El panorama político vasco verá nacer, próximamente, una nueva sigla. El partido, que aún no ha desvelado su nombre pero que celebrará el 9 de enero su asamblea fundacional, se define como “abertzale” y “progresista”, aunque su principal prioridad es una política migratoria “ordenada”. “No caben toda África ni Latinoamérica en Euskal Herria”, se puede leer en su programa electoral, un documento de doce puntos en euskera y en castellano. Fuentes del equipo promotor insisten en que no se trata de un proyecto espejo a la xenófoba e islamófoba Aliança Catalana de Silvia Orriols –“no somos racistas”– y añaden que quieren precisamente una alternativa de izquierdas que responda a lo que supuestamente piensa la “mayoría” sobre los extranjeros para que ese nicho no lo vaya ganando la ultraderecha.

La nueva formación dice estar “en proceso de cumplir todos los trámites legales” ante el Ministerio del Interior y confía en hacerlo en “unas pocas semanas”. Será entonces cuando se anuncie el nombre del partido, así como su imagen de marca. Las personas que se han acercado a través de las redes sociales al proyecto han recibido ya un programa “provisional” con el ideario, pero igualmente el aviso de que se están haciendo controles “para que no entren personas que quieren reventar el partido desde dentro o convertirlo en otra cosa distinta”.

Está acordado ya que el 9 de enero se celebrará la asamblea fundacional, donde se elegirá a un primer “comité ejecutivo” y se aprobarán los estatutos y el programa “definitivo”. Esta sigla se presentará a las cuatro elecciones forales de mayo de 2027 –Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra– y aspiran a llegar igualmente al mayor número posible de los más de 500 municipios de ese mismo ámbito territorial. Los simpatizantes de “fuera de Euskal Herria” ayudarán a “completar” las listas electorales en “puestos sin salida” y sin descartar que pueda después crearse “una izquierda así en todos los lugares” de los que procedan.

Eso sí, esta fuerza política defiende la soberanía de Euskal Herria y su derecho de autodeterminación. Pide también su salida de la OTAN. Pero inciden sobremanera en que defienden “la recuperación de la racionalidad en el ámbito de las políticas migratorias”. “El proceso migratorio de las últimas décadas no es una cuestión ni de solidaridad ni de necesidad, sino de explotación laboral descontrolada, división y destrucción social”, afirman.

Su tesis es que hay un “modelo migratorio neoliberal” que está “basado en la importación masiva de trabajadores extranjeros”. Esto “perjudica a todos”, creen. “Los extranjeros son tan víctimas de un modelo de inmigración masivo y descontrolado como los jóvenes y trabajadores vascos, porque ven cómo suben sus alquileres y no los sueldos por la llegada de más personas para competir en sus trabajos”, se puede leer en el argumentario. Insisten en que no hay ni “trabajo ni viviendas para todos los que quieran venir”. Es ahí donde mencionan su idea de que “no caben toda África ni Latinoamérica en Euskal Herria”.

Se dicen también “en contra de que las personas migrantes vivan de ayudas públicas sin intención de entrar en el mercado laboral”, en línea con los discursos de Vox. “Tener a jóvenes inmigrantes sin trabajar en nuestras calles es la causa de que porcentualmente sean muy superiores los delitos, hurtos, robos con violencia, agresiones y violaciones cometidos por este colectivo. Es la migración descontrolada y no los migrantes la responsable de estas situaciones de precariedad y riesgo de delincuencia. Estaremos siempre con los que sufren estos delitos que nunca se pueden justificar [...]. El partido defenderá que las personas detenidas por varios delitos cometidos contra ciudadanos vascos salgan de Euskal Herria pidiendo medios judiciales para que las resoluciones sean rápidas en estos casos para evitar la impunidad, las reincidencias y la inseguridad en nuestras calles”, argumentan.

Y agregan: “El partido es partidario [sic] de un modelo migratorio solidario similar al cubano o soviético, basado en formar jóvenes estudiantes de países subdesarrollados becados para que puedan tener una formación universitaria como médicos, ingenieros, agrónomos, etc. y formación profesional técnica, sin permitir que sean explotados laboralmente y que puedan ejercer en sus países de origen, muy necesitados de personal cualificado, para contribuir así a sacarlos del subdesarrollo en lugar de explotarlos como mano de obra barata en Europa”. Sobre Rusia, además de la admiración a la URSS, abogan también por el final de la invasión en Ucrania porque “acabar la guerra permitiría que puedan volver todos los refugiados y dejar libre sus viviendas a otros trabajadores”. Pero demandan, asimismo, final de las sanciones al régimen de Vladímir Putin.

Otra referencia internacional es Austria, o más bien Viena, en este caso para las políticas de vivienda. Plantean igualmente un salario mínimo de 21.000 euros anuales y ayudas a la natalidad. “Hay que ayudar a que los jóvenes puedan formar una familia porque es necesario para mantener la identidad cultural vasca”, argumentan. Piden apoyo para “baserritarras y arrantzales”. Reclaman “igualdad material, económica y de oportunidades” para mujeres y hombres, aunque “superando las políticas de identidad que, sin abordar los problemas reales, fragmentan y debilitan la cohesión social”. El programa incluye igualmente una reivindicación de la “oficialidad de las selecciones vascas”.

A nivel orgánico, proponen una cuota anual de afiliación de 15 euros. También abogan por recortar lo que llaman “gasto político”, reduciendo “a la mínima expresión” los “cargos de confianza y asesores”, y combatiendo el “enchufismo” o las denominadas puertas giratorias. “Se evitarán a toda costa concesiones a empresas afines a partidos políticos. Para evitar la corrupción, deberían imponerse los criterios objetivos teniendo en cuenta la calidad y el dinero de los que pujen a cada adjudicación a los subjetivos de los políticos”, añaden. Plantean que sus cargos no cobren más del salario medio. Ahora es de unos 35.000 euros. “El excedente se destinará a reforzar la estructura del partido”, plantean. Se excepcionará “los cargos de mayor responsabilidad”, a los que se les permitirá “igualar” lo que perciben en la empresa privada.

La madrugada del 24 de junio de 2022, Mahamat y centenares de personas más –la mayoría, sudaneses como él– se dirigieron desde Marruecos hacia la frontera con Melilla para pedir asilo. Más de cuatro años después, recuerda la contundente respuesta de la policía marroquí y la Guardia Civil para impedir que saltaran la valla y entraran en España. En ese dispositivo murieron 37 personas, 76 desaparecieron y unas 470 fueron devueltas sumariamente al país norteafricano.

Mahamat sobrevivió, llevó su caso a los tribunales y ahora un juzgado de la ciudad autónoma ha archivado provisionalmente su querella por torturas contra la Guardia Civil. El magistrado reconoce que los hechos “son constitutivos de infracción penal”, pero considera que no se pueden atribuir a ninguna persona concreta.

El centro de defensa de los derechos humanos Irídia ha anunciado este jueves, en un acto en Barcelona, que ha recurrido esta decisión judicial para intentar reactivar la causa. La entidad presentó en diciembre pasado una querella en la que acusa a los guardias civiles que participaron en los hechos y al teniente que los comandaba de delitos de torturas, lesiones agravadas, omisión del deber de socorro y prevaricación administrativa, con las agravantes de racismo y abuso de la condición de agentes de la autoridad.

Mahamat ha relatado cómo le golpearon en la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico y la pérdida de consciencia. “Me hicieron perder la dignidad. Aun con las manos atadas a la espalda, me seguían golpeando. Me preguntaba cuál es el límite de esa crueldad”, ha explicado desde Barcelona.

Según ha añadido, en un momento dado mostró a uno de los guardias civiles su credencial como refugiado reconocido por ACNUR, pero el agente la rompió tras examinarla y le sustrajo el cargador del móvil. “Recuerdo el odio y la violencia en los ojos de los que deberían estar ahí para garantizar nuestra seguridad”, ha contado.

En el relato de la querella, describe como recibió insultos racistas como “negros de mierda”, “basura”, “iros a vuestro puto país y no volváis”, especialmente por parte de la policía marroquí.

El sudanés también ha asegurado que vio cómo la Guardia Civil impedía el acceso de la Cruz Roja para atender tanto a él como al resto de personas heridas que permanecían retenidas. “Había cientos de personas a mi alrededor. Algunas no se movían y quise pensar que habían sufrido alguna fractura, pero me di cuenta de que estaban muertas”, ha lamentado Mahamat.

Uno de los migrantes que no sobrevivió aquel día era su mejor amigo. Ambos se dirigieron al paso fronterizo juntos, hasta que Mahamat no le volvió a ver más. “Íbamos y soñábamos juntos. Me ha dejado un vacío que me hace preguntarme cuándo conseguiremos justicia”, ha reclamado el sudanés.

Caso archivado sin ordenar diligencias

La abogada de Irídia Laura Medina ha denunciado que el juzgado de Melilla tardara cinco meses a abrir el procedimiento y que ahora haya archivado la causa sin ni siquiera haber tomado declaración a Mahamat. La entidad también reprocha al juez que no haya practicado ninguna de las diligencias solicitadas para identificar a los agentes, como el análisis de las imágenes captadas ese día o el cuadrante del dispositivo. Asimismo, cuestiona que no haya respondido a la petición de acumular esta causa a otra investigación abierta por la misma tragedia.

Irídia suma a estas críticas la actuación de Fiscalía, a la que acusa de “dar la espalda” a la víctima al pedirle pruebas que, según denuncia, los mismos agentes le impidieron obtener.

Pese a ello, Medina –que trabaja en el caso junto al European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Pro Asyl y el Digital Freedom Fund– considera que aún hay margen para reactivar la causa. Si el juez mantiene el archivo, la decisión podrá recurrirse ante la Audiencia Provincial de Málaga, que tiene una sección para resolver los recursos de casos ocurridos en Melilla. En el acto celebrado en Barcelona para presentar el caso también han participado representantes del ECCHR y del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona.

Mahamat tenía solo siete años cuando huyó de la guerra en Sudán junto a su familia. Antes de llegar a la frontera de Melilla, pasó por los campos de refugiados de Chad, donde pudo estudiar Economía en la universidad, y volvió a escapar de la violencia de las milicias, hasta recalar en Libia. “Cuando viajamos no lo hacemos por gusto, sino huyendo de la guerra”, recuerda.

En este país norteafricano fue secuestrado por un grupo armado y detenido por participar en protestas contra las políticas migratorias represivas del gobierno. Tras escapar de un centro de detención y atravesar Argelia durante un mes, llegó a Marruecos en 2022 con la intención de cruzar la frontera.

Tras sobrevivir a la tragedia en la valla de Melilla, el joven sudanés consiguió llegar a la isla italiana de Lampedusa en una embarcación y en 2025 obtuvo finalmente un permiso de residencia con protección subsidiaria. Ahora vive en Roma, donde continúa su labor por la defensa de los derechos de las personas migrantes a través de la organización que fundó, Refugees in Lybia.

“No pararemos hasta que haya justicia y una reparación real, para los que llegaron y para los que se quedaron por el camino”, ha sentenciado.

L'organització d'ajuda a les persones migrants Alarm Phone ha alertat de la desaparició de 20 persones que viatjaven a bord d'una pastera amb destinació a les Balears des de la costa d'Algèria. L'embarcació va salpar dilluns passat, 26 d'octubre, des de la localitat algeriana de Boumerdés i, tres dies després, no hi ha constància que els seus ocupants hagin arribat a terra.

L'entitat, que documenta i alerta sobre emergències i naufragis de persones migrants a la Mediterrània, ha difós l'avís a través del seu compte a la xarxa social X i ha assenyalat que Salvament Marítim ha estat informat de la desaparició. Alarm Phone ha expressat el desig que les persones que viatjaven a l'embarcació puguin ser localitzades amb vida.

Boumerdés és un dels punts de la costa algeriana des dels quals parteixen habitualment embarcacions precàries rumb a l'arxipèlag balear, segons recull un informe recent de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM).

Des de dilluns, el dia en què va salpar la pastera desapareguda, han arribat a les costes de Mallorca, Eivissa i Formentera 258 persones migrants a bord de 16 embarcacions, segons les dades facilitades per la Delegació del Govern a les Balears.

Una ruta marcada per les desaparicions i els naufragis

La nova alerta es produeix en una ruta migratòria en què, durant els darrers mesos, s'han succeït els avisos per embarcacions desaparegudes i els naufragis amb víctimes mortals.

L'agost passat, 28 persones van morir en el naufragi d'una pastera que havia partit precisament de Boumerdés rumb a les Balears. L'embarcació transportava 32 migrants i només quatre van ser rescatats amb vida. Pocs dies abans, dos supervivents d'una altra travessia havien relatat la mort de 17 persones després que la pastera en què viatjaven romangués 15 dies a la deriva.

Les alertes per desaparicions tampoc no són un fenomen aïllat. Al febrer, la Guàrdia Civil va localitzar amb vida 22 persones que havien partit d'Algèria en una pastera, en el marc d'un dispositiu de recerca activat després que es perdés el rastre de diverses embarcacions amb un total de 81 ocupants, entre els quals hi havia dones i nadons.

La magnitud d'aquesta situació va quedar reflectida en l'informe anual de l'organització Caminando Fronteras sobre les morts a les rutes migratòries. Segons les dades publicades per elDiario.es, 1.037 persones van morir o van desaparèixer el 2025 durant la travessia entre Algèria i les Balears, una de les rutes més perilloses per arribar a territori espanyol.

Les organitzacions que treballen amb persones migrants han advertit de les dificultats per localitzar embarcacions desaparegudes i dels problemes de coordinació en les operacions de recerca i rescat a la Mediterrània. En molts casos, les famílies passen dies o setmanes sense saber què ha passat amb els seus éssers estimats.

La organización de ayuda a personas migrantes Alarm Phone ha alertado de la desaparición de 20 personas que viajaban a bordo de una patera con destino a Balears desde la costa de Argelia. La embarcación zarpó el pasado lunes, 26 de octubre, desde la localidad argelina de Boumerdés y, tres días después, no se tiene constancia de que sus ocupantes hayan llegado a tierra.

La entidad, que documenta y alerta sobre emergencias y naufragios de personas migrantes en el Mediterráneo, ha difundido el aviso a través de su cuenta en la red social X y ha señalado que Salvamento Marítimo ha sido informado de la desaparición. Alarm Phone ha expresado su deseo de que las personas que viajaban en la embarcación puedan ser localizadas con vida.

Boumerdés es uno de los puntos de la costa argelina desde los que parten habitualmente embarcaciones precarias rumbo al archipiélago balear, como recoge un informe reciente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Desde el lunes, día en que zarpó la patera desaparecida, han llegado a las costas de Mallorca, Eivissa y Formentera 258 personas migrantes a bordo de 16 embarcaciones, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Balears.

Una ruta marcada por las desapariciones y los naufragios

La nueva alerta se produce en una ruta migratoria en la que se han sucedido en los últimos meses los avisos por embarcaciones desaparecidas y los naufragios con víctimas mortales.

El pasado agosto, 28 personas murieron en el naufragio de una patera que había partido precisamente de Boumerdés rumbo a Balears. La embarcación transportaba a 32 migrantes y solo cuatro de ellos fueron rescatados con vida. Apenas unos días antes, dos supervivientes de otra travesía habían relatado la muerte de 17 personas después de que la patera en la que viajaban permaneciera 15 días a la deriva.

Las alertas por desapariciones tampoco son un fenómeno aislado. En febrero, la Guardia Civil localizó con vida a 22 personas que habían partido de Argelia en una patera, en el marco de un dispositivo de búsqueda activado después de que se perdiera el rastro de varias embarcaciones con un total de 81 ocupantes, entre ellos mujeres y bebés.

La magnitud de esta situación quedó reflejada en el informe anual de la organización Caminando Fronteras sobre las muertes en las rutas migratorias. Según los datos publicados por elDiario.es, 1.037 personas murieron o desaparecieron en 2025 durante la travesía entre Argelia y Balears, una de las rutas más peligrosas para alcanzar territorio español.

Las organizaciones que trabajan con personas migrantes han advertido de las dificultades para localizar embarcaciones desaparecidas y de los problemas de coordinación en las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. En muchos casos, las familias pasan días o semanas sin saber qué ha ocurrido con sus allegados.

El Gobierno de Mauritania ha anunciado el rescate de más de 200 personas, entre ellas 28 menores de edad, a bordo de una embarcación interceptada frente a sus costas y que habría iniciado su ruta desde Gambia, menos de una semana después de una operación en la zona que se saldó con el rescate de más de 190 migrantes.

El Ministerio de Pesca e Infraestructura Marítima y Portuaria ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que la Guardia Costera interceptó la embarcación en torno a las 11.00 horas del martes, antes de afirmar que habría partido de Barra para intentar cubrir la ruta que tiene las Islas Canarias como principal destino.

Así, ha detallado que en la barca iban 204 personas, entre ellas 143 de nacionalidad senegalesa, incluidos 20 menores. A ellos se suman 48 gambianos, incluidos ocho niños, siete guineanos y seis marfileños.

“Esta operación forma parte de los esfuerzos continuos de la Guardia Costera de Mauritania para vigilar las aguas nacionales, combatir la migración irregular y realizar misiones de rescate, priorizando siempre la protección de la vida humana y la atención a las necesidades humanitarias, de conformidad con los procedimientos establecidos”, ha zanjado.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.400 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.000 muertos y desaparecidos.

El organismo apuntó recientemente a un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con las Islas Canarias como principal punto de entrada, si bien afirmó que el aumento de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha provocado que haya una dispersión de las salidas aún más al sur, lo que aumenta la peligrosidad de estas travesías.

Dos hombres y una mujer, de nacionalidad argelina, han sido arrestados por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Gijón/Xixón por su presunta autoría en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los tres arrestados, con edades comprendidas entre 34 y 42 años, están acusados de formar parte de un grupo criminal organizado que engañó a varios compatriotas con falsas promesas de regularizar su situación en España. Las víctimas llegaron en cayuco a nuestro país y los ahora detenidos se encargaban de facilitar su entrada en la Villa de Jovellanos y alojarlos a cambio de dinero.

Las investigaciones policiales se iniciaron a raíz de la denuncia de varias víctimas. En su declaración en dependencias policiales aseguraron que habían sido engañadas por un grupo de personas que les prometió ayuda con los trámites administrativos para regularizar su estancia en nuestro país y, tras cobrarles el dinero, no cumplieron las condiciones pactadas.

Un trayecto en patera

Las víctimas confirmaron a los agentes que habían viajado en patera hasta la costa del Levante español y, desde allí, se habían desplazado hasta Gijón/Xixón, donde los detenidos los alojaron inicialmente en hostales y hoteles mientras buscaban un lugar en el que pudieran quedarse.

Según el relato policial, los integrantes del grupo localizaban viviendas abandonadas o inmuebles que ya estaban ocupados y facilitaban la entrada de los ciudadanos extranjeros, cobrando cantidades que partían de los 400 euros por persona.

El engaño

El grupo también les proporcionaba certificados de empadronamiento con los que podían iniciar los trámites para regularizar su situación en España.

Sin embargo, en algunos casos, los denunciantes llegaron a pagar por las gestiones administrativas, y comprobaron posteriormente que no se habían realizado los trámites prometidos.

Agresiones

Los engaños dieron lugar a enfrentamientos entre los investigados y algunos de los ciudadanos extranjeros, que llegaron a derivar en agresiones, según ha ratificado la Policía Nacional.

Las pesquisas permitieron además conocer que el grupo mantenía contactos con familiares en Argelia que presuntamente se encargaban de facilitar la salida de ciudadanos de ese país hacia España.

Los agentes pudieron acreditar que, desde enero de 2025, el grupo había recibido varios miles de euros de las personas afectadas.

La operación policial sigue abierta

Tras reunir todas las pruebas, los policías procedieron a la detención de dos hombres, de 42 y 43 años, y de una mujer, de 34 años; todos ellos residentes en Gijón/Xixón, y atendieron a tres de sus víctimas.

Las tres personas arrestadas han pasado a disposición judicial y posteriormente han sido puestas en libertad con cargos.

Las investigaciones continúan abiertas y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones de posibles integrantes de este grupo criminal.

El desconocimiento del español es una barrera para la integración educativa de decenas de estudiantes y en el IES Corona de Aragón de Zaragoza el Equipo de Convivencia e Igualdad del centro ha denunciado que, transcurridas varias semanas desde el inicio del curso escolar, 33 alumnos y alumnas siguen sin disponer de las clases específicas que necesitan para aprender el idioma y poder seguir con normalidad las enseñanzas. Son el 8% de los 430 alumnos del centro. La situación podría agravarse con la incorporación de nuevos estudiantes, hasta alcanzar los 50 afectados.

“La Administración conoce la situación. La respuesta no puede seguir esperando. Por una educación pública inclusiva y una acogida digna”, lamentan desde el centro en una nota que han hecho pública a los medios. A este respecto, el Departamento de Educación ha informado de que está pendiente de recibir el preceptivo informe de Inspección en el que se recogen las demandas del centro, “que se estudiará y, si así se determina conforme a lo recogido en la normativa, se dotará como corresponda”.

El IES Corona de Aragón se encuentra en el entorno del barrio de Delicias, el más poblado de Zaragoza y uno de los que registran mayor presencia de población extranjera. Aunque administrativamente pertenece al distrito Universidad, su proximidad a Delicias lo sitúa en un entorno de gran diversidad social y cultural. Según los datos del padrón municipal de 2025, Delicias cuenta con 102.595 habitantes, de los que 28.408, el 28%, tienen nacionalidad extranjera, una proporción muy superior a la media de Zaragoza, situada en el 16,8%. El porcentaje en el caso de los menores es mucho más alto y llega hasta el 50%. Hay centros escolares en los que en algunas aulas, como ocurrió hace cuatro años en el Recarte y Ornat, todos los alumnos eran extranjeros. Este curso, en el Corona de Aragón, un aula con 24 alumnos, solo uno es español.

Este instituto cuenta con una larga trayectoria de acogida de alumnado procedente de distintos países, una realidad que hace especialmente necesarios los recursos para facilitar el aprendizaje del español y la integración educativa.

Durante años dispuso, desde el comienzo de cada curso, de un aula de español que facilitaba el aprendizaje del idioma, la integración y la participación de estos jóvenes en la vida escolar. Sin embargo, el recurso ha dejado de estar garantizado en los plazos necesarios.

El curso pasado, las clases específicas no comenzaron hasta enero. Este año, pese a que el instituto terminó el anterior con 16 estudiantes que cumplían los requisitos para recibir esta atención, el aula todavía no se ha puesto en funcionamiento. A fecha del 21 de octubre, el número de alumnos que necesitan apoyo lingüístico había aumentado hasta los 33.

La situación resulta especialmente complicada para quienes llegan al sistema educativo sin conocimientos de español y, en algunos casos, sin haber adquirido siquiera la alfabetización en su lengua de origen.

La denuncia del IES Corona de Aragón se produce, además, en un contexto político marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno autonómico de PP y Vox. El acuerdo suscrito por ambos partidos en abril de 2026 incluye medidas como la denominada “prioridad nacional” y la supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los centros educativos.

Una de las principales críticas del profesorado se dirige a la dotación horaria. Según denuncia el centro, la Administración educativa contempla un máximo de nueve horas semanales de aula de español por instituto, independientemente del número de estudiantes que precisen esta atención.

El Equipo de Convivencia e Igualdad considera que esta asignación resulta claramente insuficiente para atender a 33 alumnos y mucho más si la cifra termina alcanzando los 50. Por ello, reclama una dotación de 30 horas semanales, adaptada a las necesidades reales del alumnado.

El profesorado también rechaza que la solución pase por utilizar recursos destinados a otros programas educativos. El instituto explica que renunció hace años a PROA+, el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, una iniciativa de cooperación entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas destinada a mejorar los resultados académicos y prevenir el abandono escolar en centros con una elevada proporción de alumnado en situación de vulnerabilidad. Entre sus actuaciones pueden incluirse medidas de acogida y aprendizaje del español.

El centro optó entonces por AÚNA, un programa del Gobierno de Aragón que ofrece refuerzo escolar y acompañamiento educativo fuera del horario lectivo a estudiantes con dificultades de aprendizaje o situaciones de desventaja socioeducativa.

Ambos programas son incompatibles para los centros participantes en las correspondientes convocatorias. De hecho, la convocatoria de AÚNA para el curso 2026-2027, cuyo plazo de solicitud permanece abierto del 19 al 30 de octubre, excluye expresamente a los centros que participan en PROA+FSE+.

Según explica el instituto, cuando renunció a PROA+ la enseñanza del español estaba garantizada mediante un recurso específico. Ahora reclama que esa atención lingüística disponga de financiación y profesorado propios, sin obligar a los centros a elegir entre distintas necesidades educativas.

“El desconocimiento del idioma no puede convertirse en una barrera para ejercer el derecho a la educación”, advierte el equipo docente, que recuerda que estos estudiantes tienen dificultades para comprender las explicaciones, seguir las clases, relacionarse con sus compañeros y adaptarse a la vida del instituto.

Mientras tanto, el profesorado ordinario debe adaptar materiales y metodologías para atenderlos, una tarea que se añade a sus obligaciones habituales. “La inclusión no puede sostenerse únicamente sobre la voluntad y la sobrecarga de quienes trabajan en las aulas”, señala el comunicado.

Respecto a la dotación de profesorado específico para impartir estas clases en los centros de Primaria y Secundaria, la Dirección General de Personal asegura mantener un seguimiento “exhaustivo y centralizado” de todas las solicitudes remitidas por los centros educativos y las incorporaciones y la asignación de cupos docentes se van autorizando de manera progresiva a lo largo del curso escolar, a medida que se verifica la disponibilidad presupuestaria y de plantilla, “para garantizar la máxima eficiencia en la distribución de los recursos públicos”.

Fuentes del Departamento explican que la resolución que ordena la dotación y funcionamiento de las aulas de español en Aragón se publicó en mayo de 2007 y no se ha modificado desde entonces. “Existe un consenso claro sobre la necesidad de responder a la realidad sociodemográfica que existe en las aulas aragonesas y adaptar ese marco, y el Departamento de Educación es consciente de que es una reivindicación con años de recorrido”.

“Acoger no consiste simplemente en escolarizar”

El caso del Corona de Aragón pone sobre la mesa una cuestión que va más allá de la enseñanza de un idioma. La escolarización de menores procedentes de otros países no garantiza por sí sola su integración educativa cuando carecen de las herramientas lingüísticas necesarias para comprender las clases y participar en igualdad de condiciones.

El equipo docente exige la puesta en funcionamiento inmediata del aula de español, medidas provisionales hasta que se incorpore el profesorado necesario y una respuesta concreta de la Administración sobre los plazos previstos.

También reclama estabilidad para que el recurso esté disponible desde el comienzo de cada curso y no dependa de soluciones improvisadas o de la financiación de otros programas.

“Acoger no consiste simplemente en escolarizar. Significa garantizar que cada estudiante dispone de las herramientas necesarias para aprender, comunicarse y participar en igualdad de condiciones”, concluye el comunicado.

El instituto insiste en que no está solicitando un trato privilegiado, sino los medios necesarios para garantizar el derecho a la educación de todos sus estudiantes.

Aulas de español y programas experimentales

La denuncia se produce en una comunidad autónoma que cuenta desde hace años con recursos específicos para facilitar el aprendizaje del español al alumnado extranjero que desconoce el idioma.

Durante el curso 2024-2025, un total de 408 estudiantes recibían esta atención en 28 colegios e institutos aragoneses, mediante 31 aulas de español. De ellos, 260 cursaban Secundaria y 148 Primaria.

El recurso estaba implantado en centros de las tres provincias, entre ellos los institutos Luis Buñuel, Miralbueno, Jerónimo Zurita y El Picarral de Zaragoza, así como otros de Épila, Tarazona, Ejea de los Caballeros, Calatayud y Cariñena. También existían aulas en institutos de Huesca y Teruel.

Paralelamente, otros centros desarrollaban actuaciones de acogida y refuerzo lingüístico a través del programa PROA+, dirigido a mejorar las oportunidades educativas del alumnado en situaciones de mayor vulnerabilidad.

El Departamento de Educación impulsó durante el curso 2025-2026 un programa experimental de Aulas de Inmersión Lingüística para el Aprendizaje del Español (AILE), vinculado a la actividad palanca 209 de PROA+. Una resolución publicada el 23 de julio de 2026 autorizó su segunda fase para el presente curso escolar.

Además, en mayo de 2026, el Gobierno de Aragón convocó un concurso de méritos para cubrir doce plazas docentes en comisión de servicios destinadas a este programa. Las plazas se distribuyeron entre zonas educativas de Zaragoza, Caspe, Huesca y Albalate del Arzobispo. El procedimiento de adjudicación definitiva se publicó el 14 de julio.

El Gobierno de Aragón, integrado por PP y Vox, ha defendido en las Cortes la eliminación de las ayudas específicas destinadas a las entidades LGTBI, una decisión que ha provocado duras críticas de la oposición. El diputado de Vox David Arranz se ha mostrado tajante al asegurar que “no vamos a financiar el lobby LGTBIQ”, al que ha acusado de representar cada día a menos gente porque “las personas homosexuales o bisexuales no necesitan una banderita de colores, ya tienen la bandera española que les representa a todos”. Por su parte, el vicepresidente autonómico y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, ha rechazado financiar a asociaciones que considera próximas a la izquierda.

La polémica se ha producido durante una comparecencia parlamentaria sobre la supresión de las subvenciones específicas de apoyo a personas LGTBI y sus familias, dotadas anteriormente con 161.000 euros. La decisión forma parte de una reorganización de las ayudas contra la discriminación, cuyo presupuesto global ha pasado de 611.000 euros en 2025 a 516.000 en 2026, una reducción de 95.000 euros, equivalente al 15,5%.

Hasta el pasado ejercicio existían tres líneas de financiación destinadas a accesibilidad, apoyo a personas LGTBI y sensibilización. La nueva convocatoria concentra los recursos en proyectos para personas con discapacidad y sus familias, sin mantener una línea específica para el colectivo LGTBI.

“No vamos a financiar el lobby LGTBIQ, no lo vamos a financiar”, ha afirmado Arranz, quien ha defendido que las personas homosexuales pueden acceder a las ayudas públicas cuando cumplan los requisitos establecidos, pero no por su orientación sexual. También ha acusado a la izquierda de instrumentalizar políticamente al colectivo y ha rechazado las medidas de discriminación positiva.

Nolasco atribuye las agresiones homófobas a la inmigración

El vicepresidente Alejandro Nolasco ha defendido la supresión de estas subvenciones argumentando que las anteriores convocatorias incluían ayudas LGTBI junto a otras relacionadas con la discapacidad, algo que ha calificado de ofensivo. La oposición le ha reprochado que se trataba de líneas diferenciadas y no de una equiparación entre ambas situaciones.

“Nosotros no vamos a darles dinero a asociaciones para que den charlas, a asociaciones que están con ustedes o que quieren captar votos para ustedes”, ha manifestado Nolasco, que ha añadido que los recursos públicos son limitados y que el Gobierno no está para “alimentar asociaciones, chiringuitos, que son favorables a ustedes”.

El vicepresidente ha ido más allá al vincular el aumento de las agresiones homófobas con la inmigración. “¿Saben qué es el mayor peligro realmente para los homosexuales y para las personas que viven en Aragón? La inmigración ilegal, descontrolada y masiva que ustedes importan”, ha afirmado.

Nolasco ha sostenido que el islam es “absolutamente incompatible” con los derechos de las mujeres y las personas homosexuales y ha defendido las expulsiones como solución: “Billete de vuelta, es devolver a todas aquellas personas a sus países de origen. Y, por cierto, verá usted cómo, si hacemos eso, bajarán drásticamente las agresiones a los homosexuales”. El consejero no ha aportado datos que acrediten esa relación causal.

La oposición denuncia la retirada de protección

La socialista Mónica Iglesias ha acusado a Nolasco de eliminar recursos para colectivos vulnerables: “Usted lo llama reorganizar, yo lo llamo retirar protección”.

CHA ha advertido de que la desaparición de los 161.000 euros amenaza puntos de atención, asesoramiento y acompañamiento, especialmente en el medio rural. También ha recordado que las leyes aragonesas de protección LGTBI siguen vigentes y ha denunciado que siete entidades y representantes de órganos consultivos llevan más de veinte días esperando respuesta a su petición de reunión.

IU ha criticado el debilitamiento de las organizaciones sociales, mientras Teruel Existe ha cuestionado unos criterios de adjudicación que pueden excluir a pequeñas asociaciones rurales antes de que se valoren sus proyectos.

El Partido Popular de Aragón ha encontrado un nuevo responsable de los males que aquejan a España: el bipartidismo. El descubrimiento tendría poco de extraordinario si no fuera porque el PP es, precisamente, uno de los dos grandes protagonistas históricos de ese sistema político. Y porque la denuncia figura en una proposición no de ley que los propios populares han firmado junto a Vox en las Cortes de Aragón.

El pequeño desliz aparece en la página tres de una proposición no de ley (PNL) registrada el pasado 13 de octubre sobre la supuesta saturación de los servicios públicos provocada por la inmigración que se debatirá en el próximo pleno del 22 de octubre (punto 14 del orden del día). Tras una extensa exposición de motivos que responsabiliza a las políticas migratorias de buena parte de los problemas de la sanidad y la educación públicas, la iniciativa parlamentaria asegura que los gobiernos de distinto signo llevan años ocultando el coste real de la inmigración.

“A pesar de los esfuerzos del bipartidismo para ocultar esta información, gracias al trabajo del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas se logró conocer el coste de la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular”, reza el texto conjunto de los socios de gobierno de Aragón.

El reproche encaja perfectamente en el discurso habitual de la extrema derecha contra los dos grandes partidos tradicionales. Lo llamativo es encontrarlo en una iniciativa que lleva también el logotipo del Partido Popular y, sobre todo, la firma de su portavoz parlamentaria, Ana Marín Pérez.

No se trata precisamente de una recién llegada a la política. La trayectoria de Marín en las instituciones aragonesas permite suponer que conoce bien el significado del bipartidismo y el lugar que ocupa su partido en él. Pero esta vez parece que el argumentario de Vox ha pasado el filtro popular sin que nadie reparase en que la acusación también iba dirigida contra los firmantes.

El documento, de seis páginas, está encabezado por los logotipos de ambas formaciones. Su contenido recoge buena parte de las tesis de la formación de Santiago Abascal sobre inmigración, sanidad y educación, y plantea, entre otras medidas, frenar las políticas migratorias, promover repatriaciones y derogar la normativa que regula el acceso a la asistencia sanitaria de extranjeros sin residencia legal.

La anécdota no altera el contenido de la iniciativa, pero sí deja la curiosa paradoja política de que el PP aragonés ha acabado dando por buena, con su propia firma, una acusación de Vox contra el sistema bipartidista del que forma parte.

Más que una muestra de generosidad entre socios parlamentarios, todo apunta a que a veces la prisa, o la falta de supervisión necesaria demuestra que conviene releer lo firmado.

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha pujat aquest dimarts a la tribuna del Parlament amb un missatge que transcendeix el balanç de gestió dels darrers tres anys i mig: malgrat admetre que les Balears continuen sense resoldre els seus grans problemes estructurals, ha afirmat que els populars han complert “pràcticament de manera íntegra” el seu programa. Durant la seva intervenció en el darrer Debat de Política General de la legislatura, la presidenta ha reivindicat la “moderació” i la “centralitat” d'un Govern en solitari, alhora que ha exhibit els seus pactes amb Vox, ha apel·lat a l'estabilitat malgrat els “moments complicats” i la pèrdua d'“alguna votació”, i ha presentat les rebaixes fiscals com a prova d'èxit d'un mandat marcat per l'emergència habitacional i pel rebuig a declarar les illes com a zona de mercat residencial tensionat.

“En moments de renou i de debat nacional marcat per la convocatòria electoral, jo vull fer el que, com a presidenta, he fet aquests darrers tres anys i mig: centrar-me en aquesta terra, en la nostra realitat singular i genuïna, en la gent d'aquí”, ha defensat Prohens a l'inici de la seva intervenció.

L'apel·lació a l'estabilitat ha estat un dels eixos del seu discurs. La presidenta ha recordat les dificultats de governar en solitari i en minoria, amb acords parlamentaris variables, i ha presentat aquesta fórmula com una demostració de capacitat negociadora. També ha assegurat que ha mantingut intactes les seves línies vermelles i que ha governat des de la moderació. El seu objectiu polític, ha reconegut, és aconseguir una “majoria d'estabilitat” per continuar amb el seu projecte.

Rebaixes fiscals com a principal bandera

Una de les principals bases del discurs ha estat la política fiscal. Prohens ha presentat l'eliminació de l'impost de successions entre pares i fills, avis i nets i cònjuges com un dels símbols de la legislatura. Segons les xifres que ha exposat, prop de 40.000 famílies s'han beneficiat de la mesura i s'han estalviat fins a 1.031 milions d'euros en tres anys.

Es tracta d'un impost que l'Executiu autonòmic, amb el pretext d'“alleujar” econòmicament les famílies de l'arxipèlag, va eliminar tot just a l'inici de la legislatura, en el marc de la seva batalla per reduir al màxim la recaptació fiscal. Tanmateix, la supressió ha beneficiat especialment els més rics, tal com es desprèn de les dades de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): si fins a l'octubre de l'any passat les illes van deixar d'ingressar 460 milions d'euros procedents de l'impost de successions, 392 milions corresponen a quantitats que van deixar de pagar els 93 declarants més adinerats —l'1% dels declarants— de la comunitat autònoma. D'aquest total, 15 hereus (el 0,1%) s'han estalviat 289 milions d'euros que han deixat d'ingressar-se per finançar l'estat del benestar.

El 2025, PP i Vox van rebutjar que els més rics de les Balears tornassin a tributar per les seves herències. Mitjançant una iniciativa parlamentària, el grup socialista reclamava que el Govern de Prohens restablís aquest impost per als hereus de patrimonis superiors al milió d'euros, amb l'objectiu de preservar-ne la progressivitat i protegir la major part de la recaptació fiscal.

“Abaixar els imposts a les famílies és defensar les Illes Balears”, ha emfatitzat aquest dimarts Prohens, en una defensa de la seva política fiscal que ha presentat com una manera de protegir l'esforç dels ciutadans. En aquest context, ha anunciat que el Govern elevarà del 60% al 75% la bonificació de l'impost per a determinades herències entre germans, oncles i nebots quan la persona morta no tingui descendència directa.

La presidenta també ha destacat la rebaixa del tram autonòmic de l'IRPF i la creació o ampliació de 13 deduccions fiscals. Segons ha explicat, 112.000 contribuents es van beneficiar d'alguna deducció en la darrera campanya de la renda, prop de 50.000 més que durant la legislatura anterior. Entre les mesures citades figuren les deduccions per naixement, per tenir cura de persones majors de 65 anys o amb discapacitat, pel lloguer d'habitatge, per despeses derivades de l'ELA i per fomentar l'autoocupació. També ha defensat els incentius fiscals per als propietaris que incorporin habitatges buits al mercat del lloguer i les deduccions destinades als llogaters.

Habitatge: més oferta, menys intervenció

La presidenta ha situat l'accés a l'habitatge entre els tres grans reptes estructurals de les Balears, juntament amb el model econòmic i el creixement poblacional. Tanmateix, la seva recepta passa per ampliar l'oferta i facilitar l'activitat immobiliària, una aposta que deixa en segon pla la intervenció pública sobre els preus i confia que l'augment de l'oferta acabi traduint-se en habitatges assequibles. Sense qüestionar els mecanismes del mercat que han encarit l'accés a una llar, ha qualificat de “populistes” mesures que, des de la declaració de zones tensionades i la limitació dels lloguers fins a la regulació de la compra d'immobles per part de no residents, permetrien limitar aquests marges i frenar l'escalada de preus que està expulsant nombrosos residents i empenyent-ne d'altres a viure amuntegats en infrahabitatges i caravanes.

En el seu balanç, ha destacat els projectes residencials estratègics, que permetrien reduir de deu a dos anys els terminis necessaris perquè determinades promocions disposin de sòl. Segons les xifres exposades al Parlament, només els projectes tramitats a Palma preveuen uns 4.000 habitatges de preu limitat. També ha defensat un pla de prop de 300 milions d'euros per impulsar 2.000 habitatges públics i ha afirmat que, si se sumen les diferents mesures, el Govern està impulsant més de 10.000 habitatges assequibles.

La presidenta ha anunciat, a més, un nou pla estratègic d'habitatge, denominat HABITA_IB 4+4, que incorporaria prop de 50 mesures noves per al període 2027-2031, amb un impacte previst de 3.000 milions d'euros i l'objectiu d'arribar a 87.000 ciutadans. Entre les propostes figuren noves promocions públiques, ajudes a l'habitatge protegit, la rehabilitació d'immobles buits per destinar-los al lloguer assequible i la creació de registres de solars sense edificar i d'edificis inacabats o obsolets.

D'altra banda, ha explicat que el Govern preveu ampliar de 30 a 45 milions d'euros els fons destinats als avals públics de la Nova Hipoteca Jove, un programa que, segons el seu balanç, ha permès a 896 joves comprar el seu primer habitatge durant la legislatura. També ha avançat que reforçarà els ajuts directes de 10.000 euros per a menors de 40 anys que adquireixin una casa, després d'haver rebut 770 sol·licituds durant el primer mes i mig de la convocatòria. L'estratègia es completa amb una nova deducció fiscal per fomentar l'estalvi destinat a la compra del primer habitatge.

La contenció turística i la contradicció del creixement

Pel que fa al model econòmic, la presidenta ha reconegut que les Balears han seguit durant massa temps una estratègia basada en el creixement en volum i ha afirmat que les illes han assolit uns límits que obliguen a canviar de rumb. “Les nostres illes ja no poden créixer en volum, només queda créixer en valor”, ha defensat.

Prohens ha presentat com a prova d'aquest canvi diverses mesures adoptades pel seu Govern: la limitació de la capacitat d'allotjament turístic, la prohibició de nous pisos turístics, el reforç de les inspeccions contra l'oferta il·legal i un acord amb les principals navilieres per reduir en 30.000 el nombre mensual de creueristes durant els mesos de juny a setembre a partir de l'any vinent. També ha assegurat que el nombre d'habitatges turístics s'ha reduït en 5.000 en tres anys, un 20% respecte de 2023, d'acord amb les dades de l'INE citades durant la seva intervenció.

La presidenta ha defensat que el creixement de l'activitat turística durant la temporada alta s'està moderant, mentre que la despesa turística augmenta més que el nombre de visitants. Alhora, ha reivindicat tant la necessitat de deixar enrere el creixement basat en el volum com els resultats d'una economia que continua creixent i en què l'activitat turística continua sent central. En aquest sentit, ha destacat un creixement econòmic del 2,8% durant el segon trimestre de l'any, xifres rècord d'afiliació a la Seguretat Social i un increment salarial del 5,6% en els convenis durant l'any anterior.

En aquest context, la presidenta ha presentat el Pacte per la Sostenibilitat i l'Agenda de Transició com a instruments per orientar aquest canvi. Segons el seu discurs, s'han debatut més de 119 mesures i 74 han rebut validació. Prohens ha assegurat que el pacte continua “més viu que mai”, malgrat que, des que es va impulsar el 2024, diversos partits, organitzacions socials i entitats que havien participat en el seu llançament han abandonat el procés. Mentrestant, milers de persones han sortit al carrer en mobilitzacions multitudinàries i històriques per protestar contra la turistificació i el deteriorament creixent de les condicions de vida de la població resident.

“Aquí no hi cap tothom”

En matèria migratòria, Prohens ha incorporat al seu discurs un dels marcs més durs de Vox en vincular el creixement poblacional amb la pressió sobre els serveis públics, les infraestructures i l'habitatge, tot i que les dades desmenteixen aquest relat, àmpliament difós per la dreta i l'extrema dreta, en contrast amb l'evidència disponible. Entre els estudis que qüestionen aquest diagnòstic hi ha l'Informe de seguiment del Marc Estratègic de Ciutadania i Inclusió contra el Racisme i la Xenofòbia 2023-2027, que confirma les desigualtats que pateix la població estrangera no comunitària en educació, ocupació, habitatge i accés als serveis públics bàsics, com ara la sanitat. Segons aquest document, aquestes persones utilitzen els serveis sanitaris menys que la població espanyola, presenten una taxa d'abandonament escolar prematur més elevada i pateixen amb més intensitat l'encariment de l'habitatge.

Amb tot, la presidenta del PP ha reclamat frenar l'arribada d'immigració irregular i ha afirmat que a les illes “no hi caben” les persones que no venen a contribuir, integrar-se o respectar les lleis i els valors de les illes: “No, aquí no hi cap tothom”, ha etzibat. En aquesta línia, ha acusat el Govern central de fomentar un “efecte crida” amb la regularització de persones migrants, sense esmentar l'augment potencial dels ingressos públics que podria derivar-se'n.

Segons les dades que ha exposat, les Balears han sumat 78.000 targetes sanitàries en tres anys, mentre que el sistema educatiu rep al voltant de 4.000 alumnes d'incorporació tardana cada curs i les sol·licituds de prestacions per dependència han augmentat un 30%. Prohens ha defensat que el Govern ha respost a aquesta demanda creixent amb més pressupost, professionals i infraestructures.

D'altra banda, ha reivindicat que la taxa de persones en risc de pobresa o exclusió social ha descendit del 17% al 15,2%, d'acord amb el darrer informe sobre l'estat de la pobresa elaborat per EAPN-ES amb dades corresponents al 2025. També ha esmentat que dues de cada cinc persones de les illes, el 37,8%, tenen algun tipus de dificultat per arribar a final de mes. Prohens ha citat aquesta evolució per defensar els resultats de la seva gestió, però ha reconegut la necessitat de protegir les persones vulnerables i ha anunciat la posada en marxa del programa pilot “Devora tu”, destinat a garantir allotjament a persones grans en situació d'exclusió residencial.

Educació i sanitat

Pel que fa a l'educació, Prohens ha reivindicat l'increment dels recursos destinats al sistema públic i concertat com una de les principals credencials de la seva gestió. Segons el seu balanç, el pressupost educatiu ha augmentat en 248 milions d'euros en tres anys, un 20%, i s'han incorporat 1.446 docents més: 1.316 a l'ensenyament públic i 130 a la concertada. La presidenta també ha destacat la incorporació de 400 professionals més d'atenció a la diversitat i la posada en marxa de noves aules UEECO per a alumnat amb necessitats educatives especials.

La presidenta ha reconegut que “queda feina per fer” i ha anunciat que el pròxim Compromís Educatiu haurà d'abordar, entre altres qüestions, les dificultats d'habitatge i mobilitat dels docents entre illes. Una admissió que posa en relleu fins a quin punt l'encariment de l'habitatge també afecta la capacitat dels serveis públics per atreure i retenir professionals.

En matèria sanitària, Prohens ha subratllat que el Govern destina actualment 200 milions d'euros més a la sanitat pública que a l'inici de la legislatura, un increment pressupostari del 10%, segons les xifres exposades en el seu discurs. També ha presentat la transformació digital i la innovació mèdica com una de les apostes de futur, amb una inversió prevista d'uns 100 milions d'euros.

Entre les mesures que ha volgut destacar figura el reforç de l'atenció psicològica: el Govern assegura que 16 psicòlegs incorporats als centres de salut han atès més de 5.000 pacients i preveu arribar als 61 professionals de psicologia a l'atenció primària abans d'acabar l'any. A això s'afegeix l'ampliació de l'atenció psicològica als centres educatius, amb l'objectiu d'arribar als 90 psicòlegs educatius entre les diferents etapes. Prohens ha presentat aquestes iniciatives com una millora de la capacitat assistencial, encara que l'augment de la inversió i de les plantilles no permet concloure, per si sol, que s'hagin resolt els problemes d'accés, les llistes d'espera o la pressió que suporta el sistema sanitari.

En matèria de conservació del territori, Prohens ha anunciat una nova convocatòria per adquirir parcel·les privades al Parc Natural de Mondragó i, per primera vegada, també al d'es Trenc, amb l'objectiu d'incorporar-les al patrimoni públic i reforçar-ne la protecció. La presidenta ha assegurat que el Govern ha destinat prop de sis milions d'euros en tres anys i mig a comprar finques que sumen 1.169 hectàrees, entre les quals hi ha Son Jaumell, al Parc Natural de Llevant; sa Bastida, a Alaró; es Bosch, a Escorca, i sa Boval Vell, a s'Albufera des Grau. També ha defensat les ajudes als propietaris de finques forestals per prevenir incendis i ha anunciat que es triplicaran, fins als 900.000 euros, les subvencions per netejar torrents en terrenys privats.

El Debat de Política General es reprendrà aquest dimecres amb les intervencions dels grups parlamentaris, que podran respondre al discurs de la presidenta del Govern i fixar posició sobre el balanç de la legislatura i els principals reptes de les illes. La sessió continuarà amb el torn de rèplica de la presidenta i el debat de les propostes que presentin els diversos grups.

La presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), ha subido este martes a la tribuna del Parlament con un mensaje que trasciende el balance de gestión de los últimos tres años y medio: pese a admitir que Balears continúa sin resolver sus grandes problemas estructurales, ha aseverado que los populares han cumplido “prácticamente de manera íntegra” su programa. Durante su intervención en el último Debate de Política General de la legislatura, la líder balear ha reivindicado la “moderación” y la “centralidad” de un Govern en solitario mientras ha exhibido sus pactos con Vox, ha apelado a la estabilidad pese a los “momentos complicados” y la pérdida de “alguna votación”, y ha presentado las rebajas fiscales como prueba de éxito de un mandato marcado por la emergencia habitacional y el rechazo a declarar las islas como zona tensionada.

“En momentos de ruido y de debate nacional marcado por la convocatoria electoral, yo quiero hacer lo que como presidenta he venido haciendo estos últimos tres años y medio: centrarme en esta tierra, en nuestra realidad singular y genuina, en la gente de aquí”, ha defendido Prohens al inicio de su intervención.

La apelación a la estabilidad ha sido uno de los ejes de su discurso. La presidenta ha recordado las dificultades de gobernar en solitario y en minoría, con acuerdos parlamentarios variables, y ha presentado esa fórmula como una demostración de capacidad negociadora. También ha asegurado haber mantenido intactas sus líneas rojas y haber gobernado desde la moderación. Su objetivo político, ha reconocido, es lograr una “mayoría de estabilidad” para continuar con su proyecto.

Rebajas fiscales como principal bandera

Una de las principales bazas del discurso ha sido la política fiscal. Prohens ha presentado la eliminación del impuesto de sucesiones entre padres e hijos, abuelos y nietos y cónyuges como uno de los símbolos de la legislatura. Según las cifras que ha expuesto, cerca de 40.000 familias eran se han beneficiado de la medida y se han ahorrado hasta 1.031 millones de euros en tres años.

Se trata de un gravamen que el Ejecutivo autonómico, so pretexto de “aliviar” económicamente a las familias del archipiélago, eliminó nada más arrancar la actual legislatura en su batalla por reducir al máximo la recaudación fiscal. Sin embargo, la supresión ha provocado que sean los ultrarricos quienes más se han beneficiado de ella, tal como se desprende de los datos de la Agencia Tributaria en Balears (ATIB): si hasta octubre del pasado año las islas dejaron de ingresar 460 millones de euros procedentes del impuesto de sucesiones, 392 millones han sido dejados de pagar por los 93 declarantes más adinerados (el 1% de los declarantes) de la Comunidad Autónoma. De todos ellos, 15 herederos (el 0,1%) se han ahorrado 289 millones que han dejado de destinarse a la financiación del estado de bienestar.

El 2025, PP y Vox rechazaron que los más ricos de Balears volviesen a tributar por sus herencias. A través de una iniciativa parlamentaria, el grupo socialista reclamaba que el Govern de Prohens activase de nuevo este gravamen para los herederos de un patrimonio superior al millón de euros con el objetivo de preservar la progresividad del impuesto de sucesos y la “inmensa mayoría de la recaudación fiscal”.

“Bajar los impuestos a las familias es defender las Illes Balears”, ha enfatizado este martes Prohens en una defensa de su política fiscal que ha presentado como una forma de proteger el esfuerzo de los ciudadanos. En este contexto, ha anunciado que el Govern elevará del 60% al 75% la bonificación del impuesto para determinadas herencias entre hermanos, tíos y sobrinos cuando la persona fallecida no tenga descendencia directa.

La presidenta también ha destacado la rebaja del tramo autonómico del IRPF y la creación o ampliación de 13 deducciones fiscales. Según ha explicado, 112.000 contribuyentes se beneficiaron de alguna deducción en la última campaña de la renta, cerca de 50.000 más que durante la legislatura anterior. Entre las medidas citadas figuran las deducciones por nacimiento, cuidados de personas mayores de 65 años o con discapacidad, alquiler de vivienda, gastos derivados de la ELA y fomento del autoempleo. También ha defendido los incentivos fiscales para los propietarios que incorporen viviendas vacías al mercado del alquiler y las deducciones destinadas a inquilinos.

Vivienda: más oferta, menos intervención

La presidenta ha situado el acceso a la vivienda entre los tres grandes retos estructurales de Balears, junto con el modelo económico y el crecimiento poblacional, aunque su receta pasa por ampliar la oferta y facilitar la actividad inmobiliaria, una apuesta que deja en segundo plano la capacidad de intervención pública sobre los precios y que confía en que el aumento de la oferta acabe traduciéndose en viviendas asequibles. Sin cuestionar los mecanismos del mercado que han encarecido el acceso a un hogar, ha calificado de “populislas” herramientas que, desde la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres hasta la regulación de la compra de inmuebles por parte de no residentes, permitirían limitar esos márgenes y frenar la escalada de precios que está expulsando a numerosos residentes y hacinando a otros en infraviviendas y caravanas.

En su balance, ha destacado los proyectos residenciales estratégicos, que permitirían reducir de diez a dos años los plazos de disponibilidad de suelo para determinadas promociones. Según las cifras expuestas en el Parlament, solo en los proyectos tramitados en Palma habría 4.000 viviendas de precio limitado proyectadas. También ha defendido un plan de cerca de 300 millones de euros para impulsar 2.000 viviendas públicas y ha afirmado que, sumando las distintas medidas, el Govern está impulsando más de 10.000 viviendas asequibles.

La presidenta ha anunciado además un nuevo plan estratégico de vivienda, denominado HABITA_IB 4+4, que incorporaría cerca de 50 nuevas medidas para el periodo 2027-2031, con un impacto previsto de 3.000 millones de euros y el objetivo de llegar a 87.000 ciudadanos. Entre las propuestas figuran nuevas promociones públicas, ayudas a la vivienda protegida, rehabilitación de inmuebles vacíos para destinarlos al alquiler asequible y registros de solares sin edificar y de edificios inacabados u obsoletos.

Por otro lado, ha explicado que el Govern prevé ampliar de 30 a 45 millones de euros los fondos destinados a los avales públicos de la Nova Hipoteca Jove, un programa que, según su balance, ha permitido a 896 jóvenes comprar su primera vivienda durante la legislatura. También ha avanzado que reforzará las ayudas directas de 10.000 euros para menores de 40 años que adquieran una casa tras recibir 770 solicitudes en el primer mes y medio de convocatoria. La estrategia se completa con una nueva deducción fiscal con miras a fomentar el ahorro destinado a la compra de la primera vivienda.

La contención turística y la contradicción del crecimiento

Sobre el modelo económico, la presidenta ha reconocido que Balears ha seguido durante demasiado tiempo una estrategia basada en crecer en volumen y ha afirmado que las islas han alcanzado límites que obligan a cambiar de rumbo. “Nuestras islas ya no pueden crecer en volumen, solo queda crecer en valor”, ha defendido.

Prohens ha presentado como prueba de ese cambio varias medidas adoptadas por su Govern: la limitación de la capacidad de alojamiento turístico, la prohibición de nuevos pisos turísticos, el refuerzo de las inspecciones contra la oferta ilegal y un acuerdo con las principales navieras para reducir en 30.000 los cruceristas mensuales durante los meses de junio a septiembre a partir del próximo año. También ha asegurado que la cifra de viviendas turísticas se ha reducido en 5.000 en tres años, un 20% respecto a 2023, de acuerdo a los datos del INE citados en su intervención.

La presidenta ha defendido que el crecimiento de la actividad turística en temporada alta se está moderando mientras el gasto turístico aumenta más que el número de visitantes. Asimismo, ha defendido simultáneamente la necesidad de dejar atrás el crecimiento basado en el volumen y los resultados de una economía que continúa creciendo y cuya actividad turística sigue siendo central, reivindicando un crecimiento económico del 2,8% en el segundo trimestre del año, cifras récord de afiliación a la Seguridad Social y un incremento salarial del 5,6% en los convenios durante el año anterior.

En este contexto, la líder autonómica ha presentado el Pacto por la Sostenibilidad y la Agenda de Transición como instrumentos para orientar ese cambio. Según su discurso, se han debatido más de 119 medidas y 74 han recibido validación. La presidenta ha asegurado que el pacto continúa “más vivo que nunca” a pesar de que, desde su impulso en 2024, partidos, organizaciones sociales y entidades que participaron en su lanzamiento han abandonado el proceso y miles de personas se han echado a las calles en multitudinarias e históricas movilizaciones para protestar contra la turistificación y el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población residente.

“Aquí no cabe todo el mundo”

En materia migratoria, Prohens ha incorporado a su discurso uno de los marcos más duros de Vox al vincular el crecimiento poblacional con la presión sobre los servicios públicos, las infraestructuras y la vivienda a pesar de que los datos desmienten este relato, ampliamente difundido por la derecha y la extrema derecha en contraste con la evidencia disponible. Entre los estudios que rebaten este diagnóstico se encuentra el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, que confirma las desigualdades que sufre la población extranjera no comunitaria en educación, empleo, vivienda y acceso a los servicios públicos básicos como la sanidad. De acuerdo a este documento, estos ciudadanos utilizan menos que los españoles los servicios sanitarios, presentan un abandono escolar temprano y sufren con mayor dureza el incremento de los precios de la vivienda.  

Con todo, la líder del PP ha reclamado frenar la llegada de inmigración irregular y ha aseverado que en las islas “no caben” quienes no vienen a contribuir, integrarse o respetar las leyes y los valores de las islas: “No, aquí no cabe todo el mundo”, ha espetado. En esta línea, ha acusado al Gobierno central de fomentar un “efecto llamada” con la regularización de personas migrantes, evitando mencionar el potencial incremento de ingresos públicos derivado de la regularización.

Según los datos que ha expuesto, Balears ha sumado 78.000 tarjetas sanitarias en tres años, mientras que el sistema educativo recibe alrededor de 4.000 alumnos de incorporación tardía cada curso y las solicitudes de prestaciones por dependencia han aumentado un 30%. Prohens ha defendido que el Govern ha respondido a esta mayor demanda con más presupuesto, profesionales e infraestructuras.

Por otro lado, ha reivindicado que la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha descendido del 17% al 15,2%, de acuerdo al último Informe sobre el Estado de la Pobreza elaborado por EAPN-ES con datos correspondientes a 2025, y que menciona que dos de cada cinco personas en las islas, el 37,8%, tienen algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes. La presidenta, quien ha citado esta evolución para defender los resultados de su gestión, ha reconocido la necesidad de proteger a las personas vulnerables y ha anunciado la puesta en marcha del programa piloto 'Devora tu', destinado a garantizar alojamiento a personas mayores en situación de exclusión residencial.

Educación y sanidad

En cuanto a educación, Prohens ha reivindicado el incremento de los recursos destinados al sistema público y concertado como una de las principales credenciales de su gestión. Según su balance, el presupuesto educativo ha aumentado en 248 millones de euros en tres años, un 20%, y se han incorporado 1.446 docentes más: 1.316 en la enseñanza pública y 130 en la concertada. La presidenta también ha destacado la incorporación de 400 profesionales adicionales de atención a la diversidad y la puesta en marcha de nuevas aulas UEECO para alumnado con necesidades educativas especiales.

La líder balear ha reconocido que “queda trabajo por hacer” y ha anunciado que el próximo Compromiso Educativo deberá abordar, entre otras cuestiones, las dificultades de vivienda y movilidad de los docentes entre islas. Una admisión que pone de relieve hasta qué punto el encarecimiento de la vivienda afecta también a la capacidad de los servicios públicos para atraer y retener profesionales.

En materia sanitaria, Prohens ha subrayado que el Govern destina actualmente 200 millones de euros más a la sanidad pública que al inicio de la legislatura, un incremento presupuestario del 10%, según las cifras expuestas en su discurso. También ha presentado la transformación digital y la innovación médica como una de las apuestas de futuro, con una inversión prevista de unos 100 millones de euros.

Entre las medidas que ha querido destacar figura el refuerzo de la atención psicológica: el Govern asegura que 16 psicólogos incorporados a los centros de salud han atendido a más de 5.000 pacientes y prevé alcanzar los 61 profesionales de psicología en Atención Primaria antes de acabar el año. A ello se suma la ampliación de la atención psicológica en los centros educativos, con un objetivo de 90 psicólogos educativos entre las distintas etapas. Prohens ha presentado estas iniciativas como una mejora de la capacidad asistencial, aunque el aumento de la inversión y de las plantillas no permite, por sí solo, concluir que se hayan resuelto los problemas de acceso, las listas de espera o la presión que soporta el sistema sanitario.

En materia de conservación del territorio, Prohens ha anunciado una nueva convocatoria para adquirir parcelas privadas en el Parc Natural de Mondragó y, por primera vez, también en el de es Trenc, con el objetivo de incorporarlas al patrimonio público y reforzar su protección. La presidenta ha asegurado que el Govern ha destinado cerca de seis millones de euros en tres años y medio a comprar fincas que suman 1.169 hectáreas, entre ellas Son Jaumell, en el Parc Natural de Llevant; Sa Bastida, en Alaró; es Bosch, en Escorca, y sa Boval Vell, en s'Albufera des Grau. También ha defendido las ayudas a los propietarios de fincas forestales para prevenir incendios y ha anunciado que se triplicarán, hasta los 900.000 euros, las subvenciones para limpiar torrentes en terrenos privados.

El debate de Política General se reanudará este miércoles con las intervenciones de los grupos parlamentarios, que podrán responder al discurso de la presidenta del Govern y fijar posición sobre el balance de la legislatura y los principales retos de las islas. La sesión continuará con el turno de réplica de la presidenta y el debate de las propuestas que presenten los distintos grupos.

Cerca de una veintena de partes de lesiones de migrantes que aseguraron haber sido agredidos por efectivos de las Fuerzas Armadas han llegado al juzgado ceutí que investiga el caso de posibles torturas por parte de militares, según ha adelantado El País y ha confirmado a elDiario.es del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad. Las mismas fuentes oficiales recuerdan que el envío de los informes médicos a las autoridades judiciales es obligatorio por ley cuando un paciente asegura haber sido agredido, por lo que ya habían sido remitidos a la Justicia en el momento en que ocurrieron los hechos.

Aunque por el momento el Ingesa no ha especificado el número exacto de pacientes sobre los que ha remitido información, sí confirma que existen alrededor de una veintena de comunicaciones sobre casos en los que las personas migrantes llegadas a Ceuta durante los últimos días de julio han denunciado ser víctimas de agresiones por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. El Ingesa habla de “cerca de una veintena”, pero los testimonios recopilados por elDiario.es apuntan a que son más los migrantes que han acudido al servicio de Ugerncias del Hospital de Ceuta tras alegar sufrir una paliza por parte de militares españoles.

Estas fuentes también hacen hincapié en que no es el Hospital de Ceuta, a través del Ingesa, quién asocia las lesiones con torturas por parte de militares, sino que el parte recoge lo que el afectado le dice al médico. “Los médicos refieren el parte y envían copia según lo que le haya dicho el paciente”, insiste el representante del organismo consultado por este medio. Posteriormente, “es la justicia quién debe dictaminar”, agrega la fuente.

Sin embargo, varios testimonios de pacientes que denuncian haber sido víctimas de palizas por parte de soldados en Ceuta han asegurado a elDiario.es que, pese a que hayan trasladado al personal sanitario haber sido agredidos específicamente por militares, el certificado médico no siempre lo recogía. Este medio ha accedido a varios partes médicos de migrantes que no incluyen que la víctima refiera haber sido golpeado por militares, sino que únicamente incluye que se trata de una “agresión”, pese a que afirman haber insistido en ello al personal médico, lo que puede deberse a una falta de voluntad o a razones ligada a la barrera idiomática.

Una denuncia presentada ante la Policía por un migrante víctima de una supuesta agresión por parte de militares españoles recoge que un sanitario del Hospital de Ceuta le exigió no incluir esa información en el certificado médico: “Si reflejas en el parte médico que te han agredido los militares, no podremos atenderte”, le dijeron en Urgencias, según el documento registrado en comisaría, publicada por elDiario.es el 1 de octubre.

Otros migrantes que han acudido a Urgencias tras sufrir este tipo de prácticas reconocen haber tenido miedo por la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en la puerta del centro médico o por recibir cualquier tipo de represalias a su salida.

La información facilitada por el Ingesa viene a confirmar que el juzgado que investiga las presuntas torturas ya cuenta no solo con el informe de Amnistía Internacional, sino con documentos médicos que evidencian lesiones sufridas por las personas migrantes que permanecen en Ceuta y que aseguran haber sido víctimas de ataques por parte de soldados.

La jueza María Tardón ha dictado un auto por el que cita como testigos a tres consejeros de la Ciudad de Ceuta, así como a tres de los investigadores policiales implicados en la redacción de informes antes y después de la llegada masiva de migrantes. La magistrada también pide al MInisterio de Defensa informes de inteligencia sobre la presunta previsión de los hechos los días 30 y 31 de julio pasado.

Los tres consejeros citados son el de Presidencia, Alberto Ramón Gaitán; de Sanidad, Nabila, Benizna; y el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo de Ceuta, Alejandro Ramírez Magaña. Los tres deben comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 27 de octubre . Al día siguiente, Tardón tomará declaracion a tres oficiales del Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, la magistrada pide al jefe del Estado Mayor de la Defensa que recopile del Ejército de Tierra y le remita “todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta” entre los días 15 de julio y 7 de agosto, así como el informe original de uno de sus organismos a los que se alude en los documentos desclasificados.

Tardón también solicita que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) que le envíe los informes de inteligencia que haya emitido su grupo de seguimiento de Marruecos, así como la ampliación de las imágenes satelitales sobre la frontera de Ceuta entre el mismo periodo de tiempo. Igualmente la jueza requiere los datos que haya ofrecido el programa de guerra electrónica del programa Santiago de las Fuerzas Armadas.

La magistrada requiere a todas las autoridades civiles y militares para que “remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterio y demás medios audiovisuales correspondientes, y ello desde el día 30 de julio y hasta ahora”.

A la ciudad autónoma, Policía, Guardia Civil y Servicio Marítimo la jueza pide “toda la información oficial de que dispongan sobre el número de entradas registradas, retornos, devluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados”.

De la Ciudad Autonoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno, la jueza requiere “actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los dias 27, 28 y 30 de julio”.

Por otra parte, la jueza pide a la Guardia Civil y Policía de Ceuta que identifiquen a un confidente que se llamaría Ahmed, residente en Benzú y que colaboraría habitualmente con el instituto armado. También quiere saber qué agentes lo manipulaban y que se les cite como testigos a todos.

El vídeo corre por redes sociales desde el 17 de agosto. Una decena de militares irrumpe en un descampado donde hay dos vehículos aparcados. Una parte de los uniformados se abalanza sobre uno de ellos, desde donde varios migrantes salen a toda velocidad mientras intentan esquivar los porrazos. En su huida, un chico cae por un empinado terraplén cuando los soldados continúan ensañándose a golpes con dos marroquíes agachados en el suelo ya fuera del coche. Se escuchan chillidos. La escena obliga a reaccionar a algunos vecinos y los efectivos empiezan a dispersarse. Tras ellos, un joven queda tirado en el suelo. 

Más de un mes de los hechos, Aiman (nombre ficticio) observa el vídeo y señala al chico delgado que huye despavorido del vehículo hasta desplomarse terraplén abajo. “Soy yo”, dice con timidez y cierto miedo. Enseña la zona posterior de su oreja y su codo, donde dos cicatrices le recuerdan cada día lo ocurrido aquella mañana de agosto en la que varios militares le despertaron a palos tras abrir la puerta del coche donde dormía junto a otros cuatro jóvenes marroquíes. Es menor de edad. Su acta de nacimiento recoge que tiene 17 años. 

A través de su testimonio, el de otros dos migrantes heridos durante la actuación militar y varios vecinos que asistieron a los heridos, elDiario.es reconstruye lo ocurrido en el vídeo difundido inicialmente por el colectivo Border Resistance y publicado por este medio el 27 de septiembre.  Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana en un descampado de la barriada ceutí de Los Rosales —aunque en un inicio las primeras informaciones los ubicaban en El Príncipe—, ubicado cerca de edificios de viviendas. Aiman estaba acostado en el asiento trasero; Ibrahim descansaba en el maletero, encajonado junto a otro chaval. En los asientos delanteros reposaban otros dos compañeros. 

“Estábamos durmiendo dentro del coche. [Los militares] abrieron la puerta y empezaron a golpearnos dentro del coche. Algunos huyeron y otros se quedaron”, explica el menor. Él no escuchó la puerta abrirse, cuenta; se despertó con los golpes de las defensas y entre gritos de los militares. “Estaba dormido y no entendía qué pasaba. Imagínate que susto despertarte así”, continúa Aiman, con la ayuda de un traductor. “Algunos huyeron y otros se quedaron”. Recibió el primer porrazo en el interior del vehículo y, justo después, logró escapar, relata.

Es el chico alto y delgado que sale en primer lugar, por la puerta trasera del lado derecho del coche, y corre hacia la cuesta del descampado. Tan adormecido y aterrado estaba, dice, que no sabía por donde pisaba. No vio el terraplén, y se precipitó desde una distancia considerable. Aiman fue a parar sobre una maraña de residuos, maderas y cristales rotos.

“Ahí fue donde me corté”, añade antes de colocarse de perfil y doblar una de sus orejas, detrás de la que se esconde la primera cicatriz. También levanta y enseña el codo, donde se encuentra el segundo tajo. “Me tuvieron que dar muchos puntos”. 

“Me golpearon en el maletero”

Mientras Aiman se precipitaba por el terraplén, Ibrahim aparece por primera vez en el vídeo. Es el chico que, sin camiseta, sale disparado desde la puerta trasera del vehículo. “Primero, me pegaron dos veces en la cabeza dentro del coche, cuando estaba en el maletero [desde los asientos traseros]. Luego, me sacaron”, dice el joven, de 19 años. “Los gritos que se oyen en el vídeo son míos”.

Las imágenes muestran a Ibrahim saliendo en una especie de propulsión de la parte trasera del coche, desde donde cae del suelo. La manera en la que lo hace apunta a que fue empujado desde el interior del vehículo. El chico se desploma, de rodillas, junto al muro granate. A su alrededor se arremolinan unos cuatro soldados y comienzan a golpear hacia donde se encuentra él y otro chaval, de camiseta negra, al que también sacaron del vehículo.

No les golpean una sola vez: les apalean de manera reiterada. Cuando Ibrahim sale del coche, permanece en el suelo hasta que logra escabullirse de los uniformados que le rodean. Durante esos segundos, se producen al menos nueve porrazos, repartidos por varios efectivos. Solo uno de los militares les golpea hasta seis ocasiones.

“Después de golpearnos en el coche, nos sacaron. En ese momento aparezco en el vídeo, mientras seguían pegándonos…”, confirma Ibrahim, que ya se había visto en las imágenes, difundidas un mes antes por redes sociales, antes del encuentro con elDiario.es. El vídeo muestra el momento en que logra zafarse de los militares, apoyándose en el muro antes de descender la misma ladera por la que se cayó Aiman.

Su compañero, al que sacaron del maletero justo después, trata de seguirle, como aparece en las imágenes. Pero varios militares se ceban con él y le propinan más golpes. Tras el último porrazo, cae al suelo, junto al muro granate. Increpados por varios vecinos, impactados por la intensidad de la paliza, los soldados comienzan a retirarse. El chico de camiseta negra sigue tirado, casi inmóvil, pero los militares abandonan el lugar sin prestarle asistencia y sin llamar a una ambulancia, según los testimonios recabados.

Los migrantes agredidos destacan que uno de los uniformados que les golpeó “llevaba barba”, “no hablaba dariya” (el dialecto marroquí, que suelen hablar los ceutíes musulmanes) y “tenía un tatuaje en el cuello”.

Doloridos por los golpes y aún impactados por lo ocurrido, Ibrahim y Aiman fueron al hospital por su cuenta, junto a otros de los heridos. “Fui al hospital, pero allí no nos hicieron nada”, dice el chico que estaba en el maletero. Según su relato, tenía contusiones en distintas partes de su cuerpo, que permaneció días amoratado e inflamado. “Después no pude hacer nada. Estaba muy dolorido, pero no podía hacer nada. Me quedé en la calle y algunos vecinos me ayudaron”, señala resignado. Los moratones ya han desaparecido. “El brazo me sigue doliendo, sobre todo cuando hace mal tiempo”, lamenta.

Ensangrentado por los cortes de su oreja y su brazo, Aiman cuenta que sí recibió varios puntos en las heridas. No cuenta con parte médico porque, asegura, el personal se negó a entregárselo, se queja.

Aunque Mohamed no aparece en el vídeo, asegura que también estuvo presente durante los hechos. A él, dice, los militares le agredieron antes de empezar con quienes descansaban en el vehículo. “Dormía fuera, en el descampado, y me pegaron mucho en la cabeza”, afirma el joven. Todos son amigos y, desde entonces, tratan de ayudarse. Aún viven en la calle y temen ser retornados a Marruecos en uno de los operativos que el Gobierno prepara en los barrios de Ceuta, después de finalizar la fase de desalojos de los asentamientos de las playas. Amnistía Internacional alerta del riesgo de que sean retornados víctimas de las palizas de militares, cuando este tipo de actuaciones han sido judicializadas tras el envío de su informe a la Justicia. Muchos de los migrantes que aseguran haber sido víctimas de agresiones o tratos vejatorios en Ceuta, como Aiman, Ibrahim y Mohamed, no se atreven a denunciar por miedo, por lo que la organización pide la aplicación de mayores garantías.

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Este medio no ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio de Defensa, pese a las insistentes preguntas trasladadas a su departamento de prensa. La primera información se publicó el pasado 15 de septiembre, recogiendo dos decenas de testimonios de personas marroquíes que aseguraban haber sufrido agresiones o vejaciones por parte de soldados desplegados en Ceuta. Posteriormente, este medio publicó varios casos de menores migrantes rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento. El 25 de septiembre, llegaron los vídeos que confirmaban este tipo de actuaciones.

Este jueves, elDiario.es publicó audios en los que al menos tres militares resumían entre risas de sus palizas a migrantes en Ceuta. “Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele”, decían en una conversación en la que comentaban prácticas que, según Amnistía Internacional, podrían constituir un delito de torturas o tratos degradantes.

No obstante, pese a contar con la información, Defensa no la trasladó las denuncias a la Justicia hasta el pasado 30 de septiembre, después de que Amnistía Internacional publicase un informe que recogía parte de las denuncias publicadas por elDiario.es. En este tiempo, este medio sí recibió respuesta de fuentes de La Moncloa que mostraron su “preocupación” por los hechos denunciados y se comprometieron a abrir una investigación interna sobre la que de momento no han aportado información al respecto. Durante ese tiempo, ha continuado aumentando el número de testimonios que denuncian haber sufrido este tipo de prácticas por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas en la ciudad autónoma.

Dicen que Mari Carmen ha muerto. Yo creo que la han matado, y no soy la única. La cuestionable existencia de voluntad por parte de las instituciones en prevenir y resolver ha sido sangrante, pero poco sorpresiva, porque es el día a día, y aunque esté normalizado, no lo hace menos terrible. Pero con el desahucio que la ha matado ha resucitado una cuestión: ¿qué pasa con las personas mayores?

Permíteme que me salga un momento del tiesto. Sé lo dura que es la situación de acceso a la vivienda en mi generación y lo frustrante que es rondar los treinta y no poder independizarte. Aunque esto afecte a la planificación familiar, aumente el riesgo de violencia machista, empeore la salud física y mental, el poder adquisitivo, y una larga lista de etcéteras.

Y con todo esto, volviendo a lo concreto del caso de Mari Carmen, se le ha echado en cara que quisiera seguir viviendo en su casa a su edad, ¡a la residencia! Y claro, yo pregunto, ¿a partir de qué edad es obligatorio abandonar tu casa para ingresar en una residencia? ¿Es lo que nos espera en la jubilación?

Ay, la jubilación. Es algo que me ronda la cabeza desde hace mucho: ¿qué será de mí en la ancianidad? A ver, te explico. Yo soy negra, africana, pero española. Entonces, el no haberme imaginado nunca siendo una persona de la tercera edad viviendo en España resulta no ser la excepción. La descubrí hablando con amigas africanas que, como yo, hemos crecido o nacido en España.

Esto implica pensar si volver o no a los países de origen, como piensan nuestros padres o madres, quienes tras vivir aquí más tiempo del que vivieron en sus países, haber aportado a la seguridad social con el sudor de su frente, haber sido objeto político, nunca participan en la conversación pues ni siquiera pueden votar al no tener DNI, como si de ciudadanos fantasma se tratase. Con todo esto, el desarraigo es evidente, ¿pero se puede volver a un país que ya no existe? ¿Quedarte? ¿Ir a una residencia para ser violentado de forma racista, a una edad vulnerable? ¿Morir en un país en el que puede que ni si quiera te puedan enterrar? Asimismo, cabe preguntarse qué pasa con quienes, como la población saharaui y de Guinea Ecuatorial, fueron despojados de la nacionalidad española o apatridizados en sus procesos de descolonización (1976 y 1968 respectivamente).

He aquí la cuestión: crecemos y nos hacemos mayores en un país del que se forma parte, pero, en mayor o menor medida, no sientes tuyo. Estar de paso y de prestado.

Mari Carmen, al igual que Rosario o Aisha entre tantísimas otras, quería morir en su hogar, porque el derecho a envejecer con autonomía, sin violencia y ser cuidadas, es patrimonio de todas

Aquí es donde destacan proyectos como el de Afromayores, dirigido por la periodista y escritora Lucía Asué Mbomío Rubio, junto con el documentalista y el fotógrafo Laurent Leger Adame. Afromayores no es sólo un acto de justicia comunitaria, sino una reparación de las desmemorias de nuestras sociedades para con las personas negras. No sólo es desmontar la retórica de que acabamos de llegar, sino que seguimos aquí a pesar de todo.

Hay quien podría decir que su importancia reside en el uso de voces y los rostros de las personas mayores africanas y afrodescendientes, nos recuerda que la presencia negra forma parte de la historia viva de España. Pero donde destaca su valor es en devolver la palabra a quienes abrieron camino antes que nosotras, reconociendo sus aportaciones y cuestionar los relatos que presentan a las personas negras como eternas extranjeras. Es la manera de reconstruir el puente entre generaciones mediante el diálogo abierto.

Mas no lo pienses como un puente que une dos orillas distantes, sino materializado en casitas comunitarias. Venimos de tradiciones donde la persona mayor coexiste y cohabita con las siguientes generaciones, por lo que pensar en las residencias de mayores como el lugar de desecho como si de un yogur caducado se tratase supone asumir un marco, no sólo representa un fracaso social, sino también es profundamente descorazonador.

Mari Carmen, al igual que Rosario o Aisha entre tantísimas otras, quería morir en su hogar, porque el derecho a envejecer con autonomía, sin violencia y ser cuidadas, es patrimonio de todas.

La última vez que unos reyes españoles visitaron Ceuta y Melilla, Marruecos respondió con una crisis diplomática. En noviembre de 2007, el viaje de Juan Carlos I y Sofía provocó la retirada temporal del embajador marroquí en Madrid, manifestaciones en las fronteras y una condena pública del actual rey marroquí, Mohamed VI. Casi 20 años después, Felipe VI y Letizia regresan a ambas ciudades en un escenario marcado por la mayor crisis migratoria registrada en Ceuta y el resurgimiento de las reivindicaciones territoriales marroquíes. 

La visita, la primera de Felipe VI desde su proclamación en 2014, llega apenas dos meses y medio después de que más de 80.000 personas cruzaran la frontera desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio. Para Rabat, la presencia del monarca español tiene una dimensión que transciende de lo protocolario. Desde su independencia en 1956, Marruecos reivindica ambas ciudades como parte de su territorio nacional. España, por su lado, rechaza cualquier cuestionamiento de su soberanía y recuerda que las dos ciudades forman parte de su territorio y de la Unión Europea. 

El precedente de 2007

Los días 5 y 6 de noviembre de 2007, Juan Carlos I y Sofía realizaron una visita oficial a Ceuta y Melilla que desató una de las mayores tensiones diplomáticas entre ambos países de aquella década. En aquel momento, la respuesta marroquí llegó incluso antes del desplazamiento. 

El 2 de noviembre, Mohamed VI ordenó llamar a consultas a su embajador en Madrid, Omar Azziman, por tiempo indeterminado. Entonces, el Ministerio de Exteriores de Marruecos calificó la visita de “lamentable” y recuperó la expresión “ciudades ocupadas” para referirse a ambos territorios. 

La protesta también incluyó manifestaciones en las inmediaciones de Melilla y la suspensión de próximas reuniones bilaterales de alto nivel. El 7 de noviembre, el propio Mohamed VI condenó públicamente el viaje, al que atribuyó posibles consecuencias para el futuro de las relaciones entre Madrid y Rabat. 

Desde entonces, Rabat reclamó abrir un diálogo sobre el futuro de las ciudades autónomas, recuperando una propuesta que Hasán II, anterior monarca y padre de Mohamed VI, ya había planteado en los años ochenta a través de la conocida “célula de reflexión”. España rechazó negociar su soberanía y la crisis se prolongó durante dos meses, hasta que el embajador marroquí regresó a Madrid en enero de 2008. 

La crisis en Ceuta reactiva las reivindicaciones territoriales

A diferencia de 2007, la visita de Felipe VI llega después de una crisis que también ha afectado a la seguridad fronteriza y marítima. A las entradas masivas de julio se suman las incursiones de una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí en aguas que España considera bajo su soberanía, según reveló El País. Este 12 de octubre, Pedro Sánchez ha confirmado los incidentes, aunque ha asegurado que se resolvieron con la interlocución entre ambos países. 

En paralelo, distintos responsables marroquíes han vuelto a situar a Ceuta y Melilla en el debate político y geopolítico. El 21 de agosto, el entonces ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, defendió durante una entrevista con la televisión pública 2M los supuestos “derechos históricos y geográficos” de Marruecos sobre ambas ciudades. Reclamó mecanismos de diálogo con España para encontrar una solución que permitiera un “retorno al seno de la patria”.

Unos días después, el 25 de agosto, durante una ceremonia religiosa presidida por Mohamed VI, el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, evocó la “lucha sagrada” para liberar las “ciudades ocupadas”, en una intervención interpretada como una alusión a las reivindicaciones territoriales marroquíes. 

La cuestión territorial también protagonizó parte de la campaña electoral que precedió las elecciones legislativas del pasado mes de septiembre. Nizar Baraka, ministro de Equipamiento y Agua y secretario general del partido nacionalista Istiqlal, aseguró a finales de agosto que España era un “socio esencial”, pero que Marruecos no retrocedería “ni un solo palmo de su territorio nacional”.

El 5 de septiembre, Nabil Benabdellah, secretario general del Partido del Progreso y del Socialismo, afirmó en un acto en Driuch que Ceuta y Melilla eran “dos ciudades marroquíes ocupadas”. Ese mismo día, Mohammed Ouzzine, dirigente del Movimiento Popular, reivindicó los “legítimos derechos históricos” marroquíes sobre ambos territorios. 

Del rechazo de la prensa al silencio

El anuncio oficial del viaje, el 1 de octubre, volvió a colocar la cuestión territorial en el debate mediático marroquí. Un día después, un medio cercano a los círculos de poder de Rabat publicó un editorial que calificaba el desplazamiento de “provocación anunciada”. El artículo recuperaba expresiones como “territorio marroquí ocupado” y acusaba a la Corona española de ceder ante las presiones del Partido Popular y Vox. Sin embargo, estas críticas no equivalen a una posición oficial del Palacio Real. 

El mensaje más relevante llegó el pasado 9 de octubre, cuando durante el arranque parlamentario tras las elecciones, Mohamed VI se pronunció por primera vez sobre la crisis migratoria del verano. El soberano criticó la actuación de determinados sectores políticos y mediáticos españoles y advirtió de que la cooperación bilateral, que calificó de decisión soberana de Marruecos, no podía quedar sometida a “ninguna presión o amenaza, ni a ningún chantaje”. 

También cuestionó las disposiciones legales españolas que dificultan las repatriaciones y anunció una nueva propuesta estratégica de cooperación. Aun así, y en lo que está relacionado con la visita oficial de los monarcas españoles, Mohamed VI no condenó expresamente el viaje ni reivindicó directamente Ceuta y Melilla, a diferencia de 2007. 

¿Qué puede ocurrir?

El contexto bilateral ha cambiado en los últimos 20 años. Desde que España respaldó en 2022 el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, ambos países han reforzado su cooperación migratoria, económica y de seguridad. Tanto es así, que comparten proyectos estratégicos y trascendentales mundialmente como la organización del Mundial de 2030 junto a Portugal. 

Una escalada diplomática podría comprometer intereses compartidos. Mientras que Marruecos necesita preservar su relación con uno de sus principales socios comerciales e interlocutor con la Unión Europea, España depende de la cooperación de Rabat en material fronteriza, migratoria y antiterrorista. 

Entre las posibles respuestas figura mantener las críticas a través de medios y dirigentes políticos, presentar una propuesta diplomática formal o recuperar medidas similares a las de 2007. Hasta el momento, ninguna de estas últimas medidas ha sido anunciada ni ejecutada por Rabat. 

La Audiencia de Almería tiene previsto celebrar esta semana el juicio contra el patrón de una patera localizada a la deriva con 22 inmigrantes a bordo quienes, durante la travesía, tuvieron que alternarse para inflar el flotador de la semirrígida, el cual había pinchado, y así evitar hundirse.

La Fiscalía pide siete años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros del que se acusa al presunto piloto de la nave, al que responsabiliza de haber puesto en serio peligro la vida de los ocupantes de la infraembarcación.

En su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, el fiscal apunta que los integrantes de la patera se intercambiaron en varias ocasiones para ir inflando el flotador “en varias ocasiones”, pese a lo cual “perdía aire”. Esto hacía que entrar agua en la patera, que se logró mantenerse a flote hasta que fue hallada por equipos de rescate.

Fueron los miembros de Salvamento Marítimo y una embarcación del Frontex quienes auxiliaron a los tripulantes de la patera cuando se situaba a varias millas de la costa de Almería sobre las 14:40 horas del 8 de diciembre de 2025, más de un día después de haber partido desde Argelia.

Un barcaza sin salvavidas ni medios de achique

Los inmigrantes habían ocupado un lugar en la semirrígida de casi siete metros de eslora y provista de un motor de 40 caballos a cambio de cierta cantidad de dinero con la promesa de alcanzar territorio europeo.

El fiscal apunta que el acusado actuó en todo momento “con pleno conocimiento” de que iba en contra de la legislación española en materia de inmigración al tratar de introducir de forma irregular a los extranjeros en territorio nacional.

Así, bajo el afán de “enriquecerse”, se coordinó con una organización para pilotar la patera mediante el manejo de una brújula, toda vez que impartió instrucciones al resto de los ocupantes sobre cómo tenían que situarse en la embarcación o cuándo debían repostar el motor, de acuerdo con el escrito de acusación.

La nave, que partió sobre las 3:30 horas de la madrugada desde las costas de Argelia el día antes de ser interceptada, era “de pequeñas dimensiones” y “totalmente inadecuada” para este tipo de travesías, ya que carecía de elementos de seguridad y comunicación así como de equipos de ayuda a la navegación.

En este sentido, tampoco contaba con elementos salvavidas ni medios para achicar el agua, lo cual “fue especialmente peligroso teniendo en cuenta que, durante todo el trayecto, estuvo entrando agua en el interior por el deficitario estado de la embarcación.

El riesgo para la vida de los inmigrantes se vio agravado por tener que viajar junto a bidones de combustible “deteriorados” y de los que “se derramaba la gasolina”, lo que generó un “alto riesgo de quemaduras” entre los inmigrantes.

La navegación se realizó en parte en horas nocturnas, con vientos variables y olas de más de un metro de altura, “atravesando posibles áreas de niebla”. El juicio está previsto a partir de las 12,00 horas de este 14 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia de Almería.

Caso 1. La idea resonaba en la cabeza de Ayoub desde hacía días: “Y si vuelvo a Marruecos. Y si ya me rindo”, rumiaba el adolescente, de 17 años, en las ya frías madrugadas de sus últimos días en Ceuta. El 19 de septiembre, tras una noche de intensos controles policiales en su asentamiento de las naves del Tarajal, el chico se despertó con la decisión tomada. Pidió a sus compañeros barberos que retocasen su corte de pelo, en especial el mechón que suele caer de forma milimetrada sobre uno de sus ojos. Vestido con la ropa que había logrado lavar el día anterior, caminaba aliviado hacia la frontera. Olía a colonia y sonreía. Volvía a Casablanca, y quería que su madre le viese guapo al llegar a casa.  Esto sí es un regreso voluntario. 

Caso 2. La Policía Nacional irrumpe en el asentamiento de la playa ceutí de Benítez durante la mañana del 27 de septiembre. Los agentes golpean sus tiendas con las porras para despertar a los migrantes que aún duermen. Malik, uno de ellos, se despierta sobresaltado y, cuando trata de entender qué pasa, ve a la policía golpear en la cabeza a algunos compañeros. El joven es retenido junto a decenas de migrantes y, posteriormente, subido a un autobús que aparca justo en un punto situado entre el paso fronterizo del Tarajal y un gran portón que da acceso a las naves, el lugar donde la Policía realiza las labores de triaje e identificación a los migrantes. 

Allí, los policías les hicieron descender en grupos de unas seis personas, donde agentes con chalecos amarillos les hablaban durante unos tres minutos para tratar de convencerles de no ser identificados, como marca la ley y el pacto europeo, sino animarles a que se vayan a Marruecos por la puerta de atrás. “Nos explicaron algunas cosas que hemos visto que no eran del todo verdad. Nos presionaron, dijeron hasta que podríamos llegar a ir a la cárcel. Teníamos que decidir muy rápido, había antidisturbios alrededor, me dio miedo y nos fuimos a la frontera”, dice Malik a elDiario.es ya desde Tánger. 

Este retorno, decidido supuestamente de manera voluntaria tras una intervención policial opaca y sin asistencia letrada, no es tan voluntario como el de Ayoub. Desde el Ministerio del Interior reconocen diferencias entre traslados “voluntarios sin intermediación policial” y aquellos en los que sí existe una “intermediación policial” justo antes de la decisión de los migrantes e inmediatamente después de un operativo de desalojo forzado de los últimos asentamientos en las playas ceutíes. ONG como Novact, Coordinadora de Barrios, Elin, No Name Kitchen han mostrado su preocupación ante este tipo de retornos supuestamente “voluntarios” en los que, mientras sí se produce una intervención policial, no entran en juego las garantías establecidas en la normativa, como la asistencia letrada. También Amnistía Internacional tacha de “poco transparentes” estos dispositivos y asegura estar investigándolos.

Esta es la vía impulsada en las últimas semanas por el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska para trasladar a Marruecos a cientos de personas directamente desde los asentamientos que están siendo desalojados en las playas de la ciudad autónoma, según los datos trasladados por el Ministerio de Política Territorial, que hace las veces de mando único en inmigración. Un operativo similar, pero más numeroso, se repitió los días 29 de septiembre desde Benítez. Ese día, 400 personas regresaron a Marruecos “voluntariamente” en un solo día a través del mismo procedimiento. Lo mismo ha ocurrido el 4 y 5 de octubre desde la playa de Trampolín, aunque el Gobierno aún no ha proporcionado datos oficiales de las salidas registradas.

elDiario.es ha hablado con cinco personas que estuvieron presentes en estos operativos, en los que la Policía Nacional, tras el desalojo de las playas de Benítez y Trampolín, tratan de convencerles, en cuestión de minutos y en la misma frontera, de que vuelvan a su país antes de pasar por el triaje y plasmar sus huellas en comisaría. Mientras uno de ellos sí confirma que su intención era volver a su país y acabó de tomar la decisión tras el desalojo de su choza, independientemente del mensaje trasladado por los agentes; los otros cuatro marroquíes contactados admiten haber recibido presiones o haberlas presenciado por parte de la Policía.

Menos de 24 horas después de su retorno “voluntario”, Malik atiende a este medio desde una habitación donde ha pasado la noche tras su regreso. Está tumbado en la cama junto a otro de los migrantes que ha regresado “voluntariamente”. Están en Tánger, pero no es su ciudad. Allí les dejó el autobús que aguardaba al otro lado de la frontera de Ceuta para enviar a sus ciudadanos retornados a los lugares que la policía alauí considere. “Querían llevarnos al desierto, pero pagamos algo a la policía marroquí y nos dejaron aquí”, dice el hombre. El joven asegura que, después de dos meses aguantando en un asentamiento en Ceuta, no quería irse a Marruecos, pero se sintió “presionado” por la Policía en un momento de gran agotamiento físico y psicológico.

“Al principio pensábamos que iban a llevarnos a un campamento, y de repente me encontré que estábamos en la frontera”, dice el hombre, que fue uno de los primeros a los que la Policía Nacional aplicó este sistema directamente tras un desalojo. Tras aplicar este operativo el pasado 27 de septiembre con el desalojo parcial de la playa Benítez con unas 40 personas, el dispositivo se replicó a gran escala el 29 de septiembre y el 4 de octubre, en el resto de desalojo de Benítez y el Trampolín. 

“Teníamos que elegir muy rápido”

Malik acababa de bajar de un furgón y unos agentes le dieron “a elegir” entre dos supuestas posibilidades: “Fue tan deprisa. Nos dieron dos opciones y teníamos que elegir muy rápido. Me dijeron que, si pasábamos a comisaría y nos ponían las huellas, nos darían una expulsión directamente, con una prohibición de entrada a la Unión Europea de cinco años. Nos dijeron que esa era la única opción. Que no había asilo. Nos presionaron”, explica el marroquí. El policía que hablaba árabe, añade, les animaba a irse a Marruecos por su propio pie e “intentar entrar a Ceuta en otro momento” en el que no hubiese tanto control, según su relato.  

“Yo estaba bloqueado. Nos acababan de sacar a palos de las chabolas, estaba desconcertado y asustado. Dijeron que, si nos quedábamos, hasta podíamos ir a la cárcel. Me dio miedo y me fui a Marruecos para intentarlo en otro momento”, explica por videollamada. A su lado, Mohamed confirma las palabras de su compañero. “Era todo rápido. El policía que hablaba en árabe nos decía que nos fuésemos porque sino nos iban a expulsar y no podíamos volver a intentarlo en cinco años. Y nos dijo que no había otra opción, solo esa”, indica tumbado en la cama de al lado. 

“No me dejaron explicarles sus derechos”

Faris (nombre ficticio) separa el pelo de su cabeza para mostrar la herida cubierta de sangre seca. Cuando los policías llegaron al espigón de la playa de Benítez, la zona justo al lado de la desalinizadora de Ceuta, denuncia haber sido golpeado por un agente en la cabeza. Desde ahí, fue trasladado junto a decenas de compañeros a la misma puerta de la frontera antes de entrar en el CATE. Desde que tenía solo 10 años hasta pasada la veintena, Faris vivió en España, por lo que maneja el idioma a la perfección y asegura conocer sus derechos. Por, eso, cuando empezó a escuchar a la policía tratar de convencerles para regresar a Marruecos, dice que intentó “explicar” a sus compañeros que el procedimiento no era tal y como lo estaba explicando el agente.

“Me cortó rápido. 'Tú ponte ahí, no hace falta que hables. Cierra la puta boca’”, me dijo. No me permitían ni intentar explicarle a los chavales“, lamenta el hombre, quien sí consiguió permanecer en Ceuta. ”Yo, como sé español, les expliqué que mi caso era distinto, que había tenido la residencia, y me pude quedar. Dije que sabía que podía pedir asilo“, añade Faris, quien ahora se encuentra en uno de los campamentos del Gobierno donde espera su cita para pedir protección internacional. 

Fuentes del Ministerio del Interior confirman que, tras los operativos de desalojo de las playas de Ceuta, antes de que entren al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (una comisaría específica para identificar a los migrantes en situación irregular), la Policía “les informa de cuál es el procedimiento de triaje, se les filia, y se les dice que es un procedimiento que continúa y que puede llegar a acabar en expulsión” es en ese momento cuando, dicen, la mayoría de los desalojados de las playas está tomando la decisión “voluntaria” de volver a su país.

Las mismas fuentes oficiales no confirman que se les asegura que, en caso de plasmar su huella en la base de datos, acabarán retornados con una prohibición de entrada de cinco años. Interior reconoce que esa sanción no siempre se produce, sino que depende de distintos factores. “Esa prohibición se da en el caso de expulsión, pero ahora la mayoría de migrantes desde Ceuta no pasan por ese procedimiento”, afirman desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska.

Fuentes gubernamentales sí han reconocido anteriormente a este medio que la Policía trata de “convencer” a los migrantes de que no pidan asilo y se vayan de manera “voluntaria”.

La supuesta información trasladada por policías

Según los migrantes presentes en las breves reuniones en la frontera en las que la Policía Nacional trata de convencer a toda prisa a los migrantes de que se vayan a la frontera por su propio pie, hay cuatro argumentos que repiten los agentes de extranjería:

“Si llego a tener la información que luego me han contado otros compañeros, si no me hubiesen metido tanta prisa y miedo, me hubiese quedado”, reflexiona Malik desde Tánger.

La Junta directiva de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA) es tan reducida como diversa. Cuatro mujeres, una marroquí, otra venezolana y dos colombianas, lideradas, hace siete años por la primera, Fátima Ez Zohayry. Toda una figura, locuaz, apasionada, reivindicativa y resolutiva, muy conocida en el ámbito de la ayuda a inmigrantes en la provincia de Huelva. Tierra donde hay tantas y tantos extranjeros, en los invernaderos de frutos rojos, con necesidades por resolver.

Ez Zohayry y su equipo, integrado por las colombianas Carmen Vázquez y Vicky González, como secretaria y vocal, y la venezolana Fernanda Elena De Castro, como tesorera, representan a unas 200 asociadas, de sus nacionalidades y también rumanas, senegalesas, ecuatorianas, malienses… que aportan, con esfuerzo, una cuota de dos euros al mes, si pueden.

Todo para dar servicios -que la asociación ha ido ampliando desde su creación, en 2005-, a la ingente cantidad de personas migrantes que las llaman o que llegan a su sede, en Huelva, en busca de asesoramiento y apoyo por malas condiciones laborales, acosos y abusos sexuales de empresarios y encargados, procesos de empadronamiento y regularización, búsqueda de formación para empleos de hostelería o trabajo doméstico, por sufrir la falta de alimentos y techo y necesitar escucha y amparo.

Esto lleva adelante AMIA. Así como charlas pedagógicas en institutos sobre racismo e incluso una labor de portavoz ante instituciones como el Europarlamento en Bruselas de las necesidades inatendidas de la gente inmigrante. Lo hace con una financiación humilde e inestable. Logra alguna ayuda para combustible del Puerto de Huelva y eso le permite dar portes en coche repartiendo, por núcleos chabolistas, cajas del banco de alimento -con quien colaboran-. Coopera con Oxfam y gracias a ello proveen de colchones, mantas y enseres básicos a las víctimas de los recurrentes incendios de las chabolas. Ahora opta a otras subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer para talleres formativos sobre contratos, nóminas, derechos laborales. Pero más de una vez y más de dos acaban pagando de su bolsillo las fotocopias que necesitan sus usuarias.

Ez Zohayry, salpimenta sus frases con unos “cariño”, “amore” que permiten bien imaginarla diciendo a cada tanto “habibi” cuando habla en su lengua natal, el dariya o árabe dialectal marroquí.

Comprende bien las necesidades de las usuarias de AMIA porque ella misma ha “trabajado en la fresa”. Vino a Moguer (Huelva), a ser jornalera, hace 30 años, cuando tenía 19. En su país llevaba desde los 17 como empleada de hogar en la casa en Marruecos de los dueños de Alconeras, como tantas empresas hortofrutícolas españolas, con fincas en territorio marroquí. Ellos le propusieron trabajar de recolectora en Huelva y Fátima, buscando ser independiente y labrarse un mejor futuro, se lio la manta a la cabeza.

“Pero al llegar lo pasé fatal”, confiesa, borrando la sonrisa. “Yo no tenía ni idea de campo, no estaba hecha a ese esfuerzo. Y de noche, me quedaba sola, muerta de miedo, en la finca, llorando”. Su encuentro, a los quince días, con una familia jornalera de Jaén, con madre, hijas, hijos, nueras… sería clave en su vida. Entre los jóvenes estaba Manuel Milla, “mi Manué” -dice de su marido-, quien, junto al ex empleado del SEPE, Gonzalo Vilas, está como voluntario en la asociación la mañana de la entrevista con elDiario.es Andalucía.

Origen de AMIA y sus presidentas

A los dos años, Fátima y Manuel se casaron y tuvieron a su hijo Karim. Seis después a Yasmine. Tiempos de trabajo jornalero y crianza de niños. Pero cuando el mayor tenía 9 años y la chica 3, Ana, una compañera colombiana, le descubrió AMIA a Fátima y ella empezó en la asociación, como voluntaria. “Con un recibimiento tan cariñoso de la presidenta, Maribel, ecuatoriana, que jamás olvidaré”. Desde entonces simultaneó trabajo, familia y activismo. Hoy sus hijos tienen 26 y 20 años y ella, como presidenta, está volcada en la asociación.

La citada Maribel es Maribel Valencia quien, atendió a elDiario.es Andalucía desde Burdeos, Francia, donde hace seis años vive y trabaja en una empresa de limpieza, mientras impulsa una app de asesoramiento de salud, empleo y finanzas, para mujeres de habla hispana mayores de 45 años. “¡Claro que recuerdo cómo conocí a Fátima! Siempre tuvimos claro que a cada mujer que viniera la recibiríamos haciéndola sentir calor humano. Que no estaban desamparadas. Que las íbamos a acompañar y apoyar frente a sus problemas hasta que pudieran volar solas”.

AMIA, creada en 2005, por una docena de latinoamericanas, como su entonces presidenta, la ecuatoriana Maribel Valencia, buscó abrirse a las muchas trabajadoras marroquíes que hay en Huelva. Porque, según transmiten, "más allá de diferencias culturales e idiomáticas", las inmigrantes, de todas las nacionalidades, comparten "un 60 por ciento de los problemas, desafíos y circunstancias vitales.

La experiencia de Valencia, quien en Ecuador trabajaba como responsable de políticas sociales de ayuntamientos rurales, fue clave para crear AMIA. Ocurrió cuando ella estaba empleada, en Huelva, como interna, cuidando a una señora mayor. Y tras poner en común, con otras compañeras, con quienes se cruzaba por la calle o compartía bancos del parque, sus jornadas extenuantes y sueldos escasos. Ella destaca que crearon la asociación con el asesoramiento de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía y su responsable en Huelva, Lola Carmona. Esta alentó a Maribel y a la docena de otras fundadoras. Las reforzó en su convicción de que nadie mejor que ellas, que conocían, en primera persona, las necesidades de las inmigrantes, podrían guiar a otras mujeres en sus circunstancias.

“Sobre el nombre debatimos mucho”, reconoce Maribel Valencia, “porque queríamos transmitir la valentía que nos caracteriza a las inmigrantes, que dejamos familia y país atrás para abrirnos camino en lugares desconocidos. Reflejar nuestra fuerza de la madre Tierra. Nuestro ímpetu guerrero. Que jamás nos rendimos”. Todo ello cuajó, gracias a una amiga y colaboradora vallisoletana en Huelva, Felicita Peña, en el nombre de “Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción”, que se conserva.

“Para mí es emocionante que AMIA siga, pues es como hija mía”, explica. Le alegra que se mantenga en el local cuya cesión municipal lograron. Y que, ahora, la presida Fátima. “Las latinoamericanas siempre quisimos abrir AMIA a tantas marroquíes que trabajan en Huelva. Gracias a jornadas de convivencia gastronómica, a talleres… se ha logrado. Y es estupendo porque, por encima de diferencias, culturales o idiomáticas, las mujeres inmigrantes, de todas las nacionalidades, compartimos el 60 por ciento o más de las necesidades y desafíos. Tanta explotación que sigue habiendo, las muertes en incendios de chabolas, que me temo que son provocados, la precariedad y violencia que se nos siguen imponiendo...”.

Abusos y timos sobre las débiles

En efecto, aunque han pasado 30 años desde que Ez Zohayry llegó a Huelva, las inmigrantes siguen dando parte de muchas vulneraciones de derechos. “Sufren mucho maltrato, porque llegan solas, a un sitio extraño, sin conocer las leyes que las protegen…”, expone Fátima. “Las marroquíes y otras africanas, peor aún que las latinoamericanas, porque, sin conocer el idioma, les cuesta más informarse y protestar”.

Entre los abusos frecuentes que relatan, junto a “la explotación” y “los manoseos, acosos y ataques sexuales”, está el pago de forma irregular por parte de algunos empresarios. “En vez de pagarles el salario íntegro en nómina, por banco” -específica- “les dan la mitad en un sobre, lo que les repercute a la hora de mostrar lo que cobran a los arrendatarios, el paro, jubilaciones…”. AMIA, subraya, tiene denunciada a la empresa Bionest porque descuenta del sueldo de sus jornaleras tantas partidas (por uso de wifi, alojamiento, fianzas, trámites de tarjetas de extranjería…) que la remuneración por el trabajo se ve muy mermada.

La presidenta de AMIA critica que hay empresarios que pagan a sus trabajadoras en B la mitad o más del salario, lo que les perjudica para alquilar y cotizar de cara al paro y jubilación. De hecho, tienen planteada, por este tema, una denuncia colectiva, en los juzgados, a una empresa hortofrutícola.

“Cuando nos llegan estas alertas, me planto en la finca a hablar con el empresario”, relata Ez Zohayry. “Si no atiende a razones, no queda otra que ir al juzgado”. Tanto para esos casos como para trámites burocráticos, como los del reciente proceso de regularización, en AMIA cuentan con una abogada. “Aunque es muy difícil que las trabajadoras se atrevan a denunciar porque siempre temen represalias, que las echen”.

Las condiciones laborales son tan duras, “que me llega al nervio cuando dicen que los inmigrantes viven de paguitas. Entonces, ¿para qué trabajan de siete de la mañana a seis de la tarde, bajo el frío y el calor?”, se pregunta. “Quien, en algún momento recibe prestaciones es porque ha trabajado mucho, muchos años. No se las regala nadie, es su dinero, cotizado”.

Uno de los mayores desafíos es el de las infraviviendas que, sólo este septiembre, se ha cobrado la vida de dos personas inmigrantes. Ha sido en sendos incendios, que no se ha aclarado si han sido accidentales o intencionados, y ocurridos en los asentamientos chabolistas de Lucena del Puerto y Palos de la Frontera. “Nosotras, con otras entidades, estuvimos reunidas este verano, en Delegación del Gobierno, y nos enseñaron la lista de millones que los ministerios han dado a los ayuntamientos para erradicar el chabolismo. Nos enseñaron los recibos de los ayuntamientos para justificar en qué casas, comidas y transportes los han gastado. ¡Pero nada de eso ha llegado a los inmigrantes! ¡Te lo digo yo, que voy a verlos y a llevarles cosas! ¿A dónde va el dinero?”

Ayuda a una mujer desesperada

La sede de AMIA es un pequeño bajo, de fachada sencilla e interior acogedor, lleno de carteles, papeles, mesas y sillas. Está en la calle Jazmín, una de las muchas con nombre de flor del onubense barrio del Torrejón. Barrio donde, paradójicamente, abunda el asfalto, sin jardines ni arbolado. Ejemplo del abandono municipal de los extrarradios. Desde 2017, dos años antes de convertirse en su presidenta, Fátima Ez Zohayry, es su presencia más constante.

Ese año sufrió una dolorosa parálisis. Tenía bloqueados desde el pie a la cadera, no podía levantarse ni vestirse. En el hospital Juan Ramón Jiménez, detalla, le diagnosticaron cinco hernias discales, inoperables por riesgo de quedar en silla de ruedas. Todo a consecuencia de las décadas de trabajo agrícola, “incluido el montaje y desmontaje de los propios invernaderos, con sus arcos de hierro y sus plásticos”. Tras años de seguimiento, por médicos de la mutua y la Seguridad Social, se le expidió la incapacidad laboral. “Desde entonces la experiencia que tengo es para las mujeres que vienen a la asociación”.

Hasta en local, en plena entrevista, llega una compatriota suya marroquí, de 61 años, en busca de ayuda, consejo y consuelo. Ella misma se convierte, enseguida, en caso práctico de lo que Ez Zohayry estaba contando, pues revela que, en sus diversos empleos, le suelen pagar la mitad de lo acordado en negro.

Pero no viene a denunciar eso. “No puedo, si protesto me echan”. Un tema familiar la trae, en autobús, desde de un pueblo de la provincia, cuyo nombre, como el de la mujer reservamos. Ella, atendida por Ez Zohayry, sí quiere que, de forma anónima, se haga pública su historia “para que la gente nos comprenda, y sepa lo que sufrimos. Que no nos odien y ataquen, a partir de lo de Ceuta. No venimos a hacer mal, sino a buscar una vida mejor”.

Una usuaria de AMIA desvela que empresarios y encargados le piden hasta 8.000 euros por hacerle a su hijo la oferta de empleo que él necesita para intentar emigrar a España. Y la asociación confirma que se trata de una práctica abusiva generalizada.

La señora, llamémosla Salma (que significa Paz), viene con la cara desencajada. “Es la preocupación por mi hijo, de quien me separé hace diez años”, explica. “Yo, en mi país, fui 23 años profesora de francés”, detalla, “pero ganaba poco para asumir sola la crianza del niño, cuando su padre y yo, con arreglo al Corán, al no llevarnos bien, nos separamos”. Salma cuenta que vino con contrato de trabajo, “para la agricultura, en Granada. A los dos meses tenía mis papeles. Yo soy de vida recta, lo traigo en la sangre. Todo legal”. Desde entonces ha ido encadenando empleos. En verano, sobre todo como ayudante de cocina, en bares y restaurantes; en invierno, en almacenes de fruta. “A veces también como cuidadora a domicilio, pero ahí nunca te dan de alta”.

El tiempo se le ha escurrido entre los dedos, aquel niño de 12 años, al que quería dar un mejor futuro, poder criar en España, hoy tiene 22 y malvive en su Casablanca natal. “Las cosas no han salido como yo soñaba”, se enjuga una lágrima. El hijo terminó la secundaria, pero no le ve sentido a hacer el bachillerato. “Los gobernantes de Marruecos no dan futuro a la juventud”. Él está “bloqueado”, sin expectativas de vida, “culpándome de abandonarle, sin poner la cámara para que yo pueda verle cuando le llamo, diciéndome que cualquier día se suicida”, revela, ojos humedecidos y apretándose las manos.

La mujer viene flechada a AMIA porque un joven activista turco, de paso por el pueblo onubense donde vive y trabaja, le ha recomendado hablar con Fátima. “Necesito que alguien me ayude a lograr la reunificación familiar con mi hijo, porque sola no lo consigo. Y o viene o me volveré a Marruecos, dejando atrás nuestro sueño de progreso, por estar a su lado”.

Según cuenta, el joven se ha planteado cruzar a Ceuta o Melilla, como vio el pasado final de julio a gente de su generación. “Pero le da miedo… Que no, que arriesgar su vida no es una opción, tras diez años que yo llevo aquí luchando para que venga de forma legal y segura”. Baja y sube la mirada, y añade: “Estos diez años han sido un parpadeo. En otro abrir y cerrar de ojos tendré 71”.

Acostumbrados como estamos a oír hablar de “las mafias” en lo que se refiere a “los pasadores de fronteras” de los inmigrantes, choca mucho oír el testimonio de esta madre cuando relata que empresarios y encargados le exigen ahora el pago de hasta 8.000 euros por hacerle a su hijo la oferta de trabajo que necesita para intentar emigrar a España de forma legal y segura. “No te creas que es algo aislado”, precisa la presidenta de AMIA. “Es un abuso, sí. Pero se hace mucho”.

“Hay tantas cosas que la gente no sabe”, comparte Salma y enumera: “el miedo que tengo por la calle, oyendo las cosas racistas que oigo contra mí, por ser marroquí y musulmana; el miedo a los abusos, en el trabajo, que me ha enseñado a mentir y decir que vivo aquí con marido e hijos porque si te saben sola se ensañan; el problema del alquiler que nos obliga a vivir hasta dieciséis en un piso de tres habitaciones… Soy ya mayor y estoy cansada. Mi vida es trabajar y encerrarme por miedo a lo que me pase. Cuando yo amo España. Estuvimos aquí ocho siglos. Es nuestro segundo país”.

Sobre la marcha, en el dariya natal, que crea confianza y protege la intimidad, Fátima Ez Zohayry, asesora a Salma, sin venderle falsos atajos para una reunificación con su hijo que requerirá tiempo y un complejo proceso. También la escucha, comprende, consuela y le ofrece té con galletas.

Política: problema y solución

También Fátima está muy preocupada con el aumento de rechazo a los inmigrantes a raíz de la numerosa entrada del 30 y 31 de julio por Ceuta. “A mí el auge de Vox y los fascistas no me acobarda”, declara, “porque ellos son quienes crean odio, nosotros gente de paz. No van a hacernos jamás agachar la cabeza”. Lo que sí le “duele en el alma”, y hasta “hace llorar”, es que “la sociedad española nos trate mal, cuando tan bien acogemos, en Marruecos, a los turistas españoles y a tantos empresarios que tienen allí parte de sus negocios y cosechan, con nuestra mano de obra, trabajadora y barata, aguacates, fresas, arándanos, frambuesas… Fruta a la que, luego, le ponen la etiqueta de ”Producto de España“.

Fátima y Salma coinciden en que su país de origen “es maravilloso, lleno de posibilidades”. Atribuyen la falta de expectativas laborales “a los políticos, que no miran por nuestra juventud”. Fátima, de hecho, comparte “vídeos en dariya, muy críticos, en redes sociales. Que mi familia allí me dice que se oyen mucho, en los cafés y por la calle. Tanto que les da miedo que me señale”. Además, la gente viene a nado y saltando vallas, “porque a un marroquí de a pie no le dejan viajar aquí en avión, sin visado, con la libertad que vosotros vais allí”.

Sin embargo, su esperanza también se cifra en que “el nuevo gobierno mejore las cosas” (la entrevista se hizo el día de las elecciones, unos comicios que han supuesto un cambio de fuerzas en la coalición gubernamental actual, pero en los que ha destacado la enorme abstención). O, si nada progresa, “que el rey ate a los políticos más en corto, como en los tiempos de su padre” -declaración controvertida, dado el papel de Hassan II en “los años del plomo”, pasados los cuales, según ella, la situación nacional era mejor que la actual-.

Igualmente, quieren que el diálogo entre los ejecutivos de ambas orillas desinflame el conflicto fronterizo. Ez Zohayry está satisfecha de que la gran movilización social por la regularización haya llevado a que el gobierno PSOE-Sumar la aprobara. “Y ahora estamos enfocadas en las pegas que los ayuntamientos ponen para empadronar a las personas inmigrantes sin vivienda, cuando la ley deja bien claro que es obligatorio empadronarlos, aunque sea en el banco de un parque”.

En su tarea reivindicativa, de denuncia y trabajo para alcanzar mejoras para las y los migrantes, AMIA y su presidenta ven clave “la coordinación con las asociaciones feministas” y con colectivos “como Jornaleras en Lucha, de compañeras como Ana Pinto”.

Manuel Milla, que acaba de departir con la tesorera, sonríe en su mesa. “Había que ver a Fátima, a los 19 años, cuando llegó, tan tranquila y callada. Es como si trajera la batería descargada”, subraya la diferencia con su carácter actual. “Se ha llenado de energía a fuerza de pelear, por ella y por las demás”, sentencia.

Fátima asiente. “Manuel me anima siempre: tú sueña mucho”, comparte. “Y yo sueño. No para mí, sino con mejorar las condiciones laborales, de vida y respeto para las mujeres de la fresa; con que AMIA pueda ayudar, cada vez, a más gente; y, tercero, con que los políticos de Marruecos, por fin, creen trabajo que evite que nuestros chiquillos se vean obligados a emigrar”. La entrevista acaba y en AMIA siguen atendiendo llamadas, dando citas y asesorando a usuarias.

Era sábado y aún remoloneaba en su habitación de Sevilla, cuando Ossama abrió WhatsApp y se encontró varias llamadas perdidas y mensajes de audio enviados por su hermano Mohamed desde Ceuta. “Hermano... los soldados me agredieron. Estoy muy herido. No sé qué hacer: ¿Debería ir al bosque? Pero el bosque de Beni Younes está lejos... qué debo hacer?”, decía el primero de los audios recibidos a las 8 de la mañana, a los que ha accedido elDiario.es. “Ni siquiera siento la cabeza. Me está pasando algo en la cabeza. Podría morir en la carretera. Me sale mucha sangre. ¿Qué puedo hacer?”, añadía el hombre junto a una fotografía donde se observa su cara descompuesta, con varios golpes en el rostro y machas de sangre en la camiseta. 

Su hermano, Mohamed, acababa de recuperar el conocimiento desorientado, con la camiseta cubierta de sangre y un fuerte dolor de cabeza, en medio de un bosque en la zona de Benzú (Ceuta). El pasado 12 de septiembre, de madrugada, el hombre marroquí relata que estaba dormido en una de las chabolas de un asentamiento en la zona de las naves del Tarajal cuando fue despertado por “cinco militares” que, después de registrarle, lo trasladaron a una zona montañosa de la ciudad. Allí asegura haber sido maniatado, amordazado y haber sufrido una paliza por parte de un grupo de soldados españoles, todo según su denuncia, presentada el pasado 26 de septiembre en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, a la que ha accedido elDiario.es.

Decenas de migrantes han denunciado con sus testimonios las supuestas agresiones sufridas por parte de patrullas de militares que recorren Ceuta cada noche, como publicó elDiario.es y ha documentado esta semana Amnistía Internacional en un informe que el Ministerio de Defensa ha acabado remitiendo a la Justicia, dos semanas después de haber tenido conocimiento de casos similares a través de las publicaciones de este medio. La de Mohamed es la primera denuncia de agresiones de militares presentada en comisaría por un migrante que se ha hecho pública hasta el momento. Los malos tratos que describe en ella podrían ser constitutivas de un delito de torturas, advierte el colectivo Border Resistance, que está acompañando al migrante desde los días posteriores a la paliza.

Según el escrito, Mohamed dormía en una chabola de la zona de las naves del Tarajal junto a otro chico marroquí cuando le despertaron varios soldados. Cuando se asomó desde su habitáculo encontró a “unos cinco militares” que “le registraron y le pidieron que lo acompañaran”. Según cuenta tanto en la denuncia como en conversación con elDiario.es, los soldados les pidieron que fuesen con ellos. “Mi superior solo os va a registrar y no os va a pasar nada”, recuerda que le dijeron. 

En un principio siguió las indicaciones de los uniformados, hasta que “desconfió e intentó huir” del lugar donde lo tenían retenido, después de semanas en las que había escuchado a otros compañeros hablar de supuestas agresiones sufridas por parte de soldados españoles en plena madrugada. En ese momento, “los militares se abalanzaron sobre él, reteniéndole, al igual que a la persona que lo acompañaba” que, según su relato, era menor de edad.

Denuncia traslado forzoso

Agarrados por los militares, empezaron a caminar por la carretera próxima a una de las entradas de las naves y, “a los pocos metros”, aparecieron otros soldados con otra persona migrante. Jjunto a ellos, los dirigieron hasta el lugar donde se encontraban “otros militares junto a dos vehículos”. El denunciante ha reconocido en fotografías estos coches como “todoterrenos pickup de la marca Iturri Landtrek” de color oscuro, lo que coincide con los vehículos tácticos utilizados por el Ministerio de Defensa. 

Allí, “los militares le tapan la boca y las manos tanto a él como a su acompañante con cinta aislante gruesa de color gris y les indican que suban en la parte posterior que se encuentra cubierta por completo de uno de los vehículos”, detalla el testimonio recogido por la Policía Nacional. El vehículo arrancó y tras unos 15 minutos de camino “sin ver nada del exterior”, los militares le bajaron y “le taparon los ojos con la misma cinta aislante” mientras “le propinaban sendos golpes por todo el cuerpo”. 

A los pocos metros, continúa su relato, “sintió que su cabeza se apoyaba sobre una superficie dura y rugosa donde fue atado a ella”. Mohamed piensa que era un árbol, pero seguía sin poder ver nada. Mientras estaba atado fue “golpeado durante unos cinco minutos” hasta que los militares le retiraron la cinta de los ojos y les ordenaron a gritos que “saliesen corriendo”. Mohamed cuenta que obedeció hasta que, mareado, con varias heridas en su cabeza y sin apenas fuerzas, se tumbó en otra zona del bosque hasta quedarse dormido.

Al amanecer empezó a caminar en busca de ayuda. Fue entonces cuando llamó a su hermano desesperado, cuenta, y envío los audios y fotografías que lo pusieron alerta. Desde Sevilla, donde Ossama vive desde hace tiempo, envió los mensajes a un amigo que también había llegado a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio, como lo hizo su hermano. “La gran sorpresa fue cuando mi amigo fue a verlo y me contó cómo estaba. Me enseñó fotos de las heridas que tenía en la cara. Me quedé en shock y no sabía ni por dónde empezar. No pude seguir viendo las fotos”, recuerda.

Mientras su hermano respondía, Mohamed se encontró en una media glorieta de la zona de Benzú a otros militares, que “lo auxiliaron” y llamaron a una ambulancia, según el atestado policial. El parte médico del Hospital Universitario de Ceuta, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge que el paciente acudió a Urgencias tras sufrir “varias heridas” en el cuero cabelludo “tras agresión”. También refería dolor en ambos brazos con predominio en el codo.

Las lesiones incluyen “distintas heridas de 2-5 centímetros, locales, superficiales, dolorosas al tacto en el área occipital que requieren sutura local con grapas”. En el hospital, Mohamed explicó que había sido agredido por varios soldados españoles, con la intención de incluir esa información en el parte médico. Sin embargo, un sanitario le exigió no incluir esa información en el certificado médico: “Si reflejas en el parte médico que te han agredido los militares, no podremos atenderte”, le dijeron en Urgencias, según la denuncia presentada en Policía.

“No digas que fueron los militares”

Pese a que no incluye mención alguna a los militares, el parte médico coincide con las lesiones que Mohamed muestra a elDiario.es en varias fotografías realizadas el pasado 12 de septiembre, las mismas imágenes que mandó un amigo a su hermano Ossama tras salir del hospital. El pasado 29 de septiembre, el denunciante se encontró con elDiario.es en los alrededores del centro donde es acogido en Ceuta. El marroquí mostró su cabeza a este medio, ya sin grapas pero con varias cicatrices. Está mejor, dice, pero sigue teniendo fuertes dolores de cabeza.

No sale mucho del campamento porque teme un nuevo encuentro con una patrulla de militares. “Como he denunciado, me da miedo que me hagan algo o me echen por eso. Me han contado casos de otros chicos a los que, aunque estaban acogidos en un centro, les rompían la pulsera y los pegaban igualmente”, dice Mohamed. El miedo, sin embargo, no le ha impedido denunciar, pese a que es la razón que frena la visita a los juzgados de la mayoría de migrantes que, magullados, aseguran haber sufrido agresiones por parte de soldados españolas.

Ossama, el hermano de Mohamed, viajó a Ceuta en la misma noche de los hechos para tratar de ayudarle. Aunque le llevó al Hospital para solicitar un nuevo parte médico con más información, no lo consiguió: “Nos dijeron que la médica que lo había entendido no estaba y que tenía que volver al día siguiente”, lamenta el marroquí, que tuvo que regresar a Sevilla sin completar su misión.

Desde la ciudad española, Ossama muestra su indignación ante los hechos denunciados por su hermano mayor y las dificultades con las que se toparon al denunciar. “Estamos en un país donde se supone que se respetan los derechos de todas las personas. Él simplemente vino para tener una vida mejor, como tantas personas. No vino para hacer daño a nadie. ¿Por qué se permite que una persona sea tratada de esta manera?”, se pregunta el marroquí.

“Hay muchos casos parecidos, no es solo este. Imagina que finalmente le devuelven a su país y, después de todo lo que ha sufrido, queda con una lesión grave o no puede trabajar. ¿Qué futuro le queda?”, se queja desde Sevilla en conversación telefónica con elDiario.es.