Más de 400 investigadores en inteligencia artificial y ciberseguridad de una treintena de países han publicado este martes una carta abierta en la que reclaman “cambios inmediatos en las prácticas de desarrollo y despliegue de IA” para evitar que ponga en peligro la seguridad mundial. La misiva hace especial hincapié en que las multinacionales y laboratorios que desarrollan los modelos de frontera, especialmente aquellos denominados “agentes”, están cometiendo una “negligencia irresponsable” con sus “prácticas estándar de ciberseguridad”.

La carta, firmada por especialistas de universidades y centros de investigación de todo el mundo y que sigue sumando ratificaciones, plantea tres exigencias a los gobiernos y las empresas tecnológicas. Entre ellas, destaca la petición de desconectar de Internet a los modelos de IA con capacidad de lanzar ciberataques, así como aislarlos en “sistemas de contención de alta seguridad”.

Esta exigencia llega después de la salida a la luz de que empleados de OpenAI avisaron a la dirección de la empresa de que sus agentes estaban teniendo comportamientos peligrosos, pese a lo que la dirección de la empresa decidió no frenar los experimentos para no retrasar sus planes comerciales. Alertas que llegaron semanas antes del ciberataque masivo contra Hugging Face —una plataforma de desarrollo de IA que 1.200 agentes de OpenAI hackearon, intentando cumplir las tareas que les había encomendado la compañía— o contra webs oficiales del gobierno australiano.

Anthropic, Google y Meta también han revelado incidentes similares. “Varias organizaciones han revelado fallos de seguridad de gran repercusión: sus modelos de IA eludieron entornos insuficientemente aislados para comprometer los sistemas de organizaciones externas”, recuerda la carta. “Sin cambios inmediatos en las prácticas de desarrollo e implementación de la IA, estos incidentes seguirán ocurriendo, y los futuros serán mucho más perjudiciales para nuestra infraestructura crítica expuesta”.

Por ello, los firmantes, entre los que se encuentra la investigadora española Carmela Troncoso (directora científica del Instituto Max Planck para la Seguridad y la Privacidad, con sede en Alemania), solicitan la creación de un organismo internacional encargado de fijar los protocolos de seguridad necesarios para investigar IA avanzada.

Esa entidad también debería ser “tener la obligación de registrar y hacer un seguimiento de los fallos de contención”, opinan los científicos. “Para aprender de los errores futuros —en los que no se logra el equilibrio adecuado y ocurren incidentes— necesitamos un mayor intercambio de información y transparencia sobre las fallas de contención en el futuro”, justifican.

Opacidad

Una capacidad que se relaciona directamente con su tercera petición: “Para garantizar que la investigación sobre seguridad y contención de la IA pueda aprender de los errores, los incidentes de seguridad relacionados con fallos de contención deben notificarse al organismo correspondiente y, posteriormente, hacerse públicos”. La carta destaca que la “transparencia es necesaria tanto para el aprendizaje como para la rendición de cuentas”.

La crítica contra la opacidad en la que operan las multinacionales y laboratorios en el desarrollo de IA de frontera está cada vez más presente en la comunidad científica internacional. El panel de 40 expertos independientes creado por la ONU ya situó la “asimetría de información entre las empresas y la sociedad” como uno de los grandes problemas estructurales de esta tecnología. En su informe, los especialistas avisaron de que esta falta de transparencia evita que los gobiernos y los ciudadanos puedan evaluar correctamente sus riesgos.

A principios de 2024, un comentario de una escritora polaca de fantasía se hizo viral en todo el mundo. Conectó con algo que mucha gente sentía que iba mal en la revolución de la inteligencia artificial, que empezaba a mostrar su potencial para generar imágenes y vídeos. “Vamos en la dirección equivocada”, reflexionaba Joanna Maciejewska: “Quiero que la IA haga la colada y friegue los platos para que yo pueda dedicarme al arte y a escribir, no que haga mi arte y escriba por mí para que yo pueda dedicarme a la colada y a fregar los platos”.

Dos años y medio después, la industria de la IA quiere ofrecer algo muy parecido a eso con los agentes de inteligencia artificial.

Se trata de sistemas entrenados para ejecutar tareas complejas a partir de órdenes sencillas, sin que el usuario tenga que supervisar cada paso que dan. Siguen sin ser capaces de hacer la colada, pero sí pueden, por ejemplo, localizar la factura de la lavadora en una carpeta del ordenador, consultar los plazos de la garantía, encontrar el formulario de reclamación, solicitar la visita de un técnico y encajarla en un hueco de la agenda del usuario. Todo ello con una sola orden: “La lavadora no funciona”.

Las empresas llevan años probando agentes, pero es ahora, en el tramo final de 2026, cuando una nueva generación aspira a llevarlos al público general. Su propuesta es automatizar tareas digitales que a muchos les resultan tediosas: buscar la mejor oferta entre decenas de webs, vigilar el precio de un vuelo o cancelar una suscripción. Todo sin desesperarse ante las trampas y patrones oscuros que inundan muchos servicios digitales. La máquina tiene toda la paciencia del mundo y recursos para informarse sobre cómo proceder.

Es lo que Salvador Serrano, jefe de Operaciones en Modulor Studios, un grupo empresarial español que crea y desarrolla negocios digitales, define como “romper la asimetría de la información”. “Cuando te relacionas con empresas u organizaciones, siempre hay relaciones asimétricas. Normalmente, hay una parte que conoce más la legislación, el marco, tiene equipos de marketing o más experiencia”, explica. “A ti como individuo esa asimetría te juega en contra porque nadie puede ser un experto en todo”.

Cuando te relacionas con empresas u organizaciones, siempre hay relaciones asimétricas. Los agentes tienen un gran valor porque te permiten defender tus intereses con más criterio

Salvador Serrano — jefe de Operaciones en Modulor Studios,

Sin embargo, la IA sí puede. Por eso el experto cree que “los agentes tienen un gran valor, puesto que te permiten defender tus intereses con más criterio”. Para hacerlo, los agentes pueden ejecutar todo tipo de herramientas, saltar entre bandejas de correo y sistemas de mensajería, ponerse en contacto con otros en nombre del usuario. “La clave es la ausencia de fricciones”, resume Serrano.

De promesa a producto

“Reducir las asimetrías de información” y “eliminar fricciones” son dos de los conceptos más importantes para adelantar si una tecnología puede tener éxito entre el público general. Internet facilitó encontrar información que antes estaba dispersa o era difícil de conseguir. Los teléfonos inteligentes redujeron los pasos necesarios para aprovechar esa información desde cualquier lugar. Los agentes aspiran a ir un paso más allá: automatizar la extracción de valor de esa información.

Este otoño está siendo un punto de inflexión para ellos. Buena parte de la culpa la tiene Instinct, una startup fundada en 2025. Actualmente, solo tiene 14 empleados, no tiene equipo de marketing ni actividad en redes sociales. Sin embargo, su agente de IA ha conseguido viralizarse por su extrema sencillez. Su interfaz de comunicación es WhatsApp, lo que permite al usuario escribirle cualquier orden o mandarle un audio como haría con cualquiera de sus contactos.

Las redes sociales se han llenado en las últimas semanas de ejemplos como estos. Algunos son automatizaciones sencillas, como “dejarle acceso al súper online y que me haga la cesta con lo que compro normalmente”, escribía un usuario: “Revisar cesta y comprar”. Otro dejó constancia de cómo el asistente ejecutó decenas de pasos para llevar a cabo su misión, incluyendo ponerse en contacto y negociar con múltiples empresas a la búsqueda de la mejor opción para transportar un paquete desde Berlín.

“Usa su propio correo y me pone en copia”, explicaba el usuario sobre el agente. “Habla de mí como si fuera mi asistente”. Todo de forma automática y solo solicitando aprobación antes de dar pasos clave, como la autorización de un pago (aunque también se le puede conceder autorización para que pague sin preguntar).

Instinct es el invitado sorpresa, pero los gigantes del sector también han reservado hueco en esta mesa. A la cabecera se sienta Mark Zuckerberg. Los agentes destinados al usuario medio han sido una de sus obsesiones en los últimos años: los denomina “superinteligencia personal” y son su gran apuesta para Meta en la carrera de la IA.

Todo el mundo tendrá un agente personal excepcionalmente capaz que te entenderá a ti, tus objetivos y todo lo que te importa. Tu agente trabajará para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Mark Zuckerberg — CEO de Meta

“Todo el mundo tendrá un agente personal excepcionalmente capaz que te entenderá a ti, tus objetivos y todo lo que te importa. Tu agente trabajará para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, aseguró en un extenso ensayo publicado en agosto: “Te liberará tiempo para las cosas que disfrutas y te ayudará a conseguir más de lo que podrías conseguir de otro modo”. Un mes después Zuckerberg presentó un agente llamado Muse (musa). Su impacto ha sido inmediato: Meta ha subido un 10% en bolsa desde su lanzamiento.

Muse no está disponible en Europa. “Tras dos semanas de uso, descubrí que Muse era la aplicación de IA más útil que jamás había utilizado”, asegura el periodista de The New York Times, Eli Tan. En su crónica describe cómo el agente pagó multas de aparcamiento solo con enseñarle la foto del ticket o encontró en su correo el aviso de una prueba gratuita a punto de expirar, ahorrándole 45 dólares.

El precio de un asistente siempre disponible

De momento, Instinct, que aún está en período de pruebas, es gratuito. Meta tampoco tiene intención de cobrar por el uso de Muse. El funcionamiento de los agentes personales de IA encaja a la perfección con su modelo de negocio: para aprovechar todo su potencial, estas herramientas necesitan acceso total a los datos del usuario, como el correo electrónico, la mensajería, el calendario, los archivos guardados en dispositivos personales, las cuentas bancarias. No es imprescindible para usarlos, pero cuanto más sepan y mayor sea su integración con el resto de herramientas, mayor cantidad de tareas podrán resolver con precisión.

Esta condición ayuda a entender la apuesta de Zuckerberg. Abrirle la puerta a Muse supone dejar entrar a su multinacional publicitaria en lo más hondo de la información personal del usuario. Meta ha construido su imperio sobre los anuncios personalizados y acumula años de sanciones y polémicas de privacidad. Ahora, la compañía promete que ni las conversaciones ni los datos almacenados por Muse se añadirán a su base de datos publicitaria, pero reconoce que la actividad del agente puede “influir indirectamente” en los anuncios que recibe el usuario.

“Obtienen muchísima información de un montón de servicios. Eso se puede utilizar para perfilarnos y hacerse una imagen completa de la vida y los gustos de una persona”, advierte sobre los agentes Elena Gil, abogada experta en nuevas tecnologías.

La gestión de esos datos se basa en un sistema de consentimientos informados, en los que el usuario acepta (o no) determinados usos de su información. Un método que se está viendo superado por el avance de unas tecnologías cada vez más poderosas. “Se pone el peso en que demos consentimiento, pero el hecho es que una persona normal no tiene el tiempo necesario para leer toda esa información, e incluso aunque se nos dé de forma transparente, muchas veces no la comprendemos”, lamenta Gil.

Pero el cambio no está solo en el acceso. “Con los asistentes personales se está produciendo un salto importante”, destaca a elDiario.es Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). “Una cosa es pedir a la IA una respuesta y otra darle poderes para actuar. Podemos pedirle que organice una cena, haga una compra o gestione nuestros mensajes, sin saber exactamente qué pasos seguirá, a quién contactará o qué información compartirá. Una orden sencilla que puede desencadenar muchas actuaciones”.

Con los asistentes personales se está produciendo un salto importante. Una cosa es pedir a la IA una respuesta y otra darle poderes para actuar

Lorenzo Cotino — presidente de la Agencia Española de Protección de Datos

¿Y qué ocurre cuando los agentes tratan datos de otras personas? “Nuestra autorización no es un cheque en blanco para utilizar la información de los demás”, recuerda Cotino, que expone que esto se cumplirá en casi todos los casos en los que el agente acceda al email o al WhatsApp del usuario. Un extremo aún más sensible si la herramienta se conecta también plataformas laborales que manejen datos de la empresa, de clientes o de compañeros de trabajo.

Pese al campo de minas jurídico, el presidente de la AEPD recuerda que el organismo “apoya” el uso de la IA y ha publicado una guía específica para usar agentes “con confianza y responsabilidad”. Conceder solo los accesos necesarios, revisar las actuaciones de mayor trascendencia y saber cómo detener el agente y revocar sus permisos son algunos de sus contenidos.

Agentes alucinados

El potencial de los agentes de IA es enorme. En este otoño de 2026, también lo son los problemas que puede conllevar su uso.

Lo explica Rafael López, experto en ciberseguridad de la firma Check Point: “Los agentes pueden ahorrarnos muchísimo tiempo. En un viaje, por ejemplo, pueden comprar vuelos, gestionar las reservas de los hoteles. El problema es que también pueden reservaros un hotel a 4.000 euros la noche porque no le hemos dado la información suficiente”. “O, simplemente, porque la IA se sigue equivocando”, recuerda.

La raíz de esos errores está en su base tecnológica. Los agentes operan sobre modelos de lenguaje como los que utilizan los chatbots, como ChatGPT, Claude o Gemini. Y, como ellos, pueden alucinar, inventar datos o equivocarse en cualquier momento.

La diferencia es, de nuevo, que la misión de estas herramientas no es contestar preguntas, sino operar en nombre del usuario. En cuestión de semanas, Instinct y Muse han acumulado lo que la prensa estadounidense llama ya las “historias de horror” de los agentes: filtraciones de datos, creación y envío de documentos falsos, borrado de bases de datos enteras de la empresa por error, cancelaciones de vuelos transoceánicos cuando su usuario solo les había pedido que comprobara un detalle de la reserva.

“Aquí no hay un usuario que se equivoque. Hay una máquina que está operando 24/7 y puede estar cometiendo errores 24/7”, expone López.

Al riesgo del error se suma el del ataque. “¿Qué van a hacer los cibercriminales ahora mismo? Pues directamente atacar al agente”, constata. El experto en ciberseguridad explica que estas ofensivas pueden llevarse a cabo ocultando instrucciones maliciosas para los agentes en correos o páginas web. Cuando estos las leen, pueden llegar a saltarse sus medidas de seguridad y a actuar contra su propio usuario.

Para las empresas e instituciones, la navegación de los agentes también puede constituir un gran problema. Las pruebas de OpenAI, Anthropic, Google o Meta han revelado que pueden llegar a ciberatacar webs y organismos públicos incluso en tareas “rutinarias”, como búsquedas de información. Este viernes, Anthropic ha hecho público que uno de sus agentes llegó a contactar con la Policía para dar pistas falsas de un homicidio.

Futuros automáticos

Para evitar el caos, grandes servicios digitales están comenzando a impedir el paso de los agentes. Así lo han hecho aerolíneas como Ryanair, Delta Air Lines o American Airlines, alegando que sus consultas masivas de precios saturan sus sistemas. Amazon también ha bloqueado que Muse haga compras en su plataforma.

Estos vetos pueden ser un rechazo a una tecnología poco depurada o un eco de cuando las grandes compañías del mundo analógico se resistían a la digitalización. Si los agentes se generalizan, tendrán que adaptarse no solo los usuarios, sino toda la infraestructura digital. Salvador Serrano, de Modulor Studios, plantea dos futuros posibles. Uno “bonito”, en el que los agentes personalizan al máximo la experiencia digital de cada persona y el mercado diversifica su oferta para cubrir esa demanda. Y otro “menos bonito”, en el que las compañías que los controlan acaparan “un poder tremendo” y los agentes se convierten en un canal más de su negocio.

ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity e incluso la europea Mistral. Todas estas inteligencias artificiales filtran datos del contenido de las conversaciones que los usuarios mantienen con ellas a redes publicitarias y plataformas de analítica de terceros, según han podido demostrar investigadores del Instituto IMDEA Networks y la Universidad Carlos III de Madrid. Otros tres sistemas analizados, como DeepSeek, Microsoft Copilot o Meta AI, envían información sobre el dispositivo y los metadatos de los chats a esas empresas de compraventa de datos personales.

La investigación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido puesta en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, que ha elevado el caso al Comité Europeo de Protección de Datos para estudiar si estas transferencias vulneran la normativa comunitaria. Este último organismo mantiene abierta una investigación desde hace más de tres años sobre el tratamiento de datos de ChatGPT, cuya resolución podría tener un profundo impacto en el uso de chatbots de IA en el continente.

El estudio finalizado ahora por los investigadores españoles ha sido aceptado en PETS (Privacy Enhancing Technologies Symposium), una de las principales conferencias académicas internacionales sobre privacidad y tecnologías de protección de datos. Su principal conclusión es que los chatbots de inteligencia artificial utilizan métodos de extracción de datos personales muy similares a los que se utilizan en las páginas web y servicios digitales tradicionales para hacer publicidad ultradirigida.

“Nuestros resultados desafían la percepción de los servicios de IA conversacional como intercambios confidenciales entre los usuarios y los proveedores de IA”, avisan en el estudio: “La IA conversacional ha heredado la infraestructura publicitaria y de analítica de las plataformas web y móviles, introduciendo los datos de las conversaciones directamente en las redes de rastreo existentes”.

Una conclusión que contrasta con las menores precauciones que toman muchos usuarios a la hora de volcar datos personales en los chats de inteligencia artificial, en busca de mejores consejos o valoraciones. La realidad que evidencian ahora los especialistas de IMDEA Networks y la Carlos III es que ChatGPT, Gemini o Claude no solo envían datos de las conversaciones a las empresas que los desarrollan, como avisan antes de comenzar cada conversación, sino también a las bases de datos de los anunciantes.

“Nueva superficie de ataque a la privacidad”

El estudio analizó tanto las aplicaciones móviles como las versiones web de los nueve asistentes de IA citados. Los investigadores entablaron conversaciones con los chatbots con consultas sanitarias, subiendo como apoyo documentos con resultados de pruebas médicas. A continuación, rastrearon lo que ocurría con esos datos utilizando distintas configuraciones de privacidad.

Los resultados fueron claros. Seis de las nueve versiones web (ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity y Mistral) y tres aplicaciones móviles (ChatGPT, Claude y Perplexity) filtran datos directos de la conversación a través de rastreadores publicitarios. Los títulos de las charlas (como “Síntomas iniciales de Parkinson”), las preguntas formuladas, los documentos subidos al chat o incluso capturas de pantalla se comparten con empresas de mercadeo de datos personales.

“Demostramos que los servicios de IA conversacional introducen una nueva superficie de ataque a la privacidad en la que los artefactos conversacionales generados por el proveedor quedan expuestos al rastreo y a la exposición pública”, avisan los investigadores. En algunas ocasiones, incluso los enlaces públicos de los chats (como los que se utilizan para compartirlos con otras personas) quedaron expuestos a los rastreadores, lo que permite que su contenido pueda ser incorporado a las bases de datos para personalizar anuncios.

Demostramos que los servicios de IA conversacional introducen una nueva superficie de ataque a la privacidad

Además, su análisis reveló que rechazar las cookies, navegar en modo incógnito u otros métodos de protección de la privacidad que pueden activar los usuarios tienen muy poco impacto a la hora de proteger esa información. Hasta un 80,8% de los rastreadores de terceros permanecen activos incluso con esas configuraciones de protección.

Con todo, los especialistas de IMDEA Networks y la Carlos III destacan que el mayor peligro no es la propia filtración de los datos, sino el hecho de que esta información viaje acompañada de los indicadores personales que la vinculan a cada usuario. Se trata de los códigos que las empresas de la publicidad online utilizan para crear una ficha de consumidor de cada persona y registrar sus intereses, motivaciones y datos personales. Esta es la práctica que luego “permite a terceros asociar esas interacciones con usuarios individuales o perfiles de comportamiento a largo plazo y multiplataforma”, avisan.

Grok, el caso más grave

Grok, el asistente desarrollado por xAI, el laboratorio fundado por Elon Musk, lleva a cabo las prácticas más invasivas de todos los asistentes analizados. En su versión web, las conversaciones son accesibles públicamente por defecto mediante direcciones URL que se transmiten automáticamente a siete redes publicitarias y de analítica externas, entre ellas Meta, TikTok, Google Ads y Twitter Analytics.

Junto con la dirección del chat y el título generado por la herramienta, estos servicios reciben cookies de seguimiento e identificadores de usuario. Además, al generar un enlace para compartir el chat, la plataforma reenvía a Meta y TikTok el texto de la última pregunta introducida y, en el caso de TikTok, una captura de pantalla del propio chat. En las pruebas posteriores con esos enlaces, los investigadores registraron que las conversaciones con Grok recibieron hasta 70 accesos automáticos de rastreadores externos procedentes de 14 países.

elDiario.es se ha puesto en contacto con xAI, la empresa desarrolladora de Grok y también propiedad de Elon Musk, pero no ha recibido respuesta. Esta redacción también se ha puesto en contacto con las compañías detrás de los ocho chatbots restantes. Solo Google, OpenAI y Microsoft han respondido a la solicitud de información.

Este informe malinterpreta cómo funcionan nuestros productos. No tenemos anuncios en Gemini

Google

“Este informe malinterpreta cómo funcionan nuestros productos. No tenemos anuncios en Gemini y utilizamos herramientas como Google Analytics para supervisar el rendimiento técnico, detectar interrupciones del servicio y mantener la fiabilidad de nuestra aplicación web de Gemini”, ha explicado una portavoz de Google. “Cumplimos con las normativas europeas de privacidad y ofrecemos a los usuarios controles transparentes sobre sus datos”, añade.

OpenAI, por su parte, ha indicado que utiliza esas herramientas de análisis de datos para comprender el tráfico de ChatGPT, diagnosticar errores y supervisar su rendimiento. En un comunicado que ha pedido que no sea citado literalmente, la compañía asegura que esa información no se usa con propósitos publicitarios, ni se vende o comparte con anunciantes.

“Tras examinar las acusaciones, no hemos encontrado ninguna infracción de la legislación aplicable ni de la Declaración de privacidad de Microsoft”, ha contestado esta multinacional, que afirma que “la privacidad de los usuarios es una prioridad”, para ella, “incluido Copilot”.

“Prácticas intencionadas”

Con todo, los propios investigadores avisan en su estudio que las prácticas detectadas no son producto de errores o descuidos. “Durante nuestro análisis de riesgos, determinamos que la mayoría de los problemas reportados en este estudio reflejan prácticas intencionadas a nivel de producto en lugar de vulnerabilidades de seguridad explotables”, recalcan los investigadores.

Grok fue, de hecho, el único servicio para el que identificamos un problema de seguridad que podría ser explotado por ciberdelincuentes, “debido a los débiles controles de acceso en los recursos de conversación”. Por ello, avisaron directamente a la plataforma propiedad de Musk el 17 de abril, aunque la compañía no emitió ninguna respuesta oficial ni corrigió la privacidad por defecto de sus enlaces. El 15 de agosto OpenAI actualizó la política de privacidad de ChatGPT para mencionar explícitamente el uso de rastreadores de terceros, aunque los autores aclaran que no pueden confirmar si la medida fue consecuencia directa de su estudio.

Por primera vez en la historia de Google, la empresa ha confirmado que su modelo de IA, Gemini, violó la seguridad de tres empresas el pasado mes de mayo. Los ataques se produjeron durante una evaluación de ciberseguridad realizada por la empresa de seguridad de IA Irregular.

Irregular, una startup con sede en Israel que examina la seguridad de los sistemas avanzados de IA, también estuvo en el centro de algunos de los recientes ataques de OpenAI y Anthropic a terceros, incluida el ataque de la compañía de Sam Altam contra la empresa de software de IA Hugging Face.

Las circunstancias que permitieron a los modelos hackear otras empresas en algunos de estos casos son similares: Irregular estaba probando los modelos en un entorno de pruebas cerrado con empresas ficticias. Se suponía que el entorno de pruebas no debía tener conexión a internet, pero, según publica The Wall Street Journal, se habilitó el acceso a internet de forma involuntaria. Una vez conectados a internet, los modelos hackearon inesperadamente empresas reales.

Irregular informó a finales de julio a Google de los ataques tras descubrir que OpenAI había hackeado Hugging Face. Google confirmó a The Guardian que los ataques se produjeron, pero que la tecnológica reconoció que no consideró necesario hacerlo público porque los modelos no provocaron daños a las empresas. The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre las brechas de seguridad y reveló por primera vez que se habían producido.

“En una evaluación estándar. El modelo encontró información pública en Internet y adivinó las credenciales para acceder a sitios web que creía que formaban parte de la prueba”, declaró Heather Adkins, vicepresidenta de ingeniería de seguridad de Google, en un comunicado. “En los tres casos, el modelo se detuvo”, añadió. 

En una de las brechas de seguridad, Irregular estaba probando las capacidades de ciberseguridad de Gemini al pedir a este modelo de IA que obtuviera información del software de una empresa ficticia. Esta empresa ficticia tenía el mismo nombre que una real. Cuando el modelo accedió a internet de forma involuntaria, adivinó correctamente la contraseña y vulneró el servicio de una empresa real, según explicó Irregular al WSJ. Google declaró que, en cuanto se dio cuenta de que había se hackeado una empresa real y no la simulada, detuvo el ataque.

En otras dos pruebas, el modelo buscó en la web y encontró repositorios públicos que contenían credenciales de otras dos empresas. El modelo utilizó esas credenciales para acceder a empresas reales. Según Google, cuando se dio cuenta de que se trataba de empresas reales, también se detuvo.

Anthropic y OpenAI decidieron revelar voluntariamente los ataques informáticos, pero Google no. No obstante, la empresa afirmó que se aseguró de que las tres empresas afectadas estuvieran al tanto de lo sucedido. 

“Estos sucesos ponen de relieve la importancia de entrenar modelos de IA potentes para que actúen de forma responsable”, afirmó Adkins, portavoz de Google.

Las revelaciones de Anthropic y OpenAI llevaron al senador independiente Bernie Sanders a exigir a las empresas que detuvieran el desarrollo de su tecnología, alegando que esto indicaba que las empresas ya no eran capaces de controlar sus modelos.

OpenAI suspendió el desarrollo de sus modelos durante dos semanas, mientras que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, solicitó una ralentización colectiva del desarrollo de la IA para garantizar que sus modelos más avanzados se construyan con suficientes medidas de seguridad.

Lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum. En el mundo de ayer, esas eran las palabras que de vez en cuando se escapaban en un pie de foto, un titular o un texto de prueba para imprimir. Si salía esa imitación del latín que se cree deriva de un texto auténtico de Cicerón (dolorem ipsum, “el dolor mismo”), era por haberle dado demasiado rápido al botón de imprimir. Todavía pasa, pero se nota menos. Es parte de la imperfección del mundo físico que tenemos aparcado.

Lo que tal vez no esperábamos era que en el mundo de hoy fuera tan habitual toparse con el equivalente al lorem ipsum, pero a propósito.

La máquina de producción de información o pseudo-información digital sigue creciendo al dictado de Google, Meta y X, que empujan los trocitos de información que creen retendrán más al lector en la pantallita. Puede ser algo que te enfada de un político, la tormenta que se avecina, qué festivos hay o qué vestido llevaba la cantante que probablemente te gusta. Llevado al extremo, esto ha producido y sigue produciendo titulares creados específicamente para cumplir con esa demanda sin importar que lo que hay debajo tenga sentido, sea verdad o coherencia gramatical. Las clásicas trampas son avisar del “decreto” del “cierre” de las escuelas o los bancos cuando se trata simplemente de los días festivos como cada año.

A la vez, la inteligencia artificial es capaz de resumir con coherencia y cada vez más precisión las noticias de fuentes más fiables y que eliminan la costumbre de recurrir al periodismo de manera directa. La trampa es que los medios profesionales pueden producir la peor versión de lo que es la información mientras el algoritmo es capaz de imitar de manera bastante decente la mejor versión, aunque a veces cometa errores garrafales y a la vez fáciles de aclarar. Y ahí estamos atrapados. 

Nada de esto es inevitable, repetía el economista Daren Acemoglu, Premio Nobel de Economía, catedrático del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y autor de Por qué fracasan los países, en un coloquio esta semana en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Oxford. Le pregunté si estaba preocupado por el riesgo existencial –no lo está tanto como de otros peligros– y qué podían hacer las instituciones para luchar contra lo que más le preocupa. 

Uno de los factores que le inquietan es la disolución de la esfera pública, cada vez más polarizada y dividida en un contexto en que el debate digital solo puede ir a peor si sigue por el mismo camino. Y, desde luego, ese camino no puede mejorar si los medios nos dedicamos a alimentar el mundo de lorem ipsum o su equivalente.

No vale con esperar a que los gobiernos aprueben una regulación o a que las grandes empresas globales de tecnología se autocontrolen como pretenden. Los medios, las universidades y cualquier otra institución cívica tiene la responsabilidad de levantar la voz, proponer alternativas y resistir a un negocio que está demostrando muy poca imaginación para construir un mundo mejor.

Anthropic, el gigante tecnológico de la IA cuyo fundador y líder, Dario Amodei ha abrierto esta semana la caja de pandora al reclamar que se “frene” su desarrollo, ha anunciado la apertura de su primera oficina en España, ubicada en Madrid, que se convertirá en su séptima sede en Europa tras las de Londres, Dublín, París, Zúrich, Múnich y Milán.

La compañía estadounidense, creadora de los modelos Claude, ha tomado esta decisión “en un contexto de fuerte demanda” local y un rápido crecimiento en la adopción de la tecnología en España. En concreto, la empresa destaca que España presenta una tasa de adopción de Claude 2,7 veces superior a la esperada en función del tamaño de su población, de acuerdo con el 'Índice Económico de Anthropic'.

Para liderar esta nueva delegación, la firma ha nombrado como responsable para España a Cristina Pitarch, directiva con más de 15 años de trayectoria profesional en compañías tecnológicas como Google, Salesforce e Informática. En su último puesto, Pitarch ejerció como directora general para EMEA en Google Cloud Security.

“España es sede de algunas de las empresas más grandes de Europa y de las 'startups' más innovadoras; ya hay equipos que están utilizando Claude en proyectos de gran envergadura en los sectores bancario, aeroespacial, de infraestructuras o de viajes”, ha destacado Pitarch.

La directiva ha añadido que el país cuenta con las condiciones necesarias para “liderar la seguridad en materia de IA, no sólo en el sur de Europa, sino también como referente para todo el mundo hispanohablante”.

La compañía ha subrayado que sus soluciones de IA cuentan ya con la confianza de grandes empresas españolas, entre las que figuran entidades financieras como Santander, CaixaBank y BBVA; la operadora Telefónica; el grupo de atención al cliente Konecta; la firma de tecnología para viajes Amadeus; el grupo de infraestructuras Ferrovial y la compañía tecnológica y de defensa Indra.

En el caso de Telefónica, la operadora utiliza Claude y Claude Code para acelerar el desarrollo de software y reforzar la ciberseguridad, detectando vulnerabilidades de forma temprana.

Por su parte, Ferrovial emplea la herramienta para facilitar el diseño de proyectos complejos de ingeniería civil y automatizar tareas, mientras que Amadeus colabora con Anthropic para hacer más accesible la información sobre viajes en entornos de desarrollo basados en IA.

Con motivo de este lanzamiento, la compañía ha alcanzado además un acuerdo de colaboración con la escuela de negocios ISDI Business School para respaldar la iniciativa 'Embajadores', orientada a apoyar a desarrolladores y fundadores locales mediante la organización de encuentros y eventos sobre el ecosistema de Claude. Madrid cuenta actualmente con ocho embajadores de esta comunidad.

Quería empezar celebrando que no todo está perdido y que sigue habiendo motivos de esperanza en esta humanidad tras la contención de la ultraderecha en Suecia. Pero otro freno se ha cruzado por el camino, el de la inteligencia artificial. O, mejor dicho, el debate sobre qué hay que hacer con ella.

El debate y las preguntas (algunas existenciales) sobre si hay que frenar ciertos desarrollos o no, sobre los peligros que entraña (o no) para nuestras vidas, sobre cómo tiene que regularse y quién tiene que hacerlo, sobre si las advertencias son interesadas… y un largo etcétera. 

Temo no ser muy original y, aunque no me llevo mal con ella y hablo de vez en cuando con Claude, ChatGPT y Gemini, me ha parecido más prudente no preguntarle. Os aconsejo leer las informaciones y los análisis que hemos ido contando en la última semana en elDiario.es, empezando por los de nuestro especialista de la casa, Carlos del Castillo, que este miércoles ha presentado su nuevo libro, Inteligencia artificial: cartografía de una revolución’ (Editorial Planeta, 2026) a los socios y socias de elDiario.es. O el podcast del día anterior, en el que Juanlu conversa con el periodista sobre el tema del momento.

En esta información, contamos por qué el resto del mundo desconfía del plan de Silicon Valley y de Dario Amodei, el CEO de Anthropic, cuyo ensayo abrió la caja de pandora. La ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, advierte que el sector conocía desde hace años sus propios riesgos, pero que llevaba ese mismo tiempo evitando su supervisión. En este artículo explica por qué ahora.

El experto Esteve Almirall se pregunta quién gana cuando los dueños de la IA piden que los regulen. Considera que es posible regular la inteligencia artificial, pero que el reto es proteger a la sociedad sin convertir la seguridad en el privilegio comercial de unas pocas empresas. 

Me tranquiliza que un experto como Cristian Canton, que hoy es el director asociado del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC), y que fue jefe de un departamento de IA en Meta (Instagram, WhatsApp, Facebook), diga que la inteligencia artificial “no nos va a matar a todos”. Me quedo con este destacado: “La IA no piensa. Cuando le das una instrucción, utiliza todo su repertorio de herramientas para alcanzar el objetivo. Si eso implica acceder de forma ilícita a un servidor, lo hará. Por eso es indispensable delimitar con claridad cómo debe ejecutar la tarea y bajo qué límites. Tenemos que guiarla”.

El debate, seguramente, no esté en frenar o contener, como si fuera un reactor nuclear, sino en gobernar cómo se despliega.

Pero no todo acaba con la IA (nunca mejor dicho). Te animo a que sigas leyendo este boletín y espero que el resto de informaciones y reflexiones te sean útiles o te parezcan interesantes.

El dato

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Son los kilos de comida al año que cada persona tira a la basura en España. Según el Informe de desperdicio alimentario de 2025, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el año pasado se tiraron más de 1.129 millones de kilos o litros. Es el equivalente a 24,03 kg (o litros) por persona y año, según los datos desglosados por Agricultura, que indican cambios a lo largo de los últimos ejercicios. La mayor parte se lleva a cabo en los hogares, donde crece el desperdicio de platos preparados, probablemente, por el aumento de sus ventas en los supermercados. “Es un problema económico y moral. Estamos bajando el desperdicio, pero sigue siendo una tasa alta”, apunta el ministro, Luis Planas. 

El gráfico

Bomberos, médicos, maestros, policías… jueces. La actualidad en unos casos (incendios, danas, politización de la justicia) y el descontento de muchos colectivos, en otros (en la sanidad o en la enseñanza), nos ha hecho preguntarnos ¿cuánto cobran los empleados públicos en España? Dar una cifra exacta es complicado. Depende de la administración para la que trabajen —algunos dependen de los ministerios, otros de las comunidades autónomas y también de las corporaciones locales, que establecen sus propios rangos salariales—, de la profesión, sus funciones y responsabilidad, los complementos que reciben, dónde están destinados, si realizan guardias o turnos especiales, su antigüedad… El gráfico es solo un botón de muestra, en esta completísima información, hacemos una radiografía salarial de los más de 3,6 millones de empleados públicos, de los que menos a los que más cobran.

Tipos (y tipas) de interés

Lawrence Wong, primer ministro de Singapur. Se mantiene. Esta vez, más que evaluar al protagonista, lo utilizo como tema de debate (o provocación). El Gobierno de Singapur ha anunciado hace unos días una subida del 9% de los salarios de los altos cargos ministeriales: el sueldo anual del primer ministro, Lawrence Wong, aumentará en más de un millón de dólares, hasta los 2,8 millones (unos 2,45 millones de euros). Son los sueldos de políticos más altos del mundo. Donald Trump cobra 400.000 dólares por el cargo y Pedro Sánchez, 96.000 euros. Responde a la estrategia a largo plazo para atraer talento y reducir la corrupción, diseñada en las primeras décadas tras la independencia del país. 

La ciudad-Estado (que es casi una dictadura disfrazada de democracia) argumenta que los bajos salarios hacían que los mejores candidatos rara vez se dedicaran a la política y que, cuando lo hacían, se veían expuestos a la tentación. El sistema aplica un modelo de incentivos y sanciones y funciona bajo una lógica corporativa, con objetivos. La remuneración de los políticos se vincula a los 1.000 ciudadanos con mayores ingresos del país, y una parte sustancial de la remuneración (alrededor del 35%) es un variable vinculado a cuatro métricas que cada una de ellas pesa un 25%: el crecimiento del PIB real, la contención del desempleo y el aumento del ingreso real tanto de la clase media como del 20% de la población con menores recursos. Si a la población singapurense no le va bien económicamente o se destruye empleo, el sueldo final del primer ministro y su gabinete se reduce automáticamente y el variable es cero. 

Las cifras macroeconómicas parecen avalar el éxito del modelo en cuanto al cumplimiento de los parámetros exactos por los que se evalúa la nómina de sus gobernantes: registra una renta per cápita nominal cercana a los 90.000 dólares (que roza los 140.000 dólares ajustada al poder de compra, duplicando con holgura la media de la OCDE), un crecimiento del PIB real del 4,6% en el primer trimestre y una tasa de desempleo anclada en el 2,0%. No obstante, economistas e historiadores recuerdan que este rendimiento extraordinario no responde únicamente al sistema de objetivos, sino también a factores estructurales diferenciales como su condición de hub fiscal y logístico global, su reducido tamaño geográfico y un marco regulatorio altamente flexible e inmune –claro– a las fricciones partidistas.

Si esta estrategia reduce la corrupción es también objeto de un debate abierto: Singapur ocupa el tercer puesto por la cola entre 182 países en un índice, pero Hong Kong, con salarios mucho más bajos, también obtiene buenos resultados. 

No todo nos parece mal

No sé qué relación tienes tú con Amazon. Imagino que de amor-odio, como casi todos. Nos hemos acostumbrado a comprar casi todo por Internet. Muchas cosas que apenas encuentras en cualquier otro lado (y que a veces ni necesitas). Nos facilita la vida y nos la perjudica al mismo tiempo, especialmente por la movilidad, por la contaminación… y por el efecto sobre el comercio tradicional y cómo su transformación (que muchas veces termina en cierre) configura un nuevo paisaje urbano, sobre todo en las ciudades. El año pasado Amazon registró el mayor volumen de entregas rápidas de su historia, con más de 190 millones de envíos completados el mismo día o un día después en España. Casi nada. El repartidor con el paquete de Amazon (que no es de Amazon) ya forma parte de nuestra cotidianidad y, sin embargo, no hace tanto. 

Justo esta semana, el gigante que construyó Jeff Bezos, uno de los hoy todopoderosos oligarcas tecnológicos, ha cumplido 15 años en España. Cuenta la compañía que el punto de partida aquí fue el pedido de un ejemplar del Código Penal y que, en estos tres lustros, ha acumulado una inversión de 25.000 millones de euros, ha alcanzado una plantilla que ronda las 30.000 personas y más de 17.000 pymes venden en su plataforma. La multinacional estadounidense que comenzó vendiendo libros es hoy una de las grandes empresas tecnológicas mundiales, no exenta –tampoco en este caso– de polémica. Las multimillonarias inversiones en centros de datos, especialmente en Aragón, no convencen a todos por igual por el elevado consumo de recursos energéticos.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Y con esto lo dejo por hoy. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. 

¡Un abrazo!

Jacob Coxon no es un profeta religioso, ni el líder de ninguna secta. Es un investigador hasta hace poco en Anthropic, una de las grandes empresas de Inteligencia Artificial del momento, que la semana pasada dejaba su trabajo lanzando una alerta mundial al pronosticar que el nivel de autonomía que está alcanzando la IA puede acabar con la humanidad en menos de cinco años. Los dueños de los cuatro principales gigantes del sector, (Sam Altman, de Open AI; Dario Amodei, de Anthropic; Demis Hassabis, de Google DeepMind, y hasta Elon Musk de SpaceX), lejos de desmentirle, salieron a decir que Coxon llevaba razón, que hay que frenar el desarrollo de la IA y poner reglas comunes. 

Con Carlos del Castillo, periodista de elDiario.es especializado en tecnología y autor del libro ‘Inteligencia Artificial. Cartografía de una revolución’, desciframos las claves que hay detrás de estas advertencia apocalíptica y por qué quienes siempre han odiado las reglas apuestan ahora por desacelerar esta carrera y poner límites.

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Las alarmantes advertencias de Anthropic sobre las consecuencias para la humanidad del rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) han suscitado una rara muestra de unidad entre los desarrolladores rivales.

Los otros tres gigantes del sector (OpenAI, SpaceX y Google) no han tardado ni un día en respaldar el llamamiento del fundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, para retrasar el desarrollo de la IA, petición que se produjo tras una serie de advertencias de investigadores de IA la semana pasada.

Pero el presidente Donald Trump resta importancia a la creciente alarma sobre los riesgos de la inteligencia artificial. “Estamos a la cabeza de China en inteligencia artificial. Somos el país más avanzado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane en IA, gana”, declaró Trump el domingo a los periodistas en el Irish Open de golf. “Podemos establecer límites. Podemos hacer esto y aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas negativas que están sacando el tema a colación cuando no deberían hacerlo”.

Amodei advirtió este sábado, en un extenso ensayo publicado en su página web: “Dada la aceleración en el desarrollo de capacidades de IA, me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente (causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares) y que la magnitud del daño siga aumentando si la IA se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias”.

Al cabo de una hora, el dueño de SpaceXAI, Elon Musk, sorprendió al citar el ensayo de su rival en X y afirmar: “Dario tiene razón”. Musk se había abstenido deliberadamente de sumarse a los anteriores llamamientos de todo el sector a favor de cualquier tipo de ralentización.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, se sumó al cabo de poco: “Estoy de acuerdo con Dario en que debemos avanzar con cautela en esta frontera”, tuiteó. Y, en una entrevista publicada en Fortune, daba un paso más allá, al anunciar que la tecnológica creadora de ChatGPT aplaza su salida a bolsa —una de las operaciones más esperadas del año junto a la de Anthropic—, ante los riesgos de seguridad que presentan los modelos avanzados de IA. “Sería un momento poco aconsejable para salir al mercado bursátil”. Afirmó que OpenAI tiene mucho trabajo por delante en materia de seguridad y que sería mejor hacerlo como empresa privada.

Faltaba Google, que se añadió por la tarde, según relata Axios. Demis Hassabis —ganador del Premio Nobel, cofundador y presidente de Google DeepMind, y científico jefe de Alphabet— tuiteaba: “El ensayo de Dario señala el camino correcto a seguir. Hay que pulir los detalles, pero la dirección es la adecuada para afrontar este momento crítico”.

“La industria mintió”

Amodei ha dado un pasó más allá este domingo y, en una entrevista en el programa Sunday Morning de CBS, afirmó que “la industria mintió” sobre el peligro de la inteligencia artificial IA por lo que el Gobierno y los ciudadanos deben intervenir.

No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria le mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgo. Nosotros nunca lo hicimos (en Anthropic), pero mucha de la industria lo hizo

Dario Amodei — CEO de Anthropic

“No les voy a mentir: existen peligros reales. Y creo que durante demasiado tiempo la industria le mintió a la gente sobre el hecho de que esta tecnología tenía riesgo. Nosotros nunca lo hicimos (en Anthropic), pero mucha de la industria lo hizo”, declaró Amodei.

Sin embargo, el líder de Anthropic no ha dicho nada —por ahora— sobre si cancela o sigue adelante con sus preparativos para debutar en el mercado bursátil estadounidense, en lo que se prevé que sea la mayor oferta pública inicial de la historia, superior a la reciente protagonizada por SpaceX. Según los planes, se espera que este otoño comience la comercialización de su OPV, que superará los 2 billones de dólares.

Surgen dudas sobre hasta qué punto los líderes de la IA se tomarán en serio la tarea de moderar el ritmo de desarrollo de sus modelos más avanzados —y más lucrativos—. Quizás hay demasiado dinero en juego como para dejar de avanzar. Según Axios, anunciar públicamente que se da prioridad a la seguridad frente al crecimiento tecnológico o financiero podría ser la única vía que tiene el sector para evitar una intervención por parte de las autoridades de Estados Unidos que no se ajuste a sus condiciones.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, declaró este domingo que la propuesta de Amodei para añadir salvaguardias a la IA podría servir de modelo para el sector privado, incluso permitiendo el acceso de observadores independientes a los modelos.

Los legisladores están suplicando al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que mantenga la sesión abierta y haga algo al respecto de la “amenaza” de la IA, después de conocerse casos de agentes de IA que actuaron por su cuenta atacando a sistemas externos.

Este domingo, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió al Congreso “actuar con urgencia”. La alternativa más extrema es algo parecido a la iniciativa del senador demócrata Bernie Sanders de forzar una pausa y declarar ilegal la IA más avanzada.

Pero Johnson, como Trump, tampoco quiere darse prisa. “Si quieren desacelerar eso, me parece bien. Pero, al mismo tiempo, también tenemos que resistirnos a que el Congreso intervenga e imponga una especie de moratoria de emergencia. Tiene que hacerse de manera correcta, segura y sensata”, expresó Johnson en una entrevista con CNN.

La amenaza china

El presidente de la cámara pidió una reunión con los gigantes del sector, que podría celebrarse a principios de esta semana (lunes o martes). Pero por ahora descartó una legislación que pause el desarrollo de la IA al argumentar que es un asunto de seguridad nacional en el que Estados Unidos debe mantener el liderazgo ante China.

Tienen [los líderes tecnológicos] que reunirse con nosotros, sentarse y determinar cuál es el equilibrio adecuado. No podemos imponer una moratoria a esto porque China nos va a sobrepasar. Y ese es el reto

Mike Johnson — Presidente de la Cámara de Representantes

“Tienen [los líderes tecnológicos] que reunirse con nosotros, sentarse y determinar cuál es el equilibrio adecuado. No podemos imponer una moratoria a esto porque China nos va a sobrepasar. Y ese es el reto. Es el equilibrio entre la seguridad nacional y la seguridad inmediata de garantizar que los modelos sean seguros”, remarcó.

Varias voces influyentes del sector tecnológico de Silicon Valley, entre ellas el exfuncionario de Trump David Sacks, dedicaron el fin de semana a destacar el contraargumento de que reducir el ritmo solo permite que los adversarios —que no tienen esos escrúpulos en materia de seguridad— nos alcancen.

En una publicación de la madrugada del sábado, Sacks retó de hecho a OpenAI y Anthropic a marcar voluntariamente el ritmo en la frontera de la IA sin esperar al Gobierno. “Si no lo hacéis, sabremos que esto no ha sido más que otro intento de captura regulatoria —o una operación psicológica en plena campaña electoral”.

Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunirán a finales de este mes, y la seguridad de la IA será uno de los temas principales de la agenda.  Mientras tanto, el principal comité internacional de expertos en IA, reunido por la ONU, ha alertado de que la posibilidad de que la IA se salga de control es real y de “consecuencias catastróficas”.

La duración de la batería sigue siendo uno de los aspectos que más condicionan el uso diario de un móvil. Cuantas más aplicaciones se instalan y más funciones permanecen disponibles, mayor es la cantidad de procesos que pueden seguir funcionando aunque el teléfono no se esté utilizando de forma directa. Cuando la autonomía empieza a reducirse sin una razón clara, comprobar qué programas están detrás de ese gasto permite actuar sobre el problema antes de modificar otros ajustes del dispositivo.

Tanto Android como iOS incorporan herramientas que muestran cómo se reparte el consumo entre las aplicaciones instaladas. Consultarlas permite saber cuáles están utilizando más energía y, sobre todo, comprobar si ese comportamiento corresponde al uso que se ha hecho de ellas. No es lo mismo que una plataforma aparezca en los primeros puestos después de varias horas abierta que encontrar allí una herramienta que apenas se ha utilizado y que, aun así, ha mantenido una actividad elevada fuera de pantalla.

En los móviles Android, una de las aplicaciones que puede aparecer en esa revisión es la de Google, presente en los dispositivos que utilizan los servicios de la compañía. Desde ella se concentran distintas funciones, como las búsquedas, la gestión de la cuenta, el asistente de voz o el contenido de Discover. Para mantener determinados datos actualizados, puede realizar tareas en segundo plano que activan de forma repetida tanto el procesador como la conexión del teléfono. Ese comportamiento puede resultar más perceptible en dispositivos con prestaciones más limitadas o con una batería que haya perdido capacidad con el paso del tiempo.

Cómo comprobar qué aplicaciones están consumiendo más

En Android, el primer paso consiste en entrar en los ajustes del teléfono y buscar el apartado dedicado a la batería. El sistema permite consultar desde ahí el uso realizado por cada aplicación, aunque la ruta concreta y el nombre de algunas opciones pueden variar dependiendo de la versión. Esta pantalla sirve para identificar qué programas están concentrando una parte importante del gasto y comprobar cuánto corresponde a su funcionamiento en segundo plano.

En un iPhone, la información está disponible en “Ajustes” y “Batería”. En este apartado se puede consultar el uso diario y ver cuáles son las aplicaciones o actividades del sistema que más han contribuido al gasto. Para ampliar los datos hay que pulsar en “Ver todo el uso de la batería”. Al tocar sobre una aplicación también se puede consultar con más detalle cuánto ha intervenido en el consumo durante ese periodo.

Apple diferencia además entre la actividad realizada con la aplicación visible en pantalla y la que continúa cuando está funcionando en segundo plano. Este dato ayuda a saber si un porcentaje elevado se corresponde con el tiempo que realmente se ha utilizado o si buena parte del gasto se está produciendo mientras no está abierta. El iPhone también puede indicar otros factores relacionados con el consumo, como las notificaciones que activan el dispositivo o el uso en lugares con una cobertura móvil baja.

En el caso de la aplicación de Google en Android, un consumo elevado puede estar relacionado con los procesos necesarios para actualizar sus distintos servicios. Esta aplicación sirve para gestionar, entre otras tareas, nuestra cuenta de Google o el asistente de voz, que puede mantenerse preparado para detectar determinados comandos del usuario. Todo ello implica tareas que continúan aunque la aplicación no esté abierta en ese momento.

Qué ajustes pueden ayudar a reducir el gasto

Una de las opciones consiste en desactivar completamente la aplicación de Google si no se utiliza, aunque también se puede limitar directamente su funcionamiento en segundo plano. En Android puede hacerse desde “Ajustes”, “Aplicaciones”, “Google” y “Batería”, aunque los nombres concretos pueden variar según el teléfono. Dependiendo del dispositivo, puede aparecer una opción para restringir la aplicación o reducir su actividad cuando no se está utilizando. Al hacerlo, el sistema limita los procesos que puede seguir ejecutando mientras permanece cerrada.

Otra posibilidad es revisar el asistente de voz. Si no se utiliza con frecuencia la activación mediante “Hey, Google” para acceder al asistente o a Gemini, deshabilitar esa detección evita mantener pendiente una función que necesita escuchar ese comando. No es un ajuste necesario en todos los casos, sino una opción cuando se ha comprobado que la aplicación tiene un consumo elevado y esa característica apenas se utiliza.

Un aumento puntual del gasto tampoco tiene por qué estar relacionado siempre con una configuración concreta. A veces una aplicación puede quedarse bloqueada durante un proceso y hacer que el teléfono se caliente o que la batería baje más rápido de lo habitual. En esos casos, puede forzarse el cierre desde los ajustes, borrar la memoria caché o comprobar si hay alguna actualización pendiente en la tienda de aplicaciones. Revisar primero el desglose de batería permite identificar mejor el origen del problema y aplicar una solución más concreta.

Google seguirá siendo Google. La multinacional publicitaria más importante del mundo podrá mantener unidas todas sus herramientas de subasta de anuncios online, a pesar de que la justicia ha sentenciado que ha construido un monopolio en este mercado a través de ellas. La jueza federal a cargo del caso ha desestimado la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para forzar la división del negocio de tecnología publicitaria de Google, permitiendo a la empresa conservar también su plataforma de subastas publicitarias AdX y su servidor para editores.

Google fue condenada por monopolio en el negocio de la publicidad digital en abril de 2025 tras ser demandada por el Gobierno de EEUU. Entonces, la jueza instó a las partes involucradas a presentar informes sobre cómo arreglar la situación. El Departamento de Justicia propuso romper Google en varias empresas distintas para evitar que el gigante pudiera seguir cometiendo abuso de mercado, un extremo que la multinacional ha evitado en una victoria clave.

La resolución final opta por imponer medidas al comportamiento de Google en el mercado para corregir sus prácticas anticompetitivas en lugar de exigir una venta de activos. La decisión final ha sido comunicada a las partes, pero el contenido detallado de la orden de la jueza aún no ha sido publicado para que las partes revisen información comercial confidencial y presenten una propuesta conjunta con las modificaciones definitivas.

Entre las disposiciones previstas figuran la prohibición de que Google otorgue ventajas a sus propios servicios durante las subastas de anuncios y la obligación de permitir que herramientas de terceros accedan a datos en tiempo real bajo las mismas condiciones. Durante el proceso, la magistrada ya había manifestado dudas sobre la viabilidad práctica de forzar una venta y sobre qué actor del mercado asumiría la gestión de esas plataformas, puesto que si el comprador era otro gigante tecnológico, podría haberse reproducido el mismo monopolio con otro nombre.

“Estamos muy satisfechos de que el tribunal haya rechazado la propuesta del Departamento de Justicia de dividir herramientas que ayudan a las pequeñas empresas a llegar a nuevos clientes y crecer”, ha declarado Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de Asuntos Regulatorios de Google. Un portavoz del Departamento de Justicia, por su parte, ha defendido la utilidad del fallo a pesar de que su petición no haya sido satisfecha: “La División Antimonopolio está satisfecha de que el tribunal haya ordenado un alivio importante. Estamos un paso más cerca de restaurar la competencia y brindar alivio al pueblo estadounidense en los mercados de publicidad digital”.

El fallo supone el segundo freno judicial a las pretensiones de EEUU de escindir filiales de Alphabet. En la causa sobre el mercado de los motores de búsqueda, el juez Amit Mehta también declaró culpable a la compañía de mantener un monopolio ilegal, pero descartó ordenar la venta del navegador Chrome o del sistema operativo Android, inclinándose igualmente por imponer remedios operativos y la apertura de datos a los competidores.

Finalmente, el envite contra una de los mayores multinacionales tecnológicas del siglo XXI termina con un resultado similar al que tuvo el intento para frenar a Microsoft a finales de los noventa. En aquella ocasión, la División Antimonopolio también logró que la justicia declarara a la compañía de Bill Gates con Windows, e incluso llegaron a conseguir una orden judicial para partir la corporación en dos. Sin embargo, Microsoft consiguió frenarlo. El caso terminó diluyéndose en los tribunales de apelación y se cerró con compromisos de conducta y acuerdos para compartir información técnica con terceros.

La advertencia llega envuelta en un tono de máxima urgencia. En una carta abierta firmada por más de un centenar de empresas del sector tecnológico y de ciberseguridad, gigantes como OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft o Amazon avisan que se avecina una oleada de ciberataques impulsados por inteligencia artificial contra infraestructuras críticas, “desde hospitales y plantas de tratamiento de agua hasta la infraestructura que alimenta Internet”. “Tenemos una ventana limitada para fortalecer las ciberdefensas”, recalcan.

El manifiesto asegura que la situación en la ciberseguridad cambiará profundamente en los “próximos meses”: “Los ciberataques impulsados por IA se generalizarán y se volverán mucho más sofisticados a medida que los modelos de todo el mundo adquieran mayor capacidad”. Un escenario para el que la industria tecnológica propone un plan de cuatro frentes: exigir a las empresas privadas que revisen sus protocolos, instar a las firmas de ciberseguridad a liderar la respuesta, hacer que los desarrolladores de IA sean “responsables” con sus modelos avanzados, y, sobre todo, reclamar a los gobiernos que tomen cartas en el asunto.

En este sentido, piden a las instituciones que modernicen sus estructuras de defensa, engrasando los canales de alerta entre el sector público y el privado y estableciendo mecanismos de coordinación de respuestas. Pero, especialmente, piden dinero: “Financiar la ciberdefensa”, a través del “acceso a IA defensiva eficaz, pruebas autorizadas y asistencia práctica a través de proveedores y socios de confianza”.

“Es fundamental reconocer que la seguridad actual no será suficiente”, inciden los firmantes, entre los que también se encuentran Amazon, IBM, Oracle o el BBVA como representante español. Un aviso que hace unas semanas ya elevaron la inteligencia estadounidense y sus principales socios, conocidos como la alianza de Los Cinco Ojos.

El escape del verano

La carta llega tras un verano en el que se han sucedido las noticias sobre modelos de IA que “escaparon” de sus entornos protegidos para realizar ciberataques contra otras empresas u objetivos. OpenAI, Anthropic y Meta han revelado haber tenido este tipo de incidentes en los dos últimos meses.

El más sonado envolvió a OpenAI y la plataforma de código para desarrolladores Hugging Face, ambas firmantes del texto. Las dos compañías se vieron envueltas en un incidente de seguridad cuando agentes autónomos de la creadora de ChatGPT rompieron el aislamiento de su entorno de pruebas, accedieron de forma no autorizada a Internet y se coordinaron entre sí para penetrar en los sistemas de Hugging Face.

Si bien estas revelaciones consiguieron acaparar portadas y provocaron inquietud en algunos especialistas, otros expertos indicaron que las empresas estaban buscando un impacto publicitario. “Me parece que en algunos casos tiene un componente de venta del producto”, opina Rafael López, analista de ciberseguridad de la firma Checkpoint.

“Por ejemplo, en el caso de Anthropic, explicaron que el modelo se había dado cuenta de que estaba en un entorno aislado y fue capaz de salir de él para conectarse a Internet y realizar los ataques que le habían ordenado. Ese 'incidente' le viene muy bien a la empresa de IA, porque puede vender las capacidades del modelo en ciberseguridad y para hacer cosas que antes se creían imposibles”, detalla el especialista: “No digo que todo sea humo, pero sí que es un argumento muy bueno de venta”.

Ahora estas empresas defienden que esos sistemas pueden ser un escudo ante la amenaza de ataques automatizados. “Pongamos la IA con capacidad cibernética al alcance de los defensores, empezando por los equipos que protegen los servicios esenciales”, solicitan en la carta. Con todo, los expertos recuerdan que el diagnóstico que hacen los gigantes tecnológicos es verídico: muchos estados llevan años descuidando la protección de sus infraestructuras, con configuraciones obsoletas y falta de personal defensivo.

Además de las grandes tecnológicas del software y la nube (AWS, Microsoft, Google, Oracle) y los laboratorios de IA (OpenAI, Anthropic, Hugging Face, Scale AI, Perplexity), entre los firmantes del manifiesto figuran las mayores multinacionales de la ciberseguridad privada (CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler, Fortinet, Cloudflare, Snyk), firmas de consultoría (PwC, KPMG, Oliver Wyman) y gigantes financieros como el citado BBVA y Citi, Mastercard o Visa.

Se trata de un acuerdo histórico, aunque su potencial para cambiar la industria de las redes sociales y los abusos cometidos contra los menores aún debe demostrarse. Meta, la matriz de Facebook e Instagram, ha llegado a un acuerdo extrajudicial con 47 estados de EEUU para cerrar el mayor juicio hasta la fecha sobre el diseño adictivo de sus apps y su impacto negativo en adolescentes. La multinacional pagará hasta 18.000 millones de dólares en la próxima década e introducirá límites de uso para los menores, aunque ha conseguido esquivar el reconocimiento de haber actuado de forma irregular.

Se trata del mayor acuerdo alcanzado nunca con una gran tecnológica por este tipo de acusaciones. Para algunos de los demandantes, como ha señalado el fiscal general de Carolina del Norte, este hito es suficiente para ver este proceso como “un progreso real”. Consideran que el acuerdo abre “el momento tabacaleras” para los gigantes digitales, una etapa en la que son obligadas a reparar sus efectos nocivos e indemnizar a las víctimas, al igual que los fabricantes de tabaco hicieron en los años 1990 y 2000.

Para otros, como el fiscal general de Florida, “las indemnizaciones a los estados son insignificantes comparadas con el profundo daño que las características adictivas de Meta, impulsadas por el afán de lucro, han causado a nuestros hijos”. Para explicar esta discrepancia hay que entender cómo se ha llegado hasta aquí, las características del acuerdo económico, qué impacto tendrá en el resto del mundo y hasta qué punto los expertos consideran efectivas las restricciones de uso que se ha comprometido a implementar Meta.

Cómo hemos llegado hasta aquí

La demanda que ha terminado en este acuerdo arrancó en 2023, cuando California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey denunciaron a Meta por infringir las leyes estatales de protección al consumidor. A esa demanda se sumaron progresivamente otros 29 estados, que acusaban además a la empresa de recopilar datos de menores sin consentimiento parental para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, violando la ley federal de privacidad infantil. Fue la primera vez en la que las autoridades empezaron a comparar las redes sociales con el tabaco.

Todos esos procedimientos quedaron consolidados ante un tribunal federal de California, donde radica la sede de Meta. El acuerdo extrajudicial se alcanzó durante el quinto día de un juicio que se preveía que durara seis semanas y en el que ya había declarado el jefe de Instagram, Adam Mosseri. Se esperaba que el propio Mark Zuckerberg subiera al estrado.

Qué pruebas había

Los fiscales contaban con abundante documentación interna de Meta, como comunicaciones entre sus empleados e informes de evaluación de riesgos, que presuntamente demostraban que la multinacional era consciente de los daños que sus redes sociales provocaban a los usuarios y, especialmente, a los menores. Y que, en vez de trabajar para corregirlos o limitarlos, modificó el diseño de las apps de Facebook e Instagram para aprovechar la vulnerabilidad de las personas y aumentar sus beneficios.

Esta información provenía de un gran número de filtraciones de ex trabajadores de Meta. Algunas de ellas, como las de Frances Haugen o Arturo Béjar, ya había sido ampliamente documentada por los medios de comunicación debido al paso adelante de estos whistleblowers, que decidieron ponerlo en conocimiento del público y acudir a congresos y parlamentos de todo el mundo a denunciar lo sucedido.

En el juicio, no obstante, aparecieron nuevas pruebas de la conducta de Meta. Los fiscales mostraron un memorando interno que probaba que la dirección de Instagram sabía que funciones de seguridad opcionales implementadas tras la salida a la luz de esos escándalos, como “Tómate un respiro”, apenas se usaban y no cumplían su función. También llamaron a declarar a profesores y directores de escuelas públicas sobre los problemas que las redes sociales de Meta provocaban entre sus alumnos, incluidos casos de sextorsión.

Cuál estaba siendo la defensa de Meta

Meta ha negado haber cometido cualquier irregularidad durante todo el proceso. Su defensa se apoyó en dos argumentos centrales: que la salud mental adolescente es un problema “profundamente complejo y multifactorial” que no puede atribuirse al diseño de una sola aplicación, y que la “adicción a las redes sociales” no es una condición psiquiátrica reconocida, por lo que no podía haber engañado a los consumidores sobre algo que no existe como diagnóstico.

La multinacional también estaba intentando desmentir el argumento de los fiscales de que sus actuales herramientas de protección a los adolescentes eran simple “maquillaje”, así como que sus directivos eran conscientes de su inutilidad. Unas acusaciones que sus abogados tachaban de “no fundamentadas” y cuya resolución podría haber sido una de las claves de todo el proceso.

Los 18.000 millones: lo garantizado y lo condicionado

La cifra de 18.000 millones tiene abundante letra pequeña. Según ha comunicado la multinacional, Meta se compromete a un pago garantizado de 12.700 millones de dólares a lo largo de diez años, con diferentes cuantías para cada uno de los estados que han aceptado el acuerdo.

Los 5.300 millones de dólares restantes solo se activarán si YouTube y TikTok, contra las que los fiscales han abierto procesos equivalentes al de Meta, aceptan pagos y medidas equivalentes a las que se ha comprometido la empresa de Mark Zuckerberg.

Esta es otra de las principales claves del acuerdo y por ahora, ninguna de las tres compañías ha respondido públicamente a esa condición. Aunque estas multinacionales podrían optar por adherirse a este pacto y cerrar sus respectivos procesos, no hay ninguna garantía de ello. Google por ejemplo, propietaria de YouTube, se niega en banda a que esta plataforma sea considerada una “red social”. Esta asunción podría tener profundos impactos legales en el resto del mundo, en un momento en el que múltiples países están intentando establecer límites de edad más estrictos para el uso de estas plataformas.

Qué suponen esos 18.000 millones de dólares para Meta

En el inicio del juicio, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey llegaron a pedir una sanción de 1,4 billones de dólares para Meta por los daños causados. Otros estados rebajaron la cifra a 200.000 millones.

Para entender qué suponen realmente esos 18.000 millones para Meta, es necesario ponerlos en contexto con las actuales cifras de su negocio. En sus últimas cuentas, correspondientes a su segundo trimestre fiscal de 2026, los de Zuckerberg comunicaron un beneficio neto de 15.848 millones de dólares. En 2025, acumularon unas ganancias de unos 60.000 millones de dólares. Es decir, el pago (que se repartirá en una década y podría no llegar a los 18.000 millones si el resto de plataformas no se comprometen) equivale a algo más de lo que Meta gana en tres meses.

Otra cifra con la que se pueden contrastar la cuantía de la indemnización es su desembolso en inteligencia artificial. Ahora mismo Meta se encuentra inmersa en el frenesí inversor en esta tecnología que caracteriza a todos los gigantes de Silicon Valley. Solo en 2026, Meta planea gastar unos 135.000 millones de dólares en desarrollar IA y construir centros de datos.

Los nuevos límites de uso

El segundo pilar del acuerdo son las restricciones de uso para Facebook e Instagram que Meta se ha comprometido a implementar. Estas deben evitar que vuelvan a repetirse daños y adicciones como los que han llevado a la corporación a los tribunales. Según el comunicado de Meta, las medidas son las siguientes:

Meta también ha informado de que incluirá otras funcionalidades como la posibilidad de desactivar la personalización de los algoritmos de recomendación de contenido o la reproducción automática de vídeos. Estas opciones, no obstante, deberán ser seleccionadas manualmente por los propios menores, a pesar de que en el juicio los fiscales habían conseguido que los directivos de Instagram reconocieran que las herramientas que no están activadas de manera predefinida tienen un uso marginal.

Otras herramientas, como el límite de tiempo y el modo nocturno, comienzan con un período de vigencia de cinco años, que se extenderán hasta los 10 si TikTok y YouTube ratifican el acuerdo. “Dado que los adolescentes utilizan con fluidez decenas de aplicaciones, necesitamos una solución para toda la industria. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a nuestros competidores, TikTok y YouTube, para que implementen este nuevo marco de inmediato”, ha declarado CJ Mahoney, Director Jurídico de Meta.

Lo que queda fuera

El acuerdo no obliga a Meta a renunciar completamente a las recomendaciones de contenido personalizadas ni a la publicidad dirigida a menores, el núcleo de su modelo de negocio. Tampoco aborda contenidos que los propios filtradores de Meta, como Frances Haugen, identificaron como especialmente problemáticos, como las publicaciones que generan preocupación por la imagen corporal de los adolescentes en Instagram.

Meta tampoco se ha comprometido a ninguna medida concreta para mejorar la verificación de edad e impedir que los menores de 14 años (o 16 en algunos países, como está negociando España) utilicen sus redes. Estos vacíos en el acuerdo han supuesto el principal foco de críticas por parte de los expertos y especialistas en sus primeras evaluaciones del acuerdo.

El acuerdo tiene un problema grande, y es que permite a Meta definir el daño

Arturo Béjar — ex director de ingeniería de Meta y primer testigo del juicio

Arturo Béjar, que llegó a ser director de ingeniería de Meta y fue el primer testigo del juicio, considera que el pacto es “un hito significativo”, pero avisa de que los padres no deben dar por hecho que Instagram es ahora seguro para sus hijos. “El acuerdo tiene un problema grande, y es que permite a Meta definir el daño”, ha dicho en un comunicado recogido por la agencia AP. Béjar cree que el límite de dos horas no resuelve el problema si el contenido que reciben los adolescentes en ese tiempo sigue diseñado para generar dependencia, y opina que el acuerdo debería haber atacado directamente el efecto de los sistemas de recomendación.

Josh Golin, director ejecutivo de la organización de seguridad infantil Fairplay, apunta en la misma dirección, lamentando que el acuerdo no desactive por defecto “los algoritmos de recomendación que conectan a los menores con depredadores y los envían por peligrosas madrigueras de contenido”.

Yaël Eisenstat, directora de política e impacto del Cybersafety Research Center y también extrabajadora de Meta, cree que “es un poco prematuro” saber si todos los cambios prometidos llegarán a materializarse. Recuerda que Meta “decidió ir en contra del consejo de sus propios empleados y siguió ignorando que estas características de diseño eran inseguras para aumentar sus beneficios. Con todo, advierte de que ”no hay una solución mágica para arreglar todo esto“ y que será necesario seguir trabajando más allá de Meta para solucionar los problemas que los algoritmos producen en los menores.

¿Y Europa?

El acuerdo es un pacto entre Meta y fiscales generales de Estados Unidos, por lo que no tiene aplicación automática en la Unión Europea o en el resto del mundo. La empresa no está obligada a extender estas medidas a los usuarios europeos.

No obstante, la UE tiene sus propias herramientas de presión y el precedente de este acuerdo podrá ser utilizado en los procesos que tiene abiertos contra Meta. La Comisión Europea lleva desde 2024 investigando las redes de Zuckerberg y este julio concluyó que el diseño de Instagram y Facebook incumple las leyes europeas que exigen a las plataformas evaluar y corregir los daños que provocan en los usuarios.

La investigación señala directamente algunas de las características que están en el centro de las acusaciones estadounidenses, como el scroll infinito, la reproducción automática, las notificaciones y los sistemas de recomendación personalizados. Si Bruselas confirma finalmente el incumplimiento, podría imponer una multa de hasta el 6% de su facturación mundial anual de Meta (lo que la elevaría a unos 11.000 millones de euros) y exigir cambios que podrían ir más allá que los pactados ahora en EEUU.

La Alianza de Prensa de Información General (APIG), principal asociación francesa de editores de diarios, ha denunciado este martes a Google ante la Autoridad de la Competencia del país galo, por el despliegue de su herramientas de elaboración de resúmenes de prensa con inteligencia artificial (IA).

En un comunicado, esta federación que reúne a unas 300 cabeceras del país considera desleal el lanzamiento de AI Overviews y AI Mode (las herramientas que hacen resúmenes de IA de los contenidos de las páginas web) por parte de Google. Acusan al gigante estadounidense de no querer compartir los beneficios generados por estas dos herramientas, en contra de la ley francesa de 2019, que “subordina el uso de contenidos de prensa a la autorización previa y a una remuneración”.

“Los editores no pedimos que se detenga esta innovación. Pedimos que este valor sea compartido y que el uso de sus contenidos sea remunerado, tal y como exige la ley”, señaló el presidente de la APIG, Marc Feuillée.

Las nuevas herramientas, lanzadas en Francia el pasado 22 de julio tras haberlas introducido ya en otros países (en España se activaron en octubre de 2025), permiten a los usuarios dialogar con una IA en la búsqueda de contenidos y solo difunden los enlaces directos a las webs de los periódicos en la parte baja, lo que puede generar una importante pérdida de tráfico digital y por consiguiente, de ingresos publicitarios.

Según varios organismos franceses, citados en el comunicado, en los países donde ya se han introducido esas herramientas la caída del tráfico se ha evaluado entre un 33 y un 38%. Un peligro que acecha a un sector ya muy afectado en Francia por la caída de la publicidad, lo que les ha obligado a reducir sus plantillas.

La introducción de estas herramientas se produce, además, antes de que comenzaran las negociaciones a las que Google estaba obligado, indican los editores, lo que les lleva a recurrir a las instituciones reguladoras.

La Autoridad de la Competencia ya sancionó en 2020 al gigante estadounidense por prácticas desleales y le impuso la obligación de negociar con los periódicos. Dos años más tarde le imponía una multa de 500 millones de euros por no haber respetado esos compromisos, lo que llevó a Google a abrir contactos y llegar a un acuerdo para la remuneración de sus contenidos válido hasta 2027.

“El despliegue unilateral de nuevos usos de los contenidos de prensa sin autorización previa contraviene esos compromisos”, consideran los editores. La APIG dice que está “abierta a la negociación” que permita el uso de los contenidos de prensa, “indispensables para los servicios de IA generativa”, pero “en un marco fundado en una autorización negociada y una remuneración a la altura de su valor”.

El gigante tecnológico Google ha anunciado una reorganización de sus equipos de inteligencia artificial que incluye el paso de Demis Hassabis a un cargo estratégico dentro de Google DeepMind (el laboratorio de IA avanzada de la multinacional) y la salida del científico jefe Jeff Dean tras 27 años en la empresa.

El consejero delegado de Google y de su matriz Alphabet, Sundar Pichai, explica en un mensaje a los empleados publicado en la página web de la empresa que estos cambios buscan “acelerar” el trabajo de Google en IA y “mantener el foco en la frontera tecnológica del sector”. Hassabis, cofundador y consejero delegado de Google DeepMind, dejará sus responsabilidades operativas diarias al frente de esa unidad y asumirá el cargo de presidente de Google DeepMind y científico jefe de Alphabet.

“Es un trabajo de vital importancia para Alphabet y para la humanidad, y no puedo imaginar a una persona mejor que Demis para hacerlo”, ha señalado Pichai, quien agrega que Hassabis también colaborará en asuntos estratégicos y globales relacionados con la inteligencia artificial general (aquella que supuestamente llegará a ser autoconsciente y capaz de mejorarse a sí misma).

El liderazgo operativo de Google DeepMind recaerá en Koray Kavukcuoglu, hasta ahora director tecnológico de la división y arquitecto jefe de IA de Google. Kavukcuoglu asumirá también el cargo de vicepresidente sénior y supervisará el desarrollo de los modelos Gemini, la investigación en IA avanzada y los equipos de la aplicación Gemini y de desarrolladores, añade la nota.

Otro de sus científicos más importantes funda su propia startup

Asimismo, Google ha informado de que Jeff Dean, uno de sus científicos más reconocidos, dejará la compañía para crear, junto al científico sénior de Google Sanjay Ghemawat, una empresa independiente destinada a acelerar avances en aprendizaje automático, ciencia e ingeniería. Dean y Ghemawat han sido responsables de algunos de los principales avances tecnológicos de Google, desde la infraestructura inicial del buscador hasta las redes neuronales que ayudaron a impulsar la era moderna de la IA.

Pichai ha destacado que los modelos Gemini cuentan con una elevada demanda entre desarrolladores y empresas, mientras que la aplicación Gemini supera los 950 millones de usuarios mensuales. La reorganización llega en un momento de creciente inversión de Alphabet en IA: en sus últimos resultados, la compañía reportó un incremento del gasto de capital que llevó su flujo de caja libre a terreno negativo por primera vez, y elevó su previsión anual de inversiones hasta un rango de entre 175.000 y 205.000 millones de dólares.

Tras el anuncio, las acciones de Alphabet caían alrededor de un 4% en Wall Street.

El correo electrónico reúne hoy una parte importante de la actividad digital de cualquier usuario. En una misma cuenta pueden acumularse conversaciones, documentos de trabajo, fotografías, recibos y accesos a otras plataformas. Perder la contraseña o quedarse sin el teléfono habitual puede provocar que toda esa información quede temporalmente fuera de alcance. Por ello, se han ido incorporando distintas vías para comprobar la identidad cuando el método principal no está disponible.

Hasta ahora, la recuperación de una cuenta de Google podía apoyarse en recursos como los códigos enviados por SMS o las aplicaciones de autenticación. Estas opciones continúan formando parte de los sistemas de protección, pero dependen de que el titular conserve el dispositivo, tenga conexión o pueda consultar el código correspondiente. Cuando ninguna de esas alternativas resulta accesible, volver a entrar puede convertirse en un proceso más complicado y dejar al usuario sin acceso a contenidos que necesita consultar.

Google ha comenzado a desplegar una nueva posibilidad basada en la verificación facial mediante un vídeo selfie. La herramienta permite asociar previamente una grabación del rostro a la cuenta y utilizarla más adelante si el propietario queda bloqueado o no dispone de su móvil u ordenador de confianza. No sustituye de forma automática al resto de mecanismos, sino que añade otra vía para demostrar quién está intentando acceder y recuperar el control del perfil. Su finalidad es ampliar las opciones disponibles ante una pérdida de acceso.

Cómo se configura y se utiliza el vídeo selfie

La preparación se realiza desde un dispositivo con cámara. El usuario debe situarse frente a ella y seguir una serie de indicaciones que le piden efectuar pequeños movimientos de cabeza. El objetivo es registrar la cara desde varios ángulos, en lugar de guardar únicamente una imagen fija. El proceso consiste en una grabación corta que queda vinculada a la cuenta de Google para que pueda emplearse en una futura comprobación.

Ese registro inicial es necesario porque sirve como referencia. Si en otro momento la persona no puede iniciar sesión por los medios habituales, el sistema le pedirá que grabe una nueva secuencia. Después comparará ambas capturas para determinar si corresponden al mismo rostro. La coincidencia permite confirmar la identidad y facilitar el regreso a la cuenta sin depender exclusivamente de un mensaje de texto o de un código temporal.

Durante la comprobación también se solicitan movimientos en directo. Esta medida pretende verificar que hay una persona delante de la cámara en ese instante y reducir la posibilidad de que alguien utilice una fotografía obtenida de internet, una imagen impresa o una grabación preparada con anterioridad. La autenticación no se basa, por tanto, en un solo fotograma, sino en una secuencia que recoge distintos gestos y posiciones del rostro.

La incorporación de este sistema amplía las opciones disponibles. Puede resultar útil si el titular ha perdido el teléfono, no tiene acceso al equipo desde el que suele conectarse o no puede utilizar temporalmente otros métodos configurados. Aun así, el vídeo facial funciona como una alternativa adicional dentro del proceso de recuperación y no implica la desaparición de las herramientas anteriores.

Privacidad y medidas frente a la suplantación

La grabación solo se almacena cuando el usuario da su consentimiento. Mientras permanece asociada al perfil, se conserva cifrada para impedir que pueda consultarse. Además, el titular mantiene la posibilidad de eliminarla desde los ajustes de su cuenta si deja de querer utilizar esta forma de identificación. De este modo, la activación del recurso depende de una decisión expresa y puede revocarse posteriormente.

El funcionamiento combina varias capas de protección. Por un lado, compara el vídeo realizado durante el intento de acceso con el registrado en la configuración inicial. Por otro, exige respuestas físicas en tiempo real para comprobar que la captura está siendo creada en ese momento. La unión de ambos controles busca dificultar los intentos de entrar con fotografías, vídeos manipulados u otros materiales que traten de imitar la apariencia del propietario.

Este tipo de verificación parte de una idea sencilla: utilizar un rasgo que acompaña al usuario incluso cuando no conserva sus dispositivos habituales. Sin embargo, el sistema no convierte el rostro en el único requisito para acceder de manera cotidiana. Su función principal es ofrecer una salida adicional en situaciones en las que la persona no puede recurrir a las fórmulas que tenía preparadas.

La llegada del vídeo selfie también recuerda la importancia de configurar con antelación varias opciones de recuperación. Tener más de un procedimiento disponible reduce la dependencia de un único teléfono o aplicación. La nueva herramienta añade la identificación facial a ese conjunto de alternativas y permite que el propietario disponga de otra forma de acreditar quién es cuando pierde el acceso a una cuenta que concentra una parte relevante de su información personal y profesional.

La presión sobre Google para que cumpla las normas digitales europeas no para. La Comisión Europea ha impuesto este viernes dos multas que suman 890 millones de euros a Google en sendas sanciones (430 millones y 460 millones, respectivamente) por “favorecer sus propios servicios en Google Search y por imponer restricciones a las empresas para dirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos, a menudo más baratos, en Google Play”.

Con esta nueva penalización, el gigante tecnológico estadounidense suma ya más de 10.000 millones de euros en multas impuestas por la UE, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que confirmó la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante de Google Search en el sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Además, fue multada con 2.950 millones de euros por prácticas abusivas con la publicidad digital y otros 2.420 millones por abuso de posición dominante en su servicio Google Shopping. Otra sanción de 1.490 millones, que Bruselas impuso en 2019 a la compañía de Sillicon Valley por atentar contra la competencia publicitaria con su plataforma AdSense, fue anulada por el Tribunal General de la UE .

La multa anunciada este viernes se debe al incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2023. La Unión Europea impuso sus primeras multas a las 'Big tech' en 2025: Apple y Meta vulneraron esta normativa y se les sancionó con 500 millones y 200 millones de euros, respectivamente. La normativa digital europea se ha convertido en un punto de fuerte conflicto entre la UE y la Administración de Donald Trump, que ha mostrado su rechazo en forma de amenazas contra Europa en repetidas ocasiones.

“Trato preferente a sus propios servicios”

Bruselas ha explicado que según la DMA, grandes tecnológicas como Google “no pueden dar un trato preferente a sus propios servicios en los sistemas de clasificación frente a los servicios de terceros. Deben aplicar condiciones transparentes, justas y no discriminatorias para dicha clasificación”.

Además, la Comisión ha constatado que “Google concede un trato preferente a sus propios servicios, que incluye los resultados de compras, hoteles, transporte y deportes, frente a los de terceros en Google Search”. Los técnicos de la institución europea han probado que el gigante tecnológico estadounidense “muestra sus propios servicios de forma más destacada en los resultados de búsqueda, incluso situándolos en la parte superior de la página de resultados o utilizando elementos visuales mejorados y filtros, mientras que los servicios similares de terceros no reciben el mismo nivel de visibilidad”.

Además, la Comisión asegura que “Google impide a los desarrolladores de aplicaciones comunicar y promocionar libremente sus ofertas, así como cerrar contratos con usuarios a través de los canales de distribución que elijan, incluidas las tiendas de aplicaciones de terceros”.

Aunque Google recibe un pago en forma de comisión por facilitar la adquisición de un nuevo cliente por parte de un desarrollador externo de aplicaciones a través de Google Play, Bruselas apunta que “la cuantía de las tarifas relacionadas con el direccionamiento que cobra Google y la duración del periodo durante el cual se aplican dichas tarifas exceden lo que se considera compatible” con la normativa europea.

Queja de Google

El presidente de Asuntos Globales de Google y su matriz Alphabet, Kent Walker, ha señalado tras conocer la multa que la DMA “sigue deteriorando los productos de uso diario. Para cumplir con la normativa, nos vemos obligados a eliminar funciones de Búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian —como los precios al instante y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes— y a desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play. Esto no es competencia justa; es un empeoramiento del producto impulsado por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares, cuyos platos rotos están pagando las empresas y los consumidores europeos. La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos”.

Hay que recordar que Alphabet, la matriz de Google y YouTube, informó de un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más respecto al anterior, impulsada por sus servicios la publicidad y YouTube. La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15% más interanual, cifra de la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Competencia, ha declarado que “Google no ha logrado un cumplimiento efectivo de la DMA y hemos adoptado medidas firmes pero equilibradas para sancionar estas infracciones. Los mejores productos deben triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda. Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les informen de dónde pueden acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no obtiene ningún beneficio económico de ello. Esta es la promesa de la DMA: proteger la equidad, la capacidad de elección y la innovación en los mercados digitales en beneficio de todos los ciudadanos europeos”.

Recientemente, la Comisión Europea le impuso a Google dos medidas vinculantes para cumplir con la DMA. Por un lado, se pretende garantizar que los servicios de inteligencia artificial (IA) de la competencia puedan competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, como Gemini, al tener el mismo acceso a las funcionalidades de los dispositivos Android de Google. Por otro lado, se pretende “reequilibrar las condiciones de competencia otorgando a motores de búsqueda de terceros acceso a los datos de búsqueda que únicamente Google Search puede recopilar a gran escala”.

Bruselas rompe los ecosistemas de las grandes tecnológicas estadounidenses que impiden la libre competencia. La Comisión Europea le ja impuesto a Google dos medidas vinculantes, según la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Por un lado, se pretende garantizar que los servicios de inteligencia artificial (IA) de la competencia puedan competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, como Gemini, al tener el mismo acceso a las funcionalidades de los dispositivos Android de Google. Por otro lado, se pretende “reequilibrar las condiciones de competencia otorgando a motores de búsqueda de terceros acceso a los datos de búsqueda que únicamente Google Search puede recopilar a gran escala”.

Google tiene que implementar ambas medidas en 2027. La Comisión ha señalado que los usuarios empezarán a beneficiarse de los cambios en Android a partir de julio del año que viene mientras que deberá compartir los datos de búsqueda con otros buscadores a partir de enero de 2027.

Este mes de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante del motor de búsqueda Google Search en el contexto del sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Es la multa más alta de la historia que impone la Comisión Europea a un gigante tecnológico.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de Competencia, ha señalado que “la sociedad está atravesando una profunda transformación digital. Debemos garantizar que ese proceso sea justo y que nuestros ciudadanos tengan capacidad de elección. Nuestra decisión ayudará a que competidores más pequeños, ya sean motores de búsqueda o asistentes de inteligencia artificial, puedan competir y ofrecer esa posibilidad de elección, al tiempo que se protege la privacidad de los usuarios”.

Bruselas explica que en la actualidad, los asistentes de IA de terceros en teléfonos Android solo tienen un acceso limitado a funciones clave de este sistema operativo. Sin ese acceso, los asistentes de IA alternativos “no pueden competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, que disfrutan de acceso completo”.

Como consecuencia de esta falta de competencia, “los asistentes de IA de terceros ven limitada su capacidad para ofrecer servicios innovadores, lo que los hace menos atractivos para el 60% de los usuarios de la Unión Europea que utilizan un dispositivo Android”, explican desde la Comisión.

Con la decisión adoptada por Bruselas, “los usuarios podran activar el asistente de IA de su elección mediante comandos de voz, de forma similar al comando 'Hey Google'. Los usuarios también podrán utilizar asistentes de IA de terceros para realizar acciones en aplicaciones en su nombre”.

La Comisión pone como ejemplo de tareas que se podrán hacer con asistentes de IA de terceros “reservar un taxi, recibir sugerencias de respuestas relevantes en aplicaciones de mensajería o preguntar al asistente de IA sobre un lugar que hayan visitado recientemente”.

Un portavoz de Google ha comentado que las decisiones de la Comisión “ponen en riesgo la seguridad y la privacidad de millones de europeos” ya que “amenaza la seguridad de los dispositivos al otorgar a aplicaciones externas permisos sensibles y potentes sin garantías. Esto ocurre mientras la propia agencia de ciberseguridad de la UE advierte que 'los fundamentos de la seguridad son más importantes que nunca en la era de la IA'”.

Datos de búsqueda de Google para terceros

La otra medida que debe implementar la tecnológica estadounidense es “compartir sus datos de búsqueda con otros buscadores”. La Comisión asegura que “el intercambio de datos es fundamental para el desarrollo y la optimización de motores de búsqueda de terceros. Contribuye a crear unas condiciones de competencia más equilibradas frente a Google Search y fomenta la aparición de servicios de búsqueda innovadores, incluidas alternativas centradas en la protección de la privacidad”.

Bruselas añade que la medida contiene orientaciones para Google sobre cómo compartir datos, ya que hasta ahora la propuesta planteada por la propia tecnológica ha sido “ineficaz”. Por ejemplo, aclara que los chatbots de inteligencia artificial que ofrecen funciones de búsqueda podrán acceder a los datos compartidos y que, siempre que los datos estén anonimizados, Google deberá compartir la misma información que utiliza para optimizar sus propios servicios de búsqueda.

La Comisión asegura que se garantiza la anonimización de los datos de búsqueda mediante un método de anonimización en varias capas, desarrollado en estrecha colaboración con expertos internos y externos en privacidad. La decisión permite que Google evalúe, antes de compartir cualquier dato, si hacerlo con un tercero concreto plantea riesgos graves para la ciberseguridad o la protección de datos. Compartir los datos también es lucrativo para Google, ya que la Comisión ha establecido “una fórmula equitativa para calcular el precio de los datos compartidos”.

En este sentido, el gigante estadounidense ha denunciado que resulta “preocupante que las búsquedas privadas de los europeos queden expuestas a empresas desconocidas, sin una anonimización adecuada de los datos y sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Esto debilitaría la privacidad de los ciudadanos, pondría en riesgo los secretos comerciales de las empresas y comprometería la seguridad nacional”.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha vulnerado durante los últimos seis años la normativa de protección de datos al facilitar información personal de más de 525.000 alumnos —la mayoría menores de edad— y alrededor de 74.000 docentes al gigante tecnológico Microsoft, en el marco del convenio suscrito con la Junta en 2020 para el uso de herramientas digitales en el sistema educativo público andaluz.

Así lo concluye el expediente sancionador del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, adelantado por El País y consultado por este periódico, en el que se atribuyen a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional seis infracciones de la normativa: dos muy graves, tres graves y una leve.

El organismo de control ha dado de plazo hasta el 31 de julio para que la Junta implante un plan de acción que subsane las deficiencias detectadas en el convenio y reduzca el “elevado riesgo” que, a su juicio, supone el tratamiento de datos personales de alumnado y profesorado mediante los servicios en la nube de Microsoft, entre ellos Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive o Teams.

Fuentes de la Consejería sostienen que “en ningún momento ha habido una brecha de datos, ni se ha vulnerado la privacidad o el derecho a la intimidad de los estudiantes ni del profesorado andaluz” y garantizan que “no ha existido vulneración de la protección de los datos de los miembros de la comunidad educativa de Andalucía”.

Un nuevo expediente tras el caso Google

La resolución se conoce apenas dos años después de que el mismo organismo apercibiera a la Junta por un convenio similar suscrito con Google. En aquel caso, la administración andaluza también fue sancionada por vulnerar la normativa de protección de datos en el tratamiento de la información de 738.502 alumnos, 43.202 docentes y 2.676 centros educativos públicos.

Igual que en el convenio de Microsoft, el Consejo de Transparencia también identificó varias infracciones graves y muy graves relacionadas con el uso de Google Workspace for Education (antes G Suite), entre ellas no informar adecuadamente al alumnado, a sus familias y al profesorado sobre el tratamiento de sus datos personales.

Entonces, el Consejo ordenó igualmente la implantación de un plan de acción y de medidas correctoras antes del 31 de julio de 2025. Tras analizar la documentación remitida por la Consejería para acreditar su cumplimiento, el organismo elaboró en 2026 tres informes de seguimiento en los que da por cumplidas algunas de las exigencias, mientras que otras deberán seguir siendo objeto de supervisión al considerar que la administración educativa aún debe introducir “ajustes” en la Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD) y mejorar la “coherencia documental” para alcanzar “el nivel de rigor exigido” por la normativa, según el expediente al que ha tenido acceso este periódico.

Sin consentimiento previo

El origen del procedimiento se remonta a la denuncia presentada por un docente, que alertó de varias irregularidades en el convenio firmado en noviembre de 2020 entre Microsoft y la entonces denominada Consejería de Educación y Deporte, dirigida por el ya fallecido Javier Imbroda.

Según expuso el denunciante, el alta del alumnado y del profesorado en la plataforma se realizaba de forma automática a partir de los usuarios del sistema Séneca, sin solicitar previamente el consentimiento de los interesados o, en el caso de menores de 14 años, de sus representantes legales. De este modo, la administración facilitaba a Microsoft datos como las credenciales IdEA (Identificador Educativo Andaluz), nombre y apellidos, rol de alumno o docente y el código del centro educativo, “sin consentimiento previo”.

El denunciante también advertía de que, en el caso del profesorado, esas credenciales estaban vinculadas al acceso a sistemas con abundante información laboral y administrativa e incluso a datos especialmente protegidos relacionados con el alumnado, lo que, a su juicio, entrañaba “un riesgo muy elevado” dadas las capacidades tecnológicas de la multinacional estadounidense.

El Consejo admitió a trámite la reclamación en diciembre de 2023 y un año después inició el procedimiento sancionador contra la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Desarrollo Educativo, tras acreditar la comisión de varias infracciones.

Seis incumplimientos acreditados

La resolución considera acreditadas seis infracciones de la normativa europea de protección de datos. Entre las más graves figura “la omisión del deber de informar adecuadamente” al alumnado, a sus familias y al profesorado sobre el tratamiento de sus datos personales, así como la realización de transferencias internacionales de datos a terceros sin acreditar el cumplimiento de las garantías, requisitos o excepciones previstos en el Reglamento General de Protección de Datos.

El Consejo también concluye que la Consejería no adoptó medidas técnicas y organizativas suficientes para “limitar el elevado riesgo” de que los usuarios incorporaran “categorías especiales de datos” a los servicios educativos en la nube. Asimismo, reprocha a la administración autonómica la ausencia de protocolos claros sobre qué fotografías y contenidos audiovisuales podían almacenarse en estas plataformas y cuáles debían quedar excluidos.

La resolución acredita además que la administración educativa inició el tratamiento masivo de datos sin realizar previamente la obligatoria Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD), pese a afectar 525.743 miembros del alumnado y 73.937 del profesorado y empleados, pertenecientes a 1.048 centros educativos, según los datos recogidos en el expediente.

Frente a estas conclusiones, la Consejería de Desarrollo Educativo sostiene que “tanto Google como Microsoft nunca han tenido acceso a las contraseñas ni han podido utilizar los datos para fines comerciales”. En un comunicado, el departamento que dirige Carmen Castillo insiste en que “en ningún momento ha habido brecha de datos, ni se ha roto la privacidad o el derecho a la intimidad de los estudiantes ni del profesorado andaluz”.

Sin multa para no perjudicar el sistema educativo

Respecto al expediente sancionador, desde la Consejería de Desarrollo Educativo se explica que el Consejo de Transparencia ha considerado “la necesidad de establecer medidas más claras sobre la formación del profesorado y la información a los usuarios sobre la creación de las cuentas y del tratamiento de sus datos”. En ese sentido, el departamento asegura que ya ha elaborado un plan de acción que incorpora medidas técnicas y organizativas para “minimizar el riesgo” de que los usuarios introduzcan categorías especiales de datos en los servicios educativos en la nube.

En las alegaciones incorporadas al expediente, la Junta reconoce que no realizó la preceptiva Evaluación de Impacto antes de la firma del convenio con Microsoft en 2020, aunque sostiene que esa carencia ya está siendo subsanada y que dicho informe será el “paso previo e indispensable” para la redacción del nuevo convenio. Sobre el resto de medidas recogidas en el plan de acción, la Consejería señala que serán presentadas antes del 31 de enero de 2027.

La Consejería también defiende que actualmente no dispone de una alternativa tecnológica propia con prestaciones equiparables a las ofrecidas por Microsoft, cuyos servicios —que incluyen Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive o Teams— utilizan más de medio millón de alumnos y decenas de miles de docentes. A su juicio, una interrupción inmediata del servicio provocaría “graves distorsiones y perjuicios” en el funcionamiento del sistema educativo.

Precisamente ese argumento ha pesado en la decisión del Consejo de Transparencia de no suspender los servicios de Microsoft hasta valorar las medidas adoptadas, pues la suspensión podría afectar negativamente al derecho a la educación y al interés superior del menor, por lo que ha optado por apercibir a la Consejería y exigir la adopción de medidas correctoras.

La administración autonómica deberá remitir antes del 31 de julio el plan de acción exigido por el Consejo, que incluirá las actuaciones necesarias para corregir los incumplimientos detectados y, entre otras cuestiones, acreditar que las transferencias internacionales de datos cumplen las garantías previstas por normativa o, en caso contrario, se suspenderá el flujo de datos. La resolución concluye advirtiendo de que el incumplimiento de las medidas impuestas podría constituir una nueva infracción muy grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos y dar lugar a la apertura de otro procedimiento sancionador contra la Junta.

Varapalo judicial para Google. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha confirmado este jueves la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante del motor de búsqueda Google Search en el contexto del sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Es la multa más alta de la historia que impone la Comisión Europea a un gigante tecnológico.

Tras conocer la sentencia, un portavoz de Google ha señalado que “Android ofrece más opciones para todos y apoya a miles de empresas. Esta sentencia no reconoce nuestra importante inversión para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito. En cualquier caso, adaptamos nuestros acuerdos para cumplir con la decisión inicial ya en 2018 y seguimos centrados en la innovación continua y la apertura para nuestros usuarios, socios y desarrolladores”.

La abogada general de la UE ya había avalado previamente la multa de 4.125 millones contra la compañía por abuso de su posición dominante que determinó el Tribunal General de la UE (TGUE). La letrada pidió al TJUE desestimar el recurso presentado por Google y mantener el castigo al entender que los argumentos jurídicos a los que apela son “inoperantes”.

En 2018 la Comisión Europea le impuso a Google una multa de 4.340 millones de euros por infringir las normas de competencia de la Unión Europea. Desde 2011, Google ha impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android y a los operadores de redes móviles con el fin de consolidar su posición dominante en el mercado de las búsquedas generales en Internet.

Google impugnó la decisión de la Comisión y el TJUE confirmó en 2022 la calificación de la infracción como única y continuada, pero anuló la parte relativa al comportamiento consistente en subordinar la celebración de acuerdos de reparto de ingresos con determinados fabricantes de equipos de origen y operadores de redes móviles a la preinstalación exclusiva de Google Search en una cartera predefinida de aparatos. A raíz de esta anulación parcial, el Tribunal General reevaluó la sanción y fijó la multa impuesta a Google en 4.125 millones de euros.

En esta sentencia, El Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto por Google y su empresa matriz Alphabet porque el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al examinar los efectos contrarios a la competencia de las condiciones de preinstalación previstas en los acuerdos Android. Confirma también que el Tribunal General podía estimar que existía un sesgo de statu quo en favor de las aplicaciones preinstaladas y considerar que Google y Alphabet no habían demostrado que las preferencias de los usuarios o la calidad alegada de sus servicios explicaran por sí solas los comportamientos que han llevado a la multa de la Comisión.

El TJUE tampoco aprecia error en la sentencia del Tribunal General al confirmar la apreciación de la Comisión acerca de las condiciones de preinstalación previstas en los acuerdos Android. La demostración de un abuso de posición dominante no se supedita en todos los casos a la prueba de la capacidad para expulsar del mercado únicamente a competidores igual de eficaces. Teniendo en cuenta las características propias de los mercados digitales en cuestión, el Tribunal General podía concluir, sin recurrir a esa prueba, que dichas prácticas podían restringir la competencia y reforzar las barreras de entrada.

Tampoco es erróneo la confirmación de la apreciación de la Comisión acerca de los acuerdos contra la fragmentación. Dichos acuerdos podían limitar las oportunidades comerciales de las versiones de Android no compatibles y reforzar así la posición dominante de Google. En las circunstancias del presente asunto no era necesario un análisis de contraste, ya que los efectos contrarios a la competencia del comportamiento en cuestión habían quedado suficientemente acreditados por la investigación de la Comisión.

Finalmente, el TJUE confirma la competencia jurisdiccional plena para fijar el importe de la multa del Tribunal General y declara que su fundamentación era suficiente y que se habían respetado los principios procesales invocados por Google y Alphabet, en particular el derecho de defensa.

Agustín Reyna, director general de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha declarado que “la sentencia de hoy transmite un mensaje muy claro: las empresas con una posición dominante no pueden utilizar su poder para excluir a la competencia y limitar la libertad de elección de los consumidores. Durante años, los usuarios de Android han sido dirigidos hacia el buscador de Google y el navegador Chrome, dejando escaso margen para que alternativas, incluso aquellas que ofrecían soluciones más innovadoras o una mayor protección de la privacidad, pudieran competir”.