La Comisión Europea (CE) ha solicitado la inadmisión a trámite de la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular sus condenas a una decena de inculpados por el caso ERE, el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Bruselas considera que “el TJUE es manifiestamente incompetente” para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia hispalense, que intentaba recurrir entre otros las resoluciones del tribunal de garantías sobre los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El escrito de alegaciones elaborado por la CE, consultado por Europa Press y adelantado por Diario de Sevilla, considera que las cuestiones prejudiciales son “inadmisibles” y asevera que “se abstendrá de presentar observaciones sobre el fondo del asunto”.

Así, indica que el Tribunal de Justicia ha declarado que “no es competente para pronunciarse sobre un asunto en el que resulta evidente que la disposición del Derecho de la Unión sometida a la interpretación del Tribunal de Justicia no es aplicable al asunto principal o en el que una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión”.

“No entra en el ámbito de aplicación”

“Como la fuente de financiación parece ser el presupuesto de la comunidad autónoma y no existe financiación con cargo al presupuesto de la Unión, el asunto principal no entra en el ámbito de aplicación material del artículo 325 TFUE ni en el de las disposiciones de Derecho derivado a la protección de los intereses financieros de la Unión mencionadas en las cuestiones prejudiciales. Por ello, esas disposiciones son simplemente inaplicables”, ha expresado.

La Audiencia de Sevilla acordó el pasado mes de julio elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE con relación al mandato de dictar nuevas sentencias en línea con lo resuelto el año pasado por el TC anulando condenas contra ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, una iniciativa que desde la Audiencia justificaron para “evitar un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” y “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

“En las sentencias de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional no existe referencia a la financiación de la Unión en relación con el programa controvertido”, ha apostillado en relación con este caso de los ERE.

La CE expresa que la Audiencia hispalense habría presentado como argumento que “habida cuenta de la estrecha relación que existe entre el presupuesto de la Unión y los presupuestos de los Estados miembros, la apropiación indebida de fondos públicos de un Estado miembro puede afectar potencialmente o indirectamente a los intereses financieros de la Unión”, consideraciones que “no justifican la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial por lo que respecta a dichas disposiciones”.

Cuestiones “puramente hipotéticas”

“A falta de un vínculo suficientemente directo con el presupuesto de la Unión con el asunto principal, las cuestiones resultan puramente hipotéticas”, ha relatado, al tiempo que ha asegurado que si la jurisprudencia que se cuestiona “resultara problemática en otros asuntos relativos a los fondos de la Unión, una nueva petición prejudicial podría (o en su caso debería) plantearse”.

Previamente, la Audiencia había pedido a las partes del procedimiento judicial que informasen sobre si, en este caso, el Constitucional “se ha extralimitado” con una “interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación” en sus sentencias anulatorias de las condenas, si la doctrina introducida por tal tribunal para las nuevas sentencias “incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción”, y por la posibilidad de no aplicar tales sentencias anulatorias de las condenas.

El año pasado, el Tribunal Constitucional vino a declarar que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en su sentencia inicial condenatoria, y el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación de los citados acusados, habrían “incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española”.

Posteriormente, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla decidió suspender la tramitación de la emisión de las nuevas sentencias ordenadas por el TC, dadas “las dudas acerca de su adecuación al Derecho Europeo y la jurisprudencia del TJUE” y con el fin de “evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del TC, se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” y de “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

La Comisión Europea ha anunciado las exigencias que ha remitido a Google para cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA) de manera que debe permitir que motores de búsqueda de terceros accedan a datos de búsqueda (datos de clasificación, consultas, clics y visualizaciones) “en condiciones justas, razonables y no discriminatorias”.

Bruselas pretende con esta medida que motores de búsqueda en línea de terceros, o “beneficiarios de datos”, optimicen sus servicios y “puedan disputar la posición de Google Search”.

Google ha utilizado la protección de la privacidad de sus usuarios para negarse a ceder esos datos. Fuentes del gigante tecnológico estadounidense han respondido que “cientos de millones de europeos confían en Google para realizar sus búsquedas más delicadas —incluidas cuestiones privadas sobre su salud, su familia y sus finanzas— y la propuesta de la Comisión nos obligaría a ceder estos datos a terceros, con medidas de protección de privacidad peligrosamente ineficaces. Seguiremos defendiéndonos contra esta extralimitación, que supera con creces el mandato original de la DMA y pone en peligro la privacidad y la seguridad de las personas”.

Las medidas propuestas por la Comisión van desde la elegibilidad de los beneficiarios de datos para recibir datos de búsqueda, incluidos los chatbots de inteligencia artificial (IA) con funcionalidades de búsqueda; que Google comparta datos además de medidas para garantizar la anonimización de los datos personales y los parámetros para “fijar precios justos, razonables y no discriminatorios por el acceso a los datos de búsqueda”.

Ahora tanto Google como otros buscadores podrán formular observaciones en una consulta pública para que la Comisión ajuste las medidas que en la decisión final, que debe ser adoptada antes del 27 de julio de 2026, serán vinculantes para Google.

“La decisión adoptada este jueves establece las especificaciones que esperamos que Google siga para cumplir con sus obligaciones en virtud de la DMA. Los datos son un insumo esencial para la búsqueda en línea y para el desarrollo de nuevos servicios, incluida la inteligencia artificial. El acceso a estos datos no debe restringirse de forma que pueda perjudicar a la competencia. En mercados que evolucionan con rapidez, pequeños cambios pueden tener un gran impacto. No permitiremos prácticas que puedan cerrar mercados o limitar la capacidad de elección”, ha comentado Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.

Este caso empezó el 6 de septiembre de 2023, cuando la Comisión designó a Alphabet como servicio básico de plataforma, con lo que todos sus servicios —Google Search, Google Play, Google Maps, YouTube, el sistema operativo Android, Google Chrome, Google Shopping y sus servicios de publicidad en línea— deben cumplir con todas las obligaciones aplicables de la DMA desde el 7 de marzo de 2024.

La Comisión asegura que la DMA tiene como objetivo garantizar competencia en los mercados digitales para lo que regula a los “guardianes de acceso”, grandes plataformas digitales que constituyen una puerta de enlace esencial entre empresas y consumidores, cuya posición les “permite crear cuellos de botella en la economía digital”.

Cuando ya se ha superado más de un mes desde que comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y su respuesta expandiendo el conflicto sobre Oriente Medio, la Comisión Europea todavía no ha presentado las supuestas medidas energéticas que se estaban diseñando para rebajar el impacto de los precios sobre los ciudadanos y las empresas europeas.

De momento, no hay nada. Un portavoz de la Comisión Europea solo fue capaz de dar una respuesta críptica a las preguntas de los periodistas sobre las medias para solventar esta crisis de precios. “Es muy importante recordar cuál es la competencia de la Comisión Europea, así como en qué punto nos encontramos actualmente. Lo más importante en este momento es tener una visión completa de la situación de los Estados miembros. Antes de tomar cualquier medida lo más importante para la Comisión es que todas estas acciones se realicen de manera coordinada. Los primeros pasos son dialogar y escuchar a los Estados miembros sobre su situación”, han explicado desde la institución monetaria.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mandó una carta el pasado 16 de marzo a los líderes de los 27 países de la UE marcando las líneas por las que iban a discurrir las posibles medidas. Von der Leyen apuntaba que se “debía aprender de las lecciones del pasado”: “Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”.

En teoría, las medidas se iban a presentar en la cumbre europea que reunió a los mandatarios de los Estados miembros el pasado 19 de marzo en Bruselas. Pero, pese a que había muchas expectativas sobre el Consejo Europeo, tras 12 horas de reunión, solo se consiguió hacer otro bonito comunicado sin decir nada porque no había medidas que anunciar. Eso sí, los 27 instaban a la Comisión Europea “a presentar sin demora un conjunto de medidas temporales específicas para hacer frente a los recientes aumentos de los precios de los combustibles fósiles importados derivados de la crisis en Oriente Medio”.

Dos semanas después la Comisión sigue analizando la situación, pese a que hay voces entre sus miembros que ya han dado la alarma. El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, advirtió de una posible “interrupción prolongada” del suministro energético derivada de la guerra de Irán por lo que pidió a los países miembros de la UE que estudien medidas voluntarias para reducir el consumo de petróleo y gas, especialmente en el sector del transporte. La propuesta giraría en torno a solicitar a los ciudadanos que conduzcan o vuelen menos para ahorrar combustible destinado a usos esenciales.

A la vez, los países europeos empezaron a aprobar medidas propias ante la inactividad y parálisis de la Comisión Europea, incluidas las subvenciones a los combustibles fósiles. Pese a ello, Jørgensen solicitó a los países miembros que sean cuidadosos con las ayudas públicas para afrontar los altos precios de los combustibles y la energía ante la posibilidad de que se inicie una crisis fiscal. “Lo que ocurre en un sector de la economía puede extenderse al resto de la sociedad. Estamos dando asesoramiento técnico y ayuda a los países para diseñar estas herramientas e instrumentos de política que quieren utilizar dentro del margen fiscal del que disponen”, explicó el comisario europeo de Energía en una entrevista con Financial Times.

Aunque la Comisión no ha tenido tiempo para presentar sus medidas, sí que ha encontrado un hueco para llamar la atención a España por la rebaja el IVA de los combustibles del 21% al tipo reducido del 10 %. Esta es una de las medidas dentro del paquete que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para aliviar a los ciudadanos el encarecimiento de los carburantes por la guerra en Oriente Medio. Según Bruselas, este cambio al tipo reducido se desvía de la normativa europea sobre este impuesto, según adelantó El País.

Bruselas ha mandado una carta al Gobierno español, y al de Polonia por aprobar una medida similar, en la que recuerdan “a las autoridades nacionales que la directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible”. Fuentes del Ministerio de Hacienda han defendido que la rebaja del IVA sobre los carburantes es una medida temporal y no estructural y han destacado que el Ejecutivo mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea, según informa EFE.

Mientras, el precio del petróleo se eleva a 110 euros el barril brent, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del inicio de la guerra de Irán. Los analistas advierten de que lo que parecía un fantasma empieza a revelarse como una posibilidad cada vez más cercana y este conflicto puede arrastrar a Europa a la estanflación, una pesadilla económica caracterizada por bajo crecimiento con un fuerte incremento de la inflación.

“Esta crisis energética es peor que las de 1973, 1979 y 2022”

Este martes, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se ha mostrado “muy pesimista” respecto a la crisis energética actual. Birol ha avisado de que “esta crisis energética es peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”: “Nos enfrentamos a un gran choque energético que combina choque petrolero, choque gasístico y choque alimentario”. El directivo de la AIE teme un abril “negro” si no reabre durante este mes el estrecho de Ormuz.

La incertidumbre que provoca las continuas amenazas de Trump y sus constantes cambios de fechas de duración de la guerra hacen que la situación económica se tense aún más. “El ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán preocupa a los mercados, ya que una escalada causaría aún más daños a la infraestructura regional. Si Estados Unidos o Irán atacaran plantas de desalinización, se pondría en cuestión la capacidad de la población para permanecer en la región. La destrucción de infraestructuras energéticas retrasaría la normalización del mercado petrolero incluso después de que Irán decida reabrir el estrecho de Ormuz”, explica Paul Donovan, economista jefe de UBS.

Y para Europa, por su necesidad de combustibles fósiles, la amenaza es mayor. “La dependencia energética de Europa se ha convertido en una de las vulnerabilidades críticas de nuestra economía. Los recientes choques en los precios de la energía han transferido enormes recursos fuera de Europa, han obligado a intervenciones de emergencia y han tensionado las finanzas públicas. Estos costes son reales, recurrentes y en gran medida desperdiciados”, ha explicado este martes Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) y vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE en el blog de la entidad monetaria.

El vicepresidente del BCE ha recordado que “actualmente, Europa gasta cerca de 400.000 millones de euros al año en importaciones de combustibles fósiles. En cambio, el coste marginal de producir energía renovable propia es estructuralmente más bajo. Una vez que la infraestructura está en marcha, la energía en sí es prácticamente gratuita”.

Por este motivo, tampoco se entiende la falta de respuesta de la Comisión Europea a la propuesta de las cinco de las principales economías de la Unión Europea, que pidieron un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas en plena escalada de precios del petróleo. Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal solicitaron formalmente, mediante una carta fechada el 3 de abril, a la Comisión Europea que diseñe un marco legal que permita aplicar este gravamen de forma coordinada en todo el bloque para “distribuir de manera justa la carga” económica que recae en los bolsillos de los europeos.

La respuesta este martes de la Comisión Europea a través de uno de sus portavoces ha sido “solo” pueden confirmar la recepción de la carta y que “actualmente se está evaluando y se responderá a su debido tiempo. No estamos en la misma situación. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo ocurrido en 2022 y aprender de las lecciones. Esto incluye la contribución temporal de solidaridad de la UE. Lamentablemente, no hay más comentarios que añadir”.

La crisis de precios que provocó la invasión de Ucrania por Rusia es el espejo donde se mira constantemente Europa para responder a esta nueva crisis inflacionaria provocada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y su posterior respuesta a todo el Golfo Pérsico. Aunque la situación energética es mejor que entonces, la economía europea sigue renqueante. En 2022, aunque fue siete meses después del inicio de la invasión, en septiembre, Bruselas aprobó una serie de medidas que iban desde limitar el beneficio de las compañías energéticas a acotar el precio del gas, reducir el consumo de luz y ayudar a hogares y empresas. Fue necesario echar mano del artículo 122 de los tratados de la Unión, que permite aprobar medidas por mayoría cualificada, en lugar de unanimidad, ante la necesidad de acelerar para sacar adelante las medidas.

España, como ejemplo para el BCE

Desde la Comisión Europea se insiste en que la mejor forma de luchar contra la dependencia europea de los combustibles fósiles es invirtiendo en energías renovables. En este sentido, el vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE ha insistido en que “Europa no puede eliminar el riesgo geopolítico, pero puede reducir significativamente su exposición. La forma más eficaz de lograrlo es disminuir la dependencia de los combustibles fósiles importados y acelerar una transición ordenada hacia energías limpias producidas localmente. Si Europa alcanzara sus objetivos de energía sostenible, el vínculo entre los precios energéticos internos y los volátiles mercados energéticos globales se debilitaría de forma sustancial”.

El directivo del Banco Central Europeo ha puesto a España como de país que ha seguido una política en los últimos años centrada en las renovables que le ha permitido reducir la tarifa energética: “La transición de España hacia las energías renovables demuestra los beneficios de invertir en energía limpia: estimaciones del Banco de España indican que los precios mayoristas de la electricidad a comienzos de 2024 fueron aproximadamente un 40% más bajos de lo que habrían sido si la generación eólica y solar se hubiera mantenido en los niveles de 2019”.

Frank Elderson explica que “la certidumbre en las políticas, combinada con los incentivos adecuados, es esencial para garantizar que las perspectivas a largo plazo prevalezcan sobre las ganancias a corto plazo y que los objetivos públicos y privados se refuercen, en lugar de socavarse mutuamente. Esto comienza por cumplir los objetivos de descarbonización ya existentes y preservar el Sistema de Comercio de Emisiones como un instrumento creíble y basado en el mercado para la fijación del precio del carbono. Nada de esto es sencillo. Pero la verdadera cuestión ya no es si Europa puede permitirse llevar a cabo la transición energética, sino si puede permitirse no hacerlo. Desde la perspectiva de un banco central, la respuesta es clara”.

La Comisión Europea (CE) ha advertido a España de que rebajar el IVA de los combustibles al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas para aliviar a los ciudadanos el encarecimiento de los carburantes por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la normativa europea sobre este impuesto.

El Ejecutivo comunitario así se lo ha trasladado a las autoridades españolas, así como a las de Polonia, en una carta enviada a ambas el pasado 28 de marzo, según adelantó este martes el diario El País y confirmó a EFE una portavoz comunitaria.

“En la carta recordamos a las autoridades nacionales que la directiva del IVA no contempla la posibilidad de aplicar un tipo reducido al suministro de combustible”, indicó.

En su lugar, el departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han defendido que la rebaja del IVA sobre los carburantes es una medida temporal y no estructural, y han destacado que el Ejecutivo mantiene un diálogo constructivo y fluido con la Comisión Europea.

En cualquier caso, han resaltado que la prioridad del Gobierno es apoyar a familias, autónomos y empresas a mitigar los efectos de un conflicto bélico que, defienden, jamás debería haber empezado.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anunciado a finales de marzo por el Gobierno para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.

Si bien el establecimiento de los tipos impositivos es una competencia de los gobiernos nacionales, la directiva europea sobre el IVA limita los bienes y servicios a los que los países de la UE pueden aplicar sus tipos reducidos y superreducidos, que en el caso de España son del 10% y del 4%, respectivamente.

En cuanto a la posibilidad de reducir los impuestos especiales, el paquete de medidas adoptado en España a finales de marzo ya hace uso de la misma, a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo.

La CE ha recomendado a los países miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean “selectivas” y “temporales” para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles.

En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.

“Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético”, dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.

A diferencia de la crisis desatada por la guerra en Ucrania, que se circunscribía a Europa y derivaba de su dependencia de los combustibles fósiles rusos, el conflicto en Oriente Medio es global, con lo que otros países hacia los que la UE se giró para diversificar su suministro de este tipo de combustibles también están afectados. De ahí que Bruselas insista en no incrementar la demanda de los mismos, lo que podría contribuir a la inflación, así como en seguir potenciando las renovables.

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir “de manera equitativa” las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Ante un asunto tan divisorio como es el mecanismo de imposición sobre los derechos de emisión de carbono, conocido como ETS, una herramienta que ha permitido la descarbonización de la economía de la UE, la Comisión Europea va dando pequeños pasos para su reforma. Bruselas ha propuesto este miércoles modificar la Reserva de Estabilidad del Mercado (MSR) poniendo fin a la práctica por la que los derechos de emisión en la reserva que superan los 400 millones se invalidan. La enmienda propuesta pondrá fin a este mecanismo de invalidación, permitiendo que esos derechos se conserven.

La Unión Europea se encuentra dividida entre un grupo de países liderados por España, que defienden este sistema porque reduce las emisiones contaminantes e incrementa ingresos, mientras que otro grupo de países con Italia a la cabeza, consideran que los precios al CO2 perjudican la competitividad de sus industrias y piden una suspensión temporal.

Según se desprende de la normativa propuesta, al cesar la eliminación un mayor número de los derechos de emisión se quede guardado en la reserva. Esto permite aumentar su capacidad para poder liberar esos permisos adicionales al mercado en la próxima década. El objetivo es crear un “colchón de liquidez” que ponga estos derechos a disposición de las empresas cuando haya escasez en el mercado a partir de mediados de la década de 2030.

Desde la Comisión se insiste en que a pesar de que habrá más derechos disponibles en el futuro, el sistema en su conjunto sigue operando bajo un límite máximo de emisiones que es decreciente a lo largo del tiempo. La realidad es que la propuesta va dirigida a evitar la reducción de los permisos de emisión a largo plazo para proteger la estabilidad económica y evitar que los precios se disparen, es decir, se avala que en el futuro se pueda contaminar más sin que sea más caro.

La Comisión Europea vende la propuesta como una fórmula “para reforzar el instrumento que garantiza un mercado de carbono estable y con buen funcionamiento” y añade que “solo se liberarían al mercado derechos de contaminación en momentos de escasez o de aumentos excesivos de los precios”.

“El cambio propuesto permitirá que la MSR esté mejor preparada para responder a futuras evoluciones del mercado, incluida una posible escasez de oferta en las próximas décadas. La propuesta preserva el diseño fundamental basado en normas de la MSR y la integridad del EU ETS como instrumento de mercado, al tiempo que refuerza la capacidad del sistema para garantizar tanto la estabilidad como la previsibilidad”, señalan desde Bruselas.

La tensión de los precios de la energía provocado por la guerra de Irán que iniciaron Estados Unidos e Israel está sirviendo de argumentos a las posiciones contrarias a la agenda verde europea para lograr su modificación.

Aunque la Comisión admite que con el ETS las emisiones contaminantes de la UE se redujeron un 39%, mientras que la economía creció un 71% entre 1990 y 2024, también añade que el mecanismo de imposición sobre los derechos de emisión de carbono “necesita modernizarse y volverse más ágil”.

“En un contexto de elevada volatilidad de los precios de la energía y tensiones geopolíticas, la Comisión trabaja con los Estados miembros para garantizar que el ETS siga siendo una herramienta estable que continúe aportando estos beneficios, manteniéndose sólida, previsible y adecuada a su propósito”, concluye la Comisión.

La propuesta de modificación de la Reserva de Estabilidad del Mercado se remitirá ahora al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo para seguir el procedimiento legislativo y se debata su aprobación. En julio de 2026 la Comisión pretende llevar a cabo una revisión del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

España, que lleva décadas con altas bonificaciones del uso de combustibles fósiles a pesar de las advertencias continuadas para que rebaje unas subvenciones dañinas para el medio ambiente, ha vuelto a darles un empujón de dinero público para contener la subida de precios derivada de la guerra en Irán.

A estas ayudas y bonificaciones se las considera apoyos antiecológicos porque los combustibles fósiles, de los que derivan el gasóleo y la gasolina, además de contaminar el aire que respiramos, son los causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Se da la circunstancia de que el transporte por carretera es, precisamente, el sector que más CO₂ lanza en España, según los datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica.

La cuestión es que España está a la cola —y desde hace mucho— en la lista de impuestos verdes (los diseñados para defender el medio ambiente) en la Unión Europea. Por un lado, está lejos de la media europea que supera el 2% del PIB mientras que aquí se quedaron en el 1,61% en 2024, según los últimos datos de Eurostat. Además, en la última década, se ha bajado porcentualmente desde el 1,9% registrado en 2015. Con todo, los últimos dos cursos se ha recuperado algo de terreno tras una fuerte caída en 2022 y 2023, años en los que esos tributos rondaron el 1,5% del PIB, muy relacionado con la guerra en Ucrania.

Países con mejor nivel hay muchos: Grecia, Croacia, Polonia, Países Bajos, Italia, Estonia, Lituania, Rumanía, Finlandia o Dinamarca están por encima de la media de la UE. Por debajo de España solo se encuentran Suecia, República Checa, Malta, Irlanda o Luxemburgo.

Porque, de hecho, la mayoría de esos impuestos en España vienen de la energía. Si el ataque de Rusia a Ucrania causó un incremento del precio del gas y los carburantes (que recibieron una subvención extra), la guerra desatada por EEUU e Israel en Irán ha provocado una crisis similar.

Y, al final, los combustibles fósiles casi siempre ganan. La crisis en Oriente Medio —que ha hecho patente el peligro de seguir dependiendo del gas y el petróleo— ha llevado a una nueva ayuda al consumo de estos productos.

El decreto del Plan Integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio convalidado este jueves bonifica, más, el gasóleo y también la gasolina. Con esta rebaja del precio de los carburantes se controla o alivia la temida inflación. También evidencia el enganche que todavía persiste con el petróleo, al menos para transportarse, y sus consecuencias: el coste de la vida subió al 3,3% en marzo pasado, principalmente, por el encarecimiento de los carburantes.

La bonificación generalizada a los combustibles fósiles es regresiva e incompatible con la descarbonización. Son muy costosas para las arcas públicas, benefician proporcionalmente más a las rentas altas

Mikel González-Eguino — Investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3

“La bonificación generalizada a los combustibles fósiles es regresiva e incompatible con la descarbonización”, explica el investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático BC3 Mikel González-Eguino. Experto en fiscalidad verde, González-Eguino cuenta a elDiario.es que, “aunque el plan presentado en su conjunto es positivo, después de lo visto en 2022 podría haberse aguantado más con los combustibles”.

“Medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro aplicadas en 2022 o las bajadas del IVA son muy costosas para las arcas públicas, benefician proporcionalmente más a las rentas altas —insiste el investigador— y no incentivan la transición energética y la electrificación”. En todo caso, su análisis apuesta por que las ayudas vayan al precio de la electricidad.

Avisos desde hace más de una década

A España le han llegado las dos últimas crisis energéticas con los impuestos medioambientales (entre los que están los de los combustibles fósiles) sin ponerse al nivel que se les requería. No por falta de tiempo: ya en 2011, el Consejo Europeo recomendaba a España que desplazara la presión fiscal sobre el trabajo y optara por gravar el consumo y por los impuestos medioambientales.

En 2015, el Informe sobre Resultados Medioambientales de la OCDE referido a España subrayaba que “los ingresos por impuestos medioambientales están entre los más bajos de los miembros de la Unión Europea”. Es más, llegaba a indicar que “los ingresos de estos impuestos han disminuido ininterrumpidamente desde 2007”. Debido a los tipos impositivos más bajos, “los precios finales del diésel siguen siendo inferiores a los de la gasolina, a pesar de su mayor impacto ambiental”.

Su recomendación hace más de una década era “el aumento del impuesto aplicable al diésel para el transporte, como mínimo al mismo nivel del impuesto sobre las gasolinas.”

En 2017 la Comisión Europea emitía un análisis sobre la aplicación de la normativa ambiental en la Unión Europea y decía: “España es uno de los Estados miembros que más uso hace de las subvenciones a los combustibles fósiles”. La diferencia de impuestos entre la gasolina y el gasoil “no está justificada desde una perspectiva medioambiental”. Se insistía en que era necesaria “una estrategia nacional para la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente”. Aunque la diferencia entre el impuesto al diésel y la gasolina se ha acortado, sigue en un 20%.

A la luz de la evolución de los datos, el nivel de los tributos verdes en España ha parecido algo intocable. Al llegar el shock de precios generado por el bloqueo del tránsito petrolero en el estrecho de Ormuz, las ayudas se suman.

“Si tuviéramos tipos impositivos más altos para los combustibles fósiles, como nos ha pedido la Comisión Europea desde hace mucho tiempo, habría margen para manejarse en una crisis”, reflexiona Mikel González-Eguino. “Y además serían la señal más potente para electrificarse o pasarse al transporte público”, concluye.

La Comisión Europea ha concluido este jueves una investigación en la que señala que las webs pornográficas Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos vulneran la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no proteger a los menores frente a sus contenidos. Aunque en sus Términos de Servicio afirman que son plataformas son solo para adultos, los cuatro sitios permiten que los menores accedan simplemente haciendo clic en un punto de confirmación de que tienen 18 años o más. la investigación de la Comisión contra XVideos, XNXX, Pornhub y Stripchat se puso en marcha el 27 de mayo de 2025.

En este sentido, la Comisión considera que la “autodeclaración” no es una medida eficaz y señala que otras medidas de mitigación adicionales, como el desenfoque de páginas, advertencias de contenido y etiquetas de “Restringido a adultos”, tampoco previenen efectivamente que los menores accedan a contenido perjudicial.

Las conclusiones de Bruselas añaden que “Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no identificaron ni evaluaron con la debida diligencia los riesgos que sus plataformas suponen para los menores”. Pero hay más, Bruselas apunta a que “incluso cuando se identificaron riesgos, no realizaron una evaluación exhaustiva, pues no emplearon metodologías objetivas ni completas”. Ahora bien, la Comisión apunta que las webs pornográficas pusieron “un énfasis desproporcionado en aspectos centrados en el negocio, como el daño reputacional, en lugar de centrarse en los riesgos sociales para los menores, tal como exige la DSA”.

Además, la Comisión resalta que en sus evaluaciones de riesgo, “Stripchat, XVideos y XNXX tergiversaron o no tuvieron en cuenta sus reuniones con organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos de la infancia y herramientas de verificación de edad”. En esta fase, la Comisión considera que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos deben implementar sistemas de verificación de edad que respeten la privacidad para proteger a los menores frente a contenidos nocivos.

Si las conclusiones de la Comisión se confirman se podría poner una multa proporcional a la infracción, que en ningún caso excederá el 6% del volumen de negocios anual mundial del proveedor. La Comisión también puede imponer pagos periódicos coercitivos para obligar a las plataformas a cumplir. Las páginas web porno no publicitan normalmente sus datos de facturación, pero en 2024 el sector del entretenimiento para adultos informó que tenía una valoración de 97.000 millones de dólares.

Apertura de investigación contra Snapchat

Por otro lado, la Comisión Europea ha abierto una investigación contra la aplicación de mensajería Snapchat por el incumplimiento de las normas de protección infantil en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA). La apertura de la investigación se basa en los informes de evaluación de riesgos de Snapchat en 2023, 2024 y 2025. En las peticiones a la empresa de tecnología se pedían detalles sobre el sistema de verificación de edad, así como sobre las medidas adoptadas para impedir que los usuarios accedan a productos ilegales, como drogas, o que los menores accedan a productos con restricción de edad, como los vapeadores. Según la propia aplicación de mensajería contaría con cuatro millones de usuarios en España y aproximadamente 93,7 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea, según datos de 2024.

Bruselas asegura que Snapchat podría haber vulnerado la DSA “al exponer a menores a intentos de captación con fines de explotación (”grooming“), a reclutamiento para actividades delictivas, así como a información sobre la venta de bienes ilegales, como drogas, o productos con restricción de edad, como vapeadores y alcohol”.

“Desde la captación y la exposición a productos ilegales hasta las configuraciones de cuenta que ponen en riesgo la seguridad de los menores, Snapchat parece haber pasado por alto que la Ley de Servicios Digitales exige altos estándares de seguridad para todos los usuarios. Con esta investigación, examinaremos de cerca su cumplimiento con nuestra legislación”, ha explicado Henna Virkkunen, Vicepresidenta Ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.

Hasta en cinco puntos la Comisión acusa a la aplicación de mensajería de incumplir las norma europea sobre servicios digitales. Según los propios términos de Snapchat, los usuarios deben tener al menos 13 años para utilizar la plataforma, pero la Comisión sospecha Snapchat sunicona con una autodeclaración “insuficiente” como mecanismo de verificación de edad, lo que “no impide que menores de 13 años accedan al servicio, ni permite evaluar adecuadamente si los usuarios son menores de 17 años”, necesario para garantizar una experiencia adaptada a la edad. Además, Además, la Comisión sospecha que la herramienta para que los usuarios informen a Snapchat de la presencia de menores de 13 años en el servicio “no está disponible dentro de la aplicación”.

La Comisión también acusa a Snapchat de “no proteger adecuadamente a los menores frente al contacto con usuarios con intenciones dañinas, como la explotación sexual o el reclutamiento para actividades delictivas”.

Por otro lado, Snapchat “no ofrece niveles suficientes de privacidad, seguridad y protección para los menores”, ya que “niños y adolescentes son recomendados automáticamente a otros usuarios mediante el sistema 'Find Friends', y al crear una cuenta, los usuarios no reciben orientaciones adecuadas sobre las funciones de privacidad y seguridad, ni explicaciones claras sobre cómo ajustar la configuración de la cuenta.

Según la ley europea, las plataformas digitales “deben mitigar los riesgos sistémicos derivados de su servicio. La Comisión apunta que Snapchat incumple esta obligación”. Por ejemplo, sus herramientas de moderación de contenidos “no parecen ser eficaces para impedir la difusión de información que dirige a los usuarios hacia la compra de productos ilegales, como drogas, o productos con restricción de edad, como vapeadores y alcohol”. Asimismo, la plataforma no parece impedir de manera eficaz que los usuarios, incluidos niños y adolescentes, accedan a este tipo de contenidos.

Finalmente, la Comisión sospecha que los “mecanismos actuales para notificar contenidos ilícitos no son ni fácilmente accesibles ni fáciles de usar y que podrían emplear los llamados «patrones oscuros» en su diseño. A lo que hay que añadir que Snapchat ”no informa adecuadamente a los usuarios sobre las posibilidades de recurso, incluido el sistema interno de tramitación de reclamaciones de la propia plataforma“. Con esta investigación, Bruselas podrá adoptar medidas coercitivas contra la aplicación.

La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, de la que forma parte el sindicato aragonés STEPA, ha presentado este miércoles ante la Representación de la Comisión Europea en Madrid un informe en el que denuncia que el Gobierno de Aragón se sitúa entre los principales incumplidores de la normativa europea y estatal en materia de temporalidad en el empleo público.

El documento concluye de forma tajante que “la Unión Europea no puede autorizar la concesión a España de los 626 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación suspendidos hasta que el Gobierno no apruebe una nueva ley que sancione eficazmente el abuso de temporalidad mediante la estabilización real de todas las personas afectadas”.

Según el informe, la Administración pública española “lleva décadas infringiendo la normativa y sentencias europeas por la ausencia de normativa nacional válida para sancionar el enorme volumen de abuso de temporalidad existente”. Además, denuncia que el Ejecutivo central “ocultó el volumen real de temporalidad en el empleo público” al diseñar el Plan de Recuperación en abril de 2021. Los últimos datos oficiales sitúan la temporalidad en el 32,2% del total de empleados públicos, cerca de un millón de personas, “una parte muy significativa de ellos en situaciones de temporalidad claramente abusiva”. De ese porcentaje, el 76% corresponde a administraciones autonómicas.

En este contexto, STEPA —tercera fuerza en la Administración General de la DGA— subraya que Aragón presenta una situación especialmente preocupante, con una tasa de temporalidad del 43,35%, cinco puntos por encima de la media estatal. El sindicato calcula que unos 20.000 empleados públicos en la comunidad tendrían derecho a la estabilización de sus puestos.

27 años sin cumplir la normativa europea

El informe, que actualiza otro presentado hace año y medio, insiste en que España sigue sin transponer la Directiva 1999/70/CE tras 27 años, lo que obliga a que los puestos estructurales estén ocupados por personal fijo, una exigencia que, según denuncia, “es sistemáticamente vulnerada en el sector público”.

Este incumplimiento se produce pese a varios hitos recientes, como el avance del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España, el bloqueo de 626 millones de euros vinculados al cumplimiento del Plan de Recuperación o los pronunciamientos del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reiterado que los actuales procesos de estabilización “no son una solución válida”.

Para la Coordinadora, la única salida pasa por una nueva ley estatal que incluya “una medida de estabilización real del personal en situación de abuso y sólo del personal en abuso, junto con la reparación de la infracción del Derecho de la Unión para todas las víctimas”.

El informe es especialmente crítico con el Gobierno central, al que acusa de haber ofrecido cifras insuficientes para acceder a los fondos europeos. “Es evidente que España mintió a la Comisión sobre el volumen de temporalidad en el sector público. El compromiso adquirido de estabilizar 300.000 plazas era claramente insuficiente”, señala. Además, critica que el enfoque en las plazas y no en las personas “ha tenido el efecto contrario al esperado: el cese de miles de trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad”. Según sus datos, alrededor de 500.000 empleados públicos no han podido consolidar su puesto, ya que las plazas convocadas representaron menos del 20% de la temporalidad existente.

Los sindicatos denuncian también “una falta total de transparencia” en el número de plazas ofertadas, especialmente en las comunidades autónomas, que concentran casi 750.000 trabajadores temporales.

Aragón, entre las comunidades con más temporalidad

En el caso aragonés, STEPA sostiene que el Gobierno autonómico no ha cumplido ni siquiera con la identificación de las plazas susceptibles de estabilización, pese a tratarse de un mandato recogido en la normativa vigente. “El Gobierno de Aragón no realizó ni lo esencial”, denuncia. El sindicato cifra en apenas un 10% las plazas ofertadas en los procesos de estabilización —unas 2.500— frente a los cerca de 28.000 empleados temporales existentes en diciembre de 2021. “Con ofertas ridículas”, añade, “la gran mayoría de las víctimas no han visto reconocidos sus derechos”.

El informe advierte además del impacto económico de no abordar el problema mediante la estabilización. Según sus cálculos, el pago de indemnizaciones a los afectados podría superar los 40.000 millones de euros, lo que supondría “la ruina de las arcas públicas españolas”. A ello se suma un posible problema social, ya que, según la Coordinadora, los procesos actuales podrían derivar en el despido de hasta 600.000 trabajadores temporales, “el 70% mujeres con una edad media de 50 años, con nula reinserción laboral”.

Frente a ello, defienden la conversión de los contratos temporales en indefinidos como “la única alternativa viable económicamente” y una vía para “evitar el desmantelamiento de los servicios públicos”. El informe concluye con una petición directa a las instituciones europeas para que actúen y “no consientan violaciones flagrantes y masivas de derechos fundamentales europeos”, reclamando la protección de los trabajadores afectados por el abuso de la temporalidad.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la solicitud presentada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas sobre la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. La entidad solicita asimismo a la Comisión Europea la apertura de una investigación preliminar.

Así consta en un escrito remitido a la Fravm, según recoge Europa Press, en el que la Comisión de Peticiones señala que la petición ha sido declarada admisible al considerar que el asunto “entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”. En la carta, el mismo órgano indica que ha solicitado a la Comisión Europea que lleve a cabo “una investigación preliminar sobre este asunto” y que, además, ha trasladado la petición a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo para su análisis.

El documento recuerda también que la responsabilidad principal de la correcta aplicación del Derecho de la Unión recae en los Estados miembros, y apunta que las cuestiones planteadas en la petición están recogidas en la normativa europea sobre residuos y en las estrategias vinculadas a la economía circular.

“Deficiencias” en la seguridad con impacto en la salud

La solicitud registrada por los colectivos vecinales denuncia el retraso en la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la incineradora de Valdemingómez, así como diversas “deficiencias” que, según sostienen, pueden afectar a la seguridad de la instalación y tener impacto en la salud de la población y el medio ambiente. En concreto, según apunta la Fravm en un comunicado, el Ayuntamiento de Madrid debería haber implementado hace más de dos años medidas exigidas por la normativa comunitaria, como un sistema de gestión ambiental con un plan de gestión de accidentes o mecanismos de control y comparación de emisiones contaminantes para cumplir el Reglamento de Emisiones Industriales.

Ante esta situación, las asociaciones decidieron elevar el caso a las instituciones europeas, a la espera ahora de que se recabe información al Consistorio madrileño y se avance en el análisis del expediente. La admisión a trámite se produce tras un proceso en el que, según recuerdan los colectivos, los eurodiputados del Partido Popular Europeo votaron en contra de su tramitación en la Comisión de Peticiones.

El PSOE ataca a Almeida ya que Bruselas hace “más caso” a los vecinos

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha criticado que en Bruselas se haga “más caso” a las denuncias de los vecinos de Vallecas que a su propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Le ha acusado de “mirar hacia otro lado” con la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. En declaraciones remitidas a la prensa, Benito ha señalado que los vecinos de este distrito llevan “años denunciando” los efectos de esta instalación, entre otros, “malos olores, emisiones y preocupación por la salud”. Especialmente en el Ensanche de Vallecas, donde según ha indicado, “miles de familias” reclaman algo tan “básico” como aire “limpio”.

“Pero lo más llamativo es que esa voz parece escucharse antes, fuera que dentro de Madrid. En Bruselas ya se han abierto investigaciones por las denuncias vecinales, mientras aquí el ayuntamiento sigue mirando hacia otro lado”, ha reiterado. En este sentido, el socialista ha reprochado que Gobierno municipal haya optado por prolongar la actividad de la incineradora hasta el año 2040. A su juicio, esta decisión supone mantener “un modelo contaminante que afecta directamente a estos barrios”.

Además, Benito también ha cargado contra Sanz por asegurar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno las “inversiones millonarias” acometidas a lo largo de los años para seguir mejorando la instalación. “La pregunta es evidente: ¿millones para qué?”, ha planteado, para añadir que, a su juicio, no se han destinado a “reducir residuos, impulsar el reciclaje ni avanzar hacia la economía circular”, sino a “seguir contaminando el aire de los madrileños, especialmente el de los barrios del sureste”. “¿Por qué quienes más sufren la contaminación son siempre los mismos barrios como Vallecas?”, ha zanjado.

El Ayuntamiento recalca que “cumple con la normativa”

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz (también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias), ha asegurado que Valdemingómez “cumple con la normativa vigente” y está “haciendo las cosas muy bien”. Sanz ha indicado que la petición ha sido admitida a trámite al reunir formalmente las características para ello, pero ha remarcado que Valdemingómez “cumple con toda la normativa vigente, con una autorización ambiental integrada que establece los valores límites de emisión, que está a disposición de cualquier organismo estatal o comunitario que quiera analizar su funcionamiento”.

“Valdemingómez cumple, ha cumplido y seguirá cumpliendo con todos los límites y, por lo tanto, creo que se están haciendo las cosas muy bien en ese sentido”, ha declarado la vicealcaldesa, que ha recodado las “inversiones millonarias” acometidas a lo largo de los años para seguir mejorando con todas las autorizaciones “siempre en vigor”. Razón por la que, entienden desde el Gobierno de Cibeles, no hay “ningún problema”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha vuelto a dar un paso en la injerencia sobre la política energética de los países de la UE al pedir “evitar la retirada prematura de activos, como las instalaciones nucleares existentes, que pueden seguir proporcionando electricidad fiable, de bajo coste y con bajas emisiones, también puede desempeñar un papel importante”. España tiene planificado el cierre de varias centrales nucleares en 2030, con la oposición de las compañías eléctricas y el PP.

Von der Leyen ha hecho esta petición en una carta dirigida a los líderes de los 27 países de la UE como una de las propuestas en el terreno energético para tratar de aliviar las “graves repercusiones geopolíticas y geoeconómicas para Europa, que afectan a la energía y las finanzas, el comercio y el transporte, las cadenas de suministro y el desplazamiento de personas dentro y entre los países de la región”.

Los jefes de Gobierno de los países de la UE se reúnen este jueves en Bruselas para aprobar medidas que rebajen el impacto de la subida de los precios de la energía por el conflicto bélico que empezaron EEUU e Israel con el bombardeo de Irán.

“Al considerar posibles medidas adicionales para aliviar el impacto inmediato en consumidores y empresas, debemos aprender de las lecciones del pasado. Una lección clave de la crisis de 2022-2023 fue que muchas de estas medidas eran amplias y poco selectivas, lo que provocó ineficiencias y costes fiscales muy elevados”, escribe Von der Leyen en su misiva. Por este motivo, propone que “cualquier medida a corto plazo: no retrase la descarbonización del sistema energético, no aumente la demanda de petróleo y gas, sea temporal, dirigida y minimice los costes fiscales”.

Polémica con Ribera por las nucleares

Von der Leyen ya mantuvo una postura controvertida al equiparar las energías renovables con la nuclear y por decir que “la reducción en la participación de la nuclear fue una elección; creo que fue un error estratégico para Europa darle la espalda”, que le supuso un conflicto interno con la la vicepresidenta europea para una Transición Limpia, Teresa Ribera.

La semana pasada Von der Leyen y Ribera mantuvieron una polémica por el papel de la presidenta de la Comisión respecto a la política energética de cada país. Ribera le dijo a Von der Leyen que “no puede intervenir en la política energética” de los países miembros, tras decir que fue “error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones” respecto a la energía nuclear.

“Mientras formé parte del Gobierno de España no podía decirle al Gobierno francés qué hacer o qué no hacer. Y ocurre exactamente lo mismo como miembro de la Comisión Europea”, ha sentenciado Ribera. La comisaria española ha defendido la competencia de cada Estado miembro de la UE para “decidir su 'mix' eléctrico de acuerdo con sus circunstancias, preferencias culturales e industriales y capacidades geográficas”.

En España hay una fuerte controversia entre el Gobierno y las eléctricas por el plan de cierre de las centrales nucleares. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) está estudiando la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de prorrogar hasta 2030 el funcionamiento de la central de Almaraz.

No es solo un tema técnico, también ha entrado en el terreno partididista: el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, defendió la continuidad de la central nuclear de Cofrentes y rechazó su cierre programado en 2030 al considerar que responde a “cuestiones ideológicas”. Frente al Gobierno de Pedro Sánchez, el PP mantiene la posición de alargar la vida de las centrales de Almaraz (Extremadura), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). 

2026 está siendo un año muy amargo para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Aunque nunca un ejecutivo comunitario había tenido tantos comisarios conservadores, la gestión de la política alemana en su segunda legislatura se está llenando de errores y fracasos. Este miércoles, como colofón a un salto inesperado que ponía patas arriba los principios fundamentales de la Unión Europea, Von der Leyen tuvo que rectificar y dar un paso atrás en su propuesta de relegar el sistema basado en reglas y el derecho internacional como ejes de la política exterior comunitaria.

No ha sido el único resbalón de la presidenta de la Comisión en este primer trimestre, que aún tiene empantanados el acuerdo con Mercosur y el préstamo para apoyar a Ucrania o ha provocado el enfado de los países miembros con actuaciones complacientes con el presidente Donald Trump.

Von der Leyen ha perdido el norte en su intento de adecuarse a las exigencias de Friedrich Merz, el canciller alemán, compatriota y compañero de partido (CDU). Merz pretende que Alemania recupere la antigua posición en la UE que le permitía dirigir la política comunitaria y ser el socio comercial preferente de EEUU para abandonar la atonía que azota la economía alemana. El problema es que Merz entiende que la vía para recuperar esa condición pasa por agradar al presidente Trump en su desordenada y vacilante política exterior. El canciller alemán llegó a decir que “no era el momento de dar lecciones a socios y aliados” sobre el derecho internacional, cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que los bombardeos sobre Irán por parte de EEUU e Israel eran contrarios al derecho internacional, una postura que luego han seguido los líderes de países como Francia e Italia.

Solo así se puede explicar que Von der Leyen haya hecho este viaje de ida y vuelta sobre la política exterior de la UE en solo tres días. Los golpes en la mesa fueron contundentes. Primero, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, refutó todo su discurso con una contundente defensa de una política exterior multilateral, de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, avisó de su discrepancia con Von der Leyen con la advertencia de que es “muy peligroso entrar en un debate que parece cuestionar el derecho internacional”.

Los diplomáticos de los 27 Estados miembros mostraban su desconcierto por las palabras de la presidenta del Ejecutivo comunitario, a la que acusaron de asumir unas competencias que no le corresponden, mientras un grupo de miembros de equipos consulares avisó de las consecuencias que esta política podría tener para Ucrania.

Los europarlamentarios socialdemócratas, liberales y de la izquierda mostraron el rechazo a las palabras de la presidenta de la Comisión. Un rumor se elevó entre los pasillos de las instituciones europeas alrededor de una posible moción de censura con visos de prosperar, una vez que incluso algunos eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) –el grupo de Von der Leyen– mostraron sus dudas de apoyar a una jefa del Ejecutivo que ponía en duda los tratados de la Unión.

Este jueves, en el hemiciclo de la Eurocámara, la soledad de Von der Leyen quedaba patente. Abandonada por los eurodiputados de su grupo parlamentario: ni siquiera asistió al pleno el líder el PPE, Manfred Weber, ya que es uno de los principales enemigos internos de la política alemana. La presidenta de la Comisión Europea se desdecía de sus palabras en una marcha atrás que no evitó que la mayoría de la Eurocámara le vapuleara en una veintena de intervenciones.

Polémica por la Junta de paz de Trump

No ha sido el único traspié de Von der Leyen. Los ánimos estaban ya bastante calientes por otras actuaciones que ha protagonizado. Solo hace 20 días la presidenta de la Comisión abría un cisma en la UE al mandar una comisaria a la inauguración de la Junta de Paz de Trump, pese a que Costa anunció que la UE no iba a participar. La decisión fue contestada por la mayoría de Estados miembros de la UE, ya que no avisó a los países, teniendo en cuenta que Von der Leyen carece del mandato necesario para actuar de esta manera unilateral ante una maniobra de Trump que podría infringir la legalidad internacional. Aunque este movimiento quedó en nada, fue la precuela del discurso contra el derecho internacional que ha hecho sonar todas las alarmas en la UE.

Silencio con Venezuela, tardanza con Groenlandia

Ya a principios de año comenzaron los problemas por la falta de contundencia de la presidenta de la Comisión Europea ante las actuaciones de Trump. ¿Dónde está la Unión Europea? Era la pregunta recurrente ante la respuesta tibia de la Comisión frente a las violaciones del derecho internacional y las amenazas del presidente de EEUU. A pesar de los discursos de Ursula Von der Leyen de convertir a la UE en un jugador de primera en el escenario global, la realidad es que Bruselas se quedó medio muda ante la operación del secuestro del presidente de Venezuela y las pretensiones anexionistas de un territorio perteneciente a un miembro de la UE, Groenlandia.

Mientras el silencio se mantuvo sobre Venezuela, solo tras las amenazas de Trump de aplicar aranceles a los países europeos que decidieron mandar tropas a Groenlandia como apoyo a Dinamarca, hubo una respuesta contundente por parte de la Comisión Europea, que finalmente acabó por frenar, de momento, las obsesiones anexionistas del presidente de EEUU por el territorio danés.

Sin préstamo a Ucrania ni nuevas sanciones a Rusia

Tampoco ha tenido suerte Von der Leyen en el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La Unión Europea sigue buscando su lugar para tener un peso decisivo en el final del conflicto. Europa está siendo ignorada por Washington, salvo para la compra de armamento de empresas estadounidenses, y es despreciada por Vladímir Putin. Entre otras cosas, la Comisión Europea no es capaz de sacar adelante las propuestas estrellas que había planteado este año.

Aunque Merz y Von der Leyen aseguraron que la única vía para financiar a Ucrania era la utilización de los activos congelados rusos, tuvieron que dar su brazo a torcer ante la negativa de Bélgica y lanzarse a por un préstamo de 90.000 millones apoyado en la deuda comunitaria. Sin embargo, el veto de la Hungría del ultranacionalista Viktor Orbán ha dejado tanto ese préstamo como el vigésimo paquete de sanciones sin aprobación definitiva. Hace dos semanas que Von der Leyen subrayó que el “préstamo del puercoespín de acero” para Ucrania saldría adelante, aunque todavía no hay fecha concreta para su ratificación.

El caos del acuerdo comercial con Mercosur

El devenir del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay) ha sido otro dolor de cabeza para Von der Leyen. Tras 25 años de negociaciones, poco después de la firma por los responsables políticos de la UE y los cuatro países que forman Mercosur el pasado 17 de enero, el acuerdo comercial se quedaba en un limbo legal tras una votación del Parlamento Europeo que lo mandaba al Tribunal de Justicia de la UE para que analice si cumple los tratados de la UE. Entonces, representantes de varios países acusaron a la presidenta de la Comisión de no haber trabajado suficiente para conseguir el voto de europarlamentarios, incluso dentro del PPE, que inclinaron la balanza para tumbar temporalmente el tratado comercial.

A finales de febrero, Von der Leyen, arrastrada por las exigencias de Merz, anunciaba la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, una vez que tanto Argentina como Uruguay lo habían ratificado en sus respectivas cámaras parlamentarias. Este movimiento ha provocado un fuerte malestar institucional con el Parlamento Europeo y las protestas de los europarlamentarios, que veían en el movimiento de la presidenta de la Comisión un paso antidemocrático.

Inmiscuirse en las políticas energéticas nacionales

Otro resbalón esta semana ha sido la posición de Von der Leyen en defensa de la energía nuclear, ya que se ha inmiscuido en las políticas energéticas de los países miembros. La presidenta de la Comisión apuntó: “La reducción en la participación de la nuclear fue una elección; creo que fue un error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones”. La vicepresidenta de la Comisión Teresa Ribera salió al quite recordando que “no puede intervenir en la política energética” de los países miembros. “Mientras formé parte del Gobierno de España, no podía decirle al Gobierno francés qué hacer o qué no hacer. Y ocurre exactamente lo mismo como miembro de la Comisión Europea”, sentenció Ribera.

Paradójicamente, la puntilla le ha llegado de su compatriota Merz. El canciller alemán ha recordado que los anteriores Gobiernos federales habían decidido abandonar progresivamente la energía nuclear y que revertir esa decisión ya no era posible. La última central nuclear en Alemania se cerró en 2023. “Lo lamento, pero así son las cosas, y ahora nos estamos concentrando en la política energética que tenemos”, admitió Merz.

No hay que olvidar que el Gobierno alemán está formado por una coalición de conservadores junto a los socialistas del SPD. El ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider (SPD), mantuvo su posición contraria a la energía nuclear, ya que “si una tecnología arriesgada sigue dependiendo del apoyo estatal después de tres cuartos de siglo, y desde hace tiempo existen mejores alternativas, entonces deben sacarse consecuencias”.

El mundo volátil, lleno de violencia e incertidumbre que tratan de consolidar a su antojo Trump y Putin está desarbolando el papel de la presidenta de la Comisión Europea. 2026 no está siendo el año que soñó Von der Leyen. Estamos en el mes de marzo.

La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber traspuesto dos directivas relativas al IVA. Todos los Estados miembros de la UE debían poner en vigor la legislación necesaria para transponer estas directivas a más tardar el 31 de diciembre de 2024. El 31 de enero de 2025 se enviaron dos cartas de emplazamiento a España, seguidas de dictámenes motivados el 17 de julio de 2025. Sin embargo, España es el único Estado miembro que no lo ha hecho. La Comisión pide al Tribunal que se multe a España. 

Una de las directivas se refiere a cambios en las normas del IVA aplicables a las pequeñas empresas (pymes) y autónomos con el objetivo de reducir los costes de cumplimiento del IVA para las pymes, rebajar el impacto negativo del efecto de umbral; y facilitar el cumplimiento por parte de las pymes y el seguimiento por parte de las Administraciones tributarias. Se refiere a las pymes y autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros.

Según la Comisión, España ha indicado que no tiene intención de aplicar la exención del IVA para las pymes establecida en la Directiva, ya que la aplicación de la exención es opcional para los Estados miembros. Sin embargo, la institución europea recalca que “aunque esto es posible, España debería transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros. Esto es necesario ya que, para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas”.

La organización de autónomos ATA, que pidió a la Comisión Europea que sancione a España por no trasponer esta directiva, explicó que esta nueva norma europea “permite a los Estados miembros establecer un umbral de facturación anual de hasta 85.000 euros, por debajo del cual los autónomos y pymes quedarían exentos de repercutir, liquidar y declarar el IVA”. A cambio, los autónomos renuncian a deducir el IVA de sus gastos.

La otra directiva a trasponer modifica la norma  disposiciones obligatorias que los Estados miembros deben transponer en relación con el lugar de prestación a efectos del IVA de determinados servicios cuando se transmitan en continuo o se ofrezcan virtualmente de otra manera, y el régimen especial del IVA aplicable a los bienes de ocasión, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.

La Comisión señala que “a falta de transposición por parte de España de las disposiciones relativas al lugar de prestación conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición, ya que los otros veintiséis Estados miembros han transpuesto la directiva y se aplicarán normas diferentes”.

Retraso del Ministerio de Hacienda

Cuando elDiario.es preguntó a Hacienda por la no trasposición de esta directiva, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero se aseguró que “está pendiente de transposición la directiva, pero la idea es cumplir con los plazos”. Sin embargo, en la modificación de la directiva se establece que tendría que estar aprobada en los países de la UE “a partir del 1 de enero de 2025”.

A la vez, Hacienda argumentó que hay otros regímenes impositivos en España que hacen que no tenga sentido la aplicación de esta exención del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros.

“En España, desde 1986, año en el que se estableció el impuesto en España, se ha optado por aplicar otros regímenes distintos para pequeños empresarios como el régimen simplificado o el régimen del recargo de equivalencia que están coordinados con el régimen de módulos en el IRPF. Por tanto, no parece que tenga mucho sentido reformular la tributación en un impuesto y no decir qué pasará en el otro”, declararon desde el Ministerio de Hacienda.

Hay cierto malestar entre los embajadores de los 27 países de la Unión Europea ante las asunciones en política exterior que se ha tomado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que se han visto ampliadas con su posición en la guerra de Irán, que no se consensuó con los Estados miembros o sus llamadas a los países del Golfo, aunque no tiene competencias en este sentido. Un resquemor que este lunes se verá reflejado en la cumbre anual de los cuerpos consulares con la presidenta de la institución europea. Von der Leyen en su discurso a los embajadores no solo no ha rebajado el tono sino que ha abogado por un cambio de sistema en el que incluso llega a señalar que “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá. Siempre defenderemos y mantendremos el sistema basado en reglas que ayudamos a construir junto con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos. Por lo tanto, necesitamos construir nuestro propio camino europeo y encontrar nuevas formas de cooperar con nuestros socios”.

“Necesitamos con urgencia reflexionar sobre si nuestra doctrina, nuestras instituciones y nuestra toma de decisiones —todas concebidas en un mundo de posguerra caracterizado por la estabilidad y el multilateralismo— han logrado seguir el ritmo de los cambios que nos rodean”, ha comentado la presidenta de la Comisión. La política exterior de la UE es un complejo sistema ya que necesita poner de acuerdo a 27 países con intereses diferentes y con posiciones en el mundo muchas veces contradictorias. Hay una corriente, impulsada por Von der Leyen, para tratar de acelerar y simplificar la toma de decisiones, aunque tiene en contra a países y organizaciones que dudan de su legitimidad democrática.

De hecho, la presidenta de la Comisión ha puesto el orden multilateral en duda al señalar “si el sistema que construimos —con todos sus intentos bien intencionados de consenso y compromiso— es más una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico”.

“La cuestión es que, en tiempos de cambios radicales como los nuestros, podemos aferrarnos a lo que antes nos hacía fuertes y defender hábitos y certezas que la historia ya ha superado o podemos elegir un destino diferente para Europa. Podemos construir una política exterior que nos haga más fuertes en casa, más influyentes a nivel global y un mejor socio para los países de todo el mundo. Una política exterior que sea un pilar fundamental de la independencia europea, que proteja nuestros intereses y promueva nuestros valores. No con nostalgia, ni lamentando el viejo mundo, sino dando forma al nuevo”, ha resaltado.

El giro que pretende Von der Leyen respecto al sistema multilateral y con reglas como el derecho internacional es de fuerte calado porque precisamente es una de las críticas que se ha hecho al proceder de líderes como el presidente ruso Vladímir Putin, con su invasión de Ucrania, o al presidente de EEUU, Donald Trump, con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, o la guerra ilegal contra Irán.

“No debería derramarse ninguna lágrima por el régimen iraní”

Respecto a Irán, Von der Leyen no ha querido dejar medias tintas: “Quiero ser clara: no debería derramarse ninguna lágrima por el régimen iraní que ha infligido muerte y ha impuesto represión a su propio pueblo, y que ha causado devastación y desestabilización en toda la región a través de sus aliados armados con misiles y drones”. Su postura dista de la de otros líderes europeos como Pedro Sánchez o los presidentes de Francia e Italia, que ha señalado la guerra de Irán como ilegal.

A pesar de las terribles consecuencias, tanto en víctimas mortales inocentes como por el impacto en la economía, la presidenta de la institución europea ha mantenido el argumento de la libertad de Irán para apoyar los ataques de EEUU e Israel sobre Irán: “El pueblo de Irán merece libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, incluso sabiendo que esto estará lleno de peligros e inestabilidad tanto durante como después de la guerra”.

Von der Leyen quiere más iniciativa europea, más rápida y menos atada a reglas y a normas. “Necesitamos ir más allá. Debemos estar preparados para proyectar nuestro poder de manera más decidida. Por ejemplo, para contrarrestar la agresión y la interferencia extranjera utilizando todos nuestros instrumentos —ya sean económicos, diplomáticos, tecnológicos o militares—. O siendo mucho más pragmáticos a la hora de hacer negocios en todo el mundo”, ha asegurado.

Ucrania y la ampliación de la UE

Ucrania también ha sido un elemento relevante en el discurso de Von der Leyen ante los embajadores. “La guerra debe terminar de manera que no siembre las semillas de futuros conflictos. Y esto es en lo que seguimos trabajando cada día —con Ucrania y con nuestros socios— para garantizar una seguridad real y duradera para Ucrania, de modo que podamos asegurar una paz completa, justa y duradera”. La presidenta de la Comisión ha subrayado que lo urgente es aprobar el préstamo de 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades militares y de infraestructuras que necesita Ucrania, ahora frenado por el veto de Hungría, aunque Von der Leyen ha asegurado que “se cumplirá con el compromiso, porque nuestra credibilidad —y, más importante aún, nuestra seguridad— está en juego”.

También relacionado con Ucrania y aunque es un tema que ha levantado sarpullidos en varias capitales, por las consecuencias económicas que puede tener, Von der Leyen ha insistido en la necesidad de la ampliación de la UE hacia el Este. “Ha habido mucho debate sobre cómo llevar a cabo este proceso basado en méritos de manera oportuna. Pero es de suma importancia que nos preparemos, acercando desde ahora a los Balcanes Occidentales, Moldavia y Ucrania a nuestra Unión. La ampliación no se trata de ideología: es una cuestión de interés común y seguridad europea. Y debemos estar preparados para actuar en cuanto llegue el momento”, ha puntualizado.

Los fabricantes de coches europeos hacen equilibrios entre dos escenarios que no tienen una convivencia excesivamente sencilla. Por un lado, tratan de defender el 'made in Europe' tradicional como palanca para impulsar la producción local ante las crecientes importaciones de vehículos eléctricos chinos. Por otro lado, buscan atraer a los fabricantes de estos últimos para que inviertan en el viejo continente –y, por tanto, en España– y produzcan aquí sus coches, dejando a un lado que el capital que impulsa esas factorías tenga origen asiático.

Parte de la base de ese debate está en la idea de Bruselas de defender la etiqueta 'hecho en Europa' como mecanismo para impulsar la competitividad de una industria considerada estratégica. Este miércoles, la Comisión Europea ha propuesto que para acceder a ayudas públicas o licitaciones, a los seis meses de la aprobación de la norma, el 70% de los componentes de un vehículo eléctrico, menos la batería, tienen que haber sido fabricados en la UE. Es una de las medidas de la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés). “Ustedes son cruciales para el futuro de Europa. El futuro se fabricará en Europa. Es crucial para nosotros”, aseguraba hace unos días la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen. De entrada, el Gobierno español se ha posicionado a favor de defender esa idea de dar preferencia a los productos manufacturados en la UE. 

Algunos de esos grandes fabricantes han recogido el guante. Dos de los mayores grupos automovilísticos del continente han publicado una carta abierta sobre cómo fortalecer el sector en Europa. La misiva, firmada por el consejero de Volkswagen, Oliver Blume; y por su homólogo de Stellantis, Antonio Filosa, refleja que ambos grupos comparten “la responsabilidad de que Europa sea una potencia industrial”. “La industria automovilística europea es parte integral de ello, generando el 8% del PIB europeo anualmente y empleando a 13 millones de personas”, recuerdan. 

Fabricar coches “en condiciones similares”

“Existe un conflicto de objetivos entre la presión de costes a corto plazo, la dependencia de terceros países y la resiliencia estratégica a largo plazo”, aseguran las dueñas, por un lado, de Seat, Cupra, Audi y Skoda; y de Peugeot, Citroën, Opel o Fiat, por otro. “La respuesta correcta es una estrategia 'made in Europe'. Esta se basa en dos principios sencillos. En primer lugar, quien venda vehículos a consumidores europeos también debería fabricarlos en condiciones similares. Esto garantiza una competencia leal”, señalan. “En segundo lugar, el dinero de los contribuyentes europeos debería utilizarse de forma específica para promover la producción europea y atraer inversiones a la UE”, es decir, que los incentivos públicos se queden en los fabricantes locales.

“Esto implica la creación de requisitos en el 'made in Europe”, argumentan Volkswagen y Stellantis. “Sin embargo, estos deben diseñarse con cuidado. No podemos construir un cerco proteccionista. Se trata, más bien, de desarrollar o fortalecer nuestra resiliencia en determinados componentes estratégicos”, donde incluyen, por ejemplo, las baterías.

Los dos grandes fabricantes señalan que hay que tener cuidado y la patronal europea, ACEA, pide cautela. “La preferencia europea puede desempeñar un papel, especialmente en la contratación pública, pero debe abordarse con cautela para evitar perjudicar la competitividad, distorsionar los mercados o interrumpir las complejas cadenas de suministro mundiales”, asegura un portavoz de ACEA a elDiario.es. “Las cadenas de valor actuales de la industria del automóvil se han optimizado, con la globalización, durante muchas décadas; y reorientarlas requerirá tanto tiempo como una inversión significativa. Los mandatos de 'made in Europe' por sí solos no son suficientes. La prioridad debe ser crear las condiciones para una fabricación competitiva en Europa”, entre otros aspectos, mediante una menor carga administrativa, energía asequible y mano de obra cualificada, enumera.

La patronal europea también considera que “el liderazgo de China en la electromovilidad no se debe a mandatos estrictos, sino a una estrategia coherente y a ventajas estructurales”. En concreto, citan “una década de relevantes inversiones en la cadena de valor de las baterías, el dominio de materias primas críticas, menores costes energéticos industriales, una mayor productividad laboral, una infraestructura de carga mucho más densa y una electricidad más barata que hace más atractiva la propiedad de un vehículo eléctrico”. 

Evitar el 'game over'

A escala española, las empresas abogan por preservar el producto local al mismo tiempo que se abre la puerta a la inversión, principalmente, china. “Tenemos que asegurar independencia tecnológica y energética y la competitividad, en caso contrario, el sector hará 'game over”, recalcó el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Josep María Recasens, durante unas jornadas sobre el sector de la automoción. “No es el dogmatismo del proteccionismo, sino jugar en las mismas condiciones, que vengan los inversores, que inviertan”.

“En España tenemos el conocimiento, los procesos y el método, nos falta la tecnología”, indicó Recasens. “Que vengan, que nos formen y que la ventaja competitiva se quede en España. Aprovechemos las fortalezas de que vengan porque tenemos las capacidades. Es cambiar de una tecnología a la otra, que será la dominante porque lo ha decidido China, que domina el coche eléctrico”, argumentó. 

También el presidente de Sernauto –la asociación que integra a las compañías proveedoras de componentes– instó a aprovechar el capital del país asiático, pero con condiciones. “Pido reciprocidad, si quieren consumidor europeo tienen que tener contenido europeo, nos lo exigieron a nosotros”. Al mismo tiempo, indicó que no ve a los vehículos eléctricos chinos “como amenaza, sino como oportunidad, si sabemos trabajar con ellos desde allí, también desde aquí”.

Esa alianza entre fabricantes chinos y factorías españolas ya tiene ejemplos, como la producción de Ebro en la extinta planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. En ella, Ebro EV Motors produce gracias a la alianza con el gigante chino Chery, en la que la empresa catalana tiene la mayoría de una joint venture, en concreto, el 60%. Mientras, en las últimas semanas parece más factible un acuerdo entre la estadounidense Ford y la china Geely para que esta última ensamble alguno de sus modelos en Almussafes (València).

El objetivo es que el valor de la producción de coches, independientemente de quién sea el accionariado, se quede en España y en Europa. Un análisis de la consultora McKinsey & Company, señala que, en el caso de los vehículos de combustión, el 90% del valor añadido de un modelo fabricado en Europa, por un grupo local, se queda aquí. En cambio, si esa producción 'made in Europe' es de un eléctrico, el porcentaje baja hasta el 75%, porque las baterías y el software vienen de fuera. Si esa producción es realizada por una compañía foránea, pero en plantas dentro de la UE, el valor del coche que se queda aquí se reduce hasta el 55%. Y si es un modelo importado a la UE, ese porcentaje cae el 20%, porque se reduce a la comercialización y al mantenimiento del vehículo. 

“Ya estamos perdiendo valor”, aseguró Juan Antonio Bahillo, senior partner de McKinsey durante las citadas jornadas. “Nos jugamos 440.000 millones de euros en Europa hasta 2035. De ellos, 120.000 son un posible daño para España. Estamos en jaque. No en jaque mate”, resumió.

Cambio de percepción en la Unión Europea. Parecía que Pedro Sánchez estaba solo defendiendo la legalidad internacional frente a la política belicista de Donald Trump. Sin embargo, las amenazas comerciales del presidente de EEUU contra España y, en consecuencia, para Europa; su actitud despótica contra el primer ministro británico; y la falta de un plan definitorio de cuánto va a durar la guerra, con el impacto económico creciente que conlleva, así como las inconsistencias en las argumentaciones y objetivos de los ataques por parte de la Administración estadounidense están modificando las posiciones alrededor de los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán.

El espectáculo en el despacho oval de Trump, en una conversación con el canciller alemán Friedrich Merz, cargando contra España por su negativa a ayudar a EEUU a bombardear Irán con la amenaza de romper las relaciones comerciales y hasta aplicar un embargo ha provocado una reacción en cadena en la Unión Europea en defensa de un Estado miembro.

La Comisión Europea mandó un comunicado como respuesta en el que aseguraba que “garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos”. “Expresamos nuestra total solidaridad con todos los Estados miembros y sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”.

cualquier amenaza comercial dirigida contra un país europeo miembro es una amenaza contra la UE

Stéphane Séjourné — vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial en la Comisión Europea

Las propias disculpas posteriores de Merz tratando de justificar su silencio cuando Trump atacaba a España o arremetía contra el primer ministro británico, Keir Starmer, provocaron cierta incomprensión en varias capitales europeas y acentuaron la necesidad de salir a proteger a España.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, mandaba un mensaje por redes sociales en el que aseguraba que había mantenido “una llamada con el presidente Pedro Sánchez para expresar la plena solidaridad de la UE con España. La UE siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos”, además de reafirmar el “firme compromiso con los principios del derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo”, como ha argumentado Sánchez para oponerse al bombardeo de Irán.

“No hay amenazas contra un país, se amenaza a toda la UE”

El vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial en la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, apuntó que “cualquier amenaza comercial dirigida contra un país europeo miembro es una amenaza contra la UE”, tras la advertencia de Trump. Séjourné subrayó que el comercio es una competencia de la UE y, por lo tanto, “no hay amenazas contra un solo país, se amenaza a toda la UE. En este sentido hay unidad de pareceres en la UE, ya ocurrió igual con Groenlandia”, cuando el presidente de EEUU amenazó con aranceles a los países que mandaron tropas a este territorio de Dinamarca que pretendía anexionarse.

En el mismo sentido se posicionó el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Fuentes del Palacio del Eliseo señalaron que “el presidente acaba de hablar con el presidente del Gobierno, Sánchez, para expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica lanzadas contra España”, por parte de Trump. El día anterior, Macron ya se había alineado con el dirigente español al asegurar que las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán “se llevan a cabo al margen del derecho internacional, lo cual no se puede tolerar”.

También se ha puesto en contacto con Sánchez el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para expresar su apoyo a España ante los improperios del dirigente estadounidense. Incluso China, a través de la portavoz jefa del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, rechazó que el comercio sea empleado como arma o como herramienta de presión política como hizo Trump.

Pedro Sánchez mostró su agradecimiento por las llamadas de apoyo de Costa, Macron y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Desde la institución europea no se confirmó la llamada de Von der Leyen ni se quiso informar de su contenido.

Fuentes diplomáticas han añadido que a lo largo de la jornada varios dirigentes y personalidades europeas han mostrado su apoyo al presidente español. Las mismas fuentes han reseñado que entre los líderes europeos los dirigentes de Luxemburgo y Países Bajos se habían también puesto en contacto con Pedro Sánchez para manifestarle su respaldo.

En ninguna de las capitales europeas hay dudas sobre la condena de la respuesta de Irán con sus ataques a diferentes países del Golfo Pérsico, la censura al régimen de los ayatolás ni a frenar su programa nuclear, de hecho, solo hace unas semanas se aprobó por unanimidad en el Consejo Europeo por parte de los 27 países de la Unión que se designara como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní.

Ahora bien el supuesto apoyo a los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán empieza a flojear en las capitales europeas. Para empezar, hay cambios de argumentación constante por parte de dirigentes de la Administración estadounidenses sobre los motivos del ataque. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó este lunes que la operación militar era un movimiento “preventivo”. “Si nos quedáramos esperando a que llegara ese ataque antes de golpearlos, sufriríamos muchas más bajas”, aseguró Rubio, lo que incrementa aún más las dudas sobre la ilegalidad de la operación.

Si uno de los argumentos que acogieron los dirigentes europeos era el cambio de régimen en Irán y que se diera “una transición creíble”, como apuntó Von der Leyen, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, los contradijo con el apunte de que “esta no es una guerra de cambio de régimen”, para posteriormente añadir que “el régimen ha cambiado”, tras el asesinato del líder supremo de Irán Ali Jamenei en uno de los bombardeos. 

Por otra parte, fuentes diplomáticas admiten que en las capitales europeas empieza a cundir más nerviosismo ante los cambios sobre la duración de los ataques. Si en un primer momento Trump sostuvo que serían unos días, posteriormente cambio a cuatro o cinco semanas. El incremento del tiempo de los bombardeos no es baladí, ya que va a marcar el impacto en los precios de los combustibles y en la fluidez del comercio internacional por el cierre del Estrecho de Ormuz al tráfico naviero.

Tras numerosos retrasos, presiones de sectores industriales y de las capitales por los diferentes intereses económicos que defiende cada país, la Comisión Europea ha lanzado este miércoles la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés) que introduce requisitos “específicos y proporcionados” de “Hecho en la UE” y de bajas emisiones de carbono para poder acceder a la contratación pública y conseguir apoyo público. El gran objetivo global es que el peso de la industria manufacturera alcance al menos el 20% del PIB de la Unión Europea para el año 2035. También es “proteger a las empresas europeas de la competencia desleal”, especialmente de China, y fortalecer al sector industrial frente a la caótica política comercial de Donald Trump.

Por ejemplo, para acceder a ayudas públicas o licitaciones a los seis meses de la aprobación de la norma el 70% de los componentes de un vehículo eléctrico, menos la batería, tienen que haber sido fabricados en la UE, mientras que a los tres años de la Ley en vigor, los inversores y las celdas de los paneles solares deben ser europeas.

“Ante una incertidumbre global sin precedentes y una competencia desleal, la industria europea puede confiar en las disposiciones de esta Ley para impulsar la demanda y garantizar cadenas de suministro resilientes en sectores estratégicos. Creará empleo al orientar el dinero de los contribuyentes hacia la producción europea, reduciendo nuestras dependencias y fortaleciendo nuestra seguridad y soberanía económica”, ha explicado Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial en la Comisión Europea.

La IAA afecta a la industria manufacturera, pero toca especialmente a los sectores de uso intensivo de energía, toda la cadena de valor del automóvil y las tecnologías de cero emisiones. De esta manera, se introducen requisitos de bajas emisiones de carbono para el acero utilizado en la automoción y la construcción, mientras que los criterios de “Hecho en la UE” y de bajas emisiones se aplican al cemento empleado en la construcción y al aluminio utilizado en la automoción y en la construcción, cuando estén sujetos a contratación pública u otras formas de intervención pública.

En el caso de las tecnologías de cero emisiones, la Ley establece requisitos de “Hecho en la UE” para baterías, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, energía solar fotovoltaica (PV), bombas de calor, energía eólica, electrolizadores y tecnologías nucleares, cuando estén sujetos a determinados procedimientos de contratación pública, subastas y regímenes de apoyo. Asimismo, introduce disposiciones de “Hecho en la UE” para los vehículos eléctricos (VE) y sus componentes.

Requisitos europeos para la contratación pública

La contratación pública representa aproximadamente el 15% del PIB de la Unión Europea, es decir, se trata de una “herramienta estratégica esencial para prevenir dependencias críticas y fortalecer las cadenas de suministro de la industria europea”, traducido: no era viable que empresas fuera de la UE se beneficiaran de contratos públicos de países europeos sin fabricar en la UE ni con productos europeos.

Así, la medida propone que las autoridades podrán excluir de las contrataciones públicas las ofertas presentadas por operadores económicos que sean propiedad o estén controlados por entidades establecidas en terceros países que no hayan celebrado un acuerdo internacional con la Unión que garantice el acceso recíproco.

Para que la norma no choque con la estrategia de la UE de aprobar acuerdos comerciales con nuevos países para reducir la dependencia de EEUU y China, como regla general, los productos de terceros países pueden considerarse equivalentes al “origen de la Unión” si provienen de países con los que la UE tiene un acuerdo de libre comercio, una unión aduanera o si son partes del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC.

A pesar de estas excepciones, la Comisión Europea se reserva el derecho de excluir a un tercer país si no ofrece un trato recíproco y equitativo a los productos o entidades de la UE, al igual que la Comisión podrá justifica la exclusión de una compañía para evitar dependencias o cualquier situación que amenace la seguridad de suministro dentro de la UE.

Además, se deben incluir especificaciones técnicas mínimas y obligatorias que exijan el origen de la UE y/o bajas emisiones de carbono para la adquisición de bienes o servicios en sectores estratégicos (almacenamiento de baterías, energía solar fotovoltaica, bombas de calor, tecnologías eólicas, electrolizadores y fisión nuclear).

Ahora bien, para asegurar que esta medida no restrinjan artificialmente la competencia ni generen costes inasumibles, las autoridades pueden decidir de forma excepcional no aplicar los requisitos de origen y bajas emisiones si se cumple que los productos o servicios requeridos solo pueden ser suministrados por un operador y no existe una alternativa; si no se presentaron ofertas adecuadas en un procedimiento de contratación pública similar lanzado en los dos años anteriores; si aplicar el requisito obliga a la autoridad a adquirir bienes o servicios con un coste excesivo (el coste es desproporcionado si la diferencia de precio supera el 20%) y si el uso de esos productos europeos genera incompatibilidades técnicas en la operación o mantenimiento del proyecto (por ejemplo, si compromete los requisitos básicos de obras de construcción o infraestructuras).

Exigencias por sectores y productos con fechas

La ley establece requisitos estrictos de origen y sostenibilidad para acceder a contratos públicos y esquemas de apoyo según sectores y productos:

Acero: se requerirá un 20-25% de acero bajo en carbono en obras públicas y construcción automotriz.

Cemento y Aluminio: se exige un 25% de contenido bajo en carbono para enero de 2029.

Vehículos Eléctricos y Híbridos: A los seis meses de vigencia de la norma el 70% de los componentes deben ser de origen UE, salvo las baterías, cuyas celdas y al menos tres componentes tienen que se fabricados en Europa. A los tres años, se eleva el requisito a cinco componentes de la batería (incluyendo el material activo del cátodo) y además, dentro del 70% del resto de componentes, el 50% del tren motriz eléctrico y la mitad de la electrónica debe ser europeo.

Sistemas de almacenamiento de baterías: Hasta el tercer año el sistema de almacenamiento debe ser de la UE. Si el proyecto supera 1 Megavatio-hora (MWh), el sistema de gestión de la batería también debe ser europeo. A partir del tercer año, el sistema, las celdas de la batería, el sistema de gestión de la batería, más un componente principal específico adicional deben tener origen en la UE.

Energía solar: el objetivo es relocalizar componentes críticos como el inversor (dispositivos electrónicos críticos que transforman la corriente), que representa el 10% del precio de un panel. A los tres años, los inversores y las celdas de los paneles solares deben ser europeas.

Energía nuclear: A los cuatro años se la aprobación de la ley tendrán que tener dos componentes de fabricación europea y a los seis años, tres componentes.

Energía eólica: un año después de aprobar la norma, un componente de la turbina eólica tiene que haber sido fabricado en Europa y a los tres años, dos componentes.

Bombas de calor: A los tres años de la aprobación de la norma el producto final debe ser fabricado en europa.

Electrolizadores: al año de la vigencia de la ley, el producto final, el stack (núcleo central del equipo) u un componente tienen que haber sido fabricados en Europa, mientras que a los tres años además del producto final y el stack deberá llevar dos componentes de fabricación europea.

Control de la inversión extranjera

La medida también pretende evitar que las inversiones de terceros países extraigan el valor añadido y la tecnología de la UE. Para ello se imponen condiciones estrictas a las inversiones extranjeras superiores a 100 millones de euros en sectores estratégicos emergentes (baterías, vehículos eléctricos, energía solar y materias primas críticas).

En caso de que el inversor provenga de un país que controle más del 40% de la capacidad mundial de fabricación en ese sector (un punto dirigido especialmente a China, por su control del 70% de la extracción y el 90% de la producción de tierras raras y minerales críticos, entre otros sectores estratégicos), la inversión solo se aprobará si cumple estas condiciones: el inversor extranjero no podrá poseer más del 49% del capital ni tener el control exclusivo; la inversión deberá realizarse a través de empresas conjuntas (joint ventures) con socios europeos; se exigirá la concesión de licencias de propiedad intelectual y transferencia tecnológica a la empresa europea; se debe mantener el compromiso de adquirir al menos el 30% de los insumos o materias primas dentro de la UE; al menos el 50% de los trabajadores contratados deberán ser de la UE y se exigirá que un mínimo el 1% de los ingresos anuales brutos se dediquen a inversión local en I+D.

La pugna entre los países

Mientras que Francia ha empujado para que la norma sea lo más estricta posible y alcance al mayor número de sectores de manera que las ayudas económicas y las licitaciones públicas solo lleguen a compañías europeas que trabajan con productos europeos, Alemania ha tirado para reducir la ambición de la norma, especialmente por su industria automovilística, que se nutre de componentes de fuera de la Unión Europea.

La norma también causa recelos entre los países pequeños de la UE (Chequia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal y Suecia), que han mostrado públicamente su resquemor por una propuesta que temen pueda beneficiar a las grandes corporaciones de los mayores países de la UE frente a sus compañías más pequeñas y que buscan proveedores más baratos en países fuera de la UE.

Millones de euros de beneficios

La medida, que aún tiene un largo recorrido legislativo y puede ser modificada en varios aspectos, podría generar más de 600 millones de euros de valor adicional en las industrias del acero, el aluminio y el cemento de aquí a 2030 con el impulso la demanda de productos con bajas emisiones de carbono y hasta 10.500 millones de euros en toda la cadena de valor del sector automovilístico, según la Comisión Europea.

Bruselas aspira que la nueva medida ayude a crear decenas de miles de empleos, incluidos 85.000 en proyectos de baterías y 58.000 en la fabricación de energía solar. Además, insiste en que “se protegerán los puestos de trabajo existentes en el acero, el aluminio y el cemento durante la transición de estos sectores hacia una producción más limpia”.

Por otro lado, la digitalización de los procesos de concesión de permisos permitirá un ahorro administrativo de hasta 240 millones de euros para el conjunto de las industrias manufactureras europeas. Se espera que la Ley permita ahorrar 30,58 millones de toneladas de dióxido de carbono en las industrias de uso intensivo de energía (acero, cemento y aluminio), así como en los sectores de baterías y componentes de vehículos.

Ante las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, que ha cargado contra España por su negativa a ayudar a EEUU a bombardear Irán y ha amenazado con romper las relaciones comerciales y aplicar un embargo, un portavoz de la Comisión Europea ha respondido que “siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos” .

“La Comisión Europea garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos. Expresamos nuestra total solidaridad con todos los Estados miembros y sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, ha comentado un portavoz de la institución en Bruselas.

Con anterioridad, el Gobierno había respondido que no ve tan fácil una ruptura comercial como amenaza Donald Trump por el rechazo de Pedro Sánchez a la guerra en Irán y considera que tienen que darse una serie de circunstancias para que la relación cambie. “Si la administración norteamericana quiere revisar [la relación comercial] deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU”, señalan fuentes de Moncloa tras las palabras del presidente de EEUU, que ha amenazado con embargos a España.

Desde la Comisión se insiste en que “se espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos en el marco del acuerdo comercial”, que se firmó en el verano de 2025. “Un acuerdo es un acuerdo”, le recriminaron el pasado 22 de febrero en un comunicado desde la Comisión Europea a la errática política comercial de Trump, después de que el Tribunal Supremo de EEUU tumbará sus aranceles.

La Comisión Europea recalca que lo que tiene que hacer EEUU es “aportar claridad” sobre las medidas comerciales que los Estados Unidos tienen intención de adoptar tras la sentencia del Tribunal Supremo.

En Bruselas se tienen serias dudas de que las amenazas de Trump se concreten en medidas concretas, como ha ocurrido en otras crisis durante el último año.

No es la primera vez que la Comisión Europea sale en defensa de España tras las amenazas de Trump. La Comisión Europea dijo el pasado octubre que “se responderá adecuadamente, como siempre lo hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros” ante las amenazas del presidente de EEUU a España porque no se ha comprometido a incrementar al 5% del PIB el gasto en Defensa.

Cuando Trump anunció nuevos aranceles contra los países que mandaron tropas a Groenlandia, la Comisión también salió en defensa de estos países criticado los aranceles y apoyando “la integridad territorial y la soberanía” de Groenlandia, además, de mostrar el compromiso a mantener el diálogo iniciado “entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos”.

Tanto con la polémica de la posición contraria de España al 5% del gasto en Defensa como con los países que mandaron tropas a Groenlandia, Trump ha optado por la marcha atrás y no ha puesto en marcha los nuevos aranceles, por lo que se le ha señalado como TACO (Trump Always Chickens Out o Trump siempre se acobarda).

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha defendido “la seguridad alimentaria como un factor de seguridad estratégica también” que hay que preservar, durante su intervención en el Diálogo de Alto nivel sobre la PAC y el Desarrollo Rural del Comité de las Regiones que esta mañana se ha celebrado en Bruselas.

Page, que ha intervenido junto a otros ponentes europeos, ha rechazado “la propuesta agresiva que se ha planteado porque lo que esconde es una reducción de la Política Agraria Común en el volumen del gasto financiero”, en referencia a la propuesta que la Comisión Europea ha realizado para el próximo periodo. “Mi planteamiento es un planteamiento no de rechazo a matices, a propuestas concretas, es simplemente una enmienda global al concepto, al hecho de relativizar la política agraria, de ir desocupándose, de ir reduciendo peso en el seno de la Unión Europea”, ha señalado.

El presidente regional, que ya venía manifestando su rechazo desde que se dio a conocer hace meses, ha señalado que “nadie esperaba una propuesta tan agresiva de la UE que cambia por completo el enfoque” que se mantenía hasta el momento para la política agraria.

Una propuesta “incoherente con algunos de los objetivos estructurales de la UE” y “rupturista” y que impedirá, entre otras cosas según ha dicho, alcanzar el objetivo comunitario de que un 25% de la producción sea en ecológica y garantizar la incorporación de los jóvenes al campo“. Ha lamentado que Europa plantee esta reducción ”de ahora y para el futuro, cambiando el modelo, desplazando parte de la responsabilidad a los estados miembros“.

Page se ha pregunta por qué se hace esta propuesta y ha señalado que “en el fondo hay un intento de la Comisión de reducir el peso de la PAC en el conjunto financiero de la UE. Abocarlo a que con el tiempo fuera menor el dinero que se destinara” a esta política con lo que dejaría de ser un factor de cohesión.

Así ha señalado que “pareciera que en tan poco tiempo la UE haya olvidado la lección del COVID o la invasión de Rusia en ucrania”, cuando se puso sobre la mesa la necesidad de que la UE mantuviera su soberanía alimentaria.

“Emerge en Europa un concepto de preocupación por la seguridad, nosotros creemos que lo más caro es la inseguridad. El conjunto de la UE tiene que hacer más esfuerzo en seguridad, pero intentar responder con los mismos recursos que ya se ocupan de todo, significa no atender ni lo excepcional, ni a lo que ya está consolidado”, ha remarcado

Además ha rechazado que “los agricultores o los ganaderos terminen siendo víctimas de la necesidad de seguridad. Si Europa quiere más seguridad, tendrá que poner más dinero en conjunto al bloque europeo o estado miembro por estado miembro”, ha argumentado.

Del mismo modo, ha considerado que, si “la propuesta definitiva sobre la Política Agraria Comunitaria se tuviera que fraguar en el seno del Comité de las Regiones, sería relativamente fácil conseguir un consenso”. En el mismo sentido, se ha mostrado convencido de que hay un posicionamiento del Comité de las Regiones que va muy en línea de una importante mayoría de los Estados miembros.

El Gobierno ha solicitado oficialmente este martes a la Comisión Europea el sexto desembolso de los fondos del Plan de Recuperación (PRTR), el penúltimo pago antes de que termine el programa en agosto de este año, por valor de 7.256 millones, tras cumplir con algunas de las reformas comprometidas con Bruselas como la Ley de Movilidad Sostenible o la creación de la empresa pública de vivienda Casa47.

Según ha detallado el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado, 6.205 millones de euros proceden de la pata de transferencias del Plan de Recuperación, mientras que 1.051 millones corresponden a la parte de los préstamos. El desembolso lleva adjuntando el cumplimiento de 78 hitos y objetivos (69 de las ayudas no reembolsables y 9 de los créditos), que ahora la Comisión Europea tendrá que evaluar para transferir los fondos al Tesoro español.

En total, si el Ejecutivo comunitario da por cumplidos los objetivos, España habrá recibido más de 60.500 millones de la parte de transferencias -que son a fondo perdido- y 17.280 millones de los préstamos, vinculados a la conclusión de 343 hitos y objetivos, el 70% de los previstos en el PRTR. Esto, dice Hacienda, coloca al país como el más avanzado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que desplegó la Comisión Europea para gestionar los fondos Next Generation EU.

Entre las reformas que ha adjuntado el Gobierno a la Comisión, se encuentra la Ley de Movilidad Sostenible, la creación de la empresa pública de vivienda que incluyeron en la última Adenda al Plan o la implementación de medidas para mejorar la estabilidady las condiciones del personal sanitario.

España tratará de salvar en esta evaluación uno de los compromisos que Bruselas dio por incumplidos: la reforma fiscal. Si bien el Ejecutivo aprobó a finales de 2024 un paquete tributario que costó al Gobierno sangre, sudor y lágrimas para unir a todos los socios de investidura, se quedó fuera la equiparación del diésel y la gasolina, una exigencia de la Comisión.

Hacienda ha incorporado “nuevas evidencias” sobre la ejecución de este hito y también ha remitido los datos de recaudación real del año pasado, con los que se “supera ampliamente el objetivo de incrementar los ingresos fiscales en un 0,3% del producto interior bruto (PIB)” lo que, a juicio del Gobierno, da por “acreditado el cumplimiento de los objetivos cuantitativos” del Plan.

Además de este, el Ejecutivo ha reclamado que se abonen los fondos correspondientes al hito 167, relativo a la digitalización de entidades regionales y locales.

“Si alguien piensa que a los europeos se nos va a conceder acceso a los últimos productos de IA que serán necesarios dentro de diez años para, por ejemplo, tener una industria farmacéutica o una industria manufacturera punteras, creo que está siendo un ingenuo”.

Es una de las advertencias que ha dejado Marc Murtra, presidente de Telefónica, en el panel principal de la primera jornada del Mobile World Congress (MWC), centrado en cómo conseguir la soberanía tecnológica europea. La mayor feria de las telecomunicaciones del mundo, que ha arrancado este lunes en Barcelona, ha juntado al ejecutivo español con los consejeros delegados de Deustche Telekom, Tim Höttges, y Jean-François Fallacher, de la multinacional espacial francesa Eutelsat, con el objetivo de abordar esta cuestión geopolítica en plena escalada de tensión internacional.

El diagnóstico de las líderes de las telecomunicaciones europeas es claro: para conseguir soberanía estratégica y mayor competitividad en el sector tecnológico, Europa debe reducir la fragmentación del mercado. Esto, aseguran, permitiría a sus grandes empresas de telecomunicaciones desarrollar las economías de escala necesarias para hacer grandes inversiones en inteligencia artificial, semiconductores e infraestructura tecnológica local.

“El concepto de soberanía puede ser a veces extremadamente concreto. Cuando uno de nuestros competidores, que no nombraré aquí, deciden cortar los servicios de un país, eso marca los ánimos y la gente se da cuenta de lo que significa ser independiente”, ha manifestado Fallacher sobre Starlink y el incidente de 2022 en Ucrania. Entonces, Elon Musk desactivó la red de su empresa de comunicación por satélites que utilizaba el ejército ucraniano para evitar un ataque sorpresa contra la flota naval rusa en Crimea.

Musk argumentó que quería evitar un “mini Pearl Harbor” y una posible escalada nuclear rusa. El evento, no obstante, demostró hasta qué punto las empresas de servicios digitales estadounidenses controlan la capacidad de movimiento de los países europeos. “¿En quién puedes confiar? Todo se utiliza como un arma. Y si te vuelves dependiente de alguien, ya sabes, podría aprovecharse de ello”, ha coincidido Tim Höttges.

Menos telecos para un mayor poder tecnológico

A pesar de que el panel se ha celebrado en medio del ataque del Gobierno de Donald Trump e Israel contra Irán, que numerosos expertos sitúan fuera de la legalidad internacional, Höttges no ha dudado en declararse “un gran fan de EEUU” por su éxito tecnológico. “Todo en EEUU funciona mejor que en Europa con respecto a estos esfuerzos de digitalización. Y eso no nos gusta. Reconozco que estoy celoso. Quiero tener el mismo ecosistema para mi Europa”, ha afirmado.

El panorama que los ejecutivos de las principales telecos europeas quieren emular en el Viejo Continente es el que ha permitido una mayor concentración del mercado. Tanto en EEUU como en China, son solo tres o cuatro gigantes los que dominan todo el mercado. En Europa, en cambio, hay cerca de 40.

“Necesitamos escala. Necesitamos empresas más grandes que asuman más riesgos”, ha defendido Murtra. Por ello, también cree necesario “cambiar y ajustar la regulación” europea para que facilite “las fusiones y la consolidación del mercado”. “Somos una colección de 27 países. Lamentablemente, todavía no nos comportamos como un solo país”, ha coincidido Jean-François Fallacher, de Eutelsat.

Se trata de una reivindicación histórica. El sector de las telecomunicaciones ha utilizado tradicionalmente este marco geopolítico de rivalidad entre Estados Unidos y China para reclamar a Bruselas una flexibilización de las normativas antimonopolio que les permita comprar a los actores más pequeños del continente.

No obstante, se trata de un movimiento que Bruselas siempre se ha mostrado reticente a ejecutar ante el miedo de que la concentración del mercado perjudique al consumidor. Menos actores puede acabar traduciéndose en facturas de internet y telefonía más caras, pero no en garantías de una innovación real.

La organización del evento, la GSMA (la patronal mundial de la industria del móvil) había pensado en que fuera Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, la que diera la réplica la los ejecutivos. Sin embargo, la participación de Virkkunen en el panel se ha cancelado este lunes debido a la guerra de EEUU e Israel contra Irán desatada este fin de semana.

Salvo por la cancelación de la vicepresidenta de la Comisión, el MWC apenas se ha dejado influir por los ataques de este fin de semana. Las referencias a los ataques entre los ponentes o las empresas expositoras han sido muy excasas. La feria ha ido dejando de ser la exposición de gadgets de consumo que era hace una década para asimilarse a un gran foro geopolítico para las empresas de telecomunicaciones, tecnológicas y reguladores.