El acrónimo SLAPP es tan poco conocido en España como el problema que esconde y que afecta a todos los ciudadanos. SLAPP son las siglas en inglés de “strategic lawsuit against public participation”, es decir, litigio estratégico contra la participación pública. Se refiere a acciones legales interpuestas por personas y entidades ricas y poderosas que están destinadas sobre todo a intimidar o desalentar a periodistas, activistas, investigadores u otras personas que difunden asuntos de interés público.

El término fue utilizado por primera vez por los catedráticos de la Universidad de Denver Penelope Canan y George Pring en los años 80. Su libro SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out (SLAPPs: Que te denuncien por levantar la voz) recuerda la larga historia de persecución legal a la prensa y otras voces incómodas. Pero no es casual que estos profesores de Sociología y Derecho se pusieran a estudiar este fenómeno en esa década de consolidación de las grandes corporaciones. El acrónimo es un juego de palabras con slap, bofetada, en inglés.

La bofetada cuando los más ricos y poderosos se gastan su tiempo y su dinero en procedimientos judiciales costosos y desmoralizadores no es solo para los reporteros y los medios para los que trabajan, sino para todo el público y su derecho fundamental a estar informado. Los periodistas tienen el deber de trabajar con diligencia para acercarse lo más posible a la verdad cuando es de interés público. Pero incluso cumpliendo con su tarea de la manera más cuidadosa pueden sufrir estos procesos que en España, a diferencia de otros países, incluso pueden ser penales, es decir, por delitos castigados con la cárcel.

Para evitar estos litigios que debilitan la democracia, la Unión Europea aprobó una directiva en 2024 que obliga a los Estados miembros a asegurarse de que no se abusa del sistema legal contra los periodistas. España es uno de los países que sigue incumpliendo con esta directiva.

Las buenas palabras del Gobierno sobre la libertad de prensa y la lucha contra la desinformación no se han traducido ni siquiera en el cumplimiento de esta orden europea. Este mes, la Comisión Europea abrió un expediente a España (y a otros 13 países, entre ellos algunos de los que tienen los peores historiales de libertad de prensa, como Hungría y Grecia) por no adaptar de manera completa y correcta la directiva contra estas “acciones legales abusivas e infundadas que están dirigidas a silenciar a quienes trabajan para el interés público”, en particular “periodistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”. La directiva importa porque da herramientas tanto a los objetivos de estas demandas para que se defiendan como a los tribunales para “desestimar de forma temprana las demandas manifiestamente infundadas”. También garantiza protección ante acciones de terceros países fuera de la Unión Europea.

La realidad es que esto sigue pasando y, en algunos casos, de manera muy grave.

La querella que ha interpuesto Julio Iglesias contra este periódico, su director y otros cuatro periodistas –Elena Cabrera, Ana Requena, Juanlu Sánchez y yo misma– es un ejemplo más del riesgo de investigar y publicar cuando una noticia afecta a alguien poderoso.

El apoyo inmediato de organizaciones nacionales, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid, e internacionales, como Reporteros Sin Fronteras y el Instituto Internacional de Prensa, recuerda que es un caso transversal y que afecta al derecho a la información de todos. España ha caído este año seis puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa, entre otras cosas, por seguir permitiendo demandas abusivas y la persecución penal del periodismo.

Nuestro trabajo periodístico concienzudo y transparente, aquí explicado, es nuestra mejor defensa. Pero tener que pasar por esto muestra un problema más grave que va más allá de esta investigación y este periódico. Ojalá este trance al menos sirva para concienciar a los ciudadanos y a las autoridades públicas de lo que falta en España para mejorar la calidad de nuestra democracia. Para empezar, ahí está la directiva de la UE para cumplirla.

La presión sobre Google para que cumpla las normas digitales europeas no para. La Comisión Europea ha impuesto este viernes dos multas que suman 890 millones de euros a Google en sendas sanciones (430 millones y 460 millones, respectivamente) por “favorecer sus propios servicios en Google Search y por imponer restricciones a las empresas para dirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos, a menudo más baratos, en Google Play”.

Con esta nueva penalización, el gigante tecnológico estadounidense suma ya más de 10.000 millones de euros en multas impuestas por la UE, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que confirmó la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante de Google Search en el sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Además, fue multada con 2.950 millones de euros por prácticas abusivas con la publicidad digital y otros 2.420 millones por abuso de posición dominante en su servicio Google Shopping. Otra sanción de 1.490 millones, que Bruselas impuso en 2019 a la compañía de Sillicon Valley por atentar contra la competencia publicitaria con su plataforma AdSense, fue anulada por el Tribunal General de la UE .

La multa anunciada este viernes se debe al incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2023. La Unión Europea impuso sus primeras multas a las 'Big tech' en 2025: Apple y Meta vulneraron esta normativa y se les sancionó con 500 millones y 200 millones de euros, respectivamente. La normativa digital europea se ha convertido en un punto de fuerte conflicto entre la UE y la Administración de Donald Trump, que ha mostrado su rechazo en forma de amenazas contra Europa en repetidas ocasiones.

“Trato preferente a sus propios servicios”

Bruselas ha explicado que según la DMA, grandes tecnológicas como Google “no pueden dar un trato preferente a sus propios servicios en los sistemas de clasificación frente a los servicios de terceros. Deben aplicar condiciones transparentes, justas y no discriminatorias para dicha clasificación”.

Además, la Comisión ha constatado que “Google concede un trato preferente a sus propios servicios, que incluye los resultados de compras, hoteles, transporte y deportes, frente a los de terceros en Google Search”. Los técnicos de la institución europea han probado que el gigante tecnológico estadounidense “muestra sus propios servicios de forma más destacada en los resultados de búsqueda, incluso situándolos en la parte superior de la página de resultados o utilizando elementos visuales mejorados y filtros, mientras que los servicios similares de terceros no reciben el mismo nivel de visibilidad”.

Además, la Comisión asegura que “Google impide a los desarrolladores de aplicaciones comunicar y promocionar libremente sus ofertas, así como cerrar contratos con usuarios a través de los canales de distribución que elijan, incluidas las tiendas de aplicaciones de terceros”.

Aunque Google recibe un pago en forma de comisión por facilitar la adquisición de un nuevo cliente por parte de un desarrollador externo de aplicaciones a través de Google Play, Bruselas apunta que “la cuantía de las tarifas relacionadas con el direccionamiento que cobra Google y la duración del periodo durante el cual se aplican dichas tarifas exceden lo que se considera compatible” con la normativa europea.

Queja de Google

El presidente de Asuntos Globales de Google y su matriz Alphabet, Kent Walker, ha señalado tras conocer la multa que la DMA “sigue deteriorando los productos de uso diario. Para cumplir con la normativa, nos vemos obligados a eliminar funciones de Búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian —como los precios al instante y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes— y a desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play. Esto no es competencia justa; es un empeoramiento del producto impulsado por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares, cuyos platos rotos están pagando las empresas y los consumidores europeos. La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos”.

Hay que recordar que Alphabet, la matriz de Google y YouTube, informó de un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más respecto al anterior, impulsada por sus servicios la publicidad y YouTube. La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15% más interanual, cifra de la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Competencia, ha declarado que “Google no ha logrado un cumplimiento efectivo de la DMA y hemos adoptado medidas firmes pero equilibradas para sancionar estas infracciones. Los mejores productos deben triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda. Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les informen de dónde pueden acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no obtiene ningún beneficio económico de ello. Esta es la promesa de la DMA: proteger la equidad, la capacidad de elección y la innovación en los mercados digitales en beneficio de todos los ciudadanos europeos”.

Recientemente, la Comisión Europea le impuso a Google dos medidas vinculantes para cumplir con la DMA. Por un lado, se pretende garantizar que los servicios de inteligencia artificial (IA) de la competencia puedan competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, como Gemini, al tener el mismo acceso a las funcionalidades de los dispositivos Android de Google. Por otro lado, se pretende “reequilibrar las condiciones de competencia otorgando a motores de búsqueda de terceros acceso a los datos de búsqueda que únicamente Google Search puede recopilar a gran escala”.

La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la denuncia de los abogados de Carles Puigdemont para que se abra un procedimiento de infracción contra España por el supuesto incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley española de Amnistía. La institución europea ha señalado que “corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia”, negándose a hacer más comentarios sobre la denuncia de Puigdemont.

En un escueto comunicado, Bruselas apunta que “cuando se presentan denuncias se tramitan de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión. Tras su recepción, las denuncias son examinadas, registradas y evaluadas antes de que se adopte una decisión. En esta fase no tenemos más comentarios que añadir”. El organismo explica que desde la recepción de la denuncia hasta la adopción de una decisión puede pasar hasta un año.

La respuesta oficial de la institución europea es parecida a la que ya dio del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, que dijo el pasado viernes que “ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE” sobre la Ley de Amnistía. McGrath entonces recalcó que “la Comisión siempre respeta y acata las sentencias del Tribunal de Justicia, y por tanto tomamos nota detenidamente de todas las resoluciones del Tribunal, incluida la relativa a la ley de amnistía española. Ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia. Seguiremos de cerca este asunto”.

Hace un año, la Comisión Europea puso en duda la norma española al declarar que “no parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión” en su respuesta a las prejudiciales que mandó al TJUE a instancias del Tribunal de Cuentas.

Denuncia de Puigdemont

Puigdemont denunció a España ante la institución comunitaria por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

El pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma española y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, que además define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia del TJUE no tiene efectos inmediatos para Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que quedaron excluidos de la aplicación de la Ley de Amnistía porque el instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena en el Tribunal Supremo determinaron que se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que todavía tiene que dictar sentencia.

Sin embargo, la sentencia del TJUE es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio. El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

La Comisión Europea ha acusado a ANFAH, la patronal de fabricantes de productos químicos para la construcción, y a un grupo de empresas de infringir las normas de competencia de la UE al “coordinarse para aumentar los precios en el suministro de productos químicos destinados al cemento, el hormigón y el mortero”.

La Comisión está investigando si “los fabricantes coordinaron subidas de precios de los aditivos químicos entre 2021 y 2022 en respuesta al aumento de los costes de las materias primas provocado por la pandemia de COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania”.

Las empresas españolas son Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika y la asociación empresarial ANFAH. Además se está investigando a otras patronales y empresas en Francia y Alemania. Bruselas señala que “la supuesta coordinación entre estos fabricantes se produjo en el contexto de la preparación de comunicados de prensa dentro de asociaciones nacionales del sector destinados a justificar los incrementos de precios”.

Según Bruselas, estas empresas estarían cometiendo una infracción de las normas de competencia que prohíben los cárteles, acuerdos entre empresas que impidan, restrinjan o falseen la competencia dentro del mercado único europeo.

La investigación empezó en octubre de 2023, la Comisión llevó a cabo inspecciones sin previo aviso en las instalaciones de empresas activas en el sector de los productos químicos para la construcción. El caso se centra en el suministro de aditivos químicos para cemento, hormigón y mortero. Los aditivos químicos se utilizan principalmente para mejorar la eficiencia del proceso de fabricación y las prestaciones de cemento y hormigón.

Si la Comisión concluye que existen pruebas suficientes de una infracción puede imponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios anual de cada empresa.

La Comisión Europea sigue presionando a las plataformas chinas de comercio electrónico por la venta de productos ilegales. La institución de la UE ha anunciado este lunes que ha impuesto a AliExpress una multa de 550 millones de euros por la venta de productos ilegales, inseguros o falsificados en su plataforma de comercio electrónico. Bruselas apunta que el portal chino de comercio electrónico incumple las obligaciones que le impone la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) para evaluar de forma diligente el riesgo de difusión de estos productos. Esta es la multa más alta que ha impuesto por la Comisión por incumplimiento de la DSA, con anterioridad se sancionó con 200 millones de euros a Temu por vender “productos ilegales y peligrosos”.

La institución europea señala que “numerosos productos ilegales —desde artículos falsificados hasta juguetes inseguros y cosméticos peligrosos— circulaban por la plataforma y, aun cuando eran detectados, permanecían publicados durante varias semanas”, ya que “el sistema de detección de productos ilegales de AliExpress no funcionaba correctamente”.

Además, la plataforma china “no aplicó correctamente su política de sanciones a los vendedores de productos ilegales”, de manera que “pudieron seguir operando en la plataforma pese a haber sido sancionadas”.

La Comisión asegura que el sistema de 'autorización de marca' de AliExpress, que tendría que impedir la venta de falsificaciones, es “ineficaz y carecía de personal suficiente. Como consecuencia, los vendedores podían eludir fácilmente este sistema y publicar numerosos productos que solo eran retirados posteriormente”.

La empresa sobrestimó la eficacia de su sistema para detectar y retirar productos ilegales. Como consecuencia, no tuvo en cuenta de forma realista el desequilibrio entre el número de moderadores humanos y su carga de trabajo.

Las pruebas realizadas por los servicios de la Comisión ha probado que “numerosos productos ilegales eran recomendados o anunciados a los consumidores antes de ser retirados de manera efectiva”. Además, Bruselas acusa a la plataforma china de “no medir adecuadamente la eficacia de su sistema de moderación para impedir que productos ilegales aparecieran o reaparecieran bajo formas similares”, con lo que “un elevado volumen de productos ilegales seguía circulando” en su página.

193 millones de usuarios en la UE

La investigación de las autoridades europeas sobre la plataforma china de comercio electrónico comenzó en 2024. Según un alto funcionario de la Comisión, “AliExpress informó de que tenía unos 193 millones de usuarios en la UE a finales de 2025, lo que la convierte en la mayor de las tres plataformas chinas”. Las otras dos plataformas son Shein, que tenía 156 millones, mientras que Temu alcanzó 130 millones de usuarios en la UE a finales de 2025. “Esto significa que uno de cada cinco europeos declaró comprar en al menos una de estas tres plataformas chinas”. La Comisión Europea ya multó con 200 millones de euros a Temu por un motivo similar.

Desde el 1 de julio ha entrado en vigor el arancel de tres euros a los paquetes con productos por valor inferior a 150 euros que hayan sido comprados por consumidores privados por internet que entren en la Unión Europea procedentes de países extracomunitarios. Aunque es una medida generalizada está directamente dirigida a los paquetes que llegan de China de empresas de comercio electrónico como Temu, Shein o AliExpress.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, ha comentado que “la proliferación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos ilegales y perjudiciales no es un coste inevitable de las compras por internet: es consecuencia del incumplimiento por parte de AliExpress de las obligaciones que le impone la Ley de Servicios Digitales. El tamaño de una plataforma no es una excusa; los riesgos deben identificarse y abordarse de manera sistemática para garantizar que los consumidores puedan comprar en línea con seguridad”.

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Tras meses de un intenso trabajo de lobby, la gran industria y un grupo de países, encabezados por Italia y los países de Este, ya han visto el fruto de su esfuerzo. La Comisión Europea ha presentado este viernes una nueva propuesta para el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) que relaja y amplía el periodo que tenían las empresas para alcanzar las emisiones netas cero. La institución europea ha añadido que planteará un objetivo indicativo de electrificación del 46% para 2040, que según sus cálculos podría reducir en 260.000 millones de euros anuales la factura de la UE por importaciones de combustibles fósiles hasta ese año. Según la patronal eléctrica, Aelec, el índice de electrificación de la economía española se encuentra en el 22,4%.

La Comisión Europea no ha ocultado que “el contexto geopolítico y económico ha cambiado y la industria europea afronta una presión creciente”, pero ha maquillado con la idea de “modernizar nuestra principal política de descarbonización, el ETS, para convertirla en el motor de la innovación y la inversión que impulse nuestra competitividad e independencia”, cuando realmente significa que habrá menos exigencias a la industria. El sistema ETS ha conseguido recortar en un 47% las emisiones en Europa, ya que afecta a 11.000 fábricas, que suponen el 40% del CO2 que se emite en la UE bloque.

Con el nuevo sistema se incrementarán los volúmenes de derechos gratuitos para 14 industrias, principalmente químicos y refinerías, lo que se traducirá en unos 4.000 millones de derechos de emisión gratuitos adicionales para el periodo 2026-2030. Además, atendiendo a la solicitud de los Estados miembros, se propone actualizaciones menos estrictas para las compañías de energía y combustibles, lo que otorgará a las instalaciones una flexibilidad adicional valorada en unos 6.000 millones de euros entre 2026 y 2030.

“Aliviar la presión sobre la industria”

De hecho, la propia institución europea admite que la revisión “aliviará la presión sobre la industria”. La propuesta actualiza el Factor de Reducción Lineal (LRF), que es porcentaje anual fijo mediante el cual la Unión Europea reduce el límite máximo del total de emisiones de gases de efecto invernadero permitidas en el mercado de carbono, hasta el 3,7% anual entre 2031 y 2035 y el 1,7% entre 2036 y 2040, cuando antes exigía un recorte de las emisiones de un 4,3% anual (periodo 2024-2027) que aumentaría al 4,4% en 2028. La traducción: las plantas industriales que se rigen por este sistema podrán emitir más toneladas y durante más años que en la anterior propuesta de ETS.

La Comisión ha vendido esta reducción de emisiones como “más gradual” y asegura que “está alineada con el nivel de ambición climática interna”, además de mantener el objetivo de reducir al 90% las emisiones en 2040. Sin embargo, técnicos de la Comisión Europea han explicado que el nuevo sistema abre el horizonte temporal en el que el límite de derechos de emisión llegará a cero según la trayectoria definida por el nuevo LRF. Así se han declarado dos estimaciones según los escenarios que van desde uno inicial que podría extenderse entre 2040 y 2045 y otro en el que la fecha límite podría llegar hasta el periodo entre 2046 y 2048.

Los técnicos insisten en que el diseño de esta revisión del ETS está enfocado en dar estabilidad al mercado durante la próxima década y que el momento exacto del fin de los derechos dependerá de la velocidad de la descarbonización y de la oferta y demanda en el mercado, es decir, se deja al mercado que defina la contaminación de la industria.

La Comisión ha destacado que se permitirá utilizar hasta un 2% de créditos internacionales de alta calidad, con el fin de financiar proyectos de descarbonización fuera de la UE y ofrecer un margen de flexibilidad entre 2036 y 2040, cuando la reducción de emisiones dentro de Europa será más compleja.

Está reducción de la intensidad en la reducción de las emisiones contaminantes se intenta compensar con más énfasis en la inversión para la descontaminación de la industria. El Banco para la Descarbonización Industrial contará con 100.000 millones de euros para financiar la descarbonización industrial en toda Europa. Ahora bien, la institución europea señala que “antes de 2030 estará disponible el Impulsor de Inversiones del ETS (ETS Investment Booster) como primera fase de ese banco”. Además, los Estados miembros deberán destinar el 50% de los ingresos nacionales procedentes del ETS a inversiones para descarbonizar. En conjunto, esto supondrá más de 100.000 millones de euros en inversiones antes de 2030.

Enfoque “más favorable a las empresas”

Durante la rueda de prensa de presentación, tanto Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, como Wopke Hoekstra, comisario de Clima, y Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda, se han escudado en las grandes cifras para explicar que se rebajan las exigencias contra la contaminación en la Unión Europea.

De hecho, Hoekstra ha admitido que el enfoque es “más favorable a las empresas y más sensible a las necesidades del tejido empresarial”, pero lo que se ha hecho es retrasar las exigencias. “Nuestra ambición climática aumentará durante la próxima década, no disminuirá. El objetivo era ser incluso más ambiciosos en la próxima década que en la actual. Ahora bien, lo que es cierto es que muchos gobiernos y literalmente cientos de empresas han acudido a nosotros para trasladarnos sus posiciones. Algunas han dicho: 'Queremos mantener completamente el rumbo actual'. Otras han pedido volver a debilitar el sistema. Y otras han solicitado más flexibilidad”.

El comisario de Clima ha asumido que “la diferencia clave de esta propuesta respecto a la década actual es la condicionalidad. Es cierto que permitimos algo más de flexibilidad, pero el dinero debe invertirse en Europa. Y esto se aplica tanto a los recursos procedentes de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión que concedemos a las empresas como al 50% de cada euro —es decir, 50 céntimos por euro— de los fondos que proporcionamos a los gobiernos”.

Sistema 80/20 de derechos gratuitos

El nuevo sistema funcionará con una regla del 80/20: para recibir derechos de emisión gratuitos, las empresas deben tener un plan de inversión en descarbonización y modernización. Este documento debe definir las medidas concretas que se adoptarán en un horizonte temporal de entre cinco y siete años. Las empresas recibirán inicialmente el 80% de los derechos de emisión gratuitos, mientras que el 20% restante se retiene y solo se les entregará tras la implementación efectiva de las inversiones y de las reducciones de emisiones reales al cabo de un ciclo de cinco o siente años.

“Esta es una diferencia clave. La distribución gratuita no significa efectivo gratuito. El 100% de los créditos gratuitos tendrán que ser invertidos en descarbonización en Europa”, destacó Hoekstra. La verificación recaerá principalmente sobre las autoridades de los Estados miembros, mientras que la Unión Europea se encargará de realizar inspecciones aleatorias.

Ahora bien, el sistema permite que los derechos retenidos no se limiten estrictamente a una instalación, las empresas pueden agruparlos para realizar inversiones conjuntas a nivel corporativo o mediante fondos comunes creados entre diferentes compañías en zonas declaradas de aceleración industrial. Por otro lado, hay una cláusula de penalización para evitar la fuga de capitales; si una empresa decide abandonar el territorio europeo, tendrá la obligación de devolver el valor de los derechos de emisión gratuitos que haya recibido.

Nuevos sectores

La propuesta hace que se incorporen nuevos sectores al sistema ETS, aunque más lentamente de lo que se había propuesto. Así, la incineración de residuos los se incorporará gradualmente al ETS entre 2031 y 2034, permitiendo opciones de exclusión temporal nacional bajo condiciones específicas y destinando parte de los ingresos a apoyar a las autoridades locales en prácticas de reciclaje.

Respecto a la aviación, se propone ampliar el alcance a un ámbito regional de vuelos de hasta 5.000 kilómetros que aterricen en la UE a partir de 2029. Se mantienen exenciones para los vuelos domésticos hacia regiones ultraperiféricas como la conexión de Madrid con las Islas Canarias.

En cuanto al sector marítimo, se canalizarán 110 millones de derechos de emisión (período 2028-2040) para apoyar combustibles alternativos avanzados (amoniaco limpio, metanol) y tecnologías como la propulsión eólica y la electrificación.

Ahora comienza una dura pugna entre los países favorables y contrarios (como es el caso de España y los países nórdicos) a flexibilizar el sistema ETS, que tendrá su propia confrontación en el Parlamento Europeo.

Llamada de atención de la Comisión Europea a España por los casos de corrupción y la independencia del poder judicial. En el informe anual que elabora la institución europea sobre el Estado de Derecho, que va a ser presentado este viernes, se reprende al Gobierno de Pedro Sánchez por los limitados avances en la lucha contra la corrupción, según ha adelantado Politico.

Para Bruselas, el proyecto de Ley de Integridad Pública y el Plan Estatal contra la Corrupción no han tenido una aplicación eficaz y se le pide al Ejecutivo que haga un esfuerzo por la implementación de medidas para reducir los casos de corrupción. En este sentido se recuerda que es necesario la creación de un organismo supervisor independiente con competencias efectivas de investigación y sanción.

Hace un mes, El Tribunal Supremo condenó a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama.

El informe sobre el Estado de Derecho hace una llamada especial para el endurecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y de los requisitos de declaración de bienes de los altos cargos públicos.

El análisis de la Comisión Europea llega la misma semana en la que un tribunal ha condenado al hermano del presidente Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses o cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado avalar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, siga por el procedimiento de jurado popular para determinar si es culpable de tráfico de influencias y malversación.

Tanto el presidente del Gobierno como varios ministros han comentado que los procedimientos judiciales en torno a los familiares de Pedro Sánchez tienen más que ver con motivaciones políticas y actuaciones de lawfare (utilización de la justicia con fines políticos) por parte de los jueces.

Además, Bruselas respalda, como ha hecho la Comisión de Venecia (órgano consultivo independiente del Consejo de Europa), que la elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sea por parte de los jueces, sin pasar por el Parlamento.

Respecto a la independencia judicial, el informe destaca como positivo el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al fiscal la instrucción de los delitos tal y como ocurre en la mayoría de países europeos, y la limitación de la acción popular, restringiendo los delitos que pueda ejercer esta acusación, aunque esta norma sigue en la Cámara Baja sin posibilidad de aprobarse.

En el informe también señala que el proyecto de ley destinado a aumentar la transparencia de las actividades de lobby sigue sin ser aprobado por el Congreso y que, consecuentemente, no hay avances en en la reforma de la regulación de los grupos de presión en España. La Comisión Europea ya había pedido a España que era urgente la creación de un registro público de carácter obligatorio para los lobistas.

Bruselas rompe los ecosistemas de las grandes tecnológicas estadounidenses que impiden la libre competencia. La Comisión Europea le ja impuesto a Google dos medidas vinculantes, según la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Por un lado, se pretende garantizar que los servicios de inteligencia artificial (IA) de la competencia puedan competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, como Gemini, al tener el mismo acceso a las funcionalidades de los dispositivos Android de Google. Por otro lado, se pretende “reequilibrar las condiciones de competencia otorgando a motores de búsqueda de terceros acceso a los datos de búsqueda que únicamente Google Search puede recopilar a gran escala”.

Google tiene que implementar ambas medidas en 2027. La Comisión ha señalado que los usuarios empezarán a beneficiarse de los cambios en Android a partir de julio del año que viene mientras que deberá compartir los datos de búsqueda con otros buscadores a partir de enero de 2027.

Este mes de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante del motor de búsqueda Google Search en el contexto del sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Es la multa más alta de la historia que impone la Comisión Europea a un gigante tecnológico.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de Competencia, ha señalado que “la sociedad está atravesando una profunda transformación digital. Debemos garantizar que ese proceso sea justo y que nuestros ciudadanos tengan capacidad de elección. Nuestra decisión ayudará a que competidores más pequeños, ya sean motores de búsqueda o asistentes de inteligencia artificial, puedan competir y ofrecer esa posibilidad de elección, al tiempo que se protege la privacidad de los usuarios”.

Bruselas explica que en la actualidad, los asistentes de IA de terceros en teléfonos Android solo tienen un acceso limitado a funciones clave de este sistema operativo. Sin ese acceso, los asistentes de IA alternativos “no pueden competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, que disfrutan de acceso completo”.

Como consecuencia de esta falta de competencia, “los asistentes de IA de terceros ven limitada su capacidad para ofrecer servicios innovadores, lo que los hace menos atractivos para el 60% de los usuarios de la Unión Europea que utilizan un dispositivo Android”, explican desde la Comisión.

Con la decisión adoptada por Bruselas, “los usuarios podran activar el asistente de IA de su elección mediante comandos de voz, de forma similar al comando 'Hey Google'. Los usuarios también podrán utilizar asistentes de IA de terceros para realizar acciones en aplicaciones en su nombre”.

La Comisión pone como ejemplo de tareas que se podrán hacer con asistentes de IA de terceros “reservar un taxi, recibir sugerencias de respuestas relevantes en aplicaciones de mensajería o preguntar al asistente de IA sobre un lugar que hayan visitado recientemente”.

Un portavoz de Google ha comentado que las decisiones de la Comisión “ponen en riesgo la seguridad y la privacidad de millones de europeos” ya que “amenaza la seguridad de los dispositivos al otorgar a aplicaciones externas permisos sensibles y potentes sin garantías. Esto ocurre mientras la propia agencia de ciberseguridad de la UE advierte que 'los fundamentos de la seguridad son más importantes que nunca en la era de la IA'”.

Datos de búsqueda de Google para terceros

La otra medida que debe implementar la tecnológica estadounidense es “compartir sus datos de búsqueda con otros buscadores”. La Comisión asegura que “el intercambio de datos es fundamental para el desarrollo y la optimización de motores de búsqueda de terceros. Contribuye a crear unas condiciones de competencia más equilibradas frente a Google Search y fomenta la aparición de servicios de búsqueda innovadores, incluidas alternativas centradas en la protección de la privacidad”.

Bruselas añade que la medida contiene orientaciones para Google sobre cómo compartir datos, ya que hasta ahora la propuesta planteada por la propia tecnológica ha sido “ineficaz”. Por ejemplo, aclara que los chatbots de inteligencia artificial que ofrecen funciones de búsqueda podrán acceder a los datos compartidos y que, siempre que los datos estén anonimizados, Google deberá compartir la misma información que utiliza para optimizar sus propios servicios de búsqueda.

La Comisión asegura que se garantiza la anonimización de los datos de búsqueda mediante un método de anonimización en varias capas, desarrollado en estrecha colaboración con expertos internos y externos en privacidad. La decisión permite que Google evalúe, antes de compartir cualquier dato, si hacerlo con un tercero concreto plantea riesgos graves para la ciberseguridad o la protección de datos. Compartir los datos también es lucrativo para Google, ya que la Comisión ha establecido “una fórmula equitativa para calcular el precio de los datos compartidos”.

En este sentido, el gigante estadounidense ha denunciado que resulta “preocupante que las búsquedas privadas de los europeos queden expuestas a empresas desconocidas, sin una anonimización adecuada de los datos y sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Esto debilitaría la privacidad de los ciudadanos, pondría en riesgo los secretos comerciales de las empresas y comprometería la seguridad nacional”.

Suma y sigue. El cambio en la composición del Parlamento Europeo ha significado un giro antiambiental en la Comisión Europea que supone el desmantelamiento de las políticas ambientales y el descarte de una aplicación más ambiciosa del Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Hay una creciente ofensiva desreguladora que amenaza algunas de las principales conquistas ambientales de la Unión Europea.

La revisión de la Directiva Aves, la Directiva Hábitats y la Directiva Marco del Agua, junto con los retrasos e incertidumbres en torno a la aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, forman parte de una tendencia que cuestiona el compromiso de las instituciones europeas con la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Detrás de la propaganda de la simplificación y competitividad, la Comisión Europea está impulsando una agenda de desregulación que amenaza con desmontar décadas de avances ambientales. Lo que se quiere difundir como una reducción de cargas administrativas se está convirtiendo en una auténtica trituradora ambiental.

Las evaluaciones realizadas por las propias instituciones europeas han concluido reiteradamente que la legislación ambiental vigente es adecuada para cumplir sus objetivos. Los problemas no se encuentran en las normas, sino en la insuficiente financiación, la falta de medios para su aplicación efectiva y su incumplimiento.

La Comisión Europea tiene que descartar cualquier debilitamiento de las Directivas de Naturaleza y de la Directiva Marco del Agua, garantizar la plena aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación y reforzar los mecanismos de participación pública, transparencia y rendición de cuentas en todos los procesos relacionados con el medio ambiente.

Es preocupante el creciente cuestionamiento de la financiación ambiental europea en un momento en que la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas exigen precisamente más inversión pública. Es necesario que el Marco Financiero Plurianual refuerce las políticas ambientales europeas y garantice la continuidad y fortalecimiento de instrumentos esenciales como el programa LIFE, elemento clave para la conservación de la biodiversidad, la restauración ecológica y la adaptación al cambio climático.

La elaboración del Plan Nacional de Restauración en España, impulsado hasta la fecha, no está garantizando niveles suficientes de participación pública, transparencia ni ambición para responder a la magnitud de la crisis ecológica. La generación que tendrá que convivir durante más tiempo con los impactos de la crisis climática y ecológica observa cómo se cuestionan leyes cuya necesidad es hoy más evidente que nunca. Mientras tanto, los ecosistemas se degradan, las sequías se intensifican y la biodiversidad continúa desapareciendo, No se necesita menos protección ambiental sino más protección, más financiación y más democracia. Desmantelar las herramientas que protegen la naturaleza no es simplificar, es renunciar a un futuro sostenible.

En nuestra región tenemos síntomas paradigmáticos de desregulación y anti ambientalismo. El Decreto-ley 1/2025, de Simplificación Administrativa ha acelerado, con el pretexto de la simplificación de los procedimientos, la aprobación de las autorizaciones ambientales de proyectos disminuyendo las garantías de protección ambiental.

La Asamblea Regional de Murcia ha impulsado una reforma de la protección del Mar Menor en el marco de los acuerdos presupuestarios del PP y Vox. Se pretende realizarla a través de un proyecto de Ley de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. Esta modificación busca flexibilizar algunas sanciones al sector agropecuario, disminuir la cuantía de las multas y permitir mayores subvenciones a empresas. Sin embargo, desde diversas instancias jurídicas, se denuncia que la iniciativa tramitada en la Asamblea Regional provocaría una regresión ambiental.

El PP defiende los cambios en los que se adaptará el régimen sancionador y se aclararán las restricciones agrícolas, asegurando que no se reducirá la protección del ecosistema. Vox va más allá, reclama una reforma más profunda de la normativa, para eliminar entidades de control (ECARM) y prohibir la instalación de macrofotovoltaicas en la cuenca. Ha reclamado la derogación de la ley, argumentando que criminaliza al sector agroexportador.

La respuesta social frente al antiambientalismo y desregulación del Mar Menor no ha tardado en producirse. Plataformas ecologistas y sociales, como Pacto por el Mar Menor, han manifestado su rechazo al proyecto, definiéndolo como una involución y denunciando que las modificaciones buscan relajar los controles medioambientales para beneficiar a la agroindustria. La sociedad civil murciana no debe permanecer pasiva ante este atentado ambiental y reclamar una mayor protección de nuestro patrimonio natural.

La Unión Europea vuelve a topar consigo misma cuando tiene que afrontar las sanciones a los productos de los asentamientos ilegales israelíes. Aunque hay un posicionamiento común en que “los 27 Estados miembros de la UE coinciden en que los asentamientos israelíes son ilegales conforme al derecho internacional” y van en contra de la solución de dos Estados, la burocracia y los intereses de las capitales enturbian la toma de decisiones sobre qué hacer con los productos provenientes de estos asentamientos que compra Europa.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha admitido este lunes, tras la reunión con los ministros de Exteriores de los 27 países, que “la opción que recibió el mayor apoyo entre los Estados miembros fue la de prohibir el comercio con los asentamientos israelíes ilegales”. Sin embargo, Kallas ha resaltado que “por desgracia, necesitamos tener una posición unificada y, hasta ahora, no hemos sido capaces de alcanzar esa posición común”.

Por un lado, está la posición de países como Bélgica, Países Bajos, España e Irlanda, que defienden que se prohíba la compra de productos israelíes provenientes de los asentamientos ilegales, mientras que otros Estados mantiene una postura contraria a castigar a Israel, como ocurre con Alemania, Italia, Austria y la República Checa.

Ante la falta de consenso entre las capitales europeas, la Comisión Europea propuso una lista de opciones que van desde la prohibición total o parcial de las importaciones procedentes de los asentamientos a la aprobación de aranceles punitivos sobre estos productos o un sistema de licencias de importación, que todas las partes asumen como complejo y difícil de aplicar. Kallas intentó vender como un paso adelante que la primera opción es la que tiene más respaldo.

Burocracia y falsos debates para retrasar la decisión

Aunque los 27 coinciden en que los asentamientos israelíes son ilegales, se ha creado una serie de debates falsos que solo provocan el retraso en la toma de decisiones. Por un lado, hay embajadores que han puesto en duda si la decisión la tienen que tomar los ministros de Exteriores o sus homólogos de Comercio, tras meses de negociaciones de los titulares de las carteras que gestionan las relaciones diplomáticas, posteriormente se lanzó el debate sobre si la decisión debería ser aprobada por unanimidad o por mayoría simple, cuando Kallas ya había señalado que “el Consejo Europeo dispone de un dictamen legal según el cual las cuestiones comerciales se deciden por mayoría cualificada”.

También hay una divergencia de posiciones entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la jefa de la diplomacia europea sobre cómo afrontar las sanciones. Siguiendo la postura de Alemania, Von der Leyen es más reacia a adoptar medidas contra los asentamientos israelíes.

Ahora, otro factor ha entrado en juego para retrasar una decisión al respecto. Varios capitales han pedido esperar a que pasen las elecciones israelíes del 27 de octubre para tomar medidas contra los asentamientos, por su posible impacto en los comicios.

Kallas ha comentado que “se ha encargado a los embajadores permanentes que continúen trabajando en esta cuestión y los ministros también acordaron que, si fuera necesario, podríamos convocar una reunión extraordinaria para abordándola”.

A su llegada a Bruselas, El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, puntualizó que “hay que tomar una decisión con respecto a los productos que provienen de los asentamientos ilegales. España, hace ya mucho tiempo que ha prohibido su importación de manera bilateral a nivel nacional. La Unión Europea tiene que hacerlo. Hay un papel de opciones, pero yo creo que no ha lugar para opciones. Hay una una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de 2024, que dice muy claramente que es ilegal el comercio con productos que provengan de esos asentamientos”.

Además de España, países como Irlanda, Países Bajos o Noruega, han presentado proyectos de ley nacionales para prohibir el comercio con los asentamientos israelíes.

En una carta firmada por la exministra española de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, los excomisarios europeos de Comercio Pascal Lamy y Cecilia Malmström, el ex primer ministro italiano Enrico Letta o el exvicecanciller alemán Sigmar Gabriel, entre otros, se apunta que “la Comisión Europea debería presentar sin más demora una propuesta para una prohibición de la UE, cuidadosamente calibrada, sobre el comercio con los asentamientos. Ya es hora de que la UE aplique sus propias normas comerciales en lo que respecta al comercio con los asentamientos israelíes”.

Bushra Khalidi, portavoz humanitaria de Oxfam, ha señalado que “la obligación jurídica está clara, y los países de la UE lo saben. Ahora su apoyo debe traducirse en una prohibición efectiva del comercio, incluidos los bienes y servicios, con los asentamientos israelíes ilegales. Cualquier retraso no solo tiene un coste humano, sino que además supone una violación flagrante y continuada del derecho internacional”.

“No podemos permitirnos otro año de debates y aplazamientos mientras continúa el comercio con los asentamientos ilegales y la anexión acelerada de territorios. El alto el fuego en Gaza existe solo de nombre. Mientras tanto, el proyecto ilegal de asentamientos de Israel sigue expandiéndose y las organizaciones humanitarias siguen teniendo impedimentos para poder operar”, ha resaltado la portavoz de Oxfam.

A la vez, la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Mustafa, se han reunido este lunes en Bruselas para poner en marcha una nueva iniciativa de recuperación de Gaza y debatir el programa de reformas de la Autoridad Palestina.

La comisaria Suica ha puesto en marcha oficialmente la iniciativa del Equipo Gaza, que reúne una contribución financiera de 883,6 millones de euros en proyectos para reconstruir las infraestructuras de agua y saneamiento, la gestión y retirada de escombros y residuos sólidos, y el resto de los sistemas sanitarios, energéticos, agrícolas y alimentarios.

Las acusaciones por incumplir las leyes europeas siguen ahogando a Facebook e Instagram. La Comisión Europea ha anunciado este viernes que ambas redes sociales de Meta tienen “un diseño adictivo” con lo que incumplirían la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Bruselas señala a la compañía de Mark Zuckerberg porque “no ha evaluado adecuadamente los riesgos que plantea el diseño adictivo de sus plataformas para el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos los menores de edad y los adultos vulnerables”.

Según la Comisión, características de diseño como “las recomendaciones altamente personalizadas, la reproducción automática y el desplazamiento infinito, que muestran constantemente nuevos contenidos a los usuarios alimentan el impulso de seguir desplazándose por la pantalla y hacen que el cerebro entre en un 'modo piloto automático', contribuyendo a desarrollar hábitos poco saludables y un uso compulsivo de las plataformas”.

Por otro lado, también se acusa a Facebook e Instagram de “ignorar la información disponible sobre el tiempo que los menores pasan en Instagram o Facebook durante la noche y sobre cómo la optimización de formatos como los reels y las stories puede favorecer un uso excesivo o compulsivo de estos servicios”.

Medidas “claramente insuficientes” de las redes sociales

Tanto Facebook como Instagram han puesto en marcha algunas medidas para mitigar los riesgos, que la Comisión advierte que son “claramente insuficientes”. Por ejemplo, explican los técnicos de la institución europea, las herramientas de gestión del tiempo de uso de Instagram y Facebook, incluidas las que están activadas por defecto para los adolescentes, “pueden desactivarse fácilmente y no consiguen reducir ni controlar de manera significativa el tiempo que los usuarios pasan en estas plataformas”.

Por otro lado, los controles parentales de Meta “solo son realmente eficaces si los padres o tutores poseen conocimientos técnicos suficientes y dedican tiempo y esfuerzo a comprender su funcionamiento”, lo que reduce su eficacia. Además, iniciativas de sensibilización de Meta, como los consejos sobre salud mental disponibles en la página independiente 'Centro de Seguridad' “no rebaja el riesgo asociado al diseño adictivo de Facebook e Instagram”.

Facebook e Instagram están bajo varias investigaciones

Esta acusación es la segunda en pocos meses a la que se tiene que enfrentar el gigante tecnológico estadounidense, ya que Bruselas también imputó a ambas redes sociales por infringir la DSA al “no identificar, evaluar y mitigar el acceso a sus servicios por parte de menores de 13 años”.

Ambas acusaciones son graves y pueden acabar con una multa de hasta el 6% del volumen mundial de negocio de las redes sociales. Meta facturó 168.016 millones de euros en 2025, de los que el grueso, 164.010 millones de euros, fueron gracias a la publicidad que gestionan sus redes sociales.

En caso de que la tecnológica estadounidense no quiera que el proceso siga adelante y acabar con una multa multimillonaria, la Comisión le indica que debe introducir cambios en el diseño tanto de Instagram como de Facebook: “Desactivar por defecto funciones especialmente adictivas como la reproducción automática (autoplay) y el desplazamiento infinito (infinite scroll), implantar pausas efectivas para limitar el tiempo de pantalla (screen time breaks) y modificar el sistema de recomendaciones para que esté menos orientado a maximizar la interacción de los usuarios”.

Las acusaciones que ha anunciado la Comisión este viernes forman parte de una investigación que se inició en mayo de 2024. Además de la causa por permitir el acceso a los menores de 13 años, Bruselas también investiga a Facebook e Instagram por los denominados efectos de «agujero de conejo» (rabbit hole effects), generados por el diseño de los sistemas de recomendación de Facebook e Instagram, que podrían explotar la vulnerabilidad y la falta de experiencia de los menores.

La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado al Gobierno para instarle a completar la transposición a la legislación nacional de las reglas comunitarias para la protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición al amianto; un ajuste que si no cumple llevará a Bruselas a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y solicitar una multa contra España.

Se trata de la segunda fase de un expediente de infracción que el Ejecutivo comunitario mantiene también abierto contra Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia por no haber notificado las medidas que transponen plenamente la normativa comunitaria en el plazo establecido, que expiró en diciembre de 2021 -aunque para algunas disposiciones tienen hasta 2029-.

Según recuerdan los servicios comunitarios en un comunicado, el amianto es una sustancia cancerígena peligrosa, a la que se atribuye alrededor del 75% de los cánceres laborales en la UE.

En este contexto, la directiva para la protección de los trabajadores establece normas para mejorar la protección de los trabajadores contra esta sustancia peligrosa. Entre las disposiciones que deberían estar ya integradas en las leyes nacionales figura una reducción del límite de exposición al amianto durante el trabajo a una décima parte del valor anterior (de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico), en base a los últimos avances científicos y tecnológicos.

El expediente se remonta a enero de 2026, cuando Bruselas envió cartas de emplazamiento a una decena de países. Desde entonces, cuatro países actuaron para resolver el incumplimiento, pero otros seis, entre ellos España, siguen sin dar respuesta a los cambios reclamados por los servicios comunitarios.

Con este paso, se abre ahora un periodo de dos meses para que las autoridades tomen las “medidas necesarias” y, “de no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar que se les impongan sanciones financieras”.

El comisario de Justicia y Estado de derecho, Michael McGrath, ha respondido a una pregunta presentada por los eurodiputados socialistas españoles que la Comisión Europea velará por se respete “el principio de no discriminación por razón de nacionalidad” ante los pactos de Gobierno entre el Partido Popular y Vox que pretendan poner en marcha la 'prioridad nacional'.

“La Comisión está atenta a cualquier novedad en todos los Estados miembros a fin de velar por la observancia del Derecho de la Unión, incluido el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, las disposiciones pertinentes sobre la ciudadanía de la Unión y la libre circulación de personas, y la Carta de los Derechos Fundamentales”, se puede leer en la respuesta del comisario europeo.

La “prioridad nacional” es una propuesta política del partido Vox que busca garantizar que los ciudadanos españoles tengan preferencia frente a los extranjeros en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos, vivienda y empleo. La formación de extremaderecha puso como condición esta propuesta para pactar con el el PP en la consecución de gobiernos autonómicos como Extremadura, Castilla y León o Aragón.

Los socialistas españoles enviaron el pasado 28 de abril una pregunta escrita al ejecutivo comunitario sobre “la compatibilidad del principio de 'prioridad nacional' con el Derecho de la Unión Europea”. Los eurodiputados cuestionaron que dicha propuesta cumpla con “el principio de no discriminación por razón de nacionalidad (artículo 18 del TFUE), las disposiciones sobre ciudadanía de la Unión (artículos 20 y 21 del TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 20 (igualdad ante la ley), 21 (no discriminación) y 34 (seguridad social y ayuda social)”.

Aunque ya es una realidad en varias comunidades autónomas, la Comisión Europea asegura que “no se pronuncia sobre tal clase de acuerdos políticos” y subraya que “no tiene conocimiento de que hasta la fecha se haya adoptado o propuesto legislación para aplicar las partes pertinentes” de los acuerdos políticos “alcanzados entre dos partidos nacionales en el contexto de la formación de gobiernos regionales”.

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, ha señalado que “la llamada prioridad nacional es un principio flagrantemente discriminatorio y contrario a los principios y valores de la Unión. No nos sorprende que la Comisión Europea anuncie que velará por el respeto al Derecho de la UE y el principio de no discriminación por nacionalidad”.

“El Partido Popular tendrá que responder por abrir la puerta a la xenofobia para complacer a la extrema derecha. Lo que es seguro es que los socialistas sí estaremos vigilantes para que la Comisión haga su trabajo y cumpla su función como guardiana del Derecho de la Unión Europea”, ha insistido López Aguilar.

En las negociaciones para el Gobierno de la Junta de Andalucía, el líder andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira, ha impuesto en la negociación con el PP que se debe seguir la norma de “sí a la prioridad nacional, no al fanatismo climático”. El Parlamento andaluz rechazó la reelección del presidente popular con los votos de PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía, pero la ultraderecha y el PP finalmente han negociando para desbloquear la legislatura en la votación con la inclusión de la 'prioridad nacional'.

El Gobierno ha acordado con Bruselas flexibilizar algunas de las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, de tal manera que se puedan utilizar los remanentes de hitos y objetivos ya cumplidos para seguir financiando gastos afines más allá del 31 de agosto. Esta es la fecha en la que tienen que estar ejecutadas todas las reformas y acciones financiadas con el ‘maná europeo’.

El Ejecutivo ha incluido en el Real Decreto-Ley de respuesta a la crisis en Oriente Medio una disposición adicional pactada con la Comisión Europea que permitirá que, en el caso de que se hayan cumplimentado los programas del Plan de Recuperación con un menor gasto del previsto inicialmente, se puedan usar esos ahorros para “la financiación de actuaciones en las mismas áreas políticas”. Es decir, fundamentalmente, las transiciones digital y energética.

El articulado especifica que se aplicará para los hitos y objetivos incluidos en la última solicitud de desembolso, el séptimo pago, que el Ejecutivo debería pedir antes del 31 de agosto. Y siempre que se compruebe “que el importe finalmente justificado y verificado es inferior al que se consideró para evaluar los proyectos presentados del hito u objetivo y determinar su cumplimiento”.

Según detalla la disposición, serán las “entidades decisoras” del Plan de Recuperación —es decir, los ministerios— quienes determinen los hitos y objetivos que se acojan a este nuevo régimen así como la cuantía afectada, en base a la información que proporcionen las “entidades ejecutoras” —los propios ministerios, empresas públicas, comunidades autónomas o ayuntamientos—.

La disposición, dice el texto, será de aplicación inmediata desde su entrada en vigor, este miércoles. Y el Gobierno se reserva, mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, el dictar instrucciones “para la aplicación de los apartados anteriores y para garantizar la correcta ejecución final de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Una medida para evitar el “efecto escalón”

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que no hay una cifra cerrada de fondos que potencialmente se puedan desatascar con esta medida, ya que no se conocerán hasta el final del programa, cuando se evalúen los hitos y las cuantías. En este sentido, desde el Ejecutivo señalan que llevan meses en conversaciones con la Comisión Europea para conseguir esta flexibilización. El objetivo último, detallan, es evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez finalice el programa europeo.

Hace cinco años, el presidente Pedro Sánchez consiguió una gran victoria política en Bruselas al amarrar un ‘Plan Marshall’ europeo con emisión conjunta de deuda para reconstruir la economía tras el golpe de la pandemia. Inicialmente a España se asignaron 160.000 millones de euros, entre transferencias y créditos. Al final serán 102.000 millones, ya que el Gobierno renunció a 60.000 millones en préstamos, y solo si el Ejecutivo saca adelante todos sus compromisos.

Que desaparezca de golpe esa inyección millonaria podría ralentizar un crecimiento que, hasta ahora, no deja de batir las expectativas. Para evitarlo, además de esta iniciativa, el Gobierno ha impulsado el fondo España Crece, anunciado a principios de año, dotado con 13.500 millones procedentes del Plan de Recuperación y con el objetivo de que el Instituto de Crédito Oficial —que va a gestionar este vehículo— movilice 120.000 millones de euros de inversión, entre pública y privada. Sus objetivos serán similares a los del plan original: las transiciones verde y digital, así como el desarrollo de vivienda pública asequible.

La inyección de los fondos europeos ha servido al Gobierno para capear la falta de unas cuentas públicas, dado que las que están en vigor son las prorrogadas desde 2023. De hecho, en La Moncloa se ha considerado que el Plan de Recuperación eran los ‘verdaderos’ Presupuestos de esta legislatura. El presidente ha llegado a rechazar un adelanto electoral por la necesidad de ejecutar al completo los 102.000 millones de euros procedentes de Bruselas.

El Gobierno está aún a la espera de que la Comisión Europea dé luz verde a la solicitud del sexto desembolso, por valor de 7.256 millones de euros, que remitió en marzo de este año. Entre otros, está pendiente de que el Ejecutivo comunitario autorice al Ejecutivo ‘saltarse’ la subida de los impuestos al diésel. Precisamente, y como parte del nuevo paquete de medidas por la guerra en Oriente Medio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva rebaja temporal en el impuesto de hidrocarburos, hasta octubre.

En La Moncloa está previsto solicitar el séptimo y último pago antes de que termine el verano, donde se incluirán unos 140 hitos y objetivos por valor de 27.000 millones de euros. A partir de ahí, la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para autorizar el desembolso.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

La Comisión Europea no ha querido este martes hacer comentarios sobre la decisión del Tribunal Supremo de preguntar al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas. La Comisión ya contestó en enero que la medida migratoria era competencia del Estado español y no había ilegalidades, aunque varios países han recriminado a España la regularización por las posibles consecuencias que puede tener para sus países en caso de movimientos dentro de la UE.

Esta recriminación se hizo evidente en el pasado Consejo Europeo, cuando varios líderes europeos reprocharon al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la regularización extraordinaria de migrantes en España podría tener un posible impacto en el resto de socios. Los reproches habrían venido por parte del primer ministro belga, Bart de Wever, la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen además de Hungría y Alemania. En un primer momento se señaló también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pero tanto la delegación española como la italiana desmintieron que hubiera ninguna discusión entre ambos líderes y solo un intercambio de diferentes posiciones.

Este martes, un portavoz de la Comisión Europea se ha limitado a decir ante las preguntas de los periodistas sobre las providencias del Supremo que “está todavía en los tribunales españoles. No hay más comentarios al respecto”. Sin embargo, el pasado enero, el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, al ser preguntado por la iniciativa del Ejecutivo español explicó que “es una competencia de los Estados miembros hacer lo posible en la lucha contra inmigración ilegal. Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”.

Entonces tanto el PP como la formación ultraderechista Vox anunciaron que llevarían ante las instituciones europeas la medida para intentar frenarla. Entonces el comisario europeo competente en Inmigración dejó claro que el Gobierno español estaba haciendo política según las competencias que tiene atribuidas y la Comisión Europea no se puede meter en ese ámbito. “Estamos al tanto de la nueva ley y lo que se ha decidido en España. Está claro que es responsabilidad de cada Estado miembro. Hay que hacer distinción entre inmigración legal e ilegal y hay que encontrar soluciones y vías legales para soluciones este tema. Tenemos que trabajar conjuntamente, pero la Comisión Europea no tiene competencia en estas cuestiones, solo podemos recomendar itinerarios legales y llegar a acuerdos con los países miembros para que los asuman”, argumentó Brunner.

Posteriormente, ante la presión de varios países y de las formaciones de derechas y ultraderecha en el Parlamento Europeo, el comisario europeo respondió a una pregunta del PP europeo en la que insistía en que “sin perjuicio del reparto de competencias definido por el ordenamiento jurídico de la Unión en relación con las políticas y las decisiones individuales de regularización del estatuto de los ciudadanos de terceros países en situación irregular”, es decir, que el proceso de regularización es competencia del Estado español, Brunner añadía que “las decisiones de los Estados miembro, en un espacio sin fronteras interiores, pueden tener consecuencias para otros Estados miembro y para la Unión en su conjunto”.

En este sentido, Brunner hizo una interpretación propia de la normativa europea al señalar que “un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. La UE cuenta con normas claras que deben respetarse. Por ejemplo, si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia”. Lo cual no significa que la medida española sea ilegal, sino que el comisario europeo está solicitando que un permiso de residencia en un país no permita moverse por el espacio Schengen.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó el planteamiento del comisario europeo. El TJUE sentenció a principio de junio que tener un permiso de residencia en un país de la UE no excluye que se le pueda conceder en otro país de la UE, pero además dictamina que hay que tener en cuenta aspectos como la unidad familiar a la hora de la concesión de estos permisos y que no se debería expulsar a una persona de un país sin tener en cuenta estos condicionantes.

Finalizado el plazo de dos meses que la Comisión Europea le dio a España para responder sobre cómo está atajando el actual abuso del empleo temporal en el sector público, este 29 de junio, el Gobierno no ha llegado a responder con las medidas a Bruselas y le ha pedido más tiempo para ello. En concreto, hasta el 27 de marzo de 2027. La Comisión dio este margen a España dentro de los expedientes de infracción iniciados hace años contra España y previo paso a una demanda contra el país frente al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

El Ministerio de Función Pública confirma que ha pedido nueve meses más de plazo a la Comisión Europea, como ha adelantado El País, para poder impulsar “las reformas necesarias para eliminar el abuso en la contratación de temporales”.

La Comisión lleva años urgiendo a España a que solucione este problema laboral, que ha derivado en una gran cantidad de demandas de interinos en los tribunales, tanto en España como en Europa. Además, Bruselas retiene el desembolso de 626 millones de euros de los Fondos de Recuperación por incumplir con una correcta sanción del abuso de la temporalidad.

El pasado 29 de abril, Bruselas emitió dos dictámenes motivados –segunda fase del procedimiento de infracción comunitario– contra España, con el mencionado plazo de de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión advertía de que podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, tercer y último paso del procedimiento de infracción.

Reunión con las CCAA para debatir una nueva reforma

El departamento de Óscar López citará a las Comunidades Autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) el próximo 8 de julio a una reunión en Santander con el objetivo de “debatir posibles medidas y propuestas para reducir la temporalidad en el sector público”. El Gobierno de coalición ya aprobó una reforma para reducir la temporalidad en el empleo público, gracias a masivos procesos de estabilización, pero se han considerado insuficiente por parte de la justicia europea.

Esta reunión con las comunidades y ayuntamientos dará “los primeros pasos” del grupo de trabajo que creó el Ministerio el pasado mayo, precisamente para abordar estas medidas contra la temporalidad para dar respuesta al plazo de dos meses lanzado por la Comisión Europea.

El Ministerio de Función Pública ha argumentado a Bruselas que la última sentencia del Tribunal Supremo en esta materia, del 12 de mayo, que declaró fija a una interina que había pasado un proceso de oposición sin conseguir plaza (y que luego estuvo años como temporal en una vacante) y que abrió nuevas vías de sanción a la Administración Pública, “ha introducido elementos nuevos” que hay que analizar.

“Además de conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas”, añade el departamento de Óscar López, que también se ha puesto en contacto con las organizaciones sindicales para “consensuar entre todos los agentes implicados nuevas medidas para recortar las tasas de temporalidad”.

“El encuentro de Santander aspira a avanzar en la tarea conjunta de analizar esos posibles cambios normativos y conocer qué medidas han implantado las Comunidades Autónomas para frenar la temporalidad”, indica el Ministerio de Función Pública en una nota. El Gobierno subraya que “son precisamente estas administraciones las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado”.

Más protección para el acero europeo. La Comisión Europea pondrá en marcha desde este 1 de julio un incremento de aranceles del 50% al acero importado y se reduce en un 47% de media las compras exentas de derechos arancelarios correspondientes a 26 categorías de productos siderúrgicos. A partir de esta fecha se rebaja la cantidad que puede entrar en la UE libre de tasas fronterizas a 18,3 millones de toneladas de acero anuales.

A pesar de que desde la UE se quiere vender la medida como “equilibrada” por parte del comisario de Comercio, Maros Sefcovic, no deja de ser una respuesta proteccionista ante el nuevo contexto geopolítico que han provocado la política de aranceles de Donald Trump y la sobrecapacidad productiva de China. Sefcovic asegura que con esta medida “se proporciona previsibilidad a los operadores del mercado mediante normas claras y transparentes para la distribución de los contingentes, aplicando al mismo tiempo una metodología justa y objetiva”.

La industria europea acerera se quejaba de que los aranceles aplicados por Estados Unidos desde 2025 han redirigido hacia Europa más acero extracomunitario en busca de una salida comercial cuando hay una sobrecapacidad de producción que estaba produciendo una presión añadida: se prevé que la sobrecapacidad exceda en 721 millones de toneladas en 2027, según datos de la OCDE, lo que supone más de cinco veces el consumo anual de acero de la UE.

La medida va especialmente dirigida al acero que proviene de China, India y Estados Unidos, los dos mayores productores, que copan más de la mitad de la producción mundial. La Asociación Mundial del Acero (worldsteel) publicó la clasificación anual de 2025 donde China siguió siendo el mayor productor de acero del mundo, a pesar de un descenso interanual del 4,4%, con 960,8 millones de toneladas. India se colocó segunda con un aumento del 10,4 % interanual y 164,9 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos registró un crecimiento moderado, con una producción de 82 millones de toneladas. Solo Alemania se encuentra entre los diez primeros países productores con 34,1 millones de toneladas, a pesar de que registró el mayor descenso anual de producción, con una caída del 8,6%.

Este lunes Sefcovic se reunió en Bruselas con su homólogo en China, Wang Wentao, con el objetivo de rebajar la tensión en las relaciones económicas entre ambos bloques y trazar una hoja de ruta en las negociaciones para encontrar una solución antes de octubre de este año que evite una guerra comercial. 

Además del incremento de aranceles y la reducción de cuotas de importación libres de tasas se añade un requisito de trazabilidad destinado por el que las empresas deberán facilitar información sobre el lugar donde se lleva a cabo la fase de “melt & pour” (fundir y verter) durante la producción del acero importado.

La Comisión Europea asegura que con la medida “se protege el empleo en la producción siderúrgica europea y proporciona a los fabricantes europeos el margen económico necesario para invertir en una producción de acero más limpia e innovadora dentro de la Unión Europea”. Según las patronales europeas del acero este sector emplea a 300.000 personas en la UE.

La Unión Europea abandona la multilateralidad en favor del mundo que quiere construir Donald Trump con sus propias normas. Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, llena sus discursos de alegatos en favor de la soberanía digital de Europa, la UE acaba de firmar esta semana la Pax Silica, un tratado diseñado y construido por la Administración de Trump contra la “trampa de la soberanía digital” con la justificación de crear cadenas de suministro sólidas relacionadas con la tecnología de inteligencia artificial (IA) frente al control de China de minerales críticos y tierras raras, que son esenciales para esta tecnología.

La Comisión Europea ya argumentó para su adhesión que Pax Silica no es jurídicamente vinculante porque se trata de una declaración política más que de un acuerdo comercial, aunque en su redacción se recogen frases como “apoyamos la promoción de un ecosistema compartido y de confianza de desarrolladores y proveedores de inteligencia artificial para modernizar las industrias tradicionales y abrir nuevos mercados y servicios que garanticen una prosperidad duradera para nuestros pueblos”.

Tampoco se entiende la rúbrica de la Pax Silica por parte de Europa cuando EEUU y la UE ya habían acordado un plan de acción sobre minerales críticos. Ambos bloques firmaron un memorando de entendimiento sobre una asociación estratégica para profundizar en la cooperación en este tipo de materias primas. Los minerales críticos y las tierras raras se han convertido en fundamentales en el nuevo contexto geopolítico ya que son fundamentales para la industria tecnológica y de defensa. China controla el suministro mundial de metales críticos: representa el 70% de la minería global y el 90% de la capacidad de procesamiento de estos materiales en el mundo.

Pero además hay una clara contradicción en la firma de este acuerdo y las políticas que, en teoría, está desarrollando la UE. Solo unas semanas antes, la Comisión lanzaba el Paquete de Soberanía Tecnológica Europea, un conjunto de medidas para reforzar la capacidad de Europa en semiconductores, la IA, la nube y el código abierto frente a China, pero también ante Estados Unidos. La UE necesita reducir la dependencia de ambos países ya que solo representa el 9% del mercado mundial de semiconductores, la capacidad de computación sigue siendo insuficiente y sigue dependiendo estructuralmente en ciberseguridad de proveedores no europeos.

Aunque tampoco hay que olvidar que en el recientemente ratificado acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, que algunas capitales europeas señalaron como “humillante”, Europa se comprometió a adquirir “al menos 40.000 millones de dólares en semiconductores estadounidenses para inteligencia artificial”.

La soberanía digital es “retrógrada y contraproducente”

El artífice de la Pax Silica es Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos de EEUU, que abiertamente ha criticado la idea promovida por organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) con su Pacto Digital Mundial de que cada país debería desarrollar una infraestructura completa de inteligencia artificial propia (hardware, datos, modelos y capacidades nacionales) para alcanzar la “soberanía digital”.

Según Helberg, esta visión del mundo es “retrógrada y contraproducente”, ya que en su opinión la soberanía digital es “una especie de mediocridad sincronizada: un planeta de clones a pequeña escala, cada uno reconstruyendo heroicamente el avance del año pasado”. A final queda claro que con la Pax Silica lo que se pretende es que las grandes tecnológicas de EEUU sean las proveedoras de inteligencia artificial mientras el resto de países colaboran en consolidar “una cadena de suministro fiable e indispensable” de materias primas para una supuesta “seguridad económica mutua”.

El político estadounidense asegura que las grandes plataformas digitales estadounidenses “siempre han distribuido más valor del que han retenido; generan más riqueza por encima de ellas de la que capturan dentro de sí mismas” y que “competir en productos y métodos ya existentes, lejos de ser el motor de la prosperidad, suele ser más bien el cementerio del crecimiento y el camino hacia el estancamiento”.

En una entrevista en Financial Times, el subsecretario de Asuntos Económicos de EEUU reconocía que “prácticamente todo lo que hacemos implica trabajar en estrecha coordinación con nuestras empresas privadas” y apuntó cómo Israel, Singapur y Emiratos Árabes Unidos han utilizado con éxito tecnología estadounidense, lo que, según él, ha hecho que “rindan muy por encima de lo que cabría esperar por su tamaño, por lo que deberían ser un ejemplo muy sólido para quienes tienen dudas”.

Mar Hidalgo, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) dependiente del Ministerio de Defensa, puntualiza que la Pax Silica “pretende convertirse en la fórmula definitiva con la que Trump busca seguir siendo líder en tecnologías de IA” y demuestra “el creciente reconocimiento por parte de la Administración Trump del link directo que existe entre la superioridad tecnológica, la seguridad nacional y la soberanía económica”. 

La analista del IEEE resalta que “la falta de acceso a determinados minerales producidos y procesados por China se ha convertido en una grave preocupación para la industria tecnológica mundial, y en especial, para la de EEUU, que lo considera una cuestión de seguridad nacional”. Hay que recordar que China ya ha usado como herramienta de coerción su control de exportaciones de minerales críticos cuando Estados Unidos puso en marcha su caótica política comercial de aranceles o en sus cada vez más tensas relaciones con la UE.

“Uno de los objetivos perseguidos por Trump al formalizar esta alianza es contrarrestar la influencia de China en medio de una creciente competencia estratégica entre ambos países, lo que exige una lealtad política”, concluye Hidalgo.

EEUU: “Multiplicador del riesgo sistémico”

Y todo esto en un momento que como explica Sinan Ülgen, investigador del think tank Carnegie Europe, “Estados Unidos representa el socio más paradójico para la UE. El país es el principal pilar de las cadenas de suministro dentro del núcleo estratégico de los socios comerciales europeos, pero la convergencia política entre ambas orillas del Atlántico está disminuyendo. La creciente imprevisibilidad de la política comercial estadounidense, unida a una política exterior cada vez menos favorable a la relación transatlántica, está transformando al principal aliado de seguridad de la Unión Europea en uno de los mayores multiplicadores del riesgo sistémico para sus cadenas de suministro”.

A pesar de las relaciones caóticas con EEUU, la Comisión Europea instó a los Estados miembros de la UE a adherirse a la Pax Silica señalando que hará más fácil la coordinación en las cadenas de suministro tecnológicas y podría ser una vía de nuevas oportunidades para las empresas europeas. El mismo día que firmó la UE también lo hicieron Alemania y Grecia, mientras que Finlandia, Suecia o Países Bajos ya lo habían hecho.

“A través de Pax Silica damos la bienvenida a una Europa decidida a ser fuerte: a mantenerse firme y a unirse a nosotros para garantizar el acceso a las tecnologías que ayudarán a nuestras economías a construir un futuro mejor. Esa es la asociación que exige este siglo. Esa es la renovación que hemos elegido juntos”, declaró subsecretario de Asuntos Económicos de EEUU el día de la firma de la UE.

Sin embargo, países como Francia han señalado la iniciativa como una vía para “colonizar Europa” y elevaron las dudas de que esta firma pueda abrir la puerta que busca Estados Unidos para dejar sin autonomía regulatoria a la Unión Europea, una intención que persigue la Administración Trump en su defensa de las grandes compañías tecnológicas estadounidenses.

La Comisión Europea sigue la estela para simplificar las normas tributarias de la UE y reducir las cargas sobre las empresas. Este miércoles ha adoptado dos iniciativas para modernizar el marco europeo de imposición directa y reforzar la competitividad del Mercado Único que, según Bruselas, va a permitir a las compañías europeas ahorrar alrededor de 8.000 millones de euros al año, de los cuales 3.300 millones corresponderán a costes administrativos.

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha asegurado que “Europa necesita normas más simples para ofrecer mejores resultados. Nuestras propuestas de simplificación fiscal aportan soluciones que mejorarán radicalmente la claridad y la seguridad jurídica tanto para las empresas como para las administraciones tributarias. Reducirán los costes totales de cumplimiento para las empresas europeas en casi 8.000 millones de euros al año, incluidos 3.300 millones de euros anuales en costes administrativos. Con ello, el ahorro total derivado de nuestra agenda de simplificación supera ya los 18.000 millones de euros, lo que representa casi la mitad del objetivo fijado para este mandato”.

Sin embargo, varios expertos han lanzado dudas sobre el impacto que la relajación de controles puede provocar en los incrementos de elusión fiscal. Desde la Comisión se asegura que con la simplificación de las medidas se busca un equilibrio que no tiene se tiene que traducir en que las empresas adopten más estrategias para minimizar el pago de impuestos.

Julien Desiderio, experto en política fiscal de Oxfam, ha señalado que “la simplificación es el último eufemismo de la Comisión Europea para la desregulación. En un momento de beneficios empresariales récord y de aumento de la desigualdad, tras décadas de una carrera a la baja en los tipos efectivos del impuesto de sociedades, la respuesta lógica sería garantizar que quienes más han ganado contribuyan más. Sin embargo, esta propuesta supone una nueva ronda de beneficios fiscales para las grandes corporaciones, mientras los presupuestos públicos están al límite”.

El responsable de fiscalidad de la ONG ha subrayado que “en lugar de cerrar las lagunas legales que permiten a las grandes empresas y a los superricos eludir el pago de la parte que les corresponde, la propuesta de la Comisión debilita las salvaguardas fundamentales contra la elusión fiscal y abre la puerta a exenciones más amplias para los rendimientos del capital. Esto significa menos ingresos para hospitales, escuelas y la acción climática, y una factura más elevada para el resto de la ciudadanía”.

Exención de la retención en origen

Por un lado, el Ómnibus de Fiscalidad Directa simplifica las normas para mejorar el mercado interior mediante una exención de la retención en origen para todos los pagos transfronterizos de dividendos, intereses y cánones (royalties) entre empresas de la UE. Según la Comisión, al eliminar requisitos procedimentales previos y simplificar los procesos de devolución, esta medida facilitará la financiación, fomentará la inversión y reforzará la competitividad. Bruselas asegura que solo esta medida generará para los contribuyentes europeos ahorros y beneficios de 5.340 millones de euros anuales: la exención total de retenciones hará que el PIB de la UE aumente en un 0,04% a largo plazo.

En relación con los dividendos, los Estados podrán denegar la deducción de gastos de gestión ligados a una participación solo si esta es de al menos el 10%. Si esos costes se fijan a tanto alzado, no podrán superar el 5% de los beneficios distribuidos. Si se retiene el impuesto en exceso, se establece un plazo de solicitud de al menos dos años desde la distribución de beneficios y el Estado deberá reembolsarlo en un plazo máximo de un año.

Este Ómnibus también elimina restricciones a la financiación de terceros y de mercado, facilitando que las empresas inviertan en el mercado interior y simplifica la norma de limitación de intereses de la Directiva contra la Elusión Fiscal (ATAD), eliminando determinadas opciones de aplicación y convirtiendo en obligatorio el umbral mínimo (de minimis). Estos cambios supondrán reducciones de costes administrativos y de cumplimiento superiores a 500 millones de euros al año.

Respecto a la reducción de la directiva de elusión fiscal, la deducción inmediata de gastos de capital en activos de I+D podrá hacerse en el año en que se incurre o en cualquiera de los cuatro periodos impositivos siguientes. Los activos deberán destinarse exclusivamente a I+D por un mínimo de tres años. Esta medida ahorrará unos 265 millones de euros anuales y aumentará el PIB europeo un 0,2% a largo plazo, según la Comisión.

La medida acaba con las disposiciones que se repiten entre las normas sobre Sociedades Extranjeras Controladas (CFC) y el impuesto mínimo global (Pilar Dos). Se calcula que la medida permitirá a las empresas ahorrar aproximadamente 160 millones de euros anuales en costes de cumplimiento. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) quedarán exentas de esta norma, generando un ahorro de 90 millones de euros anuales.

La Comisión recuerda que el 99,8% de las empresas de la UE son pymes y solo el 10% de estas pequeñas compañías tiene actividades transfronterizas, solo un 2% tiene filiales fuera de la UE y un 42% son entidades independientes sin empresas asociadas.

En cuanto a la limitación de intereses, se fija un límite estricto de deducción del 30% del Ebitda (beneficio bruto de explotación de una empresa, sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos ni el desgaste de los activos) para toda la UE. Se establece un derecho obligatorio de deducción de tres millones de euros, que será de obligado cumplimiento en los primeros tres años desde la entrada en vigor de la norma. Esto excluirá de facto a las Pymes, ahorrándoles 69 millones de euros anuales, mientras que los préstamos para productos de defensa quedarán excluidos si se formalizan en los primeros cinco periodos impositivos (años) tras la fecha de aplicación. La Comisión añade que la limitación no se aplicará si el Ebitda de la empresa experimenta una caída de al menos un 50% en un año fiscal respecto al anterior.

Menos obligaciones de información para las empresas

Por otro lado, se ha aprobado la refundición de la Directiva sobre Cooperación Administrativa (DAC) para simplificar las obligaciones de información en materia de cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad directa. Al integrar la DAC y sus ocho modificaciones en un único texto legal, la normativa será más fácil de utilizar, según la Comisión.

Las medidas clave son la eliminación de las obligaciones de información para los grupos multinacionales sujetos al tipo mínimo del 15% establecido por las normas del Pilar Dos, lo que generará ahorros en costes de cumplimiento de aproximadamente 300 millones de euros.

También se elimina los requisitos de información para otras empresas de la UE respecto de determinados mecanismos fiscales transfronterizos que aportan un valor limitado a las administraciones tributarias, reduciendo en un 35% el volumen de declaraciones y permitiendo un ahorro anual de 40 millones de euros.

Además se eleva el umbral de declaración para las ventas de bienes realizadas en internet, eliminando las obligaciones de información para más de 10 millones de vendedores particulares, especialmente aquellos que venden artículos de segunda mano. Esta medida supondrá un ahorro en costes de cumplimiento de 678 millones de euros para las plataformas digitales.

Resolución de conflictos por doble imposición

Se agilizan los plazos procesales para la resolución de conflictos por doble imposición. Se sustituye la ambigua exigencia de “presentación simultánea” por una ventana estandarizada de 30 días naturales para enviar las quejas.Los contribuyentes disponen de un plazo de tres años para emitir una queja. Si una queja es rechazada, se otorgará un plazo de 30 días a la empresa afectada para corregir deficiencias. Cuando un Estado miembro requiera más información, la empresa afectada tendrá 3 meses para responder.

Los Estados miembros deberán adoptar las normativas antes del 31 de diciembre de 2028, para que la aplicación general comience el 1 de enero de 2029

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el desembolso de 846 millones de euros en ayudas para la reconstrucción tras la dana que azotó la Comunitat Valenciana en octubre de 2024. Las ayudas proceden del Fondo de Solidaridad y suponen el segundo paquete aprobado, tras una primera partida de 100 millones de euros autorizados en marzo de 2025 para iniciar las reparaciones.

En total, según informa el organismo en un comunicado, se ha aprobado un montante de 946 millones de euros para la reconstrucción. El desembolso llegará “en los próximos días”, en un único pago, y podrá sufragar actuaciones con carácter retroactivo. Los municipios afectados llevan redactando y ejecutando proyectos desde hace ya año y medio, prácticamente de inmediato. Servirán para costear acciones desde el primer día de la dana, señala la institución, que aprobó la cuantía tras una “evaluación exhaustiva de los daños”.

Entre otras, se pueden financiar actuaciones de reparación de infraestructuras críticas, como carreteras, puentes o redes de electricidad y agua, el alojamiento temporal proporcionado a las personas evacuadas; y operaciones de limpieza como la retirada de deshechos o la descontaminación del medio ambiente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que visitó las zonas afectadas el pasado año, ha trasladado un mensaje de apoyo: “Cuando una catástrofe golpea una parte de Europa, toda nuestra Unión se moviliza al unísono. Acabamos de aprobar nuevos fondos para ayudar a reconstruir lo que destruyeron las terribles inundaciones de Valencia. Nuestra ayuda total se acerca a los 1 000 millones de euros. Y también es una muestra concreta de la solidaridad de la UE con nuestros amigos españoles, que aún soportan el peso de la pérdida y el dolor. A España, hoy y mañana: Europa está con vosotros”.