Todo se tambalea. Nuestras democracias peligran por el asedio neofascista. Intentan derribarlas, dale que dale con el ariete del odio al inmigrante. Unos le ponen a la gente la cabeza loca de paranoias y otros pasan a los actos. Llegan a acosar a una niña ceutí, de 13 años, llamándola “invasora”, porque la ven morenita y vestida en chándal, o hieren en la cabeza a un chiquillo de 8, disparándole perdigonazos, a punto de reventarle un ojo. Como si el hecho de que él sí sea marroquí, llegado a Ceuta con sus padres y hermano de 3 años, justifique atacarlo.

También agreden a periodistas, al grito de “¡Traidores, ojalá os violen!”. La espiral de barbaridades trasciende fronteras, en una antología del disparate que llegaría a desternillante si no fuera tan grave. ¡Pues no que el gobierno de Trump deporta a venezolanos refugiados, en EEUU, huyendo del chavismo… al país africano de Liberia! ¡Y los neofascistas franceses de Marine Le Pen salen horrorizados de una reunión con los neonazis de la alemana AfD al oírles que “había SS que eran buena gente”.

Si a esto le sumamos la descarada compra de votos por Trump, a 5.000 euros cada uno, en EEUU (¿pero esto es legal?), y el robo, en España, del derecho al voto para 300.000 españoles, vía Tribunal Supremo (¿legal también?), ¡por no hablar del vaticinio de destrucción de la humanidad por la IA en menos de 10 años! Si le sumamos todo cuanto drena las energías, tiempo y talento que deberían dedicarse a resolver las necesidades de vivienda, empleo, sueldo y descansos dignos, sanidad, educación, ayuda a la dependencia… es para sufrir ansiedad, depresión, problemas de salud mental (como el 55% de nuestra juventud). El mundo nos da su cara más hostil. Como se ha recordado este jueves 10, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, en España, se suicidan diez personas cada día, 4.000 al año.

En la debacle, un logro esperanzador

Pero, en medio del asedio neofascista al proyecto de convivencia humana tras vencer al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, va ahora la ONU y, al fin, aprueba un mapa con el tamaño verdadero de África. Que diréis, ¿y eso qué importa? ¿Qué tiene que ver? Mucho. Quizá el mapa contenga el antídoto frente al virus neonazi.

Parémonos a considerarlo, sacudiéndonos el agobio de lo mal que pinta todo. En plena debacle del orden multilateral, cuando los EEUU trumpistas intentan asfixiar, sin financiación, a los organismos de colaboración global, va Togo, apoyado por los demás países africanos, con su modesto poder en el tablero global, y defienden, con argumentos, datos científicos y diplomacia, que hay que cambiar el mapa para reflejar el tamaño mucho mayor de los continentes del sur. Que África no es igual que Groenlandia sino catorce veces más extensa. Y consiguen aprobarlo ¡con 164 votos a favor, 6 abstenciones (Estonia, Georgia, Lituania, Moldavia, Serbia y Ucrania) y un único voto en contra: EEUU!

Los mapas no son baladíes, de ahí el empeño de Trump por rebautizar Nuevo México como Nueva América, el lago Ontario como el lago América o el Estrecho de Ormuz ¡Estrecho Trump!

En pleno boicot ultra a la convivencia internacional, el logro de Togo y África de aprobar en la ONU un mapa que refleje el mayor tamaño del Sur Global debe inspirarnos, a los demócratas de todas partes, para diseñar y coser juntos un mejor patrón del mundo

La iniciativa africana, en las antípodas de las ocurrencias trumpistas, es justa y forma parte de una ambiciosa tarea para recoser el mundo con un patrón nuevo y mejor. Mientras el ruido ensordece, gente muy preparada del Sur Global imagina, diseña y se pone a la tarea de un presente e inmediato futuro donde África deje de tener el rol menor, inferior, dependiente, atrasado que el Norte le hemos impuesto.

Por eso el 25 de marzo pasado los países africanos también lograron que la ONU aprobara considerar la trata de esclavos del s.XV al XIX como “el mayor crimen contra la humanidad” de la historia. Abriendo la puerta a reparaciones jurídicas y económicas, a las que la Europa que esclavizó aún se niega. Y en la Cumbre de Tierras y Sequías de la ONU, este septiembre, han subrayado lo intolerable de que África, que sólo emite el 4% del dióxido de carbono del planeta, sea la máxima perjudicada por la destrucción climática mientras el mayor contaminante, EEUU, se niega a cuidar la naturaleza.

España sabe acabar con la migración

Nos repiten cada día lo complicado que es todo. Mientras quien se beneficia de enmarañar aún más la complejidad son los simplistas que todo lo arreglan con su odio al otro. Desbrocemos el camino y miremos, con ojos despejados, la senda que bien conocemos, porque la han recorrido nuestros pasos. A mí ha tenido que recordármela, hablando por teléfono estos días, mi querido y admirado amigo hispano-marroquí Mohamed Serifi-Villar, encarcelado en su juventud, en los 70, durante 18 años, en la prisión de Kenitra, por reclamar que Marruecos hiciera la transición democrática que sí hizo España. Un Serifi cuya biografía Bajo un cielo cuadrado acaba de ser publicada en España y recomiendo leer.

Pues bien, ¿cómo pasamos los españoles -y portugueses- de países de los que, en los años 50-60-70, la gente se iba a Alemania, a Suiza, a Bélgica, a Francia, a Inglaterra… a ser el país receptor de inmigrantes que somos hoy? ¿Cómo fue que esa juventud española que huía, no solo de la dictadura franquista, sino también por las “razones económicas” que ahora se menosprecian como razón para migrar, empezó a preferir quedarse aquí?

¿Queremos que la gente deje de salir a escape de Marruecos y África? ¡España sabe cómo! ¿O hemos olvidado cómo pasamos nosotros de ser un país del que la gente huía, por la dictadura y las hoy denostadas "razones económicas", a ser destino de inmigrantes? Lo logramos gracias a que las potencias apoyaron nuestra Transición a la democracia e invirtieron millones en nuestro desarrollo. La receta está clara: extender el bienestar al Sur Global

No hay ningún misterio. Las potencias del mundo decidieron apoyar el proceso de democratización de España y Portugal y los miembros de la entonces llamada Comunidad Económica Europea, hoy UE, sobre todo Francia y Alemania, invirtieron cantidades ingentes de dinero para equiparar el nivel de vida del sur de Europa al del norte y centro.

Así las y los españoles cambiamos. Yo lo vi, entre mi niñez y adolescencia. Cada vez había menos bocas desdentadas, generaciones menos escuchimizadas y con más estudios, las carreteras y coches mejoraron, apareció el aire acondicionado, proliferaron las autovías, aeropuertos, llegó el AVE, se multiplicaron las posibilidades empresariales y de empleo, se desarrolló la industria y, sobre todo el turismo. Así dejamos de emigrar nosotros.

Está tan claro que la receta que funciona frente a la necesidad de emigrar es extender la democracia y el bienestar, que, en 1995, se organizó en Barcelona la Cumbre Euromediterránea, cuyo objetivo era crear un área de bonanza entre el continente europeo y la orilla sur del Mediterráneo. Fue en aquellos 90 cuando, también con el liderazgo de España, el mundo casi tocó, con la punta de los dedos, la paz entre Israel y Palestina, sellada por Isaac Rabin y Yasser Arafat. La cumbre catalana estaba programada para el 27 y 29 de noviembre. Pero, el 4 se cargaron a Rabin. ¿Quién? Sorpresa para nadie: un ultranacionalista israelí de extrema derecha, de nombre Yigal Amir.

Si vemos cómo hemos llegado hasta aquí, en lo positivo y en lo negativo, y nos aliamos con los países y ciudadanías que, incluso en las situaciones más complicadas, persisten en la construcción de justicia y colaboración multilateral democrática, podremos salir del atolladero al que el neofascismo, entonces, como ahora y siempre, quiere conducirnos. Y saldremos. Lo conseguiremos.

Las entradas irregulares en la Unión Europea (UE) cayeron un 35% en los primeros ocho meses de 2026 con respecto al año anterior, con la gran excepción del Mediterráneo Occidental —que engloba los accesos por el Estrecho de Gibraltar—, donde se registró un aumento del 34%, incluso sin tener en cuenta Ceuta. En el caso de Canarias, las llegadas hasta agosto se han desplomado un 58%.

Según un informe difundido este viernes por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), en el conjunto de las fronteras exteriores comunitarias se contabilizaron unos 75.000 cruces irregulares entre enero y agosto.

Esta tendencia a la baja tuvo su excepción en la región del Estrecho, donde Frontex practicó alrededor de 15.900 detecciones, lo que supone un incremento interanual superior a un tercio.

En su documento Frontex precisa que estas estadísticas no computan la entrada ocurrida en Ceuta a finales de julio y recuerda que “es improbable que se establezca un total definitivo, ya que la mayoría de los que cruzaron habían regresado a Marruecos sin ser registrados”, por lo que su número no fue computado.

Argelia se consolidó como el principal país de salida hacia la península española y las islas Baleares. La presión migratoria alcanzó su máximo mensual en tres años durante el mes de julio, debido a un desplazamiento operativo de las redes de tráfico ilegal de personas tras el endurecimiento de los controles en Marruecos y en otras rutas adyacentes.

En el resto de las regiones comunitarias se produjo un descenso generalizado en las entradas irregulares, con la mayor caída en la zona de Canarias, donde se registró un 58% menos de casos, con unas 5.100 detecciones en total.

El Mediterráneo Central registró el segundo mayor descenso, con un 55% menos de intercepciones y 19.400 llegadas.

En el Mediterráneo Oriental las entradas irregulares bajaron un 25% hasta los 24.200 cruces.

Por último, las tentativas de salida en el Canal de la Mancha descendieron un 43%, con unas 26.600 detecciones detectadas por Frontex. 

Cada vez que suena una notificación, Cristina, nombre ficticio, busca el móvil para comprobar a través de una aplicación si el ataque del dron ha afectado a la zona en la que vive su familia, en Ucrania, mientras que su hijo todavía se asombra del silencio que hay por las noches cuando duerme en su habitación. Dos hechos que revelan la marca indeleble que ha dejado la guerra en sus vidas, a pesar de que se hayan alejado miles de kilómetros para comenzar desde cero. Un testimonio parte del proyecto BIENMIGRA, una iniciativa que busca transformar el abordaje de la salud mental y el bienestar para las personas migrantes desde una perspectiva más cercana con tal de conocer y entender los códigos de los recién llegados en un contexto donde el sistema sociosanitario va a marchas forzadas y tiene recursos insuficientes para atender la complejidad de este colectivo.

Manuel de la Mata y Javier Saavedra, investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, crearon el programa, que tendrá una duración de tres años, motivados por crear metodologías que faciliten esta labor. Así, darán a conocer de qué manera las personas migrantes se enfrentan a las desigualdades que imperan en España y cómo estas afectan a su salud mental, ya sea por la discriminación, la xenofobia o la aporofobia, los discursos de odio, el acceso al mercado laboral o de la vivienda, o las propias circunstancias que los llevan a estados precarios, como la ausencia de papeles o el duelo migratorio que sufren tras abandonar su tierra. En Sevilla, Málaga, Huelva y Córdoba ya han entrevistado a una treintena de personas que llevan menos de un año en Andalucía y que proceden de Ucrania, Marruecos, Polonia, Venezuela, Perú, China, entre otras naciones, para dar con nuevas formas de comunicación.

“Nos interesa mucho el concepto de salud mental que tienen porque, de esta forma, nos pueden ayudar a aprender cómo atender a esta persona”, comenta De la Mata. La pandemia supuso un punto de inflexión en la sociedad para hablar sobre salud mental, un concepto que asumieron las administraciones y que ha planteado grandes retos a nivel estatal con planes específicos para abordarla, lo que ha logrado que, después de seis años, el suicidio deje de ser la primera causa de muerte en España al haber disminuido un 6,5% con respecto a 2022.

Pero esta apertura no significa que se dé en otras sociedades, para las que no hay conceptos equivalentes: “En el mundo occidental, hablamos de la salud mental como un valor positivo y ese estigma se está reduciendo poco a poco, sin embargo, no es tan explícito en otros contextos. Tenemos que aprender a identificar cuáles son las sensaciones que compartimos y las formas que tienen de enfrentarse al sufrimiento psicológico según las mochilas culturales con las que llegan las personas migrantes, en cuanto a valores y principios”.

Atender a la diversidad cultural

Una rápida comparativa, adelanta el profesor, cuando hablamos de un problema de salud mental podemos identificarlo rápidamente con “depresión o tristeza, cuestiones relacionadas con nuestra conciencia o, más bien, estados internos”, pero las personas migrantes lo asocian con cuestiones funcionales, como los problemas para dormir, dolores o problemas conductuales como la irascibilidad. “Por ejemplo, no se le ocurriría decir que tiene pensamientos intrusivos” a la hora de referirse a las autolesiones. De ahí que, una vez instalados en un nuevo país, existan diferencias que marcarán la relación entre los pacientes y sus especialistas, cuestión a prever para que haya un tratamiento exitoso.

BIENMIGRA está dividido en tres fases, consistiendo la primera, en la que ahora están sumergidos, en un diagnóstico sobre la concepción de la salud mental que tienen las personas migrantes. Para ello, las entrevistan de forma individual para así conocer las circunstancias y las peculiaridades de sus realidades. En paralelo, estudian las narrativas digitales que hay en las redes sociales relativas a la migración y, también, contarán con la visión de los de expertos dedicados a este ámbito, para lo que han contado con un amplio abanico de asociaciones colaboradoras, como Red Acoge, Alianza por la Solidaridad, la Asociación Hispano-Polaca, Faisem o Fundación Triángulo, entre otras, que relatan cómo es su trabajo y los enfoques que utilizan cuando tratan con este colectivo.

“Ahora estamos transcribiendo las entrevistas relativas a dos grupos de trabajo, aquellas personas migrantes con problemas de salud mental y, por otra parte, las personas migrantes que no los tienen. Muchas de ellas están siendo atendidas por casas hogares, centros de día o van a los servicios de las organizaciones, como Faisem, ya que, al llegar, ha podido desencadenarse ese trastorno mental a causa de las circunstancias en las que viven”, explica Saavedra. Los casos atendidos por la sanidad pública son escasos, observan, aunque detectan que las personas extranjeras la encuentran “muy valiosa” por su inexistencia en los lugares de donde vienen. Pese a ello, han vivido episodios violentos, más bien relacionados con la discriminación, sobre todo hacia personas de origen africano, describen.

“No estamos preparados para entender lo que le está pasando a esa persona o, en todo caso, malinterpretamos lo que le está ocurriendo. Esperamos que el paciente sea totalmente explícito, lo cuente todo, como le ocurre a un psicólogo o psiquiatra que demanda una confianza total. Esto, en otras culturas, es inconcebible”, señalan los investigadores. Por ello, es crucial interpretar estas interacciones para que, una vez recogidos los testimonios, se diseñe un programa de formación con el que los profesionales sociosanitarios adquieran nuevas competencias culturales y aborden de una forma más efectiva la salud mental de las personas migrantes.

Una red “insuficiente”

Desde 2002, la cifra de personas extranjeras que viven en España no ha parado de crecer. Ya representan un 20% de la población, lo que significa unas 10 millones de personas, de las que unas 900.000 residen en Andalucía, según el censo anual de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). ¿Está preparado el sistema sociosanitario para acoger a este colectivo? “Está aprendiendo a marchas forzadas”, adelanta Saavedra, “en apenas 15 años hemos pasado de ser un país de emigrantes a un país de inmigrantes, lo cual es un cambio muy importante que provoca unas tensiones, como las que estamos viviendo”. En cuanto a los recursos de la autonomía, advierte que la red para la atención a la salud mental “es muy insuficiente y tiene muchas dificultades”, aunque haya una menor proporción de extranjeros en comparación con Cataluña o Madrid.

Con un sistema sanitario colapsado, en el que las visitas con especialistas se espacia en el tiempo, el equipo de la Universidad de Sevilla advierte que “no se dan las mejores condiciones para atender la diversidad cultural”, así como para hacer un seguimiento de su situación, dadas las condiciones a las que se enfrentan estos individuos que parten de cero y deben sobrevivir y la escasez de recursos a los que pueden acceder. En esta línea, cabe recordar que un informe publicado por el Ministerio de Sanidad recogía que el uso de la sanidad pública sigue siendo mayor por parte de las personas nacidas en España y, en cuanto a nacionalidades extranjeras, de ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea.

La 'paradoja del migrante'

Al respecto, mencionan la “paradoja del migrante”, un término utilizado en los estudios sociales sobre la migración para explicar su buena salud en la llegada. “La migración es un proceso muy complejo, por lo que la persona que asume este viaje tiene que estar en las mejores condiciones”, las dificultades sobrevenidas para atravesar las fronteras, las huidas, los inconvenientes del transporte, enfrentar los conflictos, una serie de obstáculos para los que se necesita una barrera física y mental fuerte que soporte toda carga.

“En una investigación que realizamos en las cárceles andaluzas, observamos que la gente migrante en prisión tenía menos riesgo de sufrir esquizofrenia que la población autóctona, y la explicación está en que la trayectoria implica una fuerza cognitiva que es incompatible con cualquier tipo de rasgo psicótico. Si no, se quedarían por el camino”, aclara. Es entonces, al llegar al país y sufrir el proceso de aculturización, cuando se cierne sobre ellos miles de factores interseccionales, como una mala alimentación, la pobreza o el aislamiento social, que terminan por socavar su salud.

“Lo que más me conmueve es la capacidad que tienen, en muchos casos, de salir adelante. Uno se pregunta si seríamos capaces de afrontar todo esto”, añade De la Mata. Al encontrarse con discursos xenófobos como el de la prioridad nacional promovidos por Vox, ¿qué opinan? “Algunas de estas personas vienen de contextos políticos muy complejos y mucho más agresivos, así que, lo viven con mucha más naturalidad y nos cuentan que, en general, no hacen caso. Procuran obviarlo y, otras veces, sirve para reivindicar su identidad nacional y cultural frente al 'tú no vales, tú eres menos', a lo que ellos responden, 'yo sí valgo'”, indica. Pese a eso, se muestran preocupados por el señalamiento de los grupos políticos hacia estos grupos vulnerables y el intento de canalizar a través de ellos el descontento social.

“La convivencia”

Una vez reunidos y analizados estos datos, los investigadores de la Universidad de Sevilla pasarán a una segunda fase de intervención mediante el diseño de varios programas de formación dirigidos a los profesionales sociosanitarios y voluntariado en los que pretenden favorecer una atención más equitativa e inclusiva de las personas migrantes, como en las consultas médicas o psicológicas.

Por último, BIENMIGRA difundirá los resultados obtenidos a través de publicaciones científicas o la elaboración de un manual de buenas prácticas para que este conocimiento llegue al conjunto de la sociedad. “Esperamos aplicar una intervención que no sea solamente informativa, sino experiencial y positiva para que la gente cambie sus actitudes con respecto a las personas con trastornos mentales”, expresan, “la convivencia te demuestra que, más allá de los estereotipos y los prejuicios, somos mucho más, y estas diferencias y similitudes es donde nos encontramos”.

Plato único en la sesión de control del Congreso. Diez de las preguntas de la oposición versaban en todo o en parte sobre la crisis de Ceuta. El Partido Popular se ha apuntado en esta legislatura al mensaje de que cada tema polémico o negativo para el Gobierno es la antesala de su defunción inminente. La pandemia, los indultos a los autores del procés, la ley de amnistía, la corrupción de Ábalos, la detención de Cerdán... Todos esos acontecimientos iban a suponer la sentencia de muerte para Pedro Sánchez. Lo del volcán de La Palma, no. A pesar de su increíble maldad, no se creía que fuera el responsable de la aparición de un nuevo volcán. No por falta de ganas, claro.

Lo ocurrido en Ceuta y las secuelas que aún persisten cuentan con un nivel de gravedad imposible de subestimar. El PP está aún más convencido de que será la bala mágica que acabe con el Gobierno de coalición. Es también una buena excusa para completar el giro hacia el rechazo total de la inmigración en su competición particular con Vox. La derecha confía en que ese Houdini que a veces parece Sánchez no tenga ya fuerzas para liberarse de las cadenas y salir a la superficie. Lo cierto es que se le ve cansado, repitiendo demasiadas veces frases y conceptos, por ejemplo sobre la vivienda, que no funcionaron antes y que ahora tampoco lo harán. Es indudable que el procesamiento de su mujer y la condena de su hermano han dejado huella.

Lo que pasó en agosto –cuando el Gobierno tardó 25 días en decretar un mando único para Ceuta– confirma que los reflejos de Sánchez van a menos y que le cuesta más enderezar el rumbo. Pero aún puede responder con el aguijón en el momento exacto de un debate parlamentario y volver a ser El Perro.

No es que Alberto Núñez Feijóo se lo haya puesto muy difícil en los últimos meses con su costumbre de acumular varios temas en los dos minutos y medio que le dan la sesión de control. Con Santiago Abascal, Sánchez lo tuvo aún más fácil el miércoles.

Como a los demás dirigentes de la extrema derecha europea, al líder de Vox le gusta tachar a los grupos de izquierda de traidores a la patria en un lenguaje de claras reminiscencias franquistas o autoritarias. La crisis de Ceuta le ha permitido afilar ese lenguaje y concretarlo en la petición de que el Tribunal Supremo investigue a Sánchez por traición. Además, para saber “cuántos diputados tiene Marruecos en la Cámara”.

Sánchez no lo tenía tan difícil para contraatacar, pero sólo si se quitaba de encima la melancolía y se decidía a sacar al Perro de dentro, el personaje que remontó en la campaña electoral de 2023 hasta un punto que sus votantes pensaban que ya no sería posible. “Tiene guasa que me haga esa acusación cuando si alguien va con una correa al cuello es precisamente usted. Por eso, aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otros”, le dijo a Abascal por su apoyo a Trump y Netanyahu.

Luego, vino la estocada. “Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Le digo una cosa. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo”.

Obescal, como le llamó Donald Trump en una ocasión, se limitó al truco que traía preparado de casa. Enseñó una cuartilla con la letra T, otra con la R, luego la A, y así hasta completar la palabra 'traidor'. Parecía un momento sacado de una versión ultra de 'Barrio Sésamo'. Quizá fuera un poco exigente para algunos de sus votantes.

Los diputados del PP llegaron al pleno con la misión de utilizar las palabras 'invasión' e 'invasores' de forma reiterada. El partido ha decidido que no va a permitir que Vox le supere en términos retóricos en relación a la llegada masiva de marroquíes a Ceuta hace cuarenta días. Nadie va a estar más a la derecha que ellos, en especial en el Parlamento. Se trata de que los indignados con lo sucedido en esa ciudad española se sientan representados por el PP.

No se sabe si les funcionará. Lo que sí es evidente es que la radicalización de la oposición solo ha beneficiado hasta ahora al partido de Abascal. La encuesta del ABC del lunes confirma lo previsto en otros sondeos. El PP no llega al porcentaje de votos que recibió en 2023 a pesar de una legislatura en la que ha elevado la temperatura ambiental al límite de lo que se ha visto en un Parlamento en España desde finales de los años setenta. Quien disfruta de un rotundo crecimiento de votos es Vox. Cuanto más se enfurece el PP, más engorda Vox.

“Las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de gas pimienta”, dijo Feijóo, un asunto de difícil comprobación que ha acaparado titulares de algunos medios. En su línea de dar cobijo a todas las conspiraciones originadas en la extrema derecha, dio por hecho que están chantajeando a Sánchez y que eso explica su actitud: “Si Marruecos canta, usted se va”. Está en contra de activar el mecanismo parlamentario para acusar de traición al presidente –porque perdería la votación en el Congreso–, pero no de plantear que Sánchez está al servicio de los enemigos de España.

Como se dice en las redes sociales, no tiene pruebas, pero tampoco dudas. Lo primero ha pasado a ser prescindible en la política española.

Ester Muñoz marcó el camino definiendo lo que ha sufrido Ceuta como “una invasión”. “No es una crisis humanitaria. Es una invasión”, dijo Sofía Acedo cuanto le tocó el turno. Lo mismo Miriam Guardiola y Ana Belén Vázquez. “Las playas y el puerto están llenas de invasores”, bramó Miguel Tellado, que aportó un episodio más a toda la sucesión de locuras e invenciones de las últimas semanas. El portavoz parlamentario del PP dijo que la CIA había avisado al Gobierno español sobre lo que podía pasar en Ceuta. Lo había oído en un programa de Cuatro, Código 10, un programa de “crímenes y sucesos”. Ya solo faltaba la CIA en esta historia.

Las dimensiones masivas de lo sufrido en Ceuta el 30 y 31 de julio admiten muchas definiciones. La palabra 'invasión' permite presentar a todos los que llegaron a la ciudad como enemigos del país, gente con la que no hay que tener contemplaciones con independencia de lo que diga la ley. Es lo que permite a Pepa Millán, portavoz de Vox, decir que “España está en guerra”.

Nadie está obligado a contemplar con humanidad a unos invasores. Eso atiza el sentimiento de miedo en Ceuta y la incertidumbre sobre su futuro. Ni siquiera cuando el extranjero es la víctima pierde la condición de amenaza. “La muerte de un invasor con diabetes y la huida de otro con varicela, últimos síntomas de la crisis sanitaria en Ceuta”, títuló El Español hace unos días. Tenía 17 años. Ni aun así dejaba de ser un peligro. Si hasta se hace eso con los muertos, la deshumanización es completa.

No hay límites para la explotación política. “¿Por qué violan a las niñas?”, gritó la diputada Vázquez. Ha habido un intento deliberado de algunos partidos de presentar a los inmigrantes que permanecen en la ciudad como delincuentes sexuales, una generalización que nunca se hace cuando los agresores son españoles de raza blanca. Cómo reprochar a las madres que pongan gas pimienta en la mochila de sus hijas. Lo están escuchando todos los días.

Ante ese riesgo, la prioridad debería ser sacar cuanto antes a las menores de Ceuta en situación vulnerable, no menos de 500, y atenderlas en la península. En privado, los dirigentes autonómicos del PP admiten que no podrían negarse a acogerlas, según El Mundo. En público, es todo lo contrario.

Los gobiernos de Andalucía y Ceuta cuentan con un convenio desde 2022 por el que la primera se compromete a acoger a las menores que lleguen a la ciudad. Sería una excelente forma de protegerlas. Ceuta podría activar ese protocolo y no ha querido hacerlo. La excusa es el informe policial que acusaba a Marruecos de haber instigado el asalto. Por tanto, ya no lo ven como una crisis migratoria.

Es más fácil utilizar a las menores, españolas o extranjeras, como rehenes de una crisis política con la que acabar con el Gobierno.

La lectura del material desclasificado por el Gobierno permite concluir que todos los servicios de Información españoles coinciden en que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas irregulares a nado fue uno de los motivos de la entrada de migrantes a Ceuta por esa vía los días 30 y 31 de julio pasados. El mismo día en que se conoció el sentido del fallo, el 8 de julio, la Guardia Civil elaboró una nota en la que advertía de su “efecto llamada” y ya proponía cuatro medidas para contener sus efectos.

El Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil elaboró ese día una “nota de despacho”, un informe interno para ser elevado en la cadena de mando. El objeto de la nota era advertir a la Dirección General de la Guardia Civil de las “relevantes consecuencias operativas” que la sentencia iba a tener para el instituto armado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La nota explica brevemente la relevancia del fallo, en el sentido de que a partir del mismo los migrantes buscarán la vía marítima para acceder a territorio español. El fallo del Supremo establecía que al no disponerse en el agua de elementos disuasorios el acceso a nado escapaba de los requisitos que establece la Ley para la devolución ‘en caliente’.

“Esta situación previsiblemente incrementará la presión migratoria sobre ambas ciudades, al consolidarse una diferencia de tratamiento entre quienes intentan acceder a través de las vallas fronterizas y quienes lo hacen por vía marítima. Ello puede generar un efecto llamada hacia las entradas a nado, modalidad que ya presente una elevada dificultad para su detección e interceptación temprana”, recoge la nota desclasificada por el Gobierno.

Los expertos del instituto armado proponían a la Dirección General reforzar su servicio marítimo provincial en Ceuta, al igual que el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). En su nota de dos folios incidían en la necesidad de contar con elementos que permitieran anticiparse a una llegada masiva. Para ello proponían “potenciar los sistemas tecnológicos” de vigilancia que, junto a los medios marítimos y terrestres, permitieran avisar cuanto antes a las autoridades marroquíes y “reducir los riesgos para la vida e integridad” de los migrantes.

En cualquier caso, la Guardia Civil ya valoraba el día del fallo que el Gobierno debía impulsar una “modificación legislativa” para que se pudiera aplicar la devolución ‘en caliente’ a los ingresados por vía marítima de igual forma que los que acceden a España de forma irregular por la frontera terrestre.

El 30 de julio, cuando la entrada de inmigrantes en Ceuta a nado ya es masiva, el CNI emite un informe en el que asegura que, desde la sentencia del Supremo ha “incentivado” la entrada a nado “desde comienzos de julio”.

“A lo largo del mes de julio, los nadadores que lograron llegar a tierra o ser recogidos por embarcaciones de salvamento españolas, al ver que no eran devueltos por las autoridades españolas difundían sus logros en redes sociales, amplificando la difusión del cambio provocado por la decisión judicial y generando con ello un efecto llamada exponencial a lo largo de los días 22-27 de julio”, dice textualmente el informe del CNI.

“Se entienden como consecuencia directa de la sentencia”

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) habla de la afluencia de migrantes como “consecuencia directa” del fallo. “Los intentos de acceso se entienden como consecuencia directa de una sentencia del TS español del 29JUN26, publicada el 08JUL26, en la que se establecía que los accesos a nado a territorio nacional no eran susceptibles de generar rechazos en frontera. Esto supone, en la práctica, una decisiva limitación de acción a las FCSE españolas”, recoge el informe emitido a las 13:00 horas del día 30.

La Policía también menciona la sentencia del Alto Tribunal en sus informes. Horas antes de la entrada, el 29 de julio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras habla de “las posibles consecuencias” de la sentencia de Supremo, sumado a la celebración del Día de Trono en Marruecos (por el precedente que ocurrió en 2018) y la información procedente de redes sociales. A partir de ellos plantea varios escenarios donde varía el riesgo y la probabilidad.

La tesis del “efecto llamada” fue la explicación que los responsables del Ministerio del Interior recibieron de sus homólogos marroquíes cuando les telefonearon en las primeras horas de la crisis.

La extrema derecha alemana podrá gobernar en el Estado de Sajonia-Anhalt si consigue el apoyo de BSW, un partido ‘rojipardo’ fundado en 2023 como escisión de Die Linke —el equivalente a Izquierda Unida/Podemos en España—. El motivo de aquella ruptura es el mismo por el que sus líderes justifican ahora el posible apoyo a la ultraderecha: las políticas contra la inmigración. Durante los últimos años su carismática líder, Sahra Wagenknecht (las siglas de su nombre están en el nombre del partido), ha hecho bandera de las políticas antiinmigración con un discurso prácticamente indistinguible del de la extrema derecha. Yo la conocí en Berlín en 2014, durante un homenaje a la revolucionaria e internacionalista Rosa Luxemburgo que ahora se me antoja irónico; aunque por aquel entonces ella todavía era una dirigente alineada con la posición oficial de su entonces partido, que defendía políticas pro-inmigración.

Probablemente, el elemento central del discurso anti-inmigración de Wagenknecht y su partido es que sitúan la entrada de trabajadores extranjeros como un problema para los trabajadores nacionales. Según ellos, los inmigrantes presionan los salarios a la baja y ello conduce al incremento de los beneficios de las empresas; en consecuencia, la solución es limitar la entrada de inmigrantes para no empeorar las condiciones de la clase trabajadora alemana. Se trata de un discurso reconocible dentro de la familia de partidos de extrema derecha, especialmente aquellos que tienen como objetivo seducir a la clase trabajadora nacional que, se presupone, forma el granero de votos de la izquierda. Desde Jean-Marie Le Pen en los noventa hasta Vox en el presente, pasando por el vicepresidente y el presidente de Estados Unidos, todos ellos han defendido o defienden posiciones anti-inmigración sostenidas sobre el argumento de que los inmigrantes son responsables de, al menos, parte del estancamiento o incluso retroceso salarial de los trabajadores nacionales. Aunque tanto para las extremas derechas como para el rojipardismo el fenómeno de la inmigración es más amplio que la migración laboral, en este análisis vamos a analizar qué dicen los modelos económicos sobre esta relación y cuáles son las conclusiones y contradicciones que emergen.

La inmigración en la economía

Toda proposición política, como aquella que asegura que “los inmigrantes bajan los salarios”, depende de la forma en la que entiende el mundo quien la formula, y esto a su vez suele ser el legado, casi siempre no reconocido, de una teoría desarrollada por algún economista ya fallecido. Esta es la famosa tesis de J. M. Keynes sobre el papel de los economistas, y es totalmente válida aquí. Dicho de otra forma, los economistas trabajan continuamente con modelos que “simplifican” el mundo, y a partir de los cuales se extraen ciertas proposiciones políticas que después se divulgan y difunden hasta llegar al común de los mortales; la mayoría de las veces dotadas de la legitimidad que concede la apariencia de ciencia e incluso con el aura de un nuevo “sentido común”. Ser consciente de esto es importante siempre, pero veremos que lo es especialmente con el tema de la inmigración.

Para entender este punto es relevante comenzar con el trabajo del economista Paul Samuelson, quien en 1948 formalizó lo que se conoce como “teorema de igualación de precios de los factores”. Aquí nos interesa centrarnos en que, según este teorema, el libre comercio entre países tenderá a igualar el precio de los factores capital y trabajo, es decir, de la tasa de ganancia y del salario. Así, el teorema predice que si dos países con distintos niveles salariales deciden comenzar a comerciar entre ellos, los salarios del país más pobre subirán y los salarios del país más rico bajarán. Casi todo el debate posterior entre economistas gira en torno a por qué ese no es el resultado que observamos en la realidad; pero la mayoría de los economistas asume que ese es el mecanismo esencial del funcionamiento de la economía capitalista.

La intuición que difunden los partidos ‘rojipardos’ y de extrema derecha se inspira precisamente en esa forma de pensar el mundo. En ese mundo “idealizado” por los economistas sólo existen dos factores de producción, capital y trabajo, y según si se “permite” que se muevan libremente se producirá un resultado u otro. Por ejemplo, en los años noventa el economista George Borjas elaboró un modelo que suponía que el factor trabajo era libre (las personas podían ir de un país a otro sin problemas) pero el factor capital era fijo. Las conclusiones fueron que la entrada de inmigrantes producía una bajada de salarios de los trabajadores nativos y, además, elevaba los beneficios de las empresas. Como ocurre con todos los modelos, modificar un supuesto por otro cambia (mucho) las conclusiones: en los modelos donde además del trabajo el capital también se puede mover, la predicción es que el salario no bajará con la entrada de inmigración.

En un modelo completamente diferente, como el del marxista Arghiri Emmanuel, el mundo que se piensa es uno en el que el capital es el único factor que se puede mover entre países mientras que el trabajo está restringido por los controles anti-inmigración. En su modelo, el diferencial salarial entre los países ricos (el Norte) y los países pobres (el Sur) nunca puede cerrarse, y esa es la causa por la que el Norte explota al Sur mediante intercambios desiguales. La conclusión política de Emmanuel fue muy controvertida porque señalaba a los sindicatos de los países ricos como responsables y beneficiarios del mantenimiento de esa situación injusta (piénsese que Emmanuel creía también que, en condiciones de libre movilidad de factores, los salarios convergerían).

El marxismo y la inmigración

Emmanuel no es el único marxista cuyo trabajo asume que, en ausencia de obstáculos como las políticas de restricción de inmigrantes, existe una tendencia del sistema hacia la igualación del precio de los factores. El propio Marx reconoció ese mecanismo en varios de sus trabajos, aunque en él opera de una forma distinta a la de los economistas ortodoxos. Para el autor de El Capital, el salario depende fundamentalmente del poder de negociación de la clase trabajadora frente al capital, y la dinámica capitalista desgasta esa capacidad a través del “ejército industrial de reserva”, es decir, de una gran masa de desempleados creados por el capitalismo. Esa enorme mano de obra disponible para el empresario disciplina también a los trabajadores, dificultando su capacidad de organizarse y de negociar mejores salarios. Los inmigrantes serían, en este modelo, un volumen adicional al ejército industrial de reserva pero, en general, con muchos menos derechos y protecciones.

Lo curioso de Marx es que, aunque aceptaba el diagnóstico de que la inmigración presionaba a la baja los salarios de los trabajadores nacionales, nunca concluyó que la solución era restringir los movimientos de los trabajadores. Cuando analizó la inmigración irlandesa en Inglaterra, comprendió que existía “una clase obrera dividida en dos campos enemigos, proletarios ingleses y proletarios irlandeses” y reconoció que “el trabajador inglés común odia al trabajador irlandés como competidor que reduce el nivel de vida”. Para Marx era claro que el problema era la división de clase que impedía que irlandeses e ingleses, juntos, exigieran mejores condiciones de trabajo. Y el remedio no era profundizar esa división, excluyendo a los irlandeses, sino acabar con la opresión de Irlanda y del capitalismo que había empujado a la emigración a tantos trabajadores.

El texto al que me estoy refiriendo está escrito en 1870, pero podría ser actual. Marx veía con claridad que la oposición entre trabajadores inmigrantes y nacionales era sólo del interés de los capitalistas explotadores. Y, literalmente, reconocía que “este antagonismo se mantiene artificialmente despierto y se ve acentuado por la prensa, el púlpito, las revistas económicas, o sea, por todos los medios a disposición de las clases dominantes. Este antagonismo es el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su organización”. Esta línea de pensamiento, por cierto, fue seguida por dirigentes como Lenin o Rosa Luxemburgo, para quienes la solución nunca pasó por el nacionalismo sino por la conciencia de clase. A diferencia de lo que sucede con toda la desviación rojiparda.

¡Son las instituciones!

Si Marx y los economistas liberales comparten que existe un mecanismo que iguala los salarios vía libre comercio, competencia o poder de negociación, ¿significa eso que es inevitable que la inmigración produzca bajadas salariales entre los trabajadores nacionales? La respuesta es que no. Porque igual que hemos visto que, dependiendo del supuesto del modelo se obtienen unos resultados u otros, el capitalismo no opera en el vacío, sino mediante instituciones, es decir, leyes, normas, tradiciones, costumbres… Lo que determina los resultados reales no son solo los precios, sino la combinación de instituciones y precios. Y son esas instituciones las que moldean la forma en la que se absorben impactos como el de la inmigración.

Por ejemplo, para Marx lo relevante no era la nacionalidad del trabajador, sino su estatus: procedía de un país donde los salarios eran más bajos porque la acumulación capitalista era más débil, contaba con menos derechos y estaba acostumbrado a un nivel de vida más modesto. De hecho, los inmigrantes presionan a la baja los salarios y condiciones más que los nacionales solo cuando sus condiciones laborales son inferiores. El perfil del inmigrante es, efectivamente, carne de cañón para ser superexplotados y para ser la parte más rocosa del ejército industrial de reserva.

Debido en gran parte al fracaso de los modelos económicos a la hora de predecir qué ocurre con los flujos migratorios, y la constatación de que en casi ninguna parte han convergido los salarios, el análisis de las últimas décadas sobre la inmigración y sus efectos se ha desplazado desde el enfoque puramente económico (sólo precios) a otro más institucional. Por ejemplo, hoy se acepta que los mercados están segmentados y que los inmigrantes apenas entran en competición directa con los trabajadores nacionales (los primeros suelen recalar en trabajos de poca cualificación que los nacionales ya no quieren hacer), que las condiciones jurídicas de los inmigrantes son altamente relevantes y que si cuentan con los mismos derechos el impacto negativo desaparece, y que el poder político de negociación es especialmente importante (particularmente en sectores con monopolio). La inmensa mayoría de los estudios que han evaluado todas estas cuestiones de forma más amplia han concluido que en promedio el salario de los nacionales no se ve afectado por la entrada de inmigrantes y que, cuando hay efectos negativos, están asimétricamente distribuidos (por ejemplo, sobre los sectores de baja cualificación y sectores más desprotegidos en general).

Conclusiones

Lo curioso es que los modelos sobre la inmigración son también modelos sobre el comercio. En 1957, el economista Robert Mundell subrayó que la entrada de inmigrantes de poca cualificación era equivalente a importar bienes producidos en países de bajos salarios a partir de trabajo poco cualificado. Eso significa asumir que la importación en masa de productos chinos es equivalente a la entrada de inmigración masiva china, y sus efectos sobre los empleos y salarios sería igual. Esto permite entender mejor por qué la pregunta “¿los inmigrantes bajan los salarios?” está mal planteada si se formula como una cuestión puramente económica. La respuesta depende de qué trabajadores compiten con cuáles, de cuánto capital se acumula, de cómo reaccionan las empresas, de qué sectores crecen, de qué instituciones regulan el mercado laboral y, sobre todo, de cuál sea el poder de negociación de los trabajadores. No existe una ley económica que diga que la llegada de inmigrantes tiene necesariamente que traducirse en una reducción generalizada de los salarios nacionales. Eso es naturalizar un estado de las cosas (el del capitalismo realmente existente) que es históricamente específico.

Si contratar a un trabajador recién llegado y descargar un contenedor procedente de Asia son, desde el punto de vista del salario nacional, la misma operación, entonces cerrar la frontera a las personas no elimina la competencia y únicamente la desplaza. El empresario que no puede traer al trabajador se traslada él, o le encarga la pieza a un proveedor que ya está allí. Es, literalmente, lo que ha ocurrido durante las últimas cuatro décadas. Esto es lo que nombra la expresión actualizada de “ejército mundial de reserva”, que acostumbra a usar el marxista John Bellamy Foster. Y lo cierto es que la masa de trabajadores disponible para disciplinar salarios dejó de ser nacional hace mucho tiempo. La clave es que el capital no necesita que esa masa cruce la frontera, porque puede cruzarla él.

Todo esto va mucho más allá que una cuestión meramente teórica. Como dije al principio, las teorías de los economistas muertos resuenan siempre en las proposiciones actuales. Y la actualidad está llena de esas proposiciones, por ejemplo de aquellas que plantean qué movilidades se proponen restringir y cuáles no. Porque ningún programa de extrema derecha —tampoco el rojipardo, más allá de la retórica— propone cerrar la movilidad del capital. En todas estas propuestas se criminaliza al trabajador, pero no al capital, lo que es sintomático del discurso de clase.

Volvamos entonces a la pregunta del título. ¿Bajan los inmigrantes los salarios? La respuesta que dan a la vez la mayoría de modelos modernos y la evidencia es que no lo hacen por ser inmigrantes, sino allí donde son trabajadores con menos derechos. Así que lo que presiona a la baja los salarios no es el pasaporte, sino el estatus. Y lo que propone la extrema derecha y los ‘rojipardos’ —recortar derechos y expulsar a una parte de la clase trabajadora— es exactamente la que abarata a los competidores de la otra parte. Es una política patronal formulada en el idioma de los obreros.

Ahora bien, la alternativa al discurso antiinmigración no consiste en negar que puedan existir efectos distributivos asociados a la inmigración. Tampoco consiste en repetir que “la inmigración siempre es buena” y cerrar el debate. Consiste en preguntar quién gana y quién pierde, en qué circunstancias, mediante qué mecanismos y bajo qué instituciones. Y hacer política con ello. Como he mostrado antes, Marx lo entendió en 1870 y lo resumió muy bien al decir que el antagonismo entre trabajadores ingleses e irlandeses era “el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su organización”. Se puede levantar una alambrada o un muro alrededor de un país, pero no alrededor del mercado mundial. Frente a un ejército de reserva de dimensiones planetarias solo caben dos respuestas. La primera es competir todos a la baja en un terreno donde nadie tiene derechos, que es el proyecto de la extrema derecha en un contexto de crisis ecosocial. La segunda es extender los derechos hasta que la competencia deje de librarse por abajo. Esta última era la apuesta de aquella Rosa Luxemburgo a la que fuimos a homenajear a Berlín en 2014. La primera, doce años después, es lo que se está negociando en Sajonia-Anhalt.

Este sábado una periodista vivió lo que tantos otros reporteros han sufrido estas últimas semanas: los insultos y amenazas de algunos de los manifestantes. Solo por hacer su trabajo, solo por acercarse a una persona negra, Gabriela Sánchez (enviada especial de elDiario.es a Ceuta) fue increpada y violentada. La paradoja llega cuando descubrimos que el chico con el que se había acercado a hablar ni tan siquiera era migrante. Era un chico inglés. Eso sí, era negro.

¿Qué nos cuenta que en un territorio tan diverso como Ceuta, donde más del 40% de la población es musulmana, reaccione de esta manera? Probablemente, este caso nos sirve para entender el caldo de cultivo que lleva tiempo cociéndose en Ceuta y en otras partes de España. Tratamos de entender lo que está pasando con la propia Gabriela Sánchez.

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Los bramidos de un hombre cubierto de tatuajes hicieron girar las cabezas a tres chicos jóvenes y una mujer que, en distintos grupos, observaban el horizonte desde el puerto de Ceuta. Al encontrarse la concentración de banderas de España, que algunos migrantes ya identifican con un inminente grito en su contra, volvieron rápido su mirada hacia el mar. “¡Sinvergüenzas! ¡Invasores a Marruecos!”, escucharon a sus espadas. El resto le siguió con uno de sus cánticos habituales, entonado mientras miraban y señalaban a personas racializadas, cuyo origen o situación desconocían: “Invasores, expulsión”.

Uno de esos jóvenes a los que decenas de personas exigían volver a Marruecos era Asha. No era marroquí ni había llegado a Ceuta a finales de julio. Solo era negro y de nacionalidad inglesa. “He venido a visitar a un amigo, tenía el viaje preparado desde hace tiempo y decidí mantenerlo”, comenta el chico en inglés, con fuerte acento británico, en conversación con elDiario.es. Tampoco era migrante Melka, una adolescente caballa que pasaba la tarde con su primo marroquí, quién sí había cruzado la frontera en la entrada masiva. Para algunos los manifestantes que los insultaban, todos eran “invasores”. Y, quienes se acercaban a ellos, “traidores”.

Tras 38 días de crisis humanitaria en las calles ceutíes, donde miles de personas migrantes malviven a la intemperie ante la falta de plazas de acogida o traslados a la península, el clima de odio amenaza con extenderse en una ciudad caracterizada por la diversidad. Este tipo de acoso racista hacia personas de determinados rasgos, sean migrantes o no, se está repitiendo en varias de las protestas celebradas por vecinos ceutíes en las últimas semanas y choca con la convivencia que suele representar a la sociedad caballa.

Este domingo, durante otra de las marchas celebradas cada día por la ciudad para pedir seguridad durante el arranque del curso escolar, varios manifestantes insultaron y trataron de echar de la protesta a una niña ceutí de 13 años al “confundirla” con una menor migrante. “Invasora, te vi en el hospital con tuberculosis”, le dijo una mujer. A su acusación le siguieron los gritos e insultos de más personas a su alrededor, mientras que otros vecinos pedían tranquilidad a quienes acosaban a la niña o le ponían una bufanda de España para “protegerla” a su modo. En la misma marcha, una mujer llamó “puta mora” a una periodista de elDiario.es.

El clima de tensión por parte de la población local hacia los migrantes llegados a finales de agosto crece a medida que la falta de una respuesta institucional suficiente mantiene la crisis humanitaria en las calles de la ciudad, donde miles de migrantes continúan viviendo en asentamientos en la intemperie, ante la falta de plazas de acogida para recibirles- en parte motivado por las reticencias del Ejecutivo local a ceder espacios al Gobierno central para este fin-. Su situación de calle les obliga a vivir en condiciones de precariedad e insalubridad, y a su vez, impide la vuelta a la normalidad de los vecinos e incrementa la sensación de inseguridad ciudadana.

Solo acercarse a una persona migrante en las proximidades de una de estas manifestaciones suele generar una reacción. “Pues si eres de Ceuta peor, puta. Te acercas a ellos y luego te quejas si te violan, ojalá lo hagan”, espetó una mujer acompañada de un perro pastor alemán a la adolescente en la protesta contra el campamento de migrantes levantado en el puerto. En la misma convocatoria, esta periodista recibió varios ataques similares, mientras se encontraba entrevistando al joven inglés -para tratar de averiguar si había otra razón que motivase su presencia en la ciudad- y a un chico palestino que sí había entrado a la ciudad a finales de julio.

Hay situaciones y acciones concretas diarias que evidencian el rechazo de parte de la población a todo aquel que parezca una de las personas llegadas los días 30 y 31 de julio, esos a los que llaman “invasores”. Decenas de restaurantes y bares de la ciudad impiden la entrada a quienes aparentan ser migrantes. En otros donde no pueden evitar su acceso, desactivan los enchufes para evitar que carguen sus teléfonos o impiden que los usen solo las personas con ciertos rasgos.

En un Burger King de un centro comercial próximo al puerto ceutí, los enchufes no funcionan. elDiario.es preguntó al personal si había algún punto de electricidad para los clientes: “Los hemos apagado todos para que no vengan los inmigrantes”, respondió uno de los empleados. En un bar próximo a la playa del Trampolín, los camareros se negaron a cargar el móvil de Youssef, un hombre marroquí que ha vivido en España durante años hasta perder su tarjeta de residencia y regresó a nado a Ceuta el pasado 29 de julio. Cinco minutos después, esta periodista solicitó en el mismo local enchufar la misma batería portátil. A ella sí se lo permitieron.

“Es racismo. No nos dejan hacer nada. No quieren que compremos comida”, se queja. Otra de las actuaciones indica ciertas acciones sociales discriminatorias tiene que ver con el acceso a habitaciones de los hostales repartidos por la ciudad. Aunque conseguir alojamiento es muy complicado, si quedan habitaciones, no suelen aparecer publicadas en plataformas como Booking. Un trabajador de los hostales donde este medio ha preguntado reconoce que la medida busca evitar “que los inmigrantes reserven”.

La segregación de los migrantes, concentrando su presencia en determinadas zonas de la periferia más empobrecidas a través de la intimidación policial y la ubicación de los repartos de comida oficiales, se hace evidente con un paseo por los distintos barrios de la ciudad. Cualquier noche en el centro histórico de Ceuta, en el interior de sus Murallas Reales, genera cierta sensación de irrealidad. Allí las terrazas están llenas, la vía peatonal luce despejada y apenas se observan migrantes en sus calles. El pasado sábado por la noche, mientras los niños correteaban en sus aceras, un menor migrante saluda a dos mujeres españolas sentadas en un bar. Le saludan con cariño y se alegran de que el chaval haya conseguido un abrigo, pues la noche anterior le vieron tiritar del frío mientras buscaba un rincón donde dormir. La cordialidad de la conversación despierta evidentes miradas de enfado y comentarios a su alrededor. Él lo percibe y, decide irse corriendo, por si su interacción tiene consecuencias para ellas.

En la zona de la Almadraba, más próxima a la frontera, un coche viejo y destartalado arranca como cada tarde repleto de paquetes de comida y botellas de agua. Sus ocupantes, activistas de la organización No Name Kitchen, hablan de los “lugares calientes” a los que acudirán para distribuir las raciones, aquellos puntos a donde no están llegando los repartos oficiales. A su llegada, la zona parece despejada, pero decenas de jóvenes migrantes empiezan a aparecer en busca de algo que llevarse a la boca. Las voluntarias tratan de entregarlo rápido, de manera discreta, pero el tumulto de gente hambrienta lo complica y los gritos empiezan: “ONG mafia”; “Qué vergüenza. Fuera, fuera”.

“Un día algunos vecinos nos echaron de manera agresiva. Una vecina nos defendió diciendo que qué había hecho yo para esa reacción. Respondieron: ”Darles agua y comida“, explica la una de las voluntarias de la organización, para ejemplificar el castigo que reciben en ocasiones quienes ayudan de algún modo a las personas migrantes, especialmente los activistas de No Name Kitchen y las Brigadas de Apoyo Mutuo, que también se organizan para vigilar posibles redadas o agresiones policiales a los migrantes. Sobre ellos se han difundido bulos que los acusaban de ”repartir botes de gas pimienta“ a los migrantes, algo que se ha demostrado falso.

La otra cara de Ceuta: la ayuda vecinal

No es la reacción común de todos los ceutíes, y decenas de vecinos -especialmente de barriadas de la periferia como El Príncipe- han apoyado a los migrantes que malviven en sus barrios de distintas maneras. Por ejemplo, en El Príncipe, el presidente de la comunidad de vecinos y distintos voluntarios se organizaron para acoger alrededor de 200 niñas marroquíes ante el riesgo de ser agredidas sexualmente, tanto por ceutíes como por otros migrantes. “Llevo aquí desde el primer día. Somos los únicos que hicimos algo, el Estado ha tardado un mes en empezar a reaccionar”, decía Ahmed Enfed-Dal un día antes de cerrar el asentamiento improvisado que coordinaba, cuando todas las menores fueron trasladadas a centros de acogida de la ciudad autónoma.

Su hermana, que ha hecho turnos como voluntaria durante semanas, cuestiona el “abandono” que dice sentir del Gobierno en su respuesta a la crisis migratoria, por dejar en la calle durante tanto tiempo a miles de migrantes. Ella acude a algunas de las manifestaciones celebradas para pedir más apoyo a su ciudad, pero desde un lugar muy distinto a quienes lanzan mensajes racistas. “Es una ciudad muy pequeña, no podemos asumir a tanta gente en las condiciones que tendrían que ser, pero hace falta que se les acoja. Es inhumano que estén en la calle, que les dejen así, y además eso nos genera problemas en el barrio”, explica la mujer, parte de la comunidad musulmana. “Pero muchos aprovechan la situación para sacar todo el odio que llevan dentro”, añade.

El Gobierno local: “No se puede tomar la justicia por su mano”

Desde el Gobierno de Ceuta, así como de los concejales de la localidad, han mostrado su preocupación por los distintos tipos de ataques o agresiones racistas que se han sucedido desde el pasado 30 de julio por parte de vecinos ceutíes. “Consideramos legítimas y plenamente justificadas las manifestaciones y concentraciones que se celebren para exigir la apuntada vuelta a la normalidad y la recuperación de la tranquilidad, pero siempre de manera pacífica y ordenada, sin poner en peligro la unidad de los ceutíes al servicio de una causa de todos, al margen de credos, culturas u orígenes, ni la convivencia; razón por lo que, rechazamos, con total rotundidad, el uso de cualquier tipo de violencia, los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de todos y de Ceuta”, raza una declaración institucional conjunta suscrita por todos los grupos políticos de la Asamblea y las dos diputadas no adscritas.

“En consecuencia, se adoptarán las medidas sancionadoras que correspondan contra quienes cometan actos vandálicos o causen daños al mobiliario urbano. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano. La defensa de Ceuta y de los intereses de los ceutíes solo puede llevarse a cabo desde la legalidad, la responsabilidad y el respeto a la convivencia”, advertían, después de semanas en las que distintos grupos de ceutíes acudían a asentamientos de migrantes para agredirles e incluso quemar sus chabolas, como ocurrió en campamento de la playa del Trampolín.

Denuncias de agresiones

Sin embargo, decenas de testimonios recopilados por elDiario.es continúan denunciando sufrir palizas nocturnas. Mientras, por un lado, hablan de grupos de vecinos ceutíes encapuchados que los golpean de madrugada, también aseguran ser víctima de agresiones por parte de “militares”, aunque este medio no ha podido verificar independientemente sus acusaciones. elDiario.es sí ha presenciado un trato policial despectivo e intimidaciones por parte de agentes policiales y militares, que tratan de exigirles que se alejen de determinadas zonas de la ciudad próximas al centro.

“Nos están destrozando psicológicamente. Dormimos escondidos, porque cualquier noche pueden venir a pegarnos. A veces son militares, otras ceutíes, siempre pasa algo. Nos quitan los teléfonos y el dinero. Hacen que sea cada vez más dificil quedarnos, es una estrategia para que nos volvamos a Marruecos”, dice Mohamed (nombre ficticio), agotado, pero decido a permanecer en Ceuta después de más de un mes malviviendo en sus calles.

Los controles policiales impuestos este verano por el Gobierno de Italia a los pasajeros procedentes de España, es una de las derivadas de la crisis migratoria de Ceuta. Esta decisión, que Giorgia Meloni tomó unilateralmente y que el Gobierno Español replicó en respuesta, supone una restricción en lo que conocemos como Espacio Schengen, una de las claves que definen lo que es la Unión Europea.

Con María Ramírez, corresponsal Internacional de elDiario.es, hoy nos paramos en esa palabra, Schengen, que lleva con nosotros más de 30 años. ¿Qué significa exactamente? Sabemos que tiene que ver con la circulación libre de la gente por Europa, pero… ¿eso no ocurre en toda la Unión Europea, por qué necesitamos ese nombre de… Espacio Schengen? ¿De dónde sale? ¿Qué tiene que ver con Ceuta?

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Las notificaciones se acumulan en los grupos de mensajería donde muchas familias ceutíes reciben avisos del colegio de sus hijos. Al chat de Salma llegan notificaciones de padres y madres preocupados por el nuevo curso tras la crisis migratoria. Algunos dicen temer que algo les pase en su camino a la escuela, por la presencia de migrantes en situación irregular en las calles ante la falta de una respuesta de acogida rápida por parte del Gobierno central y el local. Otras familias ya han comunicado que no llevarán a sus niños a clase, pero Salma lee los mensajes con sorpresa, cuando ya casi tiene preparada la mochila de su niño para la vuelta al cole el próximo martes 8 de septiembre.

En la barriada del Príncipe, una de las que más ha notado la presencia de personas durmiendo a la intemperie y donde se están produciendo algunos ataques nocturnos de grupos de vecinos contra migrantes o entre ellos, la mujer asoma la cabeza a través de la puerta de su casa y evidencia su incomprensión ante el ambiente de pánico que percibe a su alrededor. “No pienso dejarle en casa. No sé si seré la única que le lleve, pero no entiendo ese pánico. Es solo ir a la escuela, y allí está con los profesores. Hasta han puesto seguridad. Ni que les fueran a matar”, dice la mujer, frente a un grupo de jóvenes migrantes que pasan las horas delante de su vivienda.

Su posición no es la de muchos de los vecinos de Ceuta que, incluso viviendo en zonas sin asentamientos de migrantes y sin apenas presencia de estos por las calles —porque durante estas semanas la policía les ha presionado o forzado para expulsarlos de determinadas áreas y concentrado en otras zonas más empobrecidas—, expresan una mayor preocupación por la incorporación de sus hijos al colegio o instituto, especialmente por su sensación de inseguridad ligada a la inmigración.

El inicio del curso escolar en Ceuta llega en un contexto complejo, con la ciudad en crisis humanitaria, con miles de personas en situación de calle tras la llegada de más de 70.000 migrantes y una lenta respuesta a la emergencia por parte de las instituciones. Los niños ceutíes retoman la escuela después de que algunos de sus centros educativos —también en las zonas de menos renta de la ciudad— hayan sido utilizados para alojar a personas migrantes, o cuyos alrededores aún mantienen pequeños asentamientos de los adultos y menores que aún esperan una plaza de acogida por parte del Gobierno central y local.

El plan: vigilancia privada 24 horas y flexibilidad

Volver a clase esta semana ha requerido un plan de urgencia. Desde el Ministerio de Educación, que tiene las competencias educativas en las ciudades autónomas, han realizado un plan de acción en las últimas semanas con el objetivo de asegurar un regreso a las aulas en circunstancias de seguridad. “Estamos en condiciones de garantizar que los colegios son un espacio seguro y el profesorado va a poder desempeñar su trabajo”, explica Cristóbal Guzmán a elDiario.es, director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFPD). Los centros que sirvieron de albergue provisional para cientos de menores fueron desalojados el 17 de agosto y sometidos a desinfecciones extraordinarias antes del inicio del curso.

En una apacible terraza del centro de la ciudad, una familia desayuna en la zona más céntrica y con mayor renta de ciudad. En el área amurallada y sus alrededores, apenas se perciben ya los efectos de la llegada de más de 70.000 personas en el mes de julio. “Tenemos mucho miedo, no vamos a dejar que vaya sola al colegio, porque a veces a esa hora aún está oscuro. Nos da miedo que le hagan algo. Yo les miro la cara y me genera cosas horribles”, explica uno de sus miembros. Reconocen que nunca les han hecho nada. Tampoco ninguno de ellos ha presenciado un hecho delictivo de los recién llegados, solo han oído rumores del boca a boca, pero su sensación al verlos por las calles es de inseguridad.

“Por si acaso, mi hija no baja por la noche desde finales de julio. Prefiero no arriesgarme”, explica una madre ceutí. Este miedo, trasladado por varias familias residentes en el centro de la ciudad, choca con la tranquilidad que reina en la zona amurallada en comparación con otras áreas que sí concentran a la mayoría de población migrante. “Está más tranquilo, pero yo solo de ver a uno de ellos me pongo nerviosa”, dice otra vecina residente en este punto de la localidad.

María (nombre ficticio) es una de las personas presentes en una de las manifestaciones celebradas en Ceuta contra la creación de un campamento de migrantes en el puerto de la ciudad para acogerlos, identificarlos y sacarlos de las calles -donde pueden generar en la población local esa sensación de inseguridad-. Enfadada al ver varias tiendas ya levantadas por el Gobierno central pese a la negativa del Ejecutivo local, después de una hora de gritos contra la gestión gubernamental y envuelta en su bandera de España, la señora volvía a casa refunfuñando: “Pues ahora sí que no le voy a llevar al colegio. Se queda en casa”.

En la zona de Lomo Colmenar, donde se encuentra uno de los centros provisionales del Gobierno central para acoger y filiar a los migrantes, la preocupación es mayor. En este punto pernoctan muchas personas a las puertas del campamento, con la intención de conseguir una plaza en su interior. Su permanencia en la calle en condiciones precarias que rozan la insalubridad, porque no tienen otro lugar donde estar, genera problemas de convivencia. Melka tiene 16 años y reconoce tener cierto temor a ir sola al instituto. Su padre, a su lado, dice que hasta que estas personas estén bajo techo la llevará al centro educativo. De nuevo, admiten que nunca han tenido problema directo con ellos, pero temen tenerlos y aplican precauciones de antemano.

Plan de Educación

Ante esta sensación de inseguridad generalizada, el Ministerio ha desplegado un conjunto de actuaciones para reducir la preocupación generalizada de las familias. Mientras Educación aprobó la creación de un “vallado perimetral” para los cinco centros más afectados, estos aún no han podido crearse debido a los plazos de tramitación. Hasta su instalación, se ha optado por contratar vigilancia privada dentro de los centros educativos 24 horas al día durante todos los días de la semana. La medida lleva operativa desde el 1 de septiembre.

También se ha diseñado “un plan psicosocial” para acompañar al alumnado y al profesorado “después del mes que llevamos en la ciudad, donde algunos alumnos no han salido o lo han hecho acompañados de sus familias”. De forma complementaria, el Secretario de Estado de Educación y de Formación Profesional han aprobado un paquete de medidas específicas y de flexibilización curricular para adaptar la docencia a la situación cambiante de la ciudad.

El clima de preocupación entre las familias y la comunidad escolar no se sitúa tanto en el interior de los colegios como en el entorno urbano y las inmediaciones de las instalaciones. La FAMPA y el Foro de la Educación han trasladado como principal inquietud los pequeños asentamientos que persisten en algunas zonas y en la seguridad en la calle. En este sentido, la Dirección Provincial de Educación ha mantenido contactos con la Comisión Local de Seguridad y los Mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para coordinar dispositivos de vigilancia en las proximidades de los centros, además de dar respuesta a peticiones concretas como la implantación de aulas matinales en secundaria para facilitar una llegada acompañada y resguardada del alumnado.

Aunque tenga cierto recelo a acudir al instituto, Melka irá el próximo lunes. “Hay que seguir formándose y, aunque no haya normalidad, hay que continuar”, dice la joven. En el Príncipe, Salma defiende que el temor de sus vecinos responde a prejuicios y que, si hablasen con ellos, actuarían de forma más natural. “Sé que son muchos, pero son personas normales. Puede haber alguien malo, pero la mayoría de cosas que dicen son mentira”.

Con ocasión de la comparecencia del presidente Pedro Sánchez pude comprobar cómo en los medios de comunicación anglosajones- que la siguieron con amplitud- se referían a lo acontecido en Ceuta como crisis migratoria. Si nos atenemos al fondo y a las formas de las solidaridades expresadas habría que convenir que late lo mismo.

En realidad, lo que más ocupa a la derecha ultraderechista de diverso cuño es la inmigración, porque cala, es la idea fuerza, compartida por sus homólogos ideológicos en Europa y Estados Unidos. Apenas hablan de soberanía —nadie la ha puesto en duda desde el Gobierno—, ni siquiera hay algo nuevo en la política marroquí en este plano, ni siquiera que haya tres ministros que hablan de marroquinidad cambia nada. Desde la independencia de Marruecos en 1956 y antes, durante el sultanato, nunca nuestros vecinos fronterizos del sur han cejado en su empeño.

Donald Trump y sus propios ya sabemos que aprietan con lo de la soberanía, están realmente escocidos con Pedro Sánchez, pero de pronto, el presidente norteamericano, con tareas electorales pendientes en noviembre, se limita a decir que España no sabe defender su frontera. Un cambio notable, en mi opinión, que tiene más que ver con su política migratoria en EEUU. Reconoce que España debe defender mejor su frontera.

Tal y como han enfocado este asunto tanto el PP y sus gobiernos regionales como el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solo caben esperar perjuicios para la defensa y para la vitalidad de la ciudad autónoma. Ese patriotismo callejero, de plató, botellín y flotilla no hace sino empeorar la imagen hasta ahora reconfortante de Ceuta. Si los que creen ayudar a los ceutís piensan que sus problemas se van a arreglar con gritos de “Pedro Sánchez hijo de puta” y “musulmán el que no vote”, no solo se equivocan sino que desconocen dolosamente la realidad caballa (entre el 40 y el 45% de musulmanes, que pueden votar; el 30% en los Regulares de Ceuta y una cantidad sin determinar pero importante en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil).

En una cuestión con el nombre que le quieran dar, la solidaridad y la responsabilidad es lo primero pero resulta que la voracidad de las derechas españolas y sus prisas por el poder no han tenido inconveniente en poner en juego a sus mesnadas mediáticas, judiciales, políticas y policiales. Todo un despropósito.

El martes conoceremos lo que conocen y también lo que desconocen los servicios de inteligencia españoles. Hasta ahora parece que poco de lo primero y mucho de lo segundo, aunque resulta inquietante sospechar una conducta desleal con el Estado, no con el Gobierno, de cualquiera que tuviera una responsabilidad, por poca que fuera, en lo que afecta a la seguridad del Estado. Pedro Sánchez tiene amigos, no crean, y quizá pueda obtener una mejor información a través de otros medios e inteligencias. Por cierto, Abdelmayid Tebune, presidente de Argelia y ministro de Defensa, visitará España en octubre y será una visita de Estado que incluye a Felipe VI. Los marroquíes lo saben.

En Marruecos no es que estén mejor, se comenta entre divanes que a Mohamed se le ha ido todo de las manos; no es nuevo, lleva tiempo en sus saraos parisinos mientras sus miserias huyen en busca de una vida digna. Incluso en los mismos divanes y serrallos se afirma que una crisis con España no le conviene a Marruecos. Y aquí viene lo de Operación Mulhacén.

Me he permitido hispanizarla porque la gran montaña de los andaluces trae su nombre del penúltimo rey nazarí de Granada, Muley Hassán. Coincide con el nombre del actual heredero de la corona alauí, Muley Hassán. Adelanto que no creo en las premoniciones, ni en este caso ni en ninguno, quizá en las rimas de Mark Twain. Su tío, hermano de Mohamed y segundo en la línea sucesoria, también se llama Muley.

La operación contendría una trama truculenta de tipo sucesorio, con un Mohamed listo y un heredero de 23 años muy cuestionado en los pasillos del Majzén. En fin, atentos que quizá la prudencia de Pedro Sánchez se deba a que tiene más información de la que creemos y puede estar jugando una baza importante, una suerte de malmenorismo, con permiso de la bajura e imprudencia de la derecha patriótica española.

Pedro Sánchez comenzó su discurso del jueves en el Congreso con el recuerdo de un hecho histórico que se podía haber ahorrado. Porque no le convenía nada. Comentó que los dos leones situados en la entrada del edificio fueron moldeados en bronce (por el escultor Ponciano Ponzano) con los cañones capturados a los marroquíes en la batalla de Wad-Ras en 1860. El tratado posterior a esa primera guerra española en África le sirvió de gancho para reafirmar la españolidad de Ceuta y Melilla: “Desde hace siglos, estas dos ciudades son españolas. Desde aquel tratado, lo son por acuerdo diplomático. Y les aseguro que así van a seguir hasta el final de los tiempos”. 

Más allá de que ni Sánchez ni ninguno de nosotros vamos a estar por aquí en “el final de los tiempos” —es difícil precisar la fecha de ese momento—, no fue una buena idea la de los redactores del discurso. Recordar cualquier episodio de esas guerras africanas supone hacer una incursión en algunos de los peores momentos de la historia de España en los siglos XIX y XX. Decadencia. Un proyecto colonial inútil y fracasado. Los desastres militares con miles de bajas. Los privilegios de los ricos cuyos hijos se libraban de ser reclutados. Los pobres como carne de cañón. La estupidez de Alfonso XIII. Las tropas marroquíes que combatieron en el bando franquista en la Guerra Civil. Marruecos no evoca los mejores momentos de la historia de España.

Será por eso que uno de los columnistas más histéricos de El Confidencial escribió que esta última crisis de Ceuta podría ser el Annual de Pedro Sánchez. La derecha apuesta por ello. No le vale con criticar que las fuerzas de seguridad no pudieran impedir esa avalancha formada por decenas de miles de personas en un solo día, el 30 de julio. También quiere meter a Sánchez en la cárcel, por lo que dijo Alberto Núñez Feijóo en el debate. Su última munición consiste en apelar a la conspiración de que Marruecos obtuvo información comprometedora del teléfono del presidente. No tienen pruebas de ello, pero eso nunca les ha preocupado demasiado.

Sánchez alteró un poco sus mensajes sobre la responsabilidad de Marruecos en la crisis. Ha pasado de absolver por completo a Rabat, lo que es una posición imposible de vender a la opinión pública, a indicar que “es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”. España no puede prescindir de la colaboración con el país vecino en la gestión de los flujos migratorios, algo que muchos políticos ignoran de forma bastante frívola. Pero es indudable que cada país es responsable de su lado de la frontera y Rabat debe muchas explicaciones sobre la pasividad de sus fuerzas policiales ese día.

No es seguro que las vayamos a tener. El funcionamiento de los ministerios y organismos que dependen directamente del rey Mohamed VI se caracteriza por el secretismo. Ni siquiera el primer ministro puede hacerles cumplir sus órdenes. Responden ante quien les nombró, y esa persona fue el monarca. Los medios de comunicación están controlados desde el poder. Nadie se atreverá a apuntar a responsables que cuenten con el apoyo real.

El propio Sánchez admitió que la Gendarmería marroquí permitió el paso por las fronteras durante al menos diez horas. Está por ver si lo hizo cumpliendo órdenes o porque sus agentes se vieron arrollados. Los testimonios de jóvenes entrevistados por Gabriela Sánchez en Ceuta indican lo mismo. “Éramos muchos y nos dejaban pasar. La puerta de España estaba abierta”. “Dicen que nos ha mandado Marruecos, pero la mayoría queremos venir desde hace años. Si lo organizaron, yo no me enteré”. “Los agentes no nos paraban. Decían: ‘Corre, corre’”. Sólo les obligaban a intentar cruzar nadando: “Si pisábamos el espigón, nos daban golpes en las manos. Nos decían que solo podíamos ir por el agua”. 

El PP acogió alborozado el informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), un organismo policial que se dedica a hacer análisis desde Madrid sin contar con fuentes propias en Marruecos. Se envió a la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, y muy pronto apareció en la web de El Español. 

La lectura del informe de 55 páginas no deja lugar a dudas. Sus autores están convencidos de que lo ocurrido el 30 y 31 de julio responde a una planificación realizada por las autoridades marroquíes, aunque no señale directamente a ningún organismo político, policial o de inteligencia. Incluso afirma que los mensajes en las redes sociales sobre la sentencia del Tribunal Supremo tuvieron que haber sido organizados desde arriba. (Ignacio Escolar explica aquí cómo todo empezó con esa decisión judicial). 

¿Qué pruebas cuenta para justificar estas hipótesis? Sólo las fotos y vídeos aparecidos esos días en medios y redes sociales que son interpretadas de forma que se ajusten a esa teoría. Los gendarmes, superados en número, dejaron pasar a todos el día 30, como ha quedado demostrado en artículos periodísticos. Además, hay “individuos no uniformados” de los que se dice que gestionan todo el proceso: “El patrón de comportamiento incluye una conducta atenta al entorno, que transmite aplomo, centralidad, diferenciación, liderazgo, etc. respecto a la masa de personas que les rodea”. Se les ve “arengando a la masa”, tomando imágenes y hablando por el teléfono móvil, dice el texto.

Entrando en un terreno claramente especulativo, los autores dudan de la “finalidad migratoria” de los acontecimientos. Lo afirman por el hecho de que el 90% de los que pasaron se volvió en uno o dos días, a lo que denomina “el hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no busca permanecer en territorio español”. Esto se contradice abiertamente con los testimonios de los que regresaron. Aspiraban a quedarse, muchos engañados por lo que habían leído sobre la sentencia del Supremo, pero sin comida ni agua no podían quedarse mucho tiempo. Fue si acaso una migración masiva oportunista que no tenía visos de prosperar por la dimensión de las cifras de llegadas.

El informe afirma que la convocatoria que apareció en redes para llegar a Ceuta el 15 de agosto, y que no tuvo éxito, fue también parte de la conspiración “de forma que una segunda convocatoria artificialmente más detectable se convierta en un ejercicio de control que 'blanquee' la gestión precedente de la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Esto no es un hecho, sino una opinión.

Hasta la discusión legítima en España sobre lo que supo el CNI antes de la avalancha de migrantes tiene un supuesto origen manipulado, según el informe. “La escalada de la cuestión (sobre el papel del CNI) se ha convertido en lo que podríamos calificar como una acción de contra-inteligencia ofensiva de manual”. En su intento por montar una gran conspiración de los servicios de inteligencia marroquíes, los autores les adjudican hasta la autoría del debate sobre si los servicios españoles podrían haber alertado al Gobierno días antes de la llegada masiva. 

Entre las imágenes utilizadas por esa unidad policial está una muy conocida por los usuarios de las redes sociales. Se ve a decenas de jóvenes salir de un camión ante la mirada de un agente uniformado. Varios medios afirmaron que se trataba de los que se dirigían a Ceuta. Un analista ha geolocalizado ese vídeo en un punto de la carretera de Tánger a Tetuán que estaría a unos 50 kilómetros de Ceuta, es decir casi once horas de trayecto a pie. Si fuera así, es dudoso que tenga que ver con lo ocurrido el 30 de julio. Otra hipótesis, según marroquíes que la comentaron en redes, es que se grabara cerca de Tetuán y que el camión llevara a personas para que vitorearan al rey en la celebración de la Fiesta del Trono en esa ciudad.

Es el problema de utilizar imágenes de origen desconocido y aparecidas en redes para fundamentar una investigación. Puede ser útil para escribir un artículo periodístico más o menos riguroso. Si es lo único que tienes, sirve para sustentar hipótesis, pero es de valor muy discutible en una investigación judicial. 

La lógica desconfianza que suscita en España un régimen como el marroquí ha favorecido todo tipo de acusaciones, haya o no pruebas directas. En el debate parlamentario del jueves, tanto Feijóo como Enrique Santiago y Gabriel Rufián coincidieron en acusar a Marruecos de haber organizado el asalto a la frontera de Ceuta. Rufián llegó a decir que la intención marroquí era “cargarse al Gobierno”. Sospechar es libre, pero en el caso de acusaciones graves no es exagerado pedir a los políticos que se basen en pruebas o indicios sólidos a la hora de hacer imputaciones. No ha sido la costumbre en esta legislatura, todo hay que decirlo.

Sobre el impacto político de esta crisis, es imposible negar que el Gobierno está en una situación muy vulnerable. Ha cometido varios errores en esta crisis. Creer muy pronto que lo peor había pasado. Esperar 25 días para decretar un mando único y dejar claro que el Gobierno estaba centrado en buscar una solución. No ofrecer una versión única sobre lo que contaban los informes del CNI. Defender a Marruecos más allá del límite de lo razonable.

No va a recibir ninguna ayuda, ni de la oposición ni de sus aliados. Este sábado, se comprobó con la decisión de la Autoridad Portuaria de Ceuta de negarse a situar a un millar de inmigrantes en sus instalaciones que cuentan con 16.000 metros cuadrados. Al final, El Gobierno asumió el control del puerto. Servirá para alojar en carpas a las personas que ocupan la playa del Trampolín o que siguen viviendo en la calle. 

El Gobierno necesita tiempo para terminar de resolver esta crisis y cada día que pasa supone una carga casi insoportable. A largo plazo, el mayor peligro es el efecto que tendrán todos estos sucesos en la convivencia en Ceuta. Esa convivencia entre personas de ideas, origen y religión diferentes es la que garantiza que Ceuta seguirá siendo española, no el número de policías y guardias civiles. Eso es lo que debería preocupar a todo el mundo. 

“Quiero dar las gracias a los ceutíes por lo que han soportado, por la serenidad con la que han respondido y por haber demostrado, una vez más, que Ceuta puede ser un ejemplo de convivencia incluso en los momentos tan complejos como los que estamos viviendo”. Así cerró el jueves el presidente Pedro Sánchez una de las comparecencias parlamentarias más delicadas en uno de los momentos más difíciles de sus ocho años de Gobierno. Fueron más de seis horas en el Congreso para responder a un mes de vértigo, con Ceuta golpeada por una entrada masiva de inmigrantes que dejó al Ejecutivo sin respuesta en pleno inicio de vacaciones. Seis horas de debate parlamentario que evidenciaron la soledad del capitán del barco ante la tormenta perfecta.

Solo 36 horas antes de esa cita clave en el Congreso, una información adelantada por El Español sobresaltó al presidente y a medio gobierno. Un informe policial enviado a la jueza que investigaba lo ocurrido el 30 de julio en Ceuta apuntaba supuestamente a Marruecos como promotor de la entrada masiva de inmigrantes con la perversa intención de colapsar la frontera y los servicios sociales de la ciudad autónoma.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no sabía nada del informe y se movilizó ante un hecho que dejaba en ridículo al Ejecutivo español. Fue la madrugada más tensa tras un mes de sobresaltos casi diarios. “Estaban indignados y preocupados”, cuenta a elDiario.es una fuente próxima al Ejecutivo y conocedora de aquella situación. “Les estaban haciendo dudar y su preocupación no era tanto que aquella información policial complicara las relaciones con Marruecos, sino que habría que declarar poco menos que una guerra. Si hay un informe que tiene una prueba sólida, un mensaje, una llamada telefónica, algo que implique a un ministro del Gobierno marroquí en la organización o planificación de la entrada masiva de inmigrantes, te cambia la política exterior de este país para los próximos diez años”.

Entre la inquietud y la ignorancia, Sánchez, Marlaska y el resto de dirigentes del Ejecutivo que vivieron ese momento intentaron buscar una interpretación tranquilizadora. Alguien comentó que la información de El Español era incompleta. Que todo podía quedar, como al final ocurrió, en un informe policial sin pruebas definitivas y sin conclusiones claras. El documento, que conocieron horas después, no incluía ninguna afirmación sobre la participación directa del Gobierno de Marruecos en los hechos, pero hablaba de la posible connivencia de gendarmes marroquíes.

“Pero que diez agentes estuvieran en ello, como señalaba el informe, incluso demostrándose con pruebas de fuentes abiertas, no evidencia que el Gobierno de Marruecos ordenase, planificase o indujese la entrada masiva”, insisten fuentes del Ejecutivo. “El problema es de una complejidad extraordinaria pese a lo que cuenten supuestos expertos, porque cuando se producen los hechos el rey Mohamed VI está celebrando el Día del Trono a solo unos kilómetros de la frontera mientras decenas de miles de marroquíes cruzan la frontera gritando 'viva España' y repudiando al régimen marroquí. Vaya una manera de celebrar el Día del Trono promoviendo esta huida de sus compatriotas a suelo español”, ironiza un miembro del Ejecutivo de Sánchez.

El ministro del Interior intentó en aquella madrugada tensa del 2 de septiembre conocer todos los detalles del documento policial que podía dejar en papel mojado la intervención que el presidente Sánchez preparaba para su comparecencia en el Congreso. Fernando Grande-Marlaska difundió una carta que había enviado a su director general de la Policía pidiéndole explicaciones. “Pero fue imposible saber nada a esas horas porque ni siquiera el DAO [Director Adjunto Operativo] de la Policía había visto el papel”, explican fuentes próximas al Ministerio del Interior. “No hay providencia o al menos no la hemos visto. Nos dijeron que la jueza había dado una orden verbal por teléfono para prohibir informar a los superiores sobre el informe que había pedido”.

Sánchez acudió más tranquilo al Parlamento. Defendió la gestión de su Gobierno e hizo equilibrios para no responsabilizar a Marruecos de lo que él mismo denominó como una “violación a la integridad territorial de España”. Sus explicaciones no convencieron a nadie. Recibió insultos y descalificaciones desde la derecha y la ultraderecha, críticas sin matices de sus socios parlamentarios y duros reproches desde los partidos a la izquierda del PSOE. Todos le acusaron de “pusilánime” por evitar un mínimo reproche al país de Mohamed VI. “Por responsabilidad”, explican dirigentes próximos a Sánchez consultados por elDiario.es, “un presidente del Gobierno no pueda traspasar ciertas líneas ni lanzar según qué acusaciones contra otro país aunque ello implique quedarse solo frente a todo el arco parlamentario”. Y Sánchez no traspasó esas líneas. “El Gobierno de España no se puede permitir especular y acusar a un Gobierno extranjero sin pruebas”, insisten.

En el Palacio de La Moncloa son conscientes de que manejan una posición perdedora, porque la mayoría ve la mano de Marruecos tras los graves sucesos del pasado 30 de julio cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta con el beneplácito de la gendarmería marroquí.

“No se trata de taparlo. El Gobierno nunca ha dicho tajantemente que Marruecos sea inocente por lo ocurrido”, explica otro alto cargo del Ejecutivo. “No hay pruebas sólidas y los hechos constatados son de cooperación. El retorno del 90% de los que entraron el 30 de julio y regresaron un día después fue posible gracias a la cooperación de Marruecos tras una llamada del Gobierno”, explica.

Sánchez bajó del atril cabizbajo mientras la bancada del PSOE le aplaudía puesta en pie. Cuando segundos después la presidenta del Congreso dio por concluida la sesión, el presidente se fue directo hacia Ángel Víctor Torres, el ministro elegido para ejercer el mando único encargado de lidiar con la crisis en Ceuta. Abandonaron el hemiciclo juntos, conscientes del amargo trago parlamentario pero decididos a mantener que, sin pruebas, un Gobierno no puede acusar a otro de hechos tan graves como los que propiciaron la entrada de más de 70.000 personas en un solo día a una ciudad de unos 80.000 habitantes.

La “permisividad” que se atribuye a las fuerzas marroquíes y que acreditan las imágenes de la entrada masiva que se pudo ver en las televisiones de todo el mundo no es suficiente para responsabilizar a Marruecos. “Si tuviera pruebas de esa conducta”, explica otro dirigente socialista, “el Gobierno habría tenido que llamar directamente a la OTAN ante el riesgo prácticamente inevitable de un conflicto armado”.

Sin avisos previos, pero “Robles defiende a su gente”

“Lo sabía y lo tapó. Es un traidor”. La cantinela con la que PP y Vox zarandean a Sánchez desde hace semanas resonó en el Congreso. La entrada de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma pilló por sorpresa al Gobierno. Los servicios de inteligencia no alertaron de esa posibilidad. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), se puso en contacto en los días previos a la crisis con Diego Rubio, jefe de Gabinete de Sánchez, para alertarle de una creciente presencia de menores extranjeros en la localidad, consciente de que la ley no permite su expulsión, como en el caso de los mayores, y sus servicios estaban colapsados.

“Rubio se lo comunicó a Marlaska, que adoptó las decisiones policiales pertinentes. Pero en ningún caso Vivas, por mucho que cuenten, alertó sobre lo que venía. Ni mucho menos. Su gran preocupación eran los menores, de su falta de capacidad para atenderlos”, señala otra fuente del Ejecutivo.

Para apuntalar la idea de que no existían avisos previos de lo que venía, Sánchez anunció en el Congreso que desclasificará y facilitará todos los informes de esos días. Margarita Robles, ministra de Defensa, no aplaudió el anuncio del presidente. Alguien quiere ver los síntomas de un desencuentro irremediable. “El CNI”, cuentan desde el Ejecutivo, “no alertó sobre esa entrada masiva. Y el presidente es comprensivo con esa situación porque tampoco lo hicieron los servicios de inteligencia europea. Si un servicio extranjero conoce que ese ataque se va a producir, está obligado a informar a España. Nadie nos informó”.

Sánchez siempre apoyó la versión de su ministro del Interior frente al relato de la ministra de Defensa. “Margarita Robles estuvo en todo momento difundiendo una media verdad porque eso le permitía defender a su CNI. Siempre cierra filas con su gente. Pero Sánchez le adelantó que iba a hacer en el Congreso el anuncio de los dosieres para demostrar que nadie les avisó de la entrada masiva de inmigrantes y ella estuvo de acuerdo. Su actitud de no aplaudir cuando se produjo el anuncio no es muy distinta a la que mantiene en otras ocasiones. No le gusta ir al Congreso”, señalan fuentes parlamentarias. De hecho, Robles se ha borrado la próxima semana de las sesiones de control del Congreso y del Senado con dos decenas de preguntas de la oposición sobre la crisis de Ceuta. Algunas debía responderlas la ministra de Defensa y le tocarán a sus compañeros.

El 30 de julio era jueves y Sánchez tenía una cita el viernes en la sede del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desde la que se coordinan los trabajos para la extinción de incendios. El fuego en Madrid estaba casi controlado y se había retirado el nivel 3. Pero esa tarde del 30 de julio se desencadena en Ceuta una crisis de seguridad nacional porque han entrado decenas de miles de personas y Sánchez habla por teléfono con los ministros de Interior y de Defensa. Podría haber convocado un Consejo de Seguridad Nacional, pero en su lugar decide visitar Ceuta a la mañana siguiente.

“Se va a un territorio invadido, según los términos utilizados por Vox, donde no sabíamos exactamente qué pasaba. Algunos le dijeron que tuviera prudencia porque en Ceuta había decenas de miles de inmigrantes que habían cruzado la frontera. Pero el presidente habló el día anterior con Vivas, y el jefe del Ejecutivo ceutí le transmite la gravedad de la situación”.

Pese a la entrada de decenas de miles de inmigrantes, Interior informó al presidente que durante la noche no se produjeron incidentes graves en las calles de la ciudad autónoma. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a su homólogo marroquí para pedirle que abriera la frontera y facilitara el regreso de decenas de miles de personas. “Marruecos se asustó como nosotros y aceptó”, señala una fuente del Ejecutivo. “Ese es el gran éxito y por eso no podemos culpar a Marruecos. ¿Nos pudo engañar? Sí, pero lo que nos transmitieron es que vino una riada de gente y no la pudieron parar, al igual que no la podíamos parar nosotros”.

“No fuimos conscientes de cuánta gente se quedaba”

La decisión de Sánchez de viajar el sábado al mediodía a Lanzarote para pasar las vacaciones en La Mareta —un gesto polémico y cuestionado a derecha a izquierda— fue un error de cálculo, cuentan fuentes del Gobierno. “No fuimos conscientes, porque no se veían, de cuánta gente se quedaba”, explican. Al constatar que había salido la mayor parte de los migrantes, el Gobierno consideró que se enfrentaba a “una crisis migratoria” como las de otras ocasiones, con unas 1.500 personas en la ciudad autónoma. “La sensación es que iban a salir todos. De ahí el comentario que escribe Óscar Puente en X. Pero había mucha gente escondida en el bosque y durante esa noche entre 1.000 y 1.500 niños fueron recogidos en casas de ceutíes. Al día siguiente solo se veía gente en la playa del Trampolín”.

Ese error de cálculo cogió a Sánchez de vacaciones. Su equipo remarca que La Mareta es una residencia oficial que cuenta con todas las medidas de seguridad y tecnológicas necesarias para estar presente en las conferencias telemáticas que hagan falta. Sánchez se mantuvo en contacto estrecho en todo momento con su equipo y tuvo decenas de llamadas diarias con Marlaska, Robles, la ministra de Migraciones, Elma Saiz o el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuentan desde el entorno del presidente.

Los alojamientos agrietan la relación con Vivas

La comunicación fue fluida con Vivas, aunque los roces con el presidente ceutí se agudizaron cuando el Gobierno, muy tarde, comenzó a buscar alojamientos provisionales ante los miles de migrantes que se habían quedado en Ceuta. Fue un tira y afloja constante que produjo encuentros muy tensos con el Ejecutivo ceutí, que bloqueaba la ubicación de los migrantes en los lugares que le proponía el Gobierno.

Sánchez convocó el 25 de agosto el Consejo de Seguridad Nacional e invitó, algo inaudito hasta esa fecha, al presidente de Ceuta. Vivas se plantó en esa reunión y reprochó a los presentes que en el listado aprobado por el Gobierno sobre los futuros espacios para alojar a los migrantes estaban diversos polideportivos de Ceuta. Sánchez respondió: “No te preocupes. No se habilitará ninguna ubicación sin el acuerdo de la ciudad autónoma”.

El rechazo de Vivas es aceptado por todos. “Pero y si mañana graniza o diluvia en Ceuta, ¿dónde metemos a esas personas?”, se pregunta un alto cargo ministerial. “Habrá que buscar un sitio con techo”.

Ese mismo día, el presidente de Ceuta proclamó poco menos que se encadenaría a un polideportivo —“a mí y a los que vengan conmigo nos tendrán que sacar de los polideportivos”, declaró— antes que dejar que se utilicen para acoger a inmigrantes. “Y eso”, opina un dirigente del Gobierno que conoció aquellos hechos, “es la cerilla en el bidón de gasolina que provoca los altercados más serios que hemos vivido, que provoca que un grupo de vecinos impida que la Cruz Roja, en el reparto de alimentos de las siete de la tarde, entregue comida a los migrantes en uno de los tres puntos habilitados”.

Sánchez, explica, ya se había comprometido en persona con Vivas para que todos los nuevos alojamientos serían acordados previamente con el Ejecutivo autónomo, como finalmente ocurre aunque con nuevos contratiempos.

El Consejo de Administración del Puerto de Ceuta se reunió el viernes para tratar la cesión de terrenos en el muelle de Poniente donde instalar los campamentos de acogida de inmigrantes. Solo votaron a favor los cuatro representantes del Gobierno central en ese organismo. Los 11 vocales elegidos por la ciudad autónoma, entre ellos el presidente del Puerto, los sindicatos, la cámara de comercio y los empresarios, rechazaron ceder esos espacios. Un nuevo obstáculo que complicaba la gestión de la crisis. Finalmente el sábado el Gobierno decidió tomar el control del muelle de forma unilateral, pese al rechazo de Vivas, para poder levantar allí los alojamientos para los migrantes.

“La derecha, y es muy lamentable, no quiere que se normalice la situación en Ceuta y va a poner todo tipo de obstáculos para que podamos solucionar los problemas generados en esta crisis”, vaticina un miembro del Gobierno.

El rey Felipe y la inoportunidad de una visita a Ceuta

La misma tarde del 30 de julio que Sánchez decidió visitar la ciudad autónoma tras hablar con Vivas y con sus ministros sobre la entrada masiva de inmigrantes, su gabinete informó a Casa Real sobre las intenciones del presidente. Fuentes del Ejecutivo sostienen que en esa conversación y tras conocer que Sánchez se iba a desplazar a Ceuta al día siguiente Casa Real sugirió que “cuando sea oportuno” el monarca podría visitar Ceuta. “Ni anuncian que van a visitarla ni piden ir a visitarla. Pero, ¿era oportuno? Obviamente no. Ellos saben que la última vez que ocurrió, en 2007, hubo una crisis diplomática. ¿Es el momento de añadir otra crisis diplomática? La Casa Real sabía que no podían ir”, explican a elDiario.es fuentes del Ejecutivo.

El choque soterrado entre instituciones se agrava con la reunión que el rey mantiene en el Palacio de Marivent (en Palma) con el presidente Vivas. No tanto por la visita sino por la información que trasladaron algunos medios en aquel momento. Fuentes socialistas sospechan que la Casa Real comentó a algunos periodistas que si el rey iba a recibir a Vivas en Marivent y no había acudido a Ceuta pese a las dificultades que atravesaba la ciudad autónoma era porque Sánchez se lo había prohibido. OKDiario tituló así: “El Rey Felipe quiso ir a Ceuta en plena invasión pero Sánchez se lo prohibió”, atribuyendo la información a fuentes de toda solvencia. “Esa información era mentira”, señala un alto cargo de Moncloa.

A la búsqueda de autor

A la espera de que la investigación policial y judicial avance, el Gobierno enmarca lo ocurrido en la influencia de las nuevas tecnologías y los mensajes difundidos a través de las mismas. Moncloa sí cree que hay un responsable, pero aún no sabe quién es y tratará de que los servicios secretos españoles se formen más en el análisis de esas redes sociales.

Sánchez y su equipo confían en que pronto se consiga un alojamiento digno para las personas que aún deambulan por Ceuta, se aceleren las repatriaciones y la crisis amaine.

¿Cómo interpreta Pedro Sánchez lo que sucedió en Ceuta? Lo deducimos de las palabras que utiliza: la metáfora no es un adorno retórico sino una herramienta cognitiva. Conocemos la realidad a través de ella. No hay una Ceuta literal, sino que nos viene dada en función de las metáforas que usemos.

Las metáforas son como riadas (otra metáfora): arrastran piedras y lodo en forma de implicaciones. Si un medio lo califica de “avalancha” alude a una fuerza de la naturaleza; “invasión” o “asalto” nos sitúan en el contexto bélico; “entrada” o “cruce” tratan de equipararlo a un simple proceso. La metáfora trae el significado. Y nos indica cómo repartir responsabilidades. Si ha habido una “invasión” hay un culpable, Marruecos. Esta es la tesis de la derecha. Pero, ¿cuál es la del Gobierno?

Para averiguarlo me senté a identificar las metáforas del presidente sobre Ceuta. En su intervención en el Congreso oí sobre todo la palabra “cruce”, la que sugiere un procedimiento administrativo propio de un lugar fronterizo. Pero no quería limitarme a mi impresión, así que copié íntegra en Claude la transcripción de su discurso. Pronunció “entrada” 17 veces; cruce, 15; llegada, 10. En cambio, “avalancha” aparece una vez, y en boca ajena; “asalto”, ninguna. Domina de forma abrumadora el campo semántico neutro-administrativo.

Lo más espinoso de las metáforas es que ponen a trabajar no solo a nuestro cerebro, sino a todo el cuerpo. Cuando oigo “avalancha” se activa en mí el miedo a ser sepultada. Si oigo “invasión”, me alerta el temor a ser vulnerada en mi integridad. Es un combate que libra nuestro cerebro reptiliano, antes de que seamos conscientes. Esgrimir datos es una batalla perdida. Y el campo semántico de lo neutro-administrativo produce muchos datos y poco significado.

Nadie es inocente. Unas semanas antes Feijóo aseguró que “la ley del menor no se puede aplicar”, porque no está pensada para supuestos de “invasión u ocupación de ciudadanos de otro país”. Como se ve, no es un mero debate semántico.

Cada palabra hace un trabajo: si lo llamas invasión, legítimas la lógica de la defensa armada de una frontera. Si lo llamas “avalancha”, no tiene sentido disparar, es una catástrofe natural sin responsables. Si lo llamas “cruce” o “entrada”, el único responsable de que funcione el procedimiento administrativo en el que ubicas el problema es, lógicamente, la Administración.

La metáfora predetermina la atribución de responsabilidad: el Gobierno puede jurar que Marruecos no es responsable, pero entonces tiene que decirnos quién lo es. Una de las razones por las que no se entendió al presidente es porque el 31 de julio nos dijo que se trató una “violación de la integridad territorial” (campo semántico de la defensa-securitario). En un mes la guerra devino burocracia. No lo entendimos bien.

La inmigración hay que gestionarla también en términos discursivos. La derecha y la ultraderecha lo tienen claro, culpan al migrante de todos los problemas: la vivienda, los bajos salarios, la delincuencia, todo. La izquierda dice que no es culpa de la inmigración, pero no nos explica quién es responsable. Es exactamente el razonamiento que hizo el presidente en el Congreso: Marruecos no es responsable, y nadie lo es. Hay un expediente abierto. Punto.

Decir que la ley del menor no se aplica a los invasores es un mensaje cruel, pero es una toma de posición política clara. Hablar de “flujo” nos sugiere un gobierno que está rellenando papeles. No se trata de eslóganes, sino de la metáfora con la que queremos que la gente entienda lo que está pasando. Si no tienen ninguna, cogerán la de la invasión, porque está disponible y se entiende.

Ceuta es ahora mismo la frontera ardiente donde estallan todas las contradicciones de las políticas migratorias europeas. Para ganar el debate político hay que explicar lo que sucede. El terror de los gobiernos estriba en que explicarlo implicaría reconocer que externalizar los controles fronterizos a terceros les da un enorme poder sobre nuestras políticas.

Quienes dicen “avalancha” y quienes dicen “cruce” no están diciendo lo mismo con distinto tono: están viendo dos realidades. Renunciar a hablar políticamente equivale a presentarse en chanclas a combatir en el campo de batalla preferido por la ultraderecha.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, ha decidido firmar una orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de un millar de personas migrantes que aún siguen en situación de calle en la ciudad autónoma. El anuncio se produce a pesar de la oposición de los vecinos, de la Autoridad Portuaria y de la Confederación de Empresarios

La orden del Ejecutivo permitirá, por un lado, continuar con los trabajos de instalación de tiendas temporales que fueron frenados el viernes por responsables del puerto de Ceuta y, al mismo tiempo, autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de esta superficie de 16.000 metros cuadrados. La zona está situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto ceutí.

El Gobierno ya ha comenzado este sábado a acondicionar la explanada en el Muelle de Poniente de Ceuta para la instalación de tiendas de campaña y poder albergar migrantes que están acampadas en la playa del Trampolín o en el entorno de Loma Colmena. Según ha podido comprobar EFE, los trabajos se han puesto en marcha en la mañana de este sábado en una zona de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario. Además, en el entorno de esta explanada hay instalaciones como las del Banco de Alimentos, Dúcar, Endesa o la empresa de vehículos Aubensa.

La decisión del Gobierno, que ha adelantado El País y ha confirmado después elDiario.es, llega pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase este viernes en contra de ceder terrenos para la instalación de un recurso provisional de acogida en la zona para estas personas migrantes. Más de un mes después de la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad —de las que han regresado a Marruecos la mayoría según el Ministerio del Interior—, la emergencia humanitaria continúa con cientos de menores sin protección y miles de adultos viviendo a la intemperie, en condiciones insalubres, comida insuficiente y riesgo de agresiones.

Según recogió Ceuta al Día, el resultado de la votación fue de 11 votos en contra y 4 a favor. En contra, se pronunciaron los miembros de la ciudad, los sindicatos, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel. A favor, han votado los cuatro representantes del Estado: Abogacía del Estado, Puertos del Estado, Capitanía Marítima y Delegación del Gobierno.

La decisión se produjo pocas horas después de que más de un centenar de ceutíes se manifestasen en contra de esta instalación en una ubicación que los concentrados rechazan al considerar que se trata del “cordón umbilical de Ceuta”. Durante la concentración, los asistentes han reclamado “retornos ágiles y efectivos ya” y han defendido que los esfuerzos materiales y humanos destinados a la acogida de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad se dirijan a reforzar los servicios de triaje y la tramitación de las solicitudes de asilo.

La movilización se ha sumado a las protestas que se vienen sucediendo desde hace varias semanas en distintos puntos de la ciudad contra la instalación de recursos provisionales de acogida. Cada vez que trasciende una nueva ubicación, vecinos de la zona afectada salen a la calle para mostrar su rechazo a la decisión, una situación que está dificultando la búsqueda de espacios para sacar de la calle a los miles de migrantes que continúan en Ceuta.

Volví a ver este verano en TVE, los dos últimos capítulos de la serie de Juan Antonio Bardem, 'Lorca. La muerte de un poeta': los que abordan su apresamiento y posterior asesinato, en el contexto de la sublevación militar contra la República en Granada. Los vi, una vez más, conmovido y con el corazón en un puño. No era plato de gusto contemplar las masacres y fusilamientos en masa de obreros y gentes del pueblo que, desde el Albaicín, trataron inútilmente de defenderse de un golpe de Estado implantado en toda España por el terror.

Y el malestar se acrecentaba al pensar que el caldo ideológico propiciador de tales monstruosidades vuelve a hallarse en pleno auge. Uno escuchaba, en la serie televisiva, la alocución de Queipo de Llano desde Radio Sevilla, incitando a la población a apresar y matar a rojos en la calle y me resonaba en la cabeza la “caza al moro” de Torre Pacheco y, más recientemente, la voz aflautada del diputado de Vox José María Figaredo invitando a “cazar a todos los inmigrantes, uno a uno, pam, pam, pam”.

Porque vuelven los que reivindican el franquismo, y lo exhiben sin pudor, al calor de una extrema derecha que se está preparando a fondo y sin complejos para llegar al poder. O, al menos, para recuperarlo. Que ya le toca, porque parece palparse en el ambiente que está llegando el momento de que España vuelva a ser para los españoles; pero los de verdad, no sucedáneos como los que nos gobiernan para disolvernos como país, según el patrioterismo que nos adoctrina a diario.

Españoles que no sienten vergüenza ajena de serlo, hasta el punto de reivindicarse por triplicado; que llevan a España en sus pulseritas rojigualdas, en sus bolsillos acaudalados, en sus ganancias inmobiliarias, en sus negocios turbios. Españoles con clase, que, además de patrimonio, se han hecho con la patente del negocio español, el más rentable; el que, en tiempos pasados, les hizo ganar una guerra contra la “anti-España” desarrapada.

Españoles que son los herederos de aquellos que fueron del “bando nacional”, una denominación de origen que las derechas han conservado con esmero hasta el presente. Tienen, por tanto, la ventaja de haber ganado, desde su victoria por las armas, una batalla cultural que nadie se ha atrevido a disputarle seriamente. Aun hoy, plumas progresistas se permiten hablar de la insurrección militar del 36 como de un “alzamiento nacional”. Y aun hoy, los historiadores siguen hablando de “los nacionales” para referirse a los sublevados contra la República.

Que España es, pues, de la derecha que lo amadrina parece algo incontestable y de puro sentido común entre una buena parte de nuestra sociedad; que también está comprando la idea de que España tiene que defenderse de sus enemigos. Antes eran los “rojos”. Ahora son los inmigrantes “que vienen a España a delinquir” y a quitarnos nuestra identidad; y están, además, respaldados por un Gobierno de izquierdas, que los regulariza, al precio de provocar un “efecto llamada” claramente perturbador.

Y en el pecado lleva la penitencia. Y ahí tenemos como prueba lo ocurrido en Ceuta, que, para el PP y Vox, puede ser el golpe de gracia a la etapa de gobierno de Pedro Sánchez. Y no están solos en este empeño. Porque tienen a su lado a toda la Internacional Reaccionaria, comandada por autócratas y señores de la guerra, como Donald Trump, Netanyahu y Putin, plenamente interesados en acabar con la “excepción española” en un panorama general de rapiña, desigualdad e involución democrática, al servicio de los oligarcas tecnológicos del planeta.

Donald Trump ya ha asegurado que utilizará Ceuta como argumento de campaña contra los demócratas en las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. No sería, por tanto, de extrañar que se implicara, igualmente, apoyando a los de Feijóo y Abascal, en las cada vez más cercanas elecciones generales españolas. Ya lo está haciendo, y con éxito, en las que se celebran por países latinoamericanos. Es lo que tiene la geopolítica envenenada que nos rodea: que no permite excepciones nacionales, por razonables que parezcan. Y no está el horno para defender el Estado de bienestar, los servicios públicos y los derechos políticos y sociales de la gente, poniendo así en peligro el omnímodo poder de los mercados.

Y todo eso forma parte de nuestra vida política. Hace ya mucho tiempo que la situación internacional ha dejado de ser algo exótico para nosotros. Forma parte integrante de nuestra realidad, de nuestro debate interno como país. De hecho, las próximas elecciones generales definirán el futuro de nuestra soberanía nacional; porque tendremos que decidir qué España queremos: la que se suma al medallero de Trump y se somete a los dictados y políticas que nos llegan de los amos del planeta; o la que aspira a mantener sus propias políticas de progreso económico y social. La España que dice “amén” a la involución general ultraconservadora que acecha al conjunto de Europa o la que aún sirve de referencia para recuperar los derechos humanos que la Unión Europea tiene que mantener si no quiere perder su alma. La España del patrioterismo cerril o la España real que avanza y que Europa no debe perder. Lo mejor de esa España que aún nos queda.

El informe que ha remitido este viernes la Guardia Civil a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la crisis de Ceuta recoge que el instituto armado no recibió ningún aviso que advirtiera de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma “en el contenido ni alcance” que finalmente se produjo, avanzan a elDiario.es fuentes conocedoras del documento.

El oficio del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) no menciona al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni a ningún otro organismo en concreto y se refiere a los “foros habituales” de comunicación abiertos permanentemente en materia de inmigración con otras fuerzas de seguridad, agencias y servicios de Información, tanto nacionales como extranjeros.

En el mismo informe, el SIGC recoge que en los días previos a la llegada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio fue compartida en los citados información referente a la posible afluencia de personas a la frontera que se había captado en redes sociales. Y precisa, a continuación, que esas informaciones “no se correspondían en contenido ni alcance” con los hechos que provocaron después “el colapso de la frontera” . Los agentes de la Guardia Civil hablan un desplazamiento de migrantes al mismo tiempo “con una dimensión sin precedentes”.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón abrió diligencias el 31 de julio y, en el marco de las mismas, se dirigió a la Guardia Civil el 4 de agosto para conocer si recibió “alguna información en los días previos” que “hubiese podido alertar” sobre lo que iba a ocurrir.

La magistrada también solicitaba que se le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas. Además, en el caso de personas fallecidas, si constara la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Todos esos datos son respondidos en el oficio del instituto armado remitido hoy.

La jueza también pidió a la Policía otro informe, de distinto contenido, que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras le hizo llegar esta semana. Tardón pedía a la Policía aclarar si la afluencia masiva de migrantes se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

En el informe de la Policía, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

Como adelantó este jueves elDiario.es, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a favor de que el tribunal especializado investigue los hechos por las características que revisten y los delitos que pueden conllevar. Con los informes de Policía, Guardia Civil y Fiscalía, la magistrada María Tardón debe decidir si admite a trámite la denuncia del partido Iustitia Europa y abre una causa.

Todas las críticas recibidas en las últimas semanas hicieron que al final Pedro Sánchez variara un poco, no demasiado, su postura sobre las relaciones con Marruecos. En su comparecencia del jueves en el Congreso, el presidente no se movió de una posición que le ha supuesto un fuerte desgaste político y que ha tenido el rechazo no ya de la oposición, sino de sus socios en el Gobierno y el Parlamento. Con un matiz sobre el futuro. Su Gobierno mantiene la necesidad de tener buenas relaciones con Marruecos, “pero es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”.

Sánchez dio por probado que la Gendarmería marroquí “permitió el cruce de la frontera” durante diez horas del 30 de julio. Contra lo que ha aparecido en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), de la Policía, aún desconoce los motivos de esa actitud: “Si hubo incapacidad o inacción, tiene que aclararse”. En su réplica final, incidió en la misma idea. “Lo sucedido estos días tendrá consecuencias”. ¿Cuáles? No concretó nada.

Por primera vez, Sánchez aceptó que el Gobierno marroquí tiene muchas respuestas que dar sobre su conducta durante esos días. Hasta ahora, se había limitado a elogiar la colaboración prestada a partir de la mañana del 31 de julio al permitir sin problemas el regreso del 90% de los que habían entrado en Ceuta. Sorprendió al anunciar que el 21 de agosto se convocó en Exteriores al encargado de negocios de la embajada marroquí para comunicarle la protesta por unas declaraciones de su ministro de Justicia sobre la soberanía española de Ceuta y Melilla. En una decisión que podría incluirse entre los errores cometidos por el Gobierno en esta crisis, la reunión se había mantenido en secreto.

Mientras Sánchez pretendía destacar la obligación del Gobierno de no hacer nada que ponga en peligro la resolución de la crisis, ni el PP ni Vox ni los socios del PSOE alteraron su discurso. Sus ataques a Marruecos, a su rey y a su Gobierno fueron constantes y hasta brutales. Alberto Núñez Feijóo reiteró lo dicho el día anterior. “La operación salió de Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y que el Gobierno (español) lo sabía”.

Sumar compartió ese análisis, excepto el último punto. “Marruecos, en coordinación con EEUU e Israel, ha organizado la entrada masiva”, dijo Enrique Santiago. “Cualquier otra hipótesis no es creíble”. Gabriel Rufián, que llamó “asesino” a Mohamed VI, llegó al extremo de afirmar que Marruecos había enviado a 80.000 personas con la intención de “cargarse al Gobierno de España con la colaboración de EEUU e Israel”, aunque es poco probable que las autoridades del país vecino deseen un Gobierno del PP y Vox en España.

En términos retóricos, nadie podía superar a Feijóo y Abascal. El líder del PP hizo una incursión directa en el terreno de la conspiración al referirse en varias ocasiones al caso Pegasus y a la supuesta información secreta sobre Sánchez que tendrían los servicios de inteligencia marroquíes: “¿Qué conversación e indicio había en su teléfono? ¿Qué sabía Marruecos de usted?”. Algunos sectores de la izquierda prosaharaui, enfurecidos por la adhesión del Gobierno a las tesis de Rabat sobre el Sahara, han difundido esas sospechas sobre las que no hay pruebas, más allá del hecho conocido de que los marroquíes han utilizado la tecnología israelí para espiar a políticos y activistas europeos.

En la línea que ha caracterizado a la oposición en esta legislatura, lo que es posible o ha aparecido en algún medio se convierte en seguro. “España no puede tener a su presidente bajo chantaje”, dijo Feijóo, dando por hecho que eso está pasando.

Al PP ya no le parece suficiente con exigir la dimisión de Sánchez o denunciar que su permanencia en el poder es una tragedia para España. También quiere meterlo en la cárcel. Feijóo sugirió que el tema puede llegar al Tribunal Supremo y advirtió al presidente que tendrá que pagar “ante la justicia”.

Sánchez descartó que cualquier informe policial o del CNI alertara días antes sobre el peligro inminente de una entrada masiva. Su versión es que todo ocurrió muy rápido. Entre el 10 y el 25 de julio, hubo una media de 37 entradas diarias desde el mar. Fue aumentando con el paso de los días, como ya había ocurrido el año anterior. En la noche del día 29, se produjeron 194 entradas, una cifra significativa, pero que no puede calificarse de masiva. La explosión se produjo en la mañana del día 30 cuando todo cambió “de forma radical y repentina”. Cuatro de cada cinco migrantes llegaron a nado por el espigón de El Tarajal.

En esos momentos, las fuerzas de seguridad españolas se vieron desbordadas ante una situación desencadenada en pocas horas. “Supieron responder con humanidad” y no provocar una tragedia mayor, dijo Sánchez. Como mínimo, 141 personas murieron ahogadas al intentar llegar a Ceuta. “¿Qué habría hecho usted diferente?”, preguntó a Feijóo. “¿Habría ordenado a la policía que disparara a la población civil? ¿Matar a cientos, quizá miles de jóvenes, para gestionar la frontera?”.

Feijóo se lo tomó como un ataque a las fuerzas de seguridad: “La Guardia Civil y la Policía nunca han disparado a inmigrantes en la frontera”. En 2014, quince inmigrantes murieron ahogados cuando guardias civiles utilizaron material antidisturbios contra los que intentaban llegar nadando a Ceuta.

El debate contribuyó a acentuar la imagen de soledad del Gobierno en esta crisis y su división interna, porque la relación con Marruecos separa radicalmente al PSOE y a Sumar. Sánchez anunció que se van a hacer públicos todos los informes policiales que el Gobierno recibió, lo que no ocurrirá probablemente hasta la próxima semana en el caso de que el Consejo de Ministros quiera desclasificar los informes del CNI. Eso contribuirá a precisar qué sabía el Gobierno en cada momento y con qué grado de fiabilidad. También puede ocurrir, como ya es habitual en la política española, que cada uno solo vea lo que quiere ver.

La Fiscalía informará en las próximas horas a favor de que la Audiencia Nacional investigue los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio en Ceuta. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, trasladará a la juez María Tardón que el tribunal especializado es competente para esclarecer la llegada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma procedente de Marruecos, según avanzan a elDiario.es fuentes jurídicas.

El Ministerio Público esgrimirá en su informe el carácter transnacional de los presuntos delitos cometidos, ya que los migrantes partieron de Marruecos y acabaron en España. Para defender la competencia de la Audiencia Nacional, Alonso también aludirá a la afectación a las instituciones españolas de los hechos y a que, al verse afectada una de sus fronteras, todo el territorio español acoge los presuntos delitos, precisan las fuentes consultadas.

El informe irá firmado por Jesús Alonso, quien ha asumido la actuación de la Fiscalía “dada la singularidad y trascendencia del mismo y en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia Nacional”, ha informado este jueves el Ministerio Público.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 23 que la jurisdicción española es competente para investigar hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional cuando pueden ser tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado.

Precisamente, el partido extraparlamentario Iustitia Europa -quien presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional- señaló en un último escrito tras conocerse el contenido del informe policial remitido a la juez que el asunto era competencia de la Audiencia Nacional porque se habían aportado indicios “de una actuación planificada y dirigida desde territorio marroquí, con posible intervención de agentes o estructuras estatales extranjeras y con incidencia directa sobre la seguridad, la paz o la independencia del Estado español”.

A su juicio, esa circunstancia conecta el artículo 23 de esa norma con el artículo 65 de la misma ley que atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los delitos cometidos fuera de España cuando corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.

La Audiencia Nacional abrió el pasado 31 de julio diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

La respuesta llegó esta misma semana en forma de un oficio del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la citada Comisaría General de Extranjería. En él, los agentes analizan una serie de vídeos y fotografías obtenidas de fuentes abiertas sin llegar a señalar la “autoría material e intelectual” del asalto, pero atribuyéndoselo a una entidad centralizada, con intereses distintos a los migratorios y que contó con la ayuda de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes.

En su denuncia, Iustitia Europa exponía que los hechos podían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. La denuncia iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La misma denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

La Guardia Civil solicitará a la jueza la práctica de diligencias

El auto de la jueza optó únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realizara el citado informe. Unos días después dictó otro auto dirigiéndose a la Guardia Civil para que le informara del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que hubieran realizado en aguas territoriales españolas.

El Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) última el oficio que entregará a la jueza. En el mismo debe incluir la información sobre personas fallecidas, si consta la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar. Información de la Guardia Civil también propondrá a la juez Tardón diligencias concretas que practicar para averiguar la autoría de la acción en Ceuta, precisan fuentes próximas al caso.