PP y Vox rechazan poner tope a los alquileres en Balears mientras las protestas por la vivienda prenden en la calle

La crisis de la vivienda ha vuelto a encontrarse este martes con un muro político en el Parlament balear. PP y Vox han rechazado declarar Balears zona de mercado residencial tensionado, una de las principales reivindicaciones de la oposición y de los colectivos que llevan días movilizados en las calles. Mientras dentro de la Cámara se escenificaba el rechazo a utilizar una de las herramientas previstas en la ley estatal para contener los alquileres, fuera, unas 100 personas se concentraban para reclamar un cambio de rumbo en las políticas de vivienda en una Comunidad cuya presión inmobiliaria está expulsando a sus residentes.

El debate llega después de una semana en la que la vivienda ha ocupado las calles de Palma. La acampada instalada desde finales de septiembre en la plaza de España continúa como punto de organización de nuevas movilizaciones. El pasado sábado, miles de personas recorrieron la ciudad en una manifestación convocada bajo el lema 'Feim de l'habitatge un dret': la Policía Nacional cifró la asistencia en unas 3.000 personas y los organizadores la elevaron a 10.000.

En las islas, mientras el movimiento por la vivienda reclama intervenir sobre un mercado que considera desbocado, el Govern de Marga Prohens mantiene su apuesta por liberalizar suelo y utilizar incentivos fiscales y rechaza hacer uso de herramientas que, desde la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los alquileres hasta la regulación de la compra de inmuebles por parte de no residentes, permitirían limitar esos márgenes y frenar la escalada de precios que está expulsando a numerosos residentes y hacinando a otros en infraviviendas y caravanas.

Previamente al debate, Prohens ya había avanzado que votaría en contra de la propuesta socialista, aseverando, en línea del discurso habitual del PP, que el control de alquileres provocaría una retirada de viviendas del mercado y un encarecimiento de los pisos disponibles, como en el caso, ha aseverado, de Catalunya. La Generalitat aplica desde marzo de 2024 la contención de rentas y actualmente alcanza a 271 municipios, donde reside alrededor del 90% de la población. El disparado crecimiento de los alquileres de temporada como forma de evitar las limitaciones de precio llevó al Parlament catalán a aprobar en diciembre su sujeción al tope del resto de alquileres residenciales.

Seguidamente, la presidenta balear ha citado las medidas que el Govern ha puesto en marcha en materia de vivienda como la creación de las vivienda a precio limitado, la posibilidad de incrementar la densidad en inmuebles, la puesta en marcha de los proyectos residenciales estratégicos o el establecimiento del requisito de varios años de residencia mínima en Balears.

La vivienda, “más inasequible” que nunca

Los alegatos de la líder conservadora se han topado, sin embargo, con la respuesta del portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien le ha recriminado que los resultados de sus medidas “no se han visto” y que la vivienda es “más inasequible que nunca” en el archipiélago. El ecosoberanista ha exigido a Prohens que “deje de engañar” a la gente con que la declaración de las zonas tensionadas afectarían a los pequeños propietarios, dado que, según ha puntualizado, el control de precios podría influir a un 10 % de los propietarios que tienen seis o más viviendas. Acto seguido, ha reclamado a la presidenta que “supere su ideología” para “dar respuesta los problemas de la gente”.

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, encargado de defender la propuesta, ha aseverado que su iniciativa no pretende copiar el modelo catalán, sino permitir que los ayuntamientos puedan ejercer competencias para limitar los precios allí donde exista una situación especialmente grave. Ha puesto como ejemplo Galicia, gobernada por el PP, y ha reprochado a los populares que presenten como fracasadas unas medidas que, según ha señalado, también se aplican en comunidades gobernadas por su propio partido. A su juicio, el debate no debería ser partidista, sino permitir que municipios como Inca u otros puedan adoptar medidas frente al encarecimiento de la vivienda.

El portavoz socialista ha centrado después su intervención en el incremento de los alquileres, que, ha criticado, habrían pasado de una media de 800 a 1.400 euros, una subida que está golpeando especialmente a trabajadores y pensionistas cuando terminan sus contratos y deben asumir nuevas rentas. Negueruela ha acusado al PP de negarse a limitar los precios y de situarse del lado de los fondos de inversión y de los fondos buitre, y ha vinculado directamente el encarecimiento de los alquileres con el riesgo de desahucio. “Si se pusieran límites al alquiler no habría tantos desahucios”, ha sostenido, reclamando al Govern que priorice a las personas afectadas frente a los intereses de los grandes propietarios.

En esta línea, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusado al Govern de haber convertido la vivienda en el principal problema de Balears y de no haberlo resuelto tras tres años de legislatura, sino todo lo contrario. El ecosoberanista ha recriminado que, mientras el Ejecutivo y la oposición se enzarzan en reproches partidistas, los alquileres han aumentado un 30% y el precio de compra un 40%, de acuerdo a los datos que ha esgrimido durante su intervención. Ha contrapuesto estas cifras a la situación de miles de personas que destinan prácticamente todo su sueldo al alquiler, se ven obligadas a compartir vivienda o a seguir viviendo con sus padres incluso bien entrada la treintena o la cuarentena.

Ayudas de 10.000 euros mientras ponen “la alfombra roja a los fondos buitre”

Apesteguia ha cargado, asimismo, contra las ayudas de 10.000 euros para la compra de vivienda impulsadas por el Ejecutivo “mientras ponen la alfombra roja a los fondos buitre” y los precios continúan alejándose de la capacidad adquisitiva de la población. Frente a este modelo, ha apelado a la intervención de un mercado que ha calificado de “desbocado” y la adopción de medidas extraordinarias ante una situación que considera de emergencia social.

El texto defendido por el PSIB-PSOE planteaba modificar la Ley de Vivienda balear de 2018 para establecer de forma expresa quién puede iniciar la declaración de una zona de mercado residencial tensionado y cómo debe tramitarse. La propuesta emplazaba a que la iniciativa partiese del Govern, a través del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi), o de los ayuntamientos. En el caso de las solicitudes municipales, el Ejecutivo autonómico debía comprobar la documentación y, si esta es íntegra y suficiente, declarar la zona tensionada. El texto también preveía que los consells insulares presten asistencia técnica a los municipios que carezcan de medios para elaborar los estudios necesarios.

En este sentido, la declaración prevista en la Ley estatal de Vivienda permite activar medidas específicas sobre el mercado del alquiler en territorios en los que exista un riesgo especial de oferta insuficiente y dificultades para acceder a una vivienda a precios asequibles. La propia proposición socialista recuerda que la norma vincula estas situaciones a un esfuerzo residencial superior al 30% de los ingresos del hogar.

En abril de 2025, PP y Vox ya votaron en contra de instar al Govern a declarar los municipios de Balears como zonas tensionadas y de considerar grandes tenedores a quienes poseyeran cinco o más viviendas. Aquella iniciativa incluía también otras medidas como la expropiación temporal de viviendas vacías, la adquisición por parte del Ibavi de viviendas y suelo de la Sareb o la reserva del 50% de las nuevas promociones para vivienda protegida. Un mes antes, en marzo, ambos partidos impidieron que prosperara la toma en consideración de una proposición de ley del PSIB-PSOE destinada, precisamente, a abrir la vía para declarar zonas tensionadas y limitar los alquileres.

Y la posición del Govern se ha mantenido desde entonces. En diciembre de 2025, cuando se planteó la renovación de miles de contratos de alquiler, el Ejecutivo optó por preparar incentivos fiscales para los propietarios en lugar de declarar Balears zona tensionada.

Tampoco ha prosperado en el Parlament la regulación de la compra de viviendas por parte de no residentes. En febrero de 2026 PP y Vox rechazaron limitar temporalmente la adquisición de vivienda por no residentes y grandes tenedores en municipios tensionados y también rechazaron elevar la fiscalidad sobre las operaciones inmobiliarias de lujo y las compras de multipropietarios.