No todos los trabajadores que así lo deseaban han podido salir este martes, 17 de marzo, a las calles vascas durante la huelga general para protestar por un salario mínimo propio de 1.500 euros, superior al vigente en España de 1.221 euros. Como por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar internas. Sin embargo, a modo de protesta, muchas de ellas han colgado pañuelos naranjas que representan a su sector en las ventanas de los hogares en los que trabajan, así como fregonas y escobas en los balcones.

“Están con nosotras aunque no estén en las calles. Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas, porque en nuestro sector es donde más se vulneran los derechos. No contamos con convenio y nos han negado el derecho a ese convenio. Nos discriminan por el hecho de ser migrantes, nos racializan y somos maltratadas en los domicilios en los que trabajamos. Inspección de Trabajo no hace nada para vigilar cómo son nuestras condiciones dentro de las casas. A muchas compañeras no les pagan los salarios porque están en situación irregular. Se nos pagan lo que quieren, sin pagas extra, vacaciones o descanso. Por eso nos unimos a esta huelga, porque queremos reivindicar nuestros derechos. Protestamos por salarios dignos para nosotras y para quienes no pueden parar”, explica Yolanda, quien lleva seis años trabajando en Euskadi como trabajadora del hogar, dos de ellos como interna.

Junto a ella un grupo de trabajadoras del hogar porta pañuelos naranjas y carteles morados con forma de mujer en los que se lee la realidad de cada una. “Soy Luz Míriam, de Colombia. Soy interna desde hace ocho años”, “Soy Edurne, de Bilbao. Trabajo dentro y fuera de casa sin tiempo y sin descanso”, “Amaia naiz, soy amama y no tengo jubilación” o “Soy Teodocia, cuidadora de Alzheimer y exijo mi derecho a paro”. “Nuestra realidad es que muchas de nosotras hemos trabajado durante años sin contrato. En mi caso tengo contrato solo desde hace cinco años y de media jornada porque la familia ha decidido así. Eso ha hecho que prácticamente no vaya a tener una jubilación. Ya no protesto para mí, sino para las que vengan, para que ganen lo que es justo por su trabajo”, reconoce Maritza, que a sus 66 años cuenta con más de tres décadas como trabajadora del hogar a sus espaldas.

Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas

Yolanda — Trabajadora del hogar

Entre las miles de personas que han recorrido las calles del centro de Bilbao se mezclan realidades completamente distintas, pero con una precariedad parecida. Los trabajadores de artes gráficas de Bizkaia siguen de cerca a las trabajadoras del hogar. En su caso, tras una pancarta en la que se lee “¡Convenio digno ya!”, han exigido la renovación de su convenio que data de 2012 y han informado de que comenzarán once jornadas de huelga para lograrlo. “En los últimos años, estamos intentando lograr un convenio digno. En 2024 hicimos doce días de huelga, pero no conseguimos mover a la patronal. Nos dimos un año para evaluar las negociaciones, pero al ver que no había avances, a final de año decidimos volver a activar las huelgas. En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga que vamos a llevar a cabo en las artes gráficas de Bizkaia. Desde aquí hasta semana santa”, detalla a este periódico Mikel Etxebarria, uno de los casi 2.000 trabajadores que trabajan en rotativas, imprentas, cartonaje, papel o copisterías de Bizkaia.

En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga

Mikel Etxebarria — Trabajador del sector de artes gráficas

Los trabajadores del Puerto de Bilbao, cada uno desde su trinchera, se han unido también este martes para recorrer el centro de la ciudad tras una pancarta en la que se lee “Portuko langileak lan baldintza duinen alde. Los trabajadores del Puerto, a favor de condiciones de trabajo dignas”. “Aprovechamos esta reivindicación de un salario justo para Euskal Herria para también manifestarnos por la precarización a la que nos quieren someter las multinacionales que hay en el Puerto de Bilbao, donde hay varios conflictos laborales, como en amarradores, un servicio de atraque y desatraque de barcos, limpieza, contenedores o en estibadores, donde hay problemas con la renovación de los convenios y otras empresas. Por el momento tenemos trabajos dignos, pero tememos que las multinacionales precaricen nuestro salario a través de la deslocalización del trabajo”, reconoce Pello de Vega, que lleva cerca de 20 años trabajando en el Puerto.

Por su parte, también en la manifestación, decenas de trabajadoras del sector de Intervención Social han exigido la publificación de sus servicios, que están siendo subcontratados. “Nuestro sector está en lucha porque somos trabajadoras públicas privatizadas en un modelo de subcontratación en el que muchas compañeras no alcanzamos el salario mínimo interprofesional que en el día de hoy se está reivindicando, es un sector feminizado, muy conectado con el trabajo de cuidados. Nuestro sector trabaja con sectores de población más vulnerabilizada y es especialmente sensible a la situación creciente internacional de desigualdad e injusticia social. Defendemos que un salario digno es imprescindible para alcanzar el objetivo de una vida digna para todas las personas y desde una perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista, antimilitarista y decolonial. No al gasto militar y más gasto social”, asegura Cristina, una de las trabajadoras a elDiario.es/Euskadi.

Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro

Adriana — Profesora de Secundaria

La huelga no solo ha movilizado a trabajadores. Estudiantes de distintas edades también han salido a la calle preocupados por su futuro laboral. Es el caso de Elisa, Asier, Maider y Ander, estudiantes de Química de 21 años, que han acudido a la manifestación con Adriana, profesora de Secundaria de 28 años. La cuadrilla porta una pancarta que, por un lado, lleva el mensaje “Trabajar para vivir, no para sobrevivir” y, por el otro, “Queremos aumentos, no cuentos”. Por el momento todos viven con sus padres y madres, ninguno de ellos ha conseguido independizarse, si siquiera Adriana, pese a contar con un trabajo en un colegio. “Vivimos en casa todavía. En mi caso, aunque trabaje no me puedo ir a vivir con mi novio porque entre los dos sueldos no nos da para comprar una casa y los alquileres están por las nubes. El futuro se ve bastante oscuro, pero tenemos esperanza. Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro”, ha argumentado la profesora.

Estos son algunas de las historias de las más de 100.000 personas que han salido a la calle en las distintas movilizaciones convocadas en Euskadi y Navarra. “Nos van a tener enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo”, ha avisado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en el mitin que ha cerrado la manifestación de Bilbao y en la que se han congregado miles de personas contra “el saqueo organizado que se está dando desde los empresarios”. “Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene”, ha advertido el coordinador general de LAB, Igor Agirre, que ha estado también en la marcha de la capital vizcaína. Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT o el movimiento alrededor de GKS o los pensionistas también llamaban a la huelga, sin embargo, dos de los sindicatos han optado por no movilizarse: CCOO y UGT.

El subsidio para mayores de 52 años se ha convertido en un bote salvavidas para aquellos que tienen que afrontar el último tramo de su vida laboral en el desempleo. Esta prestación no solo les otorga un ingreso mensual de 480 euros mensuales, sino que les permite seguir cotizando a la Seguridad Social, evitando que peligren sus pensiones en el futuro. Ahora, la cotización generada por este subsidio se va a ver aumentada tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La subida de los salarios más bajos no solo es una buena noticia para aquellos trabajadores que perciben esta cuantía por su trabajo, también lo será para aquellos receptores del subsidio para mayores de 52 años. El SMI sube un 3,1% hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, un total de 17.094 euros anuales. Se trata además de un incremento con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este 2026.

Es preciso aclarar que la subida del SMI no incrementará la cuantía a percibir del subsidio. Seguirá siendo de 480 euros mensuales, el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Sí que aumentará la cotización fruto de esta ayuda. Dado que el SMI es también la referencia que determina la cotización de cara a la jubilación, de forma consecuente se mejora la cotización fruto de las ayudas a mayores de 52 años.

Con la subida del SMI, la base mínima de cotización pasará a situarse este 2026 en torno a 1.424,50 euros mensuales. Esta ayuda cotiza por el 125% de esta base, por lo que la nueva base de cotización de este subsidio rondará los 1.780 euros mensuales, un incremento de un 3,6% respecto a 2025. Este aumento de cotización puede traducirse, a la hora de calcular la jubilación, en una pensión más alta.

Requisitos para el subsidio para mayores de 52 años

Para poder cobrar el subsidio para mayores de 52 años, el solicitante no puede percibir más del 75% del salario mínimo interprofesional en rentas propias. Esto supone que con la subida del SMI también aumenta el umbral de límite de rentas para solicitar la ayuda, que ahora se sitúa en 915,75 euros mensuales. Este límite de ingresos deberá estar vigente desde el mes anterior a la solicitud o prórroga de la subvención. Existen otros requisitos para poder optar a esta ayuda, que son los siguientes:

Por último, se debe acreditar, en la fecha de presentación de la solicitud, la carencia de rentas propias. El cumplimiento de este requisito deberá mantenerlo durante todo el tiempo de percepción del subsidio. En este sentido, se considerarán rentas propias todas aquellas que tengan lugar en la unidad familiar. Pueden ser de ingresos derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas, y las prestaciones contributivas o no contributivas, públicas o privadas (salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y el importe de las cuotas para la financiación del convenio especial con la Seguridad Social). También se considerarán rentas las pensiones de alimenticias y compensatorias en separaciones, divorcios, nulidades matrimoniales o procesos de adopción de medidas paternofiliales cuando no convivan los progenitores.

Una vez concedida, el solicitante recibirá 480 euros mensuales hasta que se jubile o encuentre un nuevo empleo.

Cómo solicitar el subsidio para mayores de 52 años

De acuerdo con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para pedir el subsidio para mayores de 52 años tendrás que presentar la siguiente documentación en el registro electrónico del SEPE o pidiendo cita previa en una oficina de prestaciones:

Este subsidio se debe renovar cada año. Para ello, debes justificar que sigues cumpliendo el requisito de carencia de rentas propias, presentando al SEPE una declaración de tus rentas cada doce meses, desde la fecha en la que se concedió el subsidio o desde la última renovación.

Si no presentas esta declaración en el plazo indicado, se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social. El pago se reanudará una vez la renueve el solicitante, pero no tendrá carácter retroactivo, solo percibirá la cuantía correspondiente tras aportar la documentación.

Los cerca de 600 trabajadores municipales de Mérida -funcionarios y laborales fijos- percibirán una nómina adicional este mes de diciembre con la subida del 2,5% aprobado por el Gobierno y que supondrá un desembolso de 581.000 euros.

El consistorio asegura que dispone de solvencia económica para afrontar esta subida, acordada después de haber mantenido una reunión con las centrales sindicales. La mesa negociadora con UGT, CC.OO y CSIF y Ayuntamiento se reunió el 2 de diciembre y se acordó este abono antes de final de año, así como otras cuestiones retributivas, enmarcadas en otros compromisos del Gobierno local.

De esta manera, en el mes de diciembre, los empleados y empleadas municipales recibirán dos nóminas, una ordinaria con mensualidad de diciembre y la paga extra, y otra extraordinaria con el 2,5% de atrasos desde enero 2025, los derechos laborales pendientes de aquellos puestos con nuevas funciones, la diferencia con respecto a los Complementos Específicos del grupo profesional AP y las 12 horas policía local adicionales por servicios extraordinarios. Para el año 2026, el presupuesto ya prevé una subida del 4% (2.5% 2025 y 1.5% del 2026).

Además, destaca que desde la entrada en vigor de los presupuestos 2026, se abonará el 50% de los conceptos de peligrosidad, jornada partida y conducción con carácter retroactivo desde enero del 2026. También se negociará y materializará en la anualidad del 2026, el compromiso del 40% de peligrosidad, jornada partida y conducción, correspondiente al acuerdo del 2025.

En la anualidad 2027, desde el mes de enero, se abonará el 100% de los complementos de peligrosidad, jornada partida y conducción desde enero del 2027. 

El Gobierno de La Rioja abonará en diciembre, con efectos retroactivos desde 1 de enero, el incremento salarial del 2,5 por ciento para los empleados públicos. El Consejo de Gobierno ha dado instrucciones este martes a la Consejería de Hacienda para que este mes de diciembre haga efectivo el incremento salarial del 2,5 por ciento este año para los empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La medida beneficia a casi 18.000 trabajadores y tendrá un coste de más de 19 millones de euros cuyo grueso, por sectores, coparán Salud (7,72 millones), Educación (7,62 millones) y Administración General (3,57 millones).  

El portavoz y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que con esta revalorización el Ejecutivo regional cumple el acuerdo salarial firmado la semana pasada entre el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital con las entidades sindicales que supone el incremento salarial de los empleados públicos de España del 11,4 por ciento en los próximos cuatro años. En concreto, un incremento del 2,5 por ciento en 2025, retroactivo desde el día 1 de enero, y un crecimiento para 2026 del 1,5 por ciento adicional, “lo que supondrá que las nóminas de los empleados públicos se revalorizarán el 4 por ciento respecto a las actualmente establecidas”. 

La decisión del Gobierno de La Rioja ha sido “hacer efectivo en este mismo mes de diciembre el incremento salarial para los empleados públicos de La Rioja” porque “el compromiso con los empleados es total”, pero ha recordado que, además del “esfuerzo económico que supone para los contribuyentes riojanos”, implementar esta revalorización conlleva “un enorme desafío técnico y administrativo porque hay que encontrar el crédito presupuestario suficiente y tramitar miles de nóminas en unos 20 días”. En este sentido, Alfonso Domínguez ha incidido en que la Comunidad es capaz de afrontar este reto porque tiene “mucha rstabilidad en las cuentas públicas, mucha estabilidad financiera y un buen control del gasto público, lo que seguro que otras comunidades y otras entidades locales no van a poder hacer frente”.

No obstante, el consejero ha recordado las comunidades autónomas concentran el grueso de los empleados públicos de la Administración que prestan los servicios públicos esenciales a los ciudadanos, por lo que piden “al Estado que tenga en cuenta la opinión de las comunidades autónomas cuando vaya a afrontar una negociación de este tipo y nos incorpore a este tipo de negociaciones”.

El acuerdo de subida salarial para los empleados públicos firmado entre el Gobierno de España, UGT y CSIF tendrá un impacto en las cuentas extremeñas de 68 millones de euros, 16 millones más de los inicialmente previsto, según ha señalado este viernes la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, que no ha concretado cuando se abonará.

Elena Manzano ha mostrado su satisfacción porque “por fin” se hayan sentado a negociar el Gobierno con los agentes sociales “después de muchos meses de inacción de olvidarlos y no valorar lo que hacen”. Ha recordado que en Extremadura estaba prevista una subida del 2% para 2025 y finalmente este acuerdo recoge que será del 2,5% , por lo que tendrá un impacto económicos de 16 millones de euros más.

Este acuerdo beneficiará a unos 50.000 empleados públicos de la administración regional, según Manzano, que ha precisado, no obstante que, aún quedan trámites por llevar a cabo, como que el acuerdo sea aprobado en Consejo de Ministros y después por el Consejo de Gobierno en Extremadura para proceder se procederá a la pago.

En cuanto a la fecha del abono, ha incidido en que será “tan pronto como sea posible”, pero no ha podido concretar cuando, y ha recordado lo que ocurrió cuando se anunció la subida del 0,5%, que Extremadura tenía preparado y como el Gobierno tardó varios meses no se pudo pagar. “En cuanto se acometa por parte del Estado y se pasen los trámites, se abonará, que estén los empleados públicos tranquilos porque hemos dado sobrada cuenta de que si pagamos nuestras deudas”, ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que la Junta de Extremadura ya ha pagado 200 millones de euros en subidas salariales, reconociendo todas, incluso la del 2% que no abonó el anterior gobierno socialista.

En cuanto al rechazo a la senda de estabilidad y déficit del Gobierno en el Congreso de los Diputados, que, según señala, supone que Extremadura “perderá 91,3 millones, Manzano señala que es ”esencial“ contarle la verdad a los ciudadanos ”y no hablar de perder dinero, porque en ningún momento se pierde dinero“. Si le ha pedido al Gobierno que ”sean responsable“ y ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diga quee se hace un reparto equilibrado de la de senda de déficit, ya que mientras que el Estado se queda con un 2%de esa posibilidad de déficit, a las comunidades se les deja un 0,1%, que son unos 25 millones, y se ha preguntado si eso es justo.

Por ello, le ha pedido que tenga en cuenta quienes son los que prestan los servicios y asumen ese coste, por los que exigimos un reparto equilibrado del déficit “pero se niegan a escuchar y lo que van a encontrar es oposición”. 

La Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC La Rioja), UGT-FICA de La Rioja y CC.OO. del Hábitat de La Rioja han alcanzado un acuerdo en el marco del Convenio de Edificación y Obra Pública de La Rioja (2022-2026), que contempla una subida salarial del 8,05 por ciento para los años 2025 y 2026. Además, se incluyen otras medidas destinadas a reforzar el sistema de pensiones, garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y favorecer la incorporación de nuevos perfiles al sector.

Según el acuerdo, los incrementos salariales serán del 4% en 2025 —integrando un 3,5% de subida directa en las tablas salariales más un 0,5% de aportación adicional al Plan de Pensiones— y del 3,25% en 2026 —un 3% de incremento salarial y un 0,25% adicional destinado también al Plan de Pensiones—.

Asimismo, se ha aplicado la cláusula de garantía salarial prevista con una subida adicional del 0,8% —integrado por un 0,4% aplicado a las tablas salariales de 2024 y a los solos efectos del cálculo de las tablas salariales aplicables a 2025, más un 0,4% de aportación adicional al Plan de Pensiones—, puesto que el valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del Índice de Precios al Consumo de los meses de enero de 2022 a diciembre de 2024, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, se situó en el 10,8%.

Se trata de un compromiso de sector con un diálogo social constructivo, que ofrece certidumbre a las empresas y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores. En un momento de transformación y necesidad de atraer talento, avanzar juntos es la mejor forma de fortalecer un sector esencial para el desarrollo económico, el bienestar social y la modernización de La Rioja.

Desde el sector destacan la apuesta por el Plan de Pensiones del sector de la Construcción, el primero a nivel sectorial en España, y ya líder con 710.681 partícipes a 1 de noviembre de 2026.

Por último, CPAR-CNC La Rioja, UGT-FICA La Rioja y CCOO del Hábitat de La Rioja expresan su voluntad de impulsar medidas para atraer talento al sector de la construcción, promoviendo la incorporación de mujeres, jóvenes e inmigrantes. Entre las medidas planteadas se incluyen programas de inserción laboral, apoyo a víctimas de violencia de género, contratación de personas en riesgo de exclusión y programas de formación vinculados al arraigo, todo ello bajo el estricto cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad. De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Convenio Colectivo de Edificación y Obra Pública de La Rioja afecta a 6.035 trabajadores por cuenta ajena en La Rioja y a 929 empresas de construcción.

Els treballadors de la Fundació per a la Dependència i el Govern han signat aquest dijous al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears (Tamib) l'acord per millorar les condicions salarials i que suposa la desconvocatòria definitiva de la vaga.

A l'acte de mediació han assistit representants de les conselleries de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència i de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, així com el comitè de vaga i la Fundació, segons han assenyalat els sindicats CSIF i USAE i l'Executiu autonòmic.

Segons l'acord, la Fundació es compromet, una vegada hagi finalitzat la tramitació parlamentària del decret llei aprovat pel Consell de Govern divendres passat i amb els corresponents informes favorables, a presentar un calendari detallat amb les dates de cobrament de les quantitats degudes.

El primer pagament serà del 33,33% del total el 2025, del 73,33% del total el 2026 i del 100% el 2027. La pujada salarial s'aplicarà a tot el personal de la Fundació.

La consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, ha agraït el treballadors “la seva bona disposició i el tarannà” demostrats durant tots aquests dies de negociació i ha celebrat l'acord, amb el qual es dóna una resposta a la reivindicació que han dut a terme els treballadors des del 2019.

Davant l'acord, el comitè de vaga ha desconvocat oficialment la vaga i totes les concentracions previstes. Segons ha destacat CSIF, l'acord suposa un “avenç real” en el reconeixement de les reivindicacions dels treballadors i un compromís “ferm” d'actualització salarial.

El Comitè Intercentres ha agraït el suport, la confiança i la unitat demostrada per tota la plantilla durant aquest procés. També ha valorat positivament l'acord i la predisposició de la Conselleria, encara que ha remarcat que els drets dels treballadors no haurien de ser sotmesos a una vaga per ser reconeguts.

Los trabajadores de la Fundación para la Dependencia y el Govern han firmado este jueves en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) el acuerdo para mejorar las condiciones salariales y que supone la desconvocatoria definitiva de la huelga.

Al acto de medicación han asistido representantes de las consellerias de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia y de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, así como el comité de huelga y la Fundación, según han señalado los sindicatos CSIF y USAE y el Ejecutivo autonómico.

Según el acuerdo, la Fundación se compromete, una vez haya finalizado la tramitación parlamentaria del decreto ley aprobado por Consell de Govern el pasado viernes y con los correspondientes informes favorables, a presentar un calendario detallado con las fechas de cobro de las cantidades adeudadas.

El primer pago será del 33,33% del total en 2025, del 73,33% del total en 2026 y del 100% en 2027. La subida salarial se aplicará a todo el personal de la Fundación.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha agradecido a los trabajadores “su buena disposición y el talante” demostrado durante todos estos días de negociación y ha celebrado el acuerdo, con el que se da una respuesta a la reivindicación que han llevado a cabo los trabajadores desde 2019.

Ante el acuerdo, el comité de huelga ha desconvocado oficialmente la huelga y todas las concentraciones previstas. Según ha destacado CSIF, el acuerdo supone un “avance real” en el reconocimiento de las reivindicaciones de los trabajadores y un compromiso “firme” de actualización salarial.

El Comité Intercentros ha agradecido el apoyo, la confianza y la unidad demostrada por toda la plantilla durante este proceso. También ha valorado positivamente el acuerdo y la predisposición de la Conselleria, aunque ha remarcado que los derechos de los trabajadores no deberían ser sometidos a una huelga para ser reconocidos.

La Junta de Extremadura abonará el incremento salarial del 0,5% a los empleados públicos aprobado este pasado martes en Consejo de Ministros, cuyo importe, que alcanza los 25,5 millones de euros, saldrá de las arcas públicas regionales, ha afirmado este miércoles la consejera de Hacienda, Elena Manzano.

De los 25,5 millones, 6,6 millones se destinarán a los empleados públicos de la Administración General, 7,9 millones para el personal docente y 11 millones para los empleados del Servicio Extremeño de Salud (SES).

“La Junta de Extremadura cumple una vez más con los empleados públicos y abonará en la nómina de julio este incremento salarial”, ha dicho la consejera, quien ha lamentado que dicho pago se podría haber realizado en los primeros meses del año.

Según ha explicado, el Gobierno de Pedo Sánchez condicionó dicha subida a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pero ahora el Ministerio de Función Pública “ha tenido que desdecirse y se aprobó este miércoles en Consejo de Ministros”.

La consejera ha incidido en que mientras que el Gobierno de España ha tardado 18 meses en cumplir con el compromiso que adquirió con los sindicatos CCOO y UGT en 2022, el ejecutivo regional “ha actuado con previsión y responsabilidad”.

Manzano ha recordado que este sería el último de los pagos acordados en el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO en 2022. Con este ajuste, los funcionarios experimentan una revalorización del 2,5% en su nómina correspondiente a 2024 (2% pactado inicialmente más el 0,5% extraordinario).

Ante lo que pueda pasar con la subida salarial de 2025, la consejera ya ha anunciado que la Junta de Extremadura ya tiene previsto y presupuestado un incremento del 2%, algo estimatorio porque es nuevamente el Estado el que la tiene que aprobar.

“Me encantaría ver a los distintos agentes sociales reclamar esto a nivel estatal y ver cuáles van a ser los porcentajes que se acuerden en torno a la subida salarial de los empleados públicos en 2025. ”¿Dónde están esas negociaciones, dónde están los agentes sociales pidiendo esas subidas del año 2025?“, ha reclamado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida de sueldo del 0,5% pendiente para unos tres millones de funcionarios y empleados públicos. Este incremento, que se aplicará con caracter retroactivo desde 2024, era un compromiso contenido en el acuerdo que el Gobierno alcanzó con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en octubre de 2022 y venía condicionado a que la inflación acumulada en los últimos tres años quedase por encima del 8%, como finalmente se confirmó en el mes de enero. Con esta subida, que es acumulable, en ese último trienio el acumulado queda en torno al 10% de incremento, con un 2,5% más en 2024.

“El incremento recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023. El mismo se materializará en una de las próximas nóminas de las empleadas y empleados públicos a través de una paga de atrasos”, explican desde el Ministerio de Hacienda. “Este pago adicional incluirá los atrasos pendientes desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha actual” y las próximas nóminas “reflejarán de manera permanente” el 0,5% consolidable.

Desde las áreas de función pública de CCOO y UGT habían mostrado esta mañana su “satisfacción” ante la inminente aprobación del ajuste salarial. En una nota de prensa conjunta criticaron, no obstante, “la tardanza e insuficiencia” del Ejecutvio. “Este compromiso llega con 18 meses de retraso”, señalan en un comunicado. En esa cuenta, las organizaciones sindicales suman los meses de 2024, aunque estaba pactado que este incremento extraordinario se aprobaría según los datos de IPC de enero de 2025 y, en todo caso, con carácter retroactivo.

Además, estos sindicatos aseguran que “aún queda pendiente cumplir una parte importante del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI”. En este sentido, enumeran la jubilación parcial —atascada en el trámite parlamentario—, la jornada de 35 horas, la clasificación profesional o la mejora de las retribuciones de 2025.

En mayo, el ministro de Función Pública, Óscar López, se había comprometido a abonar “en breve”, esa subida de sueldo adicional pendiente, que depende del visto bueno de Hacienda. “Este Gobierno cumple todos sus compromisos”, afirmó durante el II Congreso Federal de UGT Servicios Públicos. Sin embago, las organizaciones sindicales habían comenzado a apretar el Ejecutivo. UGT y CCOO amenzaron en junio con protestas si el Ejecutivo no retribuía este incremento pendiente con carácter retroactivo, al considerar que no había “excusas” para no hacerlo. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) había registrado a mediados de mayo una petición formal en la Moncloa para que abonase “de una vez el retraso salarial pendiente”.

“Son días de locura e intensidad. Movilizamos mucha gente, 146.000 afiliados y afiliadas. Pero también muchos recursos y mucho trabajo”. El estrés no se plasma sin embargo en el tono y los gestos de Paloma López, secretaria general de CCOO de Madrid desde su proclamación en 2021 y cabeza de la única lista que se presenta cuatro años después en el 13º congreso regional de la organización.

Atiende a Somos Madrid en una amplia sala de la sede del sindicato, ubicada en la céntrica callle Lope de Vega, mientras ultima junto a su equipo los preparativos de una importante cita que tiene lugar del lunes 12 al miércoles 14 de mayo. Cuenta que participan 278 delegados sindicales, pero su elección ha requerido la votación de miles de trabajadores en cientos de asambleas, celebradas desde noviembre por toda la Comunidad de Madrid. “El objetivo es marcar nuestra política para los próximos cuatro años. Pero también disfrutar, es una fecha para valorar lo que conseguimos y lo que peleamos”, dice la exeurodiputada de Izquierda Unida.

La dirigente sindical empieza de hecho echando la vista atrás, hacia un congreso de 2021 en el que Comisiones llegaba menos unida, con dos listas que marcaron una cierta división ahora disipada: “Lo primero y fundamental fue cohesionar la organización. Supuso invertir tiempo, aunque en un plano muy positivo. Lo bueno de tomar las decisiones por consenso, con el visto bueno general, es que implica que nuestras acciones pueden llevar más tiempo pero al final consiguen afianzarse”.

López valora especialmente la unificación de las siete asesorías jurídicas en una sola, una apuesta clave para agilizar “los cerca de 14.000 expedientes que han pasado por nuestros abogados y abogadas”. Apunta además que, entre aquellos que han acabado en juicio, el sindicato ha logrado “un 80% de resoluciones favorables”. Resalta igualmente la labor de sus casi 17.000 delegadas y delegados sindicales: “Ayudan a interpretar un convenio, a resolver problemas con la jornada o los complementos laborales, a mejorar las condiciones de salud y seguridad laboral o a organizarse ante posibles despidos. Estamos creciendo en delegados porque la gente percibe que podemos resolver sus problemas”.

Poco a poco la conversación excede la orgánica y se traslada a esas cuestiones o conflictos en los que Comisiones dirige sus esfuerzos. Concretamente, los que protagonizan el debate público en la Comunidad de Madrid. “Hemos estado en todas las movilizaciones de educación, sanidad o vivienda para garantizar un modelo social basado en los servicios públicos de calidad que cohesionan a la población y protegen a los más vulnerables”. Entre estas protestas, cita la oposición a “unos presupuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que son completamente restrictivos y privatizadores, que no tienen inversión ni fiscalidad propias, más allá de la que les aporta el Estado”.

La líder sindical señala otra disfunción en la región al hablar de la brecha salarial de género: “En Madrid está descendiendo más lentamente que en el resto de España. Es la comunidad con una disparidad más importante y la única en la que no ha decrecido respecto a 2019”. Los últimos datos sitúan la diferencia en el sueldo entre hombres y mujeres en 7.948 euros, un 22,96%. “Esto obedece fundamentalmente a que los contratos a tiempo parcial, que recaen mayoritariamente en mujeres, no se están corrigiendo en Madrid. De hecho la Comunidad los fomenta con sus políticas y con un modelo productivo que no apuesta por la industrialización ni la digitalización, sino únicamente por un sector servicios precario y por convertir Madrid en un parque temático”, subraya López.

Los contratos a tiempo parcial, que recaen mayoritariamente en mujeres, no se están corrigiendo en Madrid. De hecho la Comunidad los fomenta con un modelo productivo que no apuesta por la industrialización ni la digitalización, sino únicamente por un sector servicios precario

La desigualdad es también geográfica: “Nuestros informes muestran a las claras que las principales inversiones regionales coinciden con el norte de la ciudad y la Comunidad de Madrid. El sur queda desplazado en infraestructuras, recursos y medios. En el norte se ponen las empresas, en el sur las incineradoras”. Sintetiza esta disparidad apelando a la esperanza de vida: “La gente del sur de Madrid se muere de media dos años antes que la del norte”.

Reprocha al Ejecutivo de Ayuso además su “abandono” de la universidad a través de la “infrafinanciación”. Expone la doble afectación de este tema para la clase trabajadora. Por un lado, el personal docente o no directamente afectado. Del otro, “la devaluación de una educación pública, que debería ser de garantías para facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral, en favor de la privada”.

Remarca que, según los informes de Comisiones, el efecto se deja notar especialmente en el acceso a másteres y posgrados “con costess elevadísimos”. También en la Formación Profesional, donde “estudiantes de la pública encuentran problemas para encontrar prácticas frente a quienes proceden de centros privados”. Desde su punto de vista, esto pone en riesgo el funcionamiento del asecensor social ante “un Gobierno de la Comunidad de Madrid que solo entiende de privatizaciones que obedecen a redes clientelares y negocios para los amigos”.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid solo entiende de privatizaciones que obedecen a redes clientelares y negocios para los amigos

Pese a ello, la dirigente sindical aboga por el diálogo y la interlocución con la administración madrileña, un interés que dice no encontrar al otro lado: “Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid critica a los sindicatos lo que me sorprende es que habla como si nos conociera. Lo cierto es que no se ha reunido con nosotros y, cuando alguien valora a otro sin conocerlo es solo eso, un juicio de valor no fundamentado. Nos ataca porque no nos conoce. A la presidenta Ayuso le vendría muy bien reunirse con nosotros alguna vez para que se quitara prejuicios y tuviera acceso de primera mano la realidad de los trabajadores, no lo que le cuentan sus asesores. También disponer de un Concejo Económico y Social, como cualquier gran capital. Y eso no es ningún chiringuito, no es la Oficina del Español”.

López valora también asuntos de ámbito nacional, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas con carácter general: “Esperamos que cuando llegue al Congreso se apruebe en los términos en los que está acordada entre el Gobierno y los sindicatos”. Cree que los partidos que se opongan “deberán dar muchas explicaciones”. La dirigente destaca que es una medida “muy bien valorada por el conjunto de las trabajadoras y trabajadores, así nos lo han transmitido en nuestras campañas de información al respecto”. Lo resume indicando que “la gente quiere tener tiempo para vivir, no perderlo constantemente en el trabajo o en el desplazamiento a su puesto, agravando los problemas de movilidad que tenemos en la Comunidad”.

En cuanto a los salarios, resalta una paulatina “recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores”, pero que todavía no permite recobrar la pérdida de poder adquisitivo durante lo peor de la crisis inflacionaria. Sobre un incremento mayor de los sueldos que permita compensar este desajuste, lamenta cómo “las empresas son tremendamente ambiciosas”. “Por no utilizar un término con connotaciones más negativas”, apostilla.

El conjunto del país debe tener el mismo SMI, es lo que nos regula. A partir de ahí, en la negociación colectiva existen ámbitos para mejorar las condiciones de un territorio. El acuerdo estatal por el empleo requiere una adaptación madrileña

López critica de nuevo la imposibilidad de cualquier acercamiento al Ejecutivo autonómico, al que han dirigido una propuesta para evaluar las características propias de la Comunidad y estudiar su incidencia en los salarios: “Madrid es especialmente cara, requiere un análisis particularizado, pero ni la patronal ni el Gobierno de Ayuso se han sentado a abordarlo”. Aclara que esta discusión no va en la línea de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio, como el que Junts ha propuesto para Catalunya: “El conjunto del país debe tener el mismo, es lo que nos regula. A partir de ahí, en la negociación colectiva existen ámbitos para mejorar las condiciones de un territorio. El acuerdo estatal por el empleo requiere una adaptación madrileña”.

“Un buen acuerdo” después de la huelga de basuras

La secretaria madrileña de CCOO valora positivamente el acuerdo que ha puesto fin a la huelga de basuras en la capital, así como el que ha evitado la de autobuses urbanos e interurbanos en el conjunto de la región. Se detiene especialmente en el primero de ellos: “Se ha recuperado poder adquisitivo y se han acordado medidas adecuadas de protección y conciliación. El proceso me ha gustado además porque ha expuesto la soberanía de las trabajadoras y trabajadores. Negociamos junto al resto de sindicatos un primer acuerdo, se lo presentamos a la plantilla y en la primera votación no les pareció suficiente. Entonces nos volvimos a sentar y conseguimos una segunda posición con mayores incrementos salariales que sí ratificaron”.

López no recrimina directamente su postura al Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida, que alertó de consecuencias para las empresas concesionarias pero también para los empleados en caso de no cumplir los servicios mínimos pactados. Sí recuerda que estos conflictos requieren “actuar con mucho cuidado y prudencia, algo que las empresas saben a la perfección y por lo que nunca salen a hacer declaraciones durante una huelga”. En cambio, dice, “algunas instituciones públicas tienen una tendencia a decir cosas inadecuadas, algo que le pasa mucho al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid”. Recalca la “responsabilidad” del Consistorio en las compañías a las que subcontrata servicios y su obligación de poner sobre la mesa “pliegos con condiciones adecuadas”.

Arremete asimismo contra “las sutiles formas que tiene el Ayuntamiento de entorpecer la actividad sindical”. Asegura incluso que el Gobierno de Cibeles “está utilizando un reglamento para modificar la Constitución”, en referencia al “torpedeo a la libertad de reunión” que afirman haber sufrido en distintas manifestaciones. “Ponen límites sonoros absurdamente bajos cuando pedimos permiso para una concentración en los mismos lugares donde luego organizan macroconciertos”, desliza a modo de ejemplo.

Ante estas tensiones y algunos ataques recientes a sedes como las de CCOO en Rivas-Vaciamadrid, López reivindica la importancia del sindicalismo: “Puede que algunas autoridades madrileñas piensan que lo que hacemos no sirve para nada. Pero lo más útil en una sociedad cada vez más polarizada, desarticulada e individualizada, la presencia de un sindicato es un eje vertebrador. Les molesta la fortaleza de la organización, el trabajo colectivo y la defensa de lo común”.

Ante la huelga de limpieza planteada para las fiestas de San Mateo, la empresa Logroño Limpio -formada por las empresas Urbaser S.A y FCC Medio Ambiente S.A- ha señalado en un comunicado la confianza en alcanzar un acuerdo que garantice la limpieza y recogida en unas fechas tan señaladas y en las que siempre se ha prestado un servicio de calidad.

En este sentido, han ofrecido un convenio que mejora la parte social y salarial de las actuales condiciones de los trabajadores. En concreto, contempla una mejora salarial de más de un 12% añadido al IPC en los 6 años de vigencia del convenio, es decir, un 2% anual por encima del IPC. También incluye una reducción de la jornada.

Con este acuerdo la empresa Logroño Limpio acudirá el día 13 a la medición ofrecida por la Inspección de Trabajo “y a cuantas reuniones sean necesarias para evitar el conflicto”, han asegurado. Desde la dirección de Logroño Limpio consideran que “el esfuerzo hecho tanto por las empresas que conforman la UTE como por la administración debe ser atendido por la parte social”.

El Comité de Empresa anunció este miércoles las convocatoria de huelga indefinida a partir del 18 de septiembre a las 22:00 horas tras la negativa de la parte empresarial de subir los salarios por encima del IPC más un 1% en el nuevo convenio después de que el actual lleve caducado desde el 31 de diciembre. Las personas trabajadoras reclaman principalmente el cobro del IPC correspondiente durante los 4 primeros años de vigencia del convenio más un 1 %, con el fin de paliar la subida del coste de la vida.

Los socialistas valencianos salvarán el segundo decreto del Consell de Carlos Mazón tras la ruptura con Vox. El PSPV ha confirmado que apoyarán este jueves la subida de las retribuciones de los funcionarios, que también afecta a los altos cargos de la Generalitat Valenciana, defendiendo el trabajo del personal público. El voto de los socialistas, que reclaman no hacer demagogia sobre los funcionarios, será imprescindible para sacar adelante el decreto, dado que Vox ha trasladado su rechazo.

El grupo de ultraderecha, hasta hace un mes socio del PP en el Gobierno y en las Corts Valencianes, ha manifestado que apoya la subida a los trabajadores pero no a los altos cargos, una medida que va en el mismo decreto y, por tanto, se tramita a la par. Sí votarán el decreto de viviendas turísticas, que también se tramita en la diputación permanente de este jueves, la primera votación de un curso político que arranca con la derecha divida.

El decreto, una fórmula que se repite año tras año, supone adaptar a nivel autonómico la medida del Gobierno central, que implica un aumento en las retribuciones del 2% para los empleados públicos, y se trasladará también a consellers, secretarios autonómicos, subsecretarios y directores generales de la Generalitat Valenciana. El Pleno del Consell ya dio luz verde a esta fórmula, que ahora deberá pasar por las Corts.

La ultraderecha, ahora fuera del Gobierno autonómico, marca distancias con sus exsocios en esta medida, mientras los socialistas apelan a una cuestión democrática: “En situación de populismo, los partidos de Estado deberíamos estar en la defensa de que los cargos públicos tengan sueldos e incrementos salariales justos”, afirma el portavoz del PSPV, José Muñoz. El socialista también ha recordado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el Grupo Popular, fueron muy críticos con estas medidas cuando las aprobaba el expresident Ximo Puig, y han recordado que el dirigente popular cobraba más que el entonces president como responsable de la Diputación de Alicante. Con la subida salarial, que se hará efectiva este septiembre, Mazón pasará a tener una retribución anual de 80.173,92 euros.

Los empleados públicos de la Administración autonómica recibirán en la nómina de este mes la subida salarial del 2 %, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, y verán actualizados los complementos de nocturnidad, turnicidad, domingos y festivos, y festivos especiales, con efectos de 2023 y 2024, lo que se traducirá en un aumento en la nómina de 60 euros y una percepción media de 400 euros.

Así lo ha acordado este viernes la Mesa General de Negociación de la Junta, presidida por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien, en declaraciones posteriores a los medios, ha mostrado su “satisfacción” por la posición “unánime” de todos los agentes sociales en las cuestiones aprobadas.

“Este Gobierno cumple, ha sido previsor y devuelve a los empleados públicos la cantidad económica perdida a lo largo de estos años”, ha explicado Manzano, quien ha señalado otras medidas ya materializadas como el abono pendiente de pago del 0,5% en los meses de octubre y marzo, el nivel 3 de la carrera profesional el año pasado, mientras el nivel 4 está “presupuestado y proyectado para abonar este año”.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha valorado la subida salarial del 2%, aunque la considera “insuficiente”, a la vez que ha indicado que “llega tarde y mal” porque se podía haber hecho en enero de este año.

Además, considera que el acuerdo que firmaron en 2022 “los dos sindicatos de clase con el Gobierno va a hacer de perder a los empleados públicos un 6,3% estos tres años”, pues ha supuesto un incremento retributivo de un 9%, cuando “la desviación del IPC está en el 15,3%”.

“Los empleados públicos ya no pueden seguir así. Están teniendo grandes dificultades para poder llegar a final de mes por eso”, ha señalado el presidente de CSIF, que ha pedido a la consejera que reivindique al Gobierno de España un nuevo acuerdo en el que haya una subida salarial que “como mínimo no haga seguir perdiendo poder adquisitivo a los empleados públicos y empiecen a recuperar parte de lo perdido en los últimos años”, que sitúa en “un 20% desde 2010”.

Román ha agradecido al actual Ejecutivo extremeño que haya cumplido el acuerdo alcanzado con el anterior gobierno para actualizar los complementos específicos especiales, una medida que “irá para más de 8.000 trabajadores de la Administración General de la Junta de Extremadura”, que percibirán “aproximadamente un aumento salarial de unos 60 euros al mes”.

Entre los objetivos pendientes, ha reclamado que se abone la deuda de la subida salarial del 2% de los 11 meses de 2020, ya que los empleados públicos están “teniendo más que paciencia para ser los únicos en toda España que todavía” no la han cobrado; y la actualización del kilometraje a 0,26 euros por kilómetro.

Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de UGT-SP, María Ángeles Rodríguez, ha trasladado la satisfacción de su organización por el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación que, ha recordado, deriva del acuerdo marco estatal para una Administración del Siglo XXI firmado en octubre del 2022. Cuando termine la aplicación de esta medida, va a suponer entre los años 2022 y 2024 una subida para los empleados públicos de un 9,5%, ha destacado.

De “deuda histórica” con los empleados públicos ha calificado el abono del incremento del 2% la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Lourdes Núñez, quien ha aprovechado para referirse a otras “reivindicaciones pendientes” que se deben abordar y cuantificar en los presupuestos.

Así, ha mencionado la modernización efectiva del sistema de la administración pública, mediante una reforma legislativa consensuada con los agentes sociales “desde el minuto cero en su desarrollo normativo”, y la revalorización de los salarios de los empleados públicos, de acuerdo a la evolución del IPC.

También ha hablado de la necesidad de dotar de servicios públicos de calidad al medio rural para evitar la “fuga de cerebros” y la despoblación; reforzar los sistemas sanitario, educativo, especialmente las escuelas rurales, con aumento de las plantillas orgánicas, y de transporte público. 

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Por fin el Partido Popular se ha prestado a cumplir la Constitución y ha acordado con el PSOE la renovación de cúpula del Consejo General del Poder Judicial. Los conservadores solo han tardado cinco años en satisfacer lo que marca la Carta Magna del ordenamiento jurídico español. Cinco años para cumplir la Ley, no está mal para un partido que se dice de orden. 

Esto de ser medianamente coherente con tus preceptos no crean que solo le falla al principal partido de la derecha. En España tenemos muchos ejemplos de personas e instituciones que van dando lecciones de todo tipo pero luego no predican con el ejemplo. Ahí tenemos a toda la caterva del Instituto Juan de Mariana. Estos días han sido protagonistas porque han invitado al presidente de Argentina, Javier Milei, para concederle el premio Juan de Mariana 2024 durante el acto que denominan Cena de la Libertad.

El Instituto Juan de Mariana es un centro de pensamiento neoliberal en cuyo ideario se recoge que “no acepta subvenciones ni ayudas de ningún gobierno o partido político” para “mantener su plena independencia” y es una asociación “sin ánimo de lucro”. Solo hace falta rascar un poco para comprobar que el Instituto es el 'chiringuito' de algunos de sus ilustres miembros.

Empezamos con Fernando Monera, un empresario que no tiene impedimentos morales para recibir adjudicaciones y subvenciones millonarias de varias Administraciones y promocionar las actividades del 'think tank' ultraliberal. Claro, también hace negocio montando su página web, vendiendo entradas para el acto de Milei o cursos online donde participan profesores como el economista Daniel Lacalle. Monera no parece tener problemas con cargar contra los “subsidios a mansalva” o defender que los impuestos son “un robo” y que su empresa Open Sistemas haya cobrado 1,75 millones en ayudas públicas desde 2020. Coherencia. Aquí te contamos que el empresario que promocionó “la Cena de la Libertad” con Milei en Madrid recibe millones en contratos públicos y ayudas.

Ahora vamos con Manuel Llamas Fraga, director del Instituto Juan de Mariana. Llamas es socio junto al tesorero de esa entidad, Domingo Soriano, de una pyme que disparó su facturación un 60% en 2022, cuando Llamas era viceconsejero de Economía del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Su empresa se llama Tu dinero nunca duerme SL. Llamas no se ha cortado en argumentar que hay que “eliminar la mayoría de entes y organismos públicos existentes”, que solo sirven, a su juicio, para colocar “a afines” y ha criticado las subvenciones a sectores como el cine. Coherencia. Aquí te explicamos cómo el organizador del evento ultra con Milei en Madrid disparó las ventas de su empresa cuando era alto cargo de Ayuso.

Seguimos para bingo. El Instituto Juan de Mariana es un asociación “sin ánimo de lucro”, pero es accionista de la Universidad de las Hespérides, en Las Palmas. Este centro educativo tiene como fundador y rector al también fundador y presidente del ‘think tank’, Gabriel Calzada. En el consejo de administración de esa universidad online están también el padre de Gabriel Calzada, el empresario turístico y exnaviero Gabriel Calzada Fiol, y su hermana, Inés Calzada Álvarez. Como “decano de la escuela de Grado” ejerce otro exdirector del Juan de Mariana, el economista Juan Rallo. El vicerrector es otro miembro del Juan de Mariana, Gonzalo Melián. Además de cursos online también hay formación presencial para la que ofrecen estancias en el Apartahotel Costa Volcán, un complejo que pertenece a Gabriel Calzada Fiol, padre del presidente del Juan de Mariana. Coherencia. Aquí te contamos que la asociación ultra “sin ánimo de lucro” que invitó a Milei a Madrid es accionista de una universidad privada recién lanzada.

No se vayan todavía que aún hay más. Gabriel Calzada, presidente de este centro de pensamiento ultraliberal, ha denunciado en la web del Instituto Juan de Mariana “la cultura de creer que el crecimiento puede lograrse mediante subvenciones” y que “mucha gente está harta ya [de] que la financiación pública no está solucionando nada y está creando una percepción de dos clases en Europa: una que lucha por mantener una vida digna en los países desarrollados y otra que vive bien de las subvenciones”. Pues seis modestas empresas de hostelería y turismo administradas por la familia de Calzada han cobrado desde 2021 más de un millón de euros en subvenciones de diferentes Administraciones. Coherencia. Aquí te explicamos cómo las empresas familiares del presidente del Instituto Juan de Mariana cobran subvenciones públicas.

Sobre el jesuita, teólogo e historiador español Juan de Mariana escriben en el Instituto que ha tomado su nombre: “Su impresionante coherencia personal incluso en las ocasiones más adversas hace que queramos que no solo sus ideas fundamentales sino también su persona sean un ejemplo a seguir por las actuales generaciones de liberales dentro y fuera de nuestras fronteras”. Anda que si Juan de Mariana levantara la cabeza y viera la coherencia de estos mercachifles recolectores de subvenciones y sueldos públicos...

Cada vez que habla sube el pan

Es como si te invitan a jugar un partido y te dicen: vas a pasarlo muy bien, vas a perder 5-0 y, a partir de ese momento, empieza a negociar

Antonio Garamendi — Presidente de la CEOE  

Es el principal motivo de pugna entre los empresarios y los sindicatos y el Gobierno. Entre otras cosas, porque sí que puede ser un cambio relevante en las condiciones laborales de millones de personas. Un cambio a mejor. Se trata de la reducción de jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a las 37,5 horas semanales. Las palabras del líder de la CEOE, Antonio Garamendi, que encabezan esta sección, ejemplifican bien la posición de la patronal. Pero es que, a ver, si es una mesa de negociación para reducir la jornada, lo que no se puede esperar es que no se reduzca el horario de trabajo. La situación ha llegado a tal nivel que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tuvo que dar un toque a los empresarios avisando de “que el Gobierno no puede tolerar una estrategia dilatoria”. En este enlace te contamos que Trabajo acusa a la patronal de retrasar la reducción de la jornada laboral: “En seis meses no han presentado una sola propuesta”.

El Gráfico

Es curioso cómo van cambiando las percepciones de riesgos por parte de las empresas. Al final, pese al sufrimiento y el desastre, las guerras dejan de ser asumidas como una amenaza para el negocio. Es lo que ha ocurrido con la guerra por la invasión de Ucrania por parte de Rusia o con el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza. El Banco Central Europeo (BCE) ha creado un índice de incertidumbre que analiza las presentaciones de resultados de las grandes compañías de la eurozona para identificar cuáles son las principales peligros. Una herramienta bastante útil aunque luego funcione como un bumerán contra la institución monetaria: las guerras han caído como factor de riesgo pero los altos tipos de interés o las condiciones de financiación (que responden a los tipos de interés) se convierten en las principales amenazas para las compañías. En esta información te explicamos cómo las empresas desechan Ucrania o Gaza como riesgos pero advierten de los altos tipos de interés.

El Dato

40.121 plazas

Son las que planea sacar este año el Gobierno dentro de una Oferta de Empleo Público que llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros. En teoría 20.840 serán de turno libre, 10.600 corresponderán a promoción interna, 8.681 plazas se repartirán entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otras 4.162 irán destinadas a nuevos servicios contemplados en la ley de presupuestos de 2023 como el Servicio Estatal Público de Empleo, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico. Decimos en teoría porque, salvo UGT, los sindicatos han calificado la Oferta de Empleo Público como “pobre” o “insuficiente”, con lo que igual puede cambiar. Y tampoco hay que olvidar a los interinos, a los que probablemente les afectará positivamente. Aquí tienes más información sobre la Oferta de Empleo Público para 2024.

Por otro lado, se ha aprobado la subida salarial de los funcionarios. Lo que se negoció entre Función Pública y los sindicatos fue un incremento del 2% para 2024 y un 0,5% adicional si la suma de la variación del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de los años 2022-2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado de esos ejercicios, que se situaba en el 8%. Aunque falta la confirmación por parte del Instituto Nacional de Estadística se da por hecho que el 0,5% adicional se aprobará. Aquí te explicamos cuánto es, a quién afecta y cuándo se aplica la subida de sueldo a los funcionarios en 2024.

Entrepreneur

Se le conoce como el rey del acero pero el fisco ha demostrado que andaba desnudo. El Tribunal Supremo ha anulado una de las dos absoluciones del empresario José María Aristrain por el fraude fiscal masivo que le atribuyen tanto Hacienda como la Fiscalía. Volverá a ser juzgado en una causa en la que se le piden penas de hasta 60 años de cárcel por un fraude de más de 200 millones de euros, considerado el mayor de España. A nuestro entrepreneur de la semana, la Agencia Tributaria le abrió otro procedimiento por deducirse los gastos de las monterías que celebraba en sus fincas de Cáceres y Sevilla sin que tuvieran relación con actividad empresarial real. La Justicia le ha dado la razón al fisco y los pleitos suman 268.308 euros. Ahora vuelve a ser noticia porque pidió el cese de su mujer Gema Navarro Mangado como consejera dominical de Tubacex por “pérdida de confianza” como punto del orden del día de la junta general de accionistas que se celebra este jueves, aunque la realidad es que se debe al proceso de divorcio. Navarro Mangado presentó su dimisión este miércoles por “discrepancias con el consejo de administración de la compañía y con el accionista significativo que propuso su nombramiento”, que no es otro que Aristrain. Aunque seas un rey, cuando te desnudan se te ven las vergüenzas.

Financiación autonómica

No sabemos en qué está el Gobierno cuando se aborda el tema de la financiación autonómica. La verdad es que soltar lo de “financiación singular” para Catalunya es un error porque abre innecesariamente la caja de los truenos de los agravios. Saltar con ese término cuando no hay nada concreto es querer que el ruido inunde la política, como si no hubiera bastante. Pero si además se vincula con la investidura como presidente de la Generalitat de Salvador Illa, el líder del PSC, con el supuestamente caro apoyo de ERC, el estruendo se convierte en ensordecedor. Aquí te explicamos algunas claves  de la financiación “singular” de Catalunya que condiciona todo el debate económico. 

Bien público

La ciberdelincuencia aumentó un 25,5% en 2023 con respecto al año anterior y ha vuelto a crecer un 13,5% en el primer trimestre de 2024. Una de cada cinco infracciones penales que se cometen en España son ciberdelitos, según la fiscalía. En pocas semanas hemos tenido una avalancha de robos de información de instituciones públicas y privadas. La última ha sido de la Dirección General de Tráfico pero en los últimos meses también han sufrido hackeos de información empresas como Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, Ayesa o entidades públicas como la Universidad Complutense con lo que se avecinan campañas de intentos de estafa. En estos timos hay un fuerte elemento psicológico ya que los cibercriminales explotan todo lo que pueden la sensación de urgencia para obtener una respuesta que no sea racional. Los expertos aconsejan pararse a pensar antes de tomar una decisión. Si supuestamente te llaman de tu banco, de tu compañía eléctrica, de la Agencia tributaria pidiéndote que envíes dinero o tu clave... Párate, piensa, aplaza la decisión, es la mejor manera de no caer en un timo. En este reportaje de Carlos del Castillo te explicamos cómo los ciberdelincuentes utilizan la sensación de urgencia para timarte y cómo debes responder.

Nos gusta la competencia

Ahora te presentamos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Terminamos. El próximo jueves nos volvemos a ver con más información económica. Si tienes una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. Mañana empieza el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC) en Barcelona, un evento gratuito y abierto al público que organiza elDiario.es, donde participarán Margaret Atwood, Sidonie y Juan Diego Botto, entre otros. No te lo pierdas.   

¡Buena semana!

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La Junta de Extremadura aplicará la subida salarial del 2% a los empleados públicos prevista para este año “de forma inmediata”, según ha anunciado su portavoz, Victoria Bazaga, después de que el Consejo de Ministros diera este martes luz verde al incremento, que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

Al término del Consejo de Gobierno, a pregunta de los periodistas, Bazaga ha señalado que el colectivo de empleados públicos de la Administración regional es “prioritario” para ello. De ahí que trabajen en su estabilización y en otras mejoras, ha indicado la consejera.

Según señaló el miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la medida se incluye en el nuevo decreto frente a la crisis de precios provocada por la guerra de Ucrania.

El acuerdo marco a tres años firmado por el Gobierno con UGT y CCOO preveía una revalorización de los salarios públicos del 2 % en 2024, a la que se podía sumar un 0,5 % adicional en función de la evolución de la inflación.

Este medio punto adicional depende de que el IPC armonizado del periodo 2022, 2023 y 2024 supere el incremento retributivo fijo acumulado para los tres citados años. 

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado una subida salarial del 2% para funcionarios, ha asegurado que las arcas y la Comunidad Autónoma “están en condiciones” de alienarse a esa decisión en su próximo Consejo de Gobierno.

Ruiz Molina ha destacado que esta subida que “no solo afecta a los funcionarios de la Administración regional, sino también a profesores de la pública, la concertada y la universidad”.

Un total de 96.000 familias son las que “se van a ver beneficiadas” con una subida que “se unirá incluso a un 0,5% adicional en función de la inflación”.

“En estos tres años el incremento retributivo de empleados públicos habrá sido del 9,5%, y desde que gobierna Page, el incremento de las retribuciones ha sido superior al 24%”, ha rematado.

La Junta ha asegurado este miércoles que existen “condicionamientos presupuestarios”, entre ellos no contar con el 100% de los ingresos del Estado, para abonar la subida salarial del 2% pendiente de 2020 a empleados públicos, una deuda para la que, ha apuntado, se seguirán dando pasos para fijar plazos de pago.

El Ejecutivo autonómico fija la cuantía adeudada de enero a noviembre 2020 en 25.093.645 euros e incluye a empleados públicos de la Junta, organismos autónomos y de la Universidad de Extremadura. En concreto se adeudan 8,2 millones de euros al personal sanitario, misma cantidad para docentes, 6 millones en la administración general, y el resto en organismos autónomos, entidades públicas y personal universitario (1,5 millones de euros sólo estos últimos), ha expuesto el secretario general de Presupuestos y Financiación, Luis Hernández Carrón, a preguntas sobre cómo pagarán la deuda reconocida a los empleados públicos, en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea extremeña.

Para Hernández Carrón, existen “condicionamientos presupuestarios” como contar con un equilibrio en las cuentas, y una “perspectiva a medio y largo plazo”, con la vuelta de las reglas fiscales, a considerar.

Según ha dicho, el Estado tiene una deuda de 160 millones de euros con Extremadura por la falta de actualización de las entregas a cuenta, al no presentar nuevos presupuestos este año, que impiden contar con el cien por cien de éstos, una falta de ingresos que vincula con el pago de la deuda con los trabajadores. “Si tenemos una merma de 160 millones de euros de los ingresos, no podemos estar pensando en pagar atrasos de los empleados públicos que ustedes nos dejaron”, ha recriminado Hernández Carrón a preguntas del diputado del PSOE José María Vergeles.

El secretario de Presupuestos de la Junta ha expuesto que han incluido una disposición adicional en la ley de presupuestos para obligar a cuantificar las pérdidas retributivas de los empleados públicos y fijar unos plazos con los sindicatos para su abono. Además, ha recordado que la subida se acordó con sindicatos a nivel nacional en 2018 y que los por entonces responsables del Ejecutivo extremeño supeditaron su pago posteriormente a futuras negociaciones y a que se alcance el equilibrio presupuestario en la comunidad autónoma. Por ello ha criticado la “falta de voluntad política” de la anterior Junta pues “tuvieron la posibilidad de pagar, pero no lo hicieron”, ya que en 2021 se alcanzó un superávit de 49 millones de euros, sin embargo “no quisieron llegar nunca a un acuerdo en mesa general de negociación”.

Según Hernández Carrón, existen “certidumbres” en materia de hacer frente a subidas salariales ya pactadas a nivel nacional y autonómico, pues en 2023 Extremadura ha pagado 27 millones de euros a los empleados públicos en diferentes conceptos.

Además, en 2024 existe el compromiso de pagar 68 millones de euros, pues “se está pagando la turnicidad de los empleados sociosanitarios de Plasencia y Mérida”, y el segundo incremento del 0,5% salarial de 2023, lo que suponen casi 12,5 millones de euros, a los que se añaden unos 57 millones pendientes de pagar de la subida del 2% en 2024.

En su opinión, el Ejecutivo regional está poniendo “claridad en los pasos que se tienen que dar para el abono final de estos atrasos”, ha dicho a la vez que ha asegurado que actuará “conforme a la coyuntura económica”

Por su parte Vergeles le ha recriminado “sembrar más dudas” hoy a los empleados públicos respecto al pago de la deuda, pues “todavía no pueden decir cómo lo van a hacer” ya que, a su juicio, no hay nada destinado a ello y “lo único que tienen es un brindis al sol en una disposición adicional” de los presupuestos autonómicos. 

La sombra de la huelga de actores y actrices de Hollywood sigue sobrevolando el sector. La unión de los trabajadores en EEUU dio como resultado un nuevo convenio que atendía bastantes de sus exigencias, especialmente las correspondientes a unas mejoras salariales, así como nuevas protecciones frente a amenazas que hace años ni se planteaban, como la Inteligencia Artificial. Como si el eco de aquella protesta resonara meses después, ahora la Unión de Actores y Actrices (el sindicato del sector en España) ha denunciado que la patronal de los productores audiovisuales (formada por PATE, APCP, PIAF, PROA y PROFILM) se niega a la subida automática de los salarios para este 2024.

La Unión, así como el resto de los sindicatos firmantes del convenio, negociaban desde enero con las productoras del sector audiovisual la subida de IPC correspondiente, un 3,1%. “La actitud que nos hemos encontrado al otro lado de la mesa de negociación ha sido de absoluto bloqueo pese a la continua voluntad de acuerdo por nuestra parte”, han dicho desde la institución en un comunicado. El parón en este tema provoca también el bloqueo del nuevo convenio que busca el sector con la patronal, ya que hasta que no se resuelva el tema de los salarios no volverán a la mesa de negociación.

Ignacio Martín Pina, responsable institucional de la Unión de Actores y Actrices confirma a elDiario.es que ha sido la subida de salarios lo que ha provocado esta situación, que arrastra su inicio a “un convenio denunciado desde 2019 y a la esperas de negociación”. Ahora mismo tiene en vigor un convenio denunciado, y hasta este curso las tablas salariales se habían subido cuando tocaba, “pero este año las patronales han decidido que no querían y han empezado a poner pegas”.

“Aunque la cláusula sea automática, como el convenio está denunciado siempre tiene que haber un acuerdo porque no hay un convenio activo. En un primer momento nos dijeron que no querían subir las tablas sin cerrar un calendario de negociaciones, algo que nosotros rápidamente solventamos. La primera reunión de negociaciones del nuevo convenio iba a ser el 25 de abril, pero aún así siguieron sin querer firmar las tablas. En el último encuentro que tuvimos les dimos de plazo hasta hasta el 1 de abril y les dijimos que si no nos reuníamos íbamos a ir a mediación. En esta conversación nos vinieron a plantear que querían retocar esta cláusula automática que tenemos para limitarla en aquellas situaciones en que el IPC fuera muy alto y pudiera poner en peligro sus producciones. A nosotros nos parecía razonable, lo que pasa que también establecimos que queríamos un mínimo claro, porque hay momentos en que el IPC es muy bajo, sobre todo teniendo en cuenta que las tablas salariales de de este convenio se aplican generalmente a la gente que no no tiene caché. Es decir, la gente que menos cobra y la que peor situación está”, dice Martín Pina.

La postura de la patronal fue plantarse en el 3%. “Consideramos que eso está dentro del de las horquillas ordinarias que puede va a haber un año. Les dijimos que nuestra última oferta era una entre un cuatro y un uno, y que de ahí no nos vamos a mover. Si alguna vez pasa del cuatro, como ha ocurrido estos dos años, por ejemplo, entendemos que hay que buscar una solución para que tampoco las producciones puedan ponerse en riesgo. El lunes nos hicieron una contraoferta y ya les dijimos que no, que esto no era una cosa negociable y que entendíamos que había bloqueo constante y que nos íbamos al SIMA”, dice sobre la cronología del conflicto.

los actores y actrices trabajan pocos días al año y esos días son con los que pagan el alquiler. La cesta de la compra sigue subiendo y los sueldos tienen que subir de forma acorde

Ignacio Martín Pina — Responsable Institucional de la Unión de Actores y Actrices

El objetivo es que se reconozca la subida automática que está ahora mismo en el convenio. Desde la Unión de Actores y Actrices siguen abiertos a negociar y dejan claro que entienden que un IPC muy alto puede poner en riesgo ciertas producciones, pero piden “estudiar otras mil opciones posibles”. Para ello piden “voluntad de negociación”. Consideran que en términos cuantitativos es “una subida muy baja”. “Estamos hablando de que un actor de pequeñas partes, que es aquel que dice un par de frases, son 6 euros de subida con el 4%. Son subidas muy pequeñas. Lo que pasa es que, claro, piensa que los actores y actrices trabajan pocos días al año y esos días son con los que pagan el alquiler. La cesta de la compra sigue subiendo y los sueldos tienen que subir de forma acorde. Es que esos seis euros pueden suponer la diferencia entre comprar una botella de un litro de aceite o no”, zanja.

Este bloqueo detiene en seco el siguiente paso, la negociación del convenio colectivo. “No podremos entrar a debatir cosas importantes con unas asociaciones empresariales que no aceptan subir los sueldos al coste de la vida. Es muy difícil que podamos hablar de jornadas de trabajo o de los descansos, de actualizar eh un convenio que no está adaptado a la realidad de las plataformas si no sube ni un 3%. Nos preocupa es qué negociación de convenio futura nos metemos, es que ahí sí que nos estamos jugando el futuro del audiovisual nosotros. Hay una serie de de medidas que van a transformar el sector audiovisual y el convenio es una de ellas”, afirma sobre la importancia de este acuerdo. 

Confían en que la situación se reconduzca, y consideran que esa voluntad de reunirse existe. “Creo que las patronales han medido mal y han pensado que esta negociación se podría extender en el tiempo y alargar, y creo estaban jugando un poco a eso. Nuestra afiliación no puede seguir esperando a que la las empresas decidan sentarse. Ellos tienen todo el tiempo del mundo porque es dinero que se están ahorrando. Nuestros afiliados no lo tienen”, valoran y anuncian que aunque estudian medidas si no logran el acuerdo, la huelga no es una opción en la mesa.

La Junta de Extremadura hará efectiva en la nómina de marzo la subida salarial del 0,5% a los alrededor de 60.000 empleados públicos de la región, según ha avanzado este martes la portavoz del Ejecutivo autonómico, Victoria Bazaga.

Este incremento adicional del sueldo, respecto al vigente a 31 de diciembre de 2023, se abonará con carácter retroactivo a las cantidades correspondientes al ejercicio 2023 y lo que se lleva de 2024, y afectará al personal de la administración de la comunidad autónoma y de sus organismos autónomos.

Para ello, la Junta destinará 24 millones de euros y, según ha dicho Bazaga, con la medida se consolida el incremento salarial del 3,5% acordado con los sindicatos para este año. “Este gobierno quiere cuidar al principal activo de la administración, sus trabajadores públicos, y aprobamos esta subida salarial conscientes de la importancia de cumplir con la ley y la palabra dada”, ha expuesto la portavoz autonómica.

El Consejo de Ministros adoptó el 6 de febrero el acuerdo por el que se aprueba el incremento del 0,5% en las retribuciones del personal al servicio del sector público en aplicación de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, vinculándolo el incremento a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) nominal de aquel año.

“Si el incremento del PIB nominal igualaba o superaba el estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico que acompañaba a la elaboración de la ley de Presupuestos, se aplicaría un aumento retributivo complementario del 0,5 por ciento”, ha recordado la Junta.

Operaciones de endeudamiento

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado de forma definitiva llevar a cabo operaciones financieras a corto plazo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para endeudarse por un importe total de 350 millones de euros, tal como autorizó a Extremadura el Consejo de Ministros el 12 de marzo.

Con estas operaciones se pretende “cubrir las eventualidades que durante el ejercicio se produzcan por los desequilibrios transitorios en Tesorería debidos a la diferencia de vencimientos entre los pagos y los cobros”, ha señalado el Ejecutivo regional.

Un procedimiento de endeudamiento a corto y a largo plazo al que acuden la mayoría de comunidades autónomas, según ha reseñado la Junta, destacando la autorización por parte del Consejo de Ministros para comunidades como Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Baleares, La Rioja, Cantabria y Cataluña.

Asimismo, en materia de Hacienda se ha dado luz verde a la suscripción de un acuerdo para el intercambio de información entre las administraciones tributarias del Estado y de las comunidades autónomas. Su objetivo es “fijar las condiciones, procedimientos y alcance del acceso recíproco a las bases de datos” de las distintas administraciones tributarias estatal y autonómicas.

Todo ello para luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal y reforzar la eficacia en el desempeño de las competencias que tienen asumidas las administraciones, así como mejorar la asistencia a los ciudadanos y empresas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.