El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este martes en Barcelona la posibilidad de viajar a Waterloo (Bélgica) para negociar con Carles Puigdemont el apoyo de Junts a una hipotética moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. No lo ha hecho de forma expresa, ni en su discurso ante el Cercle d'Economia ni después, a preguntas de los periodistas. “Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias”, ha respondido.

El líder del PP ha viajado a la capital catalana para asistir a la Reunión Anual de una de las patronales empresariales más potentes. Es su decimoquinta comparecencia ante el Cercle, como ha recordado él mismo en el arranque de su intervención. Un discurso que prometía abordar la cuestión política más relevante ahora mismo para el PP: cómo echar a Sánchez antes de las elecciones generales, previstas para dentro de más de un año.

El propio Feijóo abonó la teoría con sus primeras palabras. “Hay un elefante en esta habitación”, ha dicho, para presumir de que “algunos han venido a comprobar” si se iba a hablar de dicho “elefante”. “Yo lo haré”, anticipó, porque “cuanto más [se] tarde en abordarlo, más crecerá el elefante”.

Pero Feijóo no ha mencionado la moción de censura de forma explícita. De hecho, ha sido mucho menos claro de lo que fue ayer en una entrevista en Telecinco, en la que planteó expresamente un acuerdo de mínimos para una moción instrumental y la convocatoria inmediata de elecciones. “Parece ser, y quiero ser optimista, que hay algún movimiento, veremos si queda en una burla”, dijo. “Porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”.

La respuesta del PNV, por boca de su portavoz parlamentaria, Maribel Vaquero, es que no apoyarán “ninguna moción de censura”. La réplica de Junts tardó un poco más. Su secretario general, Jordi Turull, ha asegurado esta misma mañana: “Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben como funciona”.

La propuesta no es novedosa, y Feijóo ya la rechazó expresamente en julio de 2025. El líder del PP también sondeó el apoyo de Junts a su investidura en 2023: Feijóo descartó la amnistía, pero sí contempló conceder un indulto a Carles Puigdemont.

En su discurso de este martes, Feijóo ha prometido abordar la situación, pero no lo ha hecho. “España necesita con urgencia lo más elemental, un Gobierno con autonomía para gobernar y una mayoría capacidad de defender el interés general por encima de todo”, ha dicho. “La conversación gira alrededor de sumarios, imputaciones y comisiones. No hay una agenda económica, hay una agenda de tribunales”, ha apuntado.

Para el líder del PP, solo se puede elegir entre “degeneración o limpieza institucional”, para repetir que “184 diputados han exigido elecciones inmediatas a Cortes Generales” porque de la situación por la que transita España “solo se sale devolviendo la voz a la gente” y con un “final digno para una legislatura exhausta”.

El problema, ha apuntado Feijóo, es que “no se acompañan de hechos coherentes las palabras” de quienes desde PNV o Junts, exigen a Pedro Sánchez que convoque ya elecciones.

“Entre la responsabilidad democrática y la convivencia política no hay discusión posible”, ha sostenido. “España necesita una reacción democrática, política y cívica, que devuelva a la vida pública la decencia que tiene que tener”, ha añadido, para reiterar que él hará “todo lo posible”. “Quienes coincidimos en que la situación es insostenible deberíamos hacer todo lo posible”, ha añadido.

Feijóo ha avisado: “Seguiré actuando con aplomo y responsabilidad de acuerdo con mis convicciones en cada momento”. Y ha concluido: “No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella. No pretendo remover conciencias. No vengo a pedir favores ni regalarlos. Defiendo un proyecto limpio y garantizar”.

Desde el PP aseguran que las palabras de Feijóo no son una respuesta del PP a Junts, y que la referencia a los “favores” no apela a lo dicho hoy por Turull. “Lleva escrito tres días”, concluyen desde su equipo.

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha anunciado este lunes que no se postulará para ser candidato a la alcaldía de Barcelona en 2027 para no contribuir a una “lógica de división interna” y la “confrontación” en el seno de la formación.

Con la decisión de Rius, cercano a Carles Puigdemont, todos los números para encabezar la lista de Junts los tiene Jordi Martí, veterano neoconvergente barcelonés y actual portavoz de Junts en el Ayuntamiento.

La intención de Junts era designar desde la cúpula un candidato de consenso, para no tener que pasar por primarias, cuando queda un año para la celebración de los comicios municipales. El nombre que encajaba en ese cálculo era el de Rius, también concejal en Barcelona y cercano al expresident y al secretario general, Jordi Turull.

Martí, sin embargo, dinamitó los planes de la dirección al anunciar por sorpresa la semana pasada su intención de optar a liderar la lista de Junts en 2027. El concejal atesora una larga experiencia en el consistorio, desde 2011, fue designado por Xavier Trias como sucesor cuando dimitió y es del agrado de la militancia.

En una carta abierta a la militancia, Rius ha explicado que sopesó “muy en serio” la posibilidad de liderar la lista en la capital catalana, pero admite que el anuncio de Rius ha modificado sus intenciones iniciales.

“En las actuales circunstancias, no puedo postularme para ser candidato y contribuir a una confrontación que no servirá, en mi opinión, para salir más reforzados”, ha afirmado Rius. “En una lógica de división interna, a mí no me van a encontrar”, ha apostillado.

A falta de proclamación oficial, el nombre de Martí despeja la principal incógnita que quedaba entre los cabezas de lista para disputar la alcaldía a Jaume Collboni (que también repetirá como jefe de filas del PSC). ERC apostará por su actual secretaria general, Elisenda Alamany, mientras que los Comuns han elegido a Gerardo Pisarello.

La carrera en Junts para encontrar alcaldable en Barcelona se prevé agitada. Jordi Martí Galbis, actualmente portavoz del partido en el Ayuntamiento, ha desafiado a la dirección y les ha comunicado que tiene intención de presentarse a la alcaldía. 

La intención de Junts era designar desde la cúpula un candidato de consenso, para no tener que pasar por primarias, cuando queda un año para la celebración de los comicios municipales. El nombre que encajaba en ese cálculo era el también concejal en la capital catalana Josep Rius, cercano a Carles Puigdemont y al secretario general, Jordi Turull.

Pero la irrupción de Martí Galbis, que ha adelantado el diario Ara, trastoca los planes del partido. El concejal atesora una larga experiencia en el consistorio, desde 2011, fue designado por Xavier Trias como sucesor cuando dimitió y es del agrado de la militancia.

Martí Galbis tratará de forzar unas primarias en la federación barcelonesa de Junts para que se decida de esta forma al candidato. Pero no está claro que lo consiga. El reglamento de la formación prevé que sea la Comisión Municipal Territorial la que, al conocer los candidatos y sus avales, decida cómo proclamarlos: de forma directa, con propuesta de nombre y ratificación, o con votación abierta a la militancia. 

Tras el movimiento de Martí Galbis, falta ver cómo reacciona la dirección, y si confirma a Josep Rius, que además de concejal en la ciudad es diputado en el Parlament y vicepresidente del partido. Antes de él, la dirección del partido barajó nombres de mayor impacto, como el empresario Tatxo Benet, o el expresident Artur Mas, pero no fructificaron.

La dirección buscaba un golpe de efecto parecido al retorno de Xavier Trias en las elecciones de 2023. El exalcalde logró entonces la victoria para Junts frente al PSC de Jaume Collboni y los Comuns de Ada Colau, pero no consiguió acceder a la alcaldía debido la alianza entre estos últimos y el PP para aupar al socialista.

Desde entonces, Junts ha ejercido como líder de la oposición en el consistorio, con Martí Galbis como cara más visible. Abierto a algunos pactos con el PSC, en general ha quedado relegado por el interés de Collboni en buscar acuerdos a la izquierda con ERC y los Comuns.

La del 14 de mayo de 2024 ha pasado a la historia como la noche en la que el independentismo perdió la Generalitat tras más de una década de procés. Aquellas fueron las primeras elecciones en que las formaciones que abogan por la ruptura con el Estado no sumaron mayoría en el Parlament, tras cuatro legislaturas consecutivas de dominio en la Cámara. Dos años después, los números del bloque formado por Junts, ERC y la CUP están lejos de mejorar.

Las encuestas son especialmente duras para Junts, el partido que más está sufriendo la irrupción de Aliança Catalana (AC), una formación xenófoba y de ideología independentista que, aunque trata de recoger votantes de todos los espectros, es especialmente atractiva para quienes solían apoyar a Carles Puigdemont.

Más allá del asedio al que somete AC al resto, la llegada de esta fuerza a la Cámara catalana rompe las opciones de repetir lo que durante años se llamó “bloque independentista”, es decir, una serie de partidos que actuaban coordinados y, frecuentemente, pactaban para garantizar su permanencia en el Govern. Sin embargo, la formación de Sílvia Orriols es incompatible con ERC y CUP, que advierten que nunca participarán en una ecuación que incorpore a la extrema derecha.

En este escenario, ni siquiera una mayoría independentista en escaños –que ninguna encuesta ve probable– sería traducible en una investidura o un Govern de ese color, debido a la incompatibilidad de los votos necesarios para alcanzar la suma de 68 diputados.

La aparición de la fuerza capitaneada por Orriols es uno de los problemas de Junts, pero no el único. En el partido creen que el hecho de que Carles Puigdemont siga sin poder beneficiarse de la amnistía y volver a Catalunya los obliga a pelear con una mano atada a la espalda.

El empantanamiento de la situación personal y política del expresident en Bélgica es una de las claves para entender por qué en los últimos meses Junts ha roto formalmente con el Gobierno, al que apoyaron durante el primer tramo de la legislatura. Aunque la relación nunca se ha truncado del todo, en Junts creen ahora que el pacto con el Gobierno no da los réditos esperados mientras AC les come terreno por la derecha. Por eso últimamente los de Míriam Nogueras no han tenido complejos para aparecer en la misma fotografía que PP y Vox votando juntos en el Congreso.

Ese bandazo tampoco ha dado, por el momento, réditos a Junts, que en el terreno catalán es una formación sin un liderazgo claro en el Parlament y sin un candidato inapelable en Barcelona, sea cual sea el resultado de la pugna entre Josep Rius y Jordi Martí, que de momento se inclina en favor del primero.

De cara a las elecciones municipales, Junts está tratando de llevar a cabo una “reunificación”, según su terminología, del disgregado espacio de derecha nacionalista catalana que un día estuvo bajo la marca común de Convergència. En Manresa, Junts ha fichado a un concejal codiciado por Aliança y con un discurso semejante. En Sabadell, se acerca a un sector desgajado de ERC. Con los alcaldes y concejales antiguamente agrupados bajo el PDeCat, Junts aspira a ir cerrando acuerdos caso por caso.

ERC, entre la exigencia y la colaboración con Illa

En la sede de ERC se respira cautela pero también cierta sensación de alivio. Tras la debacle electoral que desalojó a Pere Aragonès del Govern llegó la decisión de firmar un acuerdo de investidura con Illa, que derivó en un congreso durísimo y que abrió el partido en dos mitades, dividido por la continuidad de Oriol Junqueras. Pero, una vez estabilizada la dirección, el último año ha sido más plácido y las encuestas acompañan.

La estrategia desplegada por Junqueras es más de gota malaya que de blitzkrieg. La idea general es apoyar y a la vez exigir a los gobiernos que están en el cargo, todos socialistas tanto en la escala estatal, como catalana e incluso en Barcelona.

Así, Pedro Sánchez, Salvador Illa, Jaume Collboni y otros tantos alcaldes pueden contar con que ERC no va a intentar moverles la silla, habida cuenta de que la alternativa es la “extrema derecha o derecha extrema”, tal como suelen decir los republicanos. Pero si alguno de ellos quieren sacar delante legislación, acuerdos de gobierno o, sobre todo, presupuestos, ERC debe tener contrapartidas en cuestiones que considera estratégicas. Como la cesión del IRPF, que abortó los primeros presupuestos del Govern del PSC.

Esta política hasta ahora ha dado triunfos más bien magros a ERC, a la espera de que la nueva empresa mixta de Rodalies eche a andar, de ver qué pasa con la financiación o qué consigue a cambio de los próximos presupuestos, que Illa está convencido de que le aprobarán.

Pero las encuestas no van mal e incluso sitúan a ERC como segunda fuerza, capaz de remontar un vuelo que todo el mundo juzgaba imposible el 15 de mayo de 2024. Y eso, cuando Junqueras tampoco podría aún presentarse a las elecciones por no haberse podido acoger a la amnistía, es suficiente para refrendar la estrategia.

Una CUP invisible que busca su hueco en las municipales

El bloque independentista pasó en las últimas elecciones de controlar 74 escaños del Parlament (la mayoría está en 68) a quedarse en 59. ERC perdió 13, que la ligera subida de tres asientos de Junts no pudo compensar. Pero la bajada de la CUP no fue menos espectacular: se dejó cinco de sus nueve escaños y, en voto, perdió más de un 30%.

En aquel momento los cupaires pudieron pensar que habían sufrido un gran golpe. Pero lo que les deparaba una legislatura no era mucho mejor. Con el PSC en el Govern y los acuerdos de izquierdas en el Parlament con ERC y Comuns, la formación de la izquierda independentista ha quedado descolocada y ha perdido mucha de la visibilidad de la que gozó en otra época.

Ni siquiera el llamado “procés de Garbí”, una especie de refundación interna, logró volver a colocarlos en el mapa.

Y eso que los anticapitalistas no han renunciado a dar algunas batallas y a estar presentes en algunas negociaciones. Como ejemplo está la legislación para extender la regulación de precios a los alquileres de temporada, donde la CUP se entendió con el PSC, así como con los Comuns y ERC. En ámbitos como el policial, en cambio, la formación se ha destacado como uno de los grandes flagelos del Govern.

La CUP encara el reto de volver a ser una formación con influencia mirando a las elecciones locales del próximo año. El municipalismo, que fue el gérmen de este partido, vuelve a ser un valor refugio cuando algunas encuestas los ven fuera del Parlament. Una de las claves será si mantienen la alcaldía de Girona, ahora en manos de Lluc Salellas, que finalmente opta a la reelección.

La titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra tres mossos investigados por presuntamente haber ayudado al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a huir tras su visita a Barcelona en agosto de 2024.

En un auto avanzado por 'Vilaweb' y al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora acuerda el sobreseimiento total y provisional contra los tres policías, investigados por un delito de encubrimiento, al entender que “no existen indicios suficientes para poder afirmar que existiera un vínculo entre ellos encaminado a conseguir” la huida del expresidente.

Tras casi dos años de instrucción no se ha podido individualizar ninguna conducta de los investigados que hubiera contribuido eficazmente a la huida del expresidente de la Generalitat tras participar en un acto organizado por entidades independentistas en el paseo Lluís Companys coincidiendo con la sesión de investidura de Salvador Illa.

Su mera presencia en el lugar de los hechos, prosigue la instructora, tampoco “puede llevar a afirmar que existiera entre ellos un concierto y preparación previa” encaminada a facilitar su huida y las grabaciones tampoco lo acreditan.

“Tampoco se observa comunicación con este al bajar del escenario después de dar su discurso, ni después, o en el momento de su traslado/huida a Francia, fase en que los investigados ya habían sido detenidos”, recuerda.

Asimismo, no existe “ni un solo indicio” de la existencia de mensajes, llamadas, contactos o intercambios de cualquier tipo entre los investigados y Puigdemont que pueda sostener la hipótesis del encubrimiento o de cualquier otro ilícito penal que pudiera relacionarse con la fuga del mismo.

Testigos

Si bien los testigos relataron que el día de los hechos pudieron dar la impresión de “estar atentos o de observar lo que ocurría”, ninguno afirmó haber presenciado actos de ayuda material ni de favorecimiento de la fuga del expresidente y descartaron la realización de conductas activas que pudieran tener una relevancia penal.

En este sentido, recuerda que el Código Penal exige “una ayuda de los presuntos responsables”, actos tales como ocultar, auxiliar o ayudar a los autores de un delito tras su comisión, pero no castiga la pasividad.

Por todo ello, afirma que “tras la fase de investigación y hoy por hoy” no se puede constatar que ninguno de los tres realizaran actos conjunta y coordinadamente para evitar la detención y posibilitar su fuga.

La resolución no es firme y frente a ella las acusaciones populares, ejercidas por Vox y Hazte Oír, pueden presentar recurso de reforma o de apelación.

Junts vuelve a hacer aspavientos para recordar que su relación con el Gobierno sigue rota. El miércoles pasado, el partido que lidera Carles Puigdemont elevó su presión sobre el Ejecutivo exigiendo al presidente Pedro Sánchez que convoque elecciones generales y cruzando, por primera vez esta legislatura, esa línea. Con su movimiento, Junts se aleja aún más de la Moncloa. Pero lo cierto es que, después de que los independentistas anunciaran a bombo y platillo hace medio año su ruptura con Sánchez, el órdago no tendrá ninguna traducción concreta en la relación de Junts con el Gobierno. Eso sí: sirve a los de Puigdemont para preparar el terreno de cara a una semana parlamentaria que se prevé complicada para ellos.

Fue la portavoz independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, quien pidió a Sánchez convocar elecciones con argumentos muy similares a los que lleva planteando desde el inicio de la legislatura el PP. “Llevan demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, incumplen acuerdos” y “aprueban políticas de espaldas a este parlamento”, espetó Nogueras, que afirmó que “la guinda del pastel son los casos de corrupción” que “rodean” al presidente. Fuentes de Junts ahondan en esta argumentación y aseguran que el presidente carece de “fuerza política” al no contar con una mayoría estable en la Cámara Baja que sustente sus políticas.

No obstante, los de Puigdemont descartan taxativamente la posibilidad de secundar una moción de censura que, junto a PP y Vox, serviría para sacar de la Moncloa a Sánchez y para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo. “Si no hemos regalado ningún voto al PSOE a cambio de nada, tampoco vamos a hacerlo con el PP”, argumentan las fuentes consultadas. Y, por ello, la Moncloa se muestra muy tranquila, quita hierro al órdago de Junts y asegura que su relación con los independentistas no va a empeorar, fundamentalmente porque los puentes estaban ya muy dañados desde que el pasado noviembre Puigdemont escenificó su ruptura con Sánchez.

Lo cierto es que Junts no tiene en su mano ni forzar la convocatoria electoral ni golpear legislativamente al Gobierno más de lo que ya lo está haciendo. En los últimos meses, los de Puigdemont han propinado varios varapalos parlamentarios al Ejecutivo, el último esta misma semana, cuando sumaron fuerzas con PP y Vox para iniciar el debate de una ley que aceleraría los desahucios de familias vulnerables y derogaría el mecanismo que permite establecer topes a los precios del alquiler. Desde el pasado noviembre, asimismo, Junts ha tumbado (por dos veces) el techo de gasto propuesto por el Gobierno como paso previo a los Presupuestos Generales del Estado, ha derribado el decreto de escudo social por incluir la prohibición de desahuciar a inquilinos con bajos ingresos y ha impedido que el Ejecutivo tenga en su mano prohibir en situaciones de emergencia las subidas bruscas de precio de algunos productos o servicios.

Sin embargo, aunque la decisión de Junts de escenificar un nuevo choque con el Gobierno no va a tener ninguna traducción a hechos concretos, al menos a corto plazo, sí puede servir para que los independentistas se intenten sacudir la presión de cara, especialmente, al próximo martes. Ese día, el Congreso debatirá y votará tanto la toma en consideración de la ley que crearía el Consorcio de Inversiones Gobierno-Generalitat como, sobre todo, el decreto de vivienda aprobado hace un mes, que contiene medidas como la prórroga al mismo precio de los alquileres que venzan en 2026 y 2027. Los de Puigdemont han jugado al despiste y no han querido aclarar el sentido de su voto respecto al Consorcio, pero ya han anunciado su rechazo al paquete de medidas de vivienda. 

Ese ‘no’ se debe, fundamentalmente, a motivos ideológicos. Pero Junts lo ha tenido más fácil para venderlo a su electorado después de que la líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, calificara como “racista” y “clasista” su proyecto político la semana pasada, unas declaraciones de las que Díaz no se ha retractado y que no sentaron demasiado bien en su propio partido porque torpedearon la negociación del decreto de vivienda con los independentistas, que ya era muy compleja. Puigdemont respondió a esas palabras con un crítico mensaje en sus redes sociales en el que acusó a la vicepresidenta de “bajeza moral” y afirmó que no conoce ni al “votante” ni al “militante” de Junts. “Buen viento, la próxima vez que pida al PP los votos para ser vicepresidenta”, le espetó.

No obstante, hasta un 74% de los ciudadanos apoyan la prórroga de los alquileres, y quienes rechazan la medida son minoría entre los votantes de todos los partidos, también los de derechas. Y ese dato, que en la última semana han recordado con insistencia las formaciones progresistas y, particularmente, Sumar, mantiene la presión sobre Junts. Una presión que no se ha disipado pese al enfado de Puigdemont con Díaz y también a pesar de que la portavoz Nogueras, asegurase hace unos días que las medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno “están muy mal hechas” y cuentan “con muy poco rigor”.

El Consorcio y la inmigración

Aunque en menor medida, la toma en consideración de la proposición de ley de ERC para poner en marcha el Consorcio de Inversiones entre Gobierno central y Generalitat tampoco es una votación especialmente cómoda para Junts. Esa iniciativa es una de las que acordaron los republicanos con el PSC hace dos años para hacer president a Salvador Illa, y busca crear un órgano que se encargue gestionar las grandes obras y proyectos del Estado en Catalunya para acabar con el déficit de ejecución presupuestaria. Junts ha asegurado que este órgano se queda corto y es “innecesario”, y ha exigido que el dinero presupuestado que no se acabe ejecutando se transfiera directamente a la Generalitat al finalizar cada ejercicio. 

También es cierto, no obstante, que esta votación enfrenta a los de Puigdemont a un dilema incómodo. Posicionarse en contra de la iniciativa supondría torpedear una propuesta que busca dar más poder a la Generalitat para acelerar las inversiones estatales en Catalunya, una de las exigencias habituales de Junts. Pero apoyarla permitiría a ERC apuntarse un importante tanto y allanaría el camino al entendimiento entre los de Oriol Junqueras y el PSC para sacar adelante los Presupuestos autonómicos, que Illa se vio obligado a retirar hace unas semanas para dar más tiempo a la negociación.

A todo ello se suman las últimas decisiones tomadas por el Gobierno en materia migratoria, que no han contribuido a mejorar la relación con un Junts que lleva tiempo endureciendo su discurso en esta materia a causa del acelerado crecimiento que ha experimentado la formación ultraderechista Aliança Catalana, de carácter marcadamente xenófobo. La apertura del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes no ha tenido que pasar por el Congreso para ser aprobada, pero Nogueras se mostró muy crítica con ella el miércoles pasado, cuando acusó a Sánchez de haberla “impuesto” por “la puerta de atrás”, pese a que el procedimiento ha sido perfectamente legal. “España invita, pero lo pagan y lo sufren, como siempre, los ciudadanos de Catalunya”, espetó.

Esa crítica no es una excepción, sino la última muestra de un viraje que, en los últimos tiempos, también se ha evidenciado en otros movimientos, como la decisión de Junts de presentar una veintena de preguntas al Gobierno por alojar “en un hotel” a 30 migrantes en Figueres (Girona). Hace un par de semanas, el diputado posconvergente Josep María Cervera exigió saber “desde qué punto del Estado español se ha trasladado” a los 30 demandantes de asilo, “quién ha tomado la decisión”, por qué se ha elegido Figueres como el municipio en el que debía realojarse a estas personas o “cuánto dinero se destina diariamente a cubrir las necesidades de estas personas”, así como si ese coste “es asumido directamente por el Gobierno español o se canaliza a través de entidades colaboradoras”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha considerado “racista” y “clasista” a Junts y ha indignado a la formación independentista. Preguntada por ello en una entrevista en Onda Cero, la también líder de Sumar ha asegurado que considera desde “siempre” que la formación de Carles Puigdemont encarna este perfil ideológico. 

“Yo sé muy bien quién es Junts, quién es Vox y sé menos ya quién es el Partido Popular”, ha afirmado la vicepresidenta durante la entrevista, en la que también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Según Díaz, el proyecto del PP es “inexistente” y está “preso absolutamente de Vox”.

Pese a su opinión sobre Junts, Díaz ha justificado la investidura de Pedro Sánchez como presidente en 2023 por el programa pactado. “La investidura se acomoda en torno a un proyecto, y las formaciones políticas lo votan o no, con un programa”, ha argumentado. En este sentido, ha negado que haya incluido alguna vez a Junts como parte de un bloque progresista en el Congreso.

La vicepresidenta Díaz ha recordado que Junts se alinea con PP y Vox para oponerse a políticas de vivienda como la prórroga de los alquileres por la guerra de Irán. “Hay que pedirle al PP, a Vox y a Junts por qué golpean a la gente en nuestro país”, ha afirmado. 

Las palabras de Díaz han provocado la reacción de Puigdemont, que la ha acusado de alcanzar un “nivel de bajeza moral” que “asusta”. 

“La falta de respeto al otro, la falta de rigor y el recurso a la manipulación, exactamente como hace Donald Trump, describen perfectamente dónde se sitúa hoy esta izquierda desorientada que gobierna el Estado español”, ha afirmado. “Quizá está haciendo méritos para que la acojan en la plataforma de las izquierdas”, ha remachado sobre Díaz.

El dirigente independentista ha cuestionado que la vicepresidenta conozca las bases del partido que él lidera. “No nos conoce, no sabe quién es nuestro votante ni nuestro militante”, ha escrito, reprochándole que recurra al estereotipo de que todo lo catalán es burgués o de derechas. Según Puigdemont, estee enfoque responde a “el mito fundacional del españolismo en Catalunya”.

El líder de Junts ha cerrado su respuesta con una referencia directa a la aritmética parlamentaria que sostiene al Gobierno de Sánchez. “La gente que nos vota merece más respeto”, escribió. “La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizá vivirá mejor”.

El PSOE volverá este jueves a unir sus votos al PP, Vox y Junts para culminar la tramitación parlamentaria de la ley de multirreincidencia. La medida implicará un endurecimiento de las penas por hurtos menores en caso de reiteración y es una de las más demandadas por parte de los independentistas catalanes desde el principio de la legislatura y, especialmente, desde hace unos meses, a causa de la presión que ejercen sobre Junts la ultraderechista Aliança Catalana y algunos de sus propios alcaldes de la Catalunya interior. Por eso, los socialistas decidieron desbloquearla justo cuando Carles Puigdemont anunció solemnemente la ruptura de la colaboración con el Gobierno. Un gesto que, hasta la fecha, no cuenta con reciprocidad alguna. Salvo excepciones contadas, como el decreto fiscal de este jueves para las consecuencias de la guerra, en Junts mantienen su portazo al Ejecutivo y se disponen a tumbar el decreto con medidas de vivienda impulsado por Sumar.

Una vez alcanzado el acuerdo político para sacar adelante la ley de multirreincidencia, la tramitación ha avanzado con rapidez y, a finales del año pasado, PSOE, PP y Junts cerraron la redacción final del texto, que también apoyó Vox. En febrero, el Congreso dio luz verde por primera vez a la norma, y el pasado miércoles el Senado —donde el PP cuenta con mayoría absoluta— terminó de incluir sus enmiendas. Lo que hará la Cámara Baja este jueves será pronunciarse sobre ellas, pero aunque las rechace, la reforma del Código Penal para castigar más severamente los hurtos reiterados será ley a partir del viernes: lo que se decide es cuál es su redacción final.

Aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, las enmiendas que ha introducido el PP —que debatirá y votará este jueves el Congreso— buscan endurecer el texto y también entorpecer la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno hace unas semanas. En concreto, los populares quieren que la norma modifique la ley de extranjería para prohibir que los aspirantes a beneficiarse de esa regularización prueben su falta de antecedentes penales con una mera declaración responsable ante la ausencia de una certificación oficial. También han aceptado una enmienda de Vox para garantizar que los delincuentes extranjeros condenados en España sean expulsados a sus países de origen y cumplan allí las penas impuestas por la justicia española.

La primera de esas modificaciones, la relativa al endurecimiento de los requisitos que deben cumplir los inmigrantes en situación irregular para acceder a los papeles, tiene visos de salir adelante, puesto que Junts tiene previsto votar a favor de la misma. Si los independentistas no cambian de posición a última hora, su apoyo, sumado al de PP y Vox, sería suficiente para incluir esta medida dentro de la ley de multirreincidencia, con lo que esa norma podría acabar entorpeciendo la regularización de inmigrantes que se pondrá en marcha en las próximas semanas.

Entre las filas socialistas admiten que si la ley de multirreincidencia promovida por Junts estuvo la primera mitad de la legislatura en un cajón era, principalmente, porque también existía un profundo debate interno. El texto de los independentistas catalanes asume el marco punitivista respecto a delitos menores del que habitualmente hace gala la derecha. Y eso enfrentaba al PSOE al conjunto de sus socios de izquierdas —a excepción de ERC, a quien este asunto genera una enorme incomodidad y que se ha abstenido en varias de las etapas de la tramitación de la norma— y abría de puertas hacia dentro una discusión sobre la idoneidad de esa reforma.

La necesidad de contentar a Junts, principalmente, pero también el interés mostrado por el PSC de Salvador Illa en que la medida salga adelante terminaron por decantar la balanza. Varios alcaldes socialistas de Catalunya, de hecho, acudieron presencialmente al primer Pleno del Congreso que dio luz verde a la reforma tras defender que se trata de una reforma muy demandada en ayuntamientos catalanes. El propio PSC ha trabajado una enmienda que será votada este jueves para endurecer las penas al robo de energía eléctrica destinada a los narcopisos.

Junts no apoyará el decreto de vivienda

Tras el choque del pasado viernes en el Consejo de Ministros extraordinario, en lo que coinciden los dos socios de coalición de Gobierno es que apenas existe recorrido político para arrancar a Junts un respaldo al decreto que prorroga los contratos de alquiler. “Somos conscientes de que no hay apoyos, pero no por ello vamos a renunciar a hacer frente a la crisis habitacional”, dijo Pedro Sánchez durante su comparecencia. El presidente llegó a repetir hasta en tres ocasiones que el Ejecutivo no cuenta con el apoyo del Congreso.

De hecho, es esa certeza, la de que Junts votará en contra de cualquier medida que proteja a los inquilinos frente a los propietarios, la que está en el centro de la discusión entre el PSOE y Sumar desde el pasado viernes. Los socialistas se cerraron en banda a unir la prórroga de los alquileres al decreto de medidas fiscales y económicas para paliar los efectos de la guerra porque eso implicaba directamente que el texto decayese durante su votación en Pleno ante la falta de apoyos. Y ahora asumen que esa negociación con los diputados de Carles Puigdemont sobre la situación habitacional de miles de familias a quienes les cumple el contrato de arrendamiento será, directamente, imposible.

El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, tampoco muestra demasiada confianza en un cambio de posición de última hora de Junts que permita salvar el decreto de medidas de vivienda, al menos en las circunstancias actuales. No obstante, en público tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como los partidos que conforman la coalición que ella lidera apuestan por fomentar que los colectivos sociales y sindicales ejerzan presión contra los independentistas catalanes para elevar el coste de derribar el texto. Y fuentes de uno de los partidos del espacio sostienen, además, que incluso si el decreto cae habrá merecido la pena aprobarlo porque, a su juicio, se ha producido un cambio de rasante por el cual la derecha será quien tenga que justificar su negativa y no el Gobierno dar explicaciones por no haber puesto en marcha medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda.

Pedro Sánchez minimizó el órdago de Junts cuando Carles Puigdemont anunció la ruptura con el Gobierno. En Moncloa vieron inicialmente aspavientos, pero no creyeron que la sangre llegara al río. Se equivocaron. Y no tardaron en darse cuenta. Por eso el Ejecutivo multiplicó los gestos hacia la formación independentista (apoyo a la ley contra la multirreincidencia, un macrodecreto con promesas pendientes, el compromiso de publicar las balanzas fiscales...) al tiempo que intentó reagrupar a la mayoría de la investidura. Pero en Moncloa dan por perdido el apoyo de Junts, al menos hasta que Puigdemont vuelva gracias a la aplicación de la amnistía.

El Gobierno ha vuelto a escuchar el portazo este miércoles en el Congreso. La portavoz, Míriam Nogueras, ha confirmado que su grupo votará en contra del decreto del escudo social. Por segunda vez. Ya sumó sus votos a los de PP y Vox para rechazar hace un mes el paraguas de protección social que se implementó durante la pandemia. La excusa de los neoconvergentes fue que la prohibición de los desahucios era un coladero para la okupación. Tras el varapalo, el Gobierno negoció con el PNV una rebaja de la ambición para dejar fuera a los propietarios con una única vivienda en alquiler.

“Hace unas semanas dijimos pensiones ‘sí’, ocupación ‘no’. Y cumplimos”, expresó Nogueras en la sesión de control: “Lo han vuelto a hacer. Mezclar en una sola votación el escudo social y las ocupaciones. Si votáramos que ‘sí’, quizás nos ahorraríamos todas esas mentiras que dicen de nosotros. Pero nosotros no engañamos”. “Escudo social, sí. Ocupaciones, no”, ha señalado llevándose el reproche de Sánchez por vincular la protección del escudo social a personas vulnerables con la ocupación.

Ante la segunda derrota en el Congreso, el Gobierno tendrá que buscar la fórmula para mantener esa protección. Lo que, en principio, no ven en el Ejecutivo es presentar un tercer decreto (ya lo han hecho en esta ocasión desgajando el 'escudo social' de la subida de las pensiones, que sí se aprobará con el 'sí' de PP y Junts). “El Gobierno ha promovido por dos veces el escudo social. Separar la parte de desahucios no lo ve la izquierda. Puede ser que la izquierda diga que cuando lo tumben lo vea distinto, que ahora cambie de opinión”, señala una fuente gubernamental sobre la anterior negociación, en la que Moncloa pretendía llevar la prohibición de los desahucios por separado para minimizar los riesgos, pero se opusieron los socios progresistas y finalmente fueron por separado las pensiones y todo lo demás en un único texto. “El Gobierno está dispuesto a hablar, pero no vamos a traerlo al gusto de cada cual”, apunta esa fuente.

Una ministra descarta que se vaya a aprobar un nuevo decreto. “Tenemos instrumentos”, dice sobre el mantenimiento de las medidas de protección social, como el bono energético, las entregas a cuenta a las comunidades y ayuntamientos o la actualización del Ingreso Mínimo Vital. Además, sostiene que serán las comunidades autónomas, gobernadas mayoritariamente por el PP, las que tendrán que dar respuesta a los desahucios: “Tienen unas obligaciones estatutarias en materia de emergencia habitacional para personas en situación de vulnerabilidad”.

Lo que asumen en Moncloa es que no tienen nada que hacer por ahora con Junts. “La situación de Junts se acabará de estabilizar cuando vuelva Puigdemont”, reflexiona un miembro del Gobierno. La estimación del Ejecutivo es que se podría producir ese escenario en primavera dado que la sentencia del Tribunal Constitucional se espera para abril o mayo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado ya le han allanado el camino. También está pendiente el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, tras la opinión favorable del abogado general, que suele marcar la pauta de los jueces en Luxemburgo.

En todo caso, la tensión con Junts se mantiene en un momento sensible para el Gobierno ante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado que ha prometido en el primer trimestre del año. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó al mes de febrero, que ya ha pasado y ahora la intención es hacerlo en marzo, es decir, en las próximas cuatro semanas. “No están en condiciones de aprobar presupuestos”, señalan fuentes gubernamentales sobre Junts y reconocen que lo importante de las cuentas públicas es aprobarlas, no solo presentarlas, a pesar de que Sánchez aseguró que podría acabar el mandato sin sacar adelante los presupuestos en toda la legislatura. “No dan lugar a la interlocución. Cortesía parlamentaria hay, pero no hay capacidad de diálogo”, lamentan esas fuentes.

Pedro Sánchez ha ido haciendo gestos a sus socios de investidura para intentar rearmar la mayoría en vísperas de los Presupuestos. Sin embargo, hay una pieza que aún se le resiste: Junts. Los de Carles Puigdemont no quieren siquiera dar la imagen de que no tienen ningún tipo de contacto con el Gobierno. La máxima que sale de todos los interlocutores gubernamentales es que no hay conversaciones de ningún tipo con la formación independentista desde que decidió romper a finales de octubre por los incumplimientos de Sánchez del acuerdo que suscribieron Puigdemont y el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, en Bruselas. En Moncloa han aumentado los gestos también hacia los neoconvergentes, con la aprobación de la ley contra la multirreincidencia o los escritos favorables a la amnistía de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, pero asumen que por ahora es insuficiente y mantienen las expectativas de que Junts acabe apoyando el decreto del escudo social que se votará en el Congreso previsiblemente el 26 de febrero.

“Todo lo que sea ir cumpliendo con los acuerdos, con esa palabra que damos siempre de que somos un socio fiable, ayuda”, señalan fuentes gubernamentales que, no obstante, son conscientes de que el acuerdo para la multirreincidencia “tampoco es un salto enorme hacia adelante” en el acercamiento con Junts porque “lo da por descontado” dado que era una de las exigencias previas de los de Puigdemont. Además, recuerdan que ha salido adelante con una “aritmética extraña”: no estaban los socios de la investidura sino el PSOE y las derechas (con la abstención de ERC).

También Junts niega que el gesto que ha salido adelante este jueves en el Congreso suponga un acercamiento al PSOE. “No ha cambiado nada. No hay acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente”, dicen en la formación de Puigdemont, que notó un “cambio de registro” en los de Sánchez desde que dieron un golpe en la mesa a finales de octubre: “Se ha notado que han pasado de 'esto no es nada' a que poco pueden sacar sin votos de Junts”.

En el Gobierno ni siquiera saben si Junts acabará salvando finalmente el decreto del escudo social. El grupo que pilota Míriam Nogueras sostiene, sin embargo, que se mantendrán en el 'no'. “En diciembre ya advertimos de que incluían desahucios, no votaríamos a favor. Nosotros no cambiamos el voto”, aseguran fuentes de Junts, que mantienen que votarán en contra. Los socialistas conservaban alguna esperanza por que rebajaron la ambición de la prohibición de los desahucios en una negociación con el PNV. El Consejo de Ministros aprobó una exención para los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler.

Fuentes gubernamentales sostienen que los de Puigdemont siempre mezclan en las negociaciones cuestiones que nada tienen que ver con el texto que se vota en sí y a eso fían que pueda haber un entendimiento. Sin embargo, Junts asegura que no hay ningún tipo de negociación. Y en el PSOE aún mantienen la esperanza de que pueda salir adelante. “Faltan muchos días. Lo veremos en el pleno del 26 febrero. 15 días en el Congreso es una legislatura en cualquier ayuntamiento normal”, dice una dirigente.

Pero ese es el sentimiento también para los Presupuestos Generales del Estado, que es el gran examen del Gobierno, aunque Sánchez se puso la tirita antes de la herida al asegurar que seguiría adelante aunque naufraguen en el Parlamento. La intención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentarlos en el primer trimestre del año, aunque ya no apuntan al mes de febrero como hace unas semanas. Será Montero quien los defienda salvo que haya un adelanto electoral en Andalucía y tenga que salir precipitadamente del Consejo de Ministros para encabezar la lista del PSOE.

Sin avances para el traspaso de competencias migratorias

A las puertas de presentar las cuentas públicas, la coalición ha acercado posiciones con algunos de los socios. Acordó con ERC la financiación autonómica, aceleró el traspaso de competencias a Euskadi, pactó con Podemos la regularización extraordinaria de migrantes. Esa medida incluyó incipientemente una negociación a tres bandas con Junts para intentar sacarla adelante en paralelo al traspaso de competencias de migración a Catalunya, pero no salió adelante. Los de Ione Belarra se han abierto a apoyarlo si cambia el preámbulo, que tenía tintes racistas. Fuentes gubernamentales aseguran, no obstante, que no hay ningún avance al respecto.

Esa es una de las exigencias de Junts, además de la ejecución presupuestaria y las balanzas fiscales, que el Gobierno prevé publicar al tiempo que presenta los Presupuestos, así como la oficialidad del catalán en la UE, que se resiste por el 'no' de varios países, entre ellos Alemania. El Gobierno acusa al PP de boicotear esa medida con su familia política europea.

El gran hito tiene que ver con la amnistía y la vuelta de Puigdemont, que es el aliciente que en el Gobierno creen que podría acercar a Junts. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se espera para esta primavera tras el espaldarazo del abogado general y el Constitucional se pronunciará en las próximas semanas con sendos informes favorables de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a su aplicación para el caso del expresidente catalán. A pesar de esos gestos, la puerta de Junts sigue cerrada para el Gobierno.

El Tribunal Constitucional resolverá en las próximas semanas el recurso del expresidente Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía al entender que el delito de malversación cometido por el exdirigente catalán durante el procés no entra dentro de los amnistiables por la norma. 

La ley de amnistía consideraba aplicable la norma a todos los que cometieron el delito de malversación para promover y celebrar el referéndum secesionista ilegal sin incrementar por ello su patrimonio. Pero el Supremo hizo una interpretación particular —que hasta ese momento no había tenido en cuenta cuando juzgó y dictó sentencia sobre el desafío independentista— y consideró que los dirigentes catalanes se ahorraron el dinero que deberían haber puesto de su bolsillo para el referéndum ilegal y, por tanto, sí incrementaron su patrimonio, por lo que no cabría aplicarles los beneficios contemplados en la ley de amnistía. 

Ahora, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han enviado al Tribunal sendos informes, cuyo contenido ha adelantado El Español y ha confirmado elDiario.es, donde apoyan en parte el recurso de Puigdemont y consideran que debe aplicarse al expresidente catalán la ley de amnistía, por lo que podría regresar a España.

El recurso de Puigdemont considera “manifiestamente errónea dicha interpretación” del Tribunal Supremo, y defiende que es “aplicable al delito de malversación y que una interpretación contraria a esta conclusión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada, congruente, razonada y razonable”.

La Abogacía del Estado entiende que el Tribunal Supremo “llevó a cabo una interpretación no razonable sobre la obtención de un beneficio personal de carácter patrimonial que en ninguna de las resoluciones judiciales anteriores se declaró”. “No es lógico, y es irrazonable”, señala, “interpretar una norma configurada específicamente para la amnistía entre otros, del delito de malversación, como no aplicable interpretando que el beneficio patrimonial se produjo como consecuencia de la evitación de desembolsos personales para el fin perseguido, puesto que tal interpretación es contraria a la literalidad de la norma aplicable que parte de que los gastos para las actuaciones delictivas se produjeron, como se ha expuesto con anterioridad”.

La Abogacía del Estado sostiene que “solo se debería inaplicar la amnistía, lo cual no es el caso en los ”hipotéticos supuestos en los que, aprovechando esa derivación de los fondos a favor del proyecto político independentista, alguno de los actores hubiera procurado un acrecimiento patrimonial, netamente monetario o de uso y disfrute, para sí o para un tercero. En definitiva, una ventaja económicamente evaluable que apartara los fondos de esa finalidad secesionista“. Y concluye: ”La lectura de la Ley de Amnistía manifiesta su claro propósito de amnistiar las conductas realizadas por el demandante de amparo“.

Por su parte, la Fiscalía defiende en su escrito lo siguiente: “El objeto nuclear del presente recurso concierne a la decisión de considerar aplicable o no la amnistía prevista en la ley orgánica a los hechos por los que fue procesado el recurrente. Su pretensión de amparo -en la parte que, a juicio de este Ministerio, debe ser estimada- se centra en que las decisiones judiciales que han rechazado esa aplicación no se ajustan al estándar constitucional exigible de motivación ex art. 24.1 de la Constitución, cuando además se afectan otros derechos fundamentales sustantivos”.

La Fiscalía estima parcialmente el recurso de amparo de Puigdemont y defiende “el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho, y a tal fin, que se declare la nulidad de los autos de 1 de julio y 10 de septiembre de 2024 dictados por el Magistrado instructor y los autos de 9 de abril y 17 de junio de 2025 dictados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial nº 2025/2017”.

El Tribunal Constitucional ha dictado ya varias sentencias desestimando los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que presentaron el PP, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las autonomías de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha declarado este jueves que la sentencia que se ha conocido este jueves sobre su inmunidad y la de Toni Comín y Clara Ponsatí “es una bofetada muy dura al Parlamento Europeo”, ya que “el máximo tribunal de la Unión Europea revoca una decisión contra los derechos que han sido vulnerados por ese rodillo que formaban el PP, el Partido Socialista, Vox y Ciudadanos con el apoyo del Gobierno español y con la complicidad vergonzosa de la presidencia de la Eurocámara”.

“Hoy el Parlamento Europeo ha pasado mucha vergüenza y debe examinar qué ha hecho mal, como le ha dicho el Tribunal de Justicia de la UE... en aquel momento era tan evidente que se estaban pisoteando unos derechos… ¿Cómo se podía justificar que una persona que ha participado en un acto en el que se gritó que debíamos ir a prisión, que esa persona, actuando como relatora, iba a ser imparcial? Hemos tenido que esperar, lamentablemente, demasiados años y causa un daño grave a la reputación del Parlamento Europeo”, ha apuntado Puigdemont, acompañado por Toni Comí en las instalaciones de la Eurocámara.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este jueves la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de los entonces diputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí en 2021. La sentencia considera que la designación del ponente que redactó el informe para el Parlamento, un diputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento de los independentistas, fue “contraria a la exigencia de imparcialidad”, por lo que debió considerarse nulo.

La sentencia no tiene efectos directos sobre ninguna de las causas abiertas por los independentistas, más allá de la defensa de su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, tanto Puigdemont como Ponsatí han dejado de ser miembros de la cámara, mientras que Comín sigue manteniendo una batalla por ser reconocido como diputado.

El presidente de Junts ha cargado duramente contra la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a la que ha recriminado que “se negó a recibirnos a tres eurodiputados que queríamos exponerle la situación en la que nos encontrábamos y se negó a dar una respuesta. Requeriría una aclaración por parte de la presidenta sobre cuál es su papel: si es el de miembro de un partido político o el de presidenta de todos los eurodiputados, incluidos aquellos con los que no está de acuerdo”.

Prudentes sobre la decisión de la Amnistía

Preguntado por si la sentencia puede tener algún efecto sobre la posición del TJUE sobre la Ley de Amnistía, Puigdemont ha insistido en que son “prudentes respecto a las expectativas sobre lo que deben hacer los tribunales y con sus decisiones. Es evidente que la opinión del abogado general, en el caso de las cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía, era contundente, pero quien debe tomar la decisión es el Tribunal. Ya sabéis que la opinión no es vinculante y nosotros mantendremos la prudencia, el respeto y la expectativa”.

Sobre un posible acercamiento al PSOE en caso de que la Ley de Amnistía sea respaldada por los tribunales, el presidente de Junts ha recordado que “eso son muchas pantallas, ni siquiera hemos pasado la primera pantalla. Primero tenemos que ver cuál es la decisión del juez del TJUE y, después, cuál es la decisión del juez español. Una cosa es lo que diga Europa y otra cosa es lo que haga España, porque en el caso de Cataluña, España va por su cuenta”.

Las palabras de Puigdemont llegan cuando el Gobierno de Pedro Sánchez trata de rearmar la mayoría de la investidura para tratar de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En el caso de Junts, las relaciones del Ejecutivo de Sánchez con el partido independentista catalán no pasan por el mejor momento. Los problemas de Rodalies, que han sido ampliamente utilizados por Junts para ataca a los socialistas, o la posición de la formación de Puigdemont con su rechazo al escudo social, han provocado que el supuesto diálogo entre ambas formaciones se vea constantemente trabado. Además, los independentistas insisten en recordar que quedan todavía pendientes algunas cuestiones como la publicación de las balanzas fiscales o la oficialidad del catalán en la UE.

Mientras, a pesar de que el TJUE señala como “contraria a la exigencia de imparcialidad” que el ponente que redactó el informe para el Parlamento pidiendo la pérdida de la inmunidad de los tres parlamentarios independentistas fuera un eurodiputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento, Jorge Buxadé, jefe de Vox en el Parlamento Europeo, ha señalado que la sentencia del “demuestra que se trata de un Tribunal profundamente parcial, politizado e ideologizado”. En lugar de hacer un ejercicio de autocrítica, el líder de la formación de ultraderecha ha comentado que “esta sentencia confirma que la justicia europea no actúa con neutralidad, sino con criterios políticos”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado este jueves la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de los entonces diputados Carles Puigdemont, Tonio Comín y Clara Ponsatí en 2021. La sentencia considera que la designación del ponente que redactó el informe para el Parlamento, un diputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento de los independentistas, fue “contraria a la exigencia de imparcialidad”, por lo que debió considerarse nulo.

La sentencia no tiene efectos directos sobre ninguna de las causas abiertas por los independentistas, más allá de la defensa de su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, tanto Puigdemont como Ponsatí han dejado de ser miembros de la cámara, mientras que Comín sigue manteniendo una batalla por ser reconocido como diputado.

La Justicia europea se ha pronunciado concretamente sobre el recurso que interpusieron Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión de la Eurocámara de retirarles la protección parlamentaria en 2021, después de que el Tribunal Supremo solicitase el suplicatorio para poderles juzgar en España por la causa del 'procés'.

No obstante, el abogado general de la Unión Europea recomendó al tribunal el sobreseimiento de la causa al menos para Puigdemont y Ponsatí, porque al no haberse presentado a las elecciones europeas de 2024 “ya no tienen interés en ejercitar la acción”.

En cambio, sí consideraba el abogado, Maciej Szpunar, que el caso “sigue teniendo interés” para Comín, quien se presentó a esos comicios y obtuvo los votos necesarios para revalidar su escaño, aunque hoy en día no lo ocupa porque no acudió a Madrid a acatar la Constitución, por riesgo a ser detenido.

Con todo, el abogado consideró que el TJUE debe desestimar el recurso. En primer lugar, señaló que la Eurocámara no violó los derechos de Puigdemont, Comín y Ponsatí a que su caso se tratara de forma imparcial y equitativa cuando decidió unificar los tres suplicatorios en un único ponente, perteneciente al mismo grupo político que Ciudadanos y VOX, partido que se ha personado en la causa del '1-O'. Tampoco los violó, según Szpunar, al considerar que el suplicatorio que solicitó el Supremo no ponía en riesgo la independencia de la Eurocámara.

El TJUE también se espera que emita este año su sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo para el que todavía no hay fecha y que determinará la posible vuelta a España de Puigdemont. Aunque el regreso del líder de Junts dependerá, en gran medida, de la sentencia que debe dictar el Constitucional respecto a si el Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación.

Pedro Sánchez busca la cuadratura del círculo en una compleja aritmética parlamentaria que le ha llevado a una nueva derrota: el Congreso ha tumbado el escudo social con los votos de PP, Vox y Junts. El Gobierno negoció una vez más contrarreloj con la pretensión de llevar al 'sí' a Podemos con la regularización extraordinaria de migrantes y que los de Ione Belarra abrieran la puerta a apoyar la delegación de competencias en materia de migración a Catalunya, que es una exigencia de Carles Puigdemont en su pugna con la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. Pero en Moncloa no lograron el objetivo y Junts se mantuvo en el 'no' tumbando ese decreto, que incluye la subida de las pensiones pero también la prohibición de desahuciar a personas vulnerables que, para los de Carles Puigdemont, supone “que no puedas hacer nada si te ocupan el piso y no te pagan el alquiler”.

Ahora se abre en una nueva fase de conversaciones cruzadas bajo la premisa de que habrá una nueva iniciativa para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas a partir de febrero. “No hay una única manera de arreglarlo, pero el Gobierno va a estar donde toca”, afirman fuentes gubernamentales.

La negociación en materia de migración, que conlleva que Podemos permita sacar adelante una de las promesas incumplidas hasta ahora por Sánchez, no fue el único gesto del Gobierno a Junts. “El pasado diciembre aprobamos una línea de avales que hemos dotado con 300 millones para posibles impagos”, dijo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sobre otra de las exigencias del grupo que pilota Míriam Nogueras. Entre tanto, el Gobierno asegura que publicará próximamente las balanzas fiscales y que trabaja por la oficialidad del catalán en la UE a la espera de que se aplique la amnistía que permita volver a Puigdemont tras los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE y el Constitucional. Sin embargo, la portavoz independentista reiteró su 'no' al decreto y pidió que se troceara para sacar adelante la subida de las pensiones por separado y no dio por buenas las promesas en materia migratoria, al menos por ahora.

“Nosotros estamos donde siempre hemos estado. Catalunya necesita el 100% de las competencias de inmigración. Cada día más gente tiene más claro que cuanto menos depende de España, más funciona Catalunya”, dijo Nogueras. Fuentes del partido señalan en cualquier caso que es el PSOE quien tiene que moverse si quiere sacar adelante esta ley, un compromiso que arrastra desde el inicio de la legislatura, al que llegó con los de Puigdemont para evitar una primera derrota parlamentaria con varios decretos que buscaban implementar un subsidio de desempleo y prorrogar el escudo social.

Una negociación a tres bandas

“Depende de ellos. Ojalá”, traslada una fuente del grupo parlamentario, que insiste en que ahora es tarea de los socialistas volver a registrar la iniciativa en el Congreso y asegurarse de atar los apoyos para que pueda salir adelante. Si Podemos entra finalmente en el pacto, la tramitación podría ser más o menos rápida, similar a la que propició en diciembre la negociación sobre la ley de multirreincidencia, otro de los compromisos con Junts, que se votará en el primer pleno del año, el jueves 12 de febrero.

“En la delegación de competencias estamos de acuerdo. El problema lo visualizó Podemos y ya ha manifestado que no es problema. Ojalá esto suponga para Junts un gesto que quiera corresponder a Podemos sacando adelante esta parte del decreto, que no es de Podemos, pero que es con la que Podemos está a favor”, señalan fuentes gubernamentales sobre la posibilidad de que las medidas del escudo social, entre ellas la prohibición de los desahucios pero también ayudas fiscales para los afectados de la dana y de los incendios o entregas a cuenta para las administraciones territoriales, cuenten con el respaldo suficiente más adelante. “Es una manera de negociar a la que estamos acostumbrados”, apostillan esas fuentes.

Este martes, tanto Irene Montero como Ione Belarra rebajaron el tono contra ese posible traspaso de competencias y reconocieron que estaban dispuestas a dialogar, aunque aseguran que no habrá un cheque en blanco y negociarán para borrar los tintes racistas del texto, así como algunas cuestiones más técnicas con las que tampoco estaban de acuerdo. Desde Podemos han negado, eso sí, que el acuerdo sobre la regularización esté vinculado con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, para la que mantienen las mismas líneas rojas: bajar los alquileres por ley, romper relaciones con Israel y frenar el incremento del gasto militar. Pero lo que es indudable es que si este acuerdo termina facilitando el traspaso de competencias a Catalunya, el Gobierno habrá acercado de nuevo a Junts a la mayoría de la investidura, a falta del resto de acuerdos pendientes de concretarse, como la aplicación definitiva de la amnistía sobre Puigdemont o la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

“Iremos viendo”

En el Gobierno por ahora no desvelan sus cartas sobre los próximos pasos. “Iremos viendo”, señala un miembro del Ejecutivo sobre la fórmula por la que optarán para plantear de nuevo la subida de las pensiones. Entre las opciones que tienen sobre la mesa está la de trocear el decreto de manera que la subida de las pensiones se vote separadamente del resto de asuntos, que es lo que han exigido PP y Junts. Esa, sin embargo, es la opción que menos gusta en Moncloa. “Los pensionistas son importantes, pero el resto de cosas, también. No está tan claro que tengamos que renunciar a esas cosas porque el PP se quiera dar un capricho más en el Congreso”, afirman las fuentes consultadas. Las otras opciones pasan por una negociación a varias bandas que permita el 'sí' de su antiguo socio de investidura con alguna cesión en materia antidesahucios. “Lo estamos analizando y trabajando escenarios”, dice una ministra.

La estrategia de Moncloa pasa por lanzar la pelota al tejado del PP, y en menor medida de Junts. Lo que quieren los de Sánchez es que se visualice que Alberto Núñez Feijóo pone en riesgo las pensiones de más de 10 millones de personas. “Lo han vuelto a hacer, otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados de nuestro país”, ha criticado en un vídeo publicado en redes sociales el presidente en referencia al rechazo en el Congreso del macrodecreto que incluía la revalorización de las pensiones en 2025. Finalmente, PP y Junts acabaron apoyando un texto igual.

“Tenemos nuestra fe en un millón de cosas y no nos cerramos a nada. Esperamos que PP y Junts se den cuenta de que es un paquete de medidas que se votó hace un año. Son ellos los que tienen que explicar por qué lo rechazan ahora”, expresan fuentes gubernamentales, que recuerdan que 50.000 personas vulnerables están en riesgo de desahucio si no se aprueba esa protección. “Hace un año esto les parecía bien. La crisis de vivienda con la que se les llena la boca sigue encima de la mesa y esto es una medida que se enmarca dentro de la situación de abordar la vivienda, que para nosotros es muy importante”, dicen en Moncloa: “Estamos convencidos de que es una excusa. El PP se hace llamar partido de Estado, pero luego no se comporta como tal”.

“La complejidad parlamentaria lo es para todos y todos tenemos que negociar todo. Habrá que hablar”, dicen fuentes del Gobierno, que interpelan al PP: “El decreto no tiene nada en contra del PP, de su ideario ni del programa. Que lo vote. Puede que nosotros no tengamos los votos para sacar cosas adelante, pero ellos tampoco”.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes por unanimidad mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán Carles Puigdemont.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la corte de garantías, en línea con el criterio de la Fiscalía, ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa del expresident de levantar la orden de detención nacional, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía.

Del mismo modo, el Pleno ha desestimado una petición similar formulada por los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig que, junto a Puigdemont, también están huidos de la Justicia española.

La orden dictada por el magistrado instructor del Supremo Pablo LLarena frena el regreso a España a Puigdemont y, de hecho, uno de los principales argumentos de la ponencia es precisamente no desautorizar la actuación del juez y evitar actuaciones que puedan avanzar hacia un sentido del fallo.

Puigdemont solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pidió que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme.

En su escrito, la defensa del Puigdemont hace referencia a las conclusiones del abogado general sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el derecho de la Unión. Y argumenta que el pronunciamiento del abogado general, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, “elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo”.

Pedro Sánchez es consciente de la minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno de coalición y, aunque trata de alejar el fantasma de la inestabilidad que puede suponer, ha comenzado el año intentando impulsar la relación con sus socios, especialmente ERC y el PNV, a la espera de poder reconducir las relaciones con Junts, que deja patente su distancia y ni siquiera acudirá a la ronda de contactos que el presidente ha convocado para sondear un posible envió de tropas a Ucrania en un hipotético alto el fuego. De la recuperación de la sintonía con los de Carles Puigdemont depende en gran medida la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo se ha comprometido a presentar en el primer trimestre, aunque el presidente intenta desligarlos de la continuidad de la legislatura.

Por el momento, Sánchez ha comenzado por mantener el cortejo a PNV y ERC, que se han convertido sus aliados parlamentarios más fieles desde que llegó a Moncloa en 2018. El presidente del Gobierno dio un paso inédito al reunirse con el líder republicano, Oriol Junqueras. Hasta entonces, Moncloa solo había informado de una conversación telefónica en 2023, en plenas negociaciones de la investidura, y aseguraba que el del 8 de enero era el primer encuentro entre ambos.

Reuniones secretas con Junqueras

Sin embargo, Moncloa tuvo que reconocer después que se produjeron otras dos reuniones de Sánchez y Junqueras antes de la cita en la que se cerró el modelo de financiación autonómico, según adelantó La Vanguardia. El Gobierno concedió que el líder de ERC fuera quien anunciara el acuerdo y los detalles del mismo, entre los que citó la ordinalidad, que genera un gran rechazo no solo en las comunidades autónomas sino en las propias federaciones socialistas.

Todos los gobiernos autonómicos, a excepción de la Generalitat de Catalunya, rechazaron la propuesta que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó un día después. Todas las comunidades reprocharon al Gobierno que pactara bilateralmente con un único territorio y un partido político al margen del órgano multilateral que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En la reunión de ese organismo esta semana, Montero les dijo a las comunidades que la nueva financiación, que aporta 21.000 millones de euros adicionales, era voluntaria. Aunque se inicia ahora un proceso de conversaciones, en el Gobierno tienen claro que esa será a grandes rasgos la propuesta que lleven al Congreso, donde esperan tener el apoyo de los socios de la investidura, incluido Junts, que por ahora lo rechaza y exige un cupo para Catalunya similar al de Euskadi y Navarra.

En Moncloa esperan a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE y del Constitucional sobre la amnistía para poder reconducir la relación con Junts. Lo que consideran es que una hipotética vuelta de Carles Puigdemont pueda abrir un nuevo tiempo e incluso subsanar la ruptura que se produjo en octubre. Hasta entonces, creen que pueden ir sobreviviendo “votación a votación” en el Congreso y que no en todas los siete diputados de Junts se opondrán. Además, en el corto plazo, el Gobierno aspira a cumplir con las promesas pendientes con los de Puigdemont, como la publicación de las balanzas fiscales tras haber pisado el acelerador en diciembre con la aprobación de otras cinco medidas hasta entonces incumplidas.

No obstante, el grupo que pilota Míriam Nogueras mantiene la tensión al máximo y ni siquiera acudirán a la ronda de contactos que Sánchez ha convocado con los grupos.

Moncloa minimiza el plantón de Junts

En la presidencia del Gobierno tratan de restarle importancia a ese plantón y asumen que forma parte de la decisión de Junts de no tener relación política con ellos. “Los gabinetes han estado en contacto, hablando, y Junts ha trasladado que se da así por informado”, apuntan fuentes gubernamentales. Lo que tampoco ven necesario en este momento es un encuentro de Sánchez y Puigdemont, que tampoco los neoconvergentes han solicitado, aunque el presidente se ha mostrado abierto a mantenerlo “cuando toque”.

A quien tratan también de mantener amarrado es al PNV, que en las últimas semanas ha dado síntomas de hartazgo ante la situación. El Gobierno intensificó en las últimas semanas los contactos con Euskadi para sellar un acuerdo que permitirá cinco nuevas transferencias (las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo, el seguro escolar, Salvamento Marítimo y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo).

“Hoy es un día importante, cuando se llega a la conclusión de un trabajo compartido. Seguiremos avanzando con el País Vasco, como lo hacemos con otras comunidades autónomas. Puede haber diferencias en el camino, pero lo importante es que terminamos con acuerdos”, afirmó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Avances con Euskadi, que examina al Gobierno

El lehendakari, Imanol Pradales, advirtió este mismo viernes a Sánchez de que el Estatuto “no puede ser moneda de cambio ni instrumento de supervivencia política”. “La desnaturalización del Estatuto es inaceptable”, lamentó apenas una hora antes de que se produjera la rúbrica de las nuevas transferencias. El lehendakari avisó, además, de que será necesario pasar una “reválida bilateral” sobre los acuerdos a partir de “un informe de evaluación que recoge los cumplimientos y los incumplimientos de los acuerdos suscritos” que está elaborando el Gobierno vasco. “Esta reválida bilateral será clave para acreditar la voluntad política real del Gobierno español y del presidente Sánchez ante el actual curso político”, dijo Pradales.

En Moncloa, no obstante, no muestran síntomas de nerviosismo y consideran que pueden seguir adelante aunque sea en minoría parlamentaria. De hecho, el Gobierno ha vuelto del parón navideño con una cierta hiperactividad y ha anunciado medidas que no requieren del visto bueno del Congreso, como el acuerdo con la Iglesia para la reparación de las víctimas de los abusos o la creación de un fondo soberano para captar inversiones privadas, además de la reforma para la financiación autonómica o nuevas medidas en materia de vivienda que sí requieren del aval parlamentario y tienen más difícil ver la luz.

Aun así, en Moncloa confían en su capacidad de “persuadir a todo el mundo”, según las fuentes consultadas. “En muchas ocasiones los analistas creen que la estabilidad la da una mayoría absoluta en el Parlamento. La estabilidad la da la capacidad de negociación de acuerdo que puedan tener los gobiernos con aquel que es diferente y eso es lo que yo reivindico, porque ahí están los datos y ahí están los resultados”, expresó este jueves en un foro de inversores Sánchez, que siempre que tiene ocasión deja clara su voluntad de agotar la legislatura.

Los dirigentes del procés para los que se aprobó la amnistía siguen sin poder beneficiarse de la ley un año y medio después de su entrada en vigor. De entre todos ellos, el líder de Junts, Carles Puigdemont, es el que sufre las consecuencias más visibles: permanece en Bélgica desde 2017 y todavía tiene vigente una orden de ingreso en prisión si pone un pie en España. El expresident aguarda que 2026 sea el año en que definitivamente se desencalle su amnistía, aunque el Tribunal Supremo ya ha dado muestras de su negativa a aplicarla.

A la espera de la respuesta que pueda venir desde la plaza Villa de París de Madrid, sede del Tribunal Supremo, la resolución de la amnistía depende en primer lugar del Tribunal Constitucional. Los magistrados del organismo que preside Cándido Conde-Pumpido tienen que resolver, previsiblemente durante la primera mitad del 2026, el recurso del expresident contra la negativa del Supremo a amnistiarle.

Aunque el tribunal de garantías ya avaló la ley de amnistía de forma general, hasta que el Constitucional no sentencie el caso concreto del expresident y corrija al Supremo, Puigdemont no podrá volver sin riesgo a ser detenido.

Será la primera vez que el Constitucional se pronuncie sobre la negativa del Supremo a amnistiar la malversación. En los borradores sobre los recursos de algunas comunidades autónomas contra la norma se terminaron eliminado las referencias que pudieran interpretarse como un adelanto del debate sobre la situación de Puigdemont.

Como en casi todo lo referente el procés, la acción se desarrolla en varios planos (o tribunales, en este caso). Hay otra sentencia relevante sobre la amnistía que también debe emitirse en los primeros compases de 2026. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá si la norma se ajusta a la legalidad europea. Lo hará a partir de las preguntas que enviaron el Tribunal de Cuentas en el caso del desvío de fondos del procés (en el que están encausados Puigdemont y una treintena de líderes soberanistas) y la Audiencia Nacional en la causa de los CDR.

Una respuesta contundente del TJUE, en línea con las conclusiones del Abogado General que avalaron el grueso de la ley de amnistía, dejaría sin margen de maniobra a los tribunales españoles que dudaban de la norma. Aunque a disgusto, se verían obligados a aplicarla.

Sobre el papel, una sentencia de Luxemburgo que respaldara por completo la amnistía impediría cualquier eventual maniobra del Supremo una vez el Constitucional se pronunciara sobre el caso de Puigdemont, ya que la normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya es claro o una cuestión prejudicial que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación).

La abierta negativa del Supremo a aplicar la ley a Puigdemont pese a que era el principal beneficiario de la misma hace que en Junts estén preparados para cualquier escenario. El Alto Tribunal consideró no amnistiable la malversación (con una argumentación que desató críticas incluso en el propio tribunal del procés) porque, a su juicio, como Puigdemont y el Govern no se gastaron de su bolsillo el dinero para las urnas, se habían enriquecido.

Por el contrario, en línea con el espíritu y redactado de la ley, otros jueces de Barcelona sí han amnistiado a los cargos del Govern de Puigdemont también acusados de malversación por los mismos gastos que el Supremo rechazó perdonar.

Tras un año y medio en vigor, la ley ha cumplido su objetivo de borrado generalizado de las causas penales derivadas del procés, con la sonora excepción de sus líderes encausados en el Supremo. Este 2026 el Constitucional también resolverá los recursos para amnistiar a otras primeras espadas como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o el secretario general de Junts, Jordi Turull, así como a los otros dos exconsellers que permanecen en el extranjero, Toni Comín y Lluís Puig.

Con estos precedentes, en el partido de Puigdemont no descartan otro movimiento del Supremo para no aplicar la amnistía al expresident aunque así se lo indique el Constitucional. Considerada imposible una eventual entrega a España tras los sonoros fracasos recibidos desde distintos tribunales europeos, el temor es que el Supremo provoque que Puigdemont quede varado en Bélgica, esto es, sin una nueva petición de extradición pero bajo la amenaza de la cárcel si cruza los Pirineos.

La evolución política durante estos siete años, además, ha movido el foco de la acción exterior hacia la política doméstica. Los siete diputados en el Congreso de Junts, indispensables para Pedro Sánchez para sustentar su investidura, han devuelto al partido de Puigdemont a una centralidad de la que se había desplazado. Pese a su pérdida de peso institucional, Junts ha recuperado la interlocución empresarial perdida con el procés.

En paralelo a las decisiones de los tribunales, Puigdemont tendrá que redefinir en 2026 las relaciones con el PSOE tras un convulso 2025. A lo largo del año pasado, Junts pasó de tantear con la ruptura con los socialistas a oficializar el divorcio, si bien en los últimos compases del año Pedro Sánchez ha intentado recomponer relaciones retomando compromisos pendientes y cediendo en asuntos donde Junts se derechiza ante la competencia de Aliança Catalana, como la multirreincidencia.

Conscientes de que el cumplimiento efectivo de la ley puede ser uno de los pocos refugios para capear el temporal de lo que le quede a la legislatura en España, son los socialistas los que han depositado más esperanzas en que 2026 sea el año de amnistía.

En el último pleno del año, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a quien los de Puigdemont practican una férrea oposición en el Parlament, se mostró “seguro” de que la ley será plenamente “efectiva” en 2026, y que ello supondrá “un paso adelante muy importante para todos”. Y tendió la mano a la recién nombrada a la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, a la que dijo que “coincide” con ella en el asunto del olvido penal del procés. Está por ver si con el nuevo año se cumplen los augurios del president.

El Tribunal Constitucional afronta un 2026 con una agenda intensa tanto dentro como fuera de su salón de plenos. Los magistrados tienen por delante debates como la amnistía de Carles Puigdemont o la condena del Supremo al exfiscal general Álvaro García Ortiz pero también una renovación convulsa de cuatro de sus magistrados, entre ellos su actual presidente Cándido Conde-Pumpido. Unos nombramientos que debe votar el Senado mientras el Partido Popular amaga con un nuevo bloqueo como el que ya ejecutó en el Consejo General del Poder Judicial y que permitió alargar casi cinco años el dominio conservador. La diferencia es que, en este caso y mientras esperan su momento, los de Alberto Núñez Feijóo estarán prorrogando en el puesto a un presidente y unos magistrados progresistas a los que han llegado a calificar de “cáncer”.

El pleno del tribunal de garantías tiene 12 magistrados, pero no todos son nombrados por el mismo procedimiento. Cuatro son designados por el Congreso, otros cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ, y las renovaciones se van haciendo por tercios y por mandatos de nueve años. Los próximos nombramientos en el horizonte son de los cuatro magistrados que designó el Senado la última vez: los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez. Su mandato caducó a mediados de diciembre y la cámara alta, con mayoría absoluta del PP, apenas ha puesto en marcha el engranaje para la renovación a pesar de las advertencias del propio Constitucional.

El Tribunal cuenta con una mayoría de siete magistrados progresistas desde la renovación parcial de 2021, cuando el ejecutivo asumió la entrada de los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel a cambio de nueve años de mayoría progresista. Los nombramientos del Senado, que ya van con retraso, no ponen en peligro la aritmética interna del tribunal: se tienen que acordar por tres quintos del total de senadores, lo que obliga al PP a pactar con el PSOE y cierra la puerta a un desequilibrio y un 'sorpasso' de los conservadores. Al menos con la distribución parlamentaria actual.

En la actualidad el PP y sus socios habituales de Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) no tienen senadores suficientes para pactar entre ellos una renovación parcial del Constitucional. Pero los de Alberto Núñez Feijóo ya han dejado claro que, por el momento, no tienen intención de sentarse a negociar. “Este es un Gobierno con el que el PP difícilmente puede negociar absolutamente nada”, dijo su portavoz Miguel Tellado. En Génova tienen clara una cosa: el ciclo electoral que arrancó el domingo en Extremadura les irá bien y también a sus potenciales socios de Vox, que no dejan de señalar cada acuerdo del PP como “muleta” del PSOE.

La renovación parcial del Constitucional por parte del Senado tiene, además, una particularidad: los candidatos a magistrado son propuestos por las asambleas de las comunidades autónomas. Un proceso generalmente pacífico –en su momento la candidatura de Conde-Pumpido fue avalada por el PP en la Asamblea de Madrid– que ahora se enfrenta a un escenario distinto: parlamentos regionales como Extremadura o Aragón llegan a este proceso en pleno ciclo electoral y otras como Castilla y León y Andalucía también con las urnas en el horizonte. Comicios donde Vox espera crecer exponencialmente y ser llave de gobierno para el PP tras su buen resultado en Extremadura. Con su capacidad de negociación, por tanto, al alza.

El bloqueo anunciado por el PP con todo tipo de cálculos políticos y electorales de fondo se suma a la lista de otros ejecutados anteriormente en la última década. A la cabeza, el que impuso en el CGPJ y que consiguió perpetuar una mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces cinco años después de que caducara el mandato. Con una diferencia fundamental: en este caso el bloqueo lo que perpetúa es la mayoría progresista del Constitucional y mantiene en funciones el mandato como presidente de Cándido Conde-Pumpido, señalado públicamente por el PP como su enemigo número uno en los tribunales. En un momento, además, clave para el Constitucional con asuntos de alto voltaje político por delante.

De la amnistía al fiscal general

El pleno del Constitucional viene de unos años intensos con decisiones que le han enfrentado directamente al Tribunal Supremo y que, además, le han costado el señalamiento constante de PP y Vox con una campaña de descrédito contra cualquier decisión que contravenga sus intereses o rechace sus recursos. Desde tumbar buena parte de las condenas de los ERE de Andalucía hasta avalar la Ley de amnistía del procés pasando por dar la razón a Arnaldo Otegi o Alberto Rodríguez tras ser condenados por el Supremo.

Y otros asuntos candentes pendientes de deliberación para este año 2026 con la renovación de su presidencia en el aire.

El más inmediato es el último y relevante fleco de la amnistía: si la ley de perdón también se aplica al delito de malversación atribuido en condena o instrucción a los políticos catalanes implicados en el procés. Los recursos de Oriol Junqueras y otros condenados, así como el del imputado Carles Puigdemont, fueron admitidos a trámite a lo largo de 2025 y el pleno tiene previsto dictar las sentencias en el primer trimestre de este año. Resoluciones de las que dependen tanto la inhabilitación que pesa sobre Junqueras y el resto de políticos, pero también la imputación que a día de hoy impide que Puigdemont pueda volver a España sin arriesgarse a ser arrestado por seguir en búsqueda y captura dentro del país.

Este 2026 será también el año en que Álvaro García Ortiz recurra su condena de multa e inhabilitación por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ex fiscal general está pendiente de interponer un incidente de nulidad –que será previsiblemente rechazado por el mismo Supremo que le ha condenado– como paso previo a ir al Constitucional, con un recurso cimentado en el voto particular de dos magistradas progresistas cuyos argumentos ya han tenido éxito en ocasiones anteriores ante el tribunal de garantías.

Otros recursos pendientes también anticipan un 2026 caliente en la sede el Constitucional en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. Normas como la Ley Trans o la reforma conocida como 'ley del solo sí es sí' siguen pendientes de sentencia. También aguarda una decisión Dolores Delgado, ex fiscal general, sobre sus recursos contra las sentencias del Supremo que tumbaron sus ascensos a fiscal de sala.

Son algunos de los asuntos que llegarán a manos del pleno mientras cuatro de sus magistrados, entre ellos su presidente, están pendientes de saber si seguirán o no en el tribunal. También mientras el PP se niega a facilitar el desalojo de un Conde-Pumpido al que no dejan de apuntar como un peligro para la integridad judicial española a la espera de un ciclo político más favorable para intentar invertir la mayoría progresista del tribunal.

No ha habido un portazo, por tanto, la puerta está abierta. El Gobierno cree que hay opciones de recuperar a Junts para algunos asuntos y, con eso, coger oxígeno en lo que queda de legislatura. El gesto de Pedro Sánchez al anunciar la aprobación inmediata de medidas que quedaban pendientes del acuerdo suscrito con Carles Puigdemont no ha cambiado la situación, según reconoció la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, la pasada semana, cuando no descartó que lo pueda hacer en el futuro. “Creemos que la puerta está abierta. Igual es la misma que estaba abierta hace un mes, pero quizás no éramos tan creíbles para ellos”, expresan fuentes gubernamentales.

“Estamos donde estábamos. Lo aprobado ayer es parte de lo que hace tiempo que deberían haber aprobado, pero la lista es larga”, fue la respuesta de Nogueras: “Ojalá nuestro problema sea que, en un mes, les tenemos que convocar a todos de nuevo para explicarles qué haremos porque el Gobierno ha cumplido todo lo que tenía pendiente”.

A esa segunda parte es a la que se aferran en el Gobierno para ver el vaso medio lleno. “Es la mayor puerta abierta”, dicen en Moncloa respecto a la posibilidad de que pueda haber un cambio en los de Puigdemont si se van cumpliendo hitos, especialmente el retorno del expresident en aplicación de la ley de amnistía.

“Espero que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza con Junts”, expresó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se comprometió a seguir avanzando en el resto de compromisos que aún están pendientes: “Creo que es muy importante cumplir con los compromisos de Junts, con los de cualquier formación política y seguir avanzando en algunas medidas que son complejas, difíciles, pero que podemos y tenemos que poner todo el interés”.

El Gobierno ve otro escenario

“Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestros acuerdos. Y vamos a seguir llevando propuestas y proyectos al congreso y trabajaremos para que salgan adelante porque son buenos para todos. También para Catalunya y el resto de España”, dice en esa misma dirección otro miembro del Gobierno de Sánchez.

“Apostar por seguir negociando siempre es buena señal. En política el diálogo es fundamental”, dice otra de las fuentes del PSOE consultadas por elDiario.es, que ve factible ante este escenario que se pueda ir hablando con Junts “votación a votación”.

En Moncloa eran conscientes el propio martes, cuando Sánchez hizo el gesto de asumir los incumplimientos y mostrar su voluntad de remendarlo, de que no habría un giro radical de los de Puigdemont inmediato. Y lo siguen siendo tras haber escuchado la reacción de la cúpula del partido independentista. “No esperábamos que de la noche a la mañana cambiaran su posición”, reconocen. En otras palabras, siguen viendo complicado que la aprobación de algunas medidas vayan a suponer el respaldo de Junts a los Presupuestos Generales del Estado, que es la pieza que allanaría lo que queda de legislatura.

Recomponer la relación con la vuelta de Puigdemont

En todo caso, Sánchez sigue determinado a presentar las cuentas públicas y aguantar hasta 2027, aunque se lleve una derrota en la tramitación presupuestaria. Y su receta es la “paciencia” en la relación con Junts, según reconoció en una conversación informal con periodistas en la conmemoración de la Constitución este sábado. Aunque Sánchez evita hacer cábalas sobre el regreso de Puigdemont públicamente, en su equipo consideran que ese será el hito que permita recomponer las relaciones con Junts. “Hasta que no venga no se va a terminar de recomponer la relación”, asegura una ministra, que considera que “ahora todo es muy coyuntural” y que atribuye el golpe en la mesa de Puigdemont a las fechas: “La Navidad es complicada, lleva mucho tiempo fuera”.

Más allá de las medidas adoptadas por el Gobierno para dar flexibilidad al gasto de los ayuntamientos o delegar las competencias para la gestión de un grupo de funcionarios, y el anuncio de ayudas a los propietarios de viviendas ante ciertos impagos de los alquileres, en Junts quieren avances claros en materia de inmigración, que es su gran preocupación ante la competencia que le ha surgido por la derecha con la fuerza independentista xenófoba Aliança Catalana.

En ese sentido, Sánchez dio la orden de desbloquear la ley sobre multirreincidencia de Junts, que llevaba meses en el cajón. Los socialistas sumarán sus votos a los de toda la derecha (PP, Vox, Junts y PNV). El gesto de PSOE a la derecha con ese asunto ha levantado ampollas entre los socios de izquierda, aunque en Sumar relativizan el movimiento. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reconocía este sábado en conversación informal con los periodistas que es una ley que no les gusta y que a la espera de la negociación de enmiendas lo más probable es que voten en contra.

“Lo sacarán con la derecha”, pronosticaba. Pero relativiza el movimiento, que recuerda que ya estaba pactado por el PSOE con los independentistas y descarta que este suponga un punto de inflexión para empezar a votar a favor de cosas que seducen a las derechas. “Hay ciertas cosas en las que los socialistas pueden hacer gestos, pero tu mayoría es la que es, no puedes ponerla en contra”, razonaba.

Lo que en Moncloa ven más complicado es cumplir con la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Catalunya. Esa promesa, que costó digerir en las filas socialistas y a su izquierda, se truncó en el Congreso por el rechazo de Podemos. “Está bloqueado”, admiten fuentes gubernamentales.

Otro de los temas a los que aludió Nogueras fue la oficialidad del catalán en la UE. Es un asunto al que el Gobierno dio grandes expectativas inicialmente, pero que se ha atragantado porque requiere de la unanimidad de los 27 y varios países, entre ellos Alemania, tienen fuertes recelos para aceptar la inclusión de esos idiomas en el catálogo de lenguas oficiales ante el temor a que se solicite para otras minoritarias, como es el caso del ruso en los países bálticos.

El Gobierno ha ido informando de los pasos que se daban sobre ese asunto puntualmente a Junts, que también rebajó su exigencia al asumir la dificultad del proceso. Sánchez se anotó un tanto al conseguir abrir un diálogo bilateral con el Gobierno de Friedrich Merz en plena ruptura de los de Puigdemont, pero Berlín matizó posteriormente que mantenía su rechazo. El presidente acusó abiertamente al PP de hacer “lobby” contra la oficialidad de esas lenguas.

La formación independentista también exige la publicación de las balanzas fiscales. Sánchez explicó que se está trabajando en una “metodología” que otorgue una “ cifra cierta o aproximada a la real sobre cuál es la relación fiscal que tenemos Catalunya y el Estado, y en cuanto a la financiación autonómica, el mantra de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que presentará a principios de 2026 un modelo global que incluirá aspectos que serán atractivos para Catalunya.

Ganar tiempo hasta marzo-abril

Con los gestos de Sánchez, tanto el Gobierno como Junts ganan tiempo. En los próximos dos meses no habrá actividad parlamentaria. También Junts coge oxígeno mientras pasa el tiempo hacia las resoluciones judiciales de la amnistía y en relación con la competencia que le ha surgido con Aliança Catalana.

Y es que lo que reconocen las fuentes consultadas es que en marzo-abril habrá un nuevo escenario si Puigdemont puede volver a España y en el Gobierno creen que, llegado ese punto, podrían tirar sin Presupuestos o incluso volver a presentarlos en el caso de que haya un cambio de posición de alguno de los socios.

Los más escépticos en el PSOE, sin embargo, creen que Junts mantendrá la tensión. “Estos van a seguir pidiendo”, dice un destacado dirigente, aunque la única voz que se ha escuchado públicamente en contra de la estrategia de Sánchez es la de Emiliano García-Page, que advirtió del “precio” a pagar: “No se merece la gente de Puigdemont que el Gobierno se ponga de rodillas”.