La Franja de Gaza está siendo objeto de una nueva fase de genocidio algorítmico, con la población sometida a una vigilancia coercitiva constante, a desplazamientos forzados y a matanzas arbitrarias. Un nuevo informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que ha pasado bastante desapercibido, denuncia que Israel impone “a los palestinos condiciones de vida cada vez más incompatibles con su existencia continua en Gaza como grupo”.

El Ejército israelí está extendiendo de forma gradual y constante su presencia militar, impide la entrada de toda la ayuda humanitaria necesaria, obstaculiza la libertad de movimientos de la población palestina y lanza ataques que han matado a más de novecientas personas y herido a miles desde el pasado mes de octubre hasta hoy.

Desde el inicio de la guerra contra Irán, los bombardeos israelíes en la Franja han aumentado un 35%, aprovechando el desvío de la atención internacional. Las tropas del Estado israelí ya controlan el 64% del territorio, arrinconando a más de dos millones de personas en el 36% restante. Desde octubre hasta hoy han tomado un 10% más de tierra palestina en Gaza.

Hace unos días el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo públicamente que pretende ocupar el 70%. Eso significa que miles de personas tengan que volver a desplazarse a la fuerza y que toda la población palestina de Gaza se apiñe en solo el 30% de la Franja, un área que ya antes de esta ocupación militar era uno de los lugares del mundo con más habitantes por metro cuadrado. Cada vez queda menos tierra para los palestinos.

Israel ya ocupa el 64% de Gaza, arrinconando a más de dos millones de personas en el 36% restante, y anuncia que tomará el 70%. Cada vez queda menos tierra para los palestinos

La llamada línea amarilla, establecida por el plan de Donald Trump para dividir el territorio y asegurar la ocupación israelí, sigue avanzando y devorando terreno gazatí. Las tropas israelíes aprovechan la oscuridad de la noche para trasladar los bloques de cemento pintados de amarillo que señalizan —solo en algunos tramos— esa frontera de demarcación. Cada vez que lo hacen, obligan a población palestina a desplazarse nuevamente. A menudo se sirven de la violencia militar, disparando contra tiendas de campaña, escuelas y viviendas. Así mataron recientemente a la niña Ritaj Abdel Raouf Rihan, que asistía a clase en un campo de refugiados cercano a la línea amarilla.

Esta semana el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que su Gobierno pretende implementar un plan para que un gran número de palestinos abandonen Gaza “en el momento y de la manera adecuados”.

El periodista israelí Gideon Levy advierte de que estas dinámicas sientan las bases para “la expulsión masiva”. Solo la presión internacional podría impedirla. En un artículo reciente en el diario Haaretz, Levy denunciaba que, “ahora que Gaza ha sido destruida casi por completo”, Israel avanza hacia la siguiente fase: “Dejar a toda la población permanentemente discapacitada, herida, enferma, hambrienta, sin hogar y desempleada”, como paso previo para “la expulsión masiva”.

El área que el Ejército israelí ocupa en Gaza contiene la mayoría de las tierras agrícolas y las principales reservas de agua, dejando a la población palestina el territorio desértico e improductivo

“Ninguna sociedad puede funcionar sin maestros, médicos, trabajadores sociales, ingenieros y empleados de oficina. Y sin una sociedad funcional, es fácil expulsar a los residentes de Gaza a los cuatro rincones de la tierra”, indica el periodista israelí, una de las escasas voces críticas del país en el panorama mediático.

El área ocupada por Israel en Gaza incluye las tierras agrícolas, las zonas fronterizas, las principales reservas de agua, las instalaciones de desalinización y de tratamiento de residuos, así como los espacios destinados al desarrollo futuro a través del plan de Trump. De ese modo, la población palestina queda confinada en el territorio baldío, desértico, infértil, sin recursos. El director del grupo de investigación Forensic Architecture, Eyal Weizman, alertó de ello desde el anuncio del proyecto de Trump para Gaza. Nadie podrá decir que no se sabía.

El 'alto el fuego' nunca fue real. No es una sorpresa, el propio texto del plan de Estados Unidos dejaba claros sus objetivos y así lo advirtieron relatores de Naciones Unidas, defensores de derechos humanos y analistas. Los términos estaban definidos desde el inicio y, sin embargo, los socios europeos lo apoyaron.

Las tropas israelíes aprovechan la oscuridad de la noche para trasladar los bloques de cemento pintados de amarillo que señalizan —solo en algunos tramos— la frontera de demarcación móvil

La puntilla final se dio en noviembre, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas legitimó ese proyecto, pese a que viola de forma contundente el derecho internacional. La Junta del presidente de EEUU para Gaza está diseñada para trocear la Franja y establecer una ocupación presentada como transitoria con posibilidad de ser permanente.

Algo similar ocurrió con los Acuerdos de Oslo en los años noventa, celebrados internacionalmente como una posibilidad de paz pero que, en la práctica, contenían trampas y cláusulas provisionales que Israel ha usado para anexionarse más áreas en Cisjordania. Aquel “proceso de paz” fue presentado como la posibilidad de asegurar más territorio a los palestinos, pero sirvió para lo contrario. Los pactos por fases suscritos por Israel nunca han llegado a su etapa final.

El plan de Trump para Gaza ha operado de forma similar, solo que esta vez había muchas más pistas y precedentes para saber que no se trataba de un plan de paz real, sino de un proyecto colonial 2.0 diseñado para anular la soberanía palestina y para facilitar la ocupación de Gaza y el desplazamiento de más población palestina.

De ese modo el aniquilamiento sigue su curso, con más facilidad que antes, porque la mala conciencia occidental se siente con permiso para mirar hacia otro lado. Ahora que el proceso de destrucción es más lento –y que el plan de Trump cuenta con la aprobación de la ONU y la UE- Gaza apenas existe en el debate diario para una mayoría de medios y dirigentes europeos.

Tampoco se presta suficiente atención a Cisjordania, donde se han aprobado nuevos asentamientos que expulsarán a más población palestina, sometida a la violencia militar y de colonos. Este viernes el Ejército israelí mató a un bebé de siete meses en Hebrón.

El periodista israelí Gideon Levy advierte del preludio de “la expulsión masiva” en Gaza

Líbano

El vaciado del sur de Líbano forma parte del mismo proyecto. Israel está devastando el sur del país, sus tropas saquean tierras y viviendas, han demolido casi por completo ochenta y un pueblos y han ordenado el desplazamiento forzado de más de un millón de personas, incluidos 350.000 niños y niñas. Esto significa que el 22,6% de la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares.

Desde marzo hasta hoy el Ejército israelí ha lanzado más de 1.840 ataques contra territorio libanés, en los que ha matado a 3.560 personas y ha herido a 10.800. Las tropas israelíes suelen actuar a través de lo que llaman el doble o incluso el triple toque (“double/triple tap”), con un primer disparo que obliga a la huida de los supervivientes, un segundo ataque dirigido contra ambulancias, equipos médicos y de rescate, disparando contra ellos —impidiéndoles hacer su trabajo— y un tercer bombardeo, con el que suelen rematar a los heridos y asesinar a más civiles. Así mataron, por ejemplo, a la periodista libanesa Amal Khalil. Este método se repite de forma habitual en el sur de Líbano, donde se concentra la población chií, con grandes bolsas de pobreza y exclusión.

“Lo que Israel está haciendo en Líbano es, inequívocamente, un acto genocida contra los chiíes”, denuncia el periodista y escritor palestino Mohammed El-Kurd. “Y es un intento inequívoco de reocupar e incluso anexar una enorme parte del país. Es exasperante que los medios occidentales sigan haciendo la vista gorda ante la expansión colonial interminable de Israel”, señala.

El Ejército israelí aplica en Líbano el método del 'triple toque', con un primer disparo que obliga a la huida, un segundo ataque contra los equipos sanitarios que acuden al rescate y un tercero con el que remata a los heridos. Así mató, por ejemplo, a la periodista Amal Khalil

Siria

En Siria, el Ejército israelí se ha expandido hasta controlar cuatrocientos kilómetros cuadrados de territorio, con incursiones, controles y puestos militares más allá de los Altos del Golán sirios, ocupados en 1967 y anexionados ilegalmente en 1981.

Desde la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, Israel ha lanzado centenares de ataques contra territorio sirio. Imágenes por satélite mostraron a mediados de 2025 la presencia de al menos seis bases militares dentro de la zona ocupada por el Ejército israelí, y un informe reciente de Human Rights Watch describe abusos cometidos por las fuerzas israelíes contra la población local, incluyendo desplazamientos forzados, confiscaciones de viviendas y demoliciones.

El pasado mes de abril el Gobierno de Israel aprobó un plan de 334 millones de dólares para expandir los asentamientos israelíes en los Altos del Golán sirios ocupados. El proyecto pretende atraer a otras tres mil familias de colonos israelíes.

Israel ha ocupado más territorio sirio en el último año y medio y en abril aprobó un plan de 334 millones de dólares para expandir los asentamientos y aumentar el número de colonos en los Altos del Golán sirios ocupados.

El baile diplomático

Esta semana un medio de comunicación estadounidense, Axios, que a menudo ejerce como altavoz de mensajes que la Casa Blanca quiere difundir sin actuar como emisor directo, aseguró que Trump había abroncado a Netanyahu por teléfono y le había llamado loco. Esto ha generado muchísimos más titulares en la prensa internacional que las últimas matanzas de palestinos en Gaza o que el proyecto de vaciado de la Franja y el sur de Líbano.

Al igual que ahora Donald Trump, otros presidentes estadounidenses en el pasado declararon públicamente, en alguna ocasión, su enfado con Israel. Y, al igual que ahora, eso no significó una reducción del apoyo, protección y alianzas de Washington con el Estado israelí. A menudo esos gestos de presunta discrepancia o enfado surgen como una escenificación para consumo interno, dirigida a votantes estadounidenses desconcertados con la impunidad israelí, como es el caso de un sector MAGA en la actualidad.

El Estado israelí es concebido por Washington como una extensión de sus propios intereses en Asia Occidental. Desde 1985 es el país del mundo que más ayuda militar estadounidense recibe de forma fija y anual —3.600 millones de dólares—. A esa cantidad fija se suman grandes paquetes de ayuda adicional. No en vano, en ámbitos militares estadounidenses se denomina a Israel “el portaaviones de EEUU en Oriente Próximo”.

Los ataques contra Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano e Irán forman parte de un mismo plan, destinado a ampliar el control político y militar en la región. Israel y Estados Unidos comparten una estrategia expansionista, adversarios, intereses y objetivos en la región: Washington está dando tiempo a Netanyahu para destruir el sur de Líbano. EEUU usa a Tel Aviv como subcontratista militar y el Estado israelí recibe la protección y ayuda armamentística estadounidense que necesita para satisfacer los planes neocoloniales de EEUU en la zona, y los suyos propios.

Ejemplo de ello es el proyecto de Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, diseñado para usar el puerto israelí de Haifa como enlace entre India, el Golfo Pérsico y Europa, con el objetivo de aislar estratégicamente a Irán y contrarrestar la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda.

El baile de la diplomacia estadounidense y europea lleva décadas enmascarando la complicidad con el colonialismo israelí. Lo recordaba este mes la antropóloga Maya Wind, en esta entrevista que le hice en Madrid:

“Hay un gran teatro diplomático destinado a consolidar el dominio colonial israelí. Se ha hablado una y otra vez de un Estado palestino mientras en la práctica se avanzaba en sentido contrario. Hay un señuelo, una distracción continuada que contribuye a prolongar el statu quo, cuando lo que hay que hacer es abordar la descolonización”.

Este teatro es el escenario imprescindible para que Israel pueda seguir ejecutando su plan de destrucción y vaciado en Palestina y más allá. La complicidad es histórica.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes una sesión de emergencia por el aumento de la ofensiva israelí en el Líbano, tras solicitarlo Francia, según confirmó la ONU a EFE este domingo.

El órgano de Naciones Unidas se reunirá de nuevo para hablar de la situación en Oriente Medio, pese a que ya tenía convocada una sesión sobre 'las amenazas a la paz y la seguridad internacional', tras denunciar Rumanía que drones rusos han cruzado su espacio aéreo.

La ONU sigue trabajando en el programa de la reunión, aunque posiblemente un representante del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DPPA) participe para dar cuenta de la situación.

La sesión fue solicitada de urgencia este domingo por Francia, según explicó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, tras la ampliación de las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

El Ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días.

Además, las fuerzas israelís también atacaron “infraestructuras de Hizbulá” en la ciudad costera libanesa de Tiro y en “más zonas adicionales” del sur del país.

El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la ocupación supone un “hito crucial” y un “cambio radical en la política” que Israel lleva a cabo en el país vecino.

En los últimos días, Israel ha intensificado la ofensiva contra el Líbano iniciada tras los ataques del grupo chií Hizbulá (el aliado más fuerte de Irán en la región) como respuesta a la ofensiva conjunta con Estados Unidos contra Irán del pasado 28 de febrero, que acabó con la vida del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Israel había fijado el río Litani como el límite del territorio que quería anexionar del Líbano, pero la toma del castillo supone un paso más allá.

Sobre todo cuando hay un alto el fuego vigente entre ambos países y cuando el cese de las hostilidades en territorio libanés parece formar parte del supuesto acuerdo que EEUU e Irán están negociando, según han avanzado varios medios.

La ONU ha condenado los ataques desde el inicio de la ofensiva, así como los planes anexionistas de Israel, al que ha urgido a respetar la Línea Azul, la línea de demarcación entre ambos países establecida por Naciones Unidas. 

Luigi Ferrajoli (Florencia, Italia, 1940) es una leyenda: jurista, antiguo magistrado y uno de los filósofos del Derecho más leídos del mundo. Además de ser el padre del garantismo penal moderno —proteger al máximo de los derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado—, en los últimos años impulsa una Constitución de la Tierra.

Se trata de un proyecto que sacude la actual gobernanza mundial en favor de la paz y de los derechos sociales y que tiene un punto clave: el desarme de los ejércitos. “La utopía es pensar que podemos seguir como ahora”, señala en una entrevista con elDiario.es en Girona, donde Ferrajoli ha sido premiado, junto al exmagistrado Perfecto Andrés Ibáñez, por la Cátedra de Cultura Jurídica de la UdG.

¿Son malos tiempos para el garantismo?

¡Malísimos! La humanidad está gobernada por un pequeño número de autócratas y multimillonarios que desprecian el derecho. Sufrimos dos absolutismos. Uno de tipo político, cuya expresión más clara es el presidente de los EE. UU., Donald Trump, y ha declarado que no tiene más límite que él mismo. El otro es económico, y todavía es más peligroso.

¿Por qué?

Porque financia y corrompe a los políticos y porque existe una asimetría entre el carácter global de la economía y el carácter local de la política. Los poderes económicos pueden transferir sus inversiones a Estados donde no pagan impuestos y deslocalizar el trabajo hacia países donde pueden explotar sin límites a los trabajadores y destruir el medio ambiente. Vivimos una evolución neofeudal del capitalismo y la utopía es pensar que podemos seguir como si nada en vez de cambiar las cosas.

Después de la Segunda Guerra Mundial entramos, al menos en Europa, en una etapa de libertades y derechos, que ahora parece, contra todo pronóstico, reversible. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

A nivel nacional, se ha producido una involución de la democracia en detrimento del dominio de los mercados. Los derechos de los trabajadores se han ido laminando para intentar mantener la producción de las empresas en territorios nacionales, y ni así se han evitado deslocalizaciones. La política fiscal impuesta por las grandes corporaciones y la disminución de los impuestos ha reducido la garantía de los derechos sociales. Y todo ello se ha mezclado con esta concesión populista al líder que dice representar la omnipotencia de la mayoría y ha desconstitucionalizado nuestros ordenamientos.

¿Las guerras que vive el mundo son un resultado de este absolutismo o un intento de consolidarlo?

La situación dramática y el riesgo de un holocausto nuclear debido a la carrera armamentística que todo el mundo, incluso Europa, ha emprendido es real. No solo es por la guerra de Rusia contra Ucrania. También me preocupa el calentamiento global. No hemos iniciado ninguna transición ecológica hacia modelos más sostenibles. Cada año producimos más emisiones contaminantes que el año precedente. Esto significa que en dos siglos, puede que menos, la Tierra será inhabitable.

En la academia existen voces que consideran que la idea de que el derecho internacional esté muerto y sea inútil ante los nuevos autoritarismos es absurda. ¿Qué opina usted?

La guerra de Putin en Ucrania, la guerra de Netanyahu en Gaza o las guerras producidas por Trump sin ninguna justificación han destruido el derecho internacional. Tampoco lo fomentan los grandes poderes económicos internacionales. Vivimos un golpe de Estado internacional que propugna la ley del más fuerte y el desprecio por el derecho. Frente a esta situación no hay otra alternativa que una constitucionalización de la ONU. Tomarse en serio el derecho internacional vigente significa introducirle garantías de cumplimiento.

Creo en una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra

¿El individualismo de esos líderes y corporaciones traspasa también al ciudadano corriente?

Creo que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, no podrán ya no perdonar, sino tan siquiera comprender, nuestra estupidez y nuestra irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno. Nuestra herencia está siendo dejar una Tierra con mucho sufrimiento y literalmente inhabitable, porque no se puede vivir en un sitio donde se alcanzan los 50 o 60 grados centígrados. Los países más ricos pueden intentar bajar sus termostatos, pero dejan un rastro de injusticia ecológica en los países pobres.

Y además, en los países ricos crecen las actitudes contra los migrantes. ¿Europa ya no es un continente de acogida?

Europa tiene una deuda enorme hacia los países de donde provienen migrantes y las políticas de algunos países, como Italia, contra ellos, son una vergüenza y un escándalo para Europa. El derecho a emigrar fue inventado por Francisco de Vitoria en 1539 para legitimar la conquista de América, donde los países europeos produjeron un genocidio. De los 100 millones de personas que habitaban en el continente americano, solo cinco millones sobrevivieron.

El derecho a emigrar ha sido la base del colonialismo y también ha formado parte de las ideas de pensadores liberales como John Locke, que defendía el derecho a emigrar a las“tierras incultas” de América. Hoy en día la transformación en delito de la migración de esta gente, que son los descendientes de los que han sido depredados y esclavizados, es una verdadera vergüenza.

¿Cómo se le ponen límites a estos millonarios y tiranos que no aceptan los límites?

Los límites se ponen introduciendo garantías. Ante todo, se tiene que transformar la Carta de la ONU en una Constitución rígida, que esté por encima las otras constituciones, también las estatales, y que sea capaz de anular las leyes o tratamientos liberticidas de los estados. Toda Constitución se basa en límites y vínculos desde la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. No hay Constitución sin garantía de los derechos y separación de los poderes, que son las dos cosas que el fascismo y todos los populismos tienden a negar.

¿Cuál sería el primer objetivo de esta transformación de la ONU?

La paz y la garantía de los principios universales. La paz se debe garantizar a través de la prohibición y castigo como crimen contra la humanidad, severamente punido, de la producción y comercio de armas. No solamente las armas nucleares, sino todas las armas. Sin armas, la guerra sería imposible. No tener armas es una garantía de la seguridad.

En cada guerra, en cada asesinato y en cada acto de terrorismo está la corresponsabilidad moral de estos productores de muerte, porque las armas se producen para matar. Citando la teoría de Hobbes, tenemos que pasar del estado de naturaleza al estado civil, y esto se produce con el desarme y la desaparición de los ejércitos nacionales. La fuerza correspondería a la ONU y a las policías estatales y municipales. Esta es la norma fundamental de un nuevo ordenamiento jurídico y de una democracia constitucional. Un mundo pacificado podría resolver otros conflictos.

No tener armas es una garantía de seguridad

¿Cómo se puede forzar a los Estados a creer en esta constitucionalización de la ONU?

Creo que en este sentido España tiene un papel importante a jugar. España es el país más avanzado de Europa en la defensa del derecho internacional. Sería una contribución histórica a la salvación de la humanidad y un factor de prestigio que España propusiera una reforma en el sentido de la constitucionalización de la ONU, para tomarse así en serio el derecho positivo que ha sido violado por la falta de garantías.

La verdadera polis hoy es el mundo, la humanidad entera. Y sus verdaderos adversarios son los poderes salvajes y los que defienden las fronteras, expulsar a los inmigrantes. Por ello hay que constitucionalizar los derechos fundamentales una Constitución de la Tierra.

¿Cómo se garantizarían en su proyecto los derechos sociales como la Educación o la Salud?

Se puede articular con una Federación de la Tierra, que es un federalismo diferente al tradicional. No es un federalismo estatal, no tenemos necesidad de un Estado global, sino que lo que se debe universalizar son las garantías, los vínculos y los controles. La función del gobierno y el mercado es la esfera que debe ser confiada a los Estados, pero con la obligación de garantizar la alimentación básica, la educación o la salud. Una renta pública de ciudadanía universal, con un salario mínimo garantizado, sería una manera de emancipar el trabajo de la mera supervivencia.

¿En su propuesta, el Tribunal Internacional de Justicia tendría poder coercitivo para imponer sus decisiones?

Naturalmente, se prevé como garantía secundaria. Las garantías secundarias son las garantías jurisdiccionales, cuya jurisdicción debe ser obligatoria y debe decidir sobre medidas de protección de los derechos y de los bienes fundamentales. La Corte Penal Internacional también debe ser transformada en una jurisdicción obligatoria para algunos crímenes, como por ejemplo el apartheid de género: a las mujeres, que son media humanidad, se las oprime y discrimina por ser mujeres en países como Afganistán o Irán.

Nuestros nietos no nos podrán perdonar la irresponsabilidad que ha transformado este planeta en un infierno

Me gustaría terminar con unas preguntas sobre su país. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha sido derrotada en el referéndum sobre la reforma de la judicatura. ¿Cómo ha visto todo este proceso?

La derrota de la primera ministra, afortunadamente, ha sido un respaldo a la razón. Su reforma era un primer paso hacia la subordinación del poder judicial al ejecutivo y contra la separación de los poderes. Aunque el texto de la reforma era confuso, ella misma [Meloni] dejó claras sus intenciones al asegurar que después de la reforma no existirían “sentencias absurdas”, es decir, que ya no habría sentencias que desagradaran al Gobierno.

Su derrota y su alianza con Trump están desvelando el carácter autoritario de su Gobierno, cuyo partido es heredero del fascismo. El Ejecutivo de Meloni no ha hecho ninguna reforma en favor de los ciudadanos pobres, sino que está aplicando medidas de seguridad de forma compulsiva para limitar el pensamiento y el libre ejercicio de derechos. Su política hacia los migrantes es vergonzosa.

¿Tiene algo de esperanzador esa derrota de Meloni?

¡Sí! Creo que llega un momento donde la gente ve que la mistificación del gobierno sin límites y del autoritarismo solo conduce al colapso. La gente, al final y puede que no toda, pero ve que hay cosas que son inmorales. Y las acciones de muchos líderes autoritarios alimentan la inmoralidad. Además de tomar conciencia, hay que proponer: yo creo en un replanteamiento y una refundación de la Unión Europea y de la ONU sobre la base de la Constitución de la Tierra. Una Europa social, que abriera sus fronteras por la deuda que tiene con el resto de la humanidad, que fuera garantía de derechos y con una renta de ciudadanía por todos cambiaría las tornas del continente y contestaría a los nacionalismos y los populismos.

El 11 de agosto de 1975, el militante nacionalista Moncho Reboiras fue asesinado a tiros por la policía en Ferrol. Se convirtió en la última víctima mortal de la dictadura en Galicia. Un mes y medio después, el 28 de septiembre, su hermano Manuel era detenido y torturado en Padrón. Medio siglo más tarde, la suya fue la primera querella contra crímenes del franquismo admitida a trámite por un juzgado gallego. Hoy, es la única que “sigue viva”, debido a los obstáculos que la justicia sigue interponiendo a estas causas, hasta el punto de merecer un toque de atención de la ONU. A Moncho, desde hace un mes, lo recuerda en el centro de Santiago una estatua pagada por suscripción popular. El monumento no tardó en sufrir actos vandálicos y el candidato del PP ha prometido retirarlo si llega a la alcaldía.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el centro para la defensa de los derechos humanos Iridia y la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) impulsaron al menos 18 casos en los tribunales que se toparon con problemas para la instrucción. Eso fue lo que motivó su queja ante la ONU que cuatro relatores recogieron en una declaración conjunta para recordar al Gobierno español que “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

El documento recoge varias causas gallegas, empezando por el asesinato de Moncho “en un contexto de crímenes de lesa humanidad”. La querella de su familia contra 26 agentes fue archivada por los juzgados de Ferrol. Tras agotar todos la vía judicial –incluido el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional–  se interpuso denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La misma suerte siguió la demanda de Xosé María Brañas Pérez, detenido en Lugo y torturado en A Coruña en el mismo operativo que acabó con Reboiras. También las de los vigueses Jesús Vázquez González y Francisco Domingo García Montes, torturados en la comisaría de su ciudad. En febrero, cuando los relatores redactaron el informe que se acaba de conocer, su caso estaba pendiente de que el juzgado se pronunciase sobre su admisión. Hoy, según confirma Irene A. Francés, integrante del equipo jurídico de Ceaqua en Galicia, ya espera que el Constitucional se pronuncie sobre su recurso de amparo.

Es por eso que la única “causa viva” en Galicia, según Francés, es la de Manuel Reboiras. Aquel 28 de septiembre del 75, cuando tenía 18 años, fue detenido durante un día y torturado en el cuartel de la Guardia Civil de Padrón (A Coruña). Unos meses después, el 18 de junio de 1976, ya muerto el dictador, era arrestado de nuevo y sometido a torturas en la comisaría de policía de Vigo (Pontevedra).

Ceaqua presentó la querella de Manuel en octubre de 2024, denunciando un delito de torturas en concurso con un delito de lesa humanidad. “Lo presentamos por su detención en Vigo, en el Monte do Castro pero, en el relato de los hechos, hablamos también de su detención previa, en Padrón”, relata la letrada. “El juzgado de Vigo no admitió la causa pero se inhibió de las actuaciones sobre lo sucedido en Padrón y se lo pasó al juzgado de la localidad. Esta es la única parte que aún sigue abierta”. La otra, la tortura en la comisaría viguesa, llegó hasta la apelación a la Audiencia y fue trasladada al Comité contra la Tortura de la ONU.

“Lo que trasladan los relatores de la ONU es la ausencia de investigación en casos denunciados ante los juzgados. No se está cumpliendo la obligación de perseguir, investigar y enjuiciar los crímenes internacionales cometidos en su territorio. Seguimos chocando contra un muro de impunidad”, explica por teléfono Francés a elDiario.es.

La comunicación señala que, cuando estas causas se archivan, se hace basándose en normativas internas como la Ley de Amnistia o la prescripción de delitos, algo que “el derecho internacional no permite aplicar a crímenes internacionales, de lesa humanidad y que afectan a los derechos humanos”.

La abogada achaca “a los tres poderes del Estado” la “falta de voluntad” para aplicar ese derecho internacional: “el Judicial archiva, el Ejecutivo no responde y el Legislativo sigue sin derogar la Ley de Amnistía, mantiene una Ley de Secretos Oficiales en la que falta transparencia y normativas como la Ley Mordaza”.

La estatua de Moncho

El 18 de abril se inauguró en la Carreira do Conde de Santiago, una transitada calle peatonal en el límite entre la Alameda, el Casco Histórico y el Ensanche, la estatua en homenaje a Moncho Reboiras. Esculpida en bronce, a tamaño natural, fue sufragada por las aportaciones de unas 200 personas. Su inauguración estuvo presidida por la alcaldesa de la capital gallega, la nacionalista Goretti Sanmartín.

Reboiras tenía 25 años cuando fue asesinado por la policía. Era un destacado militante de la UPG –la formación que hoy nuclea el BNG– muy activo tanto en el ámbito político como en el sindical, defensor de la creación de un frente armado para combatir el franquismo. Su figura se elevó rápidamente a la categoría de mito. En 2009, el gobierno lo reconoció como víctima de la dictadura.

Su figura comenzó a ser reivindicada, con libros como Reboiras. O camiño da rebeldía, del historiador Xurxo Martínez y el periodista Xosé Manuel Pereiro, donde se desmontan tanto la hipótesis del tiroteo como del suicidio del activista, que falleció con tres balas en la espalda. Las fundaciones Moncho Reboiras, Galiza Sempre y Terra e Tempo colocaron en diciembre un busto en su honor en Lugo, al lado del Centro Cultural O Vello Cárcere, la antigua prisión de la ciudad, convertida en símbolo de memoria. Allí ondeaba la bandera palestina que la popular Elena Candia ordenó retirar tres horas después de hacerse con el gobierno local con la ayuda de una tránsfuga.

Mientras el busto lucense no generó gran controversia, la estatua compostelana –impulsada por las mismas entidades– estuvo desde el primer momento en el centro de la polémica. Tres días después de su inauguración, la número dos del PP gallego, Paula Prado, tildó a Reboiras de “delincuente” en el Parlamento gallego. “Al único delincuente al que se le ha hecho un homenaje” y “se han dado honores” en la Cámara es “al asesino fascista Manuel Fraga”, le replicó el diputado del BNG Paulo Ríos. La Iniciativa Galega pola Memoria pidió, sin éxito, a Prado que retirase sus palabras. La respuesta desde las filas populares llegó del candidato a la alcaldía, Borja Verea, quien prometió retirarla si llega a alcalde ya que considera que “divide” a la sociedad compostelana.

Verea “retó” a la regidora a que explicase “cuál es la vinculación de Reboiras con Santiago”. Sanmartín respondió que el pleno municipal alcanzó un acuerdo “mayoritario” para rendir homenaje a Reboiras y, por eso, el ayuntamiento colaboró “en su colocación”, después de que la comisión de Patrimonio propusiese varias ubicaciones. “El PP usa la mentira y la difamación. Es un tema de memoria histórica. Reboiras fue el último asesinado por la dictadura franquista en Galicia”, concluyó.

Dos semanas después, la estatua apareció vandalizada con pintura roja. A sus pies, un texto en árabe: “No hay Dios sino comunismo. La democracia y la libertad no se consiguen con violencia, el terrorismo nunca es la solución. Los antifascistas del presente son los fascistas del futuro”. La Fundación Moncho Reboiras lo consideró un “atentado fascista”. Acusó al PP de provocar un “efecto llamada”. Prado condenó “cualquier vandalización” pero dejó claro que, en su opinión, el monumento “rompió la convivencia”.

La protección del derecho a la huelga forma parte de las garantías reconocidas por el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó este jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo órgano judicial de la ONU, en una esperada interpretación que pone fin a una pelea de décadas entre empleadores y sindicales a nivel mundial.

En una opinión legal no vinculante, la Corte sostuvo que el derecho a la huelga de los trabajadores y de sus organizaciones está protegido por el Convenio núm. 87 de la OIT, adoptado en 1948, relativo a la libertad sindical.

Según esta resolución, el “sentido ordinario de los términos pertinentes del Convenio, interpretados de buena fe, en el contexto y a la luz del objeto y fin del tratado”, demuestra que la protección de la libertad sindical incluye también la protección del derecho de huelga.

No obstante, la Corte precisó que esta interpretación no define el “contenido concreto, el alcance o las condiciones de ejercicio de ese derecho”, cuestiones que continúan dependiendo de legislación nacional en los Estados y de los mecanismos internacionales competentes.

El tribunal también destacó que los órganos de control de la OIT han reconocido de manera progresiva el derecho de huelga como parte de las garantías del Convenio núm. 87, una posición que, subrayó, mantienen desde hace varias décadas.

Asimismo, recordó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera desde “hace más de 25 años que la protección del derecho de huelga está comprendida dentro de la libertad de asociación” reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Una disputa alargada durante años

Esta opinión llega tras más de una década de controversia dentro de la OIT sobre el alcance del Convenio 87 relativo a la libertad sindical, adoptado en 1948.

Aunque el texto del convenio no menciona expresamente el derecho de huelga, los órganos de supervisión de la OIT sostuvieron durante décadas que este derecho forma parte de la libertad sindical y de la capacidad de los trabajadores para defender de forma colectiva sus intereses.

La disputa se intensificó en 2012, cuando el grupo de empleadores dentro de la OIT cuestionó esa interpretación y argumentó que los Estados miembros nunca incluyeron explícitamente el derecho de huelga en el convenio, lo que provocó un bloqueo institucional en los mecanismos de supervisión laboral de la organización.

Ante la falta de consenso entre gobiernos, sindicatos y empleadores, el Consejo de Administración de la OIT decidió en 2023 solicitar una opinión consultiva a la CIJ para aclarar si el derecho de huelga está protegido por el Convenio 87.

Durante las audiencias celebradas en octubre del año pasado en La Haya, numerosos Estados y organizaciones internacionales defendieron que el derecho de huelga constituye un elemento inseparable de la libertad sindical y una herramienta esencial para la negociación colectiva.

En su opinión consultiva, la CIJ concluyó que la protección de la libertad sindical prevista en el Convenio 87 abarca también el derecho de huelga.

La resolución de la CIJ es de gran importancia para el derecho internacional laboral, ya que refuerza el reconocimiento de la huelga como instrumento fundamental de acción colectiva y podría influir en futuras decisiones judiciales y legislativas en distintos países.

“La crisis en Oriente Medio está afectando cada vez más al empleo, las condiciones de trabajo y los ingresos más allá de la región”, advierte este lunes la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En un informe publicado este 18 de mayo, la entidad laboral de Naciones Unidas prevé posibles pérdidas de horas de trabajo por el conflicto internacional que equivalen a 14 y 38 millones de empleos a nivel mundial en 2026 y 2027, respectivamente, con una especial afectación en los Países Árabes, seguidos de la región de Asia y Pacífico.

La OIT proyecta varias consecuencias laborales debido a la guerra en Irán que, aunque “tardarán en materializarse”, la entidad advierte de que hay perturbaciones que ya se están transmitiendo a través de “múltiples canales”, como el aumento de los precios de la energía, la interrupción de las rutas de transporte, las tensiones en las cadenas de suministro, la debilidad del turismo y las restricciones a la migración.

Esto, en “una economía mundial aún marcada por un crecimiento débil y déficits de trabajo decente”, se prevé que afecte tanto a la intensidad de empleo, como a los salarios y al nivel de desempleo a nivel mundial.

Menos empleo, menos salario y más paro

La OIT sitúa un escenario ilustrativo en el que los precios del petróleo aumentan alrededor de un 50% por encima de su promedio de principios de 2026. Con este contexto, prevé que las horas de trabajo a nivel mundial disminuyan un 0,5% en 2026 y un 1,1% en 2027, lo que equivale a 14 millones y 38 millones de empleos a tiempo completo, respectivamente. Además, calcula que los ingresos laborales reales disminuirían un 1,1% y un 3% en estos años.

Por su parte, estima que el desempleo mundial aumentará de forma más gradual, con incrementos de 0,1 puntos porcentuales en 2026 y 0,5 en 2027.

Los efectos serán “muy desiguales entre regiones, sectores y trabajadores”, apunta la OIT, que señala los Estados Árabes y a las regiones de Asia y el Pacífico como las más expuestas debido a su integración con los flujos energéticos del Golfo, las rutas comerciales, las cadenas de suministro y la migración laboral.

Los cálculos de la OIT señalan que alrededor del 40% del empleo en los Estados Árabes y el 22% en Asia y el Pacífico se encuentra en la categoría de alta exposición, mientras que un 23% y un 62% adicionales de los empleados se enfrentan a una exposición media, respectivamente.

Por sectores, la OIT destaca que los empleos en transportes son los más expuestos (con un 52% con alta exposición), seguidos de la manufactura (23%) y la agricultura (18%).

Aunque la alta exposición es menos frecuente en África, América, Europa y Asia Central, “esto no significa que estas regiones no se vean afectadas, sino que su empleo está menos directamente vinculado a la crisis energética específica que se recoge en este análisis”, recoge el estudio.

El análisis explica que es poco probable que los trabajadores de los sectores y países con un bajo nivel de exposición vean afectado su empleo por interrupciones en el suministro o por el aumento de los costes de los insumos; sin embargo, los trabajadores con un nivel de exposición medio o alto “corren un mayor riesgo de sufrir algún cambio en su situación laboral”. Además, “todos los trabajadores podrían verse afectados por la inflación y los efectos macroeconómicos de segunda ronda”, avisa el estudio.

“Más allá de su costo humano, la crisis en Oriente Medio no es una perturbación de corta duración. Es un choque de evolución lenta y potencialmente duradera que transformará gradualmente los mercados de trabajo”, señaló Sangheon Lee, economista jefe de la OIT y autor del informe Actualización de mayo de 2026 sobre las tendencias sociales y del empleo: Aumento de los riesgos para los mercados de trabajo debido a la crisis en Oriente Medio.

“El mundo del trabajo es uno de los principales canales a través de los cuales las perturbaciones mundiales se convierten en impactos humanos. Lo que comienza como un choque externo termina llegando a los trabajadores y a las empresas, y puede dejar cicatrices más profundas al debilitar las condiciones que hacen que el trabajo sea decente, seguro y protegido”, añadió Lee.

Efectos en países árabes mayores que en la pandemia

La OIT destaca los posibles efectos en los Estados Árabes, los más directamente expuestos debido a las perturbaciones relacionadas con el conflicto, los daños a la actividad económica, el desplazamiento de población, los choques energéticos y comerciales, y la presión sobre los trabajadores migrantes y los refugiados.

Las horas de trabajo totales podrían disminuir un 1,3% en un escenario de desescalada rápida, alcanzar el 3,7% en un escenario de crisis prolongada y el 10,2% en un escenario de grave escalada. Este último supone una disminución de “más del doble de la registrada durante la pandemia de COVID-19 en 2020”, destaca la OIT, cuando las horas de trabajo disminuyeron en un 4,4%.

“En Asia y el Pacífico, la dependencia de la energía importada y de la migración laboral vinculada al Golfo está generando efectos de contagio visibles en varias economías clave”, apunta la organización internacional. En el conjunto de la región, se prevé que las horas de trabajo disminuyan un 0,7% en 2026 y un 1,5% en 2027, mientras que los ingresos laborales reales podrían caer un 1,5% y un 4,3%, respectivamente.

Además, la OIT señala que el “efecto de contagio” está ejerciendo presión sobre la migración y las remesas. Señala que desde el inicio de la crisis, “las contrataciones laborales hacia los países del Consejo de Cooperación del Golfo han disminuido considerablemente en varias economías de origen, mientras que las repatriaciones están aumentando”. “Esto refleja interrupciones de vuelos, preocupaciones de seguridad y una menor demanda de mano de obra en la construcción, la hostelería y el transporte”, añade.

Los flujos de remesas, una fuente clave de ingresos para muchos hogares y comunidades en Asia meridional y Asia sudoriental, tamb´ién han comenzado a debilitarse, con señales tempranas de contracción en algunos países.

El viaje de Jerusalén Este a Amán debía ser fácil: un pequeño trecho en coche hasta el mar Muerto, luego cruzar el control fronterizo y llegar sin demora a la capital jordana.

Pero a los trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) el recorrido les parecía impenetrable. Era comienzos del verano de 2024 e intentaban proteger un archivo documental ingente y muy importante que recogía décadas de la historia palestina reciente.

La UNRWA encaraba el final de una operación de 10 meses para salvaguardar sus archivos de Gaza y Jerusalén Este. Había sido una maniobra muy delicada y también peligrosa, en ocasiones. Participaban decenas de trabajadores de la agencia en cuatro países, había conllevado desplazamientos para rescatar documentos a zonas de bombardeos, llevar sobres sin membrete de Egipto y sacar un material precioso en cajas mediante aviones militares.

Destruirlos habría sido catastrófico... Si alguna vez se llega a una solución justa y duradera para el conflicto, esta sería la documentación que demostraría que los palestinos vivieron en un lugar determinado

Roger Hearn — alto cargo UNRWA y responsable de la operación

El tiempo se acababa. Israel se había organizado para echar a la UNRWA del vasto recinto que ocupaba en Jerusalén Este, un objetivo buscado también por grupos derechistas.

La relevancia de los archivos de la UNRWA es evidente. Muchos detallan las experiencias de los palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus hogares durante las guerras que dieron pie a la fundación de Israel, en 1948.

“Destruirlos habría sido catastrófico... Si alguna vez se llega a una solución justa y duradera para el conflicto, esta sería la documentación que demostraría que los palestinos vivieron en un lugar determinado”, explica Roger Hearn, alto cargo de la agencia y responsable de la operación.

La UNRWA no debería tener que hacer este tipo de esfuerzos clandestinos, pues su misión fundacional en 1949 era proveer atención sanitaria, comida y educación a unos 750.000 refugiados palestinos.

Al comienzo de la guerra de Gaza, que siguió al sorpresivo ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, los archivos de la organización estaban diseminados por los países en los que tiene sede en Oriente Medio. En sus instalaciones en Ciudad de Gaza estaban las tarjetas de registro originales de los refugiados palestinos que huyeron a la Franja en 1948 en busca de seguridad, así como certificados de nacimiento, matrimonio y defunción que se remontaban a varias generaciones. Con estos, los palestinos descendientes de aquellos que se vieron obligados a abandonar sus hogares podrían documentar que sus orígenes familiares están en lugares que hoy son Israel.

Pese a que hubo varias iniciativas para digitalizar los documentos, cientos de miles de registros solo se conservan en papel, lo que los hace vulnerables al fuego, las inundaciones o la destrucción deliberada.

Había un riesgo real de que los israelíes entrasen y los destruyesen, o de que quedasen arrasados por un incendio, una explosión o lo que fuese

Sam Rose — director interino de la UNRWA en Gaza

Jean-Pierre Filiu, profesor de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Ciencias Políticas de París que visitó Gaza durante la guerra, juzga que los documentos son “cruciales para la experiencia palestina”.

“Hay testimonios de la gente que fue obligada a huir en 1948, de dónde vinieron, cuáles eran sus propiedades, qué se destruyó. A Gaza llegaron de toda Palestina 200.000 personas entre 1948 y 1949”, recuerda.

Israel lleva décadas de hostilidad contra la UNRWA, a la que acusa de darles esperanzas a los palestinos de volver a sus hogares al reconocerles la condición de refugiados a los descendientes de los que huyeron originalmente. También acusa a la agencia de usar en sus escuelas libros de texto que promueven visiones antiisraelíes y antisemitas.

Tras los ataques de Hamás en 2023, Israel adujo que hubo miembros de la agencia que participaron en el ataque. La UNRWA despidió a nueve personas al cabo de una investigación.

La primera fase de la operación de rescate de documentos fue dramática y arriesgada.

Días después de invadir Gaza, Israel ordenó evacuar las oficinas de la UNRWA en Ciudad de Gaza. Los trabajadores internacionales se marcharon en solo unas horas, sin poder llevar consigo los archivos.

“Había un riesgo real de que los israelíes entrasen y los destruyesen, o de que quedasen arrasados por un incendio, una explosión o lo que fuese”, indica Sam Rose, director interino de la UNRWA en Gaza.

El sistema de registro digital de la UNRWA se había tenido que desactivar temporalmente por un intento de piratería informática tan solo unos meses antes, y cundía el miedo ante la posibilidad de que otro ciberataque borrase los registros ya escaneados.

“Hubo un período muy peligroso en el que los ciberataques se repetían. Atacaban muchas, muchas veces al día y pensamos de verdad que podían destruir tanto los originales como las copias que habíamos hecho. Y todo se habría perdido sin remedio”, recuerda Hearn.

Un pequeño equipo de cargos de la UNRWA alquiló unas camionetas parar volver al extenso complejo de la agencia en Ciudad de Gaza pese a la inmisericorde ofensiva israelí, que bombardeaba y lanzaba fuego de artillería sin descanso. El equipo hizo tres viajes para llevar los papeles a un almacén de alimentos en Rafah, en la frontera con Egipto.

Pero El Cairo no permitía sacar los archivos de Gaza sin consultar antes a Israel. Los cargos de la UNRWA estaban seguros de que Israel, que había impuesto un bloqueo casi absoluto sobre la Franja, se daría cuenta inmediatamente de la importancia de los documentos y los incautaría o rechazaría su traslado. Cuando Israel invadió Líbano en 1982, su Ejército retiró los archivos de la Organización para la Liberación de Palestina de su sede en Beirut.

Así que se encargó a los cargos de la UNRWA que tenían pasaporte internacional que se hiciesen con los archivos sin ser vistos.

“Si paraban a alguien en la frontera, decían simplemente que era papeleo. Había que sacar montañas [de documentos]. Todo el mundo llevaba algo encima”, señala.

Los documentos se cotejaron en Egipto a lo largo de los seis meses siguientes y luego los trasladó una ONG jordana a bordo de los aviones militares del país que volvían a Amán tras entregar ayuda humanitaria en Gaza. Los últimos paquetes salieron tan solo dos semanas antes de que los tanques israelíes entrasen en Rafah para hacerse con la ciudad, en mayo de 2024, y bloqueasen las salidas.

Con todo, todavía quedaban por rescatar varios compendios de documentos igualmente importantes en la sede de la agencia en Jerusalén Este.

A las pocas semanas de dar comienzo a la guerra, Israel había vuelto a insistir de forma más intensa en la acusación de que la UNRWA colaboraba con Hamás y emprendió una campaña de bloqueo y acoso a la agencia. El complejo de Jerusalén Este ya había sido objeto a principios de 2024 de varias protestas y una serie de ataques incendiarios que causaron daños importantes. Al tiempo, cobraban fuerza las iniciativas para expulsar a la agencia de la ONU.

“Nos amenazaron con que perderíamos el acceso [a nuestras oficinas] en Jerusalén Este”, indica Rose.

Los intentos por convencer a las misiones diplomáticas más amistosas de que guardasen los archivos cayeron en saco roto. El tiempo se acababa, así que los trabajadores se los fueron llevando a lo largo de varios meses a las oficinas de la UNRWA en Jordania. Israel aprobó en enero de 2025 una ley que vetó a la agencia en los Territorios Ocupados y del propio Israel.

Esto llevó a una nueva iniciativa, de carácter extensivo, que se lanzó desde Amán, con financiación mayoritariamente de Luxemburgo. Más de 50 trabajadores de UNRWA se dedicaron a escanear a mano numerosas tarjetas de registro de refugiados tamaño postal junto con millones de artículos en un sótano estrecho y apretado.

“Ahora [los archivos] están fuera de Palestina, pero al menos están protegidos”, apunta Filiu.

La UNRWA ha digitalizado ya casi 30 millones de documentos con los que espera poder facilitar a los refugiados palestinos sus árboles genealógicos y los documentos relacionados, así como elaborar mapas que expliquen el patrón de los desplazamientos de 1948. Los archivos también permitirán entender mejor los sucesos que rodearon la expulsión y huida de los aproximadamente 750.000 palestinos que fueron desplazados y huyeron entonces. Los cargos de la agencia calculan que el trabajo podría llevar otros dos años.

La doctora Anne Irfan, historiadora del Oriente Medio moderno en el University College London y autora de la recientemente publicada Breve historia de la Franja de Gaza (A Short Story of the Gaza Strip) opina que los documentos suponen un registro vital de la historia nacional palestina.

“Los palestinos son un pueblo sin Estado y sin un archivo nacional unitario... así que el archivo de la UNRWA es especialmente importante para ellos”, explica.

Los archivos digitalizados abren múltiples líneas de investigación de la experiencia de los refugiados palestinos, el papel de la ONU y la comunidad internacional, y elementos esenciales de la política de Oriente Medio en los últimos 80 años, según relata Irfan a The Guardian. “Es una historia muy disputada y con ramificaciones potenciales muy reales en el presente”, defiende.

Un tribunal federal de Washington suspendió este miércoles cautelarmente las sanciones impuestas en 2025 por el Gobierno de Donald Trump contra la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, al considerar que pueden constituir una restricción inconstitucional a la libertad de expresión. El Ejecutivo estadounidense había sancionado a Albanese por defender la actuación del Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyhu, y sus críticas a empresas estadounidenses que colaboran con Israel.

Albanese, que tenía prohibido entrar en Estados Unidos y un bloqueo financiero total en su contra, anunció en su cuenta de X la decisión del juez federal de Washington, Richard León, en virtud de la demanda interpuesta por sus familiares y destacó que la resolución indica que “la libertad de expresión siempre es del interés público”.

La suspensión, que es de carácter temporal, está basada en que las sanciones podrían vulnerar la primera enmienda de la constitución, que protege, entre otros derechos, la libertad de expresión, al estar dirigidas contra el contenido del discurso de Albanese, lo que exige el más alto nivel de escrutinio, de acuerdo con la resolución.

La medida implica que, mientras dure la suspensión, quedan paralizados los efectos principales de las sanciones, incluyendo las restricciones de entrada a Estados Unidos y el bloqueo de activos en el sistema financiero estadounidense, hasta que el tribunal resuelva el fondo del caso.

El 27 de febrero pasado, el esposo de la abogada italiana, Massimiliano Cali, y su hija, ciudadana estadounidense, presentaron la denuncia alegando que debido a las medidas impuestas por el Gobierno de Trump, la experta fue afectada económicamente y quedó sin acceso a su hogar en Washington.

El recurso judicial argumenta que el Gobierno de Trump violó los derechos a la libertad de expresión y el debido proceso consagrados en la Primera, Cuarta y Quinta enmiendas.

El texto de la denuncia insiste en que las sanciones son una “herramienta poderosa” contra las “actividades de terroristas, criminales y regímenes autoritarios”, pero advierte de que “se abusa de ellas cuando buscan silenciar puntos de vista desfavorecidos y violar los derechos constitucionales de personas que no son del agrado del Gobierno”.

A principios de 2026, el Departamento de Estado de EEUU reiteró en un comunicado que las sanciones contra Albanese “son legales y apropiadas” y sostuvo sus denuncias de que la relatora “ha apoyado abiertamente el antisemitismo y el terrorismo, y ha recurrido al lawfare (guerra jurídica)” contra EEUU y sus intereses.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció en julio de 2025 que su país sancionaba a Albanese, quien ha acusado a Israel de cometer crímenes de guerra, incluido un genocidio, en la Franja de Gaza.

“La campaña política y económica de Albanese contra EEUU e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa”, dijo entonces Rubio.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha calificado estas acciones de “inaceptables” y de “peligroso precedente”. Las medidas también han provocado la condena de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, entre otras organizaciones.

Albanese, por su parte, afirmó que estas medidas son “la culminación de un acoso que es realmente innecesario”.

Israel pide encarcelar a la relatora de ONU

Ante la decisión del tribunal se pronunció el embajador de Israel ante la ONU, Dany Dannon, que pidió encarcelar a la relatora. “Ninguna orden interina cambiará el simple hecho de que Francesca Albanese está explotando su posición en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación política contra Israel y Estados Unidos”, aseguró Dannon en un mensaje en X respondiendo al post de la italiana donde celebraba la suspensión de las sanciones. Y añadió: “Albanese debería estar entre rejas”.

El representante israelí acusó a la relatora de la ONU de haber “promovido la persecución de soldados y civiles israelíes y estadounidenses en La Haya” así como haber difundido “mentiras y libelos de sangre”.

“¡Ha brindado apoyo constante a terroristas de Hamás, incluso después de la masacre del 7 de octubre!”, aseguró Dannon en relación a los ataques perpetrados por el grupo en 2023 en territorio israelí que dejaron alrededor de 1.200 muertos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afrontado la crisis del buque del hantavirus recién diezmada por el abandono de la institución de EEUU y Argentina. Precisamente Argentina es uno de los probables focos del contagio inicial de este caso. Y EEUU se ha visto obligado repatriar a 17 ciudadanos desde Tenerife, a uno de ellos con medidas especiales por haber dado un positivo leve, aunque finalmente ha acabado dando negativo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha considerado que la crisis del hantavirus demuestra la necesidad de un dispositivo internacional de salud como es la organización que dirige: “A los virus no les importan nuestras políticas, ni nuestras fronteras ni las excusas que podamos tener”, ha recordado estos días. “La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, ha subrayado también.

Por eso Adhanom ha creído que este brote podría amortiguar los ataques frontales que la internacional ultraderechista encabeza por Donald Trump y Javier Milei dirigen a la OMS. E incluso, reconsiderar su salida. Ambos gobiernos ya se han apresurado a volver a despreciar a la OMS.

El exfuncionario de la organización y exdirector general de la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Alberto Infante, cuenta a elDiario.es que “estas dos administraciones han decidido colocar sus prejuicios por encima de la evidencia de la ciencia y la sensatez. Son poco permeables a lo racional por lo que no cabe esperar a corto plazo que cambien de criterio”.

Este caso demuestra que si no hubiera una OMS, habría que inventarla. La situación de cambio climático, de patrones de distribución de enfermedades y una población que viaja más y a hábitats donde antes no se llegaba, hace más necesario un mecanismo de gobernanza y afrontamiento de los riesgos a escala global

Alberto Infante — Exdirector general la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud,

Con todo, la realidad es que la organización trabaja este 2026 con un presupuesto un 20% menor: ha pasado de 5.300 a 4.200 millones de dólares. La caída ha sido provocada por los 600 millones que EEUU ha dejado de aportar y agravada por los recortes derivados del viraje de muchos estados miembro hacia el gasto en armamento. “A pesar de nuestros esfuerzos, hemos llegado a un punto en el que no tenemos otra opción que reducir nuestros programas y empleados”, llegó a admitir por escrito Adhanom.

Alberto Infante sostiene que “este caso demuestra que si no hubiera una OMS, habría que inventarla”. El médico argumenta que “la situación de cambio climático, de patrones de distribución de enfermedades y una población que viaja más, más veces y a hábitats donde antes no se llegaba, hace más necesario un mecanismo de gobernanza y afrontamiento de los riesgos a escala global”.

En este sentido, el epidemiólogo del Fisabio, Salvador Peiró, explica que “aunque países con buenos sistemas de salud pública, como la Unión Europea, Gran Bretaña, Australia o Nueva Zelanda, no necesiten a la OMS directamente en sus territorios, si la necesitan para reducir los riesgos procedentes de otros países con sistemas más deficitarios”.

El Reglamento Sanitario Internacional

La operación del MV Hondius ha implicado la llegada de un experto de la OMS al buque “para colaborar en la evaluación médica”, la coordinación del “envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países para reforzar la capacidad de realización de pruebas” además de elaborar “las orientaciones operacionales” para el desembarco en Tenerife.

“Este suceso pone de manifiesto la razón de ser del Reglamento Sanitario Internacional” al que están suscritos los países de la OMS como España, subraya el organismo de la ONU. Este reglamento es “el conjunto de normas que definen los derechos y obligaciones de los países a la hora de responder a situaciones de salud pública con capacidad para cruzar fronteras”. Se trata de un “instrumento de derecho internacional legalmente vinculante”, aclara la OMS.

En el mundo actual, con extraordinaria movilidad, la función de escudo de la OMS es muy importante. Y por el otro lado, cuanto peor sea el sistema de salud pública de un país, más papel interno les hace la organización

Salvador Peiró — Epidemiólogo del Fisabio

“El reglamento es una de las fortalezas de la OMS y ha permitido tener unas estipulaciones convenidas gracias a las que se ha podido afrontar esta crisis del hantavirus de manera relativamente rápida y con un mecanismo estipulado y previsible”, aclara Alberto Infante. Así se estableció cuál debía ser el primer puerto de arribada, cómo accedían los expertos y los pasos que había que seguir después. “Ha dado mucha seguridad a las autoridades y al público en un caso con tanta exposición mediática”.

Salvador Peiró resume que la función de escudo exterior de la OMS “en el mundo actual, con extraordinaria movilidad, es muy importante. Y por el otro lado, cuanto peor sea el sistema de salud pública de un país, más papel interno les hace la OMS”. Además, la OMS “realiza toda una serie de trámites necesarios como la clasificación de causas de muerte, la definición de algunas enfermedades o la homogeneización de estadísticas entre países que, si no, no podrían ni mirarse”.

Sin arrepentimiento de los ultras

Así que el mismo director general de la OMS, a la luz de los hechos, vio en esta crisis sanitaria internacional una oportunidad para convencer a EEUU y Argentina de volver al organismo del que, al fin y al cabo, se están beneficiando sin aportar. “Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria”, ha expresado en público.

No hay caso: el presidente de EEUU, Donald Trump, ha insistido en que, lejos de arrepentirse de decretar el día de su toma de posesión la salida de su país de la OMS, está satisfecho: “Me alegro”, ha dicho desde el despacho oval. “Le estábamos dando 500 millones de dólares al año y no nos estaban tratando muy bien. Estaban haciendo diagnósticos equivocados”.

En Argentina —aparte de negar que el contagio del Hondius surgiera en su territorio— el Gobierno de Javier Milei ha arremetido contra la organización: “La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”.

El 15 de mayo se celebra en España el Día de la Familia, una fecha que no está pensada para reconocer a una sola figura del hogar, sino para hablar del papel que tienen las familias en la vida diaria y en la sociedad. La jornada está ligada al Día Internacional de las Familias, una conmemoración que busca recordar que los hogares son un entorno de cuidados, apoyo y convivencia, pero también un lugar condicionado por la situación económica, social y personal de quienes los forman.

La fecha tiene un origen internacional. Fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993 y comenzó a celebrarse cada año desde 1994. La intención era reservar un día del calendario para dar visibilidad a la importancia de las familias y a los cambios que afectan a su realidad. Por eso, el 15 de mayo no se limita a una celebración simbólica: también sirve para llamar la atención sobre cuestiones como la crianza, la pobreza, la educación, la salud, los cuidados y las oportunidades de niños y niñas.

Por qué se celebra el 15 de mayo

El Día Internacional de las Familias se creó para recordar que la familia tiene un peso directo en la vida de las personas y en el desarrollo de las sociedades. No se trata solo de hablar de vínculos personales, sino de entender cómo las condiciones que rodean a un hogar pueden influir en su estabilidad y en el bienestar de sus miembros. La vida familiar no depende únicamente de lo que ocurre dentro de casa, sino también de los recursos disponibles, de los servicios a los que se puede acceder y de las desigualdades que existen alrededor.

Ese es uno de los motivos por los que esta fecha se mantiene cada año. La jornada permite abordar los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a las familias, sin reducirlas a un único modelo. Cada hogar puede tener una composición distinta, pero todos se ven atravesados, en mayor o menor medida, por cuestiones como los ingresos, la educación, la atención sanitaria, los cuidados o el acceso a servicios esenciales.

La reivindicación del Día de la Familia en 2026

En 2026, Naciones Unidas ha propuesto el lema “Las familias, las desigualdades y el bienestar infantil”. Con ese enfoque, la conmemoración dirige la mirada hacia la infancia y hacia el modo en que las diferencias sociales pueden condicionar el futuro de niños y niñas. El planteamiento parte de una idea clara: cuando una familia no cuenta con apoyos suficientes, sus dificultades no se quedan solo en el presente, sino que pueden tener consecuencias a largo plazo.

La falta de respaldo adecuado puede aumentar el riesgo de pobreza en hogares con niños pequeños. Esa situación puede afectar a su salud, a su educación y a su bienestar general. Además, no todas las familias parten del mismo punto. Las dificultades pueden ser mayores cuando se suman desigualdades relacionadas con el género, el origen, la situación migratoria o la discapacidad.

La celebración de 2026 también pone atención en varias brechas que influyen en las oportunidades de la infancia. No se habla solo de dinero. También cuentan el acceso a la escuela, la atención sanitaria, la conexión digital y los servicios básicos. Cuando esos recursos no llegan en igualdad de condiciones, la vida familiar se vuelve más difícil y las opciones de desarrollo de los menores pueden quedar limitadas desde los primeros años.

Por eso, la jornada reivindica la necesidad de contar con políticas orientadas a las familias. Entre las medidas señaladas están las prestaciones por hijos, los permisos parentales, los servicios de cuidado infantil asequibles y la educación temprana. Todas ellas tienen un objetivo común: ayudar a reducir la pobreza, sostener mejor la crianza y favorecer que niños y niñas crezcan con más oportunidades.

En España, el 15 de mayo se entiende dentro de ese marco internacional. La fecha sirve para recordar la importancia de las familias, pero también para señalar que su bienestar no depende solo del esfuerzo de cada hogar. Las condiciones sociales, los apoyos disponibles y la reducción de las desigualdades son parte central de lo que se celebra y se reivindica en esta jornada.

En octubre de 1977, el Parlamento español daba luz verde a la Ley de Amnistía, celebrada entonces, tras casi cuatro décadas de dictadura, como uno de los hitos de la transición en el camino hacia la democracia. Aquella norma, que permitió la liberación de miles de presos políticos y el retorno de los exiliados, acabó blindando en la práctica la impunidad judicial de funcionarios, agentes del orden público y otros responsables de los crímenes cometidos por el aparato franquista. En aras a la “reconciliación” nacional, el texto amnistiaba no solo a las víctimas, sino también a los verdugos, una decisión que colisionaba con el compromiso asumido por España apenas unos meses antes: en abril de ese mismo año, el Estado había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a investigar y garantizar justicia ante las violaciones de los derechos humanos. España, sin embargo, decidió olvidar.

Sobre ello puso negro sobre blanco, en 2014, el relator de la ONU Pablo de Greiff. En un demoledor informe, puso de manifiesto la deuda estructural del país con las víctimas del franquismo, marcada por la ausencia de una política de Estado en materia de verdad, justicia y reparación. Recriminaba, asimismo, que algunos de los capítulos más oscuros de la contienda y el régimen franquista continuaban envueltos en silencio, como los trabajos forzosos de presos, las muertes en bombardeos y los niños robados. Reprochaba la “indiferencia” institucional que delegó en las familias y las asociaciones la exhumación de sus muertos. Y denunciaba las restrictivas interpretaciones que los tribunales habían realizado de la Ley de Amnistía. Pablo de Greiff lo dejó claro: una democracia no se fortalece evitando estos debates, sino afrontándolos, por muy “complejos e incómodos” que sean.

“El derecho a la Justicia ha sido denegado en España”, resume desde Mallorca Catalina Moragues, autora de uno de los quince estudios inéditos sobre memoria democrática que el Govern balear encargó durante la pasada legislatura y que el actual Ejecutivo del PP mantiene sin difundir -según su versión, porque uno de los trabajos está pendiente de ser “enmendado”-. La jurista, la primera autora de los quince estudios 'ocultados' que decide hablar con un medio de comunicación, concede, sin embargo, que el escenario comenzó a cambiar con la ley estatal de memoria democrática de 2022, que, por primera vez, incorpora de forma expresa los principios de verdad, justicia y reparación.

Figura clave para entender el antifranquismo y la lucha obrera en Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) fue elegida en las listas del Partido Comunista en las primeras elecciones municipales democráticas y formó parte del primer despacho laboralista de Balears, desde donde defendió los derechos de los trabajadores en plena Transición. Su trayectoria combina compromiso político, ejercicio del derecho -fue magistrada en la Audiencia Provincial de Palma- y activismo social, y ofrece un testimonio directo sobre la resistencia al franquismo, la construcción del sindicalismo y los retos actuales de la izquierda.

Entre libros e ingente documentación, Moragues recibe a elDiario.es en su vivienda, donde desgrana con precisión jurídica y memoria militante las grietas de un sistema que, a su juicio, continúa sin garantizar plenamente los derechos de las víctimas del franquismo. Moragues sitúa su análisis en el ámbito de la llamada justicia transicional -el marco desarrollado por Naciones Unidas para abordar violaciones masivas de derechos humanos en contextos de dictaduras o conflictos- y analiza hasta qué punto España ha respondido ante los crímenes del régimen franquista a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es contundente: España no solo arrastra el legado de una represión que impuso una memoria oficial que “solo hablaba de los caídos por Dios y por España”, sino que mantiene un bloqueo estructural que impide investigar judicialmente estos crímenes, evidenciando una deuda democrática aún no resuelta.

Su diagnóstico se apoya en el análisis de la práctica judicial de las últimas décadas, durante las cuales tribunales y fiscalías han mantenido una interpretación uniforme que ha impedido aplicar plenamente los estándares internacionales de derechos humanos y abrir la vía penal a estas investigaciones, recurriendo de forma reiterada a dos argumentos: la prescripción de los delitos y la aplicación de la Ley de Amnistía. La jurista asevera que esta interpretación entra de lleno en conflicto con el derecho internacional, que considera imprescriptibles los crímenes contra la humanidad y define la desaparición forzada como un delito permanente mientras no se esclarezca el destino de la víctima. A pesar de que la propia Constitución, en su artículo 10.2, insta a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España, esa cláusula apenas ha tenido efectos en la práctica judicial cuando se trata de investigar los crímenes del franquismo.

¿Qué aborda específicamente su informe?

El estudio analiza las obligaciones que tiene el Estado español, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, para dar respuesta a las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estas obligaciones se encuadran en lo que Naciones Unidas denomina justicia transicional, es decir, el conjunto de mecanismos que deben aplicarse en contextos de transición de un régimen autoritario a uno democrático.

Este marco se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mi trabajo examina hasta qué punto estos principios se han aplicado en España y, más en concreto, en Balears, a raíz de las dos leyes autonómicas de fosas y memoria democrática, tanto desde el punto de vista legislativo como judicial. Y la conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España, es decir, no han sido investigadas judicialmente las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo pese a que existe una obligación internacional de hacerlo.

La conclusión es clara: en lo que respecta al derecho a la justicia, este derecho ha sido denegado en España para las víctimas del franquismo

Los tribunales españoles han venido argumentando que esos delitos estarían prescritos o amparados por la Ley de Amnistía de 1977. ¿Es compatible esa interpretación con el derecho internacional?

No. El derecho internacional establece que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y que la desaparición forzada es un delito permanente, mientras no se esclarezca el destino de la víctima. Por tanto, no se puede cerrar la puerta a la investigación con esos argumentos. Además, hay una cuestión jurídica de fondo que considero especialmente relevante: España ratificó en abril de 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a través de su artículo 2 obliga a los Estados a garantizar recursos efectivos ante violaciones de derechos humanos, es decir, a investigar, perseguir y reparar. Sin embargo, apenas unos meses después, en octubre de 1977, se aprobó la Ley de Amnistía. En su artículo 2.f se incluían los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, la amnistía se extendía también a quienes habían vulnerado derechos humanos.

Desde mi punto de vista, esta inclusión plantea una contradicción clara con el propio Pacto Internacional. Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones, no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. Esa tensión entre el derecho internacional y la normativa interna ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos. Ya lo advirtió en 2014 relator de la ONU Pablo de Greiff: en España este tema se estaba tratando como una cuestión política, cuando debería estar por encima de cualquier interés partidista.

Si el Estado asume la obligación de investigar esas violaciones [del franquismo], no puede al mismo tiempo aprobar una norma que impida hacerlo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha advertido en varias ocasiones de que España contraviene sus obligaciones al aplicar la Ley de Amnistía en estos casos

Javier Pérez Royo, jurista y catedrático de Derecho Constitucional, apunta que si los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no han sido perseguidos en la España democrática no es a causa de la Ley de Amnistía, sino por la interpretación que de la misma han hechos los jueces y magistrados del Poder Judicial en general, y del Tribunal Supremo y del Constitucional en particular. ¿Qué opina? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa interpretación por parte de los tribunales?

Estoy totalmente de acuerdo con él. Miles de denuncias presentadas por víctimas y asociaciones han sido inadmitidas o archivadas sin investigación. Hasta el punto de que puede decirse que la noticia es cuando alguna no se archiva. Esto no responde a decisiones puntuales, sino a una práctica consolidada en el sistema judicial. La consecuencia más importe, la desprotección de las víctimas, lo que supone revictimizarla.

Historiadores como Miguel Ángel del Arco, Paul Preston y Julián Casanova, y el propio informe de elaborado por Pablo Greiff, han analizado cómo el franquismo construyó un relato oficial de la guerra e incluso moldeó los libros de texto y la enseñanza para legitimar la dictadura, imponiendo una narración de vencedores y vencidos.

Efectivamente. Durante la dictadura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados “caídos por Dios y por España”- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años. Consecuentemente, las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador.

Durante la dictatura se desarrolló una memoria de imposición basada en la exaltación de los vencedores -los llamados "caídos por Dios y por España"- y en el silenciamiento sistemático de las víctimas republicanas. Ese relato ocupó el espacio público durante cuarenta años, por lo que las víctimas de los vencidos no comenzaron a ser visibles públicamente hasta después de la muerte del dictador

¿Hasta qué punto la Transición rompió con ese modelo de memoria impuesto por la dictadura?

En términos de justicia no se produjo una ruptura con ese modelo. El Estado no ofreció a los ciudadanos otro relato que no fuera el que existió durante el franquismo. No hubo investigaciones judiciales sobre los crímenes, ni se impulsaron mecanismos como una comisión de la verdad que permitiera esclarecer lo ocurrido de forma institucional. Tampoco se desarrolló una política pública orientada a garantizar el derecho a la verdad desde una perspectiva de derechos humanos.

La Ley de Amnistía tuvo como finalidad principal devolver las libertades a todos y todas aquellos que habían perdido la libertad en su lucha por la democracia. Pero también fue una ley, en cierto, de punto final, con unas consecuencias que todavía hoy perduran. En la práctica, lo que se consolidó fue un modelo basado en la no intervención judicial. Ese vacío inicial ha tenido efectos duraderos: ha condicionado la actuación de los tribunales, ha limitado las posibilidades de las víctimas y ha contribuido a que, décadas después, el acceso a la justicia siga siendo excepcional en lugar de la norma.

¿Se puede decir que hubo un pacto de silencio en relación con los crímenes del franquismo?

Totalmente. Hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado.

Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones libres pasaron la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias. Decían que la amnistía era un acto excepcional justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva. Hay que tener en cuenta que en ese momento había miles de personas encarceladas por motivos políticos, lo que explica en parte el consenso en torno a la amnistía. Pero esa decisión tuvo también consecuencias duraderas: supuso dejar sin respuesta judicial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Durante la transición, hubo un pacto de silencio e inacción respecto a la necesidad de investigar los crímenes y las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil y la dictadura. Fue un acuerdo político y social en el que participaron fuerzas políticas, sindicales y otros actores, orientado a priorizar la estabilidad y el cierre del pasado

Las consecuencias de aquel pacto de silencio siguen siendo muy visibles. A diferencia de otros países que atravesaron procesos similares, en España nunca se desarrollaron mecanismos como una comisión de la verdad, y eso ha condicionado completamente la respuesta judicial a las demandas de las víctimas. Lo paradójico es que los tribunales españoles han avalado la anulación de leyes de amnistía en países como Argentina o Chile, donde sí se han podido juzgar los crímenes de las dictaduras, mientras aquí se sigue utilizando la Ley de Amnistía como un muro para impedir investigaciones.

Es verdad que la Ley de Memoria Democrática de 2022 incorpora explícitamente los principios de verdad, justicia y reparación y obliga a interpretar las normas conforme al derecho internacional y también que la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto una cierta ventana de oportunidad. Pero, en la práctica, eso todavía no ha cambiado de forma sustancial la dinámica judicial previa ni la tendencia al archivo sistemático de las denuncias.

Desde la muerte del dictador hasta bien entrada la década de los noventa se continuaba hablando de una “memoria de reconciliación”. ¿Qué diferencia hay entre la “reconciliación” de la Transición y el concepto de reconciliación en el derecho internacional?

Es importante matizar qué significa realmente ese concepto, que desde luego no se corresponde con la idea de reconciliación que manejan hoy los organismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o los relatores especiales. En el ámbito internacional, la reconciliación no puede construirse sin verdad, justicia y reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, en el caso español, la reconciliación se planteó sobre una lógica distinta, basada en el olvido y en la idea de que “todos fuimos culpables” o de que se trató de una guerra entre hermanos.

Ese enfoque, aunque pudo tener una función política en el contexto de la Transición, implicaba diluir una cuestión fundamental: la diferencia entre víctimas y verdugos. Y una reconciliación basada en el olvido difícilmente puede sostenerse desde el punto de vista de los derechos humanos, porque deja sin resolver cuestiones esenciales como el reconocimiento de las víctimas y la exigencia de responsabilidades. Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación.

Solo el pleno respeto de los derechos humanos genera verdad, justicia, paz y seguridad. En definitiva, la posibilidad de reconciliación

La ley estatal de memoria democrática aprobada en 2007 fue presentada como el primer gran intento institucional de abordar el legado del franquismo, pero juristas, asociaciones memorialistas y organismos internacionales cuestionaron desde el inicio su alcance, principalmente por no declarar la nulidad jurídica de los juicios y sentencias dictados por los tribunales franquistas contra republicanos -algo que sí llegó con la ley de memoria de 2022- así como por el limitado papel que el Estado asumía en la búsqueda de las víctimas. ¿Qué carencias cree que arrastraba aquella norma?

En mi opinión era bastante incompleta, porque hacía descansar sobre las familias la apertura de fosas y la identificación de las víctimas, cuando esta labor, de acuerdo a todos los estándares internacionales, es una obligación del Estado. El propio relator de la ONU Pablo de Greiff criticó duramente este modelo y advirtió de que esa 'privatización' alimentaba la indiferencia institucional. No puede depender de la capacidad o los recursos de una familia recuperar a una víctima de desaparición forzada. Aun así, la ley empezó a desplegarse y generó un cierto impulso, sobre todo en las comunidades autónomas, donde ya existía un movimiento fuerte que pasó de hablar de memoria histórica a memoria democrática, porque estamos hablando de quienes lucharon por la libertad y eso es una columna fundamental de cualquier Estado democrático.

En mi informe explico cómo en Balears, por ejemplo, se creó en 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existían todavía leyes autonómicas ni una Conselleria específica, pero se impulsó como una política pública desde el Govern, adscrita a Asuntos Sociales, con un objetivo muy claro: localizar fosas, asesorar jurídicamente a las familias y acompañar a los municipios. En ese sentido fuimos bastante pioneros, aunque Catalunya ya llevaba algo de ventaja. La Fundación fue clave porque permitió firmar convenios con entidades como la Asociación Memòria de Mallorca y el Fòrum de Eivissa y Formentera, y gracias a ese trabajo previo se pudieron iniciar las primeras excavaciones.

De hecho, en 2014 se llevó a cabo la primera exhumación en Balears, antes incluso de que hubiera una ley. Eso aceleró la aprobación de la ley de fosas de 2016, que por primera vez implicaba que una comunidad autónoma asumiera oficialmente estas actuaciones. Es importante entender este recorrido porque muestra cómo, ante la inacción del Estado, fueron los territorios los que empezaron a construir políticas públicas de memoria.

El informe de la ONU también habla de la escasa atención a la represión específica sufrida por las mujeres. ¿Cree que sigue siendo una dimensión poco abordada?

Sí, aunque en la actualidad el panorama se está modificando en positivo: existen grupos de investigadoras y grupos de divulgación sobre la represión específica durante la guerra civil y el franquismo. Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

Las mujeres fueron invisibilizadas, victimizadas, humilladas y no pudieron llorar a sus muertos, de manera que mientras se nieguen las desapariciones no existe duelo. Porque, ¿cómo se lloran muertos que no existen?

¿Fue el caso Baltasar Garzón un punto de inflexión en el tratamiento judicial de los crímenes del franquismo?

Claramente. Las asociaciones de memoria, entre ellas la Asociación Memòria de Mallorca, decidieron dar un paso adelante cuando vieron que la ley de memoria de 2007 no incluía la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos. Era una ley claramente incompleta. Por eso, en diciembre de 2006, muchas asociaciones de todo el Estado presentaron denuncias por desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional invocando el derecho internacional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El caso recayó en el juzgado número 5, el de Baltasar Garzón.

Pero en enero de 2008, la Fiscalía, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, emitió un dictamen en contra de admitir esas denuncias. Aun así, Garzón dictó un auto en octubre de ese mismo año asumiendo la competencia para investigar los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad e intentando aplicar el derecho internacional. Esa decisión fue recurrida y, en diciembre de 2008, el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió por mayoría que no era competente para investigar. Hubo votos discrepantes que advertían que esa decisión iba en contra de los criterios de la ONU. Y, poco después, Garzón fue perseguido penalmente por haber admitido a trámite estas denuncias. Para mí, eso fue un aviso clarísimo: a partir de ahí, ningún juez se ha atrevido a investigar estos crímenes. Se consolidó un cierre judicial que explica por qué hoy la inmensa mayoría de las denuncias siguen siendo archivadas sin investigación.

A eso se sumó que en 2011, con la llegada de Mariano Rajoy, se eliminó el presupuesto destinado a memoria y se cerró la Oficina de Víctimas que había creado la ley. Es decir, desaparece la estructura institucional y, en la práctica, desaparecen también las víctimas del ámbito público.

¿Se han producido avances reales en los últimos años en materia de memoria democrática?

Sí, tanto en Balears con la ley de memoria democrática de 2018 [recientemente derogada por PP y Vox] como a nivel estatal con la de 2022. En el archipiélago, con la norma se avanzó enormemente en las políticas públicas de memoria. La norma consolidó numerosas iniciativas que ya se habían empezado a impulsar años antes, como las exhumaciones, los mapas de fosas, el reconocimiento institucional de las víctimas o la retirada de símbolos franquistas, y permitió abordar la memoria democrática como una política pública estable y no como actuaciones aisladas.

A nivel estatal, la ley de memoria democrática de 2022 también representa un avance relevante porque incorpora expresamente los principios de verdad, justicia y reparación y establece la obligación de interpretar las normas conforme al derecho internacional. Sin embargo, ese avance normativo no se ha traducido todavía en una transformación sustancial de la respuesta judicial. La creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha abierto también una cierta ventana de oportunidad, aunque de momento no ha alterado el bloqueo judicial de fondo. Seguimos lejos de una respuesta equiparable a la que se ha dado en otros países que sí han afrontado judicialmente los crímenes de sus dictaduras.

¿Cree que el debate sobre memoria democrática sigue siendo visto como una cuestión partidista?

Sí, y ese ha sido uno de los grandes problemas desde la Transición. Se ha tendido a presentar la memoria democrática como una cuestión ideológica o partidista, cuando en realidad estamos hablando de derechos humanos y de obligaciones del Estado. Eso es precisamente lo que criticó el relator de la ONU Pablo de Greiff: que determinados partidos políticos españoles siguieran tratando este tema como un problema político en lugar de abordarlo desde la verdad, la justicia y la reparación. La memoria democrática no consiste en reabrir heridas, sino en garantizar derechos y fortalecer la democracia. Derogar la ley de memoria democrática como ha ocurrido en Balears no es hacer política, ni siquiera mala política, es simplemente vulnerar los derechos humanos y revictimizar a las víctimas. La memoria democrática no es hacer política, es hacer justicia para las víctimas.

L'octubre de 1977, el Parlament espanyol donava llum verda a la Llei d'Amnistia, celebrada aleshores, després de gairebé quatre dècades de dictadura, com una de les fites de la Transició en el camí cap a la democràcia. Aquella norma, que va permetre l'alliberament de milers de presos polítics i el retorn dels exiliats, va acabar blindant, en la pràctica, la impunitat judicial de funcionaris, agents de l'ordre públic i altres responsables dels crims comesos per l'aparell franquista. En nom de la “reconciliació” nacional, el text amnistià no només les víctimes, sinó també els responsables de la repressió, una decisió que col·lidia amb el compromís assumit per Espanya tot just uns mesos abans: l'abril d'aquell mateix any, l'Estat havia ratificat el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que obliga a investigar i garantir justícia davant les violacions dels dreis humans. Espanya, però, va decidir oblidar.

Sobre això va posar negre sobre blanc, el 2014, el relator de l'ONU Pablo de Greiff. En un demolidor informe, va posar de manifest el deute estructural del país amb les víctimes del franquisme, marcat per l'absència d'una política d'Estat en matèria de veritat, justícia i reparació. Recriminava, així mateix, que alguns dels capítols més foscos de la contesa i del règim franquista continuaven envoltats de silenci, com els treballs forçats de presos, les morts en bombardeigs i els nens robats. Retreia la “indiferència” institucional que va delegar en les famílies i les associacions l'exhumació dels seus morts. I denunciava les restrictives interpretacions que els tribunals havien realitzat de la Llei d'Amnistia. Pablo de Greiff ho va deixar clar: una democràcia no s'enforteix evitant aquests debats, sinó afrontant-los, per molt “complexos i incòmodes” que siguin.

“El dret a la Justícia ha estat denegat a Espanya”, resumeix des de Mallorca Catalina Moragues, autora d'un dels quinze estudis inèdits sobre memòria democràtica que el Govern balear va encarregar durant la passada legislatura i que l'actual Executiu del PP manté sense difondre -segons la seva versió, perquè un dels treballs està pendent de ser “esmenat”-. La jurista, la primera autora dels quinze estudis 'ocultats' que decideix parlar amb un mitjà de comunicació, concedeix, però, que l'escenari va començar a canviar amb la llei estatal de memòria democràtica de 2022, que, per primera vegada, incorpora de forma expressa els principis de veritat, justícia i reparació.

Figura clau per entendre l'antifranquisme i la lluita obrera a Mallorca, Moragues (Alaró, 1951) va ser elegida a les llistes del Partit Comunista a les primeres eleccions municipals democràtiques i va formar part del primer despatx laboralista de Balears, des d'on va defensar els drets dels treballadors en plena Transició. La seva trajectòria combina compromís polític, exercici del dret —va ser magistrada a l'Audiència Provincial de Palma— i activisme social, i ofereix un testimoni directe sobre la resistència al franquisme, la construcció del sindicalisme i els reptes actuals de l'esquerra.

Entre llibres i ingent documentació, Moragues rep elDiario.es al seu habitatge, on desgrana amb precisió jurídica i memòria militant les escletxes d'un sistema que, al seu parer, continua sense garantir plenament els drets de les víctimes del franquisme. Moragues situa la seva anàlisi en l'àmbit de l'anomenada justícia transicional —el marc desenvolupat per les Nacions Unides per abordar violacions massives de drets humans en contextos de dictadures o conflictes— i analitza fins a quin punt Espanya ha respost davant els crims del règim franquista a la llum del dret internacional dels drets humans. La conclusió és contundent: Espanya no només arrossega el llegat d'una repressió que va imposar una memòria oficial que “només parlava dels caiguts per Déu i per Espanya”, sinó que manté un bloqueig estructural que impedeix investigar judicialment aquests crims, evidenciant un deute democràtic encara no resolt.

El seu diagnòstic es basa en l'anàlisi de la pràctica judicial de les últimes dècades, durant les quals tribunals i fiscalies han mantingut una interpretació uniforme que ha impedit aplicar plenament els estàndards internacionals de drets humans i obrir la via penal a aquestes investigacions, recorrent de forma reiterada a dos arguments: la prescripció dels delictes i l'aplicació de la Llei d'Amnistia. La jurista sosté que aquesta interpretació entra de ple en conflicte amb el dret internacional, que considera imprescriptibles els crims contra la humanitat i defineix la desaparició forçada com un delicte permanent mentre no s'aclareixi el destí de la víctima. Malgrat que la pròpia Constitució, en el seu article 10.2, insta a interpretar els drets fonamentals conforme als tractats internacionals ratificats per Espanya, aquesta clàusula amb prou feines ha tingut efectes en la pràctica judicial quan es tracta d'investigar els crims del franquisme.

Què aborda específicament el seu informe?

L'estudi analitza les obligacions que té l'Estat espanyol, des del punt de vista del dret internacional dels drets humans, per donar resposta a les violacions massives, sistemàtiques i generalitzades que es van produir durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquestes obligacions s'emmarquen en el que les Nacions Unides denominen justícia transicional, és a dir, el conjunt de mecanismes que s'han d'aplicar en contextos de transició d'un règim autoritari a un de democràtic.

Aquest marc s'articula al voltant de quatre pilars fonamentals: veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. El meu treball examina fins a quin punt aquests principis s'han aplicat a Espanya i, més concretament, a les Balears, arran de les dues lleis autonòmiques de fosses i memòria democràtica, tant des del punt de vista legislatiu com judicial. I la conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya. És a dir, les violacions de drets humans comeses durant el franquisme no han estat investigades judicialment malgrat que existeix una obligació internacional de fer-ho.

La conclusió és clara: pel que fa al dret a la justícia, aquest dret ha estat denegat a Espanya per a les víctimes del franquisme

Els tribunals espanyols han argumentat que aquests delictes estarien prescrits o emparats per la Llei d'Amnistia de 1977. És compatible aquesta interpretació amb el dret internacional?

No. El dret internacional estableix que els crims contra la humanitat són imprescriptibles i que la desaparició forçada és un delicte permanent mentre no s'esclareixi el destí de la víctima. Per tant, no es pot tancar la porta a la investigació amb aquests arguments. A més, hi ha una qüestió jurídica de fons que considero especialment rellevant: Espanya va ratificar l'abril de 1977 el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que, a través del seu article 2, obliga els estats a garantir recursos efectius davant les violacions de drets humans, és a dir, a investigar, perseguir i reparar. No obstant això, tot just uns mesos després, l'octubre de 1977, es va aprovar la Llei d'Amnistia. En el seu article 2.f s'incloïen els delictes comesos per funcionaris i agents de l'ordre públic contra l'exercici dels drets de les persones. És a dir, l'amnistia s'estenia també a qui havia vulnerat drets humans.

Des del meu punt de vista, aquesta inclusió planteja una contradicció clara amb el mateix Pacte Internacional. Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions, no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. Aquesta tensió entre el dret internacional i la normativa interna ha estat assenyalada reiteradament per organismes internacionals, com el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions aplicant la Llei d'Amnistia en aquests casos. Ja ho va advertir el 2014 el relator de l'ONU Pablo de Greiff: a Espanya aquest tema s'estava tractant com una qüestió política, quan hauria d'estar per damunt de qualsevol interès partidista.

Si l'Estat assumeix l'obligació d'investigar aquestes violacions [del franquisme], no pot al mateix temps aprovar una norma que impedeixi fer-ho. El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha advertit en diverses ocasions que Espanya contravé les seves obligacions en aplicar la Llei d'Amnistia en aquests casos

Javier Pérez Royo, jurista i catedràtic de Dret Constitucional, apunta que si els crims de guerra, de lesa humanitat, genocidi i tortura no han estat perseguits en l'Espanya democràtica no és a causa de la Llei d'Amnistia, sinó per la interpretació que de la mateixa han fet els jutges i magistrats del Poder Judicial en general, i del Tribunal Suprem i del Constitucional en particular. Què opina? Quins han estat les conseqüències d'aquesta interpretació per part dels tribunals?

Hi estic totalment d'acord. Milers de denúncies presentades per víctimes i associacions han estat inadmeses o arxivades sense investigació. Fins al punt que es pot dir que la notícia és quan alguna no s'arxiva. Això no respon a decisions puntuals, sinó a una pràctica consolidada dins el sistema judicial. La conseqüència més important és la desprotecció de les víctimes, cosa que suposa revictimitzar-les.

Historiadors com Miguel Ángel del Arco, Paul Preston i Julián Casanova, i el propi informe elaborat per Pablo Greiff, han analitzat com el franquisme va construir un relat oficial de la guerra i fins i tot va modelar els llibres de text i l'ensenyament per legitimar la dictadura, imposant una narració de vencedors i vençuts.

Efectivament. Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors —els anomenats “caídos por Dios y por España”— i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys. Conseqüentment, les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador.

Durant la dictadura es va desenvolupar una memòria d'imposició basada en l'exaltació dels vencedors -els anomenats "caídos por Dios y por España"- i en el silenciament sistemàtic de les víctimes republicanes. Aquest relat va ocupar l'espai públic durant quaranta anys, per la qual cosa les víctimes dels vençuts no van començar a ser visibles públicament fins després de la mort del dictador

Fins a quin punt la Transició va trencar amb aquell model de memòria imposat per la dictadura?

En termes de justícia no es va produir una ruptura amb aquest model. L'Estat no va oferir als ciutadans un altre relat que no fos el que havia existit durant el franquisme. No hi va haver investigacions judicials sobre els crims, ni es van impulsar mecanismes com una comissió de la veritat que permetessin esclarir el que va passar de manera institucional. Tampoc es va desenvolupar una política pública orientada a garantir el dret a la veritat des d'una perspectiva de drets humans.

La Llei d'Amnistia va tenir com a finalitat principal retornar les llibertats a totes aquelles persones que havien perdut la llibertat en la seva lluita per la democràcia. Però també va ser, en certa manera, una llei de punt final, amb unes conseqüències que encara avui perduren. En la pràctica, el que es va consolidar va ser un model basat en la no-intervenció judicial. Aquest buit inicial ha tingut efectes duradors: ha condicionat l'actuació dels tribunals, ha limitat les possibilitats de les víctimes i ha contribuït que, dècades després, l'accés a la justícia continuï sent excepcional en lloc de la norma.

És es pot dir que hi va haver un pacte de silenci en relació amb els crims del franquisme?

Totalment. Hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte de la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrades durant la Guerra Civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat.

Els representants escollits pel poble en unes eleccions lliures van optar per passar pàgina davant la immensa majoria dels greuges i les injustícies. Deien que l'amnistia era un acte excepcional justificat per la raó d'Estat i per la necessitat de fer net i començar de zero. Cal tenir en compte que en aquell moment hi havia milers de persones empresonades per motius polítics, cosa que explica en part el consens al voltant de l'amnistia. Però aquesta decisió va tenir també conseqüències duradores: va suposar deixar sense resposta judicial les violacions de drets humans comeses durant la dictadura.

Durant la transició, hi va haver un pacte de silenci i inacció respecte a la necessitat d'investigar els crims i les greus violacions dels drets humans perpetrats durant la guerra civil i la dictadura. Va ser un acord polític i social en què van participar forces polítiques, sindicals i altres actors, orientat a prioritzar l'estabilitat i el tancament del passat

Les conseqüències d'aquell pacte de silenci continuen sent molt visibles. A diferència d'altres països que van travessar processos similars, a Espanya mai no es van desenvolupar mecanismes com una comissió de la veritat, i això ha condicionat completament la resposta judicial a les demandes de les víctimes. El més paradoxal és que els tribunals espanyols han avalat l'anul·lació de lleis d'amnistia en països com l'Argentina o Xile, on sí que s'han pogut jutjar els crims de les dictadures, mentre aquí se segueix utilitzant la Llei d'Amnistia com un mur per impedir investigacions.

És veritat que la Llei de Memòria Democràtica de 2022 incorpora explícitament els principis de veritat, justícia i reparació i obliga a interpretar les normes conforme al dret internacional, i també que la creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert una certa finestra d'oportunitat. Però, en la pràctica, això encara no ha canviat de manera substancial la dinàmica judicial prèvia ni la tendència a l'arxivament sistemàtic de les denúncies.

Des de la mort del dictador fins ben entrada la dècada dels noranta es continuava parlant d'una “memòria de reconciliació”. Quina diferència hi ha entre la “reconciliació” de la Transició i el concepte de reconciliació en el dret internacional?

Cal matisar què significa realment aquest concepte, que sens dubte no es correspon amb la idea de reconciliació que fan servir avui els organismes internacionals de drets humans, com el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides o els relators especials. Àmbit internacional, la reconciliació no pot construir-se sense veritat, justícia i reconeixement de les víctimes. No obstant això, en el cas espanyol, la reconciliació es va plantejar sobre una lògica diferent, basada en l'oblit i en la idea que “tots vam ser culpables” o que es va tractar d'una guerra entre germans.

Aquest enfocament, tot i que va poder tenir una funció política en el context de la Transició, implicava diluir una qüestió fonamental: la diferència entre víctimes i botxins. I una reconciliació basada en l'oblit difícilment es pot sostenir des del punt de vista dels drets humans, perquè deixa sense resoldre qüestions essencials com el reconeixement de les víctimes i l'exigència de responsabilitats. Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació.

Només el ple respecte dels drets humans genera veritat, justícia, pau i seguretat. En definitiva, la possibilitat de reconciliació

La llei estatal de memòria democràtica aprovada el 2007 va ser presentada com el primer gran intent institucional d'abordar el llegat del franquisme, però juristes, associacions memorialistes i organismes internacionals van qüestionar des de l'inici el seu abast, principalment per no declarar la nul·litat jurídica dels judicis i sentències dictats pels tribunals franquistes contra republicans -cosa que sí va arribar amb la llei de memòria del 2022- així com pel limitat paper que l'Estat assumia en la cerca de les víctimes. Üuines mancances creu que arrossegava aquella norma?

En la meva opinió era bastant incompleta, perquè feia descansar sobre les famílies l' obertura de fosses i la identificació de les víctimes, quan aquesta tasca, d'acord a tots els estàndards internacionals, és una obligació de l'Estat. El propi relator de l'ONU Pablo de Greiff va criticar durament aquest model i va advertir que aquesta 'privatització' alimentava la indiferència institucional. No pot dependre de la capacitat o els recursos d'una família recuperar una víctima de desaparició forçada. Aun així, la llei va començar a desplegar-se i va generar un cert impuls, sobretot a les comunitats autònomes, on ja existia un moviment fort que va passar de parlar de memòria històrica a memòria democràtica, perquè estem parlant dels qui van lluitar per la llibertat i això és una columna fonamental de qualsevol Estat democràtic.

En el meu informe explico com a Balears, per exemple, es va crear el 2009 la Fundació Balear de la Memòria. No existien encara lleis autonòmiques ni una Conselleria específica, però es va impulsar com una política pública des del Govern, adscrita a Afers Socials, amb un objectiu molt clar: localitzar fosses, assessorar jurídicament les famílies i acompanyar els municipis. En aquest sentit vam ser bastant pioners, encara que Catalunya ja portava avantatge. La Fundació va ser clau perquè va permetre signar convenis amb entitats com l'Associació Memòria de Mallorca i el Fòrum d'Eivissa i Formentera, i gràcies a aquesta feina prèvia es van poder iniciar les primeres excavacions.

De fet, el 2014 es va dur a terme la primera exhumació a Balears, abans fins i tot que hi hagués una llei. Això va accelerar l'aprovació de la llei de fosses de 2016, que per primera vegada implicava que una comunitat autònoma assumís oficialment aquestes actuacions. És important entendre aquest recorregut perquè mostra com, davant la inacció de l'Estat, van ser els territoris els que van començar a construir polítiques públiques de memòria.

L'informe de l'ONU també parla de l'escassa atenció a la repressió específica patida per les dones. Creu que continua sent una dimensió poc abordada?

Sí, encara que en l'actualitat el panorama s'està modificant en positiu: existeixen grups d'investigadores i grups de divulgació sobre la repressió específica durant la guerra civil i el franquisme. Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

Les dones van ser invisibilitzades, victimitzades, humiliades i no van poder plorar els seus morts, de manera que mentre es neguin les desaparicions no existeix dol. Perquè, com es ploren morts que no existeixen?

El cas Baltasar Garzón va ser un punt d'inflexió en el tractament judicial dels crims del franquisme?

Clarament. Les associacions de memòria, entre elles l'Associació Memòria de Mallorca, van decidir fer una passa endavant quan van veure que la llei de memòria de 2007 no incloïa l'obligació d'investigar les violacions de drets humans. Era una llei clarament incompleta. Per això, el desembre de 2006, moltes associacions de tot l'Estat van presentar denúncies per desaparicions forçades davant l'Audiència Nacional invocant el dret internacional, com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El cas va recaure en el jutjat número 5, el de Baltasar Garzón.

Però el gener de 2008, la Fiscalia, seguint instruccions del fiscal general de l'Estat, va emetre un dictamen contrari a l'admissió d'aquestes denúncies. Tot i això, Garzón va dictar una interlocutòria l'octubre d'aquell mateix any assumint la competència per investigar els crims del franquisme com a crims contra la humanitat i intentant aplicar el dret internacional. Aquella decisió va ser recorreguda i, el desembre de 2008, el ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional va decidir per majoria que no era competent per investigar. Hi va haver vots discrepants que advertien que aquella decisió anava en contra dels criteris de l'ONU. I, poc després, Garzón va ser perseguit penalment per haver admès a tràmit aquestes denúncies. Per a mi, això va ser un avís claríssim: a partir d'aquí, cap jutge s'ha atrevit a investigar aquests crims. Es va consolidar un tancament judicial que explica per què avui la immensa majoria de les denúncies continuen essent arxivades sense investigació.

A això s'hi va afegir que el 2011, amb l'arribada de Mariano Rajoy, es va eliminar el pressupost destinat a memòria i es va tancar l'Oficina de Víctimes que havia creat la llei. És a dir, desapareix l'estructura institucional i, en la pràctica, desapareixen també les víctimes de l'espai públic.

S'han produït avenços reals en els últims anys en matèria de memòria democràtica?

Sí, tant a les Balears amb la llei de memòria democràtica de 2018 [recentment derogada per PP i Vox] com a nivell estatal amb la de 2022. A l'arxipèlag, amb aquesta norma es va avançar enormement en les polítiques públiques de memòria. La llei va consolidar nombroses iniciatives que ja s'havien començat a impulsar anys abans, com les exhumacions, els mapes de fosses, el reconeixement institucional de les víctimes o la retirada de símbols franquistes, i va permetre abordar la memòria democràtica com una política pública estable i no com actuacions aïllades.

A nivell estatal, la llei de memòria democràtica de 2022 també representa un avanç rellevant perquè incorpora expressament els principis de veritat, justícia i reparació i estableix l'obligació d'interpretar les normes conforme al dret internacional. No obstant això, aquest avanç normatiu encara no s'ha traduït en una transformació substancial de la resposta judicial. La creació de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica ha obert també una certa finestra d'oportunitat, encara que, de moment, no ha alterat el bloqueig judicial de fons. Seguim lluny d'una resposta equiparable a la que s'ha donat en altres països que sí han afrontat judicialment els crims de les seves dictadures.

Creu que el debat sobre memòria democràtica continua sent vist com una qüestió partidista?

Sí, i aquest ha estat un dels grans problemes des de la Transició. S'ha tendit a presentar la memòria democràtica com una qüestió ideològica o partidista, quan en realitat estem parlant de drets humans i d'obligacions de l'Estat. Això és precisament el que va criticar el relator de l'ONU Pablo de Greiff: que determinats partits polítics espanyols continuassin tractant aquest tema com un problema polític en lloc d'abordar-lo des de la veritat, la justícia i la reparació.

La memòria democràtica no consisteix a reobrir ferides, sinó a garantir drets i enfortir la democràcia. Derogar la llei de memòria democràtica, com ha passat a les Balears, no és fer política —ni tan sols mala política—, és simplement vulnerar els drets humans i revictimitzar les víctimes. La memòria democràtica no és fer política: és fer justícia per a les víctimes.

Han pasado más de diez meses desde la imposición de sanciones de Estados Unidos contra la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, contra varios jueces e integrantes de la Corte Penal Internacional y contra varias organizaciones de derechos humanos palestinas. Washington los castiga por cumplir con la obligación que les asigna su puesto: investigar crímenes masivos y defender la aplicación del derecho internacional. Las consecuencias de estas sanciones son profundas. No pueden viajar a Estados Unidos ni usar servicios de empresas estadounidenses, no pueden utilizar sus tarjetas de crédito ni acceder a su dinero en sus bancos, incluidos los europeos.

“Quiero que se entienda por qué sanciones impuestas por otro país tienen efecto en Europa: porque en lo que respecta al sistema bancario, no hay soberanía europea, por eso hoy me pasa a mí, pero mañana podrían sufrirlas miembros de gobiernos o más jueces”, explicó esta semana la relatora de la ONU, Francesca Albanese, quien se ha convertido en un referente internacional en la defensa de los derechos de los palestinos.

Desde la aplicación de las sanciones hace más de diez meses hasta esta semana ningún Gobierno europeo había pedido públicamente a Bruselas la activación del reglamento de bloqueo de la UE, diseñado para proteger a ciudadanos europeos de sanciones de terceros países. El pasado miércoles lo hizo España, a través de una carta enviada por el presidente Pedro Sánchez a la Comisión Europea y de un vídeo colgado en sus redes sociales, en los que solicitaba que este castigo estadounidense no tenga efecto en la Unión Europea.

Ese pronunciamiento de España se produjo ante la visita de Francesca Albanese a nuestro país, donde participó en varios actos públicos y fue recibida por Sánchez, quien le hizo entrega de una medalla al mérito civil. Con la relatora de la ONU pisando suelo español, el silencio gubernamental habría llamado la atención, tras diez meses de sanciones estadounidenses vigentes contra ella y la petición expresa no solo de la relatora y de jueces sancionados, sino también de organizaciones internacionales de derechos humanos y de juristas que han impulsado una campaña desde La Haya solicitando medidas de protección inmediatas.

Solo Eslovenia se ha unido a la petición española a Bruselas para bloquear los efectos de las sanciones estadounidenses, mientras el país de Albanese, Italia, se niega a protegerla. Desde la Comisión Europea no ha habido respuesta. La posición de la mayoría de los integrantes de la UE tiene profundas repercusiones en la preservación del derecho internacional y en la normalización de la impunidad.

Desde la aplicación de las sanciones de EEUU hace 10 meses ningún Gobierno europeo había pedido públicamente la activación del reglamento de bloqueo de la UE, diseñado para proteger a europeos de sanciones de terceros países.

La UE da la espalda al derecho internacional

Hace tan solo dos meses, varios ministros de Exteriores europeos —entre ellos, los de Francia, Alemania, Austria o República Checa— participaron en una campaña de difamación contra la relatora de la ONU para Palestina y pidieron su dimisión, mientras sus países continúan manteniendo estrechas relaciones con Israel y evitan desplegar la protección que merecen los tribunales internacionales. Desde el anuncio de las sanciones estadounidenses hasta hoy, ninguno de esos países ha impulsado acciones coordinadas para proteger a la relatora de Naciones Unidas ni a los jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional sancionados, pese a que entre ellos hay varios europeos y pese a que el reglamento de bloqueo de la UE está diseñado para este tipo de casos.

Desde enero de 2024, las Cortes de La Haya han dado herramientas a los Estados para que actúen siguiendo sus obligaciones, es decir, adoptando medidas para “prevenir y sancionar” el genocidio, tal y como exige la Convención sobre Genocidio. Sin embargo, la Unión Europea mantiene su Acuerdo de Asociación preferencial comercial vigente con Israel, pese a que su artículo 2 exige a las partes respeto a los derechos humanos. Solo Irlanda, Eslovenia, Bélgica y España han presionado para su suspensión. Los relatores de la ONU han indicado que ese paso es “un requisito mínimo”, es decir, que no es la única obligación exigida por el derecho internacional.

Cuando en noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional lanzó órdenes de arresto contra Netanyahu y contra su exministro de Defensa, varios países europeos —entre ellos, Francia— cuestionaron la posibilidad de cumplirlas. Cuando la Corte Internacional de Justicia advirtió en enero de 2024 del riesgo de genocidio en Gaza, ningún país europeo adoptó las medidas obligadas para prevenirlo. Cuando la relatora de Naciones Unidas para Palestina presentó en febrero de 2024 su informe “Anatomía de un genocidio” los países europeos siguieron firmando contratos con empresas armamentísticas israelíes y continuaron con el comercio preferencial con Israel.

A lo largo de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió varias órdenes cautelares, y en julio de ese año solicitó a los países de la ONU “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos” en relación con la “ocupación ilegal” israelí y la “segregación”, nombradas en esos términos por dicho tribunal. Los países europeos no lo hicieron ni entonces ni durante todo 2025, y a día de hoy todos ellos mantienen en mayor o menor medida relaciones con empresas o entidades israelíes que contribuyen directa o indirectamente a la ocupación y al apartheid israelíes.

En octubre de 2025, la Comisión de Investigación Independiente asignada por Naciones Unidas señaló que “hay un genocidio en Gaza desde octubre de 2023” y sus integrantes subrayaron que, desde el inicio, los países tenían la obligación de prevenirlo. Los jueces y juristas de dicha Comisión han indicado que los Estados deben suspender cualquier relación que favorezca la ocupación ilegal israelí, y que eso incluye la obligación de retirar de sus embajadas en Israel a sus agregados militares y cerrar sus oficinas comerciales en el país, entre otras medidas. Nada de esto se ha adoptado aún.

Los países también deben impulsar una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas contra esas sanciones estadounidenses.

Pasos que no se han adoptado

Hay otras muchas iniciativas que un país puede impulsar para proteger a los juristas sancionados, para cumplir con la defensa del derecho internacional y para intentar frenar los crímenes masivos que Israel sigue aplicando contra la población palestina.

La propia relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, ha señalado que los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de suspender relaciones comerciales de bienes y servicios con Israel, “no solo con las colonias”. También ha propuesto la suspensión de Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas, como se hizo con el régimen del apartheid de Sudáfrica en 1974.

Algunos países europeos han impuesto restricciones a sus relaciones armamentísticas con Israel, en diferentes niveles, pero la mayoría de ellos no las han prohibido por completo y permiten asistencia financiera, operaciones indirectas mediante filiales o intermediarios o transacciones excepcionales en nombre de “intereses nacionales”, como es el caso español.

Para forzar un cambio es preciso ejercer presión política, económica y diplomática. En ese sentido, la petición de bloquear las sanciones contra las personas e instituciones que intentan prevenir y sancionar el genocidio es un paso mínimo necesario, pero hacen falta más medidas. Además de las ya enumeradas, hay iniciativas concretas que deben adoptarse para proteger a los jueces, fiscales, la relatora de la ONU y las organizaciones de derechos humanos palestinas castigadas por Washington.

Eso incluye impulsar acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Internacional de Justicia, ya sea mediante demandas contra EEUU o a través de solicitudes de opinio juris, es decir, de una resolución sobre interpretación jurídica, para que se declare la obligación de cumplir la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Funcionarios de Naciones Unidas. Tales inmunidades son incompatibles con las sanciones unilaterales impuestas por Washington contra la relatora de la ONU.

Los países también deben impulsar una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas contra esas sanciones estadounidenses. Además, tienen que trabajar para crear un bloque coordinado mayor que solicite formalmente a la Unión Europea la aplicación del Instrumento contra la Coerción —Reglamento (UE) 2023/2675— el Estatuto de Bloqueo, o cualquier otro instrumento jurídico que permita dejar sin efecto normas de terceros países que afecten a los intereses de la Unión Europea. Mientras tanto, deben idearse y facilitarse mecanismos y vías alternativas para que los sancionados puedan acceder a sus ingresos de algún modo.

Dentro de las obligaciones internacionales está la de trabajar con todos los Estados del mundo dispuestos a presionar contra el régimen de apartheid israelí tanto en la Asamblea de la ONU como en otros foros. La Unión Europea ha impulsado al menos veinte paquetes de sanciones contra Rusia y ninguno contra Israel, evita proteger a la relatora de la ONU, no despliega mecanismos para bloquear las sanciones contra los integrantes de la Corte Penal Internacional y sigue protegiendo a los Estados miembros que facilitan y normalizan el apartheid israelí.

La UE es el mayor socio comercial de Israel, por delante de Estados Unidos. Su posición contribuye a que los crímenes israelíes continúen, pese a que apenas aparecen ya en muchos medios de comunicación (precisamente, el próximo informe de la relatora de la ONU analizará el papel de los medios en la facilitación del genocidio).

El Ejército israelí sigue asesinando e hiriendo a civiles en Palestina todas las semanas, ha vuelto a secuestrar a integrantes de la flotilla Global Sumud en aguas internacionales, ha matado a más de dos mil personas en Líbano en los últimos dos meses y ha extendido su anexión ilegal de territorio con nuevos asentamientos. El Gobierno de Israel endurece sus operaciones de segregación contra la población palestina y se han conocido nuevos casos de maltrato y de tortura.

En Gaza la población vive hacinada en un tercio del territorio, arrinconada y vigilada por el Ejército israelí, que ocupa más de la mitad de la Franja. Cientos de miles de personas habitan en tiendas de campaña, sin atención médica adecuada, sufriendo frío, calor, humedad y mordeduras de ratas que, literalmente, están provocando heridas y enfermedades. 

La UE y los Estados que la integran mantienen sus embajadas y oficinas comerciales abiertas en Israel, continúan con sus relaciones comerciales con empresas israelíes y no han suspendido por completo sus relaciones militares o armamentísticas con Tel Aviv. Algunos países, incluso, siguen facilitando apoyo logístico, político y militar a Israel. Esta posición contribuye a la situación actual, en la que Israel comete genocidio, ocupa ilegalmente, coloniza, aplica apartheid y practica “tortura sistemática contra la población palestina”.

“En tiempos de genocidio, si no formas parte de la solución, formas parte del problema: no hay espectadores neutrales”, repite Francesca Albanese, con razón. Ante un genocidio, la inacción constituye una forma de complicidad y una vulneración del derecho internacional.

La visita a Madrid de la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha generado expectación. Decenas de personas hacían cola a las puertas del Círculo de Bellas Artes en la tarde del miércoles para escuchar a la abogada italiana hablar de su libro Cuando el mundo duerme (Galaxia Gutenberg, 2026) y del genocidio contra el pueblo palestino. Y decenas de personas han llenado la sala para escucharla, aplaudirla y vitorearla.

El miércoles por la mañana, Albanese visitó el Museo Reina Sofía, donde admiró el Guernica y señaló que la obra de Picasso muestra “una destrucción que recuerda a lo que hemos visto” en Gaza. Por la tarde, ha estado acompañada de la actriz Aitana Sánchez-Gijón, el actor y escritor Carlos Bardem y la periodista y escritora Olga Rodríguez para hablar precisamente de esa destrucción y el sufrimiento extremo que han padecido los gazatíes en los últimos dos años y medio (Israel ha matado a más de 72.600 personas desde octubre de 2023).

La periodista Olga Rodríguez ha abierto el debate afirmando que “lo que pasa en Gaza nos condiciona a todos, porque hoy el centro del mundo está en Palestina”. Y así se ha sentido en la sala, abarrotada durante la charla con Albanese, que ha contestado a las preguntas de Rodríguez durante más de una hora y de algunos de los asistentes al final.

Por su parte, Aitana Sánchez-Gijón ha querido ser breve y ha señalado que siente la misma impotencia que muchos y muchas ciudadanas respecto a lo que ocurre en Palestina. Ha leído un poema que aparece en el libro de Albanese, del poeta gazatí Refaat Alareer, asesinado en Gaza a finales de 2023: “Si debo morir”.

Carlos Bardem también ha leído un pasaje del libro de Albanese y ha asegurado que “este libro es importante porque llama a las cosas por su nombre, Francesca es importante porque dice las cosas por su nombre”. Barden también ha denunciado el “secuestro” de los activistas de la Flotilla rumbo a Gaza en aguas internacionales por parte del ejército israelí, que deportó a la mayor parte de los tripulantes, excepto a dos que permanecen detenidos de forma ilegal en una cárcel de Israel. “No dejemos que nos roben las palabras, se las han robado a los gazatíes. Lo que pasa en Gaza pasará aquí mañana”, ha advertido el actor y escritor, recordando que “todos los genodicios se construyen sobre dos cosas: silencio y mentiras”.

Albanese ha empezado diciendo que “cada vez que viene a España es increíble, pero esta vez más aún”, sobre todo porque esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo a la relatora especial y otras personas que están sancionadas por EEUU por su defensa de los derechos humanos, en concreto, los de los palestinos. “Me ha emocionado tanto al levantarme con la noticia de que el presidente del Gobierno español ha hablado en mi defensa y de los fiscales de la Corte Penal Internacional. De esta forma, Pedro Sánchez no sólo está defendiéndome sino preservando el Estado de derecho”, ha afirmado.

“Vuestro Gobierno está tratando de sacarnos del abismo, pero debemos seguir [adelante], porque es el Estado de derecho o la barbarie”, ha advertido la relatora especial.

Albanese ha recordado que cuando advirtió, ya en mayo de 2024, que se estaba produciendo un genocidio en Palestina, en su informe 'Anatomía de un genocidio', empezó a ser blanco de ataques y de las sanciones. Ha relatado lo difícil que es vivir con esas sanciones, aunque ha dicho que no quería poner el foco en ella misma.

“La UE no hace nada y mi Gobierno [el italiano]... sin comentarios! Necesitamos un escudo frente a las sanciones, Europa tiene que ser independiente frente a EEUU y, si se quieren llevar sus soldados, que se los lleven. Cojan a sus soldados y salgan del suelo europeo!”, ha afirmado Albanese, haciendo referencia a las amenazas de Donald Trump de retirar las tropas estadounidenses de las bases europeas.

Albanese ha dicho que es necesario “frenar la complicidad” de toda la comunidad internacional con Israel. “Si el Estado del apartheid puede entrar en nuestras aguas y secuestrar a personas, todas las autoridades europeas deberían frenar esto”, ha denunciado, refiriéndose a los integrantes de la Global Sumud Flotilla, que fueron interceptados en aguas internacionales cerca de Grecia y deportados a ese país. Ha destacado que “la complicidad está en todo”, en lo que todos consumimos y en los servicios que utilizamos. Ha puesto como ejemplo la plataforma Airbnb que “está anunciando bienes inmuebles robados a los palestinos” en los territorios ocupados por Israel.

“Hay una red de intereses privados, empresas, universidades, fondos de pensiones, negocios... Israel no podría mantener esta ocupación violenta durante tantos años sin estas herramientas”, ha afirmado Albanese, que recogió sus conclusiones en ese sentido en un informe de 2025. “El término es necrocapitalismo: se están enriqueciendo con el asesinato de niños, niñas, sus padres y sus madres”.

Según la relatora, “hay un genocidio desde el río hasta el mar contra todo el pueblo palestino: el objetivo es la destrucción y el resultado también es la destrucción”. El lema 'desde el río hasta el mar' se refiere a toda la Palestina histórica, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, un territorio que los más radicales del Gobierno israelí y el poderoso movimiento colono reclaman solo para los judíos.

“El momento en el que estamos es un apocalipsis: hay mucha gente que ha despertado, pero no es suficiente. En marzo de 2024, dije que si no frenábamos a Israel, iba a haber un cambio de las leyes de guerra. De hecho, seis meses después lo estaba haciendo en Líbano y luego en Irán, y lo llaman la doctrina de Gaza”, ha dicho indignada la relatora. Esa doctrina militar implica la destrucción masiva de viviendas e infraestructura civiles y los ataques indiscriminados y masivos contra la población civil, tal y como el ejército israelí ha hecho en la Franja desde octubre de 2023.

“Es muy triste y preocupante que haya líderes europeos que dicen que Israel tiene el derecho de tomar tierras, como ocurre en el sur de Líbano, y de hacer bombardeos preventivos contra Irán”, ha agregado. “Vamos a acabar pagando con la estabilidad que hemos disfrutado en esta parte del mundo, no lo podemos permitir, no sólo por nosotros sino por los que vendrán después”.

La relatora especial y abogada experta en derecho internacional ha destacado que “Europa está violando sus propias leyes” y eso es peligroso y representa “el final” de la Unión Europea. “Ha llegado la hora de que la UE reconozca que el acuerdo de asociación [con Israel] no es válido ya”, ha remachado. Y ha recordado que “todos nosotros tenemos la obligación de que el derecho de los palestinos a existir como pueblo, no como Estado, sea protegido”.

La relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, está de visita en Madrid y una de sus primeras paradas ha sido el Museo Reina Sofía, para ver el Guernica, acompañada por el Secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, y por integrantes del patronato y del equipo directivo del museo.

Allí, ante la obra de Picasso, Albanese ha destacado que el Guernica muestra “una destrucción que recuerda a lo que hemos visto” en Gaza, y ha denunciado que no hay un alto el fuego real en la Franja, pero “quienes están en el poder empujan para que se aparte la mirada de Gaza, para que se olvide, y la mayor parte del mundo lo ha hecho”.

También ha señalado que “los Estados tienen la obligación de cesar el comercio de bienes y servicios con Israel, no solo con las colonias”, en consonancia con “lo que indica el derecho internacional”.

Esta tarde, la relatora de Naciones Unidas participará en una charla en el Círculo de Bellas Artes sobre Palestina, el derecho internacional y su libro “Cuando el mundo duerme”, acompañada de la actriz Aitana Sánchez-Gijón, el actor y escritor Carlos Bardem y la periodista y escritora Olga Rodríguez. El acto será retransmitido en directo por elDiario.es en este enlace.

Sanciones

Albanese se ha convertido en un referente internacional en la lucha contra el genocidio y el apartheid israelíes. Sus informes denunciando el genocidio y la complicidad con el mismo de Estados y empresas, su defensa del derecho internacional y su exigencia a países y corporaciones para que dejen de mantener relaciones con Israel ha puesto los focos sobre su figura. Tanto, que el Gobierno de Donald Trump anunció el pasado julio sanciones contra ella. Es el mismo castigo que sufren once jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional y que les impide usar sus tarjetas de crédito o acceder a sus propios ingresos en bancos europeos.

Sobre esas sanciones estadounidenses, Albanese ha dicho esta mañana que todas las personas que las sufren tienen en común la defensa del derecho y la justicia. “Quiero que se entienda por qué sanciones impuestas por otro país tienen efecto en Europa: porque en lo que respecta al sistema bancario, no hay soberanía europea, por eso hoy me pasa a mí, pero mañana podrían sufrirlas miembros de gobiernos o jueces”, ha explicado.

Precisamente esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido públicamente que Bruselas bloquee las sanciones estadounidenses a los integrantes de la Corte Penal Internacional y a la relatora de Naciones Unidas. “Lo que el presidente Sánchez ha pedido hoy es respeto por el Estado de derecho”, ha señalado Albanese.

La relatora de la ONU ha criticado la posición de la Unión Europea, a la que ha definido como una institución que actualmente “pone los intereses privados y corporativos por encima de las personas, de sus derechos y de la vida civil, tras casi tres años de genocidio en Gaza”. Asimismo ha advertido de que “se han retorcido las reglas para permitir que el genocidio continúe”, lo cual “nos afectará a todos”, porque “si no se actúa contra el genocidio, se contribuye a su perpetuación: en tiempos de genocidio la inacción es una colaboración”.

Además, ha señalado que la posición de España ante la población palestina puede ser “el inicio de un cambio desde dentro de Europa hacia un multilateralismo descolonizado”. “El pueblo español, las instituciones españolas, el Gobierno, las universidades, muestran que existe la posibilidad de defender los principios y decir la verdad ante la injusticia”, ha indicado, añadiendo que “hay mucho más que se puede hacer” ante “la abominación en Gaza, pero también en Líbano o Irán”.

Asimismo, ha mencionado el nuevo informe de Amnistía Internacional, en el que se señala “a las élites 'depredadoras' que se burlan del derecho internacional y del Estado de derecho”.“Por eso, no podemos ver lo que hace el Gobierno español solo como un acto de solidaridad con los palestinos: es un acto de autopreservación, de preservación de lo que queda de nuestras democracias. No sé cuál será el futuro, pero depende de todos nosotros”.

Hay intereses y presiones para silenciar y castigar a quienes se movilizan contra el genocidio

Francesca Albanese

Albanese ha expresado preocupación por “escuchar que hay formas de represión contra el movimiento contra el genocidio” también en España y ha subrayado que, “ante un genocidio, gobiernos, empresas, medios de comunicación e individuos tienen la obligación, ya sea legal o moral en el caso de los ciudadanos, de oponerse”. “Hay intereses y presiones para silenciar y castigar a quienes se movilizan contra el genocidio”, ha advertido.

Hace dos semanas se inició en La Haya una campaña de apoyo a la relatora y a los integrantes de la Corte Penal Internacional sancionados por EEUU, así como a las organizaciones de derechos humanos palestinas que sufren el mismo castigo. La Unión Europea dispone de un reglamento de bloqueo diseñado para proteger a sus ciudadanos de sanciones de terceros países, pero no lo ha activado, algo que lamentan los afectados.

Albanese ha solicitado protección de la Unión Europea y de los países que la conforman: “Ante las sanciones de EEUU contra mí necesito un Estado que me garantice mi derecho a acceder a mis ingresos, que asuma la responsabilidad de decir a los bancos: ‘Nosotros respondemos por ella’”, señalaba el pasado febrero en una entrevista con elDiario.es.

En julio de 2025, cuatro representantes europeos del más alto nivel aterrizaron en el este de Libia para una reunión urgente. Uno era el ministro de Interior de Italia, que en los últimos seis meses había registrado un aumento en la llegada de migrantes. De Grecia venía el responsable de inmigración, consternado tras el arribo a Creta de 2.000 personas en solo una semana. Y de Malta, el ministro de Interior, temeroso de que a su isla le tocara después. Completaba la comitiva el comisario de Migración de la Unión Europea (UE), con el encargo de reflotar un acuerdo de cientos de millones de euros que, evidentemente, no estaba logrando detener a los barcos.

Libia es el lugar donde convergen las crisis. Con 1.770 kilómetros de longitud, su costa es la más larga del Mediterráneo africano y el principal punto de partida de los migrantes que viajan al norte. Sucesivas guerras civiles han desangrado al país desde el derrocamiento en 2011 de Muamar el Gadafi, con Rusia, Turquía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos armando a las facciones rivales.

La contienda ya no se limita a las fronteras de Libia. Tanto Rusia como los Emiratos Árabes Unidos están enviando armas y combatientes desde sus bases militares del sur de Libia a la guerra civil de Sudán, forzando el desplazamiento de otros cientos de miles de refugiados que también viajarán hacia el norte, hacia la costa mediterránea de Libia.

Quien controla Libia ejerce poder sobre Europa. Pero la crisis política de Libia es tan compleja que confunde incluso a las autoridades europeas más experimentadas. El país está dividido entre dos gobiernos, uno en el oeste y otro en el este, y ninguno de los dos es un gobierno de verdad.

Ni Trípoli ni Bengasi

El gobierno de Unidad Nacional de Trípoli, formado en 2021 para supervisar unas elecciones que nunca se celebraron, es el reconocido por Naciones Unidas (ONU) y la UE. En respuesta, y aunque ningún país lo haya reconocido oficialmente, la Cámara de Representantes (el parlamento libio, elegido en 2014) nombró en 2022 a un gobierno rival en la ciudad oriental de Bengasi.

Ambas administraciones, la del este y la del oeste, reclaman su autoridad sobre todo el territorio nacional, pero ninguna de las dos controla el petróleo, las bases militares, ni las rutas migratorias que hacen a Libia tan importante para Europa. Solo un hombre lo hace. Su nombre es Jalifa Hafter.

Hafter tiene 82 años y es el comandante general del Ejército Nacional Libio, una coalición de milicias reunidas en 2014 y ratificadas después por el parlamento oriental. Pero el título oficial no hace justicia a la extensión de su poder. Sus fuerzas controlan los yacimientos petroleros y las terminales de exportación del centro de Libia. Sus unidades costeras vigilan la costa oriental y controlan las rutas del contrabando que alimenta la crisis migratoria de Europa. Sus bases militares acogen a los ejércitos extranjeros que espolean la guerra de Sudán. Hafter controla todo lo que importa a los europeos preocupados por la inmigración, la inseguridad energética, y la estabilidad regional.

Los miembros de la delegación europea habían acudido a Bengasi con la esperanza de ser recibidos por Hafter en privado. Al llegar, se enteraron de que él imponía una nueva condición: antes de verse tenían que celebrar un encuentro público y frente a las cámaras con los ministros de la administración oriental a la que Hafter dice servir.

El problema era que Europa no reconocía oficialmente a ese gobierno. Si reunirse con sus ministros legitimaba al gobierno oriental, negarse a hacerlo significaba perder el acceso a Hafter. Los europeos dijeron no y se les denegó la entrada. La delegación nunca pasó de la sala del aeropuerto, una humillación que dejaba al descubierto la ficción central de Libia: para llegar al hombre más poderoso del país, hay que fingir que no es el hombre más poderoso del país.

La parábola que nadie quiere leer

En 2011, las potencias extranjeras intervinieron para derrocar a Gadafi y esto es lo que lograron. Ahora caen bombas sobre Irán y los responsables de esta nueva intervención prometen que la fuerza traerá la libertad, pero ahí está Libia como la parábola que nadie quiere leer. Todas las intervenciones hacen la misma promesa: derrocar al dictador para que el pueblo sea libre. Libia es lo que ocurre cuando se derriba al dictador y se olvida al pueblo.

Durante más de una década, mientras los políticos libios se disputaban el reconocimiento diplomático, Hafter intervenía en la realidad sobre el terreno, acumulando el petróleo, el territorio y los apoyos extranjeros que representan el poder real. Afirma ser un servidor del gobierno oriental libio, pero ese gobierno es una administración cuyos ministros deben ser aprobados por Hafter, cuyo parlamento es protegido por los soldados de Hafter, y cuyas leyes solo se aplican cuando Hafter así lo permite.

Las potencias extranjeras mantienen la farsa tanto como Hafter. Pueden sostener que apoyan la soberanía de Libia mientras respaldan al hombre que la está minando

Tarek Megerisi — investigador principal en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores

En el lado occidental, el gobierno rival de Trípoli también sobrevive gracias a los ingresos de un petróleo que depende de infraestructuras en el territorio de Hafter y que el comandante puede cerrar a su antojo. Oficialmente, los dos gobiernos son los responsables de todo, pero en lo esencial ninguno tiene poder de verdad. Así es el sistema de Hafter: controlar todo lo relevante, no responder por nada, y obligar a todos a fingir que así no es como funcionan las cosas.

Desde el exterior, el sistema cuenta con el respaldo de potencias extranjeras mientras que desde dentro se mantiene gracias a este silencio impuesto. Tanto Egipto, como Rusia y los Emiratos Árabes Unidos reconocen oficialmente al gobierno de Trípoli, aunque en los hechos a quien apoyan es a Hafter. Emiratos financia sus operaciones y proporciona las armas que le permiten imponerse. Egipto le ofrece información obtenida por sus servicios de espionaje y el uso de una base militar dentro de su territorio. Rusia suministra mercenarios para proteger sus campos petroleros y luchar en sus guerras.

En mayo de 2025, Vladímir Putin recibió en el Kremlin a Hafter y le ofreció protección diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin estos patrocinadores, el sistema de Hafter se derrumbaría. Con ellos, es intocable. “Las potencias extranjeras mantienen la farsa tanto como Hafter”, explica Tarek Megerisi, investigador principal en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “Pueden sostener que apoyan la soberanía de Libia mientras respaldan al hombre que la está minando”.

Impunidad total

En el este de Libia, nadie se llama a engaño. Desde las vallas publicitarias y desde las oficinas de gobierno de Bengasi, el retrato de Hafter vigila. En mayo de 2025, el gobierno oriental le puso su nombre a una nueva ciudad. Sus hijos dirigen unidades militares, supervisan contratos de reconstrucción, y organizan como los herederos que son reuniones en el extranjero.

Pero decir la verdad que todo el mundo sabe es peligroso en el este de Libia, donde la vigilancia es total. “La gente cree que el poder de Hafter no tiene límite”, opina Hanan Salah, subdirectora en Human Rights Watch para el norte de África y Oriente Medio. “Sus hombres pueden llevarse a una persona de su casa, tanto si es un ciudadano como un parlamentario, y hacerla desaparecer; controla los tribunales, controla las investigaciones, y actúa con impunidad total porque la comunidad internacional ha optado por el apaciguamiento antes que por hacerle rendir cuentas”.

Todo el mundo puede ver la realidad, pero nadie se atreve a nombrarla. Hafter es el gran impostor de Libia. Como me dijo el exenviado especial de Estados Unidos, Jonathan Winer, Hafter se ve a sí mismo como “el mesías de [la novela] Dune, una figura mesiánica salida del desierto que controla el destino de las naciones mientras finge ser un instrumento del pueblo”.

Hafter pasó 50 años estudiando de cerca el funcionamiento del poder. Junto a Gadafi, mientras el dictador gobernaba a través de comités y consejos sin ningún título para él. En un campo de prisioneros de Chad, donde se hizo indispensable para sus captores tanto como para los cautivos. Como agente de la CIA en Virginia, donde luego puso a la CIA contra el régimen de Gadafi. Y también como comandante fracasado de una revolución donde todos lo rechazaron hasta que los sobrevivió a todos.

Cada experiencia le ha enseñado la misma verdad: el poder no requiere un trono. Él gobierna justo ahí: en el espacio que se forma entre lo que todos saben y lo que nadie puede decir.

La traición inicial

La vida política de Hafter comienza con una traición. El 1 de septiembre de 1969, Hafter tenía 25 años y se había alineado con Muamar el Gadafi como uno de los suboficiales que derrocaron al rey Idris de Libia, afín a las naciones occidentales. Después de eso vinieron los años de ascenso dentro de las filas del Estado revolucionario, hasta convertirse en uno de los comandantes militares en los que más confiaba Gadafi.

En 1986 Gadafi lo ascendió a coronel y lo mandó al vecino Chad para comandar a las fuerzas libias. Las dos naciones llevaban casi diez años librando una guerra que se había convertido en una lucha por el control de las rutas de contrabando y las redes armadas del Sahel, una zona estratégica para Libia, Níger y Sudán. Gadafi quería asegurar la frontera y Hafter era el coronel elegido para lograrlo.

El nombramiento terminó en desastre. En marzo de 1987, el ejército de Hafter en la remota base aérea de Ouadi Doum fue derrotado por las fuerzas chadianas, respaldadas por la fuerza aérea francesa y estadounidense. Cientos de soldados libios murieron. Hafter y más de 1.000 hombres a sus órdenes fueron llevados a un complejo penitenciario en las afueras de Yamena, la capital.

Gadafi, que siempre negó la presencia militar libia en Chad, no reconoció la humillación de Ouadi Doum. Tras la derrota, si algún funcionario mencionaba el nombre de Hafter, Gadafi respondía con una burla: “¿Tenemos a alguien en el ejército con ese nombre? Es posible que te estés refiriendo a un pastor del desierto llamado Hfaytar”. Con una sola frase traicionaba así las casi dos décadas de lealtad de Hafter.

Para la mayoría de los prisioneros de guerra, la historia habría terminado en el campo de prisioneros de Chad. Para Hafter, aquella fue solo la siguiente etapa en su aprendizaje sobre el funcionamiento del poder.

El orgullo herido

La Administración Reagan quería acabar con Gadafi, líder de un estado que desde la perspectiva estadounidense se había alineado con la Unión Soviética. Tras estudiar los acontecimientos sobre el terreno, la CIA vio en Hafter a un comandante entrenado, con mil soldados resentidos y un resentimiento que la agencia podría usar en beneficio propio.

En la primavera de 1987, agentes de los servicios estadounidenses de espionaje se infiltraron en el campo de prisioneros junto a un grupo de inspectores humanitarios. Llevaban comida, medicinas, y grabaciones de los discursos de Gadafi que reprodujeron ante los prisioneros con el objetivo de enfrentarlos al líder que negaba su existencia y se burlaba de ellos. La estratagema funcionó. “Los estadounidenses plantaron la semilla”, explica un antiguo miembro de la oposición libia afincado en Chad. “Pero lo que la hizo germinar fue el orgullo herido de Hafter”.

Había contribuido al sistema de Gadafi y ahora quería ser un aliado; no sabíamos donde situarlo, pero vimos una oportunidad para hacerle daño al régimen

Mukhtar Murtadi — exmiembro del Frente Nacional para la Salvación de Libia (FNSL)

Los estadounidenses comenzaron a visitar a Hafter con regularidad. En ocasiones, se le permitía salir del campo de prisioneros para reunirse con Hissène Habré, el dictador que entonces gobernaba Chad. Según antiguos detenidos y figuras de la oposición, Hafter se hizo en seguida con el control de la distribución de alimentos, medicinas y comunicaciones dentro del campo, imponiendo la disciplina entre los prisioneros. Para sobrevivir había que obedecer a Hafter.

En agosto de 1987, Habré comunicó al líder del movimiento opositor libio más relevante en el exilio que Hafter y el resto de prisioneros querían unir sus fuerzas a las de ellos. “Fue una sorpresa”, recordó Mukhtar Murtadi, entonces miembro destacado del Frente Nacional para la Salvación de Libia (FNSL). “Había contribuido al sistema de Gadafi y ahora quería ser un aliado; no sabíamos donde situarlo, pero vimos una oportunidad para hacerle daño al régimen”.

Cuando Murtadi visitó a Hafter poco después en Chad asistió a un espectáculo perturbador. El complejo penitenciario era una ventana al horror: barracones abarrotados con 50 o 60 reclusos por celda; hombres consumidos por el hambre y por el calor; con el hedor de las aguas residuales y las enfermedades. Y en el centro, ajeno a todo, una pequeña villa con porche, cocina y agua corriente. Allí vivía Hafter, que para la reunión apareció duchado, la barba recién recortada, y vestido con un caftán blanco impecable. “No parecía un prisionero”, dijo Murtadi. “Parecía un invitado”.

Su propio ejército

En junio de 1988, Hafter anunció que iba a crear el brazo armado del FNSL, un ejército sin territorio ni Estado al que bautizó Ejército Nacional Libio (el nombre lo recuperaría décadas después). El prisionero desechado volvía a ser comandante y daba a la CIA el pretexto de un ejército al que reconocer y apoyar. En campamentos a las afueras de Yamena, la CIA se puso a entrenar a Hafter y a sus hombres en la guerra de guerrillas. Los Contras de Libia, los llamaban en Washington.

“[Hafter] tenía una presencia que dominaba el espacio”, recuerda un antiguo miembro del FNSL que se entrenó con él. “Alto, de hombros anchos, rígido; incluso en una tienda de campaña polvorienta, te hacía sentir que estaba al mando”.

El acuerdo se rompió en diciembre de 1990, cuando un general chadiano respaldado por Gadafi derrocó repentinamente a Habré y los estadounidenses se apresuraron a sacar a su gente del país. “Subimos a 300 hombres de Hafter sin equipaje a un C-130. Aplaudimos cuando el avión despegaba”, me contó un exagente de la CIA que en ese entonces trabajaba en la oficina de Libia. En los seis meses siguientes, Hafter y sus hombres fueron trasladados por África de capital a capital. Gadafi quería capturarlos y los gobiernos del continente trataban de decidirse entre la presión de Estados Unidos y las amenazas de Libia.

Para Gadafi, la amenaza de un ejército que reclutaba a desertores anunciándose en Libia, entrenado por la CIA y liderado por su antiguo coronel, se convirtió en una obsesión. Su paranoia creció y comenzó a enviar escuadrones de la muerte por Europa y el mundo árabe para dar caza a figuras de la oposición. “Perros callejeros”, los llamaba.

Dentro de Libia, un rumor o una broma bastaban para que la gente desapareciera. De los más de 1.000 soldados libios capturados en Chad, a Estados Unidos solo llegaron unos 300 en mayo de 1991. El resto se dispersó o regresó a Libia. Muchos no han vuelto a ser vistos.

“Sobrevivir en Trípoli significaba fingir”

Mi padre, uno de los físicos más distinguidos de Libia, abandonó Trípoli en los años setenta para completar en Inglaterra su doctorado. En las universidades que había dejado atrás, las puertas del campus aparecían con estudiantes ahorcados por sus ideas políticas. Eso lo marcó, y decirlo hizo que se ganara enemigos dentro del régimen. Desde la ciudad de York donde me crié en el norte de Inglaterra, me iba todo los veranos de los años noventa a pasar las vacaciones con mi madre en Trípoli. Mi padre se quedaba en Inglaterra. Regresar era demasiado peligroso para él.

Sobrevivir en Trípoli significaba fingir. Si desaparecía un pariente, mi tía decía a los vecinos que se había marchado de vacaciones. Una medianoche la encontré llorando sola en la cocina. Las manos sobre la boca para que nadie la escuchara. Recuerdo una cena en la que mi primo me dio una patada debajo de la mesa porque mencioné el nombre de Hussein, el amigo desaparecido de mi padre. Aprendí a fingir que no existía.

A finales de 1995, mi madre salió de nuestra casa en Inglaterra y voló a Trípoli por el funeral de su hermano. Pasaron semanas y luego meses. La habían detenido en el aeropuerto

Mientras estábamos en la casa de mi tío en Trípoli, un Peugeot con cristales tintados aparcaba enfrente todas las mañanas. Allí seguía cuando empezaban a encenderse las farolas. Nosotros fingíamos no ver a los hombres dentro, y ellos fingían no mirarnos.

A finales de 1995, mi madre salió de nuestra casa en Inglaterra y voló a Trípoli por el funeral de su hermano. Pasaron semanas y luego meses. Supimos que la habían detenido en el aeropuerto de Trípoli. Los agentes de los servicios de espionaje le habían ordenado que dijera a mi padre que fuera a Libia, que solo querían hablar con él. A través de un amigo de la familia, mi madre envió el mensaje contrario: no es seguro, no vengas, cuida de los niños. Se estaba despidiendo. No sabía si volvería a vernos.

La mantuvieron bajo arresto domiciliario hasta mediados de 1996, cuando un familiar sobornó a un alto mando del ejército para que le devolviera el pasaporte. Le daban unas horas para marcharse. Cruzó la frontera terrestre hacia Túnez y voló a casa. Nos encontramos en el aeropuerto. Nunca la había visto tan delgada. Me abrazó durante mucho tiempo y luego me preguntó qué quería para cenar. Hablamos de todo, pero no hablamos de dónde había estado.

Hafter construiría su propio sistema sobre esos mismos cimientos. Desapariciones, silencio, y la ficción de que nada pasaba.

Hafter en Estados Unidos

Mientras los libios de todo el oeste se enfrentaban a esos temores, Hafter se construía una nueva vida en Estados Unidos. En el verano de 1991 residía en un apartamento de la residencia Skyline House, en Falls Church (Virginia). No muy lejos de la sede de la CIA en Langley. Nunca llegó a adaptarse por completo a la vida estadounidense, desplazándose en coche a los encuentros en Langley y a las reuniones comunitarias, donde parecía retraído y socialmente torpe.

Salah Elbakkoush, un disidente libio que vivía en el mismo edificio, me relató una escena en el apartamento de Hafter que describe bien sus años estadounidenses. Un antiguo prisionero de guerra libio les servía el té en silencio y con la cabeza gacha, tal y como lo había hecho en el campo de prisioneros de Chad. “Estábamos en la periferia residencial de Virginia y este hombre destrozado nos servía como si nada hubiera cambiado”, me contó Bakoush. “Eso me lo dijo todo sobre Hafter: no estaba construyendo una vida nueva, estaba recreando la anterior”.

La CIA había reasentado a Hafter, pero el acuerdo incluía lo que esperaban de él. “Washington estaba lleno de disidentes inútiles”, me dijo el exagente de la CIA. “La agencia quería más: información útil de dentro del país; la contrapartida era sencilla, ‘estamos encantados de reubicarte pero necesitamos información útil de tus redes; de lo contrario, solo eres una carga’”.

Hafter estaba jugando a dos bandas. A los estadounidenses les decía que se veía con figuras del régimen para recabar información, y a la gente de Gadafi les ofrecía el nombre de todos los oficiales que se habían comprometido a traicionar al régimen

En 1992, la CIA y el FNSL comenzaron a planear un golpe de Estado en Libia. A Hafter le encomendaron la tarea de reclutar a oficiales del régimen dispuestos a desertar. Estuvo viajando durante más de un año a Zúrich para encontrarse con oficiales libios dispuestos a arriesgarlo todo con tal de derrocar a Gadafi. Según se supo luego, en esos mismos viajes Hafter también aprovechaba para reunirse en secreto con un alto cargo del régimen libio Ahmad Gaddaf al-Dam, primo de Gadafi.

Hafter estaba jugando a dos bandas, según el testimonio de dos personas que en ese momento eran sus colaboradores estrechos: Mukhtar Murtadi y el entonces líder del FNSL, Mohamed Megareyef. A los estadounidenses y al FNSL les decía que se veía con figuras del régimen para recabar información, una parte esencial de los preparativos para el golpe. Y a la gente de Gadafi les ofrecía algo más valioso: el nombre de todos los oficiales que se habían comprometido a traicionar al régimen.

En octubre de 1993 se lanzó el golpe dentro de Libia. Falló en cuestión de horas y el régimen arrestó a cientos de conspiradores. La mayoría fueron ejecutados.

Una villa en El Cairo

Es posible que nunca se sepa toda la verdad, pero lo que ocurrió después es muy revelador. En 1995 Hafter recibió en El Cairo una villa que le regalaba personalmente Gadafi, algo que el propio Hafter admitió abiertamente décadas después.

Ese mismo año de 1995, Hafter rompió con el FNSL para fundar una organización rival: el Movimiento Libio por el Cambio y la Reforma. Una escisión que resultó fatal para la oposición, con las luchas internas acabando con lo que quedaba del FNSL. Gadafi quería dividir a los exiliados y justo eso era lo que había sucedido.

El exagente de la CIA con el que hablé no fue claro a la hora de confirmar cómo había terminado la relación de la agencia con Hafter, si es que había terminado. De lo que no hay duda es de que a mediados de los noventa los servicios estadounidenses de espionaje lo consideraban un activo poco fiable heredado de la Guerra Fría cuando no había ninguna guerra que librar.

Los vínculos con Gadafi perduraron. Aunque Hafter no estaba en su villa de El Cairo cuando Gadafi fue allí en 2005, en una grabación filtrada de aquella visita se escucha al líder libio decirle a su hijo mayor que Hafter era como un hermano para él.

La revolución

En 2011, Hafter llevaba dos décadas viviendo en Virginia. La CIA lo había abandonado hacía tiempo pero él conservaba la ciudadanía estadounidense. El resentimiento, también. Vio por televisión la revolución libia cuando estalló en febrero de ese año. “No apartaba los ojos de la pantalla”, recuerda un disidente libio que se reunió con él entonces.

Aly Abuzaakouk, un destacado disidente que luego fue parlamentario, lo llevó a principios de marzo al aeropuerto de Dulles para que cogiera un avión a Bengasi. Abuzaakouk lo conocía desde hacía más de 20 años. “Nos abrazamos”, cuenta Abuzakook. “Pero el hombre que llegó a Libia era diferente al que yo dejé allí; yo creía que iba a unirse a la revolución, pero iba a hacerse con el control”.

Hafter aterrizó en Bengasi el 15 de marzo de 2011. Llegaba tarde a una revolución que no lo necesitaba. Gadafi aún controlaba el oeste y Trípoli. En el este, los revolucionarios habían formado un consejo de transición: una coalición informal integrada por desertores, abogados y académicos decididos a reemplazar al régimen militar por un gobierno civil. En el terreno, el poder lo tenían los manifestantes que habían levantado brigadas armadas y pagado con su sangre. Desconfiaban de los militares de carrera, de las personas con vínculos extranjeros, y de los funcionarios con algún tipo de pasado en el antiguo régimen. Las tres condiciones se daban en Hafter.

En cuestión de días, los hijos de Hafter comenzaron a acercar a los comandantes de brigada el deseo de su padre de “proteger a la revolución”. Una semana después, y sin consultar a los líderes políticos, el portavoz militar del consejo presentó a Hafter como su nuevo comandante. “Yo controlo a todo el mundo”, dijo en abril Hafter al periódico The New York Times. “A los rebeldes y a las fuerzas del ejército regular”, añadió. Era pura fanfarronería. En aquel momento, Hafter no controlaba a nadie.

La guerra siguió avanzando sin él. A finales de marzo comenzó la campaña de bombardeos de la OTAN, respaldada por Estados Unidos y liderada por Francia y Gran Bretaña, contra las fuerzas de Gadafi. En agosto los rebeldes tomaron Trípoli y en octubre Gadafi fue capturado y ejecutado. En julio de 2012 los libios volvieron a las urnas por primera vez desde 1969, eligiendo como presidente del parlamento a Mohamed Megareyef, antiguo jefe de Hafter en el exilio.

Hafter se retiró a una granja al sur de Trípoli. Igual que en Chad, parecía acabado. Pero el fracaso le había enseñado paciencia. “Lo que le movía no era solo la ideología, como a Gadafi, ni siquiera el poder puro y duro”, explica Mohamed Buisier, asesor político de Hafter entre 2014 y 2016, cuando rompió con él. “Era algo más personal que eso, quería saber que su nombre sería recordado en la historia de Libia; no como el comandante derrotado de Chad, sino como el hombre que salvó a Libia”.

Operación Dignidad

Lo que siguió fue el derrumbe del orden que había rechazado a Hafter. Las brigadas revolucionarias del oeste se convirtieron en milicias, dividiendo a Trípoli en feudos armados. En el este fueron asesinados jueces, activistas y oficiales militares. Con grupos armados operando abiertamente bajo la bandera yihadista, el término “islamista” se convirtió en una acusación tan común que perdió todo significado. Era una forma de señalar al enemigo, tanto si era un yihadista de verdad como si no.

Mientras tanto, el estado de ánimo en la región había empezado a cambiar. En julio de 2013, el gobierno de los Hermanos Musulmanes en El Cairo era derrocado por el ejército egipcio con el apoyo de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Se empezaba a imponer una nueva forma de entender la región: los islamistas eran la enfermedad y los generales, su cura.

Hafter vio su oportunidad. En febrero de 2014, y tras un golpe de Estado fracasado (no consiguió que ninguna tropa se uniera a su causa), se vio obligado a huir a Bengasi con una orden de arresto contra él. Desde allí comenzó a construir una base de poder real que le permitiera conseguir lo que quería.

Con el apoyo de los bombardeos egipcios y emiratíes, las fuerzas de Hafter sumieron al país en una guerra civil. Todos los que se oponían a Hafter fueron tachados de islamistas

Como en el campo de prisioneros de Chad, Hafter vio en Bengasi un lugar lleno de hombres abandonados, humillados y excluidos. Antiguos oficiales del régimen alejados del poder. Grupos armados que habían luchado contra Gadafi y ahora estaban marginados. Hafter comprendió que solo tenía que encontrar una causa que los uniera.

El 16 de mayo de 2014, Hafter lanzó la Operación Dignidad, declarando la “guerra contra el terrorismo” de los islamistas y reviviendo al Ejército Nacional Libio, el nombre que había utilizado por primera vez en 1988. Si en Chad el nombre había servido como un pretexto a la CIA, para tener una ficción a la que apoyar, ahora le daba esa misma cobertura a Egipto y a los Emiratos Árabes Unidos. No estaban respaldando a un señor de la guerra con sus milicias, sino a un ejército que luchaba contra el terrorismo.

Con el apoyo de los bombardeos egipcios y emiratíes, las fuerzas de Hafter fueron ese mismo día contra las facciones yihadistas y las brigadas revolucionarias de Trípoli y Bengasi, sumiendo al país en una guerra civil. Todos los que se oponían a Hafter fueron tachados de islamistas.

La división

Las divisiones se profundizaron semanas más tarde, con las segundas elecciones parlamentarias del país. El nuevo parlamento se constituyó en el este, mientras que el antiguo, en Trípoli, se negó a disolverse. A finales de año, el país tenía dos gobiernos, dos parlamentos, dos pretensiones de legalidad y ningún mecanismo para sustituirlos o hacer que llegaran a un acuerdo. Una división que en gran medida sigue vigente hoy.

A principios de 2015, Aguila Saleh, jefe del parlamento oriental, aprovechó el pretexto de los atentados del Estado Islámico para nombrar jefe del ejército a Hafter. Sobre el papel, Hafter respondía ante Saleh, pero la realidad era que los miembros del parlamento se reunían en un territorio controlado por sus fuerzas. Los políticos que no estuvieron de acuerdo huyeron o desaparecieron.

El parlamento oriental proporcionó a las milicias de Hafter lo que la FNSL le había proporcionado en Chad: una cobertura legal. Cuando la ONU negoció un gobierno de unidad en diciembre de ese año, lo hizo degradando al parlamento occidental y exigiendo que hubiera un voto de confianza en el de Saleh. Su parlamento se negó y nombró a un gobierno rival. La ONU no había unificado Libia. Le había dado a Hafter poder de veto.

La revolución había intentado construir algo sin Hafter y había fracasado. Ahora él tenía lo que necesitaba: un ejército que le respondía, un parlamento que dependía de él y apoyos extranjeros, con los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, y Rusia, después, interesados en su supervivencia. No gobernaba ni ocupaba ningún cargo, pero controlaba a los hombres que lo hacían. Se completaba así lo que había ensayado en Chad, perfeccionado en el exilio, y puesto a prueba en Bengasi. El sistema había encontrado a su país.

El petróleo

En la actualidad, Hafter dirige su sistema desde una antigua base aérea soviética en Rajma, a las afueras de Bengasi. Visto desde fuera, el complejo no tiene nada de especial. Por dentro, funciona como la sede de un poder del que no hay ningún registro en papel y que controla todo lo que importa: los yacimientos petroleros, las terminales de exportación, el parlamento, los tribunales, y los hombres armados.

El petróleo es la base de su poder. En septiembre de 2016, las fuerzas de Hafter se apoderaron de la “media luna petrolera”: 400 kilómetros de la costa donde están las cuatro terminales de exportación más importantes de Libia (dos tercios del crudo libio pasan por ellas). Aunque la presión internacional haya obligado a Hafter a devolver su control operativo a la Corporación Nacional del Petróleo en Trípoli (el único exportador libio reconocido por el resto del mundo), el mando militar del territorio responde a él, lo que le da una influencia extraordinaria.

En agosto de 2024, Aguila Saleh advirtió de que reemplazar al gobernador del banco central de Libia, una medida que era resistida por Hafter, “podría provocar el cierre del petróleo”. Las embajadas occidentales condenan sistemáticamente cualquier interrupción del flujo de petróleo sin nombrar al comandante cuyas fuerzas controlan las terminales de exportación. Todas las partes mantienen la ficción.

Entre 2016 y 2019, mientras los dos gobiernos reclamaban la legitimidad en Libia, Hafter era cortejado en cumbres de París y Abu Dabi. En repetidas reuniones con Fayez al-Sarraj, el primer ministro respaldado por la ONU, Hafter rechazaba todos los arreglos posibles. “Le ofrecimos un poder legítimo”, me dijo el exenviado especial de Estados Unidos, Jonathan Winer. “El control de un consejo militar bajo supervisión civil, o el liderazgo a través de elecciones, si el pueblo libio lo elegía; él simplemente negaba con la cabeza, no estaría subordinado a nadie, fuera elegido o no”.

Dentro del territorio de Hafter, el sistema era más sencillo. Desde 2014, toda disidencia era clasificada como terrorismo: una protesta, una conversación, o una publicación en Facebook. Cualquier crítica podía acarrear la pena de muerte. En octubre de 2016 aparecieron un montón de cadáveres a las afueras de Bengasi. Atados y tiroteados, habían sido abandonados en la basura. Eran tantos que los lugareños rebautizaron la calle Al-Zayt donde habían sido encontrados como “la calle de los cadáveres”.

“Cuando pregunté por un chico de 16 años desaparecido en Bengasi a principios de 2016, me dijeron, con toda naturalidad, que había sido asesinado por espionaje”, me contó Buisier, el exasesor político de Hafter. “Protesté, se suponía que estábamos construyendo un Estado de instituciones, un Estado de derecho; me miraron como si fuera ingenuo y un oficial sugirió que tal vez yo mismo fuera simpatizante de los terroristas”.

Poco después de eso Buisier abandonó el círculo de Hafter y regresó a Estados Unidos.

El apoyo de Trump

En 2019, Hafter había acumulado una deuda de 25.000 millones de dólares [unos 21.600 millones de euros, al cambio actual], financiando su ejército con bonos no oficiales, préstamos de bancos comerciales, y hasta dinares impresos en Rusia que circulaban en su territorio. Como necesitaba que el banco central en Trípoli abriera sus arcas, el 4 de abril de 2019 lanzó un ataque total contra la ciudad. Contaba con la autorización efectiva de la Administración Trump. John Bolton: el entonces asesor de Seguridad Nacional le había dicho que actuara “rápidamente” si quería tomar la capital y unificar el país bajo su control. Días después del comienzo del asalto, el propio Trump telefoneó para elogiar los esfuerzos “antiterroristas” de Hafter. En verano, a las fuerzas terrestres de Hafter se les unieron mercenarios rusos. Lo que se había concebido como un golpe relámpago se estaba convirtiendo en un asedio prolongado.

Tras años de infructuosas conversaciones de paz, Hafter abandonó por completo la ficción del acercamiento diplomático. Seham Sergiwa, diputada de Bengasi, apareció en julio en un canal de televisión afín a Hafter pidiendo el diálogo en lugar de la guerra. La emisión se interrumpió dejándola a mitad de frase. Esa noche, unos hombres armados la sacaron a rastras de su casa y sobre el edificio pintaron con spray “el ejército es una línea roja”. No ha sido vista desde entonces. Su familia sospecha que fue secuestrada por fuerzas leales a Hafter.

Finalmente, el asalto de Hafter a Trípoli no tuvo éxito. A finales de 2019, Turquía intervino en nombre del gobierno respaldado por la ONU tratando de forzar a Hafter a una paz negociada. Al mes siguiente se celebró en Berlín una conferencia para poner fin a la guerra. Los líderes mundiales esperaban para anunciar el acuerdo, pero Hafter no aparecía por ninguna parte. Se había ido a echar una siesta. “No era porque estuviera cansado”, me dijo la ex enviada de la ONU Stephanie Williams. “Era una puesta en escena, diseñada para demostrar que él actuaba al margen de las normas”. No se llegó a ningún acuerdo.

A finales de 2020, la ONU negoció un alto el fuego para poner fin a la guerra. El acuerdo exigía de Hafter que pusiera a sus fuerzas bajo mando civil; y, una vez más, él se negó. Se prometió que en diciembre de 2021 habría elecciones. Pero las disputas sobre las leyes electorales y la elegibilidad de los candidatos terminaron por hacerlas fracasar. No ha habido ninguna elección desde entonces y el país ha vuelto a la división.

Billetes falsos

El control financiero de Hafter no ha hecho más que crecer. A finales de 2024, los funcionarios del Banco Central de Trípoli descubrieron que circulaban casi 10.000 millones de dinares [unos 1.360 millones de euros, al cambio actual] con números de serie que no habían sido registrados por sus sistemas. Los billetes falsos del este inundaban la economía, un plan que había contribuido a financiar a los soldados de Hafter y a pagar las deudas con sus mercenarios rusos. En el este de Libia los billetes falsos circulaban como moneda real y en el mercado negro se cambiaban por dólares estadounidenses, permitiendo a Moscú el acceso a divisas duras que tras la invasión de Ucrania había perdido por las sanciones occidentales.

El banco central se enfrentó a una elección: denunciar el fraude y provocar otra crisis financiera, o absorber la pérdida en silencio. “Sabíamos exactamente de dónde procedían los billetes”, dijo una persona del Banco Central. “Pero decirlo significaba una confrontación, y la confrontación significaba detener el flujo del petróleo y hacer que el dinar pierda más valor, así que los absorbimos y no dijimos nada; así es como sobreviven las instituciones en Libia, aceptando lo que no puedes enfrentar”.

A sus 82 años, Hafter enfrenta ahora el dilema definitivo de su mundo: cómo transferir el poder. ¿Qué pasa cuando el hombre detrás de la farsa se va?

En octubre de 2025, los billetes falsos se retiraron discretamente. Se hicieron las anotaciones en los libros del banco central y la riqueza de Hafter creció. Como me dijo un exfuncionario de un país occidental, “es más fácil lidiar con una mentira que puedes manejar que con una verdad que no puedes arreglar”.

El dilema: la herencia

A sus 82 años, Hafter enfrenta ahora el dilema definitivo de su mundo: cómo transferir el poder en un sistema que depende de instituciones cuyo funcionamiento necesita que nadie reconozca oficialmente el nombre de la persona que las controla. ¿Qué pasa cuando el hombre detrás de la farsa se va?

Los expertos coinciden en un análisis: Hafter quiere usar a sus hijos para asegurar su legado. “Sus ojos se iluminaban cuando te presentaba a sus hijos”, recordó Williams, el antiguo enviado de la ONU. Según las personas que conocen a la familia, uno de los hijos ocupa un lugar especial. “Saddam siempre fue su favorito”, me contó Buisier. “Tal vez porque era el que se parecía más al padre en porte y estatura”.

Los hijos de Hafter se han repartido el sistema entre ellos para un año que según los rumores podría ser el de la sucesión. Saddam, el heredero natural, fue nombrado vicecomandante en jefe en agosto de 2025 y está al mando de la brigada más poderosa de su padre. Khaled es jefe del Estado Mayor y mantiene bajo control al ejército de su padre. Belkacem, un ingeniero devenido en empresario, está a cargo de miles de millones en contratos de reconstrucción para las ciudades destrozadas por las guerras de su padre. Al-Siddiq es poeta y gestiona la política tribal creando comisiones de reconciliación que prometen la paz y el perdón pero no la traen. Okba supervisa el sector de inteligencia artificial y criptomonedas.

En una Libia fragmentada, los hijos de Hafter deben dividirse lo que el padre nunca compartió: territorio, dinero, mercenarios, y una economía remendada con moneda falsa

Cada uno tiene su título y ninguno de ellos ocupa un cargo electo. La sucesión se ha ensayado tan abiertamente que apenas puede considerarse un secreto. Según los últimos informes, hasta los diplomáticos estadounidenses participan ahora en las negociaciones para un acuerdo que unifique a los gobiernos rivales de Libia con Saddam como presidente.

Pero Hafter construyó su sistema para un solo hombre, no para cinco. En una Libia fragmentada, donde un gobierno rival cuenta con sus propias milicias y apoyos extranjeros, los hijos de Hafter deben dividirse lo que el padre nunca compartió: territorio, dinero, mercenarios, y una economía remendada con moneda falsa

Gadafi pasó décadas preparando a sus hijos. Por vacía que estuviera, les dio una ideología que contarse a sí mismos y aun así se destrozaron entre ellos antes de ser barridos por la revolución. Los hijos de Hafter no tienen ningún credo que compartir, solo el pragmatismo de la supervivencia. Gadafi se atribuía presidir un sistema basado en el gobierno popular. Hafter no se atribuye nada. Solo el consentimiento silencioso.

A Philippe Sands le gusta descubrir historias y contarlas. Lo ha hecho durante décadas ante tribunales en Londres, Estrasburgo y La Haya, en sus libros sobre la guerra de Irak, el Holocausto, Pinochet y el colonialismo británico en el Índico, y en los cientos de clases y conferencias con las que ha conseguido explicar como nadie el origen legal y emocional del debate entre genocidio y crímenes contra la humanidad. La lucha por la justicia internacional, de Serbia a Liberia, de Chile a Chagos, de Irak a Ucrania, no se entiende sin Sands.

El abogado y escritor dice que su vida cambió cuando aceptó dar unas charlas en Lviv, en Ucrania, en 2010, y se puso a investigar la vida de sus abuelos maternos, Leon y Rita, judíos y originarios de lo que entonces era Polonia y que huyeron a París por la persecución nazi. En paralelo, Sands investigó la historia de otros dos supervivientes del Holocausto, que estudiaron en Lviv y revolucionaron como juristas el derecho internacional: Raphael Lemkin, que acuñó el término “genocidio” como el crimen contra una persona por ser miembro de un grupo definido por un rasgo común de nacionalidad, religión o etnia; y Herst Lauterpacht, que articuló el concepto de “crímenes contra la humanidad” que busca proteger al individuo y su valor intrínseco. “El ser humano… es la unidad última de la ley”, escribió Lauterpacht en 1943.

A partir de esta investigación, Sands publicó hace ahora diez años Calle Este-Oeste, que es parte de un cuarteto que culminará al final de esta década con un libro sobre Victoria Amelina, la novelista de Lviv asesinada en 2023 por un ataque ruso mientras cenaba en una pizzería en Kramatorsk, en el este de Ucrania. Amelina había empezado a documentar crímenes de guerra en su país inspirada por Sands. El libro también contará los esfuerzos, en los que él mismo participa, para crear un nuevo tribunal para perseguir el crimen de agresión contra Ucrania.

La aventura personal y profesional de esta investigación de Sands también ha pasado por la Patagonia. Su último libro es Calle Londres 38, sobre la detención de Augusto Pinochet tras la orden del juez Baltasar Garzón en 1998 –Sands también estuvo involucrado en el caso–, y la relación del dictador chileno con nazis huidos de Europa.

Sands cree que la justicia internacional es una carrera de fondo que no se ha parado y sigue ayudando a las personas. Sus batallas en los tribunales denotan afecto por algunas de las personas que representa, como Liseby Elysé, nacida en las islas Chagos, en el Índico, deportada a la fuerza por el Gobierno colonial británico en 1973 para establecer la base militar de Diego Garcia con Estados Unidos, y que sigue luchando por volver a su lugar de origen. Sands me enseña la que dice es su “foto favorita de 2025”, con el papa León XIV, a quien visitó con “Madame Elysé” y un grupo de nativos de Chagos para contarle su causa. También le regaló al papa sus libros, incluido Ruta de escape, que revela la complicidad de un obispo católico con los nazis que huían y el silencio del Vaticano.

Las batallas legales de Sands ya han tenido consecuencias, como el actual proceso de devolución de Chagos a Mauricio que el Reino Unido ha aceptado y está pendiente de firmar. También sigue viendo los efectos de sus libros publicados, y no sólo por los cientos de testimonios que suele recibir después. El descubrimiento del acuerdo entre el Reino Unido y Chile para devolver a casa a Pinochet y la documentación sobre la Caravana de la Muerte están ahora en los tribunales chilenos, donde han vuelto a acudir los descendientes de las víctimas por el pacto revelado por el libro de Sands.

Esta es parte de nuestra conversación, editada por claridad y extensión, en Perugia, durante el festival de periodismo anual en esta ciudad del centro de Italia.

Mientras hablamos una tarde calurosa de abril en el patio de un restaurante en el centro, Sands toma un capuchino acompañado de unas aceitunas y unas cebollitas. “Es muy inglés”, explica ante el camarero italiano y la entrevistadora española, muy escépticos sobre su elección aunque la cocina esté cerrada. En realidad, Sands es también francés –su madre creció en París–, está casado con una estadounidense hija de una exiliada española de familia republicana, y sus raíces están por toda Europa.

¿Los casos que siguen abiertos en Chile son una señal de que el de Pinochet no fue del todo un caso de impunidad?

No es un caso de total impunidad. Pinochet se fue a casa por el acuerdo entre los británicos y los chilenos. La confirmación de que hubo un acuerdo es bastante significativa. Según el acuerdo, él regresa, se le quita la inmunidad y hay casos en su contra. Y es exactamente lo que pasó. Eso abrió la puerta a la justicia. Él regresa, pierde su inmunidad. Los tribunales chilenos deciden que puede ser juzgado y se presentan muchos casos en su contra. Es puesto bajo arresto domiciliario. Eso no es impunidad total.

¿Qué consecuencias quedan?

Algunas personas de la derecha están muy descontentas con esto, entre ellas Kast, ahora presidente de Chile. Él ha empezado el proceso de liberar de la cárcel a todas las personas mayores que cometieron estos crímenes. Me interesa mucho el caso de Miguel Krassnoff. Está cumpliendo una condena de mil años de prisión, tiene unos 90 años. Kast quiere liberarlo. Estoy muy atento a qué sucede con Krassnoff porque interrogó a mucha gente en Colombia. Era un torturador prominente. Creo que también estuvo involucrado en el asesinato de Carmelo Soria [diplomático español secuestrado y asesinado por la policía secreta chilena en 1976]. 

Una cosa sorprendente es que el caso Pinochet fue posible por un error intencionado o no del régimen franquista al adoptar la convención contra el genocidio y adaptar la definición del delito en el Código Penal de 1971 de manera más amplia, sin que incluyera tener que probar la intención.

Esto lo documentó uno de mis alumnos en Harvard, Aleix Pérez i Pitarch, que contraté como asistente de investigación y revisó toda la historia legal. El asunto sin aclarar es si alguien lo hizo a propósito o fue un accidente. Pero si esto no hubiera sucedido, todo habría sido completamente diferente.

¿Otros errores de regímenes actuales pueden abrir puertas a la justicia?

Una de las conclusiones, de hecho, de todos mis libros, es la importancia de los accidentes de la historia, de las coincidencias. Mi gran conclusión de los tres libros, y de este en particular, también es que los individuos marcan la diferencia. La vida no es mecánica. Los Estados no son todopoderosos. Siempre hay alguien como Carlos Castresana [el fiscal español y autor de la denuncia que dio lugar a la detención de Pinochet] o el diplomático británico que llamó por teléfono a Garzón. Si no le hubiera llamado para advertirle de que Pinochet se iba a marchar, Garzón solo habría enviado unas preguntas, Pinochet se habría marchado al día siguiente, y nada de esto habría ocurrido. Me encantan los accidentes de la historia. Y siempre es porque hay una persona que hace algo.

Los individuos marcan la diferencia. La vida no es mecánica. Los Estados no son todopoderosos. Siempre hay alguien como Carlos Castresana

Sin duda, ahora se repetirá. A su debido tiempo, conoceremos las historias sobre cómo Donald Trump decidió lanzar su guerra contra Irán. Alguien nos dirá qué conversación lo llevó a hacer esta cosa terrible y loca. 

¿Y la presión del otro lado? ¿Quiénes son los castresana ahora, luchando en los tribunales o de otra manera?

Lleva tiempo saberlo. Pero Pinochet pensó que no tendría problemas. Milosevic lo pensó. Duterte lo pensó. Pero George W. Bush dejó de viajar al extranjero. Rumsfeld dejó de viajar al extranjero. No estoy diciendo que las cosas vayan a suceder. Pero existe la posibilidad de que sucedan y eso tiene efectos. 

Por supuesto, hay personas que ahora intentan cerrar la puerta y deshacerse de las reglas sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio... Pero fracasarán. Estoy convencido de que el derecho internacional seguirá adelante, con su rumbo un tanto caótico. 

Hay personas que ahora intentan cerrar la puerta y deshacerse de las reglas sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio... Pero fracasarán. Estoy convencido de que el derecho internacional seguirá adelante, con su rumbo un tanto caótico

¿De qué manera estos años tan difíciles han cambiado o pueden cambiar las reglas del derecho internacional y sus instituciones?

Son años difíciles. Ni por un momento creo que no lo sean. Pero decir, como hacen muchos, que este es el fin del derecho internacional en el mundo es un disparate total.

Hemos estado en circunstancias mucho peores. Si nos remontamos a la década de 1930, hubo destrucción y luego hubo un renacimiento. Tal vez haya destrucción de nuevo. Pero si hay destrucción, habrá un renacimiento porque estamos en este pequeño espacio y tenemos que encontrar formas de vivir juntos. 

Suelo citar un discurso pronunciado por Aung San Suu Kyi en la Corte Internacional de Justicia en el caso del genocidio rohinyá que se está juzgando ahora mismo. Ella y yo dijimos que el derecho internacional es el único lenguaje que todos tenemos en común. El derecho internacional seguirá adelante. El hecho de que usted y yo hayamos podido viajar hasta aquí o que usted use su teléfono para enviar un artículo se basa en tratados internacionales.

Pero…

Decir que la legislación internacional está desapareciendo es una locura. Pero hay tres ámbitos en particular donde las reglas están siendo cuestionadas. En primer lugar, la protección de individuos y de grupos en tiempos de guerra y, relacionado con esto, la norma que dice debes distinguir entre objetivos militares y objetivos no militares, no puedes atacar actividades no militares. En segundo lugar, la adquisición de territorio. Y en tercer lugar, el sistema global de comercio y aranceles. Trump quiere desmantelar el sistema de normas multilaterales y sustituirlo por normas bilaterales, pero fracasará.

Decir, como hacen muchos, que éste es el fin del derecho internacional en el mundo es un disparate total. Hemos estado en circunstancias mucho peores. Si nos remontamos a la década de 1930, hubo destrucción y luego hubo un renacimiento. Tal vez haya destrucción de nuevo. Pero si hay destrucción, habrá un renacimiento porque tenemos que encontrar formas de vivir juntos

Vemos una fuerte reacción en contra de lo que está sucediendo en Irán. Y la reacción suele estar motivada, explicada o justificada con referencias al derecho internacional. El presidente español o el primer ministro británico dicen que Estados Unidos no puede usar sus bases porque tienen soberanía. Hay reglas que rigen el uso de sus bases. Y puede que a Estados Unidos no le guste, pero lo ha respetado, y eso es derecho internacional en acción. Cuando Pedro Sánchez dice que los aviones de Estados Unidos no pueden sobrevolar España, eso es derecho internacional, y los aviones no sobrevuelan España.

Por eso, la idea de que el derecho internacional está muerto es simplemente absurda. Está atravesando dificultades. Hay un ataque contra el orden establecido de 1945, pero hay muchas iniciativas en marcha sobre nuevas normas internacionales, por ejemplo, en materia de ecocidio o una nueva convención que se está negociando ahora sobre crímenes de lesa humanidad. Estaré en Nueva York la próxima semana [esta pasada] hablando con asesores jurídicos que, en esencia, están tomando el mensaje del primer ministro canadiense, Mark Carney: hay una ruptura, Estados Unidos no quiere participar, pero hay otros 180 países que van a seguir. Y ahí es donde estará la acción durante los próximos años.

Hay un ataque contra el orden establecido de 1945, pero hay muchas iniciativas en marcha sobre nuevas normas internacionales, por ejemplo, en materia de ecocidio o una nueva convención que se está negociando ahora sobre crímenes de lesa humanidad

¿No sigue haciendo falta la participación en Estados Unidos? En todos los vaivenes de la cooperación internacional del último medio siglo usted describe en sus libros que ha sido una fuerza positiva en ocasiones clave… 

Está por ver. Carney tiene razón en que hay una ruptura. Lo que se ha roto es el vínculo de confianza. Y, como en las relaciones personales o las relaciones comerciales, una vez que la confianza se pierde, es muy difícil reconstruirla. Se puede, pero lleva tiempo. Incluso si Trump se va y llega un nuevo presidente, sea republicano o demócrata, todos saben que no se puede confiar en Estados Unidos, y eso significa que Europa tiene que seguir adelante sola. 

En mi opinión, esto es algo positivo de Trump. Y en esto España se equivoca: tenemos que reconstruir nuestras fuerzas armadas porque hay una amenaza muy real por parte de Rusia. Esto es existencial para Europa. En este sentido, Trump ha sido positivo porque ha hecho que los europeos se den cuenta de que están solos. Están atrapados entre los chinos y los estadounidenses mientras los rusos crean problemas. El sur global está decidiendo quiénes son sus socios. Esta es una oportunidad para que Europa defienda sus valores y se reconstruya a sí misma. Hemos empezado a ver otros aspectos positivos. Esto ha hecho que los británicos se acerquen de nuevo a la Unión Europea. La mayoría de la gente en el Reino Unido quiere que eso suceda porque ha visto que Estados Unidos no es de fiar. No pierdo la fe en Estados Unidos, pero están pasando por un mal momento.

Incluso si Trump se va, e incluso si llega un nuevo presidente, sea republicano o demócrata, todos saben que no se puede confiar en Estados Unidos, y eso significa que Europa tiene que seguir adelante sola

Los más críticos con Estados Unidos aseguran que no hay tanta diferencia entre Trump o Biden o que EEUU tiene un largo historial de injerencia en Oriente Próximo, Latinoamérica o Vietnam. ¿Ve usted una diferencia sustancial?

Algunas personas verán lo que está sucediendo ahora como una continuación de lo que realmente es Estados Unidos. Pero es un país muy complicado. Tenemos que agradecer a Estados Unidos el acuerdo de 1945. Estoy eternamente agradecido a Estados Unidos por la Carta del Atlántico, la Carta de Naciones Unidas y el Tribunal de Núremberg. El problema para Estados Unidos es que a veces no les gusta que las normas se les apliquen a ellos.

Pero, ¿sería el mundo un lugar mejor sin estos avances? ¿Sin derechos para individuos, derechos colectivos, de autodeterminación o un sistema de comercio global? Algunas personas dirán que sí, pero no estoy de acuerdo. Ha traído algunas cosas negativas para otras partes del mundo, pero en general estos son valores decentes y deberíamos honrarlos y construir sobre ellos. No son perfectos. 

Tenemos que agradecer a Estados Unidos el acuerdo de 1945. Estoy eternamente agradecido a Estados Unidos por la Carta del Atlántico, la Carta de Naciones Unidas y el Tribunal de Núremberg. El problema para Estados Unidos es que a veces no les gusta que las normas se les apliquen a ellos.

No soy un idealista del derecho internacional, pero, en general, Estados Unidos ha sido más una fuerza para el bien que para el mal... Esperemos que no lo hayamos perdido para siempre. Una cosa que está sucediendo y que es desastrosa para Estados Unidos y para Europa es el fortalecimiento de China, que parece mucho más razonable en comparación con Estados Unidos ahora mismo: apoya un sistema multilateral, no secuestra presidentes, no invade países. Curiosamente, los chinos incluso se han puesto en contacto conmigo.

¿Para qué?

Soy persona non grata en China porque fui abogado de Filipinas en el caso del Mar de China Meridional hace unas semanas. Pero se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que habían leído mis libros, habían seguido mi trabajo, y les gustaría tener una conversación sobre el multilateralismo y el estado del derecho internacional.

Netanyahu también leyó Calle Este-Oeste, pero tal vez no lo entendió…

Es un momento complejo. Lo que diría es que, a corto plazo, soy bastante pesimista sobre la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Pero a largo plazo, soy bastante optimista respecto a un sistema basado en reglas para valores decentes y seres humanos decentes. 

Para cambiar, más allá de la política, ¿hace falta una victoria en los tribunales en uno de los grandes casos, por ejemplo contra Putin o Netanyahu? 

El primer caso del que tendremos un fallo, que será este otoño, será Gambia contra Myanmar en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) [se acusa a Myanmar de haber cometido un genocidio contra la minoría rohinyá]. Eso va a ser muy interesante.

El caso en el que usted está trabajando como abogado de Gambia…

Argumentamos el caso en enero. Y la corte se enfrenta a la posibilidad, por primera vez en su historia, de declarar que un Estado es responsable de genocidio. Nunca se ha declarado a un Estado responsable de genocidio. El tribunal no consideró a Serbia responsable de genocidio: dijo que hubo un genocidio en Srebrenica, pero que fue cometido por grupos paramilitares. Así que la responsabilidad de Serbia no fue haber cometido un genocidio, sino no haberlo prevenido. Y esa es una distinción importante. 

Ahora, el elefante en la habitación durante las audiencias era el caso que se avecina, Sudáfrica contra Israel. Tendremos que leer muy cuidadosamente la sentencia en Gambia contra Myanmar para hacernos una idea de que hará el tribunal en el caso de Sudáfrica contra Israel. 

Y mientras tanto, hay otros casos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) no ha acusado ni a Hamás ni a Netanyahu de genocidio. El caso es por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Presumiblemente, los jueces lo tendrán en cuenta y podrían preguntarse por qué no ha sido por genocidio. ¿Ha sido por motivos políticos? ¿O legales?

Tendremos que leer muy cuidadosamente la sentencia en Gambia contra Myanmar para hacernos una idea de que hará el tribunal en el caso de Sudáfrica contra Israel

Fue surrealista estar en La Haya en enero mientras la gente decía que era el fin del derecho internacional. Allí estábamos en la Corte Internacional de Justicia, en el Gran Salón del tribunal. Myanmar compareció y argumentó el caso ante 16 jueces. Gambia presentó sus argumentos. Myanmar presentó su defensa. Habrá una sentencia y se basará en el derecho internacional. No es un juego. No es una ilusión.

En un proceso a puerta cerrada, hubo testimonios de lo ocurrido en el norte del estado de Rakhine. Esos tres días de audiencias fueron extenuantes, muy dolorosos. Pero las personas tuvieron la oportunidad de contar sus historias ante un tribunal. Eso no es poca cosa.

A principios de mayo, tengo otra audiencia en el caso de Guyana contra Venezuela. Y en unos días tengo la reunión preparatoria para las negociaciones de una nueva convención sobre crímenes contra la humanidad.

Ahora hay incluso más foco en la palabra “genocidio” que cuando usted escribió Calle Este-Oeste. ¿Por qué cree que es así y por qué en particular con Gaza? El delito de genocidio es más difícil de aplicar porque hay que probar la intención, a diferencia de lo que ocurre con el delito de crímenes contra la humanidad...

Es una pregunta compleja. Hay que volver a Lemkin y examinar sus escritos. Para Lemkin, el genocidio no era algo excepcional. En sus papeles, recogía miles de genocidios, números pequeños de personas asesinadas en pogromos. Y eso era genocidio. No se trataba de grandes cifras. Él tenía su definición, con un umbral bajo.

En Núremberg, la sentencia no hizo ninguna referencia al genocidio. Después los países adoptaron la convención sobre el genocidio en 1948, y el umbral subió. Empiezo a pensar que eso fue un error. Subieron el listón porque no querían exponerse a acusaciones de genocidio y crearon la exigencia especial de probar la intención de destruir a un grupo.

Durante 50 años, no ocurrió nada. Y entonces llegó Ruanda. Llegaron también el tribunal para la ex Yugoslavia, el tribunal para Ruanda, la Corte Penal Internacional, y se elevó aún más el umbral. Así que ahora el listón está tan alto, es tan raro y tan excepcional, que en la opinión pública se percibe como el “crimen de los crímenes”. Pero no lo es. Para mí, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra están al mismo nivel. Matar a 10.000 personas es igual de grave ya sea un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o un genocidio. Pero en la conciencia popular ha subido de categoría.

Puede que se deba, en un sentido más literario, el poder de la palabra: “crímenes de lesa humanidad” o “crímenes de guerra” suenan a expresiones más técnicas. Lo que hizo Lemkin fue inventar una palabra que describe para la gente común lo que significa el horror. Y, como está asociado al Holocausto, tiene una carga de horror muy fuerte.

¿Y ahora?

En el caso de Gaza, muchas personas bien intencionadas creen genuinamente que es un genocidio, y muchas personas bien intencionadas creen que no lo es. También hay otras personas que no tendrían reparo en etiquetar como genocidas al Estado de Israel y a los judíos por razones evidentes que no están motivadas por buenas intenciones. 

Pero el término está ahí. Sudáfrica tiene derecho a presentar un caso. Israel tiene derecho a defenderse y decir que no es genocidio, sino legítima defensa. Es el mismo argumento de Myanmar y tendremos que esperar a ver qué pasa. Pero hay una brecha entre la definición legal de genocidio y lo que la gente común entiende por genocidio.

En el caso de Gaza, muchas personas bien intencionadas creen genuinamente que es un genocidio, y muchas personas bien intencionadas creen que no lo es. También hay otras personas que no tendrían reparo en etiquetar como genocidas al Estado de Israel y a los judíos por razones evidentes que no están motivadas por buenas intenciones

Hay un problema cuando existe una desconexión tan grande entre la definición legal de genocidio y lo que la gente normal e inteligente entiende por genocidio. Mi propia solución a ese problema sería volver a la definición de Lemkin y bajar el listón, de modo que haya cientos de casos que se puedan considerar genocidios y no sea algo tan excepcional.

Después de los debates sobre su uso estos años, ¿sigue sin elegir entre Lemkin y Lauterpacht?

Intelectualmente, me inclino más por Lauterpacht, pero emocional e instintivamente, entiendo totalmente a Lemkin. Es decir, en un mundo ideal, habría un solo delito en el que se mezclaran ambos.

Quizá tenga usted que inventar una palabra nueva...

No creo que pase. Tenemos los dos crímenes. Entiendo los dos. La mayoría de la gente tendría un instinto visceral si uno de los grupos a los que pertenece es atacado por cuestiones de nacionalidad, etnia, religión. Esto es comprensible. Y Lemkin tenía razón al reconocerlo. Por otro lado, Lauterpacht tenía razón en que realmente no importa. Se trata de la humanidad. Soy intelectualmente más de Lauterpacht, pero los entiendo a los dos.

Lo milagroso para mí es cómo se entiende la distinción en todo el mundo. He hecho cientos de eventos en muchos países, y cualquiera entiende que la relación entre el individuo y el grupo afecta a cada persona. Cada persona ahora mismo en este patio en Perugia lo entenderá: soy un individuo, pero también soy miembro de un grupo. ¿Cómo me defino a mí mismo? ¿Cómo quiero que la ley me proteja? Dondequiera que vayas, en Bangladés, México, Sudáfrica, Mauricio, España, Inglaterra, Estados Unidos, todos lo entienden.

Noura Erakat, estadounidense de origen palestino, es abogada de derechos humanos, profesora en la Universidad Rutgers (EEUU) y una conocida activista, con discursos que han tenido gran repercusión. En 2025 se convirtió en la primera mujer palestina que dio un discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

En sus intervenciones en conferencias y medios de comunicación anglosajones denuncia, con claridad y sin eufemismos, las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos cometidas por Israel. Es autora del libro Justice for Some: Law As Politics in the Question of Palestine (Stanford University Press, 2019) y cofundadora de la revista online Jadaliyya. Además, ha ejercido como asesora legal de un subcomité del Congreso estadounidense, como abogada para el Centro Badil por los derechos de refugiados palestinos y como organizadora y abogada defensora de la Campaña en Estados Unidos por el fin de la ocupación israelí. 

Hace una semana recibió un doctorado honoris causa de tres universidades belgas, compartido con la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese. En el marco de ese reconocimiento, elDiario.es la entrevista en Bruselas, en un camerino, minutos antes del inicio de una conferencia de Erakat y Albanese.

Pregunta: ¿Cómo han afectado las guerras contra Irán y Líbano a la población palestina?

Han empeorado la situación en toda la región. Israel violó el alto el fuego en Líbano al menos miles de veces desde que lo pactó con Hezbolá en noviembre de 2024. Hay una construcción narrativa que cuenta que todo se trata de una guerra contra Hezbolá. Ese relato ignora que la ocupación israelí es anterior al surgimiento de este grupo, y que Hezbolá es también una respuesta al abandono de la población chií de Líbano por parte de las propias autoridades, pese a ser probablemente la mayoría del país.

Israel está continuando su proyecto de expansión colonial de asentamiento. Quiere ser más grande, tener más territorio, como lo tienen Irán, Siria o Irak. Sus gobernantes lo formulan en términos de un supuesto derecho bíblico: dicen que su expansión va del Nilo al Éufrates y que ese era el reino original. Es un Gobierno que literalmente actúa apoyándose en las Escrituras, por fuera de las normas internacionales que hemos creado.

El derecho internacional debería haberlos frenado, pero no se ha aplicado ni se han exigido responsabilidades desde el principio, pese a que se sabía que esto iba a pasar.

En cuanto a la guerra contra Irán, es un crimen de agresión, tipificado como tal en el Estatuto de Roma: una guerra sin justificación legítima de defensa propia. Aun así, en el Consejo de Seguridad de la ONU hubo más Estados miembros condenando el bombardeo iraní de bases estadounidenses en los países del Golfo que condenando el ataque ilegal contra Irán.

El sionismo no es algo intrínseco al judaísmo, es una ideología que en Estados Unidos tiene su base más amplia en los cristianos evangélicos, no en las comunidades judías

¿Cómo contempla el papel de la ONU durante el genocidio?

El ataque contra Irán forma parte de un debilitamiento y una destrucción progresiva de la ONU, que la está haciendo más irrelevante. Debería haber una reunión de emergencia inmediata para confrontar a Estados Unidos, pero nadie quiere confrontar al imperio. Esto crea precedentes que se suman a otros del pasado —Gaza, Irak, Guantánamo—, mostrando una continuidad en la erosión del orden internacional.

Así que Estados Unidos puede cometer genocidio, secuestrar a un jefe de Estado en ejercicio, matar de hambre a un pueblo soberano como el cubano, cortar el combustible y castigar a otros estados del Caribe y de América Latina por apoyarlo y por intentar construir políticas regionales propias.

Y ante ello la comunidad internacional se limita a preguntarse qué puede hacer para apaciguar a Estados Unidos y evitar que les haga lo mismo.

El Partido Demócrata de Estados Unidos sacrificó su propia elección para mantener su apoyo a Israel durante el genocidio

Ahora hay soberanías amenazadas, secuestradas o incluso negadas, como la de Palestina...

Líbano es soberano. Irán es soberano. Cuba es soberana. Venezuela es soberana. Pero lo que ahora se está revelando es que, en realidad, no hay soberanía efectiva: que estos países no pueden ejercer plenamente su soberanía real. Eso es lo que está en cuestión. Esa es la cuestión, la batalla: si la soberanía nacional va a sobrevivir o si será sustituida por otras formas de soberanía privatizada.

El otro día Fareed Zakaria entrevistó al director de la Organización Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi. Le preguntaron si los bombardeos iniciados por Israel y EEUU contra Irán eran legales. Y él contestó diciendo que eso era un debate académico y que ‘nuestro propósito no es preguntar qué o por qué, sino resolverlo’. No, eso no es así. Precisamente se trata de preguntar por qué, porque tiene que haber rendición de cuentas, porque eso también dará forma a cómo lo resuelves, y porque si no, seguirá ocurriendo una y otra vez.

En enero de 2024 la Corte de La Haya ya alertó de que había un riesgo plausible de genocidio en Gaza y en julio de ese año pidió a los Estados que suspendieran relaciones comerciales e inversiones que pudieran contribuir a la ocupación ilegal y a la segregación.

No se hizo.

¿Cuáles son las consecuencias de eso?

Asistimos al vaciamiento progresivo y explícito de la ONU y el derecho internacional. Cuando Estados Unidos torturó a prisioneros en Guantánamo y fue acusado de tortura, lo negó y dijo que se trataba de “técnicas mejoradas de interrogatorio”.

Eso ya era una manipulación del lenguaje jurídico, pero indicaba que seguían tomándose en serio la ley, al menos lo suficiente como para disfrazar la violación, como para disimular. Ahora básicamente dicen que no importa la ley ni el derecho internacional.

Asistimos al vaciamiento progresivo y explícito de Naciones Unidas y el derecho internacional

Durante todo el año 2024 y en 2025 se emitieron órdenes desde las Cortes Internacionales...

Hubo un desprecio flagrante a las tres decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre la UNRWA, sobre la ocupación y presencia ilegales israelíes en Cisjordania y Gaza, y sobre el genocidio plausible. Hubo un desprecio flagrante a las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional y a lo que podría haberse hecho desde Naciones Unidas.

También hay un desprecio flagrante incluso hacia las propias leyes europeas, hacia los acuerdos comerciales de la Unión Europea, que prohíben comerciar con países que violan los derechos humanos. O hacia las propias leyes estadounidenses sobre transferencias de armas.

Se presenta como algo excepcional y legítimo, porque hemos interiorizado y normalizado la idea de que la vida judía es superior a otras y merece todo, incluso la violación de los derechos europeos, incluso la ejecución de crímenes masivos.

En Europa se están registrando arrestos, multas, encarcelamientos e incluso acusaciones de terrorismo contra manifestantes pacíficos que protestan contra el genocidio.

Hay un serio retroceso en derechos y libertades para proteger aquello que representa un peligro para todos nosotros. En el fondo, han conseguido dos cosas a la vez: cometen el genocidio del pueblo palestino, amplían los poderes militares, llenan las arcas y aumentan los contratos para las tecnológicas y los contratistas militares; y al mismo tiempo destruyen el derecho internacional y se aseguran la posibilidad de hacer lo que quieran en ese futuro distópico que quieren construir.

Y los poderes se lo permiten, no solo el trumpismo, también los liberales que no consiguieron romper con esa disonancia, con esa incomodidad. Para llegar al otro lado, hay que cruzar un camino incómodo.

La batalla de nuestro presente es si la soberanía nacional de algunos países va a sobrevivir o sería sustituida por formas de soberanía privatizada

¿Cuál?

El de nombrar el sionismo, que es una forma de racismo. Analizar el sionismo es un camino difícil que hay que cruzar. Y quienes más lo dificultan en realidad no están preocupados por los judíos o por proteger la seguridad judía, lo que les preocupa es el poder y, para ello, usan el antisemitismo.

No se protege la vida de nadie con más guerras, con más violencia, bombardeando Irán, etc. Al contrario. Y cuanto más intentan fundir sionismo y judaísmo menos seguridad hay para las personas judías.

Cuando se atribuye a los judíos posturas que en realidad son una posición ideológica y no algo intrínseco al judaísmo se están confundiendo categorías. El sionismo es una posición ideológica cuya base más amplia en EEUU son los cristianos evangélicos, no los judíos, los Cristianos Unidos Por Israel.

Dijo antes que el genocidio podía haberse evitado. No se hizo, por eso hoy estamos aquí. ¿Qué hay que hacer hoy para que mañana no estemos peor?

Los zapatistas nos enseñaron que en realidad solo hay tres cosas que podemos hacer. Me emociona decirlo. Podemos influir en el poder para que haga lo que queremos. Podemos capturar el poder para decidir qué hacer. O podemos ser poder. Y los zapatistas, en muchos sentidos, fueron poder.

No hay que tener miedo, tenemos que entender que no hay forma de salvarnos escondiéndonos y que no existe una salida que no pase por una confrontación real. Hemos tenido impacto y por eso hay tanta violencia contra nosotras. Si fuéramos irrelevantes, nos ignorarían.

Por eso hay países cambiando leyes, arrestando a gente solo por escribir tuits, expulsando a estudiantes… Están aumentando la fuerza coercitiva, porque ya no pueden convencernos de participar en nuestra propia opresión. La pregunta es: ¿cómo animamos a otros a unirse? ¿Y qué exigimos?

Hay un relato predominante que transmite la idea de que las vidas de los judíos valen más que otras, que el racismo contra los judíos es mucho peor que los otros racismos

¿Cuál es la respuesta a eso?

Mi respuesta es esta: queremos cambiar el mundo entero. Todo lo que se construye sobre una base sólida se sostiene. Si construyes solo arriba, es muy fácil que se derrumbe. Pero si lo haces desde abajo —en tu ayuntamiento, en tu escuela, en tu barrio, en tu iglesia, en tu mezquita, en tu asociación vecinal o estudiantil, donde sea— esas son las bases que la gente no puede destruir.

Tenemos que confiar en que hay pequeñas victorias locales que no pueden ser arrancadas de raíz. Zohran Mamdani no ganó porque se acercara a las élites. Ganó porque fue a la base, y la base no le permitió fracasar. Y esa base va a vigilarle.

Estamos viendo que las encuestas en EEUU muestran los niveles más bajos de apoyo a Israel en la sociedad civil, ha habido protestas contra el apartheid y el genocidio y hay jóvenes judíos participando en ellas.

Más gente en Estados Unidos lo está entendiendo, pero vemos que demócratas y republicanos están atados a los mismos intereses económicos, a las mismas empresas, los mismos donantes y financiadores.

Por eso el establishment demócrata es tibio. E incluso se dan paradojas, como que haya demócratas más entregados a Israel que algunos republicanos nacionalistas para quienes la prioridad es “America First”, América Primero. Por supuesto esos republicanos consideran que Israel forma parte del proyecto imperial estadounidense en Oriente Próximo: extraer petróleo, mantener regímenes subordinados y garantizar que Estados Unidos pueda asegurar sus intereses en la región.

Para ese grupo es una cuestión estratégica, más que ideológica. La dimensión ideológica viene del sionismo cristiano, que quiere el regreso del Mesías y afirma que este vendrá cuando Israel sea fuerte. Pero también es una posición demócrata, porque dentro de su moral entienden la liberación judía como sionismo. No hacen una crítica al sionismo.

Por eso ahora vemos sectores de la base republicana actuar con más contundencia frente a Israel, porque quienes son nacionalistas no soportan la idea de que otro país pueda condicionar lo que hace Estados Unidos. Su posición no es antisionista ni antirracista. No piden la liberación de las tierras robadas ni el fin de la anti-negritud en Estados Unidos ni reparaciones. Lo que quieren es “America First”.

Hay gente que solo se escandaliza cuando el genocidio lo hace Trump, porque para muchos nunca fue una cuestión de principios, sino de quién lo hacía y en nombre de quién.

Kamala Harris señaló, durante su campaña electoral, que apoyaba al cien por cien las políticas de Biden con respecto a Gaza.

Eso tuvo repercusión, encuestas posteriores indicaron que la posición ante Palestina fue la principal razón por la que gente que anteriormente había votado a los demócratas esta vez no lo hizo. El aparato del Partido Demócrata es una amenaza preocupante, porque ocupa el espacio que necesitamos para un verdadero partido de oposición.

Ellos sabían perfectamente que, mientras financiaban y apoyaban el genocidio, estaban mintiendo. Cruzaron todas las líneas rojas, porque la abrumadora mayoría de sus bases, el 80%, quería un alto el fuego.

El Partido Demócrata sacrificó su propia elección para mantener su posición ideológica sobre Israel. Expandieron el poder policial, intentaron ocultar información, castigaron a los estudiantes movilizados. Con todo ello le pusieron la alfombra roja a Trump para que llegara y continuara haciendo lo mismo, pero sin disimulo.

Hay gente que solo se escandaliza cuando lo hace Trump, porque para muchos nunca fue una cuestión de principios, sino de quién lo hacía y en nombre de quién. Los demócratas se han marcado un gol en propia puerta con su apoyo a Israel. Perdieron incluso en distritos que habían ganado de forma abrumadora en 2020. Y ahora es como si de repente estuvieran viviendo lo que el resto del mundo lleva tiempo viviendo a causa de su complacencia.

No soy ingenua, no creo que vaya a haber de repente una gran rebelión social. Creo que la mayoría de la gente hará lo que necesite para salvarse, estas son las condiciones en las que estamos organizándonos, es lo que hay.

Nos contamos historias sobre quién va a sobrevivir a la catástrofe climática que ya está aquí. Y una de esas historias dice que solo sobrevivirán quienes ‘lo merezcan’, los poderosos. Tenemos que mostrar que existe otra historia, una en la que nosotros también podamos vivir.

El establishment demócrata de EEUU se ha marcado un gol en propia puerta con su apoyo a Israel. Considera que la liberación judía es el sionismo

Va a publicar un libro después del verano, ¿se puede saber de qué tratará?

El coautor es John Reynolds, un académico irlandés que trabaja en el mismo campo que yo. En él intentamos que se entienda que el sionismo es una ideología colonial racista, que Israel nació como un proyecto supremacista y racista de colonización de asentamiento. Eso implica despojar al pueblo nativo mediante la supuesta superioridad de otro pueblo, considerado víctima paradigmática en la mentalidad europea.

Hay un relato que transmite la idea de que las vidas judías valen más. No lo registramos como supremacía porque es presentado como preservación ante el peligro. Es el mismo argumento que usan los nacionalistas republicanos de Estados Unidos, que justifican su racismo en nombre de un presunto peligro para los blancos. Israel concede la ciudadanía a judíos de cualquier lugar, al igual que EEUU priorizaba conceder la ciudadanía a blancos de cualquier lugar.

Cuando creces como una persona marginada y racializada no esperas que el mundo sea maravilloso, aprendes desde muy niña que no lo es. No tienes grandes expectativas, pero sí una enorme dignidad. Hay una expresión en árabe: 'somos como mulas'. Somos resistentes

¿Qué es ser palestina a día de hoy? Y ¿cómo es ser palestina en este mundo, viviendo en Estados Unidos, siendo activista y una abogada conocida?

Cuando creces como una persona marginada y racializada no esperas que el mundo sea maravilloso, aprendes desde muy niña que no lo es. Así que avanzas sin grandes expectativas, pero con una enorme dignidad.

Hay una expresión en árabe: 'somos como mulas'. Somos resistentes. Eso es lo que principalmente me sostiene. En un plano muy personal, ahora soy muy distinta. Mi mundo se ha vuelto mucho más privado, más pequeño.

Quiero vivir. Amo la vida. Para eso tengo que cultivar mis propios espacios, lo cual significa salir cada vez menos, porque existe el riesgo de que alguien venga a decirme “hashtag yo apoyo a Israel” y entonces eso sea lo único que ocupe toda mi noche.

También he desarrollado una apreciación enorme por la naturaleza. Siempre me ha gustado, pero nunca como ahora. Miro a mi alrededor y pienso que la naturaleza funciona con mucho más equilibrio, más ecosistema y más coexistencia que nosotros. Y eso es hermoso.

Me siento muy afortunada todos los días. Eso me conmueve. Creo que a algunas personas les molesta que sonría tanto, pero yo hago este trabajo porque amo la vida. La rabia es una herramienta maravillosa para impulsarte, pero la rabia por sí sola no cultiva la vida. Y así es también como lo hago.

A realidade é iso ao que hai que terlle un respecto: hai que sacarse o chapeu ante ela. Hai un ano Trump e con el toda a barafunda parecía que ían arrasar. Tiña –teñen– un proxecto subversivo. Infiltrarse no Estado para corroelo. Socavar determinados cimentos da civilización. Pero hoxe a marea cede no seu empuxe. Os aranceis, a resistencia de Minneapolis, ás razzias do ICE, a guerra de Irán... nada saíu como pretendía o autor dos tuits máis disparatados da historia das mensaxes políticas. E mira que ten competencia. Tal vez estea acelerando o declive do Imperio, cometendo erro tras erro, máis ben que engrandecelo. A grande pregunta é se, como sucedeu con Orbán, as eleccións de midterm lle quitarán a maioría no Congreso e no Senado e se tanto el como o mundo MAGA aceptarán o resultado.

O seu aliado, Israel, quere remodelar todo Oriente medio e construír o Gran Israel facendo limpeza étnica e aumentando o seu territorio a costa do Líbano, Cisxordania, etcétera. Levado polo milenarismo evita todo compromiso e comete xenocidio. Pode que estea cavando a súa tumba a medio prazo. Nada é fácil, tampouco para as fantasías de omnipotencia da nova ultradereita. No delirio autoritario que encarnan a realidade é pura plastilina, a moldear á vontade. O narcisismo de masas séguelles o paso nesa loucura imposible. Pero a soberbia e a insolencia, advirten os gregos, ábrelle o camiño ao castigo dos deuses.

Tres universidades de Bélxica outorgaron un doutorado honoris causa conxunto a Francesca Albanese, a relatora da ONU sobre Gaza. Non poderían facer o mesmo as tres universidades galegas?. Albanese encarna a valentía fronte aos grandes poderes. Cando a UE miraba para outro lado, ou apoiaba servilmente a Israel, como continúa facendo –non foi expulsada nin de Eurovisión–, Albanese documentaba a catástrofe. Hoxe soporta ameazas de morte e sancións. A administración norteamericana tena no punto mira, emitíu unha orde que prohibe a todo americano proverlle todo tipo de “fondos, bens e servizos”, así, por exemplo, non pode usar as tarxetas de crédito, xestionadas por multinacionais americanas. O mesmo, por certo, lle pasa a unha ducia de fiscais do tribunal Penal Internacional, algo que a UE non debería tolerar. Ao tempo, arrostra a posibilidade de arresto en Alemaña, país no que, como na Grande Bretaña, a simpatía por Palestina está penalizada. A liberdade de expresión non vive os seus mellores momentos.

Que as universidades galegas lle concederan ese honoris causa sería un xesto. Mínimo ante o tamaño do horror. Pero un xesto de apoio á legalidade internacional; unha afirmación de que Europa -de Galicia que é parte de Europa- está cos dereitos humanos e contra os crimes cometidos por Estados. Sería unha pequena mostra de vitalidade da sociedade civil e das institucións universitarias. Sería algo que nos honraría a todos, como cidadáns e como sociedade. Sería algo que contribuiría a que a liberdade de expresión non sucumba ante as ameazas. Á espera, naturalmente, de que algún día, os autores de crimes respondan ante a xustiza.

El alto el fuego anunciado esta semana entre Estados Unidos e Irán llegó horas después de una reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que China y Rusia vetaron una resolución que proponía coordinar esfuerzos para garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz, incluida la escolta de buques mercantes.

El veto en la ONU

Ese proyecto de resolución, propuesto por Baréin en estrecha colaboración con Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, estaba respaldado por Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump apoyaba contundentemente ese plan, cuyo primer borrador contemplaba, incluso, el uso de “todos los medios necesarios”, una formulación que permitía la autorización para el uso de la fuerza militar.

Un segundo borrador dejó fuera esa expresión, pero mantuvo la iniciativa de “alentar con firmeza” a los Estados interesados en el uso del estrecho de Ormuz para garantizar la navegación mediante esfuerzos de “carácter defensivo”.

La resolución recibió once votos a favor —incluidos los de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad— dos abstenciones —las de Pakistán y Colombia— y fue bloqueada por China y Rusia.

El embajador de China en Naciones Unidas, Fu Cong, indicó que dicha resolución no contemplaba las causas del conflicto de forma integral y equilibrada y que su aprobación transmitiría “un mensaje totalmente erróneo” que podría tener “consecuencias muy graves” en un momento en el que “Estados Unidos está amenazando abiertamente la misma supervivencia de una civilización”.

Cong afirmó que “Estados Unidos e Israel son los instigadores de este conflicto” y que la obstrucción del estrecho de Ormuz es causada por “las acciones militares ilegales de EEUU e Israel contra Irán”. Además, instó a Washington y Tel Aviv “a cesar de inmediato su guerra ilegal”.

Por su parte, el representante permanente de Irán ante la ONU agradeció el veto de China y Rusia y las abstenciones de Pakistán y Colombia y afirmó que la propuesta de resolución era un proyecto de Estados Unidos con el que se hubiera normalizado el uso de la fuerza.

Ese veto contribuyó al anuncio de un frágil alto el fuego, que llegó pocas horas después de la votación. Si la resolución hubiera salido adelante, se habría legitimado en Naciones Unidas la intervención “defensiva” de una fuerza naval internacional en el estrecho de Ormuz, objetivo que busca Estados Unidos y al que no renuncia.

La guerra contra Irán ha permitido a Israel intensificar sus ataques contra Líbano y Gaza e impulsar más anexión ilegal de territorio en la Franja y en Cisjordania

Hasta ahora Irán ha impedido el paso por esta vía marítima de barcos estadounidenses, israelíes y otros aliados europeos. Con ello ha descendido bruscamente el tráfico marítimo por esa ruta, aunque sí han podido cruzarla embarcaciones chinas y de otras naciones asiáticas. Pakistán, India, Irak y Filipinas han alcanzado acuerdos con Teherán para lograr el paso de algunos de sus barcos de forma segura. China lleva tiempo adquiriendo petróleo de Irán y pagándolo principalmente en yuanes, no en dólares. Washington pretende evitar que otros países se unan a la compra de crudo en moneda china o al pago de un peaje a Irán por el cruce del estrecho de Ormuz.

Israel y Washington iniciaron la guerra contra Irán en medio de intensas negociaciones entre EEUU y Teherán y con la posibilidad de un acuerdo a la vista, con importantes avances que había anunciado públicamente el ministro de Exteriores de Omán, mediador en las mismas. Netanyahu logró convencer a Trump de que era posible acabar rápidamente con todo el entramado del poder iraní. Y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, justificó la intervención militar estadounidense contra Irán afirmando que Israel iba a atacar Irán de todos modos.

La escalada ha permitido a Israel intensificar sus ataques contra Líbano y Gaza e impulsar una mayor anexión ilegal de territorio en la Franja y en Cisjordania. Sin embargo, Trump no ha logrado de momento los objetivos que buscaba.

EEUU ha buscado en esta guerra contra Irán la excusa para controlar el estrecho de Ormuz –y evitar el crecimiento del comercio chino en la región- un objetivo que mantiene vigente y al que no quiere renunciar.

Ormuz, objetivo

Son muchas las diferencias con la crisis de Suez de 1956, pero hay algunas similitudes que merece la pena señalar. Ese año Israel invadió el Sinaí egipcio y Gaza, con el apoyo secreto de Francia y Reino Unido, que querían hacerse con el control del canal de Suez tras la nacionalización del mismo por el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser.

Al igual que Estados Unidos en 2026 justificó su intervención contra Irán afirmando que Israel iba a atacar de todos modos, en 1956 Londres y París usaron la excusa de la invasión israelí para enviar tropas al canal de Suez, con el objetivo de tomar su control y derrocar a Nasser. Washington y la URSS vetaron la operación en el Consejo de Seguridad, interponiéndose en sus planes.

El presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, se opuso a aquella operación a través de presión política y sanciones económicas y finalmente Reino Unido y Francia se retiraron del Sinaí y de Gaza. Aquel episodio marca, con gran consenso académico, la consolidación de EEUU como sucesor del liderazgo francés y británico en la región.

Setenta años después, el presidente Donald Trump buscó en su guerra contra Irán la excusa para controlar el estrecho de Ormuz, un propósito que mantiene. Con el intento de lograr una resolución en la ONU en ese sentido, EEUU pretendía legitimar una ofensiva militar nacida de forma ilegal.

Hezbolá nació tras los ataques masivos israelíes de 1982, como consecuencia de aquella agresión en la que murieron miles de personas. Antes, en 1978, Israel había invadido el sur de Líbano.

Con sus ataques, Estados Unidos e Israel provocaron el bloqueo parcial iraní del estrecho, algo que era previsible, y, tras ello, Trump ha estado semanas pidiendo a sus aliados “encargarse de ese paso marítimo”. Ese es uno de los objetivos: el control del estrecho de Ormuz, al igual que en 1956 Londres y París actuaron en busca del control del canal de Suez.

Hasta ahora el plan de Trump ha resultado fallido, tanto en el plano militar como en el diplomático. Irán ha resistido militarmente, Estados Unidos no ha logrado el visto bueno en la ONU a una intervención en Ormuz y con ello ha perdido capacidad disuasoria. China, por su parte, ha jugado un papel en las negociaciones.

Ante ello, Washington pretende elevar la presión contra los buques que acepten las condiciones de Irán para cruzar el estrecho. En su guerra comercial contra China busca bloquear alternativas y evitar el crecimiento de competidores en la región.

El alto el fuego es frágil e irreal: la vía para la paz pasa por el reconocimiento y el respeto de la soberanía de Irán, Líbano y Palestina, actualmente amenazadas o negadas

A qué llama Israel 'alto el fuego'

Más allá de Irán, el alto el fuego en la región es frágil, parcial e irreal, ya que Israel tiende a incumplirlo, tanto en Gaza como en Líbano. En un escenario como este, la vía para la paz pasa por el reconocimiento y el respeto de la soberanía de Irán, Líbano y Palestina, actualmente amenazadas o negadas.

Estados Unidos lleva décadas interviniendo en cuestiones políticas, económicas y militares en Oriente Próximo y estará tentado a seguir haciéndolo.Trump no renuncia al dominio del estrecho de Ormuz y los halcones de Washington querrán seguir desgastando y debilitando a Teherán a través de presiones políticas, económicas, diplomáticas y militares, como se hizo con Irak desde 1990 hasta su invasión ilegal en 2003.

Por eso, entre los diez puntos exigidos por Irán se incluyen como condiciones indispensables la retirada de las sanciones y resoluciones contra el país, la liberación de activos iraníes congelados, el fin de los ataques contra Irán y sus aliados, así como un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz supervisado y regulado por Teherán.

“Terminar el trabajo” en Líbano

El empeño de Israel en extender su control y ocupación colonial representa uno de los obstáculos para un alto el fuego real y duradero. Los bombardeos masivos de Israel contra Líbano horas después del anuncio del alto el fuego esta semana muestran la voluntad de Netanyahu de continuar con sus planes en territorio libanés. Esos ataques mataron a más de 300 personas en tan solo unas horas e hirieron a más de mil, en el marco de una ofensiva que ha provocado la muerte de más de dos mil personas y el desplazamiento forzado de un millón y medio de libaneses desde el mes pasado.

Israel no ha respetado el alto el fuego en Líbano desde su anuncio en noviembre de 2024. Datos de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en aquel país indican que el Ejército israelí ha violado el alto el fuego miles de veces desde entonces. Tampoco respeta lo acordado para Gaza, donde ha matado a más de setecientas personas desde el anuncio del alto el fuego en la Franja hace seis meses. El Gobierno de Tel Aviv tiene un concepto de alto el fuego poco acorde con el significado real de esas palabras.

Israel quiere seguir presente en Líbano, con tropas en el sur del país y con el objetivo de “terminar el trabajo”, expresión habitualmente empleada por representantes y funcionarios del Estado israelí. “Terminar el trabajo” significa seguir lanzando ataques contra territorio libanés, en los que mata a población civil, para atacar a la milicia de Hezbolá.

El empeño de Israel en extender su control y ocupación colonial es uno de los grandes obstáculos para un alto el fuego real y duradero: los ataques israelíes contra Líbano son prueba de ello

La soberanía libanesa ha estado amenazada por Israel en numerosas ocasiones. En 1978 invadió el sur del país, en 1982 bombardeó masivamente Líbano, incluida Beirut —provocando la muerte de unas 20.000 personas— y el Ejército israelí permaneció en territorio libanés hasta el año 2000. En 2006 volvió a bombardear la capital libanesa, provocando más de un millar de muertos y poniendo en práctica la doctrina Dahiya, es decir, el uso de la fuerza militar masiva y desproporcionada. La milicia de Hezbolá nació tras los ataques masivos israelíes de 1982, como consecuencia de aquella agresión.

Se ha llegado hasta aquí debido a la complicidad insistente de Washington, Londres y la Unión Europea con Israel. La UE es el mayor socio comercial de Tel Aviv y, pese al genocidio, mantiene vigente su Acuerdo de Asociación preferencial con Israel. No ha suspendido sus relaciones comerciales ni está ejerciendo la presión necesaria en el seno de Naciones Unidas para proteger el derecho internacional en los Territorios Ocupados Palestinos.

Como indica el director asociado de Human Rights Watch para la UE, Claudio Francavilla, “existe una línea directa entre Trump amenazando con la aniquilación de una civilización en Irán y los líderes de la Unión Europea ni siquiera mencionando a Estados Unidos e Israel en sus cobardes declaraciones. Ahí es donde comienza la impunidad”. En un sentido similar se ha expresado estos días la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, alertando de que “Israel no se detendrá hasta que los Estados y los pueblos lo obliguen a detenerse”.

Esta semana Israel aprobó la creación de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, defendió la expansión de las fronteras israelíes en Gaza, Siria y Líbano. Sea cual sea el resultado de las negociaciones sobre Irán, el Gobierno de Netanyahu sigue gozando de total impunidad. Mientras eso no cambie, la apuesta israelí por el uso de la fuerza bruta condicionará toda la región, porque es en la guerra donde Israel logra lo que el derecho internacional le niega.