La familia Bolsonaro está entre la justicia y la pared. Mientras el expresidente Jair Bolsonaro cumple pena en régimen de prisión domiciliaria, la vida política de sus hijos Eduardo y Flávio se complica cada día que pasa. En junio, el Supremo Tribunal Federal (STF) condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de cárcel, en régimen semiabierto, por el delito de coacción por el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva, además de a ocho años de inhabilitación. Antes, ya había perdido su acta de diputado por haber fijado su residencia en EEUU.

Alexandre de Moraes, el juez del Supremo que está a cargo del caso, argumentó que Eduardo Bolsonaro presionó a las autoridades estadounidenses y al presidente Donald Trump para forzar sanciones contra Brasil, lo que provocó una grave amenaza a las instituciones del país.

No obstante, la gran sombra que se cierne sobre la familia Bolsonaro está relacionada con el escándalo del Banco Master, considerado el mayor fraude financiero de la historia de Brasil, estimado en cerca de 9.000 millones de euros. La ayuda millonaria que Flávio Bolsonaro pidió a Daniel Vorcaro, presidente del Banco Master, para la película Dark Horse sobre la vida de Jair Bolsonaro es la punta de un iceberg de corrupción que, según avanzan las investigaciones, se va extendiendo por el espectro político conservador.

Sobornos con dinero público

Daniel Vorcaro, preso desde finales de 2025, usaba dinero público de fondos de pensiones y capital conseguido con falsos fondos de inversión para sobornar a políticos a cambio de favores. Aunque el escándalo acaba de salpicar al senador del Partido de los Trabajadores (PT) Jacques Wagner —la Policía Federal (PF) investiga la compra de un apartamento de lujo y su presunta relación con Vorcaro— los tentáculos del Banco Master están alcanzando, sobre todo, a piezas claves de la derecha y la extrema derecha.

El senador Ciro Nogueira, firme aliado del bolsonarismo, está en el epicentro del escándalo. A cambio de una vida de lujo y de pagos mensuales proporcionados por Daniel Vorcaro, Nogueira benefició con su actividad legislativa al Banco Master. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, enemigos declarados del Gobierno de Lula, también están enredados en el caso. Incluso se está investigando al joven diputado Níkolas Ferreira, enfant terrible del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, después de que la policía encontrase su nombre entre los contactos de Daniel Vorcaro.

Trumpismo y megacárceles

Mientras la presión judicial y mediática arremete contra la línea de flotación del bolsonarismo, el precandidato presidencial Flávio Bolsonaro endurece su programa electoral. Siguiendo las recomendaciones de su partido, está poniendo todo el foco de su campaña en la seguridad.

Antes de divulgar su programa Brasil sem medo (Brasil sin miedo), que se apropia de la narrativa de la campaña de Lula en 2022, lanzó un vídeo de parodia de la película Top Gun, realizado con inteligencia artificial, en el que ametralla embarcaciones de comandos de narcotraficantes y del PT de Lula.

Este Brasil sem medo que Flávio Bolsonaro pretende instaurar si gana las elecciones presidenciales va mucho más allá del reconocimiento de las bandas de narcotraficantes brasileñas como terroristas por parte del Gobierno de Donald Trump. El programa propone replicar el polémico sistema de cárceles de máxima seguridad de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y crear medio millón de nuevas plazas.

Las cinco nuevas megacárceles que serían construidas responden a un nuevo modelo de prisión al que Bolsonaro ha bautizado como trevas (tinieblas). “Es exactamente para arrojar luz a favor del ciudadano de bien y colocar en las tinieblas a esos marginales peligrosos y líderes de facciones”, justificó Flávio Bolsonaro en el lanzamiento del programa. Brasil sem medo también contempla la instalación de un millón de cámaras de vigilancia con tecnología de reconocimiento facial, el uso de IA para la persecución de criminales y la castración química de hombres que cometan violencia machista.

Los sondeos están confirmando que la mayoría del electorado asocia el escándalo del Banco Master más a Flávio Bolsonaro que a Lula. Una encuesta de Quaest revela que el 65% del electorado considera que Flávio Bolsonaro se equivocó al pedir dinero para la película Dark horse. Lo más relevante es que en el grupo de electores que no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha, clave para la contienda presidencial, Lula ha abierto una ventaja de 13 puntos.

El líder del partido, con las cuentas congeladas

Por si esto fuera poco, el STF ordenó la semana pasada la congelación de las cuentas del presidente del PL, Valdemar Costa Neto, por un montante equivalente a 20,3 millones de euros en el marco de una investigación por presunta corrupción ligada a la malversación y desvío de fondos públicos

Según el informe de la Policía Federal, citado por la Agencia Estadão, el político utilizó a funcionarios de la Cámara de Diputados para desviar a su favor recursos del presupuesto oficial.

Costa Neto ejerce una fuerte influencia sobre los diputados del partido, que actualmente es el mayor de la Cámara de Diputados brasileña. Aunque ha negado las acusaciones, el caso ha caído como una bomba en medio de los graves problemas legales en el entorno del candidato ultraderechista.

Tocado, pero no hundido, el bolsonarismo mueve sus fichas y cuenta con el apoyo de Kassio Nunes, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), nombrado durante el Gobierno de Jair Bolsonaro. De momento, Nunes ya prohibió la divulgación de una encuesta del Instituto Atlas/Intel, que constataba la caída de Flávio Bolsonaro, alegando que las preguntas asociando al candidato al escándalo del Banco Master eran tendenciosas.

El pasado 19 de mayo Hugo Souza, portero del Corinthians, reunió a su familia y encendió la televisión para ver una escena única en el fútbol actual. En la era en la que las presentaciones de las convocatorias mundialistas son productos audiovisuales destinados a maravillar en las redes, Brasil va por libre: la lista la da, en directo, leyéndola a cámara, el seleccionador, a la vieja usanza. Souza estaba nervioso. Como tenía bastantes papeletas para ser convocado al Mundial, hizo lo que todos los seleccionables (y también los otros 215 millones de brasileños): esperó a saber su suerte como quien ve un sorteo de lotería. En esta ocasión la imagen fue doblemente curiosa, porque el nuevo técnico, Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid, del Bayern, del PSG, de su Milan y de media liga italiana, está aprendiendo a manejarse con el portugués. La audiencia escuchaba su cadencia con atención, pero sobre todo aguzaban vista y oído para despejar la duda que mantenía en vilo a un país de tamaño continental: ¿iría o no Neymar convocado? Carletto empezó con los porteros. Cuando Souza no escuchó su nombre se derrumbó. Pero siguió viendo la retransmisión de la lista. Y cuando unos segundos más tarde Ancelotti dijo la palabra mágica, “Neymar”, al portero no convocado le cambió la cara, se levantó y festejó. Y como él, millones de personas. De ese día salió una certeza sabida, que Neymar mueve montañas, y otra recién aprendida: el italiano metió su primer gol antes de empezar el Mundial.

Carlo Ancelotti ha sido un entrenador de clubes con un palmarés al alcance de muy pocos: treinta títulos, entre ellos cinco Champions, con varios de los equipos más grandes de Europa. Pero de entre todas las virtudes que lo adornan hay una intangible, aquella que no puede cuantificar el big data, pero que vale oro: la gestión de vestuarios y también de aficiones, sin que apenas se le levante una ceja, la misma que le sirve como rasgo más característico. A su liderazgo tranquilo se ha encomendado Brasil, cinco veces campeón, para acabar con una sequía de un cuarto de siglo y lograr el Hexacampeonato —caza mayor— o, al menos, para encontrar el rumbo futbolístico que perdió en algún momento hace un cuarto de siglo.

Los años de Copa del Mundo en Brasil coinciden con años electorales. La cita de 2026, que se celebra dentro de cien días, tiene un aroma crepuscular. Se enfrentarán una decena de candidatos —ninguna mujer— y alcanzarán la segunda vuelta, muy probablemente, Lula da Silva, con 81 años y la posibilidad de alcanzar su cuarto mandato, y Flavio Bolsonaro, el hijo mayor de Jair, ungido por su propio padre, con importantes problemas de salud. La política brasileña estira el chicle con dos propuestas contrarias pero sin proyecto a largo plazo. En cierto modo, como le ha venido ocurriendo a la seleção en este siglo, al menos hasta este Mundial. Con el fútbol y la política se puede jugar con facilidad porque se entrelazan en sus paralelismos. Pero en el caso de Brasil incluso se podría explicar su historia contemporánea a través de los Mundiales.

En 1950, Brasil vivía un año de cambios que terminaría con la victoria en las urnas de Getúlio Vargas. Las elecciones vinieron precedidas del mayor trauma de la historia de los mundiales al perder con Uruguay en su propia casa, el célebre Maracanazo. La deriva política fue acorde al desenlace de ese torneo: cuatro años de olla a presión política que terminaron en 1954 con el suicidio del propio Vargas. En la previa al de 1958, el dramaturgo Nelson Rodrigues acuñó el término complexo de viralatas (perro callejero) para referirse al complejo de inferioridad que Brasil tenía como selección y como país. Decía en aquella crónica histórica: “El problema del Scratch [la selección] no es de fútbol ni de técnica ni de táctica. Es un problema de fe en sí mismo”. Y dio en la tecla, porque Brasil cambió su sino y ganó con un Pelé adolescente. Eran los tiempos de Juscelino Kubitchek en la presidencia, quien decidió hacer real el sueño de fundar una nueva capital. Brasilia ya estaba terminada en 1962, cuando la selección consiguió el doblete en Chile, el único hasta la fecha en los mundiales.

La de los sesenta fue la década del golpe de estado y la dictadura miliar. Semanas antes del Mundial de México en 1970, el seleccionador, João Saldanha, fue despedido no por su desempeño, incuestionable, sino por política: era comunista. Pero aquellla selección que heredó Mario Lobo Zagallo en el banco fue, para muchos, la mejor de la historia. Brasil ya era tricampeón y, sobre todo, era el paradigma del fútbol arte. Los setenta fueron tan grises en lo futbolístico como en lo político, pero en el mundial de España 1982 de nuevo se tiñó todo de verde amarelo. Sucedió poco después de la irrupción de un sindicalista que agitaba masas en el cinturón industrial de São Paulo, en los estertores de la dictadura. Se llamaba Lula da Silva y creó el Partido dos Trabalhadores, que sería crucial en la política nacional hasta hoy. En el campo surgió el mejor Brasil desde el 70, que reunía a Zico, el Pelé blanco —el otro ya estaba retirado, tras sus años en Estados Unidos poniendo en marcha la primera tentativa de liga en ese país— y a una pléyade de centrocampistas creativos, entre los que estaba Sócrates, el hombre más carismático de la Democracia Corinthiana, aquel movimiento que pedía en el campo elecciones directas. Un ejemplo de compromiso en el fútbol. Y en el banquillo volvía a haber un idealista, llamado Telé Santana. Tenía mucho a favor, pero Brasil no ganó. Y eso lo cambió todo.

La derrota contra Italia en Sarrià supuso un trauma que provocó un cambio de rumbo, primero paulatino y después radical. En 1994 se proclamó campeona con una selección fortificada, con adornos poco brasileños, con un medio campo que parecía una ciudadela y una delantera de dinamita. Ese modelo, curiosamente, le labró triunfos, pero sepultó el estilo de un país que había enamorado a generaciones. En 1998 llegó a la final con esa premisa, y en 2002 sumó otra estrella con la eficacia de un oficinista brillante, con destellos de sus fueras de serie en sus filas pero sin modificar sus bases defensivas. Parecía haber dado con la fórmula, pero en realidad fue su condena, un parche que le granjeó muchas alegrías para sumirlo después en depresión en los siguientes mundiales, incluido el suyo, en 2014, cuando vivió la última, hasta ahora, tragedia futbolística. De tanto mirar a Europa esta se lo comió a Brasil con su propia medicina: Alemania le arrasó 7-1 y provocó otro volantazo. Aquello fue la demostración de la desorientación de Brasil convertido en una fábrica de centrocampistas destructores en vez de creadores de juego, que era su seña de identidad. Esa sequía de talento en el medio la sigue pagando hasta la fecha.

Pasó 2018, también 2022, hasta que al fin encontraron una fórmula diferente: llamar a un entrenador extranjero. Pudo ser, dicen, Guardiola. También alguno de los entrenadores portugueses que van de equipo en equipo en el Brasileirão. Pero finalmente optaron una tercera vía llamada Carlo Ancelotti.

Aunque la nueva etapa es una incógnita, Brasil ya ha vivido su primera dosis de ancelottismo, una remontada ante Japón que ha dejado al país con la boca abierta, no solo por el resultado: primero por su tranquilidad tras ir perdiendo 0-1 durante muchos minutos. Luego, por su charla motivacional en el descanso. Y finalmente por la gestión de los cambios, y ahí entra Neymar: la selección empató, pasaban los minutos, pero él no salía. Miraba el exbarcelonista con cara de entre resignación y compungimiento cuando ya agonizaba el partido. No había tenido minutos después de calentar durante medio partido. La realización se recreaba en el plano corto de Neymar más que en el juego. Pero casi en el minuto 90 Martinelli metió el gol de la victoria. Brasil era el Real Madrid de Carletto vestido de amarillo. El diez salió del banquillo a celebrar el gol como un hincha. Cuando llegó el turno de entrevistas Ancelotti saldó con una frase tranquila las preguntas sobre Neymar: “Mi plan era ponerlo en la prórroga, pero ganamos”. Un partido menos, un problema menos.

Todo lo que hace Neymar trasciende lo que sucede en el campo y resuena a lo largo del país. A veces, domina la actualidad sin hacer nada. Ocurrió al poco de comenzar el Mundial. En un acto de Lula da Silva en Belo Horizonte, un niño dijo que admiraba a Neymar, a lo que el presidente le contestó: “Neymar es el primer convocado home office (que teletrabaja) en el mundo”, en alusión a su lesión, que solo le ha permitido jugar veinte minutos en el tercer partido, contra Escocia, tras más de mil días sin jugar con la selección. Pero el recado no iba por lo futbolístico, sino más bien por lo político: Neymar apoyó explícitamente a Bolsonaro en la campaña de las elecciones de 2022.

En aquel momento fútbol y política estaban presentes otra vez en la calle, esta vez envueltos en una batalla cultural inesperada alrededor del elemento más simbólico, la camiseta de selección. Desde las protestas que tumbaron a Dilma Rousseff en 2016, los críticos con el PT —que luego derivaron en el bolsonarismo—, empezaron a identificarse vistiendo la equipación titular de la selección. Las manifestaciones eran manchas amarillas gigantes y las contraponían, en su relato, a las camisetas rojas del lulismo. El grito era siempre el mismo: “A nossa bandeira jamais será vermelha” (nuestra bandera nunca será roja). Y así culminaron una apropiación de símbolos deportivos y nacionales. Los seguidores de Lula optaron por desviarse de la batalla y alentaron la moda de vestir la camiseta alternativa azul, pero después fue el propio Lula el que alentó que se readoptaran los colores del país y se resignificase el símbolo del pentacampeón mundial. Él mismo apareció, hace un par de semanas, dando un mensaje a los seleccionados vestido de amarillo.

No están los futbolistas entre los más inclinados a la izquierda, y en Brasil es aún más notorio. En el auge de Bolsonaro se repetían las fotos de apoyo de jugadores al que llegaría a presidente, casi todos envueltos en la camiseta y la bandera. Neymar era uno de ellos. Cuando Lula ganó las elecciones de 2022 (un par de meses antes del mundial de Qatar) le preguntaron por el futbolista: “No estoy enfadado. Neymar tiene derecho a elegir a quien quiera”. Pero en cuanto encuentra oportunidad, le recuerda sus preferencias, como el día del home office.

Lo que queda de Mundial, sea solamente el partido contra Noruega o lo que venga después si avanza, será un reto para todos. Para Neymar, porque el país aún espera algo del ídolo que pudo ser mucho más y no lo fue, pero que sigue ocupando el lugar que tuvieron Pelé, Zico, Romário o Ronaldo en su día. Para las elecciones, porque lo que pasa en el Mundial, como se ha visto, se mezcla de manera natural con la lucha por el poder. Y para Ancelotti, por supuesto, porque él es en parte juez de todo lo anterior. Si gana y se mete en instancias finales, podrá decir que ayudó a eliminar de nuevo el complejo de viralatas. Si cae eliminado, levantará la ceja y seguirá el camino sin inmutarse: ya renovó y pase lo que pase seguirá hasta después del mundial de 2030. Otra victoria de Carletto.

Hace apenas una semana, Abelardo de la Espriella, candidato de extrema derecha, fue elegido presidente de Colombia en una segunda vuelta en la que apenas 250.000 votos lo separaron del candidato de izquierdas, Iván Cepeda. Suficiente, en todo caso, para aparecer celebrando la victoria en redes sociales con la camiseta de la selección de fútbol de su país. O, al menos, algo casi idéntico: una prenda amarilla con tres líneas rojas sobre los hombros que en vez del escudo de la Federación Colombiana de Fútbol muestra la imagen de un tigre (De la Espriella se hace llamar el Tigre) y que en vez del logo de Adidas, en el lado derecho del pecho, muestra un lema: Firme por la patria.

Al abogado ultraderechista, que hace años reconoció que detestaba el fútbol, su versión ligeramente alterada de la camiseta de Colombia le convence incluso más que la original. Lleva meses tratando de asociar la camiseta de la selección a sus propuestas políticas: no solo la viste él, en sus mítines quienes la llevan son legión, y entre su círculo próximo casi no hubo quien se atreviera a no ponerla para celebrar su victoria.

Ese intento de apropiación no ha pasado desapercibido. A Cristhian Alexander, un periodista colombiano de 28 años que reside en Madrid, esto le indigna: “Es un robo a un símbolo de unidad nacional por parte de la derecha. Como no soy afín a la derecha, he decidido no ponerme la camiseta de la selección durante el Mundial. No quiero que la gente piense que apoyo a De la Espriella”.

Andrés González, colombiano de 34 que lleva cinco en España trabajando en una consultora, no es partidario de llegar tan lejos, aunque sí que ha empezado a sentir cierto rechazo: “Ver en los noticieros a gente usando la camiseta de la selección mientras profiere insultos racistas, pide bombardear a comunidades enteras y expresa deseos antidemocráticos me hace perder las ganas de usarla. Con todo, pocas cosas unen a Colombia como su apoyo fiel a la selección. Yo la quiero seguir usando”.

No todo el mundo está de acuerdo con estos análisis. Joaquín García Uribe, trabajador de 29 años de una multinacional de comercio, opina que el debate se ha sacado de contexto: “Creo que la izquierda exageró, ya que muchas otras veces se ha visto a candidatos de la izquierda usar la camiseta de la selección. Además de que ni la derecha ni nadie en ningún momento dijo que cierto tipo de personas no pudieran usar la camiseta, ergo no hubo apropiación alguna. Siempre me voy a poner la camiseta de la selección. No importa cuánto se intente politizar, la pasión del fútbol siempre será más grande que la política”.

Laura Peña, comunicadora social de 31 años que vive en Bogotá, la capital colombiana, subraya al respecto que ha habido incluso un intento de contraataque: “Hay una manipulación, un intento de generar división con símbolos que pertenecen a todos y a nadie al mismo tiempo. Pero se dio una reacción muy interesante por parte de gente que precisamente por no apoyar a la derecha empezó a llevar la camiseta de la selección. Al principio, a los seguidores de De la Espriella se los identificaba rápido porque eran los que llevaban la camiseta de la selección de Colombia, pero al final de la campaña no estaba tan claro”. Con todo, Peña también tiene claro su veredicto: “Yo hoy no llevaría la camiseta de la selección de Colombia, incluso aunque se empiece a usar como símbolo de rebeldía contra la derecha”.

Tras los pasos de Bolsonaro

De la Espriella no es, ni mucho menos, el primer candidato de extrema derecha que protagoniza una maniobra similar. Hace diez años, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro logró una identificación tal entre la verdeamarela y su partido que colgar una camiseta de la selección brasileña en un balcón se convirtió en un símbolo de apoyo a sus políticas.

Este cobró tanta fuerza que hubo intentos por parte de intelectuales progresistas de que la pentacampeona cambiara sus colores. “Siempre pensé que nuestra bandera y nuestros colores tenían una gran belleza, pero ahora simbolizan la intolerancia, la ignorancia política, incluso el fascismo”, decía entonces el cineasta y guionista brasileño Lucas Justiniano. Coincidía el escritor João Carlos Assumpção: “En mi opinión, ahora mismo vestir de color amarillo es como pegarse un tiro en el pie porque se identifica con Bolsonaro. Y de esta realidad no se escapa nadie. Necesitamos usar el blanco y el azul para distanciarnos de Bolsonaro”.

La cuestión todavía colea. Hace un año, Nike, la marca que viste a la selección brasileña, filtró que preparaba para el equipo una segunda equipación de color rojo. Aunque esta estaba inspirada en la madera del árbol que da nombre al país, faltó tiempo para que los movimientos de derechas la rechazaran por juzgar que ese era el color de la izquierda. Finalmente, la federación brasileña dio marcha atrás al proyecto: la segunda equipación de Brasil en este Mundial es azul eléctrico.

“La extrema derecha se ha centrado en dar la batalla cultural para conquistar el sentido común de la gente”, empieza explicando al respecto a elDiario.es Steven Forti, historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla (Siglo XXI). Lo hace, explica Forti, tratando de apropiarse palabras, ideas o conceptos que son aceptadas socialmente o tienen cierto tirón. En Francia, por ejemplo, Marine le Pen lleva tiempo reivindicando los valores laicos de la Revolución Francesa, algo que hasta ahora no había interesado a la extrema derecha.

A esto, añade Forti, se suma un elemento más: el nacionalismo, el corazón de los movimientos de extrema derecha, pone fácil remitirse a símbolos que apelan al país. Ahí entran, en su opinión, las camisetas de las selecciones nacionales: “De la Espriella intenta lo que ya intentó Bolsonaro. Entiendo que haya gente que no quiera llevar la camiseta”.

En España, el rechazo a la camiseta de la selección nacional se circunscribe hoy casi en exclusiva al ámbito del independentismo. Hace unos días, por ejemplo, Ernai, parte de las juventudes de Sortu, robó camisetas de la selección española para reivindicar a la selección vasca de fútbol. Por lo demás, la camiseta de la selección española es un éxito de ventas, aunque este año lo sea especialmente la segunda equipación, de color blanco.

No siempre fue así. Lo sabe Gregorio Casanova, historiador y redactor jefe de Cultura en Vozpópuli que lleva años analizando qué significa el nacionalismo y que recuerda que, por esas curiosidades que trae a veces el destino, Andrés Iniesta marcó el gol más importante del fútbol español vistiendo no de rojo, sino de azul, el color que tuvo que adoptar la selección tras la Guerra Civil por imposición de la Falange. Porque el color del equipo nacional de fútbol no ha sido nunca solo un color.

Recuerda también que hasta el ciclo ganador de los años 2008 a 2012, a la camiseta de la selección se la contemplaba desde la izquierda con el mismo recelo con el que se observa la bandera nacional. “La victoria en la Eurocopa de 2008 sirvió para despojar a los símbolos nacionales de sus connotaciones franquistas y reconstruir una reivindicación patriótica basada en el orgullo de ser español, superando la dicotomía entre izquierda y derecha. Hay incluso quien sostiene que ayudó lograrlo mediante un estilo de juego refinado e inteligente, antagónico a esa cosa añeja de la furia española”, explica Casanova.

“Creo que una de las mejoras definiciones de las naciones la dejó Benedict Anderson al describirlas como comunidades imaginadas. Dentro de esta profunda abstracción en la que millones de personas creen pertenecer a una nación determinada, el deporte juega un valor fundamental en la plasmación de la nación”, ahonda el historiador. “En cualquier partido de este mundial vemos a 11 compatriotas jóvenes, atléticos, admirados y ataviados con emblemas y colores nacionales compitiendo frente a frente contra otra nación. Es una guerra en miniatura. Si un mapa meteorológico en el que ensombrecemos a la pobre Portugal durante el informativo ayuda a recordar la nación mientras cenamos, imagina un partido de fútbol. Se produce la encarnación deportiva de una de las aspiraciones de todo nacionalista, crear el ellos y el nosotros”.

¿Qué hacer, entonces? ¿Son estos procesos de apropiación de la extrema derecha inevitables? Forti tiene una propuesta: “La izquierda debería disputarlo. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de llevar la camiseta de nuestro país? Si lo abandonamos, recuperarlo va a ser muy difícil”.

El exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue condenado este martes por el Tribunal Supremo por coacciones a la justicia por sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones contra Brasil.

Los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo votaron de forma unánime por la condena de Eduardo Bolsonaro, cuya pena, que puede oscilar entre uno y cuatro años, se definirá a continuación, después de una pausa de quince minutos en la sesión.

El magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor del caso, afirmó que el propio Eduardo Bolsonaro admitió haberse trasladado a Estados Unidos en 2025 con el objetivo de gestionar ante la Administración estadounidense la imposición de sanciones contra los jueces que procesaban a su padre, con la intención de evitar una eventual condena.

El exgobernante, líder de la extrema derecha brasileña, fue condenado el pasado septiembre a 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su intervención, De Moraes exhibió varios vídeos de declaraciones y entrevistas en las que el exdiputado se refiere a las gestiones que realizó en Washington para promover sanciones contra Brasil y contra los jueces de la Suprema Corte.

“Las amenazas se concretaron mediante sanciones contra magistrados de esta Corte, contra el procurador general de la República y contra Brasil, a través de aranceles”, afirmó el juez.

Los jueces también rechazaron las solicitudes de nulidad del proceso presentadas por la defensa de Bolsonaro, que alegó la supuesta parcialidad del magistrado y deficiencias en la notificación al acusado.

El defensor público Esdras dos Santos Carvalho, abogado de oficio designado para representar al exdiputado, negó las acusaciones al sostener que este se limitó a ejercer una “interlocución política” ante el Gobierno de Estados Unidos.

Carvalho recalcó que Bolsonaro “no tuvo ningún poder de decisión sobre la política exterior estadounidense” y tampoco se sirvió de violencia o amenazas graves, circunstancias que son necesarias en el delito de coacción.

Esta tesis fue rechazada por los jueces, que interpretaron que la víctima de esas amenazas fue el sistema judicial brasileño.

Eduardo Bolsonaro se instaló en Estados Unidos en febrero de 2025 para estrechar sus vínculos con la Administración del presidente Donald Trump.

El año pasado, el Gobierno estadounidense impuso sanciones a varios de los magistrados del Tribunal Supremo brasileño que juzgaron y condenaron al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Washington justificó además la imposición de aranceles a Brasil en el proceso judicial contra Bolsonaro, que Trump calificó de “caza de brujas”.

El hijo del expresidente y hermano del senador y aspirante presidencial Flávio Bolsonaro permanece en Estados Unidos, por lo que no participó presencialmente en el juicio y estuvo representado por un abogado de oficio.

El juicio se desarrolló en la Primera Sala del Tribunal Supremo, integrada por cuatro jueces de perfil progresista, entre los que figura Cristino Zanin, exabogado de Lula, y Flávio Dino, exministro en el Gobierno de Lula.

Steve Bannon, uno de los principales ideólogos del trumpismo, tenía un as bajo la manga para derrotar a Lula da Silva en las elecciones del próximo mes de octubre: una película al más puro estilo Hollywood sobre la biografía del presidente Jair Bolsonaro, preso por intento de golpe de Estado.

La receta trumpista parecía infalible. El actor Jim Caviezel, protagonista de La pasión de Cristo (2004, dirigida por Mel Gibson, todo un éxito en el público cristiano) provocaría, en palabras de Bannon, que la figura de Jair Bolsonaro fuera equivalente a la de Cristo y que la película fuese percibida incluso como la secuela del film de Mel Gibson.

El plan era estrenarla a nivel internacional en septiembre, a las puertas de la primera vuelta electoral de Brasil, lo que impulsaría la candidatura de Flávio Bolsonaro. Dark Horse, cuyo tráiler acaba de publicarse, refuerza la imagen de Jair Bolsonaro como un outsider contra un sistema corrupto al que intentan asesinar en la campaña de 2018 (en la película con una pistola, y no con un cuchillo, como en la realidad) y que renace con vigor mesiánico para salvar el alma de Brasil.

El podcast político Foro de Teresina, que ha tenido acceso al guion de Dark Horse, reveló que, al final de la película, los créditos informan que Lula ganó unas elecciones con “numerosas denuncias de fraude” y que Jair Bolsonaro fue preso tras las manifestaciones “mayoritariamente pacíficas” del 8 de enero de 2023 cuando, en realidad, destrozaron la sede de los tres poderes y formaban parte de un intento más amplio de golpe de Estado. A ojos de Steve Bannon, el éxito internacional de Dark Horse sería “estruendoso” y movilizaría a la base del bolsonarismo en las elecciones. “La historia de Bolsonaro habla por sí misma y Flávio [Bolsonaro] va a continuar ese legado”, argumentó Bannon, según recoge la Folha de São Paulo.

Los estrategas trumpistas no contaban con el roteiro Brasil (roteiro significa guion), una broma que los brasileños hacen para destacar que el guion de la política brasileña supera con creces a la ficción. Un audio divulgado por The Intercept Brasil reveló que Flávio Bolsonaro pidió 134 millones de reales (unos 23 millones de euros) a Daniel Vorcaro, el banquero preso por el escándalo del Banco Máster que repartió millones entre políticos, en su mayoría bolsonaristas. La conversación de WhatsApp ocurrió el 15 de noviembre, un día antes de que Vorcaro fuera detenido al intentar huir del país, acusado de dejar un agujero millonario en el Fondo de Garantía de Créditos (FGC), que protege a los inversores extranjeros en el país. Flávio no desmintió la conversación y se deshizo en excusas poco consistentes.

Las sospechas apuntan a que el dinero de Vorcaro no iría destinado a las cotas privadas anticipadas por los inversores privados de la película, como defiende Flávio, sino a la caja B de la campaña de Bolsonaro. Las investigaciones apuntan a que Vorcaro estaba operando debajo de la alfombra como principal financiador del bolsonarismo. Existen sospechas, como sugiere la periodista Ana Clara Costa del Foro de Teresina, de que el dinero de Vorcaro esté financiando la estancia de Eduardo Bolsonaro, el otro hijo de Jair Bolsonaro, que ejerce de lobbista contra los intereses brasileños desde Estados Unidos.

Antes del escándalo de Dark Horse, la estrategia electoral de Flávio Bolsonaro estaba funcionando. El candidato Flávio estaba en empate técnico con Lula en casi todas las encuestas. Movilizaba a la base bolsonarista por inercia y seducía al centro ocultando su apellido Bolsonaro. El efecto Dark Horse, sin embargo, ha sido un meteorito demoledor para su candidatura.

La encuesta Atlas/Intel, primera tras el escándalo, revela que Lula abre una brecha de siete puntos en una hipotética segunda vuelta contra Flávio Bolsonaro. El actual presidente conseguiría el 48,9% de los votos, frente al 41,8% de su adversario. Diversas encuestas revelan que el escándalo de Dark Horse impacta en la mismísima línea de flotación del bolsonarismo.

La prestigiosa Datafolha refleja una caída menor de Flávio (47% de Lula frente a 43% en segunda vuelta), pero apunta un detalle crucial: Lula ya atrae al 29% de los votantes de centro, frente al 20% de su oponente. La sangría en las propias filas bolsonaristas empieza a acusarse. Nombres de peso están pidiendo otro candidato de extrema derecha. Y crecen las presiones para que Michele Bolsonaro, ex primera dama, sea candidata, algo que incomoda a Jair y sus hijos, que quieren evitar entregar el legado del bolsonarismo a una extraña a la familia. Por su parte, Romeu Zema y Ronaldo Caiado, los dos candidatos fuertes de la derecha, han declarado públicamente que Flávio Bolsonaro no tiene condiciones de seguir siendo candidato por su presunta corrupción.

Esta semana, el Financial Times calificó el episodio Dark Horse como una “comedia de errores” que amenaza con hundir la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro. De hecho, la película biográfica a la que se encomendaba el trumpismo para derrotar a Lula está visibilizando múltiples desdoblamientos de corrupción del bolsonarismo. La Folha de São Paulo reveló el lunes que las productoras de bolsonaristas vinculadas a la película abrieron una empresa en un paraíso fiscal. Además, el Instituto Conhecer Brasil, próximo a la familia Bolsonaro, que gestiona el rodaje en Brasil de la película, está involucrado en un escándalo de falsas facturas y explotación laboral, como denunció la Revista Fórum. El hecho de que los 134 millones de reales solicitados por Flávio superen el presupuesto de la película ganadora del Óscar en 2025 Aún estoy aquí (7,6 millones de euros) y del éxito de 2025 El agente secreto (4,7 millones de euros), ayuda a visibilizar el tamaño del favor que Flávio pidió a Vorcaro. La cantidad excede también el techo electoral legal de la campaña de 2022.

La idea original de la película Dark Horse no partió del trumpismo, sino de Mário Frias, exsecretario de Cultura del Gobierno de Jair Bolsonaro y actual diputado del Partido Liberal (PL). La BBC reveló cómo Frias, uno de los principales gurús de la guerra cultural del bolsonarismo, consiguió seducir al guionista y director Cyru Nowrasteh, con un amplio historial de producciones con marcado cariz cristiano como La verdad de Soraya M (2008) o El joven Mesías (2016). En entrevista con la BBC News Brasil, Nowrasteh afirmó que “sintió que había muchas preguntas sin respuesta” alrededor de la cuchillada contra Bolsonaro de las elecciones de 2018 y que la película “ayudará a iluminar lo que está ocurriendo hoy en Brasil y el mundo”.

La incorporación del actor Jim Caviezel a Dark Horse rizó el rizo con el núcleo duro del trumpismo. Caviziel, defensor público de Donald Trump, es uno de los actores más populares dentro del universo Make America Great Again (MAGA) y un habitual del podcast de Steve Bannon. Caviziel abraza la teoría conspiratoria QAnon, que defiende la existencia de una secta satánica y pedófila global operada por elites progresistas. En octubre de 2021, Caviziel fue la gran estrella de la conferencia For God and Country: Patriot Double Down, organizada en Las Vegas por influencers de la órbita QAnon.

Marco Dias, profesor de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), especialista en guerras culturales, aseguró a la BBC que el sello de Hollywood en la película sobre Bolsonaro tiende a ser “interpretado como una gran victoria” por la derecha brasileña. “Es un proyecto que va a tener visibilidad, con la construcción de Bolsonaro como alguien perseguido y que tal vez tenga un mercado bien grande dentro de esos grupos de la nueva derecha global”, anticipa.

Flávio Bolsonaro viajó esta semana a Washington a la desesperada y se reunió el martes con Donald Trump para alejar el fantasma de Dark Horse de su campaña. Para aumentar el efecto de una reunión discreta, poco comunicada en Estados Unidos, el bolsonarismo intenta recomponer el pulso de su guerra cultural.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron al exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, condenado junto con el expresidente Jair Bolsonaro en el juicio por golpismo contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron este lunes fuentes oficiales.

Ramagem fue detenido en Florida, donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista que, según la Corte Suprema, lideró Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

El arresto, llevado a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), fue producto de “la cooperación policial internacional” entre los dos países, afirmó en un comunicado la Policía Federal de Brasil.

Medios locales y aliados del exdiputado dijeron que la detención se debió a cuestiones meramente migratorias.

Según la Fiscalía, Ramagem, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro (2019-2022), montó un servicio secreto paralelo para vigilar a adversarios políticos.

En septiembre pasado, en los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe en Brasil, huyó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, entró en Guyana por vía terrestre y puso rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con la prensa local.

Con todo, las autoridades brasileñas iniciaron en diciembre pasado el trámite para pedir su extradición. En paralelo, la Cámara de los Diputados le despojó de su escaño y anuló su pasaporte diplomático.

Ramagem no ha sido el único de los condenados por golpismo que huyó o intentó huir de la Justicia brasileña.

En diciembre pasado, el exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, condenado a 24 años y seis meses de prisión por participar en el complot golpista, fue detenido en Paraguay mientras intentaba fugarse a El Salvador.

Además, alrededor de medio centenar de condenados por el asalto a Brasilia, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, huyeron a Argentina y han sido requeridos por Brasil.

Las autoridades argentinas concedieron el estatus de refugiado a uno de ellos, identificado como Joel Borges Correa, que se fugó de su país a mediados de 2024 tras ser condenado por el ataque a Brasilia, interpretado por el Supremo como el colofón de la trama liderada por Bolsonaro.

El Tribunal Supremo de Brasil ha concedido este martes prisión domiciliaria “temporal” al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía, han informado fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, ha aceptado parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldado en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que Bolsonaro “requiere atención constante y cuidadosa”.

El magistrado, sin embargo, ha decidido que el exmandatario podrá quedarse en casa por 90 días desde su alta médica, para la que no hay fecha. Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo en septiembre de 2025.

El ex jefe de Estado fue hallado culpable de golpe de Estado, por haber tramado con los militares un plan para tratar de retener el poder tras haber perdido las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El pasado noviembre, Bolsonaro empezó a cumplir la pena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en las dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, por orden del Tribunal Supremo. Desde enero, estaba en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio.

Durante su encarcelamiento, sin embargo, ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital. Desde el pasado 13 de marzo, Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en un hospital privado de Brasilia por una neumonía bilateral bacteriana, sin previsión de alta.

Creación de 1,7 millones de puestos de trabajo, pleno empleo (5,1%, la menor tasa de paro desde 2012), récord histórico de la capacidad adquisitiva per cápita mensual (3.613 reales, unos 600 euros), crecimiento económico (2,3% en 2025), inflación controlada (3,99%), inversión extranjera directa sólida (15.000 millones de dólares), déficit de las cuentas públicas bajo control (0,4%). Por si fuera poco, la bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). La economía brasileña toca el cielo en el cuarto año de gobierno de Lula da Silva. El legado del ministro de economía Fernando Haddad, que acaba de dejar su cargo para ser candidato a gobernador de São Paulo en las elecciones de octubre, ha sorprendido incluso a sus detractores del mercado financiero, que auguraban la hecatombe económica si la izquierda volvía a gobernar.

Sin embargo, el pesimismo económico de los brasileños cotiza al alza. La última encuesta de Datafolha revela que el 46% de los brasileños consideran que la economía ha empeorado en los últimos meses, frente al 24% que piensa que ha mejorado y el 28% que estima que todo sigue igual.

¿Cómo se explica el aumento del pesimismo de los brasileños si su poder adquisitivo toca techo? André Braz, coordinador de los Índices de Precios del Instituto Brasileiro de Economía (FGV IBRE), explica en conversación con elDiario.es, que el pesimismo económico de los brasileños está relacionado con el aumento acumulado del precio de los alimentos. “Desde 2020, varios eventos han presionado mucho el precio de los alimentos, que subieron el doble que la inflación. Aunque en 2025, su precio fue estable, no borra lo que ocurrió estos años. Esto explica el malestar de las familias, incluso con indicadores económicos tan buenos”, afirma Braz.

El experto argumenta, además, que el cambio climático disparó la demanda mundial y afectó directamente al precio del café, del cual Brasil es el principal exportador mundial: “El clima no fue bueno y el grano no creció satisfactoriamente. Tuvimos una reducción de oferta nacional fuerte y eso provocó un aumento del precio”. No es casual que la encuesta de Datafolha muestre que el 33% de los entrevistados consideran que su economía personal empeoró en los últimos meses (en diciembre era apenas un 26%).

Por otro lado, aunque el trabajo informal se ha reducido a un mínimo histórico (37,2%), todavía 38,7 millones de brasileños no tienen empleo formal. La tasa de informalidad sube hasta un 71,1% entre el sector de entregadores de moto (conocidos en Brasil como motoboys), según un informe de ESG Insights. Al mismo tempo, el 57,3% de los trabajadores y el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años relatan dificultades para encontrar empleo, segundo dados del informe Sondagem do Mercado de Trabalho.

¿Son suficientes estos factores para explicar el pesimismo económico de los brasileños en el momento más dorado de su economía? La letra pequeña de la encuesta de Datafolha sugiere que la principal explicación está en otro lugar: en la polarización política.

La ceguera económica de la polarización

La última encuesta de Datafolha revela que el 77% de quienes van a votar al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre piensa que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 14% de los votantes del izquierdista Lula.

Para 35% de los entrevistados, la economía va a empeorar en los próximos meses. En este punto, la polarización también marca la tendencia perceptiva: el 51% de los electores de Lula prevén una mejora de la economía, frente al 14% dos que pretenden votar a Flávio Bolsonaro.

El pesimismo también predomina entre la derecha tradicional (solo el 16% de los votantes de Romeu Zema (Novo) y 17% entre los de Ratinho Junior confían en una mejora económica). Además, la percepción negativa de la economía es del 57% entre votantes evangelistas (más inclinados a votar a la derecha), frente al 41% de los católicos.

No obstante, ni siquiera en un país en el que el 90% admite haber creído en fake news y en el que la extrema derecha las produce en tamaño industrial, la polarización política no acaba de explicar del todo el pesimismo económico.

El punto de inflexión de la percepción económica ocurrió en julio de 2025, después de que Donald Trump anunciase un tarifazo del 50% a Brasil. La encuesta realizada por Datafolha los días 29 y 30 de julio de 2025, tras el anuncio del tarifazo estadounidense, recogía que el 45% de los brasileños consideraba que la economía iba a empeorar. Unos días antes, Eduardo Leite, gobernador del estado de Rio Grande do Sul, uno de los más ricos de Brasil, afirmaba que las “tarifas del 50% que los Estados Unidos aplicaron a Brasil son el reflejo de una polarización, que solo nos divide”. Leite, del sector de la derecha tradicional, echó la culpa al gobierno Lula: “(la polarización) también es consecuencia de un gobierno brasileño que siempre apostó en la misma polarización”.

A pesar de la percepción económica de la derecha y la extrema derecha, el gobierno Lula ha conseguido el mejor desempeño de la economía de la última década. El ministro saliente Fernando Haddad ha realizado la proeza de eximir de pagar impuestos a quienes ganan menos de 5.000 reales al mes (unos 850 euros), de aprobar el Impuesto sobre Operacões Financeiras (IOF) y de aumentar un 10% los impuestos a los más ricos.

Los abogados de Jair Bolsonaro parecen haber estado estudiando el código penal del país y han encontrado una forma de ayudar a su cliente a reducir la pena de 27 años de prisión que le fue impuesta el año pasado por conspirar para dar un golpe de Estado: leyendo libros.

Solo hay un problema: el expresidente brasileño de extrema derecha nunca ha sido conocido por ser un gran lector. “Lo siento, no tengo tiempo para leer”, declaró Bolsonaro en una ocasión. “Hace tres años que no leo un libro”.

La legislación brasileña contiene un recurso literario mediante el cual los reclusos que lean libros pueden reducir sus condenas en cuatro días por cada título leído. El jueves pasado, un juez del Tribunal Supremo autorizó al expresidente, caído en desgracia, a participar en el programa tras una solicitud de su equipo legal.

Bolsonaro, un exparacaidista famoso por su hostilidad hacia la democracia, las minorías, la selva amazónica y las artes, probablemente no apreciará demasiado la lista de lecturas aprobada. Esta incluye obras brasileñas sobre los derechos de los indígenas, el racismo, el medio ambiente y la violencia ejercida por la dictadura del país entre 1964 y 1985, un régimen que Bolsonaro apoyó abiertamente.

Una de las obras, 'Um Defeito de Cor' (Un defecto de color), de Ana Maria Gonçalves, con 950 páginas, cuenta “la historia de Brasil... desde el punto de vista de una mujer negra”.

También está incluido 'Democracia!', un libro ilustrado de no ficción para niños del autor e ilustrador inglés Philip Bunting.

Algunos de los libros de la lista, como 'Guerra y paz', de León Tolstói, y Don Quijote, de Miguel de Cervantes, tienen más de mil páginas. Bolsonaro apareció una vez en público con un tomo de tamaño similar, Memorias de la Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill, de más de mil páginas, pero no está claro si el expresidente lo ha leído.

Para poder beneficiarse del programa de reducción de pena, los reclusos deben demostrar que realmente han leído los libros mediante la presentación de informes escritos a las autoridades penitenciarias.

Cuando se le pidió que nombrara su libro favorito durante las elecciones presidenciales de 2018, Bolsonaro se decantó por uno de Carlos Alberto Brilhante Ustra, un famoso coronel del Ejército acusado de torturar a cientos de prisioneros durante la dictadura. “Es una historia real sobre Brasil... con hechos, con datos, con lugares y con episodios reales”, afirmó entusiasmado Bolsonaro, que la semana pasada fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en la capital, Brasilia, tras pasar la Navidad encarcelado en una base de la policía federal.

El libro de Ustra no figura en la lista de lecturas recomendadas por el sistema judicial, pero sí contiene un título, 'Sigo aquí', de Marcelo Rubens Paiva, sobre la difícil situación de los presos que desaparecieron en esos centros de tortura.

Descabezada desde que su figura emblemática fue encarcelada por intento de golpe de Estado, la extrema derecha brasileña acaba de encontrar a un nuevo enemigo: las sandalias Havaianas. La marca ha sido “cancelada” por los seguidores de Jair Bolsonaro a raíz de un anuncio de televisión.

La polémica surgió por la frase que pronuncia en un anuncio de Havaianas la actriz Fernanda Torres. En él, la protagonista de ‘Aún estoy aquí’ (ganadora del Óscar a la mejor película internacional) pide no empezar el año 2026 “con el pie derecho” sino “con los dos pies”.

Los seguidores de Bolsonaro han interpretado la frase como una pulla contra la derecha y están llamando al boicot contra Havaianas, como antes hicieron los simpatizantes de Donald Trump con la cerveza Bud Light, las máquinas Keurig, los cereales Kellogg's, y hasta Beyoncé.

El excongresista Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, se grabó en un vídeo tirando a la basura un par de Havaianas (su cargo en el congreso brasileño fue revocado recientemente, después de que viajara a Estados Unidos para convencer a Trump de que tomara represalias contra Brasil por el juicio a su padre). “Pensaba que esto era un símbolo nacional”, se le escucha decir en el vídeo mientras señala la pequeña bandera brasileña que llevan las Havaianas como sello distintivo. “Me equivoqué; han elegido como portavoz de las sandalias a alguien que es abiertamente de izquierdas”.

Ni Torres ni la marca han hecho comentarios sobre la polémica.

“Le voy a decir al equipo de marketing [de Havaianas] que pida consejo al departamento de marketing de Budweiser aquí en Estados Unidos, ellos también perdieron el contacto con la realidad y sufrieron pérdidas por mil millones de dólares”, dijo Eduardo Bolsonaro en referencia a la reacción sufrida por Bud Light tras emitir un anuncio protagonizado por la estrella transgénero de TikTok Dylan Mulvaney (Bud Light fue “perdonada” después por Trump).

Se estima que el valor de mercado de la empresa Havaianas retrocedió unos 23 millones de euros este lunes, primer día del boicot a las sandalias.

La reacción desde la izquierda ha incluido llamamientos sinceros a los seguidores de Bolsonaro para que donen sus sandalias y también burlas, como la oferta de cambiar sus sandalias por una tobillera electrónica con los colores de la bandera nacional.

El dispositivo de la tobillera se ha vuelto un chiste recurrente desde que Bolsonaro fue sorprendido tratando de destruir la suya con un soldador, una acción que le hizo perder el arresto domiciliario para regresar a la celda donde ha comenzado a cumplir condena tras ser hallado culpable de un complot para anular el resultado de las elecciones de 2022.

Traducción de Francisco de Zárate

El bolsonarismo, el huracán que irrumpió en la política brasileña en 2018, está tocado y hundido. La familia Bolsonaro, el clan que colocó a la extrema derecha latinoamericana en el epicentro ultra global, está siendo arrollada. La prisión de Jair Bolsonaro, decretada el martes tras un presunto intento de fuga del expresidente, representa la guinda de un intenso proceso de decadencia política cocinado a cámara rápida.

Desde que el diputado Eduardo Bolsonaro, el miembro más internacionalista del clan familiar, huyera a Estados Unidos en marzo, la extrema derecha brasileña entró en una incomprensible espiral autodestructiva. El apoyo del bolsonarismo al tarifazo de Donald Trump a los productos brasileños produjo un verdadero cortocircuito en su propia base. Mientras la extrema derecha ondeaba banderas estadounidenses en protestas cada vez más mermadas, la izquierda recuperaba los símbolos nacionales. Y Lula da Silva, aguerrido en su resistencia a Trump, se disparaba en todas las encuestas. La química entre Trump y Lula tras su breve encuentro en la sede de la ONU acabó de sellar el ocaso del clan Bolsonaro.

El presunto intento de fuga de Jair Bolsonaro de su prisión domiciliar, que provocó su detención en la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia (PF) el pasado sábado, produjo dos poderosas imágenes que sirven de metáfora para el momento político brasileño. La primera: el expresidente intentando derretir la tobillera electrónica, fuente de un alud de memes. La segunda: una vigilia religiosa en la puerta de la casa de Jair Bolsonaro, convocada por su hijo Flavio, otrora influyente senador, que apenas congregó a un centenar de personas.

La vigilia acabó con una escena difícil de imaginar hace apenas un año: militantes bolsonaristas agrediendo al fiel evangélico Ismael Lopes, que se había presentado como pastor. Lopes, que soltó varias citas bíblicas cuando empuñó el micrófono, acabó acusando a Bolsonaro de ser el responsable de las 700.000 muertes durante la pandemia de COVID-19. La atrevida acción de Ismael Lopes, un joven progresista de 34 años que forma parte del Frente Evangélico por el Estado de Derecho, representa el desenlace del bolsonarismo como fuerza política violenta y aislada.

La prisión de Bolsonaro desbarata todos los planes de la derecha brasileña. Y abre la posibilidad, por primera vez desde que la expresidenta Dilma Rousseff sufrió un impeachment ilegal, de que la derecha tradicional se aleje del radicalismo antidemocrático del bolsonarismo.

“Jurisprudencia Lula”

La detención definitiva de Jair Bolsonaro ha tenido un perfil bajo. Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo, aprovechó la prisión preventiva del expresidente en la misma Superintendencia de la Policía Federal (PF) para decretar el inicio del cumplimiento de su condena de 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado. Su decisión fue estratégica: Bolsonaro cumplirá pena en el edificio donde ya se encontraba desde el sábado, no en la temida prisión de Papuda que pedía la izquierda. La prisión de los otros acusados, entre ellos el general Augusto Heleno, otorga fuerza a la histórica jornada de este martes.

Sin cámaras ni imágenes espectaculares, sin morbo excesivo ni resquicios legales para revertirla, la prisión de Bolsonaro ha huido de la espectacularización que tuvo la detención de Lula. El 7 de abril de 2018 miles de personas se reunieron en el edificio del Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo (SP) para apoyar al actual presidente. Tras un discurso histórico y fotografías icónicas, Lula fue llevado hasta las instalaciones de la PF de Curitiba. Su detención fue retransmitida en directo por todas las televisiones. Y su encarcelamiento, que acabó siendo considerado ilegal por el Supremo, fortaleció el mito Lula y posibilitó su vuelta al poder.

La prisión light de Bolsonaro está siguiendo lo que la analista política Letícia Casado ha bautizado como jurisprudencia Lula. La celda de Bolsonaro tiene 12 metros cuadrados (la de Lula tenía 15 metros), aire condicionado y médicos a disposición 24 horas al día. Dando un trato similar al que recibió Lula en 2018, el Supremo evita desgaste y trata de desmantelar cualquier narrativa de persecución política.

El “incidente tobillera” es un mayúsculo tiro en el pie de Jair Bolsonaro. Aleja la posibilidad de prisión domiciliaria, enfría cualquier posible recurso, frena los apoyos a cualquier intento de amnistía y aísla al “capitán Bolsonaro”, que ya no podrá recibir demasiadas visitas en su celda. La extrema derecha teme que ni siquiera Flávio Bolsonaro conseguirá mantener la voz del expresidente viva e influyente hasta las elecciones de 2026.

Lula, en ascenso

El presidente Lula lidera todos los escenarios electorales de cara a 2026. La última encuesta de la CNT (Confederação Nacional do Transporte), divulgada el martes y que contabiliza el efecto de la prisión preventiva de Jair Bolsonaro, es un verdadero alivio para la izquierda.

Aunque el forajido Eduardo Bolsonaro corre el riesgo de ni siquiera conseguir ser candidato, acusado de crímenes de traición a la patria, CNT no le da ninguna posibilidad electoral: Lula obtendría un 49,9% frente a un 33,3% del hijo del presidente. Lula también derrotaría con contundencia a la ex primera dama Michelle Bolsonaro: 49,1% frente a un 35,6%.

El candidato de extrema derecha más competitivo frente a Lula es Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, hasta ahora fiel al bolsonarismo. Tarcísio de Freitas obtendría un 39,1% frente al 45,7% de Lula. Hace unos meses, Tarcísio llegó a estar empatado técnicamente con Lula.

Ante la actual tesitura y el claro favoritismo de Lula, existe la posibilidad de que Tarcísio decida no ser candidato presidencial, para intentar la reelección en el Estado de São Paulo, el más rico y poderoso del país.

El comentarista político Octavio Guedes, habitual de los platós de Globo News, augura una bifurcación inevitable en la derecha brasileña. En su opinión, aunque Brasil continuará teniendo una extrema derecha, se abre espacio para el surgimiento de un líder moderado, de centroderecha y democrático. “El gran desafío para la sucesión es saber el timing de esa ruptura. La cuestión central es cuando esa derecha democrática conseguirá romper la ”tobillera electrónica“ que el bolsonarismo colocó en su pierna”, escribe en un artículo de G1 (portal del grupo Globo).

El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado este martes el inicio del cumplimiento de la pena de 27 años de cárcel impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpe de Estado, en las dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

Bolsonaro está detenido en régimen de prisión preventiva en esta misma sede policial desde el pasado sábado, cuando fue arrestado por haber tratado de dañar la tobillera electrónica que usaba, en una acción que el juez interpretó como un intento de fuga.

El inicio del cumplimiento de la condena ha sido ordenado después de que la defensa de Bolsonaro renunciara a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta este lunes. La defensa había presentado unos primeros recursos, pero fueron rechazados de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala del Tribunal Supremo, responsable del proceso.

El líder de la ultraderecha estaba en prisión domiciliaria desde el pasado agosto por incumplir diversas medidas cautelares que le habían sido impuestas en el curso del proceso.

El ex jefe de Estado fue hallado culpable de golpe de Estado, por haber tramado con los militares un plan para tratar de retener el poder tras haber perdido las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

La trama llegó poner en marcha un plan para asesinar a Lula y a otras autoridades y desembocó en el asalto violento a las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, perpetrado por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023.

Bolsonaro, líder de la ultraderecha que gobernó entre 2019 y 2022, negó el pasado domingo ante un juez que su intención al tratar de dañar la tobillera electrónica con una soldadora casera fuera una eventual fuga. Atribuyó ese episodio a una “paranoia” y unas “alucinaciones” causada por medicamentos que utiliza para combatir una depresión y otros problemas de salud.

El exmandatario de 70 años tiene su salud debilitada, sufre crisis de ansiedad, de hipo y vómitos, todo lo cual atribuye a la grave puñalada que sufrió en la región abdominal durante la campaña electoral de 2018, que desde entonces le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.

Debido a la edad y a su frágil estado de salud, sus abogados ya habían adelantado que, en caso de que la sentencia fuera declarada firme, volverán a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando razones “humanitarias”.

La Policía Federal de Brasil ha detenido este sábado de forma preventiva al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado. La decisión de la Corte Suprema del país pone fin así al arresto domiciliaro del ultraderechista, que ya llevaba más de 100 días en prisión en su residencia, según apuntan medios locales y la agencia EFE.

Un grupo de policías ha acudido a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y arrestado al dirigente de extrema derecha, que ha sido trasladado inmediatamente después a dependencias policiales. La Corte Suprema brasileña ha decretado la prisión preventiva del exmandatario para “garantizar el orden público”, después de que, aseguran los jueces, el expresidente intentara romper la tobillera electrónica que controla sus movimientos. Pretendía fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos, según ha afirmado la Corte.

El líder ultraderechista, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria desde agosto, fue arrestado y conducido a instancias policiales para “garantizar el orden público”, según justificó el Supremo en su decisión.

Bolsonaro fue condenado el pasado mes de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 contra el progresista Lula da Silva. La justicia brasileña concluyó que Bolsonaro había sido líder y principal beneficiario de un plan para impedir que Lula asumiera el cargo en 2023.

Se trata de la primera vez en la historia del país que un expresidente se enfrenta a penas de prisión por haber atentado contra la democracia tras haber perdido las elecciones en 2022.

Bolsonaro ha permanecido bajo arresto domiciliario estricto por violar medidas cautelares. Este mismo viernes, la defensa del expresidente había pedido a la Corte Suprema que el ultraderechista pudiera cumplir la condena entera bajo el régimen de prisión domiciliaria, alegando motivos de salud. Sin embargo, la petición no ha sido escuchada, y sus abogados no se han pronunciado todavía sobre su arresto.

Aun así, se espera que su defensa solicite de nuevo el permiso para permanecer bajo arresto domiciliario. Durante estos 100 días, Bolsonaro ha tenido prohibido acceder a redes sociales, aunque ha podido disfrutar de otros beneficios, entre otros las visitas o llamadas de líderes y compañeros internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha calificado su juicio en varias ocasiones de “cacería de brujas”.

Según medios locales, la prisión preventiva de Bolsonaro de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena, que se espera que comience durante las próximas semanas, después de que el Supremo haya rechazado los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

En el marco del proceso por golpismo, el Supremo también ordenó este viernes la prisión preventiva para el diputado Alexandre Ramagem, gran aliado de Bolsonaro que también ha sido condenado en el mismo juicio del expresidente, tras supuestamente haberse fugado a Estados Unidos. Las investigaciones apuntan a que el parlamentario dejó Brasil en septiembre pasado a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.

Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, recibió una condena de 16 años de prisión en régimen cerrado, por los delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

Glauber Braga (Nova Friburgo, 1982) se ha convertido en uno de los diputados de izquierda más populares de Brasil. Desde que comenzó su primer mandato como diputado en 2009, Braga ha sido una de las voces más contundentes contra las privatizaciones, contra la extrema derecha y contra cualquier intento de injerencia extranjera en el país.

Diputado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), principal fuerza política a la izquierda del presidente Lula da Silva, Braga se ha convertido en uno de los principales enemigos del bolsonarismo y de la élite política conservadora. En abril, hizo una huelga de hambre para denunciar un proceso que pretendía quitarle el cargo de diputado por haber expulsado del Congreso a un militante de extrema derecha.

El diputado argumenta que al Gobierno Lula “le falta ser más osado contra el sector privado” y que la defensa de la izquierda del establishment “es una táctica” para proteger la democracia frente a los ataques de la extrema derecha. En una entrevista telefónica, repasa la vertiginosa política de Brasil, la condena a Jair Bolsonaro y al núcleo duro del intento de golpe de Estado, las gigantescas manifestaciones de izquierda de septiembre, la injerencia estadounidense en Brasil y las elecciones presidenciales de 2026, que en su opinión serán “durísimas”.

Las principales capitales de Brasil vivieron en septiembre manifestaciones masivas contra la amnistía a Jair Bolsonaro y los condenados por golpismo. No estaban lideradas por partidos políticos. Partieron de la ciudadanía ¿Cómo interpreta ese día histórico?

Fue una prueba de que las calles tienen fuerza para darle la vuelta a la tortilla. Es muy significativo que unos días después el Senado archivara por unanimidad un proyecto para blindar a los diputados de procesos judiciales [se tramitaba paralelamente y como paquete al proyecto de ley de amnistía]. Lo paró la fuerza de la calle. Tenemos que continuar movilizándonos para otros asuntos.

La extrema derecha pierde simbólicamente la bandera de Brasil en el imaginario del ciudadano común

Se esperaban manifestaciones de extrema derecha e incluso disturbios tras la condena a Bolsonaro. No hubo. La condena representa también el fin de la impunidad de los militares y, por lo que parece, está sirviendo de herramienta de pacificación. Los medios conservadores argumentaban lo contrario: que Brasil solo se pacificará con amnistía para los golpistas.

Cualquier pacificación pasa por la responsabilización de los golpistas. Porque la extrema derecha, cuando no se siente responsabilizada, dobla la apuesta. [La condena] hace que ellos retrocedan y demuestra que no existe espacio para lo que están intentando hacer. La condena de Bolsonaro fue un momento muy importante para la historia del país.

¿El movimiento a favor de la amnistía perdió fuerza tras las protestas masivas? ¿Se aprobará algún tipo de amnistía light con reducción de penas?

Perdió fuerza, sin duda. Pero tenemos que estar atentos, porque la amnistía aglutina la base de la extrema derecha. Ellos van a continuar movilizándose hasta que encuentren su próximo gran asunto, la próxima cloroquina [el medicamento ineficaz contra el virus de la COVID-19 defendido por Jair Bolsonaro] o su próxima urna electrónica [el bolsonarismo difundió falsamente que se podía manipular el voto]. Hasta que configuren su nueva agenda van a continuar presionando por la amnistía.

El bolsonarismo había encontrado ya su próximo gran asunto: el tarifazo de Donald Trump y la supuesta culpa de Lula y el Tribunal Supremo de Brasil. Pero el tiro les está saliendo por la culata. Las maniobras de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, en EEUU le están saliendo caras. Puede ser procesado como traidor a la patria y no será candidato presidencial, su gran sueño.

Son dos tiros de bazuca en el pie. ¿Cuáles fueron las principales banderas de Bolsonaro y la extrema derecha en su primera campaña presidencial [de 2018]? Un discurso de falso patriota y un discurso de falso moralista de combate a la corrupción. Cuando Eduardo Bolsonaro va a Estados Unidos, conspira contra Brasil, ayuda a un ataque imperialista, con aranceles que representan un verdadero embargo... La extrema derecha pierde simbólicamente la bandera de Brasil en el imaginario del ciudadano común. También perdió el discurso de combate a la corrupción con el intento del proyecto de ley del blindaje de diputados. 

Hablando de banderas. Unos días antes del juicio a Bolsonaro, una manifestación de extrema derecha en São Paulo usó una bandera gigante de EEUU. En las manifestaciones de izquierda, se vieron también grandes banderas brasileñas. ¿La izquierda ha recuperado por fin los símbolos patrios, secuestrados hace años por la extrema derecha?

Simbólicamente, recuperó la bandera. Pero esa recuperación tiene que tener un carácter práctico. Tiene que defender elementos que protejan la soberanía, como por ejemplo, las tierras raras. Estoy recogiendo firmas para garantizar que el monopolio de la explotación de tierras raras sea público.

La interferencia de Estados Unidos en la política y justicia de Brasil tiene un motivo visible: defender a su aliado extrema derechista Jair Bolsonaro y crear inestabilidad política. ¿Existen otros motivos?

Los principales motivos son económicos. Además, de los intereses de las grandes empresas tecnológicas, yo añadiría otros, como el control del agua y lo que representa la Amazonia, el papel de Brasil en América del Sur y ante un posible ataque a Venezuela, que cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo. Trump sabe que la familia Bolsonaro entregaría todo eso a EEUU sin pestañear... Saben que tendrían a un presidente muy afable y sumiso.

El papel protagonista que Brasil está teniendo en los BRICS y en una nueva articulación geopolítica del sur global también parece haber irritado a Trump.

El papel de Bolsonaro como presidente fue lamentable, vergonzoso. Que tengamos ahora una posición soberana y de diálogo con el mundo es muy importante. Pero deberíamos ir más allá. Por ejemplo, ante el genocidio contra el pueblo palestino, Brasil debería romper relaciones y garantizar que no llega nada de nuestro petróleo al Estado de Israel.

Usted está en medio de un proceso que le puede costar el cargo de diputado. Después de ser agredido, expulsó del congreso a un militante del movimiento extrema derechista Movimento Brasil Libre (MBL). Abrieron un expediente disciplinario contra usted. Tuvo que comenzar una huelga de hambre para llamar la atención. ¿Qué hay detrás de ese intento de quitarle el cargo de diputado?

El MBL es un movimiento muy golpista, peligroso. Tiene un discurso megarreaccionario, incluso con elementos de supremacismo blanco. Yo fui atacado siete veces en locales públicos por un provocador profesional del MBL. En el caso específico de mi proceso, el altercado es un pretexto. El motivo real es que yo denuncié constantemente la existencia en el Congreso del presupuesto secreto, soy incluso testigo en la Policía Federal (PF).

A este Gobierno le falta ser más osado y comprometerse a luchar contra el sector privado

¿Cómo explicaría didácticamente en qué consiste el “presupuesto secreto”?

Es la entrega de un presupuesto a una determinada región (a través de diputados concretos), sin decir que es dinero público del Gobierno. A veces se entrega ese dinero al diputado, sin que se sepa para qué va a ser usado. Cuando Jair Bolsonaro se enfrentaba a un crecimiento exponencial de su impopularidad como presidente, cerró un acuerdo con los diputados del centrão [diferentes partidos de centro y derecha necesarios para aprobar cualquier proyecto legislativo en el Congreso] y les entregó buena parte de la administración del presupuesto. Así nació ese mecanismo que hoy se conoce como presupuesto secreto.

Usted es diputado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), a la izquierda de Lula. La izquierda todavía no critica al Gobierno, a pesar de que está pegado al centro. Parece que la izquierda sacrifica su programa e ideas para defender la democracia y para no dar alas a la extrema derecha. ¿No es también un riesgo no criticar nada y normalizar las alianzas de Lula con la derecha en aras de la gobernabilidad?

Yo formo parte de un grupo de militantes de izquierda que tiene radicalidad política y prioriza la movilización, más allá del espacio institucional. Por eso nos alegra tanto lo que ocurrió [en las marchas de septiembre]. Las manifestaciones presionan para que se aprueben medidas para la clase trabajadora. A este Gobierno le falta ser más osado y comprometerse a luchar contra el sector privado. Lo que es cierto es que nos unimos para defender a Brasil cuando sufre un ataque como el de EEUU.

El bolsonarismo, sobre todo al principio, usó una narrativa antisistema y la izquierda acaba pareciendo como la gran defensora del establishment. ¿No es un error dejarle a la extrema derecha el discurso sistema? ¿Llegó el momento de retomar cierta radicalidad de la izquierda contra el sistema capitalista?

Nunca fue tan fácil explicar y mostrar qué es el imperialismo, qué es soberanía, qué es la clase trabajadora. Se puede defender el establishment para que la extrema derecha sea responsabilizada, como lo prueba el juicio contra Bolsonaro, sin olvidar que el papel de la izquierda es la movilización. No podemos olvidarnos de nuestras banderas. Nuestro papel es exactamente demostrar que no somos un apéndice del establishment. Tenemos que organizarnos mucho más allá de la institucionalidad para superar el capitalismo. En determinados momentos, tácticamente tenemos unidad de acción con otros campos políticos para afrontar a la extrema derecha, pero eso no puede confundirse con una estrategia de defensa del establishment. 

Lula ha confirmado que será candidato presidencial en 2026. De momento, lidera las encuestas. Aun así, no parece que vaya a haber ningún control de la desinformación por parte de las grandes empresas tecnológicas, más bien lo contrario. La interferencia de Trump en las elecciones se da por hecha. ¿Cómo ve el escenario para las elecciones de 2026?

Durísimo, preocupante. Aun así, creo que la extrema derecha va a ser derrotada, y tenemos que trabajar para que eso ocurra. Ahora bien, lo que consolida una mayoría social para derrotar a la extrema derecha es la agenda económica.

Es fundamental priorizar medidas que mejoren la vida de la gente, como la exención del impuesto de renta a los que ganan menos, la estatalización de empresas como Eletrobras, la reducción de la semana laboral por debajo de seis días... La noticia positiva es que las últimas encuestas demuestran que una parte significativa del electorado que fluctúa de un espectro político al otro, que representa un 40% del total, se mueve hacia la izquierda cuando se le pregunta si los golpistas tienen que ser responsabilizados.

“Alexandre de Moraes es el responsable de la libido de nuestro país”. Esta frase fue el hilo conductor de la columna de la popular escritora y guionista brasileña Tati Bernardi en el periódico Folha de São Paulo el pasado 31 de julio. “Si eres una señora heteroprogresista, está de moda sentir emociones pélvicas al ver a Xandão (apodo de Alexandre de Moraes) enfrentándose a fascistas de toda especie, incluidas fuerzas malignas poderosas y golpistas imbéciles que se graban cometiendo crímenes”, escribió.

La columna era la guinda que faltaba para completar el retrato benevolente y heroico que la izquierda brasileña viene construyendo de Alexandre de Moraes desde que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió enfrentarse frontalmente al bolsonarismo, un empeño que culminó con la reciente condena al exmandatario por intentona golpista. El intento parlamentario de dejar sin efectos la sentencia con una amnistía sacó a las calles a multitudes el pasado fin de semana en varias ciudades del país.

El magistrado del Supremo, cuyo cargo lleva aparejado en Brasil la consideración de ministro, es el gran enemigo a batir por el otro lado del espectro político, que lo tacha de demonio comunista y líder de una “dictadura de la toga”.

Desde que Alexandre de Moraes solicitó en agosto de 2024 a X (antiguo Twitter) nombrar un representante legal en Brasil para cumplir con la legislación nacional, su notoriedad se extendió al plano internacional. El excéntrico millonario Elon Musk, dueño de X, lo calificó de cruce entre Lord Voldemort (el villano de la saga de Harry Potter) y Darth Vader (antagonista de Star Wars).

El mismísimo Donald Trump acusó recientemente a Alexandre de Moraes de abusar de su autoridad judicial “para alcanzar a oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir disidencias, muchas veces en coordinación con otras autoridades brasileñas”.

Amado y odiado a partes iguales, reverenciado por la izquierda y masacrado por la extrema derecha, Alexandre de Moraes se ha convertido en los últimos años en el protagonista inesperado de la historia de Brasil, en palabras de la periodista Thais Bilenky, directora de la serie de pódcast Alexandre, sobre la vida del “superjuez”. La realidad es más compleja. El juez, lejos de ser un izquierdista, tiene un pasado conservador. Y llegó a militar en el Partido del Frente Liberal (PFL), que entonces tenía en sus filas como diputado a Jair Bolsonaro.

Familia conservadora

De Moraes (São Paulo, 1968) creció en una familia de clase media conservadora. Hijo de un hombre de negocios y de una profesora, se licenció en derecho en la prestigiosa Universidad de São Paulo (USP), donde estudiaron muchos presidentes de Brasil. En 1991 fue el número uno en el concurso público para ser abogado del estado en São Paulo. Exigente, adicto al trabajo y vanidoso, De Moraes vendió más de 700.000 copias de su libro Direito Constitucional (1997). Conversador cordial e irónico, fue cultivando buenas amistades entre las élites del país.

La política no tardó en cruzarse en su camino. En 2002, cuando Lula da Silva ganó su primera elección presidencial, De Moraes aceptó el cargo de secretario de Justicia y de la Defensa de Ciudadanía del Estado de São Paulo, gobernado entonces por el conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Fue miembro del Consejo Nacional de Justicia (2005-2007), secretario municipal de Transportes y de Servicios de São Paulo en la gestión de Gilberto Kassab (2007-2010), uno de los grandes caciques de la derecha brasileña. A comienzos de 2015, año en el que comenzó la campaña político-social contra la entonces presidenta, Dilma Rousseff, Alexandre de Moraes asumió la secretaria de Seguridad Pública del Estado de São Paulo, convirtiéndose, con 47 años, en el más joven de la historia en ocuparla.

El historiador Edson Aparecido, jefe de gabinete presidencial de aquel Gobierno, aseguró al rotativo francés Le Monde que De Moraes se labró entonces su fama de duro. “Tenía a más de 130.000 policías bajo sus órdenes. ¡Más que muchos ejércitos del mundo!”, recordó. Xandão decidió entonces raparse la cabeza.

En 2015, desfiló en las manifestaciones por la avenida Paulista de São Paulo que pedían la destitución de Dilma Rousseff y criticó las contramarchas en defensa de la expresidenta. “Si practican la violencia, serán tratados como criminales”, aseguró entonces, cuando llegó a reprimir con dureza manifestaciones izquierdistas.

El desencuentro con la izquierda aumentó tras su aterrizaje en el Supremo. Su mentor no fue otro que Michel Temer, que asumió la presidencia el 31 de agosto de 2016, tras un truculento proceso de destitución de Dilma Rousseff, un verdadero golpe parlamentario. Y se intensificó más aún cuando De Moraes negó el habeas corpus a Lula en 2018 y no consideró que el juez Sérgio Moro estuviera cometiendo abuso de poder. 24 horas después de su negativa, Lula fue encarcelado. Sobre sus escasas veleidades izquierdistas habló a Le Monde un amigo personal. “Lo último que tendría en su pared sería un póster del Che”, afirmó.

Enemigo del bolsonarismo

En marzo de 2019, durante el tercer mes del Gobierno Bolsonaro, Alexandre de Moraes se convierte en el instructor de una investigación del Supremo sobre ataques y fake news que acabaría convirtiéndolo en el enemigo número uno del expresidente. En 2020, De Moraes bloqueó el nombramiento de Alexandre Ramagem, hombre de confianza de la familia Bolsonaro, como director de la Policía Federal (PF), por riesgo de interferencias políticas.

La tensión fue in crescendo. Xandão activó investigaciones sobre la gestión de Bolsonaro durante la pandemia, sobre las milicias digitales de desinformación (que tenían su cuartel general en el palacio presidencial) y por los actos antidemocráticos que empezaban a ocurrir en todos los rincones del país.

Luego llegaron sus órdenes de registro y detenciones en el entorno del propio Jair Bolsonaro. El 7 de septiembre de 2021, durante la celebración del día de la independencia de Brasil, el expresidente instigó a las masas contra el sistema judicial y afirmó que no reconocería las decisiones del Supremo. Llegó a sugerir a Alexandre de Moraes que colgara la toga.

El 16 de agosto de 2022, a las puertas de las elecciones presidenciales, De Moraes tomó posesión como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). Su discurso fue durísimo. “Libertad de expresión no es libertad de agresión. Libertad de expresión no es libertad de destrucción de la democracia, de las instituciones, dignidades y de la honra ajenas. La libertad de expresión no es libertad de propagación de discursos de odio”, aseguró. Bonaro no aplaudió.

Su papel como presidente del TSE en la lucha contra las fake news fue de una firmeza extrema. Cuando la policía de carreteras, conchabada por el bolsonarismo, empezó a dificultar el tráfico con controles en regiones proclives a votar a Lula, intervino con agilidad. Muchos analistas, como el corresponsal de The New York Times, defienden que el papel de Alexandre de Moraes fue crucial en las elecciones de 2022 en las que triunfó Lula.

Golpe de Estado

Alexandre de Moraes cultiva una imagen misteriosa y protege con celo su vida íntima. Casado con la abogada Viviane Barci de Moraes y padre de tres hijos, raramente concede entrevistas.

“A Alexandre parece gustarle ese enigma”, afirma la periodista Thais Bilenky. A pesar de sus declaraciones socarronas y de algunas imágenes polémicas de sí mismo que divulga con estudiada estrategia (como una en la que aparecía erradicando plantaciones de marihuana junto a la policía en 2017), De Moraes no suele perder la compostura. Una foto reciente en el estado del Corinthians, su equipo de fútbol, en la que hacía un gesto ofensivo con el dedo de su mano tras ser silbado por un sector del público, es una excepción.

Libertad de expresión no es libertad de destrucción de la democracia, de las instituciones, dignidades y de la honra ajenas. No es libertad de propagación de discursos de odio

Alexandre de Moraes — 2022

“Oscila habitualmente entre las bromas y las bruscas afirmaciones legales”, escribió el veterano reportero Jon Lee Anderson tras entrevistarlo para The New Yorker. En dicha conversación, el ministro del Supremo arremetió con dureza contra las redes sociales y afirmó que si X hubiese funcionado en tiempos de Joseph Goebbels (el ministro da propaganda de Adolf Hitler) “los nazis habrían conquistado el mundo”. Xandão sostiene que las plataformas tecnológicas “no quieren respetar la jurisdicción de ningún país, porque en realidad buscan ser inmunes ante las naciones”.

El duro mano a mano mantenido por Alexandre de Moraes contra a Elon Musk fue otro hito en su trayectoria. Después de haber ordenado durante meses el cierre de muchos perfiles en X, en algunos casos rozando la ilegalidad, De Moraes bloqueó la red social en agosto de 2024 por desobedecer las leyes brasileñas.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump puso al juez en la diana de sus ataques. Transformado en villano por las Big Techs estadounidenses, el Gobierno estadounidense le prohibió viajar a Estados Unidos, tener bienes en el país e incluso usar tarjetas de crédito del país norteamericano. Su esposa también ha sido sancionada.

Moraes, que practica footing con frecuencia y es un fiel practicante de jiu jitsu (arte marcial que aprovecha el poder de sus enemigos para derribarlos), resistió el embate. Siguió corriendo y dobló su apuesta: estrechó el cerco sobre Jair Bolsonaro. Le obligó a ponerse una tobillera electrónica para controlar su arresto domiciliario. Y, posteriormente, ejerció de firme relator del juicio histórico que concluyó con penas más elevadas de las previstas para los ocho acusados de intento de golpe de Estado.

Durante la jornada antidemocrática del 8 de enero de 2023, el despacho de Alexandre de Moraes fue uno de los más vandalizados. Alguien destrozó el armario donde estaba la toga que viste en los juicios. La policía descubrió con posterioridad que existía un plan, con participación de miembros del Gobierno Bolsonaro, de aniquilar a Xandão. “Los más exaltados defendían que después del golpe de Estado yo debería ser detenido y ahorcado en la plaza”, aseguró De Moraes en enero de 2024.

¿Qué habría pasado si el plan para asesinarlo hubiera funcionado? ¿La democracia brasileña habría sobrevivido? Juristas y analistas políticos discuten qué impacto tendrá Moraes a largo plazo. Algunos argumentan, como recoge The New York Times, que sus acciones son medidas extraordinarias, pero necesarias, ante una amenaza igualmente extraordinaria. Otros sostienen que, actuando bajo la bandera de salvaguardar la democracia, está perjudicando el equilibrio de poderes del país.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Flávio Dino, ha ordenado este jueves a la Policía Federal brasileña que investigue las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el Gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que acaba de ser condenado por golpismo, durante la pandemia de Covid-19, que dejó más de 700.000 fallecidos en el país americano.

El magistrado ha pedido la reapertura del caso judicial abierto tras los peores meses de la pandemia y que fue archivado por la Fiscalía General a mediados de 2022 por el fiscal Augusto Aras, fiel al bolsonarismo y que rechazó el contenido del informe elaborado por la comisión especial del Senado. Este informe, en el que se basa ahora el juez Dino, analizó la gestión política del Gobierno de Jair Bolsonaro frente a la pandemia sanitaria y detectó numerosas irregularidades.

El informe parlamentario, de hecho, acusó a Bolsonaro de un total de nueve delitos incluidos en el Código Penal brasileño: crímenes contra la humanidad, infracción sanitaria, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo. Ahora el juez pide a la policía que le investigue a él así como a tres de sus hijos y a otros 20 aliados de Bolsonaro, entre ellos cinco diputados.

Dino fue nombrado como magistrado del Supremo Tribunal en febrero de 2024, tras ser nominado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cuyo último gobierno era ministro de Justicia desde enero de 2023. Durante lo peor de la pandemia de Covid-19, Flávio Dino era gobernador del estado de Maranhão, al noreste del país, cuando fue un duro crítico del negacionismo acientífico del Gobierno de Bolsonaro frente a la crisis sanitaria.

En el documento en que ha ordenado reabrir el caso, el juez sostiene que “la investigación parlamentaria señaló indicios de crímenes contra la administración pública, sobre todo con contratos, fraudes con licitaciones, sobreprecios, desvío de recursos públicos” o firmas de contratos con empresas pantalla, entre otros.

Algunas de esas actuaciones se refieren a la compra de medicinas supuestamente efectivas contra la COVID-19, pero que luego resultaron ineficaces y que aún así fueron adquiridas por el Gobierno y distribuidas a través de la red de salud pública, como la cloroquina, de la que Bolsonaro fue uno de sus pocos defensores a nivel internacional.

El informe llegó a presentar acusaciones contra Bolsonaro y otras 77 personas por diversos delitos asociados a la pandemia y en su momento fue descalificado por el líder de la extrema derecha, que lo describió como un “documento político” elaborado por una comisión controlada por la oposición a su Gobierno.

La decisión de Dino da ahora un plazo de 60 días que puede ser prorrogado para que la Policía Federal investigue el asunto. La policía brasileña había solicitado acceso a las pruebas y había concluido que era necesario continuar con las investigaciones tras el archivo de la causa, lo que ha sido ahora aprobado por Flávio Dino.

Esta investigación ha sido anunciada apenas una semana después de que la Primera Sala del Supremo, de la cual el magistrado forma parte, condenase a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por la conspiración golpista urdida después de que Lula le derrotase en las urnas, en las elecciones de octubre de 2022.

La condena a 27 años de prisión para el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en 2023 es una noticia histórica en un contexto político caracterizado por el auge de un nuevo fascismo y la impunidad del autoritarismo en grandes países del mundo. Aquella intentona golpista se inspiró en el asalto al Capitolio de Estados Unidos de enero de 2021 por los seguidores de Donald Trump. Por eso, la sentencia es un espejo en el que no se quieren mirar otros líderes seducidos por el autoritarismo. 

Hacemos un breve repaso que ayuda a comprender cómo se ha llegado a los hechos que se han juzgado este verano en Brasil, y con Bernardo Gutiérrez, colaborador de elDiario.es en Brasil, analizamos las claves de esta sentencia.

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Este momento sería el apropiado para tener un debate sosegado sobre el papel de los jueces en democracia (también fuera de ella y contra ella). Nos parece que el debate sería muy actual por ciertos casos últimos y frecuentes, por las palabras de Pedro Sánchez sobre el actuar político de algunos jueces, por la defensa de la independencia del poder judicial desde sus más altos escalafones, por la derrota sin frenos del CGPJ; pero el malestar es antiguo: un hoy transformado Felipe González se refirió a algunos pocos jueces como descerebrados y se dolió del exceso de poder de los jueces, según recogió en El País Anabel Díez allá por abril de 1997.

La ocasión la propicia, hoy, sin embargo, el Tribunal Supremo Federal de Brasil, la cuarta democracia del mundo, resalta un postinero medio estadounidense. Jair Bolsonaro, exmandatario, ha sido condenado a 27 años de prisión y su exministro de Defensa, el general Walter Braga Neto, a 26 años, por su intento golpista tras perder las elecciones y proclamar la ilegitimidad del resultado de su adversario.

El asunto es también relevante porque aquel país ha sufrido las peores expresiones del golpismo judicial, lawfare, contra la propia democracia; sin que les falte ningún ingrediente, a saber, la elevación del poder judicial sobre los demás poderes, amputando los canales representativos, ejecutivo y legislativo, es decir, la juristocracia, el abuso judicial y la confabulación, haciendo palanca, con medios de comunicación y redes sociales para la manipulación y la escandalera a sueldo. Una desviación autoritaria del derecho, en palabras de Amilcar Salas Oroño, que ya padeció Lula da Silva, paradigma para los estudiosos de la guerra sucia judicial.

La resolución no ha complacido a Donald Trump que ha querido ver, con razón, una parte de la trayectoria política de Bolsonaro reflejada en sus propios métodos

Fueron otros jueces, estos otros han decidido proteger la democracia y el Estado de derecho. Y no sin potentes enemigos, no solo interiores. La resolución por parte del Tribunal Supremo Federal de aquella intentona golpista, aunque no de un cierto microgolpismo continuo –muy extendido también por Europa–, como ha llamado un prestigioso magistrado español en activo a ciertos movimientos judiciales en la oscuridad, no ha complacido a Donald Trump que ha querido ver, con razón, una parte de la trayectoria política de Bolsonaro reflejada en sus propios métodos. Curiosamente, Bolsonaro, sin otros medios disponibles, de momento, se ha dispuesto a pelear por sus derechos, vía instituciones de su país e internacionales.

Sin embargo, debe ser cuestión de andancia familiar o estirpe. Toda su descendencia, pero uno de sus hijos en especial, residente en EEUU, seguramente en Miami, ha clamado contra la resolución y prometido luchar hasta el final contra la tiranía. En su lucha, fruto de la educación y ejemplo de su progenitor, ha soñado con la presencia de la armada estadounidense en las costas brasileñas y los F-35 contra la voluntad soberana de los brasileños. Una receta muy extendida en el nuevo desorden mundial. Comoquiera que ha optado por jugar con todas las barajas, Jair Bolsonaro sueña también con una amnistía, política y democrática, se entiende.

Minutos después de que el Tribunal Supremo Federal (STF) condenara a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión, un grupo de unas cincuenta personas se congregó en la puerta de su casa. Envueltos en banderas de Brasil, Estados Unidos e Israel rezaron con pose triste para transmitir su apoyo al expresidente. Para sorpresa de los analistas políticos que esperaban una marea bolsonarista, las calles de Brasilia permanecieron desiertas durante toda la madrugada. Por el contrario, la fiesta estalló en múltiples rincones de Brasil para celebrar la condena. Multitudes espontáneas se desgarraban la garganta cantando en bares y calles Vou festejar, una canción de samba de Beth Carvalho: vou festejar o teu sofrer (“voy a celebrar tu sufrimiento”) .

La lista Canciones para celebrar la prisión de Bolsonaro, que circula como la pólvora en la whatsappfera brasileña, encierra importantes claves geopolíticas del proceso judicial contra la trama golpista. En la primera canción, Ô Trump, la artista Amanda Magalhães remezcla con ritmo bailable frases de Lula da Silva en las que se mofa de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, pidiendo ayuda a Donald Trump:“Trump, Trump, defiende a mi padre / Por el amor de Dios, Trump, libera a mi padre / dime que no vas a tasar a Brasil si me padre no entra en la cárcel”.

El apoyo del Gobierno de Estados Unidos al expresidente de Brasil ha sido un verdadero abrazo del oso para el bolsonarismo. Unir su destino a la bandera estadounidense mientras Trump aplica un tarifazo a todo Brasil, no solo ha trazado un callejón (casi) sin salida para la extrema derecha brasileña, sino que ha provocado la (casi) recuperación de la bandera nacional para la izquierda. El pasado domingo, día de la independencia de Brasil, una bandera estadounidense gigante flotaba sobre las cabezas de los manifestantes de la protesta bolsonarista de São Paulo. Mientras, las banderas brasileñas reinaban en el desfile presidencial del 7 de Setembro, una ceremonia cívico-militar cuyo lema fue “Brasil soberano”.

¿Brasil, capital Washington?

The New York Times publicó un texto el pasado martes, día inaugural del juicio contra la trama golpista, titulado El nuevo símbolo de la derecha brasileña: la bandera estadounidense. Jack Nicas, corresponsal en Brasil del rotativo neoyorquino, destacaba en el texto cómo la bandera estadounidense se ha convertido en improbable símbolo del bolsonarismo durante el aniversario de la independencia del país sudamericano.

Este abrazo de la bandera de EEUU en un momento en el que el gigante norteamericano amenaza la soberanía brasileña, también ha irritado a muchos bolsonaristas. Hasta el pastor Silas Malafaia, ventrílocuo radical y (casi) impune del bolsonarismo, insinuó que la bandera estadounidense gigante había sido llevada a las calles de São Paulo por izquierdistas. Dos diputados progresistas denunciaron que la bandera de la avenida Paulista tenía el mismo tamaño que la usada en un partido de la liga de fútbol americano (la NFL) celebrado en São Paulo. Si la bandera hubiera sido cedida por la NFL o cualquier otra empresa internacional, violaría las leyes brasileñas, que impiden la participación de entidades extranjeras en la política nacional. El bolsonarismo, acorralado en su callejón, puede acabar siendo apuntillado, técnica y moralmente, por crímenes de lesa patria.

El fervor trumpista de la extrema derecha brasileña, salpicado de simpatías sionistas, está directamente relacionado con el juicio contra la trama golpista que el Supremo concluirá en unas semanas (falta juzgar a otros núcleos del golpe). Por primera vez en la historia, militares brasileños del alto rango han sido condenados. Aparte de Jair Bolsonaro (capitán en la reserva), los generales Augusto Heleno, Paulo Sergio Nogueira, Braga Netto y el almirante Almir Garnier fueron condenados y se quedarán, con casi total seguridad, sin su cargo militar.

La condena marca un antes y un después en la impunidad de los militares brasileños. Y supone una venganza contra Estados Unidos, que financió y apoyó el golpe militar de 1964 y que ha llegado a amenazar a Brasil hace unos días con el uso de la fuerza militar. En el artículo Mi tío embajador, el periodista Fred Melo Paiva ironiza que los perfiles en redes sociales de la embajada de Estados Unidos en Brasil parecen tomados por los grupos de familia de WhatsApp (donde siempre hay un tío que lava la cara a la extrema derecha con argumentos bizarros).

El abrazo a la bandera de EEUU en un momento en el que el gigante norteamericano amenaza la soberanía brasileña ha irritado a muchos bolsonaristas

A comienzos de abril de 2019, el Gobierno de Jair Bolsonaro envió un telegrama a la ONU afirmando que no hubo golpe de Estado en Brasil el 31 de marzo de 1964. En los días previos, el argentino Fabian Salvioli, relator especial de la ONU en cuestiones de memoria histórica, había sacado los colores a Bolsonaro por celebrar en las calles el aniversario del golpe. “Los intentos de justificar graves violaciones de derechos humanos del pasado deben ser claramente rechazados por todas las autoridades y por la sociedad como un todo”, había escrito el argentino.

Para Jair Bolsonaro, su clan familiar y los militares que se unieron a la radical huida hacia adelante de la extrema derecha brasileña el golpe de 1964 fue “una revolución”. Y el intento de golpe de Estado coordinado por el expresidente Bolsonaro no era más que la continuación de aquella intervención revolucionaria de 1964 bendecida por la democracia estadounidense. En esa pirueta imposible de intentar ser patriota abrazado la bandera del golpista externo reside la tumba del clan Bolsonaro. Y también el fracaso de la ley de amnistía que el bolsonarismo intenta que avance en Congreso y Senado.

Bye bye, Eduardo

La condena de Jair Bolsonaro deja una laguna en la extrema derecha brasileña. Si antes del tarifazo de Trump Eduardo Bolsonaro, hijo más internacional del expresidente, tenía posibilidades de heredar el trono electoral, a día de hoy es inviable. Incriminado por la Policía Federal por su involucración en las sanciones en Estados Unidos y considerado antipatriota por la opinión pública, Eduardo Bolsonaro es un nombre a evitar en cualquier encuesta electoral. Puede hasta perder su cargo de diputado.

El senador Flávio Bolsonaro, que sigue defendiendo que su padre será candidato presidencial en 2026, tampoco se libra de la oleada tóxica de su apellido. Carlos Bolsonaro, Carluxo, el mago de las fake news que auparon a Jair al poder, está desaparecido: hace meses que no aparece ni en las manifestaciones para defender a su padre ni por el pleno de Río de Janeiro, donde ejerce como concejal. Renan Bolsonaro, el menor del clan, sobrevive sin pena ni gloria como concejal de Balneário Camboriú, una tosca y contaminada Dubai brasileña con mucha presencia ultraconservadora. Quedaría una última carta: Michelle Bolsonaro, la ex primera dama, diva del evangelismo y amada por el presidente del Partido Liberal (PL), pero odiada por todos los hijos del condenado patriarca.

El declive del clan Bolsonaro deja a la derecha brasileña extraviada. El centrão —ese bloque conservador que controla el poder legislativo y que todavía cuenta con algunos ministerios del gobierno Lula— sueña con lanzar un candidato presidencial propio. Sin embargo, en el momento en el que el poderoso partido União Brasil estaba empezando a salir del Gobierno, Lula se recupera en las encuestas.

Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, el candidato natural del bolsonarismo en 2026, intenta pescar en aguas revueltas, afirmando que el expresidente fue condenado sin pruebas. No lo tiene fácil. En todas las encuestas, Lula lo derrota. Su patriotismo made in USA es su talón de Aquiles. La memesfera no perdona. Un montaje fotográfico en el que Tarcísio usa una gorra con el lema Make America Great Again y Lula una con Brasil é dos brasileiros se expande como la espuma y acaba de inaugurar la precampaña electoral.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acudido este viernes en defensa del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado la víspera a 27 años y tres meses de prisión por varios delitos graves entre los que se incluyen los de liderar una organización criminal armada, el intento de abolición del Estado Democrático de Derecho o golpe de Estado, además de otros delitos como daño cualificado con violencia o de amenaza grave contra el patrimonio de la Unión.

Abascal, que no ha dudado en calificar el juicio del Supremo Tribunal Federal de Brasil de “venganza política y represiva de Lula y sus secuaces”, ha enviado públicamente su apoyo tanto al ultraderechista, que ya se encontraba en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, como a su familia.

En un mensaje en la red social X (antes Twitter), el líder del partido Vox ha compartido una publicación de 'La Gaceta' en la que se recuerda que el juez que presidió el juicio del Supremo, Cristiano Zanin, fue abogado de la defensa del presidente Lula da Silva desde 2013. Zanin Martins participó como miembro del despacho Teixeira Martins Advogados en la defensa de Lula en el marco de la causa Lava Jato, que terminó siendo archivada por el Tribunal Supremo por irregularidades en la obtención de las pruebas.

Cristiano Zanin fue propuesto como magistrado del Supremo el 1 de junio de 2023 y, a pesar de las críticas de una parte de la oposición, en concreto de la ultraderecha, Zanin fue ratificado como juez del Supremo Tribunal Federal primero en la Comisión de Justicia con 21 votos a favor y 5 en contra y después en el pleno del Senado federal con 58 votos favorables frente a 18 en contra. El Senado brasileño está presidido desde las últimas elecciones por Rodrigo Pacheco, miembro del PSD, uno de los partidos de centroderecha que apoyó la destitución de Dilma Rousseff en 2016. El Partido de los Trabajadores de Lula tiene una representación de apenas 8 de los 81 senadores desde las elecciones de octubre de 2022.

“Lo único que persiguen es acabar con la esperanza de millones de brasileños que representa Bolsonaro”, asegura Santiago Abascal, que trata de enfrentar a su colega Bolsonaro con la supuesta “corrupción y la deriva totalitaria” de la que acusa a Lula da Silva.

Sin embargo, en sus sesiones de los últimos días, los magistrados del Supremo Tribunal brasileño han puesto de manifiesto con detalle cómo fue Bolsonaro quien, apoyándose en autoridades políticas, policiales e incluso militares, difundió una narrativa falsa sobre un supuesto mal funcionamiento de las urnas electrónicas de votación para crear un estado de opinión propicio para la promoción de un golpe de Estado.

Así mismo, en el juicio se relató cómo después esta organización criminal promovió y facilitó el ataque de miles de seguidores bolsonaristas contra las instituciones de la República brasileña en Brasilia con el objetivo de mantener a Jair Bolsonaro en el poder así como de restringir la capacidad de actuación de los distintos poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial.