El desbloqueo de la amnistía empieza a permitir el retorno de los tres dirigentes del procés que permanecían en el extranjero. El exconseller de Cultura y diputado de Junts en el Parlament, Lluís Puig, ha cruzado la frontera a primera hora de este miércoles y ya se encuentra en Catalunya tras nueve años, ha confirmado la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Puig, que solo estuvo tres meses en el cargo pero se ha enfrentado durante nueve años la causa penal que el Supremo abrió por rebelión y mantuvo después por malversación, se convierte en el primer conseller del Govern de Puigdemont en regresar tras la amnistía, a la espera que este jueves lo haga Toni Comín.

Durante estos años, Puig ha permanecido primero en Bélgica y después en Perpignan (Francia), en la Catalunya Nord y cerca de la frontera. “Ha llegado el momento. Hoy voy a los Cants de la Llibertat de Terrassa, la 'terreta' donde nací y viví hasta hace 9 años. Y mañana hacia el Parlament, de donde me fui el 27 de octubre de 2017”, ha dicho el exconseller en X.

Pese a que el Supremo todavía no ha aplicado formalmente la ley a Puig, Comín y Puigdemont, los exconsellers de Cultura y Salud pueden volver ya sin riesgo de ser detenidos porque el juez Llarena les retiró la orden de detención en vigor en España desde hacía nueve años, una antesala de su amnistía.

Después de Puig, este jueves volverá el extitular de Salud Toni Comín, que recogerá en Madrid su acta como eurodiputado de Junts. Por su lado, Puigdemont prepara su regreso para después de las elecciones generales.

Puig pasará el día con su familia, y a partir de las 19.30h. acudirá a unos coros populares, los Cants per la Llibertat, ante el Ayuntamiento de Terrassa, en la que será su reaparición pública. Este jueves, además, acudirá al pleno del Parlament y podrá sentarse en su escaño nueve años después.

La plana mayor de Junts acompañará al exconseller al evento en Terrassa. Asistirán el presidente del Parlament, Josep Rull; el secretario general del partido, Jordi Turull; los vicepresidentes Míriam Nogueras, Antoni Castellà, Mònica Sales y Josep Rius; y el portavoz en el Parlament, Salvador Vergés.

En declaraciones a RAC1, Rull ha explicado que recibirá a Puig este jueves sobre las 15:00 horas en la puerta de la cámara, y luego la Mesa le hará una recepción. También se retirará el lazo amarillo que desde el inicio de la legislatura ha recordado la ausencia de Puig en el hemiciclo, junto a la del también diputado de Junts Carles Puigdemont.

Tal y como ha hecho con anterioridad cuando un diputado ha estado ausente por una baja, el presidente prevé darle la palabra antes del inicio de la sesión plenaria. “Su ausencia no ha sido por casualidad sino por una situación de represión política y judicial clarísima”, ha manifestado Rull.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acaba de anunciar que aplica la amnistía a todos los condenados por malversación en el procés: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Lo hace, eso sí, entre críticas a los términos, la “injerencia” y la “innecesaria grandilocuencia” empleada por el Constitucional a la hora de sentenciar el caso: “Revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional”.

Se trata de la segunda decisión que toma el Tribunal Supremo sobre el caso después de que el Tribunal Constitucional declarase que la amnistía también abarcaba el delito de malversación de caudales públicos. El primero en mover ficha fue el instructor Pablo Llarena, que ha levantado la orden de detención nacional que pesaba desde 2017 sobre Carles Puigdemont. Ahora ha sido la Sala de lo Penal la que ha aplicado este fallo del Constitucional sobre los políticos catalanes que fueron condenados.

El juez Llarena ya incluyó algunas críticas contra los términos elegidos por el Constitucional para imponer su criterio al Supremo y ahora la Sala de lo Penal, con Manuel Marchena como ponente, eleva la intensidad del reproche. Apunta a “consideraciones que son manifiestamente prescindibles” y niega que el Supremo incurriera en una “drástica contradicción” a la hora de negar la amnistía a la malversación. “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia”.

El Supremo no oculta su malestar por la decisión del Constitucional y tampoco por la dureza de la sentencia que se impuso en la aplicación de la amnistía. Llega incluso a destacar que la decisión del Constitucional sobre la amnistía no fue unánime, tal y como no lo fue la del propio Supremo. “El significativo número de magistrados que han expresado su coincidencia con la tesis que ahora rechaza la mayoría del Tribunal Constitucional hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida”.

Los jueces, con Marchena como ponente, lanzan varias críticas al Constitucional por su gestión de la amnistía después de acatar su criterio. “Se aparta de los precedentes”, añade, al “interferir en el núcleo de la potestad de juzgar” del Supremo. Tampoco cumple, añade, con el “deber de contención argumental” que establece la Ley del Tribunal Constitucional.

El final penal del procés

La resolución del Tribunal Supremo cargada de duras críticas al Tribunal Constitucional ponte punto y final a la mayor parte de la causa penal que arrancó en 2017 con una querella de la Fiscalía por rebelión contra los responsables políticos y sociales tanto del referéndum del 1 de octubre como de la Declaración Unilateral de Independencia. Las condenas iniciales de hasta 13 años de prisión impuestas en 2019 se encontraron en primer lugar con los indultos parciales firmados por el Consejo de Ministros en el verano de 2021. También con una reforma legal de los delitos de sedición y malversación que el Supremo aplicó a sus condenas.

Sin condena de cárcel por cumplir, los políticos catalanes condenados por el procés contaban con un último obstáculo para volver a la política: las condenas de inhabilitación asociadas al delito de malversación que no habían sido ni indultadas ni eliminadas con la reforma del Código Penal. Llegó entonces la ley de amnistía pero la interpretación del Tribunal Supremo también cerró esa puerta. Los jueces, con el voto en contra de la magistrada Ana Ferrer y contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, entendieron que la malversación del procés no cumplía con los requisitos de la ley de amnistía para ser perdonada.

El Constitucional primero y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después rechazaron las alegaciones del Supremo y del PP contra la ley de amnistía y pasaron a resolver entonces los recursos concretos de cada condenado. Fue el caso de Dolors Bassa, con ponencia de Cándido Conde-Pumpido, el primero en salir adelante gracias a los votos de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, el que ha obligado al Supremo a amnistiar también la malversación. La única decisión pendiente está en manos de Pablo Llarena sobre si aplica el mismo criterio a la malversación atribuida a Puigdemont tras levantar su orden de detención.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha confirmado que la orden de detención de Carles Puigdemont queda levantada y puede volver a España sin riesgo de ser detenido, pero lo hace entre críticas al Tribunal Constitucional. El instructor de la causa del procés reprocha la falta de “mesura” del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido y asegura que las decisiones del Tribunal Supremo sobre la amnistía y la malversación no fueron “inadmisibles o imprevisibles”.

El juez de la Sala de lo Penal ya levantó de forma cautelar la orden de detención que pesaba sobre Puigdemont desde 2017 nada más conocer la decisión del Tribunal Constitucional. La malversación del procés, en contra del criterio del Tribunal Supremo, también debía ser amnistiada, y eso llevaba a la eliminación de esa orden nacional de detención a la espera de que Llarena resolviera el fondo del asunto sobre el delito que todavía se imputa a Puigdemont.

La sentencia incluía una serie de críticas al Tribunal Supremo, sobre todo por no amnistiar la malversación del procés amparándose en argumentos como la afectación de los fondos de la Unión Europea o el enriquecimiento de los políticos catalanes, que al usar medios públicos para organizar el 1-O no tuvieron que poner el dinero de su bolsillo.

Ahora Pablo Llarena reitera que la orden de detención queda anulada pero sale en defensa del Tribunal Supremo, rechaza el recurso de la acusación popular de Vox, y carga contra los argumentos del Constitucional. Su doctrina, dice, debe aplicarse “aunque no se compartan las razones”, y se apoya en el voto particular del sector conservador del tribunal para afirmar que la discrepancia interna “aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura. Los adjetivos no convierten en indiscutible lo que ha fracturado al Tribunal”.

Según Llarena, el criterio del Supremo y su interpretación de la amnistía estaba “jurídicamente fundada” y no fue “imprevisible o inadmisible”.

Más de dos años después de la aprobación de la ley de amnistía, el Tribunal de Cuentas ha aplicado la norma a los 35 excargos de la Generalitat encausados por los gastos vinculados al referéndum del 1-O y a la acción exterior del procés. Entre los beneficiados se encuentran los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig.

En una sentencia notificada este miércoles, la consejera de cuentas del ente fiscalizador Elena Hernáez absuelve a todos los dirigentes demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana y les devuelve la fianza de 4,1 millones que les impuso por los gastos efectuados entre 2011 y 2023.

Termina así la resistencia que ha mantenido el Tribunal de Cuentas a amnistiar su causa sobre el procés pese a la claridad de la ley. La resolución dedica decenas de páginas en justificar las cuestiones prejudiciales que la consejera de cuentas Hernáez envió a la Justicia europea para demorar la aplicación de la norma. Después le siguieron la Audiencia Nacional en el caso de los CDR y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en la causa por los preparativos del referéndum.

Aunque la sentencia admite que en ningún momento del procedimiento abierto en 2021 se planteó que los gastos del procés provenieran de fondos europeos, Hernáez alega que como parte de la financiación de la Generalitat proviene de transferencias de la Unión Europea era “razonable” preguntárselo cuando se aprobó la ley de amnistía, que excluía a los encausados por afectar a los intereses financieros de la UE.

Luxemburgo rechazó, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión se vieran “afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

Pese a la claridad de la respuesta del TJUE, la consejera Hernáez insiste en una hipótesis que nunca fue real: que los gastos del procés se financiaran con fondos europeos. A criterio de la consejera, de la sentencia del TJUE “se desprende claramente que no se podría aplicar la amnistía en el caso de que los gasto se hubieran realizado con fondos provenientes del presupuesto de la UE”.

“En ese hipotético caso, la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea resultaría incuestionable”, insiste la sentencia, aunque el TJUE dejó claro que este supuesto no ocurrió.

Las altas instancias judiciales, empezando por el Tribunal Supremo, son las que más oposición han mostrado a la norma, en contraste por su normal aplicación ya en 2024 por parte de la mayoría de jueces y tribunales catalanes.

El Tribunal de Cuentas intentó que Luxemburgo respaldara excluir a los independentistas de la amnistía, pero se encontró con un aval rotundo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma. Gracias a la amnistía, Puigdemont, Mas y el resto de encausados se ahorran una sentencia que podría condenarles a devolver 5,3 millones de euros.

La consecuencia de la sentencia europea era clara, pero igualmente el Tribunal de Cuentas ha demorado casi tres meses la aplicación de la norma. En julio, la consejera Hernáez abrio un plazo de diez días de alegaciones para que las partes pudieran pronunciarse sobre el origen de los fondos empleados para organizar el 1-O. Tanto la Generalitat como los encausados solicitaron aplicar la norma sin más dilaciones, pero igualmente en septiembre el ente abrio otró plazo antes de, por fin, archivar la causa, algo que la Fiscalía tildó de “innecesario e improcedente”.

Solventada la causa del Tribunal de Cuentas, Puigdemont y Junqueras todavía esperan la amnistía en el caso procés abierto desde 2017 en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, pero en los próximos días tendrá que aplicarla después de que el Constitucional le obligara a rectificar.

Cuando el 23 de julio de 2023 todo el mundo daba por hecho que el PP y Vox gobernarían en La Moncloa, la noche electoral brindó la sorpresa política: el PSOE podría repetir gobierno de coalición si convencía a Carles Puigdemont, huído desde 2017 a Bélgica, para que sus siete diputados votasen sí a su investidura. A cambio, Pedro Sánchez prometió y aprobó una Ley de Amnistía traumática para muchos socialistas, y que desató la furia de la ultraderecha y la derecha política, mediática y judicial. El respaldo de Junts siempre estuvo condicionado a grandes cesiones en un proceso negociador muchas veces al límite del precipicio para el Gobierno. 

Más de tres años después, cuando Puigdemont ya puede regresar a España sin ser perseguido por la justicia, es de nuevo el líder independentista catalán el artífice de accionar el botón nuclear de la política española, al votar no a los decretos de vivienda que agitan las calles estos días, y poner fin así a la legislatura. Con Neus Tomàs, directora adjunta de elDiario.es, analizamos qué hay detrás de la estrategia seguida por Puigdemont y su partido a lo largo de estos años.  

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido Carles Puigdemont, expresidente catalán, líder de Junts y al que ha tildado de “fugado retornado”, que “pierda toda esperanza de hacernos sentir humillados a los españoles y a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña”.

Page ha advertido que, “solo puede terminar humillando a aquellos que firmaron el contrato de compraventa en que consistió la amnistía. La inmensa mayoría de los españoles no la hemos aceptado moralmente y, por tanto, no nos vamos a dejar llevar por ningún tipo de mercadeo”.

De este modo ha reaccionado el presidente castellanomanchego, un día después de que el aval del Tribunal Constitucional a la aplicación de la amnistía motivase que el Supremo levantara la orden de detención que pesaba en contra del político catalán, que ya puede regresar a España.

Page ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, donde ha reflexionado en torno a los 45 años que cumple esta feria y al medio siglo de la aprobación de la Constitución.

“Es bueno que este país tenga a gente que se encargue de preparar los 50 años de la Constitución española, no sea que, entre dimes y diretes, nadie caiga en la cuenta de que, dentro de nada, y hay que empezarlo a preparar desde ya, hay que celebrar por todo lo grande la Constitución española”.

“Estoy seguro de que no todo el mundo la va a celebrar. Sin duda, por ejemplo, el fugado retornado, es seguro”, ha dicho en alusión al regreso de Puigdemont a España.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado que su partido vuelva a dar sus votos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que repita en la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre: “A Pedro Sánchez no le investiremos. Hemos salido escarmentados”.

En una entrevista en TV3 este miércoles, Turull ha asegurado que Sánchez “no ha cumplido” sus compromisos con Junts.

El partido de Carles Puigdemont ya advirtió en 2023, tras investir a Sánchez a cambio de la amnistía, que no formaría parte del bloque parlamentario que apoya al Ejecutivo, y así ha sido durante la legislatura: el Gobierno ha tenido que sudar el visto bueno de Junts a cada proyecto de ley, y a la formación no le ha temblado el pulso para tumbar iniciativas como los decretos de vivienda.

El secretario general de los neoconvergentes ha reiterado que su partido no está en ninguno de los dos bloques liderados por el PSOE y el PP que dividen la política española. Este martes, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también rechazaba “absolutamente” pactar con un eventual Gobierno de PP y Vox tras los comicios.

El secretario general de Junts ha recordado que, ya antes de la convocatoria electoral, pidieron a Sánchez dar un paso al lado y que el PSOE propusiera otro candidato a la presidencia del Gobierno.

“Con este señor es imposible porque no ha cumplido”, ha insistido Turull, que ha acusado al líder del PSOE de hacer políticas “para quedar bien” y haber gobernado como si tuviera “mayoría absoluta” pese a no haber ganado las elecciones.

Sobre el retorno del expresidente catalán Carles Puigdemont tras el aval definitivo a la amnistía, Turull ha asegurado que no entrará en la “especulación”. No ha concretado si el líder de Junts podría regresar a Catalunya antes de fin de año ahora que el Supremo ha levantado la orden de detención contra él, y ha admitido que la campaña electoral “lo altera todo”.

La prioridad de Junts, ha subrayado, es que Puigdemont vuelva como “el presidente del país” tras haber “preservado la institución de la Generalitat y la presidencia” nueve años en Bélgica. “El retorno tiene que ser coherente con esto”, ha agregado.

“No volveremos al servicio de nuestro partido, sino de nuestro país”. Con estas palabras celebró este martes Carles Puigdemont que, tras nueve años, su horizonte judicial ha comenzado a resolverse y sus planes para retornar a Catalunya como persona libre empieza a tomar cuerpo. Aunque el expresident ha evitado poner fecha a su vuelta, en su entorno dan por hecho que lo hará de manera “inminente pero segura”, sin confirmar si desea hacerlo coincidir con la carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.

Tras la corrección del Constitucional al Supremo en su negativa a aplicar la amnistía, el juez Llarena ha retirado la orden de detención en España que desde 2017 impedía al expresident volver. Esto implica que, desde este martes, Puigdemont puede pisar Catalunya sin ser arrestado.

Puigdemont, horas después de conocer la decisión judicial, ha evitado públicamente poner fecha a su regreso. En una declaración institucional, ha remarcado que la prioridad en su vuelta será el “servicio al país”, al tiempo que ha admitido que los nueve años fuera de Catalunya han supuesto un lastre. “No podemos negar que pese al fracaso de la estrategia para extraditarnos, la represión ha tenido consecuencias en el terreno familiar, personal, social y político”, ha aseverado.

Para el retorno definitivo del expresident todavía faltan unos días o, quizás, semanas: Puigdemont prefiere esperar, como mínimo, a que el juez Llarena certifique en un nuevo auto que le aplica la amnistía. No hay un plazo tasado, pero la resolución se producirá una vez el expresident u otro exconseller aporte al Supremo la sentencia del Constitucional sobre la amnistía a la exconsellera Dolors Bassa, que sienta doctrina para amnistiar al resto de dirigentes.

Antes de rubricar oficialmente esta primera sentencia sobre la amnistía que servirá a Puigdemont y al resto de dirigentes, el Constitucional tiene que recabar los votos particulares anunciados por los magistrados conservadores para exponer sus argumentos contrarios a la amnistía a Bassa. Cuando se completen, el Supremo amnistiará a todos los políticos que desde 2024 esperan el olvido penal del procés.

Por eso, en el entorno del expresident se impone la cautela, más aún después de casi diez años de batalla judicial con el Supremo. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ya ha advertido de que el líder de Junts volverá a Catalunya “una vez esté aplicada de forma integral la amnistía”, pero que no se precipitará.

Esta es la “seguridad” que el equipo del expresident desea para activar el retorno. Pero no menos importante es la dimensión política de un retorno simbólico y largamente esperado por muchos catalanes. Puigdemont desea dar un sentido institucional y “de país” a su regreso, por lo que medita sobre si conviene hacerlo antes o después de las elecciones del 29N. Según opinó el propio Boye en los micrófonos de 3CatInfo, “lo más sensato” sería que Puigdemont esperara a que pasaran los comicios.

Los fieles del expresident, que este martes tras la decisión del juez Llarena brindaron con cava tanto en Barcelona como en Bruselas, han imaginado durante nueve años cómo sería el día que Puigdemont y sus compañeros en Waterloo pudieran volver a Catalunya. Tal como detalló él mismo, su intención es recorrer Catalunya, observar de cerca los cambios sufridos durante su ausencia y poder pulsar el estado de ánimo de la población.

“En términos de la relación Catalunya-España no se soluciona hoy nada”, ha proclamado Puigdemont. “La amnistía forma parte de la fórmula para la resolución del conflicto histórico, pero no es en sí misma su solución. Lo hemos dicho desde el primer día, con la misma claridad con la que subrayamos también la enorme importancia política que tiene la ley, el enorme significado que tiene como desautorización de la represión y por el reconocimiento implícito de que éste no era el camino”, ha añadido.

El líder de Junts desea que su vuelta sea una victoria política, “del exilio contra la represión”, y hacerlo en clave del independentismo en su conjunto y no solo de su propio partido. Esa ha sido una de las claves del mensaje pronunciado desde Bruselas, que encaja con el interés que en los últimos meses ha mostrado por recobrar en lo posible su halo institucional desde Waterloo.

Por eso en las filas del expresident descartan de plano la posibilidad de presentarse a las elecciones como candidato, tal y como se había llegado a especular. Consideran que eso sería tanto como “españolizar” el retorno, es decir, ponerlo al servicio de una agenda con epicentro español y no catalán. Una vuelta que desean que sea un evento histórico propio, es decir, que ni esté eclipsada por las elecciones convocadas por Pedro Sánchez ni tampoco responda a un calendario convenido por los tribunales.

Junts, necesitado del impulso de Puigdemont

El deseo del expresident de mantener, al menos durante los primeros compases de su vuelta a Catalunya, un perfil de corte más institucional que partidista no impide que, en Junts, esperen el regreso como un revulsivo para el partido. La formación fundada por el propio Puigdemont sobre los rescoldos de Convergència atraviesa ahora el momento más apurado de su historia, con unas encuestas alarmantes que subrayan la fuga de sus votantes hacia la xenófoba Aliança Catalana.

Numerosos dirigentes de Junts ven en el regreso de su líder un punto de inflexión –quizás el último– para que el partido pueda volver a conectar con la pulsión de su electorado. También para que la independencia vuelva a ser considerada un objetivo posible y no un debate del pasado. De eso depende en buena medida, creen, la batalla entre Junts y Aliança y el futuro de ambas formaciones.

Carles Puigdemont lleva fuera de España desde el 30 de octubre de 2017. Llegó a Bruselas tras la fallida declaración de independencia y, después de nueve años de vericuetos judiciales en los que ha jugado al gato y al ratón con la justicia española, ha ganado.

Si lo ha conseguido es gracias a una ley, la de amnistía, que fue moneda de cambio para la investidura de Pedro Sánchez. Las urnas le dieron el 23 de julio de 2023 la llave para que el presidente del Gobierno permaneciera en La Moncloa. Sánchez pasó de reclamar el cumplimiento “íntegro” de la sentencia del Supremo y presumir de que traería de vuelta a Puigdemont de la mano de la Fiscalía a votar la ley de amnistía. “Hacer de la necesidad virtud”, en palabras suyas. Ya antes había dado el paso con los indultos, en ese caso para contentar a ERC.

Por tacticismo o por convicción, el PSOE optó por buscar el apaciguamiento en Catalunya, una estrategia que funcionó pese a que, según las encuestas, no todos sus votantes comprendieron. Salvador Illa rematará pronto el plan con una foto: la de su reunión con Puigdemont en el Palau de la Generalitat cuando el líder de Junts vuelva a Catalunya

La amnistía ha sido también el instrumento para doblegar a unos jueces a los que pudo más su pulsión represora y, en más de un caso, autoritaria. Lo ha logrado por medio de la ley y de un tribunal, el de Justicia de la Unión Europea, que avaló el texto y desmontó las tesis del Supremo. Dos años y cuatro meses después de su aprobación, Puigdemont y otros líderes del procés han conseguido que se les aplique.

El expresident ha cometido muchos errores, y el que pagó más caro fue no convocar elecciones en octubre de 2017. Era su intención inicial y la acabó descartando por las presiones de ERC y la falta de garantías del Gobierno de Rajoy respecto a la aplicación del 155. El resto es conocido, aunque para Puigdemont aquel momento fue decisivo, vital y políticamente. Habrá gente que lo haya olvidado, pero él no, porque optó por una vía mucho más sombría de lo que sus adversarios y algunos medios han intentado trasladar. No estaba en la cárcel, cierto. Pero tampoco ha sido libre durante todos estos años.

Desde un principio quiso aprovechar su tirón mediático para “internacionalizar el conflicto”, aunque pronto descubrió que no sería nada fácil. Ni cuando fue eurodiputado ni después, el independentismo ha obtenido fuera los apoyos que anhelaba.

Durante estos años, el expresident ha recibido a mucha gente en Waterloo para mantener el pulso y estar al día de lo que pasaba en Catalunya, pero la distancia se ha impuesto. Comprobó también que las victorias judiciales que, incontestablemente, ha obtenido frente al juez Llarena durante todo este tiempo no se traducían en éxitos políticos.

La denominada “lucha del exilio” sirvió para que los tribunales extranjeros constataran los excesos de la alta magistratura española, pero poco más. Mientras tanto, la vida en Catalunya seguía y las preocupaciones de sus ciudadanos viraban del procés hacia las dificultades materiales, empezando por el aumento del coste de la vida y de los alquileres.

Eso explica también que Junts tumbase los decretos de vivienda. El partido ha logrado reconciliarse con sectores económicos influyentes, incluidos algunos de los que fueron más críticos con el procés y que ahora lo han recuperado como interlocutor para presionar en el Congreso de los Diputados. El ejemplo más evidente es la patronal Foment.

La legislatura empezó con la amnistía y acaba con ella. Alberto Núñez Feijóo escribió este martes en X que la amnistía es “otra mentira de Sánchez”. Lo que no dijo es que al PP ya le va bien que el futuro del expresident se haya resuelto. “Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página”, proclamó el pasado junio durante su discurso en el congreso del PP catalán. Precisamente esa expresión, “pasar página”, fue la que más repitió Illa durante la campaña de las autonómicas.

En su entrevista en The Sunday Times, Puigdemont anunció que su intención es hacer una gira por Catalunya para percibir cómo está “la realidad” del país. En su provincia, Girona, podrá constatar cómo el avance de Aliança Catalana parece imparable. No solo allí, pero especialmente allí y en Lleida. Se encontrará con fans, claro, pero también con antiguos votantes que ahora se han entregado a Sílvia Orriols y que lo consideran un “traidor”. Y con otros que van a votar a la extrema derecha por sus propuestas racistas y que, por más que Junts endurezca su discurso sobre inmigración, lo que quieren es un candidato netamente xenófobo.

Puigdemont se encontrará una Catalunya que ya no es la de 2017.

La ley de amnistía no debería haber sido necesaria, porque nunca debió el poder judicial entrometerse en un conflicto de naturaleza constitucional como el que se produjo en Cataluña en octubre de 2017. No se debió activar el artículo 155 de la Constitución, porque no era imprescindible para resolver el conflicto y, de activarse, debió hacerse con un acuerdo entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, que excluyera la intervención del ministerio fiscal y la consiguiente judicialización del conflicto.

La integración de Catalunya en el Estado con base en la Constitución española de 1978 únicamente puede resolverse a través de un pacto entre el Parlament y el Congreso de los Diputados, que tiene que ser sometido a continuación a referéndum de los ciudadanos de Catalunya. El constituyente consideró inexcusable la combinación de la democracia representativa, con intervención de dos parlamentos, y de la democracia directa para dar respuesta a un problema de esta naturaleza. Cuando la cuestión está planteada en estos términos, la intromisión del poder judicial no es posible por la propia naturaleza del problema.

El Estado español demostró el 1 de octubre de 2017 que tenía recursos de sobra para obligar a las autoridades de Catalunya a dejar sin efecto las decisiones que había tomado antes y después del 1 de octubre e imponerle que se reintegrara en el ordenamiento constitucional con la convocatoria de unas elecciones autonómicas. No hubo ni un solo minuto en que se produjera el más mínimo atentado a la integración territorial del Estado español y se afirmara la independencia de Catalunya. La Generalitat no consiguió que el Estado dejara de ejercer su poder soberano sobre el territorio de la Comunidad Autónoma en su totalidad.

Buena prueba de ello fue que no hubo que recurrir a las Fuerzas Armadas, sino que fue suficiente la activación de una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para desactivar la operación de depositar votos en las urnas, que, en ningún caso puede considerarse que fuera un referéndum, sino que era más bien un ejercicio anómalo del derecho de manifestación.

El Estado dispuso en todo momento de las bazas necesarias para dar políticamente una respuesta al desafío de Catalunya e imponer a las autoridades catalanas que tuvieran que dar marcha atrás en su desafío y reconocer ante sus propios ciudadanos que la alternativa independentista frente a la autonómica no era posible. No era necesario dejar la política y trasladar la respuesta al poder judicial.

El presidente del Gobierno no lo hizo y permitió que el Fiscal general del Estado decidiera que a la convocatoria del 1 de octubre había que dar respuesta mediante el poder judicial, calificando, además, dicha convocatoria como constitutiva del delito de rebelión.

Una vez expulsada la política, el conflicto constitucional dejaba de tener respuesta, ya que la Constitución únicamente posibilita una respuesta de esa naturaleza.

Han hecho falta nueve años, desde 2017 a 2026, para que esta evidencia haya podido abrirse paso. Porque esto es lo que significa la Ley de Amnistía. Para deshacer el entuerto generado por la intervención del poder judicial no eran suficientes actos gubernamentales, como los indultos, sino que era imprescindible un acto de Estado, del que únicamente las Cortes Generales mediante la aprobación de la ley podían ser protagonistas. Es lo que ha ocurrido en esta legislatura que ha estado dedicada en integridad, desde la investidura a la disolución, a la aprobación de la ley de amnistía y a la aplicación de la misma, desactivando la resistencia no solamente del poder judicial, pero sí fundamentalmente la del poder judicial.

El martes 6 de octubre se ha puesto punto final a la resistencia judicial y se ha devuelto de manera definitiva la integración de Catalunya dentro del Estado al terreno de la política del que nunca debió de salir. Ha sido necesario para ello la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional, ya que la resistencia numantina del poder judicial español en general y la del Tribunal Supremo en particular no ha podido ser vencida de otra manera.

Cabe esperar que se haya aprendido la lección.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado este martes que la “decisión del Tribunal Constitucional derrota la estrategia de los poderes públicos españoles” y ha insistido en que se “ha acabado el margen para manipular y retorcer una ley vigente desde hace dos años y cuatro meses”. Ahora bien, Puigdemont ha asegurado que “en términos de relación Catalunya-España, hoy no se soluciona nada” y ha abogado por el “carácter irrenunciable del derecho de autodeterminación y a las acciones unilaterales de carácter democrático y pacífico que correspondan cuando se hayan agotado todas las vías e intentos de solución negociada”. Puigdemont no ha querido dar una fecha concreta de su vuelta a España aunque en su entorno dejaron claro que no se presentaría a las elecciones generales del 29 de noviembre.

“Pretender que vivimos en normalidad, reencuentro y concordia es mentir, es insultar el sufrimiento de tantas personas que, de cerca o de lejos, sufren las consecuencias de la represión en sus vidas”, ha asegurado el presidente de Junts. El mensaje es un claro señalamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que argumentó durante la mañana que la aplicación de la amnistía “ayuda a la sociedad catalana a mirar hacia adelante, aprender de los errores y avanzar. No lo hicimos pensando en un partido político ni en un político independentista. Lo hicimos pensando en la convivencia entre catalanes”. Sánchez recordó que defendieron “los indultos y la ley de amnistía. Y ahora Tanto el Constitucional como el Tribunal de Justicia de la UE han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía”, que va a acabar con “un sentimiento transversal de indignación” que había en Catalunya por las condenas a los líderes independentistas que organizaron el referéndum del 1 de octubre.

Puigdemont ha apuntado que la sentencia del Constitucional “obliga a poner fin a la etapa de represión política que venimos sufriendo desde hace más de nueve años por haber votado por la independencia” de Catalunya. El expresidente de la Generalitat ha realizado esta declaración institucional en Waterloo (Bélgica) tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que ha abierto la puerta para que pueda volver a España, cuando se van a cumplir nueve años de su huida para evitar la acción de la justicia tras la declaración unilateral de independencia cuando era president de la Generalitat de Catalunya en 2017.

Arropado por los exconsellers de su Gobierno, Toni Comín y Lluís Puig, Puigdemont ha hecho estas declaraciones en la conocida como Casa de la República, en la localidad belga de Waterloo, donde ha vivido en los últimos nueve años desde que dejó España para evitar la acción de la justicia española. Este 27 de octubre se cumple el noveno aniversario de la declaración unilateral de independencia que se aprobó por votación secreta en el Parlamento de Catalunya.

“Consecuencias personales, familiares, sociales y políticas”

El presidente de Junts ha señalado que pese al “fracaso de la estrategia para extraditarnos y para hacernos comparecer ante los jueces españoles, a pesar de que hoy es clara la derrota de los poderes públicos españoles, nueve años de represión han tenido consecuencias en todos los planos, tanto personal y familiar como social y político”.

“Hemos tenido que afrontar todas las campañas electorales en una clara desigualdad de condiciones o en condiciones de grave anormalidad que ha acabado teniendo consecuencias en los resultados electorales”, ha subrayado el presidente de Junts.

A pesar de estas consecuencias, Puigdemont ha querido también enviar un mensaje de agradecimiento porque hoy era “un dia muy especial para nuestras familias, para nuestros amigos, y para toda la gente que de manera incansable nos ha acompañado y nos acompaña desde el primer día.

Si sobre las 12 del mediodía se sabía que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional había aprobado una sentencia que amnistía el delito de malversación atribuido a la exconsellera catalana Dolors Bassa y que abría la puerta al regreso próximo de Carles Puigdemont a España, solo media hora después el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, levantaba la orden de detención que pesaba sobre Puigdemont.

El magistrado instructor no ha esperado ni a que el Constitucional notifique su sentencia y ha aplicado el criterio del tribunal de garantías, lo que facilita que el expresident catalán pueda volver a España en cualquier momento. La medida de Llarena también afecta a Toni Común y Lluís Puig, cuyas órdenes nacionales de búsqueda y captura quedan levantadas.

Empezó como una movilización social alentada desde el poder político, siguió con un acto de desobediencia civil que desbordó a los partidos, y continuó con una fase de represión judicial para terminar con un pacto inédito para una amnistía a cambio de frenar una nueva intentona secesionista.

El proceso soberanista catalán ha durado más de una década y ha tenido episodios variados. El último ha sido la decisión del Tribunal Constitucional de este martes de corregir la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers. El fallo del tribunal de garantías abre la puerta a la vuelta definitiva a España del líder de Junts, que permanece en Bélgica desde 2017. El juez Llarena ha retirado este mismo martes la orden de detención vigente desde hace nueve años. Estos han sido los principales hitos del procés:

El referéndum y las cargas del 1 de octubre de 2017: pese a los avisos del Constitucional, el Govern de Puigdemont siguió adelante con la votación. La movilización de la ciudadanía en los colegios superó todas las previsiones del Ejecutivo catalán. La jornada estuvo marcada por las cargas policiales que dejaron un millar de heridos. Puigdemont emplazó a una última negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy, que, como las anteriores, fracasó.

Declaración unilateral y 155: aunque tenía pensado adelantar elecciones para evitar la intervención de la Generalitat, la presión independentista terminó empujando a Puigdemont a promover la declaración unilateral de independencia. Las discrepancias entre ERC y los posconvergentes se mostraron como nunca. 

Tras la DUI, no se arrió ninguna bandera española de las dependencias oficiales, y la Generalitat fue intervenida por primera vez en aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado en el Senado por los votos de PP y PSOE (el expresident José Montilla se abstuvo). Parte del Govern, con Puigdemont a la cabeza, partió hacia Bélgica el 28 de octubre de 2017. Otros, como Junqueras, se quedaron. Pese a compartir Govern, ERC y Junts siguieron a la greña durante años para mantener el poder.

Encarcelamiento y exilio: el 155 sirvió para poner fin a la aventura unilateral, pero a partir de entonces apareció un nuevo protagonista que irrumpió con toda la fuerza: la alta magistratura abrió una causa por rebelión, delito pensado para los golpes de estado violentos, contra todo el Govern. Los primeros en ingresar en prisión preventiva fueron los líderes de Òmnium y ANC, y después siguieron los exconsellers que permanecieron en España. Las manifestaciones que llenaban las plazas catalanas para mantener la independencia reclamaban ahora la libertad de los presos.

Desde Bélgica, Puigdemont intentó mantener el procés desde el exilio, pero rápidamente se constató que era inviable una presidencia simbólica en el exterior y un president real, Quim Torra investido por el Parlament, en Barcelona. En las elecciones de 2017, Puigdemont prometió que volvería si ganaba. Fue la primera promesa incumplida de su retorno, que tuvo como episodio destacado su arenga en el Arc de Triomf de Barcelona antes de la investidura de Illa, para después huir de los Mossos hacia Bélgica.

Alemania, primera detención: el expresident fue detenido en Alemania el 25 de marzo de 2018. El Supremo cantaba victoria, pero se dio de bruces con una respuesta contundente de los jueces alemanes: en el procés no había la violencia que precisa el delito de rebelión. Una posición que en España unas pocas decenas de juristas y magistrados defendieron ante la ovación general a la dureza del Supremo. Todos los intentos posteriores del juez Llarena para extraditar a Puigdemont fracasaron.

El juicio y la sentencia del procés: tras casi dos años en prisión preventiva, Junqueras, los exconsellers que se quedaron en España y los líderes de Òmnium y ANC se sentaron en el banquillo del salón de plenos del Supremo en un juicio histórico. Se enfrentaban a penas de más de 20 años por rebelión por parte de la Fiscalía, pero el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena terminó condenando por sedición y malversación (a penas duras, de hasta 13 años de cárcel) al definir el procés como una “ensoñación” sin capacidad real para materializar la secesión.

A la sentencia le siguió una semana de disturbios graves en Catalunya organizados por la plataforma Tsunami Democràtic. La sentencia del Supremo fue confirmada por el Constitucional, con la excepción de dos magistrados, que la consideraron desproporcionada y que restringía de forma indebida los derechos de reunión y manifestación.

Los indultos y la derogación de la sedición: tras el protagonismo de las togas, cogió el testigo la política y la aritmética parlamentaria que, desde la moción de censura de 2018, condicionaba el Gobierno de Pedro Sánchez al apoyo de ERC. Los republicanos forzaron un cambio de posición del presidente, que había abogado en un primer momento por el cumplimiento “íntegro” de la sentencia, y lograron los indultos y la derogación de la sedición a cambio del apoyo parlamentario y de no volver a promover la secesión unilateral. Los presos del procés salieron en libertad el 23 de junio de 2021.

El 23J de 2023 y la irrupción de Junts: sin apenas visibilidad en la anterior legislatura, las urnas dieron a Junts un papel clave tras las elecciones de julio de 2023. La amnistía fue la condición de los de Puigdemont para apoyar la investidura de Sánchez tras unas arduas negociaciones. La ley, tras otra tortuosa negociación parlamentaria se aprobó en 2024, pero el Supremo frenó su aplicación a Puigdemont y los exconsellers y varios tribunales acudieron a la Justicia europea. El Constitucional ha corregido al Supremo y este martes el juez Llarena ha retirado la orden de detención contra el expresident, vigente desde 2017. La vuelta de Puigdemont, pendiente de concretar el día tras despejarse los obstáculos jurídicos, cierra el círculo del procés.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha levantado la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional haya decidido amnistiar el delito de malversación atribuido a los líderes políticos del procés. El magistrado instructor no ha esperado ni a que el Constitucional notifique su sentencia sobre Dolors Bassa y ha aplicado el criterio del tribunal de garantías, lo que facilita que el expresident catalán pueda volver a España en cualquier momento. La medida de Llarena también afecta a Toni Común y Lluís Puig, cuyas órdenes nacionales de búsqueda y captura quedan levantadas.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes, con los siete votos favorables del sector progresista, que la amnistía también debe abarcar el delito de malversación atribuido a los líderes políticos del procés condenados en 2019. Los magistrados han resuelto el caso de Dolors Bassa pero los razonamientos se aplican también el de Carles Puigdemont, imputado por ese delito de 2017 que también acarreaba una orden de detención nacional.

Llarena explica en su auto que esta decisión no implica una “ejecución anticipada” de la sentencia del Constitucional ni una “extensión automática” de su fallo al caso del expresident, sino su capacidad para revisar “de oficio” las medidas cautelares que pesan sobre él. No hacerlo, explica el juez que instruyó la causa del procés, podría llevar a la detención de Puigdemont si volviera a España, una medida que después podría ser “improcedente”. El juez explica, en cualquier caso, que cuando pueda examinar la sentencia completa del Constitucional revisará esta decisión.

La decisión de Llarena no resuelve todavía el fondo del asunto pero sí pone fin a casi una década de medidas cautelares de búsqueda y captura impuestas contra el expresident desde la primera apertura de diligencias en la Audiencia Nacional por una querella de la Fiscalía. Unas medidas cautelares por las que Puigdemont ha sido arrestado en Alemania y en Italia a lo largo de los últimos años, procesos en los que el Tribunal Supremo no consiguió la extradición del político independentista catalán.

La aplicación de la amnistía arrancó en el Tribunal Supremo con la decisión tanto del juez Llarena como de la Sala de lo Penal de no aplicar la ley de perdón al delito de malversación. También optaron por considerar que la ley no cumplía con la Carta Magna y plantearon una cuestión de inconstitucionalidad que se sumó a las presentadas por el Partido Popular, las comunidades autónomas donde gobierna y Castilla-La Mancha. Tanto el Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) entienden que la norma es legal y que puede ser aplicada.

“No declara aplicable la amnistía”

La segunda fase de recursos abarca el delito de malversación, que según el Tribunal Supremo no podía ser amnistiado y cuya pervivencia tenía varias consecuencias incluso después de los indultos: mantenía activas las condenas de inhabilitación de los políticos, lo que impide que se presenten a unas elecciones, y también la orden de detención de Puigdemont ahora levantada. La sentencia anunciada este martes por el Tribunal Constitucional, explica Llarena, “justifica revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia de amparo y resolver sobre sus consecuencias”.

El magistrado especifica en este auto que el levantamiento de las medidas cautelares no es una decisión sobre si la malversación atribuida a Puigdemont queda definitivamente eliminada del expediente. “Este alzamiento no declara aplicable la amnistía, no extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes”. Cuando conozca el “texto íntegro” de la sentencia del Constitucional “se decidirá sin demora sobre la confirmación o modificación de la decisión que ahora se adopta, mediante resolución motivada y con observancia de los trámites legalmente exigibles”.

La decisión del Tribunal Supremo sobre Puigdemont, Comín y Puig ha sido comunicada “de manera inmediata” tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil y a los Mossos para evitar que, en caso de que alguno de los tres vuelva a España en las próximas horas, sean arrestados. Carles Puigdemont, con la orden de detención vigente, volvió brevemente a Cataluña durante la sesión de investidura de Salvador Illa como president.

La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha aprobado una sentencia que amnistía el delito de malversación atribuido a la exconsellera catalana Dolors Bassa y que abre la puerta al regreso próximo de Carles Puigdemont a España. Los magistrados han sacado adelante la ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido, que entre duras críticas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acuerda extender la amnistía a este delito. Una decisión que facilita la vuelta del expresident a España sin riesgo de ser detenido: el juez Pablo Llarena ha decidido levantar la orden de detención sin esperar a que la sentencia le sea notificada formalmente.

En un primer momento el pleno convocado este martes iba a analizar dos recursos de dos exconsellers condenados por el procés: Jordi Turull y Dolors Bassa. El ponente del primer caso, el conservador José María Macías, aceptó asumir el criterio mayoritario y elaborar una ponencia que amnistiara la malversación pero finalmente ha optado por retirar el asunto del orden del día. El pleno ha pasado directamente a estudiar el caso de Dolors Bassa con la ponencia de Cándido Conde-Pumpido, teniendo todavía pendientes otros recursos como los de Oriol Junqueras, Joaquim Forn o Raül Romeva.

La ponencia de Conde-Pumpido, indican fuentes del tribunal de garantías, ha sido aprobada con siete votos a favor y cinco en contra de los magistrados del sector conservador, que emitirán votos particulares contrarios como han hecho en todos los recursos relacionados con la amnistía. La sentencia, que todavía tiene que ser notificada, incluye severas críticas al Tribunal Supremo por negar la amnistía a este delito de malversación e incluye indicaciones expresas para que la Sala de lo Penal de este tribunal aplique el criterio establecido en el recurso de Bassa.

La aplicación de la amnistía a la malversación ha sido uno de los puntos más conflictivos del desarrollo de la ley. Por un lado, la negativa del Tribunal Supremo a perdonar este delito –alegando entre otras cosas que el procés afectó a intereses económicos europeos o que los políticos se lucraron con él– mantuvo las condenas de inhabilitación que impiden a varios condenados volver a una lista electoral. Por otro, ese delito sustenta la orden nacional de detención que Pablo Llarena activó contra Carles Puigdemont y que, en la práctica, le ha impedido hasta hoy mismo volver a España sin arriesgarse a ser detenido.

La ponencia de Conde-Pumpido que ahora se transforma en sentencia incluye críticas al criterio de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en este asunto. Unas críticas basadas en que las afirmaciones de los autos que negaron la amnistía al delito de malversación no aparecían en la sentencia del procés de 2019: ni la afectación a los intereses económicos de la Unión Europea ni tampoco la posibilidad de que los condenados se hubieran lucrado con el procés porque, al usar medios públicos, no tuvieron que pagarlo de su bolsillo. Una “contradicción flagrante”, dice ahora la sentencia, en “dos pronunciamientos distintos e inconciliables”.

El pleno del Tribunal Constitucional afronta esta semana una deliberación clave sobre la amnistía y a las puertas de las próximas elecciones generales. Los magistrados tienen previsto dar luz verde a la aplicación de la ley de perdón al delito de malversación por el que fueron condenados Jordi Turull y Dolors Bassa, un movimiento que pondrá en marcha la cuenta atrás para que este criterio se aplique al caso de Carles Puigdemont y, en la práctica, pueda volver a España sin miedo a ser detenido. Los tiempos que maneja el tribunal de garantías hacen factible que todos los recursos pendientes queden solucionados antes del comienzo de la campaña electoral aunque vaya a tener una incidencia moderada en la elaboración de las listas de Junts y ERC, los dos partidos presentes en la lista de políticos pendientes de sentencia.

Los 12 magistrados tendrán este martes dos recursos encima de la mesa con los casos de los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa. Los dos acudieron al Constitucional porque, después del indulto que conmutó su pena de prisión, la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación mantenía intacta su condena de inhabilitación y eso les impedía presentarse a unas elecciones. El debate sobre el fondo del asunto no parece polémico: el ponente conservador del caso de Turull se ha comprometido a asumir el criterio de la mayoría y la ponencia de Cándido Conde-Pumpido sobre Dolors Bassa tampoco tendrá problema en salir adelante gracias a la mayoría progresista del organismo.

Está previsto, por tanto, que ambos recursos queden sentenciados entre el martes y el miércoles, aunque eso no significa que las resoluciones sean dictadas y notificadas el mismo día en que se conozca el resultado de las votaciones. Además de acometer el redactado definitivo de las resoluciones, los magistrados conservadores que previsiblemente discrepen también necesitarán tiempo para elaborar sus votos particulares. Sobre su cumplimiento, el propio presidente del Tribunal Constitucional dejó claro recientemente en un desayuno informativo que los tribunales de la Justicia ordinaria, entre ellos el Tribunal Supremo, estaban obligados a acatar y aplicar sus resoluciones, deslizando una crítica: “A veces surge una cierta voluntad de no atender las resoluciones del Tribunal Constitucional”, lamentó.

Las decisiones sobre Turull y Bassa no solo afectarán a estos dos exconsellers del Govern de Carles Puigdemont. Serán las primeras sentencias en las que el Constitucional dará por amnistiado el delito de malversación del procés, la acusación que mantiene al expresident bajo una orden de detención del Tribunal Supremo que implicará su detención si pone un pie en España. La decisión del Constitucional sobre este asunto, sin embargo, no se aplicará de forma automática al político catalán. La sentencia, una vez dictada y notificada, debe ser puesta en conocimiento formal del juez Pablo Llarena, en el Tribunal Supremo, para que levante la acusación de malversación y, con ella, la orden de detención. Está por ver si antes de hacerlo pide, por ejemplo, alegaciones a las partes.

Puigdemont y el 29N

Carles Puigdemont no tiene a día de hoy ningún impedimento que le aparte de una lista electoral de su partido –ya fue cabeza de lista de Junts al Parlament en 2024 y candidato a la investidura, entre otras–, pero la orden nacional de detención que pesa sobre él limita su actividad parlamentaria a delegar su voto, algo que también ha sido discutido por los tribunales. Está previsto que eso cambie en las próximas semanas cuando el Tribunal Supremo aplique las decisiones del Constitucional y haga desaparecer su imputación con malversación, aunque con la duda de en qué momento de la campaña electoral sucederá. Si antes 26 de octubre, límite para presentar candidaturas, o si ya en noviembre con la campaña en marcha y con Junts recuperando así su mayor activo electoral.

El resto de exconsellers condenados libran su batalla en paralelo y con un calendario igualmente ajustado en caso de querer figurar en alguna lista electoral del 29N. Los recursos de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y otros condenados todavía no están en el calendario, pero podrían quedar resueltos por aplicación de doctrina en el siguiente pleno del 20 de octubre, un día antes del comienzo del plazo para presentar candidaturas.

La aplicación de la amnistía se ha convertido en uno de los grandes choques entre Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Fiscalía. La Sala de lo Penal se negó a amnistiar el delito de malversación y, además, planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley. El procés, dijeron por primera vez a lo largo de la causa, pudo afectar a los intereses económicos europeos y, además, supuso un enriquecimiento injusto para los políticos porque no tuvieron que pagar el referéndum del 1-O de su bolsillo. Las sentencias que dicte el Constitucional en los próximos días, tal y como figura en las ponencias que se votarán y cuentan con el apoyo mayoritario del pleno, apuntan en sentido contrario con algunas críticas muy duras al criterio del Tribunal Supremo.

La ponencia de Cándido Conde-Pumpido sobre el caso de Dolors Bassa, por ejemplo, acusa al Supremo de emitir “dos pronunciamientos distintos e inconciliables” sobre si la malversación es o no amnistiable, comparando la sentencia del procés con los autos que negaron el perdón a ese delito. Una “contradicción flagrante”, entre otras críticas a los autos del Supremo sobre el caso, que ahora serán sometidas a votación en un día que supondrá el principio del fin de la causa abierta contra Carles Puigdemont en 2017 a las puertas de unas elecciones generales convocadas, entre otros factores, por la posición de su partido en cuanto a la crisis de vivienda y los decretos que el Gobierno no consiguió sacar adelante en el Congreso la semana pasada.

El rechazo a la convalidación de los dos reales decretos-ley sobre vivienda en el Congreso de los Diputados, orquestado este viernes con los votos en contra de Junts, el Partido Popular y Vox, no es un simple desacuerdo sobre política habitacional. Tras la caída de estas medidas —vendidas institucionalmente como el blindaje definitivo de la función social de la vivienda tras el dramático desahucio de Mari Carmen Abascal—, se esconde una maniobra política de mucho mayor calado. Estamos ante una venganza política consumada, un ajuste de cuentas diseñado milimétricamente desde Waterloo. Carles Puigdemont, obligado al exilio durante nueve años a raíz de la represión del referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, ha hecho morder el polvo al Gobierno de Pedro Sánchez, al ser coautor el PSOE, junto al PP, de la intervención de la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución Española.

Pero reducir este episodio a una vendetta personal sería un error de análisis. Lo que ha caído con los decretos no es solo un paquete de medidas habitacionales, sino la máscara de una legislatura que nació herida de muerte. Para comprender la magnitud de este jaque, debemos retroceder a la génesis de esta legislatura y, más atrás aún, a las contradicciones no resueltas del régimen de 1978. La Transición no fue una ruptura democrática, sino un reformismo, con una transformación desde arriba que preservó intactos los privilegios de la oligarquía, de la Iglesia Católica, los aparatos de poder —judicial, policial, militar— heredados del franquismo, mientras integraba a las élites políticas de la oposición en un nuevo consenso constitucional, bajo una monarquía instaurada por la dictadura franquista. Ese pacto, sin embargo, dejó sin resolver la cuestión nacional catalana y vasca, y consagró un Poder Judicial que nunca ha dejado de ser un reducto de la reacción. La crisis actual no es sino la erupción de esas contradicciones largamente reprimidas. No estamos ante un accidente parlamentario, sino ante una crisis orgánica del régimen: la clase dominante ha perdido su capacidad de ejercer la hegemonía, y el Estado se descompone por momentos.

Los siete escaños de Junts, surgidos de las elecciones generales de 2023, fueron la llave esencial para la investidura de Pedro Sánchez. La condición innegociable: la ley de amnistía. Sin embargo, el camino hacia el olvido penal se ha topado con la resistencia numantina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Mediante lo que no pocos juristas califican de subterfugios legales propios de un lawfare, el Supremo ha obstaculizado sistemáticamente la aplicación de la amnistía a los líderes del procés, especialmente en lo referente al delito de malversación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dictaminado que no existió malversación de fondos europeos en el procés. Luxemburgo rechazó que la protección de los intereses financieros de la Unión, prevista en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pueda extenderse a perjuicios exclusivamente nacionales mediante conexiones hipotéticas o indirectas. La sentencia del TJUE de julio de 2026 impedía mantener el segundo de los dos motivos esgrimidos por el juez Llarena para denegar la amnistía: el de la afectación a los intereses financieros de la UE. El magistrado del Supremo admitió que no se gastaron fondos europeos, pero se aferró al otro argumento —el supuesto beneficio personal patrimonial— para mantener la orden de detención contra Puigdemont. Esa argucia es la que ahora queda desmontada por el Tribunal Constitucional.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha puesto por escrito lo que buena parte de la doctrina venía señalando desde 2024: que el Supremo sostiene, dentro de un mismo procedimiento, dos tesis que no pueden ser ciertas a la vez. El borrador de ponencia para resolver el recurso de amparo de Dolors Bassa aprecia una contradicción «flagrante e insoluble» y una «quiebra de racionalidad inconciliable» en la doble lectura del Supremo. El texto aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y sostiene que en los hechos por los que Bassa fue condenada concurren los presupuestos que los sitúan dentro del ámbito de aplicación de la amnistía. Conde-Pumpido ha asegurado que la doctrina del Constitucional sobre la amnistía será «vinculante» y «clara» para que la aplique el Tribunal Supremo. Ha advertido que trasladará «inmediatamente» la decisión del TC que desatasca el regreso de Puigdemont. Y ha denunciado que las resoluciones del Supremo incurren «en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables». No es casual que sea el poder judicial —ese aparato que la Transición dejó intacto— el que se resista a la amnistía. La magistratura conservadora opera aquí como un intelectual orgánico de la reacción, defendiendo los intereses de las fracciones de clase que no aceptan la más mínima concesión al soberanismo catalán.

Con la garantía de que el Tribunal Constitucional amparará finalmente a los soberanistas catalanes y con el aval de la justicia europea ya materializado, Puigdemont ha decidido que era el momento de ejecutar su estocada. Ernesto Ekaizer lo ha anticipado con claridad: «Llarena y Marchena se han rendido; a partir del 15 de octubre, Puigdemont podría volver a Cataluña sin ser detenido». El periodista señala que, una vez el TC resuelva el primer recurso —el de Jordi Turull—, Llarena deberá archivar todas las causas y caerá la orden de detención contra el expresident. «Seguramente, ahora ya les interesa más que Puigdemont vuelva; así crean tensión en los medios y se aseguran que su retorno se resolverá antes de que Feijóo sea presidente», señala Ekaizer. La foto del retorno de Puigdemont con el Estado español en una quiebra del régimen del 78 será el trofeo de una venganza consumada.

Durante las últimas semanas, Junts ha mantenido una estrategia simuladora. Ha participado en aparentes negociaciones con el Ministerio de Vivienda, incluso logrando introducir exigencias propias y que se partiera en dos la normativa original. El texto final tenía una impronta de Junts que algunas fuentes del Gobierno cifraban incluso en un 80%. El Gobierno incorporó medidas de Junts y PNV para los propietarios, incluyendo deducciones fiscales de hasta el 100% del impuesto sobre el alquiler si el pequeño propietario suscribía un nuevo contrato bajando la renta más de un 5%. Se incluyeron garantías para los propietarios en caso de desahucios: si un procedimiento se suspendía por vulnerabilidad del inquilino, la administración competente debía asumir y compensar al propietario por los impagos de rentas. El Gobierno calculaba que las bonificaciones incluidas suponían unos 330 millones de euros que se ahorrarían los pequeños propietarios en su declaración de la renta.

Sin embargo, la intención subyacente siempre fue aprovechar el momento oportuno —en este noveno aniversario de las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 y el inicio de la represión en Catalunya — para votar en contra y hacer colapsar al Ejecutivo español. La Ejecutiva Nacional de Junts anunció, precisamente en el 1 de octubre de 2026, su voto en contra y pidió al PSOE que retirase las dos normas. La portavoz, Míriam Nogueras, acusó al Gobierno de «engañar a la gente» y de darle una «falsa esperanza». «Hay que decir la verdad, sea cual sea el precio», proclamó Nogueras, criticando que los decretos no actuaban contra los fondos buitre y sí contra los pequeños propietarios. Pero la realidad es que la concepción propietarista de Junts —su defensa a ultranza del pequeño arrendador frente a las medidas de protección al inquilino— fue la coartada social perfecta para consumar la venganza. Junts no votó contra el decreto por su sesgo propietarista; utilizó su sesgo propietarista como excusa para votar contra el Gobierno. El informe interno de Junts calificaba el decreto de «trágala» y detallaba diez motivos para rechazarlo. El resultado fue una derrota parlamentaria sin paliativos: 172 votos a favor y 178 en contra en el primer decreto; 166 frente a 184 en el segundo. Los siete diputados de Junts fueron decisivos. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, lo dijo sin ambages: «Sus intereses particulares putean a miles de personas». La prensa internacional habló de «sonora derrota» y de «profundización de la crisis política» para Sánchez.

Al tumbar los decretos, Puigdemont no solo castiga al PSOE. Contribuye de forma decisiva a colapsar al Gobierno, facilitando objetivamente la ofensiva reaccionaria de los aparatos judiciales, policiales, mediáticos y de la alianza PP-Vox. Y lo hace en un contexto de alta volatilidad, con la espoleta geopolítica de Ceuta activada y sin resolver. Porque Ceuta no es sólo un telón de fondo: es el incendio que Puigdemont aviva con su voto. Entre el 30 y el 31 de julio, entre 75.000 y 85.000 personas entraron irregularmente en la ciudad autónoma desde Marruecos, una cifra equivalente a la práctica totalidad de su población censada (83.595 habitantes). El informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras concluyó que no fue un fenómeno espontáneo, sino una operación de «guiado activo de la masa» por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, calificada como «una acción de contra-inteligencia ofensiva de manual». El documento no descarta que Marruecos «intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos». Una jueza española de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación formal; Marruecos lo niega y el Gobierno español apenas pide «repensar» la relación.

Pero la dimensión más grave de esta crisis es la humanitaria. Amnistía Internacional ha documentado, tras entrevistar a más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo —entre ellas 31 menores y 26 mujeres, dos embarazadas—, un patrón sistemático de agresiones por parte de militares españoles que «según patrones internacionales, podrían definirse como tortura»: palizas, acoso, robo, destrucción de teléfonos, insultos, amenazas para abandonar Ceuta, humillaciones como obligar a musulmanes a arrodillarse para besar una cruz, y un «hostigamiento diario de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba». Un testimonio documentado describe cómo un migrante fue esposado, metido en un maletero, amordazado y golpeado contra un árbol antes de ser arrojado por un terraplén, quedando 25 días sin poder caminar. La organización ha tenido acceso a vídeos que muestran a militares encapuchados golpeando de noche a migrantes o rociándoles con espray irritante, y expulsándoles a la fuerza a Marruecos. En este escenario de crisis humanitaria, tensión diplomática y sospecha de agresión territorial, los motivos espúreos del voto de Junts cobran una gravedad inusitada. Es gasolina sobre el incendio. El expresident prioriza la venganza política y el cálculo electoral: ver pasar el cadáver del Gobierno español cuando, por fin, regrese a Catalunya, como líder del independentismo amparado por el Constitucional y ante un Supremo doblegado como actor político. Pero su venganza no se detiene en Sánchez. Puigdemont espera pacientemente a que el Partido Popular muerda el polvo. El otro coautor de la represión de 2017, el Partido Popular, será el siguiente en la lista. Quiere ver a Feijóo, también, bajo su dependencia política si no quiere cogobernar con el fascismo de Vox, si necesita de los votos de Junts para gobernar.

Toda esta crisis institucional encierra una lección pedagógica ineludible. Es cierto que el principal Real Decreto-ley que acaba de decaer era estructuralmente insuficiente. Hacía demasiadas concesiones al capital inmobiliario, premiaba fiscalmente al acaparador de viviendas, asfixiaba a los asalariados y pensionistas, a la vez que cubría las pérdidas de los propietarios mediante compensaciones con fondos públicos. Su única virtud era suponer un dique de contención legal, por mínimo que fuera, frente a la barbarie especulativa y la ofensiva reaccionaria. Sin embargo, su naufragio a manos de Junts demuestra que el marco parlamentario burgués tiene límites infranqueables. No se puede desmercantilizar la vivienda, ni asegurar una vida digna, sin confrontar de raíz con la sagrada propiedad privada; y esa tarea, históricamente, no cabe en la convalidación de un decreto-ley nacido de los pactos de pasillo. 

Frente a la miseria del cálculo electoral y el tacticismo político, se alza la única fuerza capaz de cambiar el tablero: la calle. Las mareas de cientos de miles de personas, las acampadas masivas, la desobediencia civil y el pulso inquebrantable del movimiento por la vivienda han demostrado cómo se pueden mover las posiciones políticas de los gobiernos en favor de las clases populares. Es imperativo que el contrapoder de la movilización popular destierre, de una vez por todas, estas intrigas y venganzas palaciegas burguesas. Quienes han tumbado estas medidas han jugado frívolamente con el techo de miles de familias para satisfacer sus vendettas políticas y expectativas electorales, allanando el camino al fascismo. Pero no seremos su daño colateral. Si el parlamentarismo burgués se ahoga en sus propias miserias, debe ser la autoorganización en los barrios, la huelga general y la fuerza constituyente de la clase trabajadora los que desborden los despachos y barran sus privilegios. A la decadencia de sus palacios, debemos oponer la firmeza implacable del contrapoder popular, favorecedor de un cambio en la correlación de fuerzas, con organización y permanencia, que arrebate a la burguesía su hegemonía, desarticule su bloque de poder y abra paso a la construcción de un poder popular capaz de disputar, desde abajo y desde la calle, la dirección de la sociedad y sus instituciones. No para administrar el Estado tal como está, sino para transformarlo de raíz. República, Socialismo y Derecho a la autodeterminación de los pueblos.

El Gobierno ya maneja la posibilidad de convocar elecciones generales, algo que Emiliano García-Page, uno de los dirigentes socialistas más críticos con la gestión de Pedro Sánchez, lleva pidiendo desde hace tiempo. El presidente de Castilla-La Mancha considera ahora que, si finalmente no se aprueban los dos decretos de vivienda que se debaten en el Congreso, debido al rechazo de Junts, sería el momento de poner fecha a esos comicios.

Page ha argumentado que la legislatura actual comenzó en 2023 dándole “el mando a distancia” a Carles Puigdemont, al que ha calificado como “un señor no muy de derechas, sino de extrema derecha independentista”. “Ahora ellos (en referencia a Junts) son los que deciden. No quiero adelantarme a lo que puedan ser los votos, pero no sería tampoco la primera vez que dicen una cosa y hacen la contraria. Desde luego, la situación del país ha sido de un laberinto sin salida desde el primer día”.

“Cuando los pactos se hacen orillando tus valores, tus principios, y los haces con la extrema derecha, que además quiere dinamitar España, pues francamente traen, como mínimo, dolores de cabeza. Y en este caso no creo que haya nadie que se sorprenda al pensar que Junts en realidad no era bloque progresista ni era mayoría progresista para nada. Simple y llanamente el Parlamento es de mayoría conservadora”, ha resaltado.

Preguntado por si la votación de hoy podría suponer el final de la legislatura, el presidente castellanomanchego no ha querido aventurarse en dar una opinión. Sí ha remarcado que los decretos de vivienda se han aprobado en el Consejo de Ministros ante la “situación de emergencia de miles y miles de inquilinos”, pero que ahora es “enormemente arriesgado” decirle a esa ciudadanía, si no prosperan, que “se esperen sentados a ver cuándo se quieren convocar elecciones”.

“Es un altísimo riesgo el que se corre desde el punto de vista de la credibilidad ante los destinatarios de los dos decretos”, ha añadido.

Finalmente, preguntado por los posibles resultados tras una convocatoria de elecciones generales, Page ha señalado que el panorama político está “tan absolutamente trufado en España” y que “han cambiado tantas cosas de sitio”, que los españoles “van a tener mucho trabajo de recolocar el puzzle”.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes redactar una sentencia que amnistíe la malversación atribuida a los líderes políticos del procés, el delito que a día de hoy impide que Carles Puigdemont vuelva a España sin riesgo de ser detenido. La mayoría progresista ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que apostaba por no perdonar este delito en el caso del exconseller Jordi Turull, y abre la puerta a que los tribunales también levanten esa acusación contra el expresident cuando estudien su caso.

Fuentes del organismo explican que el magistrado Macías tendrá que redactar una nueva ponencia y que, además, el pleno estudiará próximamente el caso de Dolors Bassa con ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido. Estas dos ponencias que se votarán más adelante, añaden estas fuentes, serán para estimar la petición de amparo. Ese pleno, según ha informado el Tribunal Constitucional, será el próximo 6 de octubre.

El tribunal de garantías ha estudiado el primer recurso de uno de los condenados por el procés independentista de 2017 después de que el Tribunal Supremo se negara a amnistiar el delito de malversación, y también después de que tanto el mismo Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hayan avalado la ley. En el caso de Jordi Turull, exconseller de Carles Puigdemont y alto cargo de Junts, una vez indultada su pena de cárcel el recurso se centraba en amparar bajo el paraguas de la amnistía la inhabilitación que acarrea el delito de malversación y que le impide presentarse a unas elecciones.

La mayoría progresista del pleno ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que respaldaba la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación. Ahora el borrador de la sentencia tendrá que ser repetido y la mayoría del pleno entiende que sí debe otorgarse el amparo. El Supremo entendió que no era amnistiable ya que el dinero que los políticos no tuvieron que poner de su bolsillo supuso un enriquecimiento ilegal proscrito en la ley.

La decisión del Tribunal Constitucional, por tanto, todavía tendrá que esperar al redactado y votado de un nuevo borrador, pero pone en marcha la cuenta atrás para que Carles Puigdemont pueda volver a España sin exponerse a una detención, aunque tendrá que esperar a que se resuelvan sus propios recursos.

El Tribunal Constitucional afronta esta semana el debate decisivo sobre la aplicación de la amnistía a los condenados del procés independentista catalán. Una deliberación del pleno en la que el conservador José María Macías defenderá una ponencia para rechazar las alegaciones del exconseller Jordi Turull y mantener su condena de inhabilitación por el delito de malversación que el Tribunal Supremo rechazó amnistiar. Un borrador que, además de respaldar a la Sala de lo Penal, orilla el aval a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio a la amnistía y sus argumentos sobre ese delito que, a día de hoy, impide el regreso de Carles Puigdemont a España sin riesgo de ser arrestado.

Jordi Turull, conseller del Govern de Carles Puigdemont, fue condenado a 12 años de cárcel por el Tribunal Supremo en 2019, la condena más alta del caso por detrás de Oriol Junqueras. Con su condena de prisión fuera de circulación tras el indulto parcial concedido por el Gobierno en 2021, la pelea del hoy secretario general de Junts per Catalunya se centró en que la amnistía se aplicara también a la condena de inhabilitación derivada del delito de malversación y que, en la práctica, le impide volver a la política. La respuesta no unánime del Tribunal Supremo –con una magistrada, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en contra– fue negativa: no tuvo que pagar el procés de su bolsillo y eso, según los jueces, equivale a un enriquecimiento ilegal proscrito en la amnistía.

Su recurso llega a pleno después de que la amnistía haya pasado todos los filtros: tanto el del propio Tribunal Constitucional como el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este último contradijo al Tribunal Supremo en un punto ahora clave: el procés independentista de 2017 no afectó a los intereses económicos de la Unión Europea. Uno de los argumentos de la Sala de lo Penal para no aplicar la amnistía al delito de malversación. La ponencia que defenderá esta semana el magistrado conservador José María Macías priva de efectos a esta resolución europea al entender que no puede ser aplicada “retrospectivamente” a lo que antes dijo el Supremo.

El papel de Macías en los debates del Constitucional sobre la amnistía fue polémico desde su primera designación como ponente del recurso del Partido Popular contra la ley. Su pasado como vocal del Consejo General del Poder Judicial y su activa oposición a la ley de perdón del procés determinaron que la mayoría progresista del pleno aceptara su exclusión de todos los debates después de ser recusado por la Fiscalía. Se mantuvo como ponente del recurso de Jordi Turull porque, tal y como constató el tribunal, el exconseller lo pidió fuera de plazo.

La ponencia de este magistrado, que ha podido examinar elDiario.es, propone rechazar todos los argumentos de Turull, la Fiscalía y la Abogacía del Estado y respaldar al Tribunal Supremo en su negativa a amnistiar la malversación. El hecho de que la Sala de lo Penal dijera, por primera vez en el proceso judicial que arrancó en 2017, que los líderes del procés había tenido un “beneficio patrimonial”, no supone una “introducción sorpresiva de hechos o calificaciones” que haya vulnerado los derechos de Turull.

La negativa del Supremo a eliminar la condena de inhabilitación que le impide presentarse a unas elecciones, añade Macías, no vulnera sus derechos políticos. Eso lo hizo, en todo caso, la sentencia que le impuso 12 años de cárcel, pero como recuerda la ponencia ya fue avalada por el Tribunal Constitucional: “La negativa a aplicar la amnistía no introduce una nueva restricción sino que mantiene los efectos de una pena impuesta con todas las garantías, en virtud de un título judicial firme, que ya ha superado el correspondiente control constitucional”. Se apoya en otro caso ligado al procés donde el Constitucional argumentó lo mismo: la condena del expresident Joaquim Torra que le sacó de la presidencia de la Generalitat de Catalunya.

No hubo “animadversión” contra Turull

La ponencia de Macías, entre críticas formales al recurso del exconseller, también rechaza que se haya conculcado su derecho a la tutela judicial efectiva y descarta que el Supremo interpretara erróneamente la voluntad del legislador en la amnistía. “Ha desarrollado una respuesta razonada, completa y estructurada”, dice el borrador de sentencia. “Solicitar que interpretemos la Ley sin otra referencia que la voluntad del legislador es pedir que abdiquemos de nuestra función como jueces”, dijo entonces el Tribunal Supremo.

La interpretación del Supremo sobre la malversación y el procés, añade Macías, “no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión” hacia Turull. La doctrina establecida en casos de malversación como Emarsa –el saqueo millonario de la depuradora de València– apoya, según Macías, que el “beneficio” de un condenado por malversar no consista solo en quedarse el dinero: “También puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles”.

El magistrado del bloque conservador dedica las últimas páginas de su borrador a uno de los grandes hitos del tránsito judicial de la amnistía: la sentencia del TJUE que avaló la ley de perdón el pasado mes de julio. El tribunal europeo, reconoce Macías, “se ha pronunciado sobre esta cuestión en un sentido distinto al sostenido por la Sala Segunda”. Pero eso, añade, no cambia nada en el caso de Turull: “No permite proyectar retrospectivamente su contenido sobre el juicio de razonabilidad que ahora nos corresponde realizar, referido a la motivación ofrecida por el Tribunal Supremo en el contexto normativo y jurisprudencial existente en el momento en que adoptó las resoluciones impugnadas”.

El caso de Turull marcará el camino al resto de políticos catalanes, entre ellos a Carles Puigdemont, que espera un aval del Constitucional para ver desaparecer su orden de detención y poder regresar a España sin miedo a ser arrestado. Pero no será una decisión inmediata. La ponencia de Macías será analizada por una mayoría progresista que, hasta ahora, ha deliberado y votado en sentido contrario. Eso llevaría a un cambio de ponente y a una nueva deliberación en las semanas siguientes.