L'Audiència Nacional (AN) ha absolt dels delictes d'apropiació indeguda i administració deslleial l'excúpula de Sa Nostra perquè considera que, si bé les operacions financeres que van realitzar relacionades amb el Grup Sotohermoso es van fer amb “manca de prudència” i es poden qualificar de “nefastes” i “poc professionals”, no constitueixen cap delicte.

En una sentència de la Secció Segona de la Sala Penal, el tribunal ressalta que no ha quedat acreditada una disposició de diners “que s'hagi convertit en il·legítima a conseqüència de l'apropiació o distracció del mateix”, i que tampoc ha quedat acreditat ànim de lucre dels acusats, per la qual cosa conclou que la la hipòtesi de la comissió d'un delicte d'apropiació indeguda continuada “no resulta provada”.

Cal recordar que l'AN va jutjar el setembre del 2024 els exdirectius Pere Batle, Pau Dols, Rafael Oliver, Fernando Alzamora i Antoni Cantallops, i els empresaris Adolfo Sánchez de Movellán i Francisco Morales per les pèrdues milionàries que van suposar per a la caixa les inversions. La Fiscalia sol·licitava fins a quatre anys de presó per als màxims dirigents.

Però el tribunal estima que les decisions financeres i econòmiques que es van anar adoptant en el si dels òrgans decisors, tant de Sa Nostra com d'Invernostra --depenent de la caixa--, “podrien enquadrar-se en un desenvolupament de l'activitat financera pròpia d'aquestes entitats, amb múltiples decisions la finalitat de les quals era una adequació”.

Entén que hi podria haver “un plantejament equivocat i nefast en la seva gestió, que pogués ser fins i tot qualificat de falta de prudència i de professionalitat”, però admet que malgrat això “no es pot concloure que hi concorregués un trencament dels deures d'un administrador”.

“Tot i que la forma i manera d'emprendre el finançament de Sotohermoso Servicios Immobiliarios fossin negligents des del punt de vista empresarial i societari (...) i que la gestió hagi estat laxa, excessivament arriscada i no prou rigorosa (...) des del punt de vista penal, on el càstig a conductes èticament reprovables no té acomodament per alt que pogués ser aquest retret, sinó exclusivament aquelles conductes que vinguin recollides com a delicte dins del Codi Penal, és on tal acomodament no resulta possible”, indica.

Per això, conclou el tribunal que “no existeix prova suficient més enllà de qualsevol dubte raonable, que els acusats incorreguessin en una administració deslleial”, de conformitat amb el que exigeix el Codi Penal, durant el període de temps que s'inicia el juliol de 2006 fins a l'11 de novembre de 2011. I ressalta que, en qualsevol cas, si així s'hagués acreditat, “els fets estarien prescrits”. “Per tot l'exposat procedeix absoldre als acusats dels delictes d'apropiació indeguda i administració deslleial”, conclou.

La Audiencia Nacional (AN) ha absuelto de los delitos de apropiación indebida y administración desleal a la excúpula de Sa Nostra al considerar que, si bien las operaciones financieras que realizaron relacionadas con el Grupo Sotohermoso se hicieron con “falta de prudencia” y pueden calificarse de “nefastas” y “poco profesionales”, no constituyen ilícito alguno.

En una sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el tribunal resalta que no ha quedado acreditada una disposición de dinero “que se haya convertido en ilegítima a consecuencia de la apropiación o distracción del mismo”, y que tampoco ha quedado acreditado ánimo de lucro de los acusados, por lo que concluye que la hipótesis de la comisión de un delito de apropiación indebida continuada “no resulta probada”.

Cabe recordar que la AN juzgó en septiembre de 2024 a los exdirectivos Pere Batle, Pau Dols, Rafael Oliver, Fernando Alzamora y Antoni Cantallops, y a los empresarios Adolfo Sánchez de Movellán y Francisco Morales por las pérdidas millonarias que supusieron para la caja las inversiones en esa sociedad inmobiliaria. La Fiscalía solicitaba hasta cuatro años de cárcel para los máximos dirigentes.

Pero el tribunal estima que las decisiones financieras y económicas que fueron adoptándose en el seno de los órganos decisores, tanto de Sa Nostra como de Invernostra --dependiente de la caja--, “podrían encuadrarse en un desenvolvimiento de la actividad financiera propia de estas entidades, con múltiples decisiones cuyo fin era una adecuación al deterioro sucesivo económico que presentaba Sotohermoso”.

Entiende que pudo haber “un planteamiento equivocado y nefasto en su gestión, que pudiera ser incluso calificado de falta de prudencia y de profesionalidad”, pero admite que a pesar de eso “no se puede concluir que en las mismas concurriera un quebrantamiento de los deberes de un administrador”.

“A pesar de que la forma y modo de acometer la financiación de Sotohermoso Servicios Inmobiliarios fueran negligentes desde el punto de vista empresarial y societario (...) y de que la gestión haya sido laxa, excesivamente arriesgada y no lo suficientemente rigurosa (...) desde el punto de vista penal, donde el castigo a conductas éticamente reprobables no tiene acomodo por alto que pudiera ser este reproche, sino exclusivamente aquellas conductas que vengan recogidas como delito dentro del Código Penal, es donde tal acomodo no resulta posible”, indica.

Por eso, concluye el tribunal que “no existe prueba suficiente mas allá de toda duda razonable, de que los acusados incurrieran en una administración desleal”, de conformidad con lo exigido en el Código Penal, durante el periodo de tiempo que se inicia en julio de 2006 hasta el 11 de noviembre de 2011.

Y resalta que, en cualquier caso, si así se hubiera acreditado, “los hechos estarían prescritos”. “Por todo lo expuesto procede absolver a los acusados de los delitos de apropiación indebida y administración desleal”, concluye.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Emprendemos la recta final para el próximo domingo en Madrid, donde vamos a vivir una gran manifestación por la vivienda. No te descubrimos nada nuevo si recordamos las palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista de elDiario.es: “En el Gobierno somos conscientes de que la vivienda ahora mismo es el principal problema de los ciudadanos”.    

Es un grave problema para los ciudadanos y se ha convertido en un factor fundamental de la política económica, aunque el papel de los partidos con responsabilidad de Gobierno y el reparto competencial (las Comunidades Autónomas tienen la competencia en Vivienda) está complicando aún más la situación. Entre otras cosas porque el Partido Popular (PP) asume la vivienda como un producto de mercado más y rechaza la intervención pública pese a la crisis de precios que provoca la incapacidad de los ciudadanos para acceder a alquileres sostenibles o la compra de un piso.  

De esta manera, la estrategia del PP ante la Ley de Vivienda de la mano de sus presidentes autonómicos y con la madrileña Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, pasa por oponerse a la declaración de zonas tensionadas que le han solicitado los ayuntamientos de sus Comunidades, aunque sea una vía para lograr rebajar en algunos barrios el precio del alquiler. Eso sí, estos líderes autonómicos conservadores no hacen ascos al dinero que les pueda caer con los planes que ha diseñado el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, y cerraron en una reunión el reparto de 200 millones de euros por el Bono Alquiler Joven y la preparación del Plan Estatal de Vivienda. Con esta actitud, Isabel Rodríguez cambio de estrategia del palo por la de la zanahoria y anunció que el ministerio premiará a las regiones que declaren zonas tensionadas con fondos extra. 

El Gobierno de coalición ha dado tímidos pasos para solventar el problema de la vivienda, pero es que esta situación viene de lejos, sin que los anteriores ejecutivos hayan diseñado medidas reales para acabar con esta fuente de desigualdad. Un informe del gabinete económico de Comisiones Obreras señala que los distintos gobiernos de nuestro país han derrochado cerca de 160.000 millones en beneficios fiscales a los propietarios de viviendas en los últimos 40 años. Si se hubieran eliminado esas deducciones en el IRPF a la compra de pisos y casas se podrían haber construido 1,6 millones de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible.

De hecho, los pisos en alquiler han sido una fuente de ingresos en negro para muchas personas hasta que la Agencia Tributaria se puso seria. Hacienda ha aflorado 1.000 millones en alquileres de viviendas no declarados gracias a los cientos de miles de notificaciones que envía cada año, desde 2016, a los propietarios con ingresos por arrendar sus propiedades. Este trabajo de la Agencia Tributaria ha elevado la recaudación y ha mejorado la calidad de los datos tributarios registrados del mercado del alquiler después de haber levantado más de un millón de declaraciones “que incluyen rendimientos inmobiliarios”.

Actualmente, algo más de tres millones de familias tienen ingresos por el alquiler de propiedades inmobiliarias en España (2022). De su actividad, Hacienda recauda unos 2.000 millones cada año. La cuestión es que la vivienda se ha convertido en una fuente de ingresos relevante para las personas más ricas, ante la baja rentabilidad de los productos bancarios, la inversión en ladrillo para dedicarlo al alquiler se ha convertido en un foco para hacer negocios, especialmente para los más ricos, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Como dice nuestro director, Ignacio Escolar, aunque el artículo 47 de la Constitución recoge que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, la realidad es que es un derecho pisoteado. Es un problema que no para de crecer y que tiene un impacto claro en la banca. De aquellos abusos, estas provisiones. Entidades como Caixabank, Santander, Banca March, Abanca, Kutxabank o Ibercaja han reforzado en los últimos meses sus balances para poder responder a reclamaciones millonarias de sus clientes por hipotecas y cláusulas suelo. De hecho, en 2023 las hipotecas disparan las quejas al Banco de España contra las entidades financieras.  

La vivienda se ha convertido en una selva donde se va a la caza del máximo beneficio sin importar si se pasa sobre la vida de las personas. Los abusos constantes en el alquiler como el intento de cobrar un seguro de impago, las artimañas de los grandes propietarios para desahuciar a personas por el retraso mínimo del pago de una parte del alquiler pese a que “no ha perjudicado el interés del acreedor” o las maniobras judiciales de los fondos para quedarse con inmuebles son varios ejemplos de la jungla en que se ha convertido el mercado inmobiliario. De esta manera, no es extraño que la crisis de la vivienda impacte en la salud mental de los ciudadanos.

Sobran razones para la manifestación del 13 de octubre en Madrid bajo el lema 'La vivienda es un derecho no un negocio'.

El Gráfico

Vuelven momentos que parecían olvidados en el terreno de la economía. La política de austeridad que fue el colofón de la crisis financiera de 2008 se vuelve a imponer en Bruselas. Estamos en pleno proceso para definir la consolidación fiscal que se nos viene encima: el Gobierno de España “tiene el compromiso de presentar el plan fiscal estructural de medio plazo el 15 de octubre”, según recordó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Ahora bien, cada vez hay más voces que ponen en duda la vuelta a políticas que solo trajeron miseria al continente europeo. Una investigación del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena señala que las nuevas reglas fiscales comunitarias “subestiman” el daño de los recortes al crecimiento de la economías. Los cálculos de los “ajustes” presupuestarios que deberá hacer España llegan a 3,6 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2025 y 2028, una estimación similar a las realizadas previamente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o por el Banco de España. En este enlace te contamos cómo las nuevas reglas fiscales de la UE hacen más daño que lo que se supone a la economía. 

Cada vez que habla sube el pan

Es como el trabajo y la pensión, para las que había una regulación muy abrupta: o eras trabajador o eras pensionista. Con el acuerdo alcanzado [de pensiones], hemos hecho que ese tránsito desde la voluntariedad pueda ser más flexible. Pues lo mismo en la incapacidad temporal

Elma Saiz — Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Ha sido uno de los temas económico de la semana. La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, anunció la apertura de dos mesas de negociación relevantes: la primera, sobre la nueva cotización de los autónomos según sus ingresos reales y negociar las nuevas cuotas a partir de 2026 (aquí tienes el calendario de la Seguridad Social para cobrar [o devolver] las nuevas cuotas de los autónomos). La segunda mesa es para reformar la incapacidad temporal, entrando de lleno en la polémica porque la ministra apuntó la posibilidad de crear situaciones “más flexibles” que permitan estar de baja médica y a la vez trabajar. Se lio parda con las bajas “flexibles”.

El vocabulario de la ministra causó recelo entre los agentes sociales, ya que eso de la voluntariedad es muy relativa cuando hay una clara desigualdad de poder entre empresarios y trabajadores. A esto hay que añadir que realmente no se sabe si es voluntario o prevalece la autoridad del médico para acordar la bajas o el alta en los procesos de enfermedad. La Seguridad Social ha citado el 14 de octubre a los sindicatos y patronal para abordar las bajas laborales “flexibles”. Una reforma que empieza con polémica. Aquí te explicamos lo qué se sabe de la propuesta de la Seguridad Social sobres las bajas médicas “flexibles” que permitan trabajar.

En el entorno laboral, también te hemos explicado las claves de la huelga en el transporte y en los autobuses de viajeros que sobrevuela la Navidad y el Black Friday. Se trata de varias jornadas de paro convocadas por las sectoriales de CCOO y UGT en octubre, noviembre y diciembre para que se facilite la jubilación anticipada. Una movilización un tanto contradictoria cuando las centrales sindicales de CCOO y UGT a nivel estatal pactaron con el Ministerio de Seguridad Social la última reforma de pensiones hace solo unos meses, donde se incluyó un nuevo procedimiento para acceder a las jubilaciones anticipadas por penosidad, además de la modificación de la jubilación parcial y el contrato relevo. 

El Dato

450.000 euros de multa

le ha impuesto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a la firma de moda japonesa Uniqlo en España por mandar la nómina de 446 empleados, con sus salarios desglosados, nombres completos, DNI, números de afiliación a la seguridad social y cuentas bancarias, a una empleada que se puso en contacto con el departamento de recursos humanos de la compañía para solicitar su nómina ante el fin de su relación laboral con la empresa. Pese a la gravedad de la brecha de seguridad, Uniqlo no informó a los afectados de lo sucedido, que posteriormente atribuyó a “un error humano” cuando la AEPD le requirió información. La AEPD considera que lo sucedido demuestra que la empresa no tenía “las medidas apropiadas” para salvaguardar los datos más sensibles de sus trabajadores en España. Cuidado con los correos que se envían. Más información en este enlace sobre la alta multa a Uniqlo por enviar a una empleada las nóminas de toda la plantilla.

Entrepreneur  

Los millonarios royalties de las variedades de la mandarina mantiene en guerra judicial al Rey de Marruecos con la empresa Eurosemillas, un gigante alimentario español, participado por uno de los dueños de Santalucía, en el que sus gestores tienen una histórica relación con el Opus Dei. De momento, el Tribunal General de la UE (TGUE) confirmó la protección de Nadorcott, una variedad de mandarina propiedad del rey de Marruecos, y rechazó un recurso de Eurosemillas, que alegaba que no cumplía el requisito de novedad, frente a la clementina Tang Gold, de la empresa agroalimentaria andaluza. La empresa se está planteando recurrir la decisión con lo que esta batalla, que dura ya varios años, no ha terminado. Aquí tienes más detalles sobre la pugna entre el líder cordobés de las semillas y el rey de Marruecos.

Otra noticia relevante a nivel empresarial. Un juzgado de Madrid investiga por lo penal el suicidio de un empleado de la empresa pública Mercasa, que se quitó la vida en 2020 después de años sufriendo acoso y sobrecarga de trabajo. Por ahora hay tres personas investigadas, entre ellas Agustín García-Cabo, actual director Económico Financiero de Mercasa. Se va a dirimir la existencia de presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, acoso y homicidio imprudente por un suicidio, cuyo carácter laboral ya ha declarado en firme el Tribunal Supremo, y si la empresa pública implantó algún tipo de protocolo o prevención ante el acoso laboral. Aquí te contamos que un juzgado investiga a un alto directivo de Mercasa por el suicidio de un empleado que sufrió acoso laboral. 

Bien Público

No hay un infierno fiscal en España. Lo repetimos porque hay gente en nuestro país que no se entera: no hay un infierno fiscal en España. Lo puede proclamar todo lo que quiera el universo neoliberal patrio pero los datos demuestran lo contrario. Tras la corrección del cálculo del PIB (Producto Interior Bruto) por parte del INE, el peso de la recaudación de impuestos y de las cotizaciones sociales en España cayó del 38% en el que se había quedado en 2022 —antes de la revisión de la Contabilidad Nacional— al 36,8% en 2023, según los datos aportados por la Agencia tributaria. “Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas”, llegó a decir el presidente Pedro Sánchez. No es tan fácil con la debilidad parlamentaria del Gobierno si tiene que negociar con el PNV y Junts, pero hay margen para subir impuestos. La contribución fiscal en España está entre cuatro y cinco puntos por debajo de la media de la eurozona. Hay que recordar que  la Comisión Europea amenazó con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber puesto en marcha las medidas necesarias para aplicar el nuevo tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades, que se esta tramitando en el Congreso. Hay margen para subir impuestos. Aquí tienes más información sobre cómo ha caído la contribución fiscal en España.  

Nos gusta la competencia

En esta sección te ofrecemos una selección de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Hasta aquí llegamos. Ya sabes que volveremos con más información económica el próximo jueves. Hasta entonces nos puedes escribir con propuestas, ideas o quejas a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

Pere Batle, qui va ser director general de l'extinta caixa d'estalvis balear Sa Nostra, ha defensat aquest dimecres, davant el tribunal de l'Audiència Nacional (AN) que el jutja amb altres directius per operacions financeres que es van fer amb el Grup Sotohermoso, que si no s'hagués quedat amb els actius immobiliaris d'aquesta companyia en plena crisi financera “s'hauria generat mediàticament una bola” que hauria provocat que molts clients s'emportessin els seus diners.

En aquesta vista oral que analitza la responsabilitat dels exdirectors generals de Sa Nostra Pere Batle i Pablo Dols, entre altres, per les pèrdues milionàries que van suposar per a la caixa les inversions en aquesta societat immobiliària, la Fiscalia demana quatre anys de presó per a tots dos per un delicte continuat d'apropiació indeguda.

Batle ha explicat a preguntes de la fiscal del cas que el 2008 Sotohermoso va presentar “problemes de liquiditat” i ells van veure que la prioritat era defensar els seus propis interessos. Així, ha afegit que, si hagués presentat concurs de creditors la immobiliària participada, “hauria estat terrible per a la caixa, com per a qualsevol institució financera”.

“Era l'única opció, no n'hi havia una altra. Es va fer el que s'havia de fer per convicció pròpia, per convicció de tot l'equip directiu de la caixa, i sortosament quan vam arribar a un acord amb els socis majoritaris, que va ser un acord molt discutit (...), nosaltres conservem tots els actius”, ha subratllat.

A això, ha sumat que té l'“absoluta convicció” que totes les operacions que es van signar al si de la caixa amb Sotohermoso van seguir “el circuit” que la norma obliga, que es van valorar tots els extrems i que es va prendre “la millor de les decisions.

D'altra banda, Batle ha apuntat que just el 2008 començava la crisi, i pensaven que duraria molt menys del que va durar. Al fil, ha recordat que el Banc d'Espanya “en un informe important” ha reconegut que “va cometre el defecte més gran de previsió”.

L'exdirector general ha emfatitzat que ells també van tenir aquest defecte de previsió tot i que no era la seva comesa. “Llavors, en aquell moment, vam pensar que aquests sòls, evidentment, vam veure que no es podrien executar immediatament per la manca de liquiditat, però que eren uns actius importants, tangibles i amb futur”.

A més, ha explicat que després de 16 anys des de la seva jubilació no recordava les operacions relatives a aquest grup immobiliari encara que sí que ha indicat que “procurava estar informat de tot” i per tant en sabria. I, si bé ha incidit que ell s'encarregava de les relacions externes de la caixa --la part “política”-- i no del que és intern, ha asseverat que “és impossible que les operacions no haguessin passat pel Comitè d'Inversió ”.

Així ha defensat que cada decisió sobre aquest grup immobiliari participat per Invernostra --societat cent per cent de Sa Nostra-- va passar “pel circuit estipulat” i “no n'hi havia cap que es fes sense l'informe de riscos”.

Aquest dimecres també ha declarat un dels socis de Sotohermoso, l'empresari Adolfo Sánchez de Movellán, que ha incidit que el que va passar amb la crisi “va ser un tsunami” que els va arrossegar a tots.

A més, sobre les operacions per les quals la caixa es va fer amb els actius de la immobiliària ha explicat que “en absolut” va resultar ser una cosa beneficiosa per als empresaris perquè es van anar “perdent diners, perdent el temps, perdent feina, perdent il·lusions i perdent tot”.

“Quins diners van perdre vostès?”, ha preguntat llavors la fiscal, i ha respost que “mínim, mínim, mínim, així fent un càlcul ràpid, un milió... prop dels dos milions”.

Condemnes de quatre anys de presó

En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia Anticorrupció demana condemnar els exdirectors generals de Sa Nostra; a qui fos director general de Participades de Sa Nostra i conseller delegat de la filial Invernostra Rafael Oliver; i els empresaris Adolfo Sánchez de Movellán i Francisco José Morales de Jodar a quatre anys de presó per un delicte continuat d'apropiació.

Per a l'expresident de la caixa Fernando Alzamora i per al que va ser director de la Divisió Immobiliària Antonio Cantallops, sol·licita una pena de dos anys i sis mesos de presó.

El Ministeri Públic sosté que, el 2006, la Caixa d'Estalvis de Balears Sa Nostra tenia entre els seus clients els acusats Sánchez de Movellán Ruiz i Morales de Jodar, amb qui va participar, des del juliol d'aquell any, a la societat Sotohermoso Servicios Immobiliarios SL.

La Fiscalia incideix que “el procés de finançament que va començar amb l'entrada de Sa Nostra a Sotohermoso es va dur a terme a través de molt diverses reunions, informes i acords dels acusats Batle, Dols i Oliver, així com, amb menor participació i capacitat decisòria, Alzamora i Cantallops”.

“Encara que algunes operacions fossin decidides formalment pels seus òrgans de govern, en la preparació i l'adopció l'actuació decisiva va ser dels seus directius. Aquesta actuació la van dur a terme els acusats a través de la Caixa d'Estalvis o de societats participades al 100% com la citada Invernostra SLU” --societat participada per Sa Nostra--, continua Anticorrupció.

Va ser el 30 de juny del 2006 quan el Consell d'Administració d'Invernostra va aprovar la seva entrada a Sotohermoso “deixant sense definir la manera exacta d'aquesta entrada que, en tot cas suposaria una participació del 35%”.

La Fiscalia demana que els acusats indemnitzin el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) de manera directa i solidària amb 36,3 milions d'euros.

Pere Batle, quien fuera director general de la extinta caja de ahorros balear Sa Nostra, ha defendido este miércoles, ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que le juzga junto a otros directivos por operaciones financieras que se realizaron con el Grupo Sotohermoso, que de no haberse quedado con los activos inmobiliarios de esa compañía en plena crisis financiera “se habría generado mediáticamente una bola” que hubiera provocado que muchos clientes se llevaran su dinero.

En esta vista oral que analiza la responsabilidad de los ex directores generales de Sa Nostra Pere Batle y Pablo Dols, entre otros, por las pérdidas millonarias que supusieron para la caja las inversiones en esa sociedad inmobiliaria, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para ambos por un delito continuado de apropiación indebida.

Batle ha explicado a preguntas de la fiscal del caso que en 2008 Sotohermoso presentó “problemas de liquidez” y ellos vieron que la prioridad era defender sus propios intereses. Así, ha añadido que, de haber presentado concurso de acreedores la inmobiliaria participada, “hubiera sido tremendo para la caja, como para cualquier institución financiera”.

“Era la única opción, no había otra. Se hizo lo que se tenía que hacer por convicción propia, por convicción de todo el equipo directivo de la caja, y afortunadamente cuando llegamos a un acuerdo con los socios mayoritarios, que fue un acuerdo muy discutido (...), nosotros conservamos todos los activos”, ha subrayado.

A esto, ha sumado que tiene la “absoluta convicción” de que todas las operaciones que se firmaron en el seno de la caja con Sotohermoso siguieron “el circuito” que la norma obliga, que se valoraron todos los extremos y que se tomó “la mejor de las decisiones.

Por otro lado, Batle ha apuntado que justo en 2008 empezaba la crisis, y pensaban que duraría mucho menos de lo que duró. Al hilo, ha recordado que el Banco de España “en un informe importante” ha reconocido que “cometió el mayor defecto de previsión”.

El ex director general ha enfatizado que ellos tuvieron también ese defecto de previsión a pesar de que no era su cometido. “Entonces, en aquel momento, pensamos que estos suelos, evidentemente vimos que no se podrían ejecutar inmediatamente por la falta de liquidez, pero que eran unos activos importantes, tangibles y con futuro”.

Además, ha explicado que tras 16 años desde su jubilación no recordaba las operaciones relativas a ese grupo inmobiliario aunque sí que ha indicado que “procuraba estar informado de todo” y por tanto sabría de las mismas. Y, si bien ha incidido en que él se encargaba de las relaciones externas de la caja --la parte “política”-- y no de lo interno, ha aseverado que “es imposible que las operaciones no hubieran pasado por el Comité de Inversión”.

Así ha defendido que cada decisión sobre ese grupo inmobiliario participado por Invernostra --sociedad cien por cien de Sa Nostra-- pasó “por el circuito estipulado” y “no había ninguna que se hiciera sin el informe de riesgos”.

Este miércoles también ha declarado uno de los socios de Sotohermoso, el empresario Adolfo Sánchez de Movellán, que ha incidido en que lo que ocurrió con la crisis “fue un tsunami” que les arrastró a todos.

Además, sobre las operaciones por las que la caja se hizo con los activos de la inmobiliaria ha explicado que “en absoluto” resultó ser algo beneficioso para los empresarios porque se fueron “perdiendo dinero, perdiendo el tiempo, perdiendo trabajo, perdiendo ilusiones y perdiendo todo”.

“¿Qué dinero perdieron ustedes?”, ha preguntado entonces la fiscal, a lo que ha respondido que “mínimo, mínimo, mínimo, así haciendo un cálculo rápido, un millón... cerca de los dos millones”.

Condenas de cuatro años de cárcel

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pide condenar a los ex directores generales de Sa Nostra; a quien fuera director general de Participadas de Sa Nostra y consejero delegado de la filial Invernostra Rafael Oliver; y a los empresarios Adolfo Sánchez de Movellán y Francisco José Morales de Jodar a cuatro años de cárcel por un delito continuado de apropiación.

Para el expresidente de la caja Fernando Alzamora y para el que fuera director de la División Inmobiliaria Antonio Cantallops, solicita una pena de dos años y seis meses de prisión.

El Ministerio Público sostiene que, en 2006, la Caja de Ahorros de Baleares Sa Nostra tenía entre sus clientes a los acusados Sánchez de Movellán Ruiz y Morales de Jodar, con los que participó, desde julio de ese año, en la sociedad Sotohermoso Servicios Inmobiliarios SL.

La Fiscalía incide en que “el proceso de financiación que comenzó con la entrada de Sa Nostra en Sotohermoso se llevó a cabo a través de muy diversas reuniones, informes y acuerdos de los acusados Batle, Dols y Oliver, así como, con menor participación y capacidad decisoria, Alzamora y Cantallops”.

“Aunque algunas operaciones fueran decididas formalmente por sus órganos de gobierno, en su preparación y adopción la actuación decisiva fue de sus directivos. Esta actuación la llevaron a cabo los acusados a través de la Caja de Ahorros o de sociedades participadas al 100% como la citada Invernostra SLU” --sociedad participada por Sa Nostra--, continúa Anticorrupción.

Fue el 30 de junio de 2006 cuando el Consejo de Administración de Invernostra aprobó su entrada en Sotohermoso “dejando sin definir el modo exacto de dicha entrada que, en todo caso supondría una participación del 35%”.

La Fiscalía pide que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de forma directa y solidaria con 36,3 millones de euros.

¡Buenos días!

¿Cómo estás? La patronal ha desenterrado el hacha de guerra y prevé una legislatura con una fuerte conflictividad por las medidas del acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, especialmente la relativa a la reducción de la jornada laboral. Estamos hablando de una medida de gran calado: la rebaja de la jornada a 37 horas y media alcanzaría a más de 12 millones de trabajadores. En esta información hicimos una radiografía del empleo para explicar cuánto trabajamos en España. 

Poco después de hacerse pública la medida, las patronales CEOE, Cepyme y ATA emitieron un comunicado muy duro en el que señalaban que las propuestas del acuerdo entre ambas formaciones políticas se han hecho “a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales”. Este fue el pistoletazo de salida. Posteriormente, la patronal de las empresas de gran consumo cargó contra la propuesta asegurando que “va a destrozar la competitividad”.

La bronca está servida. La vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, salió a defender la reducción y aseguró que la intención del Gobierno es que las decisiones se tomen en el marco del diálogo social. Además, ha recordado que las patronales también se opusieron a la subida del SMI o a la reforma laboral y que, posteriormente, se pactaron. “Todo el mundo está a favor. Ni el PP pudo decir que está en contra”, ha insistido. La realidad es que al Partido Popular el anuncio de esta propuesta lo ha dejado con el pie cambiado, sin decir si está en contra o a favor, aboga por la “semana flexible”, aunque tampoco aclaren de qué se trata. 

Con esta empanada del PP, la patronal se ha puesto en marcha para tratar de tumbar la medida. De momento, ya han asegurado que la reducción de jornada va a tener un “impacto negativo” para la actividad de las empresas, para el crecimiento de la economía y, por supuesto, para la creación de empleo en España.

Por cierto, qué bueno es Bernardo Vergara, nuestro historietista. No te pierdas sus viñetas.

Cada vez que habla sube el pan

No hay conflicto entre dar beneficios empresariales y ser socialmente responsable. Dar beneficios es sano

Ana Botín — Presidenta del Banco Santander 

Pues claro, señora Botín, dar beneficios es sano, pero repartirlos es mucho más saludable para todos. A nivel global, el Santander ganó 8.143 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023. Solo en España, hasta el tercer trimestre el beneficio ha sido de 1.868 millones, un 68% más. Pese a estas ganancias estratosféricas, el banco se queja de los impuestos que paga y ha denigrado el nuevo impuesto a la banca que PSOE y Sumar han anunciado que prorrogarían en su nuevo acuerdo de Gobierno. 

Con estos beneficios, la banca todavía no ha empezado a remunerar como debería los depósitos de sus clientes. La prueba es que las familias se han convertido en los mayores tenedores de letras del Tesoro en agosto, con 20.348 millones. Buena parte de los exorbitantes ingresos vienen por la subida de los tipos de interés de las hipotecas, por eso no es extraño que la banca reciba un aluvión de cancelaciones de hipotecas que superan a los nuevos préstamos para vivienda.

En lugar de discursos sobre la responsabilidad corporativa bastaría con que las empresas actuaran de una forma más decente con sus empleados y sus clientes. Por ejemplo, que no se tengan que llegar a condenar al Banco Santander por acceder sin permiso a la cuenta bancaria de una trabajadora a la que despidió o que no ocurra que se multe con 1,6 millones al BBVA por incluir a una anciana en el fichero de morosos por la deuda de los ladrones de su bolso o que no se dé la situación de que un hotel despida a una limpiadora por bajar su rendimiento días después de enterrar al bebé que esperaba. La cantidad de cosas que se podrían hacer pensando más en las personas y un poco menos en los beneficios.

 El Gráfico

Siguiendo con lo sano de los beneficios empresariales, lo realmente saludable para la sociedad española sería que los tributos de los ganancias de las compañías recayeran en nuestro país, pero no es así del todo. España pierde casi un 16% del impuesto de sociedades por la fuga de beneficios corporativos generados dentro de nuestras fronteras a Países Bajos, Luxemburgo o Suiza y a paraísos fiscales oficiales, como las Islas Vírgenes Británicas, la de Man o la de Jersey. Son alrededor de 4.000 millones lo que nuestro Estado deja de ingresar, aunque en la mayoría de los casos no se considera evasión por parte de la Unión Europea. España recaudó algo más de 32.000 millones de euros por el impuesto de sociedades en 2022. Una cifra que, como explicó elDiario.es, tiene distintas fugas. “Por la vía de evasión a zonas grises, en el límite de la legalidad”, se escapa cerca de un 13% del impuesto de sociedades, según los datos reunidos por el Observatorio Fiscal de la UE. Aquí tienes más información sobre cómo las empresas buscan vías en otros países para pagar menos impuestos en España.

Esta información es relevante porque influye directamente en los niveles de desigualdad de España. Tras la pandemia, una de las principales cuestiones económicas ha sido cuándo y qué países recuperaban el nivel de PIB previo a la COVID, una carrera que apenas ha atendido a si esa recuperación se distribuía equitativamente o si dañaba al medioambiente. “La riqueza de los grupos más privilegiados económicamente, como el 0,01% más rico, ha crecido sustancialmente en este mismo periodo de tiempo, casi triplicando el crecimiento económico experimentado por la mayoría de la sociedad”, explican los autores de un informe que va más allá del PIB: la economía crece, pero apenas el 4% de los más ricos proviene de padres pobres.

El Dato

108.158 euros

Fue el sueldo de José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid en 2022. Madrid, Barcelona y Bilbao son las tres únicas ciudades cuyos alcaldes cobran más de 100.000 euros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobró 86.542 euros durante el año pasado. Hay nueve regidores que en 2022 superaron el sueldo de Pedro Sánchez, según la Información Salarial de Puestos de la Administración (IPSA), que recoge el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En esta información con buscador puedes averiguar cuánto cobra tu alcalde entre 7.000 regidores de nuestro país.    

Entrepreneur

Seguimos con empleados públicos, porque también hay 'entrepreneurs' en la Administración Pública, por supuesto que los hay. Además, son gente que nace de pie. Incluso cometiendo errores graves, no se sabe cómo (o sí se sabe), renacen como ave fénix. Estamos hablando de Juan Casillas, uno de los tres inspectores del Banco de España que cobraba en metálico a decenas de opositores a los que daba clases particulares para preparar las oposiciones, como reveló una investigación de elDiario.es. A pesar de lo publicado, Juan Casillas siguió como inspector. Pues bien, este señor acaba de ser nombrado jefe de Inspección de Banca del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Hay gente que nace de pie. En este enlace hay muchos más detalles y más información sobre el nombramiento de Juan Casillas en el organismo antiblanqueo de capitales.

Esta semana también podríamos haber incluido entre nuestros 'entrepreneurs' favoritos a José Luis Casero, un granadino ex empleado de Goldman Sachs en Polonia, al que la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos está rastreando las propiedades en España ya que le acusa de haber ganado ilegalmente “al menos” 471.725 dólares (unos 447.000 euros) usando información privilegiada. Un tribunal neoyorquino condenó a Casero a devolver el dinero, más otros 14.330,89 dólares en intereses, y le multó con la máxima cantidad posible: 1.415.176,95 dólares. En total, el granadino tiene que pagar 1.901.233,49 dólares (1,8 millones de euros). No compareció ante la Justicia de EEUU. Aquí más información sobre las andanza de José Luis Casero. 

Bien público

Solo los más ricos esquivan la inflación. Como en la anterior crisis, hay un grupo de personas que ni se ha despeinado. Ni sienten ni padecen la fuerte subida de precios. Esta semana en 'Bien común', la sección en la que os mostramos las investigaciones y las informaciones más elaboradas de elDiario.es, os traemos un profundo reportaje con datos sobre cómo las familias que están en la mitad con menos ingresos han subido su consumo en más de 100 euros al mes entre 2019 y 2022 mientras el 10% más rico lo reduce en 80 euros. Para tener una idea de cómo se vive: el 10% más rico dedica 120 euros de cada 1.000 a restaurantes y hoteles, 82 euros más al mes proporcionalmente que el 10% más pobre. Para que luego vengan con indecentes rebajas de impuestos para los que más tienen. Aquí tienes esta información llena de datos de Ahinoa Díez.

Nos gusta la competencia

Ahora una serie de artículos de la competencia que nos han parecido interesantes:

Aquí acabamos por esta semana. Ya llevamos varios desesperantes días asistiendo a la masacre que está ocurriendo en Gaza. Es bastante frustrante como se asesinan diariamente a civiles, incluidos niños, sin que el mundo termine diciendo basta. Me gustaría pensar que cuando nos volvamos a ver el jueves que viene la situación ha mejorada algo, pero con personajes como Benjamín Netanyahu hay pocas esperanzas. Si tienes una propuesta o idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.   

¡Buena semana!

Apúntate a Contraoferta, todos los jueves en tu buzón

Acepto las condiciones de uso y privacidad

Apúntate

Hace varias semanas el Tribunal Constitucional publicó una sentencia que tenía como destinatario al sector bancario español: si perdían un pleito contra un consumidor por haber puesto cláusulas abusivas en su hipoteca, tendrían que pagar las costas del procedimiento judicial. La sentencia completa revela que, detrás de este caso, está la historia de dos niños pequeños que perdieron a su padre en un accidente laboral y que han pleiteado durante años contra el BBVA, primero para evitar su desahucio y después para que el banco sea condenado en costas. “Esto nos lleva a hacernos la pregunta de cuántos miles de euros se ha ahorrado el sector financiero en este país en la última década en pleitos perdidos”, dice Gonzalo Carrasco, uno de los abogados que representa a los dos chicos desde el principio del proceso.

El caso de esos dos menores de edad fue denunciado hace una década por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid. Dos hermanos de cuatro y nueve años de edad, respectivamente, se enfrentaban a una ejecución hipotecaria por parte del BBVA después de que su padre hubiera fallecido en 2012 en un accidente laboral en el sector de la construcción. La hipoteca de 130.000 euros, tras el fallecimiento de su padre, había pasado a ser una herencia de los niños que el banco empezó a reclamar después de rescindir el contrato de forma unilateral y anticipada. La razón: las cinco primeras mensualidades posteriores a la muerte del hombre se habían quedado sin pagar.

Su madre contactó con varios abogados vinculados a la PAH y empezaron entonces varios pleitos para evitar que se perpetrara una ejecución hipotecaria sobre dos niños que tardarían muchos años en saber lo que es una hipoteca y qué significa que se ejecute. El banco, dijo entonces el comunicado, paralizó el proceso. Un primer triunfo vino cuando los tribunales establecieron que la hipoteca que había firmado su padre tenía, al menos, una cláusula suelo abusiva. Años después los tribunales madrileños, al apreciar de oficio este abuso por parte del banco, suspendieron la ejecución hipotecaria dirigida contra los dos niños. También pleitearon para que actuara el seguro que su padre había contratado para una situación como esta.

La siguiente batalla de los abogados que habían representado a estos dos menores de edad fue que el banco se hiciera cargo de las costas del proceso judicial, algo que rechazó la Audiencia Provincial de Madrid. Entre otros argumentos, los jueces esgrimieron que sus alegaciones habían sido aceptadas de forma parcial –no todas las cláusulas recurridas habían sido declaradas abusivas– y también que España no tenía una normativa específica en casos en los que el banco pierde el pleito.

Ha sido el Tribunal Constitucional, con el apoyo de la Fiscalía, el que ha dictado la sentencia definitiva sobre el caso y ha establecido que debe ser el BBVA, y cualquier entidad bancaria en situaciones similares, el que se haga cargo de las costas del proceso. Encima de la mesa estaban los argumentos del banco: alegaba, entre otras cosas, que los abogados ya se habían beneficiado de la justicia gratuita, que no había por tanto legitimidad para recurrir y que la cláusula se anuló de oficio por parte del juzgado. Los magistrados del Constitucional argumentan que no imponer las tasas al banco cuando pierde puede, incluso, tener un efecto disuasorio para los consumidores y afecta al derecho a la tutela judicial efectiva.

Esto es, según el Constitucional, una “jurisprudencia reiterada” desde los tribunales europeos hasta el Tribunal Supremo, aunque eso no disminuye el alcance de un fallo que proyecta su sombra sobre miles de pleitos sobre cláusulas bancarias que, desde hace años, colapsa los juzgados españoles, hasta el punto de haber tenido que crear una red de juzgados específicos para tratar estos temas. Solo en 2021, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, estos juzgados dictaron casi 124.000 sentencias dando la razón a los consumidores en más del 97% de los casos.

Un caso “horrible, de terror”

Gonzalo Carrasco es, junto con Pablo Espinosa-Arroquia y Miguel Antón Bravo, uno de los abogados vinculados a la PAH que se hizo cargo del caso desde su comienzo hasta su desenlace en el Tribunal Constitucional. “Quiero pensar que se han sentido acompañados por nosotros y por la plataforma, y protegidos”, dice a preguntas de elDiario.es sobre los dos menores, pero recuerda que son procesos judiciales que se alargan durante años y causan “angustia”. Angustia porque, explica, lo normal es pensar que “contra el banco se pierde”, existe la posibilidad de quedarte “en la calle” y ahora, tras esta sentencia del Constitucional, “son barbaridades que han desaparecido, ahora están muy tranquilos, es una de las mejores noticias”.

La propia sentencia reconoce que este fallo incidirá sobre otros pleitos similares. “Sobre todos aquellos consumidores que, como es notorio, vienen planteando en numerosos procesos civiles la supuesta abusividad de ciertas cláusulas recogidas en los contratos celebrados entre consumidores y entidades bancarias, cuestión ésta que ha dado lugar a diversas intervenciones legislativas expresas dirigidas a la protección de los primero”, reconoce el Constitucional con su presidente, Cándido Conde-Pumpido, como ponente de una resolución aprobada con unanimidad de progresistas y conservadores.

Para Carrasco y los abogados que llevaron el pleito la ley “es clara” y las costas debían correr a cargo de los bancos. Pero explica que “esto no siempre se ha dado así”, aunque pueda cambiar a raíz de esta sentencia. “Nos lleva a hacernos la pregunta de cuántos miles de euros se ha ahorrado el sector financiero en este país en la última década en pleitos perdidos con consumidores. Y cuántas de esas familias se han quedado sin defensa porque las costas son un desincentivo a la gente”.

Las entidades bancarias, denuncia, se sienten “impunes” para actuar en estos pleitos. “A este tipo de casos no se mete cualquiera, estás luchando contra un gigante y vas a estar años peleándote con un resultado incierto y de alguna manera hay que permitírselo, porque sabes que no vas a cobrar un duro, se dificulta mucho el derecho de defensa”, analiza. Un caso, el de estos dos niños, que define como “horrible, de terror... y parecía que a los bancos se les ha perdonado por sistema que pudieran acudir a los tribunales de forma temeraria y que una vez pierden esos juicios no tienen que asumir las costas”. 

El despacho de abogados Arriaga Asociados está aplicando desde este mes de julio un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se prolongará hasta el final de octubre, según han confirmado fuentes oficiales de la empresa a elDiario.es. Afecta a en torno al 40% de su plantilla, que ronda las 400 personas. El despacho, nacido en 2011 y que creció a toda velocidad tras especializarse en demandas contra los abusos bancarios en el contexto de la crisis económica, facturó 45,16 millones de euros en 2021. “La lentitud de la justicia, así como a la insuficiencia de recursos asignados a los juzgados y la falta de impulso político para abordar esta situación” son los motivos que han llevado al bufete a mandar a casa a sus empleados, según la empresa.

En Arriaga el cliente adelanta 200 euros y el despacho solo hace caja en caso de victoria. “Nuestro modelo de funcionamiento se basa en el cobro de honorarios a éxito, […] [pero] la lentitud y la escasez de recursos en el sistema judicial obstaculizan el proceso y tienen un impacto negativo en la obtención de sentencias favorables tanto para nuestros clientes como para nuestro despacho”, justifican en Arriaga.

El bufete protesta por el atasco, que cree aún más acusado en los especializados en cláusulas abusivas. Pone por ejemplo concreto el del Juzgado número 101 bis de Madrid. “De los 31.000 casos presentados por Arriaga, casi 20.000 (19.898) no han recibido ninguna noticia o notificación desde su presentación”, apuntan. Así, el ERTE “busca salvaguardar los empleos de nuestros colaboradores y a su vez, generar conciencia sobre la urgente necesidad de abordar las deficiencias de nuestro sistema judicial”.

Otras fuentes señalan un motivo complementario, que la empresa no ratifica pero que tampoco desmiente: en enero tendrá que hacer frente al pago de un préstamo de 45 millones de euros al fondo de deuda Pemberton, lo que unido a la parálisis judicial ha generado problemas de liquidez que el ERTE permite aliviar.

Además, un antiguo cargo directivo de Arriaga que dejó la empresa de forma amistosa señala que el expediente también le sirve al despacho para ir amortizando los empleos de aquellos trabajadores que prefieran cambiar de empresa antes que ver reducidos sus ingresos durante el periodo de paro. “Está sobredimensionada”, dice sobre una plantilla que llegó a tener más de 600 integrantes y en la que un trabajador del departamento comercial podía, en los momentos de mayor expansión, cobrar “de 1.800 a 2.000 euros” nada más entrar en la compañía. Esos salarios son en los últimos tiempos menores, “los del mercado”, según este antiguo cargo. El bufete carece de representación sindical.

Publicidad agresiva de la mano de Iker Casillas

Los años de la crisis financiera llevaron al primer plano las prácticas abusivas de la banca y la colocación de productos de riesgo a clientes sin conocimientos técnicos suficientes para evaluarlo. Participaciones preferentes, bonos convertibles, gastos hipotecarios o deuda subordinada empezaron a ocupar titulares de prensa y los expedientes de los juzgados.

El fundador de Arriaga, Jesús María Ruiz de Arriaga, vio en la situación una oportunidad de negocio y se decidió a invertir fuertemente en publicidad, llegando a contratar al futbolista Iker Casillas —a su vez entrampado con preferentes de Bankia— para posar junto a él en carteles, marquesinas de autobús y anuncios de televisión. La campaña publicitaria resultó un éxito.

Sentencias judiciales y modelo de negocio

La múltiple casuística de los pleitos contra la banca de la última década ha dejado un largo rastro judicial que aún no se ha estabilizado jurisprudencialmente. Esto inciden en el modelo de negocio de Arriaga, siempre muy ligado a vigilar los abusos bancarios a los consumidores.

En este sentido, el despacho ha tenido dos noticias relevantes este año, una mala y una buena. La negativa fue la sentencia de febrero del Tribunal Supremo sobre los intereses de las tarjetas de crédito renovable o ‘revolving’, que fijó a la baja los criterios para entender que hay usura en los préstamos. La positiva acaba de publicarla esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con una resolución que abre la vía a reclamar por falta de transparencia la comercialización de hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) en vez de al Euríbor, que marcaba valores inferiores.  

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 11.556 en 2022, una cifra que representa un 5% menos de las que se produjeron en 2021, cuando se registraron 12.166, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra del año pasado, pese a que supera a la que se registró durante el periodo 2019-2020 (cuando no se alcanzaban las 10.000 ejecuciones hipotecarias anuales), está muy lejos de los peores números del periodo 2014-2016, cuando todavía se estaban sufriendo las graves consecuencias de la crisis económica iniciada en 2008, con la quiebra de Lehman Brothers.

Por otro lado, el cambio en la política del Banco Central Europeo (BCE) en cuanto a las subidas de los tipos de interés conlleva también aumentos en los precios de las hipotecas de los consumidores que han suscrito su vivienda a interés variable, lo que supone una pérdida gradual de poder adquisitivo y, en el peor de los casos, no poder hacer frente al pago de la hipoteca.

Sin embargo, el informe financiero sobre el sistema ‘redito ad libitum’ (REDAL) en los contratos hipotecarios, encargado por la Dirección General de Consumo del Govern balear al matemático Guillem Bou, permite evitar el desahucio y flexibilizar el pago de la deuda en determinadas hipotecas firmadas antes del 2011 ya que, según demuestra, se rubricaron pese a contener graves errores, cláusulas abusivas, falta de transparencia financiera y otro tipo de irregularidades.

Esto puede significar un “cambio radical en las obligaciones de los clientes endeudados con hipotecas anteriores a 2011, mucho más beneficiosa que el límite de ingresos (25.200 euros anuales) que requiere el código de buenas prácticas aceptado por las entidades bancarias para modificar las hipotecas variables”, aseguró el director general de Consumo, Félix Alonso, durante la presentación del informe junto a la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, y Guillem Bou, autor del informe.

Qué es una hipoteca REDAL

El informe detalla las circunstancias en las que los afectados podrán reconocer si un préstamo hipotecario es REDAL. En el contrato deben establecerse dos acuerdos financieros: los intereses que se pagarán mensualmente por el dinero prestado por el banco y la cantidad de capital que se amortizará cada mes para devolver el préstamo. Estos acuerdos se suscriben mediante dos fórmulas: los intereses devengados y las cuotas. La suma de ambas se conoce como cuota mixta, es decir, la suma de la cuota de intereses más la cuota de amortización.

En el caso de los contratos en situación REDAL, falta la fórmula o el pacto financiero que determina el importe de las nuevas cuotas cuando se cambia el tipo de interés del préstamo. En algunos casos, señala el informe, resulta que la fórmula para el correcto cálculo de las cuotas es errónea; en otros, la fórmula de las cuotas contradice la fórmula de los intereses; también puede ocurrir que el contrato sea correcto pero que los conceptos que aparezcan en él solo sean comprensibles para quienes conocen el lenguaje teórico, lo cual solo es posible para profesionales con conocimientos de economía o matemática avanzada. Y esto último también es irregular.

Los autores del informe aportan la respuesta que dio el Banco de España sobre esta cuestión, que indica tajantemente que “un contrato financiero no puede usar tecnicismos que un consumidor no entienda”. En un caso así, la Audiencia Provincial de Madrid sentenció que no había pacto financiero porque “una de las partes había escrito una parte del contrato con un lenguaje interno de la organización que no era el de la otra parte (el lenguaje de todo el mundo, el externo a la organización)”.

Tipos de contratos de préstamo o crédito hipotecario

Por tanto, el informe identifica cuatro tipos de contratos de préstamo o crédito hipotecario que tienen un sistema de amortización REDAL: esto ocurre cuando no se ha pactado un importe determinado para la cuota mensual que resulta al cambiar el tipo de interés; cuando contienen un pacto financiero erróneo sobre el importe de la cuota mensual; los que sí que incluyen dicho pacto pero que solo son correctos en el marco del lenguaje especializado de la entidad bancaria y, por último, cuando hay un pacto sobre el importe de las cuotas pero las carencias informativas impiden que el consumidor lo pueda entender. En estos últimos casos, los autores destacan que existe falta de transparencia: el contrato puede ser engañoso, omite información o incurre en abuso.

Si el consumidor reconoce que su préstamo hipotecario es REDAL puede acogerse a la opción de “devolución a voluntad”. Los autores del informe argumentan que la primera condición que establece el pacto financiero es que no se puede pagar mensualmente una cuota inferior a los intereses. Es decir, que la cuota de amortización que debe pagarse cada mes tiene que ser, como mínimo, un céntimo más que la cuota de intereses. La segunda condición es que hay una fecha en la que el capital prestado tiene que haberse devuelto. 

Del mismo modo, afirman los expertos, como en los contratos REDAL no se ha pactado correctamente el importe de las cuotas, pero sí que estas tienen que ser mixtas (la suma de la cuota de intereses más la suma de la cuota de amortización), el consumidor no incumple el contrato si paga una cuota mixta de cualquier importe, el que él mismo decida, siempre que la cuota de amortización sea al menos un céntimo superior a la de los intereses. Esta opción le permite renegociar la cuota si por dificultades no puede hacer frente al pago mensual tras las últimas subidas, debido al aumento de los tipos de interés. De este modo, incluso, se puede evitar un desahucio.

El informe también recuerda que la mayoría de los contratos hipotecarios que se firman en España lo hacen mediante el método francés: un sistema que perjudica al cliente porque la amortización de capital es lenta, al principio. Con lo cual, ante una situación de impago, el consumidor se enfrenta a una deuda enorme, a diferencia de lo que ocurre con el método alemán, que tiene una amortización exacta y proporcional al tiempo de vida del préstamo. Este método beneficia a los consumidores porque, a diferencia del método francés o la hipoteca creciente, han acabado pagando menos intereses a la banca una vez liquidada su deuda con la entidad.

La hipoteca creciente, señalan los autores del informe, es un producto que la banca vendió durante el periodo 2000-2008 a los clientes bajo el argumento de que “su sueldo crecería mucho a lo largo de los años, debido al simple coste creciente de la vida”. Por este motivo, la entidad financiera presentaba un plan de pagos donde solo eran altas las cuotas mensuales de los últimos años del préstamo. Sin embargo, el método de cuota creciente es el más beneficioso para el banco y el que más riesgos entraña para el cliente, ya que es el que más intereses paga y el que más lentamente amortiza el préstamo.

El Banco de España ocultó información, según el informe

Pese a todo, y aunque el Banco de España reconoce la existencia de las hipotecas REDAL -que conoce desde el año 2002-, ha ocultado la situación a los consumidores, según aseguran los autores, quienes afirman que si tal circunstancia se hubiera sabido y explicado con transparencia hubiera surgido una vía para solucionar, en parte, el problema de los desahucios. “Si el Banco de España era conocedor del problema REDAL ya en 2002, hubiera podido hacer algo en la grave crisis de 2007-2008”, destaca el informe y añade que ante “la avalancha de desahucios”, el Banco de España podría haber pedido al poder legislativo que desarrollara normas o incluso podría haber publicado circulares que “hubieran supuesto, sin duda, una mayor protección de a los consumidores”.

“En efecto, la primera exigencia desde el punto de vista de la transparencia y defensa del consumidor es que el deudor pueda calcular y verificar autónomamente con exactitud la cuota de amortización del préstamo que le exige el prestamista, cosa que en un préstamo a interés variable necesita hacer cuando menos en el momento de estudiar posibles ofertas alternativas, en el de la contratación y cada vez que corresponda actualizar el tipo de su préstamo”, detalla, sobre esta cuestión, la Asociación Hipotecaria Española (AHE), organismo que agrupa a los bancos y otras entidades de crédito. La AHE advierte de que los préstamos REDAL “esconden mala fe”, ya que no se respetan los derechos de los consumidores ni tampoco la libre competencia.

Criterio avalado por la justicia europea

Las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de manera reiterada, establecen que la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores tiene que interpretarse siempre en los contratos hipotecarios en el sentido que el consumidor debe conocer “basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras”.

Debido a los problemas que suscitaron las hipotecas REDAL, y pese a que el Banco de España, organismo supervisor, era conocedor de la situación al menos desde el 2002, no actuó hasta finales de 2011. En una orden del 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, indica que “si el tipo de interés aplicable fuera variable o variable limitado, la entidad incluirá ejemplos numéricos que indiquen claramente de qué modo los cambios en el pertinente tipo de interés de referencia afectarán al importe de las cuotas”. El Banco de España añade que estos ejemplos de variación del tipo de interés “serán realistas y simétricos, y ofrecerán siempre información sobre los efectos de supuestos desfavorables”.

El Alto Tribunal europeo ya advertía, en la Directiva 93/13, de que el prestatario debe conocer la carga económica del contrato. “El cambio legislativo es la prueba de que se incumple una directiva europea de protección al consumidor, luego es obvio que el contrato anterior a la Orden EHA/2899/2011, si no adjunta una tabla de escenarios sobre el importe de las cuotas, no es válido”, concluye.

La Diputación de Barcelona ha presentado este miércoles una iniciativa para restablecer los cajeros automáticos que habían cerrado en los últimos años en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Para ello, los ayuntamientos interesados tendrán que solicitarlo. Según los datos de esta administración supramunicipal, los potenciales beneficiados serían entre 50 y 60.

El presupuesto inicial para este proyecto es de un millón de euros anuales, pero la cifra puede variar en función de las características de cada cajero. Las localidades que nunca han tenido este servicio quedarían excluidas y también aquellas en las que el censo sea muy bajo, salvo en casos concretos en los que la instalación del cajero se vea justificada por un criterio “kilométrico”, según ha expresado el diputado de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial, Josep Arimany.   

Arimany ha puesto como ejemplo de lo que sería el “criterio kilométrico” la comarca del Berguedà, donde algunos ciudadanos tienen que recorrer “más de 30 kilómetros para ir a sacar dinero”. El diputado ha asegurado que esta problemática no es nueva, pero que sí ha empeorado con la pandemia y que esto, ha añadido, supone un “agravio” para las personas mayores que ven “limitada su autonomía” por el cierre de oficinas bancarias y cajeros. Ha destacado además que esta situación es especialmente preocupante en las comarcas del Bages, la Anoia, el Penedès y la ya mencionada del Berguedà.

“En la comarca del Berguedà, la gente mayor tiene que coger un taxi o pedir a algún familiar o conocido que les acerque a Berga [la capital de la comarca] para poder ir al cajero”, ha contado Arimany. “Se trata de un problema generacional, porque afecta sobre todo a nuestros mayores”, ha agregado.

Lo que las iniciativas ciudadanas piden en toda España va más allá de la apertura de cajeros automáticos. También solicitan la presencia de personal bancario que pueda ayudar a aquellas personas que no saben usar esta tecnología. Con respecto a este asunto, el diputado ha asegurado que el proyecto ya contempla esta cuestión y que barajan dos posibilidades: la presencia de una persona contratada por la entidad que “tutorice” a las personas que lo necesiten “dos días por semana” y la puesta en marcha de sistemas de “reconocimiento biométrico o facial”, es decir, que las personas que acudan al cajero puedan llevar a cabo sus operaciones sin necesidad de utilizar números secretos o contraseñas, puesto que la máquina podrá reconocerlos. 

En cuanto a la implicación de las entidades bancarias en la reapertura de cajeros automáticos, Arimany ha reconocido que “deberían hacerlo ellos”, pero que al ver que esto no se está produciendo, la Diputación “ha querido poner su grano de arena para facilitar ese proceso”. A pesar de esto, el diputado ha sostenido que la Diputación pondrá “condiciones” y será “estricta” para que el proyecto no les salga “gratuito” a los bancos y para que no aprovechen la situación para “cobrar comisiones abusivas a la ciudadanía”. “A nosotros nos gustaría que los cajeros estuviesen en los Ayuntamientos o, al menos, en alguna de las instalaciones municipales”, ha dicho Arimany.

El pasado 28 de octubre la Diputación de Barcelona votó de manera unánime para sacar adelante esta iniciativa y Arimany considera que se trata de una cuestión de “cohesión social” que no puede esperar a que otras instituciones, como el Govern de Catalunya o el Gobierno, se hagan cargo.

El proyecto presentado este miércoles en Barcelona entrará en concurso público entre los meses de marzo y abril. A finales de año, se comenzarán las obras de instalación y a principios de 2023, si todo marcha según lo previsto, ya se podrían ver las primeras reaperturas. Por otro lado, el coordinador del área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial, Xavier Forcadell ha sostenido que los contratos de concesión obligarán a las entidades a mantener los cajeros abiertos por unos 4 o 5 años, para “asegurar” una cierta continuidad del proyecto.

Los representantes de la Diputación han reconocido que existe “el riesgo” de que el concurso quede “desierto”. “Como en cualquier otro concurso público”, ha defendido Forcadell, quien también ha afirmado que también han contemplado esta posibilidad y que están trabajando para buscar “diferentes fórmulas y alternativas” por si esto llegase a ocurrir.

Medio año después de que el Tribunal Supremo dictara la sentencia que ha sentado jurisprudencia sobre los intereses desproporcionados de las tarjetas de crédito fácil, las denominadas revolving, la Audiencia de Las Palmas ha planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sus dudas sobre la aplicación de la norma que protege a los consumidores frente a estos abusos, la Ley de Represión de la Usura de 1908, y su compatibilidad con uno de los principios que rigen la UE, el de libre prestación de servicios en el mercado común del crédito, recogido tanto en su Tratado de Fundamentos como en dos directivas comunitarias.

La disponibilidad inmediata de fondos (hasta un máximo de 6.000 euros) y la ausencia de requisitos de solvencia para su concesión han sido los señuelos que han atraído a los consumidores hacia un tipo de producto que entraña grandes riesgos de sobreendeudamiento debido a su cara b: sus elevados intereses (más del 20%) y la renovación mensual de la deuda.

Hasta la fecha, el debate sobre estas tarjetas con límite de crédito se había centrado en el umbral para considerar los intereses usurarios. La norma centenaria, también llamada Ley Azcárate, establece que lo serán aquellos tipos que superen al “normal del dinero” y que sean “manifiestamente desproporcionados” en relación con las circunstancias del caso. Esta ambigua redacción había dejado su aplicación al albur de la interpretación de los jueces. Las entidades financieras sostenían que la referencia debía ser la media nacional de los intereses de este tipo de productos, mucho más gravoso para los clientes que los préstamos al consumo en general, el indicador que han defendido los consumidores en su batalla contra las revolving.

En su sentencia de marzo, el Supremo optó por una resolución intermedia. Aceptó que la referencia debía ser la media de los créditos del mismo tipo, pero advirtió de que, al ser estos intereses ya muy elevados, el margen que las entidades financieras podían incrementar en los precios sin incurrir en la usura era muy reducido, por lo que daba la razón al demandante en ese caso particular, en el que WiZink le había impuesto una TAE del 26,82%.

El último auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas con respecto a las tarjetas de crédito fácil introduce un nuevo elemento en contestación al recurso presentado por la demandada, en este caso el Banco Santander, contra una sentencia que había anulado un contrato de línea de crédito firmado en 2004 por un tipo de interés usurario.  La Sala, formada por Juan José Cobo Plana (presidente), Jesús Ángel Suárez (ponente) y Margarita Hidalgo, considera necesario plantear una cuestión prejudicial al TJUE ante las dudas suscitadas sobre “si la aplicación de la legislación española es compatible con los tratados y las directivas europeas”.

La principal pregunta que debe responder el tribunal comunitario es si la Ley de Usura de 1908 se debe considerar “una restricción injustificada” de la competencia en el mercado único europeo (y la libre prestación de servicios) o si, por el contrario, “está justificada como medida de protección al consumidor”. “¿Es compatible un mercado único y armonizado con la imposición de intereses máximos en un estado miembro, no existentes (o distintos) en otros estados miembros?”, se preguntan los magistrados en un auto fechado el 14 de septiembre.

La Audiencia de Las Palmas plasma sus dudas en otras tres cuestiones: ¿Están obligados a respetar las restricciones impuestas por esa norma española, la Ley de Represión de la Usura, todos los prestamistas que operen en el mercado único, con independencia de que lo hagan desde otro país? ¿Limita el acceso de los consumidores residentes en España a los préstamos ofertados por operadores de otros estados miembros? ¿Justifican las normas de protección al consumidor que un estado miembro establezca esas limitaciones?

El órgano provincial también pide orientación al TJUE sobre los criterios a aplicar para baremar qué tipos de interés son usurarios, aunque “no adopta ninguna posición acerca de la conveniencia o no de aprobar disposiciones europeas unificadas en materia de usura” ni solicita un pronunciamiento en este sentido. La Sala advierte de que, en caso de que no fuera de aplicación la Ley de Usura de 1908, por chocar con la normativa europea, el caso se debería resolver “desde el cumplimiento de lo ordenado en las directivas” comunitarias, una materia sobre la que en este momento, y a la espera de que Luxemburgo se pronuncie, “no prejuzga”.

Los consumidores en el litigio objeto de la cuestión prejudicial habían instado a la Audiencia Provincial de Las Palmas a utilizar como criterio comparativo los intereses medios a nivel europeo, pero la Sala considera que esta opción implicaría que se dejara de aplicar la jurisprudencia del Supremo sobre la usura en las tarjetas de pago aplazado o deuda infinita.

Los magistrados entienden que, a la vista de las dudas suscitadas con respecto a la Ley de Usura y su encaje en el marco legal europeo, la causa debe ser suspendida hasta conocer la postura del tribunal comunitario, máxime si se tiene en cuenta que es un asunto sobre el que no cabe un recurso posterior a la decisión que adopte la Audiencia de Las Palmas. 

La sentencia voló desde un despacho de abogados en Las Palmas de Gran Canaria hasta Pukhet, a casi 12.000 kilómetros de distancia, el pasado 21 de abril. En esta isla tailandesa reside desde 2014 Miguel Ángel López, un entrenador de natación que un año antes de mudarse al país asiático, mientras esperaba en el aeropuerto de Madrid por un avión que debía trasladarlo a Fuerteventura, firmó el contrato para la utilización de una tarjeta de crédito fácil, de las denominadas revolving, que ahora ha sido anulado por un juzgado de la capital grancanaria por usurario, por fijar unos intereses desproporcionados.

“Me sentí muy aliviado cuando vi que ganábamos la demanda, pero también sentí rabia porque había intentado arreglar la situación en múltiples ocasiones y la empresa hizo todo lo posible para aprovecharse de mi”, resume López, que explica que, “de deber unos 2.500 euros” a la entidad financiera (WiZink) por un préstamo original de 2.000, podría recuperar, si el fallo judicial adquiere firmeza (se puede recurrir ante la Audiencia Provincial), 1.700 euros. “Había pagado la deuda dos veces”, dice. La sentencia, del Juzgado de Primera Instancia 17 de Las Palmas de Gran Canaria, aplica la doctrina fijada recientemente por el Tribunal Supremo con respecto a las tarjetas revolving y concluye que el interés impuesto por el banco, del 26,82% TAE, es “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”.

Estos productos se comercializan con el aliciente de la disponibilidad inmediata de los fondos y la ausencia de requisitos vinculados con la capacidad de pago de los consumidores. Con estas tarjetas, los clientes pueden financiar de forma ágil compras hasta un determinado límite y aplazar su abono en cuotas muy reducidas, pero con unos intereses muy altos. ¿La consecuencia? El capital no se reduce y los intereses acaban ahogando a los usuarios y disparando la deuda.

Cuando López aceptó la tarjeta de crédito fácil se dirigía a Fuerteventura, isla en la que acababa de ser contratado como director deportivo de un hotel. “Mi caso es atípico, ya que en esos momentos no tenía necesidades económicas, pero me hablaron durante media hora sobre sus grandes ventajas, sobre la posibilidad de pagar al mes siguiente sin cargos, y la realidad es que con los gastos de la mudanza andaba sin mucha liquidez, aunque sin ahogos mensuales, así que la cogí y solicité que me pasaran el 100% de la facturación cada mes”, explica.

Los problemas, dice, comenzaron cuando la entidad financiera empezó a cargarle en su cuenta “el mínimo”, unos 50 euros al mes, por las compras realizadas. “La empresa hizo caso omiso a mis instrucciones de pasar el total”, asegura el entrenador de natación, que un año más tarde se trasladó a Tailandia por motivos laborales. “Cuando me mudé solicité por correo que se cancelara la tarjeta y se me cobrara todo. Hablamos de 2014. La empresa ignoró mi solicitud en cuatro ocasiones”, denuncia. Tras un intento infructuoso en un primer regreso a Canarias dos años después, López volvió a intentar anular la tarjeta y librarse de la deuda en su última visita a las islas, en verano del año pasado. “Ante la falta de respuesta, y tras leer un artículo de periódico sobre las tarjetas revolving, me puse en contacto con un abogado (Andrés Roda), que me atendió ese mismo día. Todos los pasos posteriores fueron por correo electrónico”.  

“Lo curioso es que originalmente yo quería pagar la deuda que tenía, para evitar un interés excesivo, pero no me dejaron. Si la compañía hubiera aceptado en ese momento, yo nunca hubiera recuperado los intereses usurarios que me cargaron (…) Siempre estuve dispuesto a pagar el precio justo y se valieron de la burocracia para seguir lucrándose ilícitamente con unos intereses desorbitados”, sostiene López, que se muestra muy agradecido con su letrado.

Doctrina del Supremo

La resolución del Juzgado de Primera Instancia 17 de Las Palmas de Gran Canaria se basa en la doctrina fijada por el Supremo en la sentencia dictada el pasado 4 de marzo sobre las tarjetas revolving, también con WiZink como protagonista, y con el mismo TAE aplicado, del 26,82%.  En su fallo, el alto tribunal dio la razón a la financiera en una de sus tesis, la que defiende que para considerar que un interés es usurario se debe comparar con la media de los tipos aplicados en las operaciones de la misma categoría (los créditos fáciles), mucho más elevada (en torno a un 20%) que la registrada para los préstamos al consumo en general (un 10% en la fecha de celebración del contrato -agosto de 2013- en el caso del suscrito por Miguel Ángel López con WiZink).  

Sin embargo, también acogió parte de los argumentos esgrimidos por los consumidores y recordó que la denominada Ley Azcárate, en vigor desde 1908, sostiene que un crédito es usurario si arroja un interés “notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso”. El Supremo recalca que, si el tipo medio ya es muy elevado, como ocurre con las tarjetas revolving, el margen en el que se puede incrementar el precio de la operación sin incurrir en usura es mucho más reducido. De no seguirse este criterio, advierte el Supremo, para que un contrato de préstamo pudiera ser considerado usurario tendría que acercarse a un interés del 50%.

La resolución del alto tribunal incide también en la necesidad de analizar el perfil de consumidor al que van destinados estos productos, que suele ser aquel que “por sus condiciones de solvencia y garantías no puede acceder a otros créditos menos gravosos”. El Supremo recuerda que las tarjetas revolving se caracterizan por fijar unas cuotas no muy elevadas en comparación con las deudas pendientes, de manera que la devolución se alarga en el tiempo con una elevada proporción de pago de intereses y poca amortización de capital, generando así lo que denomina “deudores cautivos”. 

Además, precisa que el elevado nivel de impagos no puede justificar la imposición de intereses tan altos, máxime cuando los préstamos se conceden “de forma ágil”, con técnicas de comercialización “agresivas” y ·sin comprobar la capacidad de pago de los usuarios, facilitando los sobreendeudamientos.

WiZink no ha contestado a las preguntas formuladas por esta redacción sobre la reciente sentencia ni sobre la posibilidad de recurrir cuando se reabran los plazos procesales. Sin embargo, a raíz de la resolución del Supremo, la entidad financiera ha redefinido su estrategia y ahora ofrece las tarjetas a un interés de en torno al 20%, una decisión que, según una campaña publicitaria que difundió apenas una semana después del fallo, adoptó tras “escuchar” a sus clientes.

Reconozco que la primera vez que en ASUFIN oímos hablar de educación financiera para los consumidores nos recorrió un escalofrío por el cuerpo. En pleno auge de la litigación bancaria, swaps, preferentes, cláusulas suelo, hipotecas en divisas… nos preguntábamos hasta qué punto no se estaba culpando al consumidor por su ignorancia, dando por hecho que el banco no solo no era su amigo, sino que engañar a sus clientes era lo normal y solo si el cliente tenía conocimientos económicos podría evitar la contratación de un producto tóxico.

Con el tiempo, sin embargo, nuestra aproximación a la educación financiera ha evolucionado. Seguimos pensando que en ningún caso ha de servir para justificar una mala praxis, porque si un banco activa su maquinaria para colocar en el mercado un producto inadecuado, nada podrá salvar al consumidor. Pero es cierto que un mayor conocimiento puede llevarle a hacer preguntas pertinentes en el momento de la comercialización, fomentar la competencia en el mercado, gestionar mejor sus finanzas personales, mejorar su salud financiera y, en suma, prestar un consentimiento informado.

Finaliza así una década en la que los usuarios financieros hemos perdido la inocencia, muchos incluso la confianza, y estamos modificando nuestra relación con las entidades financieras. Ello nos ha llevado a tener más interés en probar nuevas formas de financiación, sistemas de pago o inversión desde nuestros dispositivos móviles gracias a nuevas empresas distintas de la banca tradicional: las Fintech.

Sin embargo, estas nuevas finanzas tecnológicas llegan con un desafío mucho mayor que el mero control de nuestro dinero: la gestión de nuestros datos. Internet y los teléfonos inteligentes forman parte de nuestras aceleradas y siempre digitalizadas vidas. Los usuarios estamos continuamente conectados para acceder de manera rápida a nuevos productos y servicios. Ahora bien, lo nuevo —y aparentemente gratuito— no necesariamente significa mejor o exento de riesgos, todo lo contrario, los consumidores hemos de interiorizar un principio básico: nada es gratis, o dicho de otra manera, si es gratis, es porque el producto eres tú.

Efectivamente, en este mundo globalizado, los usuarios estamos ofreciendo referencias personales, hábitos de consumo, desplazamientos, consultas, intereses, trabajo y un sinfín de datos dentro y fuera de nuestras fronteras, tanto a redes sociales y aplicaciones varias, como a entidades financieras tradicionales o disruptivas. Hablamos de bancos, pero también de aseguradoras, agregadores financieros, asesores de inversión, neobancos y un largo etcétera a los que no podremos obviar en la gestión de las actividades económicas que marcarán nuestro futuro y el de nuestras familias.

Aprender de quien más sabe

Conscientes de este nuevo escenario, en ASUFIN no podíamos más que afrontar el inmenso desafío que plantea el ecosistema de las Fintech, analizándolo, aprendiendo de los que más saben y poner en marcha un programa de educación financiera y digital que ayude a los usuarios financieros a gestionar mejor la economía digital en la que ya estamos inmersos. Con este objetivo hemos organizado congresos, talleres y una serie de documentales para ahondar en las claves que marcan lo que está sucediendo y lo que está por venir, contando con algunas de las voces más autorizadas del mundo académico, regulador y empresarial.

Así mismo, hemos querido pulsar el conocimiento de las disruptivas Fintech entre nuestros conciudadanos y para ello hemos llevado a cabo el primer Estudio sobre conocimiento, hábitos y uso de Fintech en España, que arroja algunas conclusiones de suma relevancia. Según el mismo, el 15% de españoles operan de modo habitual con empresas Fintech, fundamentalmente para efectuar pagos (el 85%) o usar agregadores (todos los bancos en una misma aplicación) para gestionar mejor sus finanzas (el 38%); hasta el 25% está familiarizado con neobancos o compra de divisas. Este usuario habitual tiene entre 26 y 45 años. Sin embargo, el grado de conocimiento de lo que ofrecen estas empresas es muy acusado en la franja de edad más joven, de 18 a 25 años, y llega a representar un 36%, lo que da cuenta de la juventud del fenómeno.

En el estudio también nos hemos interesado por saber qué ocurre con la muestra de la población total, qué grado de relación tenemos con estas nuevas tecnológicas, seamos consumidores financieros avanzados y conocedores de las Fintech o no. Pues bien, hasta un nada despreciable porcentaje del 4% declara haber comprado criptomonedas o haber hecho uso de los servicios de un neobanco. Sin embargo, son los servicios de pago y los que ofrecen los agregadores que permiten gestionar las finanzas los de uso mayoritario por la población en general, con independencia de si lo ofrece una Fintech o un banco tradicional. Solo el 2% de la población reconoce haber empleado un servicio de inversión por Internet.

Gran parte de los consumidores declaran haber perdido la confianza en su entidad tras la crisis financiera. Por ello, la confianza que inspiran las tecnológicas es un apartado del estudio que nos interesaba especialmente: los españoles confiamos más en la banca y aseguradoras tradicionales, así como en organismos públicos como la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), Seguridad Social y Tribunales españoles y europeos que en las grandes compañías tecnológicas conocidas como las GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) o Bigtech: aproximadamente el 60% frente a algo más del 30%.

Así mismo, el 78% de los consumidores declara que es consciente de que las GAFA conocen tanto sus datos personales como el uso que hace de sus finanzas, frente al 88% que afirma lo mismo de su banco, y el 83% en el caso de la AEAT. En todos los casos, les preocupa este conocimiento de su vida personal y financiera, pero lo asumen como pago inevitable para acceder a los productos o servicios que ofrecen.

Este mayor recelo, insisto absolutamente contradictorio, se aprecia claramente a la hora de preguntar si los españoles cederían aún más datos personales a las grandes compañías tecnológicas: solo el 15% responde de forma afirmativa destacando que el 83% lo haría solamente si ello supusiera un ahorro económico en los servicios que recibe y solo el 35% lo haría a cambio de una mejora en la calidad de atención del servicio.

En un mundo cada vez más globalizado, una educación financiera que permita a la sociedad civil mirar de tú a tú a sus Administraciones públicas, entidades bancarias y reguladores de mercado, es más necesaria que nunca. Así mismo, que la información ofrecida al consumidor le permita comprender las consecuencias económicas del contrato que está a punto de firmar —a golpe de clic desde cualquiera de sus dispositivos móviles— es hoy uno de los desafíos más importantes que afrontamos Fintech, reguladores, banca y asociaciones de consumo.

La gestión de nuestras finanzas, base sobre la que se edifican nuestros proyectos vitales y profesionales, seguirá como centro de nuestras preocupaciones sea a través de la banca tradicional, las Fintech o las Bigtech. Por eso, el compromiso de ASUFIN con la educación financiera y defensa de los derechos de los consumidores desde hace ya una década permanece intacto, aunque el paisaje siga cambiando.

Patricia Suárez es presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN).

[Este artículo ha sido publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Durante años, los actores más críticos con el modelo público de pensiones en España (a menudo vinculados al sector financiero) advertían de su supuesta falta de sostenibilidad pertrechados detrás de dos sistemas alternativos que enarbolaban como grandes símbolos de lo que había que hacer aquí: Chile y Países Bajos.

Los neoliberales más radicales miraban hacia Chile y hasta patrocinaron numerosas visitas a España del ministro de Economía del dictador Augusto Pinochet, que lideró, en 1981, la transformación desde un sistema de reparto, en el que los trabajadores de hoy pagan las pensiones de hoy, a uno de capitalización, en el que cada cual ahorra para su propia vejez cediendo su gestión a un fondo privado. 

Los críticos moderados, por su parte, se entusiasmaban sobre todo con Países Bajos y su modelo mixto, basado en tres pilares: el público, de reparto pero muy elemental; el privado casi obligatorio, canalizado en el marco de la negociación colectiva con aportaciones de empresarios y trabajadores a través de fondos que invierten en los mercados el dinero recaudado, y el privado puro, voluntario.

Los defensores del modelo chileno lo comparaban con un Mercedes Benz, el coche que todos iban a desear conducir, mientras que el sistema neerlandés suele encabezar cada año el ranking de “sistema más sólido del mundo” que elabora la compañía Mercer junto con la Universidad de Monash, en Melbourne (Australia), la referencia del sector.

Sin embargo, la realidad cotidiana de los pensionistas no parece corresponderse con estas descripciones idílicas. Es probable que el modelo de pensiones en España precise de algunos retoques para apuntalar su sostenibilidad, pero “el mejor sistema de pensiones del mundo” no puede afrontar los pagos comprometidos hasta el punto de que se encuentra en pleno debate sobre cómo y cuánto reducir las prestaciones y hasta de reinventarse. Y el Mercedes Benz de Chile resultó ser, en realidad, un tronado Seat 600.

La última edición de Pensions at glance, la exhaustiva radiografía sobre las pensiones en el mundo que cada año elabora la OCDE, refleja que, pese a sus dificultades, el modelo español ofrece aún resultados mejores para los pensionistas que los de los supuestos símbolos alternativos. En España, la tasa bruta de reemplazo (la cuantía de la pensión respecto al último sueldo percibido) es del 72,3%, por encima del que ofrece “el mejor sistema del mundo”, que se queda en el 70,9%, y a años luz del chileno, que se limita a un paupérrimo 31,2%. Cuando Pinochet impuso el modelo en Chile aseguró que la tasa de reemplazo rondaría el 80%.

En consecuencia, el porcentaje de trabajadores que se ven obligados a seguir trabajando tras cumplir los 65 años es menor en España. Aquí, solo el 6,1% de las personas de entre 65 y 69 años sigue trabajando; cifra que en Países Bajos asciende al 17%, mientras que en Chile se encarama hasta el 40% por pura necesidad: en este país, casi la mitad de los ingresos que tienen los jubilados proceden del trabajo.

El hipotético problema de sostenibilidad que provoca el envejecimiento de la población, acentuado por la jubilación de la generación del baby boom, afecta tanto a los modelos públicos como a los privados, pues en ambos casos se comparte el reto de tener que generar más ingresos para destinar al creciente segmento de jubilados. Pero los modelos privados tienen que afrontar, además, los abultados costes de gestión del sector financiero y la incertidumbre de los resultados. Y ahora, además, un descomunal reto imprevisto, que ha generado un agujero contable: los bajos tipos de interés han hecho añicos la previsión de rentabilidad de los fondos y, por tanto, de la cuantía de las pensiones futuras. Si no mejoran sensiblemente las rentabilidades, las pensiones deberán rebajarse todavía más.

Lo expresa con rotundidad la OCDE, tradicional patrocinadora de modelos privados. “Los bajos tipos de interés limitan la rentabilidad de los fondos de pensiones e incrementan sus necesidades, lo que potencialmente rebajará las pensiones futuras y amenaza la solvencia de los programas”, subraya en el último informe.

Los expertos consideran que un fondo privado está bien financiado cuando dispone de recursos para pagar al menos el 100% de sus compromisos de pago (liabilities), aunque para ir tranquilo debería superar este porcentaje. No obstante, a día de hoy incluso en Países Bajos el porcentaje está ya alrededor del 90%. Y en países como Islandia ha caído por debajo del 40%.

Ello es así a pesar de que el capital que mueven los fondos privados ha crecido espectacularmente en la última década. En Países Bajos, el volumen de fondos gestionados pasó de amasar el equivalente al 119% del PIB nacional en 2010 al 173% de 2018, mientras que en Chile subió en el mismo periodo del 62% al 70%. Supone un gran éxito, pues, para los gestores del capital, que se han embolsado sus comisiones, pero no para los jubilados: a pesar de contar con más fondos, incluso Países Bajos está en pleno debate para reducir las prestaciones procedentes del “segundo pilar” de su modelo porque los fondos gestores no pueden afrontar los pagos comprometidos, ahogados por los bajos tipos de interés. Las encuestas de este país muestran una gran desconfianza de la población: hasta dos tercios creen que no podrán mantener el nivel de vida tras la jubilación.

Los números del segundo mayor fondo de pensiones neerlandés, Stichting Pensioenfonds Zorg, ayudan a entender esta aparente paradoja: según ha explicado el Financial Times, en los primeros nueve meses de 2019 el fondo movió el dinero con acierto hasta el punto de que generó 39.000 millones de euros de ganancias. Sin embargo, la caída de los tipos de interés le ha causado un impacto contable negativo de 54.000 millones, con lo que el agujero en realidad aumentó sensiblemente: la compañía ya ha avisado de que los recortes en las pensiones que ofrece a sus partícipes serán inevitables.

Según los cálculos del rotativo británico, la caída de un punto en los intereses a largo plazo supone que aumenten el 20% los fondos que necesitan los gestores de las pensiones privadas para cumplir con sus compromisos de pago.

La situación es tan crítica que otro analista citado por el periódico de referencia de los mercados ha llegado a utilizar la gráfica imagen de “una casa en llamas” para los modelos de pensiones basados en la capitalización: “Hay fuego en la casa; ahora todavía solo en el primer piso. Pero pensamos que el fuego puede llegar al segundo piso y hasta al tercero.

En Chile, el fuego ya ha llegado a la calle. Y hasta “el modelo más sólido del mundo” parece que se desvanece en el aire. 

[Este artículo ha sido publicado en el número 77 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La crisis económica ha puesto al descubierto la profundidad de los trastornos causados por un capitalismo sin control dominado por las finanzas. La recuperación, en términos de crecimiento económico, iniciada en España en 2014, no ha logrado corregir los daños causados en la salud de los ciudadanos más vulnerables.

Las empresas y las instituciones han retomado el pulso, pero las condiciones de vida de los ciudadanos más machacados por la crisis han quedado seriamente estigmatizadas y son de difícil reparación. Corregir los daños causados por los excesos de la financiarización de la economía en la salud de los ciudadanos es la gran asignatura pendiente. Relevantes estudios especializados en el ámbito académico empiezan a abordar esta cuestión.

Los daños en la salud de los abusos del capitalismo son claramente perceptibles en numerosos ámbitos. Destacan el creciente deterioro de las condiciones laborales, los perjuicios generados por los fraudes bancarios y, de manera generalizada, los riesgos para el conjunto de la población por la destrucción del medio ambiente.

En el mundo del trabajo el empeoramiento de las condiciones laborales se ha puesto de manifiesto con la aparición de los trabajadores pobres. Este fenómeno se ha agravado por la desregulación impuesta por las dos últimas reformas laborales. En 2016, 2017 y 2018, la proporción de trabajadores pobres, los que el empleo no saca de la pobreza, se ha cronificado en el 13% del conjunto de ocupados, dos puntos más que en 2010, según Eurostat.

Un estudio coordinado por la doctora Àngels Cabasés, de la Universidad de Lleida, demuestra que los trabajadores pobres sufren peor salud mental: tienen entre dos y siete veces más posibilidades de sufrir depresión. Otra investigación del Gobierno de Baleares indica que las kellys (camareras de pisos de hostelería) padecen de manera más intensa lumbalgias y dolores en cervicales, manos y muñecas.

Muy preocupante es el aumento del presentismo (acudir al trabajo estando enfermo) desde la reforma laboral de 2012. “En España hay más personas que trabajan estando enfermas que personas de baja por enfermedad”, según un estudio de CC OO del pasado diciembre. El trabajo utiliza datos de Eurofound que indican que el 43,6% de los asalariados trabajaron enfermos en algún momento de 2015, seis puntos más que en 2010. La situación de los autónomos es especialmente injusta.

La gravedad de esta situación se ha visibilizado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha avalado un despido por baja laboral a pesar de estar justificada por enfermedad. El Gobierno se ha comprometido a cambiar una legislación que antepone la libertad de empresa a la salud de los empleados.

En el ámbito de los abusos bancarios se han elaborado relevantes estudios académicos. Es destacable el trabajo Consecuencias biopsicosociales en la población española afectada por un proceso de desahucio, realizado por las doctoras Nerea Jiménez- Picón, Alicia García-Reposo y Macarena Romero-Martín, del Centro Universitario de Enfermería Cruz Roja de Sevilla. La investigación galardonada con el I Premio de la Fundación Finsalud, que preside el doctor José Manuel Ribera, concluye que “el proceso de desahucio causa numerosas consecuencias sobre la salud física, con aumento y empeoramiento de enfermedades crónicas, sobre la salud mental, … y el impacto se agrava con el avance del proceso”. Las investigadoras consideran que sus hallazgos pueden emplearse para mitigar los efectos de la inestabilidad de la vivienda en la salud física, mental y social del individuo durante esta y otras recesiones económicas.

Otras investigaciones impulsadas por Finsalud ofrecen indicadores relevantes de los daños causados por las malas prácticas bancarias en la salud. El trabajo Fraude financiero, salud mental y calidad de vida: Un estudio sobre la población de la ciudad de Madrid, publicado por International Journal of Enviromental Research and Public Health y elaborado por las investigadoras Encarnación Sarriá, Patricia Recio, Ana Rico, Manuel Díaz-Olalla, Belén Sanz-Barbero, Alba Ayala y María Victoria Zunzunegui es un referente. El trabajo se apoyó en la Encuesta de Salud de Madrid de 2017. Las conclusiones sostienen que el 10,8% de las personas encuestadas sufrieron algún tipo de fraude financiero. La pérdida de ahorros estaba relacionada en el 17% con las participaciones preferentes. También señalaron que el 19% de los hipotecados fueron perjudicados por las cláusulas suelo, que les impidieron beneficiarse de las rebajas de tipos de interés. Otro trabajo apoyado por esta fundación asegura: “La gente que perdió sus ahorros en participaciones preferentes o en hipotecas multidivisa tenían peor salud física y mental y peor calidad de vida que la población general de las mismas características”.

En el medio ambiente es abrumador el número de investigaciones que ponen al descubierto que el cambio del clima “causa defunciones y enfermedades debidas a desastres naturales tales como olas de calor, inundaciones y sequías”, como ha señalado la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea advierte de que la contaminación del aire causa 400.000 muertes prematuras anuales en Europa. Algunas publicaciones científicas duplican esta cifra.

Las propias organizaciones empresariales como la Business Roundtable en Estados Unidos ya se han dado cuenta de que el capitalismo actual es insostenible. Está claro que el capitalismo sin reglas ya no es viable. Sobran las palabras. La tarea urgente es empezar a cambiarlo con obras.

[Este es el editorial del número 77 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Darío (nombre ficticio) fue inscrito en dos ficheros de morosos cuatro meses después de fallecer por una deuda que Bankinter nunca le reclamó en vida. De nada sirvió que la esposa del difunto comunicara al banco la noticia de la muerte a los pocos días de que se produjera, que se interesara por los productos que tenía contratados su marido y que se ofreciera a hacer frente a los pagos pendientes a través de fórmulas aplazadas. La entidad financiera, que confirmó la recepción del certificado de defunción y su envío interno al departamento correspondiente para la gestión de cobros, mantuvo durante cerca de un año los datos personales de Darío en esos registros de solvencia, a disposición de cualquier operador económico interesado.

La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, acaba de condenar a la entidad financiera por vulnerar el honor del fallecido. Bankinter deberá indemnizar a sus herederos con 10.000 euros por los daños morales causados, según recoge una reciente sentencia que aún se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Las Palmas y que impone el pago de las costas procesales al banco. 

La deuda reclamada por la entidad, cierta y reconocida, se había generado como consecuencia de la suscripción de dos contratos de tarjetas de crédito que, además, han sido anulados en la misma resolución judicial por usurarios, al fijar un tipo de interés remuneratorio (TAE) de hasta el 26,82% (en función de la operación), más del triple del normal que establecía el Banco de España en sus estadísticas para los créditos al consumo en el momento de la firma (finales de 2005 y principios de 2006). La sentencia estima en su integridad la demanda presentada por los afectados, representados por el abogado Andrés Roda, y obliga a la entidad a devolverles todas las cantidades que hubiera percibido al margen del capital prestado. 

La sentencia interpreta la inclusión del fallecido en el registro de morosos como una medida de presión a la familia para cobrar la deuda, una actuación “claramente ofensiva para la memoria del difunto”. Antes de dar este paso, y según consta en el relato de hechos probados, la entidad financiera había emprendido una agresiva estrategia consistente en una sucesión de llamadas telefónicas “a horas intempestivas”, desde las 07.00 de la mañana y “de muy malos modos”, en palabras de los afectados, para reclamar las cantidades pendientes de la tarjeta de crédito. 

En estas comunicaciones, los representantes del banco, que en ocasiones se presentaban como abogados, “trivializaban la memoria” de Darío al preguntar por él “a pesar de que sabían que había fallecido”. Con ello, no solo agudizaban el dolor de la familia, sino que además creaban “una sensación de zozobra y desasosiego” entre sus miembros, remarca la resolución. 

La contundente sentencia del juzgado majorero recuerda que la mujer del difunto no solo acudió a la oficina de Bankinter en Puerto del Rosario para tratar de resolver la situación, sino que también se desplazó hasta Santa Cruz de Tenerife e hizo gestiones telefónicas para saldar la deuda, llegando a ofrecer, antes de que su marido fuera incluido en los registros de solvencia, una solución de pago aplazado en seis cuotas que no fue aceptada por la entidad financiera. 

La resolución también incide en que el banco “hizo caso omiso” a las peticiones de información que los familiares cursaron para conocer tanto la cuantía de la deuda como las formas de pago. 

En su defensa, Bankinter alegó que el fallecido había sido dado de baja en los ficheros de morosos antes de que sus familiares presentaran la demanda. Para la jueza, este argumento no sirve para exculpar a la entidad, puesto que cuando adoptó esta decisión ya había transcurrido casi un año desde su inscripción, por lo que el daño moral “ya se había producido”. “La indemnización va encaminada a reparar el honor del ofendido, en este caso su memoria, y aliviar el dolor de sus familiares mediante la reparación de su reputación”, reza la sentencia. 

La ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, permite la protección del honor de las personas fallecidas. En su articulado, precisa que, aunque la muerte “extingue los derechos de la personalidad”, la memoria del difunto constituye “una prolongación” de aquella que también debe ser tutelada. El fallo alude a una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2009 que sienta como doctrina que la inclusión indebida de una persona en un fichero de morosos vulnera su derecho al honor, ya que “lesiona su dignidad, menoscaba su fama y atenta a su propia estimación”.  

Frente a la tesis defendida por la entidad financiera de que la Ley de Protección de Datos no se aplica a las personas fallecidas, la jueza sostiene que los herederos están legitimados para ejercer acciones en defensa de su honor y recalca que es “intrascendente” que el fichero haya sido consultado o no por terceras personas. “El derecho a cobrar las cantidades adeudadas no puede prevalecer en todo caso”, concluye la resolución. 

Bankinter ha declinado ofrecer su versión sobre estos hechos. 

Este 2020 se cumplirán 12 años de la peor crisis financiera que ha soportado este país, cuyas secuelas siguen muy presentes. Millones de ciudadanos siguen atrapados en largos y desesperantes pleitos con los bancos. Los juzgados que tramitan estos asuntos se encuentran desbordados. Las previsiones para las vistas se eternizan y en muchos casos tardarán varios años en resolverse.

La judicialización de los conflictos ha sido la estrategia de la banca para retrasar la devolución de las cantidades reclamadas. Las cifras de los litigios son escalofriantes. Desde 2017 los juzgados especiales que examinan los asuntos relacionados con cláusulas abusivas en las hipotecas han recibido 431.920 demandas. Los tribunales han dictado 143.662 sentencias, el 96,69% de las cuales ha sido a favor de los clientes. Los asuntos pendientes de resolución ascienden a 255.247, según datos del Consejo general del Poder Judicial.

A pesar de este abrumador resultado de sentencias favorables a los clientes los bancos continúan acudiendo a los juzgados a sabiendas de que carecen de razón. Tratan de ganar tiempo. Esta situación no tiene parangón en ningún otro país europeo.

El agobio por la abundancia y variedad de este tipo de litigios (ejecuciones hipotecarias, cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, intereses abusivos, cláusula IRPH, swaps o permutas financieras, entre otros) alcanza al Tribunal Supremo. También aquí la mayoría de las sentencias han sido favorables a los clientes, en buena medida porque el alto tribunal español se ha visto obligado repetidamente a corregir su doctrina y aplicar la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Algunos productos fueron especialmente ruinosos para las pequeñas y medianas empresas. En 2016 y 2017, la mitad de los asuntos resueltos por la sala civil del Supremo correspondían a swaps, resueltos mayoritariamente a favor de los clientes.

Para cientos de miles de ciudadanos, los atascos judiciales constituyen un segundo suplicio tras no haber logrado el reconocimiento de sus derechos en el sistema de reclamaciones por cláusulas abusivas organizado por el Gobierno en 2017. A través de este mecanismo los bancos han recibido la impresionante cifra de 1.294.444 reclamaciones hasta el pasado septiembre. Un total de 418.617 fueron inadmitidas y 235.256 desestimadas. Buena parte de los afectados que no lograron satisfacción en sus reclamaciones acudieron después a los juzgados. Hasta el momento los bancos han estimado con acuerdo del cliente 498.917 reclamaciones, que han supuesto la devolución de 2.254 millones de euros. La reparación de unos daños causados por unas malas prácticas supone en el mejor de los casos varios años de espera.

Las noticias sobre la elevada litigiosidad por las malas prácticas bancarias han producido malestar entre los ciudadanos. Estas informaciones han coincidido con las periódicas publicaciones sobre las ayudas públicas para salvar a cajas y bancos, la mayor parte de las cuales ya se dan por perdidas. Los últimos datos, de diciembre, indican que el FROB ha concedido 58.871 millones de euros en ayudas a las entidades financieras, de los que solo ha recuperado 5.917 millones; es decir, el 10%.

Las pérdidas del dinero público concedido a cajas y bancos superan con creces los recortes en sanidad, educación y protección social, que significaron en su conjunto el 0,9 % del PIB (unos 9.300 euros anuales) entre 2011 y 2014, según Fedea. En realidad, el coste real del saneamiento bancario ha sido mucho mayor por la menor recaudación tributaria. Entre 2011 y 2013, el sector financiero pudo recuperar por la vía de impuestos (activos fiscales diferidos) 20.842 millones. En los años posteriores los beneficios han sido mucho más moderados y, por supuesto, los impuestos pagados.

El comportamiento de las entidades financieras de Irlanda y España fue muy temerario en los primeros años de este siglo. Entre 2001 y 2011 el crédito bancario registró un crecimiento desaforado, superior al 250% en ambos países. Al mismo tiempo, el número de oficinas y empleados creció mucho. Ello permitió alcanzar un récord de beneficios en 2007 (25.112 millones de euros). A consecuencia de la crisis el sector ha registrado una drástica reducción de casi 90.000 empleos, que representan la cuarta parte de todo el ajuste de la zona euro.

La realidad es que la banca española registra serias debilidades. Una de las más significativas es que tiene el nivel de capital más bajo de la zona euro. Por otra parte, la rentabilidad media es del 8%, inferior al 10%, que es el coste de capital.

La elevada litigiosidad del conjunto de la banca, los juicios a los directivos del Banco Popular y Banco de Valencia y las ayudas recibidas después de la crisis por el sector bancario ponen al descubierto que no se puede circunscribir la crisis a un problema de las antiguas cajas de ahorros.

Todas estas informaciones han producido una importante pérdida de reputación del sector, lo que supone un obstáculo para el desarrollo normal de sus actividades. Algunos de sus ejecutivos, como Ana Patricia Botín, han empezado a reconocer que han perdido la confianza de la opinión pública.

Las entidades financieras son una pieza fundamental de la economía. Sus directivos deben cambiar sus conductas en aspectos esenciales. No pueden llevar a sus clientes masivamente a los tribunales cuando saben de antemano que en el 96% de los casos los jueces darán la razón a los demandantes. Los directivos saben también que con un desempeño tan precario tampoco pueden mantener sus niveles salariales multimillonarios, que en algunos casos son 200 veces superiores a los salarios medios de sus empleados. Los directivos bancarios tienen que reaccionar con rapidez. El primer banco que decida actuar de manera transparente tiene muchas posibilidades de recuperar la confianza de los ciudadanos.

[Este es el editorial del número 76 de la revista Alternativas Económicas, a la venta en quioscos y librerías. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El listado de cláusulas anuladas de los contratos de préstamos hipotecarios por su carácter abusivo no cesa de crecer. Una jueza de Lanzarote acaba de dictar una sentencia que, entre otras, tumba la que impuso a una pareja de consumidores la suscripción de un seguro de vida vinculado al crédito. La prima superaba los 25.000 euros o, lo que es lo mismo, el 10% del capital prestado por el Banco Popular (ahora integrado en el Grupo Santander) a los clientes en noviembre de 2017 para la compra de una vivienda en el municipio de Yaiza. La entidad financiera ha sido condenada a devolver esa cifra en una resolución judicial que aún no es firme. 

La contratación de este seguro era obligatoria para la concesión del préstamo. Esta práctica, habitual en la época de crisis económica, ya ha sido prohibida en la nueva ley hipotecaria que entró en vigor el pasado 17 de junio. Su funcionamiento era simple. El Popular exigía al consumidor que transfiriera, el mismo día de la firma y desde la cuenta donde se había abonado el importe del préstamo, una cantidad concreta, 25.278,18 euros en este caso, a favor de Eurovida S.A., la aseguradora del grupo de empresas del banco. A través de esta operación, la entidad no solo obtenía una garantía adicional para ejecutar la hipoteca, sino que, además, le sacaba más rendimiento, ya que esa cifra suponía, en la práctica, una ampliación del crédito por la que, además, cobraba intereses durante los 35 años de vida del préstamo. De cara al cliente, se vendía como un seguro de protección. En caso de fallecimiento del titular del contrato, los familiares no tendrían que hacer frente a las deudas contraídas. 

Uno de los titulares de ese contrato ha explicado a este periódico que el banco aprovechó que el valor de tasación de la vivienda era muy superior al precio de venta para “inflar los gastos” a través de la imposición de varias condiciones, entre ellas la suscripción de ese seguro de vida vinculado. “Nos dijeron verbalmente que, al año de haberlo firmado, podíamos cancelar la póliza, recuperar ese dinero y reinvertirlo en la hipoteca para amortizar la deuda”, asegura el hipotecado. Según su versión, esta promesa fue el empujón que les llevó a contratar. La prima se podía cancelar en sus seis primeros meses de vida, pero la entidad no les facilitó la póliza -a pesar de haberla solicitado a los pocos días de la firma- “hasta que transcurrió ese plazo”, apunta.

En ese momento, ya no había marcha atrás. Los consumidores se veían abocados a pagar intereses por ese seguro durante el periodo de vigencia del préstamo, 35 años. “Nos sentimos engañados, le dijimos a los empleados del banco que no habían actuado con ética”, manifiesta el cliente, que ha logrado esta sentencia favorable con el segundo abogado que ha contratado por esta causa, Andrés Roda.  

Un seguro con intereses

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia 1 de Arrecife sostiene que la obligación de contratar un seguro de amortización no es abusiva “en sí misma”, pero sí lo es cuando genera un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en contra de la buena fe. Una condición que, a su juicio, concurre en este préstamo por tres motivos. En primer lugar, porque el banco ocultó la vinculación del seguro a la hipoteca pese a la carga económica que implicaba. En el procedimiento, la entidad no ha podido acreditar que facilitara información previa al demandante, ni que negociara la cláusula de manera individual. Tampoco se sabe si el préstamo concedido superaba el 80% del valor de tasación, uno de los requisitos para poder aplicar esa fórmula. La medida, en definitiva, quedó “fuera del ámbito de decisión” del cliente.  

No es la única imposición. El prestamista obligaba al consumidor a contratar la prima del seguro de amortización de crédito por fallecimiento, no daba otra opción, pero además designaba a la tomadora y beneficiaria, su propia aseguradora. Los fondos se quedaban en el mismo grupo. 

Esa orden de transferencia a la compañía aseguradora ocultaba, según la argumentación contenida en la resolución judicial, “un gasto financiero evidente”. Y es que, a pesar de que esa prima se detraía del capital prestado, el consumidor tenía que pagar intereses por el importe total, incluida la póliza del seguro, lo que comportaba un “considerable incremento” de la carga económica de la operación. Una carga que, por otra parte, el demandante desconocía. 

A modo de conclusión, la sentencia remarca que la cláusula adolece de falta de transparencia, puesto que a los consumidores no se les informó del alcance económico del seguro; origina un desequilibrio “contrario a las exigencias de buena fe en perjuicio de los prestatarios”, y supone un aumento de las condiciones económicas del préstamo “harto difícil de advertir para una persona lega en la materia”. Incide, además, en que el seguro opera a favor del titular o de sus herederos, pero, “fundamentalmente”, como garantía para el prestamista. 

La sentencia no condena al Banco Santander a devolver en su integridad esos 25.000 euros del seguro de vida, ya que a esa cifra habrá de descontarle la parte principal de la prima “consumida” durante los años de vigencia del contrato, aunque se le sumarán los intereses. La nulidad afecta a ese pago, pero no al contrato del seguro ni a la empresa tomadora. 

La resolución judicial también anula, por abusivas, la cláusula suelo, fijada en el 4%, obligando a la entidad financiera a eliminar del contrato el tipo de interés mínimo y a devolver las cantidades indebidamente cobradas por este motivo a lo largo de los últimos doce años, además de recalcular el cuadro de amortización.  Además, tumba las comisiones por reclamación de posiciones deudoras, los intereses de demora (superiores en cuatro puntos al ordinario) y la imposición por parte del banco de determinados gastos de formalización de la hipoteca. 

El fallo, contra el que se puede presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, impone el pago de las costas procesales al Banco Santander, que se ha limitado a señalar, a preguntas de este periódico, que sus servicios jurídicos están valorando aún la sentencia. 

La nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI) entró en vigor el pasado 16 de junio con la finalidad de potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y la comprensión de los contratos, así como el justo equilibrio entre las partes. Sin embargo, cabe preguntarse si estamos ante una ley que realmente protege al consumidor o solo intenta frenar la elevada litigiosidad.

La LCCI diseña un sistema que denomina de “transparencia material” una doctrina desarrollada por el Tribunal Supremo, en particular por el Magistrado Javier Orduña, y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así, la transparencia material es aquella por la cual el prestatario conoce y comprende los compromisos que adquiere, en especial, sus consecuencias económicas. Sin embargo, la nueva norma establece más bien un modelo de “transparencia documental”, que preconstituya prueba en favor de la banca y que, en suma, sirva de escudo frente a futuras reclamaciones que aleguen falta de información.

Con la nueva ley, el prestamista tiene la obligación de entregar la documentación, con ejemplos de aplicación práctica y resolver consultas con una antelación mínima de 10 días. El prestatario, por su parte, firmará un documento en el que declare que ha recibido la información y le ha sido explicado su contenido (art. 14). Como garantía del proceso, deberá acudir con antelación a un notario, supuestamente de su elección, al que se le ha dado un papel de asesor que está siendo muy cuestionado. En primer lugar, porque los notarios asistieron a la firma de hipotecas como meros testigos silenciosos y no advirtieron de cláusulas abusivas como el suelo o la multidivisa. En segundo, porque algunos notarios han acudido a los tribunales para recuperar el dinero que perdieron por la contratación de productos financieros complejos. Por último, porque son muchos los que reconocen, a puerta cerrada, que asistieron a la firma de hipotecas multidivisas sin saber cómo funcionaban. Así, los notarios, cuya formación jurídica nadie cuestiona, darán fe de que han asesorado al prestatario, tanto en los aspectos jurídicos como financieros.

Es por ello por lo que muchos notarios han manifestado que se limitarán a ser meros auditores documentales: comprobarán que se ha entregado la documentación y responderán al prestatario en caso de que tenga dudas. Sin embargo, en atención a sus consecuencias, esta no es la voluntad de la ley. El art. 25 les obliga a reflejar en un acta que el cliente ha recibido toda la documentación, la comprende y acepta su contenido “a efectos de cumplir con la transparencia en su vertiente material”. El contenido del acta se “presumirá veraz e íntegro” y “hará prueba del asesoramiento prestado por el notario”, o lo que es lo mismo, será un escudo documental para la banca, más preocupada por evitar litigios que por modificar su conducta. Por si fuera poco, en una ley que menciona hasta 35 veces la palabra “transparencia”, ni el prestatario ni el registrador pueden acceder al contenido completo de dicha acta, sino solo a una reseña de la misma. 

Es cierto que la LCCI ha querido zanjar polémicas que aún colean en nuestros tribunales, prohibiendo la comercialización de la cláusula suelo y estableciendo el reparto de los gastos de formalización de la hipoteca. Estas medidas han sido tachadas de populismo legislativo por los mismos que hablaban de populismo judicial, olvidando que en muchas otras ocasiones las normas recogen abusos regulados.

Así ocurre con el art. 3.5 del desarrollo reglamentario RD 309/2019, en el que se afirma sin estupor que no se entenderá que hay asesoramiento cuando el banco ofrezca productos propios. Se contradice así la doctrina del Tribunal Supremo, al tiempo que se cumple con el sueño de todo abogado de banca que lleva años defendiendo esta tesis en los juicios de productos financieros complejos para eludir toda obligación de información.

También se puede hablar de abuso regulado en el caso de las hipotecas multidivisa. Prohibida ya en países como Islandia, Hungría y Polonia, es un producto que nunca ha sido bueno para las familias que lo contrataron y, aun así, la LCCI no lo ha retirado del mercado. El mayor problema que han tenido los afectados es que no fueron informados de que el riesgo de tipo de cambio no solo impactaría en la cuota mensual, sino en el importe total del préstamo.

Error no corregido

La ley no corrige el error y vuelve a establecer obligaciones de información previa a la contratación centradas solo en la cuota. Así, en la información que se incluye en la ficha europea de información normalizada (FEIN) y en la ficha de advertencias estandarizadas (FiAE), se debe indicar que la cuota puede verse incrementada por el contravalor en la otra divisa o que ha de incluirse un ejemplo de una cuota que aumente en un 20%, pero en ninguna parte se menciona el posible incremento del capital prestado. Por si fuera poco, en el ejemplo representativo del préstamo que según el art. 6.2 debe ofrecerse al cliente al contratar cualquier préstamo, quedan expresamente excluidas las advertencias al tipo de cambio que podrían afectar al importe adeudado.

Solo con la hipoteca ya constituida (art. 20) se estipulan obligaciones de información periódica sobre el aumento de capital, el derecho de conversión a una moneda alternativa y las posibilidades de limitar dicho incremento si supera el 20%. El legislador ha trasladado al BOE los argumentos de las entidades financieras sin percibir que, una vez firmada la hipoteca, el daño ya se ha producido.

Efectivamente, un cliente que hubiera contratado una hipoteca en enero de 2008 por importe de 200.000 euros indexados a yenes, debería en noviembre del mismo año 265.165 euros. El cliente podría haberse cambiado a euros en ese momento, pero estaría consolidando la deuda el 33% más de lo que realmente pidió. No habría corrido mejor suerte si hubiera optado por francos suizos: en agosto de 2011 debería el 37% más y en enero de 2015, cuando el Banco Nacional Suizo liberó el cambio con el euro, en 24 horas su deuda habría incrementado un 23%. Con la nueva ley, no se habría evitado ninguno de los dos supuestos. 

Por todo ello, podemos concluir que la ley no satisface las exigencias de la transparencia material en las hipotecas en divisa, y dada la peligrosidad de este producto y aún a riesgo de que me tachen de populista, habría sido mejor su prohibición para clientes minoristas. Evitaríamos así cualquier tentación futura por parte de las entidades financieras de volver a ponerla en circulación y tener que apelar constantemente a su responsabilidad para el buen funcionamiento del sistema. 

[Este artículo ha sido publicado en el número 71 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

A pesar de las barreras establecidas por los poderes económicos y las autoridades, cada día conocemos mejor las causas y consecuencias de la crisis financiera. En esta tarea de esclarecimiento de hechos que causaron enormes daños económicos y sociales se encuadra El libro negro (Editorial Espasa), último libro del periodista Ernesto Ekaizer.

Como significativamente apunta el subtítulo, Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos, la investigación se centra en las responsabilidades de la cúpula del organismo supervisor en el desarrollo de la crisis por su rechazo a las advertencias y actuación de sus inspectores. Una crisis en la que, sin duda, tuvieron una responsabilidad primordial los directivos de las entidades financieras y determinados responsables de los Gobiernos central y autonómicos. Los responsables del Banco de España durante este periodo fueron Jaime Caruana, antes de la crisis, y posteriormente Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El trabajo, extraordinariamente documentado y contrastado con numerosas fuentes identificadas, describe con detalle el cúmulo de malas prácticas toleradas y bendecidas por el supervisor. Señala los casos de los maquillajes de la contabilidad para simular beneficios inexistentes o cargar las pérdidas al balance y no a la cuenta de resultados, en contra de lo que establecía la regulación y exigían los inspectores. En este sentido, el libro es de gran utilidad para comprender la evolución de los juicios que se están desarrollando actualmente, especialmente el de la salida a Bolsa de Bankia, en el que Rodrigo Rato figura como principal acusado.

Ekaizer destaca el trabajo de la Asociación de Inspectores del Banco de España, que advirtió al vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, en mayo de 2006, del nivel de riesgo acumulado por el sector financiero por la anómala evolución del mercado inmobiliario. Posteriormente, en la búsqueda judicial de responsabilidades, la labor de los inspectores del Banco de España también ha sido fundamental.

Así, el autor destaca las advertencias del inspector Juan Antonio Casaus y el extraordinario trabajo de los también inspectores Víctor Sánchez y Antonio Busquets, en su calidad de peritos judiciales a las órdenes del juez Fernando Andreu, que desentrañaron las maniobras de los gestores. Relata también los lamentables intentos del Banco de España de desacreditar su trabajo. La comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso de los inspectores Pedro Sánchez y José Antonio Delgado confirma las trabas de los responsables del supervisor a la actuación de la inspección.

[Este artículo ha sido publicado en el número 66 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]