Esta semana, el Consejo de Ministros aprobaba un proceso de regularización extraordinaria, la séptima, que podría beneficiar hasta a 500.000 personas que ya conviven y trabajan con nosotros. Además de tratarse de una cuestión esencial de humanidad, porque se trata de reconocer derechos a personas que no los tenían, supone un acierto desde el punto de vista económico pues muchas de ellas pasarán a contribuir a través de sus impuestos. 

El proceso se produce, además, en un contexto internacional singular, con Donald Trump liderando una persecución sin precedentes contra los inmigrantes en su país, que son deportados e incluso tiroteados por el ICE sin ninguna garantía. Una vez más, España, con el gobierno de coalición al frente, marcando el camino a la Unión Europea, pocos días después de que Viktor Orban perdiera en las urnas tras dieciséis años en el gobierno de Hungría. 

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Un sobre. De esos que durante años han significado esperas y renovaciones, pero que ahora puede significar estabilidad. Un sobre que Sandy lleva guardando en la maleta cada vez que debía mudarse de una vivienda a otra donde trabajar como interna en el cuidado de ancianos. Un sobre donde, dice, guardaba todo lo que llevaba su nombre “por lo que pudiese pasar”. Tras recibir la llamada de su abogado, el mismo día de la publicación del real decreto en el BOE, metió la carpeta bajo el brazo y entregó más pruebas de las que se le exigía como solicitante de asilo. El jueves, horas después de la entrada en vigor de la norma, Sandy se convirtió en una de las primeras personas en registrar la petición de la regularización extraordinaria que tanto esperaba.

La carpeta que la acompaña no es nueva. Lleva tiempo creciendo a base de documentos que han ido marcando etapas: empadronamientos, citas, partes médicos, justificantes de trabajo. “Tenía todo muy preparadico. Al final guardé más cosas de las que necesitaba”, dice entre risas la mujer, con la tranquilidad de haberse quitado de la cabeza el trámite que la tenía pendiente desde que empezó a escuchar de la posibilidad de la medida en las noticias.

La regularización extraordinaria ha empezado a desplegarse sin mucho ruido en la calle, pero a buen ritmo. Durante las primeras 24 horas, el Ministerio de Inclusión recibió 13.500 solicitudes telemáticas por el sistema Mercurio, la plataforma de gestión de expedientes de extranjería, según el primer balance oficial. Por ahora, solo está habilitada la presentación de peticiones online, pero a partir de el lunes 20 de abril el proceso se abrirá a las oficinas presenciales habilitadas. Entre ellas, hay personas con nombres propios, que acumulan meses o años en la irregularidad o a la espera de una solicitud de asilo que no llega, con la constante incertidumbre de recibir la negativa y perderlo construido en años de vida en España.

Entre ellas, está Sandy, una trabajadora del hogar, atrapada en el bucle de los abusos y la precariadad durante años. También otros casos, descritos a elDiario.es a través de su abogado, Felipe Garroña, que ejemplifica la diversidad de los perfiles que esconden los expedientes que ya ha podido registrar de forma telemática. Habla de una temporera marroquí que, tras varias campañas viniendo a Huelva para recoger la fresa a través de los programas circulares, acabó quedándose en el país de forma irregular. O un vendedor ambulante que, tras meses vendiendo productos en las playas de Andalucía, ha solicitado la regularización con su compromiso de hacerse autónomo para oficilizar su actividad económica y empezar a cotizar.

Sandy no está en situación irregular, pero lleva casi cinco años viviendo como solicitante de asilo, a la espera de la respuesta de su solicitud. Llegó a España en 2021 y su itinerario administrativo ha sido el de tantas personas atrapadas en el limbo de la protección internacional: noches haciendo cola en comisaría, meses de espera entre entrevistas, y la llamada “tarjeta roja” como única vía de supervivencia mientras su expediente avanzaba lentamente. “Seguíamos con las ayudas de Cáritas, sobrevivimos con eso”, resume. “Nos tocó pasar muchas necesidades, penurias”.

Años de precariedad

Su trayectoria laboral en España ha estado marcada por esa misma precariedad. Durante estos años ha trabajado como interna en domicilios particulares, en ocasiones con contrato y en otras en la economía sumergida, encadenando cuidados de personas mayores en condiciones muy distintas. “Me pagaban una miseria”, recuerda sobre su primer empleo, en el que trabajaba de forma interna de domingo a domingo. En ese primer hogar, cuenta, llegó a sufrir situaciones de violencia verbal y física por parte de uno de los miembros de la familia.

La salida de aquel trabajo no supuso el final de la precariedad, sino el inicio de una cadena de empleos domésticos en los que se repetían patrones de sobrecarga, falta de descanso y dependencia total del hogar en el que trabajaba. En algunos casos, con contrato; en otros, sin él. “Me cansé de tanta cosa”, resume. “No hay más que hacer”.

La historia de Sandy es también la de una vulnerabilidad estructural en el trabajo doméstico, donde la frontera entre empleo y disponibilidad permanente se difumina con frecuencia. A lo largo de su relato aparecen jornadas extendidas, tareas acumuladas y dificultades para reclamar derechos básicos. “No podía salir”, explica sobre uno de sus empleos más recientes, en el que incluso la movilidad estaba condicionada por sistemas de alarma en la vivienda.

El desgaste acumulado terminó derivando en una baja médica y en un despido que ella considera injustificado. A partir de ahí, comenzó un proceso de reclamación laboral con apoyo de asesoría y denuncia ante la Inspección de Trabajo. “Me han querido tumbar mi dinero que he trabajado”, dice. “He trabajado con creces”.

La regularización llega ahora en ese punto de inflexión. Sandy ha presentado su solicitud con la documentación que ha ido acumulando durante años: empadronamientos, informes médicos, pruebas de residencia y trabajo. Lo describe como un proceso casi de archivo personal de su vida en España. “Tengo guardado desde que llegué todo lo que va a mi nombre”, explica.

Para ella, la medida supone algo más que un trámite administrativo. Es, sobre todo, la posibilidad de salir de un circuito de dependencia laboral en el que cree que ha podido influir el hecho de solo contar con un documento temporal, la tarjeta roja de los solicitantes de asilo, que cree que puede estar restándole oportunidadades en el mercado laboral. “Con la regularización uno puede exigir más sus derechos como ser humano”, resume, aunque cree que el racismo también forma parte de su experiencia en España. La mujer añade una idea que atraviesa todo su relato: la sensación de haber vivido durante años en una especie de suspensión vital: “Es como estar en una cárcel”.

Según explica el Minsterio en un comunicado, todas estas solicitudes se han presentado mediante certificado digital, y la mayoría se han registrado por parte profesionales habilitados, como en el caso de Sandy, y por parte de los propios beneficiarios con una solicitud individual. También se han recibido “por parte de las entidades y sindicatos inscritos en el Registro de Colaboradores (RECEX) y de otros representantes”, según los primeros datos.

Felipe Garoña es uno de los letrados que no ha parado de atender a clientes con la intención de presentar su regularización. Desde Huelva, el abogado y presidente de la Asociáción Extranjeristas en Red, explica que registró 20 expedientes el primer día: “Todos de solicitantes de asilo o personas que podían justificar una relación laboral, aquí en Huelva, sobre todo temporeras marroquíes que habían quedado en situación irregular”, explica. “Hemos priorizado los casos que ya teníamos preparados y para los que no ha habido ningún requisito sorpresa, como el informe de vulnerabilidad”, añade.

Se trata del documento exigido para acceder a la regularización a los migrantes sin papeles que no tengan menores a cargo o que no puedan presentar una oferta de contrato de trabajo o no puedan acreditar haber tenido una relación laboral anteriormente. El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en el obstáculo de los migrantes sin papeles que no pueden presentar su expediente de otro modo. Por eso, explican varios letrados contactados, están empezando a presentar los casos que no requieren de dicho papel: como los solicitantes de asilo o aquellos que pueden probar una vinculación laboral previa o futura; o aquellos que vivien con sus hijos menores o personas dependientes.

Ahora, con la solicitud ya presentada, Sandy piensa por primera vez en la posibilidad de algo que hasta hace poco quedaba fuera de cualquier plan: poder viajar. Volver a ver a su familia en Colombia sin el miedo a no poder regresar, sin la incertidumbre administrativa que durante años ha condicionado cada decisión. “Tengo cuatro años y medio que no puedo ir”, decía. “Ni cuando murió mi hermana. Sufrí todo ese dolor en la distancia. Ahora sé que, si le pasa algo a mis seres queridos, podrá ir a despedirme y eso me da mucha tranquilidad”, concluye, a la espera de la resolución de su solicitud.

A pesar de la instrucción municipal de derivar los trámites de empadronamientos a la sede de la plaza del Pilar –lo que ha provocado este viernes el colapso de la casa consistorial–, funcionarios de las juntas de distrito se han 'rebelado' contra esta decisión y han optado por continuar con esta atención a los migrantes que aspiran a la regularización. “Es un trámite sencillo”, explica una de las trabajadoras públicas que han decidido seguir con su día a día.

Esta funcionaria, que quiere mantener tanto su anonimato como el del centro desde el que opera, explica a este diario que han tomado la decisión a primera hora de la mañana, en cuanto han recibido la instrucción: “Nos hemos reunido y hemos decidido que seguiríamos como siempre”, apunta. Asegura que sacar el volante de empadronamiento es una labor que llevan a cabo “a diario”, ya sea “para hacer un examen de la escuela de idiomas o para sacarse un bono de transporte público”. “Cuando va bien el sistema”, matiza, el proceso es “muy rápido”.

La empleada municipal asegura desconocer por qué ha tomado esta decisión el Ayuntamiento, pero tiene claro que continuarán atendiendo a los migrantes: “Lo hacemos por las personas que vienen, por supuesto, pero también por nuestras propias compañeras en la casa consistorial: si puedo hacer algo y evitar aumentarles la carga de trabajo, no voy a enviar a una persona hasta ahí. No voy a quitarme el trabajo si puedo hacerlo”, sostiene.

Ese volante de empadronamiento es necesario porque así los migrantes pueden demostrar el tiempo que llevan asentados aquí. El requisito impuesto por el Gobierno central es que hayan residido en España más de cinco meses.

La funcionaria reconoce a su vez que han notado “más trabajo” en días pasados, especialmente el primer día, cuando “la carga fue muy fuerte”, aunque este viernes ya había bajado. “El problema es que nos pedían algo que no podemos hacer aquí, el informe de vulnerabilidad. La gente vino sin estar informada y eso sí que generó colapso”, cuenta. En este caso, el equipo de gobierno ha optado por derivar el trámite a la Casa de las Culturas en vez de en los centros municipales de Servicios Sociales, como habitualmente.

El equipo de Gobierno de Natalia Chueca ha restringido todo lo relacionado con las instancias y peticiones dentro del proceso de regularización de inmigrantes, que acaba de ponerse en marcha, a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Una instrucción dirigida a las juntas de distrito indica que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado histórico y demás documentación a la fila única del Ayuntamiento, obligando a miles de personas a soportar largas colas desde las 5 de la mañana. Sin embargo, el interior de las oficinas centrales aparece completamente despejado, ya que solo pueden acceder a goteo mientras en el exterior esperan horas de pie.

Susana y José Ángel, ambos nicaragüenses, aseguran en la fila —a la que se sumaron a las 8 de la mañana— que vienen aquí “porque no nos atienden en los teléfonos y nos emplazan a la próxima semana para ser atendidos”. Igualmente, los funcionarios les dicen que no han recibido formación, como tampoco organizaciones como Cáritas. Además, lamentan que, pese a esperar la cola, puede que finalmente no puedan acceder tras haber perdido una jornada laboral. Susana llegó a Zaragoza hace dos años, primero con un trabajo dedicado a los cuidados. Tras perder ese empleo, se dedica a trabajos de limpieza por horas y sin contrato laboral. “Sin documentación no podemos trabajar legalmente y eso es lo que queremos. Ninguno recibimos ayuda y estamos perdiendo dinero al tener que venir a estas colas”.

Ana y Silvio, también nicaragüenses, explican que ya cuentan con todos los trámites porque se pusieron a solicitarlos en cuanto oyeron que se iba a poner en marcha el proceso de regularización, de modo que agilizaron todo aquello que les permite probar que residen aquí desde que aterrizaron en Barajas hace un año. Guardan los “boletos” del avión, el pasaporte sellado, el carné de la biblioteca, las cantidades de dinero enviadas a sus familiares, el historial médico del Salud y, además, solicitaron todos los datos necesarios a su país. Aunque residen en la casa de la madre de Silvio, que tiene nacionalidad española desde hace 20 años, en la cola presentan el certificado de vulnerabilidad, indispensable para obtener papeles y, como la mayoría, enfocado al empleo. De cómo seguir el procedimiento se informan a través de tik tok.

Un grupo de venezolanos también hacía otra cola para el padrón, mucho más corta que la del informe de vulnerabilidad. En su caso, tienen que actualizar la tarjeta roja, una autorización de residencia por razones humanitarias.

Críticas políticas

Desde el Grupo Municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza se han mostrado “preocupados” por la “falta de planificación y previsión ante un proceso que todo mundo sabía que iba a producirse” y que está generando “largas finlas” a las puertas del Consistorio. También destacan el “papel que van a jugar en el mismo los servicios sociales municipales en la emisión de los certificados de vulnerabilidad”. El concejal Suso Domínguez ha explicado que “la larga fila en el Ayuntamiento de esta mañana es, sobre todo, para la solicitud de este informe, no para la solicitud del padrón, y además el Gobierno está permitiendo la entrada al hall del Ayuntamiento, que está más vacío que cualquier día, con sillas vacías, y tiene a los vecinos haciendo colas en la calle para escenificar este supuesto caos”.

Estos certificados son necesarios en el proceso de regularización extraordinaria en aquellas situaciones en las que no se puede acreditar ninguna de las otras vías principales de acceso. En concreto, deben presentarse si no se puede demostrar haber trabajado en España, si no se convive en una unidad familiar con hijos menores a cargo o cuando la persona se encuentra en riesgo de exclusión social o pobreza.

El edil de ZeC ha denunciado que, a fecha de hoy, no se permite a los trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) la emisión de estos certificados y que únicamente se vayan a emitir desde la Casa de las Culturas, donde ayer se atendieron a 400 personas. “Esto va a suponer una fuerte sobrecarga a este recurso y, en la práctica, que miles de personas vean dificultado, si no impedido, su proceso de regularización”, ha manifestado.

Para Suso Domínguez no tiene “ninguna lógica” que los profesionales de los centros municipales de servicios sociales (CMSS) no puedan emitir estos certificados de vulnerabilidad. “Estamos hablando de una red de 15 centros, con casi 100 trabajadores sociales que llevan mucho tiempo trabajando con estas personas, que están habilitados legalmente para poder emitir estos certificados de vulnerabilidad y a los que se les está impidiendo hacer su trabajo”, ha manifestado el concejal, quien ha añadido que esto “solo es entendible si existe una voluntad por parte del Gobierno de Natalia Chueca de dificultar el acceso a la regularización”.

“Si existe un problema de coordinación y competencias, como tantas veces ha expuesto la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, es el momento de dejar de reprochar al otro y sentarse a trabajar de manera seria y responsable”, ha manifestado Suso Domínguez. “La única manera de afrontar esta situación es desde la colaboración, olvidando la política de corto plazo y de titulares”, ha recalcado.

Del mismo modo, ha expuesto que el actual proceso de regularización “es algo de lo que todos deberíamos alegrarnos, ya que va a permitir a miles de vecinos y vecinas, que llevan años viviendo y trabajando con nosotros, disfrutar de los mismos derechos y obligaciones”. A su juicio, utilizar este procedimiento para hablar de “caos migratorio” o “efecto llamada puede quedar muy bien en un titular, pero no es cierto”: “Es necesario que, de una vez por todas, la Señora Orós abandone su deriva xenófoba y deje de utilizar la situación de las personas sin hogar y de las personas migrantes para confrontar con el Gobierno central”, ha concluido.

El concejal socialista Paco Galán también ha criticado la decisión del PP: “Chueca como alumna aventajada de la ultraderecha está boicoteando los derechos de las personas más vulnerables de esta ciudad e impide a los funcionarios municipales cumplir con su obligación de responder a las necesidades de unos ciudadanos, que conviven en el día a día con nosotros, y que hasta ahora eran de segunda”, ha señalado.

El edil socialista ha lamentado que “Chueca haya dado orden de que todas las peticiones tienen que realizarse en la Plaza del Pilar, incumpliendo el principio de cercanía y de barrio de las Juntas de Distrito. Lo que está colapsada es la capacidad de pensar en cómo resolver sus problemas de gestión”. “Dignificar a personas que viven con nosotros debería ser el reto y no vivirlo como un impedimento”, ha concluido.

“Falta de planificación”

También desde CCOO se subraya que el colapso “no responde a un hecho puntual ni imprevisible, sino a una situación que podía haberse evitado con una planificación adecuada”: “No se trata de un fallo aislado, sino de un patrón de gestión que se repite en el tiempo porque también en anteriores ocasiones, las juntas municipales y la Casa Consistorial ya han sufrido colapsos ante picos de demanda, como en campañas derivadas de notificaciones masivas por renovación padronal”, ha asegurado Juan Tamarit, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, durante este mandato algunas juntas han llegado incluso a cerrar por falta de personal.

A juicio del sindicato, el proceso era conocido con más de tres meses de antelación, “un plazo suficiente para haber previsto refuerzos mediante acúmulos de tareas, reorganización de recursos o la adopción de medidas extraordinarias”, por lo que insisten en que esta situación era “evitable” y responde a una “falta de previsión que no puede justificarse”. Por ello, CCOO ha exigido al Gobierno municipal que “asuma su responsabilidad, evite trasladar la presión a la plantilla y adopte medidas inmediatas y estructurales. Es imprescindible reforzar los servicios con personal suficiente y planificar con rigor situaciones que son perfectamente previsibles”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha explicado que el proceso de regularización acaba de comenzar y que ya se ha habilitado toda la información en la web del Ministerio, incluyendo un simulador orientativo. Ha destacado que el sistema permite hacer trámites online sin cita previa, con apoyo de representantes si es necesario, y también de forma presencial en oficinas de Correos y Seguridad Social con personal especializado.

Ha reconocido que es normal que surjan dudas en esta fase inicial y que haya un aumento de consultas, pero considera que la situación en el Ayuntamiento de Zaragoza “tiene más que ver con un marco ideológico que con un marco real. En otro tipo de procesos extraordinarios se han formado colas en las administraciones y nunca se les ha dado el tratamiento que se le está dando en este momento al Ayuntamiento de Zaragoza”.

Beltrán ha asegurado que el Ayuntamiento ya conocía con antelación el proceso y el posible aumento de solicitudes, por lo que ha rechazado que haya habido sorpresa. También ha negado estar obligado a dar ciertos datos solicitados por el consistorio y ha criticado que se pidan recursos económicos fuera de los canales adecuados. “No olvidemos que la gente que está yendo al Ayuntamiento son ciudadanos de Zaragoza que tienen todo el derecho del mundo a acudir a su Ayuntamiento a solicitar información o a solicitar que le hagan un documento”, ha defendido.

Por último, ha pedido paciencia durante los primeros días, confía en que la situación se estabilice con la actuación de las entidades colaboradoras y ha recalcado que no todos los trámites dependen del Ayuntamiento, ya que existen múltiples vías para acreditar la situación de los solicitantes.

La alcaldesa: “El Gobierno no está haciendo bien su trabajo”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha echado balones fuera y ha asegurado que “lo que está haciendo el Gobierno es una transferencia encubierta de competencias y de labores a los ayuntamientos sin que venga acompañado ni de información, porque no hemos recibido ninguna información previa para ver cómo se podía gestionar ni que se podía necesitar de las entidades locales, como tampoco hemos recibido recursos económicos. Nos vimos desbordados de cientos y cientos de personas, inmigrantes ilegales que venían a buscar papeles y un certificado de vulnerabilidad que recoge ese decreto que desde el Ayuntamiento desconocemos cómo podemos aplicar y no hemos recibido ninguna notificación por parte del Gobierno de España”.

Para la alcaldesa, “estamos viendo que sean ellos —las personas vulnerables— los paganos de esta mala gestión y un efecto llamada que es difícil de atender con los servicios públicos que tenemos. El Gobierno de España no está haciendo bien su trabajo, nos ha demostrado que no escapa de gestionar, ya colapsó los trenes de alta velocidad, hemos tenido un apagón y ahora vemos como colapsa otras administraciones y los servicios sociales”.

A su juicio, esta regulación “no atiende a una necesidad” laboral o de la sociedad española, “no nace de la voluntad popular ni salió aprobada en el Congreso de los Diputados, nace de la necesidad política de Pedro Sánchez de ocultar los casos de corrupción y de mantenerse en el gobierno”. Chueca ha comparado la regulación realizada por el gobierno de Aznar, vinculada al empleo, “mientras que Pedro Sánchez está haciendo regularización de inmigración vinculada única y exclusivamente a la vulnerabilidad y a sus necesidades políticas, en contra del Consejo de Estado, de la Unión Europea y del Congreso de los diputados. Estamos completamente desbordados, sin saber cómo actuar, no se nos ha dado información para poder entender y conocer los criterios para esos informes de vulnerabilidad que nos están solicitando desde ayer”.

Asegura que desde la Delegación de Gobierno no han contactado con el Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de que la consejera de Servicios Sociales envió una carta pidiendo información. “Las últimas palabras del delegado es que no necesitábamos información porque no íbamos a gestionar nada, y la realidad es que donde tenemos las filas de cientos y cientos de personas es en los ayuntamientos, que nos diga el Gobierno de Pedro Sánchez qué necesita de los ayuntamientos y que deje de jugar con las personas. Esta regulación a granel que está haciendo no está pensada a dignificar la vida de las personas, está hecha para tapar sus casos de corrupción y en contra de todos los órganos que han podido opinar, generando molestias, unas expectativas y un efecto llamada para que todas estas personas ilegales de Europa vengan a España a colapsar los ayuntamientos y los servicios sociales de nuestro país, que nos digan cómo quieren gestionarlo”.

Según fuentes municipales, el Registro Municipal recibió este pasado jueves 654 solicitudes relacionadas con certificados de empadronamiento y solicitudes de informes de vulnerabilidad vinculados al proceso de regularización de personas inmigrantes, mientras que el 010 recibió más de 300 llamadas por este motivo.

La regularización, celebrada por colectivos sociales y partidos de izquierdas que llevan años pidiéndola, entró en vigor este jueves. Ya pueden solicitar sus papeles todas las personas extranjeras que demuestren haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que llevan cinco meses viviendo aquí. Te dejamos las claves aquí. Es un motivo de celebración para mucha gente. No para Omar. Él no se va a poder acoger a una regularización a la que tiene derecho porque cumple todos los requisitos. No va a poder porque, a unos días de que el consejo de ministros diera luz verde a la regularización le detuvieron. Ahora está en un CIE, con una orden de expulsión.

Escuchamos a Andrea, su novia, que cuenta a la perfección el arraigo que Omar sí tiene en España. También a Omar, desde el CIE. No es habitual escuchar a alguien hablar de cómo es el día a día en un CIE… de cómo se siente ante una expulsión cuando cumple todos los requisitos de una regularización extraordinaria. Hablamos con Gabriela Sánchez, la periodista de elDiario.es que ha estado en contacto con Omar y que nos explica los detalles de su historia y de la regularización que ya está en marcha.

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Vive con su novia sevillana, habla español y juega en un equipo de fútbol local, pero Omar puede ser expulsado a días de la regularización 

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Las delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha estimado este jueves que “entre 5.000 a 7.000 personas” se podrían acoger en la comunidad al proceso para la regularización de migrantes que se ha abierto, cuya tramitación se ha abierto hoy mismo. En rueda de prensa, Arraiz ha apuntado que este proceso deriva de “una idea muy clara que tiene el Gobierno de España y es que la regularización de personas inmigrantes no es solo ni puramente una cuestión administrativa sino que es una apuesta por una sociedad justa, más fuerte y más cohesionada”.

“España es un país que ha sabido crecer integrando y que hoy seguimos demostrando que la convivencia y la inclusión son una fortaleza de este país y no una debilidad”, ha afirmado la delegada, que ha querido recordar que “este proceso de regularización extraordinaria en este país se ha vivido en otras ocasiones y con gobiernos de distintos colores”.

Se ha centrado especialmente Arraiz en el procedimiento para la regularización, que se ha abierto este mismo jueves, ya que, como ha detallado, “desde hoy se pueden realizar las peticiones telemáticas, es decir, se pueden tramitar desde hoy las solicitudes de esta regularización extraordinaria”.

Una opción que, a su juicio, es “la forma más eficaz de presentarla, la óptima”, para la que “no se precisa cita previa presencial, se hace automáticamente en la página web del Ministerio de Inclusión, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque está constantemente funcionando”.

Así, ha explicado que “se puede realizar mediante certificado digital”; también “puede ser realizada en tu nombre por una persona apoderada, quedando inscrita como tal en el registro electrónico del Ministerio de Inclusión”; y “por un profesional habilitado, como abogados, graduados sociales, gestores administrativos o entidades inscritas en el registro de colaboradores de extranjería”, como sería, en el caso de La Rioja, el del sindicato Comisiones Obreras.

Igualmente, en el caso de que se prefiera al opción de la tramitación presencial, se puede desde hoy pedir cita previa -a través de medios como contar con la CLAVE, tanto propia como por otra persona que la tenga; rellenando el formulario de la web del Ministerio de Inclusión; o llamando por teléfono al número 060-, “y a partir del lunes 20, se empezarán a enviar los días, horas y lugares” para presentar la solicitud.

Aunque ya se conoce que esa presentación -abierta hasta el 30 de junio- se desarrollará en oficinas de Correos y en sedes del INSS, la delegada ha preferido no precisar más los lugares concretos, “porque aún puede cambiar algo” hasta el momento en el que se empiecen a remitir las citas, “cambiar -ha afirmado- para bien”, porque se pueden ampliar los espacios habilitados.

Regularizar a quienes ya están contribuyendo en este país y en esta región a nuestra economía significa reforzar ese crecimiento

Beatriz Arraiz ha destacado las ventajas de esta regularización en diversos ámbitos, comenzando por el punto de vista económico, ya que, en un contexto de “crecimiento sostenido”, ha considerado que “regularizar a quienes ya están contribuyendo en este país y en esta región a nuestra economía significa reforzar ese crecimiento; aflorar actividad; y tanto garantizar derechos como el cumplimiento de obligaciones”.

“Es un acto de justicia”, ha añadido, que “en el laboral permite luchar contra la precariedad, contra la economía sumergida, que miles de trabajadores y trabajadoras pueden acceder a contratos dignos, como los más de 37.000 contratos indefinidos existentes en La Rioja que han crecido de forma muy importante en los últimos años, es aapostar por un mercado laboral más estable, más justo y más competitivo”.

Y a ello ha sumado que “desde el punto de vista social, contribuye directamente y sin duda a la cohesión, porque, cuando una persona está regularizada y puede acceder con normalidad a servicios públicos, a la educación, a la sanidad, a la política social, eso beneficia al conjunto de la sociedad porque favorece y fortalece el estado del bienestar”.

Para Arraiz, además, “estamos hablando de una cuestión profundamente humana, detrás de cada proceso de regularización y de cada persona en situación irregular hay personas con nombres y apellidos, con familias, con situaciones complicadas en ocasiones que quieren oportunidades, que quieren estabilidad, que quieren futuro y que quieren aportar también en este país”.

“España -ha destacado- tiene una larga tradición de acogida e integración y anteriores procesos de regularización lo han puesto de manifiesto. Cuando se hacen bien las cosas se genera prosperidad, se genera convivencia y se genera progresión. Ése es el modelo de país que defendemos, el modelo de país que deberíamos defender todos, que defiende desde luego al gobierno de España, que integra y que no quiere dejar a nadie atrás”.

Un proceso de regularización extraordinaria que, ha incidido, “se ha venido hasta exigiendo desde organizaciones muy distintas y por distintos motivos”, citando “desde las asociaciones empresariales hasta la Iglesia católica, pasando por los organismos del tercer sector que trabajan con inmigrantes”.

Hay ayuntamientos donde se está poniendo dificultades desde hace tiempo, no precisamente este proceso de regularización extraordinaria, sino al propio empadronamiento

Con todo, en palabras de la delegada del Gobierno, ha reconocido que “los primeros días son un tanto complicados en cualquier proceso; sé que puede haber problemas, dudas, dificultades, pero trataremos de ir solventando en estos días, en este proceso, que no es muy largo, hasta el 30 de junio, todas aquellas situaciones que puedan irse poniendo sobre la mesa”.

Se ha referido, por ejemplo, a preguntas de los periodistas, a las dudas con respecto a la obtención del informe de vulnerabilidad, que “se puede encontrar colgado en la web del Ministerio de Inclusión” y que debe ir sellado por un profesional de una administración, que serían los Servicios Sociales municipales -con algunas quejas de Ayuntamientos como Logroño o Calahorra-, o por entidades colaboradoras.

Sobre las dudas municipales, Arraiz ha apuntado que “yo no quiero pensar que nada de esto haya mala fe, yo entiendo que es a veces complicado también entender el funcionamiento de todo esto y prefiero quedarme con esta idea”. “Trataremos de ir solventando estas dudas, pero yo pido también que las administraciones que tengan de una u otra manera que colaborar en todo este procedimiento que lo hagan de buena fe”, ha insistido.

En sus palabras, “hay ayuntamientos donde se está poniendo dificultades desde hace tiempo, no precisamente este proceso de regularización extraordinaria, sino al propio empadronamiento”, apuntando en cambio que “son ciudadanos que están entre nosotros, y que, en muchas ocasiones, nos están prestando servicios muy importantes en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro entorno”.

“No se puede negar una realidad que está a nuestro alrededor y que además nos necesitamos, nosotros a ellos y ellos a nosotros. Vamos a pensar que lo que existe es un inicio de un procedimiento que puede llevar a dudas o errores y vamos a pensar que vamos a ser capaces de ir solucionándolo todo”, ha argumentado.

Y sobre las quejas de algunos sindicatos por falta de personal o de formación, la delegada ha recordado que, tanto en las oficinas de Correos como en el INSS, “no van a entrar a valorar nada, solo se recoge la solicitud y la documentación, para eso sí se ha formado”, mientras que la tramitación del expediente se hará en una unidad específica, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX).

La regularización extraordinaria de medio millón de migrantes continúa dando de qué hablar. Este jueves, el alcalde de Madrid ha arremetido contra la medida extraordinaria, recién aprobada y en vigor desde el pasado 15 de abril. “Es una chapuza”, lo ha catalogado el alcalde en declaraciones a los medios desde la sede municipal de Carabanchel, donde se celebraba una Junta de Gobierno. El regidor espeta al Ejecutivo de Pedro Sánchez que deje a los ayuntamientos “a ciegas” ante la norma.

“Nadie se ha reunido con nosotros para explicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pretenden que salga de nosotros, pero no nos vamos a responsabilizar de este proceso”, ha zanjado Almeida, acompañado de la vicealcaldesa Inmaculada Sanz y el concejal-presidente del distrito, Carlos Izquierdo. Entre sus argumentos, el alcalde ha vinculado la regularización de migrantes con la legalización de personas con antecedentes y en condición irregular, pese a que uno de los requisitos para beneficiarse de la norma es presentar un certificado de delitos penales.

“Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, ha considerado Almeida, que incide en otro tipo de antecedentes: los policiales. “Han colado una trampa con los antecedentes [...] No es xenofobia decir que con este decreto se va a regularizar a personas con algunos gravísimos”, aseguraba a la vez que lamentaba su desconocimiento de la norma por la “falta de comunicación” del Gobierno a este respecto.

A raíz de estas declaraciones, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y exministra del Ejecutivo que ha aprobado la regularización de 500.000 migrantes, Reyes Maroto, ha acusado a Almeida de propagar un “bulo peligroso”. En sus redes sociales, la concejala ha apuntado a una estrategia de partido para “difundir que la regularización traerá delicuencia” y “alimentar el odio” hacia “personas que llevan años trabajando y sosteniendo Madrid”.

No obstante, también desde la Junta Municipal de Carabanchel aseguró el alcalde que para ellos es “innegociable” la “dignidad” de estas personas, y que su equipo “seguirá ofreciendo a los migrantes todos los servicios públicos” del Ayuntamiento de Madrid. “Ahí no va a estar el problema, aunque nos vayan a echar la culpa”, ha concluido, anticipando la reacción de Reyes Maroto e incidiendo en que ha de ser Pedro Sánchez el que dote de medios a los municipios “si considera que faltan capacidades e instrumentos” para hacer frente a los flujos migratorios. “Nosotros no vamos a colaborar en una chapuza”, fue su conclusión.

Los requisitos de los migrantes para solicitar la regularización

En el texto aprobado por el Consejo de Ministros se exponen los principales requisitos para acogerse a la regularización: podrán hacerlo, por un lado, todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. También los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha, sin tener la obligación de desistir de su procedimiento de asilo previamente, pero sí después de recibir la concesión del permiso extraordinario de residencia por esta vía.

Asimismo, el último borrador del real decreto contempla diferentes supuestos por los que una persona sin papeles podrá acogerse a la regularización extraordinaria, que no computan en el caso de los solicitantes de asilo, pues carecen de estas exigencias. De un lado está la vía laboral, a través de una oferta de contrato de trabajo o una declaración de responsable de un proyecto de empleo por cuenta propia. Por otro, la familiar, probando que la persona se encuentra en el país como parte de una unidad familiar con hijos a cargo o personas dependientes. Y, en tercer lugar, el encontrarse en “situación de vulnerabilidad”. Para demostrarlo habrá que presentar un nuevo informe social.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha calificado de “poco humanas” las declaraciones de la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, sobre el impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo central, y ha considerado que “debería arrepentirse” de las mismas.

García Espada había advertido de un posible aumento de la presión asistencial en el Servicio Extremeño de Salud derivado de este proceso, que podría beneficiar a unas 3.000 personas en la región. Frente a ello, Quintana ha defendido que se trata de “ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar”, y ha criticado la “estigmatización” de este colectivo.

“Son ciudadanos que viven en España y que podrán trabajar, y en este sentido la petición continua a la Delegación del Gobierno es que se precisan empleados para determinados sectores y estigmatizar humanamente a estas personas…”, ha señalado en declaraciones a los medios.

El delegado ha subrayado además que el refuerzo de personal en las oficinas que atenderán a los beneficiarios de la regularización será “el número que haga falta”, y ha confiado en que Extremadura no sea una de las comunidades con mayores dificultades en este proceso. “Hay que poner el esfuerzo necesario para hacerlo todo bien”, ha añadido, al tiempo que ha destacado el papel de las ONG y asociaciones que trabajan con población migrante.

Quintana ha realizado estas declaraciones antes de asistir a un minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en recuerdo de las últimas víctimas mortales por violencia de género en el país.

Por su parte, el PSOE de Extremadura ha calificado de “indignas” las palabras de la consejera y ha denunciado que suponen “un ejemplo más” del “desgobierno” que, a su juicio, impera en la comunidad autónoma. Los socialistas han recordado que Extremadura lleva meses sin un gobierno efectivo tras las elecciones de diciembre.

En una nota de prensa, el PSOE considera que de las declaraciones de García Espada “emana un trato deshumanizado hacia las personas migrantes”, al vincular su regularización administrativa con un supuesto riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Asimismo, critica que se traslade a la ciudadanía “una imagen distorsionada que puede generar miedo e inquietud”.

Los socialistas sostienen además que estas manifestaciones buscan desviar la atención de los datos de listas de espera sanitaria publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad y denuncian que se pretenda “maquillar una gestión deficiente señalando a colectivos vulnerables como responsables de problemas estructurales”.

En este contexto, el PSOE se pregunta “qué tipo de desgobierno encabeza la presidenta Guardiola” si considera que la incorporación de unas 3.000 personas puede provocar el colapso del sistema sanitario. También plantea interrogantes sobre el impacto futuro de proyectos industriales como la gigafactoría prevista en Navalmoral de la Mata, que implicaría la llegada de unas 2.500 personas a la zona.

Frente a esta visión, los socialistas defienden que el proceso de regularización no supone la llegada de nuevas personas, sino el reconocimiento de derechos a quienes ya residen en Extremadura. “No representan un problema, sino una oportunidad”, concluyen, al considerar que contribuirán a generar riqueza, fijar población y construir futuro en la región.

Hola.

¿Cómo va la semana?

En medio de tanto caos y desconcierto, doméstico e internacional, me he agarrado a la idea con la que titulo el boletín de hoy para hablar de noticias positivas. Pero no sé si es verdad. Me explico: OpenAI, que como sabrás es la empresa matriz de ChatGPT, la del maléfico Sam Altamn, ha publicado hace unos días un estudio, Industrial policy for the intelligence age: ideas to keep people first, que ha pasado bastante desapercibido. El documento es muy interesante. Esboza la visión de la empresa que desató la actual fiebre del oro tecnológico en torno a tres grandes temas: distribuir la prosperidad impulsada por la IA de forma más equitativa, el fin del dogma del libre mercado frente a la IA y una gobernanza más democrática. Planteado así es para sorprenderse.

Vamos por partes. El estudio, de una docena de páginas, propone recuperar una política industrial activa, similar al New Deal, donde el Estado no solo regule para evitar riesgos, sino que intervenga para alinear los avances tecnológicos con el interés público. Bien. También que se redistribuya la riqueza. ¿Cómo? Por dos vías: con un fondo público que otorgue a cada ciudadano una “acción” directa en los beneficios de la IA, independientemente de su patrimonio, asegurando que la bonanza no se quede solo en los balances de la big tech. Y, segunda, a través de un “dividendo de eficiencia”, que propone convertir la productividad de las máquinas en tiempo de vida para el trabajador, sugiriendo ¡semanas laborales de 32 horas sin reducción salarial! de modo que la productividad se traduzca en tiempo de vida y no solo en márgenes para el accionista. ¡Caray!

Pero aún hay más. OpenAI reconoce que a medida que “la IA transforma el trabajo y la producción” –menudo eufemismo–, se podría erosionar las bases imponibles basadas en los salarios, poniendo en jaque la sanidad o las pensiones. Por lo que pide modernizar el sistema tributario, desplazando la presión fiscal hacia las rentas del capital, los beneficios corporativos y los rendimientos derivados del trabajo automatizado. La guinda. Increíble.

No nos engañemos. Aunque se presente como un manual de buenas prácticas, la nueva política industrial para la era de la inteligencia que plantea OpenAI suena más a señal de alarma. Reconoce por escrito algunas evidencias y varios temores que pueden resumirse en lo siguiente: el mercado, por sí solo, es incapaz de gestionar el terremoto que viene. Es una confesión donde admite que la IA es una bestia que solo un Estado fuerte puede domar para evitar que el poder se concentre en unas pocas manos, y que existe el riesgo de que el progreso se convierta en una fractura social insalvable.

La idea de jornadas de cuatro días semanales sin recorte salarial es música para los oídos de la izquierda, pero, ojo: si no hay límites claros, la tecnología se usará para “intensificar cargas de trabajo” y “minar la autonomía”, según expresiones del propio documento, convirtiendo el sueño de la abundancia en una nueva forma de explotación algorítmica. Ya está pasando. En lo económico, la compañía de San Francisco confiesa el riesgo real de que la riqueza se concentre en “un pequeño número de firmas” como la suya propia.

Al pedir un New Deal tecnológico, parece que OpenAI esté intentando diseñar el tablero de juego antes de que la realidad les arrolle; prefieren una regulación negociada a una impuesta por un clamor social. Uno de los problemas es la falta de músculo político para enfrentarse a quienes más tienen que perder.

El dato

829.399

Son los hogares a los que llegó el ingreso mínimo vital (IMV) en marzo, un 18 % más que hace un año. La cuantía media de la prestación se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros. Son datos del viernes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que añade que en dichos hogares viven 2,53 millones de personas, de las cuales 1,03 millones son niños y adolescentes.

¿Éxito o fracaso? El Gobierno siempre lo vende como lo primero. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV “marca la diferencia, especialmente en la infancia”, y demuestra que el Gobierno está “donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”. Hay millones de personas que hoy tienen un ingreso básico que antes no tenían.

Pero otras voces dicen que, si el número de beneficiarios sube, también puede interpretarse como que la economía no está siendo capaz de sacar a la gente de la exclusión mediante el empleo. Desde un punto de vista de progreso social, es una señal de alarma.

A ello se suma otro debate: ¿más pobreza o mejor detección? El aumento de hogares beneficiarios puede deberse a dos causas opuestas: a que la pobreza está creciendo y hay más gente necesitada, o bien a que ahora el Estado es capaz de identificarla mejor.

El gráfico

Este cuadro es uno de tantos que reflejan la importancia de la inmigración para nuestra sociedad. En este caso se trata de la distribución de trabajadores afiliados por sectores. Por si no lo ves bien, el azul oscuro es el porcentaje de inmigrantes. Las tres primeras actividades son las del hogar, hostelería y agricultura. Lo he sacado de este estudio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa. Se lo encargó el Gobierno para contestar básicamente a estas dos preguntas: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?

La primera respuesta describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual.

El informe no tiene desperdicio. Conviene tenerlo presente estos días, coincidiendo con la regularización de inmigrantes, ante tanta demagogia vomitiva por parte de la derecha y la extrema derecha, más allá de la falta de empatía y deshumanización.

Por cierto, y cambiando de tema: esta semana el exministro Miguel Sebastián se ha estrenado en elDirario.es, donde escribirá de manera periódica. Cada miércoles analizará algún tema económico a partir de un gráfico; de ahí que me haya parecido oportuno recordarlo en este espacio. Por si no lo has visto, el de ayer es este.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Amparo Moraleda, presidenta de Airbus. Su nombramiento rompe por primera vez el eje francoalemán en la cúspide de gobernanza del consorcio europeo aeronáutico y coloca a una directiva española al frente. Fuentes de la compañía lo han presentado como un reconocimiento al “rol crucial de España” —un país que apenas controla el 4% del capital—, con plantas repartidas entre Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Sustituirá al alemán René Obermann.

Moraleda (Madrid, 1964) representa una figura de continuidad con conocimiento interno. Lleva más de una década en el consejo, donde actualmente preside el comité de remuneraciones, y ha construido su carrera en la intersección entre tecnología, energía y finanzas: dos décadas en IBM (donde fue presidenta para España), paso por Iberdrola y vicepresidencia en CaixaBank. Ingeniera industrial por Comillas y con formación en el IESE, su perfil encaja con el papel que le espera: dirigir el consejo, fijar la estrategia junto al resto de consejeros y supervisar al consejero delegado, el francés Guillaume Faury, con quien deberá mantener una interlocución constante.

Moraleda tuvo en su abuela una de sus principales inspiraciones para su exitosa carrera como alta ejecutiva. “Me dijo muy pronto que el único camino para la independencia de la mujer era la independencia económica y profesional”, contó en una entrevista que concedió a la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos en 2022, recogida por Efe. Ha desarrollado su carrera en sectores donde la presencia femenina era marginal. Su rol en Airbus no será ejecutivo, pero sí decisivo en la supervisión y en la estrategia industrial.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Y con esto lo dejamos por hoy.

Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos la semana que viene.

¡Un abrazo!

Lo cierto es que no hay mucha diferencia entre el comportamiento del diputado de Vox José María Sánchez cuando el martes se subió al estrado de la Cámara Baja para encararse desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y lo que se escucha en las filas del PP sobre quienes sueñan con salir de pobres, les llueva la suerte y dejen atrás la clandestinidad. 

Al fin y al cabo todo es violencia institucional. Todo emana del trumpismo, todo vulnera derechos, todo perpetúa la impunidad y todo parece ya normalizarse en esta España nuestra: desde que un parlamentario traspase todas las líneas rojas y amague con la agresión al vicepresidente del Parlamento hasta que se presente como delincuentes a quienes viven entre nosotros, trabajan en el mercado negro y contribuyen al crecimiento económico.

Que esto lo haga la ultraderecha se daba por descontado, que lo haga un partido que se considera de Estado, un líder que prometió hacer política para adultos o un aspirante a presidir el Gobierno de España es inhabilitante. ¿Quo vadis, Feijóo? ¿Qué fue de aquella promesa para buscar soluciones a una inclusión social correcta y legal de quienes viven y trabajan en España, pero no tienen papeles? Entre aquel compromiso del líder de la oposición en abril de 2024 y su brutal ofensiva de hoy contra la regularización de inmigrantes hay un largo trecho que el PP ha recorrido solo por un motivo: la pérdida de apoyo electoral en favor de Vox. 

Que Feijóo haga de la mentira y la manipulación sus señas de identidad no es nuevo, pero que asegure solemne que el proceso de regularización permitirá obtener el permiso de residencia a “inmigrantes que han abusado de una mujer” es, además de una absoluta irresponsabilidad, un salto cualitativo en su escalada hacia la indigencia institucional. Carecer de antecedentes penales es y seguirá siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería, pero a Feijóo le da igual porque con su “todo no” a lo que haga Sánchez se ha convertido en un aspirante sin proyecto político alternativo al que solo le mueve echar a Sánchez. En esa deriva se entiende su “no” a la regularización de extranjeros, la criminalización del inmigrante, la miopía en política exterior o la asunción de los más feroces postulados del trumpismo en política migratoria. 

El líder de la oposición está a un telediario de sostener que España “proporciona santuario y protección a delincuentes peligrosos” o que los extranjeros “están envenenando la sangre de nuestro país”, como afirmó Trump en alusión a los EEUU. 

Nada como el dato, la información y la estadística para desmontar falacias y evitar que una mentira repetida mil veces sea asumida sin más en la conversación pública. En nuestra mano está consumir información de manera crítica y responsable y distinguir entre verdad y propaganda, ya que la evidencia empírica demuestra que la inmigración, cuando se integra en el mercado de trabajo, contribuye positivamente al empleo, al crecimiento de la economía y a la sostenibilidad fiscal. En España, lo acreditan así las anteriores regularizaciones hechas por Gobiernos de distinto signo político, pero también las estimaciones de la Comisión Europea, del Banco de España, del Banco Central Europeo y hasta de la patronal. 

Conviene, primero, por tanto, desmontar algunos mantras de las derechas. Por ejemplo, el que sostiene que el Gobierno ha perdido el control de la inmigración. Dato: las llegadas irregulares suponen solo un 5% del total de extranjeros que entran en España. Dato: el 95% de las personas llegan por vías regulares y sobre todo seguras. Dato: los flujos migratorios irregulares se han reducido un 32% a escala nacional y un 59% en Canarias respecto al año pasado. Dato: las personas extranjeras suponen el 10% del aporte a la Seguridad Social y solo el 1% del gasto. 

La insistente asociación entre inmigración y delincuencia desde el PP y Vox no se sustenta con los datos del Ministerio del Interior, que muestran la tasa de criminalidad más baja de la historia, a pesar de que han aumentado casi en 2,5 millones las personas de origen extranjero desde 2018. El que delinque es el delincuente, no el inmigrante y las prestaciones económicas, como el IMV, siempre han estado, y así seguirá siendo, vinculadas a la búsqueda activa de empleo. Otro dato: el 83% de las personas que lo cobran ya son españoles, ya que se exige una residencia legal, efectiva e ininterrumpida durante más de un año. 

Desde una perspectiva demográfica y fiscal, el Ageing Report de la Comisión Europea ha subrayado que, en economías caracterizadas por un rápido envejecimiento poblacional, la inmigración en edad de trabajar contribuye a mitigar la reducción de la población activa, a sostener el crecimiento potencial y a aliviar las presiones a medio plazo sobre los sistemas de pensiones y protección social. En la misma línea, el último Informe País de la OCDE destaca que la integración laboral efectiva de la población migrante es un elemento clave para reforzar el empleo agregado, aumentar los ingresos públicos y mejorar la sostenibilidad del Estado del bienestar.

La regularización de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que sacó de la clandestinidad a 600.000 inmigrantes, se tradujo en mayores cotizaciones a la Seguridad Social y en un aumento de la recaudación fiscal. Aquella experiencia acreditó, de hecho, un salto sin precedentes en la afiliación de trabajadores extranjeros, que aumentó en 616.655 personas en un solo año, multiplicando por cuatro el crecimiento de ejercicios anteriores. Lejos de acreditar ningún tipo de efecto llamada como denuncian los profetas del Apocalipsis, generó más de 4.400 euros anuales por persona regularizada a través del IRPF y cotizaciones.

Hoy, como entonces, lo que se pretende es que los extranjeros que trabajan en la economía sumergida -y que eufemísticamente en la Administración llaman empleo informal- aumenten la afiliación a la Seguridad Social. Dato: desde 2023 más de 100.000 nuevas afiliaciones corresponden a personas que han accedido a alguna figura de regularización.

La evidencia de regularizaciones anteriores demuestra, además de mejoras en el empleo y los salarios de los trabajadores más cualificados, que este instrumento permite cubrir vacantes que el mercado no logra ocupar, mayoritariamente en el sector de los servicios, pero también en la construcción y el sector primario. Dato: el 45,6% de las empresas españolas declara la escasez de mano de obra como un factor que limita su actividad, un porcentaje que lleva años en aumento y que en hostelería, agricultura o construcción supera el 56%, según datos del Ministerio de Seguridad Social. Y estas son precisamente las áreas donde se concentra el empleo de la mayoría de las personas que se beneficiarán de la regularización. Dato: el 17% de los titulares de arraigo en activo trabaja en hostelería, el 13% en construcción y otro 13% en comercio.

La regularización aumenta también la recaudación fiscal y refuerza el sistema de pensiones. Algo que no es baladí en España, con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer y una proyección de que el 30% de la población supere los 65 años en 2050. Estimaciones recientes de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia apuntan a que, de aquí a 2075, un escenario de baja migración (un 30% menos de los flujos actuales) pondría en riesgo servicios esenciales: el número de médicos especialistas podría caer un 28%, una de cada cuatro aulas de educación obligatoria podría cerrar por falta de demanda, y la oferta de cuidados de larga duración a personas mayores dependientes podría reducirse casi un 30%.

Y para desmontar toda cantinela sobre el colapso de los servicios públicos que alientan tanto Feijóo como Abascal basta con recordar que los potenciales beneficiarios de la regularización ya viven en España y ya utilizan de forma habitual la sanidad, la educación o los servicios sociales. La diferencia es que a partir de ahora contribuirán de manera plena a su financiación. ¿O acaso ignoran que los datos del padrón son la fuente para los cálculos de la demanda de plazas en colegios públicos y de camas hospitalarias, así como para el reparto de recursos del sistema de financiación autonómica? ¿O que el censo recoge a todos los residentes con independencia de su situación administrativa? Más claro: los migrantes que se acojan a la regularización ya están contabilizados en los cálculos actuales para la financiación de los servicios públicos. 

¿Qué será lo siguiente, entonces? ¿Decir que los extranjeros que vienen de Marruecos se comen nuestras mascotas? Tiempo al tiempo.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha advertido este miércoles de un supuesto deterioro de los servicios públicos y de un aumento de la presión sobre la vivienda como consecuencia de la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno central. Asimismo, ha cuestionado los requisitos previstos en el proceso de regularización y ha aseverado que, a su juicio, no debería bastar con una declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales: “No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz”, ha incidido.

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a derechos laborales y sociales básicos. Para Prohens, se trata de una regularización “indiscriminada” que “ignora la emergencia habitacional y la presión asistencial”, a pesar de que los datos desmienten este relato, ampliamente difundido por la derecha y la extrema derecha en contraste con la evidencia disponible.

Entre los estudios que rebaten este diagnóstico se encuentra el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, que confirma las desigualdades que sufre la población extranjera no comunitaria en educación, empleo, vivienda y acceso a los servicios públicos básicos como la sanidad. Según el documento, estos ciudadanos utilizan menos que los españoles los servicios sanitarios, presentan un abandono escolar temprano y sufren con mayor dureza el incremento de los precios de la vivienda.  

Sin embargo, para la líder balear el resultado de la regulación serán “peores servicios públicos para los ciudadanos de Balears”, recriminando que la medida no va acompañada por el “compromiso de más financiación” y aprovechando para reclamar la renovación del sistema de financiación autonómico. En esta línea, ha recriminado que el coste recae sobre las comunidades autónomas, evitando, no obstante, mencionar el potencial incremento de ingresos públicos derivado de la regularización.

No en vano, instituciones como el  Banco de España subrayan la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Asimismo, indican que la regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado. Por otro lado, informes académicos y análisis de organismos públicos han cuestionado la relación directa entre migración y criminalidad.

Respecto a la vivienda, Pohens ha reprochado que el Gobierno no tenga en cuenta la problemática que atraviesan las islas en esta materia, obviando el impacto que están teniendo en el encarecimiento del alquiler factores como la presión del alquiler turístico, la escasez de vivienda disponible y la inversión especulativa. Además, distintos informes apuntan a que los hogares migrantes suelen concentrarse en viviendas compartidas o en condiciones de hacinamiento, lo que refleja su limitada capacidad de competir en el mercado inmobiliario.

Con todo, y pese a que las competencias en materia migratoria corresponden al Estado, la presidenta balear ha señalado que el Govern recurrirá ante el Tribunal Supremo y tratará de lograr la suspensión cautelar de la medida, que entrará en vigor este jueves.

Alineamiento con Vox en materia migratoria

En los últimos meses, el PP ha afianzado su alianza en materia migratoria con Vox, su socio de investidura en Balears. Entre otras medidas, los conservadores facilitaron que el partido de extrema derecha sacase adelante una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”.

La propuesta apela a la llamada “remigración”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios. El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderada especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria.

La “remigración” va, de este modo, más allá de la expulsión de una persona extranjera conforme a lo previsto en la Ley de Extranjería, es decir, con garantías procedimentales, motivación individualizada y posibilidad de recurso judicial. El término se apoya en valoraciones subjetivas sobre el grado de integración o adaptación cultural, conceptos que no figuran como causa legal de devolución o expulsión.

Aunque el PP se abstuvo en los puntos más extremos -como la expulsión automática de todos los migrantes en situación irregular o la supresión del arraigo-, sí avaló el núcleo de la PNL, que, entre otros puntos, incluye “acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado miles de personas a jugarse la vida, y a perderla trágicamente en demasiados casos como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor a Europa”, suspender la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en el control de flujos e impulsar incentivos y bonificaciones fiscales para la contratación de españoles, además de promover una política migratoria “firme, ordenada y de acorde a las necesidades del mercado laboral”.

Endurecimiento de las condiciones de acceso a ayudas

Asimismo, ambas formaciones han alcanzado un acuerdo por el que exigirán un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga). Además, los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. También se endurecerán los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas, una modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.

Durante el Debate de Política General celebrado el pasado mes de octubre, Prohens ya anunció el endurecimiento de las condiciones de acceso a las ayudas a los migrantes: “No podemos permitir que haya quien venga aquí con el único propósito de abusar de nuestras ayudas y prestaciones públicas como único medio de vida, y mucho menos que puedan suponer un efecto llamada”, espetó.

Tres meses antes, el Govern nombró como nuevo director general de Inmigración y Cooperación a Manuel Pavón, subinspector de la Policía Nacional y secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), quien en una entrevista vinculó la “subida de la violencia” en las islas con “la migración ilegal”, una visión que se alinea con las posiciones más duras del PP así como con los discursos de Vox -socio de investidura de los conservadores en las islas- y otros grupos ultras.

El Consejo de Ministros aprobó este 14 de abril un proceso extraordinario de regularización dirigido a personas migrantes que ya residen en España, con el objetivo de facilitar su situación administrativa mediante un procedimiento accesible y multicanal. La medida, que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá presentar solicitudes a partir de este jueves 16 de abril tanto de forma telemática como presencial. Se estima que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas, muchas de ellas residentes en Madrid, en lo que se perfila como uno de los procesos administrativos más relevantes de los últimos años.

Impulsada mediante real decreto, la iniciativa busca dar respuesta a una realidad social cada vez más visible: la de miles de personas que viven y trabajan en España sin papeles. Con este cambio normativo, el Ejecutivo pretende facilitar su integración legal, permitiéndoles acceder a derechos básicos y a un empleo regulado. Para ello, se habilitará una red de oficinas en Madrid y su área metropolitana donde los solicitantes podrán completar el trámite de forma presencial.

El proceso está dirigido a dos grandes perfiles. Por un lado, los solicitantes de asilo que hubieran registrado su petición antes del 1 de enero de 2026, tanto si está en trámite como si fue denegada. Por otro, los extranjeros en situación irregular que puedan acreditar su residencia en España antes de esa fecha y una permanencia continuada mínima de cinco meses. En todos los casos, será necesario carecer de antecedentes penales y demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

A continuación, explicamos todas las cuestiones a tener en cuenta para solicitar la regularización migratoria extraordinaria en Madrid a partir de este jueves:

¿Cuándo comienza y finaliza el proceso de regularización extraordinaria?

El plazo de solicitud se abre el jueves 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas. Para la vía presencial, el sistema de cita previa a través de la web se habilitará también el mismo día, aunque se comenzará a atender presencialmente a partir del lunes 20 de abril.

El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.

¿Quién puede acceder a la regularización extraordinaria?

Las personas extranjeras podrán acceder a la regularización si se encuentran en una de estas dos situaciones:

¿Qué requisitos hay que cumplir?

El Real Decreto establece dos requisitos para acceder al proceso de regularización extraordinaria:

¿Dónde se puede presentar la solicitud?

Se puede hacer a través de dos vías: presencial y telemática. La forma presencial funcionará únicamente a través de un servicio de cita previa. En cambio, la vía telemática estará disponible de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los siete días de la semana durante todo el plazo de solicitud.

Las comunicaciones posteriores se llevarán a cabo preferentemente por la misma vía en la que se inició la solicitud. Por esto, se solicita a efectos de notificación que se rellene con atención la información personal y de contacto (teléfono, email y dirección postal) en el momento de la solicitud. En caso de representación, las notificaciones se dirigirán al representante.

Estas son las opciones existentes para presentar la solicitud:

1. Vía telemática: esta vía permitirá llevar a cabo solicitudes durante todo el proceso de 4 maneras:

La plataforma de solicitud será accesible desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

2. Vía presencial con cita previa:

Esta vía requerirá contar siempre con cita previa. Se podrá gestionar en una misma cita las solicitudes de los miembros de una misma unidad de convivencia y se podrá presentar la solicitud en los siguientes puntos, de lunes a viernes en:

Oficinas de extranjería (OEX)

Uno de los canales clave para presentar la solicitud en la capital será la red de Oficinas de Extranjería. En Madrid, estas sedes estarán habilitadas con atención específica para este proceso en horario de tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas, siempre con cita previa obligatoria.

Las oficinas disponibles son:

Oficinas de la Seguridad Social

Además de Extranjería, el Gobierno ha habilitado centros de la Seguridad Social para ampliar la capacidad de atención. En Madrid, habrá varios puntos donde los interesados podrán entregar su documentación en horario de 16.00 a 19.00 horas. Las principales sedes son:

Correos

Las oficinas de Correos también participarán en la regularización. A partir del 20 de abril y hasta el 30 de junio, un total de 371 oficinas en toda España permitirán presentar la solicitud de forma presencial. El horario en este caso será de 8.30 a 17.30 horas y, al igual que en el resto de canales, será imprescindible contar con cita previa. Esta deberá solicitarse a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060.

¿Cómo solicitar la cita previa?

Hay tres opciones:

¿Qué documentación hay que presentar?

Todos los solicitantes deben presentar la siguiente documentación:

Todos los documentos justificativos deberán, en cualquier caso, ser nominativos y especificar una fecha para resultar válidos.

Además, en caso de no ser solicitante de Protección Internacional, se debe acreditar uno de estos tres supuestos:

¿Hay asesoramiento de profesionales disponible?

Aunque la solicitud puede llevarse a cabo de forma individual, también se permite contar con apoyo y asesoramiento de profesionales especializados. Por una parte, los interesados podrán contar con asesoramiento de profesionales habilitados a través de abogados, graduados sociales o gestores administrativos que pueden actuar como representantes para la presentación de solicitudes.

En paralelo, entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería, formado por entidades sociales y sindicatos también ofrecerán su ayuda. Estas presetarán asesoramiento gratuito y pueden actuar en calidad de representantes. Puedes consultar el listado completo en este enlace.

¿Con este permiso se puede trabajar?

La comunicación de inicio del procedimiento permite trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector de actividad. Este documento no es el justificante de solicitud, sino una comunicación oficial emitida por la Unidad de Tramitación de Expedientes (UTEX) a la persona solicitante.

Con el inicio del procedimiento, se obtendrá de oficio un Número de Seguridad Social (NUSS) y una resolución que reconoce el derecho a recibir asistencia sanitaria. La autorización que se concede tiene una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.

¿Este permiso es válido para la Unión Europea?

El permiso de residencia y trabajo no otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea. Los beneficiarios podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año y es un permiso para residir y trabajar únicamente en España, no en otro Estado miembro de la UE.

¿Para quién no está dirigido este procedimiento?

Este proceso no está dirigido a:

¿Y si ya se ha solicitado arraigo?

No será necesario llevar a cabo ningún trámite adicional. La solicitud seguirá su curso normal.

¿Dónde se puede contactar para consultar dudas?

Miguel Ángel García Martín ha criticado este miércoles la aprobación de la regularización de migrantes después del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana en la Comunidad de Madrid, y ha explicado que “los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están trabajando en la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para oponerse a la entrada en vigor de esta regularización masiva”.

El portavoz del Gobierno regional ha insistido en que esta inciativa, aporbada este martes, “afecta gravemente a la presentacion de los servicios públicos, sin articular mecanismo ninguno ni de financiación ni de provisión de medios” y que la presentarán también por “contravenir la normativade la Unión Europea”.

Desde la Comunidad de Madrid niegan conocer las cifras de las personas que se beneficiarán de esta regularización, debido a que “el Gobierno no sabe y no contesta” y “no explica a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos” esta información. García Martín se ha referido a la aprobación de esta regularización como “una medida irresponsable que ha tomado un Gobierno que ya tenía un caos en la política migratoria”.

“No vamos a colaborar con esta política del caos que ha implantado el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha insistido el portavoz regional, que se ha dirigido a Elma Saiz, portavoz del Gobierno: “poco le puedo decir, que se quede tranquila”, recordando, de nuevo, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “no va a colaborar” y no aplicará ninguna nueva medida para amoldarse a los cambios de esta nueva regularización, ni para facilitar támites a los nuevos beneficiarios.

Miguel Ángel García Martín ha atacado al presidente del Gobierno por “poner el modo avión”, haciendo referencia a su viaje oficial esta semana a China, “y como regalo nos ha dejado en España una regularización masiva de inmigrantes sin saber a cuántas personas puede afectar”. El portavoz del ejecutivo regional ha calificado la situación como un “caos en la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, que veníamos denunciando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que más se agrava y se agudiza con una regularización masiva, y que se va a traducir en un riesgo de convivencia de nuestro país, en un desguace de los servicios públicos y un efecto llamada. Y por tanto, más negocio para las mafias que ya sitúan a nuestro país como uno de los paraísos de la inmigración irregular”.

El portavoz regional también ha cargado contra el ministro de Justicia, Féliz Bolaños, a raíz de las críticas de éste al juez Peinado después de su decisión de procesar a la mujer del presidente del Gobierno: “Bolaños pone la trituradora en marcha para volver a atacar y tratar de interferir en la independencia del poder judicial, sin pudor y valiéndose de su cargo de ministro de Justicia”. García Martín ha añadido que el mismo Bolaños, “que debería ser el principal valedor de la independencia del poder judicial y debería estar trabajando para dotar de más y mejores medios a la justicia, se ha convertido en el azote de la justicia cuando las decisiones de jueces y de magistrados no son del gusto del Gobierno o de la familia del presidente”.

Las declaraciones del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid llegan dos días después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, también cuestionara al Constitucional por el juicio del exfiscal general del Estado.

Más Madrid ha instado al Gobierno a garantizar el derecho de acceso a los procedimientos de regularización de las personas migrantes que se encuentran en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que continúan encerrando a personas extranjeras con opciones fundadas para solicitarla, como en los casos de Oussama Moumen, que será expulsado este jueves, el mismo día que entra en vigor del real decreto, y de Omar er-Rahalli. La iniciativa, registrada en el Congreso de los Diputados, pone el foco en posibles disfunciones en la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería.

Según denuncia Más Madrid en el texto registrado por las diputadas Teslem Andala Ubbi y Alda Recas, existirían casos en los que personas con arraigo social, familiar o comunitario acreditado continúen sujetas a procedimientos de expulsión sin poder acceder a los mecanismos de regularización contemplados por el propio Ejecutivo. La iniciativa recoge los casos de Oussama Moumen y Omar er Rahalli, cuya deportaciones son inminentes, pese a contar ambos con informes favorables de entidades sociales y servicios públicos que acreditan su arraigo en España. Desde la formación advierten de que estas situaciones podría suponer una vulneración de principios básicos como la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la eficacia administrativa.

En el caso de Oussama Moumen, que se encuentra en el CIE de Zapadores (Valencia), el joven marroquí, de 23 años, pidió asilo in extremis y su retorno fue aplazado, ya que tenía casi “todo preparado” para pedir la regularización extraordinaria. Sin embargo, este miércoles, ha recibido de nuevo el documento que le anuncia su repatriación, programada para este jueves. Los informes sociales a los que ha accedido elDiario.es acreditan su arraigo y la realización de diversos trámites para pedir la regularización extraordinaria. El Ayuntamiento de Vinarós (Castellón) ha emitido un informe favorable que “acredita el esfuerzo de integración del solicitante, buen comportamiento cívico, responsabilidad social”.

Por su parte, Omar er-Rahalli, encerrado en el CIE de Algeciras, lleva cinco años en España y dos de ellos viviendo con su novia española y su familia en Sevilla. Fue encerrado después de ser parado por la policía en un control por perfil étnico cuando estaba en los alrededores de la estación de Santa Justa (Sevilla), donde iba a tomar un autobús a Jerez para solicitar su certificado de empadronamiento actualizado, un trámite que debía cumplir cada dos meses para probar su residencia en España. Nunca llegó a su destino, pues la policía le llevó al calabozo y, posteriormente, al centro de internamiento.

Además, desde Más Madrid, subrayan la necesidad de garantizar que el acceso a la regularización no quede limitado por la situación de privación de libertad en la que se encuentran estas personas dentro de estos centros y reclama al Gobierno que active mecanismos efectivos que permitan a las personas internadas ejercer su derecho a solicitar la regularización, evitando que se ejecuten órdenes de expulsión en situaciones en las que concurran los requisitos legales. E impedir de esta forma que se repitan casos como los de Oussama Moumen y Omar er Rahalli.

Más Madrid también solicita al Gobierno medidas de supervisión y coordinación entre administraciones para impedir que estos casos queden fuera del marco de protección previsto en la normativa. Asimismo, le pide al Ejecutivo reforzar la transparencia institucional para conocer el número de personas extranjeras que se encuentran actualmente en los CIE o en centros penitenciarios ordinarios para poder evaluar así el alcance real de esta problemática.

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha advertido de que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros tendrá un impacto en las listas de espera del Servicio Extremeño de Salud (SES), al ampliar el número de usuarios con acceso a prestaciones sanitarias no urgentes.

A preguntas de los medios este miércoles en Mérida, donde ha inaugurado las IV Jornadas Extremeñas de Fisioterapia en Atención Primaria y Salud Comunitaria, García Espada ha señalado que este proceso supondrá “un incremento de los usuarios del sistema sanitario público extremeño”.

La consejera ha querido subrayar que las urgencias están garantizadas, al afirmar que “ni en Extremadura ni en ninguna parte de España fallece nadie por una urgencia no atendida”, ya que este tipo de asistencia se cubre con independencia de la situación administrativa de los pacientes. No obstante, ha explicado que la regularización modificará “el paradigma de atención sanitaria” para estas personas, que a partir de ahora podrán acceder a tratamientos programados.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la posibilidad de someterse a intervenciones no urgentes, como la implantación de una prótesis de cadera, lo que, a su juicio, repercutirá en la actividad asistencial del SES. “Sin duda tendrá un impacto en el SES, en listas, en atención, en consultas y en todo: más usuarios”, ha afirmado.

Para hacer frente a este aumento de la demanda, García Espada ha indicado que la estrategia del Ejecutivo regional pasa por fidelizar a los profesionales sanitarios y ampliar la plantilla del SES, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad asistencial. “Nuestro plan de ruta sigue exactamente igual”, ha añadido.

Por otro lado, en relación con la solicitud del comité de huelga de los médicos de celebrar una reunión conjunta entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para avanzar en la reforma del Estatuto Marco, la consejera ha asegurado que Extremadura participará si se convoca el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, ha avanzado que pedirá la implicación de otros ministerios que puedan “hacer realidad” las propuestas planteadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien ha acusado de estar “sola en su lucha por avanzar en un estatuto marco que deja fuera a los médicos”.

La afiliación media de extranjeros subió en marzo en 74.722 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,4% más, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.151.563 ocupados.

Este colectivo representaba en marzo el 14,4% del total de cotizantes, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 230.358 ocupados, con un impulso interanual del 7,9%.

Desde marzo de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, marzo se cerró con 3.210.759 afiliados extranjeros, lo que supone 234.685 cotizantes más que un año antes.

“La afiliación de extranjeros sigue mostrando un comportamiento extraordinario que repercute en el conjunto, no en vano los trabajadores de otros países representan un importante 14,4% de los cotizantes. Su aportación a nuestro mercado laboral es clave. Sostiene sectores como la hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, e impulsa el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por países, cerca del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de estados de la UE. Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 387.584 cotizantes, seguido de Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256).

De estas nacionalidades, subraya la Seguridad Social, destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que suman más de un 20% en el último año; seguidos de peruanos, un 18,7%; y colombianos, un 17,7%.

En el conjunto de la afiliación, los extranjeros representan un 14,4% de los trabajadores, aunque hay sectores, como la hostelería o la agricultura, donde suponen el 29,1% y el 26,9%, respectivamente.

La Seguridad Social también destaca el elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 88,6% del total, que se sitúa incluso por encima del de los trabajadores nacionales (88,4%).

En conjunto, recuerda la Seguridad Social, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 852.000 ocupados desde marzo de 2022.

“De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros”, inciden.

La Generalitat Valenciana ha anunciado este martes su decisión de interponer un recurso contra el decreto aprobado por el Gobierno para la regularización de inmigrantes, al entender que “llega sin ningún tipo de previsión ni recursos y que va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana”.

En un comunicado remitido esta noche, el Ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca advierte de que una medida de estas características, “adoptada sin una memoria económica clara ni coordinación con las comunidades autónomas, puede provocar un incremento notable en la demanda de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, ámbitos en los que la Comunitat ya soporta una elevada presión asistencial”.

Desde el Consell se asegura que están comprometidos “con una política migratoria ordenada, legal y vinculada a la capacidad real de acogida, así como con la adecuada atención a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana”.

Asimismo, la Generalitat solicitará la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso para “evitar efectos inmediatos que puedan tensionar el sistema público autonómico”.

El Consell, según el comunicado, pide al Gobierno de España que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas “que permita abordar la cuestión migratoria desde la corresponsabilidad institucional, la suficiencia financiera y la planificación efectiva”.

Hay un consejo que siempre recibía todo el que preguntaba por los trámites que podría ir avanzando de cara a la regularización extraordinaria: “Ve pidiendo los antecedentes [en referencia al certificado de carencia de estos]”. Se lo dijeron a Luisa, colombiana que celebró la medida desde el primer día. A Jhon, quien contaba sentado en un banco de Plaza Elíptica, esperando conseguir algún trabajo temporal para sacarse el jornal, que ya había conseguido el documento tras solicitarlo semanas atrás para “ya tenerlos listos y apostillados”. También Oussama, un marroquí que había preparado la documentación cuando fue encerrado en un CIE. Había solicitado el certificado que prueba la carencia de antecedentes en su país, Marruecos, pero aún no le había llegado. 

Carecer de antecedentes penales, en España y en el país de origen (o en aquellos países de residencia durante los últimos cinco años) es un requisito indispensable para acceder a la regularización extraordinaria, pese a los muchos bulos extendidos por la extrema derecha. Probar dicha inexistencia de delitos, sin ambargo, no siempre es fácil.

Dependiendo de la nacionalidad de los migrantes, los plazos pueden alargarse durante meses o incluso años, según distintos testimonios de migrantes recogidos durante años por elDiario.es y los abogados que los acompañan. A sabiendas de esta situación, y para evitar quedarse sin optar a la medida por un retraso burocrático que no depende de ellos, muchos extranjeros solicitaron ya hace semanas sus certificados, aunque otros no lo han hecho por miedo a la caducidad de estos (en ocasiones tienen que hacer encajes de bolillos para cuadrar los plazos) antes de la aprobación del real decreto o, directamente, no tenían aun la manera para hacerlo, porque sus autoridades no lo ponen fácil.

Por ejemplo, si bien las embajadas de Colombia o Perú suelen funcionar de forma ágil y sencilla y, en poco tiempo, emiten estos documentos; las autoridades de otros países como Cuba, Nigeria o Mali no lo facilitan, en algunos casos motivadas también por su propio contexto social. Por eso, la norma ha abierto una vía excepcional para dar un poco más de margen a estos casos, a sabiendas de que es muy habitual que las autoridades de determinados países tarden meses en enviar este tipo de documentos o nunca lleguen.

En estos casos, el solicitante podrá pedir (a través de un certificado de haber pedido el documento y una declaración responsable) al Gobierno su intervención a través de la vía diplomática. Es decir, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Exteriores, podrá mover sus hilos y contactos para hacer presión a las administraciones extranjeras de turno con le objetivo de lograr una respuesta durante un plazo extra de tres meses más, en los que las solicitudes afectadas quedarán paralizadas.

“Algunos de ellos mucha dificultad. Sobre todo aquellos que necesitan que luego sean legalizados los certificados, suele ser complicado. Además de Nigeria, otros como Mali o Burkina Faso tienen muchos problemas y retrasan mucho el proceso”, indica el abogado experto en inmigración Felipe Garoña, presidente de la Asociación Extranjeristas en Red. Los solicitantes de asilo que sufren persecución en sus países de origen (pero no han recibido protección en España y buscan vías alternativas de regularización) se pueden encontrar con que sus autoridades rechazan la emisión de estos documentos. “Tengo algún cliente en esa situación, que directamente los autoridades de sus países no se lo pueden emitir porque esas peticiones están bloqueadas”, añade el letrado que considera una buena solución la vía extraordinaria abierta por el Gobierno para ayudar a los migrantes que encuentren problemas en la justificación de la falta de antecedentes por parte de terceros países.

“Ese apoyo por vía diplomática, en el caso de que no se pueda obtener por su cuenta es bastante oportuna para no dejar a estas personas en una situación de estancamiento”, analiza Garoña.

Las misiones policiales de Nigeria

Entre los ciudadanos que tienen más papeletas para acabar solicitando el apoyo del Gobierno se encuentran aquellos que proceden de algunos países subsaharianos- En concreto, todos los abogados citan Nigeria como uno de los Estados que más complica dicho trámite. La razón: el país africano no permite cumplir con este trámite en sus propias embajadas, sino que obliga a sus ciudadanos emigrados a viajar a Nigeria para ello, dado que exige que las huellas dactilares se tengan que tomar en el propio país.

Y, como hay gente que no puede viajar a Nigeria, menos aún si no tienen papeles, sus autoridades organizan cada cierto tiempo una misión diplomática por la que vienen agentes policiales nigerianos a diversos puntos de España para que sus ciudadanos puedan realizar diversos trámites en suelo español, entre ellos, la solicitud de antecedentes. Sus nacionales, por tanto, se deben organizar también para liberar ese día y organizar en ocasiones un traslado a las ciudades donde se celebrarán dichos encuentros.

Este tipo de trabas desencadenan casos tan delirantes como el de Lola: una mujer que nació en España, donde vivió toda su vida. De padre nigerianos, heredó la nacionalidad de su progenitor pero, cuando era adulta y empezó a intentar pedir la nacionalidad, se encontró con un impedimento: debía demostrar la carencia de antecedentes en un país que ni había pisado. Pensó que era un trámite automático, pero pronto se encontró una odisea de años para lograr ese papel.

Durante meses, ella y su padre tuvieron que estar pendiente de Facebook para saber cuándo iba a viajar a España la misión de los policías nigerianos. “Básicamente, tú te presentas en el sitio que determinan ellos, que en Barcelona suele ser en un polígono industrial. Llegas, te apuntas en un papel. Llegas y preguntas quién es el último y te dan una hoja, una hoja de libreta normal y tú te vas apuntando por orden de llegada. Las dos veces que tuve que ir pasé allí nueve o diez horas”, recordaba en una entrevista con el podcast de elDiario.es Un Tema Al Día.

En ocasiones las dificultades no solo pasan por el sistema para conseguir ese certificado, sino que también depende de la fecha de caducidad de este documento, que en general depende de cada país. Nigeria establece solo tres meses de caducidad. Como cualquier trámite de extranjería requiere más documentos a presentar, esto obliga a mucha gente a coordinar todos esos trámites para, en el momento de tener los antecedentes, que es lo que más difícil, presentarlo. Un error de cálculo puede provocar que, en el momento de presentar el expediente, ese certificado de antecedentes penales haya expirado, por lo que hay que empezar de cero.  De hecho, Lola cuenta que tuvo que repetir este proceso en dos ocasiones.

Mandar mensajeros a Cuba

Los cubanos tampoco lo tienen nada fácil y menos ahora, ante la crisis de electricidad del país. Alfonso se agobia solo de recordar el tiempo en que esperó ansioso la llegada de su certificado de antecedentes desde su país, Cuba. “Si se hace a través del consulado, puede demorarse mínimo siete meses y luego te lo tienen que traer a España”, dice el hombre, quien se regularizó hace unos meses por la vía habitual. Para tratar de acelerar el proceso por la puerta de atrás, él tiró de “contactos”.

“Las personas tienen contactos y, cuando Cuba no estaba en esta situación tan mala con el tema del petróleo, ellos conocían personas que por dinero te agilizan el proceso”, recuerda el cubano. “Para poder sobrevivir los trabajadores cobran por detrás para agilizar los trámites, porque si lo haces a través del consulado el trámite es igual de costoso y demora mucho más”, contextualiza el hombre. “Yo solicité uno en septiembre del año pasado y aun no me ha llegado”, ejemplifica. El hombre reconoce haber sido afortunado pues presentó un documento caducado que finalmente la Administración aceptó: “Gracias a dios que tenia uno antecedentes que estaban caducados, me los habían entregado en diciembre del 2024 y solo tienen una validez de 6 meses, pero me los aceptaron y me aprobaron la residencia por arraigo hace unos 10 días”.

En el caso de regularización, tanto los solicitantes de asilo como los migrantes en situación irregular tendrán que que acreditar que no han cometido delitos también en suelo español. En este caso, sin embargo, no es difícil: los solicitantes no necesitan presentar ningún documento físico, sino que Administración recabará de oficio su historial directamente del Registro Central de Penados asegurarán que no suponen un riesgo para “el orden público o la seguridad nacional” -un supuesto a menudo abstracto y que en ocasiones empuja decisiones arbitrarias- a través de los “informes policiales pertinentes”. 

La intervención diplomática del Gobierno, sin embargo, no es una garantía para recibir la acreditación de la falta de delitos en sus países: ¿qué pasa si superado el plazo extraordinario no llega la acreditación de carencia de antecedentes penales? Después de la ampliación de tres meses , el Gobierno español notificará al solicitante la situación y, como última oportunidad, se dará 15 días para que aporte el certificado oficial. Si no se entrega entonces, algo poco probable llegado a ese punto, la solicitud de regularización será suspendida aunque no sea su responsabilidad, sino de la inoperancia de la administración correspondiente. “No se podrá hacer nada más”, asumían fuentes del Ministerio de Migraciones este martes.

El Gobierno aprobará este martes la esperada regularización extraordinaria que concederá los papeles a cerca de medio millón de personas, según sus estimaciones. Cientos de miles de migrantes esperaban desde hace meses el momento para empezar a presentar las peticiones, lo que de facto suspenderá sus procedimientos de expulsión. Ya tenemos fecha de entrada en vigor: este 16 de abril, el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A continuación, respondemos con detalle una serie de preguntas y respuestas claves para quienes estén interesados en acogerse a la regularización extraordinaria. Las respuestas se basan en el último borrador del texto de la medida, el mismo que será aprobado este martes en el Consejo de Ministros, según aseguran a elDiario.es fuentes gubernamentales.

¿Dónde puedo registrar la solicitud de regularización extraordinaria?

Las solicitudes se podrán presentar desde la entrada en vigor de la normativa hasta el 30 de junio de 2026, de manera presencial o telemática (a través de la plataforma 'Mercurio', ya sea de manera individual, por apoderamiento o mediante representantes o apoyo de entidades colaboradoras). Las personas sin papeles, al no tener documento electrónico, no pueden acceder por su propia cuenta a la vía telemática, por eso será tan importante que funcionen bien los puntos físicos habilitados, así como la posibilidad de hacerlo a través de intermediarios. La vía on line estará operativa 24 horas, 7 días a la semana.

El Gobierno va a habilitar nuevas oficinas públicas en distintos puntos de España, que incluirán “las oficinas de Correos, las oficinas de la Seguridad Social y determinadas oficinas de extranjería”. Estos puntos presenciales buscan evitar que unas personas tengan más difícil que otras el acceso a la regularización en función de dónde vivan, ya que Correos cuenta con oficinas de Correos en todo el territorio español, según el texto normativo. En el despliegue extraordinario participarán 372 oficinas de Correos, 60 oficinas de Seguridad Social y 5 oficinas de Extranjería habilitadas.

¿Cuándo empieza? ¿Cuándo puedo presentar mi expediente?

¿Quiénes pueden optar a la regularización extraordinaria?

Hay dos grandes grupos de beneficiados, con un procedimiento específico para cada uno de ellos. En primer lugar, las personas en situación irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. 

El otro colectivo afectado son los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.

En todos los casos, deben carecer de antecedentes penales en España y en sus países de origen, así como no ser considerado “un riesgo para la seguridad y el orden público” -algo que determinará un informe policial, que será evaluado por el personal del Ministerio de Migraciones).

Si soy solicitante de asilo, ¿qué requisitos tengo que cumplir? 

Los solicitantes deben acreditar haber llegado al país antes del 1 de enero de 2026, a través de cualquier medio de prueba válido, y probar la inexistencia de antecedentes. También hay que presentar un documento identificativo, sin importar que esté caducado o en vigor. 

Como solicitante de asilo, ¿debo renunciar al procedimiento de protección antes de pedir la regularización?

No es necesario renunciar antes de registrar la petición, pero sí después de recibir una respuesta positiva. Los solicitantes de asilo que aún no hayan recibido una respuesta a su petición o a su recurso no tienen la obligación de renunciar al procedimiento de la protección internacional antes de solicitar la regularización extraordinaria. 

Si la respuesta a esta última petición es positiva, entonces sí debe desistir al asilo antes de pedir la tarjeta de identificación de extranjero ligada al permiso de residencia extraordinario, según la última versión del texto normativo. 

Y si estoy en situación irregular, ¿cuáles son los requisitos?

En función del supuesto en que se encuentre, hay requisitos generales y particulares. En general, debe presentar documentos que acrediten tanto haber entrado antes del 1 de enero de 2026, haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales. 

Para acreditar los plazos de entrada y permanencia en España, será posible presentar “cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar su identidad”. Es decir, en este aspecto hay flexibilidad y las posibilidades van mucho más allá del habitual certificado de empadronamiento: documentos de identidad o pasaportes -en vigor o caducados-, facturas de la luz, partes médicos, diplomas de formaciones, papeles de servicios sociales o actividades municipales en las que se haya participado…

Esta regularización se puede pedir por tres motivos distintos: laboral, familiar o situación de vulnerabilidad. En función del supuesto en que se encuentra, se añaden otros requisitos más específicos. 

¿Cuáles son las exigencias en función de esos supuestos?

¿Qué es eso del informe de vulnerabilidad? ¿Dónde se puede pedir y quiénes lo deben presentar?

Es un informe nuevo, distinto a los habituales “informes de integración” de los servicios sociales, que deberá realizarse “a través de un modelo específico”, elaborado por el Ministerio de Inclusión. Se trata de un documento que acreditará la vulnerabilidad que sufren los migrantes por el hecho de vivir sin papeles: mayores dificultades para acceder a un trabajo estable, a la vivienda, etc. Además de las entidades competentes en materia de asistencia social de las comunidades autónomas, el Ejecutivo ha habilitado un registro de ONG especializadas en extranjería que también tendrán capacidad de emitirlos. 

Se trata de las entidades del Tercer Sector inscritas en el nuevo “Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería”, regulado mediante una orden interna el pasado 2 de marzo, de la que el Gobierno dará más información en las próximas horas. 

¿Cómo acredito que no tengo antecedentes penales?

Las autoridades de mi país suelen tardar muchísimo en enviar este tipo de certificados de antecedentes y temo que no me llegue a tiempo. Si he pedido el certificado a las autoridades de mi país, no me responden y se acerca la finalización del plazo de la regularización. ¿Qué puedo hacer?

La norma abre una vía excepcional para dar un poco más de margen a estos casos, porque es muy habitual que las autoridades de determinados países tarden meses en enviar este tipo de documentos. 

Si acredita que ha pedido el certificado y ha transcurrido un mes sin recibir respuesta, puede solicitar que el Gobierno español intente recabarlo por vía diplomática. Para activar esta vía, debes adjuntar a tu solicitud de residencia el justificante de haber solicitado el certificado a las autoridades de tu país, una declaración responsable (en un modelo específico) donde manifieste formalmente que ha pasado un mes y aún no ha recibido respuesta; y, por último, una autorización para que las autoridades españolas puedan pedir sus antecedentes en su nombre. Este documento tiene que presentarse en español y también en el idioma del país que deba emitir el certificado.

Tras ello, el trámite quedará suspendido por un “plazo máximo de tres meses”, mientras España intenta conseguir dicha información por la vía diplomática. Pero si transcurren esos tres meses y el Gobierno español tampoco consigue por su cuenta el certificado, se le notificará y, como última oportunidad, se exigirá al solicitante que aporte el certificado oficial en un último plazo de 15 días. Si no se entrega entonces, la solicitud de regularización será suspendida aunque no sea su responsabilidad, sino de la inoperancia de la administración correspondiente. 

¿Cómo puede pedir la regularización en mi nombre otra persona?

Es posible autorizar a una tercera persona o profesional para que presente la solicitud telemática en su nombre. Esto incluye, además de los abogados, a las ONG inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, las cuales están legitimadas para la presentación electrónica de trámites, lo que supone una vía segura, especialmente para personas vulnerables que pueden ser objeto de abusos. 

Por lo tanto, no necesita hacerlo usted mismo desde un ordenador si carece de firma electrónica. Bastará con reunir la documentación obligatoria rellenando el modelo específico (que estará disponible en las webs de los ministerios implicados) y acudir presencialmente a una de estas oficinas públicas u organizaciones colaboradoras, donde se encargarán de realizar el envío telemático por usted. 

Veo algún anuncio de abogados de extranjería que urgen a pagar mucho dinero y meten miedo diciendo que es imprescindible hacer el trámite a través de un profesional. ¿Es normal?

Ojo. Solicitar los servicios de un abogado colegiado a cambio de dinero siempre es una opción si se quiere reducir tiempo o se trata de casos muy complejos, pero no es imprescindible. Este proceso de regularización cuenta con distintas posibilidades para presentar la solicitud sin desembolsar grandes cantidades de dinero, sea a través de las oficinas públicas o con el apoyo de las ONG habilitadas para este fin. El Movimiento Regularización Ya está realizando también distintas charlas o talleres para informar sobre los trámites a seguir. 

En todo caso, si alguien le dice que pagar un servicio jurídico es un requisito fundamental para presentar su regularización, huya. Le está engañando. 

¿Qué pasa con los hijos menores que están acompañados por sus familias?

Los padres, madres o tutores que soliciten la regularización extraordinaria deberán presentar “de forma simultánea” la solicitud de autorización de residencia para sus hijos menores, o mayores con discapacidad que requieran apoyo, que se encuentren en España. Ambas solicitudes se resolverán al mismo tiempo y, en caso de obtener una respuesta positiva, los niños y adolescentes obtendrán un permiso de cinco años de duración, en vez de la autorización de un año recibida por los adultos. 

Estos casos se resolverán a través de la vía general de menores acompañados, pero flexibilizando mucho sus requisitos. Para los menores nacidos en España, se exime de la exigencia de presentar esta petición a los seis meses posteriores a su nacimiento. Para los nacidos en el extranjero, solo se pide acreditar por cualquier medio que el menor “ha permanecido en España de forma ininterrumpida” durante los cinco meses anteriores al momento de presentar la solicitud (se evita así demostrar los habituales dos años de permanencia previa, así como de disponer de los medios económicos y del alojamiento adecuado que habitualmente se exigen para la reagrupación familiar).

¿Qué tipo de permiso concede la regularización extraordinaria?

La autorización inicial es temporal y tiene una vigencia de un año. Este permiso permitirá residir y trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, en cualquier parte del territorio español y en cualquier ocupación o sector. 

¿Qué pasará cuando pase el año? ¿Se puede prorrogar?

Sí, se podrá modificar la autorización extraordinaria a un permiso por la vía ordinaria, si se cumplen con los requisitos, que incluye encontrarse trabajando en España o haberlo hecho durante un tiempo determinado. 

Si no se cumple con este requisito, el permiso podrá ser prorrogado por año extra por la vía extraordinaria siempre que el solicitante esté en búsqueda activa de empleo e inscrito en el servicio público de empleo, o haya aportado un “informe favorable de esfuerzo de integración” emitido por la comunidad autónoma que corresponda.  

Creo que tengo todo preparado… ¿pero qué pasa si falta algún papel y no me he dado cuenta?

Si presenta la solicitud y falta alguna documentación o está incompleta, la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería le enviará un requerimiento formal para que subsane los problemas detectados, según la norma. Se le indicará qué es lo que falta y se le dará un plazo específico para añadirlo, que no podrá ser superior a 15 días. Si sobrepasado el tiempo establecido no envía la documentación solicitada, la petición quedará archivada. 

Si ya están saturadas las oficinas de extranjería y es tan difícil conseguir cita, ¿cómo se va a poder gestionar este pico de peticiones?

Las solicitudes de la regularización extraordinaria irán por otro canal, aseguran fuentes de Migraciones. No dependerán de las oficinas de extranjería (dependiente del Ministerio de Política Territorial con implicación de Interior) sino por la Unidad de Tramitación de Extranjería (responsabilidad de Migraciones). Según fuentes ministeriales, habrá un refuerzo de 550 empleados de personal de tramitación y atención, Habrá unas 450 oficinas habilitadas en todo el territorio y más de “150 entidades colaboradoras y profesionales habilitados”.