La dependencia tecnológica de Estados Unidos es peligrosa para Europa. Lo que durante años fue una advertencia de tecnólogos y activistas no solo ha dejado de ser un tema tabú en las instituciones europeas, sino que ha escalado hasta los primeros puestos de las prioridades políticas. De aviso técnico a doctrina política en apenas unos meses, gracias a Donald Trump y la creciente incertidumbre geopolítica.

“No podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que mantienen en funcionamiento nuestros hospitales, la estabilidad de nuestras redes energéticas y la seguridad de nuestros servicios. Se trata de proteger a nuestros ciudadanos, defender nuestros intereses y tomar nuestras propias decisiones”, dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Nuestro problema en el ámbito digital es que toda nuestra infraestructura básicamente es americana. No solo la nube, sino también la información, el software, todo. Esto nunca lo habíamos visto como una fuente de vulnerabilidad, hasta ahora”, argumenta Javier López, vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado socialista. “Ahora sabemos que esas dependencias pueden ser utilizadas contra nosotros como armas”.

“Hasta ahora hemos sido reactivos. La relación con Estados Unidos es una relación de dependencia. Tú no puedes tener una alianza entre iguales si tú dependes totalmente de otro”, defiende Nicolás Pascual de la Parte, coordinador de Seguridad y Defensa del PP Europeo. “Eso no es una alianza, eso es un protectorado”.

Son declaraciones efectuadas en cuestión de una semana por varios representantes europeos que muestran el consenso logrado en esta área. El distanciamiento de EEUU y el amanecer de la era de la inteligencia artificial han generado el consenso en el continente: es necesaria una voz propia en el terreno digital. “La tecnología es inseparable de la geopolítica”, resume la vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen.

Desde la Defensa

La conversación de la soberanía tecnológica vertebra varias de las apuestas de la UE. Una de ellas es la Defensa. En febrero de 2025, durante una reunión a puerta cerrada de ministros de Defensa de la OTAN, la administración estadounidense dio un ultimátum a Europa. Washington dejó claro que su prioridad estratégica es la región de Asia-Pacífico (China) y exigió a los europeos asumir la carga de su defensa convencional. El último movimiento ha sido la retirada de 5.000 soldados de Alemania.

De los 27 Estados miembros que integran la Unión Europea, todos excepto Austria, Chipre, Irlanda y Malta son también miembros de la OTAN. Esos mismos 23 países son los que un reciente estudio señaló como los más dependientes de la nube y el software estadounidense para operar sistemas críticos de su seguridad nacional. El informe era claro: todos esos sistemas tienen un “botón de apagado” a disposición de Donald Trump.

La UE ha lanzado diversos programas para solucionarlo. Uno de ellos es la financiación de armamento convencional a través de programas conjuntos a través de una línea de créditos blandos de 150.000 millones. De ellos, unos 1.000 millones de euros ya han ido a España, 1.180 millones a Chipre o 16.680 millones a Rumanía. Uno de los proyectos más ambiciosos hasta la fecha la Corbeta de Patrulla Europea (EPC), con España, Italia, Francia y Grecia desarrollando un buque de 3.000 toneladas. Los dos primeros prototipos empezarán a construirse este 2026 o a principios de 2027.

Pero la serie de iniciativas va más allá del armamento convencional. “Uno de los objetivos fundamentales es crear nuestra red satelital europea para tener la inteligencia suficiente. No podemos depender de Elon Musk y de Starlink, como es el caso ahora”, expresó De la Parte en una reciente reunión con periodistas en Bruselas en la que estuvo presente elDiario.es. Se trata del programa IRIS², que pondrá en órbita una constelación de unos 290 satélites para comunicaciones seguras bajo control europeo.

Vamos a tener que ir mudando toda nuestra infraestructura digital, probablemente sin sobregesticular demasiado, pero con paso firme. Si no, esa infraestructura se puede volver en contra nuestra

Javier López — vicepresidente del Parlamento Europeo

“Ahora, nuestro problema en el ámbito digital va más allá de la red satelital”, continuó Javier López en el mismo encuentro. “Durante los últimos años hemos aprendido de la peor forma posible que las interdependencias que creíamos que eran fuente de estabilidad para Europa y parte de nuestro ADN, hoy son armas. Las interdependencias son mecanismos de coacción en el ámbito económico, en el comercio, en la energía, en la información”, continuó el vicepresidente del Parlamento Europeo.

Aunque la dependencia “de la seguridad es probablemente la más evidente de todas”, pero no es la única: “Vamos a tener que ir mudando toda nuestra infraestructura digital, probablemente sin sobregesticular demasiado, pero con paso firme. Si no, esa infraestructura se puede volver en contra nuestra”.

Hasta los datos, los chips, el código abierto y la energía

Horas después de esa reunión, la Comisión Europea presentaba un nuevo y ambicioso paquete de desconexión. Incluye dos propuestas legislativas principales, el Acta de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial y la Chips Act 2.0, acompañadas de una estrategia de código abierto y una hoja de ruta energética. El objetivo del Paquete de Soberanía Tecnológica Europea es reducir las dependencias estructurales de proveedores externos y garantizar el control sobre los datos, las cadenas de suministro y los servicios básicos.

El proyecto pone un gran énfasis en los chips, estableciendo la hoja de ruta para triplicar la capacidad de los centros de datos en el continente en un plazo de cinco a siete años. Emilio García, autor de Chips y Poder (Catarata) explica que la ley de chips 2.0 “corrige buena parte de los errores de diagnóstico de su predecesora” (aprobada en 2023), y destaca en Agenda Pública que ahora “extiende las prioridades industriales a toda la cadena de suministro” y que “incorpora por fin la demanda”.

La estrategia de la Comisión asume que los componentes destinados a la inteligencia artificial representarán más del 70% del mercado de semiconductores para el año 2030, y acelera la concesión de permisos para construir plantas de fabricación avanzada vinculadas directamente a las futuras gigafactorías de inteligencia artificial. Para evitar la dependencia de sistemas propietarios de EEUU y China, el plan apuesta por el código abierto en ciberseguridad, semiconductores e internet, con directrices que obligarán a las administraciones públicas a priorizar soluciones europeas, una de las principales reivindicaciones de las startups del continente. La hoja de ruta incluye también el sector energético: los futuros centros de datos deberán integrarse en la red eléctrica en un momento en el que crecen los recelos ciudadanos sobre estas infraestructuras.

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Javier López, establece un horizonte de cinco años para lograr unas capacidades autónomas que sirvan como mecanismo de disuasión. Pascual de la Parte es más taxativo sobre las consecuencias de no lograrlo: “Si de aquí a finales de esta década Europa no es capaz de tener los recursos necesarios para su autodefensa, Rusia y otros enemigos potenciales no van a esperar a que los tengamos”. López resume el proceso pendiente: “Esto no va a ser ni muy rápido, ni muy fácil ni muy barato, pero hace falta ponerse a ello”.

La Comisión Europea vuelve a poner en duda la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer descarrilar la OPA que BBVA presentó para hacerse con el Sabadell. La Comisión Europea considera que dichas medidas son “incompatibles con el nuevo marco establecido para regular adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales que afecten a entidades de crédito”. La operación del BBVA fracasó, ya que con las condiciones impuesta por el Gobierno solo logró el respaldo de poco más del 25% del accionariado de la entidad catalana.

Bruselas ya anunció el pasado 17 de julio de 2025 que abría un procedimiento de infracción contra España por las leyes en las que se basó el Ejecutivo para interferir en la OPA. Entonces el ejecutivo comunitario consideró que sólo el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales de Competencia (CNMC) deberían haberse pronunciado y cuestionó que la decisión se elevara al Consejo de Ministros, que puso condiciones extra.

Ahora la Comisión Europea ha enviado una nueva carta al Gobierno de España por incumplir el Reglamento del Mecanismo Único de Supervisión, la Directiva sobre Requisitos de Capital y los artículos 49 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El Ministerio de Economía: “Es una carta complementaria”

Fuentes del Ministerio de Economía han señalado que “no se ha abierto ningún nuevo procedimiento de infracción a España relacionado con fusiones bancarias. La carta de la Comisión no supone que el procedimiento ya existente haya avanzado a una nueva fase o escalado. Es una carta complementaria a la anterior”.

Bruselas argumenta que “la consolidación del sector bancario beneficia a la economía de la Unión Europea en su conjunto y resulta esencial para la consecución de la Unión Bancaria Europea. Estas fusiones también garantizan que el capital se asigne de forma eficiente en toda la Unión y que ciudadanos y empresas tengan acceso a productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión de Ahorros e Inversiones”.

Con la entrada en vigor de la nueva directiva sobre requisitos de capital, que tenía que ser traspuesta en la legislación española antes del 10 de enero de 2026, la Comisión “ha actualizado la evaluación jurídica” del procedimiento contra España ya que considera que “las medidas españolas objeto de examen son incompatibles con el nuevo marco establecido” de dicha directiva. 

Desde el Ministerio de Economía se insiste en que “está trabajando intensamente en la transposición de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital (CRD VI) para adaptar la normativa doméstica y recoger la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial de las fusiones bancarias, sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como es el caso de la CNMC”.

Ante las medidas que sacó adelante el Gobierno de España para entorpecer la fusión entre BBVA y Sabadell, “la Comisión envía hoy esta carta de emplazamiento adicional a España, que dispone ahora de dos meses para responder y corregir las deficiencias señaladas”. En caso de que España no corrija su actuación, la Comisión emitirá “un dictamen motivado, que constituye la siguiente fase del procedimiento de infracción de la Unión Europea”.

La Comisión Europea lleva analizando la legislación que rodea esta operación desde mayo de 2024, cuando dos días después del anuncio de la adquisición de Banco Sabadell por BBVA recibió una denuncia de un ciudadano que ponía en alerta a los técnicos comunitarios sobre la posibilidad de que varias normas españolas pudieran entorpecer esa operación.

El Gobierno dio luz verde a la oferta de compra de BBVA por Banco Sabadell, pero exigió a los bancos que no se fusionen durante tres años, para que sigan operando por separado, y que no podrán realizar despidos en el marco de esta operación. Además, podrá ampliar ese tiempo hasta dos años más. Mantiene, también, las condiciones que determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Antes de esta decisión, el regulador del mercado bursátil, la CNMV, ha suspendido temporalmente la cotización de los bancos.

“Un reequilibrio del gasto social entre generaciones”. La Comisión Europea entra de lleno en el debate en España sobre cómo se reparte el gasto social entre los diferentes grupos de edad, según se desprende del informe elaborado por la Comisión Europea sobre recomendaciones económicas que se ha presentado este miércoles. Aunque en el informe no se hace una mención directa al gasto en pensiones, Bruselas sí resalta la necesidad de “un reequilibrio del gasto social entre generaciones y mejorando la cobertura y la adecuación de las transferencias sociales y de la asistencia social, así como su vinculación con las políticas de activación, reduciendo aún más las desigualdades de renta” para luchar contra la pobreza infantil.

La Comisión también hace una llamada por “una creciente dependencia de la tributación del trabajo”, mientras “España presenta la mayor brecha de política del IVA de la Unión Europea como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos”. En este sentido, destaca el IVA de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. A pesar de que se ha convertido en un tema en el que la oposición de derechas insiste en castigar al Gobierno de Pedro Sánchez, no hay ninguna mención en el informe sobre la falta de Presupuestos Generales del Estado por cuarto año consecutivo. Bruselas también hace una llamada por la desviación del gasto en 2026 e insta a España a que “respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”.

Posteriormente, un miembro de la Comisión sí que ha señalado que “España gasta muchísimo en partidas como pensiones, que no benefician particularmente a las nuevas generaciones. Hay que pensar en un gasto más orientado a las nuevas generaciones. Los pensionistas tienen casi el doble de la renta media y muchos de los beneficios y ayudas, como el transporte”.

Mientras, el informe sobre España contrapone que la pobreza “sigue siendo un desafío importante, en un contexto de niveles generales de pobreza elevados y de desigualdades de ingresos persistentemente altas. En 2024, más de uno de cada cuatro niños en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa al país entre los Estados miembros con peores resultados de la Unión Europea en este ámbito”.

Bruselas recomienda para solucionar este desajuste la necesidad de reequilibrar el gasto público favoreciendo políticas destinadas a apoyar a los niños y a los jóvenes. La Comisión ha escogido un grupo de áreas prioritarias a las que se debería dirigir el gasto público que son la educación, el empleo y, especialmente al acceso a la vivienda, que se ha vuelto a colar este año como uno de los principales retos de la economía española.

En este sentido, la Comisión insiste en que “España cuenta con uno de los niveles más bajos de vivienda social de toda la Unión Europea, representando menos del 2% del parque total de viviendas, frente a una media de la UE de aproximadamente el 7%”. Bruselas recomienda “superar algunas de las restricciones que han frenado la construcción de vivienda” como son la “disponibilidad limitada de suelo edificable, la lentitud de los procedimientos administrativos y la tramitación de permisos” para superar los “persistentes cuellos de botella en la oferta”.

Subir el IVA a la hostelería para recaudar hasta 7.000 millones más

A la hora de explicar la tributación en España, Bruselas apunta que “la participación media de los impuestos sobre el trabajo en la recaudación fiscal total de España aumentó del 48,7% de media en el subperíodo 2015-2019 al 51,8%” de 2020-2024. De hecho, “el aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre el trabajo explica el 90% del incremento” de la participación fiscal en España durante la última década, “lo que refleja una creciente dependencia de la tributación del trabajo”. Es decir, los trabajadores contribuyen más fiscalmente que las rentas de capital o el consumo.

Bruselas argumenta esta situación por “la no indexación de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el aumento de los tipos de cotización a la Seguridad Social han acelerado el desplazamiento de España hacia una mayor tributación del trabajo”.

Frente a esta situación, “los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y de impuestos medioambientales se sitúan por debajo de la media de la UE, tanto como porcentaje del PIB como en porcentaje de la recaudación fiscal total”. En este sentido, el informe recalca que “España presenta las mayores brechas de política del IVA de la Unión Europea, como resultado de una de las mayores diferencias entre tipos impositivos y de la mayor brecha derivada de exenciones del IVA”.

La Comisión hace una mención especial al IVA reducido de la hostelería (hoteles, bares y restaurantes) “por su elevado impacto presupuestario y su efecto redistributivo muy limitado”. Frente al impuesto del 21% la hostelería paga un 10%. Según un técnico de la Comisión, “los beneficios fiscales que existen en España rondan 60.000 millones en total, de los cuales el IVA son casi el 60%”. En el caso del IVA de la hostelería, su incremento supondría que se ingresarían hasta 7.000 millones más en las arcas públicas.

Desvío del gasto

La Comisión prevé que el gasto neto en España crezca un 5,1% en 2026 y un 14,9% de forma acumulada en el período 2024, 2025 y 2026. Esto supondría una desviación respecto a los datos que envió en Gobierno de España con un 4,2% anual, mientras que en el acumulado alcanzaría el 13,3%. Con los datos del Ejecutivo de Pedro Sánchez España cumpliría con la regla de gasto, ya que estaría por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB marcados por las reglas fiscales europeas.

“Teniendo en cuenta la desviación prevista para 2026 por la Comisión con respecto a la senda de gasto neto recomendada”, España debe “garantizar que el gasto neto respete las tasas máximas de crecimiento recomendada”, señala la Comisión.

Un técnico de la Comisión ha rebajado el impacto de este desvío y admitie que se hace la recomendación a España porque “está cerca del límite del acumulado”. “En la desviación acumulada se añade cierta flexibilidad a 2024, con lo cual en 2025 todavía tenemos un pequeño crédito de un 0,1% para el 26. La recomendación tiene en cuenta la flexibilidad de la cláusula de defensa. Hay un exceso de 0,4% del PIB con la cláusula defensa”.

La cláusula nacional de escape para el gasto en defensa permite a los países contabilizar el aumento del presupuesto militar fuera de las reglas fiscales ordinarias. España se comprometió a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar en un ardúa confrontación con Donald Trump, que exigía que el gasto en defensa de los aliados de la OTAN llegara al 5% del PIB.

Además, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha confirmado que se va ampliar la aplicación de la cláusula de escape para inversiones en energía, una medida que habían solicitado países como Italia y España, con idea de reducir la dependencia de combustibles fósiles. Esta ampliación facilitará que las cuentas españolas no superen los límites de la regla de gasto de la UE.

El principio del fin para una etapa de abusos contra minorías, corrupción y control de la justicia en Hungría. La presidenta de Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado este viernes que se “desbloquean 16.400 millones de euros para Hungría” tras una reunión con el nuevo primer ministro húngaro, Peter Magyar.

La presidenta de la Comisión ha apuntado que Magyar “ha formado un gobierno con ministros procedentes de los más altos niveles de sus respectivas profesiones, que han dado un paso adelante por el interés público. Su gobierno está avanzando con rapidez y determinación para cumplir las promesas hechas al pueblo húngaro: impulsar la recuperación económica, luchar contra la corrupción y restaurar el Estado de derecho. Y en muy poco tiempo ya tenemos progresos concretos que compartir”.

En las pasadas elecciones del 12 de abril, la derrota del ultranacionalista Viktor Orbán fue celebrada como una victoria de la democracia liberal frente a los gobiernos autoritarios que tratan de debilitar el proyecto europeo. La Unión Europea mantuvo un fuerte pulso con la Administración ultra de Orbán por sus continuos ataques a los derechos de inmigrantes y la comunidad LGTBI+ además de manipulación de la Justicia y numerosos casos de corrupción.

Von der Leyen ha explicado que “se trata de 10.000 millones de euros que serán desbloqueados del programa Next Generation EU, luego 4.200 millones del mecanismo de condicionalidad de cohesión y 2.200 millones para la libertad académica, lo que suma en total 16.400 millones de euros”.

Por su parte, Magyar ha señalado que los fondos que se van a desbloquear representas alrededor del 13% del presupuesto estatal de Hungría. El dinero está supeditado con las reformas que tiene que hacer el nuevo Ejecutivo húngaro.

“Hubo momentos en los que pensé que era imposible y que no era viable hacerlo tan rápido, pero estamos aquí y estamos muy contentos. Tres o cuatro semanas han sido suficientes para que nosotros consigamos lo que el anterior gobierno de Viktor Orbán no pudo lograr o no quiso lograr”, ha explicado Magyar.

Respecto a los hitos que tendrá que cumplir la nueva Administración húngara para que el dinero vaya llegando, la presidenta de la Comisión ha comentado que la UE cuenta con “una arquitectura muy sólida y un marco de referencia (”landing zone“) para los temas del Estado de derecho, donde deben llevarse a cabo reformas. El punto clave es que las reformas del Estado de derecho —o todas las reformas incluidas en este paquete— deben realizarse y concluirse. En el momento en que la ley de reforma sea aprobada por el Parlamento, podremos desembolsar el dinero correspondiente vinculado a ese hito”.

En el mismo sentido, Magyar ha respondido que “existen ciertos hitos que no pueden completarse o implementarse debido a la falta de tiempo o porque han perdido relevancia, pero obviamente la Unión Europea es lo suficientemente justa como para tratar algunos de estos hitos con flexibilidad para que podamos hacer todo lo posible hasta el 31 de agosto”.

El primer ministro húngaro se refiere a los puntos relacionados con la lucha contra la corrupción y los fondos fiduciarios de interés público, como los de las universidades, que necesitan más tiempo “para reestructurar la propiedad”.

En cuanto al pacto migratorio, un punto que distancia a Magyar de la Comisión Europea, Von der Leyen ha puntualizado que “ambas administraciones trabajarán muy estrechamente” en su adecuación, mientras que Magyar solo ha acusado a Orbán de que “tuvo todo el tiempo y la posibilidad de impedir su adopción, pero nunca logró hacerlo”.

No se prohibirá el desfile del Orgullo LGTBI+ de Budapest

Prueba de este cambio en el Gobierno húngaro es que la policía ha comunicado este viernes que no va a prohibir el desfile del Orgullo LGTBI+ que tendrá lugar en Budapest el mes que viene. Orbán mantuvo una política de ataques constantes a la comunidad LGTBI+ durante su mandato, que se acentuó en su última legislatura.

Con la excusa de la protección a menores, el Gobierno Orbán aprobó la Ley de Propaganda que prohibía la representación pública de cualquier expresión LGTBI+ a menores de 18 años. Con esta norma, se vetó el desfile del Orgullo en 2025, un capítulo más en el desmantelamiento de derechos LGTBI+, tras la eliminación de la adopción por parte de parejas homosexuales o el veto a las personas trans a cambiar su sexo legal y su nombre.

A pesar de la prohibición del desfile, miles de personas participaron en el Orgullo de Budapest del año pasado, sin incidentes relevantes y con la presencia de políticos de una treintena de países. En enero, la fiscalía húngara presentó cargos contra el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, por permitir el desfile.

En esta ocasión, la policía ha señalado en un comunicado recogido por AFP que “durante el proceso de notificación para el desfile del Orgullo 2026 y la posterior consulta presencial con los organizadores, no surgió ningún motivo para prohibir la manifestación”.

El pasado 21 de abril se hizo pública una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que dictaminaba que Hungría ha infringido el Derecho de la Unión al adoptar una ley que estigmatiza y margina a las personas LGBTI+. La Justicia europea señala que el Estado húngaro con la aprobación de “una norma con medidas más estrictas contra los delincuentes pedófilos que modifican determinadas leyes para proteger a los menores” lo que ha hecho es “vulnerar el derecho a la dignidad humana” y “trata a un grupo de personas, que forman parte integrante de una sociedad caracterizada por el pluralismo, como una amenaza para la sociedad”.

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que le ha puesto una multa de 200 millones de euros a Temu. Bruselas asegura que plataforma china de comercio electrónico “no identificó, analizó ni evaluó diligentemente los riesgos sistémicos derivados de la oferta de productos ilegales en su página con el consiguiente perjuicio para los consumidores de la Unión Europea”, con lo que estaría incumpliendo la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta es la multa más alta que se ha impuesto por la Comisión por incumplimiento de la DSA, con anterioridad se había sancionado a la red social X con 120 millones.

La Comisión abrió el procedimiento formal contra Temu en octubre de 2024. Se adoptaron conclusiones preliminares en julio de 2025 y se cierra ahora con una decisión formal de incumplimiento y la correspondiente sanción.

Bruselas asegura que dispone de pruebas que indican que es los consumidores de la UE se van a encontrar artículos ilegales en Temu, especialmente en las categorías de cargadores, joyería y juguetes para niños y bebes. A principios de este año, la Asociación Retail Textil España (Arte), junto a las principales asociaciones del comercio y del sector textil en España, acusaron las grandes plataformas de comercio electrónico del impacto sobre el mercado europeo y denunciaron que más del 65% de los productos que comercializa Temu en la Unión Europea no cumple con la normativa vigente.

Tras la investigación, los funcionarios europeos aseguran que las pruebas obtenidas mediante un ejercicio de “mystery shopping” mostraron que “un porcentaje muy elevado de los cargadores seleccionados no superó pruebas básicas de seguridad, mientras que una alta proporción de juguetes para bebés presentaba riesgos de seguridad de gravedad media a alta por contener sustancias químicas que excedían los límites legales o por riesgos de asfixia debido a piezas desmontables”.

Una alta funcionaria de la Comisión ha comentado que “el 'mystery shopping' no fue la única fuente de datos. Hubo, por una parte, la investigación de 'mystery shopping' realizado por encargo de la Comisión Europea. También se hizo lo que se denomina una ”PCA exercise“ (Priority Customs Action), es decir, una acción prioritaria aduanera en la que las autoridades examinaron las mismas categorías de productos que se analizaron en el 'mystery shopping'. Además, se utilizó información de la base de datos ICSMS, gestionada por las autoridades de vigilancia del mercado. Estas tres fuentes arrojaron porcentajes elevados y muy elevados de productos ilegales”.

Además, Bruselas acusa a Temu “no evaluó adecuadamente cómo el diseño de su servicio, incluidos los sistemas de recomendación y los programas de promoción de productos por parte de influencers afiliados, podría amplificar los riesgos de difusión de productos ilegales”.

“La multa es desproporcionada”

Fuentes de Temu contactaron con elDiario.es para explicar que “respeta los objetivos de la DSA y la necesidad de establecer normas claras y coherentes en toda la economía digital. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea y consideramos que la multa es desproporcionada”.

Según la plataforma china de comercio electrónico la decisión de la institución europea “no refleja el estado actual de nuestros sistemas y nuestra plataforma. Temu colaboró de manera constructiva con la Comisión durante todo el proceso y desde entonces ha adoptado medidas adicionales para reforzar la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección de los usuarios. Estamos revisando la decisión detenidamente y considerando todas las opciones disponibles”.

Fuentes de la Comisión apuntan que Temu “tendría ya que haber dejado de vender esos productos en su plataforma”. Sin embargo, una alta funcionaria de la institución europea admite que “la investigación sigue en curso. Estamos evaluando si los medios que Temu está aplicando son eficaces, exitosos y suficientemente rigurosos en lo relativo a sanciones para los vendedores ilegales. Esta investigación en curso debería ya estar incentivando a Temu a cumplir las normas y a mejorar sus sistemas”.

“El elemento clave que hay que destacar es el enfoque sistémico de esta evaluación de riesgos. Queremos que las plataformas de comercio en línea que ofrecen productos en la Unión Europea dispongan de sistemas capaces de filtrar productos ilegales, de modo que los consumidores europeos estén protegidos”, según ha explicado una alta funcionaria de la Comisión.

Tensión comercial entre la UE y China

La multa a la plataforma de comercio electrónico llega en un momento de fuerte tensión en las relaciones entre la Unión Europea y China. Un grupo de países europeos, encabezados por Francia, ha pedido a la Comisión Europea que ponga en marcha aranceles y otras medidas comerciales defensivas ante lo que denominan “prácticas comerciales abusivas” como “la imposición de nuevas barreras comerciales o contribuir a una sobrecapacidad industrial sistémica y estructural”.

Este viernes hay una reunión sobre la estrategia que debería presentar el bloque europeo bajo la premisa de una “política de defensa comercial más firme y eficaz”. Los firmantes de la carta piden que se hagan “más investigaciones de salvaguardia en caso de perturbaciones comerciales a nivel sectorial” y ser “más proactivo” a la hora de llevar ante la Organización Mundial del Comercio las infracciones de las normas comerciales.

Sin embargo, no hay unanimidad en la Unión Europea sobre la posición ante China. Países como Alemania o España han adoptado una política más conciliadora con el gigante chino. De hecho, el Gobierno español mandó un comunicado en el que señala que “España comparte el diagnóstico sobre la necesidad de impulsar una política industrial europea que contribuya a reducir dependencias estratégicas y reforzar la resiliencia económica. Al mismo tiempo, defendemos un enfoque equilibrado, basado en el valor añadido, la apertura económica y la garantía de unas cadenas de suministro seguras, diversificadas y resilientes”.

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que dará prioridad a los fabricantes europeos en la concesión de nuevas licencias de proveedores de servicios móviles por satélite. La medida trata de frenar la expansión desmedida de Starlink, la compañía de satélites de Elon Musk, o la red satelital de Amazon.

Bruselas va a reestructurar el acceso y uso de la banda de frecuencias de 2 GHz para servicios móviles por satélite que sitúa la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica como pilares fundamentales. La Comisión Europea considera que la conectividad satelital es una infraestructura “vital para la soberanía tecnológica de la UE”, especialmente frente a “las rápidas evoluciones del mercado y la geopolítica mundial”. Hasta ahora los operadores estadounidenses han conseguido copar buena parte del mercado europeo.

La decisión de Bruselas beneficiará a compañías como la española Indra, que tras su compra de Hispasat, o con la joint venture Sateliot se puede convertir en uno de los líderes en este tipo de tecnología. Recientemente, PLD Space, la empresa española de transporte espacial con sede en Elche, ha recibido un préstamo de 30 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para impulsar la fase de desarrollo final del su cohete Miura 5. Este lanzador fue diseñado para poner pequeños satélites en órbita.

El sector de servicios de datos y telecomunicaciones satelitales a gran escala en Europa mueve alrededor de 9.200 millones de euros anuales, según la Agencia Europea del Espacio. Otras compañías europeas pujantes son Eutelsat, Telespazio o SES.

El objetivo de la medida es “reducir la dependencia estratégica de proveedores de terceros países”. Para proteger el orden público y diversificar el mercado, la normativa busca explícitamente incentivar y dar prioridad a nuevos operadores tecnológicos establecidos en la Unión Europea, evitando así que “los servicios comerciales dependan de un único operador extranjero”.

En la última concesión de 2009, dos empresas estadounidenses Viasat, que tiene como principales accionistas a los fondos The Vanguard Group y BlackRock, y EchoStar, propiedad del multimillonario estadounidense Charlie Ergen, ganaron las concesiones de servicios móviles por satélite. Desde la entrada en vigor del nuevo reglamento, estas compañías podrán prorrogar por dos años sus servicios.

Concesiones exclusivas a empresas europeas

El nuevo reglamento establece que una parte dedicada a la banda de espectro de 2 GHz se asigne exclusivamente a un sistema satelital gubernamental seguro y resiliente (sistema MSS/híbrido). Para este servicio (comunicaciones críticas, militaresy de defensa) se seleccionará a un único titular para operar este sistema, que tiene que ser un fabricante europeo. A este operador se le asignarán dos bloques destinados principalmente a las comunicaciones gubernamentales.

Respecto a los servicios comerciales (desde servicios de internet a bordo de aeronaves ofrecidos a los pasajeros, internet rural, rastreadores personales de actividad física o sistemas de monitorización energética, entre muchos otros), se autorizará a uno o más operadores europeos nuevos para proporcionar servicios comerciales. Estos nuevos entrantes de la UE tienen prioridad para obtener dos de los cuatro bloques comerciales disponibles. Los otros dos bloques restantes estarán disponibles para solicitantes de un Estado miembro de la UE o de un tercer país. Es decir, aquí sí que los gigantes estadounidenses podrán optar a ofrecer sus servicios.

La Comisión Europea quiere “evitar monopolios y asegurar la competencia” con lo que se “imponen límites estrictos en las concesiones: ningún fabricante puede obtener más de dos bloques para la prestación de servicios comerciales y en caso de que un operador haya conseguido ser el seleccionado para el sistema gubernamental podría llegar a obtener un máximo de dos bloques adicionales para uso comercial.

Además, se exige a los operadores garantizar un nivel alto de seguridad en la cadena de suministro de los componentes clave, que deben fabricarse en la UE. En la búsqueda de la máxima seguridad, “se prohíbe explícitamente” que los solicitantes estén obligados por leyes de terceros países a reportar vulnerabilidades de software o hardware a gobiernos extranjeros antes de que la UE tenga conocimiento, con el objetivo de proteger a la UE de ciberataques.

“Una conectividad satelital de alta capacidad y ampliamente disponible es esencial para reforzar la resiliencia de las redes de comunicación de la UE. La conectividad satelital también es crucial para nuestros servicios gubernamentales y las comunicaciones críticas de Europa. Hoy damos un paso muy importante hacia adelante”, ha comentado Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

Durante la presentación de la medida, Virkkunen ha recordado como una compañía europea de satélites trató de entrar en Estados Unidos para dar servicios móviles y no pudo acceder por el veto del Gobierno de EEUU.

“Hemos visto que en Estados Unidos también se ha tomado una decisión sobre la asignación de su banda de estos servicios y decidieron que el operador estadounidense continuará utilizándola. También había un operador europeo interesado en obtener acceso, pero fue rechazado por parte de Estados Unidos”, ha concluido la comisaria europea.

“Los ciudadanos de los países bálticos están viviendo lo que muchos creían que pertenecía a otra época: Alertas de ataque aéreo, familias refugiándose, escuelas cerrando, interrupciones del transporte. Esta es la realidad en el flanco oriental de Europa en 2026”. Con estas palabras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha descrito la situación que viven las repúblicas bálticas en su visita está este martes en Vilna, capital de Lituania. Von der Leyen ha celebrado un encuentro con el presidente lituano, Gitanas Nausėda, junto a sus homólogos en Estonia, Alar Karis, y Letonia, Edgars Rinkēvičs, en los que han condenado “la estrategia deliberada de Rusia para desestabilizar nuestras sociedades democráticas” de las últimas semanas tras la incursión de drones en territorio europeo y las acusaciones sin pruebas del Kremlin sobre posibles ataques del Ejército ucraniano desde territorio de estos tres países miembros de la UE.

Esta crisis ha puesto sobre la mesa que el famoso muro de drones que anunció la presidenta de la Comisión Europea en septiembre de 2025 sigue siendo solo un proyecto. Von der Leyen ha admitido que “hay que cerrar nuestras brechas de preparación. Estos incidentes han expuesto vulnerabilidades”. Además ha resaltado que “los Estados miembros del Este marcarán el estándar, porque lo que ustedes están experimentando hoy el resto de Europa podría enfrentarlo mañana. Por eso cerraremos las brechas de forma sistemática, empezando por sistemas de alerta más unificados y una mejor coordinación transfronteriza. La iniciativa ”Eastern Flank Watch“ debe convertirse en un pilar central de la arquitectura de seguridad europea”.

La visita de la presidenta de la Comisión Europea llega en un momento de fuerte presión de Rusia en la zona. La guerra de Ucrania está tomando un peligroso desvío hacia los países europeos del Báltico. En las últimas semanas, tanto el contingente de la OTAN desplazado en la zona como los ejércitos de Estonia, Lituania, Letonia o Finlandia están en alerta ante la aparición de drones sobre el cielo de los países bálticos. Rusia ha conseguido supuestamente mediante sus sistemas de guerra electrónica desviar drones ucranianos hacia territorio europeo. Ucrania ha pedido disculpas.

Von der Leyen ha tratado de justificar la situación de vulnerabilidad recordando que “los países bálticos recibirán 12.000 millones de euros adicionales a través del programa SAFE (defensa). Ya ha firmado Lituania y estamos listos para firmar con Estonia y Letonia en cualquier momento”.

También ha comentado que “se ha abierto por primera vez los fondos de cohesión al gasto relacionado con la defensa. Hemos redirigido 1.500 millones de euros en los Estados bálticos para preparación defensiva, vigilancia de fronteras y seguridad económica”.

En este sentido, Von der Leyen ha admitido que “lo importante ahora es implementarlo, hacer que el dinero funcione; esa es la parte más importante”. Además, ha recordado la colaboración de la industria armamentística de Ucrania en el diseño de tácticas defensivas de drones.

El presidente de Lituania ha leído una declaración en la que ha señalado que “estamos siendo testigos de una retórica rusa cada vez más agresiva, campañas de desinformación coordinadas e intentos de difundir acusaciones falsas contra los Estados bálticos y otros aliados de la OTAN. Su objetivo es sembrar el miedo, desestabilizar nuestras sociedades y poner a prueba la determinación de Europa y de la OTAN”.

“Los Estados bálticos no han permitido ni permitirán que su territorio o su espacio aéreo se utilicen para ataques contra otros países. Todos los intentos del Kremlin de trasladar la responsabilidad a otros son propaganda cínica diseñada para desviar la atención del hecho fundamental de que fue Rusia quien lanzó la brutal e ilegal guerra contra Ucrania”, ha leído Nauseda en la declaración conjunta.

Sin embargo, el presidente lituano también ha insistido en que “debemos hablar no solo de incidentes aislados, sino de una nueva realidad de seguridad en Europa: los cielos sobre los Estados bálticos no son suficientemente seguros en la actualidad. La frontera del sistema de la Unión Europea está sometida a una presión creciente cada día, desde incursiones de drones e interferencias electrónicas hasta ataques informativos y amenazas de sabotaje contra infraestructuras críticas”.

Guerra de desinformación

Además, desde el Kremlin se ha comenzado una guerra de desinformación en toda regla: Rusia ha desplegado una campaña de acusaciones sin pruebas sobre el despliegue de tropas ucranianas en estos países bálticos para lanzar drones sobre objetivos rusos, que es negada radicalmente por los propios países, Europa, la OTAN e incluso Estados Unidos.

El presidente de Letonia ha insistido en que su país, “al igual que Lituania o Estonia, no ha dado ningún permiso para utilizar su espacio aéreo o su territorio para ataques de ningún tipo”.

Ante las especulaciones sobre posibles negociaciones entre la UE, Ucrania y Rusia, Von der Leyen ha puntualizado que “como europeos, siempre hemos estado, desde el primer día, dispuestos a participar en un proceso de paz. Lo que vemos —y también lo han descrito los presidentes— es que Rusia, en este momento, no muestra ninguna voluntad de paz. Los bombardeos recientes hablan por sí solos, y esto ocurre a pesar de que Rusia está perdiendo a un gran número de sus jóvenes sin obtener ganancias territoriales significativas, y de que su economía sufre cada vez más por nuestras sanciones contundentes. De hecho, estamos preparando ahora mismo el próximo paquete de sanciones”.

La presidenta de la Comisión también ha resaltado que “el pueblo ruso está sintiendo cada vez más el impacto económico de la guerra en su vida diaria. Por otro lado, vemos a Ucrania —acabamos de poder finalizar un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania—, lo que les da certidumbre para capacidades militares y para sus compras, así como para su presupuesto durante los próximos dos años, de modo que puedan negociar desde una posición de fuerza”.

El presidente de Estonia ha comentado que “hay que encontrar una forma de tratar con Rusia después de que la guerra termine, pero, por supuesto, Rusia debe cambiar en primer lugar. Pero debemos prepararnos porque nunca sabemos cuándo nuestra presión sobre Rusia será suficiente para que puedan sentarse a la mesa y empezar a discutir. Nosotros, como europeos, debemos estar preparados”.

Sin embargo, Rinkēvičs ha puesto en duda la posición de Vladímir Putin ante el diálogo: “¿Vamos a pasar en algún momento al esfuerzo diplomático? No puedo descartar nada porque las cosas cambian. ¿Es este el momento adecuado? Lo dudo. ¿Está Rusia lista? Lo dudo”.

Amenaza al personal diplomático europeo

Este martes, la tensión con Rusia se ha acrecentado tras el aviso del Kremlin para que ciudadanos extranjeros y diplomáticos abandonen Kiev ante la amenaza de nuevos bombardeos rusos sobre la capital de Ucrania.

La portavoz de política exterior de la UE, Anitta Hipper, ha escrito en la red social X que “la amenaza rusa a ciudadanos extranjeros y diplomáticos para que abandonen Kiev es una escalada inaceptable. El Servicio Europeo de Actuación Exterior convocó al encargado de negocios, exigiendo el fin de los ataques contra civiles y que Rusia participe en auténticas conversaciones de paz, comenzando con un alto el fuego total e incondicional. La delegación de la UE permanecerá en Kiev”.

La Unión Europea ha convocado al principal diplomático de Rusia en Bruselas por las advertencias previas a ataques dirigidas a extranjeros y diplomáticos en Kyiv.

Durante la madrugada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha comentado una llamada que ha tenido su homólogo ruso, Sergei Lavrov, tras los fuertes bombardeos rusos sobre la capital ucraniana. Rubio ha comentado que “cada vez que se producen estos grandes ataques de un lado o del otro, es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible que ya ha durado más que la Segunda Guerra Mundial, y necesita terminar.”

Rubio ha subrayado que Lavrov ha reiterado su advertencia a Estados Unidos para que retire a sus diplomáticos de la capital ucraniana. “Han enviado una notificación a todas las embajadas. Creo que simplemente me llamó personalmente para informarme. Les dijeron a todas las embajadas que Kiev va a ser un lugar muy peligroso. Kiev ha sido un lugar muy peligroso ya desde hace varios años”, ha apuntado el secretario de Estado de EEUU.

Las principales asociaciones de consumidores señalan que la nueva reforma regulatoria europea amenaza con debilitar los derechos de los pasajeros. La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) alertan de que Bruselas estudia reducir las compensaciones por retrasos y cancelaciones. Mientras que, con el foco puesto en Volotea, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia el sistema de la compañía para subir el precio de los billetes, una vez comprados, en función del coste del combustible.

Las federaciones españolas de consumo sostienen que las nuevas normativas beneficiarían a las compañías aéreas y trasladarían más costes e incertidumbre a los viajeros. Entre las medidas que critican, figuran recargos de hasta 14 euros aplicados después de la compra del billete, menos indemnizaciones por retrasos y más facilidades para que las aerolíneas eviten pagar compensaciones.

El cambio de normativa llega en un momento de presión sobre el sector aéreo por el aumento de costes operativos entre la guerra de Irán y el crecimiento de viajeros tras la recuperación del turismo a nivel europeo. Las asociaciones insisten en que las compañías están aprovechando este contexto para impulsar nuevas tarifas y limitar derechos ya consolidados.

FACUA denuncia el recargo “ilegal” de Volotea

Consumidores en Acción ha acusado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de “inacción” ante el nuevo mecanismo de Volotea para modificar el precio de billetes ya comprados según evolucione el precio del combustible. La asociación considera abusiva la cláusula de la compañía llamada “compromiso de viaje justo”. Introducida el pasado marzo, permite aplicar un recargo de hasta 14 euros siete días antes del vuelo si el barril de Brent supera determinados niveles

Según FACUA, esta práctica vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios porque impide conocer el precio final del billete en el momento de la compra. Además, sostiene que altera unilateralmente las condiciones del contrato.

La organización recuerda también que la Comisión Europea (CE) ya ha advertido a las aerolíneas de que no pueden encarecer billetes ya comprados alegando la crisis energética o la subida del queroseno. Bruselas ha pedido “calma” al sector y asegura que el suministro de combustible está garantizado para los próximos meses.

La federación también cuestiona la supuesta simetría del sistema diseñado por Volotea, que contempla descuentos si baja el precio del petróleo. La asociación cree que la aerolínea podría retirar el mecanismo antes de aplicar esas rebajas y mantenerlo solo cuando el combustible esté caro. “La medida puede convertirse en un sistema para aumentar márgenes de beneficio sin transparencia suficiente”, señalan desde la organización, que pide a Consumo abrir un expediente sancionador y advertir públicamente a los viajeros.

Bruselas estudia reducir las compensaciones por retrasos

Junto a otras 32 organizaciones europeas, CECU y ASUFIN participan en una campaña coordinada por a patronal europea de consumidores (BEUC) contra la reforma del Reglamento 261 sobre derechos de los pasajeros aéreos que negocian las instituciones comunitarias.

Las asociaciones consideran que la propuesta de la Comisión Europea supondría “un recorte masivo” de los derechos actuales. Según denuncian, más del 60% de los pasajeros que hoy tienen derecho a indemnización por retrasos dejarían de cobrar compensaciones. Actualmente, los viajeros pueden reclamar cuando el retraso supera las tres horas. La reforma elevaría ese umbral a cuatro o incluso seis horas, dependiendo de la distancia del vuelo.

Además, las indemnizaciones podrían reducirse de forma significativa. La compensación mínima pasaría de 250 euros a 83 euros, según las organizaciones. Las asociaciones alertan de que estos cambios reducirían el incentivo para que las aerolíneas mantengan la puntualidad. Recuerdan además que el sistema actual ha contribuido a reducir los grandes retrasos y las incidencias prolongadas en vuelos de corta distancia.

Más excepciones para las aerolíneas

Las organizaciones también critican la ampliación de las llamadas “circunstancias extraordinarias”, que permitirían a las compañías evitar el pago de compensaciones en más casos. Entre los cambios que rechazan, figura la posibilidad de cancelar vuelos con solo 48 horas de antelación (frente a los 14 días actuales) sin la obligación de indemnizar al pasajero.

A ello se suman prácticas que las asociaciones consideran “abusivas” y que seguirían permitidas. Como el cobro por el equipaje de mano, los suplementos para sentar juntos a menores o personas dependientes y las cláusulas “no show”, que anulan el resto del billete si el pasajero no utiliza uno de los tramos contratados.

CECU y ASUFIN reclaman que la reforma vaya en sentido contrario y refuerce la protección de los viajeros mediante sistemas automáticos de compensación. También piden una mayor transparencia tarifaria y sanciones más duras contra las prácticas abusivas. “Lo que se está planteando es un recorte directo de derechos ya consolidados”, afirma David Sánchez, director de CECU. En la misma línea se pronuncia Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, que advierte de que el cambio “consolidaría un desequilibrio contractual entre aerolíneas y consumidores”.

Las organizaciones temen que, con el argumento de garantizar la viabilidad del sector aéreo, la Unión Europea termine trasladando más costes e incertidumbre a los pasajeros. Todo ello en un mercado donde las tarifas adicionales y los conflictos por compensaciones se han convertido en una fuente creciente de ingresos y litigios para las compañías.

La crisis de precios energéticos de la guerra de Irán no parece afectar a la economía española. La Comisión Europea ha vuelto a subir las previsiones de crecimiento del PIB español al 2,4% en 2026, es una décima más que las predicciones de Bruselas el pasado otoño, según el paquete económica de primavera que ha presentado la Comisión este jueves. La fortaleza de la economía española sorprende. Es el único país al que la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para este año. Sí hay una rebaja para 2027, cuando la institución europea espera que el crecimiento de la economía española disminuya del 2% al 1,9%. También es destacable para España que el desempleo caiga por debajo del 10% en 2026, por primera vez desde 2008, situándose en el 9,9% y que descienda hasta el 9,6% en 2027.

La Comisión asegura sobre España que “a pesar del incierto entorno geopolítico y del lastre ejercido por los elevados precios de la energía, se prevé que la actividad económica se mantenga relativamente dinámica en 2026”, donde “la demanda interna está llamada a liderar el crecimiento económico en 2026 y 2027, impulsada principalmente por el crecimiento del consumo privado y de la inversión”.

El pasado mes de abril, el Gobierno mantuvo las previsiones de incremento del PIB en el 2,2%, entonces el vicepresidente de Economía, Carlos Cuerpo, comentó que el “escenario de enorme incertidumbre” provocado por el conflicto en Oriente Medio hacía muy difícil hacer previsiones para los próximos meses.

La situación del conjunto de Europa es muy diferente a la de España. La Comisión señala que las previsiones económicas de primavera de 2026 proyectan “una actividad económica más débil, ya que el conflicto en Oriente Medio desencadena un nuevo shock energético que reaviva la inflación y sacude la confianza económica”.

De esta manera, se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025 (1,4%). Posteriormente, se espera que el crecimiento del PIB repunte ligeramente hasta el 1,4 % en 2027. Las previsiones de crecimiento para la zona euro también se han revisado a la baja, hasta el 0,9 % en 2026 y el 1,2 % en 2027, frente al 1,2 % y el 1,4 % respectivamente.

Para ver con más claridad la solidez de la economía española en el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento del PIB en 2026 para Alemania es del 0,6%, para Francia es del 0,8% y para Italia, del 0,5%. Esto supone que la economía española se prevé que crecerá cuatro veces lo que Alemania o tres veces lo que Francia.

Bruselas destaca que “la sólida situación financiera de las empresas no financieras, junto con la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia contribuirán previsiblemente a sostener la evolución positiva de la formación de capital fijo, especialmente en la construcción y en los activos intangibles”.

En el lado negativo, la Comisión coloca al sector exterior, ya que las exportaciones netas contribuirán negativamente al crecimiento del PIB en 2026, “reflejando la incierta evolución de las exportaciones de bienes antes de aportar una contribución prácticamente neutra en 2027”. Esta caída del comercio exterior se debe a la débil situación económica de los países europeos de nuestro entorno, que son los principales mercados donde las empresas españolas venden sus productos.

Como puntos negativos, Bruselas también añade “un posible debilitamiento de la actividad turística, afectando especialmente a la llegada de turistas procedentes de destinos de larga distancia debido al aumento de los costes de viaje”. Aunque precisamente el conflicto de Oriente Medio puede provocar que destinos turísticos de esa zona pierdan atractivo y llevé a los turistas a mirar a España como destino vacacional. La Comisión también apunta “al aumento de las tensiones también podría deteriorar aún más la confianza, dando lugar a un periodo prolongado de comportamiento precautorio por parte del sector privado, lo que afectaría negativamente a la inversión empresarial y al crecimiento del consumo privado”.

Paro por debajo del 10%

La Comisión señala que “las fuertes entradas migratorias sigan apoyando una expansión adicional de la fuerza laboral y fomenten la creación de empleo” en 2026, aunque avisan de que “tras los sólidos resultados de los últimos años, se espera que el mercado laboral pierda impulso”. De esta manera, se espera que el paro caiga por debajo del 10% en 2026 —por primera vez desde 2008— situándose en el 9,9%, y que descienda hasta el 9,6% en 2027.

Como dato curioso, España ya no será la campeona de Europa en desempleo porque Finlandia ocupará su lugar con un paro del 10,1% en 2026.

Respecto a los precios, se espera que la inflación en España se quede en el 3% “impulsada por el fuerte incremento de los precios de la energía y su transmisión gradual a los precios de los alimentos y de los bienes industriales” y “las continuas presiones inflacionarias en los servicios”. Aunque la Comisión espera que la inflación general disminuya hasta el 2,5% el próximo año.

Los precios no varían mucho entre España y Europa. La proyección de inflación en la UE es sel 3,1% en 2026, un punto porcentual completo por encima de lo previsto anteriormente, para volver a moderarse hasta el 2,4% en 2027. En la zona euro, la inflación también se ha revisado al alza hasta el 3% en 2026 y el 2,3 % en 2027, en comparación con las previsiones de otoño, que situaban estas cifras en el 1,9 % y el 2,0% respectivamente.

El peso de las energías renovables en España es uno de los factores que están permitiendo que la factura eléctrica no se dispare para ciudadanos y empresas. “Como importadora neta de energía, la economía de la UE es altamente vulnerable al shock energético provocado por el conflicto en Oriente Medio, el segundo de este tipo en menos de cinco años. El aumento de los precios de la energía implica facturas más elevadas para los hogares y un fuerte incremento de los costes empresariales, lo que reduce los beneficios de muchas industrias y, en la práctica, desvía ingresos fuera de la economía de la UE hacia los países exportadores de energía”, explican desde la Comisión.

“La guerra en Oriente Medio ha desencadenado un importante shock energético, poniendo aún más a prueba a Europa en un contexto geopolítico y comercial ya de por sí volátil. La Unión Europea debe aprender de las crisis pasadas manteniendo el apoyo fiscal como algo temporal y focalizado, y reduciendo aún más su dependencia de los combustibles fósiles importados —un cambio que ya ha fortalecido nuestra resiliencia”, ha comentado Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía.

Déficit estabilizado

Bruselas hace unas proyecciones en las que el déficit de España se estabilice en el 2,4%. La Comisión explica que “los ingresos procedentes de la tributación directa seguirán siendo sólidos, impulsados por el fuerte crecimiento de las ganancias de capital, el aumento diferido de los salarios públicos desde 2025 y la entrada en vigor del impuesto mínimo global para las empresas multinacionales”.

En este cálculo impacta “el IVA y los impuestos especiales se verán afectados por las medidas aprobadas en marzo para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Medio. Estas acciones temporales incluyen reducciones del IVA sobre combustibles, electricidad y gas, la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (con un impacto total estimado del 0,2 % del PIB)”.

La proyección de la Comisión es bastante más elevada que la que hizo el Ejecutivo español. En abril, el vicepresidente económico proyectó el déficit en el 1,6% en 2026, “una vez ajustados los denominados ”one-offs“, es decir, gastos específicos asociados a un suceso, como, por ejemplo, la DANA”, que el equipo económico del Gobierno establece el 0,5%, con lo que el déficit nominal sería del 2,1%.

Deuda sobre el PIB por debajo del 100%

Donde hay más coincidencia es en la ratio deuda/PIB. Bruselas apunta que se espera que “siga descendiendo hasta el 99,6% en 2026, situándose por debajo del 100% por primera vez desde 2019, gracias a un crecimiento del PIB nominal que supera el coste del servicio de la deuda”.

La previsión del Gobierno, que anunció Cuerpo en abril, es que la ratio de deuda pública sobre el PIB se situará en el 99,3%, “con lo que se adelanta un año el objetivo fijado para final de legislatura de situarla por debajo del 100%”.

La Comisión Europea ha vuelto a reiterar que no hay dudas legales en la utilización de fondos europeos NexTGeneration para hacer un pago de pensiones. En una carta firmada por tres comisarios se confirma que la medida “no pone en duda el uso legal de los fondos de NextGenerationEU conforme al Derecho de la Unión” y reiteran que “cada solicitud de pago presentada por España ha sido evaluada de manera exhaustiva y transparente. La Comisión verificó que los hitos y objetivos pertinentes se habían cumplido antes de que se efectuaran los desembolsos correspondientes”.

En esta ocasión se trata de una carta de respuesta al eurodiputado del PP Europeo y presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Andreas Schwab, y al eurodiputado de Los Verdes, Daniel Freund. Ambos europarlamentarios son alemanes y siguen la estela marcada por los defensores de la austeridad, que se agarran a cualquier desavenencia en la contabilidad pública de los países del Sur europeo para impulsar su ofensiva contra nuevas emisiones de deuda conjunta en la UE. El momento es clave. Ya ha empezado la batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034, con una clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. 

El presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha sido uno de los más críticos con la medida española. En una entrevista en el periódico El Mundo, Schwab anunció la petición de la comparecencia en la Eurocámara de miembros de los tribunales de cuentas de la UE y España para explicar el desvío de partidas de las cuentas públicas de España.

“Una cuestión de responsabilidad interna”

Sin embargo, en la misiva que le remiten desde la Comisión se insiste en que “si las transferencias internas de España dentro de su presupuesto nacional cumplieron con todas las normas aplicables conforme al derecho presupuestario español es, por su naturaleza, una cuestión de responsabilidad interna”.

Es importante que la carta vaya firmada por miembros de la Comisión tan relevantes como el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, y su homólogo responsable de Presupuesto, Lucha contra el Fraude y Administración Pública, Piotr Serafin, además de Raffaele Fitto, vicepresidente de Cohesión y Reformas. Fitto ya avaló que el Gobierno español podía utilizar fondos europeos para el pago de pensiones: “Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos para cubrir desembolsos presupuestarios”, dijo hace unas semanas.

En la carta dirigida a los europarlamentarios también se apunta que “los Estados miembros reciben fondos de la Unión tras el cumplimiento de hitos y objetivos, que reflejan el progreso en la ejecución de reformas e inversiones subvencionables, de conformidad con los requisitos establecidos en las decisiones de ejecución correspondientes” y que “la Comisión se toma muy en serio la transparencia en el uso de los fondos de la Unión y continúa insistiendo en este asunto en sus contactos con los Estados miembros”.

En el informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas se señalaba que “la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. Según los auditores españoles, este traspaso “se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados”.

Desde ese momento, el PP comenzó a utilizar esta falsa polémica en una campaña para desgastar al Gobierno de Sánchez, que la carta de los comisarios vuelve a tirar por tierra.  

Sin fecha concreta de aprobación ni qué cantidad se va a dedicar, la Comisión Europea ha anunciado este martes la adopción de un Plan de Acción sobre Fertilizantes con el objetivo de “apoyar a los agricultores que afrontan el aumento de los costes y la escasez de fertilizantes, reforzar la producción nacional y reducir la dependencia de Europa de las importaciones”.

Los fertilizantes son una parte importante de los costes de los agricultores. Representan más del 7% de los costes de insumos del sector agrícola de la UE en general, llegando al 16% en el caso de los agricultores de cultivos herbáceos, según la Comisión.

Bruselas no ha dado una fecha concreta, aunque se pretende presentar un paquete financiero “antes del verano para proporcionar liquidez inmediata a los agricultores antes del próximo ciclo de producción y ayudar a sostener la producción agrícola”. Tampoco se ha detallado cuánto será el montante de la ayuda y lo que se va a hacer es destinar fondos ya repartidos entre los Estados para que los dediquen a subvencionar a los agricultores.

El objetivo del plan es proporcionar “apoyo excepcional y específico a los agricultores europeos que afrontan altos costes de fertilizantes mediante los instrumentos existentes de la política agrícola de la UE”. Bruselas asegura que va a “movilizar el presupuesto de la UE para reforzar la reserva agrícola con una cantidad significativa”, sin más detalles.

La Comisión ha añadido que se presentarán “un paquete legislativo específico que permitirá a los Estados miembros aprovechar plenamente el apoyo disponible en sus actuales planes estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC)”. Es decir, de los fondos ya asignados en la PAC, los países podrán dedicarlos a subvencionar o ayudar a los agricultores ante el incremento de los precios de los fertilizantes

En este paquete se “incluirá un nuevo mecanismo de liquidez para ayudar con el flujo de caja, mayor flexibilidad en los pagos anticipados e incentivos para prácticas agrícolas más eficientes que reduzcan y optimicen el uso de fertilizantes, impulsen la transición hacia fertilizantes de base biológica e inviertan en la resiliencia de las explotaciones agrícolas cuando sea necesario”.

“La comunidad agrícola europea teme retrasos”

La patronal agraria europea agrupada en las asociaciones Copa y Cogeca ha señalado que “salvo un cambio rápido de rumbo, probablemente no cumplirá las expectativas de la comunidad agrícola europea ni abordará la magnitud de la crisis que se ha ido desarrollando desde el estallido del conflicto en Irán”.

“La comunidad agrícola europea teme que los retrasos en la adopción de medidas en las próximas semanas y meses, mientras los agricultores ya comienzan a preparar sus existencias para la próxima temporada, puedan tener consecuencias importantes para los precios al consumidor en Europa y para nuestra capacidad de apoyar la seguridad alimentaria global”, han resaltado desde las patronales agrarias europeas.

Este martes, cientos de agricultores se han manifestado ante la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) para exigir que lleguen ya las ayudas a la compra de fertilizantes y subvenciones al gasoil.

Más a largo plazo, la Comisión adoptará medidas para apoyar la industria europea de fertilizantes, evitar la desindustrialización, garantizar suministros estables y reducir la dependencia de las importaciones. Bruselas fomentará el uso de alternativas europeas, especialmente de fertilizantes orgánicos, y alternativas a los productos minerales tradicionales.

En el contexto de la próxima revisión del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) se estudiarán opciones para garantizar que cualquier flexibilidad adicional para la industria de fertilizantes vaya acompañada de la responsabilidad de descarbonizar la producción. Para simplificar aún más las prácticas de economía circular, la Comisión evaluará medidas en el contexto de la revisión de la Directiva Marco de Residuos para simplificar su gestión.

La Comisión movilizarán fondos de cohesión para apoyar la producción de biogás y biometano y las inversiones en infraestructuras de aguas residuales que puedan ampliar la valorización de lodos y la recuperación de nutrientes.

“Preocupación por la asequibilidad, no por abastecimiento”

El golfo Pérsico es una de las principales regiones de producción de fertilizantes y la producción no puede salir debido al cierre del estrecho de Ormuz por la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán. Aproximadamente el 30% de la demanda de fertilizantes nitrogenados de la UE es importada. La Comisión admite que “el mercado de fertilizantes de la UE sigue estando abastecido; sin embargo, la asequibilidad sigue siendo una preocupación clave”.

Con el incremento de los precios del gas por el conflicto en Oriente Medio, se prevé que el coste más alto de los fertilizantes se traslade a una subida de precios de los alimentos a finales de 2026. El gas supone casi el 80% de los costes de fabricación de los fertilizantes y esta fuente energía se elevó más de un 50% el mes pasado respecto al año anterior. ,

En Bruselas se insiste en que se ha aprendido la lección de 2022, cuando la invasión de Ucrania por Rusia provocó un estallido inflacionario por la crisis energética que también se vio influenciada por el traslado de los precios de los fertilizantes a coste final de los alimentos.

España es incapaz de depurar la inmensa cantidad de aguas residuales que genera. Los constantes vertidos a ríos, acuíferos o la costa de agua llena de impurezas hace que, recurrentemente, la Comisión Europea lleve casos a la justicia (y los magistrados acaben condenando a España).

La última vez que han sacado los colores al país fue recientemente, a finales de abril, cuando Bruselas señaló otros 52 municipios donde no se cumple la normativa de “recogida, tratamiento y control”, pero es que “se trata de un problema extendido que está por todo el país”, explica el responsable del programa de aguas de WWF Alberto Fernández Llop.

De esta última remesa de infracciones, un funcionario de la Comisión desgrana a elDiario.es, aunque sin concretar localidades, que son 16 aglomeraciones urbanas en Andalucía, 13 en las Canarias –de las que cinco en Tenerife, tres en Fuerteventura, tres en La Palma y una en El Hierro y La Gomera–, seis en Castilla y León, cinco en Asturias, otras cinco en Balears (cuatro en Mallorca y una en Ibiza), cuatro en Castilla-La Mancha, dos en Galicia y una en la Comunitat Valenciana.

Llop subraya como una de las claves del problema que “a la hora de invertir nadie quiere coger el toro por los cuernos y asumir el desgaste político de pagar”. A eso se le suma que “la cuestión es difusa debido a que, en ocasiones, no se sabe quién debe asumir la responsabilidad”. Por ejemplo, “no sirve de nada tener una depuradora que ha construido alguien y ya está. Hay que mantener esa infraestructura. Y eso también es dinero, pero como los vertidos acaban en el río y los peces y los bosques de ribera no hablan, ni tienen voz, ni votan pues no generan alarma social”.

La dimensión

España genera al año unos 20.000 hm³ de aguas residuales –con materia orgánica e inorgánica nociva proveniente de las actividades humanas–. “Realmente, es difícil imaginar y visualizar la magnitud de esa cantidad”, admite el propio Censo Nacional de Vertidos. Esa agua equivale a un tercio de la capacidad de todos los embalses españoles juntos o llenar seis veces el pantano más grande de España, el de la Serena.

Hay que asumir que somos grandes productores de agua residual. El volumen que se consume se ha convertido en un símbolo de estatus, pero esa agua hay que depurarla y sin embargo a la falta de inversión se le une que no se está haciendo pagar al que contamina

Alberto Fernández Llop — Responsable de la campaña de agua de WWF

El panorama que describe el censo muestra que las cinco demarcaciones hidrográficas con más volumen de vertido concentran más del 54 % de las aguas residuales generadas. Entre ellas, la del Ebro ronda los 3.000 hm³, la de Galicia-Costa supera los 2.000 hm³, las del Cantábrico Occidental y el Segura se aproximan a esa cantidad y la del Tajo supera los 1.600 hm³. Aunque los vertidos industriales son los más abundantes (75% del total), las condenas y multas contra España se deben, sobre todo, a la falta de tratamiento de las aguas urbanas.

Los vertidos contaminan todo tipo de aguas. El 1,1% llega a los acuíferos subterráneos. El 43% se tiran a ríos o lagos y más de la mitad se vierten directamente al mar o sobre la costa.

No es un capricho

Depurar no es un capricho verde: los vertidos al agua causan daños ecológicos evidentes, pero también están afectando al consumo humano en España. Lo que se vierte puede filtrarse al suministro de las poblaciones. Sin ir más lejos, un grupo de municipios del norte de Segovia y sur de Valladolid tienen problemas recurrentes de niveles excesivos de arsénico en el suministro de agua que tienen que beber sus vecinos. Más de 200.000 personas viven en áreas con problemas de contaminación en el agua que sale de sus grifos.

“Hay que asumir que somos grandes productores de agua residual”, reflexiona Fernández Llop. “El volumen que se consume se ha convertido en un símbolo de estatus, pero esa agua hay que depurarla y, sin embargo, a la falta de inversión se le une que no se está haciendo pagar al que contamina”, insiste el ecologista. Se refiere a que pocos municipios hacen pagar por los gastos de depuración “porque el desgaste político, electoral, de exigir ese pago no lo quiere ningún alcalde”.

Ya desde 2004 sabemos que uno de los problemas para tener buena calidad de las aguas es que se depura mal. Es un poco desesperante porque parece que a las administraciones les merece la pena seguir incumpliendo la normativa y que se pague la multa

Julio Barea — Coordinador de aguas de Greenpeace

La problemática historia de España con sus aguas residuales viene de antiguo. “Ya desde 2004 sabemos que uno de los problemas para tener buena calidad de las aguas es que se depura mal”, cuenta el coordinador de aguas de Greenpeace, Julio Barea. “Es un poco desesperante porque parece que a las administraciones les merece la pena seguir incumpliendo la normativa y que se pague la multa”.

Esta situación ha provocado, hasta el momento, tres grandes sentencias europeas. La primera data de abril de 2011 cuando se constató el incumplimiento de las normas establecidas en una directiva de 1991 en 43 aglomeraciones urbanas (de más de 15.000 habitantes cada una). El límite para implementar las medidas de depuración se había trazado en el año 2000.

La segunda sentencia fue en 2018 por no cumplir con el primer fallo de siete años antes. Esta vez se condenó a pagar 12 millones de euros más otros 10,9 millones cada semestre mientras no se solventara la situación. A pesar de restar un porcentaje a esa cantidad según se iban poniendo en marcha las infraestructuras, la multa sigue viva.

Lejos de atajarse la situación, el 18 de diciembre de 2025, los magistrados europeos volvieron a condenar a España por el mismo asunto. Otras 32 aglomeraciones urbanas incumplían alguna de las obligaciones de depuración. Y en 49 no se controlaban los vertidos para comprobar que se respetaban los niveles de sustancias autorizados. No hay multa, pero es el primer paso para que, en caso de reiteración, la Comisión Europea repita la jugada de 2018 y pida sanción económica para España.

Julio Barea resume que “parece un problema que pasa desapercibido para la mayoría, pero quienes lo padecen lo tienen muy presente”. Con todo, concluye, “los vertidos de agua infecta hacen que se pierda un patrimonio natural como son los ríos, que nos los cargamos y no pasa nada”.

La Comisión Europea va a urgir a los países de la UE para que prohíban las denominadas 'terapias de conversión' para personas LGBTIQ+. Bruselas señala que estas prácticas homófobas “se basan en la idea falsa de que las personas LGBTIQ+ están enfermas”. Además detalla que estas intervenciones son “dañinas y pueden provocar perjuicios psicológicos y físicos duraderos”. En la actualidad, solo ocho países de los 27 que conforma la UE han prohibido este tipo de actuaciones discriminatorias: España, Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Chipre, Malta y Portugal.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, comentado que estas acciones homófobas “no tienen cabida en nuestra Unión. La UE se sitúa con orgullo junto a la comunidad LGBTIQ+ y reafirma su visión de una Unión de la igualdad, un lugar donde todas las personas puedan vivir con libertad y autenticidad”.

“A todas las personas LGBTIQ+ que han sufrido bajo estas prácticas: no había nada malo en vosotros. Nunca necesitaron ser 'arregladas'. Son perfectas exactamente tal y como son. Y la Unión Europea está con ustedes”, ha declarado la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib. 

Según el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, “el 24% de las personas LGBTIQ+ en la UE ha sufrido este tipo de prácticas, incluidas violencia física y sexual, abuso verbal y humillación. Esta cifra casi se duplica en el caso de las mujeres y hombres trans”.

Varios organismos europeos e internacionales se han opuesto públicamente a las prácticas de conversión, entre ellos la Asociación Médica Mundial en 2013, la Asociación Mundial de Psiquiatría en 2016 y la Asociación Europea de Psiquiatría en 2022.

La medida que pone en marcha la Comisión responde a la iniciativa “Prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea”, que fue presentada en Bruselas el pasado 17 de noviembre de 2025, tras haber reunido 1.128.063 firmas de ciudadanos verificados.

El Parlamento Europeo, en su resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea adoptada el 29 de abril de 2026, “condena las prácticas de conversión, como aquellas destinadas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género y/o la expresión de género de una persona, como violaciones de los derechos fundamentales”. En esta resolución, la Eurocámara instaba a la Comisión a presentar una propuesta de acto legislativo que establezca una prohibición de las prácticas de conversión en toda la UE en todos los Estados miembros.

“A todos los Estados miembros: prohíban las prácticas de conversión”

“La Comisión Europea está enviando un mensaje claro, sin ambigüedades, a todos los Estados miembros de esta Unión: prohíban las prácticas de conversión. Ahora. Ocho Estados miembros ya han prohibido estas prácticas. Han demostrado que es posible hacerlo. Estamos aprovechando ese impulso y exhortando al resto a seguir ese ejemplo”, ha declarado Lahbib.

España aprobó la prohibición de las terapias de conversión dentro de la conocida como Ley Trans, aunque estos actos homófobos aún no están reconocidos como un delito. El Congreso comenzó a tramitar una ley para castigar con penas de prisión a quienes pongan en marcha o apliquen las llamadas terapias de conversión sexual contra personas LGTBIQ+. La toma en consideración de la iniciativa, promovida por el Partido Socialista, ha salido adelante con los votos del bloque de la investidura y el PP. Solo Vox ha votado en contra y el diputado de Unión del Pueblo Navarro se ha abstenido. 

En España, además de a nivel del Estado, hay siete comunidades autónomas que prohíben estas pseudoterapias homófobas: Madrid, Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y La Rioja.

Una abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó este miércoles que Bruselas tenía razón al decidir excluir a Castilla y León de cerca de 10 millones de euros procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en contra del criterio del Tribunal General de la UE, que en 2024 dictaminó en favor de España.

Para la abogada general letona, Laila Medina, el Tribunal General se equivocó al interpretar el artículo 93.2 del Reglamento sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC, en particular en relación con la conformidad de los controles de condicionalidad.

El caso se remonta a 2022, cuando España pidió a la corte con sede en Luxemburgo la anulación de una decisión de la Comisión Europea que excluía de la financiación comunitaria a Castilla y León de ciertos gastos (por valor de 9,9 millones de euros) con cargo al FEAGA y al Feader.

Bruselas argumentó que, entre 2016 y 2017, las autoridades españolas no hicieron controles para verificar la conservación de los hábitats naturales de las especies de flora silvestre protegidas en Castilla y León, que eran necesarios según las normas de condicionalidad del reglamento en cuestión.

En particular, la Comisión reprochó a España no haber controlado sobre el terreno el cumplimiento, por parte de los agricultores de un requisito y de determinadas medidas que establece la legislación europea sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en relación con las zonas especiales.

En una sentencia de 2024, el Tribunal General anuló la decisión de la Comisión e indicó que la obligación de efectuar controles de condicionalidad solo se refiere al respeto de las medidas para adaptar la Directiva aplicable a nivel nacional.

Consideró que las exigencias impuestas a los agricultores no eran lo suficientemente precisas para que las autoridades españolas pudieran controlar su cumplimiento y concluyó que la Comisión no podía considerar de manera fundada que la falta de controles constituyera un incumplimiento y aplicar, por consiguiente, una corrección financiera.

La Comisión Europea recurrió ante el Tribunal de Justicia la sentencia del Tribunal General.

En sus conclusiones de hoy, la abogada general lleva a cabo una interpretación literal, contextual y teleológica de la normativa y llega a la conclusión de que el Tribunal General se equivocó al interpretar el artículo 93. 2 del reglamento.

Según la abogada general, ese artículo no puede interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no está obligado a efectuar controles de condicionalidad cuando las autoridades nacionales no hayan especificado las obligaciones de la normativa europea.

Añade que el Tribunal General no podía interpretar tampoco que se exime a un Estado miembro de su obligación de efectuar controles de condicionalidad porque no se han especificado las obligaciones para los agricultores.

La jurista considera que la obligación de los Estados miembros de efectuar este tipo de controles presupone que las autoridades nacionales han definido previamente las exigencias que deben cumplir los agricultores, de modo que la falta de esa precisión y de los controles de condicionalidad debía llevar a la Comisión a apreciar un incumplimiento.

Por último, señala que el razonamiento del Tribunal General también es contrario a la finalidad del Reglamento y, en particular, de las normas relacionadas con la condicionalidad.

Aunque las opiniones de un abogado general no son vinculantes, el Tribunal de Justicia las sigue en la mayoría de los casos. 

Ante la cantidad de ofertas de billetes de tren y el caos que supones a veces tratar de hacer un viaje en ferrocarril entre países europeos, la Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para simplificar la reserva de viajes que obligará a los operadores ferroviarios a incorporar todas las opciones de viajes, incluidas la oferta de las compañías competidoras, en sus páginas de internet, con una clara mirada para reducir el dominio de las empresas que tengan más de un 50% del mercado, que tradicionalmente en Europa lo tienen los operadores estatales como Renfe en España. La idea es que exista “un billete único cuando adquieran un viaje ferroviario con múltiples operadores en una sola plataforma y en una única transacción comercial”.

Bruselas asegura que “el mercado de venta de billetes carece de transparencia. Los casos de competencia a escala de la UE y nacional muestran que los actores con una posición fuerte en el mercado tienen la capacidad de imponer condiciones contractuales injustas a los operadores más pequeños. En el mercado de billetes ferroviarios, los servicios de venta en internet más importantes y visibles pertenecen a los propios operadores ferroviarios, que tienen incentivos para limitar la visibilidad de sus competidores directos”.

La Comisión Europea abrió en 2023 una investigación formal a Renfe para evaluar “si podría haber abusado de su posición dominante en el mercado español del transporte ferroviario de viajeros al negarse a facilitar todo su contenido y datos en tiempo real a plataformas competidoras de venta de billetes”.

El paquete de derechos de los pasajeros solo impone una obligación de alojamiento a un número limitado de servicios de venta de billetes en línea: aquellos que pertenecen a empresas ferroviarias que tienen una cuota de mercado del 50% o más en un mercado nacional de servicios ferroviarios de pasajeros.

Cuando una empresa ferroviaria solicita que sus billetes se vendan en una de estas plataformas de compañías dominantes, esta compañía estará obligada a ofrecer los billetes de dicha empresa o colocar un enlace de redirección hacia la plataforma de venta de billetes del competidor.

Con la nueva propuesta, la Comisión explica que el billete único “no podrá fragmentarse en varios billetes separados”. Por ejemplo, cuando una plataforma ofrece un billete de la estación A a la estación B y otro billete de la estación B a la estación C, el pasajero debe tener la posibilidad, en esa misma plataforma, de comprar un único billete para un viaje de la estación A a la estación C, vía la estación B.

En el caso de España, si una persona quiere ir de Madrid a París pasando por Barcelona en tren y entra en la página web de Renfe deberá encontrar la oferta de billetes de la compañía española además de la de Ouigo e Iryo, además de los billetes de los operadores que funcionen en Francia. A la hora de hacer la compra, aunque se haya adquirido trayectos en diferentes compañías, se tendrá un solo billete.

En teoría, la futura normativa se tiene que hacer realidad en un año.La Comisión pretende que los operadores ferroviarios en cada país alcancen un acuerdo en un plazo de 8 meses una vez aprobada la normativa, pero en caso contrario el regulador nacional podrá fijar las condiciones de dicho acuerdo en un plazo de 6 meses desde la recepción de una reclamación. Además, con independencia de cualquier acuerdo, en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor del Reglamento, todos los servicios de venta de billetes ferroviarios considerados indispensables deberán mostrar todos los servicios ferroviarios disponibles que se operan en su país e integrarlos en sus resultados de búsqueda.

Derechos de los consumidores

Con el billete único, el pasajero ferroviario contará “con plena protección de los derechos del pasajero en caso de perder una conexión entre distintos servicios ferroviarios, incluso si estos son operados por diferentes empresas ferroviarias”, según la Comisión.

Esta medida responde a que “actualmente, la obligación de ofrecer protección en caso de pérdida de conexiones ferroviarias solo se aplica a los billetes combinados ofrecidos por una única empresa ferroviaria o cuando los operadores ferroviarios cooperan en la emisión de billetes combinados”.

La Comisión asegura estar preocupada por los derechos de los consumidores de los trenes en Europa ante las diferencias de protección de los clientes según cada compañía y país. Por ello, con la nueva propuestas un pasajero pierde una conexión durante un viaje ferroviario cubierto por un billete único, la empresa ferroviaria responsable de la perturbación será responsable de garantizar “el derecho a elegir otro viaje al destino final sin coste adicional o, alternativamente, el reembolso del billete único”, además de “asistencia, que puede incluir refrigerios, comidas o incluso alojamiento cuando sea necesario” y “una compensación por el retraso sufrido”, salvo que el pasajero haya solicitado el reembolso.

Aquellas empresas ferroviarias cuyas conexiones se hayan perdido debido deberán ofrecer la continuación del viaje en su siguiente servicio. De este modo, los pasajeros podrán tomar el siguiente tren disponible para continuar su trayecto.

“Con este paquete, pasamos de construir redes a servir a los pasajeros. La conectividad ferroviaria no es solo una cuestión de transporte: es una cuestión de cohesión y del Mercado Único. Cuando reducimos la fragmentación y hacemos que las fronteras sean menos visibles, fortalecemos nuestro mercado interior y garantizamos que vivir en una región fronteriza o en una zona rural no suponga una desventaja. Esto también forma parte de la agenda del Derecho a Permanecer: la libertad de quedarse empieza con la capacidad de conectarse”, ha declarado Raffaele Fitto, vicepresidente de la Comisión para la Cohesión y Reformas.

La Unión Europea (UE) y España se han consolidado como algunos de los principales exportadores mundiales de software espía y tecnologías de vigilancia, herramientas que gobiernos de todo el mundo utilizan para perseguir a activistas, periodistas, académicos e incluso trabajadores humanitarios.

Esta es una de las principales conclusiones de un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW), que alerta de la falta de controles efectivos en la UE para impedir que tecnología desarrollada y fabricada en territorio comunitario termine en manos de regímenes acusados de graves violaciones de derechos humanos. 

Según el documento, los Estados miembros de la UE, donde tienen su sede la gran mayoría de las empresas líderes del sector, están haciendo “demasiado poco” para evitar que estas herramientas terminen en manos de gobiernos con historiales probados de represión.

La investigación de HRW señala a España junto a Francia, Alemania, Grecia e Italia como los “mayores exportadores” de productos de cibervigilancia, en línea con lo que publicó este periódico el pasado diciembre, en un reportaje que relataba cómo Barcelona se ha convertido en un hub de empresas de ciberespías, principalmente de capital israelí, durante el último lustro.

Este sector, cada vez más boyante, medra en España y en otros países gracias a una opacidad y falta de transparencia en la que también intervienen los Gobiernos de los Estados miembro e incluso la propia Comisión Europea, denuncia el documento. 

HRW registró solicitudes de acceso a la información pública en todos los Estados Miembros para saber qué tipo de tecnología se vende desde empresas radicadas en España y el resto de países comunitarios, pero se dio de bruces contra un muro de opacidad a pesar de que hace apenas un lustro la UE defendió que esa información debía ser pública. 

España lidera en exportaciones de este material, pero también en falta de transparencia. La mayoría de los Estados, incluyendo el Gobierno español, rechazó dar información sobre estas transacciones alegando que los datos solicitados constituían secretos comerciales y contenían información sensible. De esta manera, no ha sido posible conocer qué empresas operan ni qué tecnologías están vendiendo.

Lo más sorprendente, asegura HRW, fue constatar cómo la Comisión Europea proporcionó a algunos Estados miembros el lenguaje específico que debían utilizar para redactar sus negativas a las solicitudes de transparencia, participando directamente en el secretismo que denuncia el informe. 

El documento señala que estas justificaciones de confidencialidad comercial son “injustificadas” bajo el lenguaje original de la ley europea, ya que los informes requeridos no exigen revelar nombres de empresas ni detalles técnicos específicos, sino solo datos estadísticos agregados.

Una ley europea “vaciada” por la propia Comisión

En 2021, la UE aprobó una reforma ambiciosa, conocida como el “Reglamento de Doble Uso”, diseñada para controlar la exportación de tecnologías que pueden tener fines tanto civiles como militares. La norma obligaba a los Estados a considerar el historial de derechos humanos de los países compradores antes de aprobar una exportación.

El informe, sin embargo, denuncia que unas directrices publicadas por la Comisión Europea en enero de 2024 “vaciaron” de contenido el reglamento porque permitieron a los Estados miembro reportar de forma separada el tipo de tecnología y el destino de las ventas. 

El resultado, denuncia HRW, es que no hay manera de evaluar el riesgo de las exportaciones, porque no se puede saber qué herramienta fue a cada país. La Comisión justifica este secretismo por la necesidad de proteger la “confidencialidad comercial” de las empresas, un argumento que HRW considera injustificado y que no está alineado con el texto original de la ley.

A pesar de las dificultades para obtener datos fiables, HRW ha podido determinar que la tecnología de ciberespionaje europea sigue siendo exportada hacia países con prácticas controvertidas. Bulgaria, por ejemplo, exportó software espía a Azerbaiyán en 2022, a pesar del historial de ese país en el control de la disidencia política. 

Polonia, por su parte, autorizó en 2023 la venta de sistemas de interceptación de telecomunicaciones a Ruanda, a pesar de que el Ejecutivo de ese país africano utiliza esa tecnología para reprimir a la oposición tanto dentro de Ruanda como entre la diáspora, sostiene el informe. 

En Suecia, la empresa MSAB exporta herramientas capaces de extraer datos de teléfonos móviles. Estos productos se venden a países como la India —donde se ha documentado el uso de software espía contra activistas— pero las autoridades suecas argumentan que no siempre entran en la categoría de “ciber-vigilancia” por no estar diseñados específicamente para la vigilancia “encubierta”. Este “vacío legal” permite que tecnología muy intrusiva pase bajo el radar de las regulaciones, señala HRW.

Impacto en la libertad de prensa

El informe, liderado por el investigador Zach Campbell, alerta también del riesgo para los periodistas y defensores de los derechos humanos ante la proliferación de este tipo de herramientas.

HRW considera incluso que estos programas son una amenaza directa a la “seguridad física” de activistas, periodistas y opositores y pone en riesgo su capacidad para proteger sus fuentes de información. El informe subraya que la vigilancia es, por definición, una interferencia en el derecho a la privacidad según el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que su uso solo debe ser legal bajo estrictas condiciones y supervisión judicial.

Como recomendaciones, HRW sugiere que las empresas que exportan estos productos deberían estar obligadas por ley a evaluar el riesgo de que sus productos contribuyan a la violación de derechos humanos antes de venderlos. 

La entidad también exige que los informes públicos incluyan el nombre del exportador, la descripción del usuario final y el destino de cada licencia. Reclama, a su vez, que los Estados prohíban automáticamente ventas a países con historiales de abusos documentados por la ONU u otras instituciones europeas.

Este 9 de mayo se celebra el Día de Europa. Las instituciones europeas abren sus puertas a los ciudadanos en Bruselas, que tendrán la posibilidad de pasear por los pasillos por los que se discuten y trazan las políticas que van a marcar sus vidas. Es un día de fiesta, aunque la Unión Europea no está para jolgorios. Una situación económica difícil vinculada a demasiadas dependencias, que van desde la defensa a los combustibles fósiles, exacerbadas por la presidencia de Donald Trump o la amenaza de Vladímir Putin, están desestabilizando al bloque europeo, que tiene en sus dinámicas y en su interior a su principal enemigo.

Mientras, hay una mayoría de ciudadanos que mantiene su confianza en el sueño europeo y quieren que avance en su camino por una mayor soberanía. En el último eurobarómetro publicado este viernes por Eurostat se señala que casi tres cuartas partes (72%) de los ciudadanos encuestado creen que su país se ha beneficiado de ser miembro de la UE. Casi tres cuartas partes de los europeos (73%) coinciden en que la UE es un espacio de estabilidad en un mundo convulso. El apoyo a una cooperación más estrecha en materia de defensa se mantiene en el nivel más alto jamás registrado: un 81% respalda una política común de defensa y seguridad entre los Estados miembros.

“La UE atraviesa un momento delicado; no solo por las guerras que la rodean, la inminente crisis económica y el debilitamiento de la relación transatlántica, sino también por su creciente duda sobre sí misma. Los últimos años han mostrado que los países europeos se permitieron volverse demasiado dependientes de Estados Unidos para su seguridad, de Rusia para la energía y de China para la producción industrial. No han hecho lo suficiente para mantener sus economías en crecimiento e innovación”, argumenta Pawel Zerka, investigador del European Council of Foreign Relations.

La realidad es que la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca se ha traducido en una fuerte disrupción para un bloque europeo que comenzaba a salir de la crisis económica que provocó la invasión rusa de Ucrania. Los datos lo demuestran: la inflación en la zona euro se ha incrementado hasta el 3% en abril mientras que el crecimiento de la economía solo alcanzó el 0,1% en el primer trimestre de 2026 debido al impacto de los precios energéticos que ha provocado el conflicto en Oriente Medio que iniciaron EEUU e Israel sin avisar a Europa.

La política económica de imposición de aranceles del presidente de EEUU ha llevado a la UE a firmar un tratado comercial, calificado como “humillante” por algunas capitales europeas, que no termina de ser ratificado por las instituciones europeas por la desconfianza que provoca Trump con sus continuos cambios.

A pesar de que Trump llegó a amenazar a Europa con subir los aranceles hasta el 25% a los automóviles europeos si no se cerraba ya el acuerdo comercial firmado entre ambos bloques el verano del año pasado, la respuesta de la Comisión Europea ha sido tratar de agradar al presidente de EEUU. Este jueves, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, informó que había hablado por teléfono con Trump sobre el acuerdo comercial y que “ambas partes seguimos plenamente comprometidas con su implementación. Se están logrando buenos avances hacia la reducción de aranceles a principios de julio”, mientras que el presidente estadounidense traducía su conversación en una ampliación hasta el 4 de julio antes de cumplir con su amenaza. Ironías del destino, poco después se supo que el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU sentenció que el presidente de EEUU ha infringido la ley al imponer un arancel del 10% a la mayoría de las importaciones estadounidenses.

Con una visión algo más pragmática, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, comentó que la prioridad de la UE es “estabilizar el comercio, estabilizar la OTAN e intentar preservar lo que tenemos [con Estados Unidos]… Estamos trabajando muy duro para mantener la calma y seguir adelante”. Ante la política de avalancha de mensajes digitales con los que se prodiga Trump, Costa trató de explicar que “la UE nació en los años 50… No somos muy buenos en redes sociales. Preferimos no responder a cada tuit”. Otros países como España o Francia ha apelado al espíritu de Groenlandia, cuando la UE se mantuvo unida y sacó herramientas como el instrumento anticoerción que frenaron las ansias expansionistas del presidente estadounidense. 

“La transformación de la relación transatlántica es irreversible”

La cuestión es si la UE está respondiendo adecuadamente a las actuaciones de la Administración Trump. Pierre Vimont, investigador en Carnegie Europe, explicó las consecuencias negativas de esta actitud de amabilidad con los cambios de posición del presidente de EEUU. “Al mezclar una actitud de complacencia con estallidos de crítica que se revierten rápidamente bajo la presión de los arrebatos digitales del presidente, los europeos carecen de una línea política coherente. Europa no ha logrado hasta ahora encontrar una respuesta adecuada al flujo de iniciativas contradictorias que emanan de Washington. No ha sido capaz ni de mantener un perfil bajo, soportando abiertamente todos los caprichos de Trump a la espera de tiempos mejores, ni de adoptar una postura más firme, lo que podría conducir a posibles represalias. Europa aún duda en admitir que la transformación en curso de la relación transatlántica es irreversible”.

La UE atraviesa un momento delicado; no solo por las guerras que la rodean, la inminente crisis económica y el debilitamiento de la relación transatlántica, sino también por su creciente duda sobre sí misma. Los últimos años han mostrado que los países europeos se permitieron volverse demasiado dependientes de Estados Unidos para su seguridad, de Rusia para la energía y de China para la producción industrial

Pawel Zerka — European Council of Foreign Relations.

Parte de esta complacencia con Trump se explica por la debilidad económica de Alemania. Golpear con un 25% de aranceles a la industria del automóvil europea es un claro escarmiento para Alemania y una venganza contra su canciller, Friedrich Merz, que llegó a decir que Irán “estaba humillando” a los EEUU. Además del castigo arancelario, Trump anunció el repliegue de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, de los 36.000 que tiene destinados EEUU en ese país, en otro golpe en la mesa que habla de la dependencia de la Unión Europea del paraguas defensivo de Estados Unidos.

Ahora bien, esa dependencia debería ser interpretada por la UE como mutua. Jesús A. Núñez Villaverde, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), señala que “las facilidades concedidas a EEUU en la cincuentena de bases e instalaciones militares con las que cuenta a este lado del Atlántico –entre las que figuran las bases españolas de Morón y Rota– le permiten proyectar poder tanto terrestre como naval y aéreo a zonas de interés preferente para su propia estrategia de seguridad planetaria”. Sin esta capacidad militar repartida por el mundo, “si Trump termina por materializar sus fanfarronadas –salir de la OTAN, expulsar a España (un supuesto imposible) o retirar recursos de Alemania–, el primer dañado será el propio EEUU”, remata Núñez Villaverde.

Rusia y la dependencia de combustibles fósiles

Sin embargo, si hay una consecuencia de la política exterior que puede afectar a la defensa europea, pero tiene que ver más con la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos. Liana Fix, investigadora del Council on Foreign Relations, comentó que la salida de las los 5.000 soldados de Alemania “no parece amenazar el número mínimo de 76.000 soldados que el Congreso de EEUU ha ordenado estacionar en Europa”. Pero “sí se suma a una lista de cuestiones con consecuencias duraderas para la seguridad europea”, argumentó Fix que “incluye el agotamiento de las reservas estadounidenses debido a la guerra con Irán y los retrasos en las entregas de armamento a Europa, donde la posible cancelación de los misiles de crucero Tomahawk que se planeaba estacionar en Alemania en 2027 es especialmente preocupante” ante la latente amenaza de Rusia.

La dependencia de los combustibles fósiles de Rusia ha enseñado la clara lección para Europa de evitar la dependencia de esta fuente de energía, aunque la UE gasta más de 370.000 millones de euros anuales en combustibles fósiles importados.

Al mezclar una actitud de complacencia con estallidos de crítica que se revierten rápidamente bajo la presión de los arrebatos digitales del presidente, los europeos carecen de una línea política coherente. Europa no ha logrado hasta ahora encontrar una respuesta adecuada

Pierre Vimont — Carnegie Europe

Mediante sanciones por la invasión de Ucrania, la UE ha reducido su dependencia de los combustibles fósiles rusos, de manera que el gas ruso por gasoducto en las importaciones de la UE cayó del 40% en 2021 a aproximadamente el 6% en 2025. En el caso del gas de gasoducto y el Gas Natural Licuado combinados, Rusia representó alrededor del 12 % del total de las importaciones de gas de la UE en 2025, según el Consejo Europeo.

Aunque desde finales de 2025 la Comisión se embarcó en una extraña política para desandar la senda verde que se aprobó en la pasada legislatura europea, con rebaja de las exigencias medioambientales en la UE en pacto entre el Partido Popular europeo y las formaciones de ultraderecha, la guerra de Irán ha terminado de convencer a Europa de la necesidad de electrificar la economía y buscar la soberanía energética, a través de fuentes renovables y la energía nuclear.

Von der Leyen advirtió de que en solo 60 días de conflicto de Irán, la factura europea “por importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en más de 27.000 millones de euros, sin una sola molécula adicional de energía. Estamos perdiendo casi 500 millones de euros al día”.

De todas maneras, algo está cambiando en las capitales europeas ante las frustrantes negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania lideradas por Trump. El presidente del Consejo Europeo afirmó que existe “potencial” para que la UE negocie con Putin. Estas negociaciones contarían con el respaldo del presidente de Ucrania Volodímir Zelenski.

“Estoy hablando con los 27 líderes nacionales [de la UE] para ver la mejor manera de organizarnos e identificar lo que necesitamos para discutir de forma efectiva con Rusia cuando llegue el momento adecuado”, dijo Costa. Varios países europeos como Francia, Italia o Bélgica han manifestado su posición favorable a dialogar con Putin para acabar con un conflicto que ya dura cuatro años.

Guerra comercial con China

Respecto a China, la UE está siguiendo una política de confrontación comercial ante el control de mercados estratégicos que ha conseguido el gigante oriental ante la desidia europea. Esta semana la Unión Europea elevó su guerra comercial contra China con su plan para vetar proyectos de energías renovables con fondos de la UE que contengan piezas chinas. No es una maniobra única, ya que a este movimiento hay que sumar los aranceles a los vehículos eléctricos o las trabas a la contratación pública que se recogen en la política de “made in Europe”. 

Incluso se ha llegado a hacer un acuerdo con EEUU para una asociación estratégica para profundizar en la cooperación en minerales críticos y las tierras raras. Estas materias primas se han convertido en fundamentales en el nuevo contexto geopolítico, ya que son fundamentales para la industria tecnológica y de defensa. China controla el suministro mundial de metales críticos: representa el 70% de la minería global y el 90% de la capacidad de procesamiento de estos materiales en el mundo.

En esta posición de la UE ante Estados Unidos, Rusia y China no se ha quedado parada. Europa ha puesto en marcha acuerdos comerciales con América Latina, India, Indonesia y Australia, se están incrementando las inversiones en defensa europea, mientras que en el mercado interior se trabaja para eliminar barreras y potenciar un mercado único integrado de la UE.

Ahora bien, en 2027 hay elecciones en Francia, Polonia, Italia y España que pueden ser definitivas para Europa si la ultraderecha, aliada de Trump y enemiga de la UE, consigue ganar en algunos de estos países. Como asegura Pawel Zerka, investigador del European Council of Foreign Relations, “la ventana para navegar la crisis de madurez de Europa se está cerrando rápidamente”.

Las ayudas millonarias que recibe la familia real de Emiratos Árabes Unidos (EAU) por cultivar en España y otros países europeos, desvelada el jueves en una investigación internacional de elDiario.es junto a otros medios, ha llevado a Sumar, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, a registrar una batería de preguntas para exigir explicaciones sobre el caso. 

Paralelamente, los comuns han registrado también diversas cuestiones en el Parlament para la Generalitat de Catalunya —que ha aportado casi un millón de euros durante los últimos cinco años a las empresas emiratíes— y ha pedido la comparecencia del conseller de Agricultura en la cámara catalana. 

“Más allá de si las ayudas cumplen con los actuales requisitos legales, genera cierta alarma la capacidad de control de mercado que agentes de países fuera de la Unión Europea tienen sobre un sector estratégico como el agrícola”, reza el escrito registrado por Sumar. 

El partido liderado por la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, pregunta al Ejecutivo si los pagos desvelados por este periódico pueden considerarse ayudas de Estado a un tercer país de fuera de la UE a través de las subvenciones de la PAC (Política Agraria Común) y si estas transferencias podrían contribuir a la adulteración del mercado interno español y de la UE.

El escrito de Sumar también pone énfasis en el control por parte de un país ajeno a la UE de parte del territorio para la producción agrícola dedicada casi de manera exclusiva a la exportación y cuestiona, a su vez, si los hechos desvelados pueden afectar a la soberanía nacional. También destaca la “explotación de recursos hídricos” por parte de empresas controladas por terceros países “en un contexto de cambio climático con recurrentes problemas de escasez de agua”.

En Catalunya, los comuns han pedido la comparecencia del conseller de Agricultura, Oscar Ordeig, para informar sobre los pagos desvelados a la empresa Al Dahra, controlada en última instancia por diversos miembros de la dinastía Al Nahyan, que gobierna desde Abu Dabi al resto de emiratos del país. 

El partido liderado por Jèssica Albiach, a su vez, cuestiona al Govern catalán la falta de capacidad negociadora de los productores locales de alfalfa tras la llegada a la zona del gigante agroalimentario de Emiratos Árabes Unidos y pregunta qué controles se están aplicando sobre los receptores de ayudas públicas en el campo catalá.

También preguntan los comuns qué piensa hacer el Ejecutivo de Salvador Illa (PSC) para proteger a los productores locales ante los potenciales abusos en el mercado que estos grandes grupos pueden imponer.

Preguntas a la Comisión Europea

El eurodiputado Jaume Asens, también de Sumar e integrado en el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, ha registrado en paralelo una batería de preguntas dirigidas a la Comisión Europea para averiguar si ha iniciado alguna investigación sobre si las aportaciones del fondo soberano emiratí ADQ a sus filiales europeas pueden considerarse “subvenciones extranjeras” y si su acumulación con las ayudas de la PAC “falsean la competencia” en el mercado agrícola comunitario.

Asens, a su vez, solicita a la Comisión que verifique si los pagos de la PAC destinados a las empresas controladas por la familia real de EAU cumplen las condiciones medioambientales exigidas por el reglamento europeo.

Asens no ha sido el único eurodiputado que ha mostrado su indignación tras la publicación de la investigación. El eurodiputado austríaco Thomas Waitz, coordinador de Los Verdes/ALE en la Comisión de Agricultura, ha señalado que los hechos desvelados son “un escándalo a la vista de todos” y van mucho más allá de un “vacío legal”.

“Piénsenlo un momento: la segunda familia más rica del mundo, que gobierna un Estado sin prensa libre ni oposición política, no debería recibir subvenciones de la política agrícola de la UE”, ha afirmado. “Ese dinero nunca estuvo destinado a dinastías de combustibles fósiles; está pensado para reforzar a los verdaderos agricultores europeos”.

La Comisión Europea ha pasado de largo ante la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, para que active el Estatuto de Bloqueo sobre las sanciones de EEUU contra la relatora de la ONU Francesca Albanese y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional que investigan el genocidio en Gaza. El objetivo de esta solicitud es que dichas sanciones no tengan efecto en la Unión Europea. 

Un portavoz de la Comisión Europea ha explicado este jueves que “la UE apoya a la Corte Penal Internacional y los principios establecidos en el Estatuto de Roma, así como respetamos la independencia e imparcialidad de la Corte. Estamos comprometidos con la justicia penal internacional y la lucha contra la impunidad”. Ahora bien, en ningún momento fue capaz de decir sí se había aceptado la propuesta de España, a la que se ha unido también Eslovenia.

Siguiendo un lenguaje críptico propio de los pasillos de las instituciones europeas cuando no se quieren abordar las situaciones directamente, otra portavoz de la Comisión Europea ha apuntado que “la Comisión es consciente de la necesidad de proporcionar un apoyo constante a la Corte, tanto financiero como diplomático. Seguimos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para proteger sus operaciones. Hemos explorado y evaluado soluciones concretas y viables para apoyar a la Corte y permitir que su personal continúe su trabajo a diario. Seguimos en contacto constante con los Estados miembros en este asunto”. Esta retahíla de lugares comunes quiere decir que se mantiene el discurso de apoyo a los miembros de la Corte Internacional pero que no se va a activar el estatuto de bloqueo que pidió el presidente del Gobierno.

En la carta que Sánchez envió a Von der Leyen se alertaba de que dichas sanciones “suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional”. 

Las relaciones entre la UE y Estados Unidos vuelven a estar muy tensas por la guerra de Irán iniciada por EEUU e Israel, que está provocando daños económicos a las economías europeas, y por las discusiones internas dentro del bloque europeo para ratificar el acuerdo comercial con la Administración de Donald Trump. Con la decisión de desatender la petición de España y Eslovenia, la Comisión pretende no añadir más elementos que provoquen el enfado de Trump.

Las sanciones de EEUU que afectan a Albanese y a once jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional se traducen en que se les impide usar sus tarjetas de crédito o acceder a sus propios ingresos en bancos europeos.

La relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados Palestinos estaba este miércoles de visita en Madrid. Albanese explicó que las personas que sufren las sanciones tienen en común la defensa del derecho y la justicia. “Quiero que se entienda por qué sanciones impuestas por otro país tienen efecto en Europa: porque en lo que respecta al sistema bancario, no hay soberanía europea, por eso hoy me pasa a mí, pero mañana podrían sufrirlas miembros de gobiernos o jueces”, ha explicado.

La Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo ha votado este miércoles el informe emitido por la delegación de los eurodiputados que el pasado mes de febrero visitaron el Parque Nacional de Cabañeros para evaluar el funcionamiento del espacio natural.

La visita, propiciada por el Partido Popular, buscaba entre otras cuestiones un golpe de efecto en Europa para tratar de obligar a España a que permita la caza en el parque. El argumento se basa en la sobrepoblación de ungulados, como los ciervos. El alcalde de Horcajo de los Montes Julián Fernández llegó a afirmar que hay “demasía” de animales.

En la Eurocámara se ha dado luz verde al informe presentado por la delegación de la PETI, que encabezó el propio presidente de este órgano el polaco Bogdan Rzonca, al que en febrero acompañaron distintos dirigentes del PP, representantes de las diputaciones provinciales de Ciudad Real y Toledo -ambas gobernadas por los 'populares' y Vox- y varios alcaldes.

Un informe que recomienda, aunque no obliga

De este informe, que ha sido enmendado, se desprenden algunas observaciones y recomendaciones, que son solo eso, recomendaciones. Por ejemplo, subraya “la necesidad de una gestión activa de la fauna silvestre basada en la Ciencia y la introducción de mecanismos de control poblacional para abordar el desequilibrio ecológico causado por la sobrepoblación de ungulados”.

La cuestión de la caza es la más polémica. Esta actividad es ilegal, tanto en su modalidad deportiva como comercial en los parques nacionales españoles desde diciembre de 2020, pero sí que se permite la actividad cinegética si se trata de un necesario control poblacional, con un plan supervisado y conveniado con el Estado y la Junta de Castilla-La Mancha.

El informe aprobado hoy “reconoce el papel fundamental de las actividades de caza como una herramienta de gestión indispensable en las estrategias de gestión de la vida silvestre” o que “las prácticas de manejo actuales en el Parque Nacional Cabañeros, incluida la prohibición de medidas efectivas de control poblacional, han provocado la sobrepoblación de ungulados, la degradación de la vegetación, la erosión del suelo y el deterioro de la biodiversidad, en contra de los objetivos de la legislación ambiental de la Unión”.

A esta cuestión ya contestó la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Mercedes Gómez. aseguró en febrero que solo el 6% del parque es público - y es titularidad del Estado- y que los propietarios privados ya controlan la caza en Cabañeros. Dijo no entender la visita de los eurodiputados teniendo en cuenta que los particulares tienen instrumentos “perfectamente tipificados y perfectamente puestos a su disposición para poder hacer ese control de ungulados”, en alusión a los planes y convenios que permiten el control preventivo si hay sobrepoblación.

Ahora, en el Parlamento Europeo se ha incidido en su recomendación en “un modelo de gestión equilibrado que integre la protección de la biodiversidad con la actividad económica y cinegética rural sostenible”, porque así se garantiza la viabilidad a largo plazo de las comunidades circundantes y se preserva el valor ecológico del parque.

Se insta también a las autoridades competentes a que “garanticen la aplicación efectiva de la legislación medioambiental de la Unión Europea” y a que se reevalúe el marco de gestión del Parque Nacional de Cabañeros “para proteger la biodiversidad, sin marginar a las comunidades locales ni a las actividades tradicionales”.

Además, se ha aprobado instar a la Comisión Europea a que “adopte las medidas necesarias” para garantizar el estricto cumplimiento de la Directiva Hábitats y “detener el deterioro” de la fauna en esta zona protegida “ante la falta de medidas inmediatas por parte del Gobierno español y las autoridades competentes”.

También se ha invitado a la Comisión Europea y a los Estados miembros “a mantener un diálogo permanente entre las instituciones y las partes interesadas, respetando plenamente las particularidades territoriales y las identidades locales, para equilibrar la protección del medio ambiente con los objetivos de desarrollo rural”.

Los propietarios privados celebran la posición de la Eurocámara

La Asociación de Afectados de este Parque Nacional agrupa a propietarios nueve fincas privadas de este enclave. En febrero acompañó a los eurodiputados en su visita y hoy ha celebrado la aprobación del informe.

Se congratula de que se pida una “nueva evaluación de la situación medioambiental en el Parque Nacional de Cabañeros y una valoración de los impactos socioeconómicos de la prohibición de la caza, garantizando que las políticas de conservación vayan acompañadas de un apoyo adecuado a las comunidades rurales”.

Rafael Sánchez, portavoz de la Asociación de Afectados, valora positivamente en un comunicado la aprobación del informe. Cree que “supone un espaldarazo” a sus reclamaciones y que se ha podido “constatar el declive que sufre el ecosistema” por no permitir la caza. Ahora esperan que “las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto”, explica el abogado de la Asociación, Miguel Temboury. “Recurriremos a otras instancias si es necesario”, advierte.

Este colectivo de propietarios recalca también la importancia de que se haya instado a las autoridades competentes “a acelerar las negociaciones con los propietarios privados para concluir acuerdos de gestión sobre todos los terrenos incluidos en el parque, garantizando una gestión coherente y eficaz del ecosistema”.

El Parque Nacional de Cabañeros, situado entre las provincias de Ciudad Real y Toledo, cuenta con 409 kilómetros cuadrados de extensión y forma parte de la Red Natura 2000.

Según los datos ofrecidos por los propietarios privados se estima que la población de ungulados multiplica por cinco el límite considerado óptimo provocando el deterioro del ecosistema. Los propietarios defienden que, desde que se prohibiese la caza en 2020, no han podido llevar a cabo actuaciones de gestión. Aunque en 2021 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del parque y en 2023 el Plan de Gestión de Ungulados, ambos instrumentos en su opinión “han quedado sin aplicación efectiva por la falta de convenios con los titulares de las fincas”.

Hasta la fecha, solo una de las nueve fincas privadas ha firmado convenio —el pasado 14 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de enero—, aunque este no ha podido ejecutarse al no contar con dotación presupuestaria. Las ocho restantes han continuado a la espera de que se inicien negociaciones.

En febrero la responsable de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha puso la pelota en el tejado de estos propietarios privados. Insistió en que “lo más importante” es que sean los propios titulares de las fincas privadas quienes presenten un plan de ungulados y que tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas, valoren junto con ellos si cumplen los requisitos para hacer ese control, aunque no habló de dotación presupuestaria para que lo hagan.