes por resolver”, subraya.

Enseñat ha sido especialmente contundente al señalar lo que, a su juicio, se esconde detrás de la propuesta del PSOE. En este sentido sostiene que los socialistas buscan “romper el pacto de Gobierno en Canarias” y “fabricarse una excusa para incumplir sus propios compromisos”.

El dirigente popular fundamentó su desconfianza en lo que calificó como “hechos probados”, poniendo como ejemplo la gestión estatal de la crisis de los menores migrantes con derecho a asilo. Según recordó, el Tribunal Supremo tuvo que intervenir en varias ocasiones para forzar la actuación del Gobierno central, llegando incluso a calificar su respuesta como “manifiestamente inadmisible”. Un episodio que, a juicio del PP, refuerza la idea de un Ejecutivo que reacciona más por presión judicial que por iniciativa política.

A este argumento se suma el caso de La Palma, donde, según Enseñat, aún no se han materializado todos los compromisos adquiridos tras la erupción volcánica. “Ese es el historial real del PSOE con Canarias”, afirmó, cuestionando la credibilidad de los acuerdos y escenificaciones institucionales.

Enseñat insiste en marcar distancias con el PSOE y reivindica una supuesta defensa de las “especificidades” del archipiélago.

“Sabemos que el Gobierno de Sánchez y Torres volverá a incumplir sus compromisos, pero no vamos a servirles en bandeja la excusa para hacerlo”, sentencia Fernando Enseñat.

El voto favorable de Canarias al nuevo modelo de financiación autonómica no lo emitirá la consejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma, Matilde Asián, del Partido Popular, sino la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria. Así lo ha decidido el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que ha firmado un decreto de sustitución obligado por las circunstancias políticas: Asián se vería obligada a desobedecer una orden de Alberto Núñez Feijóo de votar en contra de la propuesta, a pesar de los 1.300 millones de euros adicionales que se consignarán mediante ese nuevo sistema para Canarias.

Para sortear estas circunstancias tan particulares, Matilde Asián ha decidido tomarse unos días de vacaciones para justificar su ausencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles. No consta que hayan hecho lo mismo ni el vicepresidente del Gobierno y del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ni el resto de consejeros de ese partido, como el de Educación, Poli Suárez; la de Turismo y Empleo, Jessica de León, o el de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata. Por lo tanto, el PP se agachará en esta cuestión permitiendo que Clavijo imponga a la líder de Coalición Canaria en La Palma y una de las consejeras de mayor peso en el Gobierno para este acontecimiento.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aplaudió este lunes el nuevo modelo de financiación autonómica tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con los ministros de Hacienda y Política Territorial, Arcadi España y Ángel Víctor Torres, respectivamente. Clavijo reconoció que en ese modelo se ven reconocidas las singularidades del Archipiélago con planteamientos que calificó de “razonables” que, a su entender, “no perjudican a las demás comunidades”.

El Partido Popular se mantiene en sus trece de votar en contra a pesar de que comunidades como la de Valencia, con más de 3.600 millones de euros extra, dejaría de ser la región peor financiada.

El Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el PP, respaldará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación autonómica tras ver reconocidas sus singularidades con planteamientos “razonables que no perjudican a otras comunidades” y que le reportarán 1.300 millones más al año a sus servicios esenciales.

Así lo ha anunciado su presidente, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), tras reunirse en Las Palmas de Gran Canaria con los ministros de Hacienda y Política Territorial, Arcadi España y Ángel Víctor Torres, con quienes ha acordado además el adelanto de partidas presupuestarias ligadas a la llamada Agenda Canaria a la que CC ligó el acuerdo de investidura en favor de Pedro Sánchez.

Hasta ahora, el Gobierno canario, a través de su consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), había rechazado el nuevo modelo ofrecido por el Estado al considerar que la propuesta era “discriminatoria”.

Clavijo ha valorado, sobre todo, que por primera vez va a quedar plasmado por escrito que, al calcular los recursos que Canarias recibe del sistema de financiación, no se computarán los que le llegan por su Régimen Económico y Fiscal (REF) para compensar su condición insular y la lejanía del continente, algo que de forma recurrente ha tenido que defender cada vez que se reforma el modelo.

“El REF compensa nuestras desigualdades, pero no financia la sanidad, la educación o los servicios sociales. Por primera vez en la historia, queda por escrito que eso está fuera del sistema de financiación”, ha explicado el presidente.

Además, ha subrayado que Canarias deja de estar peor financiada que la media del resto de autonomías porque el fondo de dinamización “equilibra” lo que no recibe del bloque del sistema de financiación “puro y duro, que es la Ley Orgánica”.

El ministro de Hacienda ha valorado que “Canarias se ha querido sentar a negociar, no ha pedido cosas imposibles y no ha pedido cosas que perjudiquen a otras comunidades autónomas”, unos elementos que ha considerado propios “de una negociación franca” y que ha confrontado con lo que han hecho otros presidentes autonómicos, al plantear “propuestas que sabían que eran inviables”.

“El Gobierno de Canarias ha hecho planteamientos razonables que atienden a circunstancias específicas y que no perjudican a otras comunidades. Eso es mucho, no ha pedido máximos”, ha remarcado España, unas valoraciones que Clavijo ha relacionado con “el modo canario de hacer política, que surte efecto y da resultado”.

En el pacto sobre la nueva financiación autonómica, Canarias y Hacienda también han acordado que queda fuera de ese bloque la partida con la que esta región dejó de compensar al Estado tras la extinción del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) y con la que ahora se dota el Fondo de Desarrollo de Canarias.

Clavijo ha valorado igualmente que el Gobierno se haya comprometido a dar a esta comunidad “más margen de maniobra para abordar sus retos futuros, que no son pocos, por tener un endeudamiento por debajo del exigido, en los criterios de estabilidad y superávit”, con lo que se hace “justicia con Canarias”.

Eso será posible desde que se apruebe el llamado 'Decreto Canario', un decreto ley que, entre otras cosas, habilitará a esta comunidad a usar 687 millones de euros durante tres años, según ha precisado el ministro de Hacienda.

Sobre este asunto, el presidente regional y el ministro Ángel Víctor Torres, han dicho que la intención del Gobierno es aprobarlo en Consejo de Ministros, bien el 25 de agosto o el 1 de septiembre, lo que supondrá además que La Palma cuente con la bonificación del 60 % del IRPF para su reconstrucción tras el volcán y que las islas reciban los 100 millones de euros de este año para poder acabar las compensaciones que quedan por abonar a agricultores y otros sectores.

“No todos los territorios de nuestro país son iguales ni tienen las mismas características, ni la misma estructura, ni la misma posición geográfica, y eso lo entendemos desde el Gobierno de España y lo atendemos”, ha subrayado el ministro Arcadi España.

“Canarias nunca se levanta de una mesa, otros ni se sientan”

Respecto al rechazo que ya ha mostrado el PP al modelo de financiación que ha diseñado el Gobierno, España ha dicho que, mientras que “Canarias nunca se levanta de una mesa, otros ni se sientan”, al tiempo que ha estimado que lo que hay que preguntarse es “cuáles son las razones del no para que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no quieran este modelo, que no es perfecto, pero es muchísimo mejor que el actual y pone casi 21.000 millones de euros adicionales” para el conjunto de ellas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha adelantado en esta rueda de prensa que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes un adelanto de partidas para Canarias previstas para lo que queda de ejercicio con el fin de facilitar su ejecución a esta Administración.

Entre ellas, ha citado la concesión de una subvención de 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo para Canarias, la redacción de una modificación presupuestaria de 23,1 millones de euros para compensar a las islas por las consecuencias de la guerra en Irán, y un acuerdo relacionado con actuaciones en distintas islas para fortalecer el sistema energético.

Además, se dará el visto bueno a otro acuerdo en el que se autoriza la celebración de un contrato de obras del cierre del muelle de ribera del puerto de Granadilla por un valor de 53,9 millones de euros, y otro para otro contrato de un proyecto en el puerto de La Luz y de Las Palmas por 45,3 millones de euros.

Este martes también se abordará el Plan de Pobreza, por el que Canarias recibirá 30 millones de euros, mientras que, tras la aprobación del Decreto Canarias, a finales de agosto o principios de septiembre, se prevé aprobar el Plan de Infraestructuras Hidráulicas, que son unos 23 millones de euros en el siguiente Consejo de Ministros.

Canarias recibirá 5,4 millones de euros del Estado para seguir reforzando las plantillas de profesorado de las universidades públicas del archipiélago, tras la transferencia aprobada este martes por el Consejo de Ministros dentro de la financiación destinada a las comunidades autónomas para la contratación de profesorado ayudante doctor.

La propuesta será trasladada ahora al Consejo Territorial, donde están representadas las comunidades autónomas y en el que se abordará la distribución definitiva de estos fondos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó que esta inversión, procedente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, permitirá “reforzar las plantillas de las universidades públicas” y defendió “la apuesta del Gobierno de España por este sistema educativo”.

Convenio de 1.500 millones de euros para 2022-2028

Torres recordó que el Ejecutivo central mantiene vigente un convenio dotado con 1.500 millones de euros para el periodo 2022-2028, destinado a fortalecer las universidades públicas y facilitar la incorporación de nuevo profesorado en las distintas comunidades autónomas.

En el caso de Canarias, el convenio establece la contratación hasta 2028 de 133 profesores financiados por el Gobierno de España, que, según explicó Ángel Víctor Torres, ya han sido incorporados en su totalidad. A ellos se suman otras 75 plazas cuya contratación corresponde al Gobierno de Canarias, que, según el ministro, todavía no ha contratado a ninguno de esos docentes, aunque dispone de plazo hasta diciembre de 2028 para hacerlo.

El ministro aseguró que el Ejecutivo autonómico todavía no ha contratado a ninguno de esos 75 docentes, aunque dispone de plazo hasta diciembre de 2028 para completar estas incorporaciones.

Ángel Víctor Torres subrayó además que la apuesta del Gobierno de España por la universidad pública se refleja en la evolución del empleo docente. Según explicó, desde 2018 el número de profesores en las universidades públicas españolas ha aumentado un 12%, frente al descenso del 2% registrado entre 2010 y 2017.

Los 5,4 millones de euros que recibirá Canarias forman parte de una transferencia estatal de 149,7 millones de eurosdestinada a las comunidades autónomas para seguir impulsando la contratación de profesorado ayudante doctor y adaptar las plantillas universitarias a los requisitos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), favoreciendo además el relevo generacional y la estabilidad del personal docente e investigador.

El Gobierno de La Rioja destinará este año 3.451.000 euros a la financiación de los servicios que prestan las cabeceras de comarca, una partida que, como han destacado desde el ejecutivo, ha aumentado un 9,3% desde el inicio de la legislatura, lo que supone 300.000 euros más respecto a 2023.

El presidente Gonzalo Capellán ha firmado este miércoles, 15 de julio, los convenios de colaboración con los representantes de los ocho municipios beneficiarios: Calahorra, Arnedo, Haro, Alfaro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Cervera del Río Alhama y Torrecilla en Cameros.

Durante el acto, Capellán ha defendido que esta financiación “responde al compromiso del Gobierno regional con la cooperación entre administraciones y con el fortalecimiento del territorio”. En este sentido, ha subrayado que las cabeceras de comarca desempeñan “un papel crucial” como punto de referencia para numerosos municipios de su entorno, al concentrar servicios públicos y recursos básicos.

El presidente ha señalado que “estas localidades son fundamentales para afrontar desafíos como la despoblación y el envejecimiento del medio rural”, por lo que ha insistido en la necesidad de contar con “cabeceras de comarca fuertes” capaces de ofrecer servicio de calidad tanto a sus vecinos como a los habitantes de municipios cercanos.

La alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado, ha agradecido el respaldo del Ejecutivo autonómico y ha destacado el incremento de la financiación desde 2023. Según ha afirmado, este esfuerzo económico permitirá seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos a través de una adecuada gestión de los recursos.

Por su parte, el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, ha reivindicado el papel que desempeñan estas localidades como centros de servicios para amplias zonas rurales. Ha recordado que, además de atender a sus propios vecinos, ofrecen servicios educativos, sanitarios, comerciales y administrativos a la población de municipios próximos, evitando desplazamientos más largos para acceder a prestaciones básicas.

Asimismo, también ha señalado que las cabeceras de comarca deben mantener infraestructuras y servicios que beneficien a una población mucho mayor que la censada en sus municipios, por lo que ha considerado que esta financiación reconoce “una responsabilidad territorial. Cada euro se traduce en un servicio que va más allá de la localidad que lo recibe”.

El consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha prometido seguir bajando impuestos a las familias, con especial atención al medio rural: 'impuestos cero' para la primera vivienda habitual, explotaciones agrarias prioritarias y comercios, así como para las fincas rústicas. “Reduciremos el primer tramo del IRPF a todos los contribuyentes, un 0,25% al año, para terminar la legislatura con una reducción del IRPF del 1%”, ha afirmado.

También se ofrecerán incentivos fiscales para el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes (deducción de hasta 1.500 euros al año para la primera vivienda) y para el alquiler, así como la congelación de tasas y una Ley de asistencia al contribuyente.

Financiación autonómica

También ha reprochado el planteamiento del Gobierno de España para la financiación autonómica y ha instado a negociarla “entre todos” y “desde cero”. “El Gobierno de España ha demostrado que tiene mucha prisa en satisfacer los intereses de sus socios separatistas, pero poco interés en atender las necesidades del conjunto de los españoles”, ha protestado el consejero y portavoz del Ejecutivo.

Fernández Carriedo ha pedido que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 29 de julio y ha pedido a la cámara un acuerdo unánime para presentar la propuesta en la próxima cita y poder “defender los intereses de Castilla y León” como se hizo en 2022. El procurador de Vox y vicepresidente primero de las Cortes, Carlos Menéndez, ha defendido que el modelo de financiación planteado “responde al pago de peajes políticos de Esquerra”. “Por eso lo repudiamos”, ha manifestado.

“Brechas” en la economía

La portavoz socialista en la Comisión, María Isabel Fernández, ha lamentado que en Castilla y León la economía crezca por debajo de la media española y ha criticado que la comunidad haya perdido puestos de trabajo en Industria y perdido 4.000 autónomos. “Creemos que los ciudadanos merecen un diagnóstico honesto y no un triunfalismo permanente”, ha manifestado la procuradora.

Fernández ha criticado que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), esté “desaparecido desde hace más de cien días” y le ha reprochado que haya dejado sin invertir 3.000 millones de euros en la Comunidad.

La procuradora de UPL, Rosa María Quintanilla, ha criticado el “desmantelamiento económico” de las provincias de la llamada Región Leonesa, que, en su opinión, “se está desangrando de norte a sur” y ha exigido una “reparación histórica” a estos territorios. “Exigimos un plan exclusivo para León, Zamora y Salamanca y una discriminación fiscal positiva”, ha reclamado.

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha evitado aclarar la postura que defiende su partido sobre la propuesta de financiación autonómica después de que su colega, el secretario general del PP catalán, Juan Fernández, manifestase en días pasados que “Catalunya tiene derecho a recibir más dinero que el resto si aporta mucho más”.

Estas declaraciones de Fernández fueron interpretadas por el consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, como una “defensa” del principio de ordinalidad incluido en la actual propuesta de financiación autonómica planteada por el Gobierno de España. Por ello, el consejero pidió en el día de ayer a Núñez que aclarase “qué modelo de financiación autonómica defiende su partido, dado que el principio de ordinalidad ha sido criticado en numerosas ocasiones por el Gobierno de Emiliano García-Page.

Justo este martes se ha celebrado una reunión técnica para preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio en el que se hablará, de nuevo, de financiación autonómica. El nuevo modelo sigue atascado, sin acuerdo, desde hace más de una década.

Núñez no aclara la postura de su partido

Sin embargo, Núñez no ha recogido el guante que le lanzaba Ruiz Molina, y no ha aclarado si está de acuerdo con el secretario general de los 'populares' catalanes acerca de la ordinalidad.

En lugar de ello, el presidente del PP regional ha hablado de la senda de déficit de los Presupuestos Generales del Estado que se vota hoy en el Congreso de los Diputados, asegurando que “parece que el Gobierno de España solo quiere contar con el apoyo del separatismo catalán” para sacar adelante el techo de gasto.

Hubo un tiempo en que los presidentes autonómicos viajaban a Moncloa para negociar en nombre de su tierra. Discutían con el Gobierno central, presionaban a sus propios partidos y defendían los intereses de sus ciudadanas y ciudadanos, aunque eso les costara algún disgusto en la dirección nacional. Hoy los barones populares han invertido el orden de prioridades. En nuestra Región, López Miras consulta el argumentario de Ayuso y Feijóo antes de preguntarse por las necesidades de la Comunidad que dice gobernar.

Aunque podría hacerlo de forma más constructiva, el Partido Popular puede permitirse hacer oposición al Gobierno del Estado desde el Congreso. De hecho, es su papel. Lo que resulta más difícil de entender es que esa misma lógica se traslade al Gobierno regional. Una comunidad autónoma se gobierna tomando decisiones, no llevando siempre la contraria a los gobiernos que son de otro signo político. Cuando el “no” se convierte en el único proyecto político, se renuncia a gobernar para la ciudadanía que te ha elegido.

Las últimas polémicas sobre la financiación adicional o de la dependencia son solo un ejemplo más de este desnorte político. La Región lleva años denunciando, con razón, que es una de las comunidades peor financiadas del Estado. Sin embargo, cuando se plantea una medida que supondría casi 1.200 millones de euros adicionales cada año, el Gobierno regional ni siquiera intenta mejorarla. Simplemente la rechaza. Poco importa que hace apenas dos años el propio Ejecutivo regional defendiera un déficit asimétrico para las comunidades infrafinanciadas; hoy no duda en defender exactamente lo contrario. No es que haya cambiado algo en la Región, es que el PP ha decidido que los beneficios que traería esa financiación adicional no compensan todos los titulares que pueden hacer en su contra. Lo que importa es el relato.

Dejarnos sin dinero para financiar las cuentas deficitarias y exiguas de nuestra Región es un problema. Sin embargo, este forma parte de uno más profundo: hace tiempo que nuestra clase política abandonó tener un proyecto de Región. San Esteban ya no es la sede del Gobierno regional, es la sucursal de Génova en la Región. Quizá, por tanto, deberíamos dejar de estar tan preocupados por estar infrafinanciados, y poner sobre la mesa que la ciudadanía de esta Región no tiene quien la represente.

El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria para lanzar la nueva financiación autonómica después del verano y este martes se reunirá el comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para mascar la letra pequeña que el Ministerio de Hacienda envió el pasado viernes a las comunidades autónomas del régimen común (esto es, sin las forales País Vasco y Navarra). El objetivo: llegar a que el nuevo modelo entre en vigor a 1 de enero de 2027, aunque los trámites parlamentarios y el resto de la burocracia que conlleva después probablemente lo lleve más allá de esa fecha.

El texto de la nueva financiación autonómica, al que ha tenido acceso elDiario.es, diseña un modelo en el que prima la voluntariedad del sistema –las comunidades decidirán no solo si se adhieren al nuevo formato, sino si participan de algunos de los mecanismos puestos en marcha– y que busca cumplir el “compromiso político de proporcionar mayores recursos” a los Gobiernos regionales. En concreto, cerca de 21.000 millones, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Estos recursos adicionales para las comunidades autónomas se traducen en una mayor cesión de impuestos tan relevantes como el IRPF o el IVA; la incorporación oficial al modelo de algunos tributos que ya estaban cedidos (como el de la banca); dos fondos de redistribución horizontal (entre comunidades) y vertical (desde el Estado); así como de fondos creados específicamente para hacer frente a las singularidades territoriales o competenciales, como uno para las regiones más expuestas al cambio climático u otro que recoge el IVA de las pymes en el territorio.

Una financiación a dos velocidades

Pero el modelo de Hacienda contempla una serie de flexibilidades con las que tratar de atraer a todas las comunidades, un propósito que, de momento, parece complicado. De primeras, no será obligatorio aceptar el modelo en vigor y aquellas regiones que lo deseen podrán seguir con el de 2009, el que está en vigor y caducó en 2014. “El cálculo de esta financiación se realizará como si la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se aplicara a todas las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía”, apunta el Ejecutivo en su propuesta. De igual manera, las que acepten el nuevo sistema, recibirán los fondos como si todas las regiones lo hubieran suscrito.

Si aceptan entrar al nuevo sistema, las Comunidades tendrán que indicar también si aceptan adherirse al llamado fondo IVA Pymes, con el que el Gobierno quiere premiar “el esfuerzo” de las regiones que impulsan a las empresas de menor tamaño con la transferencia del impuesto vinculado a su actividad.

Los Ejecutivos regionales también tendrán que especificar si prefieren seguir con el sistema de entregas a cuenta o si prefieren avanzar a una “caja común o compartida en el que los ingresos tributarios lleguen simultáneamente a la administración, estatal o autonómica, que corresponda”, una decisión –al igual que la del IVA de las pymes– que podrá ser revisada cada cinco años.

Relaciones bilaterales en un ámbito multilateral

Y, en el caso del mecanismo creado para financiar competencias no homogéneas de las comunidades, las regiones deberán especificar si prefieren recibir la compensación mediante transferencia, como hasta ahora, o prefiere incrementar la cesión del IVA “que se determinará en el año base [2023] en función del importe actual de estas competencias y, por tanto, será diferente en cada comunidad”, detalla el texto elaborado por Hacienda.

El nuevo sistema que propone el Gobierno “necesita”, dice el documento, de “un mayor espacio para la bilateralidad en la relación de cada comunidad autónoma con la Administración General del Estado”, una bilateralidad –demonizada por el PP– “compatible con la participación en órganos multilaterales cuando la naturaleza o el ámbito de los acuerdos así lo exija”.

La propuesta del Gobierno no aborda específicamente el ‘dumping fiscal’ entre comunidades, las bajadas de impuestos que hacen algunas regiones –singularmente, Madrid– aprovechando su mayor capacidad económica y recaudatorias en detrimento de las que disponen de menor margen. Pero sí apunta a que la propuesta “prevé mejorar la metodología actual para la determinación del valor normativo” de los tributos cedidos “a una medición más correcta de la capacidad fiscal de cada Comunidad Autónoma”. Es decir, cuánto podrían recaudar de Impuestos como el de Patrimonio con la ley en la mano y sin aplicar las deducciones que algunas comunidades todavía aplican. Esta mejora, dice el documento, “redundará en una mayor equidad y justicia de todos los cálculos del modelo”.

El documento incluye un apartado específico sobre “lealtad institucional”, en el que el Gobierno se compromete a compensar a las comunidades autónomas por aquellas “normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones en los ingresos tributarios”. Esta es una crítica frecuente por parte de las comunidades del PP, que, por un lado, exigían rebajas del IVA, pero, por otro, pedían al Gobierno que les compensara por la pérdida recaudatoria asociada. O por la subida de salarios de los funcionarios, una política decidida por el Ejecutivo pero que redunda en las cuentas de todas las administraciones.

Pero también apuntan que, cada cinco años, se revisará el impacto “de las actuaciones legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas” sobre la financiación en el seno del CPFF. Un efecto que se incorporará en la revisión del modelo para los siguientes cinco ejercicios.

El PP y Junts, en contra

Si bien desde Hacienda rebajan el carácter de la reunión de mañana a un encuentro técnico que, con anterioridad, nunca se ha publicitado, las comunidades autónomas acuden con las espadas en alza. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachó este lunes el modelo de “profundamente injusto” e “impuesto” por Catalunya. La vicepresidenta andaluza, Carolina España, lo definió como “un traje a medida para el independentismo”. Incluso el Gobierno socialista de Asturias –menos beligerante que el de Castilla-La Mancha– pidió cambios “sustanciales” a la propuesta. Solo el Ejecutivo de Canarias se mostró “muy optimista, pero no excesivamente confiado”.

El Gobierno tiene asegurada la victoria en la votación del CPFF del próximo 29 de julio, ya que cuenta con la mitad de los votos en el organismo y solo necesita del apoyo de una comunidad autónoma. Singularmente, Catalunya, que está a favor y ha participado en el diseño de la propuesta. El Ministerio de Hacienda ha tendido la mano al resto de Ejecutivos regionales, y al PP, para incorporar cambios al texto.

Pero la gran batalla se librará en el Congreso, que sí o sí ha de avalar la reforma y cada una de las leyes que efectúen la cesión de impuestos a cada una de las comunidades autónomas del régimen común. Y aquí Junts, cuyo concurso es necesario, ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad.