La Fiscalía ultima la investigación sobre la tragedia de Melilla sin ningún acusado

La tragedia que causó al menos 23 muertes en la frontera melillense entre España y Marruecos en junio no será investigada en el Congreso de los Diputados mientras la Fiscalía sigue adelante con la tarea de buscar pruebas sobre algún tipo de delito cometido ese día en suelo español. Muertes que han puesto contra las cuerdas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que ahora están en manos de la Fiscalía de Extranjería, con las últimas diligencias en marcha para decidir si presenta una querella, archiva el caso o prórroga la investigación. Todo esto mientras la investigación periodística de Lighthouse Reports, una organización para la colaboración de medios con sede en Países Bajos, y varios periódicos europeos, entre ellos El País, apunta a que al menos una persona falleció en suelo español.

En todo momento la labor de búsqueda del Ministerio Público ha tenido un objetivo complejo: descubrir si se cometió algún delito en suelo español, o si un español lo cometió en suelo marroquí. En el punto de mira de los investigadores están las imágenes captadas por un dron y el helicóptero, las conversaciones entre guardias civiles y todos los detalles que puedan aportar los agentes y mandos que estuvieron ese día en el puesto fronterizo del Barrio Chino. La fiscal Beatriz Sánchez, entre otras muchas diligencias, ha solicitado las comunicaciones íntegras entre la tripulación del helicóptero y el mando de la Guardia Civil que en ese momento estaba al frente del operativo mientras varias personas morían en la frontera.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de junio de este año en el puesto fronterizo del Barrio Chino. Más de 1.700 personas llegadas de los montes de Nador intentaron entrar en Melilla, lo que derivó en una avalancha en la que murieron 23 personas, según los datos oficiales, y 40 según el último recuento de la ONG Caminando Fronteras, realizado a través del contacto con familiares y allegados de los fallecidos. El salto fue respondido con material antidisturbios desde ambos lados de la alambrada.

La Fiscalía decidió indagar en el asunto pocas horas después de la tragedia. La entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, puso en manos de la coordinadora de Extranjería la investigación de las muertes, quien había solicitado la apertura de diligencias. Ese día el Ministerio Público, en un comunicado, justificó la decisión en “la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos” y en unas avalanchas humanas que terminaron con varias decenas de muertos. Beatriz Sánchez, fiscal especializada en Extranjería, empezó entonces a pedir información al Ministerio del Interior.

Tal y como explicó Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, su primer movimiento fue encargar un informe de los hechos a la Guardia Civil con la causa bajo secreto. Las diligencias, según reveló la emisora, se han extendido a pedir a Interior todas las imágenes disponibles de la tragedia y tomar declaración a varios agentes y mandos que formaron parte de la operación. La vista privilegiada del helicóptero de la Guardia Civil y los mensajes que cruzara la tripulación con los mandos accidentales de la Comandancia pueden jugar también un papel clave en la investigación y la fiscal de sala, según ha sabido elDiario.es, ha solicitado que se aporten todas las comunicaciones entre la aeronave y sus superiores.

El final de la investigación

Fuentes del Ministerio Público explican que el final de las diligencias está próximo, si no surge alguna novedad que lleve a Sánchez a solicitar su prórroga durante seis meses más. También que muchas de estas comunicaciones internas de los agentes que han podido examinar no son concluyentes ni aportan datos clave para conocer el origen de la tragedia y si hubo algún componente delictivo que merezca una denuncia. Todavía resta por analizar, eso sí, diversas grabaciones de los hechos.

Parte de estas conversaciones están contenidas en un informe de la Guardia Civil difundido por La Sexta a principios del mes de noviembre. Muchas de estas comunicaciones se referían a la gestión de la aeronave, explicando por ejemplo que tenían que abandonar la zona por la inminente presencia de un avión o por la necesidad de “recoger baterías”, uno de los argumentos utilizados por Interior para justificar lo saltos temporales detectados en las imágenes enviadas a Fiscalía, algunos de ellos en momentos clave y que impiden ver con claridad lo sucedido el 24 de junio en la valla. Existen también, según la cadena de televisión, declaraciones del piloto y el operario del dron en las que afirman que los altercados arrancaron en suelo marroquí.

La Fiscalía tiene, sobre el papel, seis meses para concluir la investigación y decidir si presenta algún tipo de denuncia en los tribunales o si archiva el caso, aunque la complejidad de la causa puede llevar a Beatriz Sánchez a pedir una prórroga para poner más diligencias en marcha antes de tomar esa decisión. Por ahora tampoco ha trascendido si una hipotética acusación estaría dirigida contra la Guardia Civil –que es quien investiga el caso– contra la policía marroquí o contra nadie y si se encamina al archivo.

Marlaska desgastado tras su comparecencia

La tragedia de la frontera entre Melilla y Marruecos se ha trasladado al terreno político con los socios del ejecutivo de coalición apuntando directamente a Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior. Aunque todos los parlamentarios que vieron las imágenes oficiales –excepto los de PSOE y Vox– ya habían señalado que, durante la avalancha generada en una de las puertas del paso fronterizo de Barrio Chino, algunos cuerpos de los refugiados cayeron en una zona de control operativo español, la última investigación de Lighthouse Reports cuestionó las explicaciones de Marlaska. A pesar de las nuevas evidencias sobre la existencia de heridos y al menos un muerto en el lado español, durante su comparecencia en el Congreso este miércoles, el ministro mantuvo intacta su versión.

Todos los parlamentarios, excepto los de Vox y PSOE, le acusaron de mentir por seguir diciendo que “ningún hecho trágico” sucedió en España. Desde la bancada del PP, los diputados insistieron en solicitar su dimisión, un paso que no dieron los socios de Gobierno.

Frente a un ministro desgastado por la política migratoria, la estrategia de Interior aspira a que la crisis generada por tragedia de Melilla caiga en el olvido, confiando en el archivo por parte de la Fiscalía.

El ministro presumió de haber respondido a la tragedia de Melilla con “transparencia total y absoluta”, mientras algunos de los diputados le recordaron su bloqueo a la apertura de una comisión de investigación en el Congreso, así como su negativa a comparecer en el Parlamento Europeo. “¿Solo usted conoce los hechos? ¿Todo el mundo se equivoca? Si tan claros están los hechos por qué no se activa una comisión de investigación? Si habla de transparencia, ¿por qué no fue a hablar al Parlamento Europeo?”, le replicó el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

El PSOE tumbó la petición de investigar la actuación policial en la valla de Melilla con el apoyo del PP y Vox. La única investigación abierta sobre la mayor tragedia en una frontera terrestre europea ha quedado en manos de la Fiscalía, que busca poner luz a varios aspectos que el responsable de Interior no llegó a aclarar en su última comparecencia.

“¿Dónde empieza España?”, le preguntaron los diputados al ministro en diversas ocasiones sin obtener respuesta. Podría parecer una pregunta simple, pero Marlaska evitó responderla dado que el momento más dramático de la tragedia ocurrió justo en la puerta que conecta Marruecos con Melilla.

El titular de Interior también defendió la legalidad de las 470 devoluciones en caliente practicadas por la Guardia Civil el día de la tragedia y dijo que “no consta el rechazo de ninguna persona vulnerable”. Sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) no tardó en desmentir sus declaraciones. Desde la agencia de la ONU recordó de nuevo que estas prácticas son “contrarias a la normativa legal” y aseguraron tener testimonios de personas devueltas el 24 de junio que procedían de países en conflicto y, por tanto, eran vulnerables.

Las grabaciones

El contenido y grabaciones de las comunicaciones reclamadas por la Fiscalía podría ayudar a dar luz a la posible falta de auxilio. Tanto el helicóptero y el dron de la Guardia Civil grabaron los momentos más dramáticos, cuando decenas de personas se encontraban unas sobre otras, formando un embudo, justo en la puerta que comunica Marruecos con España. Las conversaciones mantenidas entre el piloto y el mando operativo podrían dar nuevas claves para constatar si la Guardia Civil tenía constancia de la gravedad de los hechos y la existencia de heridos en el interior del paso fronterizo o, como defienden fuentes de Interior, no pudieron prestar auxilio porque los agentes españoles se encontraban a “decenas de metros” y “sin visibilidad”.

La supuesta devolución de personas heridas, denunciada por supervivientes de la tragedia entrevistados por elDiario.es, es otro de los extremos pendientes de comprobar. En su investigación preliminar, el Defensor del Pueblo expresó su preocupación sobre la posible falta de asistencia sanitaria prestada a los refugiados en el lado español de la frontera. Según el análisis de las imágenes oficiales realizado por el equipo de Ángel Gabilondo, los vídeos muestran en la carretera una ambulancia parada a cierta distancia de los vehículos de la Guardia Civil, que no interviene en ningún momento. En las grabaciones del dron también aparecen dos cuerpos -se desconoce si heridos o sin vida- en la carretera localizada frente a la valla de Melilla, “sin que se aprecie en las imágenes que reciban atención sanitaria”, según institución.

La deportación “grosera” de 55 menores

La investigación de la Fiscalía en torno a las muertes de junio no es la única abierta sobre la situación de los migrantes en la frontera sur. La semana pasada un juzgado de Ceuta decidió dejar lista para juicio la causa contra la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y a la vicepresidenta del ejecutivo regional, Mabel Deu (PP), por la devolución supuestamente irregular de 55 menores de edad a Marruecos en agosto de 2021.

La instructora de este caso ha concluido que las dos obviaron de manera “flagrante” y “grosera” la aplicación de las leyes que prohíben de manera terminante la devolución en caliente de menores no acompañados: desde la normativa de Extranjería hasta la Constitución pasando por la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El futuro del caso está en manos de las acusaciones y la Fiscalía, que deben solicitar que el caso sea archivado, que se pongan más diligencias en marcha o que Mateos y Deu sean enviadas a juicio oral. A lo largo de la causa, las dos han defendido que actuaron en coordinación con varios ministerios mientras que la jefa de Menores de Ceuta, Toñi Palomo, ha afirmado como testigo que advirtió de forma verbal y por escrito de la vulneración de la legalidad que se estaba cometiendo a nivel nacional e internacional.