Las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron al exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, condenado junto con el expresidente Jair Bolsonaro en el juicio por golpismo contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron este lunes fuentes oficiales.

Ramagem fue detenido en Florida, donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista que, según la Corte Suprema, lideró Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

El arresto, llevado a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), fue producto de “la cooperación policial internacional” entre los dos países, afirmó en un comunicado la Policía Federal de Brasil.

Medios locales y aliados del exdiputado dijeron que la detención se debió a cuestiones meramente migratorias.

Según la Fiscalía, Ramagem, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro (2019-2022), montó un servicio secreto paralelo para vigilar a adversarios políticos.

En septiembre pasado, en los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe en Brasil, huyó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, entró en Guyana por vía terrestre y puso rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con la prensa local.

Con todo, las autoridades brasileñas iniciaron en diciembre pasado el trámite para pedir su extradición. En paralelo, la Cámara de los Diputados le despojó de su escaño y anuló su pasaporte diplomático.

Ramagem no ha sido el único de los condenados por golpismo que huyó o intentó huir de la Justicia brasileña.

En diciembre pasado, el exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, condenado a 24 años y seis meses de prisión por participar en el complot golpista, fue detenido en Paraguay mientras intentaba fugarse a El Salvador.

Además, alrededor de medio centenar de condenados por el asalto a Brasilia, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, huyeron a Argentina y han sido requeridos por Brasil.

Las autoridades argentinas concedieron el estatus de refugiado a uno de ellos, identificado como Joel Borges Correa, que se fugó de su país a mediados de 2024 tras ser condenado por el ataque a Brasilia, interpretado por el Supremo como el colofón de la trama liderada por Bolsonaro.

El Tribunal Supremo de Brasil ha concedido este martes prisión domiciliaria “temporal” al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía, han informado fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, ha aceptado parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldado en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que Bolsonaro “requiere atención constante y cuidadosa”.

El magistrado, sin embargo, ha decidido que el exmandatario podrá quedarse en casa por 90 días desde su alta médica, para la que no hay fecha. Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo en septiembre de 2025.

El ex jefe de Estado fue hallado culpable de golpe de Estado, por haber tramado con los militares un plan para tratar de retener el poder tras haber perdido las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El pasado noviembre, Bolsonaro empezó a cumplir la pena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en las dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, por orden del Tribunal Supremo. Desde enero, estaba en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio.

Durante su encarcelamiento, sin embargo, ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital. Desde el pasado 13 de marzo, Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en un hospital privado de Brasilia por una neumonía bilateral bacteriana, sin previsión de alta.

Creación de 1,7 millones de puestos de trabajo, pleno empleo (5,1%, la menor tasa de paro desde 2012), récord histórico de la capacidad adquisitiva per cápita mensual (3.613 reales, unos 600 euros), crecimiento económico (2,3% en 2025), inflación controlada (3,99%), inversión extranjera directa sólida (15.000 millones de dólares), déficit de las cuentas públicas bajo control (0,4%). Por si fuera poco, la bolsa de São Paulo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). La economía brasileña toca el cielo en el cuarto año de gobierno de Lula da Silva. El legado del ministro de economía Fernando Haddad, que acaba de dejar su cargo para ser candidato a gobernador de São Paulo en las elecciones de octubre, ha sorprendido incluso a sus detractores del mercado financiero, que auguraban la hecatombe económica si la izquierda volvía a gobernar.

Sin embargo, el pesimismo económico de los brasileños cotiza al alza. La última encuesta de Datafolha revela que el 46% de los brasileños consideran que la economía ha empeorado en los últimos meses, frente al 24% que piensa que ha mejorado y el 28% que estima que todo sigue igual.

¿Cómo se explica el aumento del pesimismo de los brasileños si su poder adquisitivo toca techo? André Braz, coordinador de los Índices de Precios del Instituto Brasileiro de Economía (FGV IBRE), explica en conversación con elDiario.es, que el pesimismo económico de los brasileños está relacionado con el aumento acumulado del precio de los alimentos. “Desde 2020, varios eventos han presionado mucho el precio de los alimentos, que subieron el doble que la inflación. Aunque en 2025, su precio fue estable, no borra lo que ocurrió estos años. Esto explica el malestar de las familias, incluso con indicadores económicos tan buenos”, afirma Braz.

El experto argumenta, además, que el cambio climático disparó la demanda mundial y afectó directamente al precio del café, del cual Brasil es el principal exportador mundial: “El clima no fue bueno y el grano no creció satisfactoriamente. Tuvimos una reducción de oferta nacional fuerte y eso provocó un aumento del precio”. No es casual que la encuesta de Datafolha muestre que el 33% de los entrevistados consideran que su economía personal empeoró en los últimos meses (en diciembre era apenas un 26%).

Por otro lado, aunque el trabajo informal se ha reducido a un mínimo histórico (37,2%), todavía 38,7 millones de brasileños no tienen empleo formal. La tasa de informalidad sube hasta un 71,1% entre el sector de entregadores de moto (conocidos en Brasil como motoboys), según un informe de ESG Insights. Al mismo tempo, el 57,3% de los trabajadores y el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años relatan dificultades para encontrar empleo, segundo dados del informe Sondagem do Mercado de Trabalho.

¿Son suficientes estos factores para explicar el pesimismo económico de los brasileños en el momento más dorado de su economía? La letra pequeña de la encuesta de Datafolha sugiere que la principal explicación está en otro lugar: en la polarización política.

La ceguera económica de la polarización

La última encuesta de Datafolha revela que el 77% de quienes van a votar al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre piensa que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 14% de los votantes del izquierdista Lula.

Para 35% de los entrevistados, la economía va a empeorar en los próximos meses. En este punto, la polarización también marca la tendencia perceptiva: el 51% de los electores de Lula prevén una mejora de la economía, frente al 14% dos que pretenden votar a Flávio Bolsonaro.

El pesimismo también predomina entre la derecha tradicional (solo el 16% de los votantes de Romeu Zema (Novo) y 17% entre los de Ratinho Junior confían en una mejora económica). Además, la percepción negativa de la economía es del 57% entre votantes evangelistas (más inclinados a votar a la derecha), frente al 41% de los católicos.

No obstante, ni siquiera en un país en el que el 90% admite haber creído en fake news y en el que la extrema derecha las produce en tamaño industrial, la polarización política no acaba de explicar del todo el pesimismo económico.

El punto de inflexión de la percepción económica ocurrió en julio de 2025, después de que Donald Trump anunciase un tarifazo del 50% a Brasil. La encuesta realizada por Datafolha los días 29 y 30 de julio de 2025, tras el anuncio del tarifazo estadounidense, recogía que el 45% de los brasileños consideraba que la economía iba a empeorar. Unos días antes, Eduardo Leite, gobernador del estado de Rio Grande do Sul, uno de los más ricos de Brasil, afirmaba que las “tarifas del 50% que los Estados Unidos aplicaron a Brasil son el reflejo de una polarización, que solo nos divide”. Leite, del sector de la derecha tradicional, echó la culpa al gobierno Lula: “(la polarización) también es consecuencia de un gobierno brasileño que siempre apostó en la misma polarización”.

A pesar de la percepción económica de la derecha y la extrema derecha, el gobierno Lula ha conseguido el mejor desempeño de la economía de la última década. El ministro saliente Fernando Haddad ha realizado la proeza de eximir de pagar impuestos a quienes ganan menos de 5.000 reales al mes (unos 850 euros), de aprobar el Impuesto sobre Operacões Financeiras (IOF) y de aumentar un 10% los impuestos a los más ricos.

Los abogados de Jair Bolsonaro parecen haber estado estudiando el código penal del país y han encontrado una forma de ayudar a su cliente a reducir la pena de 27 años de prisión que le fue impuesta el año pasado por conspirar para dar un golpe de Estado: leyendo libros.

Solo hay un problema: el expresidente brasileño de extrema derecha nunca ha sido conocido por ser un gran lector. “Lo siento, no tengo tiempo para leer”, declaró Bolsonaro en una ocasión. “Hace tres años que no leo un libro”.

La legislación brasileña contiene un recurso literario mediante el cual los reclusos que lean libros pueden reducir sus condenas en cuatro días por cada título leído. El jueves pasado, un juez del Tribunal Supremo autorizó al expresidente, caído en desgracia, a participar en el programa tras una solicitud de su equipo legal.

Bolsonaro, un exparacaidista famoso por su hostilidad hacia la democracia, las minorías, la selva amazónica y las artes, probablemente no apreciará demasiado la lista de lecturas aprobada. Esta incluye obras brasileñas sobre los derechos de los indígenas, el racismo, el medio ambiente y la violencia ejercida por la dictadura del país entre 1964 y 1985, un régimen que Bolsonaro apoyó abiertamente.

Una de las obras, 'Um Defeito de Cor' (Un defecto de color), de Ana Maria Gonçalves, con 950 páginas, cuenta “la historia de Brasil... desde el punto de vista de una mujer negra”.

También está incluido 'Democracia!', un libro ilustrado de no ficción para niños del autor e ilustrador inglés Philip Bunting.

Algunos de los libros de la lista, como 'Guerra y paz', de León Tolstói, y Don Quijote, de Miguel de Cervantes, tienen más de mil páginas. Bolsonaro apareció una vez en público con un tomo de tamaño similar, Memorias de la Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill, de más de mil páginas, pero no está claro si el expresidente lo ha leído.

Para poder beneficiarse del programa de reducción de pena, los reclusos deben demostrar que realmente han leído los libros mediante la presentación de informes escritos a las autoridades penitenciarias.

Cuando se le pidió que nombrara su libro favorito durante las elecciones presidenciales de 2018, Bolsonaro se decantó por uno de Carlos Alberto Brilhante Ustra, un famoso coronel del Ejército acusado de torturar a cientos de prisioneros durante la dictadura. “Es una historia real sobre Brasil... con hechos, con datos, con lugares y con episodios reales”, afirmó entusiasmado Bolsonaro, que la semana pasada fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en la capital, Brasilia, tras pasar la Navidad encarcelado en una base de la policía federal.

El libro de Ustra no figura en la lista de lecturas recomendadas por el sistema judicial, pero sí contiene un título, 'Sigo aquí', de Marcelo Rubens Paiva, sobre la difícil situación de los presos que desaparecieron en esos centros de tortura.

Descabezada desde que su figura emblemática fue encarcelada por intento de golpe de Estado, la extrema derecha brasileña acaba de encontrar a un nuevo enemigo: las sandalias Havaianas. La marca ha sido “cancelada” por los seguidores de Jair Bolsonaro a raíz de un anuncio de televisión.

La polémica surgió por la frase que pronuncia en un anuncio de Havaianas la actriz Fernanda Torres. En él, la protagonista de ‘Aún estoy aquí’ (ganadora del Óscar a la mejor película internacional) pide no empezar el año 2026 “con el pie derecho” sino “con los dos pies”.

Los seguidores de Bolsonaro han interpretado la frase como una pulla contra la derecha y están llamando al boicot contra Havaianas, como antes hicieron los simpatizantes de Donald Trump con la cerveza Bud Light, las máquinas Keurig, los cereales Kellogg's, y hasta Beyoncé.

El excongresista Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, se grabó en un vídeo tirando a la basura un par de Havaianas (su cargo en el congreso brasileño fue revocado recientemente, después de que viajara a Estados Unidos para convencer a Trump de que tomara represalias contra Brasil por el juicio a su padre). “Pensaba que esto era un símbolo nacional”, se le escucha decir en el vídeo mientras señala la pequeña bandera brasileña que llevan las Havaianas como sello distintivo. “Me equivoqué; han elegido como portavoz de las sandalias a alguien que es abiertamente de izquierdas”.

Ni Torres ni la marca han hecho comentarios sobre la polémica.

“Le voy a decir al equipo de marketing [de Havaianas] que pida consejo al departamento de marketing de Budweiser aquí en Estados Unidos, ellos también perdieron el contacto con la realidad y sufrieron pérdidas por mil millones de dólares”, dijo Eduardo Bolsonaro en referencia a la reacción sufrida por Bud Light tras emitir un anuncio protagonizado por la estrella transgénero de TikTok Dylan Mulvaney (Bud Light fue “perdonada” después por Trump).

Se estima que el valor de mercado de la empresa Havaianas retrocedió unos 23 millones de euros este lunes, primer día del boicot a las sandalias.

La reacción desde la izquierda ha incluido llamamientos sinceros a los seguidores de Bolsonaro para que donen sus sandalias y también burlas, como la oferta de cambiar sus sandalias por una tobillera electrónica con los colores de la bandera nacional.

El dispositivo de la tobillera se ha vuelto un chiste recurrente desde que Bolsonaro fue sorprendido tratando de destruir la suya con un soldador, una acción que le hizo perder el arresto domiciliario para regresar a la celda donde ha comenzado a cumplir condena tras ser hallado culpable de un complot para anular el resultado de las elecciones de 2022.

Traducción de Francisco de Zárate

El bolsonarismo, el huracán que irrumpió en la política brasileña en 2018, está tocado y hundido. La familia Bolsonaro, el clan que colocó a la extrema derecha latinoamericana en el epicentro ultra global, está siendo arrollada. La prisión de Jair Bolsonaro, decretada el martes tras un presunto intento de fuga del expresidente, representa la guinda de un intenso proceso de decadencia política cocinado a cámara rápida.

Desde que el diputado Eduardo Bolsonaro, el miembro más internacionalista del clan familiar, huyera a Estados Unidos en marzo, la extrema derecha brasileña entró en una incomprensible espiral autodestructiva. El apoyo del bolsonarismo al tarifazo de Donald Trump a los productos brasileños produjo un verdadero cortocircuito en su propia base. Mientras la extrema derecha ondeaba banderas estadounidenses en protestas cada vez más mermadas, la izquierda recuperaba los símbolos nacionales. Y Lula da Silva, aguerrido en su resistencia a Trump, se disparaba en todas las encuestas. La química entre Trump y Lula tras su breve encuentro en la sede de la ONU acabó de sellar el ocaso del clan Bolsonaro.

El presunto intento de fuga de Jair Bolsonaro de su prisión domiciliar, que provocó su detención en la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia (PF) el pasado sábado, produjo dos poderosas imágenes que sirven de metáfora para el momento político brasileño. La primera: el expresidente intentando derretir la tobillera electrónica, fuente de un alud de memes. La segunda: una vigilia religiosa en la puerta de la casa de Jair Bolsonaro, convocada por su hijo Flavio, otrora influyente senador, que apenas congregó a un centenar de personas.

La vigilia acabó con una escena difícil de imaginar hace apenas un año: militantes bolsonaristas agrediendo al fiel evangélico Ismael Lopes, que se había presentado como pastor. Lopes, que soltó varias citas bíblicas cuando empuñó el micrófono, acabó acusando a Bolsonaro de ser el responsable de las 700.000 muertes durante la pandemia de COVID-19. La atrevida acción de Ismael Lopes, un joven progresista de 34 años que forma parte del Frente Evangélico por el Estado de Derecho, representa el desenlace del bolsonarismo como fuerza política violenta y aislada.

La prisión de Bolsonaro desbarata todos los planes de la derecha brasileña. Y abre la posibilidad, por primera vez desde que la expresidenta Dilma Rousseff sufrió un impeachment ilegal, de que la derecha tradicional se aleje del radicalismo antidemocrático del bolsonarismo.

“Jurisprudencia Lula”

La detención definitiva de Jair Bolsonaro ha tenido un perfil bajo. Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo, aprovechó la prisión preventiva del expresidente en la misma Superintendencia de la Policía Federal (PF) para decretar el inicio del cumplimiento de su condena de 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado. Su decisión fue estratégica: Bolsonaro cumplirá pena en el edificio donde ya se encontraba desde el sábado, no en la temida prisión de Papuda que pedía la izquierda. La prisión de los otros acusados, entre ellos el general Augusto Heleno, otorga fuerza a la histórica jornada de este martes.

Sin cámaras ni imágenes espectaculares, sin morbo excesivo ni resquicios legales para revertirla, la prisión de Bolsonaro ha huido de la espectacularización que tuvo la detención de Lula. El 7 de abril de 2018 miles de personas se reunieron en el edificio del Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo (SP) para apoyar al actual presidente. Tras un discurso histórico y fotografías icónicas, Lula fue llevado hasta las instalaciones de la PF de Curitiba. Su detención fue retransmitida en directo por todas las televisiones. Y su encarcelamiento, que acabó siendo considerado ilegal por el Supremo, fortaleció el mito Lula y posibilitó su vuelta al poder.

La prisión light de Bolsonaro está siguiendo lo que la analista política Letícia Casado ha bautizado como jurisprudencia Lula. La celda de Bolsonaro tiene 12 metros cuadrados (la de Lula tenía 15 metros), aire condicionado y médicos a disposición 24 horas al día. Dando un trato similar al que recibió Lula en 2018, el Supremo evita desgaste y trata de desmantelar cualquier narrativa de persecución política.

El “incidente tobillera” es un mayúsculo tiro en el pie de Jair Bolsonaro. Aleja la posibilidad de prisión domiciliaria, enfría cualquier posible recurso, frena los apoyos a cualquier intento de amnistía y aísla al “capitán Bolsonaro”, que ya no podrá recibir demasiadas visitas en su celda. La extrema derecha teme que ni siquiera Flávio Bolsonaro conseguirá mantener la voz del expresidente viva e influyente hasta las elecciones de 2026.

Lula, en ascenso

El presidente Lula lidera todos los escenarios electorales de cara a 2026. La última encuesta de la CNT (Confederação Nacional do Transporte), divulgada el martes y que contabiliza el efecto de la prisión preventiva de Jair Bolsonaro, es un verdadero alivio para la izquierda.

Aunque el forajido Eduardo Bolsonaro corre el riesgo de ni siquiera conseguir ser candidato, acusado de crímenes de traición a la patria, CNT no le da ninguna posibilidad electoral: Lula obtendría un 49,9% frente a un 33,3% del hijo del presidente. Lula también derrotaría con contundencia a la ex primera dama Michelle Bolsonaro: 49,1% frente a un 35,6%.

El candidato de extrema derecha más competitivo frente a Lula es Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, hasta ahora fiel al bolsonarismo. Tarcísio de Freitas obtendría un 39,1% frente al 45,7% de Lula. Hace unos meses, Tarcísio llegó a estar empatado técnicamente con Lula.

Ante la actual tesitura y el claro favoritismo de Lula, existe la posibilidad de que Tarcísio decida no ser candidato presidencial, para intentar la reelección en el Estado de São Paulo, el más rico y poderoso del país.

El comentarista político Octavio Guedes, habitual de los platós de Globo News, augura una bifurcación inevitable en la derecha brasileña. En su opinión, aunque Brasil continuará teniendo una extrema derecha, se abre espacio para el surgimiento de un líder moderado, de centroderecha y democrático. “El gran desafío para la sucesión es saber el timing de esa ruptura. La cuestión central es cuando esa derecha democrática conseguirá romper la ”tobillera electrónica“ que el bolsonarismo colocó en su pierna”, escribe en un artículo de G1 (portal del grupo Globo).

El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado este martes el inicio del cumplimiento de la pena de 27 años de cárcel impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpe de Estado, en las dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

Bolsonaro está detenido en régimen de prisión preventiva en esta misma sede policial desde el pasado sábado, cuando fue arrestado por haber tratado de dañar la tobillera electrónica que usaba, en una acción que el juez interpretó como un intento de fuga.

El inicio del cumplimiento de la condena ha sido ordenado después de que la defensa de Bolsonaro renunciara a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta este lunes. La defensa había presentado unos primeros recursos, pero fueron rechazados de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala del Tribunal Supremo, responsable del proceso.

El líder de la ultraderecha estaba en prisión domiciliaria desde el pasado agosto por incumplir diversas medidas cautelares que le habían sido impuestas en el curso del proceso.

El ex jefe de Estado fue hallado culpable de golpe de Estado, por haber tramado con los militares un plan para tratar de retener el poder tras haber perdido las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

La trama llegó poner en marcha un plan para asesinar a Lula y a otras autoridades y desembocó en el asalto violento a las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, perpetrado por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023.

Bolsonaro, líder de la ultraderecha que gobernó entre 2019 y 2022, negó el pasado domingo ante un juez que su intención al tratar de dañar la tobillera electrónica con una soldadora casera fuera una eventual fuga. Atribuyó ese episodio a una “paranoia” y unas “alucinaciones” causada por medicamentos que utiliza para combatir una depresión y otros problemas de salud.

El exmandatario de 70 años tiene su salud debilitada, sufre crisis de ansiedad, de hipo y vómitos, todo lo cual atribuye a la grave puñalada que sufrió en la región abdominal durante la campaña electoral de 2018, que desde entonces le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.

Debido a la edad y a su frágil estado de salud, sus abogados ya habían adelantado que, en caso de que la sentencia fuera declarada firme, volverán a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando razones “humanitarias”.

La Policía Federal de Brasil ha detenido este sábado de forma preventiva al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado. La decisión de la Corte Suprema del país pone fin así al arresto domiciliaro del ultraderechista, que ya llevaba más de 100 días en prisión en su residencia, según apuntan medios locales y la agencia EFE.

Un grupo de policías ha acudido a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y arrestado al dirigente de extrema derecha, que ha sido trasladado inmediatamente después a dependencias policiales. La Corte Suprema brasileña ha decretado la prisión preventiva del exmandatario para “garantizar el orden público”, después de que, aseguran los jueces, el expresidente intentara romper la tobillera electrónica que controla sus movimientos. Pretendía fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos, según ha afirmado la Corte.

El líder ultraderechista, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria desde agosto, fue arrestado y conducido a instancias policiales para “garantizar el orden público”, según justificó el Supremo en su decisión.

Bolsonaro fue condenado el pasado mes de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 contra el progresista Lula da Silva. La justicia brasileña concluyó que Bolsonaro había sido líder y principal beneficiario de un plan para impedir que Lula asumiera el cargo en 2023.

Se trata de la primera vez en la historia del país que un expresidente se enfrenta a penas de prisión por haber atentado contra la democracia tras haber perdido las elecciones en 2022.

Bolsonaro ha permanecido bajo arresto domiciliario estricto por violar medidas cautelares. Este mismo viernes, la defensa del expresidente había pedido a la Corte Suprema que el ultraderechista pudiera cumplir la condena entera bajo el régimen de prisión domiciliaria, alegando motivos de salud. Sin embargo, la petición no ha sido escuchada, y sus abogados no se han pronunciado todavía sobre su arresto.

Aun así, se espera que su defensa solicite de nuevo el permiso para permanecer bajo arresto domiciliario. Durante estos 100 días, Bolsonaro ha tenido prohibido acceder a redes sociales, aunque ha podido disfrutar de otros beneficios, entre otros las visitas o llamadas de líderes y compañeros internacionales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha calificado su juicio en varias ocasiones de “cacería de brujas”.

Según medios locales, la prisión preventiva de Bolsonaro de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena, que se espera que comience durante las próximas semanas, después de que el Supremo haya rechazado los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

En el marco del proceso por golpismo, el Supremo también ordenó este viernes la prisión preventiva para el diputado Alexandre Ramagem, gran aliado de Bolsonaro que también ha sido condenado en el mismo juicio del expresidente, tras supuestamente haberse fugado a Estados Unidos. Las investigaciones apuntan a que el parlamentario dejó Brasil en septiembre pasado a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.

Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, recibió una condena de 16 años de prisión en régimen cerrado, por los delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

Glauber Braga (Nova Friburgo, 1982) se ha convertido en uno de los diputados de izquierda más populares de Brasil. Desde que comenzó su primer mandato como diputado en 2009, Braga ha sido una de las voces más contundentes contra las privatizaciones, contra la extrema derecha y contra cualquier intento de injerencia extranjera en el país.

Diputado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), principal fuerza política a la izquierda del presidente Lula da Silva, Braga se ha convertido en uno de los principales enemigos del bolsonarismo y de la élite política conservadora. En abril, hizo una huelga de hambre para denunciar un proceso que pretendía quitarle el cargo de diputado por haber expulsado del Congreso a un militante de extrema derecha.

El diputado argumenta que al Gobierno Lula “le falta ser más osado contra el sector privado” y que la defensa de la izquierda del establishment “es una táctica” para proteger la democracia frente a los ataques de la extrema derecha. En una entrevista telefónica, repasa la vertiginosa política de Brasil, la condena a Jair Bolsonaro y al núcleo duro del intento de golpe de Estado, las gigantescas manifestaciones de izquierda de septiembre, la injerencia estadounidense en Brasil y las elecciones presidenciales de 2026, que en su opinión serán “durísimas”.

Las principales capitales de Brasil vivieron en septiembre manifestaciones masivas contra la amnistía a Jair Bolsonaro y los condenados por golpismo. No estaban lideradas por partidos políticos. Partieron de la ciudadanía ¿Cómo interpreta ese día histórico?

Fue una prueba de que las calles tienen fuerza para darle la vuelta a la tortilla. Es muy significativo que unos días después el Senado archivara por unanimidad un proyecto para blindar a los diputados de procesos judiciales [se tramitaba paralelamente y como paquete al proyecto de ley de amnistía]. Lo paró la fuerza de la calle. Tenemos que continuar movilizándonos para otros asuntos.

La extrema derecha pierde simbólicamente la bandera de Brasil en el imaginario del ciudadano común

Se esperaban manifestaciones de extrema derecha e incluso disturbios tras la condena a Bolsonaro. No hubo. La condena representa también el fin de la impunidad de los militares y, por lo que parece, está sirviendo de herramienta de pacificación. Los medios conservadores argumentaban lo contrario: que Brasil solo se pacificará con amnistía para los golpistas.

Cualquier pacificación pasa por la responsabilización de los golpistas. Porque la extrema derecha, cuando no se siente responsabilizada, dobla la apuesta. [La condena] hace que ellos retrocedan y demuestra que no existe espacio para lo que están intentando hacer. La condena de Bolsonaro fue un momento muy importante para la historia del país.

¿El movimiento a favor de la amnistía perdió fuerza tras las protestas masivas? ¿Se aprobará algún tipo de amnistía light con reducción de penas?

Perdió fuerza, sin duda. Pero tenemos que estar atentos, porque la amnistía aglutina la base de la extrema derecha. Ellos van a continuar movilizándose hasta que encuentren su próximo gran asunto, la próxima cloroquina [el medicamento ineficaz contra el virus de la COVID-19 defendido por Jair Bolsonaro] o su próxima urna electrónica [el bolsonarismo difundió falsamente que se podía manipular el voto]. Hasta que configuren su nueva agenda van a continuar presionando por la amnistía.

El bolsonarismo había encontrado ya su próximo gran asunto: el tarifazo de Donald Trump y la supuesta culpa de Lula y el Tribunal Supremo de Brasil. Pero el tiro les está saliendo por la culata. Las maniobras de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, en EEUU le están saliendo caras. Puede ser procesado como traidor a la patria y no será candidato presidencial, su gran sueño.

Son dos tiros de bazuca en el pie. ¿Cuáles fueron las principales banderas de Bolsonaro y la extrema derecha en su primera campaña presidencial [de 2018]? Un discurso de falso patriota y un discurso de falso moralista de combate a la corrupción. Cuando Eduardo Bolsonaro va a Estados Unidos, conspira contra Brasil, ayuda a un ataque imperialista, con aranceles que representan un verdadero embargo... La extrema derecha pierde simbólicamente la bandera de Brasil en el imaginario del ciudadano común. También perdió el discurso de combate a la corrupción con el intento del proyecto de ley del blindaje de diputados. 

Hablando de banderas. Unos días antes del juicio a Bolsonaro, una manifestación de extrema derecha en São Paulo usó una bandera gigante de EEUU. En las manifestaciones de izquierda, se vieron también grandes banderas brasileñas. ¿La izquierda ha recuperado por fin los símbolos patrios, secuestrados hace años por la extrema derecha?

Simbólicamente, recuperó la bandera. Pero esa recuperación tiene que tener un carácter práctico. Tiene que defender elementos que protejan la soberanía, como por ejemplo, las tierras raras. Estoy recogiendo firmas para garantizar que el monopolio de la explotación de tierras raras sea público.

La interferencia de Estados Unidos en la política y justicia de Brasil tiene un motivo visible: defender a su aliado extrema derechista Jair Bolsonaro y crear inestabilidad política. ¿Existen otros motivos?

Los principales motivos son económicos. Además, de los intereses de las grandes empresas tecnológicas, yo añadiría otros, como el control del agua y lo que representa la Amazonia, el papel de Brasil en América del Sur y ante un posible ataque a Venezuela, que cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo. Trump sabe que la familia Bolsonaro entregaría todo eso a EEUU sin pestañear... Saben que tendrían a un presidente muy afable y sumiso.

El papel protagonista que Brasil está teniendo en los BRICS y en una nueva articulación geopolítica del sur global también parece haber irritado a Trump.

El papel de Bolsonaro como presidente fue lamentable, vergonzoso. Que tengamos ahora una posición soberana y de diálogo con el mundo es muy importante. Pero deberíamos ir más allá. Por ejemplo, ante el genocidio contra el pueblo palestino, Brasil debería romper relaciones y garantizar que no llega nada de nuestro petróleo al Estado de Israel.

Usted está en medio de un proceso que le puede costar el cargo de diputado. Después de ser agredido, expulsó del congreso a un militante del movimiento extrema derechista Movimento Brasil Libre (MBL). Abrieron un expediente disciplinario contra usted. Tuvo que comenzar una huelga de hambre para llamar la atención. ¿Qué hay detrás de ese intento de quitarle el cargo de diputado?

El MBL es un movimiento muy golpista, peligroso. Tiene un discurso megarreaccionario, incluso con elementos de supremacismo blanco. Yo fui atacado siete veces en locales públicos por un provocador profesional del MBL. En el caso específico de mi proceso, el altercado es un pretexto. El motivo real es que yo denuncié constantemente la existencia en el Congreso del presupuesto secreto, soy incluso testigo en la Policía Federal (PF).

A este Gobierno le falta ser más osado y comprometerse a luchar contra el sector privado

¿Cómo explicaría didácticamente en qué consiste el “presupuesto secreto”?

Es la entrega de un presupuesto a una determinada región (a través de diputados concretos), sin decir que es dinero público del Gobierno. A veces se entrega ese dinero al diputado, sin que se sepa para qué va a ser usado. Cuando Jair Bolsonaro se enfrentaba a un crecimiento exponencial de su impopularidad como presidente, cerró un acuerdo con los diputados del centrão [diferentes partidos de centro y derecha necesarios para aprobar cualquier proyecto legislativo en el Congreso] y les entregó buena parte de la administración del presupuesto. Así nació ese mecanismo que hoy se conoce como presupuesto secreto.

Usted es diputado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), a la izquierda de Lula. La izquierda todavía no critica al Gobierno, a pesar de que está pegado al centro. Parece que la izquierda sacrifica su programa e ideas para defender la democracia y para no dar alas a la extrema derecha. ¿No es también un riesgo no criticar nada y normalizar las alianzas de Lula con la derecha en aras de la gobernabilidad?

Yo formo parte de un grupo de militantes de izquierda que tiene radicalidad política y prioriza la movilización, más allá del espacio institucional. Por eso nos alegra tanto lo que ocurrió [en las marchas de septiembre]. Las manifestaciones presionan para que se aprueben medidas para la clase trabajadora. A este Gobierno le falta ser más osado y comprometerse a luchar contra el sector privado. Lo que es cierto es que nos unimos para defender a Brasil cuando sufre un ataque como el de EEUU.

El bolsonarismo, sobre todo al principio, usó una narrativa antisistema y la izquierda acaba pareciendo como la gran defensora del establishment. ¿No es un error dejarle a la extrema derecha el discurso sistema? ¿Llegó el momento de retomar cierta radicalidad de la izquierda contra el sistema capitalista?

Nunca fue tan fácil explicar y mostrar qué es el imperialismo, qué es soberanía, qué es la clase trabajadora. Se puede defender el establishment para que la extrema derecha sea responsabilizada, como lo prueba el juicio contra Bolsonaro, sin olvidar que el papel de la izquierda es la movilización. No podemos olvidarnos de nuestras banderas. Nuestro papel es exactamente demostrar que no somos un apéndice del establishment. Tenemos que organizarnos mucho más allá de la institucionalidad para superar el capitalismo. En determinados momentos, tácticamente tenemos unidad de acción con otros campos políticos para afrontar a la extrema derecha, pero eso no puede confundirse con una estrategia de defensa del establishment. 

Lula ha confirmado que será candidato presidencial en 2026. De momento, lidera las encuestas. Aun así, no parece que vaya a haber ningún control de la desinformación por parte de las grandes empresas tecnológicas, más bien lo contrario. La interferencia de Trump en las elecciones se da por hecha. ¿Cómo ve el escenario para las elecciones de 2026?

Durísimo, preocupante. Aun así, creo que la extrema derecha va a ser derrotada, y tenemos que trabajar para que eso ocurra. Ahora bien, lo que consolida una mayoría social para derrotar a la extrema derecha es la agenda económica.

Es fundamental priorizar medidas que mejoren la vida de la gente, como la exención del impuesto de renta a los que ganan menos, la estatalización de empresas como Eletrobras, la reducción de la semana laboral por debajo de seis días... La noticia positiva es que las últimas encuestas demuestran que una parte significativa del electorado que fluctúa de un espectro político al otro, que representa un 40% del total, se mueve hacia la izquierda cuando se le pregunta si los golpistas tienen que ser responsabilizados.

“Alexandre de Moraes es el responsable de la libido de nuestro país”. Esta frase fue el hilo conductor de la columna de la popular escritora y guionista brasileña Tati Bernardi en el periódico Folha de São Paulo el pasado 31 de julio. “Si eres una señora heteroprogresista, está de moda sentir emociones pélvicas al ver a Xandão (apodo de Alexandre de Moraes) enfrentándose a fascistas de toda especie, incluidas fuerzas malignas poderosas y golpistas imbéciles que se graban cometiendo crímenes”, escribió.

La columna era la guinda que faltaba para completar el retrato benevolente y heroico que la izquierda brasileña viene construyendo de Alexandre de Moraes desde que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió enfrentarse frontalmente al bolsonarismo, un empeño que culminó con la reciente condena al exmandatario por intentona golpista. El intento parlamentario de dejar sin efectos la sentencia con una amnistía sacó a las calles a multitudes el pasado fin de semana en varias ciudades del país.

El magistrado del Supremo, cuyo cargo lleva aparejado en Brasil la consideración de ministro, es el gran enemigo a batir por el otro lado del espectro político, que lo tacha de demonio comunista y líder de una “dictadura de la toga”.

Desde que Alexandre de Moraes solicitó en agosto de 2024 a X (antiguo Twitter) nombrar un representante legal en Brasil para cumplir con la legislación nacional, su notoriedad se extendió al plano internacional. El excéntrico millonario Elon Musk, dueño de X, lo calificó de cruce entre Lord Voldemort (el villano de la saga de Harry Potter) y Darth Vader (antagonista de Star Wars).

El mismísimo Donald Trump acusó recientemente a Alexandre de Moraes de abusar de su autoridad judicial “para alcanzar a oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y reprimir disidencias, muchas veces en coordinación con otras autoridades brasileñas”.

Amado y odiado a partes iguales, reverenciado por la izquierda y masacrado por la extrema derecha, Alexandre de Moraes se ha convertido en los últimos años en el protagonista inesperado de la historia de Brasil, en palabras de la periodista Thais Bilenky, directora de la serie de pódcast Alexandre, sobre la vida del “superjuez”. La realidad es más compleja. El juez, lejos de ser un izquierdista, tiene un pasado conservador. Y llegó a militar en el Partido del Frente Liberal (PFL), que entonces tenía en sus filas como diputado a Jair Bolsonaro.

Familia conservadora

De Moraes (São Paulo, 1968) creció en una familia de clase media conservadora. Hijo de un hombre de negocios y de una profesora, se licenció en derecho en la prestigiosa Universidad de São Paulo (USP), donde estudiaron muchos presidentes de Brasil. En 1991 fue el número uno en el concurso público para ser abogado del estado en São Paulo. Exigente, adicto al trabajo y vanidoso, De Moraes vendió más de 700.000 copias de su libro Direito Constitucional (1997). Conversador cordial e irónico, fue cultivando buenas amistades entre las élites del país.

La política no tardó en cruzarse en su camino. En 2002, cuando Lula da Silva ganó su primera elección presidencial, De Moraes aceptó el cargo de secretario de Justicia y de la Defensa de Ciudadanía del Estado de São Paulo, gobernado entonces por el conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

Fue miembro del Consejo Nacional de Justicia (2005-2007), secretario municipal de Transportes y de Servicios de São Paulo en la gestión de Gilberto Kassab (2007-2010), uno de los grandes caciques de la derecha brasileña. A comienzos de 2015, año en el que comenzó la campaña político-social contra la entonces presidenta, Dilma Rousseff, Alexandre de Moraes asumió la secretaria de Seguridad Pública del Estado de São Paulo, convirtiéndose, con 47 años, en el más joven de la historia en ocuparla.

El historiador Edson Aparecido, jefe de gabinete presidencial de aquel Gobierno, aseguró al rotativo francés Le Monde que De Moraes se labró entonces su fama de duro. “Tenía a más de 130.000 policías bajo sus órdenes. ¡Más que muchos ejércitos del mundo!”, recordó. Xandão decidió entonces raparse la cabeza.

En 2015, desfiló en las manifestaciones por la avenida Paulista de São Paulo que pedían la destitución de Dilma Rousseff y criticó las contramarchas en defensa de la expresidenta. “Si practican la violencia, serán tratados como criminales”, aseguró entonces, cuando llegó a reprimir con dureza manifestaciones izquierdistas.

El desencuentro con la izquierda aumentó tras su aterrizaje en el Supremo. Su mentor no fue otro que Michel Temer, que asumió la presidencia el 31 de agosto de 2016, tras un truculento proceso de destitución de Dilma Rousseff, un verdadero golpe parlamentario. Y se intensificó más aún cuando De Moraes negó el habeas corpus a Lula en 2018 y no consideró que el juez Sérgio Moro estuviera cometiendo abuso de poder. 24 horas después de su negativa, Lula fue encarcelado. Sobre sus escasas veleidades izquierdistas habló a Le Monde un amigo personal. “Lo último que tendría en su pared sería un póster del Che”, afirmó.

Enemigo del bolsonarismo

En marzo de 2019, durante el tercer mes del Gobierno Bolsonaro, Alexandre de Moraes se convierte en el instructor de una investigación del Supremo sobre ataques y fake news que acabaría convirtiéndolo en el enemigo número uno del expresidente. En 2020, De Moraes bloqueó el nombramiento de Alexandre Ramagem, hombre de confianza de la familia Bolsonaro, como director de la Policía Federal (PF), por riesgo de interferencias políticas.

La tensión fue in crescendo. Xandão activó investigaciones sobre la gestión de Bolsonaro durante la pandemia, sobre las milicias digitales de desinformación (que tenían su cuartel general en el palacio presidencial) y por los actos antidemocráticos que empezaban a ocurrir en todos los rincones del país.

Luego llegaron sus órdenes de registro y detenciones en el entorno del propio Jair Bolsonaro. El 7 de septiembre de 2021, durante la celebración del día de la independencia de Brasil, el expresidente instigó a las masas contra el sistema judicial y afirmó que no reconocería las decisiones del Supremo. Llegó a sugerir a Alexandre de Moraes que colgara la toga.

El 16 de agosto de 2022, a las puertas de las elecciones presidenciales, De Moraes tomó posesión como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). Su discurso fue durísimo. “Libertad de expresión no es libertad de agresión. Libertad de expresión no es libertad de destrucción de la democracia, de las instituciones, dignidades y de la honra ajenas. La libertad de expresión no es libertad de propagación de discursos de odio”, aseguró. Bonaro no aplaudió.

Su papel como presidente del TSE en la lucha contra las fake news fue de una firmeza extrema. Cuando la policía de carreteras, conchabada por el bolsonarismo, empezó a dificultar el tráfico con controles en regiones proclives a votar a Lula, intervino con agilidad. Muchos analistas, como el corresponsal de The New York Times, defienden que el papel de Alexandre de Moraes fue crucial en las elecciones de 2022 en las que triunfó Lula.

Golpe de Estado

Alexandre de Moraes cultiva una imagen misteriosa y protege con celo su vida íntima. Casado con la abogada Viviane Barci de Moraes y padre de tres hijos, raramente concede entrevistas.

“A Alexandre parece gustarle ese enigma”, afirma la periodista Thais Bilenky. A pesar de sus declaraciones socarronas y de algunas imágenes polémicas de sí mismo que divulga con estudiada estrategia (como una en la que aparecía erradicando plantaciones de marihuana junto a la policía en 2017), De Moraes no suele perder la compostura. Una foto reciente en el estado del Corinthians, su equipo de fútbol, en la que hacía un gesto ofensivo con el dedo de su mano tras ser silbado por un sector del público, es una excepción.

Libertad de expresión no es libertad de destrucción de la democracia, de las instituciones, dignidades y de la honra ajenas. No es libertad de propagación de discursos de odio

Alexandre de Moraes — 2022

“Oscila habitualmente entre las bromas y las bruscas afirmaciones legales”, escribió el veterano reportero Jon Lee Anderson tras entrevistarlo para The New Yorker. En dicha conversación, el ministro del Supremo arremetió con dureza contra las redes sociales y afirmó que si X hubiese funcionado en tiempos de Joseph Goebbels (el ministro da propaganda de Adolf Hitler) “los nazis habrían conquistado el mundo”. Xandão sostiene que las plataformas tecnológicas “no quieren respetar la jurisdicción de ningún país, porque en realidad buscan ser inmunes ante las naciones”.

El duro mano a mano mantenido por Alexandre de Moraes contra a Elon Musk fue otro hito en su trayectoria. Después de haber ordenado durante meses el cierre de muchos perfiles en X, en algunos casos rozando la ilegalidad, De Moraes bloqueó la red social en agosto de 2024 por desobedecer las leyes brasileñas.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump puso al juez en la diana de sus ataques. Transformado en villano por las Big Techs estadounidenses, el Gobierno estadounidense le prohibió viajar a Estados Unidos, tener bienes en el país e incluso usar tarjetas de crédito del país norteamericano. Su esposa también ha sido sancionada.

Moraes, que practica footing con frecuencia y es un fiel practicante de jiu jitsu (arte marcial que aprovecha el poder de sus enemigos para derribarlos), resistió el embate. Siguió corriendo y dobló su apuesta: estrechó el cerco sobre Jair Bolsonaro. Le obligó a ponerse una tobillera electrónica para controlar su arresto domiciliario. Y, posteriormente, ejerció de firme relator del juicio histórico que concluyó con penas más elevadas de las previstas para los ocho acusados de intento de golpe de Estado.

Durante la jornada antidemocrática del 8 de enero de 2023, el despacho de Alexandre de Moraes fue uno de los más vandalizados. Alguien destrozó el armario donde estaba la toga que viste en los juicios. La policía descubrió con posterioridad que existía un plan, con participación de miembros del Gobierno Bolsonaro, de aniquilar a Xandão. “Los más exaltados defendían que después del golpe de Estado yo debería ser detenido y ahorcado en la plaza”, aseguró De Moraes en enero de 2024.

¿Qué habría pasado si el plan para asesinarlo hubiera funcionado? ¿La democracia brasileña habría sobrevivido? Juristas y analistas políticos discuten qué impacto tendrá Moraes a largo plazo. Algunos argumentan, como recoge The New York Times, que sus acciones son medidas extraordinarias, pero necesarias, ante una amenaza igualmente extraordinaria. Otros sostienen que, actuando bajo la bandera de salvaguardar la democracia, está perjudicando el equilibrio de poderes del país.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Flávio Dino, ha ordenado este jueves a la Policía Federal brasileña que investigue las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el Gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que acaba de ser condenado por golpismo, durante la pandemia de Covid-19, que dejó más de 700.000 fallecidos en el país americano.

El magistrado ha pedido la reapertura del caso judicial abierto tras los peores meses de la pandemia y que fue archivado por la Fiscalía General a mediados de 2022 por el fiscal Augusto Aras, fiel al bolsonarismo y que rechazó el contenido del informe elaborado por la comisión especial del Senado. Este informe, en el que se basa ahora el juez Dino, analizó la gestión política del Gobierno de Jair Bolsonaro frente a la pandemia sanitaria y detectó numerosas irregularidades.

El informe parlamentario, de hecho, acusó a Bolsonaro de un total de nueve delitos incluidos en el Código Penal brasileño: crímenes contra la humanidad, infracción sanitaria, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo. Ahora el juez pide a la policía que le investigue a él así como a tres de sus hijos y a otros 20 aliados de Bolsonaro, entre ellos cinco diputados.

Dino fue nombrado como magistrado del Supremo Tribunal en febrero de 2024, tras ser nominado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de cuyo último gobierno era ministro de Justicia desde enero de 2023. Durante lo peor de la pandemia de Covid-19, Flávio Dino era gobernador del estado de Maranhão, al noreste del país, cuando fue un duro crítico del negacionismo acientífico del Gobierno de Bolsonaro frente a la crisis sanitaria.

En el documento en que ha ordenado reabrir el caso, el juez sostiene que “la investigación parlamentaria señaló indicios de crímenes contra la administración pública, sobre todo con contratos, fraudes con licitaciones, sobreprecios, desvío de recursos públicos” o firmas de contratos con empresas pantalla, entre otros.

Algunas de esas actuaciones se refieren a la compra de medicinas supuestamente efectivas contra la COVID-19, pero que luego resultaron ineficaces y que aún así fueron adquiridas por el Gobierno y distribuidas a través de la red de salud pública, como la cloroquina, de la que Bolsonaro fue uno de sus pocos defensores a nivel internacional.

El informe llegó a presentar acusaciones contra Bolsonaro y otras 77 personas por diversos delitos asociados a la pandemia y en su momento fue descalificado por el líder de la extrema derecha, que lo describió como un “documento político” elaborado por una comisión controlada por la oposición a su Gobierno.

La decisión de Dino da ahora un plazo de 60 días que puede ser prorrogado para que la Policía Federal investigue el asunto. La policía brasileña había solicitado acceso a las pruebas y había concluido que era necesario continuar con las investigaciones tras el archivo de la causa, lo que ha sido ahora aprobado por Flávio Dino.

Esta investigación ha sido anunciada apenas una semana después de que la Primera Sala del Supremo, de la cual el magistrado forma parte, condenase a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por la conspiración golpista urdida después de que Lula le derrotase en las urnas, en las elecciones de octubre de 2022.

La condena a 27 años de prisión para el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en 2023 es una noticia histórica en un contexto político caracterizado por el auge de un nuevo fascismo y la impunidad del autoritarismo en grandes países del mundo. Aquella intentona golpista se inspiró en el asalto al Capitolio de Estados Unidos de enero de 2021 por los seguidores de Donald Trump. Por eso, la sentencia es un espejo en el que no se quieren mirar otros líderes seducidos por el autoritarismo. 

Hacemos un breve repaso que ayuda a comprender cómo se ha llegado a los hechos que se han juzgado este verano en Brasil, y con Bernardo Gutiérrez, colaborador de elDiario.es en Brasil, analizamos las claves de esta sentencia.

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Este momento sería el apropiado para tener un debate sosegado sobre el papel de los jueces en democracia (también fuera de ella y contra ella). Nos parece que el debate sería muy actual por ciertos casos últimos y frecuentes, por las palabras de Pedro Sánchez sobre el actuar político de algunos jueces, por la defensa de la independencia del poder judicial desde sus más altos escalafones, por la derrota sin frenos del CGPJ; pero el malestar es antiguo: un hoy transformado Felipe González se refirió a algunos pocos jueces como descerebrados y se dolió del exceso de poder de los jueces, según recogió en El País Anabel Díez allá por abril de 1997.

La ocasión la propicia, hoy, sin embargo, el Tribunal Supremo Federal de Brasil, la cuarta democracia del mundo, resalta un postinero medio estadounidense. Jair Bolsonaro, exmandatario, ha sido condenado a 27 años de prisión y su exministro de Defensa, el general Walter Braga Neto, a 26 años, por su intento golpista tras perder las elecciones y proclamar la ilegitimidad del resultado de su adversario.

El asunto es también relevante porque aquel país ha sufrido las peores expresiones del golpismo judicial, lawfare, contra la propia democracia; sin que les falte ningún ingrediente, a saber, la elevación del poder judicial sobre los demás poderes, amputando los canales representativos, ejecutivo y legislativo, es decir, la juristocracia, el abuso judicial y la confabulación, haciendo palanca, con medios de comunicación y redes sociales para la manipulación y la escandalera a sueldo. Una desviación autoritaria del derecho, en palabras de Amilcar Salas Oroño, que ya padeció Lula da Silva, paradigma para los estudiosos de la guerra sucia judicial.

La resolución no ha complacido a Donald Trump que ha querido ver, con razón, una parte de la trayectoria política de Bolsonaro reflejada en sus propios métodos

Fueron otros jueces, estos otros han decidido proteger la democracia y el Estado de derecho. Y no sin potentes enemigos, no solo interiores. La resolución por parte del Tribunal Supremo Federal de aquella intentona golpista, aunque no de un cierto microgolpismo continuo –muy extendido también por Europa–, como ha llamado un prestigioso magistrado español en activo a ciertos movimientos judiciales en la oscuridad, no ha complacido a Donald Trump que ha querido ver, con razón, una parte de la trayectoria política de Bolsonaro reflejada en sus propios métodos. Curiosamente, Bolsonaro, sin otros medios disponibles, de momento, se ha dispuesto a pelear por sus derechos, vía instituciones de su país e internacionales.

Sin embargo, debe ser cuestión de andancia familiar o estirpe. Toda su descendencia, pero uno de sus hijos en especial, residente en EEUU, seguramente en Miami, ha clamado contra la resolución y prometido luchar hasta el final contra la tiranía. En su lucha, fruto de la educación y ejemplo de su progenitor, ha soñado con la presencia de la armada estadounidense en las costas brasileñas y los F-35 contra la voluntad soberana de los brasileños. Una receta muy extendida en el nuevo desorden mundial. Comoquiera que ha optado por jugar con todas las barajas, Jair Bolsonaro sueña también con una amnistía, política y democrática, se entiende.

Minutos después de que el Tribunal Supremo Federal (STF) condenara a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión, un grupo de unas cincuenta personas se congregó en la puerta de su casa. Envueltos en banderas de Brasil, Estados Unidos e Israel rezaron con pose triste para transmitir su apoyo al expresidente. Para sorpresa de los analistas políticos que esperaban una marea bolsonarista, las calles de Brasilia permanecieron desiertas durante toda la madrugada. Por el contrario, la fiesta estalló en múltiples rincones de Brasil para celebrar la condena. Multitudes espontáneas se desgarraban la garganta cantando en bares y calles Vou festejar, una canción de samba de Beth Carvalho: vou festejar o teu sofrer (“voy a celebrar tu sufrimiento”) .

La lista Canciones para celebrar la prisión de Bolsonaro, que circula como la pólvora en la whatsappfera brasileña, encierra importantes claves geopolíticas del proceso judicial contra la trama golpista. En la primera canción, Ô Trump, la artista Amanda Magalhães remezcla con ritmo bailable frases de Lula da Silva en las que se mofa de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, pidiendo ayuda a Donald Trump:“Trump, Trump, defiende a mi padre / Por el amor de Dios, Trump, libera a mi padre / dime que no vas a tasar a Brasil si me padre no entra en la cárcel”.

El apoyo del Gobierno de Estados Unidos al expresidente de Brasil ha sido un verdadero abrazo del oso para el bolsonarismo. Unir su destino a la bandera estadounidense mientras Trump aplica un tarifazo a todo Brasil, no solo ha trazado un callejón (casi) sin salida para la extrema derecha brasileña, sino que ha provocado la (casi) recuperación de la bandera nacional para la izquierda. El pasado domingo, día de la independencia de Brasil, una bandera estadounidense gigante flotaba sobre las cabezas de los manifestantes de la protesta bolsonarista de São Paulo. Mientras, las banderas brasileñas reinaban en el desfile presidencial del 7 de Setembro, una ceremonia cívico-militar cuyo lema fue “Brasil soberano”.

¿Brasil, capital Washington?

The New York Times publicó un texto el pasado martes, día inaugural del juicio contra la trama golpista, titulado El nuevo símbolo de la derecha brasileña: la bandera estadounidense. Jack Nicas, corresponsal en Brasil del rotativo neoyorquino, destacaba en el texto cómo la bandera estadounidense se ha convertido en improbable símbolo del bolsonarismo durante el aniversario de la independencia del país sudamericano.

Este abrazo de la bandera de EEUU en un momento en el que el gigante norteamericano amenaza la soberanía brasileña, también ha irritado a muchos bolsonaristas. Hasta el pastor Silas Malafaia, ventrílocuo radical y (casi) impune del bolsonarismo, insinuó que la bandera estadounidense gigante había sido llevada a las calles de São Paulo por izquierdistas. Dos diputados progresistas denunciaron que la bandera de la avenida Paulista tenía el mismo tamaño que la usada en un partido de la liga de fútbol americano (la NFL) celebrado en São Paulo. Si la bandera hubiera sido cedida por la NFL o cualquier otra empresa internacional, violaría las leyes brasileñas, que impiden la participación de entidades extranjeras en la política nacional. El bolsonarismo, acorralado en su callejón, puede acabar siendo apuntillado, técnica y moralmente, por crímenes de lesa patria.

El fervor trumpista de la extrema derecha brasileña, salpicado de simpatías sionistas, está directamente relacionado con el juicio contra la trama golpista que el Supremo concluirá en unas semanas (falta juzgar a otros núcleos del golpe). Por primera vez en la historia, militares brasileños del alto rango han sido condenados. Aparte de Jair Bolsonaro (capitán en la reserva), los generales Augusto Heleno, Paulo Sergio Nogueira, Braga Netto y el almirante Almir Garnier fueron condenados y se quedarán, con casi total seguridad, sin su cargo militar.

La condena marca un antes y un después en la impunidad de los militares brasileños. Y supone una venganza contra Estados Unidos, que financió y apoyó el golpe militar de 1964 y que ha llegado a amenazar a Brasil hace unos días con el uso de la fuerza militar. En el artículo Mi tío embajador, el periodista Fred Melo Paiva ironiza que los perfiles en redes sociales de la embajada de Estados Unidos en Brasil parecen tomados por los grupos de familia de WhatsApp (donde siempre hay un tío que lava la cara a la extrema derecha con argumentos bizarros).

El abrazo a la bandera de EEUU en un momento en el que el gigante norteamericano amenaza la soberanía brasileña ha irritado a muchos bolsonaristas

A comienzos de abril de 2019, el Gobierno de Jair Bolsonaro envió un telegrama a la ONU afirmando que no hubo golpe de Estado en Brasil el 31 de marzo de 1964. En los días previos, el argentino Fabian Salvioli, relator especial de la ONU en cuestiones de memoria histórica, había sacado los colores a Bolsonaro por celebrar en las calles el aniversario del golpe. “Los intentos de justificar graves violaciones de derechos humanos del pasado deben ser claramente rechazados por todas las autoridades y por la sociedad como un todo”, había escrito el argentino.

Para Jair Bolsonaro, su clan familiar y los militares que se unieron a la radical huida hacia adelante de la extrema derecha brasileña el golpe de 1964 fue “una revolución”. Y el intento de golpe de Estado coordinado por el expresidente Bolsonaro no era más que la continuación de aquella intervención revolucionaria de 1964 bendecida por la democracia estadounidense. En esa pirueta imposible de intentar ser patriota abrazado la bandera del golpista externo reside la tumba del clan Bolsonaro. Y también el fracaso de la ley de amnistía que el bolsonarismo intenta que avance en Congreso y Senado.

Bye bye, Eduardo

La condena de Jair Bolsonaro deja una laguna en la extrema derecha brasileña. Si antes del tarifazo de Trump Eduardo Bolsonaro, hijo más internacional del expresidente, tenía posibilidades de heredar el trono electoral, a día de hoy es inviable. Incriminado por la Policía Federal por su involucración en las sanciones en Estados Unidos y considerado antipatriota por la opinión pública, Eduardo Bolsonaro es un nombre a evitar en cualquier encuesta electoral. Puede hasta perder su cargo de diputado.

El senador Flávio Bolsonaro, que sigue defendiendo que su padre será candidato presidencial en 2026, tampoco se libra de la oleada tóxica de su apellido. Carlos Bolsonaro, Carluxo, el mago de las fake news que auparon a Jair al poder, está desaparecido: hace meses que no aparece ni en las manifestaciones para defender a su padre ni por el pleno de Río de Janeiro, donde ejerce como concejal. Renan Bolsonaro, el menor del clan, sobrevive sin pena ni gloria como concejal de Balneário Camboriú, una tosca y contaminada Dubai brasileña con mucha presencia ultraconservadora. Quedaría una última carta: Michelle Bolsonaro, la ex primera dama, diva del evangelismo y amada por el presidente del Partido Liberal (PL), pero odiada por todos los hijos del condenado patriarca.

El declive del clan Bolsonaro deja a la derecha brasileña extraviada. El centrão —ese bloque conservador que controla el poder legislativo y que todavía cuenta con algunos ministerios del gobierno Lula— sueña con lanzar un candidato presidencial propio. Sin embargo, en el momento en el que el poderoso partido União Brasil estaba empezando a salir del Gobierno, Lula se recupera en las encuestas.

Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, el candidato natural del bolsonarismo en 2026, intenta pescar en aguas revueltas, afirmando que el expresidente fue condenado sin pruebas. No lo tiene fácil. En todas las encuestas, Lula lo derrota. Su patriotismo made in USA es su talón de Aquiles. La memesfera no perdona. Un montaje fotográfico en el que Tarcísio usa una gorra con el lema Make America Great Again y Lula una con Brasil é dos brasileiros se expande como la espuma y acaba de inaugurar la precampaña electoral.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acudido este viernes en defensa del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado la víspera a 27 años y tres meses de prisión por varios delitos graves entre los que se incluyen los de liderar una organización criminal armada, el intento de abolición del Estado Democrático de Derecho o golpe de Estado, además de otros delitos como daño cualificado con violencia o de amenaza grave contra el patrimonio de la Unión.

Abascal, que no ha dudado en calificar el juicio del Supremo Tribunal Federal de Brasil de “venganza política y represiva de Lula y sus secuaces”, ha enviado públicamente su apoyo tanto al ultraderechista, que ya se encontraba en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, como a su familia.

En un mensaje en la red social X (antes Twitter), el líder del partido Vox ha compartido una publicación de 'La Gaceta' en la que se recuerda que el juez que presidió el juicio del Supremo, Cristiano Zanin, fue abogado de la defensa del presidente Lula da Silva desde 2013. Zanin Martins participó como miembro del despacho Teixeira Martins Advogados en la defensa de Lula en el marco de la causa Lava Jato, que terminó siendo archivada por el Tribunal Supremo por irregularidades en la obtención de las pruebas.

Cristiano Zanin fue propuesto como magistrado del Supremo el 1 de junio de 2023 y, a pesar de las críticas de una parte de la oposición, en concreto de la ultraderecha, Zanin fue ratificado como juez del Supremo Tribunal Federal primero en la Comisión de Justicia con 21 votos a favor y 5 en contra y después en el pleno del Senado federal con 58 votos favorables frente a 18 en contra. El Senado brasileño está presidido desde las últimas elecciones por Rodrigo Pacheco, miembro del PSD, uno de los partidos de centroderecha que apoyó la destitución de Dilma Rousseff en 2016. El Partido de los Trabajadores de Lula tiene una representación de apenas 8 de los 81 senadores desde las elecciones de octubre de 2022.

“Lo único que persiguen es acabar con la esperanza de millones de brasileños que representa Bolsonaro”, asegura Santiago Abascal, que trata de enfrentar a su colega Bolsonaro con la supuesta “corrupción y la deriva totalitaria” de la que acusa a Lula da Silva.

Sin embargo, en sus sesiones de los últimos días, los magistrados del Supremo Tribunal brasileño han puesto de manifiesto con detalle cómo fue Bolsonaro quien, apoyándose en autoridades políticas, policiales e incluso militares, difundió una narrativa falsa sobre un supuesto mal funcionamiento de las urnas electrónicas de votación para crear un estado de opinión propicio para la promoción de un golpe de Estado.

Así mismo, en el juicio se relató cómo después esta organización criminal promovió y facilitó el ataque de miles de seguidores bolsonaristas contra las instituciones de la República brasileña en Brasilia con el objetivo de mantener a Jair Bolsonaro en el poder así como de restringir la capacidad de actuación de los distintos poderes del Estado, entre ellos el Poder Judicial.

El Tribunal Supremo de Brasil ha convertido a Jair Bolsonaro en el primer expresidente en la historia del país condenado por intento de golpe de Estado.

El líder ultraderechista de 70 años dice ser víctima de una persecución política, pero cuatro de los cinco jueces concluyeron este jueves que está suficientemente probado que él y sus aliados cercanos trataron de dar un golpe de Estado para anular las elecciones de 2022, en las que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

También han sido condenados otros siete miembros de su administración, entre ellos, altos mandos militares, algo que tampoco tiene precedentes en un país que sufrió una brutal dictadura militar entre 1964 y 1985.

¿Qué ha revelado el juicio?

Tras meses de investigación, la policía federal y el fiscal general han concluido que una “organización criminal” liderada por Bolsonaro ejecutó un largo listado de acciones para mantener al exparacaidista en el poder a toda costa. El complot incluía un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente, y al juez Alexandre de Moraes, que en 2022 presidía el tribunal electoral. Tras las elecciones, Lula y Moraes fueron vigilados de cerca por soldados de las fuerzas especiales.

Según los investigadores, el complot de asesinato fue abandonado porque Bolsonaro solo logró convencer a uno de los tres jefes de las fuerzas armadas, el comandante de la marina. El jefe de la fuerza aérea y el del ejército se negaron a formar parte de él.

El punto álgido del intento de golpe de Estado fue el motín ocurrido una semana después de que Lula asumiera el cargo, el 8 de enero de 2023, cuando cientos de seguidores de Bolsonaro saquearon el palacio presidencial, el Congreso y el Supremo en Brasilia, la capital del país.

El único juez que ha absuelto a Bolsonaro se llama Luiz Fux. Argumenta que la fiscalía no ha logrado demostrar la culpabilidad del expresidente y sostiene que el juicio debe anularse porque el caso no es jurisdicción del Tribunal Supremo. También respalda la alegación de la defensa diciendo que los abogados de Bolsonaro no han podido revisar todo el material del caso, que tiene unos 70 terabytes de documentos generados por la investigación.

¿Qué pasará ahora?

Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y tres meses de cárcel. El expresidente vive bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto, acusado de intento de intimidación contra los jueces del Tribunal Supremo. Esta campaña de intimidación es liderada desde EEUU por su hijo Eduardo Bolsonaro y ha tenido como resultado la imposición de aranceles y sanciones por parte del Gobierno de Donald Trump.

El expresidente tiene derecho a apelar, aunque el margen con el que se ha aprobado su condena hace poco probable una revocación. Los jueces decidirán dónde cumplirá su condena una vez concluido el proceso de apelación, probablemente en octubre o noviembre.

Debido a los recurrentes problemas de salud que sufre tras el apuñalamiento de la campaña electoral de 2018, es probable que Bolsonaro siga bajo arresto domiciliario, en un hospital o en una unidad especial dentro de un cuartel o una instalación policial.

¿Qué futuro político tiene Bolsonaro?

Incluso antes de esta condena, Bolsonaro ya había sido inhabilitado para presentarse a elecciones en dos sentencias anteriores del tribunal electoral. Una, por atacar el sistema de votación; y otra, por utilizar la presidencia con fines electorales.

Pero el Congreso brasileño, mayoritariamente conservador, podría aprobar una ley de amnistía para él y para cientos de personas condenadas por los disturbios del 8 de enero. Los jueces ya han considerado inconstitucional la propuesta de amnistía. Si se aprueba, se espera una batalla judicial.

Mientras tanto, figuras de la extrema derecha entre los que figuran los hijos de Bolsonaro que se dedican a la política y su esposa, están luchando por decidir el nombre del candidato que desafiará a Lula, el presidente progresista que ya ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones de 2026.

¿Cómo ha respondido Donald Trump, aliado de Bolsonaro?

Trump ya había criticado el caso contra Bolsonaro y lo había invocado como una de las razones para imponer aranceles del 50% a las importaciones procedentes de Brasil. La mayoría de los expertos jurídicos brasileños coinciden en que hay pruebas sustanciales para la condena y que se ha respetado el debido proceso.

Tras el fallo del jueves, el presidente estadounidense dijo estar “muy descontento” con la condena y añadió que siempre ha considerado a Bolsonaro como alguien “excepcional”. Su secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en la red social X que Washington “respondería adecuadamente a esta caza de brujas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil ha calificado el comentario de Rubio como una amenaza contra “la autoridad brasileña” que ignora “los hechos y las pruebas convincentes que figuran en los expedientes”. El ministerio añade que la democracia brasileña no se dejará intimidar por Estados Unidos.

Trump ya había revocado los visados de Moraes y otros magistrados del Tribunal Supremo brasileño. El juez también fue objeto de las sanciones Magnitsky, reservadas por lo general para las personas que cometen graves violaciones contra los derechos humanos.

Traducción de Francisco de Zárate.

Alivio en Brasilia. Frustración en Washington. A pesar de las amenazas y sanciones del Gobierno estadounidense, el Supremo Tribunal Federal (STF) acaba de condenar a 27 años y tres meses de prisión a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, por intento de golpe de Estado. Por primera vez en la historia del país sudamericano, un expresidente se enfrenta a penas de prisión por haber atentado contra la democracia del país.

Tras tres jornadas de tenso juicio contra los ocho acusados del denominado núcleo duro del intento de golpe de Estado, la jueza Carmen Lúzia ha votado este jueves a favor de condenar al expresidente de Brasil por los cinco crímenes por los que estaba acusado por la Fiscalía General del Estado. La jueza consideró culpable a Jair Bolsonaro y al resto de acusados de intento de golpe de Estado y de abolición violenta del Estado democrático de derecho, los dos cargos más fuertes, así como de formación de organización criminal armada y de dos cargos relacionados con daños y deterioro de patrimonio del Estado.

El voto de Carmen Lúzia deja el recuento de la votación en 3 magistrados a favor de la condena y uno en contra, haciendo imposible el cambio del resultado, pues apenas queda el voto del juez Cristiano Zanín. El pasado martes los magistrados Alexandre de Moraes (relator del proceso de la trama golpista en el STF) y Flávio Dino votaron a favor de la condena. El miércoles, Luiz Fux votó en contra.

El resultado final supuso un alivio para el Supremo brasileño y para el Gobierno del progresista Lula da Silva. El martes, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos estudia nuevas medidas contra Brasil en caso de que Bolsonaro fuera condenado y llegó a insinuar que el presidente Donald Trump podría “usar medios militares” para defender la libertad de expresión en el mundo. El miércoles, el juez del Supremo Luiz Fux, con un claro historial punitivista, sorprendió al arremeter duramente contra el propio proceso judicial contra Bolsonaro. Fux, cuyo voto negativo era esperado, afirmó que el Supremo no era el espacio apropiado para el juicio y comparó el proceso con la persecución de “brujas, herejes y judíos”, con palabras similares a las usadas por Donald Trump. El voto de Fux, celebrado por el Gobierno Trump, dio alas a los abogados de la defensa de Jair Bolsonaro y sirve de combustible para al ala radical del bolsonarismo.

“Lo conozco bastante bien, fue un buen presidente de Brasil”. ha afirmado Trump tras una pregunta ante los medios en la Casa Blanca este jueves, informa Andrés Gil: “Es muy sorprendente que esto pudiera suceder. Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Pero solo puedo decir esto: lo conocí como presidente de Brasil, era un buen hombre”.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, amenazó a Brasil: “La persecución política del violador de derechos humanos sancionado Alexandre de Moraes continúa: él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil han decidido injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá como corresponde a esta caza de brujas”.

Giro trumpista

Con un tono virulento e irónico, Luiz Fuz justificó su voto a lo largo de una exposición de más de 13 horas. Los argumentos del ministro, que eximió a Jair Bolsonaro de cualquier responsabilidad en el intento de golpe de Estado, entraron en contradicción con la postura que hasta entonces venía defendiendo. Si el miércoles Fux calificó a los actos del 8 de enero de 2023 en Brasilia como fruto de una “turba desordenada”, en marzo les acusaba de graves incidentes antidemocráticos, como algo “repugnante” e “inaceptable”. Las contradicciones de Fux también fueron jurídicas. El ministro condenó con fundamentos semejantes a más de seiscientos reos implicados en los actos del 8 de enero de 2023 por los mismos crímenes imputados a Jair Bolsonaro.

Sin embargo, Fux sí votó a favor de condenar por intento de abolición del Estado democrático y de derecho a Walter Braga Netto (exministro de la Casa Civil) y a Mauro Cid (principal ayudante de órdenes del expresidente), que ha colaborado con la policía a lo largo del proceso para reducir su pena. “Condenar a quien cumple las órdenes de Bolsonaro y absolver a quien da las órdenes no tiene lógica. Es de una malformación jurídica absurda”, asegura Duda Salabert, diputada del Partido Democrático Trabalhista (PDT), en entrevista telefónica con elDiario. “El lado positivo de ese voto (contra Cid y Braga Netto) es que deja claro que sí hubo un intento de golpe en Brasil”, matiza Salabert.

Marcelo Crespo, coordinador del curso de derecho de la universidad ESPM de São Paulo, cree que el giro bolsonarista de Luiz Fux no tiene explicación jurídica. “Su cambio solo se puede ser entendido en clave política. Dio un triple salto mortal”, aseguró Crespo al periódico Estado de São Paulo. Algunos analistas políticos interpretan el voto de Fux como la semilla para ser ministro de Justicia en un futuro gobierno de Tarcísio de Freitas, el candidato más probable de la extrema derecha brasileña en las elecciones de 2026.

La ministra Carmen Lúzia, única mujer del Supremo en el juicio, enfatizó al comienzo de su intervención la excepcionalidad de la jornada en ciernes. “La presente acción penal es casi un encuentro de Brasil con su pasado, con su presente y con su futuro”, afirmó. A su vez, la ministra destacó que a partir de 2021 “nuevas prácticas antidemocráticas” empezaron a amenazar a Brasil, tal como apuntaba la acusación de la Fiscalía contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus seguidores.

El juez Flávio Dino, interpelado por Carmen Lúzia, aseveró que el golpe militar de 1964 contaba con menos pruebas que el que el Supremo ha juzgado. Por su parte, Alexandre de Moraes, intervino para recalcar que las amenazas contra las instituciones democráticas y las amenazas concretas del expresidente Bolsonaro contra el Supremo no pueden ser consideradas libertad de expresión.

Tras una durísima crítica a los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 (“no fueron un acontecimiento banal”), contra lo que denominó “la máquina del golpe” y de asegurar que el Supremo es la instancia apropiada para un juicio contra el intento de golpe de Estado, Carmen Lúzia votó a favor de la condena de los ocho acusados.

Con posterioridad, el ministro Cristiano Zanín comenzó su argumentación asegurando que el Supremo es la instancia apropiada para juzgar la trama golpista, en clara alusión a Luiz Fux. A continuación realizó una minuciosa descripción de las amenazas a la democracia perpetradas por los acusados. Zanín aseguró que Jair Bolsonaro, con ayuda del resto de condenados, montó una organización criminal con el objetivo de mantenerse en el poder tras su derrota electoral. Además, afirmó que el juicio contra la trama golpista “pacificará el país”. Cristiano Zanín votó a favor de la condena de todos los acusados en todos los cargos. El resultado final quedó con cuatro votos a favor de la condena y uno en contra.

Próximos pasos

El número de años de la sentencia de cada uno de los condenados en el juicio será calculado realizando una media de las peticiones de los magistrados del Supremo que votaron a favor. Alexandre de Moraes definirá el lugar en el que Jair Bolsonaro cumplirá su condena. Todo indica que el ex residente ingresará en el Complejo Penitenciario de Papuda, una región de máxima seguridad de Brasilia. De acuerdo con aliados próximos, Bolsonaro tiene pánico de entrar en dicha prisión y considera una humillación entrar en una prisión común, en lugar de una militar, según reveló Folha de São Paulo.

La defensa de Jair Bolsonaro, que recibió una bocanada de esperanza tras el voto de Luiz Fux, ya ha anticipado que pedirá su prisión domiciliar, debido a motivos de salud. Tras el denominado “acordão” de la condena (texto final), la defensa puede presentar diferentes recursos, aunque nada garantiza que sean aceptados. Posteriormente, pueden ser solicitados “embargos de la declaración”, en caso de divergencia en la pena propuesta por diferentes ministros o en el caso de que la defensa considere impresiones, contradicciones u omisión en la sentencia. La revisión de la sentencia es bastante improbable.

Jair Bolsonaro, que ya está cumpliendo prisión domiciliar por obstrucción de la justicia y riesgo de fuga del país, podría ingresar en prisión antes del fin de 2025.

Drones con cámaras térmicas para detectar movimientos sospechosos, perros rastreadores, detector de metales y un férreo control de la Policía Militar jamás visto en Brasil durante la celebración de un juicio. La sede del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasilia, asaltada por fanáticos bolsonaristas el 8 de enero de 2023, acoge desde este martes el juicio más esperado de la historia del país sudamericano. El expresidente Jair Bolsonaro y otros siete colaboradores, considerados por la Fiscalía General del Estado como el núcleo duro, están acusados de formación de organización criminal, intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático y de derecho, entre otros delitos.

Las acusados se enfrentan a una pena de hasta 43 años de cárcel. Alexandre de Moraes, el ministro del Supremo sancionado por Donald Trump –no puede usar tarjetas de crédito estadounidenses–, será el maestro de ceremonias del juicio final de un proceso judicial que tiene en vilo a todo un país.

Las múltiples presiones de Estados Unidos a Brasil, que Trump atribuye a la supuesta persecución política contra Jair Bolsonaro, convierten la causa contra el golpismo brasileño en un termómetro de la democracia en el mundo. La semana pasada, The Economist dedicó su portada al juicio, que considera una lección para la democracia estadounidense: “A pesar del castigo a Brasil por procesar a Bolsonaro, el país está decidido a salvar y fortalecer su democracia. Brasil se ha transformado en un caso de estudio sobre cómo los países se recuperan de la fiebre populista”.

Militares en el banquillo

Desde que la Fiscalía formulara oficialmente su acusación el pasado 14 de julio, el cerco sobre Jair Bolsonaro se estrechó de manera inesperada. El tarifazo estadounidense a Brasil para presionar a la justicia y al Gobierno de Lula da Silva tuvo respuesta casi inmediata. Primero, tobillera electrónica para el expresidente. Después, prisión domiciliaria. Tras el descubrimiento de un plan de fuga y una petición de asilo a Argentina por parte de Jair Bolsonaro, llegó una vigilancia policial las 24 horas del día, ya que la Policía Federal temía que el detenido se escapara de su edificio en el capó de algún coche.

El juicio, que se prolongará hasta el día 12 de septiembre, no es solo icónico por sentar en el banquillo por primera vez a un expresidente por intento de dar un golpe de Estado, sino porque nunca se había juzgado a militares del más alto escalafón desde que se restauró la democracia en 1985. En el juicio al núcleo duro del intento de golpe están acusados tres generales el Ejército (Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira) y el excomandante de la Marina (Almir Garnier Santis). El juicio a los otros núcleos, que se celebrará posteriormente, incluye a almirantes, coroneles, tenientes coroneles, comandantes y subtenientes.

El historiador Jadir Gonçalves Rodrigues, de la Universidad Federal de Goiás (UFG), sostiene que el juicio establece un precedente importante. “Hay vídeos, documentos, mensajes, rastros digitales. Es un volumen extraordinario de pruebas, tal vez el mayor de la historia política brasileña en relación a un intento de golpe”, destaca el historiador en declaraciones al Correio Braziliense. En su opinión, la abundancia de registros vuelve “indefendible” la posición de los acusados. La más que probable condena a los militares funcionará como una especie de venganza en diferido de la Ley de Amnistía de 1979 que perdonó los crímenes cometidos por la dictadura militar.

El mundo, en vilo

Tras el intento de interferencia de Trump en la justicia brasileña, el juicio a Jair Bolsonaro se ha convertido en un test para la democracia global. Todas las delegaciones diplomáticas en Brasilia, la Organización de los Estados Americanos (OEA, presidida por el progresista Albert Ramdin), la propia ONU y los gobiernos europeos observan el juicio conteniendo el aliento. “El juicio despierta semejante atención en el exterior porque muestra que defender la democracia no significa apenas luchar contra las amenazas, sino también responsabilizar a quien las practica. El juicio marca el cierre de un ciclo en el que la democracia brasileña, a pesar de ser atacada, consiguió resistir ante sus detractores como ninguna otra”, dice Fabio de Sá e Silva, profesor de la Universidad de Oklahoma a UOL.

The Washington Post considera que el juicio contra Jair Bolsonaro es “el ápice de una saga extraordinaria que polarizó todavía más a Brasil, puso a prueba a su poder judicial y abrió un abismo cada vez mayor con Estados Unidos”. Por su parte, Steven Levitsky, coautor del best seller Cómo mueren las democracias y profesor en la Universidad de Harvard, aseguró en julio en una entrevista a la BBC que el intento de interferencia de EEUU en Brasil está más “desinformado” y es más “arrogante” que las acciones durante la Guerra Fría, cuando Washington apoyó golpes militares en América Latina. “Es un capricho personal de Trump. No se trata de una política seria”, aseguró. Levitsky no tiene ninguna duda de que “Brasil es un sistema más democrático que Estados Unidos”.

Staffan Lindberg, director del Instituto Varieties of Democracy (V-DEM) de la universidad sueca de Gotemburgo, reconoció en una entrevista reciente que EEUU no puede considerarse más como una democracia. “Entraron en lo que llamamos autocracias electorales: aunque tengan las características de democracia las instituciones ya no funcionan”, aseguró Staffan Lindberg. El último Democracy Report del V-Dem, lanzado en marzo, reveló que en 2024 por primera vez desde 1990, el número de países autocráticos superó a los democráticos: 99 frente a 88. Apenas el 12% de la población mundial vive en democracias liberales plenas, frente a un 72% que sufren regímenes autocráticos. Linberg, que considera que Brasil es uno de los pocos países del mundo que está mejorando su calidad democrática, reconoció a US News que la posición de Estados Unidos bajará en el próximo informe, dada la aceleración de su degradación democrática.

El Gobierno de Lula teme que el ingreso en prisión de Jair Bolsonaro desencadene nuevas medidas de la Administración Trump contra su país. La CNN divulgó un plan supuestamente aprobado por el presidente estadounidense para cortar las relaciones diplomáticas con Brasil.

De momento, el intento de Trump de desestabilizar al Ejecutivo de Lula está convirtiéndose en un verdadero tiro en la culata. Apenas el 28% de los brasileños defiende a la familia Bolsonaro, reveló la consultora Quaest. Si el presidente brasileño vivía horas bajas antes del tarifazo de Trump, recupera popularidad a ritmo agigantado. Y aumenta su ventaja contra todos sus posibles rivales en las elecciones presidenciales de 2026. Tras el proceso judicial contra Bolsonaro y su firme postura frente a Trump, la victoria del actual presidente de Brasil parece más probable que nunca.

El 12 de diciembre de 2022, unas horas después de que Luiz Inácio Lula da Silva recibiera su diploma oficial como nuevo presidente de la república, un grupo de militantes bolsonaristas intentó invadir la sede de la Policía Federal en Brasilia (PF) e incendió cuatro coches y un autobús. Mientras la imagen de un autobús en llamas a punto de caerse de un viaducto se viralizaba en televisión y redes sociales, el bloguero Oswaldo Eustáquio se refugiaba en el Palacio de Alvorada de Brasilia, residencia oficial del presidente, junto a sus socios del canal Hipócritas de YouTube para evitar ser detenidos. Jair Bolsonaro, todavía presidente del país, permitió su entrada.

Un día antes, el Partido de los Trabalhadores de Lula acudió a la Justicia contra el canal Hipócritas por la divulgación de un vídeo en el que se sugería asesinar a Lula. Unos días después de los altercados de Brasilia, Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo (STF), emitió un mandato de prisión contra Oswaldo Eustáquio por su participación en la “escalada golpista” acontecida desde el triunfo electoral de Lula el 30 de octubre de 2022. El 24 de diciembre tuvo lugar un ataque terrorista frustrado que pretendía volar un camión con explosivos cerca del aeropuerto de Brasilia. Los tres acusados del atentado eran íntimos de Eustáquio.

Aunque no existen pruebas públicas de la participación directa de Eustáquio en los altercados del 12 de de diciembre de 2022 y del atentado terrorista de Brasilia, la participación del influenciador en la escalada golpista y en los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 está documentada en sus propios perfiles en redes sociales.

Tras el asalto a la plaza de los Tres Poderes de Brasilia el 8 de enero de 2023, Eustáquio, ya fuera del país, se enorgulleció de financiar a 180 abogados para defender a los acusados de golpismo. En algún momento indefinido del primer semestre de 2023, Eustáquio se estableció en España

Tras la derrota de Bolsonaro, Eustáquio arremetió contra la democracia y el Supremo, alentó a la rebelión, participó en la organización de las acampadas golpistas enfrente de los cuarteles del Ejército y en el cerco ilegal del hotel donde se hospedaba Lula temporalmente. Alentó incluso a las masas a impedir la toma de posesión de Lula. El 30 de noviembre de 2022, Eustáquio participó en una audiencia en el Senado que arremetió contra el resultado electoral y el Supremo. A su lado estaba George Washington de Oliveira Sousa, involucrado en el atentado de Brasilia. Tras el asalto a la plaza de los Tres Poderes de Brasilia el 8 de enero de 2023, Eustáquio, ya forajido del país, se enorgulleció de financiar a 180 abogados para defender a los acusados de golpismo. En algún momento indefinido del primer semestre de 2023, Eustáquio se estableció en España.

La negativa de extradición de Oswaldo Eustáquio por parte de la Audiencia Nacional de España ha provocado sorpresa en Brasil. Mientras la extrema derecha brasileña usa el hecho para redondear la narrativa de “persecución política”, fuentes jurídicas y periodísticas consultadas por elDiario.es ponen en tela de juicio la decisión de la justicia española. “España es extremamente celosa en la defensa de su democracia. Tiene que entender que otros países hagan lo mismo. La democracia es un derecho humano”, afirma el jurista brasileño Pedro Serrano en conversación telefónica. La negativa de extradición podría provocar que Oswaldo Eustáquio huya de la justicia brasileña, ya que ha recibido un visado periodístico para residir en Estados Unidos, según informa CNN.

Argumento jurídico

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España negó la solicitud de extradición contra Oswaldo Eustaquio Filho emitida por las autoridades de la República Federativa de Brasil el pasado 14 de abril. A pesar de que Oswaldo Eustáquio está acusado en Brasil de delitos graves –abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, obstrucción de investigación de organización criminal, incitación al delito, corrupción de menores y divulgación de datos protegidos–, la Audiencia Nacional declaró improcedente la extradicción.

En primer lugar, el auto recoge que el Ministerio Fiscal de España y la defensa del acusado sostienen que “no son punibles en nuestro ordenamiento jurídico los hechos por los que se formula la solicitud de extradición y que están amparados por el derecho fundamental a la libertad de expresión”. Marta Muñoz de Morales, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Castilla la Mancha, en declaraciones a elDiario.es, resalta cierta confusión en el proceso.

La audiencia, en palabras de la catedrática, apenas niega la extradicción vinculada a la divulgación ilegal de información personal de un comisario de la Policía Federal, algo que en España “es un delito menor”. El auto informa que no se solicita la extradición por hechos ocurridos entre julio y septiembre de 2021 y en 2022. El Supremo brasileño no ha facilitado al elDiario.es la solicitud oficial, que tiene carácter confidencial.

Por otro lado, el auto argumenta la inexistencia de doble imputación en algunos delitos. “En nuestro ordenamiento jurídico no existe la Abolición del Estado Democrático de Derecho, pero sí el de rebelión (artículo 472 del Código Penal) y el de desórdenes públicos graves (artículo 557, introducido tras la destipificación del delito de sedición en 2022). Por menos de lo que se le acusa en Brasil a Eustáquio se está persiguiendo a Carles Puigdemont y otros independentistas catalanes por sedición y terrorismo”, asegura Marta Muñoz Morales.

Eustáquio fue detenido por primera vez en junio 2020 por determinación de Alexandre de Moraes por haber pedido el cierre del Congreso e intervención militar, detención vinculada a las “investigación de los actos antidemocráticos”. En julio de aquel año, tras el fin de la prisión temporal, el Tribunal Supremo prohibió a Eustáquio usar redes sociales, viajar sin autorización y participar en manifestaciones; restricciones que incumplió. Por ello, se decretó su prisión domiciliar y el uso de tobillera electrónica.

En julio de 2021, la Policía Federal (PF) incluyó a Eustáquio en su investigación sobre las “milicias digitales”, una “organización criminal que usaba internet para atacar las instituciones democráticas”. El 7 de septiembre de 2021, tras su participación en manifestaciones del día de la independencia de Brasil llenas de consignas antidemocráticas, fue emitido un nuevo mandato de prisión. Eustáquio, que su exmujer Sandra Eustáquio describe como un fanático ultraderechista que prefirió “salvar al bolsonarismo a salvar el matrimonio”, continuaba atacando en sus redes sociales las instituciones democráticas. Por si fuera poco, la comisión de investigación de la COVID en el Senado brasileño incluyó a Eustáquio como sospechoso de haber “difundido fake news, contenido negacionista y antivacunas”.

Eustáquio, que acumula tres mandatos de prisión, huyó a Paraguay, donde también estuvo involucrado en escándalos de fake news, como reveló la serie Mercenarios Digitales, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). “Lo que llama la atención es que la Audiencia diga....no tenemos información suficiente... Con un poco de voluntad, si falta información, solicitas información adicional”, matiza Marta Muñoz Morales.

Límites de la libertad de expresión

El abogado criminalista brasileño Antonio Carlos de Almeida, en declaraciones a este medio, argumenta que no procede usar la libertad de expresión para justificar una negativa de extradición como la de Oswaldo Eustáquio: “La libertad de expresión tiene límites. Ejercer la libertad de expresión para defender la dictadura es incompatible”.

Por su parte, Lenio Streck, jurista y profesor de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), señala a elDiario.es que la libertad de expresión no puede “autorizar discursos que violan la propia concepción del Estado democrático de derecho”. Streck niega que exista “motivación política” en el caso Eustáquio, como argumenta la Audiencia Nacional.

“El pedido de extradición está amparado en crímenes comunes cometidos por él para eludir la ley brasileña, valiéndose de amenazas y de la divulgación de datos personales de las autoridades que estaban investigándole, inclusive usando a su hija menor de edad (el acusado usó presuntamente los perfiles en redes sociales de su hija”, sostiene Streck. Por su parte, el jurista Pedro Serrano incide en la solidez de las pruebas contra el intento de golpe de estado ocurrido en Brasil desde el triunfo de Lula hasta el 8 de enero de 2023, en el que Eustáquio estuvo involucrado. “Existió todo un camino de actos, declaraciones en Internet desacreditando a la Justicia Electoral, ataque a ministros, manifestaciones en frente a los cuarteles del ejército pidiendo intervención militar, interrupción violenta del tráfico en las carreteras, ataque a la Policía Federal. Existió incluso la organización de un grupo del ejército que planeó el asesinato del presidente de la república”, asegura a elDiario.es, en alusión al intento de envenenamiento de Lula.

La Audiencia Nacional de España argumenta que, en caso de concederse la extradición, "habrá un riesgo elevado de que la situación de Eustáquio pueda verse agravada por causa de sus opiniones políticas y su adscripción a determinada ideología de esa naturaleza"

Las pruebas contenidas en las 884 páginas del informe número N° 4546344/2024 de la Policía Federal entregado al Ministerio Público, en las que aparece Oswaldo Eustáquio, llevaron al Tribunal Supremo de Brasil a aceptar la denuncia contra Jair Bolsonaro y siete aliados por intento de golpe de Estado. Dicho informe, divulgado el 21 de noviembre de 2021, incrimina a Oswaldo Eustáquio y a los otros miembros del canal Hipócritas “por acciones dirigidas a presionar al entonces comandante del ejército Freire Gomes a adherirse al golpe de Estado”. Además, demuestra que “los socios del canal ”tuvieron una posición destacada en las manifestaciones en frente de los cuarteles militares“. Renato Rovai, director de la Revista Fórum afirma a elDiario.es que considera que Oswaldo Eustáquio no solo fue ”agitador“, sino ”operador“ del intento de golpe de Estado del 8 de enero. ”Fue un articulador del golpe“, matiza.

La diputada Duda Salabert, del Partido Democrático Trabalhista (PDT), presente en los altercados bolsonaristas del 12 de diciembre en Brasilia, defendió entonces una postura dura contra los golpistas: “Fuimos demasiado tolerantes. Hace más de un mes que esos grupos están en Brasil entero causando caos y atacando la democracia. Necesitamos una postura más rígida y ser más radicales en defensa de la democracia”.

¿Persecución política?

La Audiencia Nacional de España argumenta que, en caso de concederse la extradición, “habrá un riesgo elevado de que la situación de Eustáquio pueda verse agravada por causa de sus opiniones políticas y su adscripción a determinada ideología de esa naturaleza”. Marta Muñoz de Morales cuestiona que no se presenten pruebas. “No hay ni un solo informe de ninguna organización de derechos humanos ni de la Fiscalía sobre posibles malos tratos”, matiza.

La Audiencia cita al propio acusado (que afirma haber sufrido malos tratos durante su prisión en la cárcel de Paduda en Brasilia) y un escrito “de un grupo de diputados”. Una conocida periodista de investigación de Brasil que prefiere mantenerse en el anonimato cree que el auto refleja la presión ejercida por la extrema derecha brasileña. En 2024, el diputado de extrema derecha Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, lanzó la Alianza por la Libertad, una coalición de partidos ultraderechistas para tejer puentes entre Europa y América. “Están construyendo el discurso victimista de la persecución política”, matiza la periodista.

El gobierno brasileño, que no ha querido hacer declaraciones a este medio, prepara el recurso para insistir en la extradición de Oswaldo Eustáquio.

Brasil está en pie de guerra contra el tarifazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El gigante sudamericano, el país de la diplomacia cordial que tradicionalmente abre la Asamblea General de la ONU, ha subido el tono contra la amenaza de aranceles del 50% a sus productos por parte de Washington y está protagonizando una dura reacción a las amenazas de Trump.

Sin renunciar a la negociación, el país presidido por Luiz Inácio Lula da Silva anunció que aplicará la Ley de Reciprocidad Económica, que permite tasar los productos estadounidenses con aranceles del mismo valor. Lula, en un discurso contundente en defensa de la soberanía nacional, argumentó que va a tasar a las grandes compañías tecnológicas de EEUU: “Vamos a juzgar y cobrar impuestos de las empresas estadounidenses digitales. No aceptamos que, en nombre de la libertad de expresión, utilicen (las redes sociales) para agredir, para difundir mentiras y para perjudicarnos”.

No obstante, la principal carta de dicha ley brasileña no tiene que ver con tarifas recíprocas, sino con saltarse las patentes estadounidenses. El artículo 71 de la Ley de Reciprocidad Económica permite la violación de patentes en casos concretos, algo que ya ocurrió en 2007, cuando Brasil y África del Sur fabricaron medicamentos genéricos contra el SIDA. “Sectores como el farmacéutico, el químico, el biotecnológico y el tecnológico serán los más afectados, ya que concentran gran parte de las patentes estadounidenses en el país”, aseguró Rafaella Krasinski, abogada de derecho empresarial, a Uol.com.br.

Por otro lado, el intento de Donald Trump de interferir en la justicia brasileña para evitar la prisión del expresidente Jair Bolsonaro, ha provocado una escalada diplomática en órganos internacionales. El pasado miércoles, Brasil, aparte de criticar el carácter “arbitrario y caótico” del tarifazo de Trump, denunció el intervencionismo estadounidense en una reunión cerrada de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra. “Estamos presenciando un cambio extremadamente peligroso: el uso de tarifas como herramienta para interferir en asuntos internos de terceros países”, aseguró Philip Fox-Drummond Gough, Secretario de Asuntos Económicos y Financieros del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil.

Cerco judicial a Bolsonaro

La Justicia brasileña no solo está demostrando firmeza frente al intento de injerencia de Donald Trump, sino que ha redoblado su presión contra la familia Bolsonaro. Paradójicamente, la suspensión del visado a Estados Unidos ocho ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), que llegó tras la orden de instalar una tobillera electrónica a Jair Bolsonaro, ha reforzado al poder judicial brasileño. Tanto que Alexandre de Moraes, el “superjuez” del Supremo que está a cargo del juicio contra Jair Bolsonaro y en el epicentro de los ataques de Trump, está más cómodo que nunca aplicando mano dura: el pasado martes amenazó con encarcelar preventivamente al expresidente en caso de que siguiera usando redes sociales.

Por otro lado, Alexandre de Moraes bloqueó todas las cuentas y bienes de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, que desde marzo se encuentra en Estados Unidos maniobrando contra el Gobierno y la Justicia de Brasil. Por su parte, Paulo Gonet, fiscal general del Estado, ha manifestado que “la actuación coordinada entre Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsonaro para intimidar a las autoridades brasileñas y obstruir el curso de la acción penal” configuran un delito.

La Justicia brasileña también está investigando a Eduardo Bolsonaro por su posible implicación en la filtración de información privilegiada en una acción orquestada de especulación financiera. La Abogacía General del Estado sospecha que el hijo del exmandatario alertó a agentes del mercado financiero unas horas antes del tarifazo de Trump. El pasado 9 de julio, a las 13.30 horas, alguien compró entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, según un reportaje de TV Globo.

El inversor Spencer Hakinian, fundador del fondo de inversión de alto riesgo Tolou Capital Management, denunció que, tras el anuncio de los aranceles contra Brasil y la consecuente desvalorización del real brasileño, el mismo comprador vendió los dólares, con beneficios del 40% o 50%. La filtración de información privilegiada o insider trading es un crimen tipificado entre uno a cinco años de prisión. “Estoy muy contento al ver a Brasil investigando esta actitud sospechosa. Ojalá Estados Unidos fuera lo suficientemente responsable como para hacer lo mismo”, afirmó Hakimian, según Reuters.

Articulación global

La dura intervención de Brasil en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra sorprendió a EEUU con el pie cambiado. Philip Fox-Drummond Gough, representante de Brasil, denunció que el tarifazo unilateral constituye una violación flagrante de los principios fundamentales de la OMC y del comercio internacional. “Las tarifas arbitrarias, anunciadas e implementadas de forma caótica, están desestructurando las cadenas globales de valor y corren el riesgo de lanzar la economía mundial en una espiral de precios altos y paralización”, alertó Gough.

El representante brasileño fue más allá en sus acusaciones, al afirmar que “las negociaciones basadas en juegos de poder son un atajo peligroso para la inestabilidad y la guerra”. El movimiento de Brasil en la OMC recabó de forma inmediata el apoyo de 40 países, entre ellos, algunos de la Unión Europea, los BRICS, Canadá y Australia. El Gobierno estadounidense afirmó que “tomó nota” de las críticas. Por su parte, Brasil ha comunicado que en caso de que Donald Trump cumpla su amenaza de subir los aranceles al 50%, transformará la crítica en denuncia formal en la OMC.

El veterano periodista Luis Carlos Azedo, en un análisis publicado en el Correio Braziliense, refrenda la estrategia diplomática brasileña y su apuesta por el multilateralismo. “Es necesario reducir la dependencia económica de Estados Unidos y reafirmar al país como un actor relevante del Sur Global. Urge reforzar lazos con la Unión Europea, el mundo árabe y los países asiáticos, especialmente con China, India e Indonesia”, apunta Azedo. En su opinión, la adhesión de Brasil a la acción de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no es casual.

El estadounidense Paul Krugman, premio Nobel de economía, ha defendido que Brasil debería aplicar tarifas recíprocas en el caso de que se confirmen los aranceles a partir del 1 de agosto. “Las oportunidades de que [Trump] vuelva atrás son mucho mayores si demuestras que tienes agallas y estás preparado para reaccionar, que si ofreces concesiones”, aseguró Krugman en entrevista exclusiva a la BBC News Brasil.