Hacienda no afloja con Aristrain: gana al magnate por sus gastos de caza y reabre el mayor juicio por delito fiscal

La Agencia Tributaria es un mal enemigo. Uno tenaz. Lo sabe como nadie José María Aristrain de la Cruz, la gran fortuna anónima del país y uno de los mayores accionistas de ArcelorMittal. En 2011 fue acusado de defraudar 200 millones de euros al fingir su residencia en Suiza y ocultar sus acciones en Luxemburgo. Aristrain ganó en primera instancia en una dura derrota para Hacienda, pero el Supremo acaba de ordenar a la Audiencia de Madrid que reabra el caso. Tras esa derrota inicial, el fisco le abrió distintas actas por sus sociedades y en esa rama dos sentencias han dado la razón al fisco: Aristrain se había deducido gastos en monterías -su verdadera pasión- en sus enormes fincas en Cáceres y Sevilla sin que tuvieran relación con actividad empresarial real. Los pleitos suman 268.308 euros, nada que ver con la gran acusación por fraude fiscal, pero revelan el ahínco de Hacienda.

Dentro del entramado de empresas de Aristrain, propietario de un imperio inmobiliario en el centro de Madrid, la Agencia Tributaria inspeccionó la sociedad Arispal, con la que posee una enorme finca en Sevilla. Aristrain, muy aficionado a los toros y la caza, acude a jornadas allí cuando pasa la Feria de Abril en su palacete en el centro de Sevilla. Tiene sus propias ganaderías de lidia, Herederos J.M. Aristrain de la Cruz y Aguadulce. “Arispal es propietaria de 23 fincas rústicas en la provincia de Sevilla: cinco en el paraje Casa Corchal, municipio de El Garrobo; dos en el paraje Zapatera (El Garrobo), doce en el paraje Casa Toril (El Garrobo), y cuatro en el paraje Las Menores (Guillena)”, señala la sentencia.

Pese a ser formalmente una empresa, Arispal pierde dinero en cada año de los que inspeccionó Hacienda. En total, 1,84 millones hasta 2014 (sin señalar cuándo empieza la contabilidad). “La actividad de cría de ganado bravo genera unos ingresos que representan, año tras año, un pequeño porcentaje de los gastos ocasionados en la finca. Los fondos para cubrir esos cuantiosos gastos que exceden de los ingresos proceden” de otras empresas de Aristrain. 

Por todo, Hacienda concluye que, en realidad, eso no es una empresa, sino parte del ocio del magnate y no se puede deducir el IVA. “El hecho de que la sociedad genere cada año resultados negativos lleva a la inspección a determinar que la actividad desarrollada por el obligado tributario se corresponde más con una actividad lúdica, puesto que carece del criterio económico o empresarial que fundamenta toda actividad”.

“Se produce un desequilibrio entre ingresos y gastos que es imposible mantener, a excepción de que, como sucede en nuestro caso, se trate de mantener una afición por parte del socio don José María Aristrain de la Cruz”. “Es esta persona, dotada, según la revista ‘Forbes’, de un patrimonio de 1.700 millones de euros en 2011, la que finalmente financia [...] las continuas pérdidas declaradas por ARISPAL, consecuencia de la gestión de un patrimonio inmobiliario dedicado al disfrute personal de su dueño más que al desarrollo de una actividad económica”. En una de esas fincas, por ejemplo, ha posado el torero Finito de Córdoba y el magnate solía invitar a diestros.

El TSJ de Madrid, en una sentencia del pasado mes de julio, concluye que “la actuación de la entidad recurrente no puede ampararse en una interpretación razonable de la norma” y le impone el pago de las costas. 

No es la única sentencia. En noviembre pasado, el TSJ de Madrid vio el recurso de la sociedad Dehesa de Guadarranque contra las actas de Hacienda por los gastos en fincas de Alía (Cáceres) y Castilblanco (Badajoz) valoradas en 111.845,53 euros. Aristrain es de los mayores latifundistas del país y tiene muchos cortijos para ser auditados. La inspección no aceptó la deducción de gastos como “los relativos a las monterías realizadas que hayan constituido un ocio personal” o los “trabajos realizados en las fincas, así como la compra de materiales, con motivo de obras que no están directa y exclusivamente relacionadas con el ejercicio de la actividad agrícola y ganadera”.

Para Hacienda, las monterías de Aristrain solo son ocio, no una actividad empresarial. La caza y los coches de lujo son su gran pasión. Según fuentes que han coincidido con él, llega a disparar desde los Mercedes todoterreno preparados al uso con matrícula JMA (sus iniciales). El tribunal confirma la sanción.

Vida de rico de los de verdad

Aristrain tiene una vida de rico de los de verdad. Es hijo de José María Aristrain Noain, que forjó un imperio del acero en el País Vasco en el final del franquismo. Cuando a principios de los 80, Hacienda publicó -por primera y única vez- las declaraciones de la Renta, era el segundo empresario de España que más dinero ganaba, solo por detrás de José María Ruiz Mateos. El patriarca se enfrentó a ETA y se negó a pagar el impuesto revolucionario. Falleció en un extraño accidente de helicóptero en 1986 en la costa azul. 

Le sucedió su hijo, del mismo nombre, pero sin su carisma ni afán por la notoriedad. Obsesionado con la discreción y la seguridad, Aristrain organizaba sus cacerías y enseñaba discretamente su colección de coches, que incluía un Ferrari 250 GTO (una joya con poquísimas unidades y que se han llegado a subastar por 80 millones de dólares). Aristrain compró el suyo al coleccionista Paul Pappalardo en 2008 por 25 millones de dólares, pero el mercado del lujo ha sido la mejor inversión desde entonces.

Tras una serie de operaciones corporativas, acabó siendo uno de los mayores accionistas del gigante ArcelorMittal. Y después de un segundo matrimonio, trasladó su residencia fiscal a Suiza. Según la Fiscalía, sólo lo hizo de forma ficticia. En 2011 abrió una causa contra él que, tras varios vaivenes y absoluciones vuelve varios años hacia atrás. El Supremo ha ordenado repetir el juicio y con otro tribunal. 

Es solo otro zigzag más en un caso que realmente radiografía el estado de la justicia. En 2019 y tras ocho años de instrucción, Aristrain llegó a juicio. Lo hizo ya en silla de ruedas. La Audiencia de Madrid pretendió entonces, sin éxito, que el juicio pasase a la Audiencia Nacional, lo que demoró aún más el caso. Y lo que le queda.