La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea ha designado a Canarias Ahora como el único medio de España y Portugal que liderará los próximos doce meses un proyecto para acercar la política de cohesión de la UE a la ciudadanía para dar a conocer su impacto en el desarrollo económico y social. 

El proyecto que liderará Canarias Ahora se denomina Cohesión Atlántica y con él se pretende explicar el impacto de Europa en la vida cotidiana de Canarias, Madeira y Azores para mejorar el conocimiento ciudadano sobre la política de cohesión europea mediante contenidos periodísticos que conecten las inversiones de la UE con la realidad cotidiana de las regiones ultraperiféricas del espacio MAC (Madeira, Azores y Canarias), cuya cooperación territorial se extiende a países africanos vecinos como Cabo Verde, Senegal y Ghana, reforzando los vínculos entre las regiones ultraperiféricas europeas y el continente africano.

De ahí que Cohesión Atlántica cuente con Casa África como asociada y será ese organismo donde se celebrarán los eventos públicos previstos para potenciar la difusión de sus resultados y a la sensibilización ciudadana sobre la política de cohesión europea.

El proyecto Cohesión Atlántica de Canarias Ahora, con un presupuesto de 193.087,06 euros, obtuvo 91 puntos sobre 100 en la evaluación de la Comisión Europea, superando ampliamente el umbral mínimo de 53 puntos. Tiene una duración prevista de 12 meses y contempla la producción de artículos periodísticos, documentales y vídeos breves, dos eventos públicos que se celebrarán en Canarias en 2027 y una campaña de difusión digital, con el objetivo de acercar los resultados de la política de cohesión a la ciudadanía.

Los periodistas de Canarias Ahora ya están trabajando en la preparación de una amplia batería de reportajes con los que acercar cuál ha sido la realidad para las Islas de los programas de cohesión de la Unión Europea los últimos años, si han mejorado la vida de la ciudadanía, cómo han sido percibidos, cuál ha sido el acompañamiento por parte de las instituciones autonómicas y locales y cómo influiría un eventual recorte de fondos de cohesión.

Según la lista oficial de beneficiarios publicada por la Comisión Europea, Cohesión Atlántica es el único proyecto coordinado por una entidad española o portuguesa aceptado en esta convocatoria. Esta distinción sitúa a Canarias Ahora como el único representante español al frente de un proyecto beneficiario de esta convocatoria.

El cambio climático ha hecho que la región del Ártico se convierta en una prioridad para la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, han presentado este martes una nueva estrategia para la zona con un claro perfil geopolítico donde la defensa ante la apertura de nuevas rutas por el deshielo y la explotación de nuevos recursos centrados en los minerales críticos, pero la UE mantiene su postura conjunta sobre el Ártico de 2021: “garantizar que el petróleo, el carbón y el gas permanezcan bajo tierra” frente a las intenciones de Donald Trump de incrementar las exploraciones de combustibles fósiles.

“La apertura de nuevas rutas marítimas y el descubrimiento de recursos están reconfigurando el panorama económico y de seguridad de la región, lo que provoca un aumento de las tensiones geopolíticas, la competencia estratégica y la actividad militar”, argumentan en la Comisión Europea.

La nueva estrategia europea llega tras el acuerdo firmado por la Administración de Donald Trump y Groenlandia y Dinamarca. El gobierno de la isla danesa rebatió la semana pasada las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que señaló en su red social que “¡Una exploración masiva de petróleo, gas y minerales se está preparando para comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!”.

El viceministro groenlandés de Minería, Jørgen Hammeken-Holm, admitió que “hay actividades de empresas estadounidenses, pero muy lejos de una exploración gigantesca. Hay muchas exploraciones de menor envergadura en curso, pero podrían pasar años antes de que entren en funcionamiento”. El pasado septiembre la UE firmó un pacto de asociación con Groenlandia para frenar la obsesión anexionista de Trump, que “reconoce la creciente importancia estratégica de Groenlandia” y se destinaban 200 millones de euros en diferentes proyectos para fortalecer los vínculos europeos de la isla danesa.

Haya o no más perforaciones petrolíferas de empresas estadounidenses en Groenlandia, es evidente que EEUU ha logrado expandir de forma notable su presencia e influencia militar en el Ártico. Es un territorio donde Rusia controla la mitad de la zona económica terrestre y marítima al norte del Círculo Polar Ártico y dos tercios de los habitantes de la región ártica viven en territorio ruso, además de contar con la mayor capacidad para utilizar las nuevas vías que se han abierto por su flota de buques rompehielos, algunos de propulsión nuclear, y submarinos nucleares. De hecho, Trump utilizó el argumento de defensa frente a rusos y chino para tratar de hacerse con Groenlandia.

Rusia ha intensificado el uso de la ruta polar para transportar petróleo y gas a China desde 2022, tras la invasión de Ucrania y la aprobación de sanciones comerciales contra el Kremlin. Mientras que China ha mostrado un claro interés por incrementar el transporte marítimo por “la ruta de la seda polar”. En 2024, China y Rusia empezaron a realizar patrullas conjuntas en la zona del ártico, según la CNN.

Ante esta situación, la UE va a poner en marcha una serie de movimientos para mantener su capacidad de respuesta en una zona donde más de medio millón de ciudadanos europeos viven en la región. Dinamarca, Finlandia y Suecia son Estados miembros de la UE con territorios árticos y la Unión mantiene estrechos vínculos con Noruega, Islandia, el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. “Los acontecimientos en el Ártico afectan directamente a la seguridad, el clima y la prosperidad de Europa”, aseguran desde la Comisión Europea.

Von der Leyen ha declarado que “el Ártico es el vecino septentrional de Europa: una región cercana, conectada y crucial para nuestro futuro. Y está cambiando. Las nuevas rutas marítimas y los recursos están alimentando la competencia estratégica. Con nuestra nueva estrategia, invertimos en reforzar la seguridad, desarrollar infraestructuras resilientes y generar oportunidades económicas”.

Kallas ha comentado que “el Ártico se ha convertido en una primera línea de la competencia por el poder mundial. La estrategia actualizada de la UE para el Ártico refleja esta nueva realidad al situar la seguridad en el centro de sus prioridades”.

“El petróleo, el carbón y el gas permanecerán bajo tierra”

Ahora bien, aunque hay planes para desarrollar más actividad económica y militar, en Bruselas subrayan que “se garantiza que el petróleo, el carbón y el gas permanezcan bajo tierra, también en las regiones árticas”. La UE resalta la intención de “cumplir los objetivos del Acuerdo de París, incluida la transición para abandonar los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa”.

“El Ártico está experimentando un cambio climático sin precedentes y se calienta casi cuatro veces más deprisa que la media mundial. Como regulador del clima mundial, las transformaciones que se producen en la región tienen consecuencias que van mucho más allá de sus fronteras, entre ellas la subida del nivel del mar y la alteración de los patrones meteorológicos. Estos efectos ya se sienten directamente en toda Europa. Desde las olas de calor mortales hasta los cambios en los ecosistemas, Europa se calienta al doble de velocidad que la media mundial”, explican desde la Comisión Europea.

Por este motivo, a UE reforzará la investigación y el seguimiento del clima para comprender mejor el cambio climático y facilitar respuestas eficaces. La Unión trabajará con los Estados miembros y sus socios para compartir datos a través de OceanEye, la nueva iniciativa europea de observación y vigilancia de los océanos.

Protección de infraestructuras críticas y cables submarinos

Ahora bien, el papel que quiere jugar la UE también tiene una vertiente económica y el papel de doble uso civil y militar. De hecho, el aspecto de Defensa es el más amplio. En colaboración con la OTAN y los países del entorno se va a reforzar “la protección de infraestructuras críticas y reforzar la capacidad de Europa para operar en las condiciones del Ártico, entre otras medidas mediante la ampliación de la capacidad europea de rompehielos”.

También se centrará en mejorar a largo plazo la preparación y la capacidad de respuesta ante posibles amenazas, garantizando la resiliencia de las cadenas de suministro, protegiendo las fronteras marítimas septentrionales y salvaguardando las infraestructuras submarinas críticas. Para mejorar el conocimiento compartido de la situación y la vigilancia, se creará un nuevo centro de seguridad marítima (Maritime Security Hub) que ayudará a los Estados miembros y a los socios a compartir información y mejorar la supervisión de las actividades marítimas en el Ártico.

La UE apoyará la creación de un centro de cables del Ártico (Arctic Cable Hub) para supervisar y proteger los cables submarinos del Atlántico Norte y el Ártico, así como contribuir a su reparación. Uno de los objetivos de la guerra híbrida de Rusia contra Europa han sido los cables submarinos de telecomunicaciones. También invertirá en tecnologías inteligentes para detectar posibles amenazas contra estas infraestructuras críticas y ampliará progresivamente sus funciones para incluir “el seguimiento de los buques de la flota fantasma, la detección de la pesca ilegal y la contaminación y la mejora de la coordinación de las operaciones de búsqueda y salvamento”.

El Ártico ya es una zona fuertemente militarizada. La Simons Foundation realizó un informe en el que contabiliza hasta 60 bases militares en la zona, de las que 30 pertenecen a Rusia y otras 36 están en territorios de países que pertenecen a la OTAN, la mayoría en territorio noruego (15), seguido de Canadá (9), Estados Unidos (8), Groenlandia e Islandia.

En el ámbito económico, Bruselas pretende en la zona ártica desarrollar más actividad económica en ámbitos como las energías renovables, las tierras raras y los minerales críticos, el transporte de doble uso, la conectividad digital y las industrias marinas sostenibles.

Bruselas pretende incrementar las conexiones de las infraestructuras europeas (puertos, las conexiones ferroviarias, las terminales energéticas y las infraestructuras satelitales y digitales) en las nuevas redes comerciales y de transporte del Ártico. Además, se abrirá un nuevo centro europeo de investigación polar (EU Polar Research Hub) reforzará los vínculos entre la ciencia y la formulación de políticas.

“El Consejo Europeo lamenta la decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones al diésel ruso”. Es una declaración breve y escueta, pero de una gran carga política. Los 27 países de la Unión Europea muestran su oposición a las decisiones de la Administración de Donald Trump, en un momento en el que claramente se ve que el presidente de Estados Unidos trata de culpar al presidente ucraniano de los altos precios del carburante ante las próximas elecciones, las 'midterm', que tendrán lugar en Estados Unidos.

Hasta el momento, la Unión Europea había intentado esquivar un pronunciamiento claro del papel de Trump en la guerra de Ucrania. Sin embargo, las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos han cambiado las tornas en Europa. Trump ha llegado a pedir que hubiera un cambio de presidente en Ucrania y se ha visto su mano tras el apagón tecnológico de la empresa de satélites de Elon Musk, Starlink, que ofrece información a Ucrania sobre los ataques con misiles y drones desde Rusia.

El levantamiento de las sanciones a Rusia no ha sido del gusto de los líderes europeos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que “a decisión que se tomó no es buena para nadie. No es verdad que vaya a resolver el problema del mercado mundial del diésel. Por lo tanto, creo que no tendrá un impacto para el presidente Trump, envía un mensaje negativo y es un elemento de división, más bien genera desconfianza”.

“Cualquier paso que ayude a los rusos es una mala señal”

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, calificó como “incoherente e inconsecuente” la decisión de la Casa Blanca, mientras que el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, reiteró que lamentaba profundamente “este acuerdo sobre el diésel. Evidentemente, no representa una parte muy importante [del suministro], pero, aun así, va en la dirección equivocada. Cualquier paso que ayude ahora a los rusos a aumentar la financiación de la guerra es una mala señal. Por eso, respaldamos plenamente la postura de Volodímir Zelenski.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que “con las señales procedentes de EEUU, que van en contra de Ucrania, Europa se encuentra en una situación más desfavorable, más difícil, en lo que respecta a nuestra capacidad para defendernos de Rusia”. En el mismo sentido, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, mostró su desacuerdo con la decisión del presidente estadounidense. “Por supuesto, no estamos de acuerdo con la compra de diésel a Rusia por parte de Estados Unidos, ya que el diésel y el petróleo son lo que impulsa y alimenta la maquinaria bélica rusa”, apuntó Stubb. 

La posición beligerante de Trump con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también responde a la negativa de ucraniano a dejar de atacar a las infraestructuras energéticas rusas, pese a que Zelenski dio el visto bueno a un posible alto el fuego que Rusia rechazó.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, defendió que las refinerías rusas de carburante eran objetivos militares legítimos. “Si tenemos en cuenta el derecho internacional, está claro que estos ataques son una forma de defender a Ucrania. De estas refinerías procede la financiación de esta guerra que cada día acaba con la vida de ucranianos”.

Restricciones de Starlink para defender a Ucrania

Zelenski participó en la cumbre de líderes europeos que se ha celebrado este viernes en Bruselas. Tras verse con los mandatarios, el presidente ucraniano dio una rueda de prensa en la que se quejó de las restricciones de los satélites Starlink, pedidas por el presidente Trump, ya que impedía “interceptar aviones a reacción que atacan a nuestra población civil y que están matando a nuestras familias”.

“Estábamos utilizando interceptores especiales que se desplazaban a gran velocidad, drones interceptores que se mueven gracias a Starlink. Así pues, Starlink no se desactivó, pero se redujeron los límites de velocidad y, al reducirse éstos, nos vimos incapaces de derribar ciertos drones Shahed”, explicó Zelenski.

Aunque según el líder ucraniano parece que se va a solucionar: “el Ministerio de Defensa y mis socios han dicho que hay indicios por parte de la Casa Blanca de que van a restablecer esas capacidades. ¿Han restablecido los límites de velocidad anteriores? No, pero ¿se van a restablecer ahora? Sí”. 

Ucrania también ha mostrado su queja porque se ha quedado sin misiles 'Patriot' de fabricación estadounidense para su sistema de defensa aérea, lo que la deja más vulnerable a los ataques con misiles balísticos rusos. “Es un secreto a voces que, en estos momentos, no somos un destino prioritario para estos misiles, ya que se están enviando a Oriente Medio”, apuntó Zelenski, refiriéndose al conflicto iniciado por Estados Unidos en Irán.

Además, los países de la UE se han comprometido también a solventar las necesidades de financiación de Ucrania para afrontar en los próximos años la guerra contra Rusia. “Pedimos a la Comisión que presente la propuesta para abordar las necesidades de financiación adicionales de Ucrania para 2027”, se puede leer en las conclusiones del Consejo Europeo.

En la resolución de esta cumbre, los Estados miembros “mantienen su compromiso de atender las necesidades financieras urgentes de Ucrania junto con los socios internacionales”, para lo que piden “intensificar rápidamente su apoyo para ayudar a satisfacer las necesidades financieras y militares urgentes”.

Zelenski ha comentado en varias ocasiones que la guerra con Moscú costará 155.000 millones de euros el año que viene y que necesitarán “al menos 70.000 millones de euros más” de parte de la Unión para defensa y armamento.

La Comisión Europea ha obligado a la farmacéutica francesa Sanofi a que acabe con una campaña de comunicación engañosa dirigida a los profesionales sanitarios para cerrar el paso a competidores de vacunas contra la gripe. Bruselas había probado las presuntas “campañas de desprestigio que Sanofi habría llevado a cabo en Alemania y Francia contra Fluad, la única vacuna antigripal de alta dosis para pacientes vulnerables que compite con Efluelda, de Sanofi”.

La Comisión concluyó la multinacional francesa Sanofi podría ocupar una posición dominante en el mercado de las vacunas antigripales de alta dosis en Alemania y Francia. Pero además, los funcionarios de la Comisión también sospechaban que, entre 2024 y 2025, Sanofi había llevado a cabo una campaña de comunicación engañosa dirigida a los profesionales sanitarios.

La campaña consistió en “sugerir que las pruebas científicas que respaldaban a Fluad son menos sólidas que las de Efluelda, en contradicción con las conclusiones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y de los grupos técnicos asesores nacionales sobre inmunización de Alemania y Francia”.

Además, Sanofi “presentó de forma engañosa las recomendaciones nacionales de vacunación” y se dio a entender que “las recomendaciones nacionales de vacunación relativas a Fluad en Alemania siguen sujetas a objeciones científicas sin resolver por parte de las sociedades médicas profesionales”.

La Comisión asegura que con estas prácticas, la multinacional francesa “habría restringido la competencia en los mercados de las vacunas antigripales de alta dosis de Alemania y Francia”, infringiendo el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que “prohíbe el abuso de posición dominante cuando puede afectar al comercio e impedir o restringir la competencia en el mercado único”.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Competencia, ha declarado este miércoles que “al comienzo del otoño, millones de pacientes y profesionales sanitarios de la UE se preparan para la campaña de vacunación contra la gripe. La decisión de hoy garantiza que puedan elegir su vacuna basándose en una evaluación imparcial de las pruebas científicas. Cuando las grandes farmacéuticas que ocupan una posición dominante difunden información falsa o engañosa sobre vacunas que compiten con las suyas, distorsionan la competencia y socavan la libertad de elección de médicos y pacientes”.

Obligaciones para Sanofi

Ante las acusaciones de la Comisión, Sanofi se comprometió hasta 2030 a no utilizar en sus materiales promocionales dirigidos a profesionales sanitarios en Alemania y Francia declaraciones que critiquen, pongan en duda o contradigan las recomendaciones nacionales de vacunación, presenten negativamente Fluad o sugieran indebidamente que la vacuna de Sanofi, Efluelda, es más segura o eficaz, o promover informaciones que sugieran o den a entender que las pruebas científicas que respaldan Fluad son menos sólidas que las que respaldan Efluelda.

Además, la multinacional francesa se compromete a no utilizar este tipo de declaraciones en la información que facilite a los denominados líderes de opinión para sus interacciones con profesionales sanitarios en Francia y Alemania sobre las vacunas antigripales en cuestión. Pero además, en Alemania, tendrá que incluir en la mayoría de sus materiales promocionales relacionados con Efluelda una referencia suficientemente completa y legible a las recomendaciones nacionales de vacunación más recientes.

Para corregir y remediar los posibles efectos de los mensajes anteriores que podrían haber desprestigiado a Fluad, Sanofi se compromete a publicar durante dos años en sus páginas web una declaración en la que reconozca y aclare que las recomendaciones nacionales de vacunación aplicables consideran equivalentes a Fluad y Efluelda en cuanto a la protección de las personas mayores frente a la gripe y que ambas cuentan con una sólida base de pruebas científicas. También tendrá que enviar esa declaración a los profesionales sanitarios y a los líderes de opinión clave que hubieran sido previamente destinatarios de la campaña de desprestigio de Fluad por parte de Sanofi.

La regulació del principi de “prioritat nacional” aprovada pel PP i Vox a la Comunitat Valenciana se situa al marge de la normativa i la jurisprudència de la Unió Europea. La doctrina fixada per la mateixa Comissió Europea —tal com explica l'executiu comunitari en resposta a una iniciativa parlamentària sobre l'accés a l'habitatge i les ajudes públiques— conclou que els estats membres no tenen cobertura legal per a imposar requisits de residència superiors als cinc anys als estrangers establits legalment, tal com estableix la legislació europea.

Aquest mateix dimecres, les Corts Valencianes han aprovat, amb els vots del PP i Vox, la inclusió formal del principi de “prioritat nacional” en l'accés a l'habitatge públic, després que els populars acceptaren una esmena presentada pel partit d'extrema dreta a la seua proposta parlamentària sobre aquesta matèria. L'acord estableix l'obligació de procurar l'assignació prioritària dels recursos públics a les persones que acrediten un “arrelament real, durador i verificable” a la Comunitat Valenciana, i vincula la concessió d'habitatge protegit a la permanència històrica en el territori valencià.

Durant una sessió dedicada monogràficament a la crisi de l'habitatge i la immigració, el debat ha evidenciat la profunda divisió a la cambra. Mentre que el síndic del PP, Fernando Pastor, ha defensat les mesures per a afrontar els problemes del sector davant dels qui considera que “mai no han fet ni un brot en matèria d'habitatge” —en referència al PSPV i a Compromís—, el portaveu de Vox, José María Llanos, ha justificat la restricció de l'accés amb l'argument de la limitació de recursos davant de l'augment de la població immigrant.

Per la seua banda, els grups de l'oposició han rebutjat rotundament aquesta iniciativa. El síndic socialista, José Muñoz, ha censurat un model que contraposa la protecció de les persones vulnerables amb el suport als “fons voltor i l'especulació pura”, mentre que el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, ha acusat Vox d'eludir les solucions reals en matèria d'habitatge per a “inocular odi” en el debat polític valencià.

La “prioritat nacional”, rebutjada per Brussel·les

Tota aquesta controvèrsia té l'origen en la Llei 5/2026, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, més coneguda com la Llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat Valenciana. En l'article 45, la norma valenciana habilita el desplegament reglamentari de la “prioritat nacional” en matèria d'habitatge de protecció pública en règim de compra i exigeix per a la inscripció com a demandant “un mínim de deu anys d'empadronament històric en algun municipi de la Comunitat Valenciana i d'Espanya de manera continuada o interrompuda”.

Aquesta exigència d'una dècada d'arrelament duplica el límit fixat pel dret comunitari. Així ho estableix el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, en la seua resposta a una consulta de l'eurodiputat de Compromís Vicent Marzà, en la qual la Comissió aclareix que l'article 11 de la Directiva 2003/109/CE garanteix als residents de llarga duració la plena igualtat de tracte amb els nacionals en l'accés a les prestacions socials i als procediments d'habitatge.

Brunner recorda que la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) impedeix l'enduriment unilateral d'aquests criteris per part de les administracions regionals o nacionals. “Els estats membres no poden imposar unilateralment un requisit de residència més llarg que el període de cinc anys establit”, assevera en la seua resposta. Així mateix, la Comissió adverteix que qualsevol requisit de residència que perjudique de manera desproporcionada els residents d'altres estats o els nacionals de tercers països incorre en una “discriminació indirecta” prohibida per l'ordenament europeu.

Amb la posició de la Comissió Europea per escrit, Marzà ha registrat una nova pregunta davant del Parlament Europeu dirigida específicament a la Llei d'acompanyament aprovada a les Corts Valencianes. En el seu text, l'eurodiputat pregunta directament a l'executiu comunitari si considera que l'article 45 de la norma valenciana incompleix el marc legal europeu i quines mesures preveu adoptar davant d'una disposició que ja està en vigor.

Marzà, en declaracions a elDiario.es, admet que la primera consulta, motivada pels acords de govern impulsats per la dreta i l'extrema dreta en comunitats com Aragó, perseguia posar contra les cordes les polítiques d'exclusió social: “La Comissió ha confirmat que és il·legal i PP i Vox han aprovat una qüestió que, segons el que afirma el comissari Brunner, és il·legal”, argumenta el parlamentari per a fonamentar la invalidesa de la norma valenciana.

A parer de Marzà, la posició expressada pel comissari austríac, integrat en el Partit Popular Europeu, evidencia que les mesures de la dreta valenciana s'allunyen del mateix consens comunitari. “Es demostra clarament que no tenen cap solució viable per a res i que l'única cosa que volen és generar odi i enfrontar la gent. Tot el que diuen que aplicaran és fals que puguen aplicar-ho”, sosté l'eurodiputat valencianista mentre espera la resposta a la seua última pregunta.

El síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, ha explicat, després de conéixer la resposta de Brunner, que la formació valencianista ja havia denunciat aquest criteri i ha recordat la presentació d'una petició davant del Defensor del Poble per la “presumpta inconstitucionalitat” d'aquest concepte. “La Comissió Europea ha dit clarament que la Llei d'acompanyament incompleix la normativa europea pel que fa al concepte de Vox de 'prioritat nacional'; veurem què fa el Partit Popular”, ha assenyalat Baldoví. El portaveu ha afegit que també incorporaran la resposta de la Comissió Europea a la denúncia davant del Defensor del Poble per a reforçar la seua acció legal.

Pérez Llorca no hi veu “cap problema”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la mateixa línia expressada pel president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha defensat la “prioritat nacional” pactada amb Vox en matèria d'habitatge i ha llevat importància als advertiments jurídics després de la resposta de Brunner a Marzà. El cap del Consell ha assegurat que no hi ha “cap problema” amb aquestes mesures i ha argumentat que la seua aplicació és habitual en les ordenances de la majoria dels ajuntaments, independentment del seu color polític.

Així mateix, Pérez Llorca ha qualificat d'“estèril” el debat generat al voltant d'aquesta qüestió i s'ha reafirmat plenament en els acords de govern amb els seus socis. El mandatari autonòmic ha afirmat que no es penedeix “de res del pacte” i ha destacat que aquest acord aporta estabilitat a la Comunitat Valenciana, rebaixa la pressió fiscal i promou la construcció d'habitatge protegit en el territori.

La regulación del principio de “prioridad nacional” aprobada por el PP y Vox en la Comunitat Valenciana se sitúa al margen de la normativa y la jurisprudencia de la Unión Europea. La doctrina fijada por la propia Comisión Europea –tal y como explica el Ejecutivo comunitario en respuesta a una iniciativa parlamentaria sobre el acceso a la vivienda y las ayudas públicas– concluye que los Estados miembros carecen de cobertura legal para imponer requisitos de residencia superiores a los cinco años a los extranjeros legalmente asentados, conforme marca la legislación europea.

Este mismo miércoles, las Corts Valencianes han aprobado, con los votos del PP y Vox, la inclusión formal del principio de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública tras aceptar los populares una enmienda presentada por el partido de ultraderecha a su propuesta parlamentaria sobre esta materia. El acuerdo establece la obligación de procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a aquellas personas que acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” en la Comunitat Valenciana, vinculando la concesión de vivienda protegida a la permanencia histórica en el territorio valenciano.

Durante una sesión dedicada de manera monográfica a la crisis habitacional y la inmigración, el debate ha evidenciado la profunda división en la cámara. Mientras el síndic del PP, Fernando Pastor, ha defendido las medidas para atajar los problemas del sector frente a quienes considera que “nunca han dado un palo al agua en materia de vivienda” –en referencia al PSPV y a Compromís–, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha justificado la restricción de acceso argumentando la limitación de recursos frente al incremento de la población inmigrante.

Por su parte, los grupos de la oposición han rechazado de forma tajante esta iniciativa. El síndic socialista, José Muñoz, ha censurado un modelo que contrapone la protección de las personas vulnerables con el respaldo a “los fondos buitre y la pura especulación”, al tiempo que el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado a Vox de eludir las soluciones reales en materia residencial para “inocular odio” en el debate político valenciano.

La “prioridad nacional”, rechazada por Bruselas

Toda esta controversia tiene su origen en la Ley 5/2026 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, más conocida como la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana. En su artículo 45, la norma valenciana habilita el desarrollo reglamentario de la “prioridad nacional” en materia de vivienda de protección pública en régimen de compra y exige para la inscripción como demandante “un mínimo de diez años de empadronamiento histórico en algún municipio de la Comunitat Valenciana y de España de manera continuada o interrumpida”.

Esta exigencia de una década de arraigo duplica el tope fijado por el Derecho comunitario. Así lo establece el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en su respuesta a una consulta del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, en la que la Comisión aclara que el artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE garantiza a los residentes de larga duración la plena igualdad de trato con los nacionales en el acceso a las prestaciones sociales y a los procedimientos de vivienda.

Brunner recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide el endurecimiento unilateral de estos criterios por parte de las administraciones regionales o nacionales. “Los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años establecido”, asevera en su contestación. Asimismo, la Comisión advierte de que cualquier requisito de residencia que perjudique de manera desproporcionada a los residentes de otros Estados o a los nacionales de terceros países incurre en una “discriminación indirecta” prohibida por el ordenamiento europeo.

Con la posición de la Comisión Europea por escrito, Marzà ha registrado una nueva pregunta ante el Parlamento Europeo dirigida de manera específica a la Ley de Acompañamiento aprobada en las Corts Valencianes. En su texto, el eurodiputado inquiere directamente al Ejecutivo comunitario si considera que el artículo 45 de la norma valenciana incumple el marco legal europeo y qué medidas prevé adoptar frente a una disposición que ya se encuentra en vigor.

Marzà, en declaraciones a elDiario.es, admite que la primera consulta, motivada por los acuerdos de gobierno impulsados por la derecha y la extrema derecha en comunidades como Aragón, persigue acorralar las políticas de exclusión social: “La Comisión ha confirmado que es ilegal y PP y Vox han aprobado una cuestión que, según lo que afirma el comisario Brunner, es ilegal”, argumenta el parlamentario para fundamentar la invalidez de la norma valenciana.

A juicio de Marzà, la posición emitida por el comisario austríaco, encuadrado en el Partido Popular Europeo, evidencia que las medidas de la derecha valenciana se alejan del propio consenso comunitario. “Se demuestra claramente que no tienen ninguna solución viable para nada y que lo único que quieren es generar odio y confrontar a la gente. Todo lo que dicen que van a aplicar es falso que puedan aplicarlo”, sostiene el eurodiputado valencianista a la espera de respuesta a su última pregunta.

El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha explicado tras conocer la respuesta de Brunner que la formación valencianista ya había denunciado este criterio y ha recordado la presentación de un requerimiento ante el Defensor del Pueblo por la “presunta inconstitucionalidad” de este concepto. “La Comisión Europea ha dicho claramente que la Ley de Acompañamiento incumple la normativa europea en lo referente al concepto de Vox de 'prioridad nacional'; veremos qué hace el Partido Popular”, ha apuntado Baldoví. El portavoz ha añadido además que sumarán la contestación de la Comisión Europea a la denuncia ante el Defensor del Pueblo para dar más fuerza a su acción legal.

Pérez Llorca no ve “ningún problema”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la misma línea manifestada por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la “prioridad nacional” pactada con Vox en materia de vivienda y ha restado importancia a las advertencias jurídicas tras la respuesta de Brunner a Marzà. El jefe del Consell ha asegurado que no existe “ningún problema” con estas medidas y ha argumentado que su aplicación es habitual en las ordenanzas de la mayoría de los ayuntamientos al margen de su color político.

Asimismo, Pérez Llorca ha calificado de “estéril” el debate generado en torno a este asunto y se ha reafirmado plenamente en los acuerdos de gobierno con sus socios. El mandatario autonómico ha afirmado que no se arrepiente “de nada del pacto”, destacando que este entendimiento aporta estabilidad a la Comunitat Valenciana, rebaja la presión fiscal y promueve la construcción de vivienda protegida en el territorio.

La Junta de Castilla y León, dirigida por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, aplicará la 'prioridad nacional' de 10 años en las ayudas —tal y como prevé algún apartado del pacto de gobierno de PP y Vox— pese a las advertencias de la Comisión Europea de que el número máximo de años de empadronamiento que se pueden pedir es de cinco años, y no de diez. “Lo vamos a mantener”, ha avanzado Alfonso Fernández Mañueco en la rueda de prensa en la que ha presentado este martes el Proyecto de Presupuestos de 2027.

Preguntado sobre la aplicación de la prioridad nacional, el líder de Vox y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha explicado que en estas cuentas no se puede detallar la aplicación de este nuevo criterio, aunque ha garantizado su aplicación en el próximo año. El pacto de gobierno de PP y Vox para Castilla y León incluye la exigencia de empadronamiento de 10 años para acceder a la compra de vivienda protegida y de cinco años para el alquiler. También se requiere un empadronamiento mínimo de cinco años a los menores de 30 años que quieran obtener una ayuda para sufragar parte de los gastos del carnet de conducir.

Más allá ha ido en varias ocasiones el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico (Vox), ha reivindicado desde el parlamento y desde el Gobierno el principio de “los españoles, primero”. El aviso de la Comisión Europea ha sido rubricado por el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, cuyo partido está adscrito al Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Ha sido en respuesta al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, quien planteaba si estas medidas incurrían en una discriminación indirecta incompatible con los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La planta de procesamiento de wolframio El Moto de Abenójar, en la provincia de Ciudad Real, no deja de ser noticia durante esta semana. La Unión Europea acaba de declararla “proyecto estratégico” después de que esta misma semana se hiciera público que comenzará a cotizar en la bolsa de Londres a finales del mes de octubre.

La elección de este proyecto lo ha anunciado la Comisión Europea, en el marco de la segunda tanda de 46 proyectos estratégicos para la extracción, procesamiento y reciclaje de materias primas críticas en la Unión Europea. Entre ellos, hay dos españoles: uno de extracción de cobre promovido por Cobre San Rafael y otro, el mencionado para el procesado de wolframio pilotado por la minera Abenjar Tungsten, en Abenójar.

“Europa está redoblando sus esfuerzos como nunca antes para recuperar su soberanía sobre las materias primas críticas”, ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas el vicepresidente europeo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien ha explicado que se prevé que los proyectos, en su totalidad, necesiten una inversión de cerca de 21.100 millones de euros para ponerse en marcha.

El objetivo europeo es reducir la dependencia exterior y reforzar las cadenas industriales vinculadas a las baterías, la defensa, la industria aeroespacial y los imanes permanentes. En concreto, los tres proyectos relativos al wolframio contribuirán a los sectores de la defensa y la industria aeroespacial.

La empresa promotora y el Gobierno regional lo celebran

Gonzalo García San Miguel, consejero delegado de Abenójar Tungsten S.A., ha señalado que esta declaración es “especialmente importante” porque reconoce “la potencial contribución estratégica de la empresa en más de una etapa de la cadena de valor europea del wolframio”.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha celebrado esta decisión, al cimentar la “solvencia” del proyecto. “Para el Gobierno de Castilla-La Mancha era fundamental que tenga la consideración y el reconocimiento de las instituciones europeas como proyecto estratégico”.

“Una vez lograda esta declaración; ahora este reconocimiento permitirá a los inversores, a los promotores y a los empresarios acceder a más ayudas, a mejores subvenciones y permitirá también que este proyecto tenga una protección europea”, ha recalcado.

Además, José Manuel Caballero ha querido reconocer el trabajo de la empresa, que está “haciendo las cosas bien”. y con un “enorme compromiso con la tierra”, buscando “siempre el consenso y el acuerdo con la ciudadanía, con las instituciones”.

El pasado 18 de septiembre se inauguró en Abenójar (Ciudad Real) la mina El Moto, un yacimiento subterráneo de wolframio declarado por la Unión Europea como “estratégico” al extraer minerales críticos, en concreto wolframio, y garantizar la autonomía de Europa frente a terceros países.

Bruselas ha puesto el foco sobre este metal desde que, hace año y medio, anunciase un plan de rearme con el que pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros. Y pocos materiales están tan ligados a la industria de defensa como este, que, además, tiene una relación histórica “muy particular” con España, como asegura Mª Vanessa Tabernero Magro, profesora titular de Química Inorgánica en la Universidad de Alcalá (UAH).

En primer lugar, porque se trata de uno de los tres elementos descubiertos por españoles, junto con el vanadio y el platino. Fueron los hermanos De Elhuyar, Juan José y Fausto, quienes en 1783 aislaron por primera vez el wolframio.

Además, se trata de un elemento muy abundante en la península Ibérica, donde existe el llamado Cinturón de Wolframio que va desde Galicia hasta Ciudad Real, incluyendo parte de Portugal, abunda la profesora.

Este metal, el único elemento de la tabla periódica que tiene dos nombres -wolframio o tungsteno-, tiene el punto de fusión más elevado de todos los metales, 3.422 grados, y una densidad cercana a la del oro. Estas propiedades hacen que sea muy difícil de sustituir en los compuestos en los que se requiere mucha dureza o en las herramientas industriales de corte y de prospección, así como en aplicaciones aeroespaciales y de defensa.

Por todo ello, forma parte de la lista de materias primas que la UE considera críticas y estratégicas. “Europa define como materia prima crítica aquel elemento, compuesto, mineral que puede producir graves daños en la cadena económica o de seguridad si nos falta”, detalla la profesora.

La importancia en la industria de la defensa

La dureza extrema que el wolframio confiere a las aleaciones es la razón de su importancia “fundamental” en la industria de la defensa. De hecho, Tabernero explica que a este metal se le conoce como “el elemento de la guerra” y su consumo sirve como termómetro de los conflictos bélicos.

“Se puede saber cuándo y cómo han evolucionado los procesos bélicos durante la Historia si seguimos cuánto wolframio se ha extraído y, por tanto, consumido”, afirma la profesora. “Ha habido aumento de la demanda siempre que ha habido picos bélicos. Por ejemplo, en las guerras mundiales era necesario el wolframio porque a los vehículos blindados les confiere una gran dureza”.

España no ha sido ajena a esas dinámicas bélicas relacionadas con el wolframio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco permitió a la Alemania de Hitler extraer este metal.

Ochenta años después, Europa se ha vuelto a dar cuenta de la importancia que tiene este elemento y de la enorme dependencia que tiene de terceros países para conseguirlo, por lo que va a facilitar proyectos mineros para su extracción en suelo europeo. “Y España, en concreto Ciudad Real, es ejemplo de ello por la concentración de este mineral que hay en esta zona”.

El problema de fondo es la procedencia de este elemento en el mercado. Según datos de la Comisión Europea, China extrae en torno al 75 % del wolframio mundial y hace años que limita sus exportaciones por considerarlo un recurso estratégico. En febrero de 2025 endureció esas restricciones y redujo las compañías autorizadas a venderlo al exterior, lo que provocó una fuerte caída de los envíos y que los precios se disparasen.

Una situación de dependencia de materias primas que maniata la economía europea. “Ahora mismo China podría bloquear la economía europea simplemente con dejar de vendernos todo lo que nos suministra”, alerta Tabernero.

Dentro de la Unión Europea, el wolframio solo se extrae en tres países: Austria (44,5 % de la producción), España (31,2 %) y Portugal (24,3 %).

El 20% de la producción, en Ciudad Real

Por ello y para reducir la dependencia general de los llamados elementos estratégicos, la Comisión Europea aprobó en marzo de 2025 una lista de 47 proyectos relacionados con materias primas críticas en 13 Estados miembros, siete de ellos en nuestro país.

Solo tres tienen que ver con el wolframio, y los dos que contemplan su extracción minera en España son el de El Moto, en Abenójar (Ciudad Real) y el proyecto P6 Metals de Iberian Resources Spain en La Parrilla, en el término de Almoharín (Cáceres).

La explotación de El Moto está promovida por Abenójar Tungsten (ABT), una empresa que impulsa el proyecto desde 2012. El yacimiento cuenta con unos recursos estimados de 91 millones de toneladas de mineral y una vida útil prevista de 18 años. La primera producción está prevista para el primer trimestre de 2029, con una media anual de 4.227 toneladas de trióxido de wolframio en concentrado, además de oro como subproducto. La compañía ha llegado a cifrar en al menos un 20 % la parte del wolframio europeo que podría aportar la mina.

Según la empresa, la explotación generará 428 empleos directos, además de empleo indirecto. El día de la inauguración, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció además que Puertollano acogerá una planta de procesado del wolframio extraído en Abenójar, con alrededor de 200 puestos de trabajo. ABT asegura que no habrá presa de efluyentes tóxicos y que el diseño persigue el vertido cero durante la fase de producción.

El proyecto no ha estado exento de críticas. Cuando Bruselas lo seleccionó, Ecologistas en Acción denunció en un comunicado que el reglamento europeo daría acceso privilegiado a fondos públicos a lo que consideraba una destrucción sin precedentes, y que convertiría Abenójar y Almodóvar del Campo en una “zona de sacrificio”.

“Un país verde a costa de convertir a otros en países negros”

Tabernero reconoce que “siempre hay un coste energético y un coste medioambiental”, pero avisa que “en Europa nos hemos convertido en un país verde a costa de convertir a otros en países negros”.

“Tenemos que ser conscientes de que el nivel de vida que tenemos lleva unas consecuencias para el medio ambiente”, añade. Y concluye: “Tendremos que mentalizarnos de que es necesario producir algunas cosas dentro de nuestro territorio si queremos no depender de otros países en elementos estratégicos porque su falta nos haría la vida mucho más complicada”.

La batalla por la ampliación del aeropuerto de El Prat se libra en Bruselas, donde las instituciones europeas tienen la última palabra sobre proyectos de alto impacto medioambiental. Después de que el Gobierno aprobara la semana pasada el documento de inversiones de Aena que da luz verde al primer paquete para la remodelación de El Prat, la Comisión recuerda que España aún debe cerrar satisfactoriamente el procedimiento de infracción abierto en 2021 por las obras anteriores en el aeropuerto barcelonés.

“Cerrar el expediente”, aseguran fuentes de la Comisión en respuesta a este diario, “es necesario para establecer la situación de referencia a partir de la cual se pueda evaluar el impacto de cualquier nuevo proyecto”.

De esta manera, Bruselas deja claro que no tomará una posición sobre el polémico alargamiento de la pista, por encima de espacios naturales protegidos, hasta que no certifique que España ha cumplido las compensaciones exigidas por las actuaciones anteriores.

La Unión Europea sacó tarjeta roja a España en 2021 al considerar que no había cumplido con los compromisos adquiridos para llevar a cabo la ampliación proyectada en 1999. En una carta enviada por el comisario, consideraba que el Gobierno no había protegido suficientemente el delta del Llobregat, una zona preservada por la Red Natura 2000, y le emplazaba a hacerlo.

El Gobierno ha tratado desde entonces de apurar los trámites. Tras una reunión mantenida con la Comisión, el pasado julio Gobierno y Generalitat enviaron los documentos que, según la parte española, confirmarían que ya ha satisfecho sus obligaciones. De ser así, el procedimiento se cerraría sin sanción.

Pero la Comisión recuerda que eso aún no ha ocurrido, porque siguen examinando la respuesta dada por las autoridades del país. Y, sin eso, Europa no puede evaluar aún el nuevo proyecto de ampliación, que supondría la destrucción de una parte significativa de una de las lagunas del Delta y la construcción de pista tanto sobre parte de la zona protegida al norte del aeropuerto como sobre parte de la zona sur.

El proyecto final para la ampliación de El Prat se acordó en junio pasado entre el Gobierno y la Generalitat. El nuevo trazado de la pista sur continúa invadiendo zonas de alto interés ecológico, pero sus autores aseguran que puede compensarse en otras áreas. Este argumento no convence a las entidades ecologistas ni a ERC y los Comuns, aliados de Salvador Illa, que mantienen intacta su oposición a una remodelación pensada para aumentar los pasajeros de 55 a 80 millones anuales.

Ante esa controversia, será decisivo lo que acabe diciendo la Comisión Europea, que deberá aceptar o rechazar la propuesta del Ministerio de Transportes. Algunos de los detractores de la ampliación son optimistas porque consideran que Bruselas no avalará poner cemento sobre una laguna protegida. Mientras, Gobierno y Generalitat creen que el proceso sancionador anterior concluirá de forma favorable y, una vez que eso pase, podrán centrarse en intentar que Europa avale la nueva remodelación.

El Gobierno de Emiliano García-Page va a solicitar que la planta de procesado y refinado de wolframio, prevista para Puertollano y asociada a la explotación minera que se abrirá en la cercana población de Abenójar, sea declarada proyecto estratégico por parte de la Unión Europea.

El pasado 18 de septiembre se celebró un acto simbólico para inaugurar la extracción de este mineral en Ciudad Real. Hoy el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha avanzado que ya se trabaja para conseguir este objetivo, para una empresa que según los datos facilitados creará más de 200 empleos

Caballero lo confirmaba coincidiendo con la reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Irlanda y en la que ha participado el presidente regional, Emiliano García-Page.

“Estamos haciendo gestiones en este momento para mantener un encuentro al máximo nivel”, decía, con la Vicepresidencia de la Comisión Europea responsable de las materias primas estratégicas. En concreto con Stéphane Séjourné, que ejerce como vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial.

La declaración del proyecto como estratégico, explicaba José Manuel Caballero “permitirá a los inversores, a los promotores y a los empresarios acceder a más ayudas, a mejores subvenciones y permitirá también que este proyecto tenga una demisión y una protección europea”.

Desde esta reunión de la mesa del Comité Europeo de las Regiones, ha puesto el acento en que “estamos hablando de que en estos momentos hay en Europa una ley que protege todo lo que tiene que ver con las materias primas esenciales y el wolframio, que se va a extraer en la mina de Abenójar y que se va a procesar en Puertollano, lo es”.

Ha desvelado que la reunión celebrada estos días en Irlanda se ha centrado en temas locales. “Sobre todo, en las posibilidades de vida en las zonas rurales y, en esta materia, nosotros defendemos claramente, y lo practicamos en Castilla-La Mancha, el derecho de las personas a vivir en su pueblo y a tener oportunidades de desarrollo, de bienestar y a tener buenos servicios”, ha comentado.

En este punto ha remarcado que se debe “apostar por que haya oportunidades de empleo, que haya industrias para garantizar el derecho a vivir donde cada uno quiera”.

Castilla-La Mancha acoge la próxima semana otra reunión del Comité de las Regiones

Por otro lado, la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, ha señalado que desde el Gobierno regional ya se están ultimando los detalles para la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones

Por primera vez Castilla-La Mancha va a acoger la semana que viene una reunión de este organismo. La agenda se extiende durante dos días.

Primero, el día 1 de octubre en Tomelloso y Campo de Criptana, en Ciudad Real y al día siguiente en Toledo, en las instalaciones del campus universitario de Toledo, en el edificio de San Pedro Mártir.

Nazareth Rodrigo ha confirmado que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, participará en este foro europeo en uno de los temas y de debates de la agenda de la Comisión NAT sobre incendios forestales. “Podremos contar qué es lo que hace Castilla-La Mancha, ponerlo de ejemplo y poner sobre la mesa también las dificultades que afrontamos las regiones para resolver todo lo que tiene que ver con circunstancias complicadas como este caso”, ha afirmado.

Este encuentro va a contar con la participación de más de un centenar de representantes de otras regiones de Alemania, Francia, Italia, Portugal, República Checa o Hungría. “Vamos a tener la oportunidad de hablar de temas que tenemos en común y que nos preocupan a todas las regiones y de que Castilla-La Mancha demuestre todo lo que se está haciendo en la región y que en muchos casos es ejemplo para otras regiones con problemáticas o con circunstancias similares”.

El caso Origo Mare, uno de los capítulos más representativos de urbanismo salvaje en la isla de Fuerteventura, se juzgará al fin en verano de 2027, más de una década después de la apertura de la causa penal y quince años después de que el Ayuntamiento de La Oliva concediera licencia para un hotel de lujo en suelo rústico de especial protección e integrado en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a este periódico, tras varios retrasos el juicio oral se celebrará en tres sesiones los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio de 2027 en la Plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Arrecife (en la sede de Puerto del Rosario). En el banquillo se sentarán nueve acusados. Siete son los miembros de la Junta de Gobierno que aprobó esa licencia, entre los que se encuentra Claudina Morales, alcaldesa del municipio en dos etapas con Coalición Canaria. Los otros dos son un asesor jurídico del Ayuntamiento de La Oliva y el arquitecto técnico. 

En el escrito de acusación que formuló en 2021, la Fiscalía les imputa delitos contra la ordenación del territorio y pide penas de tres años y tres meses de cárcel para los políticos (además de una inhabilitación para cargo público durante ocho años); de tres años y seis meses para el asesor jurídico municipal y de tres años y nueve meses para el arquitecto. Los dos técnicos firmaron informes favorables bajo el argumento de que las obras eran “provisionales y desmontables”, obviando la requerida evaluación ambiental. 

Cuando se celebre el juicio oral habrán pasado, por tanto, seis años desde que la Fiscalía remitiera su escrito de calificación. En este tiempo se han producido varios retrasos y suspensiones en la causa penal. En un primer momento, la vista quedó señalada para febrero de 2023, pero fue aplazada por una jueza sustituta. Se fijó entonces una segunda fecha: marzo de 2024. Sin embargo, dos días antes del inicio de la vista volvió a suspenderse debido a que el Ministerio Público aportó a última hora un gran volumen de prueba documental que hacía imposible que las defensas pudieran estudiarla a tiempo. 

Las partes recurrieron esa suspensión y las actuaciones se remitieron a la Audiencia de Las Palmas, que terminó avalando la decisión del juzgado. El tercer señalamiento se agendó para abril de 2026, pero cuando llegó esa fecha el expediente físico aún se encontraba en la Audiencia, resolviendo el recurso pendiente. Una vez devuelta la causa a los juzgados de lo penal del Puerto del Rosario y ajustada la agenda a la disponibilidad de fechas y la alta carga de trabajo de este órgano, el juicio ha quedado definitivamente fijado para 2027. 

El origen del conflicto 

El origen del conflicto se remonta a la aprobación del plan parcial Casas de Majanicho en el año 2000. El alcalde de La Oliva era Domingo González Arroyo, apodado El Marqués de las Dunas, un histórico dirigente local que lideró durante años el Partido Popular (PP) en el municipio antes de fundar el Partido Progresista Majorero (PPMajo) y que el pasado junio ingresó en la cárcel a sus 86 años para cumplir una pena de un año y medio por delito de fraude fiscal.

Ese plan parcial fue impugnado por colectivos ecologistas y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo terminó anulando en octubre de 2006. El Ayuntamiento no había publicado las normas subsidiarias que servían de cobertura ni había permitido la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones medioambientales. Esa sentencia remarcaba, además, que la evaluación de impacto era “incompleta, insuficiente y carente de base científica”. La resolución del TSJC fue confirmada por el Supremo en febrero de 2011. 

Apenas diez días antes de que el alto tribunal ratificara la anulación del planeamiento urbanístico, la promotora del plan (la sociedad Nombredo S.L.) pidió licencia de construcción y obras y cambio de uso (de residencial a turístico) para adaptar las villas ya existentes a un hotel de cinco estrellas, el Origo Mare que da nombre al caso. En aquel momento se habían construido 374 viviendas y dos edificios que pasaban a ser zona de recepción y restaurantes, cocinas, oficinas…

Las villas que se transformaban en hotel abarcaban una superficie de cerca de 17.500 metros cuadrados. La zona de complementos, unos 2.000. El proyecto contemplaba la construcción de un beach club con varias piscinas y terrazas, un bar, un restaurante, un comedor para el personal, un almacén, un gimnasio y vestuarios. Además, el complejo ocupaba una superficie total de zonas verdes y caminos de cerca de 145.000 metros cuadrados. El presupuesto de las obras ascendía a dos millones de euros. 

Los informes favorables de los técnicos

En mayo de 2012 tanto el arquitecto técnico municipal (Gonzalo María Tortajada) como el asesor jurídico (Óscar Darias) emitieron sendos informes favorables a la concesión de la licencia de obras. El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) calificaba ese suelo como rústico de especial protección. Sin embargo, los técnicos entendían que eran terrenos aptos para urbanizar porque así figuraba en las normas subsidiarias de La Oliva, en el planeamiento urbanístico municipal, que admitía las obras provisionales con elementos “fácilmente desmontables”. 

No obstante, ninguno de esos informes hizo referencia a la necesidad de evaluación del impacto ambiental pese a que se trataba de un complejo hotelero que se situaba en un terreno colindante y en parte dentro de la Red Natura 2000, la red ecológica de conservación de la biodiversidad. Ese enclave de la costa de Fuerteventura es una Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), un área de paso e invernada. 

La decisión política

Con esos informes en la mano, la Junta de Gobierno local presidida por Claudina Morales (CC) concedió a la promotora la licencia de obra provisional para adaptar las villas a un hotel de cinco estrellas. Además de la alcaldesa, en esa sesión votaron a favor los concejales Miguel Van Daele, Genaro Saavedra e Iballa Martínez (por CC) y Marcelino Umpiérrez, María Ángeles Figueroa y Francisco Javier Hernández (por el PP). 

La Fiscalía sostiene que los acusados permitieron esta actuación “con conocimiento claro y evidente de la ilegalidad” de unas obras que contravenían el planeamiento urbanístico insular, que no admitía un uso turístico en ese suelo rústico. 

“En ningún caso se trataba de obras provisionales, sino de la ejecución, partiendo de una serie de viviendas, de un complejo hotelero de gran lujo”, señala el Ministerio Público en su escrito de acusación. En total, el proyecto afectaba a una superficie de más de 250.000 metros cuadrados y exigía actuaciones que suponían “una transformación profunda del entorno”. Entre otras, nuevos edificios y piscinas. “Ni tenían carácter provisional ni podían llevarse a cabo con elementos fácilmente desmontables, omitiendo de forma deliberada y consciente todo posible examen sobre el impacto ambiental que la ejecución del hotel podía suponer al entorno y, en particular, a la Red Natura 2000”, remata el escrito de la Fiscalía. 

En 2014 la promotora presentó la declaración responsable de conformidad de la obra ejecutada con el proyecto final. El presupuesto había ascendido a los 3,4 millones de euros. El arquitecto técnico municipal emitió un informe favorable a la primera utilización del edificio al entender que las modificaciones ejecutadas, como la construcción de piscinas no previstas, un campo de golf o la ampliación del beach club, “no afectaban sustancialmente” a la licencia de 2012. 

A juicio de la Fiscalía, este técnico tenía “pleno conocimiento” de que las obras ejecutadas “suponían una infracción terminante, clara y manifiesta de la normativa de ordenación del territorio y medio ambiente aplicable”. 

El frente europeo

Al margen de esta vía penal, el caso Origo Mare también llegó a Bruselas. A raíz de las denuncias presentadas por colectivos ambientalistas como Agonane- Ecologistas en Acción o SEO/Birdlife, la Comisión Europea abrió en 2017 un procedimiento de infracción contra España por la construcción del complejo turístico en un espacio protegido por la Red Natura 2000. 

En su dictamen motivado, la Comisión certificó que las obras de Origo Mare destruyeron más de un millón de metros cuadrados de hábitat de malpaís, 97.000 metros cuadrados de dunas móviles y ocuparon ilegalmente más de 39.000 metros cuadrados de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) Costa del Norte de Fuerteventura, un espacio clave para la supervivencia de especies amenazadas como la hubara canaria. 

Ese expediente de infracción reclamaba la adopción de compromisos por parte de las tres administraciones implicadas: el Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias. Entre ellas, la ampliación de la red de Zonas de Especial Protección para las Aves, la aprobación de un plan de recuperación de la hubara o la evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización de las Casas de Majanicho. 

A principios de 2023, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, entonces en manos del PSOE, aprobó la declaración de impacto ambiental condicionada del proyecto de urbanización Casas de Majanicho y amplió las ZEPA en 2.356 hectáreas, además de proponer la integración de Cueva del Llano (otra localidad del municipio de La Oliva) en la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

Por su parte, en abril de 2025 la Consejería de Transición Ecológica y Energía, ya con el Gobierno CC-PP, presentó el plan de recuperación de la hubara. El Ejecutivo regional creó una comisión, con la empresa Gesplan a cargo del seguimiento, para controlar las actuaciones de cada administración implicada. El expediente europeo sigue abierto. 

El hotel Origo Mare permaneció abierto hasta el pasado mes de noviembre. La compañía que explotó durante una década el complejo ya había anunciado meses antes que dejaría de operar y ofrecería a sus 140 empleados ser reubicados en otros establecimientos de la compañía fuera de Fuerteventura. Por esas viviendas se han interesado diversos operadores e inversores privados para su comercialización directa, a pesar del limbo jurídico en el que queda la urbanización y la sombra de una causa penal en la que, además, la Fiscalía solicita la declaración de nulidad de pleno derecho de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de La Oliva en 2012.

Hay pocas personas con más protagonismo en la complicada escena geopolítica mundial que Donald Trump, que se ha caracterizado por una actitud hostil frente a los europeos, pese a la histórica relación entre aliados. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, no ha hecho mención alguna a Trump o a Estados Unidos en su discurso sobre el estado de la Unión Europea, que ha dado este miércoles en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Aunque la Unión Europea se enfrenta a un triángulo de amenazas, que van desde los ataques híbridos de Rusia al riesgo económico que supone China por el abultado déficit comercial de Europa, la política beligerante de la Administración de Donald Trump para debilitar al bloque comunitario, con advertencias para obligar a Bruselas a rebajar la agenda verde o las normas digitales, la salida de tropas estadounidenses de Europa o las continuas intimidaciones sobre Groenlandia no han merecido ni un comentario de Von der Leyen.

Sí ha habido menciones a Rusia respecto a la guerra de Ucrania —en la que ha insistido en el apoyo europeo a Kiev— o por su papel en la guerra híbrida contra Europa, o por la necesidad de dejar de depender de los combustibles fósiles rusos, no solo para debilitar las finanzas del Kremlin para proseguir la guerra, sino también para luchar contra el cambio climático.

También hay referencias directas a China, con un plan para reducir la dependencia europea de más del 80% de los minerales críticos cuyo comercio controla Pekín. Además, situó en el diálogo entre ambos bloques la solución para reequilibrar las relaciones comerciales cuando el déficit de la UE con el gigante oriental “asciende ya a 1.000 millones de euros al día”, pero advirtió que “utilizaría todas todas las herramientas para reequilibrar la relación. Las palabras están bien, pero los hechos son mejores”.

¿Cuáles son las palabras para Trump o Estados Unidos? ¿Y los hechos? En su discurso hay que leer entre líneas para encontrar las referencias, como cuando dijo que “esta es una Europa que se apoya mutuamente. Como hacemos al apoyar a Ucrania mientras lucha por su futuro y por nuestra libertad y cuando defendimos a Groenlandia cuando se vio amenazada”, o cuando abogó por la soberanía europea: “Europa está ahí para los europeos. Ante la frágil situación del mundo actual, solo Europa puede proporcionar una verdadera soberanía a los europeos”.

No abrir más frentes con Trump

Pero, ¿por qué ese tacto con Trump y Estados Unidos? En los pasillos de la sede francesa del Parlamento Europeo empieza a cundir la opinión de que Von der Leyen no quiere abrir nuevos frentes de conflicto con Trump. Menos aún después de su propuesta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, de convertir a su país en el “primer miembro asociado de la UE” ha ido más allá de lo esperado. Fuentes diplomáticas señalan que hay países europeos cuyos dirigentes tienen muy buenas relaciones con Trump, como República Checa o Eslovaquia, además de Italia (pese a los vaivenes en la relación entre Giorgia Meloni y el presidente de EEUU) o, más discretamente, Grecia que hubieran preferido una oferta menos ambiciosa a Canadá.

Carney no tuvo dudas a la hora de plantar cara a Trump y abandonar las negociaciones comerciales con EEUU, que llegó a decir que Canadá era el “estado número 51” de EEUU. En su pulso con Trump, Carney comentó: “No estábamos dispuestos a comprometer la soberanía de Canadá”. El primer ministro de Canadá anunció entonces que igualaría “dólar por dólar” los nuevos aranceles que aprobó la Casa Blanca. Aunque en la última reunión de diplomáticos de los 27 en Bruselas no hubo objeciones por ampliar la relación con Canadá, el nuevo estatus propuesto por Von der Leyen ha suscitado llamamientos a la prudencia.

Y eso a pesar de que todavía es una incógnita, incluso para los comisarios europeos, en qué va a consistir y cuál es el estatus jurídico de “miembro asociado de la UE”. El comisario de Defensa, Andrius Kubilius, admitía que “está por ver cuál sería la arquitectura política” de esta nueva fórmula de asociación. Lo que sí parece más claro es lo que no es. Kubilius explicó que “la condición de miembro asociado no significa ser miembro de pleno derecho. Por tanto, el país no puede reclamar la posibilidad de votar cuando se toman decisiones, pero sí se puede establecer su participación en los debates sobre esas decisiones, como ocurre con Noruega en el marco del Espacio Económico Europeo”.

Otro aspecto que puede provocar cierta controversia con Washington es el Consejo Europeo de Defensa, un nuevo organismo de defensa donde, además de los 27 países de la UE, se incluirán Ucrania, Canadá, Reino Unido y Noruega. Kubilius recordó que “hay dos razones por las que realmente necesitamos hablar de la defensa europea: la amenaza rusa y la propuesta estratégica de Estados Unidos para que los europeos asumamos la responsabilidad principal de la defensa colectiva convencional de Europa”. Ahora bien, está por ver si se tiene que “debatir cómo lo hagamos dentro de la OTAN y si es en coordinación con los estadounidenses”.

Ante la salida de tropas estadounidenses de Europa, el comisario de Defensa apuntó que “no se sabe qué decidirán finalmente los estadounidenses, pero hay que estar preparados. En este sentido Necesitamos el Consejo de Seguridad Europeo para debatir, tomar decisiones, saber qué hacer y ponerlo en práctica”.

Aunque se ha insistido desde la Comisión Europea en que no es una alternativa a la OTAN, Kubilius señaló que “puede plantearse si el Consejo Europeo de Seguridad podría establecer algún tipo de procedimiento de toma de decisiones por mayoría cualificada. Alemania y Francia están presionando para introducir la mayoría cualificada en política exterior y de seguridad. ¿Hasta qué punto puede ayudarnos este Consejo a superar la fragmentación que existe en Europa?”.

Von der Leyen se lava las manos con Israel

Precisamente esa fragmentación es la que ha utilizado también la presidenta de la Comisión Europea para justificar que no se hayan aprobado aún sanciones a Israel por el genocidio de Gaza o los continuos abusos de derechos humanos de los colonos israelíes contra los palestinos.

Aunque Von der Leyen propuso en el discurso sobre el estado de la UE en 2025 sanciones contra Israel, en su arenga de este año no ha hablado de penalizaciones por los asesinatos de Israel ni por los asentamientos ilegales, con el argumento de que “los Estados miembros no hayan sido capaces de reunir las mayorías necesarias para dar una respuesta unificada. Algunos Estados miembros han avanzado. Otros están estudiando hacerlo. Cuando Europa está dividida, no puede cambiar el rumbo de los acontecimientos”.

La presidenta de la Comisión admite que “el profundo sufrimiento en Gaza y la violencia descontrolada de los colonos en Cisjordania han afectado profundamente a los europeos” y “la decisión del Gobierno israelí de impulsar el proyecto de asentamiento ilegal E1 es inaceptable”, pero se queda con el consabido discurso sobre la ayuda de la UE al pueblo palestino (1.000 millones de euros para reconstruir Gaza y apoyar a la Autoridad Palestina).

“Europa apoya el derecho de Israel a la legítima defensa. El pueblo palestino tiene el mismo derecho a vivir con seguridad y dignidad. El papel de Europa es mantener viva la llama de la solución de los dos Estados”, ha concluido Von der Leyen, dejando a los palestinos abandonados a su suerte.

La crisis migratoria de Ceuta va a marcar la política europea en los próximos años. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha avalado este miércoles la versión del Gobierno español y ha definido la entrada masiva de miles de personas en la ciudad española los días 30 y 31 de julio como “la explotación de personas vulnerables por parte de traficantes y redes de contrabando sin escrúpulos y por parte de nuestros adversarios” durante su discurso del Estado de la Unión Europea en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Von der Leyen ha anunciado la creación del Marco Europeo de Respuesta de Emergencia para crisis migratorias como la de Ceuta.

En otro orden de cosas, la presidenta de la Comisión ha marcado la reactivación de la economía europea como la prioridad número uno, ha destacado la lucha contra el cambio climático mediante la electrificación del continente, ha propuesto la creación de un Consejo de Seguridad Europeo para activar la defensa de la UE en paralelo con la OTAN con el respaldo a Ucrania, ha tratado de compaginar la limitación de los riesgos de la Inteligencia Artificial con no perder la carrera de su desarrollo, además de anunciar la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 13 años. Por otro lado, le ha propuesto a Canadá ser el “primer miembro asociado de la UE”.

Von der Leyen ha hecho un llamamiento directo a los ciudadanos de España: “Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por eso, quiero dirigirme directamente a los ciudadanos de España. La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros”.

La presidenta de la Comisión Europea ha explicado que este Marco Europeo de Respuesta de Emergencia se activará para “contar con los medios necesarios para proteger sus fronteras en todo momento” que “permitirá una flexibilidad limitada en el tiempo y claramente delimitada en los procedimientos habituales”, es decir, durante un tiempo se acelerarán los procedimientos de expulsión de inmigrantes.

Von der Leyen ha asegurado que siempre “se respetaran nuestros valores y los derechos fundamentales. Pero nunca se renunciará a proteger nuestras fronteras. Somos los europeos quienes decidimos quién entra en nuestra Unión y en qué circunstancias. Y no los traficantes ni las redes de contrabando”.

Ya existe un marco en la actual legislación europea para situaciones de crisis migratorias, que se aprobó en 2024 tras las llegadas masivas de inmigrantes a Polonia, pero Von der Leyen no ha especificado cómo se supone que la nueva normativa permitiría flexibilizar la actuación de los países miembros.

“Intensificaremos nuestro trabajo para reforzar Frontex, especialmente para acelerar los retornos. Mejoraremos nuestros sistemas de alerta temprana, también mediante la colaboración con terceros países. Nos aseguraremos de poder detectar y anticiparnos a lo que ocurre en internet”, ha explicado la presidenta de la Comisión.

Este plan tiene también una vertiente social. Von der Leyen ha añadido que “hay que trabajar junto a nuestros países vecinos para impulsar la inversión. Para ofrecer a los jóvenes perspectivas de futuro reales, de modo que no se vean obligados a jugarse la vida” para lo que se pondrá en marcha “una nueva iniciativa mediterránea para impulsar las competencias y el empleo juvenil”.

Posteriormente, el Parlamento europeo ha aprobado “investigación independiente” de la entrada masiva de migrantes en Ceuta dentro de las propuestas sobre guerras híbridas e integridad territorial. Esta propuesta, defendida por una eurodiputada lituana del PPE es diferente a la resolución sobre Ceuta, que este miércoles aún no había sido consensuada entre los grupos y se tiene que votar este jueves.

Los grupos de la Eurocámara han tenido diferentes posiciones sobre el discurso de Von der Leyen. Mientras que socios de legislatura como los socialistas o los liberales han admitido que en general “la música suena bien” pero luego hay que mirar la letra pequeña y se mantendrán vigilantes. La izquierda ha censurado que Von der Leyen se arrogue medidas que pertenecen a los países como asociar a Europa con Canadá o crear un Consejo de Seguridad, además de poner en marcha “una política migratoria que mata”. La ultraderecha, por su parte, han reiterado sus ataques a las instituciones europeas, han denunciado censura por las medidas contra las redes sociales y han pedido medidas más duras contra la inmigración.

Reactivar la economía europea como prioridad

Von der Leyen ha colocado la reactivación de la economía europea como prioridad para este año, aunque las recetas recuerdan a medidas ya conocidas que no terminan de despegar. La presidenta de la Comisión ha apuntado a la hoja de ruta One Europe, One Market Roadmap (basada en los informes de Mario Draghi y Enrico Letta), con el objetivo de iniciar medida para completar el mercado único.

Mantiene la propuesta de reducir la carga burocrática en unos 17.000 millones de euros anuales mediante la simplificación de medidas, aunque esta propuesta ha sido puesta en duda por los socialistas, ya que encubre una reducción de la regulación para rebajar la agenda verde.

Además, se pretende promover un pacto con los Estados miembros para evitar el exceso de reglamentación nacional que obstaculice la legislación europea. Por otro lado, se va a impulsar una reforma de la banca orientada a la simplificación y a combatir la fragmentación e insistir en la Unión de Ahorros e Inversiones y el respaldo de empresas emergentes innovadoras.

Por otro lado, se quiere cerrar el déficit comercial con China de 1.000 millones de euros al día y la alta dependencia en tierras raras (80-90%) con este país, por lo que la Comisión creará la Corporación Europea de Materias Primas Críticas para adquirir y almacenar reservas estratégicas.

Consejo de Seguridad Europeo

Ante las amenazas híbridas de Rusia y el abandono de Estados Unidos como aliado, Von der Leyen ha anunciado que va a proponer un nuevo organismo de seguridad de la UE y países como Ucrania, Reino Unido, Noruega, Canadá y otros.

Donald Trump ha anunciado reiteradamente la salida de tropas de Europa y que los socios europeos de la OTAN tienen que defenderse por si solos. Ante la nueva estrategia de EEUU, la presidenta de la Comisión quiere un mecanismo que responda al incremento de las amenazas híbridas y acciones hostiles en suelo europeo:ciberataques, sabotajes e incursiones de drones que se han atribuido a Rusia en países como Dinamarca, Lituania, Polonia o Alemania.

En este sentido, Von der Leyen ha hecho mención a la necesidad de un “artículo 4 europeo” como el de la OTAN (un país puede solicitar una reunión formal de consulta con sus aliados cuando considere una amenaza) dentro de una nueva Estrategia de Seguridad Europea, para que los Estados miembros lo activen ante incidentes que se sitúen por debajo de un ataque armado directo, pero amenacen su seguridad nacional. También ha reiterado el apoyo de la UE a Ucrania en su guerra con Rusia.

Lucha contra el cambio climático: “El verano de la verdad”

“En materia de cambio climático, este fue el verano de la verdad”, ha reconocido Von der Leyen. Las temperaturas récord que ha sufrido el continente además de los incendios que han asolado a Europa han puesto en guardia a la Comisión Europea. Para contrarrestar esta amenaza se propone un nuevo Marco de Resiliencia Climática, para identificar a 100 regiones y territorios más vulnerables de Europa, convertir a Europa en líder del mercado emergente de tecnologías de adaptación (cultivos resistentes a la sequía, prevención de inundaciones y sistemas de refrigeración de alta eficiencia energética).

Además, se va a proponer la creación de una Alianza de Seguro Climático, ya que solo el 25% de las pérdidas por catástrofes naturales están cubiertas por seguros privados, lo que convierte a los presupuestos nacionales en los aseguradores de último recurso. Se va a establecer un Plan Europeo contra Olas de Calor para mejorar los sistemas de alerta temprana, la preparación sanitaria, la adaptación urbana al calor y la protección de las poblaciones más vulnerables, medidas para mejorar la gestión de riesgos de agua y se diseñarán propuestas para reforzar la prevención, la coordinación civil-militar y la creación de una flota aérea europea compartida contra los incendios.

En este ámbito ha incluido el objetivo de duplicar la cuota de electricidad en la economía europea para 2040 y recortar la factura de importación de combustibles fósiles en 260.000 millones de euros anuales,e el impulso de la producción de energías limpias, donde ha incluido la nuclear al mismo nivel es las renovables.

IA: maximizar beneficios bajo control humano

Maximizar sus beneficios reduciendo activamente sus riesgos y manteniendo siempre el control humano. Esta es la propuesta de Von der Leyen ante los riesgos de la Inteligencia Artificial. La presidenta de la Comisión se ha amparado en Ley de Inteligencia Artificial como “pieza fundamental para establecer unas salvaguardias”.

Además, la Comisión pretende intensificar la cooperación con socios como Canadá o Reino Unido en la evaluación y verificación de modelos, los sistemas de alerta temprana y la seguridad de la IA.

El vicepresidente Carlos Cuerpo utiliza siempre el anglicismo “bala de plata” cuando le preguntan por la crisis de la vivienda. No hay una solución milagrosa para la falta de casas ni para las dificultades de acceder a un techo, ya sea de compra o de alquiler. Pero el Ministerio de Economía ha incluido en el decreto de vivienda que negocia con los grupos parlamentarios, y para el que todavía no hay fecha para su aprobación por parte del Consejo de Ministros, una medida que promete matar dos pájaros de un tiro: aliviar los cuellos de botella en un mercado totalmente desequilibrado y financiar la autonomía estratégica europea. 

El texto del decreto que se negoció este verano, al que tuvo acceso elDiario.es, incluye el desarrollo de Financia Europa, un producto financiero específico para redirigir el ahorro de los hogares españoles a invertir en empresas de la Unión Europea, toda vez que el continente intenta no quedar rezagado en una carrera económica que lideran Estados Unidos y China.

En concreto, el articulado del decreto pone en marcha la cuenta de ahorro e inversión que el Ministerio de Economía sacó a consulta pública a finales del año pasado. Entonces, el Gobierno no precisó cuál sería el vehículo legal que utilizaría para poner en marcha la reforma. Y han optado por el Real Decreto-Ley, que solo precisa de la convalidación del Congreso 30 días después de pasar por el Consejo de Ministros.

La letra pequeña del texto, que todavía está sujeta a cambios y negociación, crea un producto financiero que estará basado en dos cuentas bancarias: una de valores y otra, más de operativa, destinada a las operaciones de inversión y desinversión con un tope máximo de 1.500 euros.

La inversión de esta cuenta de ahorro solo podrá destinarse a acciones de empresas de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y participaciones en fondos cotizados que tengan al menos el 70% de sus activos en estos territorios.

El Gobierno, además, plantea una versión exclusiva destinada a la reinversión de los fondos obtenidos por la venta de una vivienda. Si, tras la venta de una casa, el ciudadano decide reinvertir esas cuantías hasta 800.000 euros en una de estas cuentas de inversión, podrá beneficiarse de una exención fiscal siempre que se produzca seis meses después de la transmisión.

Con todo, el articulado no detalla cómo salvar el principal escollo al que se enfrentaba con el Ministerio de Hacienda: los incentivos fiscales para hacer atractiva esta apuesta por la inversión, más allá de la excepción para el uso de la liquidez tras la venta de una vivienda. Pero ese también es un frente al que los socios, que rechazan 'regalos tributarios', podrían oponerse. Cuestionadas por este aspecto, fuentes del Ministerio de Economía apuntan que no comentan borradores.

Además, el Gobierno ha incluido en el decreto la adaptación de un vehículo que ya existe en la actualidad: el Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP, similar a un seguro de vida) para adaptarlo a Financia Europa. Normalmente, estos seguros están limitados a aportaciones de 5.000 euros al año y una tenencia mínima de cinco ejercicios para poder acceder a su ventaja fiscal, que es la exención de los rendimientos en el IRPF. Pero el decreto amplía el límite hasta los 10.000 euros anuales en el caso de que este instrumento financiero invierta en compañías europeas.

Activos financieros más rentables que el ladrillo

El vicepresidente Cuerpo ya deslizó durante una entrevista con elDiario.es que, en el conjunto de medidas para abordar el mercado de la vivienda, reconducir la inversión era una de ellas. “La vivienda se ha convertido ya no tanto en un bien de primera necesidad para los ciudadanos, sino en un activo, porque ha sido en muchas circunstancias la vía que han tenido para canalizar sus ahorros. Entre otras cosas por la ausencia de alternativas rentables en nuestros mercados financieros que ayuden a canalizarlo”, aseguró el ‘número dos’ del Ejecutivo a principios de julio.

En ese análisis, el ministro de Economía apuntó que era necesario trabajar para que ese ahorro pueda dirigirse a “activos financieros”. El objetivo de fondo: desincentivar la demanda especulativa de vivienda, destinada únicamente a ganar dinero, favoreciendo alternativas más rentables que también permitan impulsar la economía europea. “Vamos a anunciar medidas en este sentido, estamos trabajando a nivel europeo para avanzar en cuentas de ahorro, cuentas de inversión que garanticen un mínimo de rentabilidad y cuyo impacto revierta en inversión para empresas europeas”, adelantó el vicepresidente.

En la justificación de la medida, cuando la sacaron a consulta pública, el Ministerio destacó que el grueso del patrimonio de los españoles, en torno al 75%, estaba concentrado en ladrillo, y apenas el 25% restante estaba en efectivo o en depósitos de muy baja remuneración. También subrayaba la necesidad de “diversificar las fuentes de financiación de las empresas europeas, impulsando su crecimiento, así como modelos de negocio innovadores” y también que los hogares encuentren “oportunidades de inversión atractivas, que permitan mejorar su resiliencia y hacer frente a eventos vitales como la jubilación”.

Además, apuntaban que un mercado de capitales “mejor integrado, más líquido y profundo” permitirá que fluya más dinero a la doble transición verde y digital y, también, a los nuevos “retos de seguridad y autonomía estratégica”, entre los que se encuentra el incremento del gasto en Defensa.

El ingente volumen de ahorro de los hogares europeos –cerca del 15%, la más alta del mundo desarrollado– permite mantener la actividad en momentos de crisis, pero limita el crecimiento económico. “Europa tiene ahorros. Y, desafortunadamente, esos ahorros permanecen inactivos. A día de hoy, 10.000 billones de ahorros de los hogares permanecen en sus cuentas corrientes. Y una gran proporción de estos ahorros se invierten fuera del continente. Europa necesita ahora poner esos ahorros a trabajar para sus compañías”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un discurso reciente.

El Ejecutivo comunitario quiere cerrar antes de final de año “con o sin los Veintisiete” un acuerdo sobre la llamada Unión de Ahorros e Inversiones, la integración de los mercados de capitales de los países miembros que permita que fluya esa financiación hacia las empresas europeas. “Hemos puesto encima de la mesa propuestas sobre titulización, inversión de bancos y aseguradoras y sobre la integración y supervisión de los mercados. En conjunto, estas medidas podrían desbloquear hasta 470.000 millones de euros en inversiones adicionales. Hemos de llegar a un acuerdo antes de final de año, idealmente con los Veintisiete estados miembros. Pero, si eso no funciona, si es necesario lo haremos con aquellos que estén preparados”, dijo Von der Leyen a finales de agosto. Financia Europa, si el decreto sale adelante, convertirá a España en el alumno aventajado para conseguirlo.

La possibilitat de limitar la compra de segones residències en zones tensionades per part de la Comissió Europea (CE) ha obert un nou front en el debat sobre l'habitatge a les Balears. El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, va advertir aquest dilluns que una eventual regulació podria acabar afectant també els residents: “Em posa els pèls de punta que un mallorquí no pugui comprar una segona residència en un altre municipi de Mallorca”, va asseverar. Tanmateix, Brussel·les no ha aprovat cap prohibició de comprar segones residències ni ha donat carta blanca als governs per impedir aquestes operacions.

La Affordable Housing Act, presentada com una proposta de reglament, pretén establir un marc comú per avaluar la legalitat de les mesures que adoptin els estats, les comunitats autònomes o els ajuntaments per protegir l'accés a l'habitatge en zones sotmeses a una pressió residencial acreditada. El text assenyala que els habitatges utilitzats com a segones residències, els pisos turístics i els immobles buits poden agreujar el desequilibri entre l'oferta i la demanda, però deixa en mans de les autoritats competents decidir si intervenen i de quina manera.

En aquest sentit, la iniciativa no proposa limitar exclusivament les compres d'estrangers o de no residents. El seu plantejament contempla mesures que regulin l'adquisició o l'ús d'immobles residencials quan puguin afectar les llibertats del mercat interior, inclosa la lliure circulació de capitals reconeguda en l'article 63 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Per això, una eventual restricció de les segones residències també podria afectar un ciutadà espanyol o un resident a les Balears si la norma es formula atenent el destí de l'immoble i no únicament la residència del comprador.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha assegurat aquest dimarts, durant el ple de la Cambra autonòmica, que el seu Executiu aplicarà “totes les mesures jurídicament viables i efectives” en matèria d'habitatge i ha afirmat que s'alegra del camí obert per la Comissió Europea. La líder del PP, tanmateix, ha evitat comprometre's amb l'aplicació de restriccions concretes als compradors no residents. “El camí s'acaba d'obrir”, ha advertit abans d'assenyalar que les possibles mesures encara no tenen una cobertura jurídica suficient.

La posició de l'Executiu autonòmic es resumeix en una promesa condicionada: si Brussel·les permet una mesura que es pugui aplicar a les Balears, que sigui efectiva i que prioritzi “sí o sí” la gent d'aquí, el Govern l'estudiarà i l'aplicarà. “Seguirem molt atents a aquest procés”, ha assenyalat Prohens. La presidenta, per tant, no ha tancat la porta a les restriccions, però tampoc no ha assumit cap calendari ni cap compromís concret per impulsar-les.

La fórmula ha provocat la reacció immediata de Més per Menorca, MÉS per Mallorca i el PSIB-PSOE, que han interpretat la cautela del Govern com una manera d'ajornar decisions que consideren urgents. El debat ha evidenciat, a més, una diferència de fons: mentre l'Executiu insisteix que qualsevol intervenció ha de superar el filtre jurídic europeu, l'oposició reclama que la crisi de l'habitatge justifica avançar des d'ara en les mesures que ja estan a l'abast de les institucions autonòmiques.

“No tenen intenció ni d'estudiar ni d'aplicar”

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha qüestionat directament la voluntat de Prohens d'aprofitar el nou escenari europeu. “No menteixin, no tenen intenció ni d'estudiar ni d'aplicar”, ha afirmat el menorquinista, que ha demanat a la presidenta que es pronunciï amb claredat i que no “vengui una moto” a la ciutadania.

Prohens ha respost acusant l'esquerra d'haver defensat durant els darrers anys mesures que, al seu parer, no es podien aplicar. La presidenta ha insistit que el marc normatiu europeu “s'ha obert ara” i ha retret als seus adversaris que pretenguin presentar com a viables propostes que no ho eren fins a aquest moment.

Mentrestant, el portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha intentat desplaçar el debat des de la viabilitat jurídica cap a la urgència social. “El temps d'estudiar ja ha passat”, ha afirmat. L'ecosobiranista ha censurat les declaracions de Sagreras sobre el dret dels mallorquins a adquirir una segona residència en un moment en què, segons ha assenyalat, moltes persones no poden ni tan sols assumir el cost del seu habitatge habitual.

Apesteguia ha recordat, a més, que un de cada tres habitatges és adquirit per algú que no resideix a les illes, i ha advertit que la pressió immobiliària no procedeix únicament de compradors particulars, sinó també d'empreses, fons d'inversió i fons voltor. El diputat ha reclamat a Prohens que se situï “al costat de la ciutadania i no dels especuladors”.

Per la seva banda, el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, ha defensat l'actuació de l'Executiu autonòmic davant les crítiques del PSIB. El conseller ha assegurat que el Govern és conscient del “drama” de l'habitatge i que no mira cap a un altre costat. Com a contraposició, ha acusat els anteriors governs socialistes d'haver deixat sense construir l'habitatge que, al seu parer, necessitaven les illes.

El Govern: “Sánchez tracta els balears com a ciutadans de segona”

Mateo ha centrat part de la seva intervenció en la falta de suport del Govern central. Ha criticat que el nou portal públic de lloguer assequible anunciat per l'Executiu de Pedro Sánchez contempli 800 habitatges en el conjunt d'Espanya i cap a les Balears. “Pedro Sánchez tracta els balears com a ciutadans de segona”, ha sostingut.

El conseller també ha citat els resultats del programa “Lloguer Segur”, que, segons ha detallat, ha assolit els 103 beneficiaris. Així mateix, ha recorregut a dades de portals immobiliaris i dels registradors de la propietat per defensar que s'estan produint descensos en els preus de l'habitatge en determinats segments del mercat.

Davant d'això, la diputada socialista Mercedes Garrido ha rebutjat aquesta interpretació. Després de tres anys de legislatura de l'actual Govern, ha afirmat, els ciutadans de les Balears viuen “pitjor que mai” i molts ja no poden permetre's residir a les illes. Garrido ha llegit durant la seva intervenció diversos testimonis de persones amb dificultats per pagar el seu habitatge i ha descrit una situació en què alguns residents es veuen obligats a marxar o a viure en caravanes.

La socialista ha retret al PP que la seva preocupació se centri en el fet que els mallorquins no puguin comprar una segona residència. “No és que els balears no es puguin comprar una segona residència, és que no poden adquirir la primera”, ha assenyalat. Garrido ha reclamat al Govern que declari les Balears zona tensionada i adopti mesures per contenir els preus del lloguer.

En un altre moment del ple, el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha acusat el Govern d'actuar per ideologia i ha advertit que l'eurodiputada del PP Rosa Estaràs ja ha avançat que la seva formació vetarà la proposta europea. Al seu parer, l'Executiu autonòmic coneix les dificultats que trobarà la iniciativa i, tot i així, utilitza l'anunci de Brussel·les per aparentar que està disposat a actuar.

Prohens ha respost recordant que el PSIB va votar en contra de la declaració d'emergència habitacional impulsada pel Govern i ha rebutjat rebre lliçons d'un partit que, segons ha retret, “ha venut la seva seu a un suec”.

Més per Menorca reclama que Europa tingui en compte la insularitat

Més per Menorca, per la seva banda, ha reclamat a les institucions europees més ambició i el reconeixement explícit de les particularitats dels territoris insulars. Els menorquinistes consideren que la crisi de l'habitatge adquireix una dimensió especialment greu a les illes per la pressió turística, l'escassetat de sòl disponible i la demanda externa.

El coordinador general de la formació, Esteve Barceló, ha valorat que Brussel·les situï l'habitatge assequible entre les seves prioritats, però ha advertit que no n'hi ha prou amb reconèixer les eines si les condicions per aplicar-les són “pràcticament impossibles de complir”.

El partit defensa que no es poden exigir els mateixos requisits a un territori insular que a un de continental i que les futures normes europees han de permetre a les administracions protegir el mercat residencial. Més per Menorca treballa amb l'Aliança Lliure Europea per analitzar la proposta de la Comissió i explorar vies d'incidència durant la seva tramitació al Parlament Europeu.

La formació menorquinista reclama que les illes disposin d'instruments per prioritzar l'accés a l'habitatge dels qui hi viuen i hi treballen, així com per regular el lloguer turístic quan aquest contribueixi a reduir l'oferta residencial.

La posibilidad de limitar la compra de segundas residencias en zonas tensionadas por parte de la Comisión Europea (CE) ha abierto un nuevo frente en el debate sobre la vivienda en Balears. El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, advirtió este lunes de que una eventual regulación podría terminar afectando también a los residentes: “Me pone los pelos de punta que un mallorquín no pueda comprar una segunda residencia en otro municipio de Mallorca”, aseveraba. Sin embargo, Bruselas no ha aprobado una prohibición de comprar segundas residencias ni ha dado carta blanca a los gobiernos para impedir estas operaciones.

La Affordable Housing Act, presentada como una propuesta de reglamento, pretende establecer un marco común para evaluar la legalidad de las medidas que adopten los Estados, las comunidades autónomas o los ayuntamientos para proteger el acceso a la vivienda en zonas sometidas a una presión habitacional acreditada. El texto señala que las viviendas utilizadas como segundas residencias, los pisos turísticos y los inmuebles vacíos pueden agravar el desequilibrio entre oferta y demanda, pero deja en manos de las autoridades competentes decidir si intervienen y de qué manera.

En este sentido, la iniciativa no está proponiendo limitar exclusivamente las compras de extranjeros o de no residentes. Su propuesta contempla las medidas que regulen la adquisición o el uso de inmuebles residenciales cuando puedan afectar a las libertades del mercado interior, incluida la libre circulación de capitales reconocida en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por ello, una eventual restricción de las segundas residencias podría alcanzar también a un ciudadano español o a un residente en Balears si la norma se formula atendiendo al destino del inmueble y no únicamente a la residencia del comprador.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha asegurado este martes en el pleno de la Cámara autonómica que su Ejecutivo aplicará “todas las medidas jurídicamente viables y efectivas” en materia de vivienda y ha afirmado que se alegra del camino abierto por la Comisión Europea. La líder del PP, sin embargo, ha evitado comprometerse con la aplicación de restricciones concretas a los compradores no residentes. “El camino se acaba de abrir”, ha advertido antes de señalar que las posibles medidas todavía no tienen cobertura jurídica suficiente.

“No tienen intención ni de estudiar ni de aplicar”

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha cuestionado directamente la voluntad de Prohens de aprovechar el nuevo escenario europeo. “No mientan, no tienen intención ni de estudiar ni de aplicar”, ha recriminado el menorquinista, quien ha reclamado a la presidenta que se pronuncie con claridad y que no “venda una moto” a la ciudadanía. Prohens ha respondido acusando a la izquierda de haber defendido durante los últimos años medidas que, a su juicio, no podían aplicarse. La presidenta ha insistido en que el marco normativo europeo “se ha abierto ahora” y ha reprochado a sus adversarios que pretendan presentar como viables propuestas que no lo eran hasta este momento.

La posición del Ejecutivo autonómico se resume en una promesa condicionada: si Bruselas permite una medida que pueda aplicarse en Balears, que sea efectiva y que priorice “sí o sí” a la gente de aquí, el Govern la estudiará y la aplicará. “Seguiremos muy atentos este proceso”, ha señalado Prohens. La presidenta, por tanto, no ha cerrado la puerta a las restricciones, pero tampoco ha asumido un calendario ni un compromiso concreto para impulsarlas.

La fórmula ha provocado la reacción inmediata no solo de Més per Menorca, sino también de Més per Mallorca y del PSIB-PSOE, que han interpretado la cautela del Govern como una manera de aplazar decisiones que consideran urgentes. El debate ha evidenciado, además, una diferencia de fondo: mientras el Ejecutivo insiste en que cualquier intervención debe superar el filtro jurídico europeo, la oposición reclama que la crisis habitacional justifica avanzar desde ahora en las medidas que ya están al alcance de las instituciones autonómicas.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha tratado de desplazar el debate desde la viabilidad jurídica hacia la urgencia social. “El tiempo de estudiar ya ha pasado”, ha afirmado. El ecosoberanista ha censurado las declaraciones de Sagreras sobre el derecho de los mallorquines a adquirir una segunda residencia en un momento en el que, según ha señalado, muchas personas no pueden siquiera asumir el coste de su vivienda habitual.

El ecosoberanista ha recordado, además, que una de cada tres viviendas es adquirida por alguien que no reside en las islas, y ha advertido de que la presión inmobiliaria no procede únicamente de compradores particulares, sino también de empresas, fondos de inversión y fondos buitre. El diputado ha reclamado a Prohens que se sitúe “al lado de la ciudadanía y no de los especuladores”.

Por su parte, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico frente a las críticas del PSIB. El conseller ha asegurado que el Govern es consciente del “drama” de la vivienda y que no mira hacia otro lado. Como contraposición, ha acusado a los anteriores gobiernos socialistas de haber dejado sin construir la vivienda que, a su juicio, necesitaban las islas.

El Govern: “Sánchez trata a los baleares como ciudadanos de segunda”

Mateo ha centrado parte de su intervención en la falta de apoyo del Gobierno central. Ha criticado que el nuevo portal público de alquiler asequible anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contemple 800 viviendas en el conjunto de España y ninguna en Balears. “Pedro Sánchez trata a los baleares como ciudadanos de segunda”, ha sostenido.

El conseller también ha citado los resultados del programa 'Lloguer Segur', que, según ha detallado, ha alcanzado los 103 beneficiarios. Asimismo, ha recurrido a datos de portales inmobiliarios y de los registradores de la propiedad para defender que se están produciendo descensos en los precios de la vivienda en determinados segmentos del mercado.

Ante esto, la diputada socialista Mercedes Garrido ha rechazado esta interpretación. Tras tres años de legislatura del actual Govern, ha afirmado, los ciudadanos de Balears viven “peor que nunca” y muchos ya no pueden permitirse residir en las islas. Garrido ha leído durante su intervención varios testimonios de personas con dificultades para pagar su vivienda y ha descrito una situación en la que algunos residentes se ven obligados a marcharse o a vivir en caravanas.

La socialista ha reprochado al PP que su preocupación se centre en que los mallorquines no puedan comprar una segunda residencia. “No es que los baleares no se puedan comprar una segunda residencia, es que no pueden adquirir la primera”, ha señalado. Garrido ha reclamado al Govern que declare Balears zona tensionada y adopte medidas para contener los precios del alquiler.

En otro momento del pleno, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado al Govern de actuar por ideología y ha advertido de que la eurodiputada del PP Rosa Estaràs ya ha avanzado que su formación vetará la propuesta europea. A su juicio, el Ejecutivo autonómico conoce las dificultades que encontrará la iniciativa y, aun así, utiliza el anuncio de Bruselas para aparentar que está dispuesto a actuar. Prohens ha respondido recordando que el PSIB votó en contra de la declaración de emergencia habitacional impulsada por el Govern y ha rechazado recibir lecciones de un partido que, según ha reprochado, “ha vendido su sede a un sueco”.

Més per Menorca reclama que Europa tenga en cuenta la insularidad

Més per Menorca, por su parte, ha reclamado a las instituciones europeas más ambición y el reconocimiento explícito de las particularidades de los territorios insulares. Los menorquinistas consideran que la crisis de la vivienda adquiere una dimensión especialmente grave en las islas por la presión turística, la escasez de suelo disponible y la demanda externa. El coordinador general de la formación, Esteve Barceló, ha valorado que Bruselas sitúe la vivienda asequible entre sus prioridades, pero ha advertido de que no basta con reconocer las herramientas si las condiciones para aplicarlas son “prácticamente imposibles de cumplir”.

El partido defiende que no se pueden exigir los mismos requisitos a un territorio insular que a uno continental y que las futuras normas europeas deben permitir a las administraciones proteger el mercado residencial. Més per Menorca trabaja con la Alianza Libre Europea para analizar la propuesta de la Comisión y explorar vías de incidencia durante su tramitación en el Parlamento Europeo.

La formación menorquinista reclama que las islas dispongan de instrumentos para priorizar el acceso a la vivienda de quienes viven y trabajan en ellas, así como para regular el alquiler turístico cuando este contribuya a reducir la oferta residencial.

La Comisión Europea ha anunciado este martes que ha aprobado la norma sobre Movilidad Laboral Justa para que los trabajadores europeos puedan acreditar y reclamar sus derechos en materia de seguridad social y seguro de enfermedad en toda la UE. Bruselas asegura que la medida garantizará los derechos sociales de los ciudadanos, independientemente de dónde decidan vivir y trabajar, además de que facilitará que las cualificaciones sean comprensibles en cualquier lugar de la UE y reconocidas formalmente cuando se trate de profesiones reguladas.

La propuesta pasa por agilizar el Pasaporte Europeo de Seguridad Social (ESSPASS), un documento digital que permitirá a las personas solicitar y recibir documentos de seguridad social íntegramente por internet, incluida la Tarjeta Sanitaria Europea y el documento A1 para los trabajadores desplazados.

Las personas que se desplacen a otro país de la UE podrán almacenar y presentar estos documentos en formato digital, mientras que las administraciones podrán verificarlos de forma rápida y segura. Este espacio digital estará disponible para personas y empresas de toda la UE a finales de año.

La normativa trata de “proteger mejor a los trabajadores móviles frente a los abusos y eliminar procedimientos administrativos lentos y complejos que dificultan que las empresas contraten talento o presten servicios en toda la UE”. La Comisión insiste en que los países y sus Administraciones públicas “se beneficiarán”, ya que facilitará la lucha contra el fraude.

Roxana Mînzatu, vicepresidenta europea para Derechos Sociales y Empleo de Calidad, ha declarado que esta medida “transformará profundamente el mercado único para mejor. Las personas deben poder trabajar en cualquier lugar de Europa con sus derechos sociales protegidos y sus cualificaciones reconocidas con mayor rapidez. Las empresas deben poder contratar el talento que necesitan con menos trámites burocráticos y menos retrasos”.

La Comisión asegura que tras la implementación de la medida se generarán unos beneficios estimados de 6.000 millones de euros de aquí a 2040, “gracias a un reconocimiento más rápido de las cualificaciones profesionales, la verificación en tiempo real de los documentos de seguridad social y otros ahorros para empresas, trabajadores y autoridades, así como a la prevención del fraude”.

La Comisión resalta que la digitalización podría generar un ahorro de hasta 64 millones de euros para las empresas, 69 millones para los proveedores de servicios sanitarios y 72 millones para los inspectores de trabajo, gracias a una verificación transfronteriza más rápida. Las firmas digitales podrían evitar hasta 277 millones de euros en fraude durante el mismo periodo.

La Comisión propone asimismo crear una nueva herramienta europea de comparación de cualificaciones, basada en la información de las bases de datos nacionales sobre cualificaciones. Esta herramienta ofrecerá a empleadores y trabajadores una forma sencilla y gratuita de comprender y comparar las cualificaciones entre los distintos Estados miembros.

Plazos

Los documentos de seguridad social se digitalizarán por fases, empezando por el documento A1 para los trabajadores desplazados, un año después de la entrada en vigor del Reglamento sobre el ESSPASS, seguido de la Tarjeta Sanitaria Europea y otros documentos en un plazo de tres años.

Los cambios relativos a las cualificaciones y a la portabilidad de las capacidades también se introducirán de forma gradual: se simplificará el reconocimiento de las cualificaciones obtenidas fuera de la UE en un plazo de dos años desde su adopción, mientras que las cualificaciones digitales disponibles en la Cartera Europea de Identidad Digital y un reconocimiento más sencillo para las profesiones reguladas estarán operativos en un plazo de tres años.

Una vez adoptado el mandato revisado, la Autoridad Laboral Europea (ELA) podrá comenzar a aplicar los cambios, y se esperan mejoras entre 2028 y 2030.

La vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha considerado este lunes “absolutamente preocupantes” los avisos del sector de la inteligencia artificial (IA) “sobre quién controla qué”, con “dos grandes rivales” que “se llevan fatal” pidiendo “a las autoridades que por favor nos pongamos de acuerdo” para que “evitemos que esa inteligencia artificial que va creciendo sobre sí misma a partir de información sintética y con algoritmos que nadie controla acabe estando fuera de control”.

Según Ribera, “había esta sensación de que era bueno dejar y probar y dejar que la creatividad nos permitiera seguir generando mejoras. Ahora bien, es difícil encontrar otro momento en la historia donde haya habido tal nivel de concentración de poder económico y poder a secas como en estos momentos con los grandes gigantes digitales”. Algo consecuencia “del éxito” de estas empresas, pero que requiere activar “mecanismos” ante ese enorme poder concentrado en “pocas manos”.

Durante su intervención en Nueva Economía Forum, la vicepresidenta de la Comisión ha defendido el modelo europeo de regulación de servicios digitales como “buen enfoque” que “se ha venido desarrollando en los últimos 15 años” en “cooperación” con EEUU, pese a que este país ha tenido una aproximación “diferente”.

Ribera no ha querido valorar el borrador de regulación de estos centros que acaba de aprobar el Gobierno “No puedo comentar la realidad política nacional de ninguno de los estados miembros”, pero como reflexión “más de conjunto”, ha abogado por una IA “por y para las personas”, con “trazabilidad sobre lo que hay detrás”.

Ha recordado que en EEUU ya se están aprobando moratorias para estas instalaciones ante subidas muy fuertes de la luz y un “rechazo que nadie desea que se produzca en la medida en que necesitemos estos centros”. 

“Yo sí creo que este debate sobre hasta qué punto una nueva actividad de estas características pueda venir acompañada de una dotación eléctrica que impida los efectos negativos para el conjunto de la sociedad es una buena idea. Tan es así que forma parte de las cuestiones que en los primeros momentos ofrecían los propios desarrolladores”.

Desde el punto de vista de la política de competencia, estas instalaciones están en el radar “hace tiempo”. Ha recordado que la autoridad francesa de Competencia publicó un informe a finales de 2025 que advirtió de que su capacidad de negociación les puede proporcionar una posición “privilegiada” frente a otros sectores. 

Prórroga nuclear sin ayudas

Preguntada por la prórroga en Europa de centrales nucleares como la de Almaraz (Cáceres), ha señalado que hay que ser “cauto” respecto a la disponibilidad de recursos en el actual contexto geopolítico. “Hasta donde yo sé son decisiones que se están tomando sin subsidio público, sin ayuda de Estado, sin descuentos fiscales”, que de existir “requerirían un control sobre la proporcionalidad de ese apoyo público”.

Respecto a la propuesta de su departamento de restringir la compra de segundas viviendas en zonas tensionadas y penalizar fiscalmente las casas vacías en la Ley de Vivienda Asequible, presentada la semana pasada, estas medidas “se pueden activar o no”, si alguna autoridad local nacional considera que se deben adoptar y son “proporcionadas a la situación”, para que puedan hacerlo “con total tranquilidad”.

Ribera ha señalado que el acceso a la vivienda es “la primera gran dificultad para una muy buena parte de los ciudadanos europeos”. Ha puesto el ejemplo de Viena, que lleva “décadas” con un banco público de vivienda. “El 80% de los vieneses viven en viviendas de alquiler” de propiedad municipal pero “construir ese banco público es muy difícil, lleva mucho tiempo”. 

Preguntada por la crisis de Ceuta, “es muy difícil pensar que 80.000 personas se ponen de acuerdo por sí solas” pero “Europa nunca, nunca, nunca gana cuando responde dividida a un problema”. La situación es “de gestión complicada” pero “es importante” recordar el “respeto” a los derechos de los menores.

Sobre el auge de la extrema derecha en Europa, se ha felicitado por la victoria socialdemócrata en Suecia. Ha lamentado que “parece que hay una especie de concertación” en los mensajes de estas formaciones, que apoya mucha gente “que tiene problemas” y vota “con rabia”; después desde los Gobiernos las políticas de esos partidos “generan más problemas”.

Ribera ha subrayado que la UE “es el mejor sitio del mundo para vivir”, pero es algo que “damos por hecho”. Para al discurso de este miércoles de Ursula von der Leyen sobre el Estado de la Unión, ha señalado que “es capital recuperar esa centralidad europea” en un momento en que “se cuestiona desde dentro” a las instituciones comunitarias. Ha recordado que los tres pilares del discurso inicial de la presidenta de la Comisión Europea “fueron principios y valores, seguridad y competitividad”.

Ribera ha considerado que la subida de la inflación por el alza del petróleo y gas ha dado la razón a quienes piensan que la dependencia energética es el principal problema de competitividad en Europa, y ha apostado por electrificar, ser más eficientes y aprovechar “los recursos de proximidad”, las renovables, sin descuidar tecnologías como el hidrógeno verde, que “llevan su tiempo”.

La exvicepresidenta española se ha referido a los resultados del último informe PISA, del que “se ha hablado mucho” en España y “en toda Europa” y ha lanzado la recomendación “de apagar pantallas y leer, discutir, jugar, es importante”. Ha señalado que el primer ministro canadiense, Mark Carney, que esta semana intervendrá en Estrasburgo, “nos ha sacudido a todos” con su intervención en el Foro de Davos abogando por un multilateralismo de las potencias medias frente a quienes defienden “volver a la ley de la selva”, una máxima en la que “nadie sale ganando”, “ni siquiera los que la emplean”.

Ribera, que no ha querido confirmar si en el futuro se postularía a la alcaldía de alguna capital española, ha sido presentada en el acto por Anne Hidalgo, Embajadora Mundial del Pacto Mundial de los Alcaldes para el Clima y la Energía. La exalcaldesa de París (2012-2026) ha destacado que Europa está en un “momento muy decisivo” en el que la crisis climática es ya “una realidad presente con consecuencias tremendas”, con 28 noches tropicales este verano en París, “un cuarto de siglo por delante de lo esperado por los científicos”. Según Hidalgo, “hay muchas malas noticias”, pero no se debe “subestimar” la “fuerza” de la alianza europea para fijar los objetivos de reducción de emisiones, descarbonización y neutralidad climática.

La comisaria tiene previsto reunirse este lunes con la propia Hidalgo y con su antecesora en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presente en el acto junto a las ministras de Vivienda, Isabel Rodríguez, Seguridad Social, Elma Saiz, el titular de Transportes, Óscar Puente, o el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Juan José Ganuza, o Unai Sordo, secretario general de CCOO.

Las negociaciones por el próximo presupuesto plurianual europeo, correspondiente al periodo 202-2034, está provocando extrañas alianzas entre los países europeos. La batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP) empezó acentuando la clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea con una guerra dialéctica entre los países austeros –Alemania, Países Bajos o Suecia– y los países que pretenden aumentar el gasto y hacer uso de la deuda –Francia, España o Italia–. Sin embargo, la búsqueda de soluciones para evitar recortes presupuestarios ha hecho que países frugales se unan con los 'amigos de la Cohesión'. Vuelve a ponerse sobre la mesa la opción de utilizar los activos congelados rusos, depositados en una entidad belga, para financiar Ucrania en su guerra contra Rusia, un conflicto que ha cumplido cuatro años y no tiene visos de solución a corto plazo.

A finales de agosto, España, Suecia, Polonia y Países Bajos le mandaron una carta conjunta a la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en la que reclamaban “hacer un mayor uso” de los 210.000 millones de activos rusos congelados que están depositados en la empresa Euroclear, con sede en Bélgica. Ahora la iniciativa también ha sido recogida por Alemania, que tiene como objetivo recortar drásticamente el presupuesto comunitario en su conjunto, y ha encontrado en los fondos rusos una vía para cerrar el paso a un incremento del gasto presupuestario.

De esta manera, estados que reivindican la austeridad como Alemania, Suecia o Países Bajos se han unido a países como España, que abogan por incrementar el gasto y utilizar deuda conjunta, en pos de utilizar los activos rusos también para acercar posturas en una negociación presupuestaria que se antoja imposible.

Entonces, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, agradeció la iniciativa de los cuatro países y señaló que “Ucrania necesita cubrir el creciente desfase entre sus gastos de defensa y los costes de reconstrucción y recuperación. Es justo y lógico utilizar los activos rusos, en lugar de recurrir únicamente al dinero de los contribuyentes europeos. Mediante un debate profesional y un análisis riguroso, los expertos pueden desarrollar soluciones viables que sean conformes con las normas europeas, el derecho internacional y el principio del Estado de derecho, al tiempo que los riesgos pueden mitigarse y repartirse colectivamente de forma equitativa, sin imponer una carga injusta a ningún Estado miembro en particular”.

El pasado diciembre la Unión Europea fracasó en su intento de utilizar los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados para financiar a Ucrania en su guerra con Rusia. Tras más de 16 horas de negociación, los responsables de las instituciones europeas, respaldados por numerosos países, no consiguieron doblegar el brazo a Bélgica, país que vetó la utilización de los activos inmovilizados rusos con el argumento de las posibles consecuencias judiciales en un futuro. Como solución, la UE cerró un acuerdo para prestar 90.000 millones de euros a Ucrania avalados con el presupuesto comunitario.

Este viernes, la Comisión Europea aprobó, dentro del préstamo de 90.000 millones, la concesión de 6.100 millones de euros para que Ucrania adquiera armas para defensa aérea y antimisiles, drones y material para guerra electrónica. Bruselas asegura que “estos fondos servirán para adquirir productos de defensa tanto a empresas de la UE como ucranianas. Tras el acuerdo alcanzado el lunes por los Estados miembros, la decisión permite además a Ucrania adquirir misiles PAC-3 para los sistemas Patriot”, que son vitales para evitar ataques con misiles balísticos por parte de Rusia.

La Comisión ya ha desembolsado 8.350 millones de euros en financiación para la defensa de Ucrania de los 28.300 millones de euros designados para este objetivo en 2026. El problema es que el Gobierno ucraniano advierte de que Rusia no da señales de querer finalizar la confrontación y las necesidades financiera para la defensa de Ucrania crecen.

Fuentes diplomáticas han señalado que se puede plantear a Bélgica la utilización de los activos rusos ante la amenaza de recibir menos dinero para agricultura o las regiones. En el actual presupuesto plurianual de la UE (2023-2027), Bélgica tiene asignados 3.150 millones de euros mientras que en fondos regionales recibiría otros 3.000 millones.

Esta semana un grupo de 122 europarlamentarios (pertenecientes al Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas, Renew Europe, Verdes/ALE, La Izquierda y ECR) solicitaron por carta a las instituciones europeas que se retome la iniciativa de los fondos rusos, ya que el préstamo de 90.000 millones no será suficiente. Ante la recepción de la misiva, la Comisión Europea ha respondido que la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados “nunca ha estado fuera de la mesa. Sigue estando ahí como una herramienta”.

Pasar los activos rusos a cuentas bajo jurisdicción de la UE

La UE está buscando son soluciones jurídicas que reduzcan el riesgo que pone Bélgica como excusa. Una de las opciones que se ha planteado es la posibilidad de transferir la custodia de los activos congelados de Bélgica a la jurisdicción de la Unión Europea, es decir, los demás países de la UE compartirían conjuntamente con los riesgos, como exigen los dirigentes belgas, en caso de que el Banco Central de Rusia vaya a los tribunales.

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, afirmó en agosto durante una visita a Ucrania que Bélgica se abriría a utilizar los activos congelados si los demás países de la UE comparten los riesgos.

Las últimas sentencias judiciales están siendo contrarias a los intereses rusos. El Tribunal General de la Unión Europea rechazó el recurso presentado por el Gobierno de Hungría, con Viktor Orbán como primer ministro, contra la decisión de utilizar los intereses procedentes de los activos rusos congelados para apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas. El pasado agosto la UE transfirió casi 1.400 millones de euros en intereses generados por activos rusos congelados. Esta es la quinta transferencia de este tipo, que acumula algo más de 8.000 millones para Ucrania.