Un juzgado de Ceuta ha dado la razón a Aragón tras el envío de un menor migrante a la comunidad y obliga a justificar de manera adecuada las razones que motivaron el traslado. Así lo ha dado a conocer este jueves la vicepresidenta y portavoz, la popular Mar Vaquero, que ha añadido que el Gobierno autonómico devolverá a la ciudad autónoma al joven si se confirma el fallo. Justo después ha comparecido el también vicepresidente Alejandro Nolasco, de Vox, para continuar con su ofensiva ante la política migratoria del Ejecutivo central y para dar a conocer un supuesto crimen en Caspe del que no se tenía noticia.

Vaquero ha anunciado que el Gobierno regional acatará lo que determinen los tribunales tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, contra la que cabe recurso en el plazo de 15 días. Mientras no sea firme, la situación del menor no cambiará. Aun así, Vaquero ha sido clara: “El Gobierno de Aragón cumplirá la sentencia y si tiene que volver a la situación anterior, se hará”.

La portavoz ha cargado contra el Gobierno central, al que acusa de utilizar a los menores migrantes con fines políticos y considerar al niño “un bulto y una moneda de cambio para intentar contentar a los socios de legislatura. Para nosotros sí era prioritario el interés superior del menor; para el Gobierno central, en cambio, ha primado el interés de un adulto: Pedro Sánchez”, ha afirmado.

Vaquero ha subrayado que se trata de la primera sentencia favorable al Gobierno de Aragón frente a una resolución de la Delegación del Gobierno en Ceuta relativa al traslado de un menor extranjero no acompañado , y sigue la línea de otros pronunciamientos favorables a distintas comunidades autónomas.

A su juicio, “el traslado se realizó con criterios arbitrarios y sin una motivación suficiente, dejando a Aragón en una situación de indefensión”. Además, ha cuestionado que estos menores sean enviados a Aragón mientras otras comunidades, como Cataluña, quedan al margen.

La comunidad autónoma inició esta estrategia con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que modificó la Ley de Extranjería. La entonces consejera competente, Carmen Susín, defendió el recurso al considerar que la norma invadía competencias autonómicas. El Gobierno aragonés también anunció que recurriría todas las medidas derivadas de dicho decreto.

“Este reparto vulnera los principios de igualdad y solidaridad y quiebra el Estado de Derecho en cuestiones relacionadas con los derechos y libertades de los extranjeros. También constituye una forma de xenofobia excluir a dos comunidades autónomas de la llegada de menores no acompañados y migrantes adultos mediante criterios diseñados para evitar su traslado a Cataluña y al País Vasco, al dictado de un prófugo de la justicia española. Es una falta absoluta de humanidad hacia estos menores”, ha sostenido Vaquero.

La portavoz ha advertido además de que, si finalmente se revierte la situación, los menores volverán a ser trasladados entre comunidades autónomas “como si fueran mercancías. Esperemos que la justicia sirva para imponer sentido común frente a un Gobierno que fuerza la Constitución con tal de mantenerse en La Moncloa”», ha añadido.

Las pruebas de edad

Respecto a las pruebas realizadas por el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), que han determinado la mayoría de edad de uno de los menores acogidos en Aragón y una diferencia de edad en el caso de una menor que tenía 13 años en lugar de los nueve declarados inicialmente, Vaquero ha explicado que, de los 116 menores llegados a Aragón, se han practicado 23 pruebas.

Hasta ahora, el Gobierno no había considerado necesario extenderlas al resto, aunque la situación ha cambiado. “Ahora existe un acuerdo de gobierno y un consejero (de Vox) que ejercerá plenamente sus competencias”, ha justificado.

Pese a ello, ha restado excepcionalidad a la medida y ha recordado que se trata de un procedimiento habitual desde hace años. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, entre octubre de 2019 y 2026 el IMLA ha realizado 222 pruebas de determinación de edad. De ellas, 51 concluyeron que la persona examinada era menor de edad, mientras que el 77% correspondía a mayores de edad. “En la mayoría de los casos, la edad declarada no coincidía con la real”, ha resumido.

Vaquero ha insistido en que la competencia para ordenar estas pruebas corresponde a la Fiscalía y que el Gobierno autonómico únicamente puede solicitar su intervención cuando existan indicios suficientes. “Cuando la Fiscalía emite el correspondiente decreto, el Gobierno puede actuar. Y si una persona no es menor de edad, no puede beneficiarse de los recursos destinados a los menores”, ha afirmado.

Acto seguido, la portavoz ha cedido el protagonismo al vicepresidente y consejero de Desregulación y Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, responsable del área competente pero ha renunciado a mantenerse en el mismo plano que él.

Nolasco irrumpe para hablar del crimen de Caspe

La comparecencia ha dado entonces un giro inesperado. Nolasco ha tomado la palabra para referirse al supuesto asesinato de un joven de 27 años ocurrido en Caspe mucho antes de que la Guardia Civil informara del suceso. “Estamos en contacto con las autoridades y actuaremos con prudencia hasta que la investigación aporte datos oficiales. Exigimos a la Delegación del Gobierno total transparencia. Sabemos que en ocasiones se ocultan datos incómodos. Esperamos que los autores sean detenidos cuanto antes”, ha declarado.

El vicepresidente, que posteriormente se ha desplazado a la misma localidad, relaciona el crimen con la situación migratoria del municipio. “Caspe es uno de los focos más conflictivos que ampara el Gobierno de Sánchez. Existe un creciente malestar ciudadano por la presencia de migrantes que viven allí sin trabajo ni recursos. Hemos visitado la localidad en varias ocasiones y hoy lamentamos no solo este asesinato, sino también las dos agresiones con arma blanca registradas la semana pasada”, ha señalado.

Nolasco ha ido más allá y ha responsabilizado al Gobierno central de no actuar a tiempo. “¿A qué espera la Delegación del Gobierno? Esto se veía venir y podría haberse evitado. Si no se pone freno a esta invasión migratoria en Caspe y no se refuerza la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, situaciones como esta podrían repetirse”. Ha aprovechado para mandar un mensaje a los vecinos: “Estamos con los caspolinos y seguiremos denunciando una situación que consideramos absolutamente intolerable”, ha añadido.

«Vamos a identificar a quienes no sean menores y expulsarlos»

Preguntado por las pruebas de edad, Nolasco se ha mostrado partidario de ampliarlas y ha restado importancia a su coste económico. «Nos cuesta más mantener a inmigrantes ilegales que realizar estas radiografías. Cuando hay asesinatos, robos y agresiones, el coste de las pruebas no puede ser la principal preocupación. A mí me hierve la sangre. Todas las semanas hay agresiones y hoy hemos conocido un asesinato. Lo que me preocupa es que la gente muera y viva con inseguridad».

El vicepresidente ha defendido la realización de pruebas a todas aquellas personas cuya edad genere dudas razonables. “Vamos a seguir solicitándolas para quienes lleguen sin documentación biológica fiable y existan dudas sobre su edad. Resulta llamativo que muchos aseguren haber nacido el mismo día, del mismo mes y del mismo año, declaren tener 17 años y medio y posteriormente se compruebe que tienen 20 años e incluso hijos. Estoy convencido de que la Fiscalía colaborará y de que el resultado será positivo”.

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla aumentar el presupuesto destinado al IMLA y ampliar el número de pruebas realizadas, aunque el Ejecutivo no ha detallado el coste unitario de estos procedimientos.

Asimismo, Nolasco ha asegurado que Aragón ha recurrido prácticamente todos los traslados de menores, con cerca de 200 recursos presentados. También ha desafiado al delegado del Gobierno a demostrar que, desde la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, han seguido llegando menores extranjeros no acompañados. “No ha entrado ni un menor más, aunque seguirán intentándolo”.

Sobre el fallo judicial conocido este jueves, Nolasco ha asegurado que respalda la posición del Gobierno aragonés. “La sentencia nos da la razón y demuestra quién está actuando de forma torticera al margen de la ley. No somos nosotros, sino el Gobierno de Sánchez, cuyas políticas enriquecen a las mafias que trafican con seres humanos procedentes del tercer mundo”. “Son ellos los que fuerzan a las CCA a recibir menores extranjeros no acompañados, a menudo, falsos menas”, ha añadido.

El vicepresidente ha concluido reiterando uno de los principales compromisos del pacto PP-Vox: “Vamos a hacer pruebas, vamos a identificarlos y vamos a expulsar a quienes resulten ser mayores de edad. Vamos a poner orden y a informar con total transparencia de todos los incidentes que se produzcan en los centros de menores para que los aragoneses conozcan la realidad. Yo no podría dormir tranquilo defendiendo políticas que, a mi juicio, cuestan vidas y generan violencia”.

Como cierre, ha insistido en que Aragón seguirá utilizando todas las herramientas legales a su alcance para combatir la inmigración irregular. “Nuestro objetivo es luchar contra la invasión migratoria con todos los instrumentos que permite la legislación vigente. Para el Gobierno de Pedro Sánchez no todos los territorios son iguales ante la ley. Aragón no recibe el mismo trato que Cataluña e impone su dictadura ideológica, obligando a Aragón a recibir contingentes de menores inmigrantes pero no llevarlos a Cataluña”.

La ola contra la inmigración que recorre Europa está provocando situaciones propias de un relato del escritor Franz Kafka. Una mujer de nacionalidad marroquí, que reside en los Países Bajos con su cónyuge, de nacionalidades neerlandesa y marroquí, y con su hijo menor de edad, de nacionalidad neerlandesa, ha tenido que llevar su caso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) frente a la amenaza de expulsión por parte de las autoridades neerlandesas y ante la negativa a darle un permiso de residencia porque ya se lo había concedido España.

Esta mujer, con nombre V para proteger su identidad, residió y trabajó legalmente en España desde 1999 hasta 2014. Ese mismo año se fue a vivir con su pareja y registraron su matrimonio en el Registro Civil del municipio neerlandés en el que residen. En 2015 nació el hijo de la pareja que tiene la nacionalidad neerlandesa y del que se ocupan ambos cónyuges, ya que no empezó a hablar hasta los cinco años y presenta dificultades de expresión que lo llevaron a seguir una enseñanza especializada, destinada a los alumnos que necesitan un apoyo específico.

La situación familiar es más complicada porque el marido de V no percibe ningún ingreso profesional debido a su estado de salud. El padre está parcialmente exento de la obligación de trabajar y percibe una prestación de asistencia social.

Cuando V fue a pedir la residencia en Países Bajos en 2020, las autoridades neerlandesas no solo le denegaron su solicitud al considerar que tenía derecho de residencia en España, además le ordenaron que se trasladara de inmediato a España y abandonara el territorio neerlandés. Antes esta situación de desamparo y con las claras consecuencias que podría provocar para la familia, V llevó su caso a los tribunales de primera instancia de Países Bajos, que inicialmente consideraron que existe una relación de dependencia entre V y su hijo menor de edad, ciudadano de la Unión Europea y neerlandés por lo que habría que concederle el permiso de residencia. Los magistrados neerlandeses decidieron elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para sostener su decisión.

Menoscabo de la unidad familiar y derechos del niño

La Justicia europea sentencia que se debería conceder a V un permiso de residencia derivado en los Países Bajos, ya que la denegación de ese derecho menoscabaría la unidad familiar y privaría al menor de la posibilidad de que ha gozado, desde su nacimiento, de mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre.

El Tribunal de Justicia añade que en el supuesto de que V siguiera teniendo derecho de residencia en España no excluye la posibilidad de que pudiera tenerlo también en Países Bajos. En caso de que se le denegara a V ese derecho de residencia, su hijo se vería entonces obligado a acompañar a su madre a España y, por lo tanto, a abandonar los Países Bajos, el Estado en el que reside y del que es nacional, lo que podría vulnerar algunos de sus derechos fundamentales.

Además, en la sentencia se subraya la importancia de respetar la vida familiar que este niño tiene actualmente en los Países Bajos con sus dos progenitores, de quienes depende y que existe un riesgo concreto de que dicha vida familiar no pueda continuar en España.

Por otro lado, los jueces europeos recalcan que el tribunal neerlandés también debe comprobar si un traslado forzoso del niño a España sería contrario a su interés superior, ya que el niño no habla español, sino neerlandés, y tienen problemas de expresión por lo que necesita educación especial, por lo que el interés superior del niño constituiría otro motivo para que deba concedérsele a V un derecho de residencia derivado en los Países Bajos.

Las posiciones contra la inmigración están desdibujando el sueño europeo. La Comisión Europea ha tenido que mandar un requerimiento a un grupo de países (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia) ante los continuos controles de las fronteras interiores por el endurecimiento de las políticas antiinmigratorias que está afectando a la libre de circulación de personas que se establece en el espacio Schengen.

La petición de la Comisión Europea coincide con el proceso de regularización de 500.000 inmigrantes sin papeles que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Tanto el Partido Popular como la ultraderecha en España y en la UE han tratado de crear una polémica política por la legalización de este colectivo de personas, que Vox llegó a calificar como “invasión”. El Partido Popular llevó a la Comisión Europea la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España para que analice si va en contra de los acuerdos de política migratoria europea.

No hay dudas de que los controles de fronteras entre países de la UE responden a una posición más dura frente a la inmigración. De hecho, Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos internos y Migración, pide el levantamiento de los controles con el argumento del nuevo Pacto de Emigración y Asilo.

“La Unión Europea está llevando a cabo la mayor reforma de nuestro sistema de gestión migratoria. Nuestro nuevo enfoque ya ha dado resultados: los cruces ilegales de fronteras han disminuido otro 40 % en 2026. Estamos desplegando los sistemas de gestión fronteriza más modernos del mundo. Con estas condiciones, los Estados miembros están en posición de avanzar hacia la eliminación progresiva de los controles en las fronteras interiores”, ha explicado Brunner.

La UE aprobó este lunes el Pacto de Emigración y Asilo que endurece la política migratoria y abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE.

Controles que se alargán más de 12 meses

Aunque Bruselas admite que “los Estados miembros tienen derecho a reintroducir excepcional y temporalmente controles fronterizos cuando se enfrentan a una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior”, el Derecho de la UE exige que la Comisión emita un dictamen “cuando dichos controles se prolongan durante más de 12 meses”.

La Comisión Europea recuerda que “la reintroducción de controles en las fronteras interiores tiene inevitablemente consecuencias para los Estados vecinos” con un “impacto negativo en los trabajadores transfronterizos y las comunidades locales”.

La institución europea aboga por “alternativas más eficientes y eficaces a los controles en las fronteras interiores: controles policiales no sistemáticos o las tecnologías de identificación biométrica móvil y seguimiento de vehículos”.

Henna Virkkunen, vicepresidenta europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, apunta que “Schengen es uno de los mayores logros de Europa. Simboliza la libertad de circulación para más de 450 millones de personas. Nuestros dictámenes envían un mensaje claro: cuando se reintroducen controles, estos deben seguir siendo temporales y excepcionales. Al reforzar la cooperación policial, el intercambio de información y un mejor uso de la tecnología, podemos proteger a nuestros ciudadanos, preservar la confianza y mantener Schengen tanto seguro como realmente sin fronteras”.

El barrio zaragozano de San Pablo, conocido popularmente como El Gancho, mantiene una intensa red de apoyo social, cultural y comunitario que implica a parroquias, entidades vecinales, organizaciones humanitarias, centros sanitarios y colectivos educativos. En una de las zonas históricamente más frágiles del Casco Histórico de la ciudad conviven proyectos de integración, apoyo escolar, inserción laboral, diálogo interreligioso y atención a la pobreza. Todo ello, además, en un contexto político marcado por el nuevo discurso de control y evaluación de las subvenciones públicas a las entidades sociales impulsado por Vox dentro del acuerdo de gobierno con el PP en Aragón.

San Pablo representa hoy uno de los mayores ejemplos de convivencia y tejido comunitario de Zaragoza. La parroquia, considerada popularmente “la tercera catedral” de la ciudad, articula buena parte de esa vida social en un cuadrilátero que se extiende desde el paseo Echegaray y Caballero hasta Conde Aranda y Mayoral. En ese espacio conviven también una parroquia anglicana, tres oratorios musulmanes y dos capillas protestantes vinculadas a la comunidad gitana, reflejo de una diversidad religiosa y cultural que define al barrio.

La dimensión social del barrio se sostiene gracias a una amplia red de entidades y recursos comunitarios. El Ayuntamiento de Zaragoza interviene a través del Plan Integral del Casco Histórico y de equipamientos como el centro de Las Armas. También desempeñan un papel relevante el Centro de Salud y el colegio Santo Domingo, desde donde se impulsan iniciativas de integración en un entorno marcado por una elevada diversidad cultural.

Aproximadamente un 30% de la población es inmigrante. La comunidad magrebí constituye el grupo más numeroso, seguida de la población latina, que suele trasladarse a otros barrios —como Delicias, Las Fuentes, San José, Torrero o Arrabal— cuando mejora su situación económica. Aunque persisten algunas diferencias culturales, especialmente en modelos familiares más conservadores dentro de ciertos hogares magrebíes, la convivencia vecinal no se percibe como especialmente conflictiva.

De hecho, las principales quejas de los residentes no se centran tanto en la delincuencia y la inmigración como en el deterioro urbano con problemas de limpieza, falta de comercio de proximidad y el mal estado de algunas zonas, donde todavía hay viviendas apuntaladas y situaciones de riesgo estructural. Así quedó reflejado en la última reunión promovida por la Asociación Vecinal Lanuza Casco Viejo, presidida por el guatemalteco Eddy Adán, en la que los vecinos reclamaron más servicios y una mayor atención municipal.

ONGs e Iglesia

Entre las principales organizaciones presentes en El Gancho figuran Accem, Cruz Roja, Apip-Acam e Hijas de la Caridad, además de otras entidades como Cáritas, las Conferencias de San Vicente de Paúl y la propia Fundación Ozanam. Todas ellas desarrollan programas de acogida, inserción laboral, reparto de alimentos, formación o atención a colectivos vulnerables. A ello se suman iniciativas como La Olla Comunitaria, que cada sábado recoge alimentos en la calle de Las Armas, o el banco de alimentos gestionado por las Conferencias de San Vicente de Paúl.

En el centro de recursos de las Conferencias hay una trabajadora social y varios voluntarios y solo dispone de alimentos. Atienden los martes y miércoles, además de dos jueves alternos solo para fruta, a más de 230 familias, casi 700 personas en total, a los que se les pide una documentación y un baremo por debajo del ingreso mínimo vital (IMV). El perfil de los beneficiarios suelen ser familias con hijos, personas mayores de 65 años solas o con enfermedades o discapacidades que padecen la soledad no deseada, así como personas recién llegadas con menos de un año de estancia en Zaragoza, hasta que acaba el seguimiento de su itinerario de intervención. En estas semanas hay un boom de altas, si bien las cifras oscilan según los procesos migratorios.

Además, la entidad también dispone de un centro de formación para alfabetización digital, cursos para la obtención de certificados de profesionalidad, así como cursos de empleo doméstico y de idioma español.

La respuesta frente a la pobreza cotidiana también se concreta en servicios básicos. Las Hijas de la Caridad, con apoyo municipal y parroquial, gestionan el servicio de duchas y lavandería al que acuden diariamente unas 80 personas afectadas por pobreza energética y el sinhogarismo.

Paralelamente, una red de 25 voluntarios presta apoyo escolar a 55 menores del barrio de lunes a jueves con el objetivo de reducir el fracaso educativo y reforzar la integración social.

La Fundación Ozanam se ha convertido igualmente en uno de los grandes motores sociales de El Gancho. En los últimos meses, ha reforzado su actividad mediante proyectos de formación y empleo vinculados al entorno de Las Armas y al Centro Sociolaboral de la calle Boggiero. Uno de sus proyectos más visibles es la gestión de la cafetería municipal de la plaza de Las Armas, concebida como espacio de dinamización vecinal y de inserción laboral para personas vulnerables.

La cafetería abre de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas y amplía horarios durante actividades culturales o eventos organizados en la plaza y en dependencias municipales cercanas, como conciertos de la Escuela Municipal de Música y Danza o mercados temáticos celebrados durante los fines de semana. El establecimiento funciona además como espacio de inserción laboral. Actualmente, cuenta con cinco trabajadores —una persona en cocina, tres en barra y terraza y un gerente— contratados mediante programas de inserción dirigidos a personas con dificultades para acceder al mercado laboral. La intención es que, tras un periodo de formación y experiencia práctica de entre un año y un año y medio, puedan incorporarse posteriormente a otros empleos.

El centro socio educativo Las Armas se llena de programación hasta julio con teatro, música, folclore y cine. El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene el espíritu cultural de este equipamiento a través de un nutrido calendario de actividades de la Escuela de Música, del Patronato de Educación y Bibliotecas y de otros servicios municipales. Entre los diferentes eventos programados hasta julio y ya se ha iniciado un ciclo gratuito de conciertos de jóvenes músicos emergentes con fechas hasta noviembre

La entidad desarrolla también talleres de fontanería, confección y formación laboral, además de programas educativos y de ocio para menores en el Centro Municipal de Tiempo Libre Cadeneta, activo desde los años ochenta. Cada tarde participan más de 30 niños y niñas en actividades de apoyo escolar, educación en valores e integración comunitaria.

La parroquia de San Pablo desempeña además un papel clave como agente cultural y de cohesión vecinal. Su párroco, Ángel Lahuerta, y el sacerdote Antonio Moreno mantienen contacto permanente con las entidades sociales y promueven actividades abiertas a toda la ciudadanía. Entre ellas destaca el proyecto ADIA Aragón, centrado en el diálogo interreligioso e interconviccional y en la defensa de la convivencia entre creyentes y no creyentes como parte de la identidad urbana del barrio. Esa filosofía se plasma en iniciativas como la Noche de las Religiones, que abre templos y espacios de culto a los vecinos para visibilizar la diversidad espiritual y cultural de Zaragoza. También en propuestas musicales y patrimoniales como “Conciertos de altura”, el ciclo Saulus o el Concierto de Primavera, además de celebraciones multitudinarias como la vigilia diocesana de Pentecostés el pasado 24 de mayo.

El propio templo de San Pablo simboliza esa mezcla histórica de culturas. Construido entre los siglos XIII y XVIII y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO dentro del Mudéjar de Aragón, el edificio conserva uno de los conjuntos mudéjares más importantes de la comunidad, aunque el paso del tiempo y las humedades por las últimas lluvias han afectado a la estructura. En 2026 se cumplen además 25 años de ese reconocimiento internacional, una efeméride que la parroquia quiere aprovechar para reivindicar tanto la restauración patrimonial como la revitalización del Plan Integral contra la exclusión social del barrio.

Para los responsables del templo, “la comunidad de San Pablo camina en el barrio con otras comunidades cristianas y de otras religiones que convierten al Gancho en un espacio privilegiado de diversidad cultural y religiosa donde la convivencia entre todos es algo cotidiano en el que no faltan vecinos y vecinas comprometidos por la mejora del barrio y sus gentes”

Salud comunitaria

Otro de los pilares de la vida colectiva de El Gancho es el Consejo de Salud San Pablo, ahora coordinado por Pilar García. Este órgano de participación vecinal coordina proyectos comunitarios y analiza el impacto que tienen las condiciones de vida sobre la salud de los residentes. Los impulsores Rosa Macipe y Luis Gimeno defienden el trabajo en red como herramienta imprescindible para comprender los problemas reales del barrio y diseñar respuestas conjuntas.

Desde 2018, el Consejo de Salud ha impulsado iniciativas como el “Semáforo de la Salud”, destinado a detectar preocupaciones vecinales y fortalezas comunitarias. También ha trabajado específicamente sobre la relación entre vivienda y salud, denunciando situaciones de infravivienda y dificultades de acceso residencial mediante encuentros vecinales, teatro social y concursos de relatos. Ahora trabajan en el entorno, espacios verdes y de juego, dentro de la iniciativa de urbanismo táctico para mejorar la salud. “Sabemos que la salud depende de las condiciones de vida de las personas y la esperanza de vida entre unos barrios y otros puede llegar a ser de hasta diez años”, asegura Macipe.

La brecha digital y la salud emocional de la infancia tras la pandemia son otras de las preocupaciones prioritarias del Consejo. La entidad ha elaborado cuestionarios y estudios sobre el impacto de la digitalización en la población vulnerable y sobre las consecuencias emocionales del confinamiento en niños y adolescentes, trasladando posteriormente sus conclusiones al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón para reclamar medidas públicas específicas. “En un barrio con mucho estigma que retroalimenta lo negativo, aquí se generan dinámicas positivas con la participación de los vecinos”, comenta la pediatra Rosa Macipe.

La lupa política

Todo este entramado solidario convive ahora con una nueva etapa política marcada por el discurso de control sobre las ayudas públicas a las entidades sociales. El concejal de Vox y presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico, Armando Martínez, sostiene que los niveles de delincuencia en el Casco son superiores al resto de la ciudad y sitúa al Gancho como uno de los principales focos de preocupación vecinal “por problemas relacionados con la inseguridad, la suciedad o el deterioro de la convivencia”. Asegura que aunque la subdelegada del Gobierno en Aragón “nos transmitió que no hay quejas ni delincuencia, salvo algún episodio de incivismo que lleva a esa percepción de inseguridad, yo sí recibo muchas quejas de vecinos por inseguridad”.

Martínez reconoce expresamente la labor “encomiable” de muchas pequeñas organizaciones y colectivos de proximidad que trabajan en el barrio pese a contar con recursos limitados. Sin embargo, cuestiona la eficacia de algunos grandes programas de acogida e integración vinculados a entidades de ámbito nacional y considera necesario revisar el modelo de intervención social. Se refiere, principalmente, a la última acogida de un pacífico grupo de migrantes malienses, jóvenes llegados hace unos meses bajo el programa de atención humanitaria, que se alojan en apartamentos junto al Hotel París de la calle de San Pablo, gestionados por la asociación Apip-Acam. La entidad colaboradora en el ámbito de la protección internacional está autorizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y mantiene un total mutismo sobre el número total de personas atendidas y el programa de atención que reciben durante los meses que permancen aquí.

El edil sostiene que el incremento del sinhogarismo y de situaciones de exclusión demuestra que parte de los programas actuales no están ofreciendo resultados suficientes. Por ello defiende introducir mecanismos más estrictos de evaluación sobre las subvenciones públicas, midiendo la llamada “rentabilidad social” de las entidades en función de su capacidad real de integración laboral y convivencia.

Según explica, el nuevo Ejecutivo autonómico deberá analizar ahora qué margen existe para condicionar convenios y ayudas públicas al cumplimiento de objetivos concretos. Martínez asegura estar dispuesto a colaborar con aquellas entidades que desarrollen un trabajo efectivo en el barrio, aunque rechaza apoyar económicamente proyectos que considere más ideológicos que asistenciales que, a su juicio, “priman más los números que a las personas”.

Mientras tanto, El Gancho continúa sosteniéndose gracias a una compleja red de vecinos, voluntarios, sanitarios, parroquias, educadores y asociaciones que intentan responder cada día a problemas estructurales de pobreza, exclusión y convivencia. Un barrio históricamente castigado, pero que sigue haciendo de la solidaridad su principal herramienta de resistencia colectiva.

Unos días después de que Pedro Sánchez tuviera una reunión con León XIV, Isabel Díaz Ayuso tuvo derecho a su propia audiencia en el Vaticano. La diplomacia vaticana sabe hilar fino en estos casos y no desea indisponerse con nadie a pocos días de un viaje del pontífice. Todo tiene que salir perfecto. En un contexto de creciente secularización en los países occidentales iniciado hace décadas, la visita de un Papa es una oportunidad excelente para intentar revertir esa tendencia. Con la ayuda de Dios, claro.

Por tanto, Madrid bien vale, además de una misa, recibir a Ayuso, que acaba de lanzarse frontalmente contra la regularización de inmigrantes, una medida que la Iglesia española ha apoyado sin ambigüedades, incluidos algunos prelados conservadores. Esa corriente de pensamiento basada en la misericordia y el apoyo a los inmigrantes es muy importante para el Papa. Robert Francis Prevost, de 70 años, pasó muchos años en Perú, primero como misionero y finalmente como obispo de la diócesis de Chiclayo. Los peruanos son una de las mayores minorías de inmigrantes en España.

“Somos un país muy alegre que sabe aparcar sus diferencias un rato. Celebraremos la visita de León XIV en esa unidad”, dijo Ayuso en Roma. El que piense que podemos estar ante una tregua vaticana en la política española ya puede desengañarse. En una entrevista en La Razón el domingo, la presidenta madrileña se lanzó contra Pedro Sánchez por pretender asistir a la misa que el Papa celebrará en Barcelona. Le llamó “farsante” y que solo “le falta la toquilla y la mantilla” en su intento de fingir lo que no es. A la pregunta “¿cree que el presidente del Gobierno busca rentabilidad política con esta visita?”, responde: “Busca rentabilidad y blanqueo al máximo nivel. Es un farsante. Sí, sí, nivel diez”.

El PP contempla con cautela el viaje de Prevost a España del 6 al 12 de junio, consciente de que tendrá que escuchar un mensaje favorable a la integración de los inmigrantes –que pasa de forma ineludible con que puedan recibir los papeles que harán más difícil que sean explotados– y conseguir que no parezca incompatible con su posición radicalmente contraria a la medida adoptada por decreto por el Gobierno. Ayuso se adelanta a ese riesgo afirmando que el partido debe estar alerta ante ese intento de blanqueamiento, aunque apuntando a Sánchez, no al Papa.

Lo que no puede ocultar es que su empeño por tumbar esa regularización ha sufrido un fracaso político al no convencer al Tribunal Supremo de que debía suspender la entrega masiva de papeles a los extranjeros residentes en España. El Partido Popular se encuentra ante la tesitura de poner en marcha nuevos gobiernos de coalición con Vox en varias comunidades autónomas incluyendo en su programa la “prioridad nacional” que es esencial para la extrema derecha.

“La voz y el mensaje (de la Iglesia) son siempre los mismos: la dignidad humana. No hay ni ciudadanos de primera ni de segunda. El ADN del cristiano nos hace reconocer la dignidad de todos”, dijo hace unos días el cardenal José Cobo en una entrevista con este medio. Cobo recordó que el Papa irá a Canarias “por la misma razón que Francisco fue a Lesbos o a Lampedusa”.

Sánchez no desaprovechó la oportunidad que le concedió su visita reciente a Roma. Destacó su “plena sintonía” con el mensaje del Papa sobre la inmigración y otros asuntos. El Papa “propone el sentido común frente a la ley de la selva”, dijo después de reunirse con él. Curiosamente, su Gobierno también está en la misma línea: “Lo que no tiene sentido es avalar prioridades nacionales o teorías del reemplazo en un país que ha regularizado hasta en cinco ocasiones a inmigrantes que viven en nuestro país”.

A quienes más les va a escocer la visita es a los dirigentes de Vox, cuya obsesión contra la inmigración es innegociable con independencia de lo que diga la Iglesia. Algunos de sus votantes no lo entenderán, pero el partido de extrema derecha no renunciará a lo que es una de sus mayores señas de identidad.

Cuando el secretario de la Conferencia Episcopal declaró que “la dignidad de la persona es intocable e irrenunciable”, como respuesta a la exigencia de “prioridad nacional” del programa de Vox, Santiago Abascal reaccionó furioso y acusó a la Iglesia de que su prioridad es mantener “su negocio con la invasión”. Carlos Hernández Quero, diputado de Vox, respondió a la defensa de la dignidad humana por la Iglesia colocándola dentro de “la oligarquía” que “odia al pueblo español”.

El mensaje más anticatólico en la política española proviene ahora de la extrema derecha, lo que no deja de ser una paradoja en la historia de España desde el siglo XIX. Desde ese choque, Vox ha intentado rebajar las tensiones con la Iglesia. Abascal estará en el hemiciclo cuando León XIV pronuncie su discurso en el Congreso y tendrá que tragarse su apoyo a los derechos de los inmigrantes.

En dos entrevistas de 2019, Díaz Ayuso confesó que no era creyente casi desde que era una niña. En los últimos años, y sin necesidad de caerse de ningún caballo, ha recuperado la fe, dice que es católica y no se pierde una ceremonia religiosa a la que pueda asistir como presidenta. Más allá de las razones personales que pueda tener, forma parte de su discurso político por el que el cristianismo es una parte esencial de lo que llama la civilización occidental.

Para ella, España es sinónimo de catolicismo, aunque la evolución de la sociedad en las últimas décadas la ha alejado del mensaje de la Iglesia en múltiples asuntos (divorcio, aborto, eutanasia, matrimonio igualitario...). Casi todas las bodas se hacían en una iglesia en los años 70. Hoy, las bodas civiles son más del 80%.

En un pastiche ideológico para todos los públicos que puede llegar a ser muy confuso, ha afirmado que “con el nacimiento de Cristo, se funda nuestra civilización” –así de repente– o que “desde el cristianismo, celebramos el hecho de ser humanos”, algo que antes seguro que ya estaba bastante valorado.

La clave es distinguirse de la izquierda –y sus difíciles relaciones históricas con el catolicismo– para poder presentarla como algo ajeno a la tradición occidental y un ente extraño lleno de peligros.

La beata Isabel cree que la religión también jugará un papel para ayudarla a ascender a lo más alto (en política). Como penitencia, tendrá que escuchar al Papa en España hablar de la necesidad de dar derechos y cobijo al inmigrante. Es un sacrificio que estará dispuesta a asumir.

La Unión Europea ha dado luz verde finalmente a los centros de deportación de emigrantes en terceros países. Tras varias semanas de retraso, el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo ha sido acordado este lunes entre el Consejo Europeo, la Comisión y los legisladores del Parlamento. Europa sigue la estela que ha marcando la ultraderecha en su ataque a las personas migrantes tratando de dificultar el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales. La nueva normativa abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

Según la presidencia de turno de la UE, que la ostenta Chipre, “estos centros podrán funcionar tanto como destino final de las personas expulsadas como centros de tránsito destinados a facilitar su posterior retorno al país de origen o a otro tercer país. Por el momento, el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario y será reevaluado dos años después de la entrada en aplicación del reglamento”.

“El nuevo reglamento acelerará el proceso de retorno y aumentará las expulsiones de las personas que no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea. La migración es una prioridad fundamental para la Presidencia chipriota y este acuerdo histórico refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE y complementa el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, siempre en cumplimiento de los derechos humanos”, ha declarado Nicholas A. Ioannides, viceministro de Migración y Protección Internacional de la República de Chipre.

Sin embargo, la medida no está exenta de polémica por sus numerosas dudas legales. Las ONG que defienden los derechos de los inmigrantes, como Picum, han avisado de que se pueden dar problemas de rendición de cuentas y supervisión de los derechos humanos, riesgos de deportaciones en cadena hacia países inseguros, detenciones arbitrarias y numerosas otras vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tumbó en 2025 el modelo de deportaciones del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni a través de Albania por la designación de “países seguros” para el retorno de los inmigrantes y en Italia ha tenido varias sentencias en contra, esta fórmula siempre ha tenido el beneplácito de la actual Comisión Europea y ha conseguido el respaldo de la mayoría del Eurocámara, tras el seguidismo del PP Europeo a las imposiciones de la ultraderecha en políticas migratorias. Italia volvió a apelar al TJUE por su normativa, que está a la espera de sentencia.

Los conservadores alemanes están jugando un claro papel endureciendo sus posiciones frente a la inmigración ante el miedo de perder votos por el auge de los ultras del AfD. Alemania estaría al frente de un grupo de países (Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia) que estarían realizando gestiones con terceros países para establecer en ellos centros de retorno y de tramitación de solicitudes de asilo fuera de la UE a cambio de recibir ayuda al desarrollo o un mayor número de visados para sus nacionales, según ha publicado Politico.

Las dudas legales del modelo italiano ha llevado a los países a no identificar qué países podrían albergar los centros de deportación, fuentes diplomáticas aseguran que se ha sondeado a Uzbekistán y Kazajistán, pese a que Amnistía Internacional ha señalado en repetidas ocasiones las violaciones de derechos humanos fundamentales en ambos países.

Durante este lunes se ha debatido la entrada en vigor de las medidas. Fuentes de la presidencia chipriota han explicado que los responsables de las instituciones europeas han acordado que “el reglamento comenzará a aplicarse inmediatamente después de su entrada en vigor (es decir, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial)”.

Ahora bien, como muchas de las disposiciones del reglamento requerirán medidas de implementación a nivel nacional, se permitirá a los estados miembros que estén adaptadas 12 meses más tarde. De esta manera, “se concede a los Estados miembros tiempo suficiente para preparar los cambios legislativos y reglamentarios necesarios, garantizar la adaptación de los sistemas informáticos cuando sea preciso y formar adecuadamente al personal encargado de su ejecución”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que no pondría en marcha ningún centro de deportación de migrantes fuera del territorio de la Unión Europea.

Otras medidas contra la inmigración

A esta medida ya controvertida se uniría la introducción de “mecanismos de emergencia” que permitan a los Estados miembros ignorar garantías durante la detención, como limitar la revisión judicial de las decisiones de internamiento —incluidas las que afectan a familias y menores— cuando exista un número “excepcionalmente elevado” de personas pendientes de deportación, sin tener en cuenta las condiciones ni la saturación en la que se encuentren los centros de detención y deportación.

Silvia Carta, responsable de incidencia política de Picum, ha comentado que “este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación. En la última ronda de negociaciones, los legisladores de la UE redoblaron su apuesta por la represión y el castigo, y acordaron un texto que expondrá a cientos de miles de personas al daño y la violencia: desde encerrar a personas en centros de detención migratoria durante hasta 30 meses hasta separar familias y enviar a personas a países que ni siquiera conocen”.

Además de los centros de deportación en países fuera de la UE, la nueva normativa amplía la duración de la detención por motivos migratorios hasta 30 meses, si las autoridades consideran que existe “una posibilidad razonable de expulsión” o de riesgo de fuga, incluso en el caso de menores. También se anima a los Estados miembros a aplicar nuevas “medidas de investigación” que otorgan una amplia Convertir los retornos forzosos (deportaciones) en la opción predeterminada para las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, a pesar del mayor riesgo de violencia y vulneraciones de derechos fundamentales, restringiendo aún más la capacidad de decisión y las alternativas disponibles para estas personas;

Por otro lado, la nueva norma exige a los Estados miembros que impongan restricciones geográficas u obligaciones de comparecencia a todas las personas sometidas a procedimientos de retorno. También se deja a decisión de los países miembros el tiempo de prohibición, que podrían llegar a ser permanentes por seguridad, o reducción de las ayudas financieras destinadas a reconstruir una vida tras la deportación e incluso sanciones penales para quienes no colaboren con su propia expulsión. En definitiva, se proponen excepciones específicas a los derechos fundamentales para las personas migrantes consideradas un riesgo para la seguridad nacional o el orden público.

“Al otro lado del Atlántico estamos viendo la violencia y el miedo generados por las brutales prácticas de control migratorio del ICE. Europa debería aprender de los daños causados por ese modelo, no construir su propia versión del mismo”, ha añadido la responsable de la ONG en defensa de los derechos de los migrantes

Hace un mes y una semana, Valeria y su bebé fueron las primeras personas en presentar su solicitud de regularización en una de las oficinas de Correos habilitadas en Madrid. La ecuatoriana salió sonriente empujando el carro de su hija: ya quedaba menos para tener los papeles. Si todo salía como esperaba, recibiría la admisión a trámite de la petición y el consiguiente permiso de residencia en 15 días, según el plazo establecido por el Ministerio de Inclusión. Pero ya suman 38 días desde entonces y el alivio inicial se ha ido mezclando con una nueva incertidumbre: ¿Habrá pasado algo? ¿Faltaría algo? ¿Harían algo mal en Correos al ser el primer día? ¿La habrán inadmitido? Son algunas de las preguntas que se hacen muchas de las personas que esperan la respuesta de la Administración una vez traspasado el periodo previsto.

Su caso no es anecdótico. Cientos de solicitantes de la regularización extraordinaria han pasado de la ilusión al miedo ante la falta de respuesta en los plazos prometidos, aunque se calman cuando conocen que otras muchas personas están en su misma situación. Los retrasos en el envío de la comunicación de la admisión a trámite, un documento que en la práctica supone la confirmación de la concesión del permiso de residencia y trabajo provisional mientras se estudia la petición, están marcando el procedimiento, según una decena de migrantes afectados, varios abogados y ONG colaboradoras consultadas por elDiario.es.

Los datos oficiales deslizan el alcance de los retrasos. Según los números trasladados por el Gobierno hace una semana, Inclusión ha recibido 549.596 solicitudes. Del total de expedientes, han sido “tramitados” 146.675, pero solo han enviado el justificante de la admisión a trámite a 91.905 personas, lo que genera un desfase de al menos 50.000 personas pendientes del documento que les permitirá empezar a trabajar. Según los cálculos de elDiario.es, la Administración ha recibido de media unas 100.000 peticiones semanales, por lo que el ritmo de admisión a trámite medio sobrepasaría con creces los 15 días comprometidos inicialmente.

No todas las peticiones están sufriendo retrasos. Según varias fuentes consultadas ligadas al procedimiento, no existe un patrón claro sobre los perfiles que están recibiendo la admisión a trámite antes y cuáles después. No obstante, los mayores retrasos confirmados por este medio, que superan los 38 días, corresponden a quienes solicitaron su petición a través de las oficinas presenciales. Algunos de quienes lo hicieron por la vía telemática, por su cuenta o a través de abogados u ONG (las personas sin papeles no pueden por sí mismos porque necesitan un certificado digital del que carecen), también han tenido que esperar más de la cuenta, pero no tanto tiempo como quienes depositaron sus documentos en persona.

“Las comunicaciones de admisión a trámite llegan como si fueran cartas enviadas desde 1950: lentas, irregulares y sin patrón alguno”, ha criticado Guillermo Morales, director del despacho de abogados especializado en extranjería Legalteam. “Quien presentó después ya tiene la suya. Quien la presentó antes sigue mirando compulsivamente el buzón electrónico, como si fuera a aparecer por arte de magia”, resume en un texto publicado en su blog. También las ONG colaboradoras están percibiendo la arbitrariedad en los retrasos. “Mientras algunas comunicaciones están llegando en pocos días, otras llevamos esperando más de tres semanas, sin poder identificar el patrón”, coincide Elena Muñoz, responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Entre las personas que aguardaban su turno aquel primer día de la regularización presencial estaba también Loren, asesora en la consultora Acevedo Extranjería, acompañando a una mujer que iba a solicitar la regularización. Ella y su equipo tienen varias peticiones registradas por esta vía y confirma grandes retrasos en esos casos, especialmente entre los que la presentaron los primeros días. “Ninguna de las solicitudes que hemos acompañado a presentar presencialmente han recibido aún la admisión a trámite”, explica.

El Ministerio de Inclusión lanza un mensaje de tranquilidad a las personas que aguardan algunos de estos trámites. Según explican, los tiempos de la tramitación “pueden depender de varias cosas”. Por ejemplo, detallan, “hay muchas solicitudes que están pendientes de subsanación y, en estos casos, ”se paraliza el plazo para requerir a la persona la documentación que le falta“.

En otros casos, añaden, “hay documentación que tiene que ser revisada” y, en otros, “las solicitudes se presentaron de manera presencial y deben recibir la notificación por correo postal”. Fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz añaden que se encuentran “en plazo” y que el procedimiento “avanza según lo previsto”. “Todas las solicitudes que se hayan presentado correctamente, cumplan los requisitos y no estén pendientes de ningún trámite más, recibirán la autorización correspondiente a su admisión a trámite”, aseguran para tratar de lanzar un mensaje de calma.

Un mes de espera

Emma envió su expediente a través de un abogado el pasado 29 de abril. Un mes después, no tiene respuesta. Ella trabaja desde que llegó a España por temporadas en el cuidado de una señora mayor en Madrid. En los meses de verano, se traslada al lugar donde la mujer pasa el verano para atenderla también durante sus vacaciones. El permiso de trabajo le daría la seguridad para tratar de negociar mejores condiciones de trabajo y buscar mayor estabilidad. También desea empezar a cotizar para conseguir un permiso de larga duración y poder empezar los trámites para reagruparse con sus hijos, que continúan en el país.

Con todas esas necesidades en la cabeza y el estómago, la salvadoreña y su marido entran de vez en cuando al portal donde puede seguir el estado del procedimiento. Desde hace unos 30 días, se choca con el mismo mensaje: “En trámite”, según una captura enviada a este medio. Sin embargo, eso no significa que efectivamente haya sido admitida a trámite y, por tanto, ya pueda trabajar de forma regular.

“Hay que esperar al justificante de admisión a trámite, que incluye el NIE, y mencionan el permiso provincial de residencia y trabajo”, aclara el letrado de extranjería Felipe Garoña. Emma escribe inquieta a su abogada, que la calma y le traslada que será avisada en cuanto llegue el escrito que espera. Pero cuando el reconocimiento de tantos derechos están en juego, es difícil calmarse del todo y no dejarse arrastrar por la ansiedad de las distintas posibilidades del retraso, traslada. A veces, se inquieta pensando en el supuesto de que hubiese habido algún problema en el envío o recepción del correo y que pudiera dejarla fuera del proceso. Después de algunos días de ansiedad, ha asumido que lo único que puede hacer es esperar y confiar en su abogado.

Cada retraso de cada trámite acaba alargando el proceso y entorpece el objetivo principal de quienes piden la regularización: encontrar un trabajo en condiciones dignas y darse de alta en alta en la Seguridad Social. Una vez recibida la admisión a trámite, la espera de muchos no acaba. Quienes van a tener residencia regular en España por primera vez y no han trabajado dados de alta anteriormente, no podrán trabajar hasta que no reciban su número a la Seguridad Social. Y esto tampoco está siendo fácil. “Cuando por fin llega la ansiada admisión a trámite, aparece la frase estrella: ”En unos días recibirá su número de afiliación social. Días que ya van camino de convertirse en semanas. Semanas que pronto serán meses“, cuestiona el abogado Guillermo Morales.

En cuanto Luisa confirmo la admisión de su solicitud, ya con papeles, empezó a enviar currículums a varias ofertas de marketing digital, el ámbito al que le gustaría saltar tras años como limpiadora en la economía sumergida. Pero para acceder a una de estas ofertas necesita el número de la Seguridad Social. El Ministerio de Inclusión explica a los solicitantes por correo electrónico que estos deben esperar a recibir por correo postal dicho número, indispensable para poder trabajar. Existen otras formas de obtenerlo, pero quienes no tienen el acompañamiento adecuado se fían de las indicaciones del Gobierno, que pide que no lo soliciten por su cuenta.

No quiere perder tiempo. Sabe que de su tiempo cotizado dependerá la renovación posterior del permiso que tanto le ha costado conseguir. “Siento que con el permiso provisional ya se me ha abierto el camino y quiero empezar a recorrerlo. Con este permiso de trabajo, ya empieza a contar mi año para renovar la tarjeta, así que he empezado a moverme”, explica desde Valencia, donde actualmente trabaja en la limpieza de cinco viviendas. Comprueba su buzón cada día y la carta no llega, por lo que ha decidido tratar de obtenerlo por la vía digital.

“Aún no me ha llegado, pero estoy intentando pedirlo de otra manera, a través del certificado digital”, explica la colombiana. “A ver si lo logro”, añade, pues acaba de recibir el permiso de residencia temporal. “Debe llegar una carta a la dirección postal o certificado digital de la persona interesada (no a su representante). Hay veces que se dan algunos retrasos en este envío, pero en la web de la Tesorería General de la Seguridad del Estado se puedo consultar el número asignado, o pueden solicitarlo ante la Seguridad Social”, detalla Muñoz. Al no explicar este procedimiento, quienes carecen de apoyo jurídico se están encontrando problemas en este punto.

No hay pruebas de que los servicios públicos de Madrid vayan a colapsar por la regularización extraordinaria de migrantes. El Tribunal Supremo ha hecho públicos los argumentos con los que rechazó hace unos días la petición del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de paralizar esta medida de forma urgente, y entiende entre otras cosas que no hay peligro de que la sanidad, la educación o la vivienda pública vayan a entrar en crisis por tener que atender a cientos de miles de personas más. “No puede afirmarse, en este momento, que haya quedado acreditado”, dice el Supremo sobre el principal argumento de la Comunidad de Madrid. Los dos magistrados discrepantes entienden que la medida se trata de una “amnistía administrativa encubierta”.

Tanto la administración regional como Vox llevaron la regularización ante el Tribunal Supremo para solicitar su paralización urgente. Junto con ellos lo hicieron también asociaciones de corte ultra como HazteOír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica -autora de los recursos que paralizaron las exhumaciones de Cuelgamuros- y la Asociación Libertad y Justicia. Los recursos de estas últimas son inadmitidas de plano por falta de legitimación activa.

La Comunidad de Madrid y sus servicios jurídicos incidieron en la idea de que los servicios públicos regionales estaban condenados al colapso si los tribunales no frenaban de urgencia la regularización. El gobierno de Ayuso, alegó el letrado, no había tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos” y advirtió del impacto para los servicios públicos de vivienda, educación, sanidad y servicios sociales. Reclamó un “escalonamiento” advirtió que las estructuras públicas madrileñas “no se encuentran dimensionadas para atender a nuevos cientos de miles”.

El Supremo seguirá estudiando el recurso y dictará en unos meses una sentencia sobre el fondo del asunto, pero en esta fase urgente entienden los magistrados que la Comunidad de Madrid no ha aportado pruebas para justificar la alarma. Ese perjuicio para el sistema público, dice el Supremo, “no puede afirmarse en este momento procesal que haya quedado acreditado sin género de duda”. Ni tampoco que pueda tener consecuencias irreversibles.

Por contra, los jueces recuerdan que una suspensión cautelar afectaría a los intereses de miles de personas que han solicitado estas autorizaciones. “La suspensión solicitada les determinaría a seguir en la situación de irregularidad administrativa”, explican los autos. Y además la regularización será reversible si es declarada nula en los tribunales. Una respuesta similar recibieron las alegaciones presentadas por Vox pero añadiendo una frase final sobre las consecuencias que tendría para todas esas personas suspender el proceso: “Con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.

Una “amnistía administrativa encubierta” para dos magistrados

Dos magistrados votaron en contra de esta decisión y apostaron por suspender la regularización de forma cautelar. Fueron Wenceslao Olea, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, y Fernando Román, exsecretario de Estado de Justicia con Mariano Rajoy. Según estos dos jueces, la normativa choca con las leyes de la Unión Europea y podría haber sido suspendida de forma cautelar. Incluso plantearon la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial a los tribunales comunitarios mientras tanto.

Para estos dos magistrados discrepantes, la medida del ejecutivo constituye una “amnistía administrativa encubierta”. Las autorizaciones concedidas, dicen estos dos jueces de la sala tercera, se imponen aunque exista una orden de expulsión o devolución pendiente de ejecutar. “Las referidas disposiciones implican, en la práctica, la privación de efectos de lo ya decidido en sede jurisdiccional, lo que puede ser calificado, desde una perspectiva material, como una forma de «olvido» de la sanción”, dice el voto particular.

Tenía su ropa preparada en una bolsa en la celda del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia. Tras haber sido detenido justo cuando se dirigía a presentar la petición de la regularización, pero sin que sus circunstancias hubiesen importado para la policía ni el juzgado, su retorno parecía irrevocable. Pero ahora, poco más de una semana después de su liberación, al marroquí Mounir se le escapa una carcajada nerviosa al describir el giro de acontecimientos de la última semana: en cuestión de días ha pasado de estar encerrado por no tener papeles y esperar su deportación inminente, a recibir un permiso provisional de residencia y trabajo. 

“Aún no lo creo”, dice Mounir por teléfono ya fuera del CIE donde estuvo privado de libertad dos semanas en un centro en el que, como confirman los hechos posteriores, nunca debería haber entrado. Solo cuatro días después de su salida del centro de detención para extranjeros, su abogado recibió un correo electrónico del departamento del Ministerio de Inclusión encargado de estudiar los permisos de residencia de extranjeros: el Gobierno había admitido a trámite su petición de regularización extraordinaria, esa que estaba a punto de registrar justo cuando fue detenido por la Policía y que finalmente presentó su abogado después de que él fuese enviado al CIE.

Como ya tenía todos los papeles preparados, pues tenía cita con su abogado cuando el coche en el que viajaba fue parado en un control policial de camino al despacho, su letrado, Álvaro Vico, pudo registrar con facilidad la documentación de Mounir pese a haber sido internado en el CIE. La semana pasada, cuatro días después de la liberación del marroquí después de que su caso fuese denunciado por la Plataforma CIEs No Valencia y difundido en medios de comunicación, su solicitud fue admitida a trámite, lo que conlleva la concesión de un permiso provisional de residencia y trabajo, según el documento oficial al que ha accedido este medio.

“Hace una semana y algo estaba preparando mi ropa para irme y ahora tengo papeles”, resume Mounir aún con cierta sorpresa.

En busca de trabajo en el campo almeriense

El marroquí no daba crédito cuando recibió la llamada del familiar que se lo comunicó. El teléfono sonó cuando acababa de subir en un autobús con destino Almería. Habían pasado solo cuatro días de su salida del CIE y Mounir ya se dirigía a la provincia andaluza para buscar trabajo, aprovechando el aumento de demanda de mano de obra por la campaña del melón y la sandía: “No pensaba que me iban a responder tan rápido. Llevaba semanas sin trabajar y necesitaba dinero. Un amigo vive en Almería y me dijo que allí, con la temporada, se podía conseguir trabajar días sueltos”.

Cuando subió a ese autobús, Mounir no tenía papeles. Cuando llegó a su destino, ya los tenía. “Me llamó mi familiar y me dijo que tenía papeles. No sabía qué hacer. Le dije: ¿Qué hago? ¿Me bajo y vuelvo a casa?”, describe Mounir con cierto tono de burla sobre su bloqueo inicial. “Estuve a punto de volver, pero ahora en Altea es más complicado encontrar trabajo y al tener ya pagado el billete, decidí mantener el plan de ir a Almería. Ahora hay más trabajo y necesito el dinero”. 

Mounir responde a las preguntas de elDiario.es desde la habitación que comparte con el amigo que le acoge en Almería. Ha pasado solo unos días de recibir el permiso y aún no ha encontrado un empleo en el que volver a cotizar, pero cuenta que ya ha empezado a buscar. “Lo que me importa ahora es conseguir algo con contrato, porque así será más fácil luego renovar los papeles y más posibilidades tendré de quedarme”, explica el joven. Mientras no lo logra, necesita seguir pagando sus gastos, por lo que acepta los jornales que le ofrecen por empleos puntuales pagados “en b” en el campo almeriense o en almacenes de la zona. “Si me llaman para descargar un camión o hacer algo puntual, lo hago. Pero lo principal para mí es volver a cotizar”. 

El día de la liberación: “Casi abrazo al policía”

El pasado 18 de mayo aún temía la posibilidad de ser deportado tres días después. Según le habían comunicado a su abogado, esa era la nueva fecha prevista para su salida. Pero esa tarde un agente se acercó a él: “Vas a salir hoy”, recuerda que le dijo. “Me puse tan contento que salté hacia él de la alegría y hasta quería darle un abrazo”, añade entre risas. Rondaban las 18:40 cuando salió del centro. 

Cree que su salida se debe a la unión de distintas personas que decidieron denunciar su caso y pedir su liberación. “Agradezco mucho a la gente que me ha apoyado. No esperaba tanto apoyo”, indica el marroquí, que a su vez recuerda a otros compañeros que se quedaron en el CIE, pese a tener una “situación parecida” a la suya (arraigo y falta de antecedentes). “Me acuerdo de un argelino y un marroquí, que también tenían casi todo preparado. Pero ellos no tenían familia en España como yo, que buscase a un abogado o llegase a ONG o a los medios de comunicación, y no han tenido esta ayuda”, lamenta Mounir. 

“Cuando me cogió la Policía y me llevó al CIE se sentía solo. Pero gracias toda la gente que me apoyó sé que, aparte de mi familia, no estoy solo, porque mucha gente buena me ha ayudado”, reflexiona.

“Me acuerdo de un argelino y un marroquí, que también tenían casi todo preparado. Pero ellos no tenían familia en España como yo, que buscase a un abogado o llegase a ONG o a los medios de comunicación, y no han tenido esta ayuda”, lamenta Mounir. 

Sus palabras evidencian un panorama que coincide con otros casos publicados por elDiario.es de migrantes encerrados en el CIE, en cuyo internamiento no se tuvo en cuenta ni el arraigo ni el hecho de que podían optar al proceso de regularización extraordinaria. Ya son tres los casos difundidos en medios con el tiempo suficiente para evitar el retorno (Mounir, Omar y Oussama) acabasen en su liberación, lo que en la práctica supone un reconocimiento oficial de que no deberían haber sido encerrados.

Criterio clave: el arraigo

En 2014, la Dirección General de la Policía, mediante una circular, estableció unos criterios a tener en cuenta para solicitar el internamiento de personas extranjeras en los CIE, entre las que se contemplan una serie de circunstancias personales genéricas a considerar, entre las que se incluye el arraigo en España, la existencia de domicilio conocido, hijos a cargo o consecuencias de la expulsión para la persona o sus familiares. Mounir estaba empadronado en Altea desde hacía más de un año, había estado dado de alta en un empleo y llevaba en su móvil toda la documentación que iba a presentar a la abogada para solicitar la regularización. No podía ir más preparado para demostrar su arraigo. Pero ni la Policía ni el juzgado de Benidorm que acabó aprobando el internamiento propuesto por los agentes lo tuvieron en cuenta. 

 “Para mí supone un alivio general. Ahora voy con la calle y no tengo que esconderme, no tengo que mirar detrás de mí, no tengo miedo por si me deportan. Me siento como una persona normal, puedo expresarme. Si veo un coche de policía, sé que ahora no me tiene por qué pasar nada”

Cuando se le pregunta qué supone para él tener papeles otra vez, Mounir habla de la tranquilidad de vivir sin miedo. “Para mí supone un alivio general. Ahora voy con la calle y no tengo que esconderme, no tengo que mirar detrás de mí, no tengo miedo por si me deportan”, responde desde Almería. “Me siento como una persona normal, puedo expresarme. Si veo un coche de policía, sé que ahora no me tiene por qué pasar nada”. 

Pero ese temor diario fue tan intenso que a veces el cuerpo tarda en asimilar lo que la mente confirma al obtener un permiso de residencia. El pasado domingo vio a unos agentes pasar a su lado y fue consciente del cambio. Aunque no se asustó, sí fue consciente de su presencia y se recordó que ya no tenía que esconderse por el mero hecho de existir: “Pasaron a mi lado y yo me quedé tranquilo”. 

Las dos semanas de detención estuvieron marcadas por la ansiedad de la deportación. “Estaba asustado, porque sabes que en cualquier momento te pueden llevar y se pasa mal. Aunque allí no me pasó nada malo, no tuve problemas con nadie, estar atrapado cuando quieres trabajar es muy agobiante”, explica. “Da miedo porque te sientes impotente. Yo hasta soñaba que estaba en Marruecos. No sabía qué hacer”, explica el jornalero.

Si hubiese sido expulsado, dice, habría vuelto a intentar venir a España. “Iba a volver a intentarlo aunque me costase la vida. Desde pequeño soñaba con venir, miraba el mar y pensaba en atravesarlo para vivir aquí”.

En los días en que tenía su regreso a Marruecos también pensaba en todo lo que le costó salir de allí. Antes de lograrlo, había pedido un préstamo de cerca de 5.000 euros para costear el viaje en una patera desde El Aaiun (Sáhara Occidental) a Canarias. “Me estafaron. Se fueron con mi dinero. Al principio no quería volver a casa, reconocer a mi familia lo que había pasado, pero me acabaron apoyando”.

Un año después, volvió a intentarlo por la frontera de Ceuta: “Nadé con otro amigo durante todo el día. Salí a las 8 de la mañana y llegué a las 12 de la noche”.

Mounir insiste en que quiere “volver” a cotizar. Dice “volver” porque ya estuvo dado de alta en la Seguridad Social. El marroquí había solicitado asilo tras su llegada a España en 2024. Después de que su petición fuera admitida a trámite, el joven obtuvo el permiso de residencia temporal habitual durante la tramitación del procedimiento. Con esa autorización, trabajó y cotizó durante cerca de cuatro meses como limpiador y ayudante de cocina en un restaurante en Altea. La respuesta negativa a su petición de protección internacional acarreó la pérdida de sus papeles y, por esa razón, la empresa tuvo que despedirle, como prueba la documentación a la que ha accedido este medio. 

“Trabajaba en el mismo restaurante donde yo trabajo y los jefes estaban encantados de con él”, dice Ahmed (nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato) que apoya a Mounir en España. Mientras trabaja en Almería, Ahmed le ayuda a buscar una una oportunidad laboral. Como había estado dado de alta anteriormente, él ya tenía número de la Seguridad Social, por lo que ya está preparado para reactivar su vida laboral en España.

El plan de Mounir pasa por quedarse una temporada en Almería y, si no consigue nada estable y con contrato, volver a Altea donde le encantaría volver a trabajar en la hostelería. “Me gustaba mucho vivir allí y trabajar en la cocina. Voy a ahorrar algo de dinero para después volver, mantenerme por mí mismo y buscar un empleo en el sector”, proyecta el marroquí, unas semanas después de haber dado por hecha su expulsión a las puertas de una regularización que, con muchas trabas, ha acabado logrando de forma provisional.

La presencia de la extrema derecha en el segundo Gobierno de Jorge Azcón ya marca la agenda informativa en Aragón. Vox ha protagonizado este lunes dos polémicas comparecencias en las que la formación ha lanzado propuestas ultras de contenido antiinmigratorio que han incluido también valoraciones negacionistas. Primero ha sido el vicepresidente, Alejandro Nolasco, quien a cuenta de un episodio de violencia machista en Zaragoza ha pedido conocer la situación administrativa del agresor, de origen marroquí, y ha reclamado su “expulsión inmediata” del país. La segunda intervención de la jornada la ha protagonizado David Arranz, diputado de la formación, durante la primera Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, cuando hablando de los comedores escolares, ha dicho que espera que haya “mucho cerdo”.

En su intervención, Arranz ha defendido las políticas educativas impulsadas por Vox y ha cargado contra la izquierda, a la que ha acusado de mantener “discursos trasnochados del marxismo” y de utilizar las aulas para “inculcar sus ideas” y hacer “activismo”. El diputado ultra ha reivindicado la educación concertada y ha defendido la “libertad de elección” de las familias, además de insistir en medidas como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o el apoyo a la educación especial.

Sin embargo, la parte más controvertida de su discurso ha llegado al hablar de los comedores escolares y de la integración cultural. Arranz ha defendido la instalación de cocinas en los centros y el consumo de “productos frescos, de proximidad” y “producto nacional”, antes de añadir: “Y mucho cerdo, me gustará ver mucho cerdo en los comedores escolares, es un alimento muy nuestro y muy de aquí”.

El diputado de Vox también ha cargado contra los programas relacionados con lengua árabe y cultura marroquí en las aulas aragonesas. “Es mejor no seguir con esa lengua árabe y cultura marroquí, si queremos integrar a la gente que viene aquí tendrán que aprender nuestras costumbres y no lo de Marruecos”, ha afirmado.

Además, Arranz ha aprovechado el debate sobre climatización en los centros educativos para cuestionar el cambio climático. “Toda la vida de dios ha hecho calor en verano y frío en invierno”, ha dicho, en un contexto en el que docentes y sindicatos reclaman mejorar la climatización en las aulas, que alcanzan temperaturas que superan los 30 grados.

Horas antes, el vicepresidente del Gobierno aragonés y líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha reclamado la “expulsión inmediata” del detenido por la agresión machista ocurrida este fin de semana en Zaragoza. Nolasco ha pedido conocer la situación administrativa del arrestado y ha asegurado que, si se encontraba en situación irregular, debía ser deportado. La formación ultra ha utilizado así un caso de violencia machista para reforzar su discurso antiinmigración, uno de los principales ejes políticos con los que Vox está marcando el tono del debate público dentro y fuera del Ejecutivo autonómico.

En su intervención, el dirigente de Vox ha mezclado el caso concreto con propuestas generales sobre inmigración y seguridad, ha asegurado que se implantará el principio de prioridad nacional para frenar “el efecto llamada, tan peligroso para la seguridad de las mujeres” y “poner luz y taquígrafos para procurar que estos delincuentes vuelvan a sus casas”. El Departamento está “abierto” a la colaboración de todas las asociaciones y organismos que quieran trabajar junto con el Ejecutivo “para perseguir a estos delincuentes y que las mujeres no tengan que sufrir ni tener miedo a pasear por la calle”.

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y dirigente de Vox, Alejandro Nolasco, ha utilizado la agresión machista ocurrida la pasada semana en el barrio zaragozano de Las Fuentes para endurecer su discurso contra la inmigración y reclamar la expulsión inmediata del detenido, un hombre de origen marroquí. También ha exigido este lunes al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que “desvele” si el agresor de una mujer y su hijo, tiene o no residencia legal en España.

La agresión tuvo lugar en la madrugada del jueves en una vivienda de la calle Batalla de Lepanto. Según informó la Jefatura Superior de Policía en Aragón, agentes de Policía Local y Nacional acudieron al domicilio tras recibir llamadas de vecinos que alertaban de una posible pelea en el ámbito familiar. Allí localizaron a una mujer con varios cortes y golpes, que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, aunque su vida no corría peligro. El presunto agresor, de 37 años y con quien la víctima habría mantenido una relación afectiva, fue detenido y la investigación quedó en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

A partir de este caso, Nolasco ha comparecido este lunes para exigir al Gobierno central que inicie “un expediente urgente para proceder a su inmediata expulsión de España” y cuestionar por qué el detenido no había sido expulsado anteriormente pese a acumular antecedentes.

Durante su comparecencia, el dirigente de Vox ha vinculado directamente el caso con la inmigración irregular y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico utilizará “todas las vías legales” para combatir lo que ha calificado como una “invasión migratoria”. Asimismo, cha criticado los procesos de regularización de inmigrantes impulsados por el Gobierno central, al considerar que generan un “efecto llamada”.

Nolasco también ha cargado contra los ministerios de Interior e Igualdad y ha responsabilidado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que “un delincuente fichado por su peligrosidad delictiva se mueva cómodamente en España”.

El vicepresidente aragonés ha insistido además en reclamar a la Delegación del Gobierno que aclare si el detenido dispone o no de residencia legal en España, una información que, según ha asegurado, todavía no ha sido facilitada al Ejecutivo autonómico. En su intervención, el dirigente de Vox ha mezclado el caso concreto con propuestas generales sobre inmigración y seguridad, ha asegurado que se implantará el principio de prioridad nacional para frenar “el efecto llamada, tan peligroso para la seguridad de las mujeres” y “poner luz y taquígrafos para procurar que estos delincuentes vuelvan a sus casas”. El Departamento está “abierto” a la colaboración de todas las asociaciones y organismos que quieran trabajar junto con el Ejecutivo “para perseguir a estos delincuentes y que las mujeres no tengan que sufrir ni tener miedo a pasear por la calle”.

Respecto al origen de los agresores, ha dicho que “el delincuente se criminaliza solo” y que “un español está aquí, te lo tienes que comer”, pero “hay una gran cantidad de ilegales que cometen delitos por qué tenemos que aguantar eso, se ha preguntado”. El Ejecutivo regional elaborará un plan de retorno de inmigrantes promoviendo acuerdos con los países de origen, remitiéndose al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que faculta para ello a las comunidades autónomas. “La Comunidad Autónoma es competente”.

“No existe ningún algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable”. Rotundo, el papa León XIV hace un llamamiento a acabar con la lógica de la “guerra inevitable”, y condena expresamente a aquellos líderes que, como Donald Trump en Irán (o Netanyahu en Gaza), abogan por la “cultura del más fuerte”. “Cualquier intento o proyecto de eliminar o someter a una nación es gravemente inmoral y, por lo tanto, inaceptable”, señala el Papa en ‘Magnifica Humanitas’, su primera encíclica, que él mismo presenta este mediodía y que ya puede leerse.

En el texto, de 110 páginas, el Papa ofrece una denuncia de los males (y los retos) de la IA, propone un nuevo paradigma social, basado en el diálogo y en la extrema dignidad de toda persona humana frente al “control social” y las “nuevas esclavitudes” del algoritmo y los poderosos, ante los que “no se puede mantener neutrales”, con cinco claves: “Desarmar las palabras, construir la paz en la justicia, asumir la mirada de las víctimas, cultivas un sano realismo y relanzar el diálogo y el multilateralismo”.

“El anuncio del Evangelio no puede olvidar la vida concreta de los pueblos”, sostiene el pontífice quien tarda apenas cuatro párrafos en señalar cómo “la digitalización, la inteligencia artificial y la robótica están transformando nuestro mundo”. Tras defender el derecho a la propiedad universal de los bienes, el Papa avanza la crítica a las “nuevas formas de propiedad: patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos”, que pueden crear “un nuevo desequilibrio (que) alimenta la brecha entre incluidos y excluidos, entre quienes pueden participar en la revolución digital y quienes quedan al margen”.

Sobre la migración, León XIV reclama “salvaguardar el derecho a la esperanza de quienes se ven obligados a partir, garantizando vías seguras y legales, condiciones de acogida digna y vías reales de integración” y, al mismo tiempo, “promover también el derecho a permanecer en la propia tierra en paz y seguridad, abordando las causas profundas que obligan a migrar”, apostando por un desarrollo humano integral que reconozca “los derechos sociales y de los pueblos”.

Y hacerlo desde “un estilo sinodal” en la toma de decisiones, también en la Iglesia, donde el Papa aboga por asumir “la participación de los bautizados en los procesos decisorios y la corresponsabilidad en la misión pasan por organismos de participación reales, no nominales”, y por emprender “un camino de justicia” con “las víctimas de abusos espirituales, económicos, institucionales, sexuales, de poder y de conciencia”, basado en “el reconocimiento del daño, la justa reparación y la prevención”.

La IA genera “nuevas dependencias, exclusiones y desigualdades”

En el tercer capítulo, el Papa entra de lleno en los riesgos y oportunidades de la Inteligencia Artificial. Así, advierte del riesgo de que “un poder de tal envergadura se concentra en unas pocas manos, tiende a volverse opaco y a escapar al control público, y crece el riesgo de un desarrollo distorsionado que genera nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades”.

Sin querer juzgar a la IA, “cualquier afirmación corre el riesgo de quedar obsoleta en poco tiempo”, el Papa sí invita a “evitar el equívoco” de equipararla a la inteligencia humana, pues la IA “no tiene conciencia moral” ni “comprende lo que produce”. “La IA puede ser una ayuda valiosa y, al mismo tiempo, requiere un enfoque sobrio y vigilante” para que no “generar nuevas formas de exclusión”.

“No podemos considerar que la IA sea moralmente neutra”, constata León, quien invita a la transparencia, y a la prudencia, para “debatir el código ético que se va a utilizar”. “No sirve de nada una IA más moral, si esa moral la deciden unos pocos”, afirma, advirtiendo de que “pequeños grupos muy influentes pueden orientar la información y el consumo, condicionar los procesos democráticos e influir en las dinámicas económicas en su propio beneficio, contradiciendo la justicia social y la solidaridad de entre los pueblos”.

Cuidar lo humano es el leit motiv del cuarto capítulo, en el que Prevost aborda cuestiones como la verdad y la democracia, denunciando cómo la tecnología puede usarse “para construir narrativas sesgadas y difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso”. “La desinformación no surge con la IA, pero hoy encuentra en ella un potente multiplicador”, glosa León XIV, quien echa mano de Hannah Arendt para advertir que “el desinterés por la verdad lleva, lenta pero inexorablemente, a deslizarse hacia el totalitarismo”.

Una verdad que debe ser comunicada, aunque duela. También, de nuevo, poniendo como ejemplo a la Iglesia. “Hemos asistido con vergüenza al laborioso descubrimiento de verdades dolorosas, incluso sobre miembros de la Iglesia y sobre realidades eclesiales. En particular, algunos periodistas apasionados por la verdad han desempeñado un papel fundamental a la hora de sacar a la luz injusticias y abusos”, explica Prevost.

En el ámbito educativo, el Papa propone “ayunar de la IA” para “proteger a nuestros jóvenes de la promesa de la máquina perfecta”, y pide “una alianza” entre la política, las instituciones educativas y las familias, además de las “fuertes desigualdades en el acceso a la educación” que aún persisten en el planeta.

“En nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”

Uno de los principales ejes de su encíclica es el valor del trabajo y su dignidad en tiempos de la IA, abogando por la dignidad del trabajo y alertando contra el desempleo que trae la excesiva automatización. “En la era de la IA ya no es posible confiar únicamente en la ‘mano invisible’ del mercado”, sino que “es necesaria una cooperación internacional capaz de definir estrategias comunes”. ¿Cuáles? Prevost define tres: transparencia y responsabilidad, inclusión y acceso, y medidas de equidad. Un camino en el que se deriva “una responsabilidad pública específica”, especialmente en el caso de los estados, que eviten “las dependencias y el control social”.

En este punto, el Papa aboga por “romper las cadenas de las nuevas esclavitudes” en la que se encuentran “millones de seres humanos” en su mayor parte jóvenes y mujeres que “trabajan duramente a cambio de remuneraciones mínimas”. Así, añade, “la Iglesia renueva su firme condena de toda forma de esclavitud” y recuerda que “no reaccionar con firmeza o tolerar estas prácticas significa, en cierta medida, hacerse cómplice hoy de las culpas cometidas ayer, cuando la esclavitud se justificaba o se silenciaba”.

De nuevo, en este punto, Prevost entona el mea culpa. “Es inevitable sentir un profundo dolor al considerar el enorme sufrimiento y la humillación que la esclavitud ha significado para tantas personas (…). Por eso, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”. Una esclavitud que, a veces, toma el rostro del colonialismo, “que no solo domina los cuerpos, sino que se apropia de los datos”. Y, de nuevo, una advertencia: “Si la técnica se convierte en criterio absoluto, la persona corre el riesgo de ser tratada como un dato, un engranaje o una mercancía”.

En el quinto capítulo de la encíclica, ‘La cultura del poder y la civilización del amor’, Prevost entre de lleno en las “graves repercusiones” que un mal uso de la tecnología puede tener en la guerra, transformada por formas híbridas, como “los ataques cibernéticos, la manipulación de la información, campañas de influencia o automatización de decisiones estratégicas”, además de la potenciación de la propia industria de la guerra.

La normalización de la guerra

Hoy, reconoce el Papa, asistimos a “la expansión de una cultura del poder, hecha de polarizaciones y violencias”. “Se está consolidando una cultura del poder, en la que la disponibilidad de medios y la capacidad de dominar tienden a dictar la agenda y los criterios de decisión, relegando el bien común de la humanidad a un segundo plano y reduciendo el drama concreto de los pueblos en guerra a una variable secundaria respecto a los intereses estratégicos”, subraya Prevost, quien lamenta “la normalización de la guerra”.

“Hoy asistimos a un verdadero cambio de paradigma en el discurso público y en las decisiones de rearme, con una preocupante rehabilitación de la guerra como instrumento de política internacional, mientras se erosionan precisamente aquellos criterios éticos que habían limitado su uso”, añade el pontífice, quien alerta de “una preocupante pérdida de memoria histórica”, en “un clima en el que las noticias falsas y las manipulaciones narrativas empañan las lecciones aprendidas”. “Sin una memoria viva de los horrores de la guerra –apunta Prevost– las decisiones políticas corren el riesgo de tomarse basándose en cálculos de fuerza, carentes de una visión de las consecuencias a largo plazo”.

Es en dicho clima donde “la humanidad está cayendo en una cultura violenta del poder, donde la paz ya no aparece como una tarea que asumir, sino como un intervalo precario entre conflictos”. De ahí la condena a la “guerra justa”, “invocada con demasiada frecuencia para justificar cualquier guerra”, con “consecuencias desastrosas para las poblaciones civiles”.

A ello se suma el crecimiento de la industria bélica. “No podemos ignorar los enormes intereses económicos que se esconden tras la guerra”, apunta el pontífice, quien señala la “disuasión nuclear” y la “difícilmente controlable carrera armamentística”, en una carrera sin fin. “Es mucho más sencillo iniciar una guerra que detenerla y, sin embargo, la reflexión sobre la prevención de conflictos sigue siendo dramáticamente marginal”.

“No existe ningún algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable”, replica León XIV, quien admite del riesgo de que nos acostumbremos “a la idea de que la violencia es inevitable y solo debe optimizarse”.

Toda la información en www.religiondigital.org

Es más que evidente que existe un choque entre el ruido político y la realidad cotidiana, por eso, la organización Accem se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la gestión de las migraciones y la protección internacional en Extremadura. Dirigida en la región por Mar García Navarro —quien coordinó la emergencia migratoria en Canarias entre 2021 y 2023—, Accem trabaja desde un enfoque de Derechos Humanos, intervención integral y, de manera muy específica, autonomía a través del empleo. Su experiencia desmiente con datos y con historias de vida los bulos que circulan sobre las personas migrantes.

“No se trata de dar ayudas por darlas, ni de dar el pescado; se trata de enseñar a pescar. El sistema de acogida garantiza prestaciones básicas sí, pero sobre todo, un fuerte apoyo en formación e inserción laboral. En cuanto las personas que llegan a España adquieren el idioma, pasan directamente al área de empleo. Vienen a trabajar, y nuestra experiencia con el empresariado extremeño es excelente”, resume García Navarro. Con los datos de inserción laboral y la valoración positiva de las empresas de la región, queda demostrado que las personas migrantes llegan con voluntad de trabajar y aportar, no de depender de ayudas.

Frente a los discursos xenófobos que repiten que las personas migrantes “viven de ayudas” y “quitan recursos” a la población local, los datos de Accem muestran una realidad radicalmente opuesta: quienes llegan lo hacen con una altísima motivación para trabajar y sostener a sus familias. Y, además, lo hacen en sectores donde la “prioridad nacional” no es que sea injusta: es que es impracticable, porque no hay suficientes personas dispuestas a ocupar esos puestos.

El colectivo atendido por Accem está dando respuesta a necesidades urgentes del mercado laboral extremeño. En la construcción, las empresas trasladan constantemente su preocupación por la falta de personal. Accem forma específicamente a sus usuarios: solo en 2025, 30 personas obtuvieron el título de Prevención de Riesgos Laborales de la construcción para incorporarse de inmediato al sector. En la agricultura y la ganadería, su presencia es vital para campañas específicas como la recogida de la fruta de hueso, evitando que las cosechas se queden en el campo por falta de relevo. En la hostelería y el sector servicios, tanto en cocina como en sala, cubren puestos que cuesta mantener ocupados. Y en el área de cuidados —un sector estratégico en una región envejecida como Extremadura— su aportación es directamente imprescindible.

En el COVID-19

En los momentos más críticos, esa disponibilidad para trabajar se ha traducido en decisiones que hablan de coraje y compromiso. Durante lo peor de la pandemia de la COVID-19, los hospitales extremeños se quedaron sin personal dispuesto a trabajar en la gestión de residuos sanitarios de alto riesgo. Una cincuentena de usuarios de protección internacional de Accem asumió esa tarea en primera línea, equipados con EPIs, en un contexto de miedo generalizado. A día de hoy, algunos continúan trabajando en esa misma empresa, con un grado excelente de satisfacción por parte de la patronal. En la zona de Almaraz, grupos de jóvenes malienses han sido contratados de manera totalmente regularizada para realizar labores técnicas y de mantenimiento, sin fricciones y con un rendimiento óptimo. Es decir: no solo no “quitan trabajo”, sino que ocupan puestos que, de otro modo, quedarían vacantes.

La historia de Accem en Extremadura comienza en 2010, en Cáceres, con apenas dos pisos y 12 plazas disponibles, a petición del Ministerio competente ante la crisis de refugiados de Oriente Próximo. Desde entonces, la infraestructura no ha dejado de crecer. Actualmente, la entidad cuenta con casi 240 profesionales en la comunidad autónoma, la inmensa mayoría de ellos extremeños y formados en la propia región. Lejos de ser un gasto, el funcionamiento de los centros de Accem actúa como un motor económico para Extremadura. La entidad prioriza la contratación de proveedores locales para el mantenimiento de su red: empresas de catering y alimentación extremeñas, comercios locales para la compra de textil —sábanas, toallas—, calzado y vestuario, así como proveedores de material de oficina, mobiliario y papelería. Cada euro que entra en el sistema de acogida se multiplica en la economía local.

A nivel estatal, los datos consolidados de 2025 hablan de casi 17.000 plazas de acogida activas en todo el territorio, principalmente de protección internacional y ayuda humanitaria. En programas de empleo, cerca de 8.000 personas fueron atendidas, y el 34% de ellas encontró un contrato laboral de manera directa. El 57% de esas contrataciones se realizaron en pequeñas y medianas empresas, el tejido que sostiene la economía real del país. En Extremadura, entre 2025 y el primer trimestre de 2026, 296 personas han sido atendidas en programas de empleo. Las principales nacionalidades son Venezuela y Mali. La evolución del perfil migratorio también se ha visto marcada por la guerra de Ucrania: tras el estallido del conflicto en 2022, Accem gestionó 50 plazas específicas en Cáceres, en un espacio facilitado inicialmente por el Ayuntamiento en el edificio Valhondo. Aquella migración fue eminentemente femenina y familiar —madres, abuelas e hijos pequeños—. Hoy, esas plazas se han estabilizado y transformado en pisos de autonomía normalizados.

Red mixta de financiación

La organización trabaja con una red de financiación mixta —estatal, autonómica y privada—. En el contexto político actual, con el nuevo gobierno de la Junta de Extremadura, Accem confirma que se sigue trabajando con absoluta normalidad y que las partidas para los programas autonómicos se mantienen en las mismas condiciones. Al menos, hasta ahora. Entre los programas autonómicos actuales se encuentran la atención humanitaria, dirigida a personas refugiadas en situación de extrema vulnerabilidad; la atención a personas en riesgo de exclusión social, desarrollada en estrecha colaboración con los servicios sociales comunitarios de Cáceres y Mérida —donde, por la propia estructura del programa, la mayor parte de la población atendida en esos pisos es de nacionalidad española—; y las ayudas para el alquiler, en coordinación con servicios sociales e instituciones locales como el Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, para facilitar el acceso a la vivienda.

A estos se suman otros programas destacados: un programa de inmersión lingüística para mujeres migrantes financiado vía IRPF; la intervención en prisiones, con talleres grupales de apoyo a mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios de la región; un taller de aprendices, financiado por la Fundación MAPFRE, un programa de seis meses de formación especializada en el área de mantenimiento y servicios; y un estudio internacional en cooperación, financiado en 2025 por la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID) junto a la Universidad de Extremadura, que consistió en un estudio comparativo pionero entre las metodologías de intervención de la Ruta Atlántica (Canarias) y la Ruta Centroamericana (el tren 'La Bestia' hacia México y Estados Unidos).

Otro de los mitos que Mar García Navarro quiere romper es el de la “vulnerabilidad psicológica crónica” de las personas refugiadas. “Trabajamos con personas inmensamente resilientes. Han pasado por eventos traumáticos y tránsitos migratorios durísimos —que en el caso de las mujeres incluyen la violencia sexual como arma de guerra—, pero llegan dañadas, no destruidas. El número de personas que desarrolla un trastorno de estrés postraumático severo es mínimo. Lo que tienen de verdad son ganas de salir adelante”, subraya. La imagen de personas rotas para siempre no solo es falsa, pues, sino que deshumaniza y niega la capacidad de reconstrucción que demuestran a diario.

Sinergias

También se desmonta, con datos, la idea de que la presencia de centros de acogida aumenta la delincuencia. Las consultas directas de Accem con las instituciones competentes y las fuerzas de seguridad —como la Policía en Mérida— confirman de forma rotunda que en ningún caso ha aumentado la delincuencia por la presencia de estos recursos. Al contrario, se generan sinergias de cohesión social. Un ejemplo es el proyecto desarrollado en Mérida, donde los jóvenes del centro de acogida realizan encuentros con ancianos de residencias de mayores que sufren soledad no deseada, compartiendo historias culturales y ofreciendo acompañamiento mutuo. Lejos de ser un foco de conflicto, la acogida se convierte en un espacio de encuentro intergeneracional.

La reciente denuncia de una agresión sexual en Mérida ha provocado una reacción pública inusualmente intensa por parte de determinados colectivos que, en ocasiones anteriores, no habían mostrado el mismo nivel de implicación ante hechos similares. Este cambio de actitud invita a una reflexión necesaria: cuando la defensa de las víctimas aparece de forma selectiva, condicionada por el origen del presunto agresor, deja de ser una postura coherente de protección a las mujeres para convertirse en un discurso atravesado por otros intereses.

Diversas voces han subrayado que la preocupación legítima por la violencia sexual no puede depender de la identidad, nacionalidad o procedencia de quien la ejerce. De lo contrario, se corre el riesgo de utilizar el dolor de las víctimas como argumento para reforzar prejuicios o agendas excluyentes. En este sentido, algunas reacciones públicas parecen responder más a una narrativa que busca señalar a personas migrantes que a un compromiso sostenido con la erradicación de la violencia machista.

Especialistas en violencia de género recuerdan que este tipo de delitos atraviesa todas las capas sociales y contextos culturales, y que su abordaje requiere políticas integrales y coherentes, no respuestas selectivas. La credibilidad del compromiso social con las víctimas se resiente cuando solo se activa en determinados casos, especialmente si coincide con la posibilidad de alimentar discursos xenófobos.

Este episodio, por tanto, no solo interpela a las instituciones en su respuesta ante la agresión denunciada, sino también a la sociedad en su conjunto: ¿se está defendiendo a las víctimas de manera consistente o se está utilizando su situación para reforzar determinadas posiciones ideológicas?

En la actualidad, otro de los focos mediáticos está en Badajoz, donde se ha producido la llegada reciente de jóvenes de origen maliense que se encuentran sin plazas de pernocta. Desde Accem Extremadura se apela a la prudencia institucional una vez más. La entidad está recabando toda la información técnica para esclarecer la situación administrativa de estos chicos. Al tratarse presuntamente de una competencia autonómica inicial, Accem evalúa los mecanismos para ponerse a disposición de la administración competente y apoyar, si fuera necesario, en la atención humanitaria y el encauzamiento digno de estos jóvenes dentro del sistema regulado. De nuevo, la clave no es el alarmismo, sino la gestión.

Abasse Sagna

Detrás de las cifras y los programas de inserción hay vidas concretas, historias reales que desmontan, una por una, los tópicos y simplificaciones de la llamada “prioridad nacional”. La historia de Abasse Sagna es una de ellas. Salió de Mali con una biografía marcada por la pérdida y la violencia. “He perdido a casi toda mi familia”, cuenta. Sus padres murieron antes del recrudecimiento del conflicto de su país, pero uno de sus hermanos falleció en la guerra. Solo le queda una hermana mayor, con la que vivió tras abandonar su pueblo natal para trasladarse a Bamako, la capital. “La vida en mi país es muy difícil”, resume. La inestabilidad en el norte de Mali, agravada tras la caída del régimen de Gadafi en Libia en 2012, ha impactado especialmente en las zonas rurales. “Es una región por donde circulan armas y grupos armados. Cada año empeora”, explica.

Su proyecto vital, sin embargo, iba por otro camino. Quería estudiar medicina. “Era el sueño de mi madre”, recuerda. Pero su muerte truncó ese objetivo. “Era mi apoyo. Cuando falleció, perdí las ganas de seguir estudiando”. Decidió entonces emigrar a Mauritania, donde trabajó durante años para ayudar a su familia. Allí también enfrentó dificultades, incluido el racismo y un intento fallido de salida hacia Europa que terminó con dos semanas en prisión. No fue hasta octubre de 2023 cuando logró emprender el viaje definitivo. Partió desde Senegal en una embarcación con 57 personas. “Fue muy duro”, dice. Pasaron seis días en el mar hasta llegar a El Hierro. “Había comida y agua, pero el viaje es difícil, sobre todo por la incertidumbre”. Tras una noche en la isla, fue trasladado a Tenerife y posteriormente a la península.

Su llegada a España tampoco fue sencilla. En Mérida, donde fue acogido inicialmente, se encontró con dificultades para iniciar su solicitud de asilo. “Nos decían que había que hacerlo online, pero yo no sabía cómo. Aunque sé leer y escribir, no es fácil en otro idioma”. La falta de apoyo institucional le obligó a buscar alternativas hasta que una red de voluntarios le ayudó a contactar con asistencia jurídica. Fue entonces cuando su situación empezó a cambiar. “Tuve suerte”, afirma. Destaca especialmente el papel de una abogada que le acompañó en el proceso. Gracias a ello, pudo formalizar su solicitud de protección internacional y ser derivado al sistema de acogida en Cáceres, donde llegó en marzo de 2024.

“Allí todo fue diferente”, explica sobre su experiencia en la capital cacereña. A través del programa de acogida, accedió a clases de español, formación y acompañamiento. “En otros centros éramos cientos de personas y apenas se aprendía. Aquí sí”. Con el idioma como base, comenzó a formarse en distintos ámbitos: logística, prevención de riesgos laborales y energías renovables. Hoy trabaja en la hostelería, en el bar Viña Grande, y contó con protección subsidiaria desde enero de 2025. “Ahora ya tengo todo en regla, trabajo y me pago todas mis cosas”, señala. Vive en un piso compartido con dos chicas jóvenes y asegura haberse integrado en la ciudad. “Cáceres es el lugar donde empiezo de nuevo, donde he construido mi vida”.

Racismo

Eso no significa que su camino haya sido fácil ni que haya estado libre de racismo. Relata el caso de una vecina que evitaba coincidir con él en el ascensor y le acusó de “quitar el trabajo” a sus hijos. “Le respondí que yo no tenía las mismas oportunidades que sus hijos, que nacieron aquí”, recuerda. La situación le afectó tanto que decidió mudarse. “Puede afectarte mucho psicológicamente y yo preferí irme de ese edificio”. Además de trabajar, Abasse colabora como traductor para ayudar a otros migrantes recién llegados. “Muchos no hablan español y necesitan apoyo”, explica. También ha retomado los estudios con la intención de reconstruir el camino que dejó atrás. “Quiero volver a estudiar. Ojalá medicina, pero sé que es difícil. Buscaré una opción que me permita vivir dignamente”. Su deseo más profundo es poder reunirse con su hermana, que sigue en Mali. “Es lo que más quiero”, dice. Y lanza una reflexión que va más allá de su caso: “Si hoy estoy integrado en Cáceres, es gracias a la ayuda que recibí de ACCEM. Me ayudaron y enseñaron cómo empezar de nuevo”.

La historia de Jessica López también rompe el cliché de quienes hablan de “efecto llamada” y “abusos del sistema”. Llegó a España sin conocer a nadie, con dos hijos menores y una decisión difícil a cuestas: abandonar Venezuela para garantizarles un futuro. “No fue fácil dejar a mi familia, pero sentía que tenía que hacerlo por ellos”, explica. En su país era docente universitaria, con doctorado y casi veinte años de experiencia. “Con todo eso, al llegar aquí, experimentas un choque total”. Aterrizó en Madrid sin información previa sobre los recursos de acogida. “No sabía que existían programas de apoyo para migrantes”, recuerda. La realidad inicial fue dura: dificultades para acceder a una vivienda, problemas para recibir atención sanitaria para su hijo —que había sufrido un accidente antes de viajar— y la imposibilidad de trabajar sin permisos. “Llegué a pensar en volverme”, admite.

Su situación comenzó a estabilizarse cuando fue derivada a Cáceres, donde accedió a un programa de acogida. “Ahí se me abrió todo”, cuenta. Gracias a ese apoyo pudo acceder a vivienda, orientación laboral y acompañamiento psicológico puntual. “Es fundamental, porque aunque hablemos el mismo idioma, el cambio cultural es fuerte: horarios, costumbres, todo”. Un año después de su llegada, Jessica forma parte de un programa de formación y empleo en el Gran Hotel Don Manuel. Trabaja actualmente como camarera de piso, dentro de un itinerario que incluye rotaciones por distintos departamentos del establecimiento. “En Venezuela yo pagaba para que me ayudaran a limpiar porque no tenía tiempo de hacerlo. Aquí he tenido que hacer incluso un curso para ello. Es un cambio grande, pero me adapto bien”, explica.

Su objetivo, sin embargo, sigue siendo ejercer su profesión. El proceso de homologación de títulos se ha convertido en uno de los principales obstáculos. “El doctorado tardó ocho meses en verificarse. La licenciatura puede tardar entre tres y cuatro años. Es demasiado tiempo”, denuncia. Mientras tanto, no puede trabajar en su ámbito. “Una viene preparada, con experiencia, con ganas de aportar, y se encuentra con muchas puertas cerradas”. También señala las dificultades administrativas para acceder al empleo en general: “Sin permiso de trabajo no puedes hacer nada, y conseguirlo lleva tiempo. Pero si acabas de llegar, ¿quién te da trabajo sin contactos?”. A estas barreras se suma la conciliación. Sus hijos, de corta edad, dependen exclusivamente de ella. “Me organizo como puedo: les dejo la comida hecha, una persona me ayuda a recoger al pequeño… todo es una cadena jumana para poder cumplir con el trabajo”.

En su relato también aparece alguna crítica velada al sistema de acogida. Otro de los puntos más delicados es el acceso a la sanidad en los primeros momentos. “Sin padrón o sin tarjeta sanitaria, no te atienden fácilmente. Mi hijo necesitaba atención y tuve que buscar alternativas por mi cuenta”, relata. Una experiencia que, según denuncia, contradice la idea de una sanidad universal plenamente accesible. Pese a todo, Jessica insiste en su actitud: “Yo no vine a vivir de ayudas. Vine a trabajar”. De hecho, recuerda que el parón inicial le resultó especialmente difícil en España: “Me decían que me lo tomara como unas vacaciones, pero yo no estoy acostumbrada a eso”.

Sobre su país, el diagnóstico es claro: “La situación está igual o peor cada día. Falta de luz, sueldos insuficientes, servicios precarios… no hay futuro”. Esa realidad, dice, sigue empujando a muchas personas a emigrar. Ahora, con 40 años, afronta una reconstrucción vital en un nuevo país. “Es empezar de cero, pero con dos hijos”, resume. Su mayor preocupación es el futuro inmediato: el final del programa de acogida. “Te dan 15 días para salir y es muy poco tiempo. Conseguir alquiler es muy difícil, sobre todo siendo madre sola”. Aun así, mantiene la determinación: “Si hay que empezar de nuevo, se empieza. Lo importante es seguir”.

Contra la propia región

Cuando se escucha a Abasse y a Jessica, cuando se miran los datos de empleo, de impacto económico, de convivencia, la consigna de “prioridad nacional” se revela por lo que es: un eslogan que ignora la realidad material de Extremadura. No es solo que sea injusto excluir a quienes huyen de la guerra, la violencia o el colapso económico. Es que, además, va contra los intereses de la propia región. Extremadura necesita manos para recoger la fruta, levantar andamios, atender a mayores, servir mesas, mantener servicios básicos. Necesita también talento, formación, proyectos de vida que quieran arraigar en la comunidad extremeña.

La migración, tal y como la muestra y demuestra el trabajo de Accem, no es una amenaza ni un gesto de buenismo: es una pieza central para construir un futuro mejor para todas las personas. Para las que vienen y para las que ya estaban. Un futuro en el que los bulos pierdan fuerza frente a los datos, y en el que las historias de humanidad de Abasse, de Jessica y de tantas otras personas se entiendan no como excepciones, sino como parte de la respuesta a una cuestión que Extremadura ya no puede aplazar: ¿Cómo quiere sostener su mañana una región que envejece, pierde población joven y necesita manos, talento y energía para seguir funcionando?

Las previsiones de la Comisión Europea sobre el crecimiento económico de la UE mandan un claro mensaje político. España crece el doble que Europa gracias a políticas contrarias a las que pregona formaciones de ultraderecha como Vox. Tanto la inmigración como la transición verde están empujando el PIB de la economía española y le permite aguantar mejor el impacto del aumento de los precios energéticos por el conflicto de Oriente Medio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también destaca estos factores como “atenuantes” de la presión de los costes energéticos e “impulsores” del crecimiento.

La Comisión Europea volvió a subir las previsiones de crecimiento del PIB español al 2,4% en 2026, una décima más que las predicciones de Bruselas el pasado otoño, según el paquete económico de primavera que presentó la Comisión este jueves. España es el único país al que la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para este año, mientras que se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025, lo que también ocurre con la economía de la zona euro, cuyo PIB se reduce al 0,9 % en 2026.

Para ver con más claridad la solidez de la economía española en el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento del PIB en 2026 para Alemania es del 0,6%, para Francia es del 0,8% y para Italia, del 0,5%. Esto supone que la economía española se prevé que crecerá cuatro veces lo que Alemania o tres veces lo que Francia.

Mientras, el líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, arremete contra lo que denomina “la invasión migratoria” y dice sin aportar pruebas que “en contra de lo que nos dicen aquellos que sostienen que necesitamos mucha más inmigración, lo cierto es que cada vez hay un porcentaje mayor en España de inmigrantes legales en paro”. Los datos que aportan los economistas de la Comisión Europea dan una lectura muy diferente al papel que juegan los inmigrantes en la economía española.

La inmigración como impulso del crecimiento

Al hablar de las previsiones económicas de España, Bruselas asegura que “se prevé que el crecimiento económico esté impulsado principalmente por la demanda interna, respaldada por el sólido comportamiento del mercado laboral y por el crecimiento de la inversión”. En esta demanda interna tiene un importante papel el gasto de los consumidores, que “se beneficiará del crecimiento del empleo en un contexto de sostenida inmigración y de un endeudamiento de los hogares en mínimos históricos”.

En este buen comportamiento del mercado de trabajo “las fuertes entradas de inmigración se prevé que impulsen una nueva expansión de la población activa y fomenten la creación de empleo este año”, asegura la Comisión Europea en su informe sobre España.

“Entre los Estados miembros de mayor tamaño, España registró la revisión positiva más pronunciada por efecto arrastre, donde las sorpresas en materia de empleo añaden automáticamente 0,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2026”, recalcan desde Bruselas.

El FMI ha publicado este viernes un informe con las principales conclusiones de su evaluación sobre la economía española en las que destaca que “el crecimiento reciente ha estado impulsado por el aumento de la fuerza laboral derivado de la inmigración, mientras que también se ha producido cierta aceleración del crecimiento de la productividad”.

“La inmigración contribuyó aproximadamente a tres cuartas partes del aumento acumulado del empleo entre 2022 y 2025. Los inmigrantes —casi tres cuartas partes de los cuales procedían del resto de Europa y de América Latina— han seguido sintiéndose atraídos por la situación económica relativamente favorable de España, el amplio uso del idioma y unas políticas migratorias más acogedoras en comparación con la mayoría de las demás economías avanzadas”, recalcan desde la institución financiera multilateral.

Este respaldo a la inmigración en España como fuente de riqueza y creación de empleo llega en un momento de crítica política por parte de la formación ultraderechista, e incluso del Partido Popular, tras la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del proceso de regularización de alrededor de 500.000 migrantes.

Otra de las políticas que están en el objetivo de la ultraderecha son aquellas que impulsan la transición ecológica. “Los ataques de la internacional reaccionaria contra el ecologismo no son una mera casualidad”, afirma el ex eurodiputado, Florent Marcellesi, que añade que “lo verde es uno de los principales campos de batalla cultural y política”.

En este sentido, el líder de la ultraderecha española insiste en sus discursos en hablar de “fanatismo climático” y de que los “pactos verdes han destruido la industria, la minería y las posibilidades de los ganaderos y agricultores”. Al igual que en su discurso contra la inmigración, sin ofrecer pruebas ni datos, Abascal asegura que el “fanatismo verde” contribuye “a la pérdida de bienestar de los ciudadanos”.

“Posición privilegiada” por las renovables

Sin embargo, un técnico de la Comisión Europea explica que “España está una posición relativamente sólida debido a su crecimiento robusto y a la diversificación de sus fuentes de energía. Esto le da una posición relativamente privilegiada para lidiar con el impacto del conflicto en Oriente Medio”.

En el informe de la Comisión se constata que “los precios de la electricidad están ahora menos estrechamente vinculados a las fluctuaciones de los combustibles fósiles, lo que refleja una mayor proporción de generación con costes marginales bajos, lo que debilita la transmisión de los choques energéticos hacia la inflación general”.

En la Comisión Europea insisten en que se ha aprendido la lección de la crisis de precios energéticos que provocó la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. En comparación con 1995, cada euro de producción económica de la UE requiere ahora, en promedio, un 44% menos de energía mientras que cada euro de producción industrial requiere un 50% menos. Más de un tercio de este progreso se ha producido desde 2019 gracias a las políticas climáticas desplegadas por la UE y los países europeos. “Aunque el fuerte aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio sigue constituyendo un importante choque de oferta negativo, su impacto habría sido mucho más grave sin la notable reducción del consumo energético en la UE”, destaca el informe económico realizado por la Comisión.

Este ajuste ha tenido lugar junto con un cambio progresivo hacia el abandono de los combustibles fósiles en el mix energético de la UE. En los últimos 35 años, la participación de las energías renovables en la energía bruta disponible se ha cuadruplicado, pasando del 5% en 1990 al 20% en 2024 y se ha triplicado en la generación de electricidad en las dos últimas décadas (hasta el 47,5% en 2024), según datos de la Comisión para la UE. Las energías eólica y solar generaron por primera vez en 2025 más electricidad que los combustibles fósiles en la UE. En España los datos son mejores: las renovables ya superan a la generación nuclear y fósil en más del 75% de los días

Con estos datos, Bruselas subraya que “este no es un momento para dar marcha atrás en las políticas, sino para acelerar la transición hacia una economía más resiliente y menos dependiente de los combustibles fósiles”.

En el mismo sentido, el FMI destaca como “factor atenuante” del efecto de la guerra de Irán sobre la economía española a “el impacto limitado del aumento de los precios del gas sobre los precios mayoristas de la electricidad, debido al creciente peso de las energías renovables en la matriz eléctrica”.

El Govern balear del PP ha elevat la seva ofensiva contra la regularització extraordinària de persones migrants aprovada pel Govern central i sol·licitarà al Tribunal Supremo que suspengui cautelarment la mesura mentre resol el recurs contenciós administratiu que l’Executiu autonòmic preveu presentar en els pròxims dies.

L’anunci l’ha fet aquest divendres el portaveu i vicepresident primer de l’Executiu, Antoni Costa, després de la reunió del Consell de Govern, que ha autoritzat l’Advocacia de la Comunitat Autònoma a iniciar el procediment judicial contra el reial decret aprovat pel Govern de Pedro Sánchez. Balears segueix així la senda de la Comunitat de Madrid, que, juntament amb Vox i organitzacions d’extrema dreta, també ha recorregut la mesura entre vaticinis sobre un suposat impacte damunt els serveis públics.

En contra del criteri de diferents estudis i organismes públics que qüestionen el relat de la dreta i l’extrema dreta segons el qual la migració estaria directament relacionada amb la sobresaturació de la xarxa assistencial pública, el Govern de Marga Prohens sosté que la regularització -que permetrà que milers de persones en situació administrativa irregular accedeixin a permisos de residència i treball- tindrà un cost “significatiu” i “substancial” damunt els sistemes sanitari, educatiu i social de Balears, tot i que ha evitat concretar xifres.

“Tenim estimacions, però es manifestaran en el seu moment”, s’ha limitat a assenyalar Costa, retraient a l’Executiu central que no hagi previst mecanismes de compensació econòmica per a les autonomies. “La sensació és que Pedro Sánchez convida i la resta pagam”, ha recriminat, retraient, així mateix, que el decret s’aprovàs sense consens amb les comunitats autònomes, sense debat parlamentari i sense una memòria econòmica que quantifiqui el seu impacte damunt els serveis públics.

En realitat, les persones en situació irregular ja tenen dret a l’assistència sanitària normalitzada a Espanya després de diverses reformes impulsades pel Govern central, la darrera de les quals el març d’enguany. La modificació va corregir algunes escletxes de la normativa anterior per les quals encara es produïen casos d’exclusió sanitària en determinats supòsits.

L’únic canvi rellevant que comportarà la regularització és que, una vegada donades d’alta a la Seguretat Social, aquestes persones hauran de rebre la corresponent targeta sanitària mitjançant un procediment administratiu simplificat que ja contempla la mateixa web autonòmica. Es tracta, per tant, d’una modificació més qualitativa que material: en tenir ja reconegut l’accés a l’assistència sanitària, no es preveu un increment significatiu de la despesa pública ni una situació d’urgència administrativa, atès que aquestes persones ja compten amb atenció mèdica assignada.

D’altra banda, l’Informe de seguiment del Marc Estratègic de Ciutadania i Inclusió contra el Racisme i la Xenofòbia 2023-2027 conclou que la població estrangera no comunitària utilitza menys els serveis sanitaris que la població espanyola i presenta, en termes generals, una estructura demogràfica més jove, fet que redueix la seva pressió assistencial damunt el sistema sanitari.

Contribució a les cotitzacions fiscals

En matèria econòmica, diversos anàlisis acadèmics subratllen que les persones migrants contribueixen de manera neta al sosteniment de l’estat del benestar a través de cotitzacions i imposts, especialment en sectors amb manca de mà d’obra. En aquesta línia, el Banco de España subratlla la contribució de la població migrant al mercat laboral i al sosteniment del sistema de pensions en un context d’envelliment demogràfic. Així mateix, indica que la regularització de migrants permetrà augmentar les cotitzacions socials i els ingressos fiscals en aflorar ocupació no declarada.

Malgrat això, Costa ha insistit en el possible “efecte crida” que podria provocar la mesura, un argument recurrent en el debat migratori però qüestionat per especialistes i entitats socials, que sostenen que no existeix evidència concloent que les regularitzacions extraordinàries provoquin un augment automàtic d’arribades.

El també conseller d’Economia, Hisenda i Innovació ha vinculat igualment l’oposició de l’Executiu autonòmic a la seva estratègia de “transformació del model de creixement” de Balears. Preguntat pel suport que organitzacions empresarials han mostrat al procés de regularització davant la manca de treballadors en sectors com l’hostaleria o les cures, Costa ha defensat que “es pot establir una correlació directa entre creixement en volum i necessitat de mà d’obra”.

La iniciativa judicial se suma a l’enduriment del discurs migratori impulsat per diferents governs autonòmics del PP en els darrers mesos, en un context marcat per l’auge dels postulats d’extrema dreta i la intensificació de les crítiques a les polítiques migratòries del Govern central. A Balears, aquest discurs emergeix, a més, en un escenari de forta crisi habitacional derivada de l’encariment del lloguer, l’especulació immobiliària, la saturació derivada del model turístic i la precarització laboral.

El Govern balear del PP ha elevado su ofensiva contra la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno central y solicitará al Tribunal Supremo que suspenda cautelarmente la medida mientras resuelve el recurso contencioso-administrativo que el Ejecutivo autonómico prevé presentar en los próximos días.

El anuncio lo ha realizado este viernes el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo, Antoni Costa, tras la reunión del Consell de Govern, que ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a iniciar el procedimiento judicial contra el real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Balears sigue así la senda de la Comunidad de Madrid, que, junto a Vox y organizaciones de ultraderecha, también ha recurrido la medida entre vaticinios acerca de un supuesto impacto sobre los servicios públicos.

En contra del criterio de distintos estudios y organismos públicos que cuestionan el relato de la derecha y la extrema derecha según el cual la migración estaría directamente relacionada con la sobresaturación de la red asistencial pública, el Govern de Marga Prohens sostiene que la regularización -que permitirá que miles de personas en situación administrativa irregular accedan a permisos de residencia y trabajo- tendrá un coste “significativo” y “sustancial” sobre los sistemas sanitario, educativo y social de Balears, aunque ha evitado concretar cifras.

“Tenemos estimaciones, pero se manifestarán en su momento”, se ha limitado a señalar Costa, reprochando al Ejecutivo central que no haya previsto mecanismos de compensación económica para las autonomías. “La sensación es que Pedro Sánchez invita y el resto pagamos”, ha recriminado, reprochando, asimismo, que el decreto se aprobase sin consenso con las comunidades autónomas, sin debate parlamentario y sin una memoria económica que cuantifique su impacto sobre los servicios públicos.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España tras varias reformas llevadas a cabo por el Gobierno central, la última de ellas en marzo de este año. La modificación corrigió algunas grietas de la normativa anterior por la que aún se producían casos de exclusión sanitaria en determinados supuestos. 

El único cambio relevante que traerá la regularización es que, una vez dadas de alta en la Seguridad Social, estas personas deberán recibir la correspondiente tarjeta sanitaria mediante un procedimiento administrativo simplificado que ya contempla la propia web autonómica. Se trata, por tanto, de una modificación más cualitativa que material: al tener ya reconocido el acceso a la asistencia sanitaria, no se prevé un incremento significativo del gasto público ni una situación de urgencia administrativa, dado que estas personas ya cuentan con atención médica asignada.

Por otro lado, el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027 concluye que la población extranjera no comunitaria utiliza menos los servicios sanitarios que la población española y presenta, en términos generales, una estructura demográfica más joven, lo que reduce su presión asistencial sobre el sistema sanitario.

Contribución a las cotizaciones fiscales

En materia económica, diversos análisis académicos subrayan que las personas migrantes contribuyen de forma neta al sostenimiento del Estado del bienestar a través de cotizaciones e impuestos, especialmente en sectores con falta de mano de obra. En esta línea, instituciones como el  Banco de España subrayan la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico. Asimismo, indica que la regularización de migrantes permitirá aumentar las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales al aflorar empleo no declarado.

Pese a ello, Costa ha insistido en el posible “efecto llamada” que podría provocar la medida, un argumento recurrente en el debate migratorio pero cuestionado por especialistas y entidades sociales, que sostienen que no existe evidencia concluyente de que las regularizaciones extraordinarias provoquen un aumento automático de llegadas.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación también ha vinculado la oposición del Ejecutivo autonómico a su estrategia de “transformación del modelo de crecimiento” de Balears. Preguntado por el respaldo que organizaciones empresariales han mostrado al proceso de regularización ante la falta de trabajadores en sectores como la hostelería o los cuidados, Costa ha defendido que “se puede establecer una correlación directa entre crecimiento en volumen y necesidad de mano de obra”.

La iniciativa judicial se suma al endurecimiento del discurso migratorio impulsado por distintos gobiernos autonómicos del PP en los últimos meses, en un contexto marcado por el auge de los postulados de extrema derecha y la intensificación de las críticas a las políticas migratorias del Gobierno central. En Balears, este discurso emerge además en un escenario de fuerte crisis habitacional derivada del encarecimiento del alquiler, la especulación inmobiliaria, la saturación derivada del modelo turístico y la precarización laboral.

La Comunidad de Madrid dice que la sanidad madrileña se “distorsionará completamente” por dar los papeles a miles de vecinos que, sin embargo, ya tienen reconocido ese derecho. El Gobierno de Ayuso también defiende que la regularización colapsará de manera inmediata ayudas como la Renta Mínima de Inserción que, sin embargo, exige al menos un año de residencia legal en el país. Son algunos de los argumentos falsos o tergiversados que el Ejecutivo madrileño ha incluido en el recurso con el que pide al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del real decreto que aprobó el proceso extraordinario de regularización, mientras sus magistrados estudian el fondo del asunto.

El Tribunal Supremo celebrará este viernes la vista para escuchar a las distintas partes que han pedido que paralice de forma cautelar el procedimiento de regularización extraordinaria, tras los recursos presentados por varios actores, entre los que destaca la Comunidad de Madrid. Para justificar la urgencia de la suspensión cautelar planteada, el Gobierno de Ayuso enumera uno a uno los servicios autonómicos que, a su juicio, se verían “colapsados” o “distorsionados completamente” por un supuesto incremento de cientos de miles de beneficiarios.

Sin embargo, muchos de los argumentos utilizados son falsos o chocan con la realidad de personas migrantes que acaban de regularizar su situación administrativa en España. Por un lado, el Gobierno de Ayuso habla del impacto en algunos servicios autonómicos a los que las personas sin papeles, aunque con algunas trabas, ya tenían derecho antes de que vayan a obtener el permiso de residencia, como la sanidad o la educación posobligatoria.

Por otro, la Comunidad de Madrid menciona algunas ayudas sociales a las que las personas sin papeles no pueden acceder, por lo que la obtención de su tarjeta de residencia sí conllevará de manera paulatina un posible aumento de la demanda, sin embargo, muchos de los requisitos de los ejemplos incluidos por el Ejecutivo autonómico son muy complicados de cumplir para la mayoría de personas que acaban de salir de una situación de irregularidad. Por tanto, su acceso a dichas ayudas no se daría de forma inmediata en cuanto obtuviesen sus permisos provisionales, pues muchas de ellas exigen un tiempo mínimo de residencia regular en España o empadronamiento.

Sanidad: ya cuentan con ese derecho

En el ámbito sanitario, el Gobierno regional afirma que un incremento de cientos de miles de personas “distorsiona completamente” toda la actual planificación de la red asistencial de la región. Explica que los recursos humanos, la organización de los centros y la estimación de la demanda dependen de la población asegurada asignada a cada facultativo. El Gobierno de Ayuso también apunta a los efectos de la regularización sobre el sistema de salud. El recurso subraya que el acceso a la sanidad difiere en el caso de los residentes, ya que la condición de asegurado implica la asignación de la Tarjeta Sanitaria Individual. “Esto supone un cambio cualitativo, ya que en ese momento se debe asignar un centro de salud y un facultativo”, recoge el escrito. 

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España, después de varias reformas realizadas por el Gobierno, la última en marzo de este año, que arregló algunas grietas de la normativa anterior por la que aún se producían casos de exclusión sanitaria en determinados supuestos. Sin embargo, actualmente en la Comunidad de Madrid, las personas sin papeles pueden acceder a este derecho a través de un código, llamado DASE, (Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España) que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. En su propia página web, la Comunidad de Madrid explica cómo a las personas sin papeles cómo solicitar este documento.

El único cambio, por tanto, es que una vez dados de alta en la seguridad social se les tendrá que asignar la citada tarjeta sanitaria, en su procedimiento sencillo que también explica la web autonómica. Es una cuestión, como dice el recurso, cualitativa. Como ya tienen acceso a ese derecho, no se espera que suponga un mayor gasto para las arcas públicas y la modificación no requiere inmediatez, pues estas personas ya tienen un médico asignado.

“¿Cómo va a generar colapso en el sistema sanitario un derecho que ya está reconocido?”, dice Ignacio Peña, coordinador de Salud Entre Culturas, una organización especializada en el acceso a la salud de las personas migrantes, que cuenta con un reconocido programa de acompañamiento a pacientes extranjeros en el Ramón y Cajal. “En el pasado había muchos casos de exclusión, pero ahora mismo en la Comunidad de Madrid, se habilita el DASE sin casi problemas, con más o menos trabas, pero ya funciona bastante bien”, añade.

Ya acceden a FP y grados superiores

Respecto a la educación, el escrito señala que los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las etapas posobligatorias y al sistema público de becas “en las mismas condiciones que los españoles”. El recurso expone que es “lógico” que estas personas pretendan acceder a cursos de formación profesional o educación de adultos para integrarse en el mercado laboral. No obstante, justifica su impugnación advirtiendo que el reconocimiento de estas ayudas o las matrículas en las actividades formativas supone una “actividad administrativa irreversible”, cuyos efectos económicos y organizativos resultaría imposible deshacer con posterioridad.

La realidad es que las personas en situación irregular pueden cursar actualmente grados superiores y cursos de Formación profesional en España. La legislación española no impone la residencia legal como requisito de admisión académica. El obstáculo que se encuentran los estudiantes adultos en situación irregular tiene que ver con las trabas en el momento de la expedición oficial del título, cuando sí es exigido contar con el permiso de residencia. Muchas personas deciden estudiar igualmente para aprovechar su tiempo sin papeles, pues pueden solicitar un certificado de notas para probar la formación mientras no logran el título oficial. 

Es el caso de Hilary, peruana de 18 años, que lleva meses cursando un curso de Formación Profesional (FP) de Estética en la Comunidad de Madrid pese a no tener papeles. La joven contó a elDiario.es que sabía que, sin permiso de residencia, no podía conseguir el título, pero sí está matriculada y puede asistir a sus clases con cierta normalidad. “Sin tener papeles no puedo recibirlo, por eso la regularización es tan importante para mí”, explicó. También Mario (nombre ficticio), un hombre peruano, se inscribió en un FP de Telecomunicaciones justo cuando perdió su autorización para vivir y trabajar en España, al ver rechazada su petición de asilo: “Aproveché ese momento para no perder el tiempo. Espero que, cuando acabe, ya tenga los papeles y pueda buscar trabajo en ese sector”, explica el peruano que, en este caso, se matriculó en Huelva. 

Sobre las becas, con el reconocimiento de su permiso de residencia los estudiantes podrán optar como cualquier ciudadano a este tipo de ayuda, pero de nuevo se descarta el efecto inmediato e “irreversible” mencionado por el Gobierno de Ayuso. Las personas extranjeras, para optar a una beca, necesitan autorización de estancia o residencia legal en España “a 31 de diciembre del año anterior al inicio del curso”. Por tanto, los migrantes regularizados en este procedimiento no podrían acceder a las ayudas hasta al menos 2027.

Los requisitos de los servicios sociales

La Comunidad de Madrid destaca que la irrupción de nuevos solicitantes puede “distorsionar el presupuesto, desplazando a otros beneficiarios y ralentizando la gestión”. El texto cita la Renta Mínima de Inserción, una prestación económica que, añade, está dirigida a quienes “acrediten tener residencia legal en la Comunidad de Madrid”. El ejecutivo autonómico alega que este derecho se encuentra dimensionado estrictamente para una demanda estimada, por lo que cree imprescindible la paralización cautelar porque, si el Supremo suspendiese paralizarlo más adelante, revertir la prestación “se entiende imposible”.

Pero el recurso no menciona un dato importante. Para conseguir la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid los solicitantes deben acreditar “residencia legal, permanente y efectiva” en la región durante el año inmediatamente anterior a la solicitud. Es decir, las personas que obtengan la regularización no podrán acceder a ella hasta que se cumpla un año de la emisión de la tarjeta de identificación de extranjero en vigor y de su empadronamiento en la región, es decir, como mínimo hasta a partir de verano de 2027

Por otro lado, cualquier persona empadronada en la Comunidad de Madrid puede tener acceso a los servicios sociales autonómicos o municipales según la normativa española, en lo relacionado con la atención de trabajadores sociales. De hecho, el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos, y su acceso normalizado al mercado laboral, puede provocar que esas personas necesiten menor atención de dichos servicios.

Vivienda

Vivienda

La Comunidad de Madrid argumenta que la norma produciría una “indudable distorsión” en los cupos, baremos y listas de la vivienda pública. Sostiene que el sistema no está diseñado para el acceso inmediato de miles de nuevos solicitantes, ya que la gestión en esta materia ya es “compleja” debido a su escasez. El recurso señala que, conforme a la legislación, “los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda” , y advierte de que este es un caso en el que, una vez adjudicado el derecho, se hace “extremadamente complicado revertir la situación” en el plano de la gestión si la justicia les da la razón más adelante.

Sin embargo, la letra pequeña de muchas de las ayudas de la Comunidad de Madrid, así como la realidad de las circunstancias de los ciudadanos que acaban de salir de la irregularidad administrativa evidencian que las personas que obtengan la regularización no podrán acceder de manera tan fácil, al menos no tan rápida, como defiende el recurso. 

La mayoría de estos planes exigen requisitos que, en la práctica, complican su acceso inmediato a quienes acaban de ser regularizados. Estos son algunos de ellos:

Habían pasado tres días de la entrada en vigor de la regularización extraordinaria, pero no fue hasta el 20 de abril cuando el procedimiento se hizo visible en la calle. Ese día, las oficinas habilitadas abrieron sus puertas para recibir presencialmente las peticiones de migrantes sin papeles y solicitantes de asilo que ansiaban estabilizar su situación administrativa. La escena se repitió en distintas ciudades: colas desde la madrugada, carpetas de plástico repletas de documentos, miradas tensas y una mezcla de alivio e incertidumbre. En solo una semana, 120.000 peticiones fueron registradas, según los primeros datos facilitados por el Gobierno.

Un mes después, el procedimiento continúa “a buen ritmo”, según fuentes del Ministerio de Inclusión, que por ahora evitan ofrecer cifras actualizadas de solicitudes recibidas. En la calle, la ilusión se hizo visible desde el primer día, pero también el agobio de quienes temían que cualquier problema les impidiese registrar su petición antes de la finalización del plazo, marcado para el próximo 30 de junio. Sin embargo, el avance de la medida se ha encontrado con otra fecha clave: este viernes, cuando el Tribunal Supremo celebrará una vista para escuchar varias peticiones —entre quienes se encuentran la organización ultra Hazte Oír, Vox y la Comunidad de Madrid— de paralizar de forma cautelar el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes mientras se resuelve el fondo del asunto.

En contra de la paralización cautelar, el Abogado del Estado ha alegado la “afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general”, según indicó en un escrito de alegaciones al que tuvo acceso Europa Press. Aunque se desconoce una cifra oficial del número de migrantes y solicitantes de asilo que se verán afectadas en caso de paralización cautelar, las estimaciones realizadas por elDiario.es apuntan a que las peticiones presentadas durante el primer mes de procedimiento podrían superar las 300.000 peticiones.

Según el último dato oficial, aportado el 5 de mayo por la secretaria de Estado de Migraciones, durante la segunda semana de procedimiento unas 200.000 personas habían pedido la regularización desde la entrada en vigor de la medida. A falta de datos más recientes, y si se mantiene la cadencia inicial —marcada por un aluvión de solicitudes en los primeros días y una progresiva estabilización—, las peticiones formalizadas podrían superar las 300.000, según los cálculos de este medio. Las ONG especializadas esperaban un nuevo pico de las peticiones presentadas en el mes de junio, debido a que quienes llegaron a España en diciembre no pueden presentar su petición hasta no haber residido en el país cinco meses completos.

Primeros permisos provisionales

Las miles de personas que durante el primer mes del procedimiento de regularización han visto admitida a trámite su petición, transcurridas al menos dos semanas del registro, han recibido un Número de Identificación de Extranjero (NIE) ligado a un permiso provisional de residencia y trabajo, mientras su solicitud es estudiada a fondo. Una de ellas es Luisa Roldán. 

La mujer, originaria de Medellín, ya tiene autorización para trabajar en España después de vivir sin papeles durante dos años. La colombiana pidió la regularización de manera telemática a través de una abogada de una ONG el pasado 11 de abril. Un mes después —con quince días de retraso con respecto al plazo estipulado— recibió el escrito del Ministerio de Inclusión que confirma la admisión a trámite de su petición junto a su número de NIE y un permiso provisional para trabajar mientras se estudia la petición. “Me ha costado tanto, que pensaba que me iba a emocionar muchísimo; pero, hay tanto por hacer y cada trámite es tan complicado que, cuándo lo recibí ni lo celebré, pensé rápidamente en lo siguiente que debía hacer”, reconoce.

Objetivo: cotizar

Lo “siguiente” era buscar un empleo con contrato, por el que pueda empezar a cotizar en España, su principal objetivo, ya que actualmente trabaja por horas en el sector de la limpieza sin estar dada de alta en la seguridad social. Primero, ha empezado buscando ofertas de empleo en su sector de preferencia, el marketing digital y las organizaciones, área en la que ha trabajado de manera voluntaria para ONG que también le ayudaron a ella en sus primeros meses en el país. “He empezado por lo que más me gusta, pero si no encuentro también voy a buscar en otros sectores como dependienta en tiendas o en la hostelería”, añade la joven.

No quiere perder tiempo. Sabe que de su tiempo cotizado dependerá la renovación posterior del permiso que tanto le ha costado conseguir: “Siento que se me ha abierto el camino. Con este permiso de trabajo, ya empieza a contar mi año para renovar, así que he empezado a moverme”, explica desde Valencia, donde actualmente trabaja en la limpieza de cinco viviendas.

Desde el inicio del procedimiento, el Ejecutivo calcula que la medida concederá los papeles alrededor de 500.000 personas. Esa estimación, sin embargo, no habla de peticiones registradas, pues la cartera dirigida por Elma Saiz asumía que el número de solicitudes superaría esa primera estimación, pues su estimación incluye cierto porcentaje de desestimación. Según detalló el Ministerio de Migraciones el día de la aprobación del real decreto de la regularización, el departamento calculaba recibir en torno a 750.000 solicitudes a lo largo de todo el proceso, de las que cerca de un 30% podrían ser rechazadas por no cumplir los requisitos establecidos, según las proyecciones iniciales.

De las colas a la estabilización

El primer mes de plazo ha estado atravesado por el desconcierto, ligado principalmente a uno de los requisitos más controvertidos: el informe de vulnerabilidad. Este documento, exigido solo en determinados supuestos —especialmente para las personas sin papeles que no vivan con sus familiares o que no puedan acreditar vínculos laborales—, se convirtió rápidamente en el principal cuello de botella del procedimiento. Durante las primeras semanas, largas colas se formaron a las puertas de servicios sociales municipales y de las pocas organizaciones no gubernamentales que comenzaron a expedir estos certificados. Hubo quienes durmieron a la intemperie para conseguir un turno, quienes regresaron varios días seguidos sin éxito, quienes no entendían por qué ese papel se había convertido en la llave de acceso al proceso.

A partir de la segunda quincena, el panorama comenzó a cambiar. Más organizaciones se sumaron a la expedición de certificados, se habilitaron nuevos puntos de atención y las filas empezaron a reducirse. La presión en la calle disminuyó, pero aparentemente no ha significado una caída en las solicitudes. Tampoco de las necesidades que las ONG se están encontrando en su labor de apoyo en el procedimiento, según explica Edith Espínola, portavoz del Movimiento Regularización Ya.

“Estamos contentísimas porque muchas personas están logrando introducir sus expedientes para regularizarse, pero también es agridulce porque vemos que hay muchísimas necesidades. Hay gente que no está pudiendo conseguir la documentación, que sus países no están colaborando para entregarle los antecedentes penales que no están empadronados y que no sabemos cómo vamos a conseguir que se empadronen para que, después puedan poner la huella para obtener sus documentos”, sostiene.

Luisa, originaria de Medellín, era desplazada interna en Colombia debido a la violencia del país. Migró a España por un conjunto de razones, entre las que se entremezclan la seguridad y las difíciles condiciones económicas. A su llegada a Valencia, empezó a trabajar en el cuidado de una anciana con demencia varias horas por las noches. “Me pagaban poco, ocho euros la hora, aunque ya era más que a otras compañeras. Era muy duro y no pude estar más de unos meses”, recuerda. Después, y hasta la actualidad, pasó a trabajar a limpiar casas por horas.

“Por fin podré buscar un trabajo más estable, en condiciones dignas, con un contrato, que me den de alta en la Seguridad Social, que me paguen vacaciones, acceder a una baja si caigo enferma…”, dice Luisa para detallar la manera en que puede cambiar su vida el permiso de trabajo recibido hace una semana. En el tiempo en que ha permanecido en España sin poder regularizarse, tuvo varias oportunidades de trabajar regularmente en proyectos de marketing digital en el Tercer Sector, pero perdió varias oportunidades laborales, en las que pudo haber cotizado, por una única razón: carecer de documentación en regla. 

Ahora, la autorización provisional ha empezado a abrirle un camino que, dice, va a empezar a recorrer. No conocía los detalles de los recursos presentados ante el Supremo para frenar el proceso de regularización, pero sí sabía que podía haber obstáculos. ¿Qué pasaría si, ahora que ya tiene el permiso, se frena el proceso?

Luisa responde con la paciencia de quien ha esperado demasiado, con la resignación de los dos años de trabas burocráticas en su intento de construir una vida en España. “Cuando mi psicóloga me pregunta qué es lo que podría hacer que volviera a mi estado de ánimo anterior, tras pasar por una depresión, le dije precisamente que no llegara a salir la regularización”, explica la colombiana. “De la regularización depende mi estado de ánimo y mi estabilidad. Pero llegué a la conclusión que, si al final no saliese, ya aguanté dos años, podría aguantar otro poco más”, añade.

Desde el Movimiento de Regularización Ya asumían que a lo largo del proceso de la regularización podrían encontrarse trabas judiciales desde determinadas formaciones, pero dicen confiar en la Justicia: “Esperamos que el Tribunal Supremo sea realmente la Casa de la Justicia y no de la injusticia para una población que sostiene la vida de miles de españoles a diario en casi todos los puestos de servicios, en lugares invisibilizados y expuesto a muchísimo abuso y explotación”, concluye Edith Espínola.

El PP tombarà finalment una transacció amb què Vox a Balears buscava excloure dels serveis d'atenció primerenca infants de famílies en situació irregular a Balears, un plantejament que ha generat un fort rebuig entre les formacions d'esquerres i les entitats socials.

La formació d'extrema dreta havia presentat la proposta en una de les esmenes dels populars a la llei autonòmica d'acceleració de projectes estratègics, una norma concebuda per agilitzar inversions però reconvertida per PP i Vox en calaix de sastre per modificar, mitjançant mútliples modificacions legislatives, bona part de l'ordenament autonòmic balear. Com denuncien des de l'oposició, les correccions estan provocant la reforma encoberta de més de 50 lleis autonòmiques.

Segons ha explicat aquest dilluns el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, l'esmena registrada originalment pels populars no modificava els criteris d'accés al servei, sinó que buscava introduir canvis de caràcter administratiu per reduir burocràcia i, més en concret, facilitar la consulta telemàtica de documentació vinculada a l'atenció primerenca.

Posteriorment, Vox va presentar una transacció a aquesta esmena per incorporar nous requisits i limitacions d'accés. Sagreras ha subratllat que les condicions per accedir a aquests serveis estan regulades per normativa estatal i ha assegurat que, “per evitar dubtes”, el PP votarà en contra de la transacció o, si no, retirarà directament la seva esmena.

L'accés a l'atenció primerenca a Balears està regulat pel Decret 85/2010, aprovat durant el segon mandat del socialista Francesc Antich i que organitza la xarxa pública i concertada destinada a menors d'entre 0 i 6 anys amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-los. La norma defineix aquest servei com una atenció integral de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador dirigida a nens especialment vulnerables, i estableix que la valoració d'accés ha de basar-se en criteris clínics, evolutius i socials.

“És un servei que atén nens molt vulnerables, nens petits, amb discapacitat o necessitats especials, i creiem que el darrer que necessiten és que es faci soroll polític”, ha afirmat el portaveu popular en la roda de premsa prèvia al ple del Parlament. La qüestió es debatrà aquest dimarts en una nova reunió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos de la Cambra balear, òrgan encarregat d'elaborar el dictamen de la llei de projectes estratègics.

La polèmica ha provocat dures crítiques de l'esquerra, que acusa el PP d'assumir parcialment postulats de Vox i d'haver rectificat únicament després del rebombori social generat per la proposta. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha qualificat la iniciativa d'“indecent” i ha sostingut que els populars han fet marxa enrere per l'“escàndol” suscitat entre entitats de l'àmbit social i educatiu.

També el portaveu parlamentari del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha carregat contra les esmenes pactades entre PP i Vox durant la tramitació de la llei. Negueruela ha acusat el Govern d'“acceptar discursos que ataquen els menors segons el seu origen” i ha denunciat que una altra de les modificacions impulsades elimina el terme “violència masclista” per substituir-lo per “violència contra la dona”, una reivindicació habitual de Vox.

Així mateix, el dirigent socialista ha criticat que el PP hagi incorporat en una altra esmena propostes relatives al sòl rústic que, segons ha dit, contradiuen compromisos previs del Govern sobre els límits a l'increment d'edificabilitat en aquest tipus de terrenys.

A finals d'abril, Vox va presentar una Proposició No de Llei (PNL) per reclamar que els espanyols tinguin preferència en àmbits com la sanitat, l'habitatge o les prestacions públiques sota el concepte de “prioritat nacional”. El Govern del PP va expressar la seva disposició a donar suport a la iniciativa sempre que es plantegi en termes de residència legal i no de nacionalitat, remetent-se a l'acord assolit amb la formació d'extrema dreta per endurir l'accés a determinades ajudes socials.

Aquest pacte contempla exigir un mínim de tres anys de residència legal ininterrompuda a les Balears per poder accedir a la renda social garantida (Resoga), a més de reforçar els mecanismes de control, revisió i reintegrament de prestacions. La modificació suposa un gir rellevant en la principal xarxa de protecció social de la comunitat, en introduir criteris més restrictius que, segons la pròpia argumentació política de Vox, persegueixen frenar l'anomenat “efecte crida”.

El PP tumbará finalmente una transacción con la que Vox en Balears buscaba excluir de los servicios de atención temprana a niños de familias en situación irregular en Balears, un planteamiento que ha generado un fuerte rechazo entre las formaciones de izquierdas y las entidades sociales.

La formación de extrema derecha había presentado la propuesta en una de las enmiendas de los populares a la ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero reconvertida por PP y Vox en cajón de sastre para modificar, mediante múltiples modificaciones legislativas, buena parte del ordenamiento autonómico balear. Como denuncian desde la oposición, las correcciones están provocando la reforma encubierta de más de 50 leyes autonómicas.

Según ha explicado este lunes el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, la enmienda registrada originalmente por los populares no modificaba los criterios de acceso al servicio, sino que buscaba introducir cambios de carácter administrativo para reducir burocracia y, más en concreto, facilitar la consulta telemática de documentación vinculada a la atención temprana.

Posteriormente, Vox presentó una transacción a esa corrección para incorporar nuevos requisitos y limitaciones de acceso. Sagreras ha subrayado que las condiciones para acceder a estos servicios están reguladas por normativa estatal y ha asegurado que, “para evitar dudas”, el PP votará en contra de la transacción o, en su defecto, retirará directamente su enmienda.

El acceso a la atención temprana en Balears está regulado por el Decreto 85/2010, aprobado durante el segundo mandato del socialista Francesc Antich y que organiza la red pública y concertada destinada a menores de entre 0 y 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. La norma define este servicio como una atención integral de carácter preventivo, asistencial y rehabilitador dirigida a niños especialmente vulnerables, y establece que la valoración de acceso debe basarse en criterios clínicos, evolutivos y sociales.

“Es un servicio que atiende a niños muy vulnerables, niños pequeños, con discapacidad o necesidades especiales, y creemos que lo último que necesitan es que se haga ruido político”, ha afirmado el portavoz popular en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament. La cuestión se debatirá este martes en una nueva reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara balear, órgano encargado de elaborar el dictamen de la ley de proyectos estratégicos.

La polémica ha provocado duras críticas de la izquierda, que acusa al PP de asumir parcialmente postulados de Vox y de haber rectificado únicamente tras el revuelo social generado por la propuesta. El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha calificado la iniciativa de “indecente” y ha sostenido que los populares han dado marcha atrás por el “escándalo” suscitado entre entidades del ámbito social y educativo.

También el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha cargado contra las enmiendas pactadas entre PP y Vox durante la tramitación de la ley. Negueruela ha acusado al Govern de “aceptar discursos que atacan a los menores según su origen” y ha denunciado que otra de las modificaciones impulsadas elimina el término “violencia machista” para sustituirlo por “violencia contra la mujer”, una reivindicación habitual de Vox.

Asimismo, el dirigente socialista ha criticado que el PP haya incorporado en otra enmienda propuestas relativas al suelo rústico que, según ha dicho, contradicen compromisos previos del Govern sobre los límites al incremento de edificabilidad en este tipo de terrenos.

A finales de abril, Vox presentó una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas bajo el contepto de “prioridad nacional”. El Govern del PP expresó su disposición a respaldar la iniciativa siempre que se plantee en términos de residencia legal y no de nacionalidad, remitiéndose al acuerdo alcanzado con la formación de extrema derecha para endurecer el acceso a determinadas ayudas sociales.

Ese pacto contempla exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder acceder a la renta social garantizada (Resoga), además de reforzar los mecanismos de control, revisión y reintegro de prestaciones. La modificación supone un giro relevante en la principal red de protección social de la comunidad, al introducir criterios más restrictivos que, según la propia argumentación política de Vox, persiguen frenar el denominado “efecto llamada”.