La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha considerado “racista” y “clasista” a Junts y ha indignado a la formación independentista. Preguntada por ello en una entrevista en Onda Cero, la también líder de Sumar ha asegurado que considera desde “siempre” que la formación de Carles Puigdemont encarna este perfil ideológico. 

“Yo sé muy bien quién es Junts, quién es Vox y sé menos ya quién es el Partido Popular”, ha afirmado la vicepresidenta durante la entrevista, en la que también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Según Díaz, el proyecto del PP es “inexistente” y está “preso absolutamente de Vox”.

Pese a su opinión sobre Junts, Díaz ha justificado la investidura de Pedro Sánchez como presidente en 2023 por el programa pactado. “La investidura se acomoda en torno a un proyecto, y las formaciones políticas lo votan o no, con un programa”, ha argumentado. En este sentido, ha negado que haya incluido alguna vez a Junts como parte de un bloque progresista en el Congreso.

La vicepresidenta Díaz ha recordado que Junts se alinea con PP y Vox para oponerse a políticas de vivienda como la prórroga de los alquileres por la guerra de Irán. “Hay que pedirle al PP, a Vox y a Junts por qué golpean a la gente en nuestro país”, ha afirmado. 

Las palabras de Díaz han provocado la reacción de Puigdemont, que la ha acusado de alcanzar un “nivel de bajeza moral” que “asusta”. 

“La falta de respeto al otro, la falta de rigor y el recurso a la manipulación, exactamente como hace Donald Trump, describen perfectamente dónde se sitúa hoy esta izquierda desorientada que gobierna el Estado español”, ha afirmado. “Quizá está haciendo méritos para que la acojan en la plataforma de las izquierdas”, ha remachado sobre Díaz.

El dirigente independentista ha cuestionado que la vicepresidenta conozca las bases del partido que él lidera. “No nos conoce, no sabe quién es nuestro votante ni nuestro militante”, ha escrito, reprochándole que recurra al estereotipo de que todo lo catalán es burgués o de derechas. Según Puigdemont, estee enfoque responde a “el mito fundacional del españolismo en Catalunya”.

El líder de Junts ha cerrado su respuesta con una referencia directa a la aritmética parlamentaria que sostiene al Gobierno de Sánchez. “La gente que nos vota merece más respeto”, escribió. “La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizá vivirá mejor”.

El PSOE volverá este jueves a unir sus votos al PP, Vox y Junts para culminar la tramitación parlamentaria de la ley de multirreincidencia. La medida implicará un endurecimiento de las penas por hurtos menores en caso de reiteración y es una de las más demandadas por parte de los independentistas catalanes desde el principio de la legislatura y, especialmente, desde hace unos meses, a causa de la presión que ejercen sobre Junts la ultraderechista Aliança Catalana y algunos de sus propios alcaldes de la Catalunya interior. Por eso, los socialistas decidieron desbloquearla justo cuando Carles Puigdemont anunció solemnemente la ruptura de la colaboración con el Gobierno. Un gesto que, hasta la fecha, no cuenta con reciprocidad alguna. Salvo excepciones contadas, como el decreto fiscal de este jueves para las consecuencias de la guerra, en Junts mantienen su portazo al Ejecutivo y se disponen a tumbar el decreto con medidas de vivienda impulsado por Sumar.

Una vez alcanzado el acuerdo político para sacar adelante la ley de multirreincidencia, la tramitación ha avanzado con rapidez y, a finales del año pasado, PSOE, PP y Junts cerraron la redacción final del texto, que también apoyó Vox. En febrero, el Congreso dio luz verde por primera vez a la norma, y el pasado miércoles el Senado —donde el PP cuenta con mayoría absoluta— terminó de incluir sus enmiendas. Lo que hará la Cámara Baja este jueves será pronunciarse sobre ellas, pero aunque las rechace, la reforma del Código Penal para castigar más severamente los hurtos reiterados será ley a partir del viernes: lo que se decide es cuál es su redacción final.

Aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, las enmiendas que ha introducido el PP —que debatirá y votará este jueves el Congreso— buscan endurecer el texto y también entorpecer la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno hace unas semanas. En concreto, los populares quieren que la norma modifique la ley de extranjería para prohibir que los aspirantes a beneficiarse de esa regularización prueben su falta de antecedentes penales con una mera declaración responsable ante la ausencia de una certificación oficial. También han aceptado una enmienda de Vox para garantizar que los delincuentes extranjeros condenados en España sean expulsados a sus países de origen y cumplan allí las penas impuestas por la justicia española.

La primera de esas modificaciones, la relativa al endurecimiento de los requisitos que deben cumplir los inmigrantes en situación irregular para acceder a los papeles, tiene visos de salir adelante, puesto que Junts tiene previsto votar a favor de la misma. Si los independentistas no cambian de posición a última hora, su apoyo, sumado al de PP y Vox, sería suficiente para incluir esta medida dentro de la ley de multirreincidencia, con lo que esa norma podría acabar entorpeciendo la regularización de inmigrantes que se pondrá en marcha en las próximas semanas.

Entre las filas socialistas admiten que si la ley de multirreincidencia promovida por Junts estuvo la primera mitad de la legislatura en un cajón era, principalmente, porque también existía un profundo debate interno. El texto de los independentistas catalanes asume el marco punitivista respecto a delitos menores del que habitualmente hace gala la derecha. Y eso enfrentaba al PSOE al conjunto de sus socios de izquierdas —a excepción de ERC, a quien este asunto genera una enorme incomodidad y que se ha abstenido en varias de las etapas de la tramitación de la norma— y abría de puertas hacia dentro una discusión sobre la idoneidad de esa reforma.

La necesidad de contentar a Junts, principalmente, pero también el interés mostrado por el PSC de Salvador Illa en que la medida salga adelante terminaron por decantar la balanza. Varios alcaldes socialistas de Catalunya, de hecho, acudieron presencialmente al primer Pleno del Congreso que dio luz verde a la reforma tras defender que se trata de una reforma muy demandada en ayuntamientos catalanes. El propio PSC ha trabajado una enmienda que será votada este jueves para endurecer las penas al robo de energía eléctrica destinada a los narcopisos.

Junts no apoyará el decreto de vivienda

Tras el choque del pasado viernes en el Consejo de Ministros extraordinario, en lo que coinciden los dos socios de coalición de Gobierno es que apenas existe recorrido político para arrancar a Junts un respaldo al decreto que prorroga los contratos de alquiler. “Somos conscientes de que no hay apoyos, pero no por ello vamos a renunciar a hacer frente a la crisis habitacional”, dijo Pedro Sánchez durante su comparecencia. El presidente llegó a repetir hasta en tres ocasiones que el Ejecutivo no cuenta con el apoyo del Congreso.

De hecho, es esa certeza, la de que Junts votará en contra de cualquier medida que proteja a los inquilinos frente a los propietarios, la que está en el centro de la discusión entre el PSOE y Sumar desde el pasado viernes. Los socialistas se cerraron en banda a unir la prórroga de los alquileres al decreto de medidas fiscales y económicas para paliar los efectos de la guerra porque eso implicaba directamente que el texto decayese durante su votación en Pleno ante la falta de apoyos. Y ahora asumen que esa negociación con los diputados de Carles Puigdemont sobre la situación habitacional de miles de familias a quienes les cumple el contrato de arrendamiento será, directamente, imposible.

El ala minoritaria del Gobierno, la de Sumar, tampoco muestra demasiada confianza en un cambio de posición de última hora de Junts que permita salvar el decreto de medidas de vivienda, al menos en las circunstancias actuales. No obstante, en público tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como los partidos que conforman la coalición que ella lidera apuestan por fomentar que los colectivos sociales y sindicales ejerzan presión contra los independentistas catalanes para elevar el coste de derribar el texto. Y fuentes de uno de los partidos del espacio sostienen, además, que incluso si el decreto cae habrá merecido la pena aprobarlo porque, a su juicio, se ha producido un cambio de rasante por el cual la derecha será quien tenga que justificar su negativa y no el Gobierno dar explicaciones por no haber puesto en marcha medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda.

Pedro Sánchez minimizó el órdago de Junts cuando Carles Puigdemont anunció la ruptura con el Gobierno. En Moncloa vieron inicialmente aspavientos, pero no creyeron que la sangre llegara al río. Se equivocaron. Y no tardaron en darse cuenta. Por eso el Ejecutivo multiplicó los gestos hacia la formación independentista (apoyo a la ley contra la multirreincidencia, un macrodecreto con promesas pendientes, el compromiso de publicar las balanzas fiscales...) al tiempo que intentó reagrupar a la mayoría de la investidura. Pero en Moncloa dan por perdido el apoyo de Junts, al menos hasta que Puigdemont vuelva gracias a la aplicación de la amnistía.

El Gobierno ha vuelto a escuchar el portazo este miércoles en el Congreso. La portavoz, Míriam Nogueras, ha confirmado que su grupo votará en contra del decreto del escudo social. Por segunda vez. Ya sumó sus votos a los de PP y Vox para rechazar hace un mes el paraguas de protección social que se implementó durante la pandemia. La excusa de los neoconvergentes fue que la prohibición de los desahucios era un coladero para la okupación. Tras el varapalo, el Gobierno negoció con el PNV una rebaja de la ambición para dejar fuera a los propietarios con una única vivienda en alquiler.

“Hace unas semanas dijimos pensiones ‘sí’, ocupación ‘no’. Y cumplimos”, expresó Nogueras en la sesión de control: “Lo han vuelto a hacer. Mezclar en una sola votación el escudo social y las ocupaciones. Si votáramos que ‘sí’, quizás nos ahorraríamos todas esas mentiras que dicen de nosotros. Pero nosotros no engañamos”. “Escudo social, sí. Ocupaciones, no”, ha señalado llevándose el reproche de Sánchez por vincular la protección del escudo social a personas vulnerables con la ocupación.

Ante la segunda derrota en el Congreso, el Gobierno tendrá que buscar la fórmula para mantener esa protección. Lo que, en principio, no ven en el Ejecutivo es presentar un tercer decreto (ya lo han hecho en esta ocasión desgajando el 'escudo social' de la subida de las pensiones, que sí se aprobará con el 'sí' de PP y Junts). “El Gobierno ha promovido por dos veces el escudo social. Separar la parte de desahucios no lo ve la izquierda. Puede ser que la izquierda diga que cuando lo tumben lo vea distinto, que ahora cambie de opinión”, señala una fuente gubernamental sobre la anterior negociación, en la que Moncloa pretendía llevar la prohibición de los desahucios por separado para minimizar los riesgos, pero se opusieron los socios progresistas y finalmente fueron por separado las pensiones y todo lo demás en un único texto. “El Gobierno está dispuesto a hablar, pero no vamos a traerlo al gusto de cada cual”, apunta esa fuente.

Una ministra descarta que se vaya a aprobar un nuevo decreto. “Tenemos instrumentos”, dice sobre el mantenimiento de las medidas de protección social, como el bono energético, las entregas a cuenta a las comunidades y ayuntamientos o la actualización del Ingreso Mínimo Vital. Además, sostiene que serán las comunidades autónomas, gobernadas mayoritariamente por el PP, las que tendrán que dar respuesta a los desahucios: “Tienen unas obligaciones estatutarias en materia de emergencia habitacional para personas en situación de vulnerabilidad”.

Lo que asumen en Moncloa es que no tienen nada que hacer por ahora con Junts. “La situación de Junts se acabará de estabilizar cuando vuelva Puigdemont”, reflexiona un miembro del Gobierno. La estimación del Ejecutivo es que se podría producir ese escenario en primavera dado que la sentencia del Tribunal Constitucional se espera para abril o mayo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado ya le han allanado el camino. También está pendiente el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, tras la opinión favorable del abogado general, que suele marcar la pauta de los jueces en Luxemburgo.

En todo caso, la tensión con Junts se mantiene en un momento sensible para el Gobierno ante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado que ha prometido en el primer trimestre del año. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó al mes de febrero, que ya ha pasado y ahora la intención es hacerlo en marzo, es decir, en las próximas cuatro semanas. “No están en condiciones de aprobar presupuestos”, señalan fuentes gubernamentales sobre Junts y reconocen que lo importante de las cuentas públicas es aprobarlas, no solo presentarlas, a pesar de que Sánchez aseguró que podría acabar el mandato sin sacar adelante los presupuestos en toda la legislatura. “No dan lugar a la interlocución. Cortesía parlamentaria hay, pero no hay capacidad de diálogo”, lamentan esas fuentes.

Pedro Sánchez ha ido haciendo gestos a sus socios de investidura para intentar rearmar la mayoría en vísperas de los Presupuestos. Sin embargo, hay una pieza que aún se le resiste: Junts. Los de Carles Puigdemont no quieren siquiera dar la imagen de que no tienen ningún tipo de contacto con el Gobierno. La máxima que sale de todos los interlocutores gubernamentales es que no hay conversaciones de ningún tipo con la formación independentista desde que decidió romper a finales de octubre por los incumplimientos de Sánchez del acuerdo que suscribieron Puigdemont y el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, en Bruselas. En Moncloa han aumentado los gestos también hacia los neoconvergentes, con la aprobación de la ley contra la multirreincidencia o los escritos favorables a la amnistía de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, pero asumen que por ahora es insuficiente y mantienen las expectativas de que Junts acabe apoyando el decreto del escudo social que se votará en el Congreso previsiblemente el 26 de febrero.

“Todo lo que sea ir cumpliendo con los acuerdos, con esa palabra que damos siempre de que somos un socio fiable, ayuda”, señalan fuentes gubernamentales que, no obstante, son conscientes de que el acuerdo para la multirreincidencia “tampoco es un salto enorme hacia adelante” en el acercamiento con Junts porque “lo da por descontado” dado que era una de las exigencias previas de los de Puigdemont. Además, recuerdan que ha salido adelante con una “aritmética extraña”: no estaban los socios de la investidura sino el PSOE y las derechas (con la abstención de ERC).

También Junts niega que el gesto que ha salido adelante este jueves en el Congreso suponga un acercamiento al PSOE. “No ha cambiado nada. No hay acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente”, dicen en la formación de Puigdemont, que notó un “cambio de registro” en los de Sánchez desde que dieron un golpe en la mesa a finales de octubre: “Se ha notado que han pasado de 'esto no es nada' a que poco pueden sacar sin votos de Junts”.

En el Gobierno ni siquiera saben si Junts acabará salvando finalmente el decreto del escudo social. El grupo que pilota Míriam Nogueras sostiene, sin embargo, que se mantendrán en el 'no'. “En diciembre ya advertimos de que incluían desahucios, no votaríamos a favor. Nosotros no cambiamos el voto”, aseguran fuentes de Junts, que mantienen que votarán en contra. Los socialistas conservaban alguna esperanza por que rebajaron la ambición de la prohibición de los desahucios en una negociación con el PNV. El Consejo de Ministros aprobó una exención para los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler.

Fuentes gubernamentales sostienen que los de Puigdemont siempre mezclan en las negociaciones cuestiones que nada tienen que ver con el texto que se vota en sí y a eso fían que pueda haber un entendimiento. Sin embargo, Junts asegura que no hay ningún tipo de negociación. Y en el PSOE aún mantienen la esperanza de que pueda salir adelante. “Faltan muchos días. Lo veremos en el pleno del 26 febrero. 15 días en el Congreso es una legislatura en cualquier ayuntamiento normal”, dice una dirigente.

Pero ese es el sentimiento también para los Presupuestos Generales del Estado, que es el gran examen del Gobierno, aunque Sánchez se puso la tirita antes de la herida al asegurar que seguiría adelante aunque naufraguen en el Parlamento. La intención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentarlos en el primer trimestre del año, aunque ya no apuntan al mes de febrero como hace unas semanas. Será Montero quien los defienda salvo que haya un adelanto electoral en Andalucía y tenga que salir precipitadamente del Consejo de Ministros para encabezar la lista del PSOE.

Sin avances para el traspaso de competencias migratorias

A las puertas de presentar las cuentas públicas, la coalición ha acercado posiciones con algunos de los socios. Acordó con ERC la financiación autonómica, aceleró el traspaso de competencias a Euskadi, pactó con Podemos la regularización extraordinaria de migrantes. Esa medida incluyó incipientemente una negociación a tres bandas con Junts para intentar sacarla adelante en paralelo al traspaso de competencias de migración a Catalunya, pero no salió adelante. Los de Ione Belarra se han abierto a apoyarlo si cambia el preámbulo, que tenía tintes racistas. Fuentes gubernamentales aseguran, no obstante, que no hay ningún avance al respecto.

Esa es una de las exigencias de Junts, además de la ejecución presupuestaria y las balanzas fiscales, que el Gobierno prevé publicar al tiempo que presenta los Presupuestos, así como la oficialidad del catalán en la UE, que se resiste por el 'no' de varios países, entre ellos Alemania. El Gobierno acusa al PP de boicotear esa medida con su familia política europea.

El gran hito tiene que ver con la amnistía y la vuelta de Puigdemont, que es el aliciente que en el Gobierno creen que podría acercar a Junts. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se espera para esta primavera tras el espaldarazo del abogado general y el Constitucional se pronunciará en las próximas semanas con sendos informes favorables de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a su aplicación para el caso del expresidente catalán. A pesar de esos gestos, la puerta de Junts sigue cerrada para el Gobierno.

El Tribunal Constitucional resolverá en las próximas semanas el recurso del expresidente Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía al entender que el delito de malversación cometido por el exdirigente catalán durante el procés no entra dentro de los amnistiables por la norma. 

La ley de amnistía consideraba aplicable la norma a todos los que cometieron el delito de malversación para promover y celebrar el referéndum secesionista ilegal sin incrementar por ello su patrimonio. Pero el Supremo hizo una interpretación particular —que hasta ese momento no había tenido en cuenta cuando juzgó y dictó sentencia sobre el desafío independentista— y consideró que los dirigentes catalanes se ahorraron el dinero que deberían haber puesto de su bolsillo para el referéndum ilegal y, por tanto, sí incrementaron su patrimonio, por lo que no cabría aplicarles los beneficios contemplados en la ley de amnistía. 

Ahora, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han enviado al Tribunal sendos informes, cuyo contenido ha adelantado El Español y ha confirmado elDiario.es, donde apoyan en parte el recurso de Puigdemont y consideran que debe aplicarse al expresidente catalán la ley de amnistía, por lo que podría regresar a España.

El recurso de Puigdemont considera “manifiestamente errónea dicha interpretación” del Tribunal Supremo, y defiende que es “aplicable al delito de malversación y que una interpretación contraria a esta conclusión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada, congruente, razonada y razonable”.

La Abogacía del Estado entiende que el Tribunal Supremo “llevó a cabo una interpretación no razonable sobre la obtención de un beneficio personal de carácter patrimonial que en ninguna de las resoluciones judiciales anteriores se declaró”. “No es lógico, y es irrazonable”, señala, “interpretar una norma configurada específicamente para la amnistía entre otros, del delito de malversación, como no aplicable interpretando que el beneficio patrimonial se produjo como consecuencia de la evitación de desembolsos personales para el fin perseguido, puesto que tal interpretación es contraria a la literalidad de la norma aplicable que parte de que los gastos para las actuaciones delictivas se produjeron, como se ha expuesto con anterioridad”.

La Abogacía del Estado sostiene que “solo se debería inaplicar la amnistía, lo cual no es el caso en los ”hipotéticos supuestos en los que, aprovechando esa derivación de los fondos a favor del proyecto político independentista, alguno de los actores hubiera procurado un acrecimiento patrimonial, netamente monetario o de uso y disfrute, para sí o para un tercero. En definitiva, una ventaja económicamente evaluable que apartara los fondos de esa finalidad secesionista“. Y concluye: ”La lectura de la Ley de Amnistía manifiesta su claro propósito de amnistiar las conductas realizadas por el demandante de amparo“.

Por su parte, la Fiscalía defiende en su escrito lo siguiente: “El objeto nuclear del presente recurso concierne a la decisión de considerar aplicable o no la amnistía prevista en la ley orgánica a los hechos por los que fue procesado el recurrente. Su pretensión de amparo -en la parte que, a juicio de este Ministerio, debe ser estimada- se centra en que las decisiones judiciales que han rechazado esa aplicación no se ajustan al estándar constitucional exigible de motivación ex art. 24.1 de la Constitución, cuando además se afectan otros derechos fundamentales sustantivos”.

La Fiscalía estima parcialmente el recurso de amparo de Puigdemont y defiende “el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho, y a tal fin, que se declare la nulidad de los autos de 1 de julio y 10 de septiembre de 2024 dictados por el Magistrado instructor y los autos de 9 de abril y 17 de junio de 2025 dictados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la causa especial nº 2025/2017”.

El Tribunal Constitucional ha dictado ya varias sentencias desestimando los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que presentaron el PP, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las autonomías de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha declarado este jueves que la sentencia que se ha conocido este jueves sobre su inmunidad y la de Toni Comín y Clara Ponsatí “es una bofetada muy dura al Parlamento Europeo”, ya que “el máximo tribunal de la Unión Europea revoca una decisión contra los derechos que han sido vulnerados por ese rodillo que formaban el PP, el Partido Socialista, Vox y Ciudadanos con el apoyo del Gobierno español y con la complicidad vergonzosa de la presidencia de la Eurocámara”.

“Hoy el Parlamento Europeo ha pasado mucha vergüenza y debe examinar qué ha hecho mal, como le ha dicho el Tribunal de Justicia de la UE... en aquel momento era tan evidente que se estaban pisoteando unos derechos… ¿Cómo se podía justificar que una persona que ha participado en un acto en el que se gritó que debíamos ir a prisión, que esa persona, actuando como relatora, iba a ser imparcial? Hemos tenido que esperar, lamentablemente, demasiados años y causa un daño grave a la reputación del Parlamento Europeo”, ha apuntado Puigdemont, acompañado por Toni Comí en las instalaciones de la Eurocámara.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este jueves la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de los entonces diputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí en 2021. La sentencia considera que la designación del ponente que redactó el informe para el Parlamento, un diputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento de los independentistas, fue “contraria a la exigencia de imparcialidad”, por lo que debió considerarse nulo.

La sentencia no tiene efectos directos sobre ninguna de las causas abiertas por los independentistas, más allá de la defensa de su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, tanto Puigdemont como Ponsatí han dejado de ser miembros de la cámara, mientras que Comín sigue manteniendo una batalla por ser reconocido como diputado.

El presidente de Junts ha cargado duramente contra la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a la que ha recriminado que “se negó a recibirnos a tres eurodiputados que queríamos exponerle la situación en la que nos encontrábamos y se negó a dar una respuesta. Requeriría una aclaración por parte de la presidenta sobre cuál es su papel: si es el de miembro de un partido político o el de presidenta de todos los eurodiputados, incluidos aquellos con los que no está de acuerdo”.

Prudentes sobre la decisión de la Amnistía

Preguntado por si la sentencia puede tener algún efecto sobre la posición del TJUE sobre la Ley de Amnistía, Puigdemont ha insistido en que son “prudentes respecto a las expectativas sobre lo que deben hacer los tribunales y con sus decisiones. Es evidente que la opinión del abogado general, en el caso de las cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía, era contundente, pero quien debe tomar la decisión es el Tribunal. Ya sabéis que la opinión no es vinculante y nosotros mantendremos la prudencia, el respeto y la expectativa”.

Sobre un posible acercamiento al PSOE en caso de que la Ley de Amnistía sea respaldada por los tribunales, el presidente de Junts ha recordado que “eso son muchas pantallas, ni siquiera hemos pasado la primera pantalla. Primero tenemos que ver cuál es la decisión del juez del TJUE y, después, cuál es la decisión del juez español. Una cosa es lo que diga Europa y otra cosa es lo que haga España, porque en el caso de Cataluña, España va por su cuenta”.

Las palabras de Puigdemont llegan cuando el Gobierno de Pedro Sánchez trata de rearmar la mayoría de la investidura para tratar de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En el caso de Junts, las relaciones del Ejecutivo de Sánchez con el partido independentista catalán no pasan por el mejor momento. Los problemas de Rodalies, que han sido ampliamente utilizados por Junts para ataca a los socialistas, o la posición de la formación de Puigdemont con su rechazo al escudo social, han provocado que el supuesto diálogo entre ambas formaciones se vea constantemente trabado. Además, los independentistas insisten en recordar que quedan todavía pendientes algunas cuestiones como la publicación de las balanzas fiscales o la oficialidad del catalán en la UE.

Mientras, a pesar de que el TJUE señala como “contraria a la exigencia de imparcialidad” que el ponente que redactó el informe para el Parlamento pidiendo la pérdida de la inmunidad de los tres parlamentarios independentistas fuera un eurodiputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento, Jorge Buxadé, jefe de Vox en el Parlamento Europeo, ha señalado que la sentencia del “demuestra que se trata de un Tribunal profundamente parcial, politizado e ideologizado”. En lugar de hacer un ejercicio de autocrítica, el líder de la formación de ultraderecha ha comentado que “esta sentencia confirma que la justicia europea no actúa con neutralidad, sino con criterios políticos”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado este jueves la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de los entonces diputados Carles Puigdemont, Tonio Comín y Clara Ponsatí en 2021. La sentencia considera que la designación del ponente que redactó el informe para el Parlamento, un diputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento de los independentistas, fue “contraria a la exigencia de imparcialidad”, por lo que debió considerarse nulo.

La sentencia no tiene efectos directos sobre ninguna de las causas abiertas por los independentistas, más allá de la defensa de su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, tanto Puigdemont como Ponsatí han dejado de ser miembros de la cámara, mientras que Comín sigue manteniendo una batalla por ser reconocido como diputado.

La Justicia europea se ha pronunciado concretamente sobre el recurso que interpusieron Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión de la Eurocámara de retirarles la protección parlamentaria en 2021, después de que el Tribunal Supremo solicitase el suplicatorio para poderles juzgar en España por la causa del 'procés'.

No obstante, el abogado general de la Unión Europea recomendó al tribunal el sobreseimiento de la causa al menos para Puigdemont y Ponsatí, porque al no haberse presentado a las elecciones europeas de 2024 “ya no tienen interés en ejercitar la acción”.

En cambio, sí consideraba el abogado, Maciej Szpunar, que el caso “sigue teniendo interés” para Comín, quien se presentó a esos comicios y obtuvo los votos necesarios para revalidar su escaño, aunque hoy en día no lo ocupa porque no acudió a Madrid a acatar la Constitución, por riesgo a ser detenido.

Con todo, el abogado consideró que el TJUE debe desestimar el recurso. En primer lugar, señaló que la Eurocámara no violó los derechos de Puigdemont, Comín y Ponsatí a que su caso se tratara de forma imparcial y equitativa cuando decidió unificar los tres suplicatorios en un único ponente, perteneciente al mismo grupo político que Ciudadanos y VOX, partido que se ha personado en la causa del '1-O'. Tampoco los violó, según Szpunar, al considerar que el suplicatorio que solicitó el Supremo no ponía en riesgo la independencia de la Eurocámara.

El TJUE también se espera que emita este año su sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo para el que todavía no hay fecha y que determinará la posible vuelta a España de Puigdemont. Aunque el regreso del líder de Junts dependerá, en gran medida, de la sentencia que debe dictar el Constitucional respecto a si el Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación.

Pedro Sánchez busca la cuadratura del círculo en una compleja aritmética parlamentaria que le ha llevado a una nueva derrota: el Congreso ha tumbado el escudo social con los votos de PP, Vox y Junts. El Gobierno negoció una vez más contrarreloj con la pretensión de llevar al 'sí' a Podemos con la regularización extraordinaria de migrantes y que los de Ione Belarra abrieran la puerta a apoyar la delegación de competencias en materia de migración a Catalunya, que es una exigencia de Carles Puigdemont en su pugna con la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. Pero en Moncloa no lograron el objetivo y Junts se mantuvo en el 'no' tumbando ese decreto, que incluye la subida de las pensiones pero también la prohibición de desahuciar a personas vulnerables que, para los de Carles Puigdemont, supone “que no puedas hacer nada si te ocupan el piso y no te pagan el alquiler”.

Ahora se abre en una nueva fase de conversaciones cruzadas bajo la premisa de que habrá una nueva iniciativa para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas a partir de febrero. “No hay una única manera de arreglarlo, pero el Gobierno va a estar donde toca”, afirman fuentes gubernamentales.

La negociación en materia de migración, que conlleva que Podemos permita sacar adelante una de las promesas incumplidas hasta ahora por Sánchez, no fue el único gesto del Gobierno a Junts. “El pasado diciembre aprobamos una línea de avales que hemos dotado con 300 millones para posibles impagos”, dijo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sobre otra de las exigencias del grupo que pilota Míriam Nogueras. Entre tanto, el Gobierno asegura que publicará próximamente las balanzas fiscales y que trabaja por la oficialidad del catalán en la UE a la espera de que se aplique la amnistía que permita volver a Puigdemont tras los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE y el Constitucional. Sin embargo, la portavoz independentista reiteró su 'no' al decreto y pidió que se troceara para sacar adelante la subida de las pensiones por separado y no dio por buenas las promesas en materia migratoria, al menos por ahora.

“Nosotros estamos donde siempre hemos estado. Catalunya necesita el 100% de las competencias de inmigración. Cada día más gente tiene más claro que cuanto menos depende de España, más funciona Catalunya”, dijo Nogueras. Fuentes del partido señalan en cualquier caso que es el PSOE quien tiene que moverse si quiere sacar adelante esta ley, un compromiso que arrastra desde el inicio de la legislatura, al que llegó con los de Puigdemont para evitar una primera derrota parlamentaria con varios decretos que buscaban implementar un subsidio de desempleo y prorrogar el escudo social.

Una negociación a tres bandas

“Depende de ellos. Ojalá”, traslada una fuente del grupo parlamentario, que insiste en que ahora es tarea de los socialistas volver a registrar la iniciativa en el Congreso y asegurarse de atar los apoyos para que pueda salir adelante. Si Podemos entra finalmente en el pacto, la tramitación podría ser más o menos rápida, similar a la que propició en diciembre la negociación sobre la ley de multirreincidencia, otro de los compromisos con Junts, que se votará en el primer pleno del año, el jueves 12 de febrero.

“En la delegación de competencias estamos de acuerdo. El problema lo visualizó Podemos y ya ha manifestado que no es problema. Ojalá esto suponga para Junts un gesto que quiera corresponder a Podemos sacando adelante esta parte del decreto, que no es de Podemos, pero que es con la que Podemos está a favor”, señalan fuentes gubernamentales sobre la posibilidad de que las medidas del escudo social, entre ellas la prohibición de los desahucios pero también ayudas fiscales para los afectados de la dana y de los incendios o entregas a cuenta para las administraciones territoriales, cuenten con el respaldo suficiente más adelante. “Es una manera de negociar a la que estamos acostumbrados”, apostillan esas fuentes.

Este martes, tanto Irene Montero como Ione Belarra rebajaron el tono contra ese posible traspaso de competencias y reconocieron que estaban dispuestas a dialogar, aunque aseguran que no habrá un cheque en blanco y negociarán para borrar los tintes racistas del texto, así como algunas cuestiones más técnicas con las que tampoco estaban de acuerdo. Desde Podemos han negado, eso sí, que el acuerdo sobre la regularización esté vinculado con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, para la que mantienen las mismas líneas rojas: bajar los alquileres por ley, romper relaciones con Israel y frenar el incremento del gasto militar. Pero lo que es indudable es que si este acuerdo termina facilitando el traspaso de competencias a Catalunya, el Gobierno habrá acercado de nuevo a Junts a la mayoría de la investidura, a falta del resto de acuerdos pendientes de concretarse, como la aplicación definitiva de la amnistía sobre Puigdemont o la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

“Iremos viendo”

En el Gobierno por ahora no desvelan sus cartas sobre los próximos pasos. “Iremos viendo”, señala un miembro del Ejecutivo sobre la fórmula por la que optarán para plantear de nuevo la subida de las pensiones. Entre las opciones que tienen sobre la mesa está la de trocear el decreto de manera que la subida de las pensiones se vote separadamente del resto de asuntos, que es lo que han exigido PP y Junts. Esa, sin embargo, es la opción que menos gusta en Moncloa. “Los pensionistas son importantes, pero el resto de cosas, también. No está tan claro que tengamos que renunciar a esas cosas porque el PP se quiera dar un capricho más en el Congreso”, afirman las fuentes consultadas. Las otras opciones pasan por una negociación a varias bandas que permita el 'sí' de su antiguo socio de investidura con alguna cesión en materia antidesahucios. “Lo estamos analizando y trabajando escenarios”, dice una ministra.

La estrategia de Moncloa pasa por lanzar la pelota al tejado del PP, y en menor medida de Junts. Lo que quieren los de Sánchez es que se visualice que Alberto Núñez Feijóo pone en riesgo las pensiones de más de 10 millones de personas. “Lo han vuelto a hacer, otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados de nuestro país”, ha criticado en un vídeo publicado en redes sociales el presidente en referencia al rechazo en el Congreso del macrodecreto que incluía la revalorización de las pensiones en 2025. Finalmente, PP y Junts acabaron apoyando un texto igual.

“Tenemos nuestra fe en un millón de cosas y no nos cerramos a nada. Esperamos que PP y Junts se den cuenta de que es un paquete de medidas que se votó hace un año. Son ellos los que tienen que explicar por qué lo rechazan ahora”, expresan fuentes gubernamentales, que recuerdan que 50.000 personas vulnerables están en riesgo de desahucio si no se aprueba esa protección. “Hace un año esto les parecía bien. La crisis de vivienda con la que se les llena la boca sigue encima de la mesa y esto es una medida que se enmarca dentro de la situación de abordar la vivienda, que para nosotros es muy importante”, dicen en Moncloa: “Estamos convencidos de que es una excusa. El PP se hace llamar partido de Estado, pero luego no se comporta como tal”.

“La complejidad parlamentaria lo es para todos y todos tenemos que negociar todo. Habrá que hablar”, dicen fuentes del Gobierno, que interpelan al PP: “El decreto no tiene nada en contra del PP, de su ideario ni del programa. Que lo vote. Puede que nosotros no tengamos los votos para sacar cosas adelante, pero ellos tampoco”.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes por unanimidad mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán Carles Puigdemont.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la corte de garantías, en línea con el criterio de la Fiscalía, ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa del expresident de levantar la orden de detención nacional, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía.

Del mismo modo, el Pleno ha desestimado una petición similar formulada por los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig que, junto a Puigdemont, también están huidos de la Justicia española.

La orden dictada por el magistrado instructor del Supremo Pablo LLarena frena el regreso a España a Puigdemont y, de hecho, uno de los principales argumentos de la ponencia es precisamente no desautorizar la actuación del juez y evitar actuaciones que puedan avanzar hacia un sentido del fallo.

Puigdemont solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pidió que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme.

En su escrito, la defensa del Puigdemont hace referencia a las conclusiones del abogado general sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el derecho de la Unión. Y argumenta que el pronunciamiento del abogado general, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, “elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo”.

Pedro Sánchez es consciente de la minoría parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno de coalición y, aunque trata de alejar el fantasma de la inestabilidad que puede suponer, ha comenzado el año intentando impulsar la relación con sus socios, especialmente ERC y el PNV, a la espera de poder reconducir las relaciones con Junts, que deja patente su distancia y ni siquiera acudirá a la ronda de contactos que el presidente ha convocado para sondear un posible envió de tropas a Ucrania en un hipotético alto el fuego. De la recuperación de la sintonía con los de Carles Puigdemont depende en gran medida la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo se ha comprometido a presentar en el primer trimestre, aunque el presidente intenta desligarlos de la continuidad de la legislatura.

Por el momento, Sánchez ha comenzado por mantener el cortejo a PNV y ERC, que se han convertido sus aliados parlamentarios más fieles desde que llegó a Moncloa en 2018. El presidente del Gobierno dio un paso inédito al reunirse con el líder republicano, Oriol Junqueras. Hasta entonces, Moncloa solo había informado de una conversación telefónica en 2023, en plenas negociaciones de la investidura, y aseguraba que el del 8 de enero era el primer encuentro entre ambos.

Reuniones secretas con Junqueras

Sin embargo, Moncloa tuvo que reconocer después que se produjeron otras dos reuniones de Sánchez y Junqueras antes de la cita en la que se cerró el modelo de financiación autonómico, según adelantó La Vanguardia. El Gobierno concedió que el líder de ERC fuera quien anunciara el acuerdo y los detalles del mismo, entre los que citó la ordinalidad, que genera un gran rechazo no solo en las comunidades autónomas sino en las propias federaciones socialistas.

Todos los gobiernos autonómicos, a excepción de la Generalitat de Catalunya, rechazaron la propuesta que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó un día después. Todas las comunidades reprocharon al Gobierno que pactara bilateralmente con un único territorio y un partido político al margen del órgano multilateral que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En la reunión de ese organismo esta semana, Montero les dijo a las comunidades que la nueva financiación, que aporta 21.000 millones de euros adicionales, era voluntaria. Aunque se inicia ahora un proceso de conversaciones, en el Gobierno tienen claro que esa será a grandes rasgos la propuesta que lleven al Congreso, donde esperan tener el apoyo de los socios de la investidura, incluido Junts, que por ahora lo rechaza y exige un cupo para Catalunya similar al de Euskadi y Navarra.

En Moncloa esperan a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE y del Constitucional sobre la amnistía para poder reconducir la relación con Junts. Lo que consideran es que una hipotética vuelta de Carles Puigdemont pueda abrir un nuevo tiempo e incluso subsanar la ruptura que se produjo en octubre. Hasta entonces, creen que pueden ir sobreviviendo “votación a votación” en el Congreso y que no en todas los siete diputados de Junts se opondrán. Además, en el corto plazo, el Gobierno aspira a cumplir con las promesas pendientes con los de Puigdemont, como la publicación de las balanzas fiscales tras haber pisado el acelerador en diciembre con la aprobación de otras cinco medidas hasta entonces incumplidas.

No obstante, el grupo que pilota Míriam Nogueras mantiene la tensión al máximo y ni siquiera acudirán a la ronda de contactos que Sánchez ha convocado con los grupos.

Moncloa minimiza el plantón de Junts

En la presidencia del Gobierno tratan de restarle importancia a ese plantón y asumen que forma parte de la decisión de Junts de no tener relación política con ellos. “Los gabinetes han estado en contacto, hablando, y Junts ha trasladado que se da así por informado”, apuntan fuentes gubernamentales. Lo que tampoco ven necesario en este momento es un encuentro de Sánchez y Puigdemont, que tampoco los neoconvergentes han solicitado, aunque el presidente se ha mostrado abierto a mantenerlo “cuando toque”.

A quien tratan también de mantener amarrado es al PNV, que en las últimas semanas ha dado síntomas de hartazgo ante la situación. El Gobierno intensificó en las últimas semanas los contactos con Euskadi para sellar un acuerdo que permitirá cinco nuevas transferencias (las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo, el seguro escolar, Salvamento Marítimo y un centro de verificación de maquinaria de Barakaldo).

“Hoy es un día importante, cuando se llega a la conclusión de un trabajo compartido. Seguiremos avanzando con el País Vasco, como lo hacemos con otras comunidades autónomas. Puede haber diferencias en el camino, pero lo importante es que terminamos con acuerdos”, afirmó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Avances con Euskadi, que examina al Gobierno

El lehendakari, Imanol Pradales, advirtió este mismo viernes a Sánchez de que el Estatuto “no puede ser moneda de cambio ni instrumento de supervivencia política”. “La desnaturalización del Estatuto es inaceptable”, lamentó apenas una hora antes de que se produjera la rúbrica de las nuevas transferencias. El lehendakari avisó, además, de que será necesario pasar una “reválida bilateral” sobre los acuerdos a partir de “un informe de evaluación que recoge los cumplimientos y los incumplimientos de los acuerdos suscritos” que está elaborando el Gobierno vasco. “Esta reválida bilateral será clave para acreditar la voluntad política real del Gobierno español y del presidente Sánchez ante el actual curso político”, dijo Pradales.

En Moncloa, no obstante, no muestran síntomas de nerviosismo y consideran que pueden seguir adelante aunque sea en minoría parlamentaria. De hecho, el Gobierno ha vuelto del parón navideño con una cierta hiperactividad y ha anunciado medidas que no requieren del visto bueno del Congreso, como el acuerdo con la Iglesia para la reparación de las víctimas de los abusos o la creación de un fondo soberano para captar inversiones privadas, además de la reforma para la financiación autonómica o nuevas medidas en materia de vivienda que sí requieren del aval parlamentario y tienen más difícil ver la luz.

Aun así, en Moncloa confían en su capacidad de “persuadir a todo el mundo”, según las fuentes consultadas. “En muchas ocasiones los analistas creen que la estabilidad la da una mayoría absoluta en el Parlamento. La estabilidad la da la capacidad de negociación de acuerdo que puedan tener los gobiernos con aquel que es diferente y eso es lo que yo reivindico, porque ahí están los datos y ahí están los resultados”, expresó este jueves en un foro de inversores Sánchez, que siempre que tiene ocasión deja clara su voluntad de agotar la legislatura.

Los dirigentes del procés para los que se aprobó la amnistía siguen sin poder beneficiarse de la ley un año y medio después de su entrada en vigor. De entre todos ellos, el líder de Junts, Carles Puigdemont, es el que sufre las consecuencias más visibles: permanece en Bélgica desde 2017 y todavía tiene vigente una orden de ingreso en prisión si pone un pie en España. El expresident aguarda que 2026 sea el año en que definitivamente se desencalle su amnistía, aunque el Tribunal Supremo ya ha dado muestras de su negativa a aplicarla.

A la espera de la respuesta que pueda venir desde la plaza Villa de París de Madrid, sede del Tribunal Supremo, la resolución de la amnistía depende en primer lugar del Tribunal Constitucional. Los magistrados del organismo que preside Cándido Conde-Pumpido tienen que resolver, previsiblemente durante la primera mitad del 2026, el recurso del expresident contra la negativa del Supremo a amnistiarle.

Aunque el tribunal de garantías ya avaló la ley de amnistía de forma general, hasta que el Constitucional no sentencie el caso concreto del expresident y corrija al Supremo, Puigdemont no podrá volver sin riesgo a ser detenido.

Será la primera vez que el Constitucional se pronuncie sobre la negativa del Supremo a amnistiar la malversación. En los borradores sobre los recursos de algunas comunidades autónomas contra la norma se terminaron eliminado las referencias que pudieran interpretarse como un adelanto del debate sobre la situación de Puigdemont.

Como en casi todo lo referente el procés, la acción se desarrolla en varios planos (o tribunales, en este caso). Hay otra sentencia relevante sobre la amnistía que también debe emitirse en los primeros compases de 2026. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá si la norma se ajusta a la legalidad europea. Lo hará a partir de las preguntas que enviaron el Tribunal de Cuentas en el caso del desvío de fondos del procés (en el que están encausados Puigdemont y una treintena de líderes soberanistas) y la Audiencia Nacional en la causa de los CDR.

Una respuesta contundente del TJUE, en línea con las conclusiones del Abogado General que avalaron el grueso de la ley de amnistía, dejaría sin margen de maniobra a los tribunales españoles que dudaban de la norma. Aunque a disgusto, se verían obligados a aplicarla.

Sobre el papel, una sentencia de Luxemburgo que respaldara por completo la amnistía impediría cualquier eventual maniobra del Supremo una vez el Constitucional se pronunciara sobre el caso de Puigdemont, ya que la normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya es claro o una cuestión prejudicial que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación).

La abierta negativa del Supremo a aplicar la ley a Puigdemont pese a que era el principal beneficiario de la misma hace que en Junts estén preparados para cualquier escenario. El Alto Tribunal consideró no amnistiable la malversación (con una argumentación que desató críticas incluso en el propio tribunal del procés) porque, a su juicio, como Puigdemont y el Govern no se gastaron de su bolsillo el dinero para las urnas, se habían enriquecido.

Por el contrario, en línea con el espíritu y redactado de la ley, otros jueces de Barcelona sí han amnistiado a los cargos del Govern de Puigdemont también acusados de malversación por los mismos gastos que el Supremo rechazó perdonar.

Tras un año y medio en vigor, la ley ha cumplido su objetivo de borrado generalizado de las causas penales derivadas del procés, con la sonora excepción de sus líderes encausados en el Supremo. Este 2026 el Constitucional también resolverá los recursos para amnistiar a otras primeras espadas como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o el secretario general de Junts, Jordi Turull, así como a los otros dos exconsellers que permanecen en el extranjero, Toni Comín y Lluís Puig.

Con estos precedentes, en el partido de Puigdemont no descartan otro movimiento del Supremo para no aplicar la amnistía al expresident aunque así se lo indique el Constitucional. Considerada imposible una eventual entrega a España tras los sonoros fracasos recibidos desde distintos tribunales europeos, el temor es que el Supremo provoque que Puigdemont quede varado en Bélgica, esto es, sin una nueva petición de extradición pero bajo la amenaza de la cárcel si cruza los Pirineos.

La evolución política durante estos siete años, además, ha movido el foco de la acción exterior hacia la política doméstica. Los siete diputados en el Congreso de Junts, indispensables para Pedro Sánchez para sustentar su investidura, han devuelto al partido de Puigdemont a una centralidad de la que se había desplazado. Pese a su pérdida de peso institucional, Junts ha recuperado la interlocución empresarial perdida con el procés.

En paralelo a las decisiones de los tribunales, Puigdemont tendrá que redefinir en 2026 las relaciones con el PSOE tras un convulso 2025. A lo largo del año pasado, Junts pasó de tantear con la ruptura con los socialistas a oficializar el divorcio, si bien en los últimos compases del año Pedro Sánchez ha intentado recomponer relaciones retomando compromisos pendientes y cediendo en asuntos donde Junts se derechiza ante la competencia de Aliança Catalana, como la multirreincidencia.

Conscientes de que el cumplimiento efectivo de la ley puede ser uno de los pocos refugios para capear el temporal de lo que le quede a la legislatura en España, son los socialistas los que han depositado más esperanzas en que 2026 sea el año de amnistía.

En el último pleno del año, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a quien los de Puigdemont practican una férrea oposición en el Parlament, se mostró “seguro” de que la ley será plenamente “efectiva” en 2026, y que ello supondrá “un paso adelante muy importante para todos”. Y tendió la mano a la recién nombrada a la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, a la que dijo que “coincide” con ella en el asunto del olvido penal del procés. Está por ver si con el nuevo año se cumplen los augurios del president.

El Tribunal Constitucional afronta un 2026 con una agenda intensa tanto dentro como fuera de su salón de plenos. Los magistrados tienen por delante debates como la amnistía de Carles Puigdemont o la condena del Supremo al exfiscal general Álvaro García Ortiz pero también una renovación convulsa de cuatro de sus magistrados, entre ellos su actual presidente Cándido Conde-Pumpido. Unos nombramientos que debe votar el Senado mientras el Partido Popular amaga con un nuevo bloqueo como el que ya ejecutó en el Consejo General del Poder Judicial y que permitió alargar casi cinco años el dominio conservador. La diferencia es que, en este caso y mientras esperan su momento, los de Alberto Núñez Feijóo estarán prorrogando en el puesto a un presidente y unos magistrados progresistas a los que han llegado a calificar de “cáncer”.

El pleno del tribunal de garantías tiene 12 magistrados, pero no todos son nombrados por el mismo procedimiento. Cuatro son designados por el Congreso, otros cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ, y las renovaciones se van haciendo por tercios y por mandatos de nueve años. Los próximos nombramientos en el horizonte son de los cuatro magistrados que designó el Senado la última vez: los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez. Su mandato caducó a mediados de diciembre y la cámara alta, con mayoría absoluta del PP, apenas ha puesto en marcha el engranaje para la renovación a pesar de las advertencias del propio Constitucional.

El Tribunal cuenta con una mayoría de siete magistrados progresistas desde la renovación parcial de 2021, cuando el ejecutivo asumió la entrada de los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel a cambio de nueve años de mayoría progresista. Los nombramientos del Senado, que ya van con retraso, no ponen en peligro la aritmética interna del tribunal: se tienen que acordar por tres quintos del total de senadores, lo que obliga al PP a pactar con el PSOE y cierra la puerta a un desequilibrio y un 'sorpasso' de los conservadores. Al menos con la distribución parlamentaria actual.

En la actualidad el PP y sus socios habituales de Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) no tienen senadores suficientes para pactar entre ellos una renovación parcial del Constitucional. Pero los de Alberto Núñez Feijóo ya han dejado claro que, por el momento, no tienen intención de sentarse a negociar. “Este es un Gobierno con el que el PP difícilmente puede negociar absolutamente nada”, dijo su portavoz Miguel Tellado. En Génova tienen clara una cosa: el ciclo electoral que arrancó el domingo en Extremadura les irá bien y también a sus potenciales socios de Vox, que no dejan de señalar cada acuerdo del PP como “muleta” del PSOE.

La renovación parcial del Constitucional por parte del Senado tiene, además, una particularidad: los candidatos a magistrado son propuestos por las asambleas de las comunidades autónomas. Un proceso generalmente pacífico –en su momento la candidatura de Conde-Pumpido fue avalada por el PP en la Asamblea de Madrid– que ahora se enfrenta a un escenario distinto: parlamentos regionales como Extremadura o Aragón llegan a este proceso en pleno ciclo electoral y otras como Castilla y León y Andalucía también con las urnas en el horizonte. Comicios donde Vox espera crecer exponencialmente y ser llave de gobierno para el PP tras su buen resultado en Extremadura. Con su capacidad de negociación, por tanto, al alza.

El bloqueo anunciado por el PP con todo tipo de cálculos políticos y electorales de fondo se suma a la lista de otros ejecutados anteriormente en la última década. A la cabeza, el que impuso en el CGPJ y que consiguió perpetuar una mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces cinco años después de que caducara el mandato. Con una diferencia fundamental: en este caso el bloqueo lo que perpetúa es la mayoría progresista del Constitucional y mantiene en funciones el mandato como presidente de Cándido Conde-Pumpido, señalado públicamente por el PP como su enemigo número uno en los tribunales. En un momento, además, clave para el Constitucional con asuntos de alto voltaje político por delante.

De la amnistía al fiscal general

El pleno del Constitucional viene de unos años intensos con decisiones que le han enfrentado directamente al Tribunal Supremo y que, además, le han costado el señalamiento constante de PP y Vox con una campaña de descrédito contra cualquier decisión que contravenga sus intereses o rechace sus recursos. Desde tumbar buena parte de las condenas de los ERE de Andalucía hasta avalar la Ley de amnistía del procés pasando por dar la razón a Arnaldo Otegi o Alberto Rodríguez tras ser condenados por el Supremo.

Y otros asuntos candentes pendientes de deliberación para este año 2026 con la renovación de su presidencia en el aire.

El más inmediato es el último y relevante fleco de la amnistía: si la ley de perdón también se aplica al delito de malversación atribuido en condena o instrucción a los políticos catalanes implicados en el procés. Los recursos de Oriol Junqueras y otros condenados, así como el del imputado Carles Puigdemont, fueron admitidos a trámite a lo largo de 2025 y el pleno tiene previsto dictar las sentencias en el primer trimestre de este año. Resoluciones de las que dependen tanto la inhabilitación que pesa sobre Junqueras y el resto de políticos, pero también la imputación que a día de hoy impide que Puigdemont pueda volver a España sin arriesgarse a ser arrestado por seguir en búsqueda y captura dentro del país.

Este 2026 será también el año en que Álvaro García Ortiz recurra su condena de multa e inhabilitación por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ex fiscal general está pendiente de interponer un incidente de nulidad –que será previsiblemente rechazado por el mismo Supremo que le ha condenado– como paso previo a ir al Constitucional, con un recurso cimentado en el voto particular de dos magistradas progresistas cuyos argumentos ya han tenido éxito en ocasiones anteriores ante el tribunal de garantías.

Otros recursos pendientes también anticipan un 2026 caliente en la sede el Constitucional en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. Normas como la Ley Trans o la reforma conocida como 'ley del solo sí es sí' siguen pendientes de sentencia. También aguarda una decisión Dolores Delgado, ex fiscal general, sobre sus recursos contra las sentencias del Supremo que tumbaron sus ascensos a fiscal de sala.

Son algunos de los asuntos que llegarán a manos del pleno mientras cuatro de sus magistrados, entre ellos su presidente, están pendientes de saber si seguirán o no en el tribunal. También mientras el PP se niega a facilitar el desalojo de un Conde-Pumpido al que no dejan de apuntar como un peligro para la integridad judicial española a la espera de un ciclo político más favorable para intentar invertir la mayoría progresista del tribunal.

No ha habido un portazo, por tanto, la puerta está abierta. El Gobierno cree que hay opciones de recuperar a Junts para algunos asuntos y, con eso, coger oxígeno en lo que queda de legislatura. El gesto de Pedro Sánchez al anunciar la aprobación inmediata de medidas que quedaban pendientes del acuerdo suscrito con Carles Puigdemont no ha cambiado la situación, según reconoció la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, la pasada semana, cuando no descartó que lo pueda hacer en el futuro. “Creemos que la puerta está abierta. Igual es la misma que estaba abierta hace un mes, pero quizás no éramos tan creíbles para ellos”, expresan fuentes gubernamentales.

“Estamos donde estábamos. Lo aprobado ayer es parte de lo que hace tiempo que deberían haber aprobado, pero la lista es larga”, fue la respuesta de Nogueras: “Ojalá nuestro problema sea que, en un mes, les tenemos que convocar a todos de nuevo para explicarles qué haremos porque el Gobierno ha cumplido todo lo que tenía pendiente”.

A esa segunda parte es a la que se aferran en el Gobierno para ver el vaso medio lleno. “Es la mayor puerta abierta”, dicen en Moncloa respecto a la posibilidad de que pueda haber un cambio en los de Puigdemont si se van cumpliendo hitos, especialmente el retorno del expresident en aplicación de la ley de amnistía.

“Espero que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza con Junts”, expresó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se comprometió a seguir avanzando en el resto de compromisos que aún están pendientes: “Creo que es muy importante cumplir con los compromisos de Junts, con los de cualquier formación política y seguir avanzando en algunas medidas que son complejas, difíciles, pero que podemos y tenemos que poner todo el interés”.

El Gobierno ve otro escenario

“Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestros acuerdos. Y vamos a seguir llevando propuestas y proyectos al congreso y trabajaremos para que salgan adelante porque son buenos para todos. También para Catalunya y el resto de España”, dice en esa misma dirección otro miembro del Gobierno de Sánchez.

“Apostar por seguir negociando siempre es buena señal. En política el diálogo es fundamental”, dice otra de las fuentes del PSOE consultadas por elDiario.es, que ve factible ante este escenario que se pueda ir hablando con Junts “votación a votación”.

En Moncloa eran conscientes el propio martes, cuando Sánchez hizo el gesto de asumir los incumplimientos y mostrar su voluntad de remendarlo, de que no habría un giro radical de los de Puigdemont inmediato. Y lo siguen siendo tras haber escuchado la reacción de la cúpula del partido independentista. “No esperábamos que de la noche a la mañana cambiaran su posición”, reconocen. En otras palabras, siguen viendo complicado que la aprobación de algunas medidas vayan a suponer el respaldo de Junts a los Presupuestos Generales del Estado, que es la pieza que allanaría lo que queda de legislatura.

Recomponer la relación con la vuelta de Puigdemont

En todo caso, Sánchez sigue determinado a presentar las cuentas públicas y aguantar hasta 2027, aunque se lleve una derrota en la tramitación presupuestaria. Y su receta es la “paciencia” en la relación con Junts, según reconoció en una conversación informal con periodistas en la conmemoración de la Constitución este sábado. Aunque Sánchez evita hacer cábalas sobre el regreso de Puigdemont públicamente, en su equipo consideran que ese será el hito que permita recomponer las relaciones con Junts. “Hasta que no venga no se va a terminar de recomponer la relación”, asegura una ministra, que considera que “ahora todo es muy coyuntural” y que atribuye el golpe en la mesa de Puigdemont a las fechas: “La Navidad es complicada, lleva mucho tiempo fuera”.

Más allá de las medidas adoptadas por el Gobierno para dar flexibilidad al gasto de los ayuntamientos o delegar las competencias para la gestión de un grupo de funcionarios, y el anuncio de ayudas a los propietarios de viviendas ante ciertos impagos de los alquileres, en Junts quieren avances claros en materia de inmigración, que es su gran preocupación ante la competencia que le ha surgido por la derecha con la fuerza independentista xenófoba Aliança Catalana.

En ese sentido, Sánchez dio la orden de desbloquear la ley sobre multirreincidencia de Junts, que llevaba meses en el cajón. Los socialistas sumarán sus votos a los de toda la derecha (PP, Vox, Junts y PNV). El gesto de PSOE a la derecha con ese asunto ha levantado ampollas entre los socios de izquierda, aunque en Sumar relativizan el movimiento. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reconocía este sábado en conversación informal con los periodistas que es una ley que no les gusta y que a la espera de la negociación de enmiendas lo más probable es que voten en contra.

“Lo sacarán con la derecha”, pronosticaba. Pero relativiza el movimiento, que recuerda que ya estaba pactado por el PSOE con los independentistas y descarta que este suponga un punto de inflexión para empezar a votar a favor de cosas que seducen a las derechas. “Hay ciertas cosas en las que los socialistas pueden hacer gestos, pero tu mayoría es la que es, no puedes ponerla en contra”, razonaba.

Lo que en Moncloa ven más complicado es cumplir con la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Catalunya. Esa promesa, que costó digerir en las filas socialistas y a su izquierda, se truncó en el Congreso por el rechazo de Podemos. “Está bloqueado”, admiten fuentes gubernamentales.

Otro de los temas a los que aludió Nogueras fue la oficialidad del catalán en la UE. Es un asunto al que el Gobierno dio grandes expectativas inicialmente, pero que se ha atragantado porque requiere de la unanimidad de los 27 y varios países, entre ellos Alemania, tienen fuertes recelos para aceptar la inclusión de esos idiomas en el catálogo de lenguas oficiales ante el temor a que se solicite para otras minoritarias, como es el caso del ruso en los países bálticos.

El Gobierno ha ido informando de los pasos que se daban sobre ese asunto puntualmente a Junts, que también rebajó su exigencia al asumir la dificultad del proceso. Sánchez se anotó un tanto al conseguir abrir un diálogo bilateral con el Gobierno de Friedrich Merz en plena ruptura de los de Puigdemont, pero Berlín matizó posteriormente que mantenía su rechazo. El presidente acusó abiertamente al PP de hacer “lobby” contra la oficialidad de esas lenguas.

La formación independentista también exige la publicación de las balanzas fiscales. Sánchez explicó que se está trabajando en una “metodología” que otorgue una “ cifra cierta o aproximada a la real sobre cuál es la relación fiscal que tenemos Catalunya y el Estado, y en cuanto a la financiación autonómica, el mantra de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que presentará a principios de 2026 un modelo global que incluirá aspectos que serán atractivos para Catalunya.

Ganar tiempo hasta marzo-abril

Con los gestos de Sánchez, tanto el Gobierno como Junts ganan tiempo. En los próximos dos meses no habrá actividad parlamentaria. También Junts coge oxígeno mientras pasa el tiempo hacia las resoluciones judiciales de la amnistía y en relación con la competencia que le ha surgido con Aliança Catalana.

Y es que lo que reconocen las fuentes consultadas es que en marzo-abril habrá un nuevo escenario si Puigdemont puede volver a España y en el Gobierno creen que, llegado ese punto, podrían tirar sin Presupuestos o incluso volver a presentarlos en el caso de que haya un cambio de posición de alguno de los socios.

Los más escépticos en el PSOE, sin embargo, creen que Junts mantendrá la tensión. “Estos van a seguir pidiendo”, dice un destacado dirigente, aunque la única voz que se ha escuchado públicamente en contra de la estrategia de Sánchez es la de Emiliano García-Page, que advirtió del “precio” a pagar: “No se merece la gente de Puigdemont que el Gobierno se ponga de rodillas”.

“Vox está jugando a cosas que son muy peligrosas”. Así ha respondido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Santiago Abascal y sus decisiones estratégicas de los últimos meses. Desde salir de los gobiernos autonómicos a reclamar la cabeza de María Guardiola para cerrar un pacto en Extremadura, pasando por su ausencia este sábado en los actos institucionales del 47 aniversario de la Constitución. En conversación con los periodistas tras el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, Feijóo ha reiterado que mantendrá a María Guardiola, pese a la amenaza de Abascal: “No tengo empleados, tengo líderes”.

Feijóo ha tachado de “broma” la petición de Abascal de prescindir de Guardiola para que Vox pacte de nuevo con el PP tras las elecciones extremeñas del 21 de diciembre. “Se presentan para impedir que gobierna el que gana”, ha lamentado.

El líder del PP ha recordado que Abascal ya dijo que Vox haría “pasar por el aro” a Guardiola, algo que ha considerado “excesivo”. Pero se ha revuelto contra las declaraciones del líder ultra en la apertura de la campaña. “Por supuesto que descarto” prescindir de Guardiola. “No somos un partido digital que pone candidatos con su dedo”.

“No tengo empleados, tengo líderes”, ha concluido. Feijóo ha confiado en que se materialicen las encuestas, que vaticinan un triunfo del PP en Extremadura por primera vez en democracia, lo que supondrá un “mensaje” sobre cómo está el PSOE.

Begoña Gómez, ¿al Senado?

El líder del PP ha considerado que el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, “es una víctima” de Pedro Sánchez. Gallardo está procesado y a la espera de juicio por supuestamente haber amañado un cargo público para el hermano del presidente del Gobierno. En opinión de Feijóo, lo que teóricamente hizo “se lo han mandado”.

Feijóo también ha abierto la puerta a citar en el Senado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, para que declare en la comisión de investigación sobre el llamado 'caso Koldo'. El líder del PP da verosimilitud a las declaraciones a Eduardo Inda del exasesor del PSOE, quien aseguró que un directivo de Air Europa dijo que habría que darle “un millón” a Gómez por el rescate de la compañía en plena pandemia. Un préstamo que ya está devuelto y con intereses.

Hasta ahora, Feijóo había rechazado citar a la esposa de Sánchez. Este sábado ha reconducido su discurso. “No he tomado la decisión”, ha dicho. “Han cambiado cosas”, ha añadido. Como prueba de verosimilitud, Feijóo ha dicho que si a él le dijeran algo parecido “ese señor tiene una querella en 24 horas”.

En el plano interno, Feijóo ha dado por hecho que el relevo de Carlos Mazón al frente del partido en la Comunidad Valenciana es inminente. El líder del PP ha anticipado que podría ponerse en marcha el congreso este mismo mes de diciembre, y ha recordado que el próximo 22 se celebrará una Junta Directiva Nacional, órgano encargado de activar los congresos autonómicos.

Por ahora solo se ha postulado para sustituir a Mazón el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Sánchez “juega con los tiempos” del regreso de Puigdemont

Feijóo no ha querido reiterar su petición a los empresarios catalanes de que le ayuden a conseguir los votos de Junts para una moción de censura contra Pedro Sánchez, siquiera para convocar inmediatamente unas elecciones.

El líder del PP hizo la petición hace una semana ante la plana mayor de la patronal Foment del Treball. Pero este sábado ha mostrado muy poca confianza en que el partido de Carles Puigdemont le pueda llegar a apoyar.

Feijóo ha negado contactos con Junts, de quien ha dicho que es “un clínex en manos del PSOE”. Una frase que ya le dijo a Aitor Esteban sobre el PNV en 2023, y que ahora ha dedicado a Puigdemont.

El líder de la oposición ha dicho también que el Gobierno “juega con los tiempos” del regreso de Puigdemont a España. Una cuestión que depende del Tribunal Constitucional. Preguntado varias veces si cree que Sánchez impone el calendario al tribunal de garantías, Feijóo ha preferido no responder.

El pasado miércoles era un día importante para Junts. Debían responder al guiño lanzado por Pedro Sánchez en Rac1 y 2Cat, que les invitaba a rehacer la relación con el Gobierno. Míriam Nogueras compareció ante los medios en la sede de Barcelona para explicar que, para ellos, nada había cambiado. Pero el hecho de que saliera sola y de que casi monopolizara la deseada cuota de pantalla que tuvo la formación ese día generó comentarios entre los periodistas que siguen habitualmente al partido.

Desde el partido consideran lógico que la líder en el Congreso dé la respuesta a Sánchez y aseguran que en la puesta en escena no caben interpretaciones políticas. Pero lo que nadie puede negar es que el runrún existe y que algunas de las decisiones de la cúpula de Junts parecen pensadas para hacer de Nogueras una posible candidata en Catalunya.

“Ha ganado experiencia en Madrid, conecta con el voto convergente tradicional pero también con el indepe de nueva hornada y, sobre todo, es un perfil que puede parecer idóneo para confrontar a Sílvia Orriols”, razona un experto en comunicación electoral que en su día trabajó para el partido.

Nogueras, una diputada que llegó protegida por Jordi Turull pero que ha crecido hasta tener una órbita propia, es uno de los nombres que comienzan a sonar como posible relevo generacional en Junts, aunque no el único. Y la novedad en el espacio posconvergente es justo esa: tras 10 años de mando absoluto de Puigdemont, en los últimos meses se ha comenzado a abrir un debate sobre su sucesión.

El 'puigdemontisme' se repliega

“Hay quien está queriendo enterrar al president [Puigdemont] antes de tiempo”, aseguró un dirigente de Junts sobre el clima interno de su propio partido en un encuentro con varios diputados de otras formaciones hace unas semanas. Una afirmación que resalta que, si bien las quinielas se han abierto, también hay personas de gran ascendente que mantienen intacto su apoyo a Puigdemont. “No es momento de experimentos”, sentenciaba este dirigente.

Según las fuentes consultadas por este diario, no existe ahora ninguna corriente relevante dentro de Junts que desee plantear un relevo forzado de Puigdemont, ni mucho menos cuestionar abiertamente su papel, más allá de voces minoritarias y muy localizadas. Pero sí se ha extendido la idea de que es hora de pensar en el día de mañana.

El regreso del líder a Catalunya siempre se había imaginado como un hito que podría relanzar el partido pero, tras la extraña visita exprés que hizo en verano de 2024, esas expectativas han bajado. Que el expresident pueda volver a Catalunya amnistiado es un deseo extendido en el independentismo, pero ya pocos confían en que acabe siendo un punto de inflexión electoral.

También hay algo parecido a un consenso, al menos de puertas para afuera, en que si Puigdemont desease volver a concurrir a unas elecciones, una vez amnistiado, nadie podría oponerse. El “president del 1-O” aún cuenta con un aura de legitimidad entre los suyos que nadie se atrevería a discutir.

Pero, llegado ese escenario electoral, sería muy determinante la elección de sus acompañantes en las listas, porque podría marcar el futuro de Junts. Sin olvidar que, si los resultados no fuesen los deseados en su último embate ante las urnas, la carrera sucesoria caería por su propio peso.

Las municipales, momento crítico

La actual coyuntura de Junts es complicada. El partido ha perdido poder institucional a marchas forzadas, hasta el punto de que solo cuenta hoy con una alcaldía en una ciudad de más de 50.000 habitantes, Sant Cugat del Vallès, y otras seis en localidades de más de 25.000 habitantes. Pero el gran peligro al que se enfrentan ahora es otro. Aliança Catalana, que no para de crecer en las encuestas, es muy eficaz robándole electorado.

“En las municipales sufrirán mucho”, pronostica un consultor político que trabajó en el Govern codo con codo con Junts. “Por eso una de sus cartas, que creo que les condiciona más de lo que parece, sería tratar de forzar unas elecciones generales antes de las locales. En el Congreso les podría ir bien y llegarían con impulso a las elecciones más difíciles, que son las municipales”, despliega.

En esa clave electoral piensan también los alcaldes y alcaldables de Junts. Desde el pasado verano, varios ediles se han mostrado muy inquietos por la deriva del partido y, aunque la sangre nunca ha llegado al río y cada conato de revuelta ha sido aplacado por la dirección, la desazón de los cargos que mantienen los feudos del partido generan un clima de opinión poco favorable a Puigdemont.

Pero, además, la propia cúpula del partido ha echado gasolina sobre la hipótesis electoral. Hace dos semanas el presidente del grupo parlamentario de Junts en el Parlament, Albert Batet, abandonaba esta responsabilidad para centrarse en un cargo de nueva creación dentro de Junts, la de adjunto a la presidencia, y también director de las campañas electorales que estarían por venir.

Batet, hombre que mantiene una obediencia inquebrantable a Puigdemont, ascendía en el partido y, de paso, ocupaba una plaza que venía a subrayar que Junts quiere estar preparado para el ciclo electoral. Su relevo es Mònica Sales, quien viene de ser su número dos y también una cara cada vez más conocida por la demarcación de Tarragona. Como portavoz del grupo colocaron a Salvador Vergés, en este caso un hombre de las comarcas de Girona y que también ha ganado relevancia en esta legislatura.

Como Nogueras en el Congreso, los dos nuevos perfiles con visibilidad en el Parlament son figuras emergentes en Junts. Y, además, están territorialmente repartidos: una de Barcelona, otra de Tarragona, un tercero de Girona. Los tres bien posicionados si hubiera que confeccionar de imprevisto una papeleta electoral.

En catalán existe una bonita expresión que define muy bien la situación de Junts: ‘vol i dol’. No tiene fácil traducción, pero vendría a ser algo parecido a ‘quiere y no puede’, y sirve para resumir las dificultades del partido de Puigdemont para mantener la ruptura con Pedro Sánchez y a la vez instarle a seguir cumpliendo las promesas pendientes. Un divorcio sin irse de casa.

El tono de la intervención de Míriam Nogueras de este miércoles fue contundente pero mucho menos desafiante que el de la rueda de prensa que protagonizó hace menos de un mes en Madrid para anunciar el ‘no’ de su partido a las leyes que están en tramitación en el Congreso. Junts no recula aunque le pasa la pelota a Sánchez y le reclama que, además de los actos de contrición públicos, traduzca el arrepentimiento en el impulso de otros acuerdos que siguen bloqueados. 

“No basta con decir que publicarán las balanzas fiscales, deben publicarlas”, citan en Junts a modo de ejemplo. Lo mismo pasa con las cifras de cumplimiento (o incumplimiento) de la inversión pública en Catalunya. Es fácil pronosticar que en ambas peticiones, si el Gobierno ofrece esos datos, se abrirán nuevos debates.

En el caso del déficit fiscal, esto es, la diferencia entre los impuestos que los catalanes y sus empresas pagan al Estado y el gasto que realiza el Gobierno central en Catalunya, no hay consenso ni en las fórmulas para cifrarlo. Incluso hay economistas que consideran que es normal que exista por tratarse de una comunidad con una renta per cápita superior a la de otras autonomías. Uno de los cara a cara más enconados y que aún se recuerdan sobre si el esfuerzo fiscal de los catalanes es mucho o poco lo mantuvieron Josep Borrell y Oriol Junqueras en el 2016.

El Govern que presidía Pere Aragonès calculó que el déficit fiscal rozaba casi los 22.000 millones. Puede parecer un debate técnico y es evidente que lo es, aunque también es una cuestión política porque en Catalunya existe un consenso muy transversal, tanto en el Parlament como en los sectores económicos, respecto a que se trata de un agravio que debería poder paliarse, tal y como han reclamado los sucesivos consellers de Economía, incluidos los del PSC. Sirva de ejemplo reciente que hace poco más de una semana, el pleno del Parlament reclamó la publicación de las balanzas fiscales en una propuesta que solo rechazaron PP y Vox.

Además, Junts sometió la ruptura con Sánchez a escrutinio de su militancia y logró el aval del 87% de sus bases. Así que para cambiar de opinión debería ofrecerles algo más que lo que hasta ahora les ha prometido el presidente. 

El papel del empresariado

Más allá de peticiones concretas, el problema de Junts sigue siendo el mismo que cuando rompió formalmente con Sánchez y es que está atrapado entre apoyar a un PSOE en horas muy bajas y a la vez rechazar a un Feijóo que cada vez que pisa Catalunya desconcierta más al público que le escucha.

Pedir a los empresarios que presionen a Junts no fue una buena idea por más que a muchos de ellos les convenga que el Congreso no siga bloqueado. Saben mejor que nadie que al menos 21.000 millones en préstamos y subvenciones de la Unión Europea están directamente vinculados a parte de las leyes que han quedado empantanadas por la falta de apoyo de Junts. 

El empresariado catalán, siempre dispuesto a hacer de mediador y a utilizar su influencia, lo que pide es estabilidad. Les gusta más Salvador Illa que Pedro Sánchez (aunque prefieren al presidente a Yolanda Díaz) y los hay que aún citan la ‘sociovergencia’ como su fórmula ideal. En eso hay que reconocer que son bastante previsibles.

Junts está atrapado y con unas encuestas que aún pueden ir a peor, pero Sánchez tampoco lo tiene fácil para contentarles: atraer al votante de izquierdas mientras asume determinadas peticiones en inmigración, multirreincidencia u ocupaciones de vivienda, que son el mismo material inflamable que utiliza la extrema derecha de Vox y Aliança Catalana para sus discursos racistas.

Por si no fuera suficiente, no se trata solo de apoyar las propuestas que presente Junts sino que, como ya ha comprobado, esos votos sirven para tumbar otras medidas tan destacadas como la reducción del horario laboral. Si Sánchez se tapa por la derecha, se destapa por la izquierda y la manta da para lo que da.

Esta era una semana sin especial carga política más allá del arranque de la campaña electoral en Extremadura y Pedro Sánchez ha aprovechado para intentar cambiar el paso después de las réplicas del terremoto de la corrupción que afecta al PSOE con la entrada en prisión de José Luis Ábalos. Lo ha hecho centrando el tiro en Junts, cuya ruptura pone aún más cuesta arriba lo que queda de legislatura. El presidente del Gobierno ha anunciado la aprobación de una serie de medidas, que estaban comprometidas con la formación independentista y que no se habían cumplido aún, para intentar seducir a Carles Puigdemont, asumiendo una parte de su agenda de derechas.

Sánchez ha imprimido un giro a la posición que hasta ahora había mantenido el Gobierno respecto a la ruptura de Puigdemont. Inicialmente, los socialistas minimizaron el 'no' de Junts y llegaron a desoír su amenaza a todas las leyes de la coalición. “En lo que esté en nuestra mano el Gobierno está cumpliendo y, en lo que no está en exclusiva en nuestra mano, está trabajando”, le dijo el presidente a Junts.

“Yo asumo los incumplimientos y los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya. Siempre he dicho que la mano está tendida, que nuestra voluntad de negociación es inequívoca, que vamos a cumplir con los acuerdos que firmamos con Junts”, reconoció Pedro Sánchez en sendas entrevistas en RAC1 y en La 2Cat de RTVE.

“No sabemos si hay agua en la piscina”

La elección no ha sido baladí: dos medios catalanes para que los anuncios llegaran con nitidez donde tenían que llegar. “Es más importante el mensaje que las medidas que se han aprobado”, reconocen fuentes gubernamentales. En Moncloa aseguran que aguardan cómo encaja Junts el recado de Sánchez y que no se ha abordado previamente con la formación independentista: “No sabemos si hay agua en la piscina”. “No hay contactos con Junts, pero ya estaba hablado de antes”, señala un ministro sobre las iniciativas planteadas por Sánchez.

Lo que ha aprobado el Consejo de Ministros este mismo martes es un decreto ley, que tendrá que refrendar el Congreso (y ahí los votos de Junts y del resto de aliados de la investidura son imprescindibles), con medidas como la flexibilización de inversiones financieramente sostenibles a los ayuntamientos y entes locales, la delegación a la Generalitat de Catalunya de la competencia de los funcionarios “habilitados nacionales” y un retraso de un año de Verifactu, el nuevo sistema de facturación para pymes y autónomos.

Sánchez y Feijóo se rifan a la patronal catalana

La última era una reclamación de Junts, pero también del “empresariado catalán”, según ha recordado el propio Sánchez. Tampoco la alusión es insignificante dado que el pasado viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo un llamamiento a la patronal catalana para que convenza a Junts y ERC de que apoyen una moción de censura. “Lo que me faltan son votos de los suyos”, les dijo.

En Moncloa no dieron mucha relevancia a esas palabras, que también han sido rechazadas por Junts. “Le pide que intermedie con Junts per Catalunya y otras fuerzas parlamentarias. A aquellas que, por cierto, les ha dicho que la amnistía es corrupción y que, por tanto, no se va a aplicar, les pide que les echen una mano para hacer una moción de censura”, ha criticado Sánchez en su entrevista en RAC1. Y es que, por muchas medidas y gestos que el Gobierno pueda hacer a la formación independentista, en Moncloa creen que tienen una muy relevante en su haber. “Si hay que hacer ranking de incumplimientos, hay un cumplimiento muy grande, la amnistía, que ha propiciado una situación muy distinta en Catalunya”, señalan fuentes gubernamentales, que consideran que la “actitud de desprecio” de Feijóo es una “desfachatez”.

Para Sánchez, esa norma ha permitido normalizar y mejorar la convivencia en Catalunya. “¿Descartamos que el Partido Popular y Junts per Catalunya en un futuro se puedan entender? Lo digo en el mejor de los sentidos, ojalá ocurra eso, porque eso significará que la amnistía, la normalización y, por tanto, la convivencia en Catalunya y en el conjunto del Estado se ha consolidado. Esta también es una de las grandes apuestas de esta legislatura: la normalización y abrir un proceso de diálogo que nos pueda permitir resolver este conflicto político”, ha expresado el presidente. Y, como ya había hecho previamente, no ha descartado reunirse con Puigdemont, incluso si es en Bruselas, pero ha reconocido que no es el momento. El precio a pagar es alto.

Además de echar un cable a la patronal con el retraso en la aplicación de Verifactu, los gestos de Sánchez suponen asumir una parte de la agenda de la derecha al impulsar la ley sobre multirreincidencia de Junts para endurecer los castigos a los pequeños delitos que se reiteran, algo ante lo que se han revuelto algunos socios del Ejecutivo. El desbloqueo en el Congreso se produjo poco después de que Junts anunciara la ruptura y Sánchez ha anticipado avances inminentes en la reunión de la ponencia este jueves. El Gobierno y la Generalitat ya firmaron hace un año una serie de medidas contra la multirreincidencia, aunque la ley, cuya toma en consideración apoyó la derecha, el PSOE y algunos partidos del bloque de investidura como el PNV, cuenta con la oposición del resto de la izquierda, también de Sumar, que considera que detrás de los discursos que vinculan inmigración y delincuencia se esconde una mirada racista. A Sánchez también le han preguntado en RAC1 por la petición de acelerar los procesos para desalojar inmuebles “okupados”, a lo que ha respondido que está “en tramitación parlamentaria”.

Legislatura cuesta arriba y 27.000 millones en juego

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un real decreto que incluirá medidas de ayuda a los propietarios de viviendas ante los impagos de los alquileres en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. Era otra de las reclamaciones incumplidas de Junts. “Los auténticos adversarios están en esa derecha que no reconoce el derecho a la vivienda”, ha dicho la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en los pasillos del Senado.

En un periodo marcado por el cerco judicial y en el que en el Gobierno se preparan para recibir golpe tras golpe con la entrada en prisión de Ábalos, el procesamiento de Santos Cerdán y los posteriores juicios también son conscientes de la dificultad de acabar el mandato en 2027 sin ser capaces de sacar adelante ni una sola iniciativa. Fuentes gubernamentales admiten, además, una especial preocupación por los proyectos de los que dependen los fondos europeos. En juego están parte de los 27.000 millones que quedan pendientes.

Mientras tanto, en el Gobierno aguardan la respuesta de Junts, que está prevista para este miércoles de boca de su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras. Por el momento, el senador Eduard Pujol, que ha invitado a los socialistas a hacer “autocrítica del Régimen del 78 y sus debilidades democráticas” y ha advertido de que los independentistas son más de “carreras de fondo” que de “sprints”: “Maquillaje o coraje, ruptura sí o ruptura no, si siguen haciendo lo mismo de siempre, vamos a tener lo de siempre”.

Pedro Sánchez ha enviado este martes un mensaje de buenas intenciones hacia Junts, con quien el presidente del Gobierno desea recomponer las relaciones. En dos entrevistas sucesivas en la emisora Rac1 y en 2Cat, el canal en catalán de RTVE, Sánchez ha desempolvado algunas de las promesas pendientes hacia la formación independentista y se ha comprometido a impulsar algunos asuntos que, sin estar previamente acordados, sabe que son del máximo interés de los de Carles Puigdemont.

Reconoce incumplimientos

El primer mensaje que Sánchez ha querido lanzar no tiene tanto que ver con propuestas concretas sino con el intento de recuperar la “confianza” a la que Puigdemont ha apelado muchas veces. Para ello, el presidente ha asumido en primera persona las ocasiones en las que los acuerdos alcanzados con Junts no se han plasmado en actuaciones del Gobierno. “Asumo los incumplimientos y los retrasos que ha criticado Junts”, ha indicado Sánchez, que ha aceptado también que la crisis con Junts es grave.

Flexibilidad de gasto para los ayuntamientos

Entre las medidas pactadas con Junts que Sánchez ha anunciado que rescatará con un Real Decreto este mismo miércoles está la flexibilización para el gasto no corriente de los entes locales. Esto supondría, en palabras del presidente, que los ayuntamientos podrían destinar el superávit a gasto no corriente. “Podrán destinarlo a construcción de vivienda, gestión de agua, y un largo etcétera, que va a ser bueno para los ayuntamientos de Catalunya, pero también para los del conjunto del Estado”, ha detallado Sánchez.

Esta es una medida largamente esperada por Junts y que ya formó parte de las negociaciones con el Gobierno. Los de Puigdemont consideran que los entes locales necesitan más oxígeno para dar respuesta a los retos sociales que tienen en sus municipios. Sin olvidar que eso sería una herramienta en la batalla que sus alcaldes deberán librar en las próximas municipales, donde temen a Aliança Catalana.

Retraso en la entrada en vigor de Verifactu

Dentro del mismo Real Decreto se incluye el retraso de la entrada en vigor de la facturación electrónica para autónomos y pymes, que había generado duras criticas de Junts, además de asociaciones y patronales. Finalmente el gobierno ha decidido dejar para el 1 de enero de 2027 la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, en el caso de las pymes, y hasta el 1 de julio de ese mismo año para los autónomos.

Ayudas ante impagos a los propietarios

El Gobierno pactó con Junts hace 10 meses un seguro de pago para los propietarios de pisos de alquiler. Se trata de que, si se produce el impago de la mensualidad por parte de una familia vulnerable, el Estado pueda hacerse cargo de estos pagos, al menos hasta que se resuelva la continuidad o no del contrato de arrendamiento. Sin embargo, Junts se queja de que este seguro nunca estuvo dotado de financiación, por lo que ahora Sánchez ha anunciado que se dotará de presupuesto para ponerlo definitivamente en marcha.

Impulso a las medidas contra la multirreincidencia

Junts tiene registrada en el Congreso una ley contra la multirreincidencia desde abril de 2024. Se trata de una reforma tanto del Código Penal y como la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer los castigos a los pequeños delitos que se reiteran. Esta ley ya se desbloqueó el día después de que Puigdemont anunciase la ruptura del pacto y, según ha anunciado Sanchez, los trámites seguirán. El Gobierno y la Generalitat ya firmaron hace un año una serie de medidas contra la multirreincidencia, que es uno de los temas a los dan mucha importancia tanto Salvador Illa en el Govern como Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona.

Balanzas fiscales

Este sí es uno los acuerdos explícitos firmados por el PSOE ante Junts pero que el Gobierno nunca ha materializado hasta ahora. Se trata de la publicación de las llamadas “balanzas fiscales”, un estudio para medir el reparto que el Estado hace de sus presupuestos en cada territorio, incluyendo la financiación autonómica y las inversiones directas de los ministerios. La metodología no gusta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y siempre hay controversias respecto a cómo se imputa cada gasto no territorializable. Sin embargo, los independentistas insisten en que deben publicarse para demostrar que Catalunya recibe un maltrato fiscal sistemático.

Devolución de los interventores locales

Además de las cuestiones señaladas por Sánchez, el ministro de Función Pública, Óscar López, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la devolución a la Generalitat de la gestión de las ofertas públicas de empleo y los procesos selectivos de los habilitados nacionales que, según ha trasladado, “es una cuestión que ha formado parte de las reivindicaciones de Junts”. Con esta medida, que afecta a los funcionarios que trabajan como secretarios, interventores y tesoreros en corporaciones locales y diputaciones, supone devolver una competencia que ya fue efectiva durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que Mariano Rajoy revirtió. Además de dar “cumplimiento” a un compromiso del Ejecutivo con los de Puigdemont, López espera que acercar la administración a los territorios permita solventar el problema de vacantes.

Sánchez se verá con Puigdemont… cuando vuelva

Puigdemont había reclamado en varias ocasiones que, a falta de una amnistía judicial, el Gobierno debía practicarle una “amnistía política”. Con esta fórmula Puigdemont se refería a normalizar las relaciones con él, incluyendo una visita de Sánchez a Bruselas, donde podrían haberse encontrado. En la recta final antes de romper, sin embargo, en Junts aseguraban que ya no tenían interés en que se vieran. Preguntado por esta cuestión, Sánchez ha coincidido en señalar en que, en este momento, la visita no tendría sentido, pero ha reiterado que desea ver al líder de Junts cuando pueda volver a España, algo que ha asegurado que desea que sea a la mayor brevedad.

Pedro Sánchez acelera medidas para dar cumplimiento a las exigencias de Junts. El presidente del Gobierno ha anunciado la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes para materializar algunas de las promesas que están pendientes y que motivaron la ruptura de Carles Puigdemont. “Yo asumo los incumplimientos y los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya. Siempre he dicho que la mano está tendida, que nuestra voluntad de negociación es inequívoca, que vamos a cumplir con los acuerdos que firmamos con Junts”, ha expresado el presidente en una entrevista en RAC1 en la que ha puesto en valor el acuerdo suscrito en Bruselas en noviembre de 2023 como “una gran oportunidad” para “resolver un conflicto político que viene de largo”, con iniciativas como la amnistía.

El presidente ha reconocido que el diálogo con Junts ahora mismo está “roto”. Eso ha supuesto que la legislatura entre en punto muerto dado que el Gobierno no tiene la mayoría suficiente para sacar nada adelante. Cuando Puigdemont decidió la ruptura, en el Ejecutivo aseguraron que estaban cumpliendo los compromisos alcanzados o trabajando para ello. “Tengo muy claro que tenemos que cumplir con esos acuerdos, con esos compromisos. Estamos en los prolegómenos de poder resolver ese conflicto político que viene de lejos y necesitamos a todos los actores políticos en Catalunya, a Junts y otros actores”, ha aseverado.

Sánchez pretende hacer un gran gesto este martes con la aprobación de un decreto ley que incluya algunas de las medidas pendientes, como “facilitar a los entes locales las inversiones financieramente sostenibles”, que en la práctica supone que los alcaldes tengan “más facilidad y flexibilidad” para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente, como construcción de vivienda o gestión del agua. “Va a ser bueno para los ayuntamientos de Catalunya, pero también para los del conjunto del Estado”, ha afirmado.

Otra de las medidas que incluirá ese decreto ley tiene que ver con la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas. Se trata no solo de un compromiso con Junts sino también de una reclamación de la patronal catalana.

Sánchez acusa al PP de hacer “lobby” contra la oficialidad del catalán en la UE

Sánchez se ha referido a la “petición” que Alberto Núñez Feijóo hizo a los empresarios catalanes para que convenzan a Junts y ERC de apoyar una moción de censura en su contra, aunque le ha restado importancia dado que Puigdemont lo ha descartado. En todo caso, ha mostrado su deseo de que el PP y Junts terminen entendiéndose en el futuro. “Ojalá ocurra eso porque eso significaría que la amnistía, la normalización y la convivencia se ha consolidado. Ese es también el objetivo de esta legislatura”, ha apuntado. Posteriormente, deseado que se produzca en un “futuro lejano”: “Tenemos mucho trabajo por delante”.

De hecho, en una entrevista posterior en el programa 'Cafè d'idees', en La 2Cat de RTVE, ha mostrado su deseo de que Puigdemont regrese “pronto” a Catalunya. “La normalización total no se puede producir hasta que pueda ejercer completamente sus derechos”, ha dicho el socialista, que se ha vuelto a mostrar dispuesto a reunirse con el expresident, aunque ha admitido que “no es el momento” precisamente por la actual ruptura de las relaciones.

En cuanto a la 'okupación', que es una de las principales preocupaciones de Junts ante su competencia con la fuerza xenófoba Aliança Catalana, el presidente ha dicho que es una cuestión que está “en tramitación parlamentaria” y “avanzando mucho”. De hecho, ha asegurado que la ponencia sobre la propuesta de multirreincidencia se reúne este jueves. Además, el Consejo de Ministros aprobará próximamente un real decreto, que no requiere convalidación parlamentaria, “para crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables”.

También se ha comprometido a publicar las balanzas fiscales, aunque ha dicho que se está trabajando en una metodología para que dé “una cifra cierta o aproximada a la real para esa relación fiscal de Catalunya y el Estado”. Respecto a la publicación de los documentos clasificados sobre la Operación Catalunya, ha asegurado que el Gobierno ya se lo ha hecho llegar al Congreso y ha dicho que la denominada 'policía patriótica' “desapareció” en el momento que llegó a Moncloa en 2018.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Función Pública, Óscar López, ha anunciado que también se devolverá a la Generalitat de Catalunya la competencia de los funcionarios “habilitados nacionales”, que era una de las exigencias de Junts. López ha dicho que esos empleados públicos son esenciales, especialmente en el medio rural, y que cuatro de cada 10 plazas están vacantes, especialmente en Catalunya.

La decisión supone devolver esa competencia que otorgó José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y que Mariano Rajoy volvió a centralizar. “Esta medida acerca la Administración al territorio, tienen que ayudarnos a cubrir esas vacantes que ahora no se cumplen por incertidumbre, esa cercania nos tiene que ayudar”, ha dicho el ministro.

Sánchez ha dicho que el Gobierno trabaja por la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. En concreto, el presidente abordó el asunto con el canciller alemán, Friedrich Merz, y se abrió un diálogo bilateral con ese país, que es el que lidera las reticencias en el seno de los 27 a dar ese paso, que requiere de la unanimidad.

“El PP está haciendo un lobby en contra de estas lenguas, cosa que no entiendo y me parece poco inteligente”, ha afirmado Sánchez, que ha recordado que hay votantes de derechas que hablan esas lenguas.

Preguntado por los compromisos adquiridos con ERC que tampoco se han cumplido, Sánchez ha asegurado que el nuevo sistema de financiación autonómica que el Gobierno presentará a comienzos de 2026 incluirá “más recursos” y “un sistema multilateral, junto a un reconocimiento de las singularidades de los territorios, particularmente, Catalunya”. En cuanto a la recaudación de los impuestos por parte de Catalunya, ha reconocido que “hay una complejidad técnica, hay un desafío con el funcionariado”, pero que su “ambición es cumplirlo”. “Probablemente, no se pueda cumplir en su totalidad en los próximos años, pero caminaremos por esa vía”, ha admitido.

Preguntado por los casos de corrupción de quienes fueron sus 'hombres fuertes', José Luis Ábalos, y Santos Cerdán, Sánchez ha insistido en que no ha habido financiación irregular del PSOE. “No vamos a aceptar ningún chantaje. Todas las personas tienen derecho a defenderse , pero no tienen derecho a esparcir mentiras bulos y desinformación para intentar hacer daño a otras personas”, ha respondido respecto a los recados que le están enviando a través de las redes sociales y medios de la derecha.

El presidente ha asegurado que “todo” lo que está diciendo Ábalos “es mentira”, pero ha rechazado tomar medidas legales: “No vamos a entrar en una espiral de querellas”. También ha afirmado que “desde el punto de vista personal”, el extitular de Transportes “era un gran desconocido” para él.

En ese sentido, se ha mostrado convencido de que la estrategia del PP y la ultraderecha, a través de organizaciones ultras como el pseudosindicato Manos Limpias, es implicarle en los casos de corrupción. Aunque ha evitado hablar de lawfare, ha mencionado las causas contra su familia, en concreto el procesamiento de su hermano por la contratación en la Diputación de Badajoz hace años y la imputación de su esposa, y ha cuestionado también la condena al fiscal general.