La Fiscalía pide cárcel para los siete políticos y dos técnicos que autorizaron un hotel de lujo en un área protegida de Fuerteventura

Ocupa una superficie de 120 hectáreas en el norte de la isla de Fuerteventura; se construyó en suelo rústico de especial protección, arrasando campos de lava solidificada y jable (arena volcánica), y se sitúa en unos terrenos incluidos en Natura 2000, la red ecológica europea de conservación de la bioversidad, por ser un enclave de interés como área de paso e invernada de aves. La urbanización Origo Mare, en La Oliva, constituye para los colectivos ecologistas un ejemplo paradigmático del urbanismo más irrespetuoso con los espacios naturales, un caso que provocó incluso que la Unión Europea abriera un expediente sancionador contra España por vulnerar la normativa sobre protección ambiental. El plan parcial que hace casi dos décadas permitió que se levantaran en este lugar más de 700 villas residenciales fue anulado en firme por el Supremo en febrero de 2011, pero poco más de un año después de esa sentencia se otorgó una nueva licencia para convertir esa urbanización ubicada en Majanicho en un complejo turístico de lujo, en un hotel de cinco estrellas.  

Los siete políticos y dos técnicos municipales que en 2012 avalaron esa operación, que permitieron la concesión de la licencia para adaptar las villas como resort turístico, se enfrentan ahora a penas de cárcel que oscilan entre los tres años y tres meses y los tres años y nueve meses. La Fiscalía los considera autores de un delito contra la ordenación del territorio por omitir “de forma deliberada y consciente todo posible examen sobre el impacto ambiental que la ejecución del hotel podía suponer al entorno y, en particular, a la Red Natura 2000” a la Zona de Especial Protección de Aves de la costa norte majorera. 

Entre los procesados se encuentra Claudina Morales, alcaldesa de La Oliva en dos etapas (2003-2008 y 2011-2015) y expresidenta de Coalición Canaria (CC), formación con la que también fue diputada regional y senadora. También están encartados los otros seis concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno que, en 2012, otorgó la licencia de obra provisional al proyecto turístico (Miguel Van Daele, Genaro Saavedra e Iballa Martínez por CC y Marcelino Umpiérrez, María Ángeles Figueroa y Francisco Javier Hernández por el Partido Popular). El Ministerio Público solicita para cada uno de ellos tres años y tres meses de prisión, además de una multa de 48.000 euros y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo o empleo en la administración local o insular durante ocho años. 

En la actualidad, solo uno de ellos, Marcelino Umpiérrez, ostenta un puesto de responsabilidad en las instituciones. Es concejal de Turismo, Comercio y Limpieza de La Oliva. Ya no pertenece al PP, sino a Gana Fuerteventura, la formación que constituyó el histórico dirigente local Domingo González Arroyo, apodado Marqués de las Dunas, alcalde entre 1979 y 2003 con el PP y durante un corto y polémico periodo entre 2015 y 2016, en el que llegó a atrincherarse en el Ayuntamiento tras ser inhabilitado en firme por un caso de corrupción. Ahora es su hija, Pilar González, quien gobierna en el municipio después de que prosperase una moción de censura contra CC. 

Además de los responsables políticos están encartados dos técnicos del Ayuntamiento que informaron de forma favorable al proyecto “con conocimiento claro y evidente” de su ilegalidad por contravenir “de forma manifiesta” la normativa urbanística, el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, que otorgaba a ese suelo la calificación de rústico protegido o especialmente protegido y que no permitía la construcción de hoteles en esos terrenos. Los acusados son el letrado municipal Óscar Darias, para quien el Ministerio Público pide tres años y seis meses de cárcel y nueve de inhabilitación, además de una multa de 52.800 euros, y el arquitecto Gonzalo María Tortajada, a quien considera autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio y, por ello, solicita para él la mayor pena: tres años y nueve meses de prisión, diez de inhabilitación y 57.600 euros de multa. 

En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía reclama además la nulidad de pleno derecho del acuerdo por el que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva concedió la licencia de obra provisional a la promotora del hotel. 

De villas residenciales a hotel de lujo

El inicio del caso se remonta al 9 de diciembre de 2000, fecha en la que el pleno del Ayuntamiento de La Oliva, presidido por Domingo González Arroyo, aprueba el denominado Plan Parcial SAU-12 Casas de Majanicho, promovido por la empresa Nombredo. Entre octubre y diciembre de 2012 el gobierno municipal concedió licencias para la construcción, en tres fases, de 748 viviendas y una zona comercial. La asociación Agonane-Ecologistas en Acción recurrió ese acuerdo y tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Supremo le dieron la razón, anulando el plan porque, entre otras razones, se había autorizado con una evaluación de impacto ambiental “incompleta, insuficiente y carente de base científica. 

La sentencia devino firme el 7 de febrero de 2011. Once días antes, el 27 de enero, la promotora había solicitado una licencia de construcción y obras y cambio de uso (de residencial a turístico) para la parcela, consistente en la adaptación de las villas existentes a hotel de cinco estrellas. Tanto el arquitecto municipal como el letrado del Ayuntamiento informaron favorablemente a un proyecto que contemplaba, además, la construcción de un club de playa con piscinas, terrazas, bar, restaurante, comedor de personal, almacén, gimnasios y vestuarios. El presupuesto ascendía a los dos millones de euros. 

Tanto el arquitecto como el técnico jurídico entendían que, a pesar de que el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura clasifica ese suelo como rústico protegido, las normas subsidiarias de La Oliva permitían otros usos, urbanizar y acometer obras provisionales “con elementos fácilmente desmontables”. La Fiscalía remarca que ninguno de esos dos informes hizo referencia a la necesidad de evaluación de impacto ambiental, “pese a que se trataba de la construcción de un complejo hotelero que se sitúa en terreno colindante y en parte dentro de la Red Natura 2000”, como Zona de Especial Protección de Aves. 

La Junta de Gobierno local concedió la licencia de obra provisional para la adaptación de las villas en hotel de cinco estrellas en junio de 2012, pero puso una condición. Mientras no se aprobara un planeamiento de desarrollo, en ese suelo solo podían autorizarse “usos y obras de nueva implantación de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables”. El escrito del Ministerio Público señala, a este respecto, que esos terrenos “carecían de ordenación pormenorizada que estableciese los parámetros urbanísticos” y precisaba que “evidentemente, en ningún caso se trataba de obras provisionales, sino de la ejecución, partiendo de una serie de viviendas, de un complejo hotelero de gran lujo”. 

La Fiscalía subraya que el proyecto de adaptación requería “obras y actuaciones que suponían una transformación profunda del entorno”, con nuevos edificios y piscinas. “No tenían un carácter provisional ni podían llevarse a cabo con elementos fácilmente desmontables”, añade para concluir que tanto los técnicos como los políticos omitieron de forma “deliberada y consciente” la emisión de la evaluación de impacto ambiental. 

Las villas adaptadas ocupaban una superficie de 17.500 metros cuadrado y las zonas ajardinadas, de 145.000. El edificio de la antigua zona comercial, de unos 2.000 metros cuadrados, se modificó para disponer en él de supermercado, consulta médica, locales de ocio, gimnasio o peluquería, entre otras actividades. Además se construyó un nuevo edificio, el club de playa, con 135 metros cuadrados sobre rasante (con bar piscina y vestuario) y 253 bajo rasante (dos salas de instalaciones). El complejo también dispone de una piscina de olas de 824 metros cuadrados y zonas deportivas. El presupuesto final de la contrata encargada del proyecto, entre los gastos generales y el beneficio industrial, ascendió a los 3,4 millones. 

Finalmente, en abril de 2014 el arquitecto municipal firmó otro informe favorable a la primera utilización del edificio, a pesar de que se habían llevado a cabo en la fase de ejecución actuaciones no previstas en el proyecto, como la construcción de piscinas, de un campo de golf o la ampliación de la superficie de actuación del club de playa. El técnico del Ayuntamiento determinó que esos cambios no afectaban “sustancialmente” a la licencia otorgada. Trece días después, se le otorgaban los permisos. La Fiscalía considera que el técnico “conocía que las obras ejecutadas suponían una infracción clara y manifiesta de la normativa de ordenación del territorio y medio ambiente aplicable”.