Ya no es una guerra soterrada ni una pugna oculta en los pasillos de la institución europea en Bruselas. La Comisión Europea planea desmantelar el actual Servicio Europeo de Acción Exterior, el departamento diplomático de la UE, mediante el reparto de sus atribuciones entre el resto de los comisarios europeos y rebajar el papel de la Alta Representante de Exteriores, Kaja Kallas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, lleva meses tratando de controlar el servicio diplomático europeo en un momento en el que desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasando por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu hasta líderes como Vladímir Putin quieren romper con un mundo basado en reglas y el derecho internacional.

El Servicio Europeo de Acción Exterior se creó en 2009. Es un cargo con competencias de vicepresidente en la Comisión Europea, pero a la vez ostenta la presidencia del consejo de ministros de Exteriores. Esta doble posición se diseñó intencionadamente por parte de los países, ya que no quería que la presidencia de la Comisión Europea asumiera el poder en un área que los Estados miembros consideran fundamental. Von der Leyen ya tuvo continuos choques con Borrell.

“En el actual entorno geopolítico, está claro que debemos modernizarnos y adaptarnos continuamente para garantizar que nuestras herramientas, estructuras y procesos de toma de decisiones sigan permitiendo una acción eficaz. La Comisión está dispuesta a contribuir a este debate”, admitió esta semana un portavoz de la Comisión Europea.

En esta pelea no solo se está poniendo en juego la arquitectura ejecutiva de la Unión Europea, también se está dirimiendo qué principios van a guiar la política exterior de Europa. Von der Leyen dio un paso sin precedentes en marzo de 2026 cuando se atrevió a tirar por tierra los principios fundamentales de la Unión Europea con su propuesta de arrinconar el sistema basado en reglas y el derecho internacional cuando fuera necesario. “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá. Siempre defenderemos y mantendremos el sistema basado en reglas que ayudamos a construir junto con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos”, dijo entonces la presidenta de la Comisión.

El escándalo fue mayúsculo y Von der Leyen tuvo que dar marcha atrás dos días después tras las exigencias de rectificación por parte de los Estados miembros. Desde entonces, la jefa del Ejecutivo comunitario mantiene un pulso por controlar el Servicio Europeo de Acción Exterior que le permita reducir las fricciones con los líderes que tratan de acabar con un mundo basado en el derecho internacional. Al igual que las declaraciones de entonces obedecían a la necesidad del canciller alemán, Friedrich Merz, de evitar molestar a Trump al inicio de la campaña de bombardeos contra Irán, ahora también ha partido de Alemania una propuesta de desmantelamiento del departamento de Exterior de la UE.

El periódico Financial Times aseguró esta semana que la propuesta de reducir el papel del Servicio Europeo de Acción Exterior partía de un documento elaborado por Alemania y Francia que reflexionaba sobre el papel diplomático de la UE. La idea es que Kallas se quede solo con funciones residuales como misiones de mantenimiento de la paz de la UE o aspectos relacionados con la coordinación entre países sobre formación militar y que se ahorre el coste de 1.000 millones anuales de su departamento.

Más herramientas para el Servicio Exterior de la UE

Sin embargo, en la reunión de ministros de Exteriores celebrada esta semana en Irlanda, el titular francés de esta cartera, Jean-Noël Barrot, apuntó que “las competencias de la alta representante deben poder ejercerse plenamente”. “Por un lado, debe poder, evidentemente mediante un enfoque colegiado con los miembros del Consejo, tener plena libertad para adoptar las decisiones que entren dentro de sus competencias, pero también debe poder recurrir, de una manera más firme y clara, a las palancas de la Comisión que puedan servir a la política exterior”, dijo.

Barrot está pidiendo que Kallas tenga más competencias para actuar en aspectos como la política comercial, por ejemplo, a la hora de aplicar sanciones en el orden internacional. Este es un aspecto que Von der Leyen no va a aceptar, ya que ha sido uno de los principales frenos a la puesta en marcha de sanciones contra Israel.

Las relaciones con Israel se han convertido en otro foco de disputa entre ambas dirigentes. El pasado junio, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, anunció que rompía relaciones con la Alta Representante de Exteriores de la UE porque Kallas supuestamente había comparado cómo trata el Estado israelí a los palestinos con el régimen de 'apartheid' de Sudáfrica. A pesar del desplante israelí, la Comisión Europea despreció las mínimas reglas de diplomacia y avaló una visita de la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, a Israel.

Von der Leyen ya había utilizado otras veces a la comisaria Šuica para emprender acciones en política exterior. La presidenta de la Comisión Europea abrió un cisma en la UE tras mandar a la comisaria para el Mediterráneo a la Junta de paz de Donald Trump para Gaza cuando el presidente del Consejo Europeo, António Costa, había subrayado que la UE no participaría en la propuesta del presidente de Estados Unidos. La decisión de Von der Leyen fue contestada por la mayoría de Estados miembros de la UE, ya que no avisó a los países y carece del mandato necesario para actuar de esta manera unilateral ante una maniobra de Trump, que podría infringir la legalidad internacional.

Ante la presión, Kallas se ha puesto en marcha para evitar los cambios que la relegarían a un papel secundario. Solo con una pugna de poder en el seno de la UE se puede entender que en la reunión de esta semana que dirigió la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, junto a los ministros de Exteriores de la UE se lanzara un comunicado en que se reivindicaba que “la UE reafirma su firme compromiso con un multilateralismo eficaz, renovado y reforzado, basado en el derecho internacional y en los propósitos y principios universales de la Carta de las Naciones Unidas”. “En un momento de crecientes tensiones geopolíticas y de graves violaciones del derecho internacional, un orden internacional basado en normas y un sistema multilateral con las Naciones Unidas como eje central siguen constituyendo el marco global esencial para garantizar el respeto de la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados, la solución pacífica de las controversias, la previsibilidad, la rendición de cuentas y la aplicación equitativa del derecho internacional”, prosigue. ¿Hacía falta recordar lo que ya está vigente y aprobado en el Tratado de Lisboa de 2009 que conforman la base constitucional de la UE o era un mensaje interno?

“Los Estados no quieren perder el control de la política exterior”

Kallas además aseguró en la rueda de prensa posterior a la reunión con los ministros de Exteriores que “los Estados miembros han dejado claro que no quieren perder el control de la política exterior”. “El problema es que, aunque la política exterior la elaboramos conjuntamente con los Estados miembros, los instrumentos suelen estar en manos de la Comisión: el comercio, la ayuda al desarrollo, la ampliación, la migración, los visados”, insistió la jefa de la diplomacia europea. Es decir, recuperó la petición del ministro francés de Exteriores.

“Si queremos actuar como un actor geopolítico, deberíamos integrar realmente todas estas cuestiones, y por eso los Tratados prevén la función del vicepresidente. Ahora bien, el problema no son los tratados, ni la estructura institucional. El problema es la puesta en práctica de esa estructura para que funcione en la práctica”, apuntó Kallas en clara referencia a los vetos que impone la Comisión.

Por otro lado, la alta representante advirtió de la queja de los Estados miembros más pequeños, ya que “si trasladamos todo a la Comisión, perderán el control de la política exterior, porque no hay un Consejo de Asuntos Exteriores cada mes en el que coordinarnos con todos, en el que yo sepa cuál es la postura de los Estados miembros, en el que presionemos para lograr posiciones unificadas”.

Donde hay más consenso es en la eliminación de la unanimidad a la hora de votar las decisiones dentro del Consejo de Exteriores. España, Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Rumanía y Suecia, solicitaron por carta a la jefa de la diplomacia comunitaria poner fin a los vetos que bloquean las decisiones en la política exterior de la UE al estar basadas en la unanimidad.

“Yo puedo entender la unanimidad y, por lo tanto, un derecho de veto cuando hay intereses nacionales en juego, pero lo que no puedo entender, no puedo aceptar, es que se use la unanimidad, ese derecho de veto para secuestrar el que Europa pueda avanzar”, apuntó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Albares insistió en la necesidad de agilidad en la toma de decisiones “en estos momentos tan difíciles donde nos enfrentamos a amenazas híbridas de tal calado, todos nosotros lo estamos viendo todos los países”.

La Coordinadora Antifascista de Barcelona y SomAntifeifeixistes han llamado a “plantar cara” al movimiento ultra Save Europe Act, que este sábado ha convocado una manifestación en Barcelona en el marco de una gira por diversos países, impulsada por partidos de la extrema derecha europea que abogan por la “remigración”. Se trata de una campaña para exigir el “retorno sistemático” de los migrantes en situación irregular.

Barcelona será la primera parada en España de este grupo ultra, que el fin de semana pasado se concentró en Francia. El sábado 29 tienen pensado organizar otro acto en Madrid. Los colectivos antifascistas han convocado una contramanifestación a las 18h en la Plaça Sant Jaume, una hora antes y en el mismo lugar escogido por Save Europe Act. “Vamos a responder de manera unitaria”, han apuntado desde la Coordinadora.

Este movimiento nació hace meses, con el objetivo de presentar una propuesta de ley ante la Comisión Europea “para salvar Europa de la migración”. La iniciativa fue registrada el pasado 8 de junio y fue rechazada el pasado 22 de julio por ser, entre otras cosas, “manifiestamente contraria a los valores de la Unión”.

Entre las ideas del movimiento se encuentran postulados racistas y xenófobos como los que sostienen que los pueblos “nativos” europeos corren el riesgo de convertirse en poblaciones “minoritarias”. Por ello, además de la citada “remigración” apuestan por suspender la tramitación de solicitudes de asilo para migrantes económicos y aquellos que vienen de países que consideran “seguros”.

Save Europe Act está organizando una gira europea por diversos países y aterrizará en Barcelona este fin de semana. Pero no es la primera vez que el movimiento ultra se manifiesta en territorio español. Ya estuvo en Algeciras y en Ceuta durante los días posteriores a la entrada de 80.000 personas a la ciudad autónoma desde Marruecos.

Aquella, aseguran, fue una manifestación “de urgencia”, que agrupó a pocas personas. Pero para este fin de semana llaman a una asistencia “masiva” y apelan a todos “los patriotas españoles” a unirse al movimiento. “Demostremos a las élites de la UE y al régimen de reemplazo de Sánchez que nuestro patriotismo es más fuerte que su censura y sus mentiras”, han publicado en redes.

La Save Europe Act está respaldada por representantes públicos, partidos y movimientos de ideología ultra. Su abanderado en España es, principalmente, VOX. De hecho, Santiago Abascal es una de las firmas que figuran en la lista de quienes apoyan la iniciativa de la “remigración”. Otro de los nombres fuertes es el del movimiento Reconquista, un grupo que echa mano de la nostalgia y de argumentos heroicistas para alentar discursos xenófobos y racistas.

Sus integrantes son, en gran mayoría, jóvenes y son ellos quienes están organizando el encuentro del sábado, que tiene como plato fuerte una pancarta de 400m² que exige la repatriación de todos los migrantes y que, esperan, se haga visible desde el Ayuntamiento y la Generalitat, ambas administraciones que dan a la Plaça.

El llamado del grupo de extrema derecha ha despertado el rechazo dediversos partidos de izquierdas, que han reclamado al alcalde Collboni que evite celebrar esta manifestación. Los primeros que llamaron la atención sobre la cita fue la CUP, que ya alertó de que el consistorio añadió en la agenda de actos de la ciudad la concentración. Desde el Ayuntamiento argumentaron que la publicación fue un error y fue borrada al poco.

Los Comuns también han exigido tanto al consistorio como a la Generalotat que “impidan” con “todas las herramientas” la concentración. “Barcelona no puede convertirse en altavoz del supremacismo blanco y de quienes defienden expulsiones masivas”, ha dicho el alcaldable del partido, Gerardo Pisarello.

En noviembre de 2011 tuvo lugar la crisis migratoria que sufrió Polonia con la llegada masiva de inmigrantes desde Bielorrusia. Ante una situación de grave riesgo humanitario por la utilización como arma de los movimientos de miles de personas en busca de una vida mejor por parte de régimen bielorruso de Aleksandr Lukashenko, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mostró su solidaridad con los países afectados. Von der Leyen, en un comunicado, anunció que se había puesto en contacto con los dirigentes de Polonia, Lituania y Letonia “para expresarles la solidaridad de la Unión Europea y debatir con ellos las medidas que la UE puede adoptar para apoyar sus esfuerzos a la hora de hacer frente a esta crisis”. Sin embargo, no hay anuncios de solidaridad de la presidenta de la Comisión Europea con España por la crisis migratoria en Ceuta, ni por parte de una buena parte de países de la UE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado por carta su queja a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del Consejo Europeo, António Costa; y al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, como país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, y ha pedido una reunión de ministros de Interior.

Sánchez señala en su misiva que varios países “han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del espacio Schengen. Esa actitud —impulsada por los prejuicios, las noticias falsas, la ignorancia o el interés político— no solo es contraria al Derecho de la Unión Europea, al Derecho internacional humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen”.

¿A qué se debe la actitud de estos países? El Gobierno de España se ha mostrado contrario a la nueva agenda política de la Comisión Europea en temas migratorios, arrastrada por las posiciones más duras de la ultraderecha. Ha sido uno de los pocos países que se posicionó claramente contrarios a las últimas medidas aprobadas en el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo, que siguiendo la estela marcada por la extrema derecha trata de dificultar a los migrantes el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales y abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

No es solo un movimiento en la Unión Europea de derechización de las políticas migratorias, también afecta a otros ámbitos como la agenda verde, que el Ejecutivo comunitario está rebajando sus ambiciones a marchas forzadas con el argumento de la competitividad. Esta estrategia de acercamiento se ha reforzado tras el cambio de posición de los partidos de la ultraderecha europea, que han optado por una posición práctica, menos radical, que les permita sacar adelante sus postulados apoyando a los conservadores europeos. El investigador de del Centre for European Policy Studies señala que “hay un cambio de la derecha radical, que ha pasado de rechazar la Unión Europea a tratar activamente de remodelarla junto con otros partidos de la misma tendencia, y que constituye una forma de adaptación política”. En este sentido, ya han comenzado las negociaciones con el PPE para tratar de flexibilizar los objetivos de emisiones y el veto a los coches de combustión en 2035.

Mihir Sharma, columnista de Bloomberg Opinion, explica que las posiciones políticas claras y a contracorriente del Gobierno Sánchez frente a muchos Ejecutivos conservadores de Europa en temas como su posición favorable a la inmigración, gasto en defensa controlado, defensa de las energías renovables o asunción de deuda europea en el próximo presupuesto plurianual europeo más la buena marcha de la economía española lo han colocado como un objetivo a batir. Y encima España ha ganado el Mundial de fútbol.

Von der Leyen: “Las devoluciones deben ser rápidas”

Con la crisis migratoria de Ceuta, Von der Leyen se ha limitado a decir que “las imágenes que llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin cumplir con nuestras normas. Los cruces peligrosos deben detenerse de inmediato. Las redes de tráfico deben desmantelarse. Y las devoluciones deben ser rápidas, tal como permiten nuestras normas. Encargué a dos comisarios que apoyen el control de la situación. Magnus Brunner ya está trabajando estrechamente con España y está listo para viajar a los puntos críticos. Trabajará en un apoyo operativo adicional a España, incluida la colaboración con Frontex. Dubravka Suica está en contacto con su homóloga marroquí. Tengo confianza en que nuestra estrecha asociación con Marruecos ayudará a obtener resultados concretos”. Ninguna llamada a la solidaridad con España.

Para tener en cuenta el nivel de la crisis de Ceuta: en solo 24 horas entraron en la ciudad española unos 50.000 inmigrantes, mientras que Polonia registró algo más de 7.500 solicitudes de asilo en 2021 a raíz de la crisis migratoria con Bielorrusia.

Al día siguiente, cuando la crisis ya estaba encauzada y la mayoría de las personas que habían cruzado la frontera habían vuelto a Marruecos, Von der Leyen volvió a escribir un mensaje en X en el que señalaba que “ni una sola persona llegó a la España peninsular o al resto de la UE” y añadía que “la Comisión ha ofrecido apoyo a España desde el primer momento. Recibí cartas de varios líderes y acojo con satisfacción la llamada a una videoconferencia extraordinaria para evaluar lo sucedido. Combatir la migración ilegal requiere solidaridad y una respuesta europea unida”. Pero la realidad es que en un primer momento solo hubo apoyo técnico, no hubo una respuesta política de solidaridad con España.

Las escasas muestras de respaldo a España han llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrar su descontento. Primero lanzó un mensaje en redes sociales donde admitió que “la solidaridad y la empatía son opcionales”, pero ha señalado a un grupo de países por la llegada de inmigrantes ilegales: “Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex: Por Italia: 478.600 Por los Balcanes occidentales: 340.600 Por Grecia: 259.800 Por España: 234.760 Por la frontera oriental: 48.000.

El presidente del Gobierno ha añadido que ante una crisis de estas proporciones “no es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida”.

Posteriormente Sánchez envió el sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea en la que criticó que varios gobierno europeos hayan “optado por atacar” a España tras la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta. Sánchez pidió una reunión de urgencia de ministros del Interior.

La falta de solidaridad no ha sido únicamente por parte de la presidenta de la Comisión Europea. Varios países se han mostrado claramente beligerantes contra España: la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado “medidas extraordinarias” como la suspensión temporal del espacio Schengen con España con la incorporación de controles fronterizos en aeropuertos y puestos. Posteriormente, el primer ministro de la República Checa, el populista de derechas Andrej Babis, exigió que “el espacio Schengen debería cerrarse a España de inmediato”, mientras que la ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen, respaldó a Italia apuntando que “España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular”. Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, defendió que la Unión Europea debe considerar “todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen” a España“.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, respondió en X a las declaraciones más extemporáneas de los líderes de los países de la UE asegurando que “la práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos. No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada”.

Posteriormente, ante la gran cantidad de turismo español que visita Italia, el Gobierno de Meloni ha matizado que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos de países de fuera de la Unión Europea llegados desde España.

Alberto Alemanno, catedrático Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea en HEC París, explica que “desde su llegada al poder, el Gobierno de Giorgia Meloni ha autorizado aproximadamente 450.000 permisos de trabajo para el periodo 2023-2025 y ha aprobado un contingente ampliado de casi 500.000 entradas legales para el ciclo 2026-2028, con el fin de cubrir las necesidades de sectores clave como la agricultura, el turismo y la industria manufacturera. Por tanto, este ataque directo contra España no tiene que ver realmente con la inmigración en sí, sino con el uso de su última manifestación como una conveniente arma política contra otro Estado miembro, destinada al consumo político interno más que a responder a un auténtico objetivo jurídico o de seguridad”.

Solo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su “solidaridad con España, con su Gobierno y con su pueblo” y ofreció “toda la ayuda necesaria”, mientras que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció en la red social X: “Expreso mi solidaridad con España ante la situación actual de inmigración irregular en Ceuta”.

Otros países simplemente han optado por evitar cualquier mensaje de respaldo político explícito al Gobierno de Pedro Sánchez. El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que España debe recuperar el control en Ceuta y mostró su satisfacción por la decisión española de no permitir a los migrantes ilegales entrar en el continente europeo y afirmó que espera que Rabat los readmita inmediatamente. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, aseguró que su gobierno no considera necesario suspender a España del espacio Schengen tras la crisis migratoria en Ceuta y las peticiones de algunos países europeos al respecto, aunque alertó de que la política de migración de España puede provocar un “efecto llamada”.

Aunque no ha habido movimientos de inmigrantes a Europa, la crisis de Ceuta no se va a quedar aquí. Las derechas europeas van a aprovechar la situación para tratar de endurecer aún más las políticas contra las migraciones. Italia, Dinamarca y otros 20 países europeos pidieron este sábado una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE para analizar la crisis migratoria de Ceuta y acordar una respuesta coordinada y acciones inmediatas para el control de la frontera exterior. En la misiva se pide tener en cuenta, concretamente, el refuerzo del apoyo de Frontex y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos.

La imposibilidad de expulsar a España de Schengen

La Comisión Europea descartó la posibilidad de expulsar a España del Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de ciudadanos entre los países europeos, por la crisis migratoria en Ceuta. Un portavoz de la institución comunitaria explicó que “no se ha observado ningún movimiento desde Ceuta hacia la España peninsular ni hacia otros Estados miembros” y se ha constatado que “las autoridades españolas están controlando las fronteras exteriores para garantizar que no se produzcan esos desplazamientos hacia el resto de la Unión”.

Ahora bien, Bruselas sí que ha puntualizado que un país de la UE puede restablecer los controles en sus fronteras con otro país dentro del área Schengen, como anunció Italia. De hecho, la Comisión Europea tuvo que mandar un requerimiento a un grupo de países (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia) ante los continuos controles de las fronteras interiores por el endurecimiento de las políticas antiinmigratorias que está afectando a la libre de circulación de personas que se establece en el espacio Schengen.

“La normativa establece que los Estados miembros pueden, con carácter excepcional y temporal, restablecer los controles en las fronteras interiores como último recurso, para hacer frente a amenazas graves al orden público o a la seguridad nacional”, según un portavoz de la Comisión. Ahora Italia deberá notificar y justificar por qué toma esta decisión ante las autoridades comunitarias.

La Comisión Europea ha acusado a la red social china TikTok de incumplir las normas de seguridad para menores de edad exigidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). La institución comunitaria considera la configuración de las cuentas de esta red social expone en exceso las cuentas y los contenidos de los menores, cuando las plataformas accesibles para menores “deben garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección en sus servicios”.

Bruselas advierte de que en TikTok, si los menores optan por configurar su cuenta como “pública” significa que “cualquier usuario, incluidos quienes no tienen una cuenta de TikTok, puede acceder al contenido publicado por los menores”. Con esta exposición se podrían dar “contactos no deseados por parte de posibles agresores y al riesgo de que el contenido se utilice para el ciberacoso. Esta funcionalidad ofrece potencialmente a desconocidos una ventana a la vida de un menor”.

La Comisión Europea recuerda que “dado que lo que los menores publican puede permanecer en internet para siempre y acompañarlos hasta la edad adulta, esta función conlleva el riesgo de tener consecuencias potencialmente permanentes”.

Además, los técnicos de a institución europea subrayan que “incluso cuando los menores eligen cuentas privadas, estas pueden localizarse fácilmente a través de las listas de 'seguidos' y 'seguidores' de otros usuarios y sus fotos de perfil siguen siendo accesibles para cualquier persona, incluidos quienes no tienen una cuenta de TikTok. Así, la configuración de las cuentas sigue exponiéndolos a riesgos como contactos no deseados, ciberacoso o comportamientos depredadores”.

Ante estas posiciones que parte de una investigación de la Comisión que empezó en febrero de 2024, Bruselas señala que TikTok “debería modificar la configuración predeterminada de las cuentas públicas de los menores para que, por defecto, su contenido solo sea visible para los usuarios de TikTok que el menor haya aceptado. Aunque los menores de mayor edad puedan tener la posibilidad de compartir sus contenidos con una audiencia más amplia dentro de TikTok, esos contenidos no deberían ser accesibles en ningún caso para una audiencia global fuera de la plataforma” y la red social “debería abstenerse de recomendar el contenido de los menores a otros usuarios”.

Un portavoz de la red social china respondió que “en TikTok las cuentas de adolescentes tienen más de 50 medidas de privacidad y seguridad integradas de forma predeterminada, diseñadas con el asesoramiento de expertos, desde el momento en que se crea la cuenta. Las cuentas de menores de 18 años son privadas por defecto y somos una de las pocas plataformas donde los adolescentes más jóvenes no pueden utilizar la mensajería directa, ni que su contenido sea elegible para aparecer en el feed Para ti. Proteger a los menores en Internet es un objetivo que compartimos, y estamos comprometidos a seguir avanzando sobre la base de nuestro sólido historial de mejora continua. Analizaremos estas conclusiones preliminares mientras seguimos colaborando de forma constructiva con la Comisión”.

Si tras este aviso, TikTok mantiene su política con los menores, la Comisión puede imponer una multa del del 6% del volumen de negocios anual mundial. Según Bloomberg, ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, registró una facturación estimada de 186.000 millones de dólares en 2025.

No es la única investigación que sigue abierta de la institución comunitaria contra la plataforma china. También acusa a TikTok de infringir la Ley de Servicios Digitales (DSA) por el diseño adictivo de sus funcionalidades. Entre las acciones marcadas por la institución europea que la red social china tendría que cambiar están el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y su sistema de recomendación altamente personalizado.

El acrónimo SLAPP es tan poco conocido en España como el problema que esconde y que afecta a todos los ciudadanos. SLAPP son las siglas en inglés de “strategic lawsuit against public participation”, es decir, litigio estratégico contra la participación pública. Se refiere a acciones legales interpuestas por personas y entidades ricas y poderosas que están destinadas sobre todo a intimidar o desalentar a periodistas, activistas, investigadores u otras personas que difunden asuntos de interés público.

El término fue utilizado por primera vez por los catedráticos de la Universidad de Denver Penelope Canan y George Pring en los años 80. Su libro SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out (SLAPPs: Que te denuncien por levantar la voz) recuerda la larga historia de persecución legal a la prensa y otras voces incómodas. Pero no es casual que estos profesores de Sociología y Derecho se pusieran a estudiar este fenómeno en esa década de consolidación de las grandes corporaciones. El acrónimo es un juego de palabras con slap, bofetada, en inglés.

La bofetada cuando los más ricos y poderosos se gastan su tiempo y su dinero en procedimientos judiciales costosos y desmoralizadores no es solo para los reporteros y los medios para los que trabajan, sino para todo el público y su derecho fundamental a estar informado. Los periodistas tienen el deber de trabajar con diligencia para acercarse lo más posible a la verdad cuando es de interés público. Pero incluso cumpliendo con su tarea de la manera más cuidadosa pueden sufrir estos procesos que en España, a diferencia de otros países, incluso pueden ser penales, es decir, por delitos castigados con la cárcel.

Para evitar estos litigios que debilitan la democracia, la Unión Europea aprobó una directiva en 2024 que obliga a los Estados miembros a asegurarse de que no se abusa del sistema legal contra los periodistas. España es uno de los países que sigue incumpliendo con esta directiva.

Las buenas palabras del Gobierno sobre la libertad de prensa y la lucha contra la desinformación no se han traducido ni siquiera en el cumplimiento de esta orden europea. Este mes, la Comisión Europea abrió un expediente a España (y a otros 13 países, entre ellos algunos de los que tienen los peores historiales de libertad de prensa, como Hungría y Grecia) por no adaptar de manera completa y correcta la directiva contra estas “acciones legales abusivas e infundadas que están dirigidas a silenciar a quienes trabajan para el interés público”, en particular “periodistas, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil”. La directiva importa porque da herramientas tanto a los objetivos de estas demandas para que se defiendan como a los tribunales para “desestimar de forma temprana las demandas manifiestamente infundadas”. También garantiza protección ante acciones de terceros países fuera de la Unión Europea.

La realidad es que esto sigue pasando y, en algunos casos, de manera muy grave.

La querella que ha interpuesto Julio Iglesias contra este periódico, su director y otros cuatro periodistas –Elena Cabrera, Ana Requena, Juanlu Sánchez y yo misma– es un ejemplo más del riesgo de investigar y publicar cuando una noticia afecta a alguien poderoso.

El apoyo inmediato de organizaciones nacionales, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid, e internacionales, como Reporteros Sin Fronteras y el Instituto Internacional de Prensa, recuerda que es un caso transversal y que afecta al derecho a la información de todos. España ha caído este año seis puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa, entre otras cosas, por seguir permitiendo demandas abusivas y la persecución penal del periodismo.

Nuestro trabajo periodístico concienzudo y transparente, aquí explicado, es nuestra mejor defensa. Pero tener que pasar por esto muestra un problema más grave que va más allá de esta investigación y este periódico. Ojalá este trance al menos sirva para concienciar a los ciudadanos y a las autoridades públicas de lo que falta en España para mejorar la calidad de nuestra democracia. Para empezar, ahí está la directiva de la UE para cumplirla.

La presión sobre Google para que cumpla las normas digitales europeas no para. La Comisión Europea ha impuesto este viernes dos multas que suman 890 millones de euros a Google en sendas sanciones (430 millones y 460 millones, respectivamente) por “favorecer sus propios servicios en Google Search y por imponer restricciones a las empresas para dirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos, a menudo más baratos, en Google Play”.

Con esta nueva penalización, el gigante tecnológico estadounidense suma ya más de 10.000 millones de euros en multas impuestas por la UE, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que confirmó la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante de Google Search en el sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Además, fue multada con 2.950 millones de euros por prácticas abusivas con la publicidad digital y otros 2.420 millones por abuso de posición dominante en su servicio Google Shopping. Otra sanción de 1.490 millones, que Bruselas impuso en 2019 a la compañía de Sillicon Valley por atentar contra la competencia publicitaria con su plataforma AdSense, fue anulada por el Tribunal General de la UE .

La multa anunciada este viernes se debe al incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2023. La Unión Europea impuso sus primeras multas a las 'Big tech' en 2025: Apple y Meta vulneraron esta normativa y se les sancionó con 500 millones y 200 millones de euros, respectivamente. La normativa digital europea se ha convertido en un punto de fuerte conflicto entre la UE y la Administración de Donald Trump, que ha mostrado su rechazo en forma de amenazas contra Europa en repetidas ocasiones.

“Trato preferente a sus propios servicios”

Bruselas ha explicado que según la DMA, grandes tecnológicas como Google “no pueden dar un trato preferente a sus propios servicios en los sistemas de clasificación frente a los servicios de terceros. Deben aplicar condiciones transparentes, justas y no discriminatorias para dicha clasificación”.

Además, la Comisión ha constatado que “Google concede un trato preferente a sus propios servicios, que incluye los resultados de compras, hoteles, transporte y deportes, frente a los de terceros en Google Search”. Los técnicos de la institución europea han probado que el gigante tecnológico estadounidense “muestra sus propios servicios de forma más destacada en los resultados de búsqueda, incluso situándolos en la parte superior de la página de resultados o utilizando elementos visuales mejorados y filtros, mientras que los servicios similares de terceros no reciben el mismo nivel de visibilidad”.

Además, la Comisión asegura que “Google impide a los desarrolladores de aplicaciones comunicar y promocionar libremente sus ofertas, así como cerrar contratos con usuarios a través de los canales de distribución que elijan, incluidas las tiendas de aplicaciones de terceros”.

Aunque Google recibe un pago en forma de comisión por facilitar la adquisición de un nuevo cliente por parte de un desarrollador externo de aplicaciones a través de Google Play, Bruselas apunta que “la cuantía de las tarifas relacionadas con el direccionamiento que cobra Google y la duración del periodo durante el cual se aplican dichas tarifas exceden lo que se considera compatible” con la normativa europea.

Queja de Google

El presidente de Asuntos Globales de Google y su matriz Alphabet, Kent Walker, ha señalado tras conocer la multa que la DMA “sigue deteriorando los productos de uso diario. Para cumplir con la normativa, nos vemos obligados a eliminar funciones de Búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian —como los precios al instante y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes— y a desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play. Esto no es competencia justa; es un empeoramiento del producto impulsado por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares, cuyos platos rotos están pagando las empresas y los consumidores europeos. La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos”.

Hay que recordar que Alphabet, la matriz de Google y YouTube, informó de un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más respecto al anterior, impulsada por sus servicios la publicidad y YouTube. La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15% más interanual, cifra de la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Competencia, ha declarado que “Google no ha logrado un cumplimiento efectivo de la DMA y hemos adoptado medidas firmes pero equilibradas para sancionar estas infracciones. Los mejores productos deben triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda. Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les informen de dónde pueden acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no obtiene ningún beneficio económico de ello. Esta es la promesa de la DMA: proteger la equidad, la capacidad de elección y la innovación en los mercados digitales en beneficio de todos los ciudadanos europeos”.

Recientemente, la Comisión Europea le impuso a Google dos medidas vinculantes para cumplir con la DMA. Por un lado, se pretende garantizar que los servicios de inteligencia artificial (IA) de la competencia puedan competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, como Gemini, al tener el mismo acceso a las funcionalidades de los dispositivos Android de Google. Por otro lado, se pretende “reequilibrar las condiciones de competencia otorgando a motores de búsqueda de terceros acceso a los datos de búsqueda que únicamente Google Search puede recopilar a gran escala”.

La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la denuncia de los abogados de Carles Puigdemont para que se abra un procedimiento de infracción contra España por el supuesto incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley española de Amnistía. La institución europea ha señalado que “corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia”, negándose a hacer más comentarios sobre la denuncia de Puigdemont.

En un escueto comunicado, Bruselas apunta que “cuando se presentan denuncias se tramitan de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión. Tras su recepción, las denuncias son examinadas, registradas y evaluadas antes de que se adopte una decisión. En esta fase no tenemos más comentarios que añadir”. El organismo explica que desde la recepción de la denuncia hasta la adopción de una decisión puede pasar hasta un año.

La respuesta oficial de la institución europea es parecida a la que ya dio del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, que dijo el pasado viernes que “ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE” sobre la Ley de Amnistía. McGrath entonces recalcó que “la Comisión siempre respeta y acata las sentencias del Tribunal de Justicia, y por tanto tomamos nota detenidamente de todas las resoluciones del Tribunal, incluida la relativa a la ley de amnistía española. Ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia. Seguiremos de cerca este asunto”.

Hace un año, la Comisión Europea puso en duda la norma española al declarar que “no parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión” en su respuesta a las prejudiciales que mandó al TJUE a instancias del Tribunal de Cuentas.

Denuncia de Puigdemont

Puigdemont denunció a España ante la institución comunitaria por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

El pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma española y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, que además define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia del TJUE no tiene efectos inmediatos para Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que quedaron excluidos de la aplicación de la Ley de Amnistía porque el instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena en el Tribunal Supremo determinaron que se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que todavía tiene que dictar sentencia.

Sin embargo, la sentencia del TJUE es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio. El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

La Comisión Europea ha acusado a ANFAH, la patronal de fabricantes de productos químicos para la construcción, y a un grupo de empresas de infringir las normas de competencia de la UE al “coordinarse para aumentar los precios en el suministro de productos químicos destinados al cemento, el hormigón y el mortero”.

La Comisión está investigando si “los fabricantes coordinaron subidas de precios de los aditivos químicos entre 2021 y 2022 en respuesta al aumento de los costes de las materias primas provocado por la pandemia de COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania”.

Las empresas españolas son Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika y la asociación empresarial ANFAH. Además se está investigando a otras patronales y empresas en Francia y Alemania. Bruselas señala que “la supuesta coordinación entre estos fabricantes se produjo en el contexto de la preparación de comunicados de prensa dentro de asociaciones nacionales del sector destinados a justificar los incrementos de precios”.

Según Bruselas, estas empresas estarían cometiendo una infracción de las normas de competencia que prohíben los cárteles, acuerdos entre empresas que impidan, restrinjan o falseen la competencia dentro del mercado único europeo.

La investigación empezó en octubre de 2023, la Comisión llevó a cabo inspecciones sin previo aviso en las instalaciones de empresas activas en el sector de los productos químicos para la construcción. El caso se centra en el suministro de aditivos químicos para cemento, hormigón y mortero. Los aditivos químicos se utilizan principalmente para mejorar la eficiencia del proceso de fabricación y las prestaciones de cemento y hormigón.

Si la Comisión concluye que existen pruebas suficientes de una infracción puede imponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios anual de cada empresa.

La Comisión Europea sigue presionando a las plataformas chinas de comercio electrónico por la venta de productos ilegales. La institución de la UE ha anunciado este lunes que ha impuesto a AliExpress una multa de 550 millones de euros por la venta de productos ilegales, inseguros o falsificados en su plataforma de comercio electrónico. Bruselas apunta que el portal chino de comercio electrónico incumple las obligaciones que le impone la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) para evaluar de forma diligente el riesgo de difusión de estos productos. Esta es la multa más alta que ha impuesto por la Comisión por incumplimiento de la DSA, con anterioridad se sancionó con 200 millones de euros a Temu por vender “productos ilegales y peligrosos”.

La institución europea señala que “numerosos productos ilegales —desde artículos falsificados hasta juguetes inseguros y cosméticos peligrosos— circulaban por la plataforma y, aun cuando eran detectados, permanecían publicados durante varias semanas”, ya que “el sistema de detección de productos ilegales de AliExpress no funcionaba correctamente”.

Además, la plataforma china “no aplicó correctamente su política de sanciones a los vendedores de productos ilegales”, de manera que “pudieron seguir operando en la plataforma pese a haber sido sancionadas”.

La Comisión asegura que el sistema de 'autorización de marca' de AliExpress, que tendría que impedir la venta de falsificaciones, es “ineficaz y carecía de personal suficiente. Como consecuencia, los vendedores podían eludir fácilmente este sistema y publicar numerosos productos que solo eran retirados posteriormente”.

La empresa sobrestimó la eficacia de su sistema para detectar y retirar productos ilegales. Como consecuencia, no tuvo en cuenta de forma realista el desequilibrio entre el número de moderadores humanos y su carga de trabajo.

Las pruebas realizadas por los servicios de la Comisión ha probado que “numerosos productos ilegales eran recomendados o anunciados a los consumidores antes de ser retirados de manera efectiva”. Además, Bruselas acusa a la plataforma china de “no medir adecuadamente la eficacia de su sistema de moderación para impedir que productos ilegales aparecieran o reaparecieran bajo formas similares”, con lo que “un elevado volumen de productos ilegales seguía circulando” en su página.

193 millones de usuarios en la UE

La investigación de las autoridades europeas sobre la plataforma china de comercio electrónico comenzó en 2024. Según un alto funcionario de la Comisión, “AliExpress informó de que tenía unos 193 millones de usuarios en la UE a finales de 2025, lo que la convierte en la mayor de las tres plataformas chinas”. Las otras dos plataformas son Shein, que tenía 156 millones, mientras que Temu alcanzó 130 millones de usuarios en la UE a finales de 2025. “Esto significa que uno de cada cinco europeos declaró comprar en al menos una de estas tres plataformas chinas”. La Comisión Europea ya multó con 200 millones de euros a Temu por un motivo similar.

Desde el 1 de julio ha entrado en vigor el arancel de tres euros a los paquetes con productos por valor inferior a 150 euros que hayan sido comprados por consumidores privados por internet que entren en la Unión Europea procedentes de países extracomunitarios. Aunque es una medida generalizada está directamente dirigida a los paquetes que llegan de China de empresas de comercio electrónico como Temu, Shein o AliExpress.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, ha comentado que “la proliferación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos ilegales y perjudiciales no es un coste inevitable de las compras por internet: es consecuencia del incumplimiento por parte de AliExpress de las obligaciones que le impone la Ley de Servicios Digitales. El tamaño de una plataforma no es una excusa; los riesgos deben identificarse y abordarse de manera sistemática para garantizar que los consumidores puedan comprar en línea con seguridad”.

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Tras meses de un intenso trabajo de lobby, la gran industria y un grupo de países, encabezados por Italia y los países de Este, ya han visto el fruto de su esfuerzo. La Comisión Europea ha presentado este viernes una nueva propuesta para el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) que relaja y amplía el periodo que tenían las empresas para alcanzar las emisiones netas cero. La institución europea ha añadido que planteará un objetivo indicativo de electrificación del 46% para 2040, que según sus cálculos podría reducir en 260.000 millones de euros anuales la factura de la UE por importaciones de combustibles fósiles hasta ese año. Según la patronal eléctrica, Aelec, el índice de electrificación de la economía española se encuentra en el 22,4%.

La Comisión Europea no ha ocultado que “el contexto geopolítico y económico ha cambiado y la industria europea afronta una presión creciente”, pero ha maquillado con la idea de “modernizar nuestra principal política de descarbonización, el ETS, para convertirla en el motor de la innovación y la inversión que impulse nuestra competitividad e independencia”, cuando realmente significa que habrá menos exigencias a la industria. El sistema ETS ha conseguido recortar en un 47% las emisiones en Europa, ya que afecta a 11.000 fábricas, que suponen el 40% del CO2 que se emite en la UE bloque.

Con el nuevo sistema se incrementarán los volúmenes de derechos gratuitos para 14 industrias, principalmente químicos y refinerías, lo que se traducirá en unos 4.000 millones de derechos de emisión gratuitos adicionales para el periodo 2026-2030. Además, atendiendo a la solicitud de los Estados miembros, se propone actualizaciones menos estrictas para las compañías de energía y combustibles, lo que otorgará a las instalaciones una flexibilidad adicional valorada en unos 6.000 millones de euros entre 2026 y 2030.

“Aliviar la presión sobre la industria”

De hecho, la propia institución europea admite que la revisión “aliviará la presión sobre la industria”. La propuesta actualiza el Factor de Reducción Lineal (LRF), que es porcentaje anual fijo mediante el cual la Unión Europea reduce el límite máximo del total de emisiones de gases de efecto invernadero permitidas en el mercado de carbono, hasta el 3,7% anual entre 2031 y 2035 y el 1,7% entre 2036 y 2040, cuando antes exigía un recorte de las emisiones de un 4,3% anual (periodo 2024-2027) que aumentaría al 4,4% en 2028. La traducción: las plantas industriales que se rigen por este sistema podrán emitir más toneladas y durante más años que en la anterior propuesta de ETS.

La Comisión ha vendido esta reducción de emisiones como “más gradual” y asegura que “está alineada con el nivel de ambición climática interna”, además de mantener el objetivo de reducir al 90% las emisiones en 2040. Sin embargo, técnicos de la Comisión Europea han explicado que el nuevo sistema abre el horizonte temporal en el que el límite de derechos de emisión llegará a cero según la trayectoria definida por el nuevo LRF. Así se han declarado dos estimaciones según los escenarios que van desde uno inicial que podría extenderse entre 2040 y 2045 y otro en el que la fecha límite podría llegar hasta el periodo entre 2046 y 2048.

Los técnicos insisten en que el diseño de esta revisión del ETS está enfocado en dar estabilidad al mercado durante la próxima década y que el momento exacto del fin de los derechos dependerá de la velocidad de la descarbonización y de la oferta y demanda en el mercado, es decir, se deja al mercado que defina la contaminación de la industria.

La Comisión ha destacado que se permitirá utilizar hasta un 2% de créditos internacionales de alta calidad, con el fin de financiar proyectos de descarbonización fuera de la UE y ofrecer un margen de flexibilidad entre 2036 y 2040, cuando la reducción de emisiones dentro de Europa será más compleja.

Está reducción de la intensidad en la reducción de las emisiones contaminantes se intenta compensar con más énfasis en la inversión para la descontaminación de la industria. El Banco para la Descarbonización Industrial contará con 100.000 millones de euros para financiar la descarbonización industrial en toda Europa. Ahora bien, la institución europea señala que “antes de 2030 estará disponible el Impulsor de Inversiones del ETS (ETS Investment Booster) como primera fase de ese banco”. Además, los Estados miembros deberán destinar el 50% de los ingresos nacionales procedentes del ETS a inversiones para descarbonizar. En conjunto, esto supondrá más de 100.000 millones de euros en inversiones antes de 2030.

Enfoque “más favorable a las empresas”

Durante la rueda de prensa de presentación, tanto Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, como Wopke Hoekstra, comisario de Clima, y Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda, se han escudado en las grandes cifras para explicar que se rebajan las exigencias contra la contaminación en la Unión Europea.

De hecho, Hoekstra ha admitido que el enfoque es “más favorable a las empresas y más sensible a las necesidades del tejido empresarial”, pero lo que se ha hecho es retrasar las exigencias. “Nuestra ambición climática aumentará durante la próxima década, no disminuirá. El objetivo era ser incluso más ambiciosos en la próxima década que en la actual. Ahora bien, lo que es cierto es que muchos gobiernos y literalmente cientos de empresas han acudido a nosotros para trasladarnos sus posiciones. Algunas han dicho: 'Queremos mantener completamente el rumbo actual'. Otras han pedido volver a debilitar el sistema. Y otras han solicitado más flexibilidad”.

El comisario de Clima ha asumido que “la diferencia clave de esta propuesta respecto a la década actual es la condicionalidad. Es cierto que permitimos algo más de flexibilidad, pero el dinero debe invertirse en Europa. Y esto se aplica tanto a los recursos procedentes de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión que concedemos a las empresas como al 50% de cada euro —es decir, 50 céntimos por euro— de los fondos que proporcionamos a los gobiernos”.

Sistema 80/20 de derechos gratuitos

El nuevo sistema funcionará con una regla del 80/20: para recibir derechos de emisión gratuitos, las empresas deben tener un plan de inversión en descarbonización y modernización. Este documento debe definir las medidas concretas que se adoptarán en un horizonte temporal de entre cinco y siete años. Las empresas recibirán inicialmente el 80% de los derechos de emisión gratuitos, mientras que el 20% restante se retiene y solo se les entregará tras la implementación efectiva de las inversiones y de las reducciones de emisiones reales al cabo de un ciclo de cinco o siente años.

“Esta es una diferencia clave. La distribución gratuita no significa efectivo gratuito. El 100% de los créditos gratuitos tendrán que ser invertidos en descarbonización en Europa”, destacó Hoekstra. La verificación recaerá principalmente sobre las autoridades de los Estados miembros, mientras que la Unión Europea se encargará de realizar inspecciones aleatorias.

Ahora bien, el sistema permite que los derechos retenidos no se limiten estrictamente a una instalación, las empresas pueden agruparlos para realizar inversiones conjuntas a nivel corporativo o mediante fondos comunes creados entre diferentes compañías en zonas declaradas de aceleración industrial. Por otro lado, hay una cláusula de penalización para evitar la fuga de capitales; si una empresa decide abandonar el territorio europeo, tendrá la obligación de devolver el valor de los derechos de emisión gratuitos que haya recibido.

Nuevos sectores

La propuesta hace que se incorporen nuevos sectores al sistema ETS, aunque más lentamente de lo que se había propuesto. Así, la incineración de residuos los se incorporará gradualmente al ETS entre 2031 y 2034, permitiendo opciones de exclusión temporal nacional bajo condiciones específicas y destinando parte de los ingresos a apoyar a las autoridades locales en prácticas de reciclaje.

Respecto a la aviación, se propone ampliar el alcance a un ámbito regional de vuelos de hasta 5.000 kilómetros que aterricen en la UE a partir de 2029. Se mantienen exenciones para los vuelos domésticos hacia regiones ultraperiféricas como la conexión de Madrid con las Islas Canarias.

En cuanto al sector marítimo, se canalizarán 110 millones de derechos de emisión (período 2028-2040) para apoyar combustibles alternativos avanzados (amoniaco limpio, metanol) y tecnologías como la propulsión eólica y la electrificación.

Ahora comienza una dura pugna entre los países favorables y contrarios (como es el caso de España y los países nórdicos) a flexibilizar el sistema ETS, que tendrá su propia confrontación en el Parlamento Europeo.

Llamada de atención de la Comisión Europea a España por los casos de corrupción y la independencia del poder judicial. En el informe anual que elabora la institución europea sobre el Estado de Derecho, que va a ser presentado este viernes, se reprende al Gobierno de Pedro Sánchez por los limitados avances en la lucha contra la corrupción, según ha adelantado Politico.

Para Bruselas, el proyecto de Ley de Integridad Pública y el Plan Estatal contra la Corrupción no han tenido una aplicación eficaz y se le pide al Ejecutivo que haga un esfuerzo por la implementación de medidas para reducir los casos de corrupción. En este sentido se recuerda que es necesario la creación de un organismo supervisor independiente con competencias efectivas de investigación y sanción.

Hace un mes, El Tribunal Supremo condenó a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama.

El informe sobre el Estado de Derecho hace una llamada especial para el endurecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y de los requisitos de declaración de bienes de los altos cargos públicos.

El análisis de la Comisión Europea llega la misma semana en la que un tribunal ha condenado al hermano del presidente Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses o cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado avalar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, siga por el procedimiento de jurado popular para determinar si es culpable de tráfico de influencias y malversación.

Tanto el presidente del Gobierno como varios ministros han comentado que los procedimientos judiciales en torno a los familiares de Pedro Sánchez tienen más que ver con motivaciones políticas y actuaciones de lawfare (utilización de la justicia con fines políticos) por parte de los jueces.

Además, Bruselas respalda, como ha hecho la Comisión de Venecia (órgano consultivo independiente del Consejo de Europa), que la elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sea por parte de los jueces, sin pasar por el Parlamento.

Respecto a la independencia judicial, el informe destaca como positivo el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al fiscal la instrucción de los delitos tal y como ocurre en la mayoría de países europeos, y la limitación de la acción popular, restringiendo los delitos que pueda ejercer esta acusación, aunque esta norma sigue en la Cámara Baja sin posibilidad de aprobarse.

En el informe también señala que el proyecto de ley destinado a aumentar la transparencia de las actividades de lobby sigue sin ser aprobado por el Congreso y que, consecuentemente, no hay avances en en la reforma de la regulación de los grupos de presión en España. La Comisión Europea ya había pedido a España que era urgente la creación de un registro público de carácter obligatorio para los lobistas.

Bruselas rompe los ecosistemas de las grandes tecnológicas estadounidenses que impiden la libre competencia. La Comisión Europea le ja impuesto a Google dos medidas vinculantes, según la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Por un lado, se pretende garantizar que los servicios de inteligencia artificial (IA) de la competencia puedan competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, como Gemini, al tener el mismo acceso a las funcionalidades de los dispositivos Android de Google. Por otro lado, se pretende “reequilibrar las condiciones de competencia otorgando a motores de búsqueda de terceros acceso a los datos de búsqueda que únicamente Google Search puede recopilar a gran escala”.

Google tiene que implementar ambas medidas en 2027. La Comisión ha señalado que los usuarios empezarán a beneficiarse de los cambios en Android a partir de julio del año que viene mientras que deberá compartir los datos de búsqueda con otros buscadores a partir de enero de 2027.

Este mes de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante del motor de búsqueda Google Search en el contexto del sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Es la multa más alta de la historia que impone la Comisión Europea a un gigante tecnológico.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de Competencia, ha señalado que “la sociedad está atravesando una profunda transformación digital. Debemos garantizar que ese proceso sea justo y que nuestros ciudadanos tengan capacidad de elección. Nuestra decisión ayudará a que competidores más pequeños, ya sean motores de búsqueda o asistentes de inteligencia artificial, puedan competir y ofrecer esa posibilidad de elección, al tiempo que se protege la privacidad de los usuarios”.

Bruselas explica que en la actualidad, los asistentes de IA de terceros en teléfonos Android solo tienen un acceso limitado a funciones clave de este sistema operativo. Sin ese acceso, los asistentes de IA alternativos “no pueden competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, que disfrutan de acceso completo”.

Como consecuencia de esta falta de competencia, “los asistentes de IA de terceros ven limitada su capacidad para ofrecer servicios innovadores, lo que los hace menos atractivos para el 60% de los usuarios de la Unión Europea que utilizan un dispositivo Android”, explican desde la Comisión.

Con la decisión adoptada por Bruselas, “los usuarios podran activar el asistente de IA de su elección mediante comandos de voz, de forma similar al comando 'Hey Google'. Los usuarios también podrán utilizar asistentes de IA de terceros para realizar acciones en aplicaciones en su nombre”.

La Comisión pone como ejemplo de tareas que se podrán hacer con asistentes de IA de terceros “reservar un taxi, recibir sugerencias de respuestas relevantes en aplicaciones de mensajería o preguntar al asistente de IA sobre un lugar que hayan visitado recientemente”.

Un portavoz de Google ha comentado que las decisiones de la Comisión “ponen en riesgo la seguridad y la privacidad de millones de europeos” ya que “amenaza la seguridad de los dispositivos al otorgar a aplicaciones externas permisos sensibles y potentes sin garantías. Esto ocurre mientras la propia agencia de ciberseguridad de la UE advierte que 'los fundamentos de la seguridad son más importantes que nunca en la era de la IA'”.

Datos de búsqueda de Google para terceros

La otra medida que debe implementar la tecnológica estadounidense es “compartir sus datos de búsqueda con otros buscadores”. La Comisión asegura que “el intercambio de datos es fundamental para el desarrollo y la optimización de motores de búsqueda de terceros. Contribuye a crear unas condiciones de competencia más equilibradas frente a Google Search y fomenta la aparición de servicios de búsqueda innovadores, incluidas alternativas centradas en la protección de la privacidad”.

Bruselas añade que la medida contiene orientaciones para Google sobre cómo compartir datos, ya que hasta ahora la propuesta planteada por la propia tecnológica ha sido “ineficaz”. Por ejemplo, aclara que los chatbots de inteligencia artificial que ofrecen funciones de búsqueda podrán acceder a los datos compartidos y que, siempre que los datos estén anonimizados, Google deberá compartir la misma información que utiliza para optimizar sus propios servicios de búsqueda.

La Comisión asegura que se garantiza la anonimización de los datos de búsqueda mediante un método de anonimización en varias capas, desarrollado en estrecha colaboración con expertos internos y externos en privacidad. La decisión permite que Google evalúe, antes de compartir cualquier dato, si hacerlo con un tercero concreto plantea riesgos graves para la ciberseguridad o la protección de datos. Compartir los datos también es lucrativo para Google, ya que la Comisión ha establecido “una fórmula equitativa para calcular el precio de los datos compartidos”.

En este sentido, el gigante estadounidense ha denunciado que resulta “preocupante que las búsquedas privadas de los europeos queden expuestas a empresas desconocidas, sin una anonimización adecuada de los datos y sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Esto debilitaría la privacidad de los ciudadanos, pondría en riesgo los secretos comerciales de las empresas y comprometería la seguridad nacional”.

Suma y sigue. El cambio en la composición del Parlamento Europeo ha significado un giro antiambiental en la Comisión Europea que supone el desmantelamiento de las políticas ambientales y el descarte de una aplicación más ambiciosa del Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Hay una creciente ofensiva desreguladora que amenaza algunas de las principales conquistas ambientales de la Unión Europea.

La revisión de la Directiva Aves, la Directiva Hábitats y la Directiva Marco del Agua, junto con los retrasos e incertidumbres en torno a la aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, forman parte de una tendencia que cuestiona el compromiso de las instituciones europeas con la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Detrás de la propaganda de la simplificación y competitividad, la Comisión Europea está impulsando una agenda de desregulación que amenaza con desmontar décadas de avances ambientales. Lo que se quiere difundir como una reducción de cargas administrativas se está convirtiendo en una auténtica trituradora ambiental.

Las evaluaciones realizadas por las propias instituciones europeas han concluido reiteradamente que la legislación ambiental vigente es adecuada para cumplir sus objetivos. Los problemas no se encuentran en las normas, sino en la insuficiente financiación, la falta de medios para su aplicación efectiva y su incumplimiento.

La Comisión Europea tiene que descartar cualquier debilitamiento de las Directivas de Naturaleza y de la Directiva Marco del Agua, garantizar la plena aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación y reforzar los mecanismos de participación pública, transparencia y rendición de cuentas en todos los procesos relacionados con el medio ambiente.

Es preocupante el creciente cuestionamiento de la financiación ambiental europea en un momento en que la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas exigen precisamente más inversión pública. Es necesario que el Marco Financiero Plurianual refuerce las políticas ambientales europeas y garantice la continuidad y fortalecimiento de instrumentos esenciales como el programa LIFE, elemento clave para la conservación de la biodiversidad, la restauración ecológica y la adaptación al cambio climático.

La elaboración del Plan Nacional de Restauración en España, impulsado hasta la fecha, no está garantizando niveles suficientes de participación pública, transparencia ni ambición para responder a la magnitud de la crisis ecológica. La generación que tendrá que convivir durante más tiempo con los impactos de la crisis climática y ecológica observa cómo se cuestionan leyes cuya necesidad es hoy más evidente que nunca. Mientras tanto, los ecosistemas se degradan, las sequías se intensifican y la biodiversidad continúa desapareciendo, No se necesita menos protección ambiental sino más protección, más financiación y más democracia. Desmantelar las herramientas que protegen la naturaleza no es simplificar, es renunciar a un futuro sostenible.

En nuestra región tenemos síntomas paradigmáticos de desregulación y anti ambientalismo. El Decreto-ley 1/2025, de Simplificación Administrativa ha acelerado, con el pretexto de la simplificación de los procedimientos, la aprobación de las autorizaciones ambientales de proyectos disminuyendo las garantías de protección ambiental.

La Asamblea Regional de Murcia ha impulsado una reforma de la protección del Mar Menor en el marco de los acuerdos presupuestarios del PP y Vox. Se pretende realizarla a través de un proyecto de Ley de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. Esta modificación busca flexibilizar algunas sanciones al sector agropecuario, disminuir la cuantía de las multas y permitir mayores subvenciones a empresas. Sin embargo, desde diversas instancias jurídicas, se denuncia que la iniciativa tramitada en la Asamblea Regional provocaría una regresión ambiental.

El PP defiende los cambios en los que se adaptará el régimen sancionador y se aclararán las restricciones agrícolas, asegurando que no se reducirá la protección del ecosistema. Vox va más allá, reclama una reforma más profunda de la normativa, para eliminar entidades de control (ECARM) y prohibir la instalación de macrofotovoltaicas en la cuenca. Ha reclamado la derogación de la ley, argumentando que criminaliza al sector agroexportador.

La respuesta social frente al antiambientalismo y desregulación del Mar Menor no ha tardado en producirse. Plataformas ecologistas y sociales, como Pacto por el Mar Menor, han manifestado su rechazo al proyecto, definiéndolo como una involución y denunciando que las modificaciones buscan relajar los controles medioambientales para beneficiar a la agroindustria. La sociedad civil murciana no debe permanecer pasiva ante este atentado ambiental y reclamar una mayor protección de nuestro patrimonio natural.

La Unión Europea vuelve a topar consigo misma cuando tiene que afrontar las sanciones a los productos de los asentamientos ilegales israelíes. Aunque hay un posicionamiento común en que “los 27 Estados miembros de la UE coinciden en que los asentamientos israelíes son ilegales conforme al derecho internacional” y van en contra de la solución de dos Estados, la burocracia y los intereses de las capitales enturbian la toma de decisiones sobre qué hacer con los productos provenientes de estos asentamientos que compra Europa.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ha admitido este lunes, tras la reunión con los ministros de Exteriores de los 27 países, que “la opción que recibió el mayor apoyo entre los Estados miembros fue la de prohibir el comercio con los asentamientos israelíes ilegales”. Sin embargo, Kallas ha resaltado que “por desgracia, necesitamos tener una posición unificada y, hasta ahora, no hemos sido capaces de alcanzar esa posición común”.

Por un lado, está la posición de países como Bélgica, Países Bajos, España e Irlanda, que defienden que se prohíba la compra de productos israelíes provenientes de los asentamientos ilegales, mientras que otros Estados mantiene una postura contraria a castigar a Israel, como ocurre con Alemania, Italia, Austria y la República Checa.

Ante la falta de consenso entre las capitales europeas, la Comisión Europea propuso una lista de opciones que van desde la prohibición total o parcial de las importaciones procedentes de los asentamientos a la aprobación de aranceles punitivos sobre estos productos o un sistema de licencias de importación, que todas las partes asumen como complejo y difícil de aplicar. Kallas intentó vender como un paso adelante que la primera opción es la que tiene más respaldo.

Burocracia y falsos debates para retrasar la decisión

Aunque los 27 coinciden en que los asentamientos israelíes son ilegales, se ha creado una serie de debates falsos que solo provocan el retraso en la toma de decisiones. Por un lado, hay embajadores que han puesto en duda si la decisión la tienen que tomar los ministros de Exteriores o sus homólogos de Comercio, tras meses de negociaciones de los titulares de las carteras que gestionan las relaciones diplomáticas, posteriormente se lanzó el debate sobre si la decisión debería ser aprobada por unanimidad o por mayoría simple, cuando Kallas ya había señalado que “el Consejo Europeo dispone de un dictamen legal según el cual las cuestiones comerciales se deciden por mayoría cualificada”.

También hay una divergencia de posiciones entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la jefa de la diplomacia europea sobre cómo afrontar las sanciones. Siguiendo la postura de Alemania, Von der Leyen es más reacia a adoptar medidas contra los asentamientos israelíes.

Ahora, otro factor ha entrado en juego para retrasar una decisión al respecto. Varios capitales han pedido esperar a que pasen las elecciones israelíes del 27 de octubre para tomar medidas contra los asentamientos, por su posible impacto en los comicios.

Kallas ha comentado que “se ha encargado a los embajadores permanentes que continúen trabajando en esta cuestión y los ministros también acordaron que, si fuera necesario, podríamos convocar una reunión extraordinaria para abordándola”.

A su llegada a Bruselas, El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, puntualizó que “hay que tomar una decisión con respecto a los productos que provienen de los asentamientos ilegales. España, hace ya mucho tiempo que ha prohibido su importación de manera bilateral a nivel nacional. La Unión Europea tiene que hacerlo. Hay un papel de opciones, pero yo creo que no ha lugar para opciones. Hay una una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de 2024, que dice muy claramente que es ilegal el comercio con productos que provengan de esos asentamientos”.

Además de España, países como Irlanda, Países Bajos o Noruega, han presentado proyectos de ley nacionales para prohibir el comercio con los asentamientos israelíes.

En una carta firmada por la exministra española de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, los excomisarios europeos de Comercio Pascal Lamy y Cecilia Malmström, el ex primer ministro italiano Enrico Letta o el exvicecanciller alemán Sigmar Gabriel, entre otros, se apunta que “la Comisión Europea debería presentar sin más demora una propuesta para una prohibición de la UE, cuidadosamente calibrada, sobre el comercio con los asentamientos. Ya es hora de que la UE aplique sus propias normas comerciales en lo que respecta al comercio con los asentamientos israelíes”.

Bushra Khalidi, portavoz humanitaria de Oxfam, ha señalado que “la obligación jurídica está clara, y los países de la UE lo saben. Ahora su apoyo debe traducirse en una prohibición efectiva del comercio, incluidos los bienes y servicios, con los asentamientos israelíes ilegales. Cualquier retraso no solo tiene un coste humano, sino que además supone una violación flagrante y continuada del derecho internacional”.

“No podemos permitirnos otro año de debates y aplazamientos mientras continúa el comercio con los asentamientos ilegales y la anexión acelerada de territorios. El alto el fuego en Gaza existe solo de nombre. Mientras tanto, el proyecto ilegal de asentamientos de Israel sigue expandiéndose y las organizaciones humanitarias siguen teniendo impedimentos para poder operar”, ha resaltado la portavoz de Oxfam.

A la vez, la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Mustafa, se han reunido este lunes en Bruselas para poner en marcha una nueva iniciativa de recuperación de Gaza y debatir el programa de reformas de la Autoridad Palestina.

La comisaria Suica ha puesto en marcha oficialmente la iniciativa del Equipo Gaza, que reúne una contribución financiera de 883,6 millones de euros en proyectos para reconstruir las infraestructuras de agua y saneamiento, la gestión y retirada de escombros y residuos sólidos, y el resto de los sistemas sanitarios, energéticos, agrícolas y alimentarios.

Las acusaciones por incumplir las leyes europeas siguen ahogando a Facebook e Instagram. La Comisión Europea ha anunciado este viernes que ambas redes sociales de Meta tienen “un diseño adictivo” con lo que incumplirían la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Bruselas señala a la compañía de Mark Zuckerberg porque “no ha evaluado adecuadamente los riesgos que plantea el diseño adictivo de sus plataformas para el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos los menores de edad y los adultos vulnerables”.

Según la Comisión, características de diseño como “las recomendaciones altamente personalizadas, la reproducción automática y el desplazamiento infinito, que muestran constantemente nuevos contenidos a los usuarios alimentan el impulso de seguir desplazándose por la pantalla y hacen que el cerebro entre en un 'modo piloto automático', contribuyendo a desarrollar hábitos poco saludables y un uso compulsivo de las plataformas”.

Por otro lado, también se acusa a Facebook e Instagram de “ignorar la información disponible sobre el tiempo que los menores pasan en Instagram o Facebook durante la noche y sobre cómo la optimización de formatos como los reels y las stories puede favorecer un uso excesivo o compulsivo de estos servicios”.

Medidas “claramente insuficientes” de las redes sociales

Tanto Facebook como Instagram han puesto en marcha algunas medidas para mitigar los riesgos, que la Comisión advierte que son “claramente insuficientes”. Por ejemplo, explican los técnicos de la institución europea, las herramientas de gestión del tiempo de uso de Instagram y Facebook, incluidas las que están activadas por defecto para los adolescentes, “pueden desactivarse fácilmente y no consiguen reducir ni controlar de manera significativa el tiempo que los usuarios pasan en estas plataformas”.

Por otro lado, los controles parentales de Meta “solo son realmente eficaces si los padres o tutores poseen conocimientos técnicos suficientes y dedican tiempo y esfuerzo a comprender su funcionamiento”, lo que reduce su eficacia. Además, iniciativas de sensibilización de Meta, como los consejos sobre salud mental disponibles en la página independiente 'Centro de Seguridad' “no rebaja el riesgo asociado al diseño adictivo de Facebook e Instagram”.

Facebook e Instagram están bajo varias investigaciones

Esta acusación es la segunda en pocos meses a la que se tiene que enfrentar el gigante tecnológico estadounidense, ya que Bruselas también imputó a ambas redes sociales por infringir la DSA al “no identificar, evaluar y mitigar el acceso a sus servicios por parte de menores de 13 años”.

Ambas acusaciones son graves y pueden acabar con una multa de hasta el 6% del volumen mundial de negocio de las redes sociales. Meta facturó 168.016 millones de euros en 2025, de los que el grueso, 164.010 millones de euros, fueron gracias a la publicidad que gestionan sus redes sociales.

En caso de que la tecnológica estadounidense no quiera que el proceso siga adelante y acabar con una multa multimillonaria, la Comisión le indica que debe introducir cambios en el diseño tanto de Instagram como de Facebook: “Desactivar por defecto funciones especialmente adictivas como la reproducción automática (autoplay) y el desplazamiento infinito (infinite scroll), implantar pausas efectivas para limitar el tiempo de pantalla (screen time breaks) y modificar el sistema de recomendaciones para que esté menos orientado a maximizar la interacción de los usuarios”.

Las acusaciones que ha anunciado la Comisión este viernes forman parte de una investigación que se inició en mayo de 2024. Además de la causa por permitir el acceso a los menores de 13 años, Bruselas también investiga a Facebook e Instagram por los denominados efectos de «agujero de conejo» (rabbit hole effects), generados por el diseño de los sistemas de recomendación de Facebook e Instagram, que podrían explotar la vulnerabilidad y la falta de experiencia de los menores.

La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado al Gobierno para instarle a completar la transposición a la legislación nacional de las reglas comunitarias para la protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición al amianto; un ajuste que si no cumple llevará a Bruselas a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y solicitar una multa contra España.

Se trata de la segunda fase de un expediente de infracción que el Ejecutivo comunitario mantiene también abierto contra Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia por no haber notificado las medidas que transponen plenamente la normativa comunitaria en el plazo establecido, que expiró en diciembre de 2021 -aunque para algunas disposiciones tienen hasta 2029-.

Según recuerdan los servicios comunitarios en un comunicado, el amianto es una sustancia cancerígena peligrosa, a la que se atribuye alrededor del 75% de los cánceres laborales en la UE.

En este contexto, la directiva para la protección de los trabajadores establece normas para mejorar la protección de los trabajadores contra esta sustancia peligrosa. Entre las disposiciones que deberían estar ya integradas en las leyes nacionales figura una reducción del límite de exposición al amianto durante el trabajo a una décima parte del valor anterior (de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico), en base a los últimos avances científicos y tecnológicos.

El expediente se remonta a enero de 2026, cuando Bruselas envió cartas de emplazamiento a una decena de países. Desde entonces, cuatro países actuaron para resolver el incumplimiento, pero otros seis, entre ellos España, siguen sin dar respuesta a los cambios reclamados por los servicios comunitarios.

Con este paso, se abre ahora un periodo de dos meses para que las autoridades tomen las “medidas necesarias” y, “de no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar que se les impongan sanciones financieras”.

El comisario de Justicia y Estado de derecho, Michael McGrath, ha respondido a una pregunta presentada por los eurodiputados socialistas españoles que la Comisión Europea velará por se respete “el principio de no discriminación por razón de nacionalidad” ante los pactos de Gobierno entre el Partido Popular y Vox que pretendan poner en marcha la 'prioridad nacional'.

“La Comisión está atenta a cualquier novedad en todos los Estados miembros a fin de velar por la observancia del Derecho de la Unión, incluido el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, las disposiciones pertinentes sobre la ciudadanía de la Unión y la libre circulación de personas, y la Carta de los Derechos Fundamentales”, se puede leer en la respuesta del comisario europeo.

La “prioridad nacional” es una propuesta política del partido Vox que busca garantizar que los ciudadanos españoles tengan preferencia frente a los extranjeros en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos, vivienda y empleo. La formación de extremaderecha puso como condición esta propuesta para pactar con el el PP en la consecución de gobiernos autonómicos como Extremadura, Castilla y León o Aragón.

Los socialistas españoles enviaron el pasado 28 de abril una pregunta escrita al ejecutivo comunitario sobre “la compatibilidad del principio de 'prioridad nacional' con el Derecho de la Unión Europea”. Los eurodiputados cuestionaron que dicha propuesta cumpla con “el principio de no discriminación por razón de nacionalidad (artículo 18 del TFUE), las disposiciones sobre ciudadanía de la Unión (artículos 20 y 21 del TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 20 (igualdad ante la ley), 21 (no discriminación) y 34 (seguridad social y ayuda social)”.

Aunque ya es una realidad en varias comunidades autónomas, la Comisión Europea asegura que “no se pronuncia sobre tal clase de acuerdos políticos” y subraya que “no tiene conocimiento de que hasta la fecha se haya adoptado o propuesto legislación para aplicar las partes pertinentes” de los acuerdos políticos “alcanzados entre dos partidos nacionales en el contexto de la formación de gobiernos regionales”.

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, ha señalado que “la llamada prioridad nacional es un principio flagrantemente discriminatorio y contrario a los principios y valores de la Unión. No nos sorprende que la Comisión Europea anuncie que velará por el respeto al Derecho de la UE y el principio de no discriminación por nacionalidad”.

“El Partido Popular tendrá que responder por abrir la puerta a la xenofobia para complacer a la extrema derecha. Lo que es seguro es que los socialistas sí estaremos vigilantes para que la Comisión haga su trabajo y cumpla su función como guardiana del Derecho de la Unión Europea”, ha insistido López Aguilar.

En las negociaciones para el Gobierno de la Junta de Andalucía, el líder andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira, ha impuesto en la negociación con el PP que se debe seguir la norma de “sí a la prioridad nacional, no al fanatismo climático”. El Parlamento andaluz rechazó la reelección del presidente popular con los votos de PSOE, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía, pero la ultraderecha y el PP finalmente han negociando para desbloquear la legislatura en la votación con la inclusión de la 'prioridad nacional'.

El Gobierno ha acordado con Bruselas flexibilizar algunas de las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, de tal manera que se puedan utilizar los remanentes de hitos y objetivos ya cumplidos para seguir financiando gastos afines más allá del 31 de agosto. Esta es la fecha en la que tienen que estar ejecutadas todas las reformas y acciones financiadas con el ‘maná europeo’.

El Ejecutivo ha incluido en el Real Decreto-Ley de respuesta a la crisis en Oriente Medio una disposición adicional pactada con la Comisión Europea que permitirá que, en el caso de que se hayan cumplimentado los programas del Plan de Recuperación con un menor gasto del previsto inicialmente, se puedan usar esos ahorros para “la financiación de actuaciones en las mismas áreas políticas”. Es decir, fundamentalmente, las transiciones digital y energética.

El articulado especifica que se aplicará para los hitos y objetivos incluidos en la última solicitud de desembolso, el séptimo pago, que el Ejecutivo debería pedir antes del 31 de agosto. Y siempre que se compruebe “que el importe finalmente justificado y verificado es inferior al que se consideró para evaluar los proyectos presentados del hito u objetivo y determinar su cumplimiento”.

Según detalla la disposición, serán las “entidades decisoras” del Plan de Recuperación —es decir, los ministerios— quienes determinen los hitos y objetivos que se acojan a este nuevo régimen así como la cuantía afectada, en base a la información que proporcionen las “entidades ejecutoras” —los propios ministerios, empresas públicas, comunidades autónomas o ayuntamientos—.

La disposición, dice el texto, será de aplicación inmediata desde su entrada en vigor, este miércoles. Y el Gobierno se reserva, mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, el dictar instrucciones “para la aplicación de los apartados anteriores y para garantizar la correcta ejecución final de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Una medida para evitar el “efecto escalón”

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que no hay una cifra cerrada de fondos que potencialmente se puedan desatascar con esta medida, ya que no se conocerán hasta el final del programa, cuando se evalúen los hitos y las cuantías. En este sentido, desde el Ejecutivo señalan que llevan meses en conversaciones con la Comisión Europea para conseguir esta flexibilización. El objetivo último, detallan, es evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez finalice el programa europeo.

Hace cinco años, el presidente Pedro Sánchez consiguió una gran victoria política en Bruselas al amarrar un ‘Plan Marshall’ europeo con emisión conjunta de deuda para reconstruir la economía tras el golpe de la pandemia. Inicialmente a España se asignaron 160.000 millones de euros, entre transferencias y créditos. Al final serán 102.000 millones, ya que el Gobierno renunció a 60.000 millones en préstamos, y solo si el Ejecutivo saca adelante todos sus compromisos.

Que desaparezca de golpe esa inyección millonaria podría ralentizar un crecimiento que, hasta ahora, no deja de batir las expectativas. Para evitarlo, además de esta iniciativa, el Gobierno ha impulsado el fondo España Crece, anunciado a principios de año, dotado con 13.500 millones procedentes del Plan de Recuperación y con el objetivo de que el Instituto de Crédito Oficial —que va a gestionar este vehículo— movilice 120.000 millones de euros de inversión, entre pública y privada. Sus objetivos serán similares a los del plan original: las transiciones verde y digital, así como el desarrollo de vivienda pública asequible.

La inyección de los fondos europeos ha servido al Gobierno para capear la falta de unas cuentas públicas, dado que las que están en vigor son las prorrogadas desde 2023. De hecho, en La Moncloa se ha considerado que el Plan de Recuperación eran los ‘verdaderos’ Presupuestos de esta legislatura. El presidente ha llegado a rechazar un adelanto electoral por la necesidad de ejecutar al completo los 102.000 millones de euros procedentes de Bruselas.

El Gobierno está aún a la espera de que la Comisión Europea dé luz verde a la solicitud del sexto desembolso, por valor de 7.256 millones de euros, que remitió en marzo de este año. Entre otros, está pendiente de que el Ejecutivo comunitario autorice al Ejecutivo ‘saltarse’ la subida de los impuestos al diésel. Precisamente, y como parte del nuevo paquete de medidas por la guerra en Oriente Medio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva rebaja temporal en el impuesto de hidrocarburos, hasta octubre.

En La Moncloa está previsto solicitar el séptimo y último pago antes de que termine el verano, donde se incluirán unos 140 hitos y objetivos por valor de 27.000 millones de euros. A partir de ahí, la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para autorizar el desembolso.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

La Comisión Europea no ha querido este martes hacer comentarios sobre la decisión del Tribunal Supremo de preguntar al Gobierno como a varias comunidades autónomas gobernadas por el PP y a distintas asociaciones si es procedente elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo socialista colisiona con las directivas europeas. La Comisión ya contestó en enero que la medida migratoria era competencia del Estado español y no había ilegalidades, aunque varios países han recriminado a España la regularización por las posibles consecuencias que puede tener para sus países en caso de movimientos dentro de la UE.

Esta recriminación se hizo evidente en el pasado Consejo Europeo, cuando varios líderes europeos reprocharon al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la regularización extraordinaria de migrantes en España podría tener un posible impacto en el resto de socios. Los reproches habrían venido por parte del primer ministro belga, Bart de Wever, la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen además de Hungría y Alemania. En un primer momento se señaló también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pero tanto la delegación española como la italiana desmintieron que hubiera ninguna discusión entre ambos líderes y solo un intercambio de diferentes posiciones.

Este martes, un portavoz de la Comisión Europea se ha limitado a decir ante las preguntas de los periodistas sobre las providencias del Supremo que “está todavía en los tribunales españoles. No hay más comentarios al respecto”. Sin embargo, el pasado enero, el comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, al ser preguntado por la iniciativa del Ejecutivo español explicó que “es una competencia de los Estados miembros hacer lo posible en la lucha contra inmigración ilegal. Este caso es distinto porque son personas que ya están en el Estado miembro y España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración”.

Entonces tanto el PP como la formación ultraderechista Vox anunciaron que llevarían ante las instituciones europeas la medida para intentar frenarla. Entonces el comisario europeo competente en Inmigración dejó claro que el Gobierno español estaba haciendo política según las competencias que tiene atribuidas y la Comisión Europea no se puede meter en ese ámbito. “Estamos al tanto de la nueva ley y lo que se ha decidido en España. Está claro que es responsabilidad de cada Estado miembro. Hay que hacer distinción entre inmigración legal e ilegal y hay que encontrar soluciones y vías legales para soluciones este tema. Tenemos que trabajar conjuntamente, pero la Comisión Europea no tiene competencia en estas cuestiones, solo podemos recomendar itinerarios legales y llegar a acuerdos con los países miembros para que los asuman”, argumentó Brunner.

Posteriormente, ante la presión de varios países y de las formaciones de derechas y ultraderecha en el Parlamento Europeo, el comisario europeo respondió a una pregunta del PP europeo en la que insistía en que “sin perjuicio del reparto de competencias definido por el ordenamiento jurídico de la Unión en relación con las políticas y las decisiones individuales de regularización del estatuto de los ciudadanos de terceros países en situación irregular”, es decir, que el proceso de regularización es competencia del Estado español, Brunner añadía que “las decisiones de los Estados miembro, en un espacio sin fronteras interiores, pueden tener consecuencias para otros Estados miembro y para la Unión en su conjunto”.

En este sentido, Brunner hizo una interpretación propia de la normativa europea al señalar que “un permiso de residencia nacional no autoriza a desplazarse por la UE, sino únicamente a vivir y trabajar en el Estado miembro que lo expidió. La UE cuenta con normas claras que deben respetarse. Por ejemplo, si se descubre que una persona titular de un permiso de residencia nacional se encuentra en situación irregular en otra parte de la UE, o si esa persona solicita asilo en otro Estado miembro, deberá regresar al Estado miembro que expidió su permiso de residencia”. Lo cual no significa que la medida española sea ilegal, sino que el comisario europeo está solicitando que un permiso de residencia en un país no permita moverse por el espacio Schengen.

Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó el planteamiento del comisario europeo. El TJUE sentenció a principio de junio que tener un permiso de residencia en un país de la UE no excluye que se le pueda conceder en otro país de la UE, pero además dictamina que hay que tener en cuenta aspectos como la unidad familiar a la hora de la concesión de estos permisos y que no se debería expulsar a una persona de un país sin tener en cuenta estos condicionantes.

Finalizado el plazo de dos meses que la Comisión Europea le dio a España para responder sobre cómo está atajando el actual abuso del empleo temporal en el sector público, este 29 de junio, el Gobierno no ha llegado a responder con las medidas a Bruselas y le ha pedido más tiempo para ello. En concreto, hasta el 27 de marzo de 2027. La Comisión dio este margen a España dentro de los expedientes de infracción iniciados hace años contra España y previo paso a una demanda contra el país frente al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

El Ministerio de Función Pública confirma que ha pedido nueve meses más de plazo a la Comisión Europea, como ha adelantado El País, para poder impulsar “las reformas necesarias para eliminar el abuso en la contratación de temporales”.

La Comisión lleva años urgiendo a España a que solucione este problema laboral, que ha derivado en una gran cantidad de demandas de interinos en los tribunales, tanto en España como en Europa. Además, Bruselas retiene el desembolso de 626 millones de euros de los Fondos de Recuperación por incumplir con una correcta sanción del abuso de la temporalidad.

El pasado 29 de abril, Bruselas emitió dos dictámenes motivados –segunda fase del procedimiento de infracción comunitario– contra España, con el mencionado plazo de de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión advertía de que podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, tercer y último paso del procedimiento de infracción.

Reunión con las CCAA para debatir una nueva reforma

El departamento de Óscar López citará a las Comunidades Autónomas y a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) el próximo 8 de julio a una reunión en Santander con el objetivo de “debatir posibles medidas y propuestas para reducir la temporalidad en el sector público”. El Gobierno de coalición ya aprobó una reforma para reducir la temporalidad en el empleo público, gracias a masivos procesos de estabilización, pero se han considerado insuficiente por parte de la justicia europea.

Esta reunión con las comunidades y ayuntamientos dará “los primeros pasos” del grupo de trabajo que creó el Ministerio el pasado mayo, precisamente para abordar estas medidas contra la temporalidad para dar respuesta al plazo de dos meses lanzado por la Comisión Europea.

El Ministerio de Función Pública ha argumentado a Bruselas que la última sentencia del Tribunal Supremo en esta materia, del 12 de mayo, que declaró fija a una interina que había pasado un proceso de oposición sin conseguir plaza (y que luego estuvo años como temporal en una vacante) y que abrió nuevas vías de sanción a la Administración Pública, “ha introducido elementos nuevos” que hay que analizar.

“Además de conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas”, añade el departamento de Óscar López, que también se ha puesto en contacto con las organizaciones sindicales para “consensuar entre todos los agentes implicados nuevas medidas para recortar las tasas de temporalidad”.

“El encuentro de Santander aspira a avanzar en la tarea conjunta de analizar esos posibles cambios normativos y conocer qué medidas han implantado las Comunidades Autónomas para frenar la temporalidad”, indica el Ministerio de Función Pública en una nota. El Gobierno subraya que “son precisamente estas administraciones las que concentran el problema de la alta temporalidad, con una tasa del 40% frente al 4,7% en la Administración General del Estado”.