Noura Erakat, estadounidense de origen palestino, es abogada de derechos humanos, profesora en la Universidad Rutgers (EEUU) y una conocida activista, con discursos que han tenido gran repercusión. En 2025 se convirtió en la primera mujer palestina que dio un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

En sus intervenciones en conferencias y medios de comunicación anglosajones denuncia, con claridad y sin eufemismos, las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos cometidas por Israel. Es autora del libro Justice for Some: Law As Politics in the Question of Palestine (Stanford University Press, 2019) y cofundadora de la revista online Jadaliyya. Además, ha ejercido como asesora legal de un subcomité del Congreso estadounidense, como abogada para el Centro Badil por los derechos de refugiados palestinos y como organizadora y abogada defensora de la Campaña en Estados Unidos por el fin de la ocupación israelí. 

Hace una semana recibió un doctorado honoris causa de tres universidades belgas, compartido con la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. En el marco de ese reconocimiento, elDiario.es la entrevista en Bruselas, en un camerino, minutos antes del inicio de una conferencia de Erakat y Albanese.

Pregunta: ¿Cómo han afectado las guerras contra Irán y Líbano a la población palestina?

Han empeorado la situación en toda la región. Israel violó el alto el fuego en Líbano al menos miles de veces desde que lo pactó con Hezbolá en noviembre de 2024. Hay una construcción narrativa que cuenta que todo se trata de una guerra contra Hezbolá. Ese relato ignora que la ocupación israelí es anterior al surgimiento de este grupo, y que Hezbolá es también una respuesta al abandono de la población chií de Líbano por parte de las propias autoridades, pese a ser probablemente la mayoría del país.

Israel está continuando su proyecto de expansión colonial de asentamiento. Quiere ser más grande, tener más territorio, como lo tienen Irán, Siria o Irak. Sus gobernantes lo formulan en términos de un supuesto derecho bíblico: dicen que su expansión va del Nilo al Éufrates y que ese era el reino original. Es un Gobierno que literalmente actúa apoyándose en las Escrituras, por fuera de las normas internacionales que hemos creado.

El derecho internacional debería haberlos frenado, pero no se ha aplicado ni se han exigido responsabilidades desde el principio, pese a que se sabía que esto iba a pasar.

En cuanto a la guerra contra Irán, es un crimen de agresión, tipificado como tal en el Estatuto de Roma: una guerra sin justificación legítima de defensa propia. Aun así, en el Consejo de Seguridad de la ONU hubo más Estados miembros condenando el bombardeo iraní de bases estadounidenses en los países del Golfo que condenando el ataque ilegal contra Irán.

El sionismo no es algo intrínseco al judaísmo, es una ideología que en Estados Unidos tiene su base más amplia en los cristianos evangélicos, no en las comunidades judías

¿Cómo contempla el papel de la ONU durante el genocidio?

El ataque contra Irán forma parte de un debilitamiento y una destrucción progresiva de la ONU, que la está haciendo más irrelevante. Debería haber una reunión de emergencia inmediata para confrontar a Estados Unidos, pero nadie quiere confrontar al imperio. Esto crea precedentes que se suman a otros del pasado —Gaza, Irak, Guantánamo—, mostrando una continuidad en la erosión del orden internacional.

Así que Estados Unidos puede cometer genocidio, secuestrar a un jefe de Estado en ejercicio, matar de hambre a un pueblo soberano como el cubano, cortar el combustible y castigar a otros estados del Caribe y de América Latina por apoyarlo y por intentar construir políticas regionales propias.

Y ante ello la comunidad internacional se limita a preguntarse qué puede hacer para apaciguar a Estados Unidos y evitar que les haga lo mismo.

El Partido Demócrata de Estados Unidos sacrificó su propia elección para mantener su apoyo a Israel durante el genocidio

Ahora hay soberanías amenazadas, secuestradas o incluso negadas, como la de Palestina...

Líbano es soberano. Irán es soberano. Cuba es soberana. Venezuela es soberana. Pero lo que ahora se está revelando es que, en realidad, no hay soberanía efectiva: que estos países no pueden ejercer plenamente su soberanía real. Eso es lo que está en cuestión. Esa es la cuestión, la batalla: si la soberanía nacional va a sobrevivir o si será sustituida por otras formas de soberanía privatizada.

El otro día Fareed Zakaria entrevistó al director de la Organización Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi. Le preguntaron si los bombardeos iniciados por Israel y EEUU contra Irán eran legales. Y él contestó diciendo que eso era un debate académico y que ‘nuestro propósito no es preguntar qué o por qué, sino resolverlo’. No, eso no es así. Precisamente se trata de preguntar por qué, porque tiene que haber rendición de cuentas, porque eso también dará forma a cómo lo resuelves, y porque si no, seguirá ocurriendo una y otra vez.

En enero de 2024 la Corte de La Haya ya alertó de que había un riesgo plausible de genocidio en Gaza y en julio de ese año pidió a los Estados que suspendieran relaciones comerciales e inversiones que pudieran contribuir a la ocupación ilegal y a la segregación.

No se hizo.

¿Cuáles son las consecuencias de eso?

Asistimos al vaciamiento progresivo y explícito de la ONU y el derecho internacional. Cuando Estados Unidos torturó a prisioneros en Guantánamo y fue acusado de tortura, lo negó y dijo que se trataba de “técnicas mejoradas de interrogatorio”.

Eso ya era una manipulación del lenguaje jurídico, pero indicaba que seguían tomándose en serio la ley, al menos lo suficiente como para disfrazar la violación, como para disimular. Ahora básicamente dicen que no importa la ley ni el derecho internacional.

Asistimos al vaciamiento progresivo y explícito de Naciones Unidas y el derecho internacional

Durante todo el año 2024 y en 2025 se emitieron órdenes desde las Cortes Internacionales...

Hubo un desprecio flagrante a las tres decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre la UNRWA, sobre la ocupación y presencia ilegales israelíes en Cisjordania y Gaza, y sobre el genocidio plausible. Hubo un desprecio flagrante a las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional y a lo que podría haberse hecho desde Naciones Unidas.

También hay un desprecio flagrante incluso hacia las propias leyes europeas, hacia los acuerdos comerciales de la Unión Europea, que prohíben comerciar con países que violan los derechos humanos. O hacia las propias leyes estadounidenses sobre transferencias de armas.

Se presenta como algo excepcional y legítimo, porque hemos interiorizado y normalizado la idea de que la vida judía es superior a otras y merece todo, incluso la violación de los derechos europeos, incluso la ejecución de crímenes masivos.

En Europa se están registrando arrestos, multas, encarcelamientos e incluso acusaciones de terrorismo contra manifestantes pacíficos que protestan contra el genocidio.

Hay un serio retroceso en derechos y libertades para proteger aquello que representa un peligro para todos nosotros. En el fondo, han conseguido dos cosas a la vez: cometen el genocidio del pueblo palestino, amplían los poderes militares, llenan las arcas y aumentan los contratos para las tecnológicas y los contratistas militares; y al mismo tiempo destruyen el derecho internacional y se aseguran la posibilidad de hacer lo que quieran en ese futuro distópico que quieren construir.

Y los poderes se lo permiten, no solo el trumpismo, también los liberales que no consiguieron romper con esa disonancia, con esa incomodidad. Para llegar al otro lado, hay que cruzar un camino incómodo.

La batalla de nuestro presente es si la soberanía nacional de algunos países va a sobrevivir o sería sustituida por formas de soberanía privatizada

¿Cuál?

El de nombrar el sionismo, que es una forma de racismo. Analizar el sionismo es un camino difícil que hay que cruzar. Y quienes más lo dificultan en realidad no están preocupados por los judíos o por proteger la seguridad judía, lo que les preocupa es el poder y, para ello, usan el antisemitismo.

No se protege la vida de nadie con más guerras, con más violencia, bombardeando Irán, etc. Al contrario. Y cuanto más intentan fundir sionismo y judaísmo menos seguridad hay para las personas judías.

Cuando se atribuye a los judíos posturas que en realidad son una posición ideológica y no algo intrínseco al judaísmo se están confundiendo categorías. El sionismo es una posición ideológica cuya base más amplia en EEUU son los cristianos evangélicos, no los judíos, los Cristianos Unidos Por Israel.

Dijo antes que el genocidio podía haberse evitado. No se hizo, por eso hoy estamos aquí. ¿Qué hay que hacer hoy para que mañana no estemos peor?

Los zapatistas nos enseñaron que en realidad solo hay tres cosas que podemos hacer. Me emociona decirlo. Podemos influir en el poder para que haga lo que queremos. Podemos capturar el poder para decidir qué hacer. O podemos ser poder. Y los zapatistas, en muchos sentidos, fueron poder.

No hay que tener miedo, tenemos que entender que no hay forma de salvarnos escondiéndonos y que no existe una salida que no pase por una confrontación real. Hemos tenido impacto y por eso hay tanta violencia contra nosotras. Si fuéramos irrelevantes, nos ignorarían.

Por eso hay países cambiando leyes, arrestando a gente solo por escribir tuits, expulsando a estudiantes… Están aumentando la fuerza coercitiva, porque ya no pueden convencernos de participar en nuestra propia opresión. La pregunta es: ¿cómo animamos a otros a unirse? ¿Y qué exigimos?

Hay un relato predominante que transmite la idea de que las vidas de los judíos valen más que otras, que el racismo contra los judíos es mucho peor que los otros racismos

¿Cuál es la respuesta a eso?

Mi respuesta es esta: queremos cambiar el mundo entero. Todo lo que se construye sobre una base sólida se sostiene. Si construyes solo arriba, es muy fácil que se derrumbe. Pero si lo haces desde abajo —en tu ayuntamiento, en tu escuela, en tu barrio, en tu iglesia, en tu mezquita, en tu asociación vecinal o estudiantil, donde sea— esas son las bases que la gente no puede destruir.

Tenemos que confiar en que hay pequeñas victorias locales que no pueden ser arrancadas de raíz. Zohran Mamdani no ganó porque se acercara a las élites. Ganó porque fue a la base, y la base no le permitió fracasar. Y esa base va a vigilarle.

Estamos viendo que las encuestas en EEUU muestran los niveles más bajos de apoyo a Israel en la sociedad civil, ha habido protestas contra el apartheid y el genocidio y hay jóvenes judíos participando en ellas.

Más gente en Estados Unidos lo está entendiendo, pero vemos que demócratas y republicanos están atados a los mismos intereses económicos, a las mismas empresas, los mismos donantes y financiadores.

Por eso el establishment demócrata es tibio. E incluso se dan paradojas, como que haya demócratas más entregados a Israel que algunos republicanos nacionalistas para quienes la prioridad es “America First”, América Primero. Por supuesto esos republicanos consideran que Israel forma parte del proyecto imperial estadounidense en Oriente Próximo: extraer petróleo, mantener regímenes subordinados y garantizar que Estados Unidos pueda asegurar sus intereses en la región.

Para ese grupo es una cuestión estratégica, más que ideológica. La dimensión ideológica viene del sionismo cristiano, que quiere el regreso del Mesías y afirma que este vendrá cuando Israel sea fuerte. Pero también es una posición demócrata, porque dentro de su moral entienden la liberación judía como sionismo. No hacen una crítica al sionismo.

Por eso ahora vemos sectores de la base republicana actuar con más contundencia frente a Israel, porque quienes son nacionalistas no soportan la idea de que otro país pueda condicionar lo que hace Estados Unidos. Su posición no es antisionista ni antirracista. No piden la liberación de las tierras robadas ni el fin de la anti-negritud en Estados Unidos ni reparaciones. Lo que quieren es “America First”.

Hay gente que solo se escandaliza cuando el genocidio lo hace Trump, porque para muchos nunca fue una cuestión de principios, sino de quién lo hacía y en nombre de quién.

Kamala Harris señaló, durante su campaña electoral, que apoyaba al cien por cien las políticas de Biden con respecto a Gaza.

Eso tuvo repercusión, encuestas posteriores indicaron que la posición ante Palestina fue la principal razón por la que gente que anteriormente había votado a los demócratas esta vez no lo hizo. El aparato del Partido Demócrata es una amenaza preocupante, porque ocupa el espacio que necesitamos para un verdadero partido de oposición.

Ellos sabían perfectamente que, mientras financiaban y apoyaban el genocidio, estaban mintiendo. Cruzaron todas las líneas rojas, porque la abrumadora mayoría de sus bases, el 80%, quería un alto el fuego.

El Partido Demócrata sacrificó su propia elección para mantener su posición ideológica sobre Israel. Expandieron el poder policial, intentaron ocultar información, castigaron a los estudiantes movilizados. Con todo ello le pusieron la alfombra roja a Trump para que llegara y continuara haciendo lo mismo, pero sin disimulo.

Hay gente que solo se escandaliza cuando lo hace Trump, porque para muchos nunca fue una cuestión de principios, sino de quién lo hacía y en nombre de quién. Los demócratas se han marcado un gol en propia puerta con su apoyo a Israel. Perdieron incluso en distritos que habían ganado de forma abrumadora en 2020. Y ahora es como si de repente estuvieran viviendo lo que el resto del mundo lleva tiempo viviendo a causa de su complacencia.

No soy ingenua, no creo que vaya a haber de repente una gran rebelión social. Creo que la mayoría de la gente hará lo que necesite para salvarse, estas son las condiciones en las que estamos organizándonos, es lo que hay.

Nos contamos historias sobre quién va a sobrevivir a la catástrofe climática que ya está aquí. Y una de esas historias dice que solo sobrevivirán quienes ‘lo merezcan’, los poderosos. Tenemos que mostrar que existe otra historia, una en la que nosotros también podamos vivir.

El establishment demócrata de EEUU se ha marcado un gol en propia puerta con su apoyo a Israel. Considera que la liberación judía es el sionismo

Va a publicar un libro después del verano, ¿se puede saber de qué tratará?

El coautor es John Reynolds, un académico irlandés que trabaja en el mismo campo que yo. En él intentamos que se entienda que el sionismo es una ideología colonial racista, que Israel nació como un proyecto supremacista y racista de colonización de asentamiento. Eso implica despojar al pueblo nativo mediante la supuesta superioridad de otro pueblo, considerado víctima paradigmática en la mentalidad europea.

Hay un relato que transmite la idea de que las vidas judías valen más. No lo registramos como supremacía porque es presentado como preservación ante el peligro. Es el mismo argumento que usan los nacionalistas republicanos de Estados Unidos, que justifican su racismo en nombre de un presunto peligro para los blancos. Israel concede la ciudadanía a judíos de cualquier lugar, al igual que EEUU priorizaba conceder la ciudadanía a blancos de cualquier lugar.

Cuando creces como una persona marginada y racializada no esperas que el mundo sea maravilloso, aprendes desde muy niña que no lo es. No tienes grandes expectativas, pero sí una enorme dignidad. Hay una expresión en árabe: 'somos como mulas'. Somos resistentes

¿Qué es ser palestina a día de hoy? Y ¿cómo es ser palestina en este mundo, viviendo en Estados Unidos, siendo activista y una abogada conocida?

Cuando creces como una persona marginada y racializada no esperas que el mundo sea maravilloso, aprendes desde muy niña que no lo es. Así que avanzas sin grandes expectativas, pero con una enorme dignidad.

Hay una expresión en árabe: 'somos como mulas'. Somos resistentes. Eso es lo que principalmente me sostiene. En un plano muy personal, ahora soy muy distinta. Mi mundo se ha vuelto mucho más privado, más pequeño.

Quiero vivir. Amo la vida. Para eso tengo que cultivar mis propios espacios, lo cual significa salir cada vez menos, porque existe el riesgo de que alguien venga a decirme “hashtag yo apoyo a Israel” y entonces eso sea lo único que ocupe toda mi noche.

También he desarrollado una apreciación enorme por la naturaleza. Siempre me ha gustado, pero nunca como ahora. Miro a mi alrededor y pienso que la naturaleza funciona con mucho más equilibrio, más ecosistema y más coexistencia que nosotros. Y eso es hermoso.

Me siento muy afortunada todos los días. Eso me conmueve. Creo que a algunas personas les molesta que sonría tanto, pero yo hago este trabajo porque amo la vida. La rabia es una herramienta maravillosa para impulsarte, pero la rabia por sí sola no cultiva la vida. Y así es también como lo hago.

A realidade é iso ao que hai que terlle un respecto: hai que sacarse o chapeu ante ela. Hai un ano Trump e con el toda a barafunda parecía que ían arrasar. Tiña –teñen– un proxecto subversivo. Infiltrarse no Estado para corroelo. Socavar determinados cimentos da civilización. Pero hoxe a marea cede no seu empuxe. Os aranceis, a resistencia de Minneapolis, ás razzias do ICE, a guerra de Irán... nada saíu como pretendía o autor dos tuits máis disparatados da historia das mensaxes políticas. E mira que ten competencia. Tal vez estea acelerando o declive do Imperio, cometendo erro tras erro, máis ben que engrandecelo. A grande pregunta é se, como sucedeu con Orbán, as eleccións de midterm lle quitarán a maioría no Congreso e no Senado e se tanto el como o mundo MAGA aceptarán o resultado.

O seu aliado, Israel, quere remodelar todo Oriente medio e construír o Gran Israel facendo limpeza étnica e aumentando o seu territorio a costa do Líbano, Cisxordania, etcétera. Levado polo milenarismo evita todo compromiso e comete xenocidio. Pode que estea cavando a súa tumba a medio prazo. Nada é fácil, tampouco para as fantasías de omnipotencia da nova ultradereita. No delirio autoritario que encarnan a realidade é pura plastilina, a moldear á vontade. O narcisismo de masas séguelles o paso nesa loucura imposible. Pero a soberbia e a insolencia, advirten os gregos, ábrelle o camiño ao castigo dos deuses.

Tres universidades de Bélxica outorgaron un doutorado honoris causa conxunto a Francesca Albanese, a relatora da ONU sobre Gaza. Non poderían facer o mesmo as tres universidades galegas?. Albanese encarna a valentía fronte aos grandes poderes. Cando a UE miraba para outro lado, ou apoiaba servilmente a Israel, como continúa facendo –non foi expulsada nin de Eurovisión–, Albanese documentaba a catástrofe. Hoxe soporta ameazas de morte e sancións. A administración norteamericana tena no punto mira, emitíu unha orde que prohibe a todo americano proverlle todo tipo de “fondos, bens e servizos”, así, por exemplo, non pode usar as tarxetas de crédito, xestionadas por multinacionais americanas. O mesmo, por certo, lle pasa a unha ducia de fiscais do tribunal Penal Internacional, algo que a UE non debería tolerar. Ao tempo, arrostra a posibilidade de arresto en Alemaña, país no que, como na Grande Bretaña, a simpatía por Palestina está penalizada. A liberdade de expresión non vive os seus mellores momentos.

Que as universidades galegas lle concederan ese honoris causa sería un xesto. Mínimo ante o tamaño do horror. Pero un xesto de apoio á legalidade internacional; unha afirmación de que Europa -de Galicia que é parte de Europa- está cos dereitos humanos e contra os crimes cometidos por Estados. Sería unha pequena mostra de vitalidade da sociedade civil e das institucións universitarias. Sería algo que nos honraría a todos, como cidadáns e como sociedade. Sería algo que contribuiría a que a liberdade de expresión non sucumba ante as ameazas. Á espera, naturalmente, de que algún día, os autores de crimes respondan ante a xustiza.

El alto el fuego anunciado esta semana entre Estados Unidos e Irán llegó horas después de una reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que China y Rusia vetaron una resolución que proponía coordinar esfuerzos para garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz, incluida la escolta de buques mercantes.

El veto en la ONU

Ese proyecto de resolución, propuesto por Baréin en estrecha colaboración con Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, estaba respaldado por Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump apoyaba contundentemente ese plan, cuyo primer borrador contemplaba, incluso, el uso de “todos los medios necesarios”, una formulación que permitía la autorización para el uso de la fuerza militar.

Un segundo borrador dejó fuera esa expresión, pero mantuvo la iniciativa de “alentar con firmeza” a los Estados interesados en el uso del estrecho de Ormuz para garantizar la navegación mediante esfuerzos de “carácter defensivo”.

La resolución recibió once votos a favor —incluidos los de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad— dos abstenciones —las de Pakistán y Colombia— y fue bloqueada por China y Rusia.

El embajador de China en Naciones Unidas, Fu Cong, indicó que dicha resolución no contemplaba las causas del conflicto de forma integral y equilibrada y que su aprobación transmitiría “un mensaje totalmente erróneo” que podría tener “consecuencias muy graves” en un momento en el que “Estados Unidos está amenazando abiertamente la misma supervivencia de una civilización”.

Cong afirmó que “Estados Unidos e Israel son los instigadores de este conflicto” y que la obstrucción del estrecho de Ormuz es causada por “las acciones militares ilegales de EEUU e Israel contra Irán”. Además, instó a Washington y Tel Aviv “a cesar de inmediato su guerra ilegal”.

Por su parte, el representante permanente de Irán ante la ONU agradeció el veto de China y Rusia y las abstenciones de Pakistán y Colombia y afirmó que la propuesta de resolución era un proyecto de Estados Unidos con el que se hubiera normalizado el uso de la fuerza.

Ese veto contribuyó al anuncio de un frágil alto el fuego, que llegó pocas horas después de la votación. Si la resolución hubiera salido adelante, se habría legitimado en Naciones Unidas la intervención “defensiva” de una fuerza naval internacional en el estrecho de Ormuz, objetivo que busca Estados Unidos y al que no renuncia.

La guerra contra Irán ha permitido a Israel intensificar sus ataques contra Líbano y Gaza e impulsar más anexión ilegal de territorio en la Franja y en Cisjordania

Hasta ahora Irán ha impedido el paso por esta vía marítima de barcos estadounidenses, israelíes y otros aliados europeos. Con ello ha descendido bruscamente el tráfico marítimo por esa ruta, aunque sí han podido cruzarla embarcaciones chinas y de otras naciones asiáticas. Pakistán, India, Irak y Filipinas han alcanzado acuerdos con Teherán para lograr el paso de algunos de sus barcos de forma segura. China lleva tiempo adquiriendo petróleo de Irán y pagándolo principalmente en yuanes, no en dólares. Washington pretende evitar que otros países se unan a la compra de crudo en moneda china o al pago de un peaje a Irán por el cruce del estrecho de Ormuz.

Israel y Washington iniciaron la guerra contra Irán en medio de intensas negociaciones entre EEUU y Teherán y con la posibilidad de un acuerdo a la vista, con importantes avances que había anunciado públicamente el ministro de Exteriores de Omán, mediador en las mismas. Netanyahu logró convencer a Trump de que era posible acabar rápidamente con todo el entramado del poder iraní. Y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, justificó la intervención militar estadounidense contra Irán afirmando que Israel iba a atacar Irán de todos modos.

La escalada ha permitido a Israel intensificar sus ataques contra Líbano y Gaza e impulsar una mayor anexión ilegal de territorio en la Franja y en Cisjordania. Sin embargo, Trump no ha logrado de momento los objetivos que buscaba.

EEUU ha buscado en esta guerra contra Irán la excusa para controlar el estrecho de Ormuz –y evitar el crecimiento del comercio chino en la región- un objetivo que mantiene vigente y al que no quiere renunciar.

Ormuz, objetivo

Son muchas las diferencias con la crisis de Suez de 1956, pero hay algunas similitudes que merece la pena señalar. Ese año Israel invadió el Sinaí egipcio y Gaza, con el apoyo secreto de Francia y Reino Unido, que querían hacerse con el control del canal de Suez tras la nacionalización del mismo por el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser.

Al igual que Estados Unidos en 2026 justificó su intervención contra Irán afirmando que Israel iba a atacar de todos modos, en 1956 Londres y París usaron la excusa de la invasión israelí para enviar tropas al canal de Suez, con el objetivo de tomar su control y derrocar a Nasser. Washington y la URSS vetaron la operación en el Consejo de Seguridad, interponiéndose en sus planes.

El presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, se opuso a aquella operación a través de presión política y sanciones económicas y finalmente Reino Unido y Francia se retiraron del Sinaí y de Gaza. Aquel episodio marca, con gran consenso académico, la consolidación de EEUU como sucesor del liderazgo francés y británico en la región.

Setenta años después, el presidente Donald Trump buscó en su guerra contra Irán la excusa para controlar el estrecho de Ormuz, un propósito que mantiene. Con el intento de lograr una resolución en la ONU en ese sentido, EEUU pretendía legitimar una ofensiva militar nacida de forma ilegal.

Hezbolá nació tras los ataques masivos israelíes de 1982, como consecuencia de aquella agresión en la que murieron miles de personas. Antes, en 1978, Israel había invadido el sur de Líbano.

Con sus ataques, Estados Unidos e Israel provocaron el bloqueo parcial iraní del estrecho, algo que era previsible, y, tras ello, Trump ha estado semanas pidiendo a sus aliados “encargarse de ese paso marítimo”. Ese es uno de los objetivos: el control del estrecho de Ormuz, al igual que en 1956 Londres y París actuaron en busca del control del canal de Suez.

Hasta ahora el plan de Trump ha resultado fallido, tanto en el plano militar como en el diplomático. Irán ha resistido militarmente, Estados Unidos no ha logrado el visto bueno en la ONU a una intervención en Ormuz y con ello ha perdido capacidad disuasoria. China, por su parte, ha jugado un papel en las negociaciones.

Ante ello, Washington pretende elevar la presión contra los buques que acepten las condiciones de Irán para cruzar el estrecho. En su guerra comercial contra China busca bloquear alternativas y evitar el crecimiento de competidores en la región.

El alto el fuego es frágil e irreal: la vía para la paz pasa por el reconocimiento y el respeto de la soberanía de Irán, Líbano y Palestina, actualmente amenazadas o negadas

A qué llama Israel 'alto el fuego'

Más allá de Irán, el alto el fuego en la región es frágil, parcial e irreal, ya que Israel tiende a incumplirlo, tanto en Gaza como en Líbano. En un escenario como este, la vía para la paz pasa por el reconocimiento y el respeto de la soberanía de Irán, Líbano y Palestina, actualmente amenazadas o negadas.

Estados Unidos lleva décadas interviniendo en cuestiones políticas, económicas y militares en Oriente Próximo y estará tentado a seguir haciéndolo.Trump no renuncia al dominio del estrecho de Ormuz y los halcones de Washington querrán seguir desgastando y debilitando a Teherán a través de presiones políticas, económicas, diplomáticas y militares, como se hizo con Irak desde 1990 hasta su invasión ilegal en 2003.

Por eso, entre los diez puntos exigidos por Irán se incluyen como condiciones indispensables la retirada de las sanciones y resoluciones contra el país, la liberación de activos iraníes congelados, el fin de los ataques contra Irán y sus aliados, así como un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz supervisado y regulado por Teherán.

“Terminar el trabajo” en Líbano

El empeño de Israel en extender su control y ocupación colonial representa uno de los obstáculos para un alto el fuego real y duradero. Los bombardeos masivos de Israel contra Líbano horas después del anuncio del alto el fuego esta semana muestran la voluntad de Netanyahu de continuar con sus planes en territorio libanés. Esos ataques mataron a más de 300 personas en tan solo unas horas e hirieron a más de mil, en el marco de una ofensiva que ha provocado la muerte de más de dos mil personas y el desplazamiento forzado de un millón y medio de libaneses desde el mes pasado.

Israel no ha respetado el alto el fuego en Líbano desde su anuncio en noviembre de 2024. Datos de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en aquel país indican que el Ejército israelí ha violado el alto el fuego miles de veces desde entonces. Tampoco respeta lo acordado para Gaza, donde ha matado a más de setecientas personas desde el anuncio del alto el fuego en la Franja hace seis meses. El Gobierno de Tel Aviv tiene un concepto de alto el fuego poco acorde con el significado real de esas palabras.

Israel quiere seguir presente en Líbano, con tropas en el sur del país y con el objetivo de “terminar el trabajo”, expresión habitualmente empleada por representantes y funcionarios del Estado israelí. “Terminar el trabajo” significa seguir lanzando ataques contra territorio libanés, en los que mata a población civil, para atacar a la milicia de Hezbolá.

El empeño de Israel en extender su control y ocupación colonial es uno de los grandes obstáculos para un alto el fuego real y duradero: los ataques israelíes contra Líbano son prueba de ello

La soberanía libanesa ha estado amenazada por Israel en numerosas ocasiones. En 1978 invadió el sur del país, en 1982 bombardeó masivamente Líbano, incluida Beirut —provocando la muerte de unas 20.000 personas— y el Ejército israelí permaneció en territorio libanés hasta el año 2000. En 2006 volvió a bombardear la capital libanesa, provocando más de un millar de muertos y poniendo en práctica la doctrina Dahiya, es decir, el uso de la fuerza militar masiva y desproporcionada. La milicia de Hezbolá nació tras los ataques masivos israelíes de 1982, como consecuencia de aquella agresión.

Se ha llegado hasta aquí debido a la complicidad insistente de Washington, Londres y la Unión Europea con Israel. La UE es el mayor socio comercial de Tel Aviv y, pese al genocidio, mantiene vigente su Acuerdo de Asociación preferencial con Israel. No ha suspendido sus relaciones comerciales ni está ejerciendo la presión necesaria en el seno de Naciones Unidas para proteger el derecho internacional en los Territorios Ocupados Palestinos.

Como indica el director asociado de Human Rights Watch para la UE, Claudio Francavilla, “existe una línea directa entre Trump amenazando con la aniquilación de una civilización en Irán y los líderes de la Unión Europea ni siquiera mencionando a Estados Unidos e Israel en sus cobardes declaraciones. Ahí es donde comienza la impunidad”. En un sentido similar se ha expresado estos días la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, alertando de que “Israel no se detendrá hasta que los Estados y los pueblos lo obliguen a detenerse”.

Esta semana Israel aprobó la creación de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, defendió la expansión de las fronteras israelíes en Gaza, Siria y Líbano. Sea cual sea el resultado de las negociaciones sobre Irán, el Gobierno de Netanyahu sigue gozando de total impunidad. Mientras eso no cambie, la apuesta israelí por el uso de la fuerza bruta condicionará toda la región, porque es en la guerra donde Israel logra lo que el derecho internacional le niega.

La intensidad y lo errático de la guerra en Irán, ha obligado a posponer negociaciones de otros conflictos armados, como el de Ucrania, y eclipsado novedades importantes en contextos como el de Gaza, donde en estos días han ocurrido cosas muy importantes. Nickolay Mladenov, alto representante de la Junta de Paz para Gaza, ha expuesto ante el Consejo de Seguridad varios puntos destinados, en teoría, a garantizar la implementación del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump. Poco después se conocieron los detalles de lo que se han bautizado como “Pasos para complementar la implementación del Plan de Paz Integral de Trump para Gaza”, que consta de doce puntos y cinco fases, con un calendario para los cuatro primeros.

Antes de comentar estos puntos, hay que recordar que, dos días antes de su presentación, los ministros de Asuntos Exteriores de 20 países, 11 de ellos europeos, entre los que estaban España y Francia, así como los secretarios generales de la Liga de Estados Árabes (LEA) y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), emitieron una declaración conjunta condenando las actuales medidas israelíes como una “flagrante violación” del derecho internacional que promueve una “anexión de facto” de Palestina, instando a Israel a revertirlas y advirtiendo sobre su impacto en la viabilidad de una solución de dos Estados. Creo que es interesante recordarlo, pues choca bastante con los 12 pasos y 5 fases que ahora comentaré, muy complacientes con Israel y su “guerra de redención”, como la llama Netanyahu, que no solo ha arrasado Gaza, sino que también se está anexionando Cisjordania. Destaco igualmente que las fuerzas armadas israelíes han rociado tierras agrícolas con niveles peligrosamente altos del herbicida glifosato, a lo largo de la valla fronteriza de Gaza, impidiendo que los agricultores palestinos accedan a sus tierras. Ha hecho lo mismo en el sur del Líbano, en una política de “tierra quemada”, o “cortar el césped”, como dice el Gobierno israelí.

Aunque el alto representante de la Junta de Paz para Gaza diga en el Consejo de Seguridad de la ONU que ya se ha completado la primera etapa del plan original de Trump, lo cierto es que ha habido casi 700 muertos por la violación del alto al fuego de octubre de 2025, no llega toda la ayuda humanitaria necesaria a Gaza, no ha habido ninguna amnistía, ni hay señal alguna de que Israel vaya a retirar del todo sus tropas. Además, el contexto geopolítico actual señala que Israel no está interesado en lograr una arquitectura de seguridad equilibrada con sus vecinos, sino en consolidar su supremacía en la región, junto a Estados Unidos. La guerra de Irán, pues, afecta de lleno a Gaza.

¿Qué pretende este nuevo plan? Pues básicamente lograr el desarme de Hamás y la Yihad Islámica, sin que en ningún momento se mencione la creación de un Estado palestino. La primera fase, de 15 días, es para preparar la recogida de las armas y para que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) asuma el control de la seguridad y administración de Gaza, algo muy abstracto, pues no se menciona cuando comenzará el plan, y supone priorizar la seguridad a la reconstrucción y la ayuda humanitaria, que deberían ir de la mano. El plan, ¿empezará dentro de una semana, un mes, seis meses? A corto plazo, sabemos que esta primera fase es muy complicada, pues no se ha hecho nada hasta el presente, e incluso los “ministros” del NCAG todavía no han pisado el terreno gazatí. Lo único que ha empezado a funcionar es el entrenamiento de 2.000 voluntarios a policía para Gaza, que corre a cargo de Egipto y Jordania, que ya lo habían hecho en épocas anteriores, en espera de alcanzar los 5.000 efectivos, y que será un serio problema, pues Hamás ya controla totalmente la seguridad de la zona, y no dejará de hacerlo sin contrapartidas, que tampoco están previstas. Si algo sabemos bien en el mundo de las negociaciones es la importancia de los incentivos para dejar las armas, algo que aquí no se tiene en cuenta. Además, Israel está vetando a los candidatos a policía que ya lo fueron durante el régimen de Hamás, añadiendo tensiones y aumentando su control sobre el futuro Gaza.

En la segunda fase, Israel retiraría todas las armas pesadas bajo su control, algo que ahora no cumple ninguna función, pero los tanques y artillería sí servirán para atacar Líbano. En esta fase se tendría que desplegar la famosa fuerza internacional de paz (ISF), de momento un fiasco, pues hay pocos países dispuestos a aportar tropas, y algunos de ellos se han retirado tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán. Quedan solamente las ofertas de tropas de Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania. Solo el primer país tiene el árabe como idioma, y me resulta inquietante que haya allí tropas albanokosovares. Calculo que la misión puede costar entre 1.000 y 1.400 millones de dólares anuales, en un territorio cuyo PIB era de 3.500 millones de dólares antes de la guerra y ahora no vale nada. Vale más el pan que la mantequilla, y, además, la existencia de esta fuerza internacional no tendrá sentido una vez se desarme Hamás. Esta fase tendría que hacerse antes de dos meses tras empezar el plan, algo bastante improbable. Por su arte, Israel estaría obligada a permitir la construcción de unidades residenciales prefabricadas temporales en ubicaciones aprobadas por el comité nacional palestino, aunque esto entra en colisión con algo que comentaré de la fase quinta.

La tercera fase, que empezaría al cabo de un mes y que podría durar tres meses, sería la más intensa, pues Hamás debería entregar todas sus armas al NCAG y permitir la destrucción de todos los túneles. Hamás de momento continúa diciendo que no se desarmará hasta que todas las tropas de Israel se hayan marchado, algo que no está previsto del todo en el nuevo plan, por lo que, de nuevo, vamos a tener un serio problema. La cuarta fase, que abarcaría del tercer al octavo mes desde el inicio, cinco meses, sería para recoger y registrar las armas, un tiempo totalmente desmesurado y que se solapa con la fase anterior. En esta etapa, las fuerzas israelíes comenzarían a retirarse de forma gradual, pues en la fase quinta, muy importante, prevé “la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza salvo por una presencia en un perímetro de seguridad”, es decir, sí pero no, lo que equivale a decir que no se retiraran del todo, con lo cual se hace imposible el desarme total de Hamás. Peor no se podía diseñar. Además, la prometida etapa de reconstrucción no empezaría hasta completar todo este ciclo de 250 días, y está condicionada al desarme total de Hamás y la Yihad Islámica. El 15 de marzo, Israel dio un lazo de dos meses a Hamás para su desarme completo, algo imposible de conseguir en estos momentos, por lo que el riesgo de una nueva intervención militar israelí está presente. No hay que olvidar que en junio está previsto que haya elecciones en Israel, y Netanyahu querrá mostrar algunos triunfos, y las prisas van en contra de la racionalidad en la toma de decisiones y en la planificación de un auténtico plan de paz.

Recapitulando, no sabemos cuándo empezará el proceso, la secuencia no es la correcta, los tiempos tampoco, la reconstrucción solo empezará en las zonas completamente desmilitarizadas, las demás, que se apañen; no se han recogido todavía los fondos económicos para empezar la reconstrucción, y los países del Golfo que se habían comprometido a poner “algo”, ahora están en guerra y no prestan atención a Gaza; no hay el número previsto de tropas de “estabilización”, 20.000, y seguramente no hacen falta; habrá problemas con el desarme de Hamás, a la que se invita a una rendición política a cambio de nada, ya han dicho que no se desarmarán hasta que se retiren completamente las fuerzas militares israelíes, se reconozca el derecho a un Estado palestino y se desmantelen las fuerzas paramilitares que Israel ha fomentado en Gaza; Israel, además, no muestra ninguna señal de retirarse, y existen demasiados precedentes de incumplimiento de sus compromisos. También cuenta el aumento de los asentamientos y la violencia creciente de los colonos en Cisjordania, que actúan con total impunidad, y que estos días ha sido denunciado por Ramiz Alakbarov, coordinador especial adjunto de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, lo que supone un problema añadido de primer orden y ha tirado a la Autoridad Nacional Palestina al cubo de la basura. El proceso diplomático ha quedado reducido al desarme de Hamás, y Gaza ya está pagando el precio de las guerras de Irán y Líbano.

Desde una perspectiva del análisis de negociaciones de paz, el plan presentado para Gaza constituye un ejercicio de ingeniería diplomática profundamente defectuoso, que ignora de manera sistemática los principios fundamentales que determinan el éxito o el fracaso de cualquier proceso de desarme y reconciliación. Un desarme funcional exige, como mínimo, que el grupo armado perciba que la rendición de sus armas no equivale a su eliminación política y física, y que exista un horizonte político claro, en este caso, la viabilidad de un Estado palestino, que otorgue sentido al proceso. Al ignorar estas condiciones, y al mantener una presencia militar israelí indefinida como variable de control, el plan no constituye técnicamente un proceso de paz, sino un instrumento de rendición unilateral sin contrapartidas, condenado al fracaso antes incluso de haber comenzado. En síntesis, un plan de paz que no aborda las causas estructurales del conflicto, que no equilibra las obligaciones de las partes, que carece de financiación asegurada y de mecanismos de verificación creíbles, y que ni siquiera define cuándo empieza, no es un plan de paz. Es, en el mejor de los casos, una hoja de ruta hacia el fracaso anunciado y, en el peor, un instrumento para consolidar el statu quo de la ocupación bajo una cobertura de legitimidad diplomática.

Es uno de esos “puntos de estrangulamiento” de los que depende el comercio mundial. Y la interrupción del tráfico, con cientos de embarcaciones echando el ancla, sacude los precios del petróleo día tras día. Pero el bloqueo virtual por parte de Irán del estrecho de Ormuz en respuesta a la guerra de EEUU e Israel está teniendo otras consecuencias menos visibles: alrededor de 20.000 marineros procedentes de múltiples países permanecen varados en el golfo Pérsico, enfrentándose a una tensión considerable y a bordo de buques que corren el riesgo de ser atacados.

Es una cifra que Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), repite como un mantra durante una entrevista con elDiario.es. Los países miembros de la agencia especializada de la ONU acordaron la semana pasada trabajar para crear un corredor seguro que permita evacuar los buques comerciales del Golfo y proteger a los trabajadores atrapados en el epicentro marítimo del conflicto. Tras la muerte de siete marineros a causa de la guerra, Domínguez insiste: “Ni la industria marítima ni la gente de mar deben ser utilizadas como daños colaterales de ningún conflicto geopolítico, porque no solo se nota el efecto negativo en ellos, sino en toda la población mundial”.

¿Cuál es la situación actual en el estrecho de Ormuz? Parece que un puñado de barcos han conseguido pasar. ¿Quiénes lo están logrando?

La situación es bastante cambiante. Por supuesto, los países están buscando desde su propio punto de vista acciones de forma bilateral directamente con la República Islámica de Irán. Se ha reportado que algunos buques han atravesado el estrecho de Ormuz.

Damos la bienvenida a que cualquier marino pueda salir de la región de forma segura, pero ahora la cuestión es ver cómo podemos ampliar de forma que no sea solamente con un grupo de países, sino que todos puedan beneficiarse. Para nosotros, lo importante es conseguir una solución que abarque a los 2.000 buques que están encerrados dentro del golfo Pérsico y a los 20.000 marinos y oficiales que se encuentran en la región. Y este fue uno de los principales resultados del Consejo Extraordinario, donde se acordó ver la forma en la que se puede establecer un mecanismo para evacuarlos.

Irán ha enviado una carta a los países miembros de la OMI en la que afirma que los “buques no hostiles” pueden transitar por el estrecho de Ormuz “en coordinación con las autoridades iraníes”. ¿Han notado algún cambio? 

Tenemos que encontrar una forma adecuada de que el estrecho esté operativo. Nuestro principal objetivo es evacuar a la gente de mar que se encuentra varada al oeste del estrecho de Ormuz. La OMI ha difundido información facilitada por la República Islámica del Irán, y estoy reuniéndome con ellos sobre qué medidas, mecanismos o criterios están usando a la hora de permitir o no el tránsito de buques. 

Necesitamos adoptar un enfoque que permita a todos los buques, independientemente de nacionalidades, evacuar la zona y hacer uso de la libertad de navegación. Debemos tener en cuenta que la gente de mar es de múltiples nacionalidades y ellos no tienen nada que ver con el conflicto. La gente de mar solo está haciendo su trabajo.

Como dice, hay 20.000 marineros varados en la zona. ¿En qué condiciones se encuentran? 

La situación sigue siendo bastante difícil. La incertidumbre, la fatiga, no saber si el buque puede ser atacado o no… Todo esto tiene una influencia muy negativa en ellos. Estamos trabajando principalmente en que las compañías y los Estados de abanderamiento, así como que los países de la nacionalidad de toda la gente de mar que se encuentra allá, provean, aunque sea de forma remota, el apoyo necesario, comunicaciones, etc. 

Nos preocupa también el abastecimiento de los suministros esenciales como el agua, la alimentación y el combustible para que los buques sigan operando y la gente de mar no se vea afectada. Estamos trabajando con todos los países de la región para que, dentro de las circunstancias, puedan proveer este tipo de suministros a los buques. Es información que estamos usando en las negociaciones para un marco de evacuación, teniendo presente cuáles son los buques que tienen más necesidades que otros. 

Repite que su prioridad es evacuar los buques y los marinos atrapados, en línea con el acuerdo al que se llegó la semana pasada para crear un corredor marítimo seguro. ¿Cómo se haría en la práctica? 

No tenemos otra ruta. Para salir del golfo Pésico, tienen que atravesar el estrecho de Ormuz. Estamos comenzando ahora a negociar y conversar con los diferentes países de la región. 

Hay dos formas en las que esto puede ser efectivo. La primera, por supuesto, es cesar todo el conflicto. Y de esa forma regresamos a la normalidad y podemos seguir operando los buques como de costumbre. La segunda es lo que estamos haciendo ahora, pero para eso necesitamos el compromiso de todos los países de la región, particularmente de aquellos que tienen aguas territoriales en el estrecho de Ormuz, de forma tal que existan garantías de que cuando los buques comiencen a navegar no vayan a ser atacados.

¿Están barajando algún tipo de escolta marítima o algo similar?

No, no estamos considerando escoltas. El Consejo fue bastante claro en que esto tenía que ser una medida voluntaria y mediante medios pacíficos. 

Nosotros tenemos ya dispositivos del control de tráfico en esa región porque es un estrecho bastante angosto, y esto es lo que estamos utilizando para preparar en estos momentos las conversaciones, así como la información que tenemos de los buques: las capacidades que tienen en cuanto a los suministros, cuáles son los que primero deberían navegar y todo eso. Tendríamos que hacerlo de forma segura, pero la intención y el objetivo es no abordarlo desde el punto de vista de escoltas, sino de una ruta normal, como ha venido utilizándose durante tantos años.

¿A qué se refiere con los dispositivos de control del tráfico?

En estos estrechos existen ya medidas abordadas por la OMI para evitar colisiones. Se establecen rutas para el pase de los buques con mecanismos de reporte para evitar accidentes. De una forma bastante simplista, es como una autopista en la que tenemos dos direcciones para que los buques mantengan esa seguridad al navegar.

El estrecho de Ormuz, desde el punto de vista jurídico, está abierto y no puede ser cerrado por un país, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

¿Cómo van las conversaciones? ¿Hay avances?

El Consejo terminó hace apenas cinco días, así que en este momento estoy comenzando las conversaciones. Dije desde el principio que me enfocaría primero en dialogar con todos los países afectados directamente en la región. De ahí, expandirlo a otros países y luego buscar a organizaciones como la ITF, que representa a los trabajadores marítimos, así también como la Cámara Marítima Internacional, que tiene mucha representación de los armadores, para involucrar a las partes y que puedan asistir a las negociaciones. Pero primero hablaremos con los más afectados, que son los países de la región.

Varios países, entre ellos algunos europeos, anunciaron la semana pasada su disposición a “contribuir a los esfuerzos” para garantizar el paso seguro en el estrecho. ¿Son iniciativas relacionadas?

Estos comunicados salieron después del Consejo. Yo veo con beneplácito cualquier acción que los países puedan llevar a cabo, desde su punto de vista, para retomar la navegación por el estrecho de Ormuz como se venía haciendo el conflicto. Realmente, no tengo más detalles de a qué se refieren los países que han firmado estos comunicados. Tengo que esperar no solo a las conversaciones con ellos, sino también a la información adicional que los países van a proveer sobre los mecanismos para volver nuevamente a la navegación normal en el estrecho.

¿Tiene derecho Irán a bloquear el estrecho de Ormuz, cuya parte más estrecha comparte con Omán como sus aguas territoriales?

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) deja bien claro que ningún país tiene el derecho, jurídicamente, de cerrar un estrecho. Si escuchamos los enunciados, realmente el estrecho, de forma legal, no ha sido cerrado. Los países tienen derecho a introducir medidas, también de acuerdo con la Convemar, para la protección de sus aguas territoriales como ellos consideren apropiadas.

El conflicto es el que ha dificultado la navegación por el estrecho de Ormuz, ya que se está utilizando a la industria marítima como una medida colateral. Y esto es lo que realmente lo dificulta operacionalmente. Pero el estrecho de Ormuz, desde el punto de vista jurídico, está abierto y no puede ser cerrado por un país según la Convemar.

El efecto más llamativo está siendo el aumento de los precios del petróleo. ¿Qué otras consecuencias están pasando más desapercibidas? 

Lo que más pasa desapercibido es el impacto negativo en los 20.000 marinos y oficiales que están allí y en las comunidades dentro del Golfo que no pueden recibir los suministros para su consumo diario.

En el momento en que hay un efecto negativo en el transporte del 20% del petróleo crudo que emana de esta región, esto tiene un impacto negativo en muchas otras industrias de producción, así como en los precios de las canastas básicas en cualquier parte del mundo. Otro aspecto que también está adquiriendo más relevancia son otras exportaciones, como las de minerales y fertilizantes. El 13% de los fertilizantes que se utilizan para la agricultura a nivel mundial viene de esta región. Eso comienza a incrementar las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. Puede tener un efecto muy negativo a largo plazo si el conflicto se extiende.

Las tarifas de flete para los buques petroleros y las primas de los seguros contra riesgos de guerra están aumentando. ¿Cómo está agravando esto a la situación?

Esto afecta particularmente el costo de todos los productos que se transportan. También limita muchas de las operaciones, porque los buques no tienen cobertura de seguros y muchos de ellos, en algún momento, van a tomar una cobertura con primas bastante altas, lo que va a encarecer toda la cadena del transporte marítimo. Se va a ver reflejado en el alza de los costos.

Ni la industria marítima ni la gente de mar deben ser utilizadas como daños colaterales de ningún conflicto geopolítico, porque no solo se nota el efecto negativo en ellos, sino en toda la población mundial

¿Les consta que Irán esté cobrando a algunos barcos por pasar? Algunas informaciones apuntan a que se están exigiendo pagos de hasta dos millones de dólares por travesía, lo que supone, en la práctica, un peaje informal.

No tengo forma de corroborarlo. He leído estas informaciones que han salido en los medios de comunicación, pero es difícil para mí poder expresar alguna opinión al respecto hasta no tener una confirmación o información oficial que establezca que esto está sucediendo.

¿Les consta que Irán esté minando el estrecho, como ha denunciado EEUU?

Lamentablemente, la respuesta es la misma. No tengo ninguna confirmación oficial de que esto esté sucediendo o haya sucedido, o de que buques hayan sido afectados por minas flotantes en la región del golfo Pérsico. Pero la información está fluyendo mucho, hay mucha desinformación y tenemos que combatirla. En la OMI hemos creado una web donde publicamos solo lo que ha sido confirmado oficialmente por los países de la organización, por las organizaciones no gubernamentales o intergubernamentales que participan y trabajan con nosotros directamente.

¿Deja alguna lección esta situación para el futuro del comercio marítimo?

Las lecciones son muy similares a las que tuvimos tras los ataques en el mar Rojo: los buques mercantes no están equipados para combates, ni la gente de mar está entrenada ni preparada para esto. Ni la industria marítima ni la gente de mar deben ser utilizadas como daños colaterales de ningún conflicto geopolítico, porque no solo se nota el efecto negativo en ellos, sino en toda la población mundial.

La industria es resiliente, pero nos están llevando al extremo. Podemos buscar mecanismos para nuevas rutas de navegación para mantener el flujo de mercancías y de productos esenciales, pero no podemos proveer, como en este caso particular, productos como el 20% del petróleo crudo o el 13% de los fertilizantes mundiales que no pueden ser obtenidos en otras partes del mundo. Podemos buscar otras formas de mantener el comercio flotante, pero mientras se utilice a la industria marítima para el combate, los daños no son solamente a la industria: tienen una repercusión a nivel global.

La intención es loable. Nadie podría oponerse a que los gobiernos se preocupen por la vida digna de sus ciudadanías. Sin embargo, conviene preguntarse qué significa hoy ser feliz en un mundo atravesado por la incertidumbre, la desigualdad y la violencia. Mientras se organizan actos institucionales, campañas publicitarias y mensajes inspiradores en redes sociales, las imágenes de la guerra vuelven a ocupar nuestras pantallas. Irak, una vez más, se suma a una larga lista de escenarios donde la vida cotidiana queda suspendida por la violencia. Ante esa realidad, el contraste resulta incómodo: ¿puede celebrarse la felicidad como si fuese un estado disponible para todos por igual? ¿O estamos ante una idea cada vez más desvinculada de las condiciones reales de existencia de millones de personas?

En las sociedades occidentales contemporáneas parece haberse consolidado un fenómeno paradójico: la obligación de ser feliz. La felicidad ha dejado de ser una aspiración personal para convertirse en un mandato social. No basta con vivir razonablemente bien; es necesario aparentarlo, exhibirlo y demostrarlo públicamente. La tristeza, la duda o el cansancio se interpretan como fallos individuales más que como reacciones legítimas ante un contexto complejo y cambiante. Esta lógica produce lo que podríamos denominar una felicracia, un orden cultural en el que la felicidad funciona como criterio de normalidad y como instrumento de regulación social. En las sociedades felicráticas, el malestar se privatiza y se medicaliza, mientras las causas estructurales —precariedad laboral, desigualdad económica, deterioro de los vínculos comunitarios o incertidumbre global— quedan fuera del foco. Si no somos felices, el problema parece estar en cada uno de nosotros, no en las condiciones que nos rodean.

La industria del bienestar, el coaching motivacional y la cultura de la autooptimización alimentan esta narrativa. Se nos invita a gestionar emociones, a entrenar la mente, a reinventarnos de modo constante. Todo ello puede ser útil en determinados contextos, pero también contribuye a desplazar la responsabilidad desde lo colectivo hacia lo individual. En lugar de transformar las circunstancias que generan sufrimiento, se nos pide que aprendamos a soportarlas con una sonrisa. Las redes sociales amplifican este fenómeno hasta convertir la felicidad en una performance permanente. Las vidas se editan, se filtran y se exponen como escaparates de plenitud. El éxito se mide en visibilidad; la autoestima, en aprobación digital. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la vida de los demás y, sin embargo, nunca había sido tan fácil sentirse insuficiente.

La paradoja es evidente: en un mundo hiperconectado, la soledad aumenta; en una cultura que glorifica el bienestar, crecen los problemas de salud mental; en sociedades materialmente prósperas, se extiende la sensación de inseguridad vital. No se trata de negar los avances ni de idealizar el sufrimiento, sino de reconocer que la felicidad no puede sostenerse únicamente sobre el consumismo o el productivismo. El contraste con la guerra hace aún más visible esta fragilidad conceptual. Allí donde la supervivencia es la prioridad, la felicidad deja de ser un objetivo abstracto para convertirse, en el mejor de los casos, en un instante fugaz: un alto el fuego, un reencuentro familiar, una noche sin bombardeos. Tal vez esa perspectiva debería interpelarnos. ¿Qué entendemos realmente por bienestar cuando nuestras preocupaciones cotidianas giran en torno a metas de realización personal mientras otros luchan simplemente por seguir con vida?

La resolución de la ONU que instauró esta jornada subraya la necesidad de un crecimiento socioeconómico inclusivo, equitativo y sostenible. Es un recordatorio de que la felicidad no es solo un asunto emocional, sino también político. Requiere instituciones sólidas, derechos efectivos, cohesión social y paz. Sin estas bases, cualquier discurso sobre el bienestar corre el riesgo de convertirse en mera retórica vacía. Quizá el mayor peligro de la felicracia no sea la búsqueda de la felicidad en sí misma, sino su banalización. Cuando todo debe ser positivo, lo negativo se invisibiliza; cuando todo debe inspirar, la crítica se vuelve incómoda; cuando la felicidad se convierte en obligación, la libertad de no estar bien desaparece. Y sin esa libertad, resulta difícil construir sociedades verdaderamente humanas.

No se trata de renunciar a la alegría ni de caer en el pesimismo. Se trata de recuperar una concepción más honesta y compleja de la experiencia humana, en la que el bienestar conviva con la vulnerabilidad, la esperanza con la incertidumbre y el gozo con el duelo. Tal vez la felicidad más profunda no sea la que se exhibe, sino la que permite reconocer la fragilidad propia y ajena sin negarla. En tiempos de guerra, crisis climática y transformaciones tecnológicas aceleradas, celebrar la felicidad debería significar algo más que repetir consignas optimistas. Debería implicar el compromiso de construir condiciones de vida dignas para todas las personas, no solo para quienes han tenido la fortuna de nacer en contextos favorables, como nos ocurre a los occidentales. Si el 20 de marzo ha de tener algún sentido, tal vez sea este: recordar que la felicidad no puede imponerse ni decretarse, que no es un producto ni un indicador aislado, y que solo puede florecer allí donde existen justicia, seguridad y comunidad. Sin esos cimientos, la felicidad corre el riesgo de convertirse en una ilusión obligatoria, un espejismo confortable que nos distrae mientras el mundo arde.

Y quizá, precisamente por eso, convenga preguntarse no solo cómo ser felices, sino en qué tipo de sociedad es posible serlo de verdad.

Nos dirigimos a usted desde Fundación Franz Weber, después de ver su intervención en las Cortes de Castilla-La Mancha al respecto de las iniciativas parlamentarias que planteaban medidas sobre la participación e implicación de personas menores de edad en la tauromaquia, como respuesta a las recientes decisiones tomadas por organismos internacionales especializados en derechos de la Infancia y la Adolescencia.

El objetivo de esta carta es dejar por escrito los postulados técnicos, científicos y jurídicos de nuestra institución, respecto a la vulneración de Derechos Humanos, especialmente de la infancia, en la celebración de espectáculos taurinos.

La Fundación Franz Weber es una entidad internacional que promueve la cultura de paz y el respeto a la naturaleza, los animales y el acervo cultural. Actualmente opera como parte consultiva ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, generando informes acerca de la situación de las niñas, niños y adolescentes en una práctica de violencia concreta, como son las actividades taurinas.

Como resultado de estos aportes, el Comité de los Derechos del Niño ha manifestado su preocupación por la participación y exposición de personas menores de edad en dichos contextos, tal como consta en las Observaciones Finales relativas a Portugal (CRC/C/PRT/CO/3-4, 25 de febrero de 2014; CRC/C/PRT/CO/5-6, 27 de septiembre de 2019), Francia (CRC/C/FRA/CO/5, 23 de febrero de 2016) y España (CRC/C/ESP/CO/5-6, 2 de febrero de 2018; CRC/C/ESP/CO/7 de febrero de 2026).

Esta última advertencia se concreta en el apartado 23:

“Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte, el Comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que el Estado parte, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros”.

En estos documentos, el Comité ha abordado la cuestión desde la perspectiva del interés superior del niño y del derecho de la infancia a no ser expuesta a situaciones de violencia, subrayando que el acceso o participación a determinadas prácticas culturales no está por encima de la protección ni de este interés superior, pilar básico del sistema de derechos del menor.

La labor de la Fundación se fundamenta en el análisis jurídico y en la revisión sistemática de literatura científica especializada, así como en la elaboración de informes técnicos destinados a contribuir al debate institucional y al fortalecimiento de estándares de protección acordes con los instrumentos internacionales en materia de derechos de la infancia. En estos informes se listan y detallan situaciones concretas donde los Derechos del Niño son vulnerados por su exposición a prácticas violentas, donde incluso se pone en riesgo la integridad física.

Durante su intervención pronunció una serie de argumentos que carecen de sustento, como por ejemplo las alegaciones a la nacionalidad de los miembros del CDN, aludiendo a que las mismas son invalidantes para la toma de decisiones relacionadas con la exposición de niñas, niños y adolescentes sobre una actividad de reconocida violencia real, no ficcionada, o la no existencia de trabajos científicos que avalen tal objeción formulada de forma específica a España en 2018 y 2026.

A ello se suma un planteamiento erróneo sobre el funcionamiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por España en la década de los 90. La Constitución en su artículo 96 y la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, recogen que la ratificación de un texto de estas características pasa a incorporar necesariamente el mismo en el corpus normativo del país.

Nos ponemos a su disposición para explicarle el funcionamiento del Comité de Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y cuantas cuestiones quiera abordar respecto del impacto nocivo de la tauromaquia en la infancia y la adolescencia.

Reciba un cordial saludo,

Leonardo Anselmi

Director de Fundación Franz Weber para el Sur de Europa, Latinoamérica y Caribe

Finalmente, con la acostumbrada escenografía fastuosa propia de Donald Trump, la “Junta de Paz” ha celebrado su primera reunión en Washington. A la espera de poder juzgarla por sus resultados, tanto en Palestina como en otros rincones del planeta, resulta conveniente no perder de vista los elementos perturbadores que la definen desde su nacimiento.

Es, en primer lugar, un abuso en toda regla por parte Trump de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU. El texto establecía que la Junta de Paz es “la administración de transición que determinará el marco y coordinará la financiación para la reurbanización de Gaza”; sin embargo, lo que el inquilino de la Casa Blanca ha pergeñado es una instancia con ínfulas planetarias, de la que se ha autodesignado presidente vitalicio (es decir, más allá de su mandato presidencial).

No tiene, por tanto, ningún mandato para ello, pero eso no lo ha frenado, incluso añadiéndole su personal toque crematístico, al establecer una arbitraria cuota de 1.000 millones de dólares para quien desee convertirse en miembro permanente.

También es un intento fraudulento de sustituir a la propia ONU como representante legítima de la comunidad internacional para gestionar la agenda mundial de paz y seguridad. Basta con recordar que la ONU reúne a 193 Estados nacionales, mientras que Trump, de las más de sesenta invitaciones que ha cursado, apenas ha logrado una respuesta positiva de una veintena de jefes de Estado y de Gobierno –mucho más interesados en los favores que puedan recibir de Washington que en la paz mundial o en la suerte de los palestinos–.

Un simple vistazo a la lista de los que han decidido jugar a su juego, desde Javier Milei, Viktor Orbán y Mohamed VI hasta los gobernantes de Bielorrusia, Israel o Arabia Saudí, sumando un total de 26 miembros, deja claro que ninguno de los países relevantes del escenario internacional ha querido sumarse a una iniciativa tan personalista. Una iniciativa, un juguete en manos de un narcisista dispuesto a saltarse la legalidad internacional dónde y cuándo lo considere oportuno, inmiscuyéndose en los asuntos internos de quienes no quieran aceptar sus deseos.

Y todo ello, sin la excusa de poder decir que, gracias a sus desvelos y a la Junta, la paz ha llegado a Palestina. Por el contrario, Israel sigue violando diariamente el acuerdo de alto el fuego logrado con Hamás el pasado 10 de octubre –se contabilizan ya más de 1.600 violaciones, con más de 600 palestinos muertos y más de 1.600 heridos–; el órgano tecnocrático palestino no ha podido comenzar sus funciones; la ayuda humanitaria sigue cortocircuitada a discreción por Tel Aviv y la anexión de Cisjordania (la misma que Trump dijo que no permitiría) está ya en su última fase.

Nada de lo que se ha anunciado al cierre de esa primera reunión de la Junta permite pensar que la situación vaya a cambiar de inmediato.

Por un lado, apenas se ha dado a entender que habrá una aportación de 7.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza, con otros 10.000 por parte de Washington (una cifra que palidece ante el descomunal apoyo económico y militar prestado por Washington a las fuerzas israelíes que se han encargado de reducir esos 360 km cuadrados a escombros, además de asesinar a decenas de miles de gazatíes).

Por otro, tampoco se ha concretado el plan de despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización, más allá de que Marruecos (fiel aliado de Trump) será uno de los participantes más destacados.

Son apuntes suficientes para concluir que la Junta de Paz (de la que los palestinos están obligadamente ausentes, a diferencia de los israelíes) es, en definitiva, un engendro. De ahí que no sea fácil entender la actitud de algunos países árabes y musulmanes –desde Arabia Saudí a Pakistán, pasando por Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Marruecos y Qatar–, en clara contradicción con su supuesto apoyo a la causa palestina, salvo que se asuma que ya han pasado página, pensando mucho más en sus intereses geopolíticos y económicos que en sus tan cacareados como incumplidos compromisos.

Y en esa misma incómoda posición se retratan tanto algunos de los Veintisiete como la propia Unión Europea. En una muestra más de la enorme dificultad para aunar voluntades a favor de una causa común, ahí están Bulgaria y Hungría, convertidos ya en miembros permanentes, mientras que Chipre, Finlandia, Grecia, Italia, Países Bajos y República Checa han estado presentes como observadores.

Peor aún, si cabe, es que la Unión Europea, como tal, haya querido estar también presente, enviando a Dubravka Suica, comisaria europea para el Mediterráneo, como observadora. Un nuevo gesto más de apaciguamiento, sin atreverse a marcar distancias con una deriva trumpista que también tiene a la UE entre sus objetivos a batir.

El papa León XIV, rechazando de plano de invitación, ha vuelto a demostrar que lo tiene más claro.

Cada 17 de febrero se celebra el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo, una efeméride establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover una actividad que se desarrolle de forma más sostenible, a la vez que impulse la contribución económica.

El turismo es una fuente clave de ingresos para muchos países y destinos del mundo, pero también es una actividad que impacta en los lugares donde se desarrolla. Por ello, se enfatiza su capacidad de conectar a las personas con la naturaleza y de fomentar la responsabilidad individual y colectiva.

Esta fecha fue creada para impulsar un turismo más resiliente y sostenible, capaz de superar crisis y reforzar su compromiso con la responsabilidad medioambiental y la conservación.

En el marco de esta jornada, la ONU recuerda además el impacto que tuvo la pandemia de Covid-19 en el sector, subrayando la necesidad de fortalecer el turismo ante desafíos como el cambio climático y las crisis económicas.

Hacia un turismo sostenible

Cada 17 de febrero, el principal objetivo de esta conmemoración es promover una actividad alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fomente el crecimiento económico, genere empleo digno y de calidad y contribuya a mitigar la pobreza.

El turismo sostenible puede acelerar la transición hacia un consumo y producción responsables, respetuosos con los recursos naturales, la cultura local y la calidad de vida de jóvenes y mujeres en países en desarrollo. Asimismo, puede mejorar las condiciones de la vida rural y la agricultura, especialmente la de pequeños agricultores.

2027: Año Internacional del Turismo Sostenible y Resiliente

El año 2027 ha sido proclamado como “Año Internacional del Turismo Sostenible y Resiliente” por la Asamblea General de la ONU en febrero de 2024. Esta designación busca alentar a los Estados miembros y a los distintos actores del sector a promover un turismo más responsable con su entorno, que contribuya tanto a la protección ambiental como al desarrollo económico sostenible.

La ONU se ha dirigido este lunes directamente hacia “todos los tribunales nacionales e internacionales competentes” que estén llevando a cabo investigaciones relacionadas con los archivos de Epstein. “La escala, la naturaleza y el carácter sistemático de estas atrocidades contra las mujeres y las niñas, así como su alcance transnacional, son tales que podrían alcanzar la consideración legal de crímenes contra la humanidad”, ha advertido un grupo de expertos de la organización a través de un comunicado.

En el marco del derecho internacional sobre los derechos humanos, recalcan que “los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y castigar la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los actos cometidos por actores privados”. “Nadie es tan rico ni tan poderoso como para estar por encima de la ley”, apostillan.

Según los expertos, las actuaciones que evidencian los papeles de Epstein, así como los vínculos del empresario con las altas esferas del poder, pudieron ir acompañadas de esclavitud sexual, violencia reproductiva, secuestros, torturas, trato degradante y feminicidios. Además, “sugieren la existencia de una red criminal a nivel global” e las “terribles implicaciones de la impunidad que han tenido estos crímenes”.

Entre los firmantes de este comunicado figura Reem Alsalem, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

A su vez, el escrito critica los “graves incumplimientos” y “censuras mal hechas” de información sensible sobre las víctimas en los documentos revelados el pasado 30 de enero por parte del Departamento de Justicia de EEUU. Este compendio incluye más de 3 millones de páginas, 2.000 vídeos y 180.000 imágenes relacionadas con las actividades delictivas de Epstein.

Sugieren que la rendición de cuentas ha sido “limitada”, ya que solo se está investigando a un colaborador cercano. “Las dimisiones de las personas implicadas no son por sí solas un sustituto adecuado de la responsabilidad penal”, añaden.

Los ataques contra la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, se han recrudecido esta semana y han provocado reacciones en su defensa de juristas, artistas, escritores y organizaciones de derechos humanos internacionales.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la organización Amnistía Internacional, Juristas de Francia por el Derecho Internacional, diputados y periodistas franceses, expertos y relatores de Naciones Unidas, la representación de Palestina en la ONU y más de un centenar de escritores y artistas con proyección internacional han emitido declaraciones o comunicados alertando de la tergiversación de las palabras de Albanese y pidiendo la protección de su trabajo.

Entre los escritores y artistas que firman uno de los manifiestos en defensa de la relatora de la ONU, destacan Naomi Klein, Mark Ruffalo, Residente, Susan Sarandon, Javier Bardem, Annie Lennox, Brian Eno, Judith Butler, Brian Cox, Annie Ernaux, Massive Attack, Ana Tijoux o Eric Cantona, entre otros muchos.

En su escrito, se centran en responder a las acusaciones vertidas por el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien esta semana pidió la dimisión de la relatora de la ONU, basándose en una frase atribuida a Albanese “que se hizo viral”, pero “que, en realidad, ella nunca pronunció”: que “Israel es el enemigo común de la humanidad”.

Tras esas declaraciones de Barrot, los ministros de Exteriores de Alemania, Austria y República Checa se expresaron en términos parecidos. “Esas palabras se convirtieron en una cita viral, por supuesto. Solo que ella nunca dijo eso. Barrot y sus numerosos apoyos mienten abiertamente”, señalan los firmantes de ese manifiesto de actores, músicos y escritores.

Además, subrayan que la relatora de la ONU para Palestina actúa defendiendo el derecho internacional y “los derechos de los pueblos”, mientras que el Gobierno francés ha “incumplido todas sus obligaciones legales”, al no adoptar medidas contra “un Estado [Israel] que abierta —y hasta orgullosamente— pisotea el derecho internacional”.

Tres gobiernos europeos me acusan -basándose en declaraciones que nunca hice- con una virulencia y convicción que NUNCA han usado contra quienes han masacrado a más de 20.000 niños en 858 días.

Francesca Albanese, relatora de la ONU para Palestina

También indican que Francia, “como muchos de sus homólogos europeos”, ha facilitado “apoyo político, diplomático, moral y material” a Israel, lo que “ha permitido que continúe esta masacre sin sentido”. Otros de los firmantes, además de los mencionados, son Asia Argento, Michael Barenboim, Juan Diego Botto, Cyril Dion, Peter Gabriel, Denise Gough, Yorgos Lánthimos, Mike Leigh, Miriam Margolyes, Gabor Maté, Fernando Meirelles, Laura Morante, Peter Mullan, Rosa Salazar, Yann Tiersen, entre más de un centenar.

Su comunicado recuerda que en julio de 2025 se presentó una demanda judicial contra el presidente francés, Emmanuel Macron, su ministro de Exteriores y otros integrantes del Ejecutivo francés “por complicidad en el genocidio en Gaza”. “Según el propio Ejército israelí, al menos el 83% de los muertos en la Franja de Gaza son civiles”, prosigue el escrito, en el que se acusa a Francia de no haber hecho nada para impedirlo. “Israel puede, por tanto, seguir con su obra mortífera ante nuestros propios ojos”, señalan los firmantes.

Este texto, dado a conocer este fin de semana, también se pregunta, “¿Qué hace Francia?”, ante el anuncio de una mayor anexión israelí de Cisjordania o la intención de aprobar la pena de muerte para presos palestinos. Lo que hace, indican, es “atacar a la relatora Francesca Albanese”.

La propia relatora escribió este pasado viernes, en sus redes sociales, que “tres gobiernos europeos me acusan, basándose en declaraciones que nunca hice, con una virulencia y convicción que NUNCA han usado contra quienes han masacrado a más de 20.000 niños en 858 días”, en referencia al Ejército israelí.

A nosotros, ciudadanos y artistas, todavía nos importa la verdad. Por eso ofrecemos todo nuestro apoyo a Francesca Albanese, defensora del derecho de los pueblos, incluido el pueblo palestino, a existir

Más de un centenar de actores, escritores y artistas internacionales

Los firmantes del manifiesto de artistas aclaran que “lo que la relatora dijo exactamente” fue lo siguiente:

“El hecho de que, en lugar de contener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, le haya proporcionado excusas políticas, refugio político y apoyo económico y financiero, es un desafío. El hecho de que la mayoría de los medios en el mundo occidental hayan amplificado la narrativa pro-apartheid y pro-genocidio es un desafío. Y, al mismo tiempo, aquí reside una oportunidad. Porque, aunque el derecho internacional haya sido apuñalado en el corazón, también es cierto que nunca antes la comunidad global se había enfrentado a los desafíos que enfrentamos todos. Quienes no controlamos grandes cantidades de capital financiero, algoritmos o armas, ahora vemos que nosotros, como humanidad, tenemos 'un enemigo común'.”

Sin embargo, en un vídeo posteriormente editado y manipulado—por una organización que lleva tiempo haciendo campaña contra Albanese, dirigida por Hillel Neuer— se omiten dos frases y media de sus declaraciones y se presentan sus palabras bajo el título: “La humanidad tiene un 'enemigo común' en Israel, dice Francesca Albanese”.

Ante ello, la relatora de la ONU continuó en sus redes sociales, afirmando que ese 'enemigo común' “es EL SISTEMA que permitió que ocurriera el genocidio”. “Y lo repitió: capital, algoritmos, armas”, añade el manifiesto ahora publicado en su apoyo. Dos días después, el 11 de febrero, el ministro de Exteriores francés vertió esas acusaciones contra Albanese y pidió su dimisión. Y el día 13 hicieron lo mismo sus homólogos alemán y checo.

“¿Pero qué importa la verdad?”, se preguntan los artistas firmantes. “A nosotros, ciudadanos y artistas, todavía nos importa. Por eso ofrecemos todo nuestro apoyo a Francesca Albanese, defensora del derecho de los pueblos, incluido el pueblo palestino, a existir”, subrayan.

El manifiesto finaliza con este párrafo: “Este orden internacional criminal, este sistema, no puede tener la última palabra. Se trata, simplemente, de una cuestión de supervivencia colectiva. Somos infinitamente más, en todos los rincones de la Tierra, quienes queremos que la fuerza deje de ser la ley. Quienes queremos saber qué significa realmente la palabra 'derechos'.”

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recalcado que Albanese 'no calificó a ningún Estado como enemigo de la humanidad' y ha señalado que estas campañas distraen y evitan que se ponga el foco en 'cuestiones graves de derechos humanos'

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también ha reaccionado en defensa de la relatora de Naciones Unidas para Palestina, recalcando que Albanese “no calificó a ningún Estado como enemigo de la humanidad”. “Los invito a ver sus declaraciones”, ha señalado la portavoz de la Oficina, Marta Hurtado, quien ha añadido que su departamento está “muy preocupado” por la escalada de “ataques personales, amenazas y desinformación” contra funcionarios de la ONU y expertos independientes. Además, esta agencia de Naciones Unidas alerta de que estas acusaciones y campañas distraen y evitan que se ponga el foco sobre “cuestiones graves de derechos humanos” en Palestina.

En un sentido parecido se han expresado varios expertos y relatores independientes de Naciones Unidas, más de un centenar de diputados franceses y organizaciones como Juristas de Francia por el Derecho Internacional. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional también ha salido en defensa de Albanese, señalando que “es reprensible que ministros europeos hayan atacado a la Relatora Especial, Francesca Albanese, basándose en un vídeo deliberadamente truncado para tergiversar y malinterpretar gravemente sus mensajes, como queda claro al ver su discurso original en su totalidad”.

Por su parte, el director de Human Rights Watch para la Unión Europea, Claudio Francavilla, ha contestado al ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, resaltando que “no movió un dedo para defender a la relatora italiana” cuando Estados Unidos anunció sanciones contra ella —un castigo que sigue vigente y que le impide acceder a sus propios ingresos económicos— y que ahora “la condena por declaraciones que no hizo, difundidas en un vídeo claramente manipulado”. “Mientras, sobre los verdaderos crímenes israelíes, [el ministro Tajani] permanece en silencio”, añade Francavilla.

Daniel Levy, analista y ex negociador de paz israelí y presidente del grupo de expertos US Middle East Project, también ha exigido disculpas al ministro de Exteriores francés y ha resaltado que “el ministro Barrot está distorsionando los hechos y tergiversando todo el trabajo” de la relatora Albanese. “Si estaba mal informado, debería retirar sus acusaciones y disculparse”, ha añadido Levy.

La relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, al igual que varios jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, sufre sanciones de Estados Unidos por realizar su trabajo de investigación sobre la situación en los Territorios Ocupados Palestinos. Como denunciaba hace unos días en esta entrevista realizada por elDiario.es, esto le impide acceder a sus propios ingresos, usar cuentas de correo electrónico o portales de reserva de vuelos u hoteles de empresas estadounidenses.

Esta semana el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió la dimisión de la relatora especial de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, acusándola de haber dicho que “Israel es el enemigo común de la humanidad”, durante una intervención en un foro de la televisión catarí Al Jazeera. Pero esas declaraciones fueron sacadas de contexto y manipuladas, incluido en un vídeo que difundió la Embajada israelí en Francia.

Lo que dijo Albanese, hablando del genocidio en Gaza y de sus repercusiones en el orden internacional es lo siguiente: “Si bien el derecho internacional ha sido apuñalado en el corazón, también es cierto que la comunidad global ha visto como nunca antes los retos a los que todos nos enfrentamos; nosotros que no controlamos grandes sumas de capitales, los algoritmos y las armas. Ahora vemos que como humanidad tenemos un enemigo común”.

La relatora especial de la ONU, que ha sido blanco de numerosos ataques por su postura crítica con Israel y el genocidio del pueblo palestino, respondió en las redes sociales, difundiendo el vídeo completo de su intervención y explicando que no se refería a Israel cuando dijo que “como humanidad tenemos un enemigo común”.

“El enemigo común de la humanidad es EL SISTEMA que ha permitido el genocidio en Palestina, incluido el capital financiero que lo financia, los algoritmos que lo ocultan y las armas que lo posibilitan”, escribió Albanese. Sin embargo, el Gobierno francés no ha dado marcha atrás.

En el Parlamento, Barrot anunció que pediría la dimisión de Albanese, en respuesta a una petición de la diputada Caroline Yadan –que representa a los ciudadanos franceses residentes en el extranjero–, quien fue de las primeras en acusar a la relatora de la ONU, con base en esas declaraciones manipuladas de su intervención del 7 de febrero.

Yadan escribió un duro mensaje en la red social X el día después de que Albanese pronunciase supuestamente esas palabras: “Estos comentarios antisemitas hechos en Qatar son inaceptables. Esta mujer no puede seguir difundiendo su propaganda de odio en nombre de la ONU, cuyo mandato aún ostenta. Esta farsa ya ha durado demasiado tiempo”.

Yadan también envió una carta al Ministerio de Exteriores francés, firmada por 53 diputados y diputadas del partido Renacimiento del presidente francés Emmanuel Macron, para denunciar los presuntos comentarios, según la televisión France 24. Entre los firmantes están la ex primera ministra Elisabeth Borne y la ex portavoz del Gobierno Olivia Grégoire, y en la misiva exigen que Albanese sea apartada de “todos los mandatos de la ONU con efecto inmediato”.

El Gobierno francés dijo el jueves que podría llevar su petición de dimisión de Albanese ante el Comité de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco de las próximas reuniones previstas en Ginebra a partir del 23 de febrero.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Pascal Confavreux, explicó que podría recurrir a ese mecanismo para que se examine un eventual incumplimiento de las obligaciones asociadas al mandato de la relatora, en particular en lo relativo al deber de “neutralidad e imparcialidad” que debe regir las funciones de los expertos independientes de Naciones Unidas, tal y como recoge la Agencia EFE.

Alemania también se ha sumado a la petición de Francia, varios días después de que la polémica estallara en Francia. El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, pidió el jueves la dimisión de Albanese a través de X. “Respeto el sistema de los relatores independientes de la ONU. Sin embargo, la señora Albanese ya se ha comportado de manera inadecuada en múltiples ocasiones en el pasado. Condeno sus declaraciones recientes sobre Israel. Su posición es insostenible”, escribió Wadephul.

Ni los tambores de guerra en Europa, ni el genocidio en Gaza, ni el expansionismo indisimulado de Donald Trump son suficientes para que Philippe Sands, aclamado escritor y prestigioso jurista experto en derecho humanitario, pierda la fe en las leyes.

“Existe la conversación sobre que estamos o nos dirigimos hacia un mundo sin leyes”, señala ante un centenar de juristas y estudiantes de derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. “Me parece un completo disparate”.

Sands es uno de los grandes abogados expertos en derecho internacional de las últimas décadas. Ha participado en docenas de casos relevantes ante la Corte Penal Internacional, asesora a Gobiernos y organizaciones humanitarias y, además, es un reputado autor cuyos libros, siempre basados en historias jurídicas, han sido traducidos a 32 idiomas.

“Empecé a escribir para el público general porque me di cuenta de que si solo hablamos entre académicos no tenemos impacto”, explica a los presentes (todos son académicos). “Tenemos que encontrar la manera de conectar con los ciudadanos que realmente están preocupados por estos temas”.

El abogado participó el martes en un seminario en la UPF, un día antes de ser investido doctor honoris causa por esta universidad. En el encuentro, diversos juristas se interesaron por su visión sobre la utilidad de un derecho internacional que a veces parece no imponer ningún límite a los Estados más poderosos.

Sands, uno de esos pocos autores reverenciados tanto en el mundo académico como entre los lectores de a pie, no quiere perder la esperanza. No es que sea el único ingenuo de la sala; conoce mejor que nadie las disfunciones que ha habido y habrá en el orden mundial. Incluso admite que el escenario surgido tras la aprobación del Tratado Atlántico y el fin de la Segunda Guerra Mundial está en riesgo de saltar por los aires, pero esto tampoco supondría el fin. 

“Estamos en un momento de enormes desafíos, se están produciendo flagrantes violaciones del derecho internacional y se seguirán produciendo”, sostiene. “Pero el patrón siempre ha sido este: hay un momento de creación y elaboración —1648, 1815, 1918, 1945— después llega el desastre y mucha gente muere de forma horrible. Luego viene la reconstrucción. Y casi siempre parte de lo que existía antes y se apoya, invariablemente, en un sistema de derecho internacional”.

El optimismo de Sands se apuntala en casos concretos. Cita los tratados “silenciosos” que le han permitido volar esa mañana a Barcelona, tener cobertura en su teléfono, comprar cosas de otra parte del mundo o que se investiguen redes criminales que operan en distintos países. “No escucho a nadie quejarse de todos estos tratados”, ironiza. “El 98% de los tratados internacionales funcionan, pero solo nos fijamos en el otro 2%”. 

La defensa de Sands del derecho internacional planea incluso sobre personajes y escenarios en los que el respeto por las normas brilla por su ausencia.

Recuerda cómo Trump, en su intento de crear el Consejo de Paz para Gaza, lo vehicula a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Destaca cómo, por miedo a las sanciones, las grandes compañías petroleras americanas no se han atrevido, por ahora, a mancharse las manos de crudo venezolano. Subraya cómo incluso Vladímir Putin esgrimió el derecho internacional para justificar su invasión de Ucrania y cómo una posible salida del conflicto se basará también en esas leyes.

“Es el único lenguaje común que tenemos”, apunta. “Si os fijáis, todo el mundo acaba intentando justificarse o defenderse haciendo referencia al derecho internacional”.

El autor explica que viene de pasar un mes entero en La Haya, escuchando testimonios durísimos sobre el genocido contra los rohingyas en Myanmar. “¿Por qué íbamos a pasarnos cuatro semanas ahí, ante 15 jueces, si no existiera el derecho internacional?”.

En juego está la primera condena a un Estado por genocidio y Sands lo esgrime como ejemplo de la evolución, lenta y desigual, del acervo internacional. Explica que cuando él era un estudiante, no había ni un solo caso juzgándose en la Corte Penal Internacional. “¡Ahora vas ahí y hay cientos!”, exclama.

“Estamos en un período de construcción”, abunda el jurista. “Y habrá un paso adelante, un paso de lado, un paso atrás y otro paso adelante”.

El escritor precisa que harán falta décadas o más para que el derecho internacional se equipare a las normas internas de cada país, pero acabará ocurriendo. “Está en la naturaleza misma de la existencia humana”, concluye. “Las comunidades necesitan convivir”.

La preocupación por el cambio climático

La confianza de Sands se empaña cuando un estudiante de doctorado le pregunta por la posibilidad de incluir el ecocidio como quinto crimen internacional —actualmente hay cuatro: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

“Ni Ucrania ni Sudán ni Gaza”, responde el académico. “Lo que más me preocupa a día de hoy es el cambio climático”. Según Sands, es el factor que tiene mayor capacidad de transformar el mundo, el que afectará a más gente y el único que es difícil de regular. 

Sands ha participado en todos los casos de justicia penal internacional que han tratado el medio ambiente y admite que existe un preocupante vacío legal al respecto.

Reconoce que, aunque al principio mostró escepticismo sobre las posibilidades de articular algún tipo de regulación sobe el tema a nivel internacional, desde 2020 coordina un grupo de trabajo para incluir el crimen de ecocidio en la justicia.

“Percibí que algo estaba cambiando”, señala. “Hasta la fecha todos los crímenes que se han tipificado se encargan de proteger al ser humano, pero ahora veo a los jueces capaces de abordarlo y mirar más allá”.

Aunque el momento sea complicado, Sands cree —vuelve el optimismo— que el proceso formal que ha arrancado para regular el crimen de ecocidio acabará cristalizando debido al cambio generacional que se impondrá en los tribunales y centros de poder. “No sé cuándo será, pero acabará ocurriendo”.

Durante la cumbre de Davos, en Suiza, aprovechando la presencia de altos mandatarios internacionales y de multimillonarios hombres de negocios, asistimos a la escenificación del nacimiento de un nuevo organismo internacional: la Junta de Paz. Una entidad diseñada por Donald Trump y su círculo más íntimo, gobernada por él a modo de club privado, en el que entra y sale quien solo él decida previo pago de 1.000 millones de dólares. Este organismo pretende suplantar las funciones de la ONU en las zonas de conflicto y, sobre todo, ser la plataforma de inversión para la reconstrucción de regiones enteras devastadas por criminales de guerra o genocidas miembros, a su vez, de esta Junta de Paz. 

Con Javier Biosca, jefe de Internacional de elDiario.es, explicamos en qué consiste la Junta de Paz, cómo pretende funcionar y quiénes son, de momento, sus miembros. Con Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, analizamos las repercusiones para el orden internacional que puede tener este nuevo colonialismo del siglo XXI. 

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La relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, lleva dos años denunciando que Israel comete un genocidio en Gaza y que el Gobierno israelí somete a la población palestina de Cisjordania y de Jerusalén Este a “un régimen de apartheid”. Sus investigaciones e informes, ceñidos al cumplimiento del derecho internacional, son claros en este sentido. 

Las denuncias de Albanese han acaparado titulares y portadas en la prensa internacional y han ofrecido datos precisos sobre el modus operandi del Ejército de Israel. La relatora también señala la complicidad con el genocidio israelí de grandes empresas y numerosos Estados “que incumplen sus obligaciones”.

Acaba de publicar un nuevo libro que ahora llega a España: “Cuando el mundo duerme. Historias, palabras y heridas de Palestina” (Galaxia Gutenberg), una obra muy amena que contiene claves para entender cómo el pueblo palestino “ha sido ilegalmente ocupado, violentado y arrasado”. De ello conversa con elDiario.es en esta entrevista. 

En su libro usted escribe que “el sistema que oprime a los palestinos es una alianza consolidada entre Israel y muchos otros países”, y que ese es el sistema al que pertenecemos las sociedades occidentales.

Sí. Quizá para personas que siempre han pensado que lo que pasa entre Israel y los palestinos es un conflicto étnico o de religiones, sea difícil de apreciar. Pero lo cierto es que Israel es un proyecto colonial de asentamiento, y así puede comprobarse analizando su comportamiento. 

Israel mantiene un régimen de apartheid en los territorios ocupados palestinos, donde aplica ley militar a los palestinos y ley civil a la población israelí que ocupa esas tierras.

¿En qué se concreta ese proyecto colonial de asentamiento? 

Israel avanza en la apropiación de la tierra y de los recursos que pertenecen a los palestinos. El derecho internacional es claro, pero Israel sigue devorando territorio, demoliendo casas, arrestando, deteniendo y matando palestinos. Ha podido hacerlo con total impunidad porque hay un sistema que lo sostiene, y ese sistema es doble. 

Por un lado, hay complicidad de muchos Estados, que han seguido en gran medida comerciando e intercambiando bienes. Mire la Unión Europea, primer socio comercial de Israel. O los países que mantienen comercio bilateral con Tel Aviv. Por otro lado, están las relaciones militares. Israel produce tecnología de guerra que ha sido experimentada y probada sobre los palestinos. Esa tecnología es muy deseada, muchos países corren a conseguir los últimos productos israelíes de vigilancia y control de la población. 

También está el plano diplomático: Israel sigue sin ser expulsado, pese a los crímenes cometidos a lo largo de los años. Sigue disfrutando de un trato normal en el ámbito internacional, en Naciones Unidas, en la UEFA, en la FIFA, etc. Incluso desde el punto de vista del discurso, Israel sigue estando casi normalizado en gran parte de Occidente. 

Ante las sanciones de EEUU contra mí necesito un Estado que me garantice mi derecho a acceder a mis ingresos, que asuma la responsabilidad de decir a los bancos: ‘Nosotros respondemos por ella’

¿Por qué esta deferencia? 

Porque hay un sistema de intereses financieros, económicos y de tecnología militar que hacen de Israel algo muy valioso, no solo para la economía mundial, sino para un modelo económico en auge impulsado por la seguridad.

Estamos viviendo un proceso progresivo de israelización del espacio público, porque Israel representa un modelo para las democracias liberales: un modelo de democracia donde unos pocos pueden votar, sí, pero la mayoría no solo no vota, sino que está privada de derechos. Y este es también el modelo de democracia hacia el que se dirigen las democracias liberales, en las que hay pobres, migrantes, comunidades desposeídas que forman parte de nuestras democracias pero que no pueden disfrutar de esos derechos.  

Vivimos en un sistema gobernado por intereses financieros y capitalistas que dominan a los Estados y determinan nuestras vidas. Formamos parte de ello, Israel es parte de ello, el imperialismo estadounidense, nosotros en Europa también.

En el libro usted escribe que “la indiferencia es un monstruo. ¿Qué sentido tiene ver si no actuamos?” Ante ello, destaca la importancia de las redes internacionales de solidaridad y acción. 

La buena noticia es que ese despertar global que empuja a la acción ya está produciéndose. Por ejemplo, en España. No lo digo porque hable a un público español en esta entrevista. Lo digo por cómo se comporta el Gobierno español. No creo que lo haga porque sea particularmente excepcional, sino porque hay un pueblo excepcional. 

Quizá España no ha tenido las mayores protestas del mundo, pero está clarísimo lo que piensa su gente y cómo ve lo que pasa en Palestina. Hay una madurez en la población española que se refleja en la existencia de un periodismo libre, por ejemplo. Esto no tiene precio. Lo sé porque vengo de un país –Italia– donde ya no hay apenas prensa libre: todo está vinculado al régimen. 

En España vemos que hay universidades que usan su libertad académica para romper lazos con Israel, municipios que deciden romper relaciones, etc. Es toda una sociedad. Y, por suerte para vosotros, habéis tenido instituciones y un Gobierno que acompañan este proceso. Esto también se refleja en otros ámbitos de la vida, como en la medida de regularización para personas migrantes.

En otros países de Europa está ocurriendo lo contrario. En Italia, Alemania o Francia se recortan espacios de libertad académica y de protesta cada vez que hay manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino. 

Vivimos un proceso de 'israelización' del espacio público, con un sistema de control en el que mucha gente no puede votar ni gozar de derechos

Usted habla de un ‘sistema global de complicidad con la profunda injusticia en Palestina’ y de cómo nos afecta 

Hay injusticias que sufren los palestinos que reverberan en nuestro propio espacio de vida. Por eso la interseccionalidad de las luchas ahora tiene más sentido. Mucha gente ha entendido que la defensa del derecho a la vivienda y a la igualdad, por ejemplo, está conectada con la defensa de los derechos de la población palestina.

Es lo que llamo el “efecto Palestina”. Vivimos un tiempo horrible, pero sabemos que hay una grieta, una crisis ante la que tenemos que actuar, unidos.

Desde el presunto ‘alto el fuego’, anunciado en octubre, el Ejército israelí ha matado a más de 500 personas en Gaza. ¿Está bajando la presión internacional debido a ese ‘alto el fuego’?

Por parte de la gente no hay menos presión ni menos conciencia. Por un lado, Estados Unidos actúa con un liderazgo y una brutalidad hacia los palestinos que nunca había tenido. No es nuevo, pero ahora es más descarado y evidente que nunca. 

Washington quiere zanjar la cuestión palestina para siempre. ¿Por qué? Porque los palestinos, con su resistencia, con su insistencia en querer y desear ser libres, encarnan una idea que va contra este ultracapitalismo sin límites. Son una espina en el costado para todo el sistema, porque lo que hacen los palestinos corre el riesgo de ser contagioso. 

Por eso Estados Unidos ha ido tan lejos. Lo que EEUU e Israel están haciendo es contrainsurgencia. En los estudios coloniales, esto sería una pedagogía colonial de la contrainsurgencia. Esto se refleja en lo que ocurre entre los aliados de Estados Unidos: apuestan por blindar el mundo, normalizando la idea de que la guerra es un estado natural. Esta es una tendencia. 

Hay una apuesta por blindar militarmente el mundo, normalizando de la idea de la guerra como estado natural

La otra tendencia procede de un mundo que quiere paz, una paz basada en el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, que deben ser la lente con la que miramos el mundo. 

La razón por la que el poder —con P mayúscula, es decir, una minoría muy rica y poderosa, los gobiernos occidentales, pero también algunos líderes árabes plenamente alineados con ellos– empuja para mantener el sistema orientado a la guerra y a la seguridad, es precisamente esa. Tenemos que empujar en sentido contrario.

Hay sanciones de EEUU contra usted y varios jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional. Uno de esos jueces, el francés Nicolas Guillou, ha dicho que la Unión Europea podría activar su mecanismo de bloqueo para limitar los efectos de esas sanciones, que implican no poder acceder a sus cuentas bancarias. ¿Cómo le están afectando estas sanciones?

En los últimos siete meses no he podido acceder a mi cuenta bancaria, a mis ingresos, porque ningún banco en el mundo puede ayudarme. Necesito que un Estado me garantice ese derecho, que asuma la responsabilidad de decir a los bancos: “Nosotros respondemos por ella”.

Basta con que un país haga lo correcto para frenar estos abusos. ¿Por qué tengo que ser tratada como una terrorista, como una narcotraficante, siendo además una persona de la ONU? 

La gente se une para ayudarse mutuamente y, cuanto más lo haga, más podremos cambiar este sistema injusto. Por eso digo que el caso palestino es tan revelador. Se trata de resistir ante un sistema opresivo. Ione Belarra dijo una vez algo que he repetido a menudo: “Nunca saldremos de este genocidio de la misma manera en que entramos”. 

Eso significa que, o salimos mucho mejores y ponemos fin a todas las prácticas que han permitido esta situación, o será mucho peor, y el mundo será mucho más feo para todos nosotros.

Con su resistencia e insistencia en querer ser libres, los palestinos encarnan una idea que va contra este ultracapitalismo sin límites 

El plan de Donald Trump para Gaza fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué supone esto?

Como dijo hace poco un parlamentario italiano, esto supone que hemos pasado del inmovilismo occidental al “inmobili-arismo”. Es decir, de no hacer nada a hacer negocios inmobiliarios en el escenario de crímenes masivos, a costa del genocidio. 

¿Se imagina que Camboya, Bosnia-Herzegovina, la Alemania nazi o Polonia se convirtieran en lugares de negocio violento de y voraz, extrayendo beneficio mientras la población sigue muriendo por bombardeos, por disparos de francotiradores, o por hipotermia, como continúa ocurriendo en Gaza? 

Este plan es el epítome de la decadencia de nuestro mundo actual. Y eso, en cierta medida, también pertenece a la ONU. Cuando estudiamos la carrera de Derecho, en el primer año, aprendemos que hay una diferencia entre “lo justo porque es ley” y “la ley porque es justo”.

En su libro dice que es importante usar la palabra apartheid y también dedica espacio a explicar el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones).

Apartheid no es un eslogan ni un término ideológico. Es un concepto jurídico que significa la institucionalización de la segregación racial. Es un sistema de dominación racial de un grupo sobre otro mediante actos inhumanos con la intención de mantener esa dominación. El apartheid es un crimen contra la humanidad que conlleva responsabilidad del Estado, según la Convención contra el Apartheid, y responsabilidad individual, según el Estatuto de Roma.

El crimen de apartheid se manifiesta cuando hay una división institucionalizada de regímenes jurídicos, por ejemplo. Esto ocurre en el territorio palestino ocupado, donde Israel aplica órdenes militares, revisadas en tribunales militares. No hay acceso real a la justicia para los palestinos allí. 

A ello se suman los colonos, ese 10 % de la población israelí judía que ocupa el territorio palestino. Están por encima de la ley, porque a ellos no se les aplica la misma ley que a los palestinos y, además, violan la ley: aterrorizando, destruyendo propiedad privada, medios de vida, golpeando y matando.  

Si se lo hicieran a un judío israelí, irían a la cárcel. Si se lo hacen a los palestinos, gozan de impunidad. Por eso digo que el genocidio no está solo en Gaza. Hay una destrucción intencional del pueblo como tal. Es una política de Estado.

Con el plan de Trump para Gaza pasamos del inmovilismo occidental al “inmobili-arismo”: de no hacer nada, a hacer negocios inmobiliarios en el escenario de crímenes masivos

¿Cómo puede el movimiento de solidaridad con Palestina ayudar a frenar estas dinámicas en todo el mundo?

Los ciudadanos comunes no deberían cargar con el peso de los Estados miembros, porque son los Estados los que tienen la obligación de prevenir y detener más actos de genocidio, el apartheid y otros crímenes contra la humanidad. 

Podríamos escribir una enciclopedia de cómo Israel ha puesto el derecho internacional patas arriba solo en estos dos últimos años, con sus crímenes, incluida la tortura contra los palestinos. Por eso tenemos que crear las condiciones para que la justicia prevalezca. 

A nivel individual, cada persona tiene un papel que desempeñar. Por eso el movimiento BDS –Boicot, Desinversión y Sanciones– es tan importante. Porque es una gramática de acción que activa el poder en cada uno de nosotros. Podemos elegir si apoyamos la ocupación ilegal o no a través de nuestras propias acciones.

¿Por ejemplo? 

A través de lo que compramos. Por eso animo a todo el mundo a boicotear a las empresas que se benefician de la ocupación israelí y del genocidio, como Booking.com o Airbnb. Estas empresas deben dejar de invertir en la ocupación y prescindir de los beneficios que obtienen en el contexto de un genocidio.

Pero también el boicot y la desinversión deben afectar a los institutos de investigación y a las universidades. En España hay una red de unas 40 universidades que han roto lazos con universidades israelíes.

Pero el programa Horizon de la Unión Europea continúa. Empresas israelíes de tecnología digital, de vigilancia y militar reciben fondos a través de ese programa. Esto es inaceptable.

Y, por supuesto, los Estados deben imponer sanciones a través del Consejo de Seguridad de la ONU y, si no funciona, a través de la Asamblea General o individualmente. Los países deben romper lazos con Israel, las empresas deben desinvertir y los individuos deben boicotear.

Quiero terminar esta entrevista diciendo que sí, somos frágiles, como las alas de las mariposas. Pero si las alas de las mariposas empiezan a batir todas juntas, pueden provocar una tormenta. Y esa es la tormenta que necesitamos: una tormenta que se llama justicia.

Recientemente los medios de comunicación se hacían eco de la idea del magnate estadounidense Elon Musk de llenar la 'España vaciada' de placas fotovoltaicas. A primera vista la idea parece disparatada, pensamos que es otra ocurrencia del histriónico personaje y fruncimos los labios con una mueca de desaprobación. Pero en este convulso siglo en el que vivimos, donde la voracidad de algunos oligarcas sólo ven oportunidades de lucro y negocio —donde otros vemos genocidio, pandemias y sufrimiento o cambio climático— nos hace ser prudentes y reflexionar sobre la propuesta, no vaya a ser que tengamos algunos admiradores cercanos.

El lenguaje no es neutro y sí evocador. Lo de la 'España vaciada' es un término que nos hace imaginarnos el vacío, el desierto, la nada, en el corazón de esta Península Ibérica que habitamos. En realidad, ese vacío se refiere exclusivamente a una baja o muy baja densidad de población humana, lo que no quiere decir que la biodiversidad que alberga sea baja, más bien al contrario. Podemos decir que la riqueza de la biodiversidad peninsular es inversamente proporcional a la presión demográfica actual o histórica. Cuanta menor sea y haya sido la intervención humana, los ecosistemas alcanzan un grado de naturalidad y mayor desarrollo. No es casualidad que las mejores formaciones vegetales se encuentren en las montañas y lugares aislados y no en los valles, donde los asentamientos humanos han tenido sus ubicaciones preferentes.

Entre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU, se encuentran aquellos que promueven el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente, es decir, la búsqueda de un desarrollo sostenible, que combatiendo el cambio climático a través de la transición energética, proteja los recursos naturales y promueva la biodiversidad. 

Es decir, que es necesario realizar una transición energética para combatir el cambio climático, pero de una manera ordenada, sostenible, transparente y democrática, que no hipoteque el presente ni el futuro de nuestros recursos naturales o alimentarios. Para lograrlo, uno esperaría que se produjese un debate sosegado y constructivo para lograr un desarrollo equilibrado de nuestra sociedad. Nada más lejos de la realidad.

Acerquémonos a la realidad que vivimos en nuestra particular 'Euskadi vaciada'. Es cierto que la alta densidad poblacional de la mitad norte, de Gipuzkoa y Bizkaia, no es comparable con la de la mitad Sur, la de Álava, donde la mayor parte de la población se concentra en unos pocos núcleos urbanos. No es menos cierto, que por vivir en una importantísima frontera bioclimática- entre lo atlántico y lo mediterráneo- y con una zona de elevada singularidad de transición climática, encontramos aquí los endemismos florísticos más singulares y antiguos. En pocas palabras, Álava es un territorio con poca densidad poblacional y con la mayor biodiversidad por razones biogeográficas y demográficas y donde encontramos las mejores representaciones de los ecosistemas vascos (a excepción de los costeros). Patrimonio natural, por cierto, no bien conocido por la ciudadanía y con gran potencial presente y futuro.

Pues bien, en este contexto, el disparate que abría este artículo, se está produciendo aquí y ahora. El bombardeo de proyectos fotovoltaicos y eólicos se publican con total impunidad en el BOPV desde el llamado Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (¿?). Véase: el 30 de diciembre de 2025 se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa de las plantas solares fotovoltaicas de la empresa Solaria: 19 instalaciones fotovoltaicas que afectan a los términos municipales de Abanto y Ciérvana, Amurrio, Añana, Armiñón, Arrazua-Ubarrundia, Ayala, Berantevilla, Galdames, Gaubea, Gordexola, Güeñes, Iruña de Oca, Kuartango, Lantarón, Okondo, Ribera Baja, Ribera Alta, Urkabustaiz, Vitoria-Gasteiz, Zambrana, Zigoitia y Zuia y Condado de Treviño. Y el plazo para estudiar y alegar a este macroproyecto es de 30 días hábiles.

Este es un proyecto privado, que se presenta fragmentado con plantas fotovoltaicas de menos de 50 Mw para evitar que se evalúe como lo que es en realidad ante otros organismos competentes. Y propone unirlas a través de una línea de transporte de alta tensión ( no de evacuación como pretenden encubrir) desde Berantevilla hasta el Superpuerto de Bilbao. Evidentemente la ubicación de las plantas es mayoritariamente en territorio alavés y la línea de transporte de más de 100 km atraviesa montañas y valles, lugares de elevado interés natural y paisajístico, produciendo un descalabro monumental en los parajes que atraviesa.

La sociedad civil está indefensa ante tal atropello y avalancha de proyectos. Da la impresión de que cuentan con la connivencia de los eternos dirigentes de este país y labrados con total opacidad

Y mientras tanto las administraciones ¿qué hacen? ¿Acaso han preparado un plan para realizar una transición energética como sería deseable para el beneficio de la mayor parte de la ciudadanía? ¿Explican con transparencia cuál es la finalidad de semejante y monumental despropósito y a quién beneficia? No a lo primero y no a lo segundo. Es más, dos altos exdirectivos de Solaria ocupan ahora mismos cargos en el EVE y la DFA lo que nos remite , una vez más, a las puertas giratorias de doble sentido y la búsqueda del beneficio propio. ¿Partido de los Negocios Vascos?

La sociedad civil está indefensa ante tal atropello y avalancha de proyectos. Da la impresión de que cuentan con la connivencia de los eternos dirigentes de este país y labrados con total opacidad. Utilizar y destruir el patrimonio público para el beneficio privado no es ético, no debe ser legal y debería ser un delito grave porque atenta contra los intereses de la propia sociedad que deben proteger. Parece ser que sí hay admiradores de Elon Musk en Euskadi.

El Premio Abogados de Atocha ha recaído este 2026 en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en un acto de entrega el jueves 26 de febrero en el Palacio de Congreso de Toledo a las 18.30 horas.

Lo recogerá la directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, y a la entrega del mismo asistirá el secretario de CCOO a nivel nacional, Unai Sordo, y la secretaria general del sindicato en Madrid, Paloma López.

Así lo han dado a conocer en rueda de prensa este lunes el presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO en Castilla-La Mancha, Antonio Arrogante, y el secretario regional del sindicato en la región, Javier Ortega.

Así lo han dado a conocer en rueda de prensa este lunes el presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO en Castilla-La Mancha, Antonio Arrogante, y el secretario regional del sindicato en la región, Javier Ortega.

Se reconoce así el papel de UNRWA en la defensa de las “personas más vulnerables” y en su labor para garantizar sus derechos, la ayuda humanitaria y servicios como la sanidad o la educación. Ortega ha recordado el derribo de su sede en Jerusalén hace unos días, condenada por España y otra decena de países.

En este punto ha resaltado el compromiso de CCOO de condenar el genocidio en Gaza, denunciando la “impunidad” de Israel y exigiendo la protección de su población, hacia un “proceso de paz justo para que el pueblo palestino pueda decidir su futuro”.

Raquel Martí tiene una “amplia trayectoria docente”, y su labor está ligada a proyectos de ayuda humanitaria y de cooperación internacional vinculados a Oriente Próximo, ha enfatizado Javier Ortega.

Casi medio siglo de los asesinatos

Con este reconocimiento, CCOO Castilla-La Mancha honra la memoria de los abogados laboralistas asesinados en 1977 en Madrid, en este 2026, cuando se cumplen 49 años de estos asesinatos.

El secretario general de CCOO destacaba que esta época “merece ser recordada” para saber de dónde venimos y las “libertades de las que disfrutamos”, en un momento que vive la amenaza de los “delirios de la extrema derecha” que pretende “devolvernos a las cavernas”.

Ortega ha señalado que el ejemplo de estos abogados debe servir de reflexión para aquellos jóvenes que “romantizan o dulcifican” la dictadura “a base de bulos”.

De su lado, Arrogante ha resaltado el simbolismo de estos premios en un contexto actual en el que hay personas que sienten nostalgia de estos tiempos, y que ven como “un deporte” reivindicar la dictadura franquista. “Es absolutamente necesario” recordar a estas personas, que dieron “su sangre” por valores como la libertad, ha señalado.

El pasado año, este galardón recayó en el actor José Sacristán, y el acto de entrega se celebró en el Paraninfo de San Pedro Mártir de Toledo.

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra (…) a reafirmar la fe en (...) la igualdad de derechos de hombres y mujeres”. Estas fueron, y no otras, las palabras elegidas en San Francisco en 1945 para el preámbulo del tratado fundacional de la ONU. Pero no se incluyeron porque sí: fueron fruto del empeño de un puñado de mujeres delegadas del hemisferio sur como la brasileña Bertha Lutz que se aseguraron de que aquel texto no olvidara la igualdad de género.

Aquella declaración de intenciones de una comunidad internacional traumatizada por la Segunda Guerra Mundial, que también consagró en un artículo de la Carta que las mujeres y los hombres serían igualmente elegibles para participar en todos los órganos de Naciones Unidas, choca con la práctica 80 años después. Desde que la ONU es ONU, su puesto de liderazgo más importante, la Secretaría General, solo ha estado ocupado por hombres. En concreto, lo han ostentado nueve hombres, del noruego Trygve Lie al portugués António Guterres.

Para GWL Voices, una organización de mujeres líderes que lucha por un sistema multilateral más igualitario, esta histórica ausencia es un “evidente anacronismo” con el que ya es hora de acabar. Sobre esta idea orbita su último informe presentado este jueves en Madrid, en el inicio de un año atravesado por la carrera por la sucesión de Guterres. Para encabezar la organización a partir de 2027, se “busca a una persona diplomática ”excepcional’ con ‘liderazgo probado’ y ‘sólidas capacidades de gestión“, según explica el portal de noticias de la ONU. 

“Necesitamos una secretaria general, pero no porque sea ‘el momento’ para que una mujer ocupe el cargo, por una deuda histórica y ni siquiera por un asunto de justicia. Se trata de lo que la ONU necesita: una nueva perspectiva para afrontar los desafíos globales a los que nos enfrentamos”, dice a elDiario.es María Fernanda Espinosa, exministra de Ecuador que hizo historia al convertirse en la primera mujer de América Latina que presidió la Asamblea General de Naciones Unidas. “La Secretaría General no es solo un cargo administrativo o diplomático, es la encarnación política y moral del multilateralismo”, añade la también directora ejecutiva de GWL Voices. 

Siete de ocho candidatas compitieron en 2016

La organización, que también está detrás de la campaña Madam Secretary-General, ha analizado cada candidatura para el cargo desde 1945. El resultado es una panorámica de ocho décadas “de infrarrepresentación”: de las 48 candidaturas para este puesto, solo ocho fueron de mujeres.

Su inclusión fue lenta, “a pesar de haber estado cualificadas para liderar la organización”. El informe expone detalladamente cómo, durante las primeras siete elecciones, ningún gobierno nombró a una mujer aspirante y los 28 contendientes fueron hombres. No fue hasta 2006 cuando, en una carrera dominada por ellos, irrumpió la primera mujer candidata, Vaira Vīķe-Freiberga –pero el elegido acabó siendo Ban Ki-moon–. El documento explica que diez años después, en 2016, la ONU “instauró un proceso de selección más transparente” y, por primera vez en la historia hubo más mujeres (siete) que hombres (seis) en las candidaturas, entre las que figuraban varias aspirantes que vivieron este desequilibrio en primera persona y acabaron fundando GWL, como Helen Clark, Susana Malcorra e Irina Bokova –en aquellas elecciones se impuso Guterres–.

La presidenta de la Asamblea General y el presidente del Consejo de Seguridad dieron el pistoletazo de salida al proceso de elección de un nuevo líder a finales del pasado noviembre. Y en una carta, pidieron a los países que “consideren seriamente la posibilidad de proponer candidaturas de mujeres” tras observar “con pesar que ninguna mujer ha ocupado el cargo de Secretaria General, y en el convencimiento de que es necesario garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para acceder a cargos superiores con funciones decisorias”.

¿Cómo funciona el proceso? Las candidaturas deben ser presentadas por uno o varios Estados miembros. Se espera que el principal centro de poder dentro de la ONU, el Consejo de Seguridad, inicie su proceso de selección a finales de julio de este año y, cuando sus miembros lleguen a un acuerdo, recomendarán una persona a la Asamblea General, que la nombrará formalmente. Los cinco miembros permanentes del Consejo (EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido) pueden vetar las candidaturas, lo que GWL Voices considera “un gran obstáculo” para quienes se postulan, puesto que “da igual el apoyo que tengan a nivel global”.

Ya suenan algunos nombres posibles para el relevo de Guterres, que termina su mandato este año. Hasta ahora, solo un Estado ha postulado a su candidato: el Gobierno argentino ha presentado oficialmente a Rafael Grossi, el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que presentará a la exmandataria Michelle Bachelet, quien ha estado presente este jueves en la presentación del informe en Madrid, aunque está por ver qué apoyo recibirá del ultraderechista José Antonio Kast, quien aterrizará en La Moneda el próximo marzo. Costa Rica también ha dicho que propondrá a Rebeca Grynspan, la actual jefa de la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Otros nombres que circulan son el de la argentina Virginia Gamba y el boliviano David Choquehuanca.

La elección de una mujer como secretaria general no es un gesto simbólico ni una distracción, es una señal política potente de renovación, credibilidad y coherencia

María Fernanda Espinosa — Directora ejecutiva de GWL Voices

Existe una regla no escrita según la cual el cargo de secretario general debe ser rotatorio entre los grupos regionales. Ahora, sería el turno de América. “La rotación regional ha operado históricamente como una práctica política, no como una norma formal, y muchas veces se ha aplicado de manera selectiva. Lo que está claro es que América Latina y el Caribe ha demostrado una larga tradición de liderazgo multilateral, compromiso con el derecho internacional y capacidad de mediación”, dice Espinosa, que prefiere no dar ningún nombre –el suyo ha sonado como una opción–. “Más allá de los nombres, que siempre deben surgir de procesos abiertos y transparentes, la región cuenta con mujeres con trayectoria, legitimidad y visión global más que suficientes para asumir esa responsabilidad. Lo fundamental no es personalizar el debate, sino garantizar que cuando llegue ese momento, las mujeres estén realmente en la mesa de decisiones y no solo en el discurso. El talento está ahí. El momento es ahora”.

Remar a favor de romper el techo de cristal de las organizaciones internacionales no parece una tarea fácil en un momento en el que la apuesta por el multilateralismo se hace trizas, con graves crisis de derechos humanos, críticas a la parálisis de la ONU y dirigentes como Donald Trump que embisten los cimientos del orden internacional construido sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial.

“Cuando se dice que hay ‘problemas más urgentes’, lo que se está sugiriendo es que la igualdad puede esperar. Pero la crisis del multilateralismo no es ajena a la forma en que se ejerce el poder dentro de las instituciones. La elección de una mujer no es un gesto simbólico ni una distracción, es una señal política potente de renovación, credibilidad y coherencia”, dice la expresidenta de la Asamblea General. “En un momento de desafección ciudadana y de cuestionamiento del orden internacional, demostrar que la ONU es capaz de romper sus propios techos de cristal enviaría un mensaje claro: que la organización es capaz de reformarse desde dentro y de reflejar la diversidad del mundo al que sirve”.

El mensaje de Espinosa es claro: en un mundo “atravesado por crisis simultáneas, conflictos armados, emergencia climática, desigualdades crecientes, desconfianza institucional, es insostenible que la máxima autoridad de la ONU continúe respondiendo a un modelo de liderazgo del siglo pasado, sobre todo porque lo que está en juego es su credibilidad”. “Una mujer al frente de las Naciones Unidas demostraría que el sistema está listo para hacer lo que tanto le demanda la ciudadanía: renovarse. Inyectar una forma distinta de liderazgo en el núcleo del sistema multilateral, en la Secretaría General de la ONU, es crucial”, agrega.

El techo de cristal en las instituciones

Aunque es paradigmática, la ausencia de mujeres en la cúspide de la ONU no es una anomalía. Como cada año, el informe pone la lupa en la composición de género de los puestos directivos y de liderazgo de organismos especializados, fondos, programas, departamentos y oficinas de Naciones Unidas, así como los bancos regionales de desarrollo y organizaciones como la UE, la OCDE o la OEA. En la versión de 2025, han analizado un total de 62 instituciones multilaterales.

Y aunque notan un progreso, recalcan que es frágil: la cantidad de organizaciones lideradas por una mujer a día de hoy es de un 46%, rozando la paridad, pero 21 instituciones nunca han tenido a una mujer al frente –entre ellas el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Organismo Internacional de Energía Atómica o la FAO, la agencia de Naciones Unidas que tiene como misión poner fin al hambre– y en 20 solo lo han estado una vez. 

Si se observan los representantes permanentes de los Estados ante la ONU, continúa siendo un mundo masculinizado: ellas representan apenas el 23% de los embajadores acreditados en la actualidad y decenas de países –un total de 72, España entre ellos– nunca han enviado a una mujer para representarlos en Nueva York. De más de 2.800 representantes, solo 219 han sido mujeres y 20 Asambleas Generales, el gran foro de la ONU, se han celebrado sin diplomáticas.

GWL Voices también escudriña los equipos directivos –los cuatro niveles superiores de personal sin contar con la dirección– en 48 organizaciones. Actualmente, las mujeres ocupan una media de un 46% de estos puestos, aunque sigue habiendo brechas, según el análisis. Un total de 15 entidades tienen más de un 50% de mujeres en sus equipos directivos, 31 tienen entre un 25% y un 50% y tan solo una tiene menos de un 25%, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

Mucho peor parados salen los órganos de gobierno de las organizaciones, es decir, aquellos donde los gobiernos de los países las supervisan y definen sus prioridades – por lo que refleja decisiones de los Estados miembros, no de las organizaciones–. Según GWL Voices, estos siguen siendo “los más resistentes al cambio”. De 32 órganos analizados, las mujeres representan de media un 29% de las personas que los integran.

Más de una tercera parte de las instituciones (12 en total) tienen menos de un 25% de mujeres en estos puestos, entre ellos varios bancos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Solo dos han sobrepasado la paridad: ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria. “Este patrón enfatiza cómo, aunque muchas instituciones multilaterales avanzan internamente en cuestión de género, los Estados miembros siguen nombrando a hombres de manera abrumadora para representarlos en los foros de toma de decisión”, señala el texto.

“El informe confirma algo que quienes hemos trabajado dentro del sistema conocemos bien pero que rara vez se expone con datos tan claros y sostenidos en el tiempo: la exclusión de las mujeres del máximo nivel de liderazgo de las instituciones multilaterales no es una anomalía puntual, es un patrón estructural”, dice Espinosa.

“Ocho décadas sin una mujer al frente de la Secretaría General no pueden explicarse por falta de talento, experiencia o legitimidad política. Tampoco que la Asamblea General haya tenido apenas cinco mujeres presidentas frente a más de 70 presidentes. El informe demuestra que hay mujeres que han liderado Estados, organismos multilaterales, procesos de paz y negociaciones complejas, y aun así el techo de cristal persiste precisamente en el espacio donde se concentra mayor poder simbólico y real. Esa brecha habla menos de las mujeres y más de un sistema que sigue reproduciendo los mismos patrones de poder”, concluye.

Trece familias de presos republicanos que trabajaron como esclavos del franquismo en la construcción de una carretera en el Pirineo navarro —representadas por Valentín Esteban, hijo de uno de los trabajadores forzosos— junto con la asociación memorialista Memoriaren Bidean y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), llevarán su caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Reclaman el reconocimiento como víctimas del franquismo de los prisioneros obligados a trabajar en la construcción de la carretera Igal-Vidángoz-Roncal. La decisión se toma después de que los tribunales españoles no admitieran la querella presentada, que define lo ocurrido como “crímenes de lesa humanidad”.

Más de 2.000 prisioneros republicanos trabajaron entre 1939 y 1941 de manera forzosa y en condiciones extremas durante la construcción de la carretera que une los valles del Roncal y Salazar en el Pirineo navarro. En octubre de 2023 el colectivo presentó la primera querella en España por trabajos forzosos durante el franquismo, respaldada por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) y la asociación Memoriaren Bideak, en el juzgado de Aoiz (Navarra). La Fiscalía consideró que los hechos relatados eran constitutivos de delito, pero la denuncia no fue apreciada al estimar el juez que los crímenes denunciados habían prescrito.

En el resto de instancias a las que recurrieron posteriormente, Audiencia Provincial de Navarra y Tribunal Constitucional, “tampoco han considerado la querella o han considerado los crímenes aministiados por la Ley de 1978”, ha lamentado Valentín Esteban, representante de las familias.

Sin embargo, según los familiares y colectivos que les apoyan, “la Ley de Memoria Democrática de 2022 establece que La Ley de Amnistía de 1978 debe interpretarse conforme al Derecho Internacional” cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, representando la desestimación de la querella, según ellos, “un déficit democrático y una transición [del sistema franquista] inacabada”.

Tras agotar las vías en la Justicia española, han presentado la denuncia a la ONU al considerar “sin duda” un marco legal “bastante más favorable” que el existente en España “en relación con estos crímenes”. Sabino Cuadra Lasarte, abogado y miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), impulsora de la queja, señala que es posible “obtener una resolución positiva” porque “hay precedentes”. “El Comité de Derechos Humanos ya ha señalado anteriormente que no puede aplicarse [a casos de esta naturaleza] ni la prescriptividad ni la aprobación de leyes de amnistía”.

Los familiares exigen “verdad, justicia y reparación”. “Jamás han dicho lo que han dicho para crear enfrentamiento, por miedo o por revancha. Simplemente, han trabajado para que aquello que pasaron [sus padres] no se repitiera”, añadía Ana Barrena, representante de Memoriaren Bidean.

Trabajos en condiciones de esclavitud

Durante los primeros años de la dictadura, trabajaron en la fortificación de la frontera francesa unos 15.000 prisioneros republicanos, los conocidos como “desafectos”, personas que no tenían imputaciones por delitos graves en contra del régimen, pero que no apoyaban el sistema franquista. Se encontraban en campos de concentración y, sin ser juzgados, fueron organizadas en batallones para realizar trabajos en condiciones de esclavitud que se prolongarían durante años. En el caso de esta carretera pirenaica se estima que trabajaron más de 2.500 presos.

Las condiciones en las que trabajaban y vivían eran extremas y precarias, con picos, palas y martillos como único material para picar la piedra y hacer los caminos bajo la atenta mirada de los soldados. Dormían hacinados en barracones sin apenas comida más allá que unos “tallos de berzas o raíces”, provocando que, en ocasiones “el compañero que dormía al lado estaba vivo a la noche y por la mañana amanecía cadáver”, como describió en una carta remitida a sus familiares el prisionero José Barajas Galindo.

En estas condiciones, muchos de ellos morían por enfermedades como la tuberculosis o eran fusilados por intentar huir. Solo hay trece muertes registradas de trabajadores en la carretera Igal-Vidángoz-Roncal, aunque se cree que fueron muchas más.

Tras varios años de prisioneros esclavos,quienes sobrevivieron y fueron liberados, quedaron “marcados” para el resto de sus vidas. A muchos les costó encontrar trabajo por la mancha de “desafecto” que figuraba en sus expedientes. Ahora sus familias quedan a la espera para su reconocimiento como víctimas de la dictadura.

Más de 20 querellas en España desde 2022 y más de 120 desde 2016

Jacinto Lara Bonilla, abogado y expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), ha afirmado que desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática en 2022 se habían presentado más de 20 querellas denunciando crímenes del franquismo, tres de ellas por trabajos forzados. Además, ha explicado que desde 2016, “que se empezaron a presentar querellas como una campaña propia y específica de la CEAQUA”, en España se han presentado más de 120.

Ahora mismo hay admitidas a trámite cuatro querellas criminales. Una de ellas por un juzgado de Padrón (Galicia), por torturas; otra en Madrid, también por torturas, que se investiga en los tribunales de instancia; una en Paterna, por enterramientos en fosas comunes; y una última por el asesinato de Teófilo del Valle, primera víctima de la Transición, en la que se le tomará declaración a Martín Villa y a Daniel Aroca en calidad de investigados en ese proceso penal. 

A pesar de que las cuatro mencionadas anteriormente han sido admitidas a trámite, el resto están todas archivadas y gran parte de ellas “han agotado la vía judicial interna”, como el caso de los presos de la carretera Igal-Vidángoz-Roncal, explica Jacinto Lara.