El exministro de Defensa Federico Trillo (2000-2004) ha defendido declarar el estado de excepción en Ceuta porque, en su opinión, facilitaría que se pueda expulsar a todos los migrantes que aún continúan en la ciudad a los que considera “invasores ilegales, sean o no menores”. El que fuera también presidente del Congreso, ha exigido además llevar a Marruecos ante los foros internacionales, sean estos las Naciones Unidas o los tribunales europeos, porque “alguien tiene que responder por las 150 muertes” que se han producido por la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

En una entrevista concedida a Europa Press, Trillo (PP) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado que tiene “síndrome de Estocolmo”, ya que está “en manos de sus secuestradores” y “contando la versión de los que le tienen atrapado, no se sabe por qué”. El exministro cree incluso que la versión de Sánchez es “tan increíble” que no ha sido “creída” ni por sus propios aliados parlamentarios. “No le cree nadie. Marruecos tiene todo que ver con lo que ocurrió en la invasión”, ha sentenciado.

Como prueba de ello, ha citado las reiteradas declaraciones de ministros marroquíes reafirmando su “pretensión sobre Ceuta y Melilla”. A su entender, “no cabe ninguna duda” de que el asalto del 30 y 31 de julio “fue programado y sigue siendo programado”.

Al ser preguntado por cuál debe ser la relación con Marruecos en este momento, Trillo ha dicho que “hay dos cosas a tener en cuenta”. La primera, la reacción que debe tener el Gobierno de España y que, en su opinión, pasa por “declarar un estado de excepción en Ceuta y proceder al desalojo y devolución de todos los invasores ilegales, sean o no menores o de cualquier otra condición”.

A su entender, si se declarase el estado de excepción “en ese momento se pueden expulsar a todos aquellos que se han introducido ilegalmente”. Se trata de un mecanismo constitucional extraordinario que se declara en caso de una grave alteración del orden público y que lleva al Estado a limitar derechos y asumir poderes extraordinarios para afrontar circunstancias que superan la normalidad.

En segundo lugar, ha apuntado a cuál debería ser la reacción ante Marruecos y que, a su juicio, pasa por “pedir de inmediato la responsabilidad internacional del Estado marroquí ante los foros internacionales, sea la ONU primero, la Unión Europea, el Tribunal Europeo y el Tribunal Internacional de Justicia porque alguien tiene que responder por esas más de 150 muertes”.

En su opinión, eso “es algo que solo es imputable a Marruecos” y, por tanto, “hay que exigir la responsabilidad internacional” de ese país, criticando que el Gobierno no lo haya hecho durante el mes que ha transcurrido. “150 muertes no es algo que deba quedar así, tiene que ser investigado”, ha apostillado.

Un “delito” contra la seguridad exterior de España

Al ser preguntado si cree que el presidente del Gobierno puede acabar siendo investigado por el Tribunal Supremo por lo ocurrido en Ceuta, como proponen desde el Partido Popular, Trillo ha señalado que es “muy importante” la investigación que está realizando la juez de la Audiencia Nacional María Tardón y ha dicho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “acertó al situar el tema en manos de los jueces porque lo que se ha cometido es un delito contra la seguridad exterior de España”.

“Ese delito, una vez denunciado, tiene que ser investigado por los jueces, que es a quien le corresponde. Sabiendo, primero, que ha habido una invasión y, segundo, qué grado de concertación existía en las autoridades españolas, que durante ocho horas al menos no lo evitaron”, ha indicado.

Trillo ha destacado que las autoridades españolas tampoco lo previeron pese a existir informes del CNI y de las Fuerzas de Seguridad que “hacían previsible una invasión de ese tipo”. “Por tanto, donde debe residenciarse un hecho tan ilegítimo que ha costado más de 150 muertos es en los tribunales”, ha abundado.

Al ser preguntado por la propuesta de Vox de activar el artículo 102 de la Constitución para que el Supremo investigue a Sánchez por un posible delito de traición, el exministro de José María Aznar considera que “eso es prematuro” y que “no hay que prejuzgar la actuación de los tribunales”. “En un Estado de Derecho, cuando los tribunales tienen conocimiento de un hecho ilícito, deben respetarse sus tiempos y sus procedimientos, que son los que garantizan la imparcialidad y la objetividad. Por tanto es prematuro hacer calificaciones de ese tipo”, ha apostillado.

Sánchez, “secuestrado” por Marruecos

Después de que Sánchez negara que en los días previos recibiera alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la entrada masiva, Trillo ha afirmado que “no solo miente” sino que está “secuestrado por las autoridades marroquíes”.

En su opinión, el presidente del Gobierno está “sometido a algún tipo de chantaje de manera que niega una evidencia” porque se ha producido una “invasión ilegítima” organizada “por la inteligencia marroquí y apoyada por sus fuerzas de seguridad e incluso militares”. “Y eso es incuestionable. ¿Qué más pruebas quiere?”, se ha preguntado, para añadir que hay incluso vídeos que lo recogen.

El también expresidente del Congreso ha recordado que ese asalto “es algo que estaba previsto” porque “ya lo anunció Donald Trump hace dos meses en la cumbre de la OTAN” al aludir a “problemas en las fronteras”.

“Y el rey de Marruecos siempre ha sabido que la manera de hacerlo es con ese tipo de invasiones 'pacíficas' como fue la Marcha Verde cuando estaba Franco declinante y se quedaron con el Sáhara. Y esto es exactamente lo mismo”, ha enfatizado, para aludir a la debilidad del jefe del Ejecutivo.

En cuanto a la publicación de todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta que ha anunciado Sánchez, Trillo ha dicho que es “muy necesario” pero ha cuestionado que lo haga porque “no le conviene nada”. “Ojalá lo hiciera, no creo que lo vaya a hacer”, ha resaltado.

Y ha invocado “el precedente” de los atentados del 11-M y ha recordado que el Gobierno del PP los desclasificó cuando se puso en cuestión su “rectitud”: “Se hicieron públicos los informes del CNI dirigido por (Jorge) Dezcallar que aseguraban en el momento y después de las bombas que había sido ETA”.

Defiende a Robles y pide que Felipe VI vaya a Ceuta “cuanto antes”

Trillo ha reconocido, siendo “objetivo”, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho “un acto de valor reconociendo la verdad” porque “el CNI sí informó”. Según ha añadido, si no se hace así, “el CNI como servicio de inteligencia quedaría desacreditado para el futuro ante todos los servicios extranjeros”. “Y como no es verdad pues lo mejor que ha hecho la ministra es decir la verdad. Creo que eso la honra”, ha apostillado.

A renglón seguido, ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien “en su día fue un juez reconocido”, “haya caído en la situación en la que ahora se encuentra”. “Ya no me atrevo ni a calificarlo. Es absolutamente impresentable”, ha enfatizado.

Sobre si el Rey debería visitar Ceuta este mes de septiembre, el exministro ha señalado que Felipe VI irá a la ciudad autónoma cuando “se considere oportuno” y ha recordado que “no puede decidir solo”, dado que “en una monarquía parlamentaria el rey tiene que actuar con refrendo del Gobierno”. “Por tanto será el momento en el que el Rey y el Gobierno estén de acuerdo pero, a mi juicio, si estuviera en el Gobierno debería hacerlo cuanto antes”, ha agregado.

Finalmente, ha señalado que los ministros de Sánchez que asistieron a finales de julio a la Embajada de Marruecos a celebrar la fiesta del rey Mohamed VI deben explicar “por qué aguantaron sin hacer nada” en esa recepción cuando “llevaban cinco horas ya pasando los invasores la frontera de España”.

La Asamblea General de Naciones Unidas ha votado a favor de una propuesta para adoptar un nuevo mapamundi que refleje el tamaño de África de forma más fiel a la realidad, frente a la proyección de Mercator —ampliamente empleada hasta la actualidad, pese a que fue diseñada en el siglo XVI y no es precisa—. Los más críticos destacan que ese mapa ha promovido una concepción del mundo colonialista y eurocéntrica porque representa el continente africano mucho más pequeño de lo que es, restándole así importancia y protagonismo.

Con 164 votos a favor, 6 abstenciones y el voto en contra de Estados Unidos, casi todos los países de Naciones Unidas han apoyado la propuesta para empezar a usar el mapa diseñado en 2018 por Equal Earth, que fue desarrollado por un grupo internacional de cartógrafos. España y la gran mayoría de Estados de la UE han votado a favor.

Según el periódico The Guardian, las resoluciones de la ONU no son vinculantes, por lo que los países e instituciones no estarán obligados a usar exclusivamente la nueva proyección ni se les prohibirá usar la anterior. Sin embargo, se espera que, dado el amplio uso de la proyección de Mercator en la educación, la tecnología y las instituciones, se actualicen los planes de estudio y su uso cotidiano.

La resolución aprobada hoy en Nueva York fue impulsada por Togo hace algunos meses y a ella se han adherido decenas de países africanos y de otros continentes, como Francia. The Guardian recoge las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, quien dijo antes de la votación: “Esta discusión no es política, sino científica, porque existen pruebas científicas y todos debemos aceptar la realidad”.

También el ministro de Asuntos Exteriores francés mostró su apoyo a la resolución impulsada por Togo, desde París. Jean-Noël Barrot dijo que Francia empezará a usar “representaciones cartográficas adaptadas a usos específicos, más fieles a las superficies reales y en consonancia con las recomendaciones de cartógrafos y científicos”.

Los que vienen pidiendo un cambio afirman que la proyección de Mercator —en la cual Groenlandia tiene un tamaño parecido a África cuando, en realidad, el continente es unas 14 veces más grande— refuerza la percepción colonialista y el protagonismo de Occidente frente a África, a pesar de su enorme tamaño y población, que no queda reflejado sobre el papel. Eso es así porque la proyección creada por el cartógrafo Gerardus Mercator para la navegación distorsiona los tamaños de los continentes, ampliando las zonas cercanas al polo norte, como América del Norte y Groenlandia, mientras que reduce las que están en el ecuador, como África y América del Sur.

A principios de este año, la Unión Africana adoptó una resolución que promueve la proyección Equal Earth y anima a sus más de 50 Estados miembros a abandonar la proyección de ‌Mercator.

Una campaña digital global, bajo el título “Corrige el mapa”, pide que el mapa de Mercator no sea empleado por los organismos de Naciones Unidas ni por los medios de comunicación en sus informaciones y documentos. En su web, la campaña afirma que “la mayor parte del mundo sigue favoreciendo el mapa distorsionado, que no representa adecuadamente el tamaño de África y disminuye su importancia”.

La patronal española, CEOE se opone a la candidatura de España para que Yolanda Díaz lidere la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha afirmado su presidente, Antonio Garamendi. El dirigente vasco ha sostenido que está en contactos con las entidades que forman la Organización Internacional de Empleadores (OIE) para que se rechace la apuesta española y, por tanto, se vote a favor de alguno de los otros dos candidatos (de Togo y de Perú).

“(Yolanda Díaz) ahora está en su campaña con la OIT, que lógicamente nosotros no podemos compartir. Y desde luego nosotros votaremos que no a ese espacio en el que quiere entrar”, afirmó este martes por la noche Garamendi en una entrevista en TreceTV.

Más adelante en la entrevista, al ser preguntado por ese voto contrario a Díaz, el líder de CEOE explicó que los empresarios votan en la elección de la Dirección General de la OIT a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), con sede en Ginebra. Los empresarios tienen 14 votos en estos comicios al igual que la representación sindical internacional y, por otro lado, hay 28 votos de países miembros de la entidad de Naciones Unidas sobre los derechos laborales.

“No quiero meter ruido ni para arriba ni para abajo, pero evidentemente los empresarios no vemos esta presidencia, lógicamente. ¿Cómo voy a verla si me estoy quejando en España de lo que se está haciendo? Sería imposible”, afirmó Antonio Garamendi.

Así, la patronal española defenderá el voto de los empresarios a alguno de los dos contrincantes de la apuesta del Gobierno: Gilbert F. Houngbo, actual director general, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo, o el exministro de Relaciones Exteriores de Perú Javier González-Olaechea, presentado por el Gobierno conservador de Keiko Fujimori.

CEOE ya trabaja en el rechazo a Díaz del empresariado internacional

Fuentes de CEOE clarifican a elDiario.es que los votos empresariales en esta elección a la dirección de la OIT “se consensúan” y que aún “no hay decisión” al respecto por parte de la Organización Internacional de Empleadores.

Además, precisan que la CEOE es miembro “adjunto”, no titular, por lo que estrictamente no votará en esta elección a menos que se quedara algún puesto titular vacante que les permitiera ejercer directamente esta acción.

“Nosotros tendremos una reunión con la OIE, que ya lo estamos haciendo, con nuestra opinión”, sostuvo Antonio Garamendi en la entrevista, donde defendió la campaña en contra de Díaz, aunque sea una candidatura española.

“Te dicen: ”Es una española“. Bueno, ellos tampoco votarían a alguien si es muy de derechas”, argumentó el empresario vasco. “Yo lo digo sin acritud, pero no se entendería que aplaudiéramos con las orejas el nombramiento”, añadió.

Desde la patronal recuerdan las muchas diferencias de los empresarios con la gestión de Yolanda Díaz. No solo en el fondo, por su defensa del refuerzo del registro horario o de la reducción de la jornada laboral por ley, sino también “en las formas”, indican en CEOE, por lo que suelen denunciar como un “monólogo social”, por aprobar medidas con los sindicatos y con el rechazo de los representantes empresariales.

Antonio Garamendi apuntó que los sindicatos, al menos los españoles, apoyarán la candidatura de Yolanda Díaz al frente de la OIT, lo que la convertiría en la primera mujer al frente de este organismo de Naciones Unidas. “Es normal, les da lo que quiere”, valoró el empresario vasco.

“Vamos a ver los Estados dónde juegan el partido. Esto es una votación en noviembre, se verá lo que tenga que pasar”, sostuvo el dirigente empresarial.

La temperatura global del planeta va a superar “en los próximos años” el límite de seguridad de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales, según el último informe de situación de la ONU, publicado este miércoles. Ese umbral es el que se trazó en el Acuerdo de París contra el cambio climático como objetivo para finales del siglo XXI.

Los cálculos del Programa de Medio Ambiente de la ONU (UNEP) hablan de un cercano pico de las temperaturas que oscila entre los 1,8 grados centígrados y los 2 grados por encima de lo que se registraba antes del comienzo de las emisiones masivas de CO₂ a la atmósfera de las actividades humanas, especialmente por el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.

“Este verano de calor abrasador, incendios salvajes e inundaciones mortales son una advertencia de lo que nos espera”, reitera el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tras conocer las conclusiones del informe.

“Una acción insuficiente ha hecho que superar los 1,5 grados sea inevitable”, puede leerse en el análisis, que lamenta que “décadas de advertencias científicas y compromisos no han conseguido una rápida reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. El resultado de todo esto es que el calentamiento global de la Tierra —que genera la alteración del clima mundial— “se acerca y va a superar ese umbral”.

El trabajo también explica que aunque se rebase el límite en el corto plazo, la situación puede revertirse para llegar a tiempo de contener el calentamiento extra del planeta dentro de los niveles establecidos en el Acuerdo de París.

Este overshooting, como lo denominan los técnicos, “llevará los riesgos climáticos y los impactos a nuevos y peligrosos picos”, ilustra el informe. Entre estos impactos, detalla los eventos meteorológicos extremos (como las sequías o las tormentas torrenciales que derivan en riadas violentas) o el riesgo de inundación por la subida del nivel del mar en las zonas costeras y las islas.

“El informe hace sonar una vez más la alarma sobre la urgencia de una acción rápida para reducir los impactos más severos del cambio climático”, analiza el investigador del Barcelona Supercomputing Center (BSC) Raffaele Bernardello en declaraciones a Science Media Center (SMC). También “ofrece un relato detallado de lo que se requiere y de las posibles consecuencias de seguir retrasando una acción coordinada a nivel mundial”.

En este sentido, el calentamiento global más allá de los límites de seguridad provoca, explican los expertos, “cruzar puntos de inflexión difíciles de revertir en escala temporal humana”. Entre esos puntos de inflexión se cuentan la pérdida del bosque amazónico, la caída de la corriente de circulación del Atlántico (la AMOC) o el derretimiento del hielo marino.

La directora ejecutiva de UNEP, Inger Andersen, resume la situación: “No podemos esperar nada bueno si nos mantenemos por encima de los 1,5 grados extra. Debemos asegurarnos de que esta superación es lo más pequeña y breve posible”.

La ventana de oportunidad

Los mismos científicos de la ONU explican que “si actuamos ahora, podemos limitar ese overshoot y que decline”. Para ello, es precisa “una respuesta inmediata que afronte los impactos y rebaje las emisiones” además de gestionar los riesgos y trabajar a largo plazo para conseguir que la temperatura, tras elevarse, baje.

Con todo, este informe recuerda que la senda para conseguir esto pasa, sí o sí, por conseguir las emisiones netas cero, “un objetivo que no puede evitarse”. Conseguir que, a finales de siglo XXI, la temperatura global de la Tierra no supere los 1,5 grados extra respecto a la era preindustrial implica incluso emisiones negativas y extraer carbono de la atmósfera.

El meteorólogo superior del Estado de la Asociación Meteorológica Española, Ernesto Rodríguez, subraya al SMC que existe esperanza “siempre y cuando la superación del límite de 1,5 grados no sea superior a unas pocas décimas de grado (0,2–0,3 ºC) y limitado en el tiempo”.

La carrera de Yolanda Díaz para tratar de dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se encuentra con un nuevo adversario, además del actual director del organismo Gilbert F. Houngbo, presentado de nuevo por el Gobierno de Togo. En la recta final para que terminara el plazo, el Gobierno de Perú de la conservadora Keiko Fijumori ha presentado como candidato a su exministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea, el tercer nombre en liza para el liderazgo de este importante organismo de Naciones Unidas sobre los derechos laborales.

Si no hay más sorpresas, la disputa a dirigir la OIT estará entre estos tres candidatos: Gilbert F. Houngbo, Yolanda Díaz y Javier González-Olaechea. De ganar, Díaz se colocaría como la primera española y la primera mujer al frente de la OIT. No obstante, el plazo aún está abierto hasta este 31 de agosto, a final del día.

Javier González-Olaechea, de perfil conservador y “anticomunista”, se postuló con el Partido Popular Cristiano a la presidencia de Perú, que luego ganó la también conservadora Keiko Fujimori, a la que mostró su apoyo.

González-Olaechea ha compartido en redes sociales su simpatía con Elon Musk, consejero delegado de Tesla y SpaceX y propietario de X, por comentarios contra programas para el colectivo LGTBI en Perú.

El político peruano destaca en su programa para liderar la OIT su experiencia en varios altos cargos internacionales, con “responsabilidades en México, Cuba y Haití”, así como “en la Oficina de la OIT en Argentina y ante los órganos sociolaborales del Mercosur”. En su presentación también subraya su experiencia como empresario: “Conocí directamente la creación de valor, el riesgo, el éxito, el fracaso y las responsabilidades de toda empresa formal”.

Las elecciones son el 16 de noviembre

Una vez se cierre la lista de candidatos, los aspirantes tienen dos actos centrales: uno el 23 de septiembre, un evento interactivo con público. Otro, el 9 de noviembre, “un evento privado con el Consejo de Administración para explicar el proyecto de los candidatos”, explican en el equipo de Díaz.

Después, llega la fecha de la verdad: el 16 de noviembre es la votación secreta. El Consejo de Administración –con presencia de países miembro, los sindicatos y las patronales– elige al próximo director o directora general de la OIT, que comenzará su mandato el 1 de octubre de 2027, con la legislatura en España ya acabada.

No es una competición sencilla para la candidata española, reconocen varias fuentes, pero en su equipo defienden que se van a volcar para que Yolanda Díaz sea “la primera española y la primera mujer en dirigir la OIT”, fundada hace algo más de un siglo.

Una OIT “en crisis” por los impagos de EEUU

El programa presentado por Díaz ya ha mostrado el enfoque de su campaña: presentar una alternativa a una “OIT en crisis” bajo la gestión actual de Houngbo, debido a las dificultades financieras por el impago de millonarios fondos por parte de EEUU y a una escasa ambición de la organización frente a retos como la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático.

Debido a estas dificultades financieras, el actual director Gilbert F. Houngbo ha presentado una propuesta de 120 despidos al Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 73 de ellos de personal indefinido y que rechaza la representación sindical en la entidad, como adelantó El País.

Mientras, el actual director general de la OIT se ha acercado a la Administración Trump, con el ofrecimiento de puestos de poder en su equipo, Yolanda Díaz pide hacer frente a esta “encrucijada” reforzando el organismo y buscando nuevas vías de financiación.

Por su parte, el nuevo candidato, el exministro peruano Javier González-Olaechea, afín a la Administración estadounidense de Donald Trump, no menciona en su programa la delicada situación financiera que atraviesa la entidad, aunque apuesta por “una OIT que convierta sus principios en resultados”. “La eficiencia no consiste únicamente en reducir costos, sino en concentrar recursos donde generan mayor impacto en la vida digna de la persona”, añade su escrito.

La competición de España en la OIT está sobre todo volcada en ganar apoyos entre los países, con muchos intereses geoestratégicos cruzados. Aunque Houngbo tiene el apoyo de muchos estados africanos, en el equipo de Díaz sostienen que hay muchos factores que influyen en la votación, más allá de la cercanía territorial de los votantes. Ahora, el nuevo candidato, procedente de un tercer continente, altera también la carrera a los otros dos aspirantes.

España es un país con mucha participación e historia en la OIT. Miembro fundador, actualmente es el Estado que más convenios internacionales del trabajo ha ratificado. A favor de Díaz también cuentan los éxitos laborales de España bajo su gestión, en la que el mercado de trabajo ha alcanzado empleo récord, se han pactado reformas estratégicas con los agentes sociales y se ha reducido el problema del empleo temporal a mínimos históricos. Si es nombrada, Díaz ha avanzado que seguirá al frente del Ministerio hasta el final de la legislatura.

196 países están reunidos en la capital de Mongolia para tratar frenar la desertificación del planeta. Ulán Bator está a 10.000 kilómetros de España, pero la degradación del suelo que allí se trata es un problema cercanísimo: más de la mitad de la superficie española está desertificada, según el cálculo más reciente del Centro Conjunto de Investigación de la Comisión Europea (JRC, por sus siglas en inglés).

España encabeza el ránking de la desertificación en la Unión Europea por delante de Chipre (45%) y Grecia (36%). El mismo trabajo —publicado este mes de agosto— calcula que, en este país, cerca de 20 millones de personas, en torno a un 43%, viven perjudicadas por este fenómeno.

El catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, cuenta que este problema “pasa muy desapercibido. Hay trabajo en niveles técnicos, pero la inversión para evitar sus efectos es poca. Hay buena disposición, pero pocas acciones para la recuperación de suelos”.

El investigador añade que, además, “los incendios pavorosos que estamos viendo empeoran la degradación que luego con las lluvias recrudece la erosión del suelo. Y el proceso no va a ir a menos, sino a más. Tanto por el cambio climático como por la degradación causada por los humanos”.

En la Unión Europea, hay unos 530.000 kilómetros cuadrados afectados por este fenómeno —que la ONU llama “amenaza silenciosa” porque comienza mucho antes de que se haga patente— , pero un millón más de kilómetros cuadrados presentan un elevado riesgo de desertificación, según los escenarios futuros de aridez. “Muchas de estas tierras están fuera del territorio actualmente considerado como árido”, apostilla el trabajo del JRC.

En el Atlas de la desertificación de España (publicado a finales de 2025 por la Universidad de Alicante) se muestra como algunas provincias tienen un porcentaje de desertificación muy elevado: así Murcia llega al 91%, Albacete al 84% al igual que Almería. En Las Palmas el nivel llega al 81%, en Valladolid al 79%, en Alicante al 79%,Valencia tiene un 71% como Zaragoza y Toledo llega al 70%.

En los últimos tiempos el factor humano quizá ha pesado más que los ambientales. Porque en la parte ambiental, ya sabemos que en España hay muchas zonas áridas y que la parte física no va a ir a mejor, pero la presión humana no la aliviamos

Jorge Olcina — Catedrático de Análisis Geográfico y coautor del Atlas de la Desertificación en España

Desertificación no es únicamente el avance o la conversión de tierras en un desierto de arena. En realidad, se trata de la degradación de los suelos áridos tanto por efecto de condiciones climáticas como de acciones humanas. “Para desencadenar procesos de degradación se requiere una actividad humana inadecuada, es decir, la que utiliza los recursos naturales por encima de su tasa de regeneración”, describe el Atlas de universidad alicantina.

Olcina, que es uno de los autores del Atlas, apunta: “En los últimos tiempos el factor humano quizá ha pesado más que los ambientales. Por ejemplo, estamos en un segundo boom inmobiliario en zonas de la costa y archipiélagos y eso influye mucho en la conservación del suelo. Porque en la parte ambiental, ya sabemos que en España hay muchas zonas áridas y que la parte física no va a ir a mejor, pero la presión humana no la aliviamos”.

Un tercio más de sequías desde el año 2000

“La sequía y la degradación de las tierras cuestan unos 900.000 millones de dólares —unos 770.000 millones de euros— cada año y afecta a un 40% del territorio del planeta, además de a 3.200 millones de personas”, explica la Convención de la ONU para la Lucha contra la Desertificación, la UNCCD. “Las sequías se han incrementado casi en un tercio desde el año 2000”, añade el organismo.

Del 17 al 28 de agosto, los estados que participan en esta Convención —entre ellos España— se reúnen en la capital de Mongolia para intentar implementar medidas conjuntas que contrarresten el avance de la desertificación por el planeta.

La jefa de la UNCCD, Yasmine Fouad, ha recordado que estos procesos de degradación del suelo “no son lejanas preocupaciones medioambientales, sino que ya están afectando a la producción de alimentos y al agua de la que dependemos”. La egipcia subraya que “unas tierras saludables son el pilar para disponer de alimentos saludables y sociedades estables”.

Las tierras áridas, las más propicias para degradarse a base de sequía, erosión, construcciones y contaminación, son aquellas en las que las precipitaciones anuales no llegan a cubrir el 65% de la demanda de agua de la atmósfera y las plantas.

La misma Convención de la ONU ha advertido de que estos suelos empobrecidos han avanzado cuatro millones de kilómetros cuadrados en los últimos 30 años. Y uno de los puntos donde se observa “una expansión significativa” es “toda la cuenca mediterránea” en la que se incrusta España.

La desertificación avanza donde se pierde suelo

El suelo es la capa inmediatamente inferior a la superficie terrestre que sirve “como medio natural para el crecimiento de plantas”, define la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta capa es fina, entre los 15 y 25 centímetros, pero proporciona alimento, biomasa y materias primas, además de regular los ciclos del agua y el carbono. Su deterioro abre la puerta a la erosión, a la pérdida de ese mismo suelo que deriva luego en la degradación y, acaba en la desertificación.

Una decadencia que supone un problema de primera magnitud para España, donde el 74% del territorio es susceptible de desertificarse por ser, en mayor o menor medida, árido. Nueve millones de hectáreas tienen riesgo alto o muy alto, según la Estrategia nacional contra la desertificación.

Y es un problema porque desencadena todo una secuencia de perjuicios. Por un lado, reduce los recursos hídricos del país y acelera la sobreexplotación de acuíferos. También la salinización de estos recursos de agua. Por otro, incrementa la vulnerabilidad de España ante el cambio climático, ya que reduce la capacidad del suelo de absorber carbono —que termina así en la atmósfera, engordando la capa de gases de efecto invernadero—. Este empobrecimiento empeora los sistemas forestales.

Y no termina ahí la cosa: la pérdida de suelos y su cubierta vegetal empeora los efectos de las sequías y de las inundaciones, ya que, sin suelo, el agua en una avenida corre a más velocidad, con mayor potencial de destrucción.

La lucha de Baltasar Garzón por anular o neutralizar los efectos de su condena por prevaricación se ha encontrado con un portazo de todos los tribunales y organismos a los que ha acudido en España. Desde el Tribunal Supremo hasta la Audiencia Nacional, pasando por el Consejo General del Poder Judicial, el exmagistrado ha esgrimido sin éxito el dictamen de un comité de Naciones Unidas que estableció ya en 2021 que fue inhabilitado y expulsado de la judicatura por un proceso “arbitrario” que merecía una reparación que, por ahora, no llega. El entorno del hoy abogado no descarta presentar nuevas reclamaciones, pero por ahora el dictamen favorable llegado desde Ginebra no ha tenido ningún efecto sobre su situación.

Garzón llevaba dos décadas como juez de instrucción en la Audiencia Nacional cuando se hizo cargo del caso Gürtel. Una causa que arrancó con la confesión y las grabaciones de un concejal del Partido Popular, que se tradujo en una docena de piezas y cuyas sentencias contra el PP y sus miembros llegaron a provocar un cambio de Gobierno. Pero para entonces el magistrado jienense ya había tenido en sus manos causas de máxima relevancia contra el narcotráfico como las operaciones Nécora y Pitón, contra el terrorismo de Estado de los GAL y contra crímenes internacionales con Adolfo Scilingo o Augusto Pinochet.

Hasta entonces, sus actuaciones más cuestionadas habían estado relacionadas con el terrorismo y la no investigación de torturas a presos, que se tradujo en una condena para España a manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo en 2004. Pero los focos penales se posaron sobre él cuando empezó a desentrañar la madeja corrupta de Gürtel que convivía en simbiosis con el Partido Popular en las administraciones donde gobernaba. Las querellas empezaron a llegar contra él mucho antes de que se pusiera a investigar el entramado, pero las que le llevaron al banquillo surgieron después del estallido del caso.

Fue juzgado y absuelto por abrir una causa penal para investigar los crímenes del franquismo. Un “exceso”, reconoció el Supremo, pero no un delito de prevaricación. No llegó ni a ser imputado por los cursos que dio en la Universidad de Nueva York. Pero la tercera causa, la que tenía relación directa con el caso Gürtel, fue la que terminó con su carrera como juez.

En esa ocasión fue el abogado y antiguo fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez el que abrió fuego. Y esta vez, directamente relacionado con su gestión del caso Gürtel: las escuchas ilegales a algunos acusados y sus abogados mientras estaban presos en Soto del Real. La Policía había advertido al juez de que algunos imputados seguían delinquiendo desde la cárcel y su “enlace” con el exterior eran algunos abogados. La orden de Garzón, según dejó por escrito en un auto poco después del estallido de la operación, fue intervenir las comunicaciones de Francisco Correa y dos de sus socios en la cárcel con sus abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal.

El Supremo decidió que Garzón había incurrido en un delito de prevaricación y le impuso 11 años de inhabilitación. La decisión de pinchar sus comunicaciones con sus abogados fue “injusta” porque restringió su derecho de defensa “arbitrariamente” y “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”. El tiempo pasó y esos dos abogados fueron procesados por maniobrar para encubrir a Francisco Correa y su grupo de delincuentes. Delgado falleció antes de que se pudiera celebrar el juicio y López Rubal fue uno de los pocos imputados que no llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el último juicio del caso Gürtel, celebrado a finales del año pasado y todavía pendiente de sentencia, en el que está acusado efectivamente de intentar proteger el entramado empresarial de Correa tras el estallido de la operación.

El Constitucional, Estrasburgo y la ONU

La condena de Baltasar Garzón implicó su salida de la judicatura y la pérdida de su condición de magistrado, firmada por el Consejo General del Poder Judicial, llegó poco después. Los recursos del ya exmagistrado no prosperaron ni ante el Tribunal Constitucional, que le denegó el amparo a finales de 2012, ni tampoco en Estrasburgo, donde el TEDH rechazó sus alegaciones unos años después sin entrar al fondo del asunto. El exjuez emprendió entonces una nueva batalla, esta vez ante un organismo diferente: el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que estableció en 2021 que Garzón no se enfrentó a un proceso justo ni cuando fue condenado por las escuchas de la Gürtel ni cuando fue absuelto tras intentar investigar los crímenes de la dictadura.

Los efectos prácticos de una sentencia o un dictamen internacional en la Justicia española lleva años siendo objeto de debate. Una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe ser acatada por los tribunales nacionales. Por ejemplo, cuando Estrasburgo tumbó la doctrina Parot y los jueces tuvieron que adelantar la puesta en libertad de presos etarras pero también, por ejemplo, delincuentes sexuales. O cuando el TJUE dictó sentencia sobre las cláusulas abusivas y el terremoto judicial llevó a la creación de juzgados especializados por todo el país. Pero las decisiones de organismos como un Comité dependiente de la ONU siempre han tenido una implantación compleja en España.

En el caso del dictamen favorable a Baltasar Garzón, ningún tribunal u organismo español ha decidido otorgarle un valor práctico real en los diversos frentes legales abiertos por los abogados del exmagistrado, cuya condena quedó completamente cumplida a finales de 2021. Acudió a la Audiencia Nacional con una reclamación de compensación y eliminación de antecedentes penales que, además, obtuvo el apoyo de la Fiscalía, pero se encontró con el portazo de los jueces en noviembre de 2025.

“Los dictámenes no tienen carácter vinculante ni ejecutivo, ni puede esta Sala exigir al Ministerio de Justicia la implementación del dictamen”, dijeron los magistrados de lo contencioso en una sentencia ya recurrida ante el Tribunal Supremo. Además, Garzón, según la Audiencia Nacional, tardó más de un año en reclamar tras recibir el dictamen de la ONU y lo hizo, por tanto, fuera de plazo.

También se encontró recientemente con otra negativa, esta del Tribunal Supremo heredada del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces respaldaron la negativa del órgano de gobierno de los jueces a revisar todos los acuerdos posteriores a su condena que, en la práctica, le dejaron fuera de la magistratura. El Supremo no solo restó valor ejecutivo al dictamen del Comité de Naciones Unidas, sino que deslizó que no fue correctamente tramitado por “conocer el fondo del asunto” en paralelo al TEDH, que falló en sentido contrario.

Todas las respuestas a las reclamaciones de Baltasar Garzón, por tanto, se han encontrado por ahora con la negativa de jueces y organismos españoles, aunque fuentes de su entorno no descartan poner en marcha nuevas acciones de reclamación para que el dictamen del Comité de la ONU cause algún tipo de efecto un lustro después de haber cumplido íntegra su condena por prevaricación.

La diplomática y exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan, hija de refugiados del Holocausto, se perfila como la inesperada favorita para convertirse en la primera mujer secretaria general de Naciones Unidas.

Grynspan, cuyos padres emigraron de Polonia a Centroamérica —y cuyos abuelos maternos fueron asesinados por los nazis—, dirige actualmente la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que ha documentado exhaustivamente los daños económicos causados por la ocupación israelí de los territorios palestinos.

El actual secretario general de la ONU, António Guterres, concluirá su segundo mandato el 31 de diciembre de 2026 y, según un sistema informal de rotación regional, se espera que su sucesor proceda de América Latina.

En una primera votación preliminar secreta del Consejo de Seguridad de la ONU, se pidió a los cinco miembros permanentes y a los 10 temporales que indicaran si apoyaban, se oponían o se mostraban neutrales respecto a cada uno de los siete candidatos.

Los siete candidatos son, además de Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett, excanciller de Guyana; Rafael Grossi, diplomático argentino y director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; María Fernanda Espinosa, excanciller de Ecuador y expresidenta de la Asamblea General de la ONU; Macky Sall, expresidente de Senegal; y Olara Otunnu, excanciller de Uganda y antiguo alto funcionario de Naciones Unidas.

La elección llega en un momento crítico para la legitimidad del multilateralismo. La ONU afronta un recorte del 20% de la plantilla y el papel de mediación del secretario general lo están asumiendo otros actores

Grynspan obtuvo 10 votos a favor, cuatro de “sin opinión” y uno en contra. Se desconoce qué país emitió este último voto, pero el hecho de haber recibido una sola objeción la sitúa en una posición de partida muy favorable. Se espera que el proceso concluya en octubre.

La principal rival de Grynspan es Carolyn Rodrigues-Birkett, exembajadora de Guyana ante la ONU, que obtuvo nueve votos a favor, dos en contra y cuatro “sin opinión”. Al término de un debate celebrado el mes pasado en la Asamblea General y patrocinado por Bloomberg, Rodrigues-Birkett obtuvo el 49% de los votos de los asistentes, frente al 14% de Grynspan, que quedó en segundo lugar.

“Algunos ven a Grynspan como la candidata de continuidad, ya que cuenta con el apoyo tácito de Guterres”, afirma un diplomático occidental: “Pero la clave está en el origen de los votos en contra de la candidata: si [los votos] proceden de Rusia, China o Estados Unidos (miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU), existe el riesgo de que se produzca un punto muerto”, advierte.

La elección llega en un momento crítico para la legitimidad del multilateralismo. La ONU afronta un recorte del 20% de la plantilla y el papel de mediación del secretario general lo están asumiendo otros actores. El organismo mundial corre así el riesgo de quedar relegado a una conciencia moral en gran medida ignorada o a un foro en el que las distintas partes se limitan a escenificar sus desacuerdos de siempre.

Si resultara elegida, Grynspan sería la primera mujer en toda la historia de la ONU que accede a este cargo y la primera secretaria general judía. La organización ha recibido críticas por centrarse excesivamente en Israel en sus debates, pero Grynspan ha invocado su herencia judía para defender la importancia de poner fin al conflicto.

Su hermana se mudó a Israel a los 17 años, pero durante el mandato de Grynspan la UNCTAD ha documentado de forma contundente el daño económico causado por la ocupación de Palestina

Durante la presentación de su candidatura ante la Asamblea General de la ONU en abril, declaró: “La paz es lo que hizo posible que mis padres, dos refugiados de la Segunda Guerra Mundial, encontraran respeto y dignidad en un pequeño país, Costa Rica. Soy hija de esa paz, una demostración de lo que la paz hace posible”.

Su hermana se mudó a Israel a los 17 años para estudiar química en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Como consecuencia, su sobrina y su sobrino realizaron el servicio militar obligatorio en las Fuerzas de Defensa de Israel.

A pesar de este vínculo con Israel, bajo el liderazgo de Grynspan, la UNCTAD ha documentado de forma objetiva y contundente el daño económico causado por la ocupación a largo plazo de los territorios palestinos por parte de las fuerzas israelíes.

En un informe de referencia publicado en febrero de 2026, la UNCTAD estimó que “entre 2000 y 2024, la economía palestina perdió, en términos acumulados, unos 212.200 millones de dólares (aproximadamente 184.000 millones de euros, al cambio actual), calculados en dólares constantes de 2015. Este potencial económico perdido, una estimación parcial equivalente a casi 20 veces el PIB total palestino de 2024, se deriva directamente de las políticas de ocupación israelíes, las restricciones, los cierres y las recurrentes operaciones militares”.

En noviembre de 2025, Grynspan señaló que el PIB per cápita de Gaza se había desplomado hasta apenas 161 dólares por persona y año (unos 140 euros), una caída que representa una de las contracciones económicas más graves de la historia moderna.

Rivales con problemas

Otros tres candidatos, entre ellos Michelle Bachelet, se han topado probablemente con una oposición demasiado influyente como para hacerse con el puesto. Bachelet, expresidenta de Chile y excomisionada de Derechos Humanos de la ONU, se enfrenta al rechazo del Gobierno de EEUU, que sostiene que se mostró indulgente con el historial de China en materia de derechos humanos. Pero la sugerencia reciente del Ejecutivo de Trump de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, debería ocupar el cargo simboliza el alejamiento de EEUU de la corriente principal de la ONU.

El secretario general es elegido para un mandato inicial de cinco años, una vez que la Asamblea General —integrada por 193 Estados miembros— aprueba la candidatura recomendada por el Consejo de Seguridad. Para ser recomendado, un candidato necesita al menos nueve votos de los 15 miembros del Consejo y no ser vetado por ninguno de sus cinco miembros permanentes: China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia.

El próximo secretario general deberá ser elegido antes de que termine el año, y el Consejo de Seguridad celebrará nuevas votaciones preliminares para medir el respaldo a los distintos candidatos.

Traducción de Emma Reverter

Amitav Acharya, profesor de Relaciones Internacionales en la American University, es el autor de Pasado y futuro del orden global (El viejo topo, Barcelona, 2026), que está generando un importante debate global. Este académico y comentarista en importantes medios de prensa, nacido en India, ha estado en el último año en Estados Unidos, Canadá, China, Australia, Taiwán, Singapur y Barcelona, entre otros países y ciudades, discutiendo la crisis del orden liberal y la posibilidad de que surja un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden podría ser diferente y hasta mejor, basándose en experiencias civilizatorias previas.

Cuando hace unas semanas la Administración Trump impuso nuevas tarifas arancelarias a 80 países volvió a sonar la alarma sobre el presente y futuro del denominado orden liberal internacional.

La ofensiva de Estados Unidos contra aliados y adversarios usando los aranceles se suma a los ataques contra el Derecho Internacional, las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, las amenazas de abandonar la OTAN, las críticas a la Unión Europea por las regulaciones y multas a las grandes empresas digitales y los ataques mortales a embarcaciones en el Caribe y el Océano Pacífico, entre otras.

La idea moderna de Occidente se fundó sobre el imperialismo, la arrogancia cultural, y la exclusión racial

Amitav Acharya

La Administración Trump quiere acabar con acuerdos, tratados y convenciones negociadas entre los Estados del sistema internacional. Las únicas reglas serían las que imponga Washington basadas en fuerza militar y la “propia moral” del presidente, tal y como ha declarado abiertamente.

El denominado orden internacional basado en reglas se organizó desde el final de la Segunda Guerra Mundial y se implementa a través del sistema multilateral. Este rige desde el comercio global y el medioambiente, hasta los derechos humanos y el uso de los mares. Pese a haber sido usado por países del Norte mediante el colonialismo, el racismo y las alianzas con élites locales para imponer y defender sus intereses, este orden ha servido para que las relaciones entre los Estados sean previsibles, y con un horizonte jurídico normativo como referencia.

Un mundo “multiplex”

Pasado y futuro del orden mundial es un análisis de diversas civilizaciones que, desde hace 5.000 años, edificaron órdenes locales, regionales y globales (dentro del ámbito de sus respectivas regiones) mediante normas sobre el poder y la coexistencia interna, sistemas de comercio regional y regímenes fiscales, entre otras medidas.

Su recorrido por las civilizaciones arranca con Sumeria en Mesopotamia (4000 a. C.) y Egipto (3150 a. C.), y continúa por Asiria, Grecia, Persia, India, China y Roma; el islam (con especial atención al Imperio otomano); el Imperio mongol (1300 d. C.); la amplia región del océano Índico; el África subsahariana; las culturas maya y azteca en América; y el ascenso de Europa y Estados Unidos.

El autor trata el concepto de civilizaciones y lo vincula con el de orden mundial. En sus orígenes, no estaba conformado únicamente por imperios, sino también por otras formas, como las ciudades-estado. Dichos órdenes no abarcaban el mundo entero, pero estaban aislados. Interactuaban entre sí mientras generaban normas paralelas en materia de organización interna, comercio, justicia, bienestar y hasta diferentes concepciones de dignidad humana. A la vez, había injusticias, esclavitud, racismo y otras formas de explotación.

Acharya sostiene que el orden liberal no ha sido el primero ni será el último. La acumulación de reglas, normas, costumbres, culturas y conocimientos permitirá que el orden actual sea sucedido por otro. Además, contrariamente a lo que se argumenta, el fin del orden liberal occidental no será necesariamente “un desastre; de hecho, a largo plazo, podría resultar algo positivo”.

“Hemos olvidado, afirma, que el orden mundial —esa arquitectura política que posibilita la cooperación y la paz entre las naciones— existía mucho antes del ascenso de Occidente, y que muchas ideas que damos por sentado que son invenciones occidentales se originaron, en realidad, en otras civilizaciones”.

“La dominación estadounidense y occidental fue menos una bendición que una amenaza”, explica el autor. “Pero su crisis podría brindar a otros países —especialmente a aquellos que han sido oprimidos de diversas formas por las potencias occidentales (el Sur Global)— la oportunidad de aportar sus experiencias y de ”construir un mundo mejor (...), más justo, equilibrado e igualitario“.

Hemos olvidado que el orden mundial —esa arquitectura política que posibilita la cooperación y la paz entre las naciones— existía mucho antes del ascenso de Occidente, y que muchas ideas que damos por sentado que son invenciones occidentales se originaron, en realidad, en otras civilizaciones

Amitav Acharya

El autor subraya, por ejemplo, que durante el periodo de las independencias y la era poscolonial, después de la Segunda Guerra Mundial, países del Sur aportaron relevantes ideas para la construcción de la Carta de Naciones Unidas y la conceptualización de los derechos humanos.

La obra de Acharya propone una serie de interrogantes políticos hacia el futuro del mundo que vivimos. Así, recuerda que “la idea moderna de Occidente se fundó sobre el imperialismo, la arrogancia cultural, y la exclusión racial”. Esto ha conducido al abismo entre “Occidente y el resto del mundo” que se ha transformado en “un movimiento de resistencia en favor de un orden alternativo” promovido por el Sur Global. Acharya propone, en definitiva, que Occidente y el Sur Global cooperen para construir “una civilización global y un orden mundial inclusivo”.

La fractura del orden liberal

El orden internacional se ha debilitado desde el 11 de septiembre de 2001 hasta hoy por cuatro razones. Primero, la Administración Bush se saltó sus reglas en nombre de la “guerra contra el terror” de la mano de países europeos que cooperaron con Washington. Más recientemente, el Reino Unido y la Unión Europea, con pocas excepciones entre sus miembros, continúan siendo cómplices con el genocidio de Israel en Gaza. Segundo, por la crisis interna y el declive de la legitimidad externa de Estados Unidos, país líder que sostenía la arquitectura hegemónica del sistema internacional. Tercero, por la crisis financiera de 2008-2009. Cuarto, debido al ascenso de China, la irrupción de potencias regionales emergentes liderando el Sur Global y el desafío de Rusia para reconquistar parte del poder geopolítico que tenía la antigua URSS.

Según Rusia y China se necesita un orden internacional adaptado al nuevo mundo multipolar que no tenga a Estados Unidos como centro. Pero Moscú ha llevado a cabo diversas acciones contrarias al Derecho Internacional en su periferia, especialmente invadiendo Ucrania en 2022. Y China viola la Convención del Derecho del Mar en el Mar de China Meridional y el Derecho de Navegación; y no respecta acuerdos y tratados sobre Derechos Humanos, como tampoco el acuerdo de autonomía de Hong-Kong.

Paralelamente, mientras que numerosos gobiernos no cumplen las reglas del Derecho Humanitario en decenas de conflictos armados, por ejemplo, en Sudán, otros se desmarcan de las Naciones Unidas y abrazan la propuesta de un mundo sin reglas de Trump y los “barones” de Silicon Valley.

Amitav Acharya ha dedicado décadas a analizar los cambios estructurales en el orden internacional, el impacto de la crisis de la hegemonía estadounidense, el ascenso de China e India y el regionalismo. Considera que el sistema internacional no será multipolar, sino “multiplex”: un espacio común con múltiples actores y formas organizativas.

La diferencia es importante: un sistema multipolar se basaría en grandes potencias repartiéndose el mundo –como lo quieren Trump, Xi Jinping y Putin--, mientras que el modelo “multiplex” describe las interrelaciones entre una multiplicidad de actores —estatales y no estatales, privados y públicos, del Norte y del Sur. O sea, una realidad compleja, diversa y distinta de la multipolaridad.

La idea de colonialidad de las fronteras alude a la persistencia de jerarquías y relaciones de poder heredadas del colonialismo en la forma en que se trazan, legitiman y gestionan las fronteras contemporáneas. Aunque el colonialismo concluyó formalmente, algunos de sus efectos políticos continúan vigentes. En su libro Imperial Debris: On Ruins and Ruination, la antropóloga Ann Laura Stoler lo define como escombros o ruinas imperiales, en referencia al proceso actual por el que el poder colonial y la violencia continúan configurando el presente.

El derecho internacional y las fronteras son excelentes ejemplos. Las aproximaciones del Tercer Mundo al derecho internacional sostienen que este no es neutral, sino que se desarrolló en un contexto colonial que priorizó la perspectiva y los intereses occidentales. En su obra Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, el jurista singapurense Anthony Angie explica esto con claridad. Una de las consecuencias es que las fronteras y reivindicaciones territoriales establecidas por las potencias occidentales gozan de una mayor presunción de legalidad, legitimidad, reconocimiento y protección jurídica. En cambio, las reclamaciones territoriales de Estados y pueblos del Tercer Mundo encuentran mayores obstáculos para ser reconocidas. Nada nuevo: una vez más vemos cómo los valores, las normas y las instituciones occidentales se presentan al resto del mundo como si fueran universales.

El único territorio de España como potencia administradora pendiente de descolonizar es el Sáhara Occidental, según la ONU. Ceuta y Melilla nunca han estado incluidas en esa lista. Marruecos intentó, sin éxito, incluir el expediente de Ceuta y Melilla en el Comité Especial de Descolonización para lograr su incorporación a la lista de territorios no autónomos. Por tanto, de acuerdo con la ONU y el derecho internacional, Ceuta y Melilla no pueden considerarse enclaves coloniales

Una de las fuentes básicas sobre descolonización y territorios de soberanía disputada es el listado de Territorios No Autónomos de la ONU. Es la denominación empleada por esta organización para referirse a los territorios pendientes de descolonización. La lista inicial muestra un claro sesgo colonial, ya que fue elaborada unilateralmente por las potencias coloniales: Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Los pueblos colonizados no tuvieron entonces ni voz ni voto. Por tanto, el proceso de descolonización de la ONU estuvo totalmente condicionado por las potencias coloniales, quienes decidieron qué territorios de su administración debían considerarse no autónomos. La primera lista, elaborada en 1946, contó con 72 territorios. No se incluyeron entonces las colonias españolas, ya que España no era todavía miembro de la ONU. Finalmente, la lista de 1963 sí incluyó las colonias españolas del Sáhara Occidental, Ifni, Fernando Poo y Rio Muni. Con la creación del Comité Especial de Descolonización en 1961, la condición de territorio no autónomo se acercó más a una determinación de la comunidad internacional organizada en la ONU que a una decisión unilateral de las potencias coloniales.

Actualmente, en el marco de la ONU, el único territorio de España como potencia administradora pendiente de descolonizar es el Sáhara Occidental. En cambio, Ceuta y Melilla nunca han estado incluidas en esa lista. Marruecos intentó, sin éxito, incluir el expediente de Ceuta y Melilla en el Comité Especial de Descolonización para lograr su incorporación a la lista de territorios no autónomos. Por tanto, de acuerdo con la ONU y el derecho internacional, Ceuta y Melilla no pueden considerarse enclaves coloniales.

Conviene hacer dos matices importantes para ampliar la mirada más allá de lo estrictamente jurídico. Primero, la lista de Territorios No Autónomos de la ONU es una construcción jurídica de la descolonización, no una declaración exhaustiva de todos los territorios que podrían ser considerados coloniales desde una perspectiva histórica o política. Sin duda, uno de los factores a incluir en el análisis es la voluntad de la población de Ceuta y Melilla, que mayoritariamente defienden ser parte de España. Segundo, esa construcción jurídica se dio en un contexto de dominación colonial. Como nos enseña la Teoría Crítica, el derecho no es políticamente neutro ni ajeno a las relaciones de poder. Por tanto, desde un enfoque estrictamente descolonial, la ausencia de reconocimiento institucional (ONU) dentro de una categoría jurídica internacional occidentalizada (territorios no autónomos) no agota la discusión académica sobre la colonialidad de un territorio o una frontera.

Ceuta y Melilla fueron presidios, enclaves militares y comerciales y, desde la integración europea, se han convertido en frontera exterior europea en África con la principal función del control migratorio. Es decir, han pasado de ser instrumentos del poder colonial español para cuestiones militares y comerciales a un instrumento europeo del control fronterizo sobre África

Ahora bien, además del derecho internacional, hay otros argumentos para señalar que Ceuta y Melilla no son colonias. Por un lado, nunca formaron parte del protectorado español en Marruecos (1912-1956), sino que mantuvieron siempre su estatus de territorios españoles. Por otro, como indica el jurista Alejandro del Valle Gálvez, en los siglos XVIII y XIX España firmó varios tratados con los sultanes de las entidades políticas que gobernaban el actual territorio marroquí, antes de su creación como Estado moderno en 1956. Esos tratados ratificaban la pertenencia de Ceuta y Melilla a España.

Sin embargo, lo anterior no impide negar una cuestión histórica y política relevante. Por su condición geográfica, desde hace siglos existe una continuidad en las funciones extraterritoriales que Ceuta y Melilla desempeñan para España. El marco de análisis de la continuidad histórica entre el colonialismo y la actual externalización del control migratorio ha sido desarrollado por Martin Lemberg-Pedersen en su artículo Manufacturing displacement. Externalization and postcoloniality in European migration control [La fabricación del desplazamiento. Externalización y postcolonialidad en el control migratorio europeo]. Es aplicable a numerosos territorios. En el caso concreto de Ceuta y Melilla, la investigadora Angela Sagnella señala que son espacios fronterizos cuya función para España se ha ido redefiniendo a través de diferentes procesos históricos: expansión colonial, militarización, comercio mediterráneo, descolonización, integración europea y control migratorio. Fueron presidios, enclaves militares y comerciales y, desde la integración europea, se han convertido en frontera exterior europea en África con la principal función del control migratorio. Es decir, Ceuta y Melilla han pasado de ser instrumentos del poder colonial español para cuestiones militares y comerciales a un instrumento europeo del control fronterizo sobre África.

Más allá del debate jurídico, histórico y político, conviene plantearse en términos prácticos qué son hoy Ceuta y Melilla y qué podrían ser mañana. Ceuta, Melilla y Marruecos viven hoy, en gran medida, de espaldas. Se desaprovechan importantes sinergias económicas, comerciales y sociales. Son muchas las restricciones a la libre circulación de personas y mercancías. Marruecos ha contribuido a esta situación. Mantiene importantes reticencias a intensificar los intercambios comerciales con ambas ciudades y ha limitado progresivamente su actividad económica transfronteriza, en una política que algunos interpretan como una estrategia deliberada de asfixia económica. Pero España también tiene parte de responsabilidad. Por ejemplo, no parece acertado exigir visados a los ciudadanos de Tetuán y Nador, que anteriormente podían acceder a Ceuta y Melilla respectivamente, sin necesidad de visado. Ceuta y Melilla no forman parte del espacio Schengen, por lo que la entrada a estas ciudades no permite la libre circulación por el resto de Europa.

A corto plazo van a seguir persistiendo dos factores muy problemáticos: son las fronteras más desiguales del mundo y existen reclamaciones territoriales antagónicas e irreconciliables. Esto no significa que nada pueda hacerse. Es posible avanzar hacia un modelo de mayor integración económica y libre circulación que permita aprovechar la cooperación económica, comercial y laboral de Ceuta y Melilla con Marruecos. Una intensificación de las actividades transfronterizas generaría oportunidades e integraría económica y socialmente mejor ambas ciudades en su entorno geográfico. Al mismo tiempo, una frontera más permeable y ordenada debería constituir un espacio de mayor seguridad y cooperación, capaz de prevenir tragedias humanitarias y reducir el riesgo de conflictos fronterizos. En esta ecuación es esencial que Marruecos cumpla con un reto mayúsculo: ofrecer un futuro digno a toda una generación dispuesta a abandonar el país por la falta de oportunidades.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha presentado su programa para plantar la batalla al liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al actual presidente, Gilbert F. Houngbo. La declaración de intenciones de Díaz dibuja un escenario de OIT “en crisis” ante el que se sitúa como candidata para “recuperar el liderazgo” de la entidad y encarar algunos desafíos clave para el mundo del trabajo en estos momentos, como son la Inteligencia Artificial (IA) y el cambio climático.

Díaz destaca su gestión como ministra de Trabajo de España –el fuerte crecimiento del empleo, la aprobación de reformas y nuevos derechos, y el consenso de gran parte a través del diálogo social– para postularse. Con esta mochila, considera que “puede contribuir de manera decisiva a reforzar el papel de la OIT como referente de la justicia social en el mundo”.

La vicepresidenta señala que la OIT se encuentra “en una encrucijada” por la “actual crisis”, tanto financiera –por la reducción de fondos por parte de países clave como EEUU– como “programática”.

“Lo que está en juego es si la comunidad internacional está dispuesta a preservar el único sistema universal concebido para situar la justicia social en el centro de la gobernanza mundial, gracias al corpus de normas internacionales del trabajo y el diálogo social entre personas trabajadoras, empleadores y empleadoras y Gobiernos”, sostiene el documento.

Encarar los desafíos de la IA y el cambio climático

Yolanda Díaz argumenta que el mundo se encuentra “en un momento histórico marcado por grandes desafíos”, como la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización en el empleo, la necesidad de una transición justa y la cronificación de la economía informal.

Ante ellos, considera que la OIT “debe estar en condiciones de liderar el debate internacional para así minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios desde el punto de vista del trabajo decente y la empresa sostenible”.

Díaz apuesta por regular ante estos desafíos, con mínimos internacionales que permitan garantizar ciertas condiciones y derechos a nivel mundial. Así, plantea “avanzar hacia una estrategia tripartita de gobernanza tecnológica y de la inteligencia artificial” y “una nueva iniciativa sobre las repercusiones socio-económicas del cambio climático”.

Cambios en la gobernanza y en la financiación

La vicepresidenta también considera que la “crisis” de la OIT afecta a su propio funcionamiento interno y sus vías de financiación. Así, plantea cambios en la gobernanza de la institución de Nacionales Unidas, con más diálogo social en el seno del organismo, así como la búsqueda de nuevas vías de financiación.

“Dado que las cuotas ordinarias de los Estados miembros difícilmente experimentarán incrementos significativos a corto plazo, la OIT debe emprender una búsqueda de contribuciones voluntarias. Estas aportaciones, procedentes de gobiernos donantes tradicionales, de agencias de desarrollo, de bancos regionales de inversión, y de cooperación público-privada, deben convertirse en un motor financiero de la organización”, propone el documento.

Una Carta Global de Derechos en el mundo

Otra de las propuestas concretas de la vicepresidenta es aprobar una Carta Global de Derechos laborales en el mundo, que aúne un conjunto de condiciones mínimas en todos los países adheridos. “Ante los desafíos globales, resulta necesario reafirmar la existencia de un suelo universal de derechos laborales”, indica.

Díaz plantea una Carta Global de Derechos Laborales, que adopte la forma de Convenio, que considera que “permitiría sistematizar los grandes principios desarrollados por la OIT a lo largo de su historia y, al tiempo, incorporar los nuevos desafíos del trabajo del siglo XXI”.

“Su elaboración, mediante el diálogo tripartito, podría convertirse en una gran iniciativa movilizadora en torno a la justicia social y el trabajo decente. Una Carta Global de Derechos Laborales ofrecería una referencia universal para gobernar una economía global que debe situar los derechos de las personas en el centro, siendo el gran paso adelante de la Organización tras las declaraciones del centenario, la justicia social y los principios y normas fundamentales en el trabajo”, recoge el documento.

El plazo para presentar candidaturas a presidir la OIT aún está abierto hasta el próximo 31 de agosto. Por el momento, solo hay dos, la de Gilbert F. Houngbo y Yolanda Díaz. Las votaciones se prevén para el próximo 16 de noviembre y el inicio del próximo mandato se despliega a partir de octubre de 2027.

El Océano Ártico podría quedarse completamente sin hielo a mediados del siglo XXI si continúa el actual ritmo de calentamiento global. Esta es una de las principales advertencias de la tercera edición del World Ocean Assessment, la mayor evaluación científica sobre el estado de salud de los océanos impulsada por Naciones Unidas, un informe en el que han participado cientos de especialistas de todo el mundo, entre ellos el catedrático del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante, Pablo Sánchez-Jerez.

El estudio dibuja un panorama preocupante para los ecosistemas marinos y señala que el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pérdida de hábitats y la sobreexplotación de los recursos continúan deteriorando la biodiversidad oceánica. A ello se suma el aumento continuado de la temperatura del mar, un fenómeno que está acelerando la desaparición del hielo en las regiones polares y provocando un incremento cada vez mayor del nivel del mar.

El nivel del mar sigue acelerando su ascenso

El informe deja claro que el nivel del mar continúa subiendo a un ritmo elevado. Mientras que antes de 2015 el aumento era inferior a 2 milímetros al año, en 2023 alcanzó los 4,3 milímetros anuales, más del doble. Además, Naciones Unidas prevé que para 2050 un tercio de las zonas costeras de baja altitud experimente un retroceso de la línea de costa superior a los 100 metros, un fenómeno impulsado por la erosión y el incremento del nivel del mar.

También se destaca que los mares tropicales están aumentando su nivel más rápidamente debido a la expansión térmica del agua y confirma que tanto el hielo marino del Ártico como la superficie helada del Océano Austral continúan reduciéndose. Sobre esto, los autores consideran posible que el Ártico llegue a quedarse completamente sin hielo durante el verano a mediados de este siglo, una situación con importantes consecuencias para el clima global y los ecosistemas polares.

Los microplásticos ya afectan a más de 4.000 especies

La contaminación por residuos plásticos es otro de los puntos fuertes del informe, y los resultados son motivo de gran preocupación. Los investigadores advierten de que los microplásticos ya afectan a más de 4.000 especies marinas y están presentes en prácticamente todos los ecosistemas oceánicos. Por ello, recomiendan reducir la producción de plásticos, impulsar nuevos materiales, aumentar el reciclaje y sustituir progresivamente los productos de un solo uso, con el objetivo de limitar la entrada de estos residuos en el mar.

El español Pablo Sánchez-Jerez ha subrayado la importancia de proteger los océanos por el papel esencial que desempeñan en el equilibrio del planeta. “El océano modula absolutamente todo: el régimen de precipitaciones, de vientos, las sequías, los cambios en la temperatura global, la absorción del CO2... Además, buena parte de la alimentación procede del mar”, afirma el investigador. El catedrático también ha expresado su preocupación por el calentamiento de las aguas y recuerda que la salud de los océanos condiciona directamente la estabilidad climática y la seguridad alimentaria.

El informe también analiza otros desafíos que marcarán las próximas décadas. Entre ellos figura el crecimiento previsto de la acuicultura, llamada a desempeñar un papel cada vez más importante para garantizar el abastecimiento mundial de alimentos, o que el aumento de la generación de electricidad mediante energía nuclear podría incrementar los vertidos radiactivos al océano.

El Gobierno ha decidido proponer a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como candidata a directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo clave de Naciones Unidas para los derechos laborales. La elección está prevista para el próximo noviembre y el mandato, en cualquier caso, no comenzaría hasta octubre de 2027.

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado la candidatura de Yolanda Díaz a través de un mensaje en la red social X, calificando de “honor” la promoción de su vicepresidenta segunda. De ser elegida como directora general, sería la primera vez que una mujer y España estarían al frente de “esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social”, ha destacado el jefe del Ejecutivo.

La OIT es el único organismo de Naciones Unidas en el que están representados no solo los países, sino también los agentes sociales, como sindicatos y patronales. “Su estructura tripartita la convierte en una institución única dentro del sistema internacional y en el principal foro para la elaboración de normas laborales, la promoción del empleo, la protección social y el fortalecimiento del diálogo social”, subrayan desde La Moncloa.

El anuncio llega después de una intensa gira internacional en la que Yolanda Díaz, en las últimas semanas, ha visitado países como Estados Unidos, Senegal o China, y ha mantenido numerosas reuniones con responsables públicos de los 187 países miembros del organismo.

“La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas. Es un orgullo y una responsabilidad enorme poder representar con esta candidatura a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional”, ha dicho la Díaz en un mensaje a través de su cuenta en Bluesky, que ha replicado en inglés y en francés, los idiomas oficiales del organismo. “Vamos a hacerlo juntas y juntos”, ha concluido.

Una candidata para una OIT “en crisis”

La vicepresidenta Díaz ya participó en la sesión plenaria de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, en el Palacio de las Naciones de Ginebra (Suiza), donde tiene su sede la organización. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, dijo con solemnidad. Antes de entrar, ya había apuntado directamente como causante a la Casa Blanca, ahora en manos de Donald Trump, quien lleva tiempo retrasando el pago de los fondos comprometidos al organismo. “Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”, aseveró ante los medios de comunicación.

Yolanda Díaz ya había anunciado hace tiempo que no solo no sería la líder de Sumar en las elecciones generales que tendrán lugar el año que viene, sino que tampoco concurriría como candidata a un escaño en el Congreso de los Diputados, dando por hecho su salida de la primera línea de la política nacional.

Si bien el Ministerio de Trabajo desmintió los primeros rumores, el anuncio de hoy confirma que Díaz es la apuesta española para tratar de dar un revulsivo a este organismo. “Con esta candidatura, España aspira a reforzar una institución clave para afrontar los desafíos del mercado de trabajo en un contexto de profundas transformaciones económicas, tecnológicas y medioambientales, reforzando el papel de la OIT como referente mundial en la defensa del trabajo decente y la justicia social”, destaca el comunicado del Ejecutivo.

El Gobierno tenía de plazo hasta el 31 de agosto para postular sus candidaturas al liderazgo de la organización, mientras que las elecciones están previstas para el 16 de noviembre. En caso de resultar elegida, el mandato no arrancaría hasta octubre de 2027, con la legislatura ya finiquitada tiempo atrás.

“Como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha impulsado algunas de las principales reformas laborales y sociales de los últimos años, todas ellas en el seno del diálogo social con 30 acuerdos. Durante estos años, se impulsó la reforma laboral acordada con sindicatos y empresarios, que ha contribuido a reducir la temporalidad a mínimos históricos a la vez que ha conseguido el récord de empleo de la historia de España, la ley de plataformas o la mayor subida del salario mínimo interprofesional de la democracia”, glosan desde La Moncloa.

La propuesta de Díaz choca con la candidatura de otro compañero de gabinete que también aspira a un alto cargo en el sistema de Naciones Unidas: el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien el Gobierno ha postulado a la presidencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). La elección, en este caso, no está prevista hasta junio del año próximo, por lo que queda todavía recorrido en el caso de que las aspiraciones a la OIT no prosperen.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha expresado profunda consternación y preocupación ante las informaciones que apuntan a que más de 140 personas habrían muerto o desaparecido como consecuencia de varios accidentes marítimos ocurridos la semana pasada frente a las costas de Mauritania cuando intentaban viajar hasta Canarias. Por este motivo, la organización recuerda la elevada mortalidad de la Ruta Canaria e insiste en la necesidad de redoblar los esfuerzos para abordar las causas profundas que empujan a las personas refugiadas y migrantes a emprender estas peligrosas travesías.

La Ruta Canaria está considerada la más mortífera del mundo. Según los últimos datos difundidos por el colectivo Caminando Fronteras, muere una persona por cada cinco que consiguen llegar a las Islas. Hasta junio, murieron intentando entrar en España 1.317 personas, de las que 635 lo hicieron en la Ruta Canaria.

Ya en julio, entre el 14 y el 18, se llevaron a cabo tres operaciones de rescate y desembarco en Nuadibú, Mauritania, que permitieron poner a salvo a 387 personas. ACNUR señala que estuvo presente en todas ellas junto a las autoridades nacionales y organizaciones humanitarias para asistir a las personas supervivientes e identificar a quienes pudieran necesitar protección internacional. Las personas rescatadas procedían de distintos países.

Según esta agencia de la ONU, uno de los episodios más trágicos afectó a una embarcación rescatada el 18 de julio. Según las informaciones disponibles, 143 personas murieron o permanecen desaparecidas y solo 38 sobrevivieron tras permanecer cerca de 25 días a la deriva en el Atlántico tras zarpar de Bufaloto, en Gambia, con destino a Canarias. Entre las personas supervivientes hay dos menores que perdieron a todos sus familiares durante la travesía y que se recuperan en el hospital junto a otras personas rescatadas.

También se informó del fallecimiento de otra persona que viajaba en una embarcación cuyos ocupantes desembarcaron el 14 de julio.

Un fallo en un motor dejó a uno de los cayucos a la deriva

El Ministerio de Pesca mauritano informó a través de redes sociales de que la primera operación de búsqueda y rescate, que se extendió durante dos días en el fin de semana, fue lanzada tras recibir una llamada de alerta de una embarcación con “unas 160 personas a bordo” que inició su ruta en la capital de Gambia, Banjul, y que se dirigía a Canarias.

“Sufrió un problema y se quedó sin combustible, quedando a la deriva en aguas internacionales antes de entrar en aguas territoriales mauritanas”, explicó, antes de apuntar que los equipos de búsqueda habían rescatado a un total de 37 personas -22 senegaleses, siete gambianos y ocho guineanos-, además de recuperar un cadáver en la zona. La embarcación “pasó unos 25 días en el mar” y los supervivientes relataron que estuvieron “unos diez días a la deriva”, lo que provocó que “se agotaran el agua y la comida, viéndose forzados a beber agua de mar”. “Soportaron condiciones extremadamente duros”, apuntó el Ministerio mauritano.

Respecto al segundo rescate, el Ministerio detalló que fueron rescatadas 179 personas -168 senegaleses, cinco ghaneses, cuatro gambianos y dos malienses-, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados igualmente en un hospital para recibir atención, sin detalles sobre la gravedad de su estado.

Una ruta letal

Estos hechos, incide ACNUR, recuerdan con crudeza que, pese a los esfuerzos sostenidos de las autoridades costeras y las organizaciones humanitarias por salvar vidas, la ruta atlántica entre África occidental y Canarias sigue siendo una de las más mortíferas del mundo. Las largas distancias, las condiciones imprevisibles del océano, las embarcaciones precarias y sobrecargadas y la dificultad para acceder a rescates a tiempo siguen haciendo de esta una de las rutas más letales.

ACNUR insiste en que aunque las llegadas al archipiélago canario han caído un 61% respecto a 2025 (dato que se eleva hasta el 70% según Frontex) y se situaban en 4.400 personas a 15 de julio, estos incidentes ponen de relieve los riesgos persistentes a los que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes que intentan llegar a Europa, muchas de las cuales emprenden la travesía desde puntos situados a más de 2.000 kilómetros de su destino.

En conjunto, las principales rutas marítimas hacia Europa han registrado más de 40.000 llegadas en lo que va de año, frente a las 65.407 contabilizadas durante el primer semestre de 2025. Sin embargo, ACNUR y sus socios advierten de que las muertes y desapariciones en el mar continúan produciéndose a niveles alarmantes. Muchos de estos incidentes ocurren lejos de la atención pública y, en algunos casos, terminan con embarcaciones enteras desapareciendo sin dejar rastro, señala la Agencia.

En este contexto, los rescates llevados a cabo en Mauritania ponen de manifiesto la necesidad de redoblar los esfuerzos para abordar las causas profundas que empujan a las personas refugiadas y migrantes a emprender estas peligrosas travesías. Al mismo tiempo, resulta imprescindible facilitar un mayor y más rápido acceso a vías legales, mediante un aumento de las plazas de reasentamiento, más oportunidades de movilidad laboral y vías de acceso a la educación como alternativas a los peligrosos cruces marítimos, concluye ACNUR.

En lo que va de 2026 se han registrado 17 operaciones de desembarco en Nuadibú y Nuakchot, donde han sido rescatadas un total de 2.147 personas.

La batalla por conseguir la dirección general de la Organización de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas (FAO) empieza en Europa. La candidatura del ministro español de Agricultura, Luis Planas, para el principal puesto de la institución de la ONU tiene que superar relevantes obstáculos en una carrera ante rivales de la UE. Además de Planas, se presentan el italiano Maurizio Martina, exministro de Agricultura y actual subdirector general de la FAO, y el irlandés Phil Hogan, excomisario europeo de Agricultura y Comercio.

La FAO ha asumido en los últimos años una mayor carga geopolítica como han demostrado turbulencias internacionales como la crisis del pan en Túnez, pasando por la necesidad de abrir corredores seguros para la salida de cereales por el mar Negro desde Ucrania tras la invasión que perpetró Rusia; el papel de Moscú ante el desabastecimiento de África, ofreciendo a varios países africanos precios bonificados de cereales en un intento de ganar influencias; o el peso en la cadena alimenticia de los fertilizantes tras el cierre del estrecho de Ormuz en la reciente guerra de Irán.

80 años después de su creación, la FAO sigue sin conseguir cumplir su objetivo de acabar con el hambre en el mundo, que la crisis climática va a complicar aún más por los efectos de la elevación de las temperaturas sobre las cosechas y el efecto de la erosión de la tierra.

Con estos retos urgentes, el Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando ya activamente para que la candidatura de Planas sea un éxito con los argumentos de la defensa del multilateralismo en un momento en el que Administraciones como la de Donald Trump tratan de desprestigiar estas instituciones, además del peso de España como potencia en la industria agroalimentaria (cuarto país de la UE y séptimo del mundo en exportación de alimentos) y su “respetada” posición internacional tanto en África, como en Latinoamérica y Asia.

Si algo enseñó la candidatura frustrada del exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos al mismo puesto, que se presentó solo seis meses antes de las votaciones, es que es necesario una campaña para sumar adhesiones durante varios meses para conseguir la victoria. La FAO la componen 193 países y el voto vale igual para Andorra como para China.

La UE quiere un candidato único europeo

La Unión Europea está interesada en que se presente un único candidato europeo, de hecho, durante la presidencia rotatoria de la UE, que le tocó a Chipre, se intentó consensuar una candidatura única, pero fue imposible. El último director general europeo de la FAO fue el neerlandés Addeke Hendrik Boerma, quien ocupó el cargo entre 1967 y 1975.

El Gobierno español, que respalda la propuesta de la candidatura única, también trata de plantear que tras la primera vuelta de las votaciones los candidatos europeos menos votados se replieguen dando paso a un único candidato europeo. Es otra de las lecciones de la candidatura de Moratinos, ya que el austriaco Franz Fischler mantuvo su candidatura pese a que en la primera vuelta logró menos apoyos que el exministro español, que perdió contra el brasileño José Graziano da Silva por solo cuatro votos. Se sabe que dos de esos votos fueron de países europeos.

En esta pugna europea, Planas tiene un obstáculo de carácter político con uno de los candidatos. El irlandés Phil Hogan se está presentando como el contendiente del Partido Popular Europeo, que es la familia política que ostenta más gobiernos en la Unión Europea, pero además cuenta con el respaldo público de Francia, país que tiene un fuerte peso en la política agraria de la UE.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Agricultura apuntan que la candidatura de Hogan no parece tener apoyos suficientes, ni siquiera por parte del Ejecutivo irlandés, que ahora ostenta la presidencia rotatoria de la UE, y ha optado por inhibirse por una cuestión de neutralidad. Además, el candidato irlandés tiene en su historial una tacha, ya que tuvo que dimitir como comisario europeo cuando se descubrió que había participado en agosto de 2020 en una cena de gala con unas 80 personas en el Condado de Galway, incumpliendo la cuarentena y las normativas de viaje por la pandemia del COVID, que estaban entonces vigentes en Irlanda.

Fuentes del Gobierno apuntan que el otro candidato, el italiano Maurizio Martina, ya tiene un cargo en la FAO, es director general adjunto, y recalcan que es la propuesta del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que cuenta con menos simpatía a nivel internacional.

España pelea por varios cargos internacionales

Otro obstáculo al que se tendrá que enfrentar Planas es el compendio de cargos internacionales a los que aspira España. Además de la dirección de la FAO, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se está moviendo para aspirar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otro organismo de la ONU, aunque no cuenta con el respaldo de la parte socialista del Ejecutivo. Pero, sobre todo, las aspiraciones de España por lograr un puesto como el de presidente del Banco Central Europeo, para el que se ha postulado el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, puede entorpecer la carrera de Planas en el juego de favores entre países para acceder a los puestos relevantes de decisión a nivel internacional.

Incluso si Planas consiguiera ser el único candidato europeo, se tendría que enfrentar a otros candidatos no europeos que son Mehmet Mehdi Eker, exministro de Agricultura de Turquía, y Josefa Sacko, embajadora de Angola en Italia, aunque si se logra en consenso europeo, tendría muchas posibilidades de ganar.

Todavía queda un largo recorrido, ya que la presentación oficial de candidaturas se alarga hasta noviembre de este año y las elecciones serán la última semana de junio de 2027. Pero el Gobierno español no quiere caer en los mismos errores que se cometieron con Moratinos y se tiene plena confianza en el perfil profesional y la carrera política de Planas, uno de los cuatro ministros que han acompañado a Pedro Sánchez desde que accedió a la presidencia del Gobierno.

España, junto a Francia y Kenia, han impulsado la creación de una alianza que integrarán una veintena de países con el objetivo de garantizar una inteligencia artificial “respetuosa y saludable” para la infancia. La iniciativa, constituida este martes en Ginebra bajo el amparo de Naciones Unidas, se denomina Coalición Internacional para los Derechos y la Protección de la Infancia en la Era de la Inteligencia Artificial.

“Algunos milmillonarios han estado haciendo mucho dinero con los datos de nuestros niños. Esto debe terminarse. Es hora de que sean responsables”, ha declarado durante la presentación de la coalición el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El representante del Gobierno español también ha expresado la necesidad de impedir que la inteligencia artificial reproduzca las dinámicas de captación masiva de datos personales, así como de imponer medidas que frenen que “niños y adolescentes” puedan “acceder a sitios donde les pueden hacer daño” en Internet.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha emprendido una campaña a nivel internacional para defender que los magnates tecnológicos deben ser responsables legales de los daños que ocasionan sus plataformas. También de imponer la verificación de edad digital, una medida que en España se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y que se ejecutaría a través de la aplicación Cartera Digital Beta.

La alianza formalizada hoy en Ginebra cuenta con el respaldo de Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, República Checa, El Salvador, Estonia, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, Marruecos y Países Bajos. Asimismo, se han sumado la UE, Unicef (la agencia de la ONU de protección a la Infancia), la Unesco (su homóloga para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La propuesta regulatoria de la Coalición pretende “desarrollar sistemas de IA seguros, fiables, dignos de confianza, respetuosos con los derechos de la infancia y con un enfoque centrado en las personas”. También se comprometen a “garantizar” que las opiniones de los menores “contribuyan de forma significativa al diseño, el despliegue y la gobernanza de los sistemas de Inteligencia Artificial que les afectan, en consonancia con su derecho a ser escuchados”.

El documento ratificado hoy se sustenta en las conclusiones del primer informe del Panel Científico de la IA, que confirma que “estas tecnologías crean nuevas oportunidades, pero también amplifican riesgos como la manipulación, el contenido dañino, la generación de pornografía y material de abuso sexual infantil a partir de deepfakes y la segmentación algorítmica de menores”, explica el Ministerio en un comunicado.

La inciativa de la Coalición coincide con la aprobación en Consejo de Ministros de la nueva ley de los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, con la que busca combatir la difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial, los conocidos como deepfakes, entre otras cuestiones. Tras la luz verde del Gobierno, el documento está listo para empezar su tramitación parlamentaria en el Congreso.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca (USAL) ha aprobado este martes por una amplia mayoría (solo tres votos en contra) la propuesta institucional para la concesión del doctorado “honoris causa” al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. El rector Juan Manuel Corchado ha destacado que la entrega de esta distinción reforzará la vertiente internacional de la Universidad de Salamanca. Esta decisión queda aún a la espera de aprobarse en el Claustro de Doctores.

El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, ha defendido esta propuesta puesto que António Guterres proyecta los ideales estratégicos de la USAL en la transferencia a la sociedad a través de compromisos éticos basados en la justicia social, la convivencia y la defensa de los derechos individuales de las personas. 

A su juicio, Guterres es un intelectual y estadista “que ha consagrado su andadura a humanizar la gobernanza global y a defender activamente la dignidad intrínseca de cada ser humano” y ha destacado la “tenaz coherencia” de su trayectoria política “orientada a traducir los ideales de justicia distributiva en normativas de gran alcance”.

Mateos Roco también ha subrayado la altura moral del actual secretario general de Naciones Unidas como “portavoz global ante las fracturas geopolíticas contemporáneas y los desafíos a nivel mundial”, según ha informado la USAL en un comunicado.

Secretario de la ONU desde 2017

António Guterres (Lisboa, 1949), noveno secretario General de las Naciones Unidas, asumió el cargo el 1 de enero de 2017. Guterres fue Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de junio de 2005 a diciembre de 2015. Fue primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002, período en el que participó activamente en las iniciativas internacionales para resolver la crisis de Timor Oriental. Como presidente del Consejo Europeo a principios de 2000, dirigió el proceso de aprobación del Programa de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo y copresidió la primera cumbre Unión Europea-África. Fue miembro del Consejo de Estado portugués de 1991 a 2002. 

Formado en Física e Ingeniería Eléctrica, forjado en la docencia como profesor asistente de Teoría de Sistemas en el Instituto Superior Técnico de Lisboa, Guterres sido miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que presidió la Comisión de Migraciones, Refugiados y Población entre los años 1981 y 1983, y durante años fue miembro activo de la Internacional Socialista, la organización mundial de partidos políticos socialdemócratas. Fue vicepresidente de dicho grupo entre 1992 y 1999 y copresidió la Comisión para África y, posteriormente, la Comisión para el Desarrollo. Desde 1999 hasta mediados de 2005 desempeñó el cargo de presidente. Asimismo, fundó el Consejo Portugués para los Refugiados y la Asociación Portuguesa para la Defensa del Consumidor (DECO) y, a principios de la década de 1970, fue presidente de la asociación Centro de Acção Social Universitário, que realizaba proyectos de desarrollo social en barrios pobres de Lisboa.

La Unión Europea abandona la multilateralidad en favor del mundo que quiere construir Donald Trump con sus propias normas. Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, llena sus discursos de alegatos en favor de la soberanía digital de Europa, la UE acaba de firmar esta semana la Pax Silica, un tratado diseñado y construido por la Administración de Trump contra la “trampa de la soberanía digital” con la justificación de crear cadenas de suministro sólidas relacionadas con la tecnología de inteligencia artificial (IA) frente al control de China de minerales críticos y tierras raras, que son esenciales para esta tecnología.

La Comisión Europea ya argumentó para su adhesión que Pax Silica no es jurídicamente vinculante porque se trata de una declaración política más que de un acuerdo comercial, aunque en su redacción se recogen frases como “apoyamos la promoción de un ecosistema compartido y de confianza de desarrolladores y proveedores de inteligencia artificial para modernizar las industrias tradicionales y abrir nuevos mercados y servicios que garanticen una prosperidad duradera para nuestros pueblos”.

Tampoco se entiende la rúbrica de la Pax Silica por parte de Europa cuando EEUU y la UE ya habían acordado un plan de acción sobre minerales críticos. Ambos bloques firmaron un memorando de entendimiento sobre una asociación estratégica para profundizar en la cooperación en este tipo de materias primas. Los minerales críticos y las tierras raras se han convertido en fundamentales en el nuevo contexto geopolítico ya que son fundamentales para la industria tecnológica y de defensa. China controla el suministro mundial de metales críticos: representa el 70% de la minería global y el 90% de la capacidad de procesamiento de estos materiales en el mundo.

Pero además hay una clara contradicción en la firma de este acuerdo y las políticas que, en teoría, está desarrollando la UE. Solo unas semanas antes, la Comisión lanzaba el Paquete de Soberanía Tecnológica Europea, un conjunto de medidas para reforzar la capacidad de Europa en semiconductores, la IA, la nube y el código abierto frente a China, pero también ante Estados Unidos. La UE necesita reducir la dependencia de ambos países ya que solo representa el 9% del mercado mundial de semiconductores, la capacidad de computación sigue siendo insuficiente y sigue dependiendo estructuralmente en ciberseguridad de proveedores no europeos.

Aunque tampoco hay que olvidar que en el recientemente ratificado acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, que algunas capitales europeas señalaron como “humillante”, Europa se comprometió a adquirir “al menos 40.000 millones de dólares en semiconductores estadounidenses para inteligencia artificial”.

La soberanía digital es “retrógrada y contraproducente”

El artífice de la Pax Silica es Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos de EEUU, que abiertamente ha criticado la idea promovida por organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) con su Pacto Digital Mundial de que cada país debería desarrollar una infraestructura completa de inteligencia artificial propia (hardware, datos, modelos y capacidades nacionales) para alcanzar la “soberanía digital”.

Según Helberg, esta visión del mundo es “retrógrada y contraproducente”, ya que en su opinión la soberanía digital es “una especie de mediocridad sincronizada: un planeta de clones a pequeña escala, cada uno reconstruyendo heroicamente el avance del año pasado”. A final queda claro que con la Pax Silica lo que se pretende es que las grandes tecnológicas de EEUU sean las proveedoras de inteligencia artificial mientras el resto de países colaboran en consolidar “una cadena de suministro fiable e indispensable” de materias primas para una supuesta “seguridad económica mutua”.

El político estadounidense asegura que las grandes plataformas digitales estadounidenses “siempre han distribuido más valor del que han retenido; generan más riqueza por encima de ellas de la que capturan dentro de sí mismas” y que “competir en productos y métodos ya existentes, lejos de ser el motor de la prosperidad, suele ser más bien el cementerio del crecimiento y el camino hacia el estancamiento”.

En una entrevista en Financial Times, el subsecretario de Asuntos Económicos de EEUU reconocía que “prácticamente todo lo que hacemos implica trabajar en estrecha coordinación con nuestras empresas privadas” y apuntó cómo Israel, Singapur y Emiratos Árabes Unidos han utilizado con éxito tecnología estadounidense, lo que, según él, ha hecho que “rindan muy por encima de lo que cabría esperar por su tamaño, por lo que deberían ser un ejemplo muy sólido para quienes tienen dudas”.

Mar Hidalgo, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) dependiente del Ministerio de Defensa, puntualiza que la Pax Silica “pretende convertirse en la fórmula definitiva con la que Trump busca seguir siendo líder en tecnologías de IA” y demuestra “el creciente reconocimiento por parte de la Administración Trump del link directo que existe entre la superioridad tecnológica, la seguridad nacional y la soberanía económica”. 

La analista del IEEE resalta que “la falta de acceso a determinados minerales producidos y procesados por China se ha convertido en una grave preocupación para la industria tecnológica mundial, y en especial, para la de EEUU, que lo considera una cuestión de seguridad nacional”. Hay que recordar que China ya ha usado como herramienta de coerción su control de exportaciones de minerales críticos cuando Estados Unidos puso en marcha su caótica política comercial de aranceles o en sus cada vez más tensas relaciones con la UE.

“Uno de los objetivos perseguidos por Trump al formalizar esta alianza es contrarrestar la influencia de China en medio de una creciente competencia estratégica entre ambos países, lo que exige una lealtad política”, concluye Hidalgo.

EEUU: “Multiplicador del riesgo sistémico”

Y todo esto en un momento que como explica Sinan Ülgen, investigador del think tank Carnegie Europe, “Estados Unidos representa el socio más paradójico para la UE. El país es el principal pilar de las cadenas de suministro dentro del núcleo estratégico de los socios comerciales europeos, pero la convergencia política entre ambas orillas del Atlántico está disminuyendo. La creciente imprevisibilidad de la política comercial estadounidense, unida a una política exterior cada vez menos favorable a la relación transatlántica, está transformando al principal aliado de seguridad de la Unión Europea en uno de los mayores multiplicadores del riesgo sistémico para sus cadenas de suministro”.

A pesar de las relaciones caóticas con EEUU, la Comisión Europea instó a los Estados miembros de la UE a adherirse a la Pax Silica señalando que hará más fácil la coordinación en las cadenas de suministro tecnológicas y podría ser una vía de nuevas oportunidades para las empresas europeas. El mismo día que firmó la UE también lo hicieron Alemania y Grecia, mientras que Finlandia, Suecia o Países Bajos ya lo habían hecho.

“A través de Pax Silica damos la bienvenida a una Europa decidida a ser fuerte: a mantenerse firme y a unirse a nosotros para garantizar el acceso a las tecnologías que ayudarán a nuestras economías a construir un futuro mejor. Esa es la asociación que exige este siglo. Esa es la renovación que hemos elegido juntos”, declaró subsecretario de Asuntos Económicos de EEUU el día de la firma de la UE.

Sin embargo, países como Francia han señalado la iniciativa como una vía para “colonizar Europa” y elevaron las dudas de que esta firma pueda abrir la puerta que busca Estados Unidos para dejar sin autonomía regulatoria a la Unión Europea, una intención que persigue la Administración Trump en su defensa de las grandes compañías tecnológicas estadounidenses.

Benjamín Netanyahu (Tel Aviv, 1949) cita a nuestro colaborador en un Merkava IV Barak estacionado en la zona de Cisjordania bajo control palestino. Se trata de un tanque de 65 toneladas diseñado para escenarios de guerrilla urbana que el primer ministro de Israel usa a modo de utilitario.

Señor Netanyahu, ¿dónde vamos?

¡A relajarme, que me tienen fritos los iraníes! Abróchate el cinturón. Y llámame Bibi, todo el mundo me llama Bibi.

Prefiero señor Netanyahu. Oiga, ¿seguro que se puede circular con esto en circuito urbano?

La Torá no dice que no se pueda.

Ya, pero el Código de Circulación igual sí.

¿Sugieres que el Código de Circulación importa más que la palabra del Eterno?

Bueno, no sé… Hay leyes.

¡Yo hago las leyes aquí! Mira, ayer mismo prohibí rezar en alfombras.

¿Por qué?

Por salud. Sueltan muchísima pelusa, y algunos de mis soldados son alérgicos. Eso provoca que les lloren los ojos y acaben confundiendo un niño con una multitud armada con kalashnikovs.

Pensé que íbamos a hablar del Mundial.

Puedo hablar mientras aplasto civiles. Lo hago cada día. Se llama política.

Dígame, ¿qué siente ante el hecho de que Israel haya quedado fuera del mundial?

Bueno, es un caso evidente de antisemitismo.

¿Por qué dice eso?

¡Nos eliminaron! ¡A nosotros, los judíos! ¿Necesitas un croquis?

Bueno, fútbol es fútbol.

¿Qué eres tú, una especie de Adolf Eichmann? ¡Nos eliminaron porque nos odian! ¡Todo el mundo nos odia, lo ha dicho mi amigo Trump! Apuesto a que tú también. Nadie en tu estúpido país nos traga. En cuanto acabemos con los palestinos iremos a por vosotros.

Le aseguro que España no es antisemita.

¡¡Dios de Abraham, hijo!! ¿Te crees que no estoy informado? ¡Nos echasteis de la noche a la mañana!

¡Eso fue con los Reyes Católicos! Por entonces, España ni siquiera existía como tal.

¡Y, si por mí fuera, volvería a no existir! Hay demasiados países. Mira Oriente Próximo. ¿De verdad se necesitan tantos países? ¡Si son todos iguales! Por suerte, yo tengo la solución.

¿Ah, sí? ¿Cuál?

Desde el gobierno de Israel pronto lanzaremos el Plan de Almacenamiento de Árabes © . Busca optimizar la organización de esa gente con el objetivo de que ocupen menos espacio.

Ajá. ¿Y se sabe ya cuánto espacio ocuparán?

Calculamos unos diez metros cuadrados.

Pero… eso es imposible. Estamos hablando de cientos de millones de personas.

Bueno, habría que quemarlas primero, claro.

¿Y eso no plantea problemas?

¿A qué te refieres? ¿No irás a decirme que hay árabes ignífugos?

No, no. Me refería a problemas éticos.

¡Oh, claro que sí! Soy perfectamente consciente de que el Plan generaría mucha polución, pero ya estamos trabajamos en un proceso de cremación eficiente. El impacto ambiental será nulo, puedes poner eso en tu artículo.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dicho que su país viola los derechos humanos de forma reiterada. Ha mencionado incluso que existe “riesgo de genocidio”.

¡Pero eso es culpa de los palestinos!

¿Por qué?

¡Porque son pocos! Entonces, claro, a pocos que mates, te arriesgas a que no quede ninguno. ¿Qué culpa tenemos los judíos de eso? Tú imagínate que queda uno solo y lo atropella un autobús. ¿Qué hacemos? ¿Acusamos al autobusero de genocidio? Pues no. Habrá sido un accidente, digo yo. Pues esto, lo mismo.

¿Me está diciendo que la aniquilación del pueblo palestino es un accidente?

¡No diga «aniquilación», que nos hace parecer los malos! Diga Proceso De Reorganización © .

Ya. ¿Y cómo cree que acabará ese proceso?

¡¿Quién ha hablado de lanzar una bomba atómica?!

¿Cómo?

¿Qué?

Yo no he mencionado una bomba atómica.

Ni yo tampoco. ¿La he mencionado?

Sí.

Ah. Pues no sé. Estaría pensando en otra cosa.

Para acabar, señor Netanyahu, ¿quién le gustaría que ganase el Mundial?

Israel, por supuesto.

¡Pero si no participan!

Confío en el voto del público.

Estos días ha dado comienzo el Mundial de fútbol, un acontecimiento global que siguen millones de personas aficionadas de todo el mundo. Son días interesantes, especialmente para quienes siguen cada encuentro, pero también para quienes lo viven desde más lejos. Pronto llegarán los partidos de la fase eliminatoria, cuando se disputen el trofeo las grandes selecciones, tanto del Norte Global como de países empobrecidos que forman parte de lo que denominamos Sur Global. De momento, las favoritas calientan motores y nosotras, las ONG de desarrollo de Euskadi, comparamos algunos partidos de fútbol con la realidad que acompañamos en muchos países de ese Sur Global.

Hace unos días, por ejemplo, mientras algunos disfrutaban del partido Brasil-Haití, nosotras sólo podíamos pensar en las más de 1.200.000 personas de origen haitiano que actualmente están protegidas por la ACNUR, refugiadas en diferentes lugares del mundo o desplazadas dentro del propio país caribeño. Probablemente, muchas de las personas que vieron el jueves el Uzbekistán-Colombia no sabrán que este último es el país más letal para las defensoras de la tierra y el medioambiente, con 48 asesinatos en 2024, según Global Witness.

Para quienes nos dedicamos a la cooperación y la solidaridad internacional nos es muy difícil mirar hacia otro lado. A quienes hemos recordado, como cada 20 de junio, el Día Mundial de las Personas Refugiadas, nos resulta imposible olvidar a las 117 millones de personas que para el año 2025 habían sido obligadas a huir de sus casas por persecuciones, conflictos, violaciones a los derechos humanos u otros motivos de desplazamiento forzoso.

A la guerra y la crisis medioambiental, principales responsables de este éxodo masivo según la ACNUR, se suma otra grave crisis para los derechos humanos: el cierre del espacio cívico. Según el instituto V-Dem, más del 70% de la población mundial vive en países donde el espacio cívico está reprimido o cerrado, esto es, lugares donde los derechos civiles y políticos no pueden ejercerse de forma plena, mientras que solo el 4% de la población vive en espacios cívicos abiertos.

Las ONGD vascas venimos alertando de esta oleada antiderechos. Una oleada que no sólo se vive en el Sur Global. La prohibición de manifestaciones propalestinas en el Reino Unido o Alemania, o la violencia policial contra integrantes de la Global Sumud Flotilla en el aeropuerto de Loiu, son señales de que el espacio cívico se estrecha también en Europa, donde el porcentaje de personas que viven en un espacio cívico abierto (total o parcialmente) pasó de un 63% antes de la pandemia a un 29% en 2025.

Cerca de aquí, en Extremadura y Aragón, el pacto PP-Vox reducirá a mínimos la política de cooperación internacional al desarrollo, convirtiendo los derechos humanos en moneda de cambio y poniendo en riesgo la protección de millones de personas en situación de vulnerabilidad. Ante el riesgo de que estos ataques se extiendan por todo el Estado, las ONGD y coordinadoras autonómicas hemos puesto en marcha una campaña para reivindicar, también en el contexto del Mundial, que la cooperación, la justicia social, el antirracismo, la convivencia... no pueden ser moneda de cambio en negociaciones presupuestarias. La solidaridad es lo normal, lo que nos enseñaron nuestras amamas y nuestros aitites. Lo raro es tener que recordarlo y defenderlo ante estos ataques.

De algún modo, aunque sea metafóricamente, este Mundial tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo los pueblos del mundo; solo que en vez de un trofeo, fuera de los estadios nos estamos jugando algo mucho más valioso, algo que ha costado décadas construir y por lo que queda mucho por hacer: una sociedad libre, donde cada persona y comunidad tenga reconocidos sus derechos fundamentales. Este otro partido va de salvar vidas, y de proteger y fortalecer los derechos humanos. Las ONGD que vivimos a diario cada jugada, sabemos lo que está en juego en este choque; y también sabemos que, por ahora, lo estamos perdiendo.

Con una base social de más de 100.000 personas, las 85 organizaciones que formamos la Coordinadora de ONGD de Euskadi trabajamos en 69 países del mundo para contribuir a la defensa y fortalecimiento de los derechos humanos, la justicia social y la democracia. En colaboración con entidades locales, la cooperación vasca apoya el fortalecimiento a largo plazo de estas comunidades, a través de 949 proyectos que abarcan diversas áreas, como la salud, la nutrición, la educación, la provisión de servicios de agua, saneamiento e higiene, la protección infantil, el empoderamiento de las mujeres y personas LGTBIQ+, la defensa de los derechos humanos...

El 15 de enero, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Antonio Guterres dijo: “Algunos quieren poner la cooperación internacional en una sala de cuidados intensivos. Les aseguro que no nos rendiremos”. Tampoco lo haremos las ONGD vascas que formamos esta Coordinadora.