El Gobierno ha decidido proponer a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como candidata a directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo clave de Naciones Unidas para los derechos laborales. La elección está prevista para el próximo noviembre y el mandato, en cualquier caso, no comenzaría hasta octubre de 2027.

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado la candidatura de Yolanda Díaz a través de un mensaje en la red social X, calificando de “honor” la promoción de su vicepresidenta segunda. De ser elegida como directora general, sería la primera vez que una mujer y España estarían al frente de “esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social”, ha destacado el jefe del Ejecutivo.

La OIT es el único organismo de Naciones Unidas en el que están representados no solo los países, sino también los agentes sociales, como sindicatos y patronales. “Su estructura tripartita la convierte en una institución única dentro del sistema internacional y en el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social”, subrayan desde La Moncloa.

El anuncio llega después de una intensa gira internacional en la que Yolanda Díaz, en las últimas semanas, ha visitado países como Estados Unidos, Senegal o China, y ha mantenido numerosas reuniones con responsables públicos de los 187 países miembros del organismo.

“La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas. Es un orgullo y una responsabilidad enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional”, ha dicho la Díaz en un mensaje a través de su cuenta en Bluesky, que ha replicado en inglés y en francés, los idiomas oficiales del organismo. “Vamos a hacerlo juntas y juntos”, ha concluido.

Una candidata para una OIT “en crisis”

La vicepresidenta Díaz ya participó en la sesión plenaria de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, en el Palacio de las Naciones de Ginebra (Suiza), donde tiene su sede la organización. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, dijo con solemnidad. Antes de entrar, ya había apuntado directamente como causante a la Casa Blanca, ahora en manos de Donald Trump, quien lleva tiempo retrasando el pago de los fondos comprometidos al organismo. “Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”, aseveró ante los medios de comunicación.

Yolanda Díaz ya había anunciado hace tiempo que no solo no sería la líder de Sumar en las elecciones generales que tendrán lugar el año que viene, sino que tampoco concurriría como candidata a un escaño en el Congreso de los Diputados, dando por hecho su salida de la primera línea de la política nacional.

Si bien el Ministerio de Trabajo desmintió los primeros rumores, el anuncio de hoy confirma que Díaz es la apuesta española para tratar de dar un revulsivo a este organismo. “Con esta candidatura, España aspira a reforzar una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales, reforzando el papel de la OIT como referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social”, destaca el comunicado del Ejecutivo.

El Gobierno tenía de plazo hasta el 31 de agosto para postular sus candidaturas al liderazgo de la organización, mientras que las elecciones están previstas para el 16 de noviembre. En caso de resultar elegida, el mandato no arrancaría hasta octubre de 2027, con la legislatura ya finiquitada tiempo atrás.

“Como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos. Durante estos años, se impulsó la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, que ha contribuido a reducir la temporalidad a mínimos históricos a la vez que ha conseguido el récord de empleo de la historia de España, la ley de plataformas o la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia”, glosan desde La Moncloa.

La propuesta de Díaz choca con la candidatura de otro compañero de gabinete que también aspira a un alto cargo en el sistema de Naciones Unidas: el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien el Gobierno ha postulado a la presidencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). La elección, en este caso, no está prevista hasta junio del año próximo, por lo que queda todavía recorrido en el caso de que las aspiraciones a la OIT no prosperen.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha expresado profunda consternación y preocupación ante las informaciones que apuntan a que más de 140 personas habrían muerto o desaparecido como consecuencia de varios accidentes marítimos ocurridos la semana pasada frente a las costas de Mauritania cuando intentaban viajar hasta Canarias. Por este motivo, la organización recuerda la elevada mortalidad de la Ruta Canaria e insiste en la necesidad de redoblar los esfuerzos para abordar las causas profundas que empujan a las personas refugiadas y migrantes a emprender estas peligrosas travesías.

La Ruta Canaria está considerada la más mortífera del mundo. Según los últimos datos difundidos por el colectivo Caminando Fronteras, muere una persona por cada cinco que consiguen llegar a las Islas. Hasta junio, murieron intentando entrar en España 1.317 personas, de las que 635 lo hicieron en la Ruta Canaria.

Ya en julio, entre el 14 y el 18, se llevaron a cabo tres operaciones de rescate y desembarco en Nuadibú, Mauritania, que permitieron poner a salvo a 387 personas. ACNUR señala que estuvo presente en todas ellas junto a las autoridades nacionales y organizaciones humanitarias para asistir a las personas supervivientes e identificar a quienes pudieran necesitar protección internacional. Las personas rescatadas procedían de distintos países.

Según esta agencia de la ONU, uno de los episodios más trágicos afectó a una embarcación rescatada el 18 de julio. Según las informaciones disponibles, 143 personas murieron o permanecen desaparecidas y solo 38 sobrevivieron tras permanecer cerca de 25 días a la deriva en el Atlántico tras zarpar de Bufaloto, en Gambia, con destino a Canarias. Entre las personas supervivientes hay dos menores que perdieron a todos sus familiares durante la travesía y que se recuperan en el hospital junto a otras personas rescatadas.

También se informó del fallecimiento de otra persona que viajaba en una embarcación cuyos ocupantes desembarcaron el 14 de julio.

Un fallo en un motor dejó a uno de los cayucos a la deriva

El Ministerio de Pesca mauritano informó a través de redes sociales de que la primera operación de búsqueda y rescate, que se extendió durante dos días en el fin de semana, fue lanzada tras recibir una llamada de alerta de una embarcación con “unas 160 personas a bordo” que inició su ruta en la capital de Gambia, Banjul, y que se dirigía a Canarias.

“Sufrió un problema y se quedó sin combustible, quedando a la deriva en aguas internacionales antes de entrar en aguas territoriales mauritanas”, explicó, antes de apuntar que los equipos de búsqueda habían rescatado a un total de 37 personas -22 senegaleses, siete gambianos y ocho guineanos-, además de recuperar un cadáver en la zona. La embarcación “pasó unos 25 días en el mar” y los supervivientes relataron que estuvieron “unos diez días a la deriva”, lo que provocó que “se agotaran el agua y la comida, viéndose forzados a beber agua de mar”. “Soportaron condiciones extremadamente duros”, apuntó el Ministerio mauritano.

Respecto al segundo rescate, el Ministerio detalló que fueron rescatadas 179 personas -168 senegaleses, cinco ghaneses, cuatro gambianos y dos malienses-, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados igualmente en un hospital para recibir atención, sin detalles sobre la gravedad de su estado.

Una ruta letal

Estos hechos, incide ACNUR, recuerdan con crudeza que, pese a los esfuerzos sostenidos de las autoridades costeras y las organizaciones humanitarias por salvar vidas, la ruta atlántica entre África occidental y Canarias sigue siendo una de las más mortíferas del mundo. Las largas distancias, las condiciones imprevisibles del océano, las embarcaciones precarias y sobrecargadas y la dificultad para acceder a rescates a tiempo siguen haciendo de esta una de las rutas más letales.

ACNUR insiste en que aunque las llegadas al archipiélago canario han caído un 61% respecto a 2025 (dato que se eleva hasta el 70% según Frontex) y se situaban en 4.400 personas a 15 de julio, estos incidentes ponen de relieve los riesgos persistentes a los que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes que intentan llegar a Europa, muchas de las cuales emprenden la travesía desde puntos situados a más de 2.000 kilómetros de su destino.

En conjunto, las principales rutas marítimas hacia Europa han registrado más de 40.000 llegadas en lo que va de año, frente a las 65.407 contabilizadas durante el primer semestre de 2025. Sin embargo, ACNUR y sus socios advierten de que las muertes y desapariciones en el mar continúan produciéndose a niveles alarmantes. Muchos de estos incidentes ocurren lejos de la atención pública y, en algunos casos, terminan con embarcaciones enteras desapareciendo sin dejar rastro, señala la Agencia.

En este contexto, los rescates llevados a cabo en Mauritania ponen de manifiesto la necesidad de redoblar los esfuerzos para abordar las causas profundas que empujan a las personas refugiadas y migrantes a emprender estas peligrosas travesías. Al mismo tiempo, resulta imprescindible facilitar un mayor y más rápido acceso a vías legales, mediante un aumento de las plazas de reasentamiento, más oportunidades de movilidad laboral y vías de acceso a la educación como alternativas a los peligrosos cruces marítimos, concluye ACNUR.

En lo que va de 2026 se han registrado 17 operaciones de desembarco en Nuadibú y Nuakchot, donde han sido rescatadas un total de 2.147 personas.

La batalla por conseguir la dirección general de la Organización de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas (FAO) empieza en Europa. La candidatura del ministro español de Agricultura, Luis Planas, para el principal puesto de la institución de la ONU tiene que superar relevantes obstáculos en una carrera ante rivales de la UE. Además de Planas, se presentan el italiano Maurizio Martina, exministro de Agricultura y actual subdirector general de la FAO, y el irlandés Phil Hogan, excomisario europeo de Agricultura y Comercio.

La FAO ha asumido en los últimos años una mayor carga geopolítica como han demostrado turbulencias internacionales como la crisis del pan en Túnez, pasando por la necesidad de abrir corredores seguros para la salida de cereales por el mar Negro desde Ucrania tras la invasión que perpetró Rusia; el papel de Moscú ante el desabastecimiento de África, ofreciendo a varios países africanos precios bonificados de cereales en un intento de ganar influencias; o el peso en la cadena alimenticia de los fertilizantes tras el cierre del estrecho de Ormuz en la reciente guerra de Irán.

80 años después de su creación, la FAO sigue sin conseguir cumplir su objetivo de acabar con el hambre en el mundo, que la crisis climática va a complicar aún más por los efectos de la elevación de las temperaturas sobre las cosechas y el efecto de la erosión de la tierra.

Con estos retos urgentes, el Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando ya activamente para que la candidatura de Planas sea un éxito con los argumentos de la defensa del multilateralismo en un momento en el que Administraciones como la de Donald Trump tratan de desprestigiar estas instituciones, además del peso de España como potencia en la industria agroalimentaria (cuarto país de la UE y séptimo del mundo en exportación de alimentos) y su “respetada” posición internacional tanto en África, como en Latinoamérica y Asia.

Si algo enseñó la candidatura frustrada del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos al mismo puesto, que se presentó solo seis meses antes de las votaciones, es que es necesario una campaña para sumar adhesiones durante varios meses para conseguir la victoria. La FAO la componen 193 países y el voto vale igual para Andorra como para China.

La UE quiere un candidato único europeo

La Unión Europea está interesada en que se presente un único candidato europeo, de hecho, durante la presidencia rotatoria de la UE, que le tocó a Chipre, se intentó consensuar una candidatura única, pero fue imposible. El último director general europeo de la FAO fue el neerlandés Addeke Hendrik Boerma, quien ocupó el cargo entre 1967 y 1975.

El Gobierno español, que respalda la propuesta de la candidatura única, también trata de plantear que tras la primera vuelta de las votaciones los candidatos europeos menos votados se replieguen dando paso a un único candidato europeo. Es otra de las lecciones de la candidatura de Moratinos, ya que el austriaco Franz Fischler mantuvo su candidatura pese a que en la primera vuelta logró menos apoyos que el exministro español, que perdió contra el brasileño José Graziano da Silva por solo cuatro votos. Se sabe que dos de esos votos fueron de países europeos.

En esta pugna europea, Planas tiene un obstáculo de carácter político con uno de los candidatos. El irlandés Phil Hogan se está presentando como el contendiente del Partido Popular Europeo, que es la familia política que ostenta más gobiernos en la Unión Europea, pero además cuenta con el respaldo público de Francia, país que tiene un fuerte peso en la política agraria de la UE.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Agricultura apuntan que la candidatura de Hogan no parece tener apoyos suficientes, ni siquiera por parte del Ejecutivo irlandés, que ahora ostenta la presidencia rotatoria de la UE, y ha optado por inhibirse por una cuestión de neutralidad. Además, el candidato irlandés tiene en su historial una tacha, ya que tuvo que dimitir como comisario europeo cuando se descubrió que había participado en agosto de 2020 en una cena de gala con unas 80 personas en el Condado de Galway, incumpliendo la cuarentena y las normativas de viaje por la pandemia del COVID, que estaban entonces vigentes en Irlanda.

Fuentes del Gobierno apuntan que el otro candidato, el italiano Maurizio Martina, ya tiene un cargo en la FAO, es director general adjunto, y recalcan que es la propuesta del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que cuenta con menos simpatía a nivel internacional.

España pelea por varios cargos internacionales

Otro obstáculo al que se tendrá que enfrentar Planas es el compendio de cargos internacionales a los que aspira España. Además de la dirección de la FAO, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se está moviendo para aspirar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otro organismo de la ONU, aunque no cuenta con el respaldo de la parte socialista del Ejecutivo. Pero, sobre todo, las aspiraciones de España por lograr un puesto como el de presidente del Banco Central Europeo, para el que se ha postulado el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, puede entorpecer la carrera de Planas en el juego de favores entre países para acceder a los puestos relevantes de decisión a nivel internacional.

Incluso si Planas consiguiera ser el único candidato europeo, se tendría que enfrentar a otros candidatos no europeos que son Mehmet Mehdi Eker, exministro de Agricultura de Turquía, y Josefa Sacko, embajadora de Angola en Italia, aunque si se logra en consenso europeo, tendría muchas posibilidades de ganar.

Todavía queda un largo recorrido, ya que la presentación oficial de candidaturas se alarga hasta noviembre de este año y las elecciones serán la última semana de junio de 2027. Pero el Gobierno español no quiere caer en los mismos errores que se cometieron con Moratinos y se tiene plena confianza en el perfil profesional y la carrera política de Planas, uno de los cuatro ministros que han acompañado a Pedro Sánchez desde que accedió a la presidencia del Gobierno.

España, junto a Francia y Kenia, han impulsado la creación de una alianza que integrarán una veintena de países con el objetivo de garantizar una inteligencia artificial “respetuosa y saludable” para la infancia. La iniciativa, constituida este martes en Ginebra bajo el amparo de Naciones Unidas, se denomina Coalición Internacional para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la Inteligencia Artificial.

“Algunos milmillonarios han estado haciendo mucho dinero con los datos de nuestros niños. Esto debe terminarse. Es hora de que sean responsables”, ha declarado durante la presentación de la coalición el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El representante del Gobierno español también ha expresado la necesidad de impedir que la inteligencia artificial reproduzca las dinámicas de captación masiva de datos personales, así como de imponer medidas que frenen que “niños y adolescentes” puedan “acceder a sitios donde les pueden hacer daño” en Internet.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha emprendido una campaña a nivel internacional para defender que los magnates tecnológicos deben ser responsables legales de los daños que ocasionan sus plataformas. También de imponer la verificación de edad digital, una medida que en España se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y que se ejecutaría a través de la aplicación Cartera Digital Beta.

La alianza formalizada hoy en Ginebra cuenta con el respaldo de Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, República Checa, El Salvador, Estonia, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, Marruecos y Países Bajos. Asimismo, se han sumado la UE, Unicef (la agencia de la ONU de protección a la Infancia), la Unesco (su homóloga para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La propuesta regulatoria de la Coalición pretende “desarrollar sistemas de IA seguros, fiables, dignos de confianza, respetuosos con los derechos de la infancia y con un enfoque centrado en las personas”. También se comprometen a “garantizar” que las opiniones de los menores “contribuyan de forma significativa al diseño, el despliegue y la gobernanza de los sistemas de Inteligencia Artificial que les afectan, en consonancia con su derecho a ser escuchados”.

El documento ratificado hoy se sustenta en las conclusiones del primer informe del Panel Científico de la IA, que confirma que “estas tecnologías crean nuevas oportunidades, pero también amplifican riesgos como la manipulación, el contenido dañino, la generación de pornografía y material de abuso sexual infantil a partir de deepfakes y la segmentación algorítmica de menores”, explica el Ministerio en un comunicado.

La inciativa de la Coalición coincide con la aprobación en Consejo de Ministros de la nueva ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes, entre otras cuestiones. Tras la luz verde del Gobierno, el documento está listo para empezar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca (USAL) ha aprobado este martes por una amplia mayoría (solo tres votos en contra) la propuesta institucional para la concesión del doctorado “honoris causa” al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. El rector Juan Manuel Corchado ha destacado que la entrega de esta distinción reforzará la vertiente internacional de la Universidad de Salamanca. Esta decisión queda aún a la espera de aprobarse en el Claustro de Doctores.

El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, ha defendido esta propuesta puesto que António Guterres proyecta los ideales estratégicos de la USAL en la transferencia a la sociedad a través de compromisos éticos basados en la justicia social, la convivencia y la defensa de los derechos individuales de las personas. 

A su juicio, Guterres es un intelectual y estadista “que ha consagrado su andadura a humanizar la gobernanza global y a defender activamente la dignidad intrínseca de cada ser humano” y ha destacado la “tenaz coherencia” de su trayectoria política “orientada a traducir los ideales de justicia distributiva en normativas de gran alcance”.

Mateos Roco también ha subrayado la altura moral del actual secretario general de Naciones Unidas como “portavoz global ante las fracturas geopolíticas contemporáneas y los desafíos a nivel mundial”, según ha informado la USAL en un comunicado.

Secretario de la ONU desde 2017

António Guterres (Lisboa, 1949), noveno secretario General de las Naciones Unidas, asumió el cargo el 1 de enero de 2017. Guterres fue Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de junio de 2005 a diciembre de 2015. Fue primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002, período en el que participó activamente en las iniciativas internacionales para resolver la crisis de Timor Oriental. Como presidente del Consejo Europeo a principios de 2000, dirigió el proceso de aprobación del Programa de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo y copresidió la primera cumbre Unión Europea-África. Fue miembro del Consejo de Estado portugués de 1991 a 2002. 

Formado en Física e Ingeniería Eléctrica, forjado en la docencia como profesor asistente de Teoría de Sistemas en el Instituto Superior Técnico de Lisboa, Guterres sido miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que presidió la Comisión de Migraciones, Refugiados y Población entre los años 1981 y 1983, y durante años fue miembro activo de la Internacional Socialista, la organización mundial de partidos políticos socialdemócratas. Fue vicepresidente de dicho grupo entre 1992 y 1999 y copresidió la Comisión para África y, posteriormente, la Comisión para el Desarrollo. Desde 1999 hasta mediados de 2005 desempeñó el cargo de presidente. Asimismo, fundó el Consejo Portugués para los Refugiados y la Asociación Portuguesa para la Defensa del Consumidor (DECO) y, a principios de la década de 1970, fue presidente de la asociación Centro de Acção Social Universitário, que realizaba proyectos de desarrollo social en barrios pobres de Lisboa.

La Unión Europea abandona la multilateralidad en favor del mundo que quiere construir Donald Trump con sus propias normas. Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, llena sus discursos de alegatos en favor de la soberanía digital de Europa, la UE acaba de firmar esta semana la Pax Silica, un tratado diseñado y construido por la Administración de Trump contra la “trampa de la soberanía digital” con la justificación de crear cadenas de suministro sólidas relacionadas con la tecnología de inteligencia artificial (IA) frente al control de China de minerales críticos y tierras raras, que son esenciales para esta tecnología.

La Comisión Europea ya argumentó para su adhesión que Pax Silica no es jurídicamente vinculante porque se trata de una declaración política más que de un acuerdo comercial, aunque en su redacción se recogen frases como “apoyamos la promoción de un ecosistema compartido y de confianza de desarrolladores y proveedores de inteligencia artificial para modernizar las industrias tradicionales y abrir nuevos mercados y servicios que garanticen una prosperidad duradera para nuestros pueblos”.

Tampoco se entiende la rúbrica de la Pax Silica por parte de Europa cuando EEUU y la UE ya habían acordado un plan de acción sobre minerales críticos. Ambos bloques firmaron un memorando de entendimiento sobre una asociación estratégica para profundizar en la cooperación en este tipo de materias primas. Los minerales críticos y las tierras raras se han convertido en fundamentales en el nuevo contexto geopolítico ya que son fundamentales para la industria tecnológica y de defensa. China controla el suministro mundial de metales críticos: representa el 70% de la minería global y el 90% de la capacidad de procesamiento de estos materiales en el mundo.

Pero además hay una clara contradicción en la firma de este acuerdo y las políticas que, en teoría, está desarrollando la UE. Solo unas semanas antes, la Comisión lanzaba el Paquete de Soberanía Tecnológica Europea, un conjunto de medidas para reforzar la capacidad de Europa en semiconductores, la IA, la nube y el código abierto frente a China, pero también ante Estados Unidos. La UE necesita reducir la dependencia de ambos países ya que solo representa el 9% del mercado mundial de semiconductores, la capacidad de computación sigue siendo insuficiente y sigue dependiendo estructuralmente en ciberseguridad de proveedores no europeos.

Aunque tampoco hay que olvidar que en el recientemente ratificado acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, que algunas capitales europeas señalaron como “humillante”, Europa se comprometió a adquirir “al menos 40.000 millones de dólares en semiconductores estadounidenses para inteligencia artificial”.

La soberanía digital es “retrógrada y contraproducente”

El artífice de la Pax Silica es Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos de EEUU, que abiertamente ha criticado la idea promovida por organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) con su Pacto Digital Mundial de que cada país debería desarrollar una infraestructura completa de inteligencia artificial propia (hardware, datos, modelos y capacidades nacionales) para alcanzar la “soberanía digital”.

Según Helberg, esta visión del mundo es “retrógrada y contraproducente”, ya que en su opinión la soberanía digital es “una especie de mediocridad sincronizada: un planeta de clones a pequeña escala, cada uno reconstruyendo heroicamente el avance del año pasado”. A final queda claro que con la Pax Silica lo que se pretende es que las grandes tecnológicas de EEUU sean las proveedoras de inteligencia artificial mientras el resto de países colaboran en consolidar “una cadena de suministro fiable e indispensable” de materias primas para una supuesta “seguridad económica mutua”.

El político estadounidense asegura que las grandes plataformas digitales estadounidenses “siempre han distribuido más valor del que han retenido; generan más riqueza por encima de ellas de la que capturan dentro de sí mismas” y que “competir en productos y métodos ya existentes, lejos de ser el motor de la prosperidad, suele ser más bien el cementerio del crecimiento y el camino hacia el estancamiento”.

En una entrevista en Financial Times, el subsecretario de Asuntos Económicos de EEUU reconocía que “prácticamente todo lo que hacemos implica trabajar en estrecha coordinación con nuestras empresas privadas” y apuntó cómo Israel, Singapur y Emiratos Árabes Unidos han utilizado con éxito tecnología estadounidense, lo que, según él, ha hecho que “rindan muy por encima de lo que cabría esperar por su tamaño, por lo que deberían ser un ejemplo muy sólido para quienes tienen dudas”.

Mar Hidalgo, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) dependiente del Ministerio de Defensa, puntualiza que la Pax Silica “pretende convertirse en la fórmula definitiva con la que Trump busca seguir siendo líder en tecnologías de IA” y demuestra “el creciente reconocimiento por parte de la Administración Trump del link directo que existe entre la superioridad tecnológica, la seguridad nacional y la soberanía económica”. 

La analista del IEEE resalta que “la falta de acceso a determinados minerales producidos y procesados por China se ha convertido en una grave preocupación para la industria tecnológica mundial, y en especial, para la de EEUU, que lo considera una cuestión de seguridad nacional”. Hay que recordar que China ya ha usado como herramienta de coerción su control de exportaciones de minerales críticos cuando Estados Unidos puso en marcha su caótica política comercial de aranceles o en sus cada vez más tensas relaciones con la UE.

“Uno de los objetivos perseguidos por Trump al formalizar esta alianza es contrarrestar la influencia de China en medio de una creciente competencia estratégica entre ambos países, lo que exige una lealtad política”, concluye Hidalgo.

EEUU: “Multiplicador del riesgo sistémico”

Y todo esto en un momento que como explica Sinan Ülgen, investigador del think tank Carnegie Europe, “Estados Unidos representa el socio más paradójico para la UE. El país es el principal pilar de las cadenas de suministro dentro del núcleo estratégico de los socios comerciales europeos, pero la convergencia política entre ambas orillas del Atlántico está disminuyendo. La creciente imprevisibilidad de la política comercial estadounidense, unida a una política exterior cada vez menos favorable a la relación transatlántica, está transformando al principal aliado de seguridad de la Unión Europea en uno de los mayores multiplicadores del riesgo sistémico para sus cadenas de suministro”.

A pesar de las relaciones caóticas con EEUU, la Comisión Europea instó a los Estados miembros de la UE a adherirse a la Pax Silica señalando que hará más fácil la coordinación en las cadenas de suministro tecnológicas y podría ser una vía de nuevas oportunidades para las empresas europeas. El mismo día que firmó la UE también lo hicieron Alemania y Grecia, mientras que Finlandia, Suecia o Países Bajos ya lo habían hecho.

“A través de Pax Silica damos la bienvenida a una Europa decidida a ser fuerte: a mantenerse firme y a unirse a nosotros para garantizar el acceso a las tecnologías que ayudarán a nuestras economías a construir un futuro mejor. Esa es la asociación que exige este siglo. Esa es la renovación que hemos elegido juntos”, declaró subsecretario de Asuntos Económicos de EEUU el día de la firma de la UE.

Sin embargo, países como Francia han señalado la iniciativa como una vía para “colonizar Europa” y elevaron las dudas de que esta firma pueda abrir la puerta que busca Estados Unidos para dejar sin autonomía regulatoria a la Unión Europea, una intención que persigue la Administración Trump en su defensa de las grandes compañías tecnológicas estadounidenses.

Benjamín Netanyahu (Tel Aviv, 1949) cita a nuestro colaborador en un Merkava IV Barak estacionado en la zona de Cisjordania bajo control palestino. Se trata de un tanque de 65 toneladas diseñado para escenarios de guerrilla urbana que el primer ministro de Israel usa a modo de utilitario.

Señor Netanyahu, ¿dónde vamos?

¡A relajarme, que me tienen fritos los iraníes! Abróchate el cinturón. Y llámame Bibi, todo el mundo me llama Bibi.

Prefiero señor Netanyahu. Oiga, ¿seguro que se puede circular con esto en circuito urbano?

La Torá no dice que no se pueda.

Ya, pero el Código de Circulación igual sí.

¿Sugieres que el Código de Circulación importa más que la palabra del Eterno?

Bueno, no sé… Hay leyes.

¡Yo hago las leyes aquí! Mira, ayer mismo prohibí rezar en alfombras.

¿Por qué?

Por salud. Sueltan muchísima pelusa, y algunos de mis soldados son alérgicos. Eso provoca que les lloren los ojos y acaben confundiendo un niño con una multitud armada con kalashnikovs.

Pensé que íbamos a hablar del Mundial.

Puedo hablar mientras aplasto civiles. Lo hago cada día. Se llama política.

Dígame, ¿qué siente ante el hecho de que Israel haya quedado fuera del mundial?

Bueno, es un caso evidente de antisemitismo.

¿Por qué dice eso?

¡Nos eliminaron! ¡A nosotros, los judíos! ¿Necesitas un croquis?

Bueno, fútbol es fútbol.

¿Qué eres tú, una especie de Adolf Eichmann? ¡Nos eliminaron porque nos odian! ¡Todo el mundo nos odia, lo ha dicho mi amigo Trump! Apuesto a que tú también. Nadie en tu estúpido país nos traga. En cuanto acabemos con los palestinos iremos a por vosotros.

Le aseguro que España no es antisemita.

¡¡Dios de Abraham, hijo!! ¿Te crees que no estoy informado? ¡Nos echasteis de la noche a la mañana!

¡Eso fue con los Reyes Católicos! Por entonces, España ni siquiera existía como tal.

¡Y, si por mí fuera, volvería a no existir! Hay demasiados países. Mira Oriente Próximo. ¿De verdad se necesitan tantos países? ¡Si son todos iguales! Por suerte, yo tengo la solución.

¿Ah, sí? ¿Cuál?

Desde el gobierno de Israel pronto lanzaremos el Plan de Almacenamiento de Árabes © . Busca optimizar la organización de esa gente con el objetivo de que ocupen menos espacio.

Ajá. ¿Y se sabe ya cuánto espacio ocuparán?

Calculamos unos diez metros cuadrados.

Pero… eso es imposible. Estamos hablando de cientos de millones de personas.

Bueno, habría que quemarlas primero, claro.

¿Y eso no plantea problemas?

¿A qué te refieres? ¿No irás a decirme que hay árabes ignífugos?

No, no. Me refería a problemas éticos.

¡Oh, claro que sí! Soy perfectamente consciente de que el Plan generaría mucha polución, pero ya estamos trabajamos en un proceso de cremación eficiente. El impacto ambiental será nulo, puedes poner eso en tu artículo.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dicho que su país viola los derechos humanos de forma reiterada. Ha mencionado incluso que existe “riesgo de genocidio”.

¡Pero eso es culpa de los palestinos!

¿Por qué?

¡Porque son pocos! Entonces, claro, a pocos que mates, te arriesgas a que no quede ninguno. ¿Qué culpa tenemos los judíos de eso? Tú imagínate que queda uno solo y lo atropella un autobús. ¿Qué hacemos? ¿Acusamos al autobusero de genocidio? Pues no. Habrá sido un accidente, digo yo. Pues esto, lo mismo.

¿Me está diciendo que la aniquilación del pueblo palestino es un accidente?

¡No diga «aniquilación», que nos hace parecer los malos! Diga Proceso De Reorganización © .

Ya. ¿Y cómo cree que acabará ese proceso?

¡¿Quién ha hablado de lanzar una bomba atómica?!

¿Cómo?

¿Qué?

Yo no he mencionado una bomba atómica.

Ni yo tampoco. ¿La he mencionado?

Sí.

Ah. Pues no sé. Estaría pensando en otra cosa.

Para acabar, señor Netanyahu, ¿quién le gustaría que ganase el Mundial?

Israel, por supuesto.

¡Pero si no participan!

Confío en el voto del público.

Estos días ha dado comienzo el Mundial de fútbol, un acontecimiento global que siguen millones de personas aficionadas de todo el mundo. Son días interesantes, especialmente para quienes siguen cada encuentro, pero también para quienes lo viven desde más lejos. Pronto llegarán los partidos de la fase eliminatoria, cuando se disputen el trofeo las grandes selecciones, tanto del Norte Global como de países empobrecidos que forman parte de lo que denominamos Sur Global. De momento, las favoritas calientan motores y nosotras, las ONG de desarrollo de Euskadi, comparamos algunos partidos de fútbol con la realidad que acompañamos en muchos países de ese Sur Global.

Hace unos días, por ejemplo, mientras algunos disfrutaban del partido Brasil-Haití, nosotras sólo podíamos pensar en las más de 1.200.000 personas de origen haitiano que actualmente están protegidas por la ACNUR, refugiadas en diferentes lugares del mundo o desplazadas dentro del propio país caribeño. Probablemente, muchas de las personas que vieron el jueves el Uzbekistán-Colombia no sabrán que este último es el país más letal para las defensoras de la tierra y el medioambiente, con 48 asesinatos en 2024, según Global Witness.

Para quienes nos dedicamos a la cooperación y la solidaridad internacional nos es muy difícil mirar hacia otro lado. A quienes hemos recordado, como cada 20 de junio, el Día Mundial de las Personas Refugiadas, nos resulta imposible olvidar a las 117 millones de personas que para el año 2025 habían sido obligadas a huir de sus casas por persecuciones, conflictos, violaciones a los derechos humanos u otros motivos de desplazamiento forzoso.

A la guerra y la crisis medioambiental, principales responsables de este éxodo masivo según la ACNUR, se suma otra grave crisis para los derechos humanos: el cierre del espacio cívico. Según el instituto V-Dem, más del 70% de la población mundial vive en países donde el espacio cívico está reprimido o cerrado, esto es, lugares donde los derechos civiles y políticos no pueden ejercerse de forma plena, mientras que solo el 4% de la población vive en espacios cívicos abiertos.

Las ONGD vascas venimos alertando de esta oleada antiderechos. Una oleada que no sólo se vive en el Sur Global. La prohibición de manifestaciones propalestinas en el Reino Unido o Alemania, o la violencia policial contra integrantes de la Global Sumud Flotilla en el aeropuerto de Loiu, son señales de que el espacio cívico se estrecha también en Europa, donde el porcentaje de personas que viven en un espacio cívico abierto (total o parcialmente) pasó de un 63% antes de la pandemia a un 29% en 2025.

Cerca de aquí, en Extremadura y Aragón, el pacto PP-Vox reducirá a mínimos la política de cooperación internacional al desarrollo, convirtiendo los derechos humanos en moneda de cambio y poniendo en riesgo la protección de millones de personas en situación de vulnerabilidad. Ante el riesgo de que estos ataques se extiendan por todo el Estado, las ONGD y coordinadoras autonómicas hemos puesto en marcha una campaña para reivindicar, también en el contexto del Mundial, que la cooperación, la justicia social, el antirracismo, la convivencia... no pueden ser moneda de cambio en negociaciones presupuestarias. La solidaridad es lo normal, lo que nos enseñaron nuestras amamas y nuestros aitites. Lo raro es tener que recordarlo y defenderlo ante estos ataques.

De algún modo, aunque sea metafóricamente, este Mundial tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo los pueblos del mundo; solo que en vez de un trofeo, fuera de los estadios nos estamos jugando algo mucho más valioso, algo que ha costado décadas construir y por lo que queda mucho por hacer: una sociedad libre, donde cada persona y comunidad tenga reconocidos sus derechos fundamentales. Este otro partido va de salvar vidas, y de proteger y fortalecer los derechos humanos. Las ONGD que vivimos a diario cada jugada, sabemos lo que está en juego en este choque; y también sabemos que, por ahora, lo estamos perdiendo.

Con una base social de más de 100.000 personas, las 85 organizaciones que formamos la Coordinadora de ONGD de Euskadi trabajamos en 69 países del mundo para contribuir a la defensa y fortalecimiento de los derechos humanos, la justicia social y la democracia. En colaboración con entidades locales, la cooperación vasca apoya el fortalecimiento a largo plazo de estas comunidades, a través de 949 proyectos que abarcan diversas áreas, como la salud, la nutrición, la educación, la provisión de servicios de agua, saneamiento e higiene, la protección infantil, el empoderamiento de las mujeres y personas LGTBIQ+, la defensa de los derechos humanos...

El 15 de enero, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Antonio Guterres dijo: “Algunos quieren poner la cooperación internacional en una sala de cuidados intensivos. Les aseguro que no nos rendiremos”. Tampoco lo haremos las ONGD vascas que formamos esta Coordinadora.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) está en el centro de muchos corrillos políticos en España este lunes. Hace unos días, aprobó un convenio histórico para regular derechos de trabajadores en plataformas digitales en el mundo, pero el foco no se lo ha llevado este paso, sino las informaciones que sitúan a la vicepresidenta Yolanda Díaz como posible candidata a presidir el organismo. Aunque en el Ministerio de Trabajo niegan que exista una propuesta formal, su nombre está sonando como una posibilidad para las elecciones del próximo noviembre, según confirman fuentes sindicales.

La OIT es la entidad de las Naciones Unidas encargada de fomentar los derechos laborales a nivel internacional, “persiguiendo su misión fundadora: la justicia social es esencial para la paz universal y permanente”, recoge el organismo en su página web. En estos momentos afronta un importante reto: un gran bocado en su presupuesto por la demora en el abono de los fondos comprometidos por los Estados Unidos de Donald Trump.

Es la única agencia tripartita de la ONU, que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados Miembros con el objetivo de establecer las normas del trabajo, así como fomentar políticas y programas promoviendo el “trabajo decente”.

En la actualidad, la entidad está liderada por el togolés Gilbert F. Houngbo, director general elegido en marzo de 2022 para un mandato de cinco años, que llegan a su término en septiembre de 2027. El proceso para la elección del próximo director general de la OIT ya se ha iniciado, de momento con su única candidatura para la reelección, pero se espera que puedan surgir algunas opciones alternativas, entre las que algunas voces sitúan la de Yolanda Díaz.

Un “runrún” de una posible candidatura, que no es oficial

“Hay runrún con su nombre”, reconoce una fuente de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, cuyos representantes estuvieron la semana pasada en Ginebra para participar en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea anual de la OIT.

Oficialmente, el Ministerio de Trabajo evita pronunciarse sobre la posibilidad de que Díaz opte a liderar la OIT y se limitan a trasladar su preocupación por el estado de la organización, que expresó la vicepresidenta en un crítico discurso durante la Conferencia Internacional de hace unos días. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, sostuvo.

Estas fuentes ministeriales explican que la vicepresidenta no ha recibido ninguna propuesta formal para dirigir la organización. Y, oficialmente, Díaz no se está planteando optar a suceder a Houngbo, pese a habérselo planteado de manera informal algunos dirigentes sindicales.

Una elección que también definen las patronales

El plazo para presentar las candidaturas al liderazgo de la OIT se alarga hasta el próximo 31 de agosto. Estas deberán ser presentadas por un Estado Miembro de la organización o por un miembro del Consejo de Administración de la OIT. La votación está prevista para el 16 de noviembre, que exige una mayoría simple, y el próximo mandato del director/a general se iniciará casi un año más tarde, en octubre de 2027.

En caso de que Yolanda Díaz decidiera presentarse, tendría un camino complicado para alcanzar el liderazgo de la OIT, coinciden varias fuentes. Pese a que podría lograr el apoyo de organizaciones sindicales, estas son solo una pata de los miembros que eligen al director general de la organización. En ellos también están representados patronales y gobiernos. Y en esos dos colectivos, especialmente en el primero, el nombre de la vicepresidenta de un Gobierno de coalición de izquierdas es una rara avis que genera muchas más reticencias.

Algunas fuentes sindicales consideran que la figura de Yolanda Díaz podría destacar como un liderazgo que “ponga coto a la irrupción del trumpismo en la OIT”, como catalizador de algo alternativo a la dirección actual, que trata de acercar a la administración estadounidense (sin mucho éxito, al menos en la consecución de los fondos prometidos).

Sin embargo, otras fuentes recuerdan que el nombre de Yolanda Díaz es solo uno de los que resonaron la semana pasada en Ginebra, y que el propio Gilbert F. Houngbo mantiene “bastantes apoyos”, especialmente entre los países africanos.

Además, hay otro factor que genera incertidumbres sobre una posible candidatura española de Díaz al liderazgo de la OIT y es la ya anunciada del ministro de Agricultura, Luis Planas, para encabezar la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Fuentes sindicales reconocen que podrían quitarse opciones mutuamente, ya que “España no podría conseguir dos liderazgos” de organismos de ONU.

Los representantes estatales, sindicales y empresariales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobaron este viernes un histórico convenio para garantizar el empleo decente para los trabajadores de las plataformas digitales en el mundo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado la decisión. “Hoy damos un paso más”, ha destacado.

El convenio, que entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos miembros, se aprobó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en el plenario de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea anual de la OIT, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo.

El texto, acordado tras años de debates, tiene por objetivo que empleados del sector (desde taxistas de plataformas como Uber y Bolt a repartidores de Deliveroo o Glovo, entre otros) estén equiparados al resto de trabajadores en materias como el derecho a un salario mínimo y a seguridad social, o protección frente al despido ante los “déficits” actuales.

El convenio apela a cada Estado miembro a adoptar medidas para que el sector respete los derechos fundamentales en el mundo del trabajo, incluyendo la libertad de asociación y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y el uso de mano de obra infantil, la no discriminación y un entorno seguro y saludable.

También exhorta a los países a que adopten el convenio –en los que entraría en vigor a los doce meses de la ratificación– a tomar medidas para una adecuada remuneración de estos empleados, “en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado aplicable”.

Información sobre los algoritmos

El convenio hace notar el creciente uso de sistemas basados en algoritmos y otros métodos similares para evaluar el trabajo en plataformas y tomar otras decisiones en sus empleados, por lo que exige a los firmantes que los trabajadores sean informados de cómo se toman esas decisiones y tengan derecho a que sean revisadas.

Por otro lado pide medidas para garantizar a los trabajadores de plataformas digitales acceso a la protección de la seguridad social, a una correcta formación, y prohibir el despido o la “desactivación de la cuenta” de un trabajador por motivos discriminatorios o ilícitos.

Además, reconoce el derecho a los trabajadores a interrumpir una tarea cuando exista un peligro grave para su vida o su salud, e incorpora protecciones sobre los datos personales de los empleados así como contra la violencia y el acoso, incluida la perpetrada en línea.

Una revolución más veloz que la industrial

El convenio fue negociado por la Comisión sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas, cuyo presidente, Colin Jordan, subrayó que con este paso la organización ha querido adaptarse a una revolución tecnológica “incluso más significativa que las anteriores revoluciones agrícola o industrial”, por su mayor celeridad.

“Era extremadamente importante que la OIT dijera al mundo que una organización multilateral que incluye a trabajadores y empleadores es capaz de seguir el ritmo de este rápido avance tecnológico”, destacó el también ministro de Trabajo y Seguridad Social de Barbados en rueda de prensa posterior a la votación.

La directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT, Sukti Dasgupta, agregó que con este convenio se busca llevar a quienes no están en una relación laboral formal derechos y beneficios hasta ahora limitados en gran medida a empleados asalariados.

En ese sentido, indicó, el texto busca “una correcta clasificación de la relación laboral”, ya que en la economía digital hay muchos trabajadores que no están contratados formalmente.

Dasgupta subrayó que todavía es pronto para saber cuántos países lo ratificarán, o si entre ellos se encontrarán importantes sedes de multinacionales tecnológicas como Estados Unidos o China, aunque aseguró que “tras lo escuchado en el plenario, parece haber bastante interés, y esperamos conseguir rápidamente las dos ratificaciones necesarias para poder empezar”.

España defiende su impulso y el ejemplo de la Ley Rider

Fuentes del Ministerio de Trabajo sostienen que “en esta negociación ha sido decisiva la labor de la delegación española que ha vencido fuertes reticencias, especialmente de las organizaciones empresariales, a alcanzar un acuerdo”.

“España se ha situado a la vanguardia en la protección del trabajo a través de plataformas con la Ley Rider y también con el liderazgo en la redacción de la normativa europea sobre la materia”, añaden en el departamento de Yolanda Díaz, que fue muy crítica sobre la “crisis” que está atravesando la OIT en su discurso en Ginebra del pasado martes.

Trabajo destaca que este convenio supone “un paso decisivo en la protección de todas las personas trabajadoras de cualquier tipo de plataforma digital”. El Ministerio de Yolanda Díaz se ha comprometido en varias ocasiones a ampliar los derechos laborales en las plataformas digitales en España más allá de los riders, pero por el momento no ha iniciado este debate en el diálogo social.

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a que Baltasar Garzón recupere su condición de juez. La sala tercera ha rechazado las alegaciones del exmagistrado contra los efectos de su condena de 2012 y recuerda que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a su favor no sirven para anular las sentencias de su caso ni cuestionar que fuera expulsado de la judicatura. Los magistrados responden a su antiguo compañero que no puede abrir esta vía para, de forma indirecta, revisar una vez más la sentencia que le atribuyó un delito de prevaricación.

Baltasar Garzón fue juzgado, sentenciado y condenado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en 2012 bajo la acusación de intervenir de forma irregular las conversaciones entre varios encarcelados de la Gürtel y sus abogados. Una condena de 11 años de inhabilitación que Garzón recurrió sin éxito ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero tuvo respuesta del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Esta resolución estableció que España debía poner en marcha una “reparación integral” para Garzón, borrar sus antecedentes proporcionarle “una compensación adecuada por el daño sufrido” en el plazo de seis meses ya sobradamente cumplido desde 2021. El proceso judicial en el que fue condenado, que por su aforamiento se celebró ante el Tribunal Supremo, fue “arbitrario” según este Comité al no garantizar la imparcialidad de sus magistrados ni la existencia de un segunda instancia penal ordinaria ante la que poder recurrir.

Garzón acudió de nuevo al Tribunal Supremo para que, si no anulaba su condena de 2012, al menos impusiera la revisión de oficio de los actos posteriores del Consejo General del Poder Judicial que le privaron formalmente de la condición de magistrado que ostentaba desde 1981. La respuesta del Tribunal Supremo es negativa: ese dictamen no conlleva la revisión de su condena.

En primer lugar el Supremo recuerda que el Consejo del Poder Judicial, cuando existe una condena penal contra un magistrado como fue el caso de Garzón, actúa “sin margen para revisar ni cuestionar el contenido del fallo penal firme”. Lo que “claramente” pretendía Garzón con esta última iniciativa, añade la sala tercera, era “la revisión de una sentencia firme por parte de la Administración, lo que está absolutamente vedado en nuestro ordenamiento”.

El Supremo incluso lanza una crítica contra el Comité de Derechos Humanos de la ONU que amparó a Garzón por emitir su dictamen mientras otra instancia internacional, el TEDH de Estasburgo, tenía pendiente dictar su propia resolución. “Entró a conocer del fondo del asunto, sin hacer declaración alguna al respecto, lo que no deja de ser sorprendente”. Existió una “duplicidad” de procesos y pronunciamientos fuera de España y lo dicho por el TEDH y el Comité entra en “contradicción”.

La Organización de Naciones Unidas da de plazo a España hasta diciembre para informar de las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen, vecina de 87 años de Madrid que lleva más de 70 años residiendo en su vivienda. La ONU pide que se suspenda el desahucio mientras tramitan el procedimiento o que den alternativa habitacional adecuada a Maricarmen.

Después de una denuncia presentada a la ONU por la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comite DESC) ha comunicado al Juzgado la existencia de esta denuncia. Da plazo al Estado hasta diciembre para emitir un informe sobre las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen y solicita que se suspenda el desahucio o que ofrezcan alternativa habitacional adecuada.

Maricarmen lleva más de cinco años peleando contra el fondo buitre Urbagestión, que compró su bloque en 2018 y que pretende desahuciarla para especular con su vivienda. En ella ha pasado casi toda su vida. Cuando murió su padre, siendo ella muy joven, quedó subrogada a su madre debido a que la normativa franquista consideraba ya una delegación el paso de la propiedad del varón a la mujer. Por ello, cuando la progenitora falleció, Maricarmen no pudo beneficiarse de un alquiler de renta antigua (restringido a las primeras subrogaciones anteriores a que la Ley Boyer degorara esta figura).

El próximo 24 de junio Maricarmen se enfrenta a su tercer intento de desalojo, tras la paralización del primero en octubre de 2025 gracias a la presión y organización sindical y el aplazamiento del segundo intento de desahucio este 3 de junio en una medida que para el Sindicato de Inquilinas ha sido un “burdo intento” para desmovilizar todo el apoyo social que estaba recibiendo Maricarmen.

La paralización del desalojo, en manos de la Justicia

Ahora, tras el informe de la ONU, la jueza tiene la facultad de suspender el desahucio mientras se tramita la denuncia presentada a la ONU “para evitar daños irreparables a la autora (Maricamen)”. Entre tanto, la comunicación está siendo estudiada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que, si se ejecuta el desahucio el próximo 24 de junio, sería un desahucio ilegal, en contra de los tratados internacionales (de los que España es parte) y las recomendaciones de la ONU.

Una vez evitado el primer intento de desahucio a Maricarmen, varias organizaciones enviaron al Ministerio de Vivienda un dossier con alternativas para solucionar el conflicto de Maricarmen. La propia Maricarmen escribió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Seis meses después, ninguna de las dos comunicaciones han recibido respuesta.

Denuncian desde el Sindicato de Inquilinas que tanto la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, como el Ayuntamiento de Madrid que comanda José Luis Martinez-Almeida tampoco han ofrecido ninguna alternativa habitacional a Maricarmen.

La Franja de Gaza está siendo objeto de una nueva fase de genocidio algorítmico, con la población sometida a una vigilancia coercitiva constante, a desplazamientos forzados y a matanzas arbitrarias. Un nuevo informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que ha pasado bastante desapercibido, denuncia que Israel impone “a los palestinos condiciones de vida cada vez más incompatibles con su existencia continua en Gaza como grupo”.

El Ejército israelí está extendiendo de forma gradual y constante su presencia militar, impide la entrada de toda la ayuda humanitaria necesaria, obstaculiza la libertad de movimientos de la población palestina y lanza ataques que han matado a más de novecientas personas y herido a miles desde el pasado mes de octubre hasta hoy.

Desde el inicio de la guerra contra Irán, los bombardeos israelíes en la Franja han aumentado un 35%, aprovechando el desvío de la atención internacional. Las tropas del Estado israelí ya controlan el 64% del territorio, arrinconando a más de dos millones de personas en el 36% restante. Desde octubre hasta hoy han tomado un 10% más de tierra palestina en Gaza.

Hace unos días el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo públicamente que pretende ocupar el 70%. Eso significa que miles de personas tengan que volver a desplazarse a la fuerza y que toda la población palestina de Gaza se apiñe en solo el 30% de la Franja, un área que ya antes de esta ocupación militar era uno de los lugares del mundo con más habitantes por metro cuadrado. Cada vez queda menos tierra para los palestinos.

Israel ya ocupa el 64% de Gaza, arrinconando a más de dos millones de personas en el 36% restante, y anuncia que tomará el 70%. Cada vez queda menos tierra para los palestinos

La llamada línea amarilla, establecida por el plan de Donald Trump para dividir el territorio y asegurar la ocupación israelí, sigue avanzando y devorando terreno gazatí. Las tropas israelíes aprovechan la oscuridad de la noche para trasladar los bloques de cemento pintados de amarillo que señalizan —solo en algunos tramos— esa frontera de demarcación. Cada vez que lo hacen, obligan a población palestina a desplazarse nuevamente. A menudo se sirven de la violencia militar, disparando contra tiendas de campaña, escuelas y viviendas. Así mataron recientemente a la niña Ritaj Abdel Raouf Rihan, que asistía a clase en un campo de refugiados cercano a la línea amarilla.

Esta semana el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que su Gobierno pretende implementar un plan para que un gran número de palestinos abandonen Gaza “en el momento y de la manera adecuados”.

El periodista israelí Gideon Levy advierte de que estas dinámicas sientan las bases para “la expulsión masiva”. Solo la presión internacional podría impedirla. En un artículo reciente en el diario Haaretz, Levy denunciaba que, “ahora que Gaza ha sido destruida casi por completo”, Israel avanza hacia la siguiente fase: “Dejar a toda la población permanentemente discapacitada, herida, enferma, hambrienta, sin hogar y desempleada”, como paso previo para “la expulsión masiva”.

El área que el Ejército israelí ocupa en Gaza contiene la mayoría de las tierras agrícolas y las principales reservas de agua, dejando a la población palestina el territorio desértico e improductivo

“Ninguna sociedad puede funcionar sin maestros, médicos, trabajadores sociales, ingenieros y empleados de oficina. Y sin una sociedad funcional, es fácil expulsar a los residentes de Gaza a los cuatro rincones de la tierra”, indica el periodista israelí, una de las escasas voces críticas del país en el panorama mediático.

El área ocupada por Israel en Gaza incluye las tierras agrícolas, las zonas fronterizas, las principales reservas de agua, las instalaciones de desalinización y de tratamiento de residuos, así como los espacios destinados al desarrollo futuro a través del plan de Trump. De ese modo, la población palestina queda confinada en el territorio baldío, desértico, infértil, sin recursos. El director del grupo de investigación Forensic Architecture, Eyal Weizman, alertó de ello desde el anuncio del proyecto de Trump para Gaza. Nadie podrá decir que no se sabía.

El 'alto el fuego' nunca fue real. No es una sorpresa, el propio texto del plan de Estados Unidos dejaba claros sus objetivos y así lo advirtieron relatores de Naciones Unidas, defensores de derechos humanos y analistas. Los términos estaban definidos desde el inicio y, sin embargo, los socios europeos lo apoyaron.

Las tropas israelíes aprovechan la oscuridad de la noche para trasladar los bloques de cemento pintados de amarillo que señalizan —solo en algunos tramos— la frontera de demarcación móvil

La puntilla final se dio en noviembre, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas legitimó ese proyecto, pese a que viola de forma contundente el derecho internacional. La Junta del presidente de EEUU para Gaza está diseñada para trocear la Franja y establecer una ocupación presentada como transitoria con posibilidad de ser permanente.

Algo similar ocurrió con los Acuerdos de Oslo en los años noventa, celebrados internacionalmente como una posibilidad de paz pero que, en la práctica, contenían trampas y cláusulas provisionales que Israel ha usado para anexionarse más áreas en Cisjordania. Aquel “proceso de paz” fue presentado como la posibilidad de asegurar más territorio a los palestinos, pero sirvió para lo contrario. Los pactos por fases suscritos por Israel nunca han llegado a su etapa final.

El plan de Trump para Gaza ha operado de forma similar, solo que esta vez había muchas más pistas y precedentes para saber que no se trataba de un plan de paz real, sino de un proyecto colonial 2.0 diseñado para anular la soberanía palestina y para facilitar la ocupación de Gaza y el desplazamiento de más población palestina.

De ese modo el aniquilamiento sigue su curso, con más facilidad que antes, porque la mala conciencia occidental se siente con permiso para mirar hacia otro lado. Ahora que el proceso de destrucción es más lento –y que el plan de Trump cuenta con la aprobación de la ONU y la UE- Gaza apenas existe en el debate diario para una mayoría de medios y dirigentes europeos.

Tampoco se presta suficiente atención a Cisjordania, donde se han aprobado nuevos asentamientos que expulsarán a más población palestina, sometida a la violencia militar y de colonos. Este viernes el Ejército israelí mató a un bebé de siete meses en Hebrón.

El periodista israelí Gideon Levy advierte del preludio de “la expulsión masiva” en Gaza

Líbano

El vaciado del sur de Líbano forma parte del mismo proyecto. Israel está devastando el sur del país, sus tropas saquean tierras y viviendas, han demolido casi por completo ochenta y un pueblos y han ordenado el desplazamiento forzado de más de un millón de personas, incluidos 350.000 niños y niñas. Esto significa que el 22,6% de la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares.

Desde marzo hasta hoy el Ejército israelí ha lanzado más de 1.840 ataques contra territorio libanés, en los que ha matado a 3.560 personas y ha herido a 10.800. Las tropas israelíes suelen actuar a través de lo que llaman el doble o incluso el triple toque (“double/triple tap”), con un primer disparo que obliga a la huida de los supervivientes, un segundo ataque dirigido contra ambulancias, equipos médicos y de rescate, disparando contra ellos —impidiéndoles hacer su trabajo— y un tercer bombardeo, con el que suelen rematar a los heridos y asesinar a más civiles. Así mataron, por ejemplo, a la periodista libanesa Amal Khalil. Este método se repite de forma habitual en el sur de Líbano, donde se concentra la población chií, con grandes bolsas de pobreza y exclusión.

“Lo que Israel está haciendo en Líbano es, inequívocamente, un acto genocida contra los chiíes”, denuncia el periodista y escritor palestino Mohammed El-Kurd. “Y es un intento inequívoco de reocupar e incluso anexar una enorme parte del país. Es exasperante que los medios occidentales sigan haciendo la vista gorda ante la expansión colonial interminable de Israel”, señala.

El Ejército israelí aplica en Líbano el método del 'triple toque', con un primer disparo que obliga a la huida, un segundo ataque contra los equipos sanitarios que acuden al rescate y un tercero con el que remata a los heridos. Así mató, por ejemplo, a la periodista Amal Khalil

Siria

En Siria, el Ejército israelí se ha expandido hasta controlar cuatrocientos kilómetros cuadrados de territorio, con incursiones, controles y puestos militares más allá de los Altos del Golán sirios, ocupados en 1967 y anexionados ilegalmente en 1981.

Desde la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, Israel ha lanzado centenares de ataques contra territorio sirio. Imágenes por satélite mostraron a mediados de 2025 la presencia de al menos seis bases militares dentro de la zona ocupada por el Ejército israelí, y un informe reciente de Human Rights Watch describe abusos cometidos por las fuerzas israelíes contra la población local, incluyendo desplazamientos forzados, confiscaciones de viviendas y demoliciones.

El pasado mes de abril el Gobierno de Israel aprobó un plan de 334 millones de dólares para expandir los asentamientos israelíes en los Altos del Golán sirios ocupados. El proyecto pretende atraer a otras tres mil familias de colonos israelíes.

Israel ha ocupado más territorio sirio en el último año y medio y en abril aprobó un plan de 334 millones de dólares para expandir los asentamientos y aumentar el número de colonos en los Altos del Golán sirios ocupados.

El baile diplomático

Esta semana un medio de comunicación estadounidense, Axios, que a menudo ejerce como altavoz de mensajes que la Casa Blanca quiere difundir sin actuar como emisor directo, aseguró que Trump había abroncado a Netanyahu por teléfono y le había llamado loco. Esto ha generado muchísimos más titulares en la prensa internacional que las últimas matanzas de palestinos en Gaza o que el proyecto de vaciado de la Franja y el sur de Líbano.

Al igual que ahora Donald Trump, otros presidentes estadounidenses en el pasado declararon públicamente, en alguna ocasión, su enfado con Israel. Y, al igual que ahora, eso no significó una reducción del apoyo, protección y alianzas de Washington con el Estado israelí. A menudo esos gestos de presunta discrepancia o enfado surgen como una escenificación para consumo interno, dirigida a votantes estadounidenses desconcertados con la impunidad israelí, como es el caso de un sector MAGA en la actualidad.

El Estado israelí es concebido por Washington como una extensión de sus propios intereses en Asia Occidental. Desde 1985 es el país del mundo que más ayuda militar estadounidense recibe de forma fija y anual —3.600 millones de dólares—. A esa cantidad fija se suman grandes paquetes de ayuda adicional. No en vano, en ámbitos militares estadounidenses se denomina a Israel “el portaaviones de EEUU en Oriente Próximo”.

Los ataques contra Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano e Irán forman parte de un mismo plan, destinado a ampliar el control político y militar en la región. Israel y Estados Unidos comparten una estrategia expansionista, adversarios, intereses y objetivos en la región: Washington está dando tiempo a Netanyahu para destruir el sur de Líbano. EEUU usa a Tel Aviv como subcontratista militar y el Estado israelí recibe la protección y ayuda armamentística estadounidense que necesita para satisfacer los planes neocoloniales de EEUU en la zona, y los suyos propios.

Ejemplo de ello es el proyecto de Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, diseñado para usar el puerto israelí de Haifa como enlace entre India, el Golfo Pérsico y Europa, con el objetivo de aislar estratégicamente a Irán y contrarrestar la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda.

El baile de la diplomacia estadounidense y europea lleva décadas enmascarando la complicidad con el colonialismo israelí. Lo recordaba este mes la antropóloga Maya Wind, en esta entrevista que le hice en Madrid:

“Hay un gran teatro diplomático destinado a consolidar el dominio colonial israelí. Se ha hablado una y otra vez de un Estado palestino mientras en la práctica se avanzaba en sentido contrario. Hay un señuelo, una distracción continuada que contribuye a prolongar el statu quo, cuando lo que hay que hacer es abordar la descolonización”.

Este teatro es el escenario imprescindible para que Israel pueda seguir ejecutando su plan de destrucción y vaciado en Palestina y más allá. La complicidad es histórica.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes una sesión de emergencia por el aumento de la ofensiva israelí en el Líbano, tras solicitarlo Francia, según confirmó la ONU a EFE este domingo.

El órgano de Naciones Unidas se reunirá de nuevo para hablar de la situación en Oriente Medio, pese a que ya tenía convocada una sesión sobre 'las amenazas a la paz y la seguridad internacional', tras denunciar Rumanía que drones rusos han cruzado su espacio aéreo.

La ONU sigue trabajando en el programa de la reunión, aunque posiblemente un representante del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DPPA) participe para dar cuenta de la situación.

La sesión fue solicitada de urgencia este domingo por Francia, según explicó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, tras la ampliación de las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

El Ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días.

Además, las fuerzas israelís también atacaron “infraestructuras de Hizbulá” en la ciudad costera libanesa de Tiro y en “más zonas adicionales” del sur del país.

El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la ocupación supone un “hito crucial” y un “cambio radical en la política” que Israel lleva a cabo en el país vecino.

En los últimos días, Israel ha intensificado la ofensiva contra el Líbano iniciada tras los ataques del grupo chií Hizbulá (el aliado más fuerte de Irán en la región) como respuesta a la ofensiva conjunta con Estados Unidos contra Irán del pasado 28 de febrero, que acabó con la vida del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Israel había fijado el río Litani como el límite del territorio que quería anexionar del Líbano, pero la toma del castillo supone un paso más allá.

Sobre todo cuando hay un alto el fuego vigente entre ambos países y cuando el cese de las hostilidades en territorio libanés parece formar parte del supuesto acuerdo que EEUU e Irán están negociando, según han avanzado varios medios.

La ONU ha condenado los ataques desde el inicio de la ofensiva, así como los planes anexionistas de Israel, al que ha urgido a respetar la Línea Azul, la línea de demarcación entre ambos países establecida por Naciones Unidas. 

Luigi Ferrajoli (Florencia, Italia, 1940) es una leyenda: jurista, antiguo magistrado y uno de los filósofos del Derecho más leídos del mundo. Además de ser el padre del garantismo penal moderno —proteger al máximo de los derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado—, en los últimos años impulsa una Constitución de la Tierra.

Se trata de un proyecto que sacude la actual gobernanza mundial en favor de la paz y de los derechos sociales y que tiene un punto clave: el desarme de los ejércitos. “La utopía es pensar que podemos seguir como ahora”, señala en una entrevista con elDiario.es en Girona, donde Ferrajoli ha sido premiado, junto al exmagistrado Perfecto Andrés Ibáñez, por la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG.

¿Son malos tiempos para el garantismo?

¡Malísimos! La humanidad está gobernada por un pequeño número de autócratas y multimillonarios que desprecian el derecho. Sufrimos dos absolutismos. Uno de tipo político, cuya expresión más clara es el presidente de los EE. UU., Donald Trump, y ha declarado que no tiene más límite que él mismo. El otro es económico, y todavía es más peligroso.

¿Por qué?

Porque financia y corrompe a los políticos y porque existe una asimetría entre el carácter global de la economía y el carácter local de la política. Los poderes económicos pueden transferir sus inversiones a Estados donde no pagan impuestos y deslocalizar el trabajo hacia países donde pueden explotar sin límites a los trabajadores y destruir el medio ambiente. Vivimos una evolución neofeudal del capitalismo y la utopía es pensar que podemos seguir como si nada en vez de cambiar las cosas.

Después de la Segunda Guerra Mundial entramos, al menos en Europa, en una etapa de libertades y derechos, que ahora parece, contra todo pronóstico, reversible. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

A nivel nacional, se ha producido una involución de la democracia en detrimento del dominio de los mercados. Los derechos de los trabajadores se han ido laminando para intentar mantener la producción de las empresas en territorios nacionales, y ni así se han evitado deslocalizaciones. La política fiscal impuesta por las grandes corporaciones y la disminución de los impuestos ha reducido la garantía de los derechos sociales. Y todo ello se ha mezclado con esta concesión populista al líder que dice representar la omnipotencia de la mayoría y ha desconstitucionalizado nuestros ordenamientos.

¿Las guerras que vive el mundo son un resultado de este absolutismo o un intento de consolidarlo?

La situación dramática y el riesgo de un holocausto nuclear debido a la carrera armamentística que todo el mundo, incluso Europa, ha emprendido es real. No solo es por la guerra de Rusia contra Ucrania. También me preocupa el calentamiento global. No hemos iniciado ninguna transición ecológica hacia modelos más sostenibles. Cada año producimos más emisiones contaminantes que el año precedente. Esto significa que en dos siglos, puede que menos, la Tierra será inhabitable.

En la academia existen voces que consideran que la idea de que el derecho internacional esté muerto y sea inútil ante los nuevos autoritarismos es absurda. ¿Qué opina usted?

La guerra de Putin en Ucrania, la guerra de Netanyahu en Gaza o las guerras producidas por Trump sin ninguna justificación han destruido el derecho internacional. Tampoco lo fomentan los grandes poderes económicos internacionales. Vivimos un golpe de Estado internacional que propugna la ley del más fuerte y el desprecio por el derecho. Frente a esta situación no hay otra alternativa que una constitucionalización de la ONU. Tomarse en serio el derecho internacional vigente significa introducirle garantías de cumplimiento.

Creo en una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra

¿El individualismo de esos líderes y corporaciones traspasa también al ciudadano corriente?

Creo que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, no podrán ya no perdonar, sino tan siquiera comprender, nuestra estupidez y nuestra irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno. Nuestra herencia está siendo dejar una Tierra con mucho sufrimiento y literalmente inhabitable, porque no se puede vivir en un sitio donde se alcanzan los 50 o 60 grados centígrados. Los países más ricos pueden intentar bajar sus termostatos, pero dejan un rastro de injusticia ecológica en los países pobres.

Y además, en los países ricos crecen las actitudes contra los migrantes. ¿Europa ya no es un continente de acogida?

Europa tiene una deuda enorme hacia los países de donde provienen migrantes y las políticas de algunos países, como Italia, contra ellos, son una vergüenza y un escándalo para Europa. El derecho a emigrar fue inventado por Francisco de Vitoria en 1539 para legitimar la conquista de América, donde los países europeos produjeron un genocidio. De los 100 millones de personas que habitaban en el continente americano, solo cinco millones sobrevivieron.

El derecho a emigrar ha sido la base del colonialismo y también ha formado parte de las ideas de pensadores liberales como John Locke, que defendía el derecho a emigrar a las“tierras incultas” de América. Hoy en día la transformación en delito de la migración de esta gente, que son los descendientes de los que han sido depredados y esclavizados, es una verdadera vergüenza.

¿Cómo se le ponen límites a estos millonarios y tiranos que no aceptan los límites?

Los límites se ponen introduciendo garantías. Ante todo, se tiene que transformar la Carta de la ONU en una Constitución rígida, que esté por encima las otras constituciones, también las estatales, y que sea capaz de anular las leyes o tratamientos liberticidas de los estados. Toda Constitución se basa en límites y vínculos desde la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. No hay Constitución sin garantía de los derechos y separación de los poderes, que son las dos cosas que el fascismo y todos los populismos tienden a negar.

¿Cuál sería el primer objetivo de esta transformación de la ONU?

La paz y la garantía de los principios universales. La paz se debe garantizar a través de la prohibición y castigo como crimen contra la humanidad, severamente punido, de la producción y comercio de armas. No solamente las armas nucleares, sino todas las armas. Sin armas, la guerra sería imposible. No tener armas es una garantía de la seguridad.

En cada guerra, en cada asesinato y en cada acto de terrorismo está la corresponsabilidad moral de estos productores de muerte, porque las armas se producen para matar. Citando la teoría de Hobbes, tenemos que pasar del estado de naturaleza al estado civil, y esto se produce con el desarme y la desaparición de los ejércitos nacionales. La fuerza correspondería a la ONU y a las policías estatales y municipales. Esta es la norma fundamental de un nuevo ordenamiento jurídico y de una democracia constitucional. Un mundo pacificado podría resolver otros conflictos.

No tener armas es una garantía de seguridad

¿Cómo se puede forzar a los Estados a creer en esta constitucionalización de la ONU?

Creo que en este sentido España tiene un papel importante a jugar. España es el país más avanzado de Europa en la defensa del derecho internacional. Sería una contribución histórica a la salvación de la humanidad y un factor de prestigio que España propusiera una reforma en el sentido de la constitucionalización de la ONU, para tomarse así en serio el derecho positivo que ha sido violado por la falta de garantías.

La verdadera polis hoy es el mundo, la humanidad entera. Y sus verdaderos adversarios son los poderes salvajes y los que defienden las fronteras, expulsar a los inmigrantes. Por ello hay que constitucionalizar los derechos fundamentales una Constitución de la Tierra.

¿Cómo se garantizarían en su proyecto los derechos sociales como la Educación o la Salud?

Se puede articular con una Federación de la Tierra, que es un federalismo diferente al tradicional. No es un federalismo estatal, no tenemos necesidad de un Estado global, sino que lo que se debe universalizar son las garantías, los vínculos y los controles. La función del gobierno y el mercado es la esfera que debe ser confiada a los Estados, pero con la obligación de garantizar la alimentación básica, la educación o la salud. Una renta pública de ciudadanía universal, con un salario mínimo garantizado, sería una manera de emancipar el trabajo de la mera supervivencia.

¿En su propuesta, el Tribunal Internacional de Justicia tendría poder coercitivo para imponer sus decisiones?

Naturalmente, se prevé como garantía secundaria. Las garantías secundarias son las garantías jurisdiccionales, cuya jurisdicción debe ser obligatoria y debe decidir sobre medidas de protección de los derechos y de los bienes fundamentales. La Corte Penal Internacional también debe ser transformada en una jurisdicción obligatoria para algunos crímenes, como por ejemplo el apartheid de género: a las mujeres, que son media humanidad, se las oprime y discrimina por ser mujeres en países como Afganistán o Irán.

Nuestros nietos no nos podrán perdonar la irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno

Me gustaría terminar con unas preguntas sobre su país. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha sido derrotada en el referéndum sobre la reforma de la judicatura. ¿Cómo ha visto todo este proceso?

La derrota de la primera ministra, afortunadamente, ha sido un respaldo a la razón. Su reforma era un primer paso hacia la subordinación del poder judicial al ejecutivo y contra la separación de los poderes. Aunque el texto de la reforma era confuso, ella misma [Meloni] dejó claras sus intenciones al asegurar que después de la reforma no existirían “sentencias absurdas”, es decir, que ya no habría sentencias que desagradaran al Gobierno.

Su derrota y su alianza con Trump están desvelando el carácter autoritario de su Gobierno, cuyo partido es heredero del fascismo. El Ejecutivo de Meloni no ha hecho ninguna reforma en favor de los ciudadanos pobres, sino que está aplicando medidas de seguridad de forma compulsiva para limitar el pensamiento y el libre ejercicio de derechos. Su política hacia los migrantes es vergonzosa.

¿Tiene algo de esperanzador esa derrota de Meloni?

¡Sí! Creo que llega un momento donde la gente ve que la mistificación del gobierno sin límites y del autoritarismo solo conduce al colapso. La gente, al final y puede que no toda, pero ve que hay cosas que son inmorales. Y las acciones de muchos líderes autoritarios alimentan la inmoralidad. Además de tomar conciencia, hay que proponer: yo creo en un replanteamiento y una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra. Una Europa social, que abriera sus fronteras por la deuda que tiene con el resto de la humanidad, que fuera garantía de derechos y con una renta de ciudadanía por todos cambiaría las tornas del continente y contestaría a los nacionalismos y los populismos.

El 11 de agosto de 1975, el militante nacionalista Moncho Reboiras fue asesinado a tiros por la policía en Ferrol. Se convirtió en la última víctima mortal de la dictadura en Galicia. Un mes y medio después, el 28 de septiembre, su hermano Manuel era detenido y torturado en Padrón. Medio siglo más tarde, la suya fue la primera querella contra crímenes del franquismo admitida a trámite por un juzgado gallego. Hoy, es la única que “sigue viva”, debido a los obstáculos que la justicia sigue interponiendo a estas causas, hasta el punto de merecer un toque de atención de la ONU. A Moncho, desde hace un mes, lo recuerda en el centro de Santiago una estatua pagada por suscripción popular. El monumento no tardó en sufrir actos vandálicos y el candidato del PP ha prometido retirarlo si llega a la alcaldía.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el centro para la defensa de los derechos humanos Iridia y la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) impulsaron al menos 18 casos en los tribunales que se toparon con problemas para la instrucción. Eso fue lo que motivó su queja ante la ONU que cuatro relatores recogieron en una declaración conjunta para recordar al Gobierno español que “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

El documento recoge varias causas gallegas, empezando por el asesinato de Moncho “en un contexto de crímenes de lesa humanidad”. La querella de su familia contra 26 agentes fue archivada por los juzgados de Ferrol. Tras agotar todos la vía judicial –incluido el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional–  se interpuso denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La misma suerte siguió la demanda de Xosé María Brañas Pérez, detenido en Lugo y torturado en A Coruña en el mismo operativo que acabó con Reboiras. También las de los vigueses Jesús Vázquez González y Francisco Domingo García Montes, torturados en la comisaría de su ciudad. En febrero, cuando los relatores redactaron el informe que se acaba de conocer, su caso estaba pendiente de que el juzgado se pronunciase sobre su admisión. Hoy, según confirma Irene A. Francés, integrante del equipo jurídico de Ceaqua en Galicia, ya espera que el Constitucional se pronuncie sobre su recurso de amparo.

Es por eso que la única “causa viva” en Galicia, según Francés, es la de Manuel Reboiras. Aquel 28 de septiembre del 75, cuando tenía 18 años, fue detenido durante un día y torturado en el cuartel de la Guardia Civil de Padrón (A Coruña). Unos meses después, el 18 de junio de 1976, ya muerto el dictador, era arrestado de nuevo y sometido a torturas en la comisaría de policía de Vigo (Pontevedra).

Ceaqua presentó la querella de Manuel en octubre de 2024, denunciando un delito de torturas en concurso con un delito de lesa humanidad. “Lo presentamos por su detención en Vigo, en el Monte do Castro pero, en el relato de los hechos, hablamos también de su detención previa, en Padrón”, relata la letrada. “El juzgado de Vigo no admitió la causa pero se inhibió de las actuaciones sobre lo sucedido en Padrón y se lo pasó al juzgado de la localidad. Esta es la única parte que aún sigue abierta”. La otra, la tortura en la comisaría viguesa, llegó hasta la apelación a la Audiencia y fue trasladada al Comité contra la Tortura de la ONU.

“Lo que trasladan los relatores de la ONU es la ausencia de investigación en casos denunciados ante los juzgados. No se está cumpliendo la obligación de perseguir, investigar y enjuiciar los crímenes internacionales cometidos en su territorio. Seguimos chocando contra un muro de impunidad”, explica por teléfono Francés a elDiario.es.

La comunicación señala que, cuando estas causas se archivan, se hace basándose en normativas internas como la Ley de Amnistia o la prescripción de delitos, algo que “el derecho internacional no permite aplicar a crímenes internacionales, de lesa humanidad y que afectan a los derechos humanos”.

La abogada achaca “a los tres poderes del Estado” la “falta de voluntad” para aplicar ese derecho internacional: “el Judicial archiva, el Ejecutivo no responde y el Legislativo sigue sin derogar la Ley de Amnistía, mantiene una Ley de Secretos Oficiales en la que falta transparencia y normativas como la Ley Mordaza”.

La estatua de Moncho

El 18 de abril se inauguró en la Carreira do Conde de Santiago, una transitada calle peatonal en el límite entre la Alameda, el Casco Histórico y el Ensanche, la estatua en homenaje a Moncho Reboiras. Esculpida en bronce, a tamaño natural, fue sufragada por las aportaciones de unas 200 personas. Su inauguración estuvo presidida por la alcaldesa de la capital gallega, la nacionalista Goretti Sanmartín.

Reboiras tenía 25 años cuando fue asesinado por la policía. Era un destacado militante de la UPG –la formación que hoy nuclea el BNG– muy activo tanto en el ámbito político como en el sindical, defensor de la creación de un frente armado para combatir el franquismo. Su figura se elevó rápidamente a la categoría de mito. En 2009, el gobierno lo reconoció como víctima de la dictadura.

Su figura comenzó a ser reivindicada, con libros como Reboiras. O camiño da rebeldía, del historiador Xurxo Martínez y el periodista Xosé Manuel Pereiro, donde se desmontan tanto la hipótesis del tiroteo como del suicidio del activista, que falleció con tres balas en la espalda. Las fundaciones Moncho Reboiras, Galiza Sempre y Terra e Tempo colocaron en diciembre un busto en su honor en Lugo, al lado del Centro Cultural O Vello Cárcere, la antigua prisión de la ciudad, convertida en símbolo de memoria. Allí ondeaba la bandera palestina que la popular Elena Candia ordenó retirar tres horas después de hacerse con el gobierno local con la ayuda de una tránsfuga.

Mientras el busto lucense no generó gran controversia, la estatua compostelana –impulsada por las mismas entidades– estuvo desde el primer momento en el centro de la polémica. Tres días después de su inauguración, la número dos del PP gallego, Paula Prado, tildó a Reboiras de “delincuente” en el Parlamento gallego. “Al único delincuente al que se le ha hecho un homenaje” y “se han dado honores” en la Cámara es “al asesino fascista Manuel Fraga”, le replicó el diputado del BNG Paulo Ríos. La Iniciativa Galega pola Memoria pidió, sin éxito, a Prado que retirase sus palabras. La respuesta desde las filas populares llegó del candidato a la alcaldía, Borja Verea, quien prometió retirarla si llega a alcalde ya que considera que “divide” a la sociedad compostelana.

Verea “retó” a la regidora a que explicase “cuál es la vinculación de Reboiras con Santiago”. Sanmartín respondió que el pleno municipal alcanzó un acuerdo “mayoritario” para rendir homenaje a Reboiras y, por eso, el ayuntamiento colaboró “en su colocación”, después de que la comisión de Patrimonio propusiese varias ubicaciones. “El PP usa la mentira y la difamación. Es un tema de memoria histórica. Reboiras fue el último asesinado por la dictadura franquista en Galicia”, concluyó.

Dos semanas después, la estatua apareció vandalizada con pintura roja. A sus pies, un texto en árabe: “No hay Dios sino comunismo. La democracia y la libertad no se consiguen con violencia, el terrorismo nunca es la solución. Los antifascistas del presente son los fascistas del futuro”. La Fundación Moncho Reboiras lo consideró un “atentado fascista”. Acusó al PP de provocar un “efecto llamada”. Prado condenó “cualquier vandalización” pero dejó claro que, en su opinión, el monumento “rompió la convivencia”.

La protección del derecho a la huelga forma parte de las garantías reconocidas por el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó este jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de la ONU, en una esperada interpretación que pone fin a una pelea de décadas entre empleadores y sindicales a nivel mundial.

En una opinión legal no vinculante, la Corte sostuvo que el derecho a la huelga de los trabajadores y de sus organizaciones está protegido por el Convenio núm. 87 de la OIT, adoptado en 1948, relativo a la libertad sindical.

Según esta resolución, el “sentido ordinario de los términos pertinentes del Convenio, interpretados de buena fe, en el contexto y a la luz del objeto y fin del tratado”, demuestra que la protección de la libertad sindical incluye también la protección del derecho de huelga.

No obstante, la Corte precisó que esta interpretación no define el “contenido concreto, el alcance o las condiciones de ejercicio de ese derecho”, cuestiones que continúan dependiendo de legislación nacional en los Estados y de los mecanismos internacionales competentes.

El tribunal también destacó que los órganos de control de la OIT han reconocido de manera progresiva el derecho de huelga como parte de las garantías del Convenio núm. 87, una posición que, subrayó, mantienen desde hace varias décadas.

Asimismo, recordó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera desde “hace más de 25 años que la protección del derecho de huelga está comprendida dentro de la libertad de asociación” reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Una disputa alargada durante años

Esta opinión llega tras más de una década de controversia dentro de la OIT sobre el alcance del Convenio 87 relativo a la libertad sindical, adoptado en 1948.

Aunque el texto del convenio no menciona expresamente el derecho de huelga, los órganos de supervisión de la OIT sostuvieron durante décadas que este derecho forma parte de la libertad sindical y de la capacidad de los trabajadores para defender de forma colectiva sus intereses.

La disputa se intensificó en 2012, cuando el grupo de empleadores dentro de la OIT cuestionó esa interpretación y argumentó que los Estados miembros nunca incluyeron explícitamente el derecho de huelga en el convenio, lo que provocó un bloqueo institucional en los mecanismos de supervisión laboral de la organización.

Ante la falta de consenso entre gobiernos, sindicatos y empleadores, el Consejo de Administración de la OIT decidió en 2023 solicitar una opinión consultiva a la CIJ para aclarar si el derecho de huelga está protegido por el Convenio 87.

Durante las audiencias celebradas en octubre del año pasado en La Haya, numerosos Estados y organizaciones internacionales defendieron que el derecho de huelga constituye un elemento inseparable de la libertad sindical y una herramienta esencial para la negociación colectiva.

En su opinión consultiva, la CIJ concluyó que la protección de la libertad sindical prevista en el Convenio 87 abarca también el derecho de huelga.

La resolución de la CIJ es de gran importancia para el derecho internacional laboral, ya que refuerza el reconocimiento de la huelga como instrumento fundamental de acción colectiva y podría influir en futuras decisiones judiciales y legislativas en distintos países.

“La crisis en Oriente Medio está afectando cada vez más al empleo, las condiciones de trabajo y los ingresos más allá de la región”, advierte este lunes la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En un informe publicado este 18 de mayo, la entidad laboral de Naciones Unidas prevé posibles pérdidas de horas de trabajo por el conflicto internacional que equivalen a 14 y 38 millones de empleos a nivel mundial en 2026 y 2027, respectivamente, con una especial afectación en los Países Árabes, seguidos de la región de Asia y Pacífico.

La OIT proyecta varias consecuencias laborales debido a la guerra en Irán que, aunque “tardarán en materializarse”, la entidad advierte de que hay perturbaciones que ya se están transmitiendo a través de “múltiples canales”, como el aumento de los precios de la energía, la interrupción de las rutas de transporte, las tensiones en las cadenas de suministro, la debilidad del turismo y las restricciones a la migración.

Esto, en “una economía mundial aún marcada por un crecimiento débil y déficits de trabajo decente”, se prevé que afecte tanto a la intensidad de empleo, como a los salarios y al nivel de desempleo a nivel mundial.

Menos empleo, menos salario y más paro

La OIT sitúa un escenario ilustrativo en el que los precios del petróleo aumentan alrededor de un 50% por encima de su promedio de principios de 2026. Con este contexto, prevé que las horas de trabajo a nivel mundial disminuyan un 0,5% en 2026 y un 1,1% en 2027, lo que equivale a 14 millones y 38 millones de empleos a tiempo completo, respectivamente. Además, calcula que los ingresos laborales reales disminuirían un 1,1% y un 3% en estos años.

Por su parte, estima que el desempleo mundial aumentará de forma más gradual, con incrementos de 0,1 puntos porcentuales en 2026 y 0,5 en 2027.

Los efectos serán “muy desiguales entre regiones, sectores y trabajadores”, apunta la OIT, que señala los Estados Árabes y a las regiones de Asia y el Pacífico como las más expuestas debido a su integración con los flujos energéticos del Golfo, las rutas comerciales, las cadenas de suministro y la migración laboral.

Los cálculos de la OIT señalan que alrededor del 40% del empleo en los Estados Árabes y el 22% en Asia y el Pacífico se encuentra en la categoría de alta exposición, mientras que un 23% y un 62% adicionales de los empleados se enfrentan a una exposición media, respectivamente.

Por sectores, la OIT destaca que los empleos en transportes son los más expuestos (con un 52% con alta exposición), seguidos de la manufactura (23%) y la agricultura (18%).

Aunque la alta exposición es menos frecuente en África, América, Europa y Asia Central, “esto no significa que estas regiones no se vean afectadas, sino que su empleo está menos directamente vinculado a la crisis energética específica que se recoge en este análisis”, recoge el estudio.

El análisis explica que es poco probable que los trabajadores de los sectores y países con un bajo nivel de exposición vean afectado su empleo por interrupciones en el suministro o por el aumento de los costes de los insumos; sin embargo, los trabajadores con un nivel de exposición medio o alto “corren un mayor riesgo de sufrir algún cambio en su situación laboral”. Además, “todos los trabajadores podrían verse afectados por la inflación y los efectos macroeconómicos de segunda ronda”, avisa el estudio.

“Más allá de su costo humano, la crisis en Oriente Medio no es una perturbación de corta duración. Es un choque de evolución lenta y potencialmente duradera que transformará gradualmente los mercados de trabajo”, señaló Sangheon Lee, economista jefe de la OIT y autor del informe Actualización de mayo de 2026 sobre las tendencias sociales y del empleo: Aumento de los riesgos para los mercados de trabajo debido a la crisis en Oriente Medio.

“El mundo del trabajo es uno de los principales canales a través de los cuales las perturbaciones mundiales se convierten en impactos humanos. Lo que comienza como un choque externo termina llegando a los trabajadores y a las empresas, y puede dejar cicatrices más profundas al debilitar las condiciones que hacen que el trabajo sea decente, seguro y protegido”, añadió Lee.

Efectos en países árabes mayores que en la pandemia

La OIT destaca los posibles efectos en los Estados Árabes, los más directamente expuestos debido a las perturbaciones relacionadas con el conflicto, los daños a la actividad económica, el desplazamiento de población, los choques energéticos y comerciales, y la presión sobre los trabajadores migrantes y los refugiados.

Las horas de trabajo totales podrían disminuir un 1,3% en un escenario de desescalada rápida, alcanzar el 3,7% en un escenario de crisis prolongada y el 10,2% en un escenario de grave escalada. Este último supone una disminución de “más del doble de la registrada durante la pandemia de COVID-19 en 2020”, destaca la OIT, cuando las horas de trabajo disminuyeron en un 4,4%.

“En Asia y el Pacífico, la dependencia de la energía importada y de la migración laboral vinculada al Golfo está generando efectos de contagio visibles en varias economías clave”, apunta la organización internacional. En el conjunto de la región, se prevé que las horas de trabajo disminuyan un 0,7% en 2026 y un 1,5% en 2027, mientras que los ingresos laborales reales podrían caer un 1,5% y un 4,3%, respectivamente.

Además, la OIT señala que el “efecto de contagio” está ejerciendo presión sobre la migración y las remesas. Señala que desde el inicio de la crisis, “las contrataciones laborales hacia los países del Consejo de Cooperación del Golfo han disminuido considerablemente en varias economías de origen, mientras que las repatriaciones están aumentando”. “Esto refleja interrupciones de vuelos, preocupaciones de seguridad y una menor demanda de mano de obra en la construcción, la hostelería y el transporte”, añade.

Los flujos de remesas, una fuente clave de ingresos para muchos hogares y comunidades en Asia meridional y Asia sudoriental, tamb´ién han comenzado a debilitarse, con señales tempranas de contracción en algunos países.

El viaje de Jerusalén Este a Amán debía ser fácil: un pequeño trecho en coche hasta el mar Muerto, luego cruzar el control fronterizo y llegar sin demora a la capital jordana.

Pero a los trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) el recorrido les parecía impenetrable. Era comienzos del verano de 2024 e intentaban proteger un archivo documental ingente y muy importante que recogía décadas de la historia palestina reciente.

La UNRWA encaraba el final de una operación de 10 meses para salvaguardar sus archivos de Gaza y Jerusalén Este. Había sido una maniobra muy delicada y también peligrosa, en ocasiones. Participaban decenas de trabajadores de la agencia en cuatro países, había conllevado desplazamientos para rescatar documentos a zonas de bombardeos, llevar sobres sin membrete de Egipto y sacar un material precioso en cajas mediante aviones militares.

Destruirlos habría sido catastrófico... Si alguna vez se llega a una solución justa y duradera para el conflicto, esta sería la documentación que demostraría que los palestinos vivieron en un lugar determinado

Roger Hearn — alto cargo UNRWA y responsable de la operación

El tiempo se acababa. Israel se había organizado para echar a la UNRWA del vasto recinto que ocupaba en Jerusalén Este, un objetivo buscado también por grupos derechistas.

La relevancia de los archivos de la UNRWA es evidente. Muchos detallan las experiencias de los palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus hogares durante las guerras que dieron pie a la fundación de Israel, en 1948.

“Destruirlos habría sido catastrófico... Si alguna vez se llega a una solución justa y duradera para el conflicto, esta sería la documentación que demostraría que los palestinos vivieron en un lugar determinado”, explica Roger Hearn, alto cargo de la agencia y responsable de la operación.

La UNRWA no debería tener que hacer este tipo de esfuerzos clandestinos, pues su misión fundacional en 1949 era proveer atención sanitaria, comida y educación a unos 750.000 refugiados palestinos.

Al comienzo de la guerra de Gaza, que siguió al sorpresivo ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, los archivos de la organización estaban diseminados por los países en los que tiene sede en Oriente Medio. En sus instalaciones en Ciudad de Gaza estaban las tarjetas de registro originales de los refugiados palestinos que huyeron a la Franja en 1948 en busca de seguridad, así como certificados de nacimiento, matrimonio y defunción que se remontaban a varias generaciones. Con estos, los palestinos descendientes de aquellos que se vieron obligados a abandonar sus hogares podrían documentar que sus orígenes familiares están en lugares que hoy son Israel.

Pese a que hubo varias iniciativas para digitalizar los documentos, cientos de miles de registros solo se conservan en papel, lo que los hace vulnerables al fuego, las inundaciones o la destrucción deliberada.

Había un riesgo real de que los israelíes entrasen y los destruyesen, o de que quedasen arrasados por un incendio, una explosión o lo que fuese

Sam Rose — director interino de la UNRWA en Gaza

Jean-Pierre Filiu, profesor de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Ciencias Políticas de París que visitó Gaza durante la guerra, juzga que los documentos son “cruciales para la experiencia palestina”.

“Hay testimonios de la gente que fue obligada a huir en 1948, de dónde vinieron, cuáles eran sus propiedades, qué se destruyó. A Gaza llegaron de toda Palestina 200.000 personas entre 1948 y 1949”, recuerda.

Israel lleva décadas de hostilidad contra la UNRWA, a la que acusa de darles esperanzas a los palestinos de volver a sus hogares al reconocerles la condición de refugiados a los descendientes de los que huyeron originalmente. También acusa a la agencia de usar en sus escuelas libros de texto que promueven visiones antiisraelíes y antisemitas.

Tras los ataques de Hamás en 2023, Israel adujo que hubo miembros de la agencia que participaron en el ataque. La UNRWA despidió a nueve personas al cabo de una investigación.

La primera fase de la operación de rescate de documentos fue dramática y arriesgada.

Días después de invadir Gaza, Israel ordenó evacuar las oficinas de la UNRWA en Ciudad de Gaza. Los trabajadores internacionales se marcharon en solo unas horas, sin poder llevar consigo los archivos.

“Había un riesgo real de que los israelíes entrasen y los destruyesen, o de que quedasen arrasados por un incendio, una explosión o lo que fuese”, indica Sam Rose, director interino de la UNRWA en Gaza.

El sistema de registro digital de la UNRWA se había tenido que desactivar temporalmente por un intento de piratería informática tan solo unos meses antes, y cundía el miedo ante la posibilidad de que otro ciberataque borrase los registros ya escaneados.

“Hubo un período muy peligroso en el que los ciberataques se repetían. Atacaban muchas, muchas veces al día y pensamos de verdad que podían destruir tanto los originales como las copias que habíamos hecho. Y todo se habría perdido sin remedio”, recuerda Hearn.

Un pequeño equipo de cargos de la UNRWA alquiló unas camionetas parar volver al extenso complejo de la agencia en Ciudad de Gaza pese a la inmisericorde ofensiva israelí, que bombardeaba y lanzaba fuego de artillería sin descanso. El equipo hizo tres viajes para llevar los papeles a un almacén de alimentos en Rafah, en la frontera con Egipto.

Pero El Cairo no permitía sacar los archivos de Gaza sin consultar antes a Israel. Los cargos de la UNRWA estaban seguros de que Israel, que había impuesto un bloqueo casi absoluto sobre la Franja, se daría cuenta inmediatamente de la importancia de los documentos y los incautaría o rechazaría su traslado. Cuando Israel invadió Líbano en 1982, su Ejército retiró los archivos de la Organización para la Liberación de Palestina de su sede en Beirut.

Así que se encargó a los cargos de la UNRWA que tenían pasaporte internacional que se hiciesen con los archivos sin ser vistos.

“Si paraban a alguien en la frontera, decían simplemente que era papeleo. Había que sacar montañas [de documentos]. Todo el mundo llevaba algo encima”, señala.

Los documentos se cotejaron en Egipto a lo largo de los seis meses siguientes y luego los trasladó una ONG jordana a bordo de los aviones militares del país que volvían a Amán tras entregar ayuda humanitaria en Gaza. Los últimos paquetes salieron tan solo dos semanas antes de que los tanques israelíes entrasen en Rafah para hacerse con la ciudad, en mayo de 2024, y bloqueasen las salidas.

Con todo, todavía quedaban por rescatar varios compendios de documentos igualmente importantes en la sede de la agencia en Jerusalén Este.

A las pocas semanas de dar comienzo a la guerra, Israel había vuelto a insistir de forma más intensa en la acusación de que la UNRWA colaboraba con Hamás y emprendió una campaña de bloqueo y acoso a la agencia. El complejo de Jerusalén Este ya había sido objeto a principios de 2024 de varias protestas y una serie de ataques incendiarios que causaron daños importantes. Al tiempo, cobraban fuerza las iniciativas para expulsar a la agencia de la ONU.

“Nos amenazaron con que perderíamos el acceso [a nuestras oficinas] en Jerusalén Este”, indica Rose.

Los intentos por convencer a las misiones diplomáticas más amistosas de que guardasen los archivos cayeron en saco roto. El tiempo se acababa, así que los trabajadores se los fueron llevando a lo largo de varios meses a las oficinas de la UNRWA en Jordania. Israel aprobó en enero de 2025 una ley que vetó a la agencia en los Territorios Ocupados y del propio Israel.

Esto llevó a una nueva iniciativa, de carácter extensivo, que se lanzó desde Amán, con financiación mayoritariamente de Luxemburgo. Más de 50 trabajadores de UNRWA se dedicaron a escanear a mano numerosas tarjetas de registro de refugiados tamaño postal junto con millones de artículos en un sótano estrecho y apretado.

“Ahora [los archivos] están fuera de Palestina, pero al menos están protegidos”, apunta Filiu.

La UNRWA ha digitalizado ya casi 30 millones de documentos con los que espera poder facilitar a los refugiados palestinos sus árboles genealógicos y los documentos relacionados, así como elaborar mapas que expliquen el patrón de los desplazamientos de 1948. Los archivos también permitirán entender mejor los sucesos que rodearon la expulsión y huida de los aproximadamente 750.000 palestinos que fueron desplazados y huyeron entonces. Los cargos de la agencia calculan que el trabajo podría llevar otros dos años.

La doctora Anne Irfan, historiadora del Oriente Medio moderno en el University College London y autora de la recientemente publicada Breve historia de la Franja de Gaza (A Short Story of the Gaza Strip) opina que los documentos suponen un registro vital de la historia nacional palestina.

“Los palestinos son un pueblo sin Estado y sin un archivo nacional unitario... así que el archivo de la UNRWA es especialmente importante para ellos”, explica.

Los archivos digitalizados abren múltiples líneas de investigación de la experiencia de los refugiados palestinos, el papel de la ONU y la comunidad internacional, y elementos esenciales de la política de Oriente Medio en los últimos 80 años, según relata Irfan a The Guardian. “Es una historia muy disputada y con ramificaciones potenciales muy reales en el presente”, defiende.

Un tribunal federal de Washington suspendió este miércoles cautelarmente las sanciones impuestas en 2025 por el Gobierno de Donald Trump contra la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, al considerar que pueden constituir una restricción inconstitucional a la libertad de expresión. El Ejecutivo estadounidense había sancionado a Albanese por defender la actuación del Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyhu, y sus críticas a empresas estadounidenses que colaboran con Israel.

Albanese, que tenía prohibido entrar en Estados Unidos y un bloqueo financiero total en su contra, anunció en su cuenta de X la decisión del juez federal de Washington, Richard León, en virtud de la demanda interpuesta por sus familiares y destacó que la resolución indica que “la libertad de expresión siempre es del interés público”.

La suspensión, que es de carácter temporal, está basada en que las sanciones podrían vulnerar la primera enmienda de la constitución, que protege, entre otros derechos, la libertad de expresión, al estar dirigidas contra el contenido del discurso de Albanese, lo que exige el más alto nivel de escrutinio, de acuerdo con la resolución.

La medida implica que, mientras dure la suspensión, quedan paralizados los efectos principales de las sanciones, incluyendo las restricciones de entrada a Estados Unidos y el bloqueo de activos en el sistema financiero estadounidense, hasta que el tribunal resuelva el fondo del caso.

El 27 de febrero pasado, el esposo de la abogada italiana, Massimiliano Cali, y su hija, ciudadana estadounidense, presentaron la denuncia alegando que debido a las medidas impuestas por el Gobierno de Trump, la experta fue afectada económicamente y quedó sin acceso a su hogar en Washington.

El recurso judicial argumenta que el Gobierno de Trump violó los derechos a la libertad de expresión y el debido proceso consagrados en la Primera, Cuarta y Quinta enmiendas.

El texto de la denuncia insiste en que las sanciones son una “herramienta poderosa” contra las “actividades de terroristas, criminales y regímenes autoritarios”, pero advierte de que “se abusa de ellas cuando buscan silenciar puntos de vista desfavorecidos y violar los derechos constitucionales de personas que no son del agrado del Gobierno”.

A principios de 2026, el Departamento de Estado de EEUU reiteró en un comunicado que las sanciones contra Albanese “son legales y apropiadas” y sostuvo sus denuncias de que la relatora “ha apoyado abiertamente el antisemitismo y el terrorismo, y ha recurrido al lawfare (guerra jurídica)” contra EEUU y sus intereses.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció en julio de 2025 que su país sancionaba a Albanese, quien ha acusado a Israel de cometer crímenes de guerra, incluido un genocidio, en la Franja de Gaza.

“La campaña política y económica de Albanese contra EEUU e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa”, dijo entonces Rubio.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha calificado estas acciones de “inaceptables” y de “peligroso precedente”. Las medidas también han provocado la condena de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, entre otras organizaciones.

Albanese, por su parte, afirmó que estas medidas son “la culminación de un acoso que es realmente innecesario”.

Israel pide encarcelar a la relatora de ONU

Ante la decisión del tribunal se pronunció el embajador de Israel ante la ONU, Dany Dannon, que pidió encarcelar a la relatora. “Ninguna orden interina cambiará el simple hecho de que Francesca Albanese está explotando su posición en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación política contra Israel y Estados Unidos”, aseguró Dannon en un mensaje en X respondiendo al post de la italiana donde celebraba la suspensión de las sanciones. Y añadió: “Albanese debería estar entre rejas”.

El representante israelí acusó a la relatora de la ONU de haber “promovido la persecución de soldados y civiles israelíes y estadounidenses en La Haya” así como haber difundido “mentiras y libelos de sangre”.

“¡Ha brindado apoyo constante a terroristas de Hamás, incluso después de la masacre del 7 de octubre!”, aseguró Dannon en relación a los ataques perpetrados por el grupo en 2023 en territorio israelí que dejaron alrededor de 1.200 muertos.