El Gobierno de La Rioja ha votado a favor del criterio de reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 “por lealtad institucional y por responsabilidad y compromiso con los riojanos y, en especial, con favorecer la emancipación de los jóvenes”, tal y como ha defendido el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, quien en paralelo ha trasladado hoy, día 21, el desacuerdo absoluto del Ejecutivo regional con lo que ha llamado una “drástica reducción del 17 % en la cuota de participación del Ejecutivo español al nuevo Plan”. 

“Es una decisión incomprensible que el Ministerio ha tomado de manera unilateral y de espaldas a las comunidades autónomas, que resulta aún más grave precisamente en un momento en el que los ciudadanos exigen a las administraciones destinar más mecanismos de acceso a la vivienda”, ha añadido.

Son declaraciones que ha realizado hoy, día 21, el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada en Madrid y en la que se ha aprobado el criterio de reparto del Plan Estatal Estatal de Vivienda 2026-2030. 

Considera que este Plan que “llega tarde, lo que ha bloqueado las convocatorias de ayudas desde hace meses, y que ha sido elaborado por el Ministerio sin haber tenido ningún tipo de diálogo ni consenso con las comunidades”, ha apuntado ante la ministra Isabel Rodríguez y el resto de responsables autonómicos de Vivienda.

“Frente a un Gobierno que demuestra no estar a la altura de las demandas de los españoles y de los riojanos, en La Rioja hemos incrementado un 76 % la inversión destinada a políticas de fomento de la vivienda respecto a los tres primeros años de la legislatura pasada. Ya hemos destinado más de 76 millones de euros para afrontar el reto de la vivienda, 32 millones más que el Gobierno anterior”, ha subrayado Osés. 

“Y lo hemos hecho poniendo en marcha medidas pioneras como el Plan Revive, que ya ha movilizado más de 15 millones de euros y que se ha demostrado su eficacia para impulsar la vivienda y las oportunidades de los jóvenes en el medio rural. Y con un programa de avales (AvaLa Rioja) dotado inicialmente con 3 millones, para apoyar a los jóvenes que no cuentan con ahorros suficientes para pagar la entrada de su primera vivienda”, ha reivindicado. 

El Gobierno del PP lo aprueba y el PP en el Parlamento lo rechaza

Precisamente, el Grupo Parlamentario Popular ha rechazado hoy, en el pleno de la Cámara riojano y en boca de la diputada Catalina Bastida, el Plan de Vivienda estatal, aunque lo apoye el Gobierno riojano, alegando de forma rotunda: “No nos fiamos”.

El Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida presentaba hoy, en el pleno de la Cámara riojana, una proposición no de ley relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a destinar íntegramente los recursos económicos que le correspondan (119 millones de euros) en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a políticas públicas de vivienda.

La proposición no de ley pedía destinar los recursos del plan a ampliar el parque público de vivienda con alquiler asequible y social (no tienen que ser de nueva construcción, ha dicho Ollero); una solución a los jóvenes para ayudarles en el esfuerzo; gestión sin cesiones, “para evitar lo que ha pasado en Logroño”; e instar al Gobierno de España a ampliar la financiación.

“Vamos a votar en contra”, ha replicado la 'popular' Catalina Bastida, afirmando que, en la Conferencia Sectorial, las comunidades autónomas, entre ellas La Rioja, “lo han apoyado porque hay que apoyarlo”; pero, ha añadido: “Aquí no, porque todo lo que dice el sanchismo se puede convertir en humo”.

El Gobierno de La Rioja marca el alquiler como una prioridad

Favorecer el alquiler de vivienda está siendo otra de las prioridades del Ejecutivo regional. Más de 12 millones de fondos propios ha destinado a la construcción de 126 viviendas para ampliar el parque público de alquiler. Además, ha concedido hasta ahora más de 3.500 ayudas para pagar el alquiler, con un total de 35,3 millones. 

La Rioja también está ofreciendo soluciones para incrementar la oferta de alquiler en nuestra región, fuertemente lastrada a nivel nacional por la inseguridad jurídica que ha provocado la legislación estatal. El programa Habita Rioja, gestionado por el IRVI, ya ha sacado al mercado más de 1.200 viviendas gracias a una receta sencilla: ofrecer garantía de cobro de la renta a los propietarios y precios asequibles a los inquilinos.

El síndic del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Muñoz, ha denunciado este domingo que el president de la Generalitat, Pérez Llorca, “ha ocultado” a los valencianos y valencianas que el Gobierno de Pedro Sánchez le aprobó en febrero un anticipo de 200 millones de euros a cuenta de la liquidación del sistema de financiación, que las comunidades autónomas cobran en julio. Según se desprende de la documentación oficial remitida por la Conselleria de Hacienda al grupo socialista, el Gobierno autorizó una transferencia para que la Generalitat abone las facturas de sanidad, educación y servicios sociales.

El Ministerio de Hacienda aprobó una resolución para la “concesión de un anticipo de tesorería a la Comunitat Valenciana, destinado a hacer frente a desfases transitorios de tesorería, por importe de doscientos millones de euros”, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. El anticipo se aprobó a petición de la Conselleria de Hacienda, que la pidió el pasado diciembre, y será cancelado cuando se produzca el pago de la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2024.

Muñoz ha censurado que, pese a esta inyección económica, Pérez Llorca “ha tenido la desfachatez de criticar al Gobierno en las dos últimas sesiones de control en las Corts la no actualización de las entregas a cuenta de 2026 al mismo tiempo que se callaba que ha sido el Gobierno el que lo había rescatado en febrero con un adelanto de recursos para ayudarle a pagar las facturas”.

Además, resalta Muñoz, se da la circunstancia de que la Comunitat Valenciana “es la única de las 17 comunidades autónomas para la que el Gobierno de España ha anticipado estos recursos”. “Hay que tener una enorme hipocresía y una gran desfachatez para salir a atacar al Gobierno y ocultar a los valencianos el apoyo financiero del Ejecutivo central, tal como ha venido produciéndose desde que gobierna Pedro Sánchez en 2018, con el fin de ayudar a la Generalitat a pagar sus deudas con los proveedores, farmacias, autónomos o empresas, así como para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales.

“PP-jetas también con la financiación”

“Es otra faceta de los PP-jetas, el cinismo fáctico del presidente-suplente de Mazón”, lamenta Muñoz, quien recalca que, “para mayor descaro, las entregas a cuenta no han podido actualizarse a 2026 porque el PP y los ultras de Vox han tumbado en el Congreso hasta dos reales decretos, de diciembre de 2025 y de febrero de 2026, que garantizaban esta actualización”. “Lo rechazaron porque, en su tremenda irresponsabilidad, creen que con ello hacen daño al Gobierno de España, pero a quien castigan realmente es a los miles y miles de proveedores, pequeños empresarios, autónomos, trabajadores y familias que no pueden cobrar sus servicios o percibir determinadas ayudas por el bloqueo de la mejora en la financiación correspondiente a este año”, reprocha el Síndic.

El portavoz socialista señala que los 200 millones anticipados hasta febrero cubrieron la minoración de recursos causada por el voto del PP y Vox en el Congreso de los Diputados. Así, emplaza a Pérez Llorca a ser “valiente” y reclamar a Feijóo que “aparque por una vez sus intereses de partido y anteponga los intereses generales de los españoles para dejar de desbloquear la actualización de las entregas a cuenta”. “Por desgracia, ya sabemos que esto no pasará, porque Pérez Llorca se pasa el día intentando hacer méritos para que Feijóo prorrogue su débil liderazgo en el PPCV y lo arrope como candidato a la presidencia de la Generalitat en 2027, arrinconando los intereses de todos los valencianos y valencianas”.

El portavoz socialista censura “la flagrante y evidente deslealtad institucional” de Pérez Llorca, que “se presenta como un político dialogante y moderado pero cuya acción política, por su extrema debilidad, se basa en el cinismo y la falta de escrúpulos de Mazón, al tiempo que ha comprado sin remilgos la agenda ultra de Vox, con la repugnante mentira de hacer ver que el deterioro de la sanidad, la educación y los servicios sociales en la Comunitat Valenciana es por culpa de los inmigrantes, cuando es consecuencia del abandono del escudo social de la Comunitat Valenciana”.

“El president que dirá no a 3.669 millones”

Para José Muñoz, estamos ante “un president que se ha plegado a las órdenes de Génova para decir no a un nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno de España que resolverá la injusticia histórica de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y que supondrá en 2027 nada menos que 3.669 millones más que con el modelo actual”. “Pérez Llorca critica que, por culpa curiosamente del PP y Vox, se ingresaran algo menos de 200 millones, al mismo tiempo que rechaza la nueva financiación que aportará 3.669 millones a la Comunitat Valenciana en 2027”, advierte José Muñoz, quien recuerda que el PP y Vox llevan años “votando en las Cortes Generales contra los intereses de la Comunitat Valenciana y en contra de que ésta reciba más recursos para prestar los mismos recursos que otras comunidades”.

“Pérez Llorca aspira a ser el president que dirá que no a 3.669 millones para la Comunitat Valenciana solo para intentar aferrarse al cargo, algo que los valencianos no vamos a permitir”, ha advertido el socialista. “En política no todo vale y basar la estrategia en un supuesto castigo al Gobierno que lo que hace es penalizar a los valencianos y valencianas es inadmisible; los ciudadanos tomarán buena nota de a quién quieren confiar su futuro, a los gestores irresponsables de la Dana o a los que ya han demostrado seriedad, rigor y compromiso con nuestra tierra, como fue la gestión del Consell del Botànic presidido por Ximo Puig”, ha resaltado José Muñoz.

“Són unes reivindicacions que, per descomptat, superen la capacitat de la Comunitat Valenciana, encara més tenint en compte la situació d’infrafinançament”. La consellera d’Educació, Carmen Ortí, es va pronunciar en aquests termes el 4 de maig passat després del ple del Consell celebrat a la Vila-joiosa.

Ortí, després d’analitzar les peticions del comité de vaga (Stepv, CSIF, CCOO i UGT), va xifrar en 2.400 milions d’euros a l’any el cost de les mesures proposades pel professorat. Una xifra molt superior als 300 a 525 milions anunciats una setmana abans i de la qual els sindicats desconfien perquè no saben com s’ha calculat.

En matèria salarial, les entitats exigeixen “una recuperació progressiva del poder adquisitiu”, la revisió anual de l’IPC i la recuperació de la paga extra o el cobrament de l’estiu per part dels interins que hagen treballat un mínim de 150 dies durant el període lectiu. També plantegen la reducció de la temporalitat, la remuneració de la participació en tribunals d’oposicions o la reducció de la càrrega lectiva en persones majors de 55 anys.

Altres mesures sol·licitades que tindrien un impacte per a les arques públiques són la creació de 2.000 nous llocs de treball, el reforç de professionals que treballen amb alumnat amb necessitats específiques i una baixada de ràtios. En concret, aquestes entitats plantegen que Infantil i Primària tinguen aules de 15 alumnes (10 menys que ara) i que ESO i Batxillerat tinguen 20 estudiants (10 i 5 menys que actualment). Entre altres mesures, cal destacar un pla d’adequació climàtica, la culminació del Pla Edificant o l’agilitació de la reconstrucció dels centres afectats per la dana.

Més enllà de la guerra de xifres, crida l’atenció que el Consell de Pérez Llorca atribuïsca a l’infrafinançament la impossibilitat d’avançar cap a aquestes propostes tot i que el mateix Pérez Llorca ha rebutjat el nou model de finançament presentat pel Govern que implicaria un augment de 3.669 milions d’euros anuals d’aportacions de l’Estat a la Comunitat Valenciana. L’esquelet plantejat pel Ministeri d’Hisenda, que recull reivindicacions valencianes, com calcular els recursos en funció de la població ajustada, l’autonomia deixaria de liderar el rànquing de les més mal finançades i se situaria dos punts per davall de la mitjana.

El cap del Consell es va acollir a l’absència del fons d’anivellament (a què es va oposar el mateix PP en el Senat) i de la condonació del deute històric per a posicionar-se en contra d’un model que tant els experts valencians com a empresaris i sindicats van veure com un bon punt de partida a partir del qual començar a treballar.

Però no sols s’han rebutjat aquests 3.669 milions addicionals, sinó que a més el Govern valencià continua amb la seua política de reducció d’impostos a les rendes altes. Així doncs, després d’aprovar al final del 2023 la bonificació de l’impost de successions i donacions, que paguen els grans patrimonis, i que té un impacte anual pròxim a 300 milions d’euros, ara ha estés les deduccions per a activitats esportives o adquisició d’ulleres a persones amb salaris més que acomodats, en concret de fins a 60.000 euros.

Intersindical veu les xifres de la Conselleria “desorbitades”

El portaveu d’educació en Intersindical, Marc Candela, ha comentat que no sap d’on trau la consellera Ortí els 2400 milions d’euros que se suposa que costa atendre les seues demandes: “La consellera no ha desglossat en cap moment aquesta quantitat segons els sis temes que es reivindiquen, però considerem que és una xifra desorbitada. En tot cas, en cap moment els sindicats hem sol·licitat que l’aplicació dels sis temes que proposem es faça de manera immediata, perquè també som conscients que és un esforç pressupostari important. Però com que la Conselleria sembla que no vol negociar tots els temes ni donar cap mena d’explicació, més enllà de dilatar al màxim la possible negociació i intentar enfrontar professorat i famílies i alumnat, no tenim més remei que continuar amb les mobilitzacions”.

D’altra banda, Candela ha posat de manifest que “sembla que per a negociar millores en l’ensenyament públic no hi ha diners, però per a finançar els centres que segreguen de l’Opus, sí, o sí que és possible mantindre els cicles formatius d’FP en la privada mentre retallen en la pública, entre altres coses”.

Per part seua, fonts del CSIF han recordat que va ser el primer sindicat que va posar xifres i que al febrer va plantejar una pujada salarial de 300 euros mensuals per a equiparar el personal docent valencià a la mitjana nacional i després d’una progressiva pèrdua de poder adquisitiu al mateix temps que insisteixen a demanar a la Conselleria que s’assega a negociar amb propostes reals.

“Son unas reivindicaciones que, por supuesto, superan la capacidad de la Comunitat Valenciana, más todavía teniendo en cuenta la situación de infrafinanciación”. La consellera de Educación, Carmen Ortí, se pronunció en estos términos el pasado 4 de mayo tras el pleno del Consell celebrado en la Vila-Joiosa.

Ortí, tras analizar las peticiones del comité de huelga (STEPV, CSIF, CCOO y UGT), cifró en 2.400 millones de euros al año el coste de las medidas propuestas por el profesorado. Una cifra muy superior a los entre 300 y 525 millones anunciados una semana antes y de la que los sindicatos desconfían al desconocer cómo se ha calculado.

En materia salarial, las entidades exigen “una recuperación progresiva del poder adquisitivo”, la revisión anual del IPC y la recuperación de la paga extra o el cobro del verano por parte de aquellos interinos que hayan trabajado un mínimo de 150 días durante el periodo lectivo. También plantean la reducción de la temporalidad, la remuneración de la participación en tribunales de oposiciones o la reducción de la carga lectiva en personas mayores de 55 años. 

Otras medidas solicitadas que tendrían un impacto para las arcas públicas son la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo, el refuerzo de profesionales que trabajan con alumnado con necesidades específicas y una bajada de ratios. En concreto, estas entidades plantean que Infantil y Primaria tengan aulas de 15 alumnos (10 menos que ahora) y que ESO y Bachillerato cuenten con 20 estudiantes (10 y 5 menos que actualmente). Entre otras medidas, cabe destacar un plan de adecuación climática, la culminación del Pla Edificant o la agilización de la reconstrucción de los centros afectados por la Dana.

Más allá de la guerra de cifras, llama la atención que el Consell de Pérez Llorca achaque a la infrafinanciación la imposibilidad de avanzar hacia estas propuestas cuando el propio Pérez Llorca ha rechazado el nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno que implicaría un aumento de 3.669 millones de euros anuales de aportaciones del Estado a la Comunitat Valenciana. El esqueleto planteado por el Ministerio de Hacienda, que recoge reivindicaciones valencianas como calcular los recursos en función de la población ajustada, la autonomía dejaría de liderar el ranking de las peor financiadas y se situaría dos puntos por debajo de la media.

El jefe del Consell se acogió a la ausencia del fondo de nivelación (al que se opuso el propio PP en el Senado) y de la condonación de la deuda histórica para posicionarse en contra de un modelo que tanto los expertos valencianos, como empresarios y sindicatos vieron como un buen punto de partido a partir del cual empezar a trabajar.

Pero no solo se han rechazado esos 3.669 millones adiciones, sino que además el Gobierno valenciano sigue con su política de reducción de impuestos a las rentas altas. Así, tras aprobar a finales de 2023 la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, que pagan los grandes patrimonios, y que tiene un impacto anual cercano a los 300 millones de euros, ahora ha extendido las deducciones para actividades deportivas o adquisición de gafas a personas con salarios más que acomodados, en concreto de hasta 60.000 euros.

Intersindical ve las cifras de la conselleria “desorbitadas”

El portavoz de educación en Intersindical, Marc Candela, ha comentado que desconoce de dónde se saca la consellera Ortí los 2400 millones de euros que se supone que cuesta atender sus demandas: “La consellera no ha desglosado en ningún momento esa cantidad según los seis temas que se reivindican, pero consideramos que es una cifra desorbitada. En todo caso, en ningún momento los sindicatos hemos solicitado que la aplicación de los seis temas que proponemos se realice de forma inmediata, porque también somos conscientes que es un esfuerzo presupuestario importante. Pero como la conselleria parece que no quiere negociar todos los temas ni dar ningún tipo de explicación, más allá de dilatar al máximo la posible negociación e intentar enfrontar profesorado y familias y alumnado, no tenemos más remedio que continuar con las movilizaciones”.

Por otra parte, Candela ha puesto de manifiesto que “parece que para negociar mejoras en la enseñanza pública no hay dinero, pero para financiar los centros que segregan del Opus sí, o sí que es posible mantener los ciclos formativos de FP en la privada mientras recortan en la pública, entre otras cosas”.

Por su parte, fuentes de CSIF han recordado que fue el primer sindicato que puso cifras y que en febrero planteó una subida salarial de 300 euros mensuales para equiparar al personal docente valenciano a la media nacional y después de una progresiva pérdida de poder adquisitivo al tiempo que insisten en pedir a la conselleria que se siente a negociar con propuestas reales.

Emiliano García-Page quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez presente ya los Presupuestos de 2026. Lo ha rogado y lo ha pedido “por favor”. Lo ha hecho con motivo de la presentación de la denominada ‘Agenda de Acción por la Vivienda“ de Castilla-La Mancha con horizonte hasta 2030, que en algunas de sus medidas depende de las cuentas estatales.

“No termino de entender cómo hoy el Gobierno de España no plantea el proyecto de Presupuestos. Que lo plantee, por favor”, ha pedido. “Y más en plena campaña electoral en Andalucía”, ha añadido, cuando la candidata socialista y ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el presupuesto “ya estaba listo” para que lo presentara su sucesor, en alusión a Carlos Cuerpo.

Así, ha interpretado que es “de libro” que el Ejecutivo central presente el proyecto de Presupuestos “en próximos días”. De lo contrario, Page ha advertido de que habrá un “auténtico problema” cuando “desaparezcan de golpe” los fondos europeos, actualmente en negociación.  

Afectan a políticas de vivienda y financiación autonómica

“El Presupuesto no es una opción, es una obligación del Gobierno, y espero que se presente, y tener garantías de si el Plan Estatal de Vivienda se va a poder realizar o no”.

A esta circunstancia ha añadido que, además, en la coyuntura actual, es “imposible” hablar de financiación autonómica, “a pesar de que lo hagan con los independentistas”, si no hay delante de la mesa un proyecto de cuentas públicas con una proyección de ingresos.

De hecho, Page no descarta la posibilidad de reclamar la convocatoria de una nueva Conferencia de Presidentes para hablar de presupuestos, financiación autonómica y fondos europeos.

La 41ª Reunión del Cercle d'Economia incluirá un debate sobre financiación que reunirá al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con los presidentes de Euskadi y Galicia, Imanol Pradales y Alfonso Rueda. Este es un de los plantos fuertes de la cita anual, en las que participarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y que volverán a reflexionar sobre política economíca en Catalunya, España y Europa.

Pese a las mesas de índole nacional, las jornadas tendrán como tema principal cómo llegar a la autonomía estratégica de Europa con el foco puesto en las empresas. Así, se preguntarán si el continente es capaz de tomar sus propias decisiones en los ámbitos que determinarán su futuro: defensa, energía, tecnología, finanzas y salud. Con el título 'Autonomía estratégica de Europa: ¿mito o realidad?“, se celebrarán del lunes 1 al miércoles 3 de junio en el Palacio de Congresos de Barcelona y participarán más de una cuarentena de ponentes.

Tal y como es habitual en los últimos años, estarán la plana mayor de la polítca española y también el rey Felipe VI, que entregará el Premio Círculo de Economía a la Construcción Europea 2026 al comentarista jefe de Economía del Finantial Times, Martin Wolf.

Del mundo político destaca la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Asistirá, como en las últimas ediciones, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

“Queremos pasar del diagnóstico, que ya lo remarcamos el pasado año, a las soluciones”, ha dicho la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, este martes en la rueda de prensa de presentación de las jornadas. “El enfoque será eminentemente empresarial porque estamos convencidos de que la autonomía estratégica de Europa no se construirá sólo desde Bruselas o desde los gobiernos nacionales, sino que se construirá desde las empresas que invierten, innovan, producen y compiten todos los días”, ha añadido la directiva.

En cuanto a la mesa sobre financiación, competencias y cohesión territorial que reunirá a Illa, Pradales y Rueda, el director del Cercle, Miquel Nadal, ha defendido que hay “muchísimos temas interesantes” para abordar. “Hace tiempo que no hay una mesa de este tipo, de tres nacionalidades históricas, tres presidentes y tres partidos políticos diferentes. Esto, de por sí, ya es del máximo interés”, enfatizó.

Del mundo empresarial, entre los ponentes que habrá este año destacan el presidente de CaixaBank, Tomàs Muniesa; el consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt; el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra; el presidente de Repsol, Antoni Brufau; la presidenta de Astrazeneca, Laura Colón. También Audrey Herblin-Stoop (Mistral AI), Antoine Bordes (Helsing), Luis Sentis (Apptronik) o Mónica Martínez Walter (GMV).

Las jornadas contarán con tres sesiones dedicadas a la geopolítica y el orden mundial, en las que intervendrán Jia Quingguo, miembro del máximo órgano consultivo político del Partido Comunista chino; Mohan Kumar, ex embajador de la India en Francia y Bahréin; Julissa Reynoso, ex embajadora de EE.UU. en España con la administración de Biden; Christopher Caldwell, periodista y ensayista conservador estadounidense; Raphaël Glucksmann, eurodiputado y líder de la izquierda europea; y Radoslaw Sikorski, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Polonia.

Tal y como ya hizo el Cercle el año pasado, habrá dos sesiones participativas para “favorecer coloquios abiertos”, que serán en formato reducido. Esta vez se centrarán en el absentismo, con participación del Airef; y en la realidad de la transición generacional de la empresa familiar.

Preguntada por cómo definiría el momento económico actual, Garcia-Milà ha insistido en la “incertidumbre”. “La incertidumbre domina en el ámbito económico y, como sabemos, no es una buena amiga de las decisiones económicas y el crecimiento. Debemos convivir, las empresas y los ciudadanos estamos aprendiendo”, ha afirmado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado un pacto de Estado que sirva en España para blindar a futuro el gasto farmacéutico, tanto el hospitalario como el general. “El sistema no es infinito, la demanda sí”.

Lo ha reclamado durante el acto de firma de un acuerdo con los sindicatos que sienta las bases para recuperar la carrera profesional sanitaria en la comunidad autónoma, suspendida desde hace ya 14 años. Ha pedido ayuda a los sindicatos porque, aseguraba, “hay que garantizar la sostenibilidad del sistema”.

Ha advertido que “los recursos no son infinitos ni tampoco la gratitud” y que el óptimo mantenimiento del sistema sanitario “no se va a arreglar cargando más el bolsillo al ciudadano. España tiene que seguir creciendo, pero tiene que llegar a acuerdos en materia de financiación autonómica. Al menos para el gasto sanitario”, ha incidido.

Ha afirmado que “hay gente en el PP que piensa lo mismo”: “Muchos están en la misma tesis de que hay que llegar a un acuerdo”.

En su opinión, y ya en líneas generales, cuando se habla de Sanidad pública, “hay que girar a un modelo preventivo más que curativo”. Cree que en un futuro próximo “habrá tensiones en el sistema sanitario como las habrá en el conjunto”, razón por la cual, “o se llega a un acuerdo en la materia, o este país se estará engañando a sí mismo”.

A Emiliano García-Page no le ha gustado especialmente la primera de las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha para paliar la consecuencias de la guerra en Irán. Concretamente, ha mostrado sus reservas sobre la bajada del IVA de los combustibles al 10%. El motivo: considera que puede ser “una amenaza directa” a la financiación de las prestaciones sociales de las comunidades autónomas, a las que, según ha dicho, se destina el 58% de la recaudación de este tipo de tributos.

El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido que su Gobierno trabaja con “planificación” para mantener la estabilidad en la comunidad autónoma, pero que, por el contrario, nunca ha vivido un momento en el que le esté “costando tanto” que “alguien en Madrid se pare un minuto a reflexionar y a discutir sobre los problemas del medio y del largo plazo”.

“La emergencia es permanente, ahora lo vemos muy claro con la guerra en Irán, pero es que si no es la guerra, son las escandaleras y, si no es eso, es el debate político o la ausencia de presupuestos”, ha añadido. Page justifica su reflexión en “no hay un debate sereno sobre casi nada”.

Ha dicho estar pendiente de lo que apruebe este viernes el Consejo de Ministros en relación con la emergencia por la guerra de Irán, pero como adelanto, ha querido hacer hincapié en que si se habla de impuestos, los gobiernos autonómicas no son “una administración cualquiera”. “Ya lo vimos con Ucrania. En ese caso, la bajada de ingresos nos supuso, por las decisiones tomadas sin consultar a la autonomía, más de 400 millones de euros”.

Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías

Por eso ha puesto el foco en el IVA, al afirmar que cuando se habla del impuesto sobre carburantes, el 58% de la recaudación es para las autonomías. Y así, ha alertado de que si se toman medidas conforme a la premisa de “yo invito, pero pagan otros”, eso significa que las decisiones pueden “afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar”.

“Puede suponer una aminoración de recursos a las autonomías como consecuencia de la guerra de Irán, cuando la decisión es estatal y tendría que ser una financiación pura del Estado central”, argumenta. Advierte por ello que la bajada del impuesto se repercute en las autonomías, y será “una amenaza directa a la financiación de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales”.

Para Emiliano García-Page, nadie está cayendo en la cuenta de la situación de las autonomías, con “un retraso monumental” en su sistema de financiación. “Y, sin embargo, sin comerlo ni beberlo, nos podemos encontrar con un problema financiero muy considerable del que ni siquiera se está hablando”.

Ha dicho que no quiere “complicar” el debate, pero insistiendo que se aprueben medidas “en la esfera nacional”. “De lo contrario, lógicamente, podemos interiorizar la crisis y que tenga además un efecto más corrosivo y más expansivo en España si eso termina repercutiendo en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestras prestaciones sociales”, ha concluido.

En la política catalana hay ya pocos principios que nunca fallan, pero existe uno que, legislatura tras legislatura, sigue vigente: con ERC nunca se sabe. Es una aseveración que podrían firmar todos los presidentes de la Generalitat desde el regreso de Tarradellas. Ya sean convergentes, posconvergentes, socialistas o incluso Pere Aragonès, el único president republicano desde la llegada de la democracia, que discretamente capeó como pudo las tensiones con Oriol Junqueras y Gabriel Rufián.

Hubo un conseller socialista que, en su momento, mientras compartía gobierno con ERC, lo resumió con la fábula del escorpión y la rana. Al final acaban picando, se lamentaba, no siempre con razón. Por contra, los republicanos atribuyen sus posiciones a la coherencia y a no querer estar subordinados a unos u otros (sean socialistas o ahora Junts), cosa que les acostumbra a comportar críticas de unos y otros.

El motivo de la última pugna no es menor. Están en juego los presupuestos de la Generalitat, los primeros de Salvador Illa, que es president porque así lo quiso ERC. El PSC dio por hecho que el apoyo a la investidura de los republicanos incluía el apoyo a las cuentas, algo que tendría su lógica, puesto que es el instrumento que permite a cualquier administración poder gobernar y no solo limitarse a sobrevivir. Distinto es que, ya sea en el Ejecutivo central o en muchas autonomías, se intente dar por normal que no se disponga de unas cuentas. Siempre se buscan argumentos cuando un partido está en el Gobierno y, si no, solo hace falta consultar la hemeroteca para recordar las diez veces que Pedro Sánchez le reprochó —acertadamente— a Rajoy que, si no era capaz de disponer de presupuestos, debía convocar elecciones.

Oriol Junqueras proclamó este fin de semana que, si “las prisiones” no les habían “rendido”, tampoco lo haría la presión de los socialistas, e insistió en que, si el Gobierno de Sánchez no se compromete a que la Generalitat pueda recaudar todo el IRPF, Illa se quedará sin presupuestos. ¿Farol? A fecha de hoy no lo parece, aunque no solo el Govern quiere disponer de unas cuentas que incluyen un gasto récord en vivienda y la creación de hasta 16.000 nuevas plazas de personal público, entre policías, médicos y profesores. Se trata de tener o no tener casi 50.000 millones más, y eso es algo que no solo el PSC reclama. Los agentes sociales insisten en que es necesario que haya presupuestos.

Que Catalunya recaude su propio IRPF a través de la Agència Tributària es un compromiso que figura en el acuerdo de investidura de Illa, al que el PSOE dio su visto bueno. Ahora Sánchez debe escoger entre María Jesús Montero, quien en una conversación con Junqueras dejó claro que no estaba por la labor, y Salvador Illa, que se presentó con la bandera de buen gestor, algo que, sin presupuestos, es difícil de sostener.

Habría una solución intermedia que permitiría a ambos, PSC y ERC, ganar tiempo, aunque está por ver si con garantías de que los republicanos acaben apoyando las cuentas. Sería aplazar su aprobación: pelota p’alante y votarlos en junio. Para entonces ya se debería haber celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y tener más claro si el Gobierno del PSOE está dispuesto a cumplir con la promesa que se le hizo a ERC. Illa ya ha dejado claro en más de una reunión y en sus entrevistas que no quiere poner en más problemas a Sánchez.

En el PSC recuerdan que, en la pasada legislatura, cuando los Comuns decidieron dinamitar los presupuestos de Aragonès por el proyecto del Hard Rock (un macrocasino que el actual Govern dice que sigue vigente), los socialistas mantuvieron el apoyo a las cuentas de ERC. Ahora, en reciprocidad, exigen la misma lealtad a los republicanos. En 2016, cuando Carles Puigdemont se encontró con un bloqueo —en ese momento por el veto de la CUP—, optó por someterse a una cuestión de confianza que superó gracias a los votos de todas las formaciones independentistas. Cuando le pasó a Aragonès, la pasada legislatura, y por la negativa de los Comuns a darle su apoyo, decidió adelantar las elecciones.

En Catalunya, a diferencia de lo que pasa en Madrid, a ERC le incomoda más aparecer como socio de los socialistas y sigue siendo motivo de debate dentro del partido. Pero llenarse la boca de discursos sobre los problemas económicos de mucha gente o defender la lucha contra la desigualdad y, a la vez, rechazar un presupuesto que, a priori, permitiría mejoras en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la educación, no parece muy coherente.

Que el PSOE, a veces —demasiadas—, promete lo que no puede o no quiere cumplir es una evidencia que se constata cada año en el grado de cumplimiento de las inversiones. Del mismo modo que, si un partido quiere apoyar unos presupuestos, puede encontrar siempre argumentos a favor o en contra para hacerlo. Veremos cuáles le pesan más a ERC en esta ocasión.

El Gobierno insiste en que habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE) en esta legislatura y que se elevarán las inversiones en materia de Defensa al 2,1% del producto interior bruto (PIB) sin recortar, para ello, partidas de gasto social. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido este miércoles en el Senado para dar cuenta del aumento de gasto militar y se ha comprometido a que estas partidas se incrementarán sin perjuicio de adoptar medidas para aliviar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La 'número dos' del Gobierno ha defendido la “intención clara” de elevar este año el gasto en Defensa al 2,1% del PIB, unos 1.700 millones más, tal y como comprometió el Ejecutivo en la Cumbre de Washington de la OTAN, pero lejos del 3,5% o el 5% que exigen con dureza desde la Casa Blanca, bajo amenazas de embargos. Un aumento que se acompañará de “medidas de urgencia” que se adopten, en los sucesivos Consejos de Ministros, para paliar las subidas de precios a cuenta del conflicto bélico, como avanzó el presidente Pedro Sánchez en una entrevista en elDiario.es.

En este sentido, Montero ha abierto la puerta a pedir que la Comisión Europea active la 'cláusula de escape' de las reglas fiscales para impedir que gasto en defensa y en partidas sociales “compitan” en el marco del Presupuesto, obligando a recortarlas para elevar los desembolsos militares. Sobre las Cuentas Públicas ha insistido en que las van a presentar, aunque ha evitado plazos, cuando solo quedan veinte días para que termine el primer trimestre que la propia vicepresidenta se marcó como límite a finales del año pasado.

“Si la situación se complica, seguiremos insistiendo en la desactivación de las reglas fiscales. Entre otras razones, porque el Gobierno de España pondrá en marcha un paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra, no de Pedro Sánchez”, ha dicho, con el último mensaje dirigido al PP.

“Sé lo que hubiera hecho el PP con la guerra en Irán”

La vicepresidenta ha mantenido un bronco desencuentro con los responsables populares y el grueso de la sesión, planteada para hablar del gasto en Defensa, se ha desarrollado con el conflicto bélico en Irán de fondo y con una fecha marcada en rojo en el calendario: el aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, que se cobraron 193 vidas.

Montero ha acusado al PP de estar “despistado” y confundidos con su postura en relación con la guerra en Irán. “Yo sé lo que hubieran hecho”, ha dicho la vicepresidenta. “Hoy tenemos el aniversario de las consecuencias de lo que hicieron. (...) Lo hicieron con la guerra de Irak. Cambia una consonante”, ha aseverado Montero.

La también 'número dos' del PSOE ha recriminado a los populares unas declaraciones que hizo su líder, Alberto Núñez Feijóo, la pasada semana, en las que justificaba el ataque ilegal de Estados Unidos e Israel a Irán por el objetivo de derrocar al régimen de los ayatolás. “El derecho internacional es lo que permite garantizar y proteger los derechos humanos; no es una dicotomía en la que haya que escoger uno u otro ni se puede dar prioridad a uno sobre el otro”, ha dicho en su primera intervención.

“¿Cómo pueden hacer ver que a veces hay que sacrificar el orden internacional en pro de los derechos humanos, que es la posición que ha defendido el PP? ¿Pero qué es para ustedes el orden internacional, sino la garantía jurídica del respeto a los derechos humanos? ¿O es que vamos a darle pie al sálvese quien pueda, a la ley del más fuerte, o a que cada uno invada un país cuando le venga en gana porque le guste o no le guste el régimen que gobierna?”, ha alegado.

Junts reitera su rechazo a la financiación autonómica

Sobre las consecuencias de la guerra, Montero ha insistido en que monitorizan la evolución de los precios energéticos y ha contrapuesto la actuación del Gobierno actual con lo que hicieron Ejecutivos del PP. “¿Qué haría el Partido Popular? ¿Qué hubiera hecho en la pandemia? ¿Qué hubiera hecho en la guerra de Ucrania? ¿Qué haría en la guerra de Irán? ¡Recortes! Es lo que hizo siempre, siempre. Nunca auxilió a otras administraciones territoriales. ¡Jamás!”, ha lanzado.

La determinación de la titular de Hacienda –que en pocas semanas tendrá que abandonar el Gobierno para encabezar la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía– a presentar unas cuentas y a seguir gobernando choca con las posiciones de algunos de sus socios habituales. Singularmente, por el gasto en Defensa, el objeto de la comparecencia. Pero también por la propuesta del Ejecutivo para reformar la financiación autonómica, que Hacienda quería cerrar este mes, pero que ha contado con la negativa frontal de Junts.

Los neoconvergentes han reiterado el rechazo de su formación a la reforma planteada por Montero al considerar que la mejora prevista —unos 4.700 millones de euros adicionales— está muy lejos de corregir el déficit fiscal que sufre Catalunya. Su representante, Joan Baptista, ha defendido que Catalunya recauda en torno al 19% del total de impuestos del Estado pero recibe un retorno en inversiones de entre el 9% y el 10%. Según sus datos, el déficit fiscal de los ciudadanos catalanes superó los 21.000 millones de euros en 2022, lo que equivalía al 8,2% del PIB catalán, una cifra que —aseguró— nunca baja de los 20.000 millones anuales y que convierte a Catalunya en “la región de Europa que más recursos transfiere a otras administraciones”.

Montero ha reprochado a la formación independentista su negativa a negociar el nuevo sistema y ha invitado al portavoz de Junts a “reconsiderar su postura”. La ministra, además, ha sostenido que el debate sobre financiación no debe plantearse en términos de confrontación territorial y que el Gobierno ya ha alcanzado acuerdos con Esquerra Republicana que ha valorado como “buenos no solo para Catalunya, sino para el conjunto de España”.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, se ha referido este martes a la situación de inestabilidad provocada por la guerra en Irán en la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados de la compañía valenciana, y ha explicado que, por el momento, no se ha visto reflejada en los precios de los productos que a la venta en sus supermercados: “Si se toca es el petróleo, eso afecta a todo, pero de momento no lo hemos visto reflejado en una subida de precios y no nos ha repercutido en nada; incluso hemos bajado algunos”.

Roig, que ha comparado la actual situación de incertidumbre a la que se produjo en las fechas iniciales de la pandemia de la Covid, ha querido aclarar que ellos no pueden influir en el precio de las materias primas: “Si suben o bajan, nosotros subimos o bajamos pero, de momento, nadie sabe lo que va a pasar”. Respecto a las medidas que se podrían adoptar desde los diferentes gobiernos, en este caso España o Portugal, Roig ha afirmado: “Estaríamos encantados del IVA cero en alimentación, pero no depende de nosotros”.

Cuestionado sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, el empresario valenciano no ha querido entrar en la propuesta, que supondría 3.669 millones de euros más al año para la Comunitat Valenciana, y la postura contraria del Consell. Lo único que ha dicho al respecto ha sido: “Me gustaría que en toda España pagáramos los mismos impuestos, ese es el problema que tienen que arreglar los políticos. Tiene que haber coherencia, y hoy en España cada uno paga una cosa”.

En este sentido, ha reclamado una actualización de las tablas de impuestos, “que llevan cuatro años sin actualización” y una mejora en la gestión de los servicios públicos, que considera que es “muy mejorable”. “A los políticos les pido que hagan bien su trabajo , porque qeremos tener una buena educación, una buena sanidad y una buena seguridad”, ha dicho Roig, quien ha añadido: “A quienes lo hagan mejor, les votaremos”.

Sobre la polémica de que en Mercadona hay poca variedad de marcas, el presidente de Mercadona ha sentenciado: “No entramos en la discusión de marca o no marca, ni creemos en nuestra marca o en la marca blanca; creemos en la calidad”. Al respecto ha explicado que tienen cuotas de mercado de productos propios con un 34 o 35% de cuota de mercado, porque son “lo que más calidad tienen”, igual que tienen otros que apenas llegan al 18%, “por ejemplo, nuestra cerveza es muy mejorable”. “No se trata de marca Hacendado o de marca X, ya que nosotros ponemos el nombre del fabricante en todos nuestros productos”, ha dicho. Así, ha insistido en que, por ejemplo, “entre el millón de productores de aceite de oliva buscamos un producto de calidad”.

Así mismo, Roig se ha mostrado orgulloso de que la gente quiera trabajar en Mercadona: a la oferta de 400 plazas para los puestos on-line se presentaron 8.000 solicitudes.

El último informe BBVA Research que analiza la situación económica de Castilla-La Mancha, con proyecciones hasta el año 2027, ofrece un visión positiva en el corto plazo para la comunidad autónoma, pero alerta de futuros retos estructurales.

Su crecimiento es sólido en la fotografía actual, pero la región se verá obligada a gestionar la transición hacia un ciclo más maduro y a resolver tensiones persistentes en el mercado de la vivienda y la productividad para asegurar su bienestar futuro, según los datos presentados hoy en Toledo.

No obstante, y a corto plazo, todavía está por ver el impacto de la guerra en Irán. “En la medida en que esto sea temporal, el impacto no será significativo”, ha comentado Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, para advertir que “tendrá consecuencias sobre la inflación que subirá más allá del 3%”.

El escenario con “más probabilidad”, decía, es aquel en el que el conflicto sea de corta duración y por esa razón “las disrupciones en los flujos de comercio, aprovisionamiento de energía y combustible o en el comercio de bienes serán relativamente limitados”.

De hecho, ha abundado Cardoso, “muchos productores que veían venir esta situación han acaparado inventarios” e insiste: “Si el shock es temporal”, y es lo que se percibe a tenor de las palabras del Gobierno de EEUU, se prevé que el impacto sobre la actividad económica y los consumidores pueda ser “limitado”.

En este sentido, dice, las previsiones para Castilla-La Mancha hasta 2027 no cambiarían demasiado. El análisis habla de un sólido crecimiento, que ha permitido a la región consolidar su recuperación con un crecimiento estimado del PIB del 3,1% en 2025 y la creación de 47.000 nuevos empleos hasta 2027, gracias al dinamismo del mercado laboral, la inversión y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, según el director de la territorial centro de BBVA en España, Juan Carlos Hidalgo.

El margen de crecimiento en el sector turismo

Castilla-La Mancha tiene margen para crecer sobre todo con un “entorno todavía favorable para el crecimiento del sector turístico”, asegura Cardoso. El número de plazas hoteleras ha crecido entre un 3% y un 4% respecto a 2019, señala, y eso “marca la capacidad del sector hotelero de absorber turistas”.

Los analistas de BBVA Research observan además cambios en las preferencias del consumidor. “Aumenta el peso en la cesta de consumo asociado a los servicios, en detrimento de los bienes. La gente prefiere salir, viaja más y también come más fuera de casa. Eso favorece al sector turismo”.

A eso se suma un “aumento relativamente importante de la productividad, debido a la desestacionalización de sector turístico. Esa productividad es hoy del 19% en comercio y turismo respecto a 2019”.

Y sin embargo, se espera desaceleración

A pesar de esta inercia positiva, los indicadores más recientes sugieren que la región entra en una fase de desaceleración gradual, con previsiones de crecimiento del 2,4% para 2026 y del 1,9% para 2027. Esta moderación se produce en un contexto donde el empleo sigue aguantando con fuerza, pero otros pilares como el gasto con tarjeta, las exportaciones de bienes de equipo y el turismo doméstico empiezan a mostrar señales de agotamiento.

“Creemos que la desaceleración se producirá por la volatilidad de la política comercial de Estados Unidos que afectará a las regiones con más exposición, por su relación comercial con el país norteamericano”, señala Cardoso.

“Aquí esa exposición es menor y supone un 3% del total de exportaciones y un 0,6% del PIB, Por eso el impacto estará restringido”, apunta el economista, quien advierte además de la caída de las exportaciones hacia aquel país, en torno al 9%.

Miguel Cardoso habla también de “pérdida competitividad” que en su opinión vendrá marcada “no solo por los aranceles sino por la depreciación del euro frente al dólar”.

En todo caso, y según las previsiones, se estima que para el año 2027, el PIB de Castilla-La Mancha igualará el nivel de actividad que habría tenido de seguir la tendencia lineal de crecimiento previa a la crisis del COVID-19, situándose incluso 3,8 puntos porcentuales por encima de dicha tendencia.

Varios factores sostendrán esta expansión en el bienio 2026-2027: el empuje de la inversión pública y privada, el dinamismo de la construcción, la llegada de los fondos europeos (NGEU), la moderación de la inflación y la progresiva bajada de los tipos de interés. No obstante, se incide en que persisten riesgos externos, al margen de lo ocurrido en Irán, como la incertidumbre en la política económica internacional, especialmente la arancelaria con EE.UU.

La inmigración como pilar fundamental de empleo

El mercado laboral sigue siendo la gran sorpresa positiva. A diferencia del conjunto nacional, la afiliación a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha se aceleró en el cuarto trimestre de 2025. Este dinamismo se ha concentrado especialmente en las áreas de Toledo y Guadalajara, así como en zonas rurales, impulsado por el comercio, la hostelería, los servicios públicos y la industria manufacturera.

Un dato revelador es que el 82% del empleo creado en la región ha sido gracias a la población inmigrante (extranjeros y personas con doble nacionalidad) y las previsiones apuntan a que la fuerza de trabajo seguirá aumentando en unas 400.000 personas anuales en 2026 y 2027 en España, lo que permitiría a la región crear un total de 47.000 nuevos puestos de trabajo en el periodo 2025-2027.

Gracias a este empuje, la tasa de paro podría bajar hasta el 11,5% de media en 2027. Sin embargo, empieza a detectarse un problema de escasez de mano de obra en sectores específicos como la construcción y la industria, donde a las empresas les cuesta encontrar trabajadores con la formación necesaria.

Una mayor dependencia de la demanda interna

Uno de los cambios más significativos en 2025 ha sido la transición hacia una mayor dependencia de la demanda interna, según ha destacado Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España.

Los salarios en la región han comenzado a recuperar poder adquisitivo, con un aumento pactado en convenio de alrededor del 3%, mientras que la inflación promedio se situó en el 2,5% en 2025, por debajo de la media española.

Esta ganancia de renta real, sumada al descenso de los tipos de interés —el BCE recortó el tipo de depósitos hasta el 2% a finales de 2025—, debería actuar como un catalizador para el consumo de los hogares y la inversión empresarial.

El gasto presencial total con tarjeta mostró un crecimiento dinámico del 9,1% en 2025, destacando el gasto en supermercados, salud, vehículos y grandes superficies. Por el contrario, el gasto en sectores como la electrónica de consumo, los viajes y el transporte ha mostrado caídas o estancamiento.

La preocupante falta de vivienda asequible

El sector inmobiliario se perfila como uno de los principales motores de crecimiento para los próximos dos años. Se estima que las viviendas en ejecución podrían alcanzar las 7.000 en 2026, lo que supone un incremento del 18% respecto a 2025. Además, los visados de obra nueva crecieron un 9,7% en 2025, superando la media nacional, lo que anticipa un aumento de las viviendas terminadas a partir de finales de 2026.

A pesar de este repunte en la actividad, el informe detalla una preocupante falta de vivienda asequible que se mantiene como un cuello de botella crítico para el bienestar de los jóvenes y la atracción de capital humano.

Desde 2021, se han creado en la región 52.800 nuevos hogares, pero solo se han construido 21.600 viviendas, lo que evidencia un desajuste estructural entre oferta y demanda. Aunque el esfuerzo de acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha es inferior a la media española, la tendencia al alza de los precios y la escasez de oferta en las zonas con mayor dinamismo demográfico son preocupaciones crecientes.

El informe también se detiene en analizar el impacto de la caída de los costes energéticos en la competitividad regional - al menos en el momento en el que se realizó el estudio- y el papel de los fondos europeos en la actividad económica.

Por un lado, la industria castellanomanchega ha mostrado un comportamiento más sólido que la media nacional. En 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó un 0,8%, impulsado principalmente por la producción de bienes de equipo y energía. La caída de los costes energéticos y de transporte ha beneficiado especialmente a la región dada su apertura económica y el peso de su industria manufacturera.

En cuanto al sector exterior, las exportaciones de bienes crecieron un 5,1% nominal hasta septiembre de 2025, apoyadas en el sector agroalimentario (alimentos y bebidas) y las manufacturas de consumo. No obstante, los bienes de equipo han mostrado debilidad en los últimos meses, contribuyendo negativamente al saldo exportador. Por otro lado, las exportaciones de servicios se han acelerado, con un incremento notable del gasto de turistas extranjeros (+12,3% en 2025) y de las pernoctaciones hoteleras (+9,9%).

Por otro lado, la inversión pública seguirá siendo un pilar de la expansión. Hasta diciembre de 2025, Castilla-La Mancha ha licitado contratos y concedido subvenciones ligadas a los fondos Next Generation EU (NGEU) por un valor de 2.346 millones de euros, lo que representa el 4,2% de su PIB regional de 2024, una proporción superior a la media española (3,9%).

Además, la comunidad es una de las que más puede beneficiarse del incremento global del gasto en defensa. Las empresas de este sector en la región facturan el equivalente al 0,5% del PIB regional, lo que la sitúa como la quinta comunidad con mayor peso en esta industria. Si este aumento del gasto se traduce en producción nacional, el impacto en la actividad económica regional será considerable.

El talón de Aquiles de la productividad

A pesar de las perspectivas positivas, Castilla-La Mancha enfrenta retos estructurales profundos. La productividad por hora sigue siendo un desafío; aunque ha mejorado tras la sequía de 2023, la región todavía presenta niveles inferiores al conjunto nacional.

El PIB per cápita regional se sitúa en el 79,8% de la media española, y el dinamismo demográfico (mayor crecimiento poblacional que el promedio) dificulta la convergencia rápida en este indicador.

De nuevo, la necesidad de reforma de la financiación autonómica

Como ya hiciera el año pasado, el informe BBVA Research vuelve a advertir sobre la necesidad de reformas en la financiación autonómica para garantizar la sostenibilidad de la deuda y mejorar el margen fiscal de la región. La reforma del modelo de financiación autonómica sigue, un año más, sin concretarse.

En el ámbito fiscal, la deuda pública se situó en el 28,8% del PIB en el tercer trimestre de 2025. Los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica, que han crecido cerca de un 40% desde 2019, mostraron una desaceleración en 2025, lo que elevó el déficit de la Junta hasta el -0,2%.

De ahí que se apunte esa necesidad de acuerdos para garantizar la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y una reforma del sistema de financiación que sea más simple, transparente y equitativo.

Se atribuye a Voltaire este aforismo político: “Si no estás en la mesa, estás en el menú”. ¿Quién quiere ser el menú de los demás? Creo que nadie. Pero ser el menú es el triste y realista corolario a la negativa de uno a tomar decisiones, o mejor dicho y aplicado al tablero político, a negarse a negociar.

En el caso de Cantabria, este aforismo se puede aplicar a todo tipo negociaciones de calado con el Estado, pero sobre todo en dos casos: el modelo de financiación y la quita de la deuda.

Cantabria, al igual que otras comunidades del Partido Popular, no entra en negociaciones para la renovación de los criterios y cálculos de estas dos importantísimas cuestiones, que afectan a la financiación autonómica y al cálculo de los intereses de la deuda. Negociar es mucho más que plantear exigencias y dejarlo ahí, ya que por lo general las cosas no funcionan así. La renuncia a negociar es la aceptación tácita de convertirse en menú de otros que sí negocian, que sí se sientan a la mesa. 

Renunciar a negociar, a cooperar, supone asumir el vergonzante papel de formar parte del menú en la mesa de los poderosos y perjudicarse a uno mismo, que es lo que por lo general suele acabar ocurriendo

Renunciar a acuerdos para erosionar políticamente al Partido Socialista, que gobierna en La Moncloa, como se está viendo, lo único que produce es el mantenimiento de los sistemas existentes y la inexistencia de mejoras, es decir, renunciar a sentarse la mesa para ser el menú.

Es cierto que, dadas las declaraciones del Ejecutivo central, las cosas quedan como están: el modelo vigente y los intereses de la deuda actuales son discrecionales: si quieres los coges, si no te quedas como estás. Pero independientemente de que debiera ser explicada esta renuncia a la defensa de los intereses cántabros, más allá del socorrido comodín de “cortina de humo de la corrupción sanchista”, la desigualdad entre autonomías irá a más (por la mejora financiera de aquellas que sí negocian) y con la incertidumbre de si un Gobierno del PP a nivel nacional mejoraría los modelos para pequeñas autonomías como Cantabria, en detrimento de pesos pesados como Valencia, Madrid o Andalucía, por ejemplo, con más población, más capacidad de presión y otros criterios que perjudicarán a Cantabria. Ponerse a negociar entonces, cuando uno se ha contentado a ser menú de los demás durante dos años, tal vez sea demasiado tarde.

Esto también tiene relación con otro concepto que se ha traspasado a la Teoría de Juegos: el dilema del prisionero. Dicho pedestremente, el dilema supone que dos prisioneros se perjudican a sí mismos si se niegan a cooperar. Renunciar a negociar, a cooperar, supone asumir el vergonzante papel de formar parte del menú en la mesa de los poderosos y perjudicarse a uno mismo, que es lo que por lo general suele acabar ocurriendo.

Después de unas primeras valoraciones sobre la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (SFA), presentada recientemente por el Gobierno, se precisan conocer más detalles del proyecto para disponer de una visión global del mismo. No obstante, antes de avanzar en su tramitación parlamentaria, puede resultar de interés esbozar posibilidades para que, llegado el caso, el proyecto llegue a buen puerto. Ahora que la propuesta todavía está “tierna”, este artículo pretende debatir sobre la forma de mejorarla y aportarle coherencia.

Solo una aclaración inicial. Considero que abrir nuevas dimensiones en la discusión, como sucederá más abajo, no entorpece, sino que facilita la consecución de acuerdos más equilibrados. Encapsularse en una sola área reduce las posibilidades de compensar a los potenciales perjudicados. Minimizar los agravios comparativos se configura, pues, como un requisito imprescindible, sobre todo vista la nula sincronía entre el Ministerio de Hacienda y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas (CCAA).

La idea central sería tomar el grueso de la propuesta de reforma del SFA presentada por el gobierno, aportarle más generalidad y encajarla en otra discusión en curso como es la condonación de deuda autonómica en manos del Estado, sincronizando ambas con la ineludible reforma de las reglas fiscales internas.

El esqueleto del nuevo SFA esbozado por el gobierno contiene una mezcla asumible de corresponsabilidad y equidad hasta la llamada nivelación vertical, inclusive. Se puede discutir si los nuevos porcentajes de cesión son excesivos o si el grado de ordinalidad es más o menos aceptable pero, como estructura conceptual, sirve para un debate ordenado. Por el contrario, los nuevos fondos de IVA Pymes y el Climático no tienen sentido en una discusión sobre federalismo fiscal; son apaños cuyos recursos se pueden reciclar para la nivelación y/o garantizar statu-quo en términos absolutos. Este statu-quo en términos relativos sí debe diluirse progresivamente.

Por otro lado, hace meses se puso en marcha un anteproyecto de ley orgánica para que el Estado asumiera deuda pública de las CCAA. Si bien, a mi juicio, es una iniciativa necesaria para que muchos gobiernos regionales alcancen la autonomía financiera que requiere su condición, la propuesta gubernamental es claramente mejorable, como se ha explicado desde diferentes fuentes.

Repensar las cifras (hay CCAA que no necesitan condonación y otras a las que le resultará insuficiente) y exigir una estricta condicionalidad fiscal para que no se perciba como un premio son, en mi opinión, dos vectores de mejora evidentes. Hay, sin duda, CCAA que cargan con una pesada deuda pública ocasionada en parte por su infrafinanciación relativa. Por consiguiente, sincronizando con sentido la reforma del SFA y la condonación parcial de la deuda se enfrentan simultáneamente causa y consecuencia.

Y una tercera pieza para encajar la reforma integral de las finanzas autonómicas consistiría en renovar la gobernanza fiscal de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Estado y las CCAA llevan siete años sin objetivos de déficit ni deuda pública, y la regla de gasto, desalineada con la europea, adolece serios problemas de diseño, aplicación y coherencia con el resto de reglas. Emprender en estas condiciones una reforma del SFA acompañada de una condonación de deuda autonómica debilitaría la estabilidad financiera del país.

Dotar de credibilidad a la gobernanza fiscal española es un activo en sí mismo. Pero, además, en el contexto de las propuestas ahora lanzadas sobre el SFA y la deuda autonómica, adquiere virtudes adicionales. De un lado, permitiría dosificar la recomposición de recursos que tendría lugar entre el Estado y las CCAA. Con otras palabras, aumentar en 21.000 millones de euros los ingresos de los gobiernos autonómicos en 2027 a resultas de la reforma del SFA no casa bien con que ese dinero rápido y fácil se vaya a gastar de manera eficiente. Además del agujero que provocaría en las arcas estatales.

De otro lado, si la nueva gobernanza fiscal española sigue la senda de la europea, cabe pensar en la definición de objetivos fiscales específicos para cada administración y encaminados a la reducción de deuda pública. Así, las exigencias de consolidación fiscal de cada comunidad autónoma podrían diferir según los recursos que allegarían tras la reforma del SFA, los porcentajes de condonación de que disfrutarían, sus niveles de deuda pública y esfuerzos fiscales previos, entre otros factores.

En definitiva, se trata de aprovechar los grados de libertad de discutir sobre finanzas autonómicas en varias dimensiones. Las más beneficiadas en un aspecto pueden ser sometidas a exigencias más intensas o ganancias menos abundantes en otros. Todo esto que les acabo de exponer resulta viable desde el punto de vista técnico y, con la coherencia necesaria, puede trasladarse en forma de diferentes escenarios al nivel político para tomar decisiones. Es posible que para ello necesitemos menos Consejos de Política Fiscal y Financiera y más trabajo discreto pero efectivo de funcionarios y expertos. 

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha exigido hoy la ejecución íntegra del plan de mejora de las cercanías ferroviarias para saldar “una deuda histórica con Asturias”. Durante su intervención en el pleno de la Junta General, ha demandado mayor agilidad en este proceso, que movilizará más de 1.800 millones de inversión, y ha recordado que la gratuidad del servicio se mantiene este año gracias a los Acuerdos de la Castellana, suscritos en febrero de 2023 con el Ministerio de Transportes.

“La obligación del Gobierno de Asturias es ser exigente con el ministerio para que desarrolle ese plan de cercanías, que ya se está ejecutando, pero no al ritmo que quisiéramos”, ha reconocido, al tiempo que ha valorado actuaciones largamente demandadas, como la renovación de la línea Gijón-Laviana o el soterramiento de Langreo. 

El jefe del Ejecutivo ha señalado que, tras la llegada de la crisis económica, los sucesivos gobiernos de España dejaron de invertir en la red de cercanías, “no solo en Asturias, sino en todo el país”. “Ahora hay que revertir esa situación de abandono durante años”, ha añadido.

“Queda mucho por hacer, me hago cargo de las demandas de la ciudadanía, porque esa es mi obligación”, ha respondido a la portavoz de Vox, Carolina López, en la sesión de control celebrada en el Parlamento.

Financiación autonómica

Barbón también ha debatido en el pleno sobre financiación autonómica. Sobre este asunto, ha garantizado que el Gobierno de Asturias negociará “hasta la extenuación” para lograr que el futuro modelo tenga en cuenta los intereses de la comunidad, recogidos en el acuerdo suscrito en la Junta General por todos los grupos, a excepción de Voz, y en los Acuerdos de Santiago, firmados con otras siete comunidades (Galicia, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y La Rioja).

El presidente ha vuelto a reiterar que al Ejecutivo autonómico no le vale la propuesta actual, tal y como está formulada, pero ha considerado que sí sirve como punto de partida para empezar a debatir.

“Si como producto de esa negociación conseguimos beneficios y la propuesta nos parece aceptable, la apoyaremos; si no nos lo parece, la rechazaremos y votaremos que no”, ha contestado al Partido Popular.

Buen punto de partida, pero aún insuficiente. Así es como ven las principales entidades empresariales catalanes el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno, el Govern y ERC y que la ministra María Jesús Montero presentó ante las comunidades autónomas hace dos semanas.

En un comunicado conjunto, las entidades del llamado G8 empresarial, además de Foment del Treball y las cámaras de comercio, defienden que la propuesta “es un avance en la dirección correcta” y reclaman a los partidos catalanes “trabajar juntos” para mejorarla durante el trámite parlamentario y “garantizar que los cambios se consoliden en el futuro”.

“La propuesta de nuevo modelo de financiación presentada por el Gobierno de España representa una mejora importante respecto al modelo actual, aunque no puede considerarse suficiente”, indican.

Además, destacan que el nuevo modelo avanza en la suficiencia financiera de las CCCA, porque “reduce el desequilibrio vertical”, es decir, “la distribución de recursos entre el Estado y las CCAA en favor del primero acumulado a lo largo de los últimos años”.

También subrayan que la propuesta del Ministerio hace el sistema más “transparente y justo”, además de celebrar que se respete el principio de ordinalidad en el caso de Catalunya.

Las patronales lamentan además que “muchas de las críticas” que se han hecho se basen en que el modelo surge del pacto entre partidos catalanes y el gobierno central. “Lo que hay que discutir es el contenido de lo que se propone, no su génesis”, apuntan.

El comunicado lo firman Foment del Treball, Pimec, el Círculo de Economía, el Colegio de Economistas de Cataluña, Barcelona Global, Femcat, Fira de Barcelona, RACC y las 13 cámaras de comercio catalanas. La incorporación de Foment del Treball a esta nota es relevante después del choque que su presidente, Josep Sánchez Llibre, tuvo con el president de la Generalitat hace dos semanas a cuenta del posicionamiento de la gran patronal catalana respecto a la propuesta de financiación, que criticó.

Alfonso Rueda prefirió no hacerlo. Ante la situación de la atención primaria y las urgencias de la sanidad pública gallega, que usuarios y trabajadores no dudan en calificar de colapso y que el BNG le afeó en la sesión de control parlamentario, el presidente de la Xunta de Galicia optó por evasivas en forma de ataques. A Ana Pontón, líder nacionalista, al Gobierno de Pedro Sánchez y al bipartito que gobernó la comunidad hace 17 años. “Algarada y conflicto” es, una vez más, lo único que Rueda percibe en la oposición. “Lleva 32 años en coche oficial y 17 en la Xunta, pero no tiene respuesta para nada”, resumió Pontón la actitud del presidente gallego.

La portavoz del Bloque había realizado antes un breve repaso de los problemas que cercan la materia. Los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, dijo, han recortado 1.650 millones de euros en medicina de familia, hay unos 11.000 niños y niñas sin pediatra, los seguros privados han aumentado un 166% y la precariedad está a la orden del día: afecta a un 54% del personal de enfermería y a un 48% del de medicina. “Y ahora vendrá con su manual de escapista”, añadió Pontón, “y me acusará a mí o a los gallegos y gallegas que se manifiestan”. No anduvo muy desencaminada. “Usted siempre igual. Hay manifestación el domingo [la ha convocado la plataforma SOS Sanidade Pública] y pregunta el miércoles”, le respondió Rueda, “pero los médicos hacen una huelga contra el Gobierno central [en referencia a las protestas contra el estatuto marco convocadas por algunas organizaciones] y usted protesta contra la Xunta [que gestiona las competencias sanitarias en la comunidad]”.

El presidente de la Xunta tampoco evitó otro de sus lugares retóricos predilectos, el bipartito. Lo usa a menudo para atacar a la oposición, pese a los 17 años transcurridos desde que perdió las elecciones. “El bipartito privatizó cuatro veces más que nosotros”, aseguró sin explicar de dón procedía su cálculo ni en qué lo basaba, justo antes de afirmar que el BNG vendía su dignidad en la Deputación de Lugo. Era una referencia al acuerdo con el PSdeG para apoyar a la substituta de José Tomé, denunciado por acoso sexual en un canal interno de los socialistas. Pontón insistió en su segundo turno e ironizó con “la amnesia” de Rueda: “Se le olvida que es presidente de la Xunta”. Fue en el cierre cuando este deslizó algún dato referente a lo concreto del debate que había planteado la nacionalista, aunque la comparación con el bipartito casi dos décadas después lo convierta en anacrónico: “Dedicamos un 50% más a la sanidad que el bipartito”. Incluye, como recordó Pontón, los 341 millones derivados a la privada.

Sin modelo de financiación autonómica

El portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, se había interesado por qué modelo de financiación autonómica defiende Alfonso Rueda. Este no lo aclaró. Lo que sí hizo fue cargar contra la propuesta del Gobierno central y enumerar todos y cada uno de los puntos del habitual argumentario de Génova, de Ábalos a Óscar Puente y el independentismo catalán. “Usted no tiene el mínimo rigor”, le espetó, “y lo que es de todos se reparte entre todos”. “Una de sus características como presidente es la previsibilidad”, se resignó Besteiro, para quien el silencio del presidente de la Xunta sobre qué financiación autonómica es la más adecuada para Galicia solo puede obedecer a dos motivos: “O bien no tiene modelo, o bien lo tiene y no quiere enseñarlo”.

Rueda no se movió. Tampoco resistió la tentación de lanzarse de nuevo contra Pedro Sánchez y “su gobierno chantajeado y sin punch”.

El Gobierno de Asturias ha dejado claro que no asumirá el modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio de Hacienda y ha advertido de que votará en contra si se mantiene en sus actuales términos, al considerar que perjudica a comunidades envejecidas como el Principado.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha apelado este viernes a la “diplomacia vaticana” y a la “discreción” para abrir una negociación con el Gobierno central que prevé “durísima” y que afrontará con voluntad de diálogo, aunque sin garantías de acuerdo. En su primera comparecencia ante los medios desde que Hacienda presentó la propuesta, Barbón ha señalado que el planteamiento es “inaceptable” para Asturias.

Una cuestión coyuntural

El jefe del Ejecutivo asturiano ha explicado que su silencio inicial respondió a la necesidad de que los técnicos del Principado analizasen el documento y a que se pronunciase la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE. Superado ese proceso, ha asegurado que Asturias no puede respaldar un modelo que no refleja adecuadamente el envejecimiento de la población, un factor clave para la comunidad.

Según ha detallado, si el índice medio de financiación es cien, Asturias estaba en 108 con la entrada en vigor del actual modelo en 2009 y pasaría ahora a 101. Con la propuesta planteada por Hacienda, el Principado caería hasta el 95 debido a su menor crecimiento poblacional. Barbón ha reclamado claridad en el debate y ha señalado que las comunidades más beneficiadas serían, por este orden, Valencia, Murcia, Cataluña, Baleares, Madrid y Andalucía.

El PP “sin números ni datos”

El presidente ha defendido la necesidad de abordar la negociación desde la confianza, al tiempo que ha recordado que lo que está en juego no es una cuestión coyuntural, sino un modelo de financiación que puede tener una vigencia de hasta veinte años.

Barbón ha restado importancia a las discrepancias con el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a compartir signo político, y ha recordado que Asturias ya ha votado en contra del Ejecutivo central en otros asuntos, como la protección del lobo o el reparto del impuesto a la banca. También ha criticado al PP por presentar una propuesta alternativa “sin números ni datos”, reducida a “tres folios” y basada, a su juicio, en contradicciones. “Un modelo de financiación no puede atender todas las cosas al mismo tiempo”, ha zanjado.

Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda es uno de los mayores expertos en materia de financiación autonómica a nivel nacional. Ve pros y contras en el modelo propuesto por el Ministerio de Hacienda y, respecto del difundido informe de FEDEA –aunque desde una posición prudente, ya que él mismo es investigador de este organismo–, considera que se podría haber elaborado con otras pautas.

A partir de las cifras difundidas por el Gobierno central, ¿cree que es una buena propuesta? 

A partir de la presentación de la propuesta que hizo la ministra de Hacienda y de las simulaciones publicadas, podemos hacernos una idea provisional de la reforma. Y creo que tiene cosas buenas, con avances con respecto al modelo vigente, como el incremento de recursos al conjunto de comunidades autónomas, las mejoras en la estimación de las necesidades de gasto autonómicas y en la descentralización tributaria o el establecimiento de un sistema claro de nivelación. Pero también hay aspectos negativos, como la desvirtuación de los resultados del sistema con algunos fondos ad hoc, como el fondo climático y el IVA de las pymes.

Precisamente muchas de las críticas al Ministerio se centran en los ajustes que se introducen con estos dos fondos. ¿Cree que están justificadas esas críticas?

Sí. Como en anteriores reformas, son elementos introducidos aparentemente para producir unos ingresos adicionales en determinadas comunidades autónomas. Con respecto al fondo climático, el problema no es que no haya que destinar recursos a luchar contra el cambio climático, sino cómo se hace la propuesta, dirigida a obtener unos concretos resultados.

Y ¿el IVA de las pymes?

No tiene ninguna justificación. No tiene nada que ver con la autonomía o la corresponsabilidad fiscal, como pretende el Gobierno central. El IVA ya se distribuye correctamente entre las comunidades en función del consumo, no es preciso estropear el reparto con fórmulas como la propuesta.

Sería pues una decisión de carácter más político.

Sin duda.

En general, ¿quiénes son los ganadores y quiénes los que menos ganan con la propuesta?

En términos absolutos, casi todas las comunidades obtienen más recursos. Si ponemos en relación esos recursos con las necesidades de gasto de cada una, lo que llamamos población ajustada, hay cinco que seguramente obtendrán unas ganancias superiores a la media: Murcia, la Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las que menos ganarían son Castilla y León, La Rioja, Cantabria y Extremadura, y de hecho a estas dos últimas se les aplicaría la denominada cláusula del statu quo, que garantiza que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el modelo anterior.

Si ponemos en relación esos recursos con las necesidades de gasto de cada una, lo que llamamos población ajustada, hay cinco comunidades que seguramente obtendrán unas ganancias superiores a la media: Murcia, la Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Andalucía

Julio López Laborda

La propuesta parte de un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, lo cual ha generado críticas por si beneficia a Catalunya. ¿Cree que privilegia a esta comunidad autónoma?

Catalunya sería la comunidad más favorecida. No en vano, el origen de la reforma está en un acuerdo bilateral que el Gobierno central pretende extender a todas las comunidades autónomas. Con esto, por cierto, sortean la negociación multilateral a la que están obligados constitucionalmente, aunque no se alcance un acuerdo. Porque no se puede hablar de negociación genuina cuando una de las partes no conoce en su integridad sobre qué está negociando, y no parece que las comunidades autónomas tuvieran mucha más información sobre la propuesta del Gobierno central que nosotros.

El informe de FEDEA sitúa a Aragón como la comunidad autónoma que menos recibirá por habitante en el sistema propuesto. ¿Está de acuerdo con las conclusiones proporcionadas por este organismo?

Si se toman los resultados de la reforma que se simulan en ese mismo informe, Aragón se quedaría en la media de financiación por habitante ajustado. El problema es que no se ha entendido bien el informe, que además no es de FEDEA, sino de un investigador de ese centro [Ángel de la Fuente]. Debería haberse hecho al revés: es en el anexo donde explica cómo se calcularía la financiación de cada comunidad autónoma con la reforma. Y muestra que, tras las transferencias horizontal y vertical, todas las comunidades están prácticamente igualadas.

Según Hacienda, Aragón recibirá 630 millones de euros más, pero FEDEA reduce esa cantidad hasta los 265 millones de euros. ¿Con qué cifra deberíamos quedarnos?

No son datos directamente comparables. Hay que tener en cuenta que el documento de FEDEA realiza una simulación preliminar con los pocos datos de que se dispone a partir de la presentación de la reforma que hizo la ministra de Hacienda y que hace su ejercicio para 2023, mientras que la presentación del Gobierno central da datos para 2027.

El Gobierno de Aragón denuncia que Hacienda no ha atendido su petición de incluir la orografía y la despoblación entre los criterios correctivos, mientras que el Ministerio asegura que las compensaciones por la despoblación aparecen en el epígrafe de 'costes fijos' y en la estratificación de los grupos de edad. ¿Quién tiene razón?

En 2021, el Gobierno central envió a las comunidades autónomas una propuesta para mejorar la estimación de las necesidades de gasto autonómicas. En ese documento se discutió la posible inclusión de la orografía, aunque finalmente se descartó su incorporación; por lo tanto, no puede haber una pérdida de unos ingresos que nunca han existido. Sin embargo, sí que se proponía la introducción de una variable de costes fijos, que se mantiene en la actual propuesta de reforma como indicador vinculado a la despoblación. También están relacionadas con la despoblación otras variables del modelo, como la superficie o la dispersión.

¿Y considera que una variable como la orografía puede ser de tal magnitud para Aragón? El Gobierno de Aragón la cuantifica en 320 millones de euros.

No lo sé. Yo lo único que sé es que la variable de superficie, la de dispersión o la de coste fijo, están directamente relacionadas con la despoblación. Y los ejemplos que tenemos parece que muestran que su peso debería ser más elevado del que le da el modelo propuesto por el Ministerio.

¿Es justa la ordinalidad? ¿Y el hecho de que esta, en principio, solo se garantice para Catalunya?

Es justa, y tan de sentido común que no es más que la consecuencia de la correcta aplicación de un modelo de financiación. La ordinalidad exige que, si ordenamos a las comunidades de la primera a la decimoquinta, de acuerdo con su capacidad para cubrir sus necesidades de gasto solo con sus tributos cedidos, ninguna puede perder posiciones después de recibir o realizar transferencias para hacer efectiva la solidaridad entre regiones. Desde luego, la ordinalidad se cumple si, después de transferencias, todas las comunidades están igualadas y se les garantiza la misma financiación en función de sus necesidades. Este principio de ordinalidad no parece que vaya a cumplirse con el modelo propuesto.

Y ¿la ordinalidad no es opuesta a la solidaridad entre territorios? ¿No supone ir en contra de la convergencia?

Es que la financiación autonómica no se encarga de la convergencia: se ocupa de que, aunque existan desigualdades de renta entre comunidades, estas no se traduzcan en un acceso desigual a los servicios públicos. Y eso la ordinalidad lo garantiza.

¿Afecta el modelo propuesto el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas?

Teniendo en cuenta lo que se conoce de la propuesta y a la vista de los resultados de las simulaciones publicadas, yo diría que no, con la salvedad de los resultados favorables, especialmente, para Catalunya.

El agravio comparativo, convertido en el nuevo motor de la historia, es siempre el vencedor en los debates sobre financiación autonómica. Es una apuesta imbatible frente a la que los datos y los argumentos siempre pierden. 

Al ofrecer una explicación simplista que lo reduce todo a la condición de “perdedoras” de unas comunidades, frente a otras “privilegiadas”, oculta la complejidad derivada de las diferencias sociales en el interno de todas ellas.

Este es uno de los efectos indeseados -entre muchos positivos- del estado autonómico. Propicia un imaginario de identidades cerradas y compactas que niegan la diversidad social. A él se apuntan, entusiastas, todos los nacionalistas, los reconocidos como tales y los camuflados de ilustración jacobina. 

La opinión publicada se llena de quejas sobre el maltrato de la comunidad propia frente al privilegio de otras, que en realidad solo es una, Catalunya. Pero eso merece otro artículo. 

Quienes así argumentan, tanto desde las comunidades con menos capacidad tributaria, como desde las “ricas” obvian las grandes diferencias sociales que hay en cada una de ellas. 

En un reciente y novedoso estudio de EsadeEcPol se aportan datos sobre la desigualdad de riqueza en España, con las CCAA como referencia. Madrid tiene un patrimonio medio por hogar de 687.000 euros (2022), un 80% sobre la media nacional (excluyendo Euskadi y Navarra). Le siguen Baleares, Catalunya y Cantabria. En el otro extremo, Extremadura y Andalucía se sitúan muy por debajo de la media. 

La desigualdad de riqueza no solo se expresa entre CCAA, sino en el interno de cada una de ellas. Canarias, Baleares, Madrid y Catalunya son las comunidades en las que existe más desigualdad en el reparto de la riqueza. Entre las menos desiguales aparecen Castilla y León y Extremadura. 

Estos datos sirven para recordarnos una obviedad, en las CCAA “ricas” hay muchos pobres y viceversa, en las “pobres” también hay ricos. Un factor que nunca aparece en el radar y se oculta deliberadamente cuando se analiza el modelo de financiación autonómico.

Por eso resulta imprescindible relacionar el modelo de financiación autonómica con el sistema fiscal. El primero decide qué parte de la tarta fiscal va a parar al estado central y cuál a las CCAA (equilibrio vertical), para luego establecer cómo se distribuye entre las diferentes comunidades (equilibrio horizontal). Esa distribución se hace a partir de un sistema fiscal que determina el volumen total de la tarta y de dónde provienen los ingresos. 

En España, donde se ha alcanzado un nivel significativo de autonomía tributaria de las CCAA, algunas comunidades la utilizan para reducir la factura fiscal de los más ricos. Especialmente a través de la práctica desaparición del impuesto de sucesiones y donaciones, también del de patrimonio (aunque el gobierno de coalición ha intentado minimizar su impacto con la creación del “impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas”). 

Algunas CCAA, que reciben recursos del Fondo de Garantía de Servicios públicos Fundamentales (FGSPF) aportados por otras comunidades, al mismo tiempo reducen el esfuerzo fiscal que le exigen a las rentas y riquezas altas de su territorio. Es cierto que los cálculos del FGSPF se hacen a partir de la capacidad tributaria en términos normativos, o sea, antes de la reducción de impuestos que aplican, pero eso no evita la distorsión. Entre otras cosas, porque las transferencias de solidaridad de CCAA ricas a pobres -disculpen la simplificación- se hace con recursos que en las comunidades “ricas” aportan, entre otros, muchas personas trabajadoras con salarios medios o bajos, especialmente a partir del IRPF y el IVA. 

El actual modelo de financiación genera efectos perversos. Algunas comunidades que aportan recursos a la solidaridad terminan recibiendo unos ingresos per cápita inferiores al de las receptoras. Esos menores recursos tienen consecuencias, porque afectan negativamente a la cantidad y calidad de los servicios públicos que prestan. Y los más perjudicados son, también en esas comunidades “ricas”, las personas de rentas bajas y medias que suelen ser las que más precisan de los servicios públicos. 

Veamos algunos ejemplos. El presidente Jorge Azcón, uno de los más beligerantes contra los “privilegios” de Catalunya, en sus críticas olvida algunos datos. Aragón, con el actual modelo de financiación autonómica, entra en el sistema con unos ingresos tributarios propios (homogéneos) que son el 86,9% sobre la media y sale percibiendo 100,2%. Mientras, en Aragón se aplican reducciones de la base imponible del impuesto de sucesiones que pueden llegar a ser del 100% en herencias de hasta 3 millones de euros, que no es un pellizco pequeño.

Este regalo fiscal se reproduce en muchas CCAA, especialmente las gobernadas por el Partido Popular. Madrid, Andalucía, Valencia, Galicia, Murcia, Castilla y León o la Rioja tienen establecidas bonificaciones del 99%. 

Aunque el impuesto de sucesiones, junto al de patrimonio, suponen la cara más visible, son solo una parte del inmenso iceberg de los conocidos como beneficios fiscales, o sea, los ingresos que los contribuyentes dejan de aportar como consecuencia de la regulación fiscal del estado y de cada autonomía. Para ilustrar su dimensión económica basta recordar que en los Presupuestos del estado del 2023 (hoy prorrogados) los beneficios fiscales ascendieron a 45.268,75 millones de euros.

A estos se suman los que se incluyen en los presupuestos autonómicos. Volviendo a Aragón, en 2024, de los 1.816.848.000 euros de beneficios fiscales en impuestos cedidos y propios que dejaron de tributarse en esa comunidad, más de 500.000.000 corresponden a regulación autonómica. 

Ese mismo escenario se reproduce en Castilla y León, con unos beneficios fiscales totales (2024) de 3.171,6 millones de euros de los que 1.086.000.000 corresponden a impuestos propios o cedidos. El Ministerio de Hacienda y AIReF publican anualmente datos desglosados para cada comunidad. 

Detrás de estas cifras hay una evidencia que se obvia en los debates del modelo de financiación. En las CCAA “ricas” hay muchas personas pobres (en algunos casos en situación de pobreza extrema) y en las “pobres” también hay ricos. Por eso es imprescindible que el debate sobre la financiación autonómica vaya acompañado y relacionado con la discusión del sistema fiscal. Y sobre todo, que en los análisis no desaparezcan las grandes diferencias sociales que hay en el interno de cada una de las comunidades.

Llegados a este punto me pregunto ¿cuánto tardarán algunas izquierdas en salirse del marco ideológico que han impuesto las derechas, el del agravio comparativo entre CCAA, y situarán la mirada en la desigualdad social?