La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media alcanzaría a más de 12 millones de trabajadores

La reducción de la jornada máxima de trabajo a las 37 horas y media semanales en 2025 se ha colocado como una de las medidas con más repercusión del pacto de gobierno entre PSOE y Sumar. Se trata de una política de muy amplio alcance, ya que a día de hoy la gran mayoría de empleados tienen jornadas máximas por encima de esa referencia. Según los cálculos del Ministerio de Trabajo, la cifra de personas alcanzadas por la reducción se sitúa en “los 12 millones”, un dato que en CCOO estiman que es algo superior, “entre los 12 y 13 millones”, apuntan a este medio.

Los cálculos parten de la información de los convenios colectivos, que regulan las condiciones laborales de millones de trabajadores y en la mayoría de ocasiones pactan jornadas por debajo del máximo legal de 40 horas a la semana. Y también de las cifras de la EPA, que aportan una imagen de la magnitud total de asalariados. En el segundo trimestre, había 17,8 millones de personas empleadas según la estadística, por lo que el alcance de la reducción de jornada pactada por PSOE y Sumar se situaría alrededor del 70% del total.

Si se atiende a los convenios colectivos suscritos con efectos este 2023, aún datos muy provisionales y solo con cifras hasta septiembre, el 88% de los 9,5 millones de trabajadores cubiertos tenían jornadas pactadas por encima de las 37 horas y media.

Hay que eliminar del cómputo de trabajadores alcanzados por la reducción a los funcionarios y al personal estatutario, que no se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y que además ya tienen jornadas inferiores a las 37,5 horas a la semana, explican en CCOO. También habría que restar a parte del personal laboral de las administraciones públicas que se rigen por acuerdos específicos para asimilar sus condiciones a las de los funcionarios.

Este miércoles, en el sindicato aún estaban cerrando su análisis al respecto, pero se inclinaban por una afectación algo superior a la del Ministerio de Trabajo. De “unos 13 millones de personas” según la información de los convenios: “ocho millones” de trabajadores en 2024, cuando el acuerdo de coalición propone reducir la jornada máxima a 38 horas y media a la semana, y otros “cinco millones” de asalariados en 2025, si se aplicara la rebaja a las 37 horas y media semanales. Con el cruce de datos de la EPA, su estimación se sitúa alrededor de las “12.700.000 personas”, indican en CCOO.

Por sectores, en el Ministerio de Trabajo destacan el impacto en actividades como la hostelería y el comercio, con amplia presencia de mujeres, donde las jornadas máximas en los convenios están fijadas de manera muy mayoritaria entre las 38,5 horas y 39,5 horas. “Sobre todo la hostelería, con el 84% de sus asalariados en este tramo de jornada pactada”, sostienen en el departamento de Yolanda Díaz, según los datos de 2022 (los últimos disponibles).

Más allá de las jornadas máximas de referencia, luego las horas efectivas que echan los trabajadores en la práctica pueden ser muy distintas. Por ejemplo, por la firma de muchos contratos a tiempo parcial (algo habitual en comercio y hostelería, por ejemplo), por la realización de horas extra o por los incumplimientos de los límites horarios, entre otras.

Mejora salarial para trabajadoras a tiempo parcial

Otra repercusión muy relevante de la reducción de la jornada máxima apunta a las personas que trabajan a tiempo parcial, la gran mayoría mujeres. En muchos casos, implicaría un aumento de sus salarios, confirman en CCOO.

Estos trabajadores, 2,5 millones de personas –de las que el 75% son mujeres–, tienen contratos con jornadas inferiores a la completa y perciben remuneraciones en función de la reducción que se les aplica. Hay básicamente dos formatos: uno en el que se acuerda un determinado número de horas (20 horas, por ejemplo), y otro en el se fija el trabajo durante un porcentaje de la jornada (como un 50% de la jornada).

El primer caso es el mayoritario, explican en CCOO, e implicaría un aumento salarial para las personas trabajadoras si se redujera la jornada máxima. Por ejemplo, con la referencia del salario mínimo: si una empleada trabaja 20 horas, respecto a una jornada una completa de 40, ahora cobra la mitad del salario (540 euros al mes). En cambio, si la jornada completa pasa a ser 37 horas y media, las 20 horas supondrían el 53% del total e implicaría un salario de 572 euros al mes.

En el caso de que el contrato parcial establezca un 50% del horario completo, la reducción de la jornada máxima supondría una disminución de las horas de trabajo de ese trabajador a tiempo parcial (con el mismo salario).

Los sindicatos mayoritarios se han mostrado a favor de la medida, que debatirán en las mesas de diálogo social para que sea más ambiciosa, ya que CCOO y UGT habían propuesto reducir la jornada a las 35 horas semanales en esta legislatura. También consideran que la negociación colectiva, bipartita entre empresarios y sindicatos, es el entorno más adecuado para acordar la distribución de esas horas por sectores y empresas, teniendo en cuenta las especificidades de cada actividad.

El mundo empresarial se revuelve en contra

En cambio, el ámbito empresarial ha salido en tromba a posicionarse en contra de la rebaja de la jornada laboral. Primero lo hizo la patronal CEOE de la mano de la patronal de pequeñas empresas Cepyme y la organización de autónomos ATA con un duro comunicado. La vicepresidenta y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha respondido a los empresarios con las ventajas para la productividad de esta medida, así como para la conciliación. “Ni el PP pudo decir que está en contra” de reducir la jornada máxima, lanzó Díaz a las patronales.

Un día después, las críticas han llegado de las compañías ligadas al gran consumo. Una de ellas, el grupo lácteo Mantequerías Arias (dueño de marcas como Angulo, Caprice de Dieux o Burgo de Arias) va un paso más allá y pone cifras al aumento de costes laborales. “Reducir la jornada es perfecto para mejorar el bienestar, pero tiene un coste”, aseguró su director general para España y Portugal, Javier Roza, en el congreso Aecoc, de empresas de alimentación y distribución.

“Si se reduce como se ha presentado, puede suponer un aumento de entre el 7% y el 10% de los costes laborales. Es mucho. Habrá empresas para las que el impacto sea insostenible”, aseguró. Un cálculo, en grandes cifras, que vincula a lo que conllevaría trabajar lo mismo, con menos horas laborales por empleado y sumando el impacto de elevar los salarios con el IPC.

“Puede llevar a una bajada de resultados o a una bajada de empleo para compensar”, aseguró. “Hay que ver, con los agentes sociales, hasta qué punto hacerlo de golpe o de forma progresiva. O bien impacta en los resultados de las empresas o se repercute en precios”. Esto último, ahondaría, apuntó, en la espiral inflacionista. “La cuestión es cómo se hace para que sea pactada y se pueda asumir”, añadió.

Alfonso Jiménez, presidente de Cascajares –empresa que hace unos meses vio arder su fábrica– también valoró negativamente la medida. “Soy un empresario que siempre ha intentado que toda la gente esté motivada e ilusionada en el puesto de trabajo. No hemos perdido un trabajador en nueve meses”, desde el incendio. Una plantilla que, entre puestos directos e indirectos, asegura, alcanza el centenar de personas.

“Esta medida, sin el visto bueno, sin el acuerdo con los empresarios, me parece una falta de respeto, porque somos los que lo tenemos que pagar. No va a ser bueno ni para empresa ni para empleados. No es una buena noticia, puede dañar la competitividad. Se tendría que haber hecho de otra forma”, aseguró.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha destacado que, de salir adelante un nuevo gobierno de coalición, el Ministerio de Trabajo negociará la medida en el diálogo social y ha confiado en la posibilidad de un acuerdo, como ha pasado a lo largo de este mandato en materias que no gustaban a priori a los empresarios, como la reforma laboral o la Ley Rider, que este mismo miércoles recibía el aval del Constitucional.

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