El adelanto electoral, anunciado este lunes por el presidente Pedro Sánchez, hace decaer decenas de leyes y reformas de calado en el Congreso. La decisión de resetear el parlamento con la llamada a las urnas pone el contador a cero de normas en las que el Ejecutivo lleva meses trabajando —algunas no exentas de polémica—, como la nueva financiación autonómica o el Estatuto Marco sanitario, la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, la ley mordaza o varios cambios en educación, que el Ejecutivo había dejado para el último tramo de la legislatura.

A la espera de que el Consejo de Ministros vuelva a aprobar este martes los decretos de vivienda, que el Congreso tumbó el viernes con los votos de PP, Vox y Junts, estos son los proyectos en marcha que se quedan en el aire con la convocatoria electoral:

Se retrasa la reforma de la financiación autonómica

Del ámbito económico, quedan en el aire las grandes promesas en las que La Moncloa había cimentado el futuro de la legislatura. No se aprobará ni la reforma de la financiación autonómica, caducada desde 2014 —y que el Gobierno había sacado adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera— ni la condonación de 80.000 millones de deuda pública de las comunidades, que lleva desde finales de 2025 atascada en la Comisión de Hacienda del Congreso. Y de los Presupuestos, ni rastro.

En materia laboral, no salió adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, pero el Gobierno aún tiene en sus manos la posibilidad de reforzar el registro horario mediante un reglamento. Confían en hacerlo en octubre. Pero por el camino se quedan otras reformas clave, como la de transparencia salarial por sexos o la absorción de pluses del salario mínimo. A dos meses de que acabe el año, los autónomos tampoco saben cuánto pagarán en cuotas a la Seguridad Social en 2027, algo que podrían lanzar a través de un Real Decreto-Ley.

Sin protección de menores en redes sociales

En La Moncloa sí tenían la esperanza de hacer avanzar la que era su gran apuesta de la legislatura: la Ley Orgánica para la protección de personas menores de edad en los entornos digitales, la que elevaba hasta los 16 años el mínimo legal para abrir una cuenta en redes sociales, creaba una app para verificarla y hacía responsables a las tecnológicas de los daños que causan los algoritmos.

Al vicepresidente Carlos Cuerpo le quedará la espina de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un proyecto que quería retomar a la vuelta del verano y que ya decayó con el adelanto electoral de 2023, entonces impulsado por Nadia Calviño. La reforma del FROB queda en el aire, como también la única ley del ministro de Industria, Jordi Hereu, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, en el Congreso desde 2024. El campo esperaba que la Ley de Agricultura Familiar, del ministro Luis Planas, permitiera garantizar la continuidad de explotaciones agrarias familiares. También decae, en plenas protestas del sector.

Las grandes reformas en Educación y Sanidad, en el aire

El Estatuto Marco es una de las normas que más quebraderos de cabeza ha dado al Ministerio de Sanidad. El Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas la primera gran reforma de las condiciones laborales de todo el sistema público de salud en 23 años. Unos cambios que las comunidades autónomas pidieron retirar y que no cuenta con el beneplácito de los sindicatos médicos, que han convocado una huelga indefinida para el próximo 28 de octubre. La norma, que queda ahora en el limbo, reducía las guardias médicas obligatorias de 24 a 17 horas, la jornada laboral máxima a 45 semanales y forzaba la convocatoria de oposiciones cada dos años.

La labor legislativa de Sanidad se ve interrumpida por más frentes. Otra de las grandes reformas era la Ley de Gestión Pública, que buscaba “blindar” la sanidad pública frente a los fondos de inversión, limitar la colaboración público-privada y frenar la privatización de hospitales. En periodo de enmiendas está también la ley del medicamento y la que buscaba dar más peso a las organizaciones de pacientes. Y la reforma de la ley del tabaco, con la que Sanidad quería prohibir fumar en playas y terrazas y equiparar los vapers al tabaco. Este sería el primer gran cambio en esta materia en 16 años, pese a que las anteriores reformas redujeron notablemente el hábito tabáquico y —pese a las disputas políticas— se aprobaron por consenso.

La “legislatura del profesorado” se va a cerrar en el mejor de los casos diluida y en el peor, sin ninguna medida aprobada que mejore la situación de los docentes. El Gobierno tenía cuatro grandes reformas pendientes. La reducción de las ratios de alumnos por clase en Primaria y Secundaria y la rebaja de horas lectivas semanales, que se tramita en el Congreso en forma de ley, decaerá por el adelanto electoral. Las bajadas de ratios en el resto de enseñanzas, el fin de los “chiringuitos” de Formación Profesional y la reforma de las oposiciones ni siquiera han llegado al Consejo de Ministros, aunque podrían aprobarse como real decreto.

Para la etapa universitaria, Sánchez había anunciado su intención de regular que todos los títulos tuvieran al menos un 50% de doctores y un 40% de trabajadores indefinidos. La ministra Milagros Tolón anunció que iba a convocar por fin los sexenios de transferencia para el personal investigador. Ambas cuestiones quedan ahora en el aire.

Freno al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

Sánchez comenzó el curso político con un acto sobre el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que llegó al Congreso en septiembre y se ve frustrado apenas un mes después. La propuesta, lanzada en agosto de 2025 en plena oleada de incendios, ha sido una de las prioridades de la vicepresidenta Sara Aagesen y ha necesitado un proceso de consulta, análisis y redacción de muchos meses. A la negativa de base del PP y Vox, se habían unido las reticencias del PNV, BNG y también Junts. Tampoco se hará realidad, al menos de momento, el Parque Nacional del Mar de las Calmas (El Hierro), el primero 100% marino de Europa.

En energía, la medida pendiente más importante es la nueva Planificación de las redes de alta tensión hasta 2030 (más de 17.000 millones de euros de inversión) anunciada para antes de 2027. Si bien esta tramitación no se hace a través de ley —la aprueba el Consejo de Ministros—, todavía se está presentando a las Comunidades Autónomas y parece difícil que se apruebe. Por otro lado, este mes se cerró la consulta pública para un decreto de regulación de los centros de datos con exigentes criterios de consumo de renovables, que ha puesto en contra a todo el sector.

También está pendiente la nueva regulación del autoconsumo y de las comunidades energéticas. Y un procedimiento de operación para el nuevo mecanismo de capacidad (antiapagones). Entre lo que no verá la luz está un anteproyecto de ley de hidrógeno y gases renovables anunciado en enero. O la recuperación de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El blindaje del aborto en la Constitución

El Ministerio de Igualdad tiene en el Congreso, aún en tramitación, su ley más importante: la de violencia vicaria, que preveía incorporar una agravante específica en el Código Penal y que estaba en pleno debate entre los grupos con visos de prosperar. Lo que era difícil que saliera adelante era la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto, para la que se requieren unas mayorías que exigen el apoyo de un Partido Popular que se opuso desde el primer momento. En el aire quedan el Pacto de Estado contra los discursos de odio y la ley que castiga con penas de cárcel las terapias de conversión LGTBI, cuya tramitación estaba avanzada al estar ya en el Senado.

También decaerá la Ley de Familias, si bien el Ministerio de Derechos Sociales había conseguido aprobar los nuevos permisos por hijo.

La Ley Mordaza sigue sin ser derogada

En el mismo sentido, se queda sin aprobar la ley que iba a eliminar los delitos de injurias al rey y de ofensa a los sentimientos religiosos, una norma que había comenzado su andadura este 2026 y que no verá la luz, al menos en esta legislatura. Como decae, otra vez, la imposible derogación de la ‘ley mordaza’ en todos sus términos. Aunque en las últimas legislaturas sí se ha rebajado la dureza de las sanciones que contempla y se han eliminado algunos de sus artículos más lesivos —como el que ponía en duda derechos sindicales— el PSOE ha bloqueado los intentos de desmontar esta norma puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Tampoco saldrá ya adelante la ampliación de las indemnizaciones a las víctimas o sus familiares que fallecieron o padecen lesiones incapacitantes debido a su lucha por la democracia en el tardofranquismo y la Transición. El Gobierno aprobó estas ayudas el pasado marzo, a través de un Real-decreto ley que fue convalidado por el Congreso, por lo que está en vigor. Sin embargo, los grupos acordaron tramitarlo como proyecto de ley para que su ámbito temporal se alargara hasta 1983 y no solo hasta 1978, como está reconocido ahora.

Otro clásico que no podrá tramitarse es la reforma de la franquista Ley de Secretos Oficiales. En cada legislatura, el PNV lidera los embates parlamentarios contra esta norma. En las dos últimas, además, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha presentado sendos proyectos del Gobierno para reformular una ley que aleja a España de la transparencia de los países de nuestro entorno. La nueva ley tendrá que esperar.

Saharauis sin nacionalidad

El adelanto electoral implicará el final de la tramitación de la ley que reconoce la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo dominio español, pero también a sus descendientes. Aprobada en el Congreso con 168 ‘síes’, 31 ‘noes’ y 145 abstenciones, estaba pendiente de la tramitación en el Senado, donde el PP había presentado enmiendas.

Tampoco se podrá tramitar el nuevo sistema de asilo y la reforma de la Ley de Extranjería a cuenta del recientemente aprobado pacto migratorio en la Unión Europea, y que dificulta la entrada en Europa de personas migrantes, facilita las devoluciones en caliente o a terceros países y limita las solicitudes de asilo. Sí se mantiene en vigor la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que obliga a las comunidades autónomas a acoger a menores migrantes.

Otro varapalo para la Ley del Cine

La Ley del Cine, que llevaba desde diciembre de 2022 esperando a ser aprobada, seguirá durmiendo el sueño de los justos. Los sucesivos adelantos electorales fueron retrasando la norma, que se aprobó en Consejo de Ministros en 2024. Entonces, Vox y PP presentaron una enmienda a la totalidad que fue rechazada el pasado 18 de junio, y los principales interlocutores del sector se encontraban analizando las enmiendas presentadas por el resto de partidos. El adelanto deja de nuevo paralizada una ley que venía a modernizar una industria que ha cambiado radicalmente en los últimos diez años, con la entrada de las series y la inteligencia artificial y a redefinir la figura del productor independiente frente a las grandes plataformas.

Esta información se ha elaborado con la colaboración de las secciones de Sociedad, Política, Economía y Cultura de elDiario.es.

Pedro Sánchez se ha reunido este lunes en el palacio de Pedralbes de Barcelona con los representantes de la patronal catalana, en el marco de la agenda oficial del presidente del Gobierno en la capital catalana. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha asistido al almuerzo.

Los líderes empresariales, agrupados en la plataforma denominada G8, han trasladado a ambos dirigentes sus preocupaciones en torno a los retos que afronta el tejido empresarial catalán, así como diversas propuestas sobre cuestiones como la financiación autonómica, las infraestructuras, la vivienda, la inmigración, el tamaño de las empresas y otros factores relacionados con la competitividad empresarial.

Como representantes del G8, en la reunión han participado Josep Lluís Sanfeliu, presidente de Barcelona Global; Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona; Teresa Garcia-Milà, presidenta del Cercle d’Economia; Carles Puig de Travy, decano del Colegio de Economistas de Catalunya; Tatxo Benet, presidente de FemCat; Antoni Cañete, presidente de Pimec, y Josep Mateu, presidente del RACC.

Pendiente del decreto

Tras el almuerzo, Sánchez ha visitado una promoción de vivienda pública en el Poblenou de Barcelona, en plena negociación del llamado “decreto Maricarmen” y a 24 horas de su posible aprobación en el Consejo de Ministros.

Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han acompañado a Sánchez a “Illa Sibèria”, una promoción de alquiler asequible gestionada por la Fundació Hàbitat 3. Se trata de 42 viviendas de protección oficial construidas en el espacio que ocupaba una antigua fábrica de hielo en la calle Badajoz.

Los vecinos recibieron las llaves a principios del mes de julio y los alquileres oscilan entre los 429 y los 502 euros mensuales, en función de la superficie de cada vivienda.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha vuelto a defender este martes a su socio en el Ejecutivo regional, el PP, resaltando en el Parlamento la “lealtad” de los populares al nuevo sistema de financiación autonómica, que está avalada por “todo” el Gobierno y que supondrá (si se aprueba en el Congreso) que las Islas reciban 1.300 millones de euros más del Estado al año. Sin embargo, a renglón seguido, Clavijo ha reconocido que los grupos políticos se deben a la “disciplina de voto”, asumiendo así el voto en contra del PP en Madrid cuando haya que respaldar el nuevo modelo de financiación.

No obstante, se ha mostrado “optimista”, dado que como el nuevo acuerdo beneficia a Cataluña (beneficia todas las comunidades, sobre todo a Andalucía), es “probable” que cuente con el apoyo de ERC y Junts, dejando en manos de estos partidos, y no de su socio, el PP, la aprobación de este modelo que, según él mismo ha declarado, “es muy bueno para Canarias”.

Así se ha pronunciado Clavijo en respuesta a preguntas de NC-bc y PSOE en la sesión de control del pleno del Parlamento este martes, donde ha insistido en que es “más fácil” que se apruebe el nuevo sistema que los Presupuestos Generales del Estado, y ha ironizado con que es un hombre “pacífico” que no se “pelea con nadie” y aboga por el “diálogo”, y este acuerdo no genera ningún “agravio” entre las comunidades autónomas.

El rechazo del PP

Durante estas semanas de negociación con el Estado, la consejera de Hacienda de Canarias, del PP, se ausentó de las dos votaciones, por lo que el Ejecutivo regional tuvo que mandar a una consejera de CC para respaldar la propuesta. Desde el PP canario solo se ha ofrecido una explicación a su negativa: no se fían de Sánchez.

Clavijo, que ha evitado señalar al PP por su rechazo, ha reconocido que el acuerdo “hace justicia” con Canarias y por ello sería una “mala noticia” que no se aprobara ya que acaba con “agravios históricos” y da más recursos económicos para financiar los servicios públicos.

El presidente sí que ha pedido “no mezclar” al Gobierno con los grupos políticos y entiende que ante la “crispación” que reina en el Congreso de los Diputados no se puede “garantizar” el acuerdo que, en todo caso, está respaldado al completo por su Ejecutivo, incluidos los miembros del PP, cuyos compañeros, los diputados canarios del PP, previsiblemente, votarán en contra en Madrid.

No es la primera vez que Clavijo debe explicar en el Parlamento canario por qué CC vota una cosa y el PP la contraria: ya ocurrió también con el decreto para la gratuidad de las guaguas, las bonificaciones para La Palma y la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para descongestionar los centros de menores migrantes en las Islas.

Clavijo, sin embargo, ha obviado estas cuestiones y ha apuntado que el Gobierno [sin el PP] ha negociado bien porque también se separa el REF del sistema de financiación y en caso de no salir adelante, ya es una “posición de salida” para futuras negociaciones.

Sobre la condonación de la deuda ha apuntado que el Gobierno está en contra porque es “injusta” con las islas, pero ha vuelto a precisar que el asunto está ahora en el ámbito de los partidos en el Congreso.

Un PP “plegado a la estrategia” de su dirección nacional

Luis Campos, portavoz parlamentario de NC-bc, ha apuntado que el Gobierno de Clavijo “es el Gobierno del relato, del bulo, artistas del cuento, los mejores del mundo”, a raíz de su “cambio de posición” con el sistema de financiación, que es “positivo” para el archipiélago pero ha pasado de “maltrato absoluto” a “acuerdo histórico” por apenas 200 millones.

Ha preguntado también “por qué han cambiado de opinión” con la condonación de la deuda cuando “no ha cambiado ni una coma” y han aceptado 3.259 millones y que se tope el 50% -el portavoz de CC, José Miguel Barragán, precisó que se votó a favor únicamente de que continuara la tramitación-.

“Ahora es una cifra bonita, aceptable, han ido mintiendo y construyendo un relato”, ha indicado.

Sebastián Franquis, portavoz del Grupos Socialista, ha pronosticado que el PP “votará en contra” del sistema de financiación pese a que “hace justicia” con las islas, lo que “demuestra una vez más” que el PP canario “no tiene autonomía política” y se pliega a la “estrategia” que marca la dirección nacional.

Por ello, ha reclamado a Clavijo que no sea “impasible” ante el PP pues se trata de “elegir entre los intereses de Canarias” o “lo que hace el socio”.

Pedro Sánchez ha defendido este domingo su gestión de la crisis de Ceuta y ha prometido que el Gobierno pondrá “todos los recursos necesarios” para que la ciudad autónoma “volverá a la normalidad”. Al tiempo, ha acusado a PP y Vox de hacer una “oposición destructiva” y de buscar la foto de la crisis de Ceuta para ganar votos pero no querer que se resuelva. “Ceuta saldrá adelante pese a que se han instalado en el cuánto peor para España mejor para nosotros”, ha asegurado.

El presidente del Gobierno se ha referido a la situación de la ciudad fronteriza en la Fiesta de la Rosa, el mitin anual que el PSC celebra en la localidad Barcelonesa de Gavá y en que este año ha participado Sánchez. Delante de los sociales catalanes, el jefe del Ejecutivo ha sacado pecho por haber hecho “el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta, con 309 millones de euros; 80 millones de euros antes de que acabe el año y, a principios octubre, autónomos y pequeños empresarios recibiendo transferencias directas”, ha dicho.

Acogido con vítores por la militancia socialista, que le ha dedicado gritos de “no estás solo” al inicio del acto, Sánchez ha lanzado todos sus dardos contra los dos principales partidos de la derecha, de quienes ha pronosticado que van a perder “tanto las municipales de 2027 como las generales de 2027”.

“PP y Vox tienen diferentes siglas, pero la misma agenda. Van en el mismo coche y comparten ruta y prejuicios”, ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha calificado de hecho que “socava la democracia” las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo para suspender el voto de 400.000 nacionalizados a través de la llamada ley de nietos. “El Supremo tendrá que resolverlo y yo no voy a criticar una decisión que obviamente no comparto, pero no voy a perdonar a PP y Vox por plantear este recurso”, ha afeado.

“El voto se protege y se ejerce. No vamos a aceptar españoles de primera y de segunda porque tengamos candidatos de tercera”, ha continuado Sánchez. En la misma línea, ha subrayado que la ley de nietos es análoga a la concesión de la nacionalidad a los sefardíes, acordada con un gobierno del PP, o a los saharauis, votada hace dos semanas y apoyada también por el PP. “Es una ley de 2022 que el PP siempre había apoyado”, ha resaltado Sánchez, que ha considerado que el Alberto Núñez Feijóo hace seguidismo de Vox.

Sánchez también ha guardado unos minutos para recordar el escándalo del ático en el que se ha enmarañado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Se han gastado seis millones de euros en el aticazo, y 20 o 200 páginas después aún no sabemos la versión oficial”, ha recalcado Sánchez. “Ayuso dijo que era un despacho oficial, Feijóo que era una residencia oficial… falta Aznar, que dirá que es un coworking”, ha cargado en tono humorístico.

En un domingo en el que Sánchez ha coincidido en Catalunya con Feijóo, que participaba en un acto en Badalona, el presidente del Gobierno ha aprovechado para lanzar un mensaje en clave catalana a favor de la reforma de la financiación autonómica.

“Resulta inconcebible que el PP y Vox voten en contra de tener mes recursos económicos para financiar los servicios públicos de las comunidades autónomas”, ha dicho, porque la nueva financiación va a dar a las comunidades más de 21.000 millones de euros. “El único que pierde aquí es el Gobierno, que no va a poder disponer de esos 21.000 millones”, ha dicho.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha intervenido antes que el presidente, ha reclamado “comparar” las políticas que hacen los gobiernos donde mandan los socialistas de aquellos gobernados por la derecha. Por eso, ha dicho, la elección es “Trump o Sánchez” y, también, “Abascal, Aznar y Feijóo o Sánchez”.

En la misma línea, Illa ha pedido a Feijóo que se “quite los complejos” y haga autocrítica. “¿Vas a reconocer una vez por todas que la amnistía ha funcionado en Catalunya? ¿Que la convivencia ha funcionado?”, le ha preguntado, tras asegurar que la derecha no tiene proyecto par Catalunya ni para España.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado este viernes al secretario general de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, por “no defender una financiación justa” para la región durante su encuentro con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, acusándole de actuar como “embajador del sanchismo” y de estar “totalmente rendido” a la dirección de su partido.

Sánchez Juliá ha cuestionado el reparto del modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno , señalando que genera “una España de dos velocidades” que deja a la comunidad en el “vagón de cola”.

Según ha expuesto, de los 21.000 millones de euros extraordinarios articulados en el modelo, Catalunya es la comunidad más beneficiada mientras que Extremadura “recibe cero”. Por ello, ha reprochado a Cotrina que se haya fotografiado con Illa en el marco de la Diada sin reclamar la misma solidaridad para Extremadura con la que los extremeños contribuyeron históricamente al desarrollo catalán.

La comparecencia se ha producido tras una reunión con el responsable nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), José Luis Peral, y la secretaria general de la entidad en Extremadura, Candelaria Carrera. En este marco, el Grupo Popular ha anunciado el registro de una propuesta de pronunciamiento en la Cámara regional para instar al Gobierno de España a aplicar la Directiva Europea 2020/285 sobre el IVA franquiciado. Esta normativa permitiría que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año puedan decidir no repercutir ni declarar el IVA.

Junto a la exención del impuesto, la iniciativa del PP reclama sustituir las liquidaciones trimestrales por una única declaración anual simplificada con el fin de minorar los trámites burocráticos del sector.

Finalmente, Sánchez Juliá ha evaluado la marcha del Plan de Autónomos 2024-2027, dotado con 316 millones de euros acordados con las organizaciones representativas,, destacando que la región cuenta actualmente con 576 trabajadores autónomos más que el año pasado.

El Pleno del Parlamento de La Rioja ha dado luz verde este jueves a una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el Grupo Parlamentario Popular mediante la cual se exige la retirada inmediata de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica planteada por el Ejecutivo central. La iniciativa, aprobada gracias a la mayoría de la formación conservadora en la Cámara regional, califica el modelo estatal de “injusto e insolidario” y sostiene que rompe el principio de igualdad entre territorios, al tiempo que advierte de los riesgos de pérdida de capacidad financiera para sostener la sanidad, la educación y la dependencia en la región.

El texto aprobado reclama la elaboración de una nueva propuesta que se negocie de forma multilateral, transparente y mediante un consenso amplio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entre sus ejes centrales, la iniciativa demanda que el futuro modelo garantice la suficiencia de los servicios públicos esenciales y el reconocimiento explícito de las singularidades de La Rioja, tales como la dispersión geográfica, el envejecimiento poblacional, la baja densidad demográfica y el consecuente mayor coste relativo en la prestación de servicios a la ciudadanía.

Asimismo, la PNL insta al Ejecutivo central a articular mecanismos transitorios de compensación mientras no se alcance un marco consensuado, con el fin de evitar la infrafinanciación de la comunidad. Durante la defensa de la iniciativa, la diputada 'popular' Mar Cotelo ha argumentado que el texto resulta plenamente coherente con la defensa de los servicios públicos esenciales y la solidaridad interterritorial, señalando que la propuesta actual del Ministerio de Hacienda carece de respaldo mayoritario y solo cuenta con el apoyo explícito de Cataluña y Canarias.

En su intervención, Cotelo se ha apoyado en informes técnicos y previsiones del propio Ejecutivo regional para alertar de que La Rioja podría salir perjudicada en términos de financiación relativa por habitante ajustado. Según ha expuesto la parlamentaria, pactos bilaterales o al margen del marco multilateral “distorsionan el sistema, generan agravios y debilitan la cohesión territorial”, reduciendo la capacidad real de la comunidad para sostener las prestaciones sociales a pesar del esfuerzo fiscal de los contribuyentes.

El debate ha servido también para contraponer modelos de gestión de las cuentas públicas. La portavoz del PP ha advertido de que la reforma prevista implicará un coste estimado de 21.000 millones de euros anuales, rememorando la reforma del modelo efectuada en 2009 durante la etapa de Zapatero para denunciar el riesgo de incremento del déficit público. Frente a ello, ha reiterado que su formación no se opone a una renovación del sistema actual, sino a un diseño concreto que consideran fiscalmente insostenible.

Finalmente, el Grupo Popular ha rechazado de pleno las enmiendas registradas por la oposición. Desde la bancada 'popular' han justificado este rechazo al considerar que las enmiendas de los grupos de la izquierda diluían el rechazo expreso al proyecto del Gobierno central, eliminaban las cláusulas relativas a las compensaciones transitorias y restaban concreción a las exigencias planteadas para blindar las singularidades riojanas en el reparto de fondos públicos.

El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, han coincidido este jueves en reclamar a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que negocie con el Gobierno de España las mejoras que considere necesarias para Extremadura en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Illa ha defendido esta vía durante una rueda de prensa en Mérida junto a Sánchez Cotrina. “Hable con el ministro, que negocie y haga su trabajo y diga lo que pide”, ha señalado el presidente catalán, que ha asegurado que no critica que un dirigente defienda que su territorio “vaya mejor”, pero ha planteado qué alternativas propone además de expresar su rechazo.

El president de la Generalitat ha señalado que esa negociación bilateral es la vía que ha seguido Canarias y ha añadido que también existe la posibilidad de introducir modificaciones durante el trámite parlamentario del nuevo sistema de financiación. “Para eso está el Parlamento, para la discusión política y no solamente para polarizar”, ha defendido.

Illa ha considerado que lo que “no es aceptable es la crítica sin sugerir alternativas” y ha insistido en que la tramitación en el Congreso constituye una oportunidad para modificar los proyectos antes de su aprobación. También ha señalado que es “natural” que las distintas comunidades autónomas quieran mejorar su posición dentro del sistema.

El PSOE extremeño reclama negociar con el Gobierno

Sánchez Cotrina ha defendido igualmente la necesidad de intentar mejorar el modelo de financiación y ha reprochado al Gobierno de Guardiola que no se siente bilateralmente con el Ejecutivo central para plantear sus demandas. “Si nosotros entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica, lo podemos rechazar de plano”, ha señalado el dirigente socialista, que ha añadido que, además de expresar el rechazo, se debe intentar “mejorar de manera bilateral”.

El secretario general del PSOE extremeño ha criticado que la Junta no sea capaz de sentarse con el Gobierno de España para “defender las cosas del comer de Extremadura”. “No es tan difícil, hemos visto el ejemplo en otras comunidades autónomas”, ha afirmado.

Sánchez Cotrina ha asegurado que Extremadura “nunca se va a conformar a seguir como estamos” y que los socialistas van a “pelear hasta el final por mejorar” el sistema de financiación.

El dirigente socialista también ha cuestionado la posición de la Junta y ha planteado que al Ejecutivo extremeño podría interesarle que el actual sistema siga adelante ante la posibilidad de que otro Gobierno tenga que gestionarlo en el futuro y tenga que afrontar el peso de otras comunidades, como Madrid, Andalucía o la Comunitat Valenciana, con realidades demográficas y económicas diferentes a la extremeña.

La reunión entre Illa y Sánchez Cotrina se produce un día después del encuentro que el presidente catalán mantuvo con María Guardiola en Mérida. En aquella reunión, Illa defendió el nuevo modelo de financiación, mientras que la presidenta extremeña trasladó su rechazo al sistema planteado por el Gobierno central.

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha defendido este miércoles ante la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central, rechazado por el Ejecutivo extremeño por considerar que genera “agravio y desigualdad”.

Illa ha sostenido, durante su visita a La Zarza (Badajoz) con motivo de la celebración de la Diada en Extremadura, que el sistema propuesto “no solo no perjudica a nadie, sino que nos beneficia a todos”. El president ha defendido que el modelo es compatible con el principio de solidaridad y ha destacado los 21.000 millones de euros adicionales que incorpora para sanidad, educación y políticas sociales.

Preguntado por las críticas de la Junta, Illa ha reclamado que quienes cuestionan la propuesta planteen una alternativa. “Ganaría siempre credibilidad quien al criticar el modelo propusiera uno alternativo, cosa que no he visto”, ha señalado.

La visita de Illa a Extremadura ha incluido este miércoles un encuentro con Guardiola, después de que ambos hayan mantenido posiciones enfrentadas sobre el nuevo sistema de financiación. Antes de esa reunión, el presidente catalán ya había avanzado que trasladaría a la presidenta extremeña “la solidaridad siempre, especialmente ahora, de Cataluña con el conjunto de España”.

Tras ese encuentro, la presidenta extremeña ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el agradece a Illa “su amabilidad y el reconocimiento a los extremeños que se fueron a Cataluña para ayudar a levantarla con sus brazos y su dignidad”.

Guardiola ha añadido que ha trasladado al president los motivos del rechazo de Extremadura al nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España: “El objetivo es que no vuelva a repetirse una emigración obligada por falta de oportunidades. Y para ello necesitamos un sistema que tenga en cuenta el verdadero coste de la prestación de servicios fundamentales en Extremadura. Queremos una España unida y cohesionada”.

Un homenaje a los extremeños que emigraron a Catalunya

El otro eje de la visita ha sido la emigración extremeña a Catalunya. Illa ha elegido La Zarza, un municipio especialmente marcado por ese fenómeno, para celebrar la Diada y homenajear a quienes abandonaron Extremadura durante las décadas de 1960 y 1970. Ante la escultura de bronce de un emigrante con una maleta en la mano, el presidente catalán ha recordado a los más de 100.000 extremeños que emigraron a Cataluña y ha asegurado que construyeron “la Catalunya que hoy tenemos”.

Entre 1960 y 1980 fueron cerca de 520.000 extremeños los que emigraron hacia zonas industrializadas y unos 120.000 se trasladaron a Cataluña, según los datos citados de la Fundación Cultura y Estudios de CCOO de Extremadura.

Illa ha reivindicado a quienes emigraron como “gente trabajadora” que tuvo que marcharse para desarrollar su proyecto de vida. “La emigración no es un plato de buen gusto, se hace muchas veces por necesidad”, ha afirmado.

También ha apelado a la experiencia de los emigrantes para abordar las migraciones actuales y ha defendido que las identidades territoriales no son incompatibles. “Uno puede ser catalán y extremeño”, ha señalado.

La jornada ha comenzado con la recepción de Illa en el Ayuntamiento de La Zarza, donde el alcalde, Francisco José Farrona, ha reivindicado los vínculos creados por la emigración. Farrona, nacido en Granollers como hijo de una familia extremeña emigrada a Catalunya, ha defendido que la migración “no solamente mueve personas, crea puentes”.

El alcalde ha reclamado además que la memoria de aquella emigración sirva para que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de elegir su futuro: “Que nuestros jóvenes puedan viajar, trabajar y estudiar fuera si quieren, pero que también puedan quedarse en Extremadura si ese es su deseo”.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha descartado que los ocho diputados socialistas que representan a la comunidad autónoma vayan a romper la disciplina de voto en el Congreso cuando tengan que pronunciarse sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Desde su punto de vista eso no es “razonable”.

Hoy ha sido preguntado por los medios sobre esta cuestión después de que en los últimos días se deslizase esta idea desde diversos ámbitos políticos e institucionales vinculados al PSOE castellanomanchego. Sabrido ha dicho contemplar “muchas cuestiones” aunque ninguna de ellas le lleva “a pensar, ni siquiera remotamente, que pudiera haber un acto de indisciplina en el Congreso los Diputados de Castilla-La Mancha”.

“En el Congreso se podrá debatir el modelo de financiación. Por ello, a priori, decir que no se va a votar o se va a votar me parece inoportuno. En segundo lugar, yo a los que conozco personalmente y políticamente, no creo que estén en esa clave”, ha dicho en alusión a eso ocho parlamentarios, entre los que se encuentra el actual secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez.

“No creo que apoyar al Gobierno de España sea traicionar a Castilla-La Mancha”

El delegado se ha explayado hoy en sus declaraciones, después de hacer evidente las tensiones internas en los últimos días, en una entrevista concedida a elDiario.es Castilla-La Mancha.

“En tercer lugar no me parece razonable, y es que como no lo contemplo ni me parece razonable, no creo que apoyar al Gobierno de España sea traicionar a Castilla-La Mancha”.

“Entiendo que los diputados en el Congreso de los Diputados, de los que yo me siento muy orgulloso, fueron elegidos dentro de una lista encabezada a nivel nacional por Pedro Sánchez, votada fundamentalmente por gente progresista. Y votar en contra de Pedro Sánchez en el Congreso sería defraudar a los que votaron a Pedro Sánchez y satisfacer a la derecha y a la extrema derecha, que desde hace mucho tiempo abogan por derribar a Pedro Sánchez”, ha zanjado.

El Gobierno de Page insiste: “Nos opondremos de todas todas”

En paralelo, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha vuelto hoy a rechazar la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Ejecutivo español.

“No es un buen sistema de financiación para Castilla-La Mancha”, es más, ha dicho el vicepresidente, es “un pésimo sistema de financiación para Castilla-La Mancha” y “no vale decir que vamos a recibir más dinero del que recibimos actualmente”. “Faltaría más que, después de 12 años en aprobar un sistema de financiación, que el Estado no pusiera más recursos para las comunidades autónomas”.

Según el vicepresidente socialista, “no se trata de que recibamos más dinero” sino que “se trata de cómo se distribuye ese dinero” porque con la propuesta que se hace de distribución “salimos más perjudicados que con el actual sistema”.

Según ha explicado José Luis Martínez Guijarro, un castellanomanchego va a recibir todos los años algo más de 200 euros menos que un catalán para financiar los servicios públicos. “¿Por qué?”, se ha preguntado el vicepresidente.

“No se trata de que haya más dinero en el sistema de financiación, sino de cómo se reparte y esto lo provoca el criterio de ordinalidad”, que a su juicio es “una barbaridad” porque “quien más tiene, tiene más derechos”. “Eso es inaceptable; el delegado del Gobierno tendrá el mandato de defenderlo pero es indefendible desde una óptica progresista”, ha apostillado.

En todo caso, matizaba, desde el gobierno de Emiliano García-Page van a seguir oponiéndonos “de todas todas” a ese sistema de financiación y esperan que “no salga”.

“Esperamos que el Gobierno de España le entre un poco de cordura y acabe no presentándolo y que nos sentemos todas las comunidades autónomas porque es un sistema que está avalado por dos comunidades autónomas: por Catalunya, que es la gran beneficiada, y por Canarias, que tiene un régimen especial, y por lo tanto el sistema de financiación no se le aplica de una misma manera que al resto de las comunidades autónomas”. Es un argumento similar al que mantiene el Gobierno castellanomanchego en la última década.

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el naviero Vicente Boluda, ha opinado sobre la propuesta de la reforma del sistema de financiación del Gobierno que “lo que va delante, va delante”.

Antes de un almuerzo de trabajo de los miembros de AVE con el ministro de Hacienda, Arcadi España, Boluda ha sido preguntado por cómo ve la propuesta del Gobierno central a las comunidades autónomas, antes del trámite en el Congreso, y ha respondido con el dicho valenciano “El que va davant, va davant (lo que va delante, va delante)”.

Tras lamentar que se opte por “decir sistemáticamente que no a algo”, ha propuesto “tomarlo, y de ahí como un punto de partida por poder ir a más” antes de añadir que no cree que sus compañeros de AVE, entre los que en el almuerzo de hoy estaba Juan Roig, piensen “muy diferente”.

Ha proseguido que si se añaden ahora los más de 3.600 millones de euros al modelo de la Comunitat Valenciana la cifra de infrafinanciación no seguirá aumentando en tanta medida año tras año, y se evitará que lo que “se ha dejado atrás” en ingresos supere los 12.000 millones en cuatro años y siga “haciéndose la cuenta más grande”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido dejar a un lado “el ruido, la furia y la crispación” política para que los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados negocien y aprueben el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, que ha calificado de “oportunidad histórica”.

En declaraciones a los periodistas antes del almuerzo de trabajo con los miembros de AVE, España ha propuesto a los partidos una reflexión en torno a los datos y cifras, y les ha instado a pensar “en la unidad de nuestro país” para disponer de más recursos cambiando “la decisión del voto”.

Junto al presidente de AVE, Vicente Boluda, el ministro de Hacienda ha insistido en que el nuevo modelo llega 17 años después del anterior y que “ninguna comunidad autónoma pierde” porque se trata de “una oferta y propuesta que no tiene parangón en nuestra historia”.

Ha añadido, además, que “hay territorios como Murcia y la Comunitat Valenciana que no pueden esperar más y que necesitan la estabilidad para conseguir los recursos necesarios” para sufragar sus políticas de sanidad, educación y servicios sociales.

Pese a esta oferta “que mejora con mucho” lo que pedían los presidentes autonómicos, ha expresado su sorpresa de que algunos “no quieran sentarse a negociar y digan no de entrada” y ha apelado al “sentido común porque oportunidades históricas como esta”, ha recalcado, “dudo mucho que se vuelvan a repetir”.

Según las cifras del ministro, con el nuevo modelo planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se ponen 21.000 millones de euros adicionales a la financiación de las autonomías, que en el caso de la Comunitat Valenciana se cifran en 3.669 millones.

“Ni los más optimistas de los optimistas”

“Ni los más optimistas de los optimistas podían imaginar una cifra como esa”, ha subrayado España, quien no entiende que “haya comunidades del PP que no han votado a favor.

En todo caso, ha señalado que “queda una oportunidad más” en el trámite en el Congreso de los Diputados en torno a una medida que el Ejecutivo “no puede ni quiere imponer”, y ha confiado en que los grupos políticos “no dejen pasar” la oportunidad en la Cámara Baja.

Ha insistido en esta idea al comentar que, a excepción de Vox porque cree que está en contra del estado autonómico, existe un “consenso generalizado por encima de ideologías” en la necesidad de mejorar la financiación autonómica, algo que comparten también desde el ámbito de las fuerzas sociales, sindicatos y universidades.

“Al final cuando hablamos de financiación autonómica no es una cosa abstracta sino se trata de Educación, Sanidad, los sueldos de los funcionarios, la Educación Pública y la vivienda”, ha argumentado el ministro.

El Partido Popular era reticente a entrar de lleno en el debate “técnico” de la reforma del sistema de financiación autonómica, pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, porque suponía evidenciar la falta de consenso entre sus once gobiernos autonómicos sobre una propuesta de modelo alternativo.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso trató la semana pasada de impedir que el debate territorial saltara de pantalla, arengando al resto de presidentes autonómicos del PP a dar plantón al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde iba a votarse la reforma, forzando así al Ministerio de Hacienda a suspender el encuentro e impedir que la tramitación de la propuesta avanzara por el camino pedregoso hacia el Congreso.

El llamamiento al boicot de Ayuso no fue escuchado por sus compañeros. En el Gobierno de Juanma Moreno afean a la presidenta madrileña que, con este bandazo “ineficaz”, desviara el foco de la “derrota política” del Gobierno ese día, que logró sacar adelante su reforma con el voto en contra del 87% de las comunidades, solo con el apoyo de Cataluña y Canarias.

Andalucía comparte la estrategia de confrontación de Díaz Ayuso contra el Gobierno de Sánchez —mandato unívoco de Génova— pero el estilo de Juanma Moreno no es la “deslealtad institucional”, mascullan en su entorno. La consejera andaluza de Hacienda y vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España, acudió al encuentro con el ministro Arcadi España para trasladarle su 'no' rotundo a la propuesta de reforma, insistiendo en que “es un traje a medida para el independentismo catalán, pactado bilateralmente con ERC de espaldas al resto de comunidades”.

De los 21.000 millones adicionales que Hacienda prevé añadir a la caja común, Andalucía recibiría 4.846 millones más de los que ahora ingresa (23% del total), una cifra sensiblemente superior a la destinada a Cataluña (4.686 millones), y superior a la reclamación aprobada por el Parlamento andaluz en 2018 con los votos de PSOE y PP.

La Junta rechaza el nuevo modelo porque, según sus cálculos, bajaría varios escalones en financiación por habitante (siendo la comunidad más poblada) y siempre por debajo de la media nacional. “Andalucía recibiría 244 euros menos por habitante ajustado que Cataluña, una diferencia que se eleva a 418 euros respecto a Cantabria, 248 euros frente a Madrid y 223 euros respecto a Baleares”, advierten desde la consejería.

Pero antes de entrar en la reunión, la Junta de Andalucía había dejado por escrito sus alegaciones técnicas a la propuesta de reforma del modelo de financiación, y esas primeras alegaciones son interesantes porque dan un paso adelante en el debate: trascienden el discurso machacón esgrimido hasta ahora por Juanma Moreno, más allá del “pecado original” del pacto preferente para Cataluña, y desnudan que Andalucía sí tiene una propuesta alternativa.

Una de esas contrapropuestas del Gobierno de Moreno entronca precisamente con las reivindicaciones que María Jesús Montero, la exministra de Hacienda responsable de la reforma del modelo, hizo como consejera andaluza del ramo en 2018, cuando llevó al Parlamento el primer rediseño formal del modelo de financiación autonómica, aprobado por la Cámara con el voto sorpresivo y sorprendente de Juanma Moreno, entonces líder de la oposición y líder del PP andaluz con poco predicamento en su propio partido.

Decía entonces la exministra —y luego vino a reafirmarlo Moreno ya como primer presidente andaluz del PP— que Andalucía necesitaba urgentemente estrechar el desfase existente entre su población de derecho (la real, la empadronada) y la población ajustada (recalculada a partir de elementos de corrección, como el número de personas mayores o de nacidos; la dispersión poblacional, etc. que influyen en el gasto de los servicios).

En Andalucía, como en la Comunidad Valenciana, el problema actual de infrafinanciación no emana solo del actual modelo, sino de esa brecha entre la población real y la ajustada. En el caso andaluz, en 2018, Montero puso cifra a ese desfase: 220.000 andaluces que no computaban para el Estado en términos de reparto financiero, es decir 220.000 andaluces “que contribuyen al Estado con sus impuestos sin recibir nada a cambio”, dijo entonces.

El primer consejero de Hacienda de Moreno, Juan Bravo, hoy vicesecretario general del PP y portavoz de Hacienda en el Congreso, hizo suya esa misma premisa y actualizó la cifra en 2021: 197.879 andaluces, calculando que serían necesarios 556 millones de euros para corregir ese desequilibrio entre la población real y la ajustada.

Esto, que siempre se ha dicho en voz alta en Andalucía, encontraba la complicidad de otros territorios infrafinanciados, como Valencia, Murcia y Castilla La Mancha, con cuyos presidentes Moreno firmó sendos acuerdos bilaterales para pedir al Gobierno una reforma del modelo.

En esos acuerdos, firmados entonces por barones del PSOE y del PP, se anticipaban las contrapropuestas que la Junta ha trasladado por escrito al Ministerio de Hacienda, casi seis años después. Esas propuestas ya chocaban de frente con las reivindicaciones dispares de otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Aragón o Extremadura, que tienen su agujero financiero localizado en otros factores, como la despoblación o la dispersión de sus habitantes.

Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta, abanderó en el norte de España otro frente común de estas comunidades con singularidades comunes, y una propuesta de reforma del modelo contraria a los intereses de Andalucía. Moreno también firmaría un pacto con Feijóo para exigir al Gobierno la reforma del modelo, pero el documento no pasaría de ahí, sin ahondar en reclamaciones específicas sobre la población ajustada.

Las alegaciones que Andalucía envió al Ministerio de Hacienda hace unos días insisten en sus reivindicaciones pero, por primera vez, introducen por escrito un planteamiento que confronta con los intereses de esas otras comunidades hoy gobernadas por el PP: “en ningún caso se debe de aceptar una propuesta de población ajustada que implique una desviación de más del 1% respecto a su población de derecho”, ha trasladado la Consejería andaluza de Hacienda al Ministerio, descubriendo por primera vez una alternativa concreta.

El ministro España se congratula de que la Junta de Andalucía haya entrado, al fin, en un debate de números, y anticipa que esta propuesta golpea de frente las expectativas de una mejor financiación para Castilla y León, Galicia, Aragón y Extremadura, todas en manos del PP.

El 1% de la población real de Andalucía, según los datos del INE actualizados a 1 de julio de 2026, son 87.780 personas, un desvío notablemente inferior al que calculó Bravo en 2021, y que admitiría implícitamente un recorte del 50% de los recursos adicionales que se reclamaron entonces (esos 556 millones de euros).

El informe de la Cámara de Cuentas

Las alegaciones de la Junta tienen importancia política, primero porque meten al Gobierno de Moreno de lleno en un debate de cifras y cálculos sobre población y sobre el coste de sus servicios públicos, es decir, sobre la arquitectura misma del Estado. De esto va la película. Y la Junta ha entrado en esta película —que hoy dirige el Gobierno de Sánchez— porque arrastra desde hace años un problemón gordo que no tiene Ayuso en Madrid: una “infrafinanciación” que deja a la comunidad más poblada de España entre 4.000 y 5.000 millones por debajo de lo que le correspondería para costear eficientemente sus servicios públicos: sanidad, educación, dependencia...

La “infrafinanciación” de Andalucía con el actual modelo de reparto de fondos, caduco desde 2014, es un consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento, suscrito así en un documento aprobado en 2018, poco antes de que el PSOE perdiese el poder tras 37 años ininterrumpidos gobernando.

Esta semana, la Cámara de Cuentas ha realizado un informe de fiscalización sobre los resultados para Andalucía del sistema de financiación de las comunidades de régimen común, insistiendo en que “los recursos del Fondo de Garantía” de servicios públicos fundamentales “solo cubrieron el 78,48% del gasto liquidado, generando una insuficiencia de 4.333,15 millones de euros anuales” en esta comunidad.

“En términos per cápita, el déficit de financiación de los servicios esenciales para Andalucía se mantuvo de forma estructural a lo largo de toda la serie, aunque con una tendencia descendente: desde 971,07 euros por habitante en 2009 hasta 560,73 euros en 2023, con una media anual de 514,53 euros por habitante”, se puede leer también en el documento.

El órgano de fiscalización de la Junta de Andalucía denuncia que ese déficit de recursos tiene que ver con una mala ponderación de variables de la población ajustada, que hace que el cálculo de gasto en sanidad, educación y servicios sociales no sea correcto. Es decir, que hay un desajuste notorio entre el número de habitantes que necesitan y demandan esos servicios públicos y la capacidad de estos para dar respuesta a todos.

La Cámara de Cuentas también censura, en consonancia con la tesis del Gobierno de Moreno, “el diseño y reparto” de los mecanismos complementarios de financiación: Fondo de Suficiencia Global y Fondos de Convergencia, que considera “limitados”. Pero también cuestiona la política fiscal de Moreno —esa bajada masiva de impuestos, bandera del PP en las últimas tres elecciones andaluzas— que ha mermado los ingresos de la Junta para sostener los servicios públicos por debajo de la media nacional.

“La capacidad tributaria normativa de Andalucía se sitúa por debajo de la media de las comunidades de régimen común durante todo el período analizado, con un índice medio per cápita de 82 sobre una media de referencia de 100”. “Todas las comunidades autónomas de régimen común, con una única excepción, presentan un índice de capacidad superior al de Andalucía, que ocupa así la penúltima posición del conjunto”, reza el documento.

A Moreno le interesa hablar seriamente de la reforma del modelo de financiación, más allá de discutir que el marco inicial de debate lo ha construido el PSOE a imagen y semejanza de Cataluña, a partir de un pacto bilateral con sus socios de ERC. Y en ese debate técnico, Andalucía ha empezado a concretar sus contrapropuestas al modelo originalmente diseñado por Montero, hoy jefa de la oposición en el Parlamento regional.

La Universidad de Extremadura (UEx) afronta el nuevo curso académico con la mirada puesta en la consolidación de su financiación y en la aparición de nuevos proyectos de universidades privadas en la región. Su rector, Pedro Fernández Salguero, ha reclamado este jueves que las instituciones privadas que puedan implantarse en Extremadura estén sometidas a los mismos criterios de calidad, control y seguimiento que se aplican a la universidad pública.

“Lo que sí se debe pedir es que se apliquen los mismos criterios de calidad y control y el similar seguimiento exhaustivo que se efectúa en relación con la Universidad de Extremadura”, ha señalado el rector antes de participar en el acto de apertura del curso académico, celebrado en el campus de Badajoz.

Fernández Salguero ha reconocido que existe “preocupación” ante los proyectos de universidades privadas, aunque ha descartado que haya “miedo” en la institución. En este sentido, ha defendido la posición de la UEx, de la que ha destacado su amplia oferta académica, su prestigio y su competitividad.

“Hay preocupación, aunque no miedo”, ha afirmado el rector, que ha situado entre las prioridades de la institución la necesidad de contar con “estabilidad, recursos y confianza”.

Una financiación más estable

Durante su intervención en el acto de apertura, Fernández Salguero ha puesto en valor el incremento de financiación destinado a la universidad por parte del Gobierno extremeño, pero ha reclamado que esta apuesta tenga continuidad mediante un plan que permita dotar a la institución de un marco financiero más estable.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido por su parte la apuesta de su Ejecutivo por la UEx. Según ha señalado, el compromiso se refleja tanto en los presupuestos regionales como en medidas dirigidas al profesorado y al resto del personal, así como en becas y otros beneficios para el alumnado.

Guardiola también ha destacado las actuaciones en materia de oferta académica, modernización e investigación y ha calificado de “fundamental” la contribución de la universidad extremeña durante sus más de 50 años de historia al proceso de transformación de la comunidad autónoma.

Más de 4.150 nuevos estudiantes de grado

La UEx espera superar este curso los 4.150 estudiantes de nuevo ingreso en titulaciones de grado que registró el año pasado.

La oferta mantiene 64 titulaciones de grado, sin nuevas incorporaciones en este curso, aunque la institución ya estudia la viabilidad económica de “dos o tres” posibles nuevos grados para los próximos años. La universidad cuenta además con 15 dobles grados, 25 programas de doctorado y 45 másteres, varios de ellos de carácter interuniversitario o internacional.

Entre las novedades del curso figura la previsión de incorporar dos nuevos másteres desarrollados junto a otras universidades en el marco de la alianza europea EU Green, vinculados a las nuevas tecnologías y al mundo de la empresa.

Investidura de nuevos doctores

El acto de apertura del curso académico ha incluido también la investidura de los nuevos doctores de la Universidad de Extremadura y la participación del coro universitario.

La lección inaugural ha corrido a cargo del catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Julián Ramajo, que ha abordado el análisis socioeconómico de Extremadura, con especial atención al diagnóstico de la situación actual y a los retos que afronta la comunidad en el futuro.

La consejera de Haciendo del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), ha defendido este miércoles su “lealtad” al Gobierno regional y al acuerdo sobre financiación autonómica, que fue aprobado pese a que ella no acudió, pero ha coincidido con el vicepresidente, Manuel Domínguez (PP), en no fiarse del Gobierno central.

Asián se ausentó de las dos reuniones mantenidas por las comunidades autónomas con el Estado para abordar y aprobar el nuevo modelo de financiación, en ambos caso, por “vacaciones”, delegando su voto en otra consejera canaria, pero de Coalición Canaria, evitando así llevar la contraria a su partido, que ha criticado abiertamente el nuevo modelo, aunque beneficia sobre todo a comunidades en las que gobierna, como Andalucía.

“Vamos a esperar cómo se cumple”, ha señalado Asián en respuesta a una pregunta del PSOE en la sesión de control del pleno del Parlamento, ya que, según ella, lo que ha llegado este año a las islas con cargo a los presupuestos es “cero euros”.

Asián, que ha cuestionado la “agresividad”, según ella, del diputado socialista Manuel Hernández, ha dicho que va con la “cabeza alta” porque siempre ha defendido la “misma posición”, que Canarias estaba infrafinanciada y a la cola en la primera propuesta de financiación, que implicaba solo 611 millones más.

Finalmente, ha comentado, se ha logrado un acuerdo vía mecanismo de compensación por 726 millones adicionales y ha preguntado a los socialistas por qué se ha completado la propuesta si antes era “magnífica”.

Por su parte, Hernández (PSOE) ha comentado que para defender a Canarias “hay que estar” ya que cuando llegó el momento, en la reunión, la consejera “decidió mandarse a mudar” y anteponer los intereses de su partido a los de las islas.

El diputado le ha reprochado que haya usado la “misma excusa” en las dos oportunidades de reunión -días libres y vacaciones-, subrayando que “es intolerable que se haya escondido o la hayan escondido”.

En esa línea ha comentado que su “deslealtad con Canarias será recordada” ya que su “prioridad” ha sido “seguir la estrategia del PP” para usar la financiación “para el enfrentamiento con el Gobierno”.

“Su sueldo lo pagan los canarios”, ha apuntado, afirmando que la Consejería “no es una sucursal de Génova teledirigida por Feijóo”.

La diputada autonómica del PSOE Nira Fierro ha retado este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias al vicepresidente del Gobierno regional y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, a que los diputados canarios del Partido Popular en el Congreso apoyen el nuevo sistema de financiación autonómica, como ha hecho este partido en el ejecutivo canario.

En la pasada reunión de las autonomías con el Gobierno central para votar sobre el nuevo modelo de financiación, Canarias votó a favor porque, según el presidente regional, Fernando Clavijo, el nuevo modelo es “bueno para Canarias” y, además, “todos en el Gobierno canario lo apoyan”. Sin embargo, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, del PP, no acudió a ninguna de las dos reuniones, y delegó su voto en otra consejera, de Coalición Canaria, evitando así llevar la contraria a las tesis del PP nacional, que han criticado abiertamente el nuevo modelo, aunque suponga que las autonomías reciban más dinero, especialmente Andalucía.

Fierro ha preguntado sobre este asunto a Domínguez en el pleno del Parlamento, en donde el vicepresidente se ha excusado acusando al PSOE canario de ser “súbdito” del Gobierno central y ha replicado que no se fía de Pedro Sánchez ni de su gobierno porque el presidente es “traidor y mentiroso”. Sin embargo, no ha explicado por qué su socio, Clavijo, sí considera que el pacto es positivo para las Islas ni por qué dijo que “todos” en el Ejecutivo lo apoyaban.

La diputada del PSOE ha destacado que la propuesta de financiación autonómica supone 1.300 millones de euros más para Canarias en relación a lo que recibe actualmente, un acuerdo, ha recordado Fierro, al que se ha llegado por la negociación del Estado con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y con Coalición Canaria, y en la que, de nuevo, han estado ausentes el PP de Canarias y Manuel Domínguez, como ya ocurrió en el caso de la negociación para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes no acompañados, ha denunciado la diputada socialista.

“Demuestre su compromiso con Canarias votando sí a este sistema de financiación autonómica, exija a los diputados del Partido Popular en el Congreso que voten a favor de 1.300 millones de euros más para Canarias”, ha demandado Fierro, quien reprochó que se haya normalizado que los miembros del PP “estén ahí para calentar el sillón” y que hayan “traicionado” a Canarias durante toda esta legislatura.

Manuel Domínguez respondió que Canarias ya está mejor financiada porque no se dedica el dinero “para las juergas del Tito Berni o para comprar mascarillas falsas” y agregó que no se fía de Pedro Sánchez, al que llamó “traidor y mentiroso”.

El Gobierno de España “no ha puesto ni va a poner” los 100 millones de euros para la isla de La Palma, ni los 43 millones de euros en vivienda ni los 42 millones en empleo.

Domínguez cuestionó que el PSOE apoyara la propuesta inicial de la financiación autonómica, que suponía 600 millones de euros más, y también la propuesta final de 1.300 millones, por lo que actúan como “súbditos” del ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque, más allá de decir que no se fía, no ha explicado por qué su partido rechaza el modelo.

La Plataforma por el 5% para la Educación ha solicitado que el incremento de 1.300 millones de euros anuales en la financiación autonómica que percibirá Canarias del Gobierno central (con el nuevo modelo de financiación autonómica, que aún debe aprobarse en el Congreso) se conviertan en una “oportunidad histórica” para cumplir la Ley Canaria de Educación, que sobre el papel obliga a alcanzar una inversión en Educación equivalente al 5% del Producto Interior Bruto (PIB), algo que hasta ahora nunca se ha cumplido.

Para la organización, alcanzar este objetivo legal es una cuestión de “prioridades y voluntad política”, que se viene pidiendo desde 2014. Dicho objetivo estuvo a punto de alcanzarse durante la pasada legislatura, pero desde entonces, el porcentaje destinado ha decrecido.

En este sentido, desde la plataforma se afirma que el objetivo de alcanzar la inversión del 5% del PIB en educación es “factible” si se destina a la enseñanza una parte de las transferencias financieras del Estado previstas a partir de 2027.

Al respecto, se ha referido a Extremadura, comunidad que mantiene una dotación educativa superior al 5% de su PIB desde hace dos décadas, permitiendo plantillas docentes para atender la diversidad y la inclusión, el despliegue de la escolarización pública de cero a tres años, la reforma de infraestructuras “obsoletas” y la adecuación de las ratios en las aulas.

En cuanto a las declaraciones del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, sobre la consecución del presupuesto “más alto de la historia”, subrayan que el gasto autonómico en enseñanza supera anualmente las cifras del ejercicio anterior por la subida del IPC, entre otros. Sin embargo, en términos porcentuales, decrece.

Añade la Plataforma que en la legislatura actual, los recursos para educación han aumentado una media de “111 millones” de euros anuales, mientras que en la anterior el incremento medio fue “de 137 millones” de euros al año pese al impacto económico derivado de la pandemia de la COVID-19 y la erupción volcánica de La Palma.

Finalmente subraya que Canarias ha pasado de ser en 2002 la segunda comunidad “que más invertía” en educación, a retroceder hasta la penúltima posición del conjunto del Estado. Por ello, desde la plataforma se ha pedido al Gobierno de Canarias incrementar en 800 millones de euros el presupuesto educativo previsto para 2027 mediante la aportación de los 1.300 millones adicionales que recibirá del sistema de financiación estatal.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley que permitirá a las comunidades autónomas utilizar el superávit presupuestario de 2025 en inversiones sostenibles en 2026 y 2027, entre las que se incluyen políticas en el ámbito de la vivienda. El texto también permitirá que ocho comunidades movilicen 4.000 millones de euros procedentes de ahorros de años anteriores.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha valorado que la medida es una muestra más del compromiso del Gobierno con las cuentas de las comunidades autónomas y, por tanto, del apoyo al Estado del Bienestar, ya que son las regiones quienes gestionan competencias como Educación o Sanidad. “El Gobierno de España cumple como no ha cumplido ningún otro Gobierno con la financiación, la solvencia y la sostenibilidad de las comunidades autónomas”, ha dicho en la rueda posterior a la reunión semanal del gabinete.

En concreto, la norma aprobada este martes, que entrará en vigor de manera inmediata pero que tendrá que ser convalidada en 30 días por el Congreso, permitirá que aquellas comunidades autónomas que cerraron 2025 con un superávit presupuestario puedan destinarlo a inversiones consideradas “financieramente sostenibles” durante 2026 y 2027. Entre otras, en áreas como la política de vivienda.

El texto también autoriza a que ocho comunidades autónomas que cerraron 2025 con una ratio de deuda pública sobre su producto interior bruto (PIB) inferior al 12,4% a destinar los superávits presupuestarios de años anteriores a inversiones que no computarán a efecto del cálculo de la regla de gasto. La Ley de Estabilidad Financiera lo que fija en la actualidad es que destinen esos ahorros a amortizar su endeudamiento. Estas ocho comunidades son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia.

Según España, esta última medida permitirá 4.000 millones de euros en inversiones en su territorio. “El Gobierno es sensible por encima de colores políticos, atiende y dialoga con el conjunto y establece medidas también que son muy beneficiosas”, ha dicho.

Además, el Real Decreto-Ley incluye medidas financieras y fiscales específicas para la isla de La Palma por los daños provocados por el volcán en 2021.

Defiende el modelo de financiación

El ministro ha querido apuntalar la norma aprobada este martes con el apoyo financiero que está dando el Ejecutivo a las comunidades autónomas, a pesar de no haber sido capaces de aprobar unos Presupuestos. Así, ha puesto el ejemplo de los más de 40.000 millones de euros repartidos en Conferencias Sectoriales de Sanidad, Dependencia o Vivienda. O el proyecto de ley para condonar 83.000 millones de euros de deuda pública autonómica, así como la propuesta para reformar la financiación autonómica, que el viernes pasado aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En este sentido, España ha planteado una pregunta que, según él, se hacen los ciudadanos: “¿Cómo es posible que se disponga de más recursos que nunca y vean que sus listas de espera en sus territorios se van incrementando?”. Y ha señalado directamente a las regiones presididas por los populares: “Son las comunidades del PP las que están haciendo bajadas de impuestos a las rentas más altas y no están utilizando esos recursos extraordinarios para mejorar la calidad de los servicios públicos”.

“Que miren de verdad quién está gestionando esos servicios públicos y que juzguen y, a partir de ahí, voten en consecuencia”, ha zanjado.

Sobre las negociaciones del modelo de financiación, España ha acusado a las comunidades del PP de ser “desleales”. El ministro ha dicho que cuando los gobiernos regionales del PP “tienen que elegir o Feijóo o sus ciudadanos”, escogen al líder popular “por intereses puramente partidistas”. “Hay una doble deslealtad común en el PP: con el gobierno y con sus ciudadanos y ciudadanas, que es la importante. Con la Comunidad de Madrid, la deslealtad es triple: porque es desleal con su propio partido no acudiendo al CPFF y llamando al boicot al resto de comunidades autónomas”, ha incidido el titular de Hacienda.

El PP de Extremadura ha denunciado que el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central supondría para la comunidad disponer de 517 euros menos por habitante y una pérdida de alrededor de 600 millones de euros.

El portavoz del PP extremeño, Luis Miguel Núñez, ha advertido este lunes de que el sistema “perjudica directamente a los extremeños” y ha anunciado que su partido utilizará “todos los mecanismos jurídicos” a su alcance para defender los intereses de la región.

Núñez ha puesto el foco especialmente en los recursos adicionales que contempla la propuesta. Según ha señalado, el nuevo modelo prevé 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas, pero Extremadura no recibiría ninguna cantidad de ese fondo. “Extremadura recibe cero euros. Cero euros”, ha afirmado durante una rueda de prensa.

El portavoz popular ha vinculado la financiación autonómica con los recursos disponibles para los servicios públicos y ha advertido de que el impacto acabaría afectando a ámbitos como la sanidad, la educación o la universidad. “Estamos hablando de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, de nuestros colegios, de la universidad, del empleo, de la riqueza y de las oportunidades”, ha señalado.

El PP extremeño sostiene que el sistema de financiación debe garantizar que los ciudadanos tengan “las mismas oportunidades” independientemente de la comunidad autónoma en la que residan. Núñez ha rechazado un modelo que, a su juicio, “aumenta las diferencias entre territorios en lugar de garantizar la igualdad entre españoles”.

La financiación autonómica se ha convertido así en uno de los principales argumentos de confrontación política entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, en un debate sobre cómo se distribuyen los recursos para financiar servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El PP destaca las Medallas de Extremadura

En su comparecencia, Núñez también se ha referido al acto de entrega de las Medallas de Extremadura, que se celebra este lunes por la noche en el Teatro Romano de Mérida con motivo del Día de Extremadura.

El portavoz popular ha destacado a los cuatro galardonados de este año: Pedro Porro, José María Núñez, Guillermo Gracia y el Museo Nacional de Arte Romano, de quienes ha destacado que representan “historias muy diferentes”, pero comparten “el talento, el esfuerzo, la superación y el compromiso con Extremadura”.

Núñez ha defendido que las Medallas constituyen también una oportunidad para reconocer “la Extremadura que queremos”, una comunidad que, según ha señalado, apuesta por “la inclusión, la igualdad y las oportunidades”.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido a su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que este fin de semana cargó contra la financiación autonómica en un acto del Partido Popular celebrado en Getafe. La presidenta aseguró que el pacto es para “pagarle la fiesta a los nacionalistas y a cuatro mindundis, para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después”.

Ante esas palabras, Illa ha querido responder a Ayuso con una advertencia. “No se meta con Catalunya. No se meta con los catalanes. Aquí no hay mindundis ni ninguna fiesta. Hay gente que trabaja, que levanta la persiana; gente emprendedora y que no se queja”.

En la primera entrevista institucional del nuevo curso, en Catalunya Ràdio, Illa ha sido duro con Ayuso, que dirigió diversos dardos contra Catalunya en su discurso del fin de semana, apuntando a que el pacto fiscal “juega con el dinero de la gente” y preguntándose “¿Qué van a heredar las nuevas generaciones?”.

También cargó contra el reparto autonómico, del que Catalunya ni siquiera va a ser la comunidad que va a recibir la mayor parte de los fondos extra. “Mírenlos, si ellos tienen los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales. Miren los sueldos, miren cómo viven en Catalunya, con embajadas y todo tipo de chiringuitos”, dijo la presidenta, a pesar de que tanto el salario medio como la renta disponible de los madrileños es superior a la de los catalanes. “¿Esto lo vamos a pagar desde Madrid? No. El dinero de los madrileños no se toca y el que lo toque lo va a pagar. Eso lo juro”, aseveró.

Ante estas palabras, Illa se ha limitado a contestar con otra advertencia: “Yo de ella no hablaría mucho de residencias oficiales”. Para zanjar, el president ha extendido la mano al “conjunto de madrileños de bien”.

Siempre se declara “moderado” y católico, y a pesar de considerarse “tan español como cualquiera”, rechaza un modelo de “español único”. José Pablo Sabrido, de 72 años, además de teólogo, es un político de raza, aunque ha adquirido mayor notoriedad y visibilidad en su cargo como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, al que llegó incluso después de jubilarse.

Pero antes, fue la mano derecha de Milagros Tolón cuando era alcaldesa de Toledo. Como vicealcalde socialista de la ciudad, su trayectoria en la Administración pública y sus responsabilidades como la portavocía y las áreas de Hacienda, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, le abrieron el camino para sustituir a Tolón en la Delegación del Gobierno cuando esta última fue nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Natural de El Casar de Escalona, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ejerció la abogacía entre 1978 y 1984. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además de sus cargos municipales, también fue director del gabinete de Francisco Pardo, actual director general de la Policía, cuando fue secretario de Estado de Defensa y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué opina sobre la gestión que ha hecho el Gobierno de la crisis migratoria en Ceuta?

En primer lugar quiero expresar mi solidaridad con el pueblo ceutí y mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicho esto, se trata una cuestión compleja y dar una respuesta simple a situaciones complejas es propio de los populismos. Es evidente que cualquier solución que se dé a corto plazo siempre resulta insuficiente. Cuando hay una situación de angustia, el tiempo se hace eterno. La percepción que tenemos cuando padecemos estas situaciones es muy difícil abordarla con seriedad. Es decir, en el sentido de que el ciudadano tiene esa sensación, tiene derecho a tenerla y tiene derecho a exigir que se resuelvan pronto los problemas.

¿Hubiera sido mejorable en el caso de Ceuta?

Yo no soy un fanático para decir que es lo mejor que se ha podido hacer. Todas las cuestiones son mejorables. No sé si alguien lo haría mejor o no. Todo es mejorable. Pero creo que el proceso se ha llevado con orden, con coordinación y lo que espero es que las soluciones sean las que esperan los ciudadanos de Ceuta. Desde luego, la prudencia en una cuestión compleja y este gobierno también es prudente.

A raíz de ello ha surgido un debate en torno a la “españolidad” de Ceuta y de si apoyar a unos u otros es ser más o menos español…

Yo me siento orgulloso de ser español. Creo que Ceuta es España y no tolero que nadie se sienta más español que yo. Y también reconozco que no soy más español que nadie. Los españoles somos todos iguales. Evidentemente, cada uno podemos pensar de distinta manera. Lo que yo rechazo absolutamente es un modelo de español único. Rechazo que alguien quiera imponer que España o ser español es lo que él quiere que sea. En Ceuta, en Melilla, en Madrid, en Toledo y en cualquier sitio de España.

Principalmente, las críticas a Pedro Sánchez se han derivado de que haya estado de vacaciones. Es su derecho, pero ¿qué opina al respecto?

Si no recuerdo mal, el presidente del Gobierno, el primer día de la crisis, ya estuvo en Ceuta. Además, estar en un sitio o en otro no supone que no estés siguiendo y actuando de la manera que es conveniente. Pero yo, como decía, creo que durante todo el periodo que está durando la crisis de Ceuta —y digo que está durando porque sigue sin resolverse— el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza ha estado pendiente de dar las soluciones. Lo que pasa es que las soluciones son distintas en cada momento. En el primer momento, fue resolver el inicio de la crisis migratoria y la salida. Y eso se hizo en dos o tres días. Después se ha tenido que ir dando respuesta a la situación de los migrantes que permanecieron y permanecen aún en la ciudad de Ceuta. Y eso no se resuelve de un día para otro.

Porque, más allá, como digo, de discursos populistas, la realidad es como es. Y, aparte de respetar la dignidad de las personas, hay que cumplir con la ley. Y este Gobierno está comprometido con la dignidad y la igualdad de las personas y, por supuesto, con el cumplimiento de la ley española y europea.

¿Qué le parece el hecho de que Emiliano García-Page haya mostrado su solidaridad con Ceuta, pero el Gobierno castellanomanchego se haya negado a acoger a menores migrantes?

Yo creo que cuando el presidente Page muestra su solidaridad con Ceuta no es más que un español más de los 45 millones de españoles que somos solidarios con Ceuta. Él no es más solidario con Ceuta que el resto. Lo expresa y yo se lo agradezco. Yo también soy solidario con Ceuta. Y en cuanto a la recepción de menores, estoy seguro de dos cosas: la primera, que Castilla-La Mancha cumplirá con la obligación legal que tiene y, la segunda, que será solidaria.

La Consejería de Bienestar Social dijo que no había plazas y que el sistema castellanomanchego “no lo soportaría”.

A pesar de lo que dijera, estoy convencido de que respetará la legalidad, como no puede ser de otra manera, y que Castilla-La Mancha será solidaria.

¿Cree entonces que habrá acogida entonces en esta comunidad autónoma?

No me cabe la menor duda.

Es indudable que el inicio del curso político ha llegado con fuerza y con mucha polémica. ¿Es la hora de convocar elecciones generales?

Las elecciones serán cuando, según la Constitución, lo decida el presidente del Gobierno. Tiene que tener dos objetivos: cumplir su programa y seguir gobernando en beneficio de todos los españoles. En eso le aplaudo. Desde luego, no participo de la opinión de los que creen que se deben adelantar las elecciones solo con el objetivo de que haya un cambio de Gobierno. Eso no lo acabo de entender porque, desde mi punto de vista, será un Gobierno regresivo en los derechos sociales y económicos de España. Con lo cual, si los que abogan por un cambio de Gobierno es para que haya otro de derecha y extrema derecha, yo lo rechazo. Yo lucharé democráticamente y con respeto absolutamente a todo el mundo para que siga habiendo un Gobierno progresista en España

Ya se habló de un adelanto “técnico” de las elecciones generales. ¿Podríamos hablar del arranque de 2027 como una posibilidad?

La gente habla ya de muchas fechas, que si marzo, que si julio… En cualquier caso, me gusta ser prudente y me guío solo por un referente: serán cuando diga el presidente del Gobierno.

Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario

¿Qué opina de la polémica y tensa relación que han mantenido durante todos estos años entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez?

Es verdad que, para nosotros, para los socialistas en general y para los socialistas de Castilla-La Mancha en particular, es una situación compleja. Queremos creer y creemos que Emiliano García-Page representa el socialismo dentro de esta comunidad autónoma. Sin embargo, ciertamente, muchas de sus comparecencias parecen evidenciar lo contrario.

Yo soy de los que creen que el bienestar de los españoles, con carácter general, depende de las políticas del Gobierno de España. Es decir, de la legislación laboral, las pensiones, los salarios mínimos, la política económica, las relaciones internacionales. Todo eso lo determina el Gobierno. A eso es a lo que debemos aspirar los socialistas, y a llevar todo ello a las comunidades autónomas. Lo que me resulta complicado entender es que podemos llevar a cabo políticas socialistas en las autonomías si hubiera un Gobierno, que ojalá no lo haya, de derecha y extrema derecha gobernando España. En ese caso, yo no auguro políticas sociales.

Nos hemos ido un poco de la pregunta anterior. ¿Qué opina en concreto, entonces, de esa tensa relación entre ambos?

Sí, me estoy refiriendo al fondo de la política. Es evidente que en el año 2016 y 2017 el presidente Page no compartía el liderazgo de Pedro Sánchez. Y algunos no esperaban que Pedro Sánchez gobernara en 2018 y mucho menos que ganara dos veces más las elecciones. Pero es que además creo que la alternativa a Pedro Sánchez está lejos dentro del Partido Socialista, por lo menos hasta 2030, y ahí no está Emiliano García-Page. Creo además que él tampoco quiere estar esa hipotética alternativa.

Una de esas tensiones entre el Gobierno de Page y el de Pedro Sánchez está en la nueva financiación autonómica. El primero la rechaza al considerar que la propuesta estatal está pactada con ERC y que solo beneficia a Catalunya. ¿Usted considera que es la propuesta adecuada para las particularidades de Castilla-La Mancha?

Esto merece varios análisis. Es evidente que cualquier documento o propuesta requiere un trabajo previo, una discusión. Ese trabajo se llevó a cabo con ERC, que es un aliado del Gobierno desde 2023. Hay gente que hubiera preferido que no se hubiera pactado con este partido y que hubiera habido un gobierno de extrema derecha. Pero eso no sucedió y el hecho de que se haya negociado así no elimina la negociación con el resto de comunidades. Es decir, el mal no puede estar en el origen. El mal habrá que verlo en si en el acuerdo es mejorable o no. Cuando uno tiene socios, pacta y cuando lo hace, el pacto en sí no es malo.

Aquí vuelvo a lo de antes: nadie es más español que nadie. Yo estoy convencido de que nadie quiere más a España que el presidente Sánchez. Puede haber gente a la que le guste presumir de ser más español por no pactar con ERC, que dicho sea de paso, son españoles. Los independentistas, los republicanos, los monárquicos, todo el mundo cabe en la Constitución. Yo soy católico y español. Pero si pacto algo con los musulmanes, es que necesito pactar con los musulmanes, que también pueden ser españoles.

Entonces, ¿cuál considera que es el origen del problema?

Desde luego no es porque no se pactara con la izquierda. Decir eso me parece pobre. La financiación autonómica tiene muchas ramificaciones. Por una parte, aborda la acumulación de deudas de las comunidades autónomas, que para Castilla-La Mancha supone 4.900 millones de euros. Luego, tal y como está entendida, en estos años de Gobierno socialista, las comunidades autónomas han recibido en financiación autonómica 300.000 millones más, de los cuales más de 12.500 millones han sido para Castilla-La Mancha, para sanidad, bienestar social y educación. En total, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 1.248 millones de euros más que con el sistema de Mariano Rajoy. ¿Se puede o debe negociar querer más? Lo entiendo. Lo que no entiendo es que se diga que no a la propuesta solo porque se ha pactado con ERC.

Recientemente, hubo polémica por unas declaraciones suyas sobre el trasvase Tajo-Segura, un caballo de batalla ya histórico en Castilla-La Mancha. Ahora lo esencial es el cambio de las reglas de explotación de ese acueducto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y respetar los caudales ecológicos del Tajo. ¿Estarán listas esas nuevas normas antes de que termine la legislatura?

Las nuevas reglas de explotación son para aclarar puntos del Plan Hidrológico del Tajo para el periodo 2022-2027. Y ese proyecto, aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, fue aplaudido por Castilla-La Mancha, aunque ahora no se dice tanto. Esto quiere decir, primero, que el Gobierno de España ha aprobado un plan hidrológico que es bueno para esta comunidad autónoma, que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo aprueba y que parte de ese plan hidrológico se está cumpliendo. Cuando no se cumplen los caudales ecológicos, a mí también me molesta muchísimo, entre otras cosas, porque yo soy de un equipo que luchó por esos caudales y que recurrió el Plan Hidrológico del Partido Popular del periodo 2016-2021 y que ganamos en los tribunales.

El trasvase Tajo-Segura tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha

Pero el trasvase sigue y sigue…

El trasvase tiene que tener fin y el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha hecho en materia de agua por Castilla-La Mancha, y eso hay que reconocerlo. En este punto, me interesa mucho transcribir casi literalmente las palabras de Emiliano García-Page cuando dijo: “Estoy de acuerdo en el fondo y en la forma con lo que está disponiendo el Gobierno de España, y solo es una cuestión de plazos”. Esperamos que esos plazos sean los más breves posibles, pero no generemos más polémicas porque estamos esencialmente de acuerdo.

Al ver cómo transcurre el río Tajo a su paso por Toledo, no parece que esos caudales ecológicos se estén cumpliendo. Por eso insisto: ¿esas nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura no tendrían que estar ya aprobadas?

Cuando han bajado esos caudales, yo, personalmente, he llamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo interesándome por ello. Y aunque esto a lo mejor no es muy prudente decirlo, me decían que muchas veces el paso del agua por las centrales hidroeléctricas y por los propios regantes hace complejo regular exactamente el caudal. Yo opino que si es complejo el reglamento del caudal, mejor que sea por exceso, no por defecto.

En materia de vivienda, ¿cómo valora el Plan de Acción por la Vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha? ¿No cree que Castilla-La Mancha debería dotarse ya de una Ley de Vivienda propia como la que prometió Page en 2015 y que incluso llegó a redactarse?

La vivienda es un tema muy serio. A todos los españoles nos preocupa muchísimo y, especialmente, a los jóvenes. También es complejo y las soluciones no son sencillas. Pero cuando miro cuál es la situación de la vivienda de hace 30 años y la comparo con la de hoy, la cuestión es alarmante. Alguien está robando a los jóvenes años de su vida. Hace 30 años te comprabas una casa con tu salario de cuatro años. Hoy, esa misma vivienda y con un puesto de trabajo similar, cuesta mucho más.

Dicho esto, conviene recordar que la vivienda es una competencia exclusiva de todas las comunidades autónomas según todos los estatutos. El Estatuto de Castilla-La Mancha así lo refleja literalmente. Luego las comunidades autónomas tienen que justificar qué es lo que han hecho en esta materia. Me da la impresión de que a todos nos gusta vender lo bueno y, cuando hay algo que no sabemos cómo vender porque no lo hemos hecho, miramos al Estado.

Pero el Estado también puede y debe hacer.

Claro, y ante un problema real, ha buscado soluciones con el Plan Estatal de Vivienda, y 7.000 millones de euros, promoviendo construcción de viviendas para alquiler asequible, y aprobando una ley que no sé por qué las comunidades autónomas no quieren aplicar, cuando tienen esas competencias exclusivas. Solo puede ser para echar la culpa del problema al Gobierno, cuando es el que pone el dinero y los medios.

¿Incluye en ese lote de comunidades a Castilla-La Mancha?

Creo que Castilla-La Mancha tiene la voluntad de sumarse y de dar solución a este problema. No puede ser de otra manera. Hay que facilitar a los ciudadanos que puedan acceder a la vivienda. Yo espero que la política de vivienda dé resultados y que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en un plazo lo más breve posible. Desde luego, es un empeño del Gobierno de España al que espero que se sumen todas las comunidades autónomas.

A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno

Volviendo al calendario electoral, Page todavía no ha dicho oficialmente que sea candidato en las autonómicas de 2027, aunque muchos ya lo dan por sentado. ¿Cree que hay una estrategia o que debería clarificarlo ya?

Bueno, yo no voy a marcar ni a cuestionar sus tiempos y creo que él es buen estratega. Lo que él decida yo lo respeto. Lo que sí que le puedo asegurar es mi absoluta lealtad con el candidato socialista de las elecciones autonómicas, locales y nacionales. Que no quepa la menor duda de eso y creo que en ello deberían estar todos socialistas. A veces me duele que nos convirtamos en tertulianos de programas que tienen como objetivo que Pedro Sánchez no sea presidente de Gobierno.

En cuanto a las elecciones municipales de Toledo, usted viene del ámbito municipal, ¿quién será el candidato o candidata del PSOE?

No sé todavía quién será, pero sea quien sea, con absoluta seguridad será el alcalde o alcaldesa de Toledo después de mayo de 2027. Lo digo porque creo sinceramente que hay mujeres y hombres del PSOE toledano que están plenamente capacitados para ello. Defiendo la gestión que realicé bajo el mando de Milagros Tolón, porque es la que ha permitido al actual equipo de Gobierno (de PP y Vox) mantenerse con políticas anteriores.

Ya que la menciona, ¿Milagros Tolón puede volver a ser candidata?

Es una política de raza y que tiene un gran perfil para lo que ella quiera, pero yo creo que en este momento ella está en ser una magnífica ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Por ejemplo, en el caso de la crisis de Ceuta, está realizando una gran labor.

Finalmente, ¿cómo vislumbra su propio futuro político?

Primero de todo, quiero decir que estoy muy agradecido a muchas personas con las que he tenido el honor de poder trabajar y que me han dejado mucha libertad. He trabajado en muchos ámbitos y siempre lo he hecho de la mejor manera que he podido. Sobre todo, como vicealcalde de Toledo a las órdenes de Milagros Tolón. Ha sido un honor, pero mi futuro yo creo que ya me lo marca la edad (risas).

El Gobierno de Aragón ha rechazado este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica aprobada en la reunión y ha lamentado que una reforma de esta trascendencia haya salido adelante sin el consenso político y territorial necesario y sin atender ninguna de las propuestas planteadas por la Comunidad autónoma.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha defendido el voto contrario de Aragón y ha destacado que la propia votación evidencia la falta de acuerdo territorial. El modelo solo ha contado con el respaldo de Cataluña y Canarias, mientras que el resto de regiones se ha pronunciado en contra, incluidas Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE.

Bermúdez de Castro ha señalado, además, que buena parte de las comunidades han coincidido en sus objeciones al modelo. Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla y León o Castilla-La Mancha comparten problemas de despoblación, envejecimiento y dispersión que, a juicio del Ejecutivo aragonés, no quedan adecuadamente reflejados en el nuevo sistema.

El consejero ha reiterado que Aragón comparte la necesidad de reformar el actual modelo, pero considera que ello exige un gran acuerdo político y territorial. “Ahora no se dan en España las condiciones políticas para hacer una reforma de esta importancia”, ha señalado Bermúdez de Castro, quien ha insistido en que la financiación autonómica debe ser fruto de un acuerdo amplio entre las comunidades y no de acuerdos particulares dirigidos a conseguir los apoyos necesarios.

En este sentido, ha criticado que el nuevo modelo tenga su origen en el acuerdo alcanzado con Cataluña y ha señalado que responde al sistema pactado previamente con Oriol Junqueras. Aragón considera que una reforma que debe aplicarse al conjunto de las comunidades de régimen común no puede llegar prácticamente cerrada después de una negociación bilateral con uno de los territorios. Y Bermúdez de Castro ha lamentado que el Ministerio no haya aceptado ninguna de las propuestas aragonesas.

El Ejecutivo autonómico había reclamado, entre otras cuestiones, un mayor reconocimiento de la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, la superficie y la orografía.

La propuesta aprobada mantiene, sin embargo, un peso del 97% para las variables estrictamente poblacionales y deja en el 3% los factores correctores territoriales. Además, reduce del 1,8% al 1,6% el peso de la superficie, pese a que Aragón había defendido que esta variable alcanzase al menos el 2%.

Más recursos para Aragón

Bermúdez de Castro ha rechazado que el incremento de recursos que recibirá Aragón pueda utilizarse como prueba de que el nuevo sistema beneficia a la Comunidad. La reforma incorpora alrededor de 21.000 millones de euros adicionales al conjunto del sistema y Aragón recibiría unos 600 millones más, pero su posición relativa empeora respecto al resto.

“No es una cuestión de pedir más o menos dinero, sino de hacer un reparto justo”, ha señalado el consejero. Aragón reclama que el sistema tenga en cuenta las variables que determinan realmente cuánto cuesta prestar los servicios públicos en cada territorio.

Con los datos de 2023, Aragón pasaría de un índice de financiación por población ajustada a competencias homogéneas de 105,56 a una estimación de 99,3, por lo que dejaría de situarse por encima de la media para quedar por debajo de ella.

El consejero ha advertido de que el nuevo sistema beneficia especialmente a Cataluña y que el reparto de los 21.000 millones de euros adicionales no corrige adecuadamente las dificultades específicas de comunidades como Aragón.

Bermúdez de Castro ha señalado que el resultado puede ser que los ciudadanos dispongan de distintos niveles de servicios públicos en función del territorio en el que residan: “Vivir en Cataluña no puede significar tener mejores servicios públicos que al otro lado de la frontera aragonesa, donde además tenemos más dificultades para prestarlos”, ha afirmado.

El consejero ha insistido en que la baja densidad de población, la existencia de numerosos municipios pequeños y la dispersión territorial obligan a mantener centros educativos, consultorios, transporte, infraestructuras y plantillas aunque haya pocos usuarios, por lo que el coste por habitante es necesariamente mayor.

“En lugares donde la densidad de población es muy pequeña, donde hay dificultades para vivir y muchos municipios muy pequeños, con el paso del tiempo puede llegar a ser prácticamente imposible prestar los servicios si el sistema no tiene en cuenta esa realidad”, ha advertido.

Bermúdez de Castro ha recordado que garantizar la igualdad exige que una persona que vive en Madrid, Alcorcón o Fuenlabrada pueda disponer de los mismos servicios públicos que otra que reside en Fago, Fanlo o Las Peñas de Riglos.

Desequilibrios

Aragón ha cuestionado asimismo la creación de fondos y mecanismos posteriores para compensar situaciones que, a juicio del Ejecutivo autonómico, deberían resolverse dentro del propio sistema de financiación.

Aragón considera que las necesidades de cada territorio deben incorporarse desde el principio a unas reglas comunes, objetivas y transparentes, y rechaza que las deficiencias del modelo se corrijan posteriormente mediante instrumentos adicionales o negociaciones particulares.

Entre esos mecanismos se encuentra el fondo climático, dotado con alrededor de 1.000 millones de euros y que reserva dos tercios de sus recursos a las comunidades del litoral mediterráneo.

Aragón considera injustificado ese reparto y defiende que se tengan en cuenta fundamentalmente la superficie y los riesgos reales a los que está expuesto cada territorio.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que Aragón ha sufrido este verano 26 incendios forestales que han quemado más de 40.000 hectáreas, además de estar expuesto a inundaciones, sequías, desertificación y otros fenómenos extremos.

Aragón considera que los problemas de financiación deben solucionarse dentro del propio modelo y no mediante fondos posteriores destinados a determinadas comunidades, porque ese sistema puede generar nuevas diferencias y romper la necesaria solidaridad entre territorios.

Al Congreso

Bermúdez de Castro ha mostrado también su preocupación por el recorrido parlamentario de la reforma y por la posibilidad de que el Gobierno introduzca nuevas concesiones para conseguir en el Congreso de los Diputados los votos de los grupos que necesita para aprobar definitivamente el nuevo sistema.

El consejero ha advertido de que, si los apoyos parlamentarios se consiguen mediante nuevos acuerdos particulares, el resultado puede ser un modelo todavía “más insolidario y más injusto”.

“Lo que más preocupa es que, para intentar sacar esto adelante en el Congreso, haya que ir entregando partes del pastel a unos grupos u otros. Si para conseguir cada voto hay que dar más recursos a un territorio determinado, Aragón acabará todavía más perjudicado”, ha señalado.

El titular de Hacienda ha insistido en que esta no es una discusión abstracta entre gobiernos, sino una cuestión que afecta directamente a los ciudadanos. “Estamos hablando del dinero que recibe cada comunidad autónoma para poder prestar una mejor sanidad, una mejor educación y unos mejores servicios sociales”, ha recordado.

El consejero ha reconocido que el ambiente ha mejorado respecto a etapas anteriores, pero ha lamentado que esa mayor disposición formal de Arcadi España no se haya traducido en cambios en el contenido del modelo.

“El talante del ministro y del Ministerio es mucho mejor, pero aparte del talante hacen falta ganas de acordar. Hay buenas palabras, pero el Gobierno sigue en la misma baldosa y no se ha movido de ella”, ha afirmado.