La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha respaldado este miércoles las intenciones del diputado de ERC, Gabriel Rufián, de articular un frente político de izquierdas al margen del PSOE de cara a las elecciones generales. Para ello, ha respondido también a Oriol Junqueras, el líder de los republicanos, que cierra la puerta a esta opción e incluso llegó a afirmar recientemente que él fue a la cárcel “por Catalunya, no para que Colau sea diputada en una lista de Esquerra”. 

Colau ha lamentado lo que considera una mención “gratuita” hacia ella, puesto que no tiene intención de concurrir en unas listas electorales. “No soy candidata a nada, no tengo ningún cargo institucional”, ha expresado en Els Matins de TV3. Y ha calificado de “mansplaining” las palabras de Junqueras: “Si quiero ser diputada, puedo presentarme con mi fuerza política, no necesito que Oriol Junqueras me bendiga”. 

No es la primera vez que Colau apoya la iniciativa de crear un frente amplio y plurinacional de izquierdas, un proyecto que en los Comuns ven con buenos ojos, pero que en ERC ha causado malestar debido a que parte de sus bases no lo entiende y temen que les haga perder votos. Rufián lanzó la idea en un acto con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, y seguirá con esa campaña en otra intervención el 9 de abril, esta vez en Barcelona y junto con la número 2 de Podemos, Irene Montero. 

Colau no podrá acudir al acto, ha precisado, pero lo respalda. De esta forma, ha animado a “cualquiera que pueda contribuir desde la izquierda a que haya el máximo diálogo y acuerdo posible, para que haya un frente amplio e ilusionante con toda la ambición”. “Hay que buscar los objetivos comunes y no los que nos separan, en un contexto en el que la extrema derecha podría gobernar España, y eso significaría un retroceso de derechos y de libertades que la ciudadanía no nos perdonaría”, ha afirmado. 

En cuanto a la relación entre Comuns y ERC, ha reconocido que ha pasado “momentos díficiles”, con “errores por todos lados”. Pero ha añadido que el diálogo se mantiene para que haya “candidaturas lo más amplias y coordinadas posible, más allá de la declinación territorial que pueda haber, con unas siglas u otras”. 

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha vuelto a cerrar la puerta a la vía planteada por Gabriel Rufián para articular un frente de izquierdas. “Fui a la cárcel por Catalunya, no para que Ada Colau sea diputada en una lista de Esquerra”, ha dicho.

Junqueras ha participado junto al presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, en la presentación del libro El franquisme en temps de Trump, del diputado republicano en el Congreso Francesc-Marc Álvaro, celebrada en Barcelona.

El líder de ERC ha coincidido con Rull en la necesidad de que haya una “voluntad explícita de entendimiento” entre todas las formaciones que se consideran “de tradición democrática” para “salvar los valores” de una Catalunya modernista.

Aun así, Junqueras ha afirmado que este “entendimiento” no pasa “por una coalición electoral”, y, en este sentido, ha dejado claro que él “no fue a la cárcel” para que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau “sea diputada en una lista de ERC”, una idea que encajaría con el frente de izquierdas que defiende Rufián.

Tanto Junqueras como Rull han defendido la necesidad de “actualizar” el “sentido de pertenencia” a la catalanidad, ya que no hacerlo “hipotecaría y cuestionaría la viabilidad de la nación catalana de cara al futuro”, en palabras del presidente del Parlament.

Esta “actualización” del sentido de pertenencia, ha dicho Rull, pasa por tener en cuenta “a los nuevos catalanes que vienen de procedencias distintas y diferentes concepciones religiosas”, ya que, de no hacerlo, “se dejaría el terreno absolutamente abonado” para la extrema derecha.

Y ha agregado que, en lo relacionado con la gestión de la migración, Catalunya debe apostar por la “lengua, el trabajo y los espacios compartidos de convivencia”, y no por crear “cajones estancos” a nivel poblacional, lo que requiere “consensos muy amplios a nivel político”.

Junqueras ha advertido sobre cómo las formaciones de extrema derecha se encuentran con un terreno abonado para su crecimiento ante la desaparición de la vida en comunidad.

El Govern de Salvador Illa se ha visto obligado a hacer lo que ningún otro Ejecutivo había hecho antes: retirar unos presupuestos que ya habían entrado en el Parlament para evitar un varapalo mayor en el pleno. De fondo, una desconfianza de ida y vuelta entre Oriol Junqueras y el president de la Generalitat que se ha incrementado en las últimas semanas debido a la negativa del Ministerio de Hacienda de hacer gestos a favor de la cesión del IRPF a Catalunya. Y, la consecuencia práctica, una mayoría de la investidura rota e incapaz de pactar unas cuentas cuando Illa ya ha cumplido el año y medio en el cargo.

A la retirada de las cuentas se le colgaron este miércoles etiquetas diametralmente diferentes dependiendo del orador. El president aseguró por la mañana que eran una muestra de “estabilidad y responsabilidad”. Junts, por la tarde, no dudaba en hablar de “fracaso”. Se unían todas las formaciones de la derecha, hablando de “inestabilidad”, “desgobierno” o incluso “estafa”. ERC no eludió críticas, pues entiende que las cuentas no eran ambiciosas, y exigió volver al acuerdo de investidura, pero también tendió la mano a Illa para volverse a entender.

Este puente que los republicanos mantienen abierto es la mayor esperanza del Govern, que confía en ser capaz de rectificar la situación. Illa aseguró en el pleno que él pensaba acabar el camino con quien lo había empezado, es decir, junto a ERC y Comuns, pero también dejó claro que su intención era estar en la silla de la presidencia “mucho tiempo”, para cortar de raíz los rumores electorales. Este mismo jueves el Govern ha aprobado un suplemento de crédito de más de 5.988 millones de euros para evitar que la retirada de las cuentas genere problemas en los pagos de la Generalitat.

Pero, a medio plazo, Illa no ha renunciado a aprobar unos presupuestos, que serían los primeros que llevasen estampada su firma. Al contrario, si ha optado por pagar el precio político de dar marcha atrás al proyecto de ley no es porque temiese un revolcón parlamentario, sino porque considera que aún puede aprobarlas, según indican fuentes del Govern. La fecha límite está escrita en el comunicado conjunto firmado entre PSC y ERC: “antes de acabar el actual periodo de sesiones”. Es decir, como tarde, en junio.

Esta fecha puede parecer lejana, pero, a falta de acuerdo inmediato, da aire a ambas partes. ERC puede ir vinculando los presupuestos a otros acuerdos con el Govern, en materia de infraestructuras o sociales, donde se esperan avances. Por su parte, el PSC gana oxígeno para esperar la sucesión de María Jesús Montero, titular de Hacienda y que, hasta ahora, ha sido uno de los muros para que se materialice el acuerdo sobre la gestión catalana del IRPF alcanzado entre socialistas y republicanos.

Según está anunciado, Montero será la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, unos comicios que se celebrarán, según se estima, a finales de mayo. Si ese calendario se cumple, no queda demasiado para que la cartera de Hacienda pase a otra persona, quien podría tener más sencillo hacer guiños hacia Catalunya.

Esto es lo que esperan, al menos, tanto Illa como Junqueras, quienes están haciendo esfuerzos ímprobos para evitar una ruptura indeseada para las dos formaciones y que dejaría la legislatura en punto muerto. Los dos líderes son muy conscientes de la necesidad de aprobar nuevas cuentas, que en Catalunya llevan ya dos ejercicios prorrogadas. Más aún cuando el próximo año que viene tocan las elecciones municipales, un periodo siempre complicado para los presupuestos y que, 2028, volvería a ser año electoral en Catalunya si Illa no opta por una convocatoria anticipada.

En los calendarios del Govern, 2026 debía ser el año de consolidación. Desde la investidura en agosto de 2024, el equipo de Illa había sembrado proyectos que debían dar frutos a principios de este año, como la compra de material en Rodalies, los acuerdos en torno a la financiación o la puesta en marcha de algunas políticas como la reforma de la administración. Pero la entrada de este año no ha sido como los socialistas esperaban y han debido sortear diversos obstáculos, como la crisis ferroviaria o las dificultades para alinear sus acuerdos con Hacienda. Dejar para más adelante los presupuestos supone, en este contexto, ganar un tiempo muy preciado.

El Govern ha pactado con ERC retirar los presupuestos para ganar tiempo para negociar, pese a que hasta este mismo martes había asegurado que no daría marcha atrás con las cuentas que ya había llevado al Parlament.

“Ahora más que nunca, Catalunya necesita estabilidad y responsabilidad”, ha dicho el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaración institucional sin aceptar preguntas de la prensa.

El president ha mantenido la mano tendida a ERC: “Cuando la mayoría progresista avanza, Catalunya avanza”. Illa ha avanzado que los acuerdos previos con los agentes sociales y los Comuns se mantendrán en las nuevas cuentas, y ha llamado a los republicanos al pacto porque “la responsabilidad lleva el nombre de presupuestos”.

El pacto de mínimos entre ambos partidos llega tras constatar que el Ejecutivo catalán no obtendría los apoyos suficientes para aprobar las cuentas este viernes, cuando debían votarse las enmiendas a la totalidad, después de que ERC condicionase su apoyo a un gesto del Gobierno a favor de la cesión de la recaudación del IRPF en Catalunya.

En un comunicado conjunto, PSC y ERC han valorado positivamente la negociación que han mantenido hasta el momento y se han comprometido a aprobar unas nuevas cuentas “antes de que finalice el actual periodo de sesiones”, esto es, antes del verano.

La idea del Govern es volver a presentar las cuentas cuando haya acuerdo. Además, este jueves el Ejecutivo aprobará un suplemento de crédito único para garantizar que la Generalitat dispone de todos los recursos necesarios sin nuevos presupuestos. Es la primera vez que un Govern catalán retira las cuentas después de presentarlas en la Cámara.

IRPF: no es línea roja pero sí muy importante para ERC

La recaudación catalana del IRPF ha sido la cuestión que llevado al choque de trenes entre PSC y ERC que, finalmente, se ha salvador con la retirada de la tramitación de las cuentas. Por esta razón, una de las principales incógnitas es que pasará a partir de ahora con la cesión del impuesto de la renta, con la mirada puesta al momento en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deje su cartera en los próximos meses para centrarse en la campaña de las elecciones andaluzas.

En la rueda de prensa ofrecida tras el acuerdo, Junqueras ha evitado considerar el IRPF como una línea roja en la nueva negociación de los presupuestos, aunque sí ha dicho que es una cuestión “muy importante. ”ERC quiere unos presupuestos en el marco del acuerdo de investidura, un acuerdo que contembla la cesión del IRPF“, ha recordado Junqueras, que ha insistido que si el Govern tiene alguna propuesta alternativa, debe ofrecerla para que la puedan valorar.

El jefe republicano no ha aclarado las condiciones para que ERC apoye unas nuevas cuentas en junio, más allá de asegurar que uno de los requisitos es que no se envíen a la Cámara antes de pactarlas con ellos. “No nos hemos querido conformar con una propuesta que era claramente insuficiente y que se habían presentado de forma unilateral”, ha asegurado el presidente de Esquerra.

“Queremos negociar presupuestos y acordar unos buenos presupuestos”, ha dicho Junqueras. El líder de ERC ha reclamado además “ayuda” a los agentes sociales y a todos los ámbitos institucionales para conseguir unas cuentas “lo más ambiciosas posibles”.

ERC se ha impuesto, por ahora, en su pulso al Govern por el IRPF. Para retirar su enmienda a la totalidad, los republicanos pusieron como condición que el Gobierno de Pedro Sánchez diese garantías de que cumplirá con la cesión del IRPF a Catalunya, un compromiso que figuraba en el acuerdo de investidura de Illa pero que los socialistas temían que enturbiara sus perspectivas electorales en Andalucía.

Al no haber ningún gesto en favor de la cesión del impuesto ni del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ERC ha mantenido su negativa a las cuentas de Illa, que sí contaban con el aval de los Comuns.

Además de los “acuerdos políticos, económicos y sociales previos”, PSC y ERC se han comprometido a incluir en las nuevas cuentas un “escudo social” para proteger a los sectores más afectados por la situación internacional.

Un viaje a Madrid, un encuentro secreto con Pedro Sánchez y una llamada con María Jesús Montero son los tres ingredientes de la ruptura de la confianza de Oriol Junqueras en Salvador Illa que ha llevado a la legislatura catalana al momento más delicado en dos años. El líder de ERC creía tener el compromiso del PSC de que moverían al Gobierno a favor del traspaso del IRPF a Catalunya, pero el día 20 de febrero constató que el Ministerio de Hacienda no pensaba ceder en este tema.

Lo que la vicepresidenta María Jesús Montero trasladó a Junqueras por teléfono ese día fue un posicionamiento claro y rotundo sobre la transferencia del IRPF. “No sé qué te dicen los míos, pero eso no va a pasar”, aseguró la ministra, después de que Junqueras le dijese que en el Govern le habían asegurado que estaban trabajando para conseguir la recaudación del impuesto sobre la renta.

Según fuentes conocedoras de la conversación, la titular de Hacienda aún fue más tajante cuando le dijo al líder de ERC: “Esto no es el posicionamiento de María Jesús Montero, esto es el posicionamiento del Gobierno de España”. Una afirmación que trataba de dejar claro que no había brechas posibles en el Ejecutivo central a las que nadie pudiese agarrarse.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que la posición del Gobierno “se ha expresado reiteradamente y se firmó en la última bilateral”. “El Gobierno es partidario de que las comunidades autónomas asuman más competencias en recaudación y gestión de IRPF, pero siempre en un trabajo en red y de cooperación”, recuerdan estas mismas fuentes.

Ante esto, la cúpula de los republicanos se sintió engañada, aunque en público tratan de evitar esa palabra. En la dirección de Esquerra aseguran que el PSC siempre les había prometido que veían posible un acuerdo para lograr la cesión del IRPF. Por eso Junqueras fue a Madrid el penúltimo viernes de febrero y se vio con Sánchez en la Moncloa, en un encuentro que no aparecía en las agendas.

“El objetivo era negociar sobre el IRPF”, indican en ERC, que ya habían aceptado que la recaudación comenzase en 2028, pero deseaban comenzar a tratar cómo encajar la ley que debe permitir a la Agència Tributària de Catalunya prepararse a nivel técnico y laboral para ese momento.

ERC había presentado en septiembre una proposición de ley para habilitar la cesión del IRPF a la Generalitat. Una iniciativa que, sin embargo, fue retirada por la propia formación el 16 de febrero, para facilitar la negociación. Era el PSC, afirman fuentes republicanas, quien les había convencido de que era preferible no ir al choque con esta propuesta y tratar de encauzarla de otra forma, quizás como enmienda a la ley de modelo de financiación.

Pero cuatro días después de esa retirada, ERC descubrió que no había ninguna posibilidad de negociar esta cuestión, porque el Gobierno no lo contemplaba. Una situación que dejó tocadas las relaciones entre Junqueras e Illa, aunque no las rompió. Equipos de ambos partidos siguen viéndose de forma regular, la última vez este mismo jueves.

Illa lleva los presupuestos al Parlament

La llamada de Montero no rompió los contactos entre Junqueras y el Govern, pero sí supuso un antes y un después en la posición de ERC respecto a los presupuestos de Illa. Los independentistas siempre había vinculado el voto favorable a todas las cuentas –las catalanas pero también las del Gobierno central– a un acuerdo en materia de cesión fiscal, que ahora consideran prácticamente evaporado.

Pese a que el contexto no era favorable, a Illa le urgía acelerar su proyecto económico, tal como se había comprometido a hacer en el primer trimestre del año. Así que optó por llevar los presupuestos al Parlament tras haber llegado a un acuerdo con los Comuns, pero sin ligar el pacto con ERC. Un gesto que Junqueras entendió como un desafío, al que respondió en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Si hemos aguantado cuatro años de prisión, ¿creen que no aguantaremos cuatro semanas de presión?”, afirmó entonces el republicano, que presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas en el Parlament.

Las posiciones han seguido enrocadas y sin cambios. ERC asegura que sigue abierta a un cambio de postura en el Gobierno pero, si no se produce, advierte que no le temblará el pulso para votar en contra de los presupuestos el próximo viernes. “Esto no es una táctica negociadora, no nos estamos haciendo los duros”, insisten en el partido. “Los presupuestos caerán si no pasa una de estas dos cosas: que Illa los retire o que el Gobierno se mueva”, zanjan.

Una posible retirada de las cuentas es la opción que el equipo de Junqueras está ofreciendo al departamento de Economía, algo que en ERC entienden que sería una buena forma de salvar la relación. En el Govern, por su parte, insisten en que están dando todas las garantías de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con sus socios y que las palabras de Illa han sido explícitas sobre la recaudación del IRPF, que opinan que acabará llegando.

Esta es la situación de bloqueo en la que llega la política catalana a una semana decisiva para la legislatura de Salvador Illa. Si el próximo viernes las cuentas caen, se abre un abismo de incierta salida. Las elecciones en Catalunya que no convienen a nadie pero que todos han comenzado a invocar han dejado de ser una fantasía etérea para convertirse en una posibilidad que ningún partido descarta.

“Una vez de una escoba salió un tiro”, solía decirse a los niños —al menos a mí me lo decían— para advertirles de que, con las cosas peligrosas, es mejor no bajar nunca la guardia. Pero amagar con lo que uno en realidad no desea y enseñarle al contrario las orejas del lobo es, también, una estratagema habitual en diferentes contextos. En los juegos de naipes se le llaman faroles y, en política, una negociación normal y corriente.

La política catalana lleva una semana con la respiración contenida a la espera del desenlace sobre los primeros presupuestos de Salvador Illa. Están en manos de ERC y a nadie se le escapa que son la prueba definitiva sobre la estabilidad del Govern.

El acuerdo para que haya cuentas no está cerrado y ni siquiera se atisba cercano, pues los republicanos reclaman movimientos del Ministerio de Hacienda a favor de su propuesta para que Catalunya recaude el IRPF. Es un compromiso que ERC arrancó al PSC en la investidura, pero que en el Gobierno ven ahora difícil de digerir en crudo. En Hacienda preferirían una solución escalonada en forma de consorcio fiscal, algo que Esquerra cree que suena demasiado al programa electoral del PSC, donde se incluía esa medida.

Nadie está parado, tampoco la cuenta atrás. La negociación está en marcha y se produce a diversas bandas, tal como ha ocurrido hasta el momento, pero ahora con más prisa. Todos, Ministerio, Govern y ERC, creen que hay margen para el acuerdo y que lo más probable es que este se acabe alcanzando antes del 20 de marzo, día límite para retirar la enmienda a la totalidad.

Pero el runrún de un posible adelanto electoral en Catalunya si finalmente no hay presupuestos ha comenzado a sonar, en parte como estrategia de presión pero en parte, también, como salida lógica para Illa después de haber lanzado el envite de llevar las cuentas al Parlament antes de ligarlas.

En el lado opuesto de la balanza, el principal argumento contra la hipótesis electoral es el análisis que hacen los propios actores implicados en la negociación. A pocos les convendría ahora un aborto abrupto de la legislatura y que Catalunya volviese a poner las urnas en, como pronto, el mes de mayo. Y, desde luego, ninguno de los posibles beneficiados de esa maniobra está en el Govern ni en ERC, y ni siquiera en Junts, sino en formaciones de cuño ultra a un lado y otro del espectro nacional.

En la última rueda de prensa ofrecida por Illa para hacer balance de 2025, el pasado 23 de diciembre el president descartó con claridad la posibilidad de unas elecciones incluso si ERC le tumbaba las cuentas. “El horizonte de la legislatura en Catalunya es de cuatro años y termina en 2028”, aseguró. Tras utilizar una fórmula tan clásica como “solo contemplo que haya presupuestos”, Illa también admitió que ponía la “estabilidad” por delante de todo lo demás, por lo que alejó la convocatoria electoral incluso en el peor caso.

El Govern tiene en las encuestas las mejores razones para tratar de alejarse de un final abrupto de la legislatura. El último CEO preveía un ligero descenso de los partidos que dan apoyo a Illa, lo que le dejaría a un voto de la investidura si se repitieran las alianzas de agosto de 2024. No hay en Catalunya sondeos que prevean una debacle socialista, pero tampoco ninguno que vea la mayoría tan consolidada como para poder prescindir de la cautela.

En ERC ocurre algo similar, con una circunstancia añadida. Si bien el partido está ligeramente al alza en los sondeos, Oriol Junqueras sigue estando inhabilitado para presentarse a unas elecciones. Por eso los republicanos no tienen nada que ganar en una carrera electoral.

Esa situación legal del líder republicano es la que lleva a pensar a algunas voces en Madrid que poner la carta del adelanto sobre la mesa podría asustar a la dirección independentista. En el círculo de Junqueras lo ven al revés. “No somos nosotros los que peor saldríamos de un adelanto electoral”, razonan en ERC.

Los republicanos saben mejor que nadie que, como pasa con las escobas, los adelantos electorales también los carga el diablo. Más aún cuando Illa debería someterse a una nueva carrera electoral con la mayoría de sus grandes proyectos de gobierno a medias. Otra cosa es que, tanto en Palau como en la cúpula de ERC, saben que en un momento así solo pueden emitir el mensaje de que están preparados para cualquier escenario.

Una derivada que sí podría cambiarlo todo es la conexión entre el calendario electoral catalán y español. En paralelo a los rumores sobre Catalunya, algunos analistas han comenzado a hablar de la posibilidad de un “superdomingo electoral”, es decir, hacer coincidir en un mismo día generales, andaluzas y catalanas.

Más allá del fundamento que tenga esta idea, lo cierto es que el PSC en los últimos años ha intentado españolizar todo lo posible las campañas electorales porque Sánchez moviliza mucho a sus votantes catalanes. A ERC le pasa lo contrario: necesita que en las elecciones catalanas se hable de temas catalanes para tener mejores opciones.

Por eso, una cosa es que Illa pueda descartar lanzarse solo a un adelanto electoral y otra qué haría si, efectivamente, Sánchez aprovecha el momento internacional para tratar de revalidarse en las urnas. Y, por eso, para ERC la amenaza electoral catalana es una amenaza menor, pero un superdomingo es una razón de más peso para avenirse a pactar unos presupuestos catalanes que cortocircuitarían esa opción.

Pasado el momento de máxima atención sobre Gabriel Rufián y su propuesta para cambiar el mapa de la izquierda plurinacional, ERC trata de reconducir las aguas y volver a poner el foco sobre lo que consideran que les interesa más, que es reforzar su perfil propio y no tanto pensar en una candidatura estatal. Fuentes de la dirección reconocen que, una vez abierto el debate, temen que la posición de su diputado en Madrid pueda acabar alejando a una parte de su electorado.

“En nuestras bases hay quien no entiende el movimiento de Rufián”, resumen. Desde que el diputado se destacara con su propuesta para formar confluencias en todas las provincias, el presidente del partido, Oriol Junqueras, ha sido explícito al calificarlo como una aventura “personal” del líder republicano en el Congreso. Pero la dirección de los independentistas cree que, si bien esta idea es muy bien recibida por las izquierdas del conjunto del Estado, su electorado en Catalunya necesita mensajes claros y unitarios porque, lo contrario, le “despista”.

Bajo la batuta de Junqueras, ERC se reivindica como la “izquierda nacional”, una fórmula que consideran que ha demostrado estar en alza en lugares como Euskadi o Galicia, pero también en las recientes elecciones aragonesas, donde la Chunta mejoró posiciones mientras Sumar apenas resistió y Podemos desapareció.

A Esquerra, destacan esas mismas fuentes, las encuestas en Catalunya le pronostican una subida mientras que en las municipales de Barcelona les encumbran como segunda opción. “Nos conviene centrarnos en nuestro propio proyecto, no abrir debates sobre cosas que no pasarán”, abundan en referencia a un posible frente electoral de todas las fuerzas de izquierdas del Estado más allá del PSOE.

Por eso, consideran que el proyecto de Rufián, que ven sin ninguna opción de materializarse, puede acabar generando frustración entre sus partidarios, pero también desafección entre quienes lo rechazan. “ERC corre el riesgo de pagarlo dos veces, la primera entre sus votantes cuando Rufián lo propone y la segunda de votantes potenciales que culparán al partido de que no pase”, resume una persona que trabajó en el pasado con el diputado.

Rufián se consolida, pero sus críticos crecen

En la dirección, pese a todo, creen que han logrado capear un episodio que les podría haber hecho más daño, dejando claro con firmeza que este no es el camino pero sin romper amarres con Rufián, al que con todo ven como un activo político. En ERC, de hecho, han ratificado al diputado como candidato a las elecciones generales “sí así lo desea”. Al fin de la presente legislatura, el de Santa Coloma llevará 12 años como diputado en el Congreso.

Pero no todos en el partido comparten que la dirección haya estado a la altura ante lo que consideran un “pulso” del jefe de filas en Madrid. Voces históricas, como Joan Tardà, han irrumpido para defender a Rufián, pero desde las posiciones más críticas han llegado reclamaciones para que se revise su papel electoral.

“No se entiende que Junqueras acepte que alguien de tan alta representación orgánica e institucional avance en una agenda sin consenso, que no ha sido debatida ni en la ejecutiva ni en ningún otro órgano del partido y que choca frontalmente con la línea aprobada en el último congreso”, aseguran fuentes del sector crítico con Junqueras, que consideran que la actitud de Rufián debería ser motivo para repensar su puesto como cabeza de lista en las generales.

Este diario publicó una encuesta en la que Gabriel Rufián era el preferido por los votantes progresistas para liderar una candidatura de unidad entre todas las izquierdas de España. Sin embargo, el porcentaje oscilaba entre partidos y, en su propia formación, los que señalaban a Rufián eran el 72%.

La dirección republicana piensa en el otro cuarto de votantes cuando indica que la propuesta de Rufián podría alejar a algunos de simpatizantes. Más cuando, en el terreno catalán, los Comuns, que serían los máximos rivales de ERC en las elecciones generales, son quienes mejor podrían encajar en el imaginario de la unidad de las izquierdas.

Junqueras trata de pacificar ERC

Una de las cosas que la actual ejecutiva de Esquerra no pierde de vista son los resultados del último congreso del partido, del que ha pasado poco más de un año. Junqueras revalidó su liderazgo, pero la formación se partió en dos.

Entre los críticos del líder había dos corrientes: la heredera de Marta Rovira y Pere Aragonès y una segunda, más ideológica, partidaria de alejarse del PSC y el PSOE. Rufián se contó entre los partidarios de Junqueras mientras que la minoritaria corriente de Joan Tardà, que ahora aplaude la iniciativa del diputado, también se consideraba dentro de la candidatura ganadora.

Desde que Junqueras salió de ese cónclave, buena parte de sus tareas se han centrado en pacificar el partido y evitar una ruptura con las corrientes críticas. Pero algunas desavenencias siguen abiertas. El último fin de semana, la líder de la familia considerada más independentista, Helena Solà, anunció su baja del partido.

La presidenta de la corriente Foc Nou señalaba lo que consideraba una “renuncia” de ERC al haber optado por dar apoyo al Govern de Salvador Illa, entendía que el partido adolecía de falta de liderazgos y criticaba la “falta de posicionamientos claros frente a iniciativas individuales”.

Salvador Illa y ERC han escenificado en el Parlament el choque que ambos han protagonizado durante la última semana a cuenta de los presupuestos de la Generalitat. Los republicanos consideran que no se dan las condiciones para negociar las cuentas ya que aún no hay compromisos de cumplimiento de una de las cuestiones esenciales del acuerdo de investidura de Illa, referente a que la Generalitat pueda gestionar y recaudar el IRPF.

“¿De qué sirven los acuerdos si no se cumplen?”, ha preguntado el representante de ERC Josep María Jové, aprovechando la primera sesión de control del president desde que volvió a la vida pública tras su tiempo retirado por enfermedad. “Usted quiere presupuestos, nosotros también, y para tenerlos ya sabe lo que hay que hacer: cumplir con lo que firmamos. La responsabilidad es absolutamente suya. Y no se equivoque en la presión, a quien debe presionar es al PSOE, no a nosotros”, ha continuado Jové.

En un clima de tensión creciente entre dos formaciones que han sido socias a lo largo de toda la legislatura, el Govern anunció que aprobaría las cuentas el viernes, sin esperar a ERC, mientras que los de Oriol Junqueras ya han respondido que presentarán una enmienda a la totalidad si no hay avances en materia de IRPF.

Illa ha tratado de rebajar los ánimos. “Como president de Catalunya cumplo todos mis compromisos”, ha dicho. “Cumpliré con el IRPF como he cumplido con la financiación o con Rodalies, que son hechos tangibles”, ha asegurado también, señalando dos materias en las que, pese a que han quedado claramente descafeinadas respecto al pacto de investidura, el Govern ha logrado que ERC acepte la rebaja. De hecho, Illa ha cifrado en un 75% el cumplimiento de los acuerdos con ERC.

“La aprobación de los presupuestos de este viernes no es el final de nada, es el inicio de una tramitación parlamentaria en la que yo también les ofrezco mi mando tendida”, ha calmado las aguas Illa, que ha recibido una respuesta firme de Jové cuando le ha dicho que tomarán su mano una vez “cumpla sus compromisos”.

Las cosas entre ERC y el Govern se han torcido desde la semana pasada, después de que Junqueras retirara la proposición de ley para habilitar a la Agència Tributària de Catalunya a recaudar el IRPF. Los republicanos entendieron que esa retirada supondría el acuerdo con el Gobierno para llevar esa habilitación legal a las enmiendas del modelo de financiación. Pero, según la versión de los republicanos, ese acuerdo no se ha producido porque desde el Ministerio de Hacienda no están dispuestos a apoyar públicamente la recaudación desde Catalunya del impuesto sobre la renta de los catalanes.

En este contexto, Junqueras se ha desmarcado de la aprobación de los presupuestos de Illa, al tiempo que el president ha decidido acelerar y llevarlos al Parlament este mismo viernes. Ambas formaciones tienen un mes para ponerse de acuerdo, antes de que el proyecto económico naufrague.

Junts ve al Govern sin apoyos y fracasado

Mucho más duro ha sido el intercambio con Junts. La formación de Carles Puigdemont considera que presentar los presupuestos sin el apoyo de sus socios demuestra el fracaso del Govern. “Es irresponsable tener un gobierno débil y en minoría incapaz de aprobar ni siquiera unos presupuestos”, ha reprochado la portavoz de Junts Mònica Sales.

En su turno de réplica, Salvador Illa ha reclamado “coherencia” entre lo que se dice y la trayectoria de quien lo dice, recordándole a Junts que ellos rompieron el Govern de Pere Aragonès en la anterior legislatura. “Por cierto, cuando lo rompieron, fui yo el que acudí a aprobar los presupuestos”, ha recordado Illa, subrayando que su grupo sí ha dado muestras de responsabilidad con las cuentas cuando otro Govern lo ha necesitado.

Oriol Junqueras no se siente presionado para aprobar los primeros presupuestos de Salvador Illa ni siquiera después de que el president anunciase que los llevaría al Parlament el viernes y de que reuniese a sindicatos y empresarios a su favor. El líder republicano ha confirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio que su formación planteará una enmienda a la totalidad a las cuentas si para cuando lleguen a la Cámara no ha habido avances en el traspaso de la recaudación del IRPF a Catalunya.

“ERC quiere presupuestos y más que nadie. Mucho más que el PSC, creo, porque quien no hace todo lo posible para tenerlos, es quien no cumple los acuerdos”, ha asegurado Junqueras, que ha recordado que la cesión del IRPF es un pacto cerrado hace más de un año y medio para la investidura de Salvador Illa. Por eso, el de ERC cree que no van con él las acusaciones de “tacticismo” que deslizó este martes la secretaria general de CCOO. “Si hay algo que no es tacticista es poder gestionar los impuestos”, ha rebatido.

En un tono con el que intenta trasladar que “no está enfadado”, algo que viene repitiendo en los últimos días, Junqueras ha mostrado también una posición firme. No se moverán del rechazo a las cuentas hasta que no haya avances en la cuestión del IRPF, después de que la semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cerrara la puerta a esta posibilidad. La presión del Govern no hará mella en él, ha dicho, y lo ha argumentado con una frase lacónica: “Si hemos aguantado cuatro años de prisión, ¿creen que no aguantaremos cuatro semanas de presión?”.

Además, ha descartado que Illa pueda amenazar con unas elecciones anticipadas, ya que sería “un nuevo error”. “Le recomiendo que no escale conflictos que no puede ganar”, ha dicho, tras aludir a las encuestas que sitúan al PSC a la baja y a ERC al alza. “Pero probablemente no habrá una mayoría para la investidura”, ha dicho Junqueras, pues el pronóstico es que los pactos que apoyaron la investidura de Illa sumen ahora menos que sus contrarios.

Tal y como avanzó el pasado sábado y ha vuelto a poner sobre la mesa este martes, la vía por la que apuesta Junqueras si no hay acuerdo para los presupuestos es volver a negociar ampliaciones de crédito, como ya hizo el año pasado. Según ha dicho, estas ampliaciones por decreto permiten alcanzar un mismo nivel de gasto que los presupuestos, por lo que son la solución ante una nueva prórroga de las cuentas, que supondría la tercera consecutiva desde 2024.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha conseguido este lunes poner de acuerdo a las principales organizaciones patronales y sindicatos de Catalunya a favor de los presupuestos que prepara el Govern. Una fotografía que pone presión sobre ERC, que este fin de semana aseguró que no se daban las circunstancias para comenzar a negociar estas cuentas. CCOO, UGT, Foment del Treball y Pimec han reclamado “responsabilidad” de los partidos para aprobar las cuentas, que Catalunya tiene prorrogadas desde el año 2023.

El Govern ha anunciado que no esperará a ERC e iniciará este mismo viernes la tramitación presupuestaria, después de haber cerrado un acuerdo con los Comuns la semana pasada. El Ejecutivo de Illa llevará por tanto las cuentas al Parlament en los próximos días, donde comenzarán su tramitación sin mayorías. ERC deberá decidir si rechaza la propuesta con una enmienda a la totalidad o si acepta un texto que, de llegar a comisión, ya solo podrá modificar parcialmente.

En la reunión de este lunes, los representantes del mundo del trabajo han asegurado que Catalunya “no puede permitirse el lujo” de continuar con suplementos de crédito. “Basta de tacticismos”, ha dicho la secretaria general de CCOO, Belén López, al tiempo que su homólogo en UGT, Camil Ros, reclamaba a ERC y Junts sentarse a negociar las cuentas.

Por la parte empresarial, Foment ha avisado de que no tener presupuestos supone perder entre 4.000 y 5.000 millones de euros de inversiones, una cifra que no puede asumir en un momento donde la administración cuenta con recursos para aprobar unos presupuestos expansivos. Pimec ha insistido a los partidos que sería “inexcusable” que no se entendieran.

Todas las organizaciones han considerado además insuficiente la solución de aprobar suplementos de crédito para añadir más fondos a las cuentas. Los suplementos de crédito fueron la opción que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, señaló el sábado como vía alternativa si el Govern no conseguía que el Gobierno aceptara el traspaso de la gestión del IRPF a Catalunya.

El acto de este lunes llega después de que ERC haya rechazado iniciar las conversaciones sobre las cuentas, al considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez incumple uno de los compromisos firmados para la investidura de Illa, sobre la gestión catalana del IRPF. Según el acuerdo firmado entonces, la Agència Tributària Catalana sería la encargada de recaudar y liquidar este imouesto desde la campaña de 2026, es decir, la que comenzará en unos meses, una circunstancia que ambas partes aceptan que no se cumplirá.

ERC había presentado en solitario una proposición de ley para habilitar legalmente este traspaso, pero la formación acabó retirándola hace dos semanas. Fuentes conocedoras de la situación aseguran que los republicanos habían llegado a un entendimiento con el Ministerio de Fomento por el cual sería más conveniente presentar esta propuesta como enmiendas a la ley del modelo de financiación, que se tramitará en el Congreso en unos meses.

Sin embargo, como los republicanos condicionan su apoyo a las cuentas de Illa a que se desencalle en el Congreso la cuestión del IRPF, reclamaban garantías tanto al Govern como al Gobierno de que apoyarían sus enmiendas. El pasado viernes esta reclamación se hizo al más alto nivel, con una reunión entre Sánchez y Junqueras en la Moncloa, en la que el independentista salió con las manos vacías.

Tanto en ERC como en el Govern confían en poder rencauzar la situación. Pero desde el Ministerio de Hacienda consideran que no es el momento de dar a los republicanos nuevas concesiones, después de haber presentado un sistema de financiación que, entienden, beneficia los intereses de ERC. Por su parte, la dirección de Junqueras insiste en que sin garantías sobre el traspaso del IRPF no puede dar un globo de oxígeno al Govern como el que supondrían unos nuevos presupuestos.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha pronunciado este lunes por primera vez sobre la propuesta de alianza entre las fuerzas de izquierda que ha lanzado su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. Sin dar un portazo al entendimiento de las distintas fuerzas progresistas del Estado, Junqueras sí ha sido claro sobre las listas electorales: “En Catalunya se presentará ERC”.

La iniciativa de Rufián, que presentará este miércoles en Madrid junto al diputado de Más Madrid Emilio Delgado, ha generado tensión con la cúpula de ERC, que el pasado lunes ya evitó sumarse al plan de su jefe en el Congreso, aunque por ahora el choque se gestiona en privado.

Durante toda la semana Rufián ha insistido en reclamar este frente de izquierdas con fuerzas independentistas y nacionalistas -como ERC, Bildu, BNG o Compromís-, ya que considera que actualmente “a la izquierda del PSOE no hay nada”, si bien nunca ha especificado qué fórmula propone para llevar a cabo este proyecto. Sin embargo, todos los partidos interpelados han dado la espalda a esta idea desde el primer momento.

En rueda de prensa, Junqueras ha insistido en que ERC se siente “interpelada” por los planteamientos de Rufián, pero ha considerado que el partido “ya demuestra” su apuesta con las alianzas de izquierda con la tradicional candidatura conjunta en las europeas con BNG y Bildu.

“ERC ya representa todo esto en nuestros respectivos ámbitos nacionales”, ha aseverado Junqueras, que ha indicado que Rufián no le ha invitado al acto con Delgado, aunque ha remarcado que mantiene conversaciones periódicas con líderes de la izquierda estatal como Antonio Maíllo o Yolanda Díaz. “Una de mis obligaciones es hablar con todo el mundo”, ha insistido.

El líder de ERC ha querido marcar perfil propio ante la propuesta de Rufián: “Estamos a favor de que todo el mundo que se quiera entender se entienda, pero quien representa estos valores somos nosotros”.

“ERC se presentará en Catalunya, entre otras cosas porque se llama ERC, y Bildu se presentará en Euskal Herria, y el BNG en Galicia”, ha ahondado Junqueras, para quien “los partidos políticos españoles harán lo que crean oportuno”. “Yo les animo a tener la mejor relación entre ellos y les deseo toda la suerte del mundo”, ha apostillado.

Por su lado, Rufián ha enviado un mensaje en redes sociales en el que ha criticado “el desprecio total y absoluto de la supuesta prensa seria a las redes”.

Presión por los presupuestos

En clave catalana, Junqueras también ha explicado que su partido quiere acordar los presupuestos catalanes, siempre que “sean útiles y se cumplan”. En aras a sacar adelante un pacto, ERC ha decidido retirar por ahora del Congreso su propuesta para que Catalunya recaude el IRPF, aunque ello no implica que renuncien a ello, ha matizado Junqueras.

Los republicanos sitúan ahora en el centro de las negociaciones acelerar el consorcio que vele por las inversiones en Catalunya en un contexto de caos en Rodalies. Junqueras ha evitado fijar una fecha concreta para un posible acuerdo y ha trasladado la presión a los socialistas: “Quien tiene que demostrar que quire presupuestos y cuanto antes mejor es el PSC convenciendo al PSOE”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado de disipar las dudas sobre la continuidad del ministro Óscar Puente tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barceloan. Lo ha hecho en su primer mitin de la campaña para las autonómicas del 8F en Aragón, en Huesca, donde ha mostrado abiertamente su “reconocimiento” al titular de Transportes: “Está gestionando y dando la cara desde el primer momento de la tragedia”.

Sánchez ha iniciado su intervención, tras los últimos “días desgarradores”, recordando a las “víctimas” de la tragedia. “Para los vecinos de Adamuz y de Barcelona, todo el cariño para las familias de las víctimas de los trágicos accidentes ferroviarios”, ha apuntado, antes de destacar también su “orgullo” por los “servidores públicos” y también por “las instituciones que han trabajado de manera leal para responder a la tragedia”.

A continuación, ha mencionado expresamente a Puente, cuyo papel ha querido diferenciar, sin mencionarlo, al del expresidente valenciano Carlos Mazón con la dana de 2024: “Esa es la diferencia entre unos y otros. Las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde ante ellas, y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad”, ha manifestado.

Las palabras de Sánchez llegan después de que el secretario general del PP, Miguel Tellado, haya pedido durante una rueda de prensa la “dimisión inmediata” del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, al que acusa de haber “mentido” en sus explicaciones de la última semana. Y lo mismo ha hecho el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien también ha reclamado el ceso de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. “Que dimitan no porque sean responsables personales de la crisis, sino por su incapacidad manifiesta para afrontarla y explicarla”, ha afirmado.

“Despotismo transatlántico”

También la política internacional ha tenido cabida en el mitin de Sánchez, después de la nueva polémica vivida con el presidente estadounidense, Donald Trump, esta vez en el foro de Davos. “Nosotros somos una sociedad que va a defender siempre las relaciones constructivas con las administraciones de todos los países”, ha destacado Sánchez, que ha continuado: “No vamos a aceptar el despotismo transatlántico que plantean algunas administraciones, poniendo en cuestión hasta la soberanía territorial de Dinamarca”.

En Davos, Trump volvió a recordar que el Gobierno español ha rechazado alcanzar el 5% de gasto en Defensa. El jefe del Ejecutivo ha destacado el “orgullo” que siente por las Fuerzas Armadas, a las que España destina 34.000 millones de euros al año. Sánchez ha incidido en la importancia de “fortalecer” el presupuesto en Defensa, pero ha resaltado que desde su punto de vista la seguridad “la garantiza también la cohesión social”.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha subido el tono este domingo por la crisis de Rodalies y ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. “Que dimitan no porque sean responsables personales de la crisis, sino por su incapacidad manifiesta para afrontarla y explicarla”, ha afirmado.

En una comparecencia este domingo en la sede de ERC, Junqueras ha achacado las afectaciones de Rodalies a “décadas de falta de inversión” y ha criticado que el Govern haya señalado como causa el temporal de lluvias. “Hay otras infraestructuras que siguen funcionando perfectamente en Catalunya a pesar de haber llovido”, ha argumentado. 

La carpeta de los trenes es especialmente sensible dentro de ERC, que tiene abiertas negociaciones abiertas con el Gobierno que afectan a la red ferroviaria catalana. Sin ir más lejos, el traspaso de Rodalies figura en los acuerdos de investidura de los republicanos tanto de Pedro Sánchez como de Salvador Illa. “Estamos absolutamente legitimados a insistir en la conquista de estas mejoras”, ha dicho.

Junqueras ha insistido en avanzar en un plan quinquenal de inversiones ferroviarias en Catalunya, así como en el Consorcio de Inversiones. Y no ha dudado en defender el traspaso de Rodalies, un proceso que este mes de enero ha visto ya como se constituía la empresa mixta entre Renfe y la Generalitat. “El acuerdo es muy bueno y debe culminar con el traspaso pleno”, ha declarado. 

Con todo, ha dado a entender Junqueras que la crisis ferroviaria no va afectar a la negociación de los presupuestos catalanes de 2026. Preguntado por ello, se ha limitado a afirmar que sus condiciones siguen siendo las mismas: sacar adelante el nuevo modelo de financiación y “desencallar” la recaudación del IRPF.

Los trens de Rodalies suman este domingo una jornada más sin circular. El Govern suspendió de nuevo el servicio el sábado, alegando nuevas incidencias y afectaciones provocadas por el temporal, y asegura que está supervisando y arreglando la infraestructura “a cotrarreloj” para que la red opere de nuevo el lunes. 

El PP mostrará este miércoles un rechazo en bloque al proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica pactado por el Gobierno con ERC. Hacienda ha convocado a los consejeros del ramo a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se les informará de las líneas generales de la propuesta. Luego llegarán las negociaciones bilaterales y un complejo trámite parlamentario para el que Pedro Sánchez no tiene garantizados los 176 votos necesarios.

El proceso acaba de empezar y el objetivo del Gobierno es que el nuevo sistema esté listo para 2027. Los detalles sobre la propuesta todavía no se conocen, más allá de los cálculos de ingresos que presentó Hacienda el pasado viernes. Aun así, el rechazo en bloque del PP ya fue adelantado este fin de semana por Alberto Núñez Feijóo, quien la tachó de “una financiación a la carta que abunda en lo de siempre: el separatismo exige y los españoles pagan”. “Eso no es posible. Eso no es razonable. Eso no es igualdad, eso no es justicia social”, apuntilló.

“Nuestra respuesta ha de ser unida, ha de ser determinante, ha de ser constante”, aseguró en la clausura de la 28 Interparlamentaria del PP celebrada en A Coruña. Justo antes que él intervino el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien también criticó la propuesta. 

Pero Rueda señaló el problema que tiene el PP de Feijóo desde hace años: hay unidad en rechazar las iniciativas del PSOE, pero no son capaces de armar una propuesta alternativa conjunta. “Claro que vamos a discutir”, dijo sobre la asistencia de los consejeros del PP a la cita de este miércoles. “Y discutiremos entre comunidades autónomas porque cada una tenemos nuestras necesidades, nuestras realidades, nuestros puntos de vista, nuestras prioridades, y, si me permitís, incluso, nuestros pequeños y legítimos egoísmos”, zanjó.

El PP acudirá así a la cita de este miércoles y, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior reunión, centrada en la quita de la deuda, no está previsto un plante coordinado. De hecho, tanto en público como en privado, dirigentes nacionales y altos cargos autonómicos reconocen que el modelo diseñado por María Jesús Montero “algo mejor es” que el actual. 

En concreto, desde el PP se asume que se ha reducido a la mitad la distancia entre las regiones con un aumento de la financiación por habitante. Esta pasaría de 1.500 a 700 euros. En el PP también defienden la ordinalidad del sistema. Un responsable económico del partido aseguró este fin de semana a los periodistas que hace falta un “equilibrio para que el que más aporta no quede por debajo” de las demás regiones.

Feijóo ha convocado el próximo domingo a sus barones autonómicos en Zaragoza para una reunión en la que tratarán de unificar una respuesta al Gobierno.

21.000 millones más 

El nuevo modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda prevé una inyección de 21.000 millones de euros adicionales, disparando el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones en 2027, cuando entraría en vigor.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha diseñado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

La propuesta que desgranó el viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recibido el aval de la agencia de calificación Standard & Poor’s, que pone en valor los mayores recursos que recibirán las comunidades. Esto las acercaría al objetivo que persigue Hacienda: que los gobiernos regionales puedan financiarse en los mercados y someterse a su disciplina. Pero pone en duda que salga adelante, precisamente por lo precario de la mayoría que sustenta el Gobierno.

La ministra Montero lleva meses reclamando al PP de Feijóo que acuerde una postura única para cerrar la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúnen los consejeros de Hacienda de cada comunidad, la mayoría populares, pero cada uno tiene intereses contrapuestos a la hora de establecer los criterios para repartir los recursos.

El Gobierno trata de trasladar la presión a Feijóo para que ponga orden en el partido, con el argumento de que la reforma del sistema, que se instrumenta a través de una Ley Orgánica, se vota en el Congreso y no en el órgano multilateral. “Si no les gusta el modelo, que propongan el suyo”, dicen fuentes del Ministerio.

De hecho, el Ejecutivo tendría asegurado que la propuesta saliera adelante en el CPFF, de llegar a votarse, porque cuenta con la mitad de los votos en el organismo y solo necesita el apoyo de una de las comunidades (Catalunya, singularmente) para salvar el trámite. El reglamento de la multilateral garantiza a Hacienda el control de lo que se vota y se aprueba. Algo que la Autoridad Fiscal ha criticado recientemente, pidiendo reformar las mayorías para la aprobación de determinados asuntos en estas reuniones. Entre ellos, potenciales reformas del sistema de financiación autonómica.

Para el Gobierno lo importante no es lo que pueda pasar en el CPFF, sino lo que ocurra en el Congreso. A pesar de la complejidad parlamentaria, y de que por ahora no tiene los apoyos suficientes por las dudas que ha suscitado en algunos aliados como Compromís, en Moncloa se muestran confiados en poder sacarlo adelante gracias a Junts, aunque la formación independentista quiera un concierto económico como el de Euskadi o Navarra. 

“El modelo de financiación llegado el momento contará con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario. Junts lo apoyará. Junts cree que Catalunya debe salir del modelo de financiación, pero hay vigente un modelo de financiación caducado que perjudica mucho a Catalunya”, reflexionan fuentes gubernamentales que ponen en duda que se opongan a una propuesta que es “claramente más justa para todos los territorios”. “Llegado el momento pulsarán el 'sí' con el espacio de seguir diciendo que quieren cupo”, agregan. 

Grietas en el PSOE

No obstante, la actual propuesta ha abierto grietas en el propio PSOE. Las dos comunidades en las que gobiernan los socialistas –más allá de Navarra, que está fuera de esta pelea– se oponen al modelo que ha presentado la ministra de Hacienda. 

El más beligerante ha sido Emiliano García-Page, que calificó de “atropello” la reforma y planteó un adelanto electoral. Más allá de las críticas por haber pactado el modelo exclusivamente con Catalunya y ERC y por la “falta de transparencia” de Hacienda, que no ha hecho públicos todos los datos sino exclusivamente los de los recursos adicionales, lo que argumentan en el Ejecutivo manchego es que “el resultado final sería muy positivo para aquellas comunidades con una gran capacidad tributaria” mientras que las que tienen menos músculo seguirían infrafinanciadas, como es el caso de Castilla-La Mancha, que suponen que en las cifras globales estará por debajo de la media. “Es un modelo incompatible con el principio de igualdad”, reprochó el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina. 

También Asturias ha cargado contra el principio de ordinalidad que inspira la reforma y que es una “línea roja” para el Ejecutivo de Adrián Barbón, muy crítico con la propuesta tanto en el fondo como en la forma. “No nos ha gustado que nos pidan adherirnos a un contrato que ya existe”, afirmó la vicepresidenta, Gimena Llamedo, que aseguró que no aceptará “un plato precocinado”. 

“Siempre hemos defendido que la financiación no puede depender únicamente de la riqueza o de la población, sino que debe garantizar la igualdad en la prestación de servicios”, afirmó la número dos del Gobierno regional, que ve avances, como el reconocimiento de costes fijos en el cálculo de la población ajustada, pero tiene recelos también respecto a la distribución del fondo de nivelación horizontal y las competencias no homogéneas. En todo caso, lo que sostienen es que la propuesta es el “punto de partida” y esperan a los resultados que esperan puedan darse de una negociación multilateral antes de dar un 'no' rotundo.

La propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica es una vuelta de tuerca del llamado régimen común. Siguiendo la presentación de la vicepresidenta María Jesús Montero, se basa en un sistema de reparto, es decir, no basado en los ingresos descentralizados propios de cada comunidad como punto de partida. Ello se debe a la “dificultad de sacar adelante un nuevo modelo”. Busca “adaptarse a territorios muy desiguales”, de los que el Estado procede a estimar sus “necesidades fiscales”. Y su objetivo es garantista, no expuesto, por tanto, a una elevada responsabilidad fiscal. Enumera principios de muy dudosa compatibilidad (blindar el estado del bienestar en derechos personales) tras proclamar “flexibilidad y solidaridad interterritorial” y anunciar “más autonomía fiscal”. Y pretende, pese a ello, “reducir diferencias”, a la vez que “incrementar el reconocimiento de singularidades territoriales”. Todo un puzle. Pero, claro está, se trata de ‘principios’; no de ‘finales’ con compromisos de consecución.

Por lo demás, la propuesta mantiene el controvertido concepto de población ajustada (no de las contribuciones fiscales per cápita de cada comunidad), sobre la base de variables, aproximadas, más o menos rigurosamente ponderadas convenientemente –la presentación explicita una lista– y aplicadas sobre un monto 'flexible' de recursos disponibles. Aparece algún desglose de variables y el parámetro “coste fijo”, pero no el de la inmigración acogida, ni la densificación, por ejemplo. Como decía, todo con pesos ad hoc.

La propuesta aumenta la cesta de impuestos generales participados (no transferidos en origen). Sus efectos, aquí sí, pueden ser singulares según funcione el entramado de la población ajustada (si no se corrigen al final) y los recursos disponibles. Se mantiene la nivelación horizontal (restar a unos para dar a otros), al 75%, como ahora. Mejor sería haberlo pivotado todo sobre la nivelación vertical (a cargo del Estado y de su propia recaudación), lo que transparentaría mejor la nivelación, aunque ello es opinable.

Aparece también una adhesión voluntaria al IVA PIME, calculado como diferencia entre el porcentaje de IVA liquidado en la comunidad y el índice de consumo que recoge el INE; en realidad, pienso, es una especie de premio al ‘no-fraude’ minorista.

Y emerge un ¡fondo de cambio climático! Dos tercios de lo que se decida poner a disposición será para las CCAA del arco mediterráneo, y un tercio para el resto. El destino de gasto que haga posible dicha financiación se entiende debe ser finalista, lo que se traduce en un menor margen de discrecionalidad en el gasto de los beneficiarios, pero no se especifica el modo de reparto.

Se mantiene la cláusula del status quo. Nadie pierde en términos absolutos aunque, claro está, las lecturas son siempre relativas (lo que gana uno respecto de los demás). Con todo ello vamos sumando millones que financiarán gasto corriente de difícil reversión en caso de cambiar el ciclo económico.

No se acaba con las entregas a cuenta; se “agilizarán”, se dice. Quizá sólo en la parte de la caja compartida del IRPF, con gestión en red, etc. Todo ello, aun por precisar.

Reaparece el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), fuera del sistema (así se preserva mejor la ordinalidad en éste), al que Catalunya y otras CCAA no tendrán acceso. Suponemos que con ello se trata de amortiguar impacto de Andalucía y Extremadura, y quizás de las dos Castillas. Conviene recordar que el gasto procedente del FCI se debe condicionar para infraestructuras de capital y no destinado a gasto corriente.

No se conoce la operativa de la ordinalidad, al ser la recaudación per cápita y las transferencias dinámicas, ajustadas, de difícil precisión anticipada, y dependiendo de la evolución de las necesidades relativas de cada comunidad. De todos modos, no va a tener  igual lectura que una comunidad se sitúe, pongamos, tercera en el ránking a 1 euro por debajo de la segunda que a 1 euro por encima de la cuarta. Todo sería ordinalidad, pero la cuantía de recursos puede variar muchísimo.

No se menciona ningún ajuste por el coste relativo de vida (reconocimiento de que un euro no compra lo mismo sobre el territorio de las diferentes CCAA). El tema queda aplazado, igual que el de la gestión completa del IRPF.

El cálculo de entrada es de unos 21.000 millones de euros, más la absorción de deuda por condonación, más 3.300 millones del FCI. En total, algo más de 27.000 millones (más intereses asumidos por condonación, que pueden ser otros 2.000). Si a Catalunya le corresponden unos 4.700 millones (afinar más el cálculo se nos antoja imposible), esto en el margen y sobre el total del déficit fiscal no es mucho más que su peso relativo en población, coincide con el cálculo del déficit de la sanidad catalana.

¿Se acuerda alguien del acuerdo ERC-PSC?

Lo que preocupa a Junts es que no parece que la mejora de la financiación pueda permitir bajar la presión fiscal catalana. Más aún, la neutralización a futuro del déficit público agravará la presión fiscal global y posiblemente el déficit de la balanza fiscal catalana, como contribuidora relativa que es al sistema (junto a Baleares y Madrid). El margen del Estado en bajar gasto se limita al aparato de la Administración Central. Su adelgazamiento no se espera. Y ha de aumentar más el gasto en defensa. La presión de incrementos fiscales para consolidar las cuentas públicas está a la vuelta de la esquina.

Concluyendo: ¿Se acuerda alguien del acuerdo ERC-PSC? La solución a la “Infrafinanciación severa e insuficiencia financiera crónica de la Generalitat, pasaba por ”una reforma radical del modelo de financiación de la Generalitat que avance hacia la plena soberanía fiscal y suponga un aumento sustancial de sus recursos: Cesión gradual del 100% de los tributos de titularidad estatal a la Generalitat con asunción progresiva por parte de una Agencia Tributaria Catalana independiente de todas las competencias de recaudación y gestión, así como de los medios personales y materiales de la AEAT y mayor capacidad normativa autonómica (concierto económico). Pacto fiscal. Primero, recaudación, ‘La llave de la caja’, y después aportación de la Generalitat a la caja común: –para cubrir el coste de los servicios que siga prestando el Estado (en forma de % de la recaudación)– y una cuota de solidaridad para complementar la financiación de las comunidades de menor renta; y se respetará el principio de ordinalidad en términos de financiación por habitante.“

¿Es la política el arte de lo posible? ¿Nuevo ‘desguace fiscal’ del Estado por parte del nacionalismo catalán? Se come éste el marrón del desgaste político y su denostada avaricia insolidaria, a beneficio de baronías autonómicas, de comunidades cuya ciudadanía aspiraba a menos descentralización (y no a más), que con las Diputaciones les bastaba y sobraba.

En cualquier caso, la generalización ha elevado una factura que empeora la perspectiva de déficit y deuda futuros y no satisface al parecer a muchos de sus potenciales beneficiarios. Es probable así que se vean fuertes incentivos del Partido Popular para que el sistema no entre en vigor. Si entra, mande quien mande el 2027, sin ya el dinero europeo de Next Generation, será imparable la necesidad de financiación recurrente de tal tamaño de gasto ordinario; también para un gobierno liberal que se haya presentado con propuestas de rebajas fiscales. Si el Congreso no aprueba la propuesta y/o el PP logra que el Tribunal Constitucional frene el nuevo sistema, el Gobierno aducirá que ha cumplido la parte del pacto aceptado por ERC, y ERC aprobará el presupuesto de la Generalitat. Veremos.

Sus Majestades los Reyes de Oriente han pasado por el Palau de la Generalitat y le han dejado a Salvador Illa un acuerdo que, si nada se tuerce, podrá canjear por los primeros presupuestos de su presidencia. El socialista tenía cierta urgencia por aprobar esta reválida, después de llevar más de un año y medio sin cuentas y sin poder estabilizar la mayoría parlamentaria que le sustenta junto a ERC y Comuns. Sin embargo, la fotografía de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras cerraba, al menos por ahora, la disputa de la financiación, y eso suponía amarrar a los republicanos en Madrid pero, también, en Catalunya.

Si bien han sido los Reyes quienes han traído el regalo, la carta la había escrito personalmente Pedro Sánchez, quien lleva semanas dando importancia al acuerdo con ERC en materia de financiación. Resolver el sudoku económico de la mano de Junqueras es vital para garantizar unos presupuestos de Illa, el más destacado barón socialista, pero también sirve para fajar la coalición de izquierdas en el Congreso y para avanzar en una agenda de reformas que, en teoría, cuando llegue al Congreso podría tensionar tanto a la oposición, incluyendo a Junts, tanto o más que al Gobierno.

Los de Carles Puigdemont se han descolgado del apoyo al Gobierno, según juran ellos, de forma definitiva. También han sido muy críticos con el nuevo reparto financiero cerrado entre María Jesús Montero y Oriol Junqueras. Pero la formación tendrá difícil dar un 'no' rotundo a un acuerdo que en Catalunya se celebra y que, pese a que todo el mundo es consciente de que no es la financiación singular pactada en tiempos de Pere Aragonès, colocaría a la Generalitat en un nivel de recursos inédito. Al menos en los primeros años de implantación del modelo y mientras la economía vaya viento en popa.

Pero, aunque Junts es una pieza clave en el Congreso, es irrelevante a la hora de formar mayorías en el Parlament, donde la coalición intermitente que forma ERC y los Comuns junto al PSC estaba a la espera de un avance de peso en materia de financiación para dar luz verde a la negociación de presupuestos.

Este viernes en el Palau de la Generalitat el equipo del Govern supuraba euforia. El encuentro de Illa con Junqueras había ido bien y responsables de los dos partidos mantenían, conjuntamente, un encuentro con periodistas para explicar algunos detalles del acuerdo. El principal mensaje de la consellera de Economía, Alicia Romero, es que antes de llegar al ecuador del mandato el Ejecutivo de Illa ya había cumplido con una parte importante del programa de investidura pactado con los republicanos, al menos en lo tocante a los asuntos económicos.

Nadie, ni ella ni ERC ni mucho menos el Ministerio de Hacienda, se olvida de que en aquellos papeles también se hablaba de una agencia tributaria propia de Catalunya que recaudase, al menos, el IRPF este año. Junqueras ha aceptado que ese calendario no se cumplirá, pero no ha renunciado al asunto de la recaudación, pese a que desde el Gobierno lo han colocado en el cajón del ya veremos.

Sin embargo, Romero sabe que, pase lo que pase ahora con el acuerdo de financiación, ella puede comenzar a elaborar los presupuestos de la Generalitat. Unas cuentas que, con solo aprobarlas, aumentarían considerablemente el dinero disponible de todos los departamentos.

En lo político, aprobar unos presupuestos de la mano de sus dos socios de siempre, Oriol Junqueras y Jessica Albiach, sería para Illa un triunfo de medio mandato y una confirmación de que no tendrá que arrastrar los pies para acabar la legislatura.

El president es, de hecho, quien sale mejor parado de un acuerdo en el que todos los demás deben admitir que han tenido que ceder. Lo ha hecho Montero, muy reacia a acoger la ordinalidad como principio, pero que ha debido acabar abriendo la mano a que Catalunya en la práctica goce de esta circunstancia. Junqueras también ha debido priorizar el pragmatismo y renunciar a buena parte de lo escrito en el acuerdo inicial para poder tener fotografía junto a Sánchez y aparecer como pilar del Gobierno y no como palo en la rueda.

Sánchez, finalmente, ha priorizado brindar un triunfo a un aliado que le han fallado pocas veces, como es ERC, además de conceder a Illa un futuro más desahogado. En el otro plato de la balanza escucha los reproches, más duros que nunca, de líderes de su propio partido como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien este viernes pedía directamente elecciones por considerar el modelo de financiación un “atropello”, pese a que, en números por habitante, su comunidad sale mejor parada que Catalunya.

Este jueves en el programa satírico de TV3 Polònia emitieron un gag en el que aparecían tanto Junqueras como Montero al lado de Sánchez. Al primero, el presidente le rompía la ilusión al confesarle como si fuera un niño que “la financiación singular no existe”. A la vicepresidenta también la llevaba al llanto al contarle que sus posibilidades de ser presidenta de Andalucía eran escasas. Finalmente, era el propio Sánchez quien pedía que le dijeran que la corrupción en el PSOE no existe y que todo había sido una pesadilla. Es lo que tienen los Reyes Magos, que no siempre traen exactamente todo lo que uno ha pedido.

“Hito”, “salto adelante” y “oportunidad única”. El president Salvador Illa no ha ahorrado calificaciones positivas para celebrar el modelo de financiación autonómica que este viernes ha presentado el Gobierno de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras pactarlo con ERC. La nueva propuesta es, según el jefe del Govern, “la mejor posible para Catalunya” pero, también “buena para el conjunto de España”.

Con el nuevo modelo de financiación, ha asegurado Illa, Catalunya “recibe una financiación acorde con su singularidad política, nacional y cultural” y permite “dar un salto cualitativo en materia de autogobierno”. Es, en palabras del jefe del Govern, “la financiación que los catalanes merecen”, pero también un modelo más eficiente y de más cohesión para el conjunto de la ciudadanía española.

En un mensaje que ha pronunciado tanto en catalán como en castellano para dirigirse al conjunto de España, Illa ha asegurado que Catalunya “no pide privilegios” y que seguirá mantiendo su apuesta por contribuir a la solidaridad. “Catalunya será solidaria de acuerdo con su capacidad”, ha destacado.

El president de la Generalitat ha reclamado asimismo a los partidos de la oposición no bloquear el acuerdo y a situarse en la “política útil”. Illa ha hecho esta petición después de que este viernes desde Junts hayan mostrado su oposición a un sistema que, según critican, no supone el concierto económico que los independentistas reclaman.

Antes de esta declaración, el president se ha reunido con los líderes de ERC, Oriol Junqueras; y de los Comuns, Jéssica Albiach, para presentarles el modelo de financiación. El republicano ha advertido tanto a Illa como a Pedro Sánchez que “todavía queda mucho trabajo por hacer” porque se debe aprobar la propuesta en el Congreso.

En esta línea, Albiach ha pedido a Junts que apoye la votación en la cámara baja porque, según dice, “no se entendería que alguien que ama a Catalunya” no vote a favor. La líder de los Comuns ha reconocido que con el nuevo modelo “todo el mundo gana” y ha destacado que se cumple el principio de ordinalidad, pero también el de solidaridad.

Los detalles del modelo se comunicarán a los partidos del arco parlamentario en una reunión convocada por el Govern, prevista para las 17 horas de este viernes. Por su parte, tanto el PP como Vox y Aliança Catalana han anunciado que no asistirán al encuentro. Los populares han definido el modelo como “chantaje político”, mientras que los de Vox consideran que la propuesta “consagra la desigualdad de los españoles”. Por último, el partido xenófobo catalán asegura que el modelo pactado “pretende maquilar los acuerdos del Estado” y es “una nueva muestra de sumisión política”.

El Gobierno y ERC han cerrado el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica después de más de seis meses de arduas negociaciones. El resultado aún no se conoce en detalle, porque no será hasta el viernes por la mañana cuando la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo explique, pero en números absolutos implicaría que las comunidades autónomas se repartieran entre 18.000 y 20.000 millones más, de los cuales 4.700 serían para Catalunya.

En el Gobierno son conscientes de que les queda un duro camino por delante para que el nuevo modelo, que pretende sustituir al vigente desde 2009 y que caducó en 2014. Desde entonces ha sido imposible un entendimiento para la gran batalla de la política española dado que de ese sistema dependen servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la dependencia.

A pesar de la dificultad para sacarlo adelante debido a la debilidad parlamentaria y la falta de apoyos, en el Gobierno juegan con la baza de que será difícil para los partidos, especialmente el PP que es el que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas, rechazar un modelo que aumenta los fondos para todos los territorios. Por el momento, los gobiernos del PP, y también el socialista Emiliano García-Page, han criticado el acuerdo anunciado por Junqueras tras su reunión con Pedro Sánchez porque consideran que es un “agravio” que profundiza en las “desigualdades” dado que la financiación para Catalunya aumentará sustancialmente.

“La vicepresidenta lleva meses trabajando en este proyecto. Se ha hablado con todo el mundo, también con las autonomías del PP. No está negociado ni pactado con el PP, pero se ha hablado con ellos”, explican fuentes gubernamentales, que apuntan a que el Consejo de Política Fiscal y Financiera para presentárselo a las comunidades se celebrará la semana que viene. En todo caso, el Gobierno tiene mayoría en ese órgano por lo que se trata de un mero trámite antes de que lo apruebe el Consejo de Ministros y ponga rumbo al Congreso.

“Hemos tenido la deferencia de explicárselo a Junqueras, que no tiene el modelo completo, porque en el acuerdo de Gobierno se pactó poner encima de la mesa un nuevo modelo de financiación. Estamos orgullosos de aquel pacto”, señalan en Moncloa.

La nueva financiación convence a ERC, que asegura haber garantizado el principio de ordinalidad, un concepto que implica que ninguna comunidad pierde puestos en el ránking de financiación respecto al orden en el que está a la hora de aportar, y que en Catalunya genera gran consenso. Sin embargo, Junts ya ha mostrado su queja, al entender que el acuerdo no contempla nada parecido al concierto económico que ellos reclaman.

“[Lo pactado] no se parece en nada a lo que anunció ERC para investir a Salvador Illa”, ha asegurado el portavoz de Junts, Josep Rius, que ha criticado que no se haya acordado un cambio de modelo de financiación, sino únicamente aportar más recursos. “Todas las comunidades recibirán más dinero, pero Madrid seguirá teniendo la llave de la caja”, ha insistido el de Junts, que ha concluido que el pacto no revierte el “déficit fiscal” que denuncian que sufre Catalunya.

Los reproches de la formación de Carles Puigdemont, que se suman al rechazo frontal que ya han expresado todos los partidos de la derecha, comenzando por el PP, auguran un camino más que tortuoso para la reforma de una ley de financiación caducada hace 12 años.

Pero los argumentos para tratar de que Junts se mueva están fijados y son los que esgrimen, al unísono, desde el Gobierno, Govern, ERC y hasta los Comuns: ¿Va a rechazar Puigdemont que Catalunya disponga de un 12% más de financiación anual? Por eso, por contundentes que sean ahora las palabras de Junts, todos esperan que el partido acabe moviéndose, si no para apoyar, sí, al menos, para no obstaculizar la reforma.

Actualizar la ley de financiación, aprobada en 2009 para cinco años, requiere de una mayoría simple que sería posible con la abstención de Junts, siempre y cuando el resto de formaciones de la investidura de Sánchez dieran su apoyo a la propuesta, incluido el incierto voto de Podemos.

Pero las cosas serían aún más difíciles si se quisiera reformar la ley marco de la financiación, que es orgánica. Introducir cambios en esta norma sería necesario para avanzar en la recaudación por parte de la Agencia Tributaria de Catalunya, un compromiso que también figura en el acuerdo entre ERC y los socialistas, aunque, por el momento, aplazado.

En el Gobierno se preparan para una nueva batalla parlamentaria y tienen claro el argumentario contra el PP si no facilita la aprobación del nuevo de financiación autonómica, que permitiría regar a las comunidades con miles de millones de euros más. “El Gobierno de España pone sobre la mesa una propuesta que soluciona las carencias del sistema actual y cumple con lo prometido a todos los españoles: garantizar más recursos para todas las comunidades autónomas”, han apuntado desde Moncloa: “El Gobierno progresista quiere más sanidad pública, más educación pública, más ayudas a la ciudadanía y para eso necesitamos comunidades autónomas mejor financiadas”.

“Si el PP respalda estos principios, debería apoyar la propuesta de reforma que garantiza más recursos para todas las comunidades autónomas. Es incompatible creer en el Estado del Bienestar y en el Estado de las Autonomías y no apoyar la necesaria reforma del modelo”, se han precipitado a decir desde Moncloa sin siquiera presentar la letra pequeña y antes incluso de que el PP saliera en tromba a criticar el pacto de Sánchez y Junqueras.

La ordinalidad, un compromiso de Illa que molesta a Montero

“Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, para que si Catalunya es la tercera en aportar también sea la tercera en recibir”, ha proclamado Junqueras. Este anuncio, que aún nadie ha confirmado por la parte del Gobierno, llega tras una larga controversia que han mantenido las fuerzas mayoritarias en Catalunya, incluido el Govern de Illa, con el Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta Montero. Para los catalanes, la ordinalidad es un mínimo imprescindible del acuerdo, pero Montero ha tratado de evitar llegar a la carrera electoral andaluza con esta carta de presentación. De hecho, la vicepresidenta siempre ha sostenido que presentaría un “modelo global con parámetros que beneficien a unos y otros”. 

La ordinalidad, que es un principio que históricamente han defendido también el PP y el PSOE en Balears o Comunitat Valenciana, se recogió como principio de la nueva financiación en el acuerdo entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa, en verano de 2024. Sin embargo, en el primer gran compromiso público del Ministerio con la Generalitat para reformar la financiación, la palabra ordinalidad pasó de la parte de los acuerdos al preámbulo por decisión directa de la ministra.

El Parlament de Catalunya acabó plasmando el consenso que generaba la ordinalidad en Catalunya en una resolución aprobada en octubre pasado. Pese a eso, la palabra siguió generando división en el seno de las negociaciones a tres bandas entre Hacienda, el Govern y ERC. Según Junqueras, esta situación se habría superado, aunque quedan por ver los detalles concretos.

El acuerdo para una nueva financiación autonómica está cerrado, al menos con ERC. Pedro Sánchez ha recibido este jueves a Oriol Junqueras en la Moncloa en el primer encuentro público que se produce entre ámbos líderes desde la salida del republicano de la prisión. La foto rubrica un acuerdo económico que llega tras meses de complicadas negociaciones a tres bandas entre el Ministerio de Hacienda, el Govern de la Generalitat y la propia ERC.

El pacto, según ha explicado Junqueras, supone un nuevo modelo de financiación autonómica común para todas las comunidades de régimen común. En números, supondría una inyección de en torno a los 4.700 millones de euros anuales más para Catalunya, incluídos en los cerca de 18.000 en total que se repartirán entre el conjunto de las comunidades.

Además de las cifras en las que aumentaría la financiación, el acuerdo que se cierra con el Ministerio de María Jesús Montero incluye todo un nuevo cálculo de reparto, que será el esquema que rija para todas las comunidades autónomas, pero del que aún no se conocen todos los detalles.

El líder de ERC sí ha informado de que la nueva normal incluirá una clausula de ordinalidad, que supondría que las aportaciones de todas las comunidades a la caja común estén limitadas a que ninguna de ellas pierda puestos en el ránking de financiación por habitante. Según las cifras ofrecidas por Junqueras, esta ordinanidad supondría un aumento del 12% en la financiación de la Generalitat de Catalunya, algo que según ha indicado el republicano, beneficiará a los servicios públicos.

“Es un buen modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana”, ha dicho Junqueras al salir del Palacio de la Moncloa, aunque ha admitido que ese entendimiento, que ha asegurado que explicará en profundidad Montero este viernes, tiene que pasar aún por el Congreso y no están todos los apoyos amarrados. De hecho, Junts ha elevado el precio en los últimos días al apuntar al concierto como único modelo que le valdría. Junqueras ha pasado la pelota de la responsabilidad al tejado de Carles Puigdemont al mostrarse convencido de que es un “buen acuerdo”. “Cada partido será responsable de lo que vote”, ha apuntado el líder de ERC.

En Moncloa confirman que Montero presentará este viernes el nuevo modelo de financiación en el que “todos los territorios recibirán más transferencias para reforzar el Estado del Bienestar”, según fuentes gubernamentales, que no dan, no obstante, ningún detalle del sistema. Lo que sostienen es que dará “más recursos a todas las comunidades autónomas”.

“El Gobierno progresista quiere más sanidad pública, más educación pública, más ayudas a la ciudadanía y para eso necesitamos comunidades autónomas mejor financiadas”, apuntan esas fuentes. En el Gobierno saben de la complejidad de aprobar un nuevo sistema que conjugue las necesidades de las distintas comunidades autónomas, que tienen distintos intereses incluso si están gobernadas por el mismo partido. “Si el PP respalda estos principios, debería apoyar la propuesta de reforma que garantiza más recursos para todas las comunidades autónomas. Es incompatible creer en el Estado del Bienestar y en el Estado de las Autonomías y no apoyar la necesaria reforma del modelo”, apostillan en el Ejecutivo.

La recaudación del IRPF, pendiente

Aunque ERC y el Gobierno han llegado a un entendimiento sobre el modelo, Junqueras ha subrayado que aún no se ha desatascado la fórmula para que Catalunya pueda recaudar el IRPF, tal y como se pactó para la investidura de Salvador Illa. “Es una cuestión que sigue pendiente”, ha contestado a los periodistas.

Y es ese fleco pendiente el que hace que ERC no esté aún en condiciones de negociar los Presupuestos Generales del Estado. “Para que se den las condiciones, es necesario un acuerdo en el modelo de recaudación. Estamos convencidos de que es posible que se consiga ese acuerdo”, ha afirmado Junqueras, que ha dicho que “si hay provincias que son capaces de recaudar todos los impuestos” no se le “ocurre una razón por la que Catalunya no pueda recaudar uno de ellos”.

El líder de ERC, no obstante, se ha mostrado partidario de que haya presupuestos porque son una “herramienta útil para servir a toda la sociedad”, pero considera que son el PSOE y el resto de fuerzas las que deben mover ficha.

La reunión de Junqueras y Sánchez se produjo a instancias de ERC en el 'diciembre horribilis' de los socialistas, cuando se produjo la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y el PSOE entró en ebullición por la acumulación de denuncias de acoso a raíz de haber tenido en el cajón las que se pesaban contra el exasesor del presidente Paco Salazar. “Lo que pedimos es que adopten las medidas necesarias para acabar con este tipo de comportamientos”, ha respondido Junqueras, que ha presumido de que ERC no ha tenido nunca ningún caso de corrupción. “En el Estado español hay partidos a los que les cuesta mucho acabar con la corrupción”, ha agregado antes de recordar que en su paso por algunas cárceles durante el juicio del procés se encontró fundamentalmente con “militantes del PP, todos ellos acusados de corrupción”.

La nueva financiación para Catalunya marcará la reunión de este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Los republicanos quieren que el encuentro sirva para cerrar y “concretar” el acuerdo para el nuevo modelo, según ha expresado el vicesecretario general de comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert.

Sánchez se reúne con Junqueras en un momento crítico para la estabilidad de la legislatura tras la ruptura con Junts, pero que ERC, principal rival de los de Puigdemont en Catalunya, quiere aprovechar para mostrar que se pueden llegar a acuerdos con el Estado en beneficio de la comunidad. “ERC debe salir con un acuerdo. Estamos llegando claramente al final de las negociaciones”, ha añadido Albert en Catalunya Ràdio.

También desde la Generalitat se han sumado este miércoles a los buenos augurios. El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha considerado “casi inminente” el acuerdo de financiación para Catalunya. En declaraciones a TV3, el conseller ha explicado que solo quedan “algunos flecos” por cerrar y ha calificado “de importante” la reunión entre Sánchez y Junqueras.

El principal escollo de las negociaciones para la nueva financiación, que ERC y el PSC pactaron a cambio de la investidura de Illa en 2024, ha sido el denominado 'principio de ordinalidad', al que se opuso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en plena carrera electoral para la Junta de Andalucía.

Según Albert, en las negociaciones se ha concretado que el nuevo modelo de financiación suponga unos 5.000 millones extras para Catalunya. Sin embargo, faltan por concretar varias cuestiones, como el calendario de la recaudación de impuestos, que los republicanos califican de “clave” para poder negociar nuevos presupuestos catalanes.

En cuanto a Junts, Albert ha recordado que no solo depende de los de Puigdemont que las modificaciones necesarias en el Congreso tengan suficientes apoyos. “Si en el trámite parlamentario Junts puede modificar el acuerdo, trabajaremos conjuntamente con ellos. Pero el acuerdo será bueno para el país”, ha agregado.

Albert ha insistido en que si se cierra un acuerdo de financiación ERC estará dispuesta a hablar de presupuestos “donde haga falta”, es decir, tanto de las cuentas de la Generalitat como de las del Gobierno. El portavoz de ERC ha considerado que será el “primer acuerdo de financiación justa” para Catalunya. “Es el mejor acuerdo posible y el que creemos que puede tener suficientes apoyos parlamentarios”, ha aseverado.

Por su lado, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha instado a Junqueras a defender ante Sánchez el “concierto económico catalán”, esto es, un modelo similar al vasco que no puede obtener Catalunya al formar parte del régimen común. “Todo lo que sea menos que el concierto económico catalán será un fracaso y no tendrá el apoyo de Junts”, ha avisado.

Cerrar un acuerdo de financiación sin conocer las balanzas fiscales “sería como operar una rodilla sin tener una radiografía”, ha subrayado Nogueras. La portavoz en el Congreso ha vuelto a emplazar a ERC a que aproveche la “extrema debilidad” del Gobierno para “conseguir cosas que nunca habríamos podido conseguir en circunstancias normales”.

“Que Catalunya tenga el control, que Catalunya mande sobre los ingresos. Este es el debate. ¿El poder lo tiene Catalunya o lo tiene España?”, se ha preguntado Nogueras.