Un problema “largamente enquistado” en Las Palmas de Gran Canaria, los cobros invalidados de la tasa de estacionamiento regulado (zona azul y verde) por ausencia de un procedimiento de comprobación, está a punto de resolverse. Eso es, al menos, lo que ha afirmado este miércoles el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, en la comisión de pleno de gestión económica-financiera y especial de cuentas.

El Ayuntamiento capitalino ha modificado el sistema de cobro para cumplir la Ley General Tributaria. En el último año, el propio Consistorio había reconocido en varias resoluciones que omitió “total y absolutamente el procedimiento legal establecido” para reclamar las deudas por aparcar sin tique o con exceso de tiempo, puesto que liquidaba de forma automática esas tasas sin propuesta previa y, por tanto, sin posibilidad de alegación por parte del usuario.

Según ha explicado Spínola en la comisión de pleno, el Ayuntamiento ha implementado un nuevo sistema que resuelve esta deficiencia de la que han venido advirtiendo desde hace años tanto el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) como los juzgados de lo contencioso-administrativo de la capital y también por último el Consejo Consultivo, órgano fiscalizador de la comunidad autónoma.

El concejal ha señalado que el Ayuntamiento ha “robotizado” las tareas de apertura de expediente. “Se está logrando optimizar la capacidad operativa del servicio permitiendo el alta automatizada” del expediente tributario con la emisión de la propuesta de liquidación.

Hasta ahora se liquidaba la tasa de forma automática cuando el usuario no pagaba por aparcar en zona azul o verde o cuando se excedía con el tiempo, lo que suponía un incumplimiento de la normativa tributaria. Con el nuevo “procedimiento robotizado”, el Ayuntamiento incluye el trámite intermedio que antes obviaba, la propuesta de resolución. El usuario puede alegar lo que considere conveniente antes de la liquidación definitiva, del cobro.

Cada año se contabilizan unas 100.000 liquidaciones por aparcar en las zonas de estacionamiento limitado sin tique o por tiempo superior al abonado. El Ayuntamiento insiste en que el uso del dominio público para estacionar constituye una tasa, no una multa. Es un procedimiento tributario, no sancionador.

El uso de una tasa de estacionamiento limitado “está amparada en la normativa vigente y avalada por los tribunales”, insiste el Consistorio capitalino, que niega que se trate de un régimen sancionador encubierto. “Es un instrumento para ordenar un recurso limitado y garantizar el interés general”, señala.

El Ayuntamiento sostiene que el sistema aplicado hasta la fecha “no ha vulnerado los derechos de la ciudadanía, ya que ha permtido la notificación formal, la presentación de alegaciones y la interposición de recursos”. “No puede considerarse, por tanto, ilegales, aunque los órganos consultivos han indicado que debe tramitarse mediante un procedimiento distinto (con propuesta de liquidación y, posteriormente, la liquidación)”, añaden fuentes municipales.

Con el nuevo procedimiento, que se ha comenzado a implementar en marzo, el Ayuntamiento “está adaptando su gestión a un sistema más garantista” para la ciudadanía. Mientras se completa esta adaptación, “se revisan las liquidaciones afectadas”, agrega.

Tanto la justicia, a través de múltiples sentencias, como el propio Ayuntamiento, a través de las revisiones de actos firmes propios, han venido acreditando que la anterior fórmula (liquidación automática, sin propuesta previa) es nula de plena derecho.

La movilización social de la plataforma ciudadana 'El Campillín no se toca' se ha intensificado en los últimos meses para lograr que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo renuncie a la construcción de un parking subterráneo en este pulmón verde de la capital asturiana y la convocatoria de una consulta abierta para que la ciudadanía se pronuncie sobre este proyecto que está ocasionando un gran rechazo vecinal.

El Partido Popular (PP) de momento no ha descartado esta opción, pero el alcalde Alfredo Canteli ha dado un paso importante al anunciar que pospone el plan; una paralización sin fecha de la iniciativa municipal que los grupos de la oposición -PSOE e IU-Convocatoria por Oviedo- atribuyen al éxito de la presión social de los vecinos y vecinas.

La plataforma pide cautela

Los integrantes de la plataforma, no obstante, prefieren ser cautos ante este anuncio del equipo de gobierno que, según fuentes municipales, se debe a la necesidad de lograr un mayor respaldo popular ya que, inicialmente, este apoyo se ve cada vez más lejos ante la buena marcha de las campañas de recogida de firmas que están llevando a cabo en contra del aparcamiento.

Un síntoma de que la plataforma no va a frenar su programación de actos de rechazo a la construcción del parking es que mantiene la manifestación anunciada para el 11 de abril, para la que ya están difundiendo el cartel anunciador de la protesta, que se reproduce a continuación en esta imagen.

La plataforma ciudadana considera que el anuncio realizado por el alcalde ayer, domingo, sobre el proyecto de aparcamiento en el parque del Campillín no supone un cambio real en los planes municipales y responde únicamente a un intento de desactivar la creciente oposición al proyecto.

Plataforma: “Es simple humo”

El colectivo recuerda que el procedimiento para estudiar la viabilidad del aparcamiento sigue su curso y que el Ayuntamiento ovetense mantiene abierto el proceso para que empresas privadas presenten propuestas para el proyecto, la construcción y la explotación de un parking subterráneo en la zona.

Por ello, la plataforma advierte de que el anuncio del alcalde es “simple humo” y no modifica el fondo del problema: “desfigurar uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad, así como incrementar el uso del coche en el centro de la ciudad”.

Una movilización que está convencida de que será “un éxito de participación ciudadana en defensa del parque y del modelo de ciudad que queremos”.

Un pulmón verde

'El Campillín no se toca' ve positiva una renovación y mejora del parque, pero rechaza que ésta se haga “a costa de talar árboles y de atraer más tráfico al centro” y recuerda que este parque es uno de los pulmones verdes de Oviedo, además de un espacio clave para el descanso, el encuentro vecinal y la calidad ambiental del barrio.

La plataforma recuerda además que las ciudades modernas avanzan hacia modelos de movilidad sostenible, apostando por el transporte público y por aparcamientos disuasorios en los accesos urbanos, y no por nuevas infraestructuras que incrementen el tráfico en el centro de las ciudades.

Frente a un modelo urbano basado en más coches y más tráfico, defendemos una ciudad más habitable, con más espacios verdes y pensada para las personas

'El Campillín no se toca' — Plataforma ciudadana

Un patrimonio común

“Frente a un modelo urbano basado en más coches y más tráfico, defendemos una ciudad más habitable, con más espacios verdes y pensada para las personas”, explican.

Sus integrantes inciden en que el parque es un patrimonio común de la ciudadanía“ y que seguirá movilizándose para garantizar su protección.

Los vecinos y vecinas seguirán recogiendo firmas y repartiendo trapos verdes para colgar en las ventanas hasta el 11 de abril, cuando arranque la manifestación.

Los grupos municipales de la oposición, PSOE e Izquierda Unida(IU)-Convocatoria por Oviedo han mostrado su satisfacción por esta marcha atrás que ha dado el equipo de gobierno y que atribuyen a la fuerte presión social y el éxito de la movilización de la plataforma ciudadana.

PSOE: “Es una victoria del movimiento vecinal”

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ha valorado este lunes la paralización del proyecto de aparcamiento en El Campillín, anunciada por el equipo de gobierno, como “una buena noticia para la ciudad y, especialmente, para el movimiento vecinal de la zona”.

El concejal socialista Juan Álvarez Areces ha destacado que se trata de “un día de alegría para el movimiento vecinal del barrio, porque se demuestra que cuando la sociedad está organizada y bien informada se pueden conseguir grandes cosas”.

Un éxito del “sentido común”

A su juicio, este cambio de rumbo de la iniciativa municipal demuestra que tanto el alcalde Alfredo Canteli como el segundo teniente de alcalde y concejal de Planeamiento, Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos del consistorio, Nacho Cuesta, “presumían del supuesto apoyo al proyecto, cuando lo único que intentaban era imponer una decisión propia en contra de los intereses de los residentes”, ha afirmado.

Un aparcamiento en El Campillín que actuase como atractor de vehículos hacia una zona de bajas emisiones siempre iba a ser una mala noticia para la ciudad. No solo es una victoria del sentido común, es también una derrota del alcalde y de los intereses que promovían este estacionamiento

Juan Álvarez Areces — Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo

El edil socialista considera que esta decisión supone también “una victoria del sentido común”, ya que un aparcamiento en El Campillín que actuase como atractor de vehículos hacia una zona de bajas emisiones “siempre iba a ser una mala noticia para la ciudad. No solo es una victoria del sentido común -asegura- es también una derrota del alcalde y de los intereses que promovían este estacionamiento”.

Juan Álvarez ha recordado que el rechazo al aparcamiento ha sido la posición que defendió desde el primer momento su grupo municipal, cuando votó en contra de la Agenda Urbana que aprobaron PP e IU.

El estudio de viabilidad

“Ahora el Ayuntamiento debe dar un paso más y confirmar definitivamente la paralización del proyecto”, ha exigido el concejal.

Para el Grupo Municipal Socialista, el siguiente paso que debe dar el equipo de gobierno es materializar este anuncio con la retirada de los pliegos para el estudio de viabilidad del aparcamiento, poniendo fin de forma definitiva a una iniciativa que, en su opinión, es “incompatible con el modelo de movilidad sostenible que necesita Oviedo/Uviéu”.

IU mantiene su denuncia

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo advierte que el éxito de la plataforma ciudadana con su movilización social está detrás del anuncio del equipo de gobierno municipal de posponer el proyecto de aparcamiento previsto en el parque del Campillín.

Desde la organización consideran que este giro es consecuencia directa de la movilización ciudadana y del trabajo de fiscalización y denuncia realizado por la oposición política en el Ayuntamiento.

Una rectificación “a medias”

No obstante, bajo el prisma de IU-Convocatoria por Oviedo, se trata de una rectificación a medias: “El anuncio de posponer el proyecto no resuelve las dudas de fondo, ni garantiza que la propuesta quede definitivamente descartada, por lo que consideramos necesario mantener la vigilancia y la presión social y política”, exponen.

Su grupo municipal ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea (CE) para que estudie la posible incompatibilidad del aparcamiento con las ayudas europeas concedidas al Ayuntamiento de Oviedo para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que superan los siete millones de euros.

Esa denuncia se mantiene, ya que estima que el proyecto, tal y como estaba planteado, podría favorecer un aumento del tráfico en el centro y, en consecuencia, de las emisiones.

Su portavoz municipal, Gaspar Llamazares, ha destacado que esta reacción del gobierno municipal demuestra que la movilización vecinal y la acción de la oposición son útiles para defender el interés general.

Estar “vigilantes”

Sin embargo, “no estamos ante una rectificación completa, sino ante un aplazamiento que nos obliga a mantenernos vigilantes”, reconoce Gaspar Llamazares.

Nuestro grupo municipal mantendrá la denuncia ante la Comisión Europea para que se aclare definitivamente si el proyecto del parking es compatible con los compromisos ambientales asociados a los fondos europeos destinados a la Zona de Bajas Emisiones

Gaspar Llamazares — Portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo ha confirmado que su grupo municipal mantendrá la denuncia ante la Comisión Europea “para que se aclare definitivamente si el proyecto del parking es compatible con los compromisos ambientales asociados a los fondos europeos destinados a la Zona de Bajas Emisiones”.

Asimismo, insiste en que el debate no puede limitarse únicamente al aparcamiento y recuerda que las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Santo Domingo y del conjunto del barrio del Antiguo siguen pendientes de respuesta y requieren un compromiso claro del gobierno municipal.

El Ayuntamiento de Santander está a la espera de recibir el informe técnico sobre las grietas aparecidas desde enero en el parking de Pombo para adoptar las siguientes decisiones sobre el mismo y la actividad en la plaza que hay sobre él, donde, tras la aparición de las fisuras, se valló por prevención una superficie de 250 metros cuadrados.

La alcaldesa, Gema Igual (PP), ha explicado este viernes a preguntas de los periodistas que en el informe solicitado se analizará la carga del forjado, el estado y las soluciones a adoptar. “En cuanto lo tengamos, lo anunciamos y ponemos medidas”, ha afirmado Igual al ser cuestionada sobre las previsiones que maneja el Consistorio para abrir la zona acotada en la plaza.

Dado que aún el Ayuntamiento no tiene el informe, no ha podido confirmar si habrá o no afección a la celebración de eventos en dicho espacio. “Si estamos sujetos a un informe, valoramos hacer caso a lo que diga el informe. No me puedo aventurar porque no tengo conocimiento de lo que va a salir del informe, sino ya le habríamos hecho público, si yo supiese lo que va a salir”, ha zanjado Igual.

El aparcamiento subterráneo de la Plaza de Pombo en Santander fue construido en el marco de la transformación de la zona, iniciada en 1988, con motivo de la peatonalización del entorno. En 2008 se realizaron reformas adicionales en esta instalación -que cuenta con 330 plazas de aparcamiento- para añadir un acceso para residentes, con la estructura original.

El pasado 24 de enero el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la aparición de unas fisuras en la cubierta de este parking subterráneo, que en los siguientes días aumentaron de tamaño y afectaron a más casetones.

La aparición de estas grietas inhabilitó al menos una veintena de plazas de estacionamiento en el parking, repartidas entre la primera y la segunda planta, y obligaron a vallar, por prevención, 250 metros cuadrados de la plaza.

La concesionaria del parking subterráneo de la plaza Pombo de Santander, Empark, ha iniciado los trabajos para reforzar la estructura de la cubierta de la instalación, dañada por la aparición de unas grietas, y ha inhabilitado las plazas de aparcamiento afectadas, mientras que el Ayuntamiento ha vallado un área mayor en la superficie para garantizar la seguridad.

Según ha informado el concejal de Fomento, Agustín Navarro, se trata de una decisión preventiva, después de que el Ayuntamiento tuviera conocimiento el 24 de enero de la aparición de estas “pequeñas” fisuras, que inicialmente afectaban a siete casetones de la cubierta, localizados cerca del ábaco de descarga de dos pilares.

Según una nota de prensa, los técnicos municipales participaron en una visita “inmediata” para realizar una primera evaluación visual de la patología en el aparcamiento subterráneo de la Plaza de Pombo en Santander, cuya obra empezó 1988, con motivo de la peatonalización del entorno y fue reformado parcialmente en 2008, para añadir un acceso para residentes, con la estructura original.

En la inspección de este mes, los técnicos no consideraron “necesario adoptar medidas inmediatas” y optaron por mantener una vigilancia continua para observar la evolución de las fisuras y encargaron un informe técnico completo sobre el estado estructural del aparcamiento, mientras que la concesionaria solicitó un informe técnico complementario.

Las fisuras aumentan de longitud

Durante el proceso de estudio y recopilación de datos, los técnicos han constatado que las fisuras han evolucionado en los últimos días, aumentando su longitud y afectando a algún casetón adicional.

Además, de manera provisional, se van a asegurar los casetones afectados y de la planta segunda; y a delimitar y vallar una superficie de la plaza mayor a la zona afectada para impedir el paso de vehículos de servicio. Por otro lado, los usuarios cuyas plazas se han visto afectadas han sido reubicados en otras zonas del mismo.

Poco a poco, y a base de cruzar las versiones de Maribel Vilaplana y la información facilitada por la empresa que gestiona el aparcamiento Glorieta-Paz, se puede afinar la hora de su salida del parking el 29 de octubre de 2024, el día de la fatídica dana que acabó con la vida de 229 personas. Ante la incertidumbre de saber a ciencia cierta a qué hora abandonó el aparcamiento el vehículo de la periodista, la jueza le ha requerido el número de la tarjeta de crédito con la que abonó el servicio para poder confirmar la hora exacta.

En los próximos días se podrá saber, finalmente, un hecho que ni la propia Vilaplana ni mucho menos el president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, han podido o querido aclarar.

La hora más plausible de salida del parking del vehículo de la periodista, según la información recabada por elDiario.es, sería las 19.47. Justo a esa hora abandonó el aparcamiento un vehículo cuyo conductor o conductora tuvo que abonar 15,10 euros, como se observa en documentación en poder de la magistrada. Por ese precio, el coche estuvo estacionado durante cinco horas y dos minutos, por lo que su entrada al parking habría sido a las 14.45.

Maribel Vilaplana dijo que llegó a El Ventorro sobre las 15.00. Un margen de unos 15 minutos que correspondería al tiempo necesario para estacionar el vehículo y acudir al restaurante, donde ya le esperaba Carlos Mazón.

Las otras horas plausibles por los horarios de salida y los pagos elevados serían las 19.12 y las 19.18. El conductor o conductora que salió a las 19.18 pagó 17,55 euros, por lo que su hora de entrada sería alrededor de las 13.40, algo que contrastaría con la versión de Vilaplana sobre su llegada a El Ventorro. Por su parte, el conductor o conductora que abandonó el garaje a las 19.12 abonó 19,20 euros. En ese caso, su entrada en el parking se habría producido antes de las 13.00, un horario muy alejado al marcado por la periodista.

De esta manera, en el caso de que Vilaplana hubiera abandonado el aparcamiento a las 19.47, significaría que tardó una hora entre que salió del garaje y el momento en que abandonó El Ventorro junto a Carlos Mazón. Cabe recordar que el todavía president en funciones llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19.55.

¿Qué hizo Vilaplana en esa hora que va de las 18.45 a las 19.47? Según relató a la jueza, estuvo paseando tranquilamente con el president de la Generalitat entre El Ventorro y el parking. Posteriormente, conversaron un poco en la puerta y ella se fue a por el vehículo. Tenía el tique en el coche, en la segunda o tercera planta —no lo recordaba—. Bajó a por él, subió y pagó, volviendo a bajar. Se metió en el coche y tomó unas notas en el ordenador. Después apagó bien el ordenador y contestó unos mensajes de WhatsApps personales. Según su versión, todo esto le habría llevado unos 40 o 45 minutos, si se confirma la hora de salida.

Por su parte, el presidente de la Generalitat habría dejado a la periodista sobre las 19.00 en el parking. ¿Qué hizo el presidente hasta las 19.55, cuando llegó al Palau? En la comisión de investigación de la dana negó que pasara por su casa y también que entrara al parking. 55 minutos para ir del aparcamiento al Palau parecen muchos, dada una distancia que puede recorrerse en 10 o 15 minutos según la prisa que se tenga.

La hora de salida del parking de Maribel Vilaplana sigue dejando muchos interrogantes abiertos.

“Ya no puedo más”. El presidente del Gobierno valenciano, ahora en funciones, Carlos Mazón, puso fin así el pasado lunes 3 de noviembre a la huida hacia adelante que emprendió desde que aquel trágico 29 de octubre del pasado año decidió irse de comida cuando la dana ya causaba estragos en Utiel.

Mazón, consciente de que ese ágape en El Ventorro con una eterna sobremesa acabó con su carrera política, centró sus esfuerzos en alargar su supervivencia política primero, y más tarde la judicial, tratando de fabricar un relato plagado de bulos y manipulaciones que multitud de informes oficiales, informaciones periodísticas, testimonios de expertos y sobre todo, los autos de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe, han ido desmontando uno a uno.

Ni las manipulaciones de audios del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o de un predictor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en conversación con un técnico de Emergencias de la Generalitat, ni la retahíla de mentiras que ventila cada vez que tiene ocasión, incluido en su discurso de dimisión, con el ya más que desmontado apagón informativo de ambos organismos estatales como máximo exponente, han podido lograr su objetivo: trasladar la responsabilidad política de la gestión de la emergencia, que es única y exclusivamente de su Consell, al Gobierno de Pedro Sánchez. Al ejecutivo central se le podrá cuestionar la lentitud del despliegue de medios los días posteriores, pero no el flagrante retraso del envío del mensaje de alerta a los móviles de los ciudadanos.

Una demora que un año después se desconoce a ciencia cierta si estuvo relacionada con su interminable comida en El Ventorro, lo cual implicaría presuntas responsabilidades jurídicas para Mazón. Este es el principal motivo por el cual tanto él como la periodista con la que comió en El Ventorro, Maribel Vilaplana, han cambiado en repetidas ocasiones las versiones de lo que sucedió aquella tarde, principalmente en lo relacionado con los tiempos. Los bandazos en las diferentes explicaciones unido a los gritos de los familiares de las víctimas en el funeral de Estado, han acabado por precipitar la salida del presidente del Consell, acorralado y prácticamente sin apoyos.

Todo esto explica también el que el jefe del Consell en funciones haya dimitido con una enorme cantidad de incógnitas por resolver. Y es que sigue sin hacer públicos dos documentos clave. Por un lado, la factura de El Ventorro que permitiría conocer a qué hora salieron del restaurante, teniendo en cuenta que en un primer momento se habló de las 17.30 horas y Presidencia aseguró que Mazón llegó a su despacho a las 18.00 horas. Pero posteriormente, Vilaplana aseguró que salieron entre las 18.30 y las 18.45 horas y el propio presidente aseguró que de allí se fue directo al Palau.

Sin embargo, elDiario.es reveló en su documental '¿Dónde estaba Mazón?' que según un testigo presencial, apareció por allí poco antes de las 20.00 horas. Posteriormente, en otra exclusiva de esta redacción, otro testigo confirmó que llegó a esa misma hora, y además cambiado de ropa: sin chaqueta, sin corbata y con un suéter amarillo, tal y como se aprecia a su llegada al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20.28 horas. Pero es que además, a las pocas horas Levante-EMV reveló que Mazón acompañó a Vilaplana al aparcamiento de La Glorieta, junto al Parterre, donde la periodista tenía aparcado su coche. Así pues, más allá de este último detalle, sigue sin conocerse a ciencia cierta a qué hora salieron de El Ventorro y dónde estuvo el presidente hasta que llegó al Palau casi a las 20.00 horas. Y todo eso mientras ya había personas fallecidas por la riada. El justificante del aparcamiento que ha requerido la jueza a la empresa que lo gestiona aportará algo de luz al respecto.

Además de la factura del restaurante, el presidente en funciones tampoco ha aportado el registro oficial de sus llamadas durante toda aquella jornada. Hasta ahora solo se conoce el listado hecho a mano que ha presentado en las Corts y que solo recoge llamadas entre las 17.37 horas y las 23.29 horas. De este listado lo más llamativo son los 37 minutos en los que su móvil no registra actividad, justamente en los momentos más críticos, entre las 18.57 y las 19.34 horas, coincidiendo con la incógnita sobre su paradero. En esa franja, no coge dos llamadas a las 19.10 y a las 19.36 horas de su exconsellera al mando de la emergencia, Salomé Pradas, cuando le telefoneaba para informarle del envío del Es-Alert.

Por otra parte, Mazón tampoco ha explicado aún dónde se cambió de ropa aquella tarde. En su declaración judicial, Vilaplana aseguró que en el mismo restaurante se quitó la chaqueta y la corbata y se puso el suéter, una situación cuanto menos extraña y que el presidente tampoco ha explicado. En este sentido, una fuente policial conocedora del trabajo de los escoltas revela en el documental realizado por este diario que el presidente pudo pasar por su casa antes de ir al Palau de la Generalitat, algo que niegan desde Presidencia.

Mazón tendrá una buena oportunidad para aclarar todos estos temas este martes a partir de las 16.00 horas en su comparecencia en la comisión de investigación de las Corts. Sin embargo, no parece que vaya dispuesto a aportar mucha luz en forma de documentos. Tanto el PP como Vox han tumbado la petición del PSPV para que el presidente aportara tanto la factura de El Ventorro como el registro oficial de llamadas, lo que no le impide presentarlo de forma voluntaria.

El abogado que consiguió que la periodista Maribel Vilaplana declarara como testigo en la causa de la dana ha pedido a la jueza instructora que se requiera el ticket del parking al que la acompañó el president Carlos Mazón tras la larga comida en el restaurante El Ventorro el pasado 29 de octubre, según un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. El jefe del Consell, según su última versión de los hechos, acompañó a Vilaplana hasta un aparcamiento cercano al establecimiento.

El letrado Ximo Esteve, que ejerce una de las acusaciones particulares de la causa, considera que “a tenor de las recientes informaciones” sobre la “nueva cronología ofrecida” por Mazón y Vilaplana, procedería requerir a la periodista el próximo 3 de noviembre, día de su declaración como testigo, que “aporte ticket o tickets del estacionamiento de su vehículo” en el parking la Glorieta-Paz de València de la tarde de la dana.

El abogado va incluso más allá y pide, que “con carácter subsidiario, en caso de extravío de dicho ticket, o no poseer el mismo, se le requiera” a la empresa que gestiona el aparcamiento “para que aporte el número de identificación de matrícula del vehículo con el que estaba ese día en el parking”. Todo ello “para que este aporte el citado ticket o informe de entrada y salida del vehículo con número de matrícula reseñado”, agrega el escrito.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ordenó el pasado 23 de octubre que declarara en la causa la periodista Maribel Vilaplana. La jueza instructora, pocas horas después del auto de la Audiencia de Valencia, citó a declarar a Vilaplana.

Por otro lado, la misma acusación pide que se cite de nuevo a la investigada Salomé Pradas al considerar que resulta “preciso” para la instrucción que la exconsellera “aclare preguntas de extraordinaria relevancia”, por las “informaciones que se van obteniendo tanto en sede judicial como a través de informaciones periodísticas”.

En caso de “no considerar oportuna dicha comparecencia” por parte de la jueza, la acusación que ejerce Esteve “se reserva” el derecho a solicitarla“ más adelante.

La última decisión de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), sobre el polémico proyecto de construcción del parking de autocaravanas de Mataleñas ha generado gran revuelo entre los partidos políticos de la oposición, quienes han coincidido en que, tras haber afirmado que estaba esperando a construirlo para “tapar bocas”, sus propias palabras se le han vuelto en contra. Tras el encuentro mantenido a finales de agosto con los representantes de la plataforma ciudadana que se oponen a la construcción del parking, en el que Gema Igual negó la paralización del mismo, este jueves les ha planteado su nueva postura: eliminarlo después de recibir los fondos europeos y destinarlo finalmente a estacionamiento para coches.

El proyecto cuenta con una financiación de aproximadamente 800.000 euros dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, que dispone de un total de cuatro millones. Según ha explicado la alcaldesa a los vecinos, una vez finalizada la obra, el Ayuntamiento planea modificar el diseño original, suprimiendo las 30 plazas destinadas a autocaravanas y reconvirtiendo toda el área en aparcamiento para vehículos. El ancho de la plataforma se reduciría ligeramente e incluiría dos líneas de parking, que añadirían nuevos estacionamientos a la zona.

“Esta rectificación no es fruto de la reflexión, sino de la presión social y del rechazo ciudadano”, ha señalado este viernes Daniel Fernández, el secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, quien considera que la reciente decisión de Igual se trata, en el fondo, de “una derrota de la soberbia con la que gobierna”. En una línea similar, el portavoz del PRC, Felipe Piña, ha reprochado a la alcaldesa “no escuchar a los vecinos de la ciudad” y ha añadido que “viaja en una nube” y sostiene que la ubicación del aparcamiento “no era la más adecuada”, por lo que ya presentó una moción en el Pleno ordinario del pasado mes de abril.

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida (IU) en Santander, Keruin P. Martínez, también ha criticado la gestión de la alcaldesa, aunque ha subrayado que, “en lugar de persistir en la soberbia de intentar tapar bocas, su última decisión es un acierto”, y le ha felicitado por “haber escuchado a la ciudadanía, aunque fuera a regañadientes”.

IU está a la espera de que el equipo de gobierno del PP detalle la nueva propuesta, ya que su rechazo hacia el proyecto “no iba por las autocaravanas, sino por el previsible destrozo del entorno que supone una intervención tan grande”. Además, Martínez ha recordado que su partido denunció que el plan carecía de estudio de impacto ambiental, pese a estar en un entorno litoral protegido, y que no contaba con respaldo del Plan General de Ordenación Urbana, al requerir un Plan Especial que “permanece en un cajón”, por lo que cree que “este paso atrás evita problemas futuros al Ayuntamiento”.

Tanto PSOE como IU han alertado de que, con la nueva propuesta, los problemas persisten, y cambiar la finalidad de los fondos europeos podría suponer un “fraude de ley”, poniendo en riesgo la credibilidad de Santander ante la Unión Europea: “Europa pone el dinero para transformar la ciudad hacia la sostenibilidad y la modernidad, y Gema Igual lo destina a aparcamientos improvisados”, ha declarado el portavoz socialista Daniel Fernández, a lo que ha añadido que “eso es engañar a Europa y defraudar a los santanderinos”.

La rectificación de la alcaldesa parece ser una solución a la polémica sobre el aparcamiento de Mataleñas, pero los partidos de la oposición insisten en que el proyecto deja al descubierto la improvisación del equipo de gobierno del PP ante la presión social, así como los riesgos que conlleva alterar fondos europeos “según la conveniencia política”.

Asimismo, el PSOE ha felicitado a la plataforma vecinal que ha recogido miles de firmas y mantenido una oposición firme al proyecto: “Son los vecinos y vecinas quienes han hecho posible que se reconsidere esta obra, demostrando que la movilización ciudadana es más fuerte que la soberbia de la alcaldesa”.

Los usuarios de las plantas cuarta y quinta del parking de residentes de La Concha, en Donostia, se han hartado. La rotura de la luna del coche de una usuaria fue la gota que colmó el vaso y los ha llevado a organizarse, pero antes había habido muchas otras que lo habían ido llenando hasta casi rebosar: varios hurtos y robos, gente orinando y defecando en las instalaciones, agresiones y una sensación general de inseguridad. Cifran en “más de 100” las incidencias acaecidas en los últimos meses. “Ya no nos atrevemos a bajar solos a nuestras plazas. La dejación de funciones de vigilancia y seguridad por parte de la [empresa] concesionaria es total: no hay vigilancia alguna y estamos sotenidos a la ley del más fuerte”, se quejan. Miran también al Ayuntamiento, al que acusan igualmente de “dejación de funciones”.

Hace mes y medio, a una usuaria del aparcamiento le rompieron la luna del coche y le robaron las pocas pertenencias que había dejado en él. Al subir a quejarse a la garita, se le comunicó que no había instaladas cámaras de seguridad, por lo que no se podía revisar nada. “Dándole vueltas, no me podía creer que, con lo que pagamos al mes, no haya ni una mísera cámara de seguridad para vigilar los vehículos”, comenta, indignada, la usuaria. Según los datos ofrecidos por los propios usuarios, por la concesión de una plaza en la quinta planta se pagaron en su momento más de 24.000 euros, mientras que los pagos por las de la cuarta ascendieron a más de 30.000. Al mes se abonan alrededor de 55 euros. Este suceso la condujo a dejar un papel en los pocos coches que, por las fechas veraniegas, había estacionados, llamando a la unión de otros usuarios para protestar y reclamar.

En ese paseo por zonas del parking que no había visto hasta entonces para dejar los papeles, se percató de que la empresa concesionaria estaba “incumpliendo de forma muy grave” el pliego de condiciones firmado con el Ayuntamiento. Para su sorpresa, y pese a que asegura que nunca solía ver a nadie por allí, esta empresa retiró los papeles. Ella los volvió a colocar, de tal manera que muchos otros usuarios se pusieron en contacto y de ahí surgió un grupo de WhatsApp que ha dado lugar después a una asociación. Ya cuentan con un abogado, se ha constituido la junta y se están ultimando los estatutos.

“Es una pasada las cosas que cuenta la gente”, explica. A la falta de mantenimiento y la suciedad de ambas plantas de aparcamiento, se suma el hecho de que hay gente que duerme dentro del coche. También hay usuarios que se han topado con personas haciendo sus necesidades en las instalaciones. “A otro le rajaron las ruedas. Hay gente que ya está aparcando en otros sitios porque les da miedo”, asevera. Y no para ahí: se ha robado un coche, hay quienes accedieron con una furgoneta y bajaron para llevarse una moto de 500 centímetros cúbicos y, además, ha habido otros robos, atracos y más roturas de luna. En las fotografías más recientes del parking, se pueden ver también grandes desconchados en el suelo, deshechos acumulados en las esquinas y ascensores rayados.

El comunicado que han lanzado esta semana es duro. “Estamos hartos e indignados de ser el último mono al que no se le aplican las medidas de seguridad acordadas para otros aparcamientos (con acceso único y solo con tarjeta a partir de una hora), hartos de ser siempre los olvidados, hartos y enfadados y preocupados por la actuación de la [empresa] concesionaria y la dejación y permisividad del Ayuntamiento en materia de seguridad”, reza el escrito. Ante esta situación, exigen que se “bunquericen” ambas plantas de aparcamiento, de tal forma que los residentes sean los únicos que puedan acceder. A esta exigencia añaden la necesidad de implantar seguridad privada. “Lo que tenemos claro es que ya no vamos a callar y que, además de hartos e indignados, lo que no queremos es lamentar desgracias personales (que al ritmo de deterioro que llevamos ocurrirán más pronto que tarde) y que el incumplimiento de la concesionaria y la dejadez del Ayuntamineto al menos sean públicos, para que nadie alegue ignorancia y, desde luego, asuma su responsabilidad”, remachan.

No solo este aparcamiento

El RAC Vasco Navarro, que ha adelantado la noticia de la puesta en marcha de la que se conocerá como Asociación de Usuarios del Parking de La Concha de Donostia, incide en que la falta de seguridad no es asunto exclusivo de este aparcamiento, sino que se extiende a otros y a otras zonas de la ciudad. “Estaremos peor o mejor que otras ciudades, pero la realidad es que la inseguridad y los actos vandálicos con los que nos encontramos a diario los donostiarras nada tiene que ver con la tranquilidad de hace unos pocos años”, se quejan desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro. “La habilidad de los residentes del parking a la hora de organizarse ha puesto al descubierto una realidad que por desgracia no solo se da en este aparcamiento; empieza a ser una constante en el resto de los aparcamientos, pero también en el resto de la ciudad. Una realidad silenciada por quien tiene la obligación de garantizarla”, abundan.

La presentación en sociedad está prevista para el 15 de septiembre, fecha en la que celebrarán la primera reunión oficial de la asociación en un hotel que ha cedido sus instalaciones. Los impulsores de la asociación para velar por los intereses de los aparcamientos de La Concha son conscientes de que su situación no es única en la ciudad. “Nos tendríamos que unir toda la ciudad”, aseguran. Aun así, por el momento se van a centrar en aquello en lo que pueden centrarse: en exigir que se cumplan las condiciones acordadas en los pliegos que atañen a sus instalaciones. Protestan, además, porque el Ayuntamiento prometió que los iba a recibir y ha acabado por dilatar la espera y retrasar la cita con ellos hasta septiembre. “Por mucho que lo saben, no han hecho absolutamente nada. Cada uno ha ido por su cuenta a poner las denuncias y quejarse y nos han tomado el pelo durante todo este tiempo”, lamenta. Ahora, la asociación, ya constituida, con junta y los estatutos en camino, ya está en marcha, con la vista puesta en el 15 de septiembre.

La Comisión para la Defensa de Mataleñas acudirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a Europa y a los tribunales “si hace falta” para denunciar que el parking de autocaravanas que el Ayuntamiento va a construir en esta zona de Santander es “ilegal” y defender este paraje natural “de gran valor ambiental y social”.

Así lo han anunciado los portavoces del colectivo, Concha Calzada y Arsenio Callejo, este viernes en rueda de prensa, en la que han avanzado que si la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), con la que tienen previsto reunirse la próxima semana, mantiene su postura respecto a este proyecto, tomarán “las medidas que hagan falta” porque no van a permitir que “nos destruya la zona”.

Según han subrayado, “no es comprensible” que los fondos europeos destinados a “renaturalizar” entornos urbanos se utilicen para “urbanizar”. Y es que la Comisión, que ha tenido acceso al documento del proyecto de forma “extraoficial”, ha insistido en que “los muros existen y el búnker es una realidad” y “donde hay árboles ponen hormigón”.

El colectivo, del que forman parte la Asociación de Vecinos de Cueto y otros ciudadanos, señala que el Plan de Sostenibilidad Turística “habla de naturalización y adecuación de aparcamientos ya existentes, en ningún momento habla de nueva construcción de un aparcamiento de autocaravanas”.

Y el Plan Especial de Mataleñas, “si se refiere al Área Específica 90 del Plan General de Ordenación Urbana vigente, no está aprobado, ni ha salido a exposición pública, y, por lo tanto, no ha habido periodo de alegaciones”.

Detalles del proyecto

La Comisión ha detallado que el documento del proyecto al que ha tenido acceso contempla que “absolutamente todo el perímetro del aparcamiento va rodeado de muros”, para los que se destina una partida específica de 248.197 euros (de un presupuesto total de 1,33 millones de euros).

En concreto, señala la existencia de tres tipos de muros, de 2,85, 2 y 1,40 metros de altura, elaborados con 257 metros cúbicos de hormigón, que se van a instalar en un total de 970,4 metros lineales, y a los que se suma una valla metálica.

Además, “solo el 3,59%” del presupuesto se dedica a jardinería y “el 85% restante es obra civil” para hormigón, asfalto y baldosas. En este punto, se recoge la “demolición” de los pinos existentes, que tienen “más de cien años”, y la construcción de zonas ajardinadas en las que se plantarán robles y arbustos.

También el proyecto incluye, según han indicado, habilitar un camino para el tránsito de los vecinos que va a “atravesar fincas privadas” y la acera “mide 1 metro cuando el mínimo legal es de 1,80”.

La Comisión ha apuntado que no está “en contra” de las autocaravanas pero aboga por que se las habilite un espacio “a las afueras” de la ciudad. En este sentido, ha apuntado que “30 plazas no son suficientes”.

Asimismo, tampoco quiere “que se tiren” los fondos europeos. Ha indicado que ellos tienen un proyecto, cuya propuesta apuesta por el arreglo y el adecentamiento de los aparcamientos de la playa de Mataleñas y del campo de golf, “con material o pavimento verde o ecológico, no aglomerado”.

De esta forma, el colectivo ha pedido a la regidora “sentido común” y que les “escuche”, al tiempo que ha recordado que hasta el momento ha recogido 8.000 firmas en contra del parking de autocaravanas en Mataleñas.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha defendido este martes la construcción del polémico parking de autocaravanas de Mataleñas que en los últimos días ha provocado la manifestación de cientos de vecinos y vecinas, tanto en el lugar en el que se situará como en la propia Plaza del Ayuntamiento. “Estoy esperando a que se construya para tapar muchas bocas”, ha recalcado la regidora municipal.

En este sentido, los cientos de manifestantes y miles de firmas recogidas contra este proyecto no han sido suficiente motivo para el equipo de gobierno del PP en Santander como para replantearse su postura respecto a la paralización de una iniciativa que ha despertado las críticas por su configuración, tal y como ha señalado la alcaldesa: “No nos hemos replanteado la situación porque es un aparcamiento que ya existe y que vamos a arreglar”.

El proyecto supone la pavimentación de 3.846 metros cuadrados y el asfaltado de otros 3.200 metros cuadrados y está vinculado al Plan de Sostenibilidad Turística de Santander, que cuenta con un presupuesto de 1,33 millones de euros, de los que 800.000 se financian con fondos europeos que, si no se lleva a cabo, tendrían “que devolver”, según ha dicho Igual a preguntas de los periodistas.

Asimismo, está previsto que se construya un cierre perimetral mediante un muro de hormigón de hasta dos metros de altura, lo que supone una adaptación del terreno con la que los vecinos de la zona no están de acuerdo, ya que ello supondría modificar un espacio natural que está incluido en el ámbito del Geoparque Costa Quebrada, reconocido como tal por la Unesco.

Sin embargo, Gema Igual ha negado la construcción de dicho muro, así como la tala de varios árboles que también será consecuencia de la construcción del parking de autocaravanas: “Puede que se quiten un máximo de nueve pinos, pero se ponen 119 árboles autóctonos”, ha defendido durante su intervención, al tiempo que ha señalado que “los autocaravanistas no son turistas de quinta o de sexta”.

La alcaldesa ha justificado la construcción del parking por la supuesta presencia descontrolada de las autocaravanas que se encuentran actualmente repartidas por Cueto, añadiendo que no tiene la capacidad de “controlar” los dos aparcamientos de los que dispone el municipio, pero que sí puede arreglar y regular el nuevo espacio, que será de pago.

La plataforma de vecinos ha anunciado la petición de mantener una reunión formal en la que se pueda discutir el proyecto, pero Igual ha asegurado que ya han tenido lugar varios encuentros y que “es difícil reunirse con quien tiene una idea preconcebida y no quiere escuchar, solamente quiere salir en los medios de comunicación”.

Además, la alcaldesa ha indicado que ya se han mantenido reuniones al respecto, el proyecto ya está en licitación, tiene ofertas que se están valorando, y está “a punto de comenzar”, por lo que ha instado a los vecinos críticos a “respetar el proyecto”. “El proyecto está totalmente explicado, entonces... ¿27 reuniones o 37 son las necesarias? Es absurdo”, ha valorado.

La regidora ha confiado en que el tiempo “dará la razón” al equipo de gobierno porque, según ha defendido, el aparcamiento “va a estar mucho mejor de lo que está ahora” y “no hay nada de las amenazas que muchas voces críticas o malintencionadas pueden hacer ver”. “El tiempo pone a cada uno en su sitio y debemos de ejecutar esa obra para que se vea”, ha dicho.

Cientos de personas se han concentrado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander en la mañana de este lunes para protestar contra el proyecto de construcción de un parking de autocaravanas en Mataleñas.

La concentración de protesta se ha llevado a cabo dos días después de que se llevara a cabo una movilización en el mismo Mataleñas a la que acudieron 400 personas, sobre todo vecinos de la zona de Cueto.

El sábado también mostraron su rechazo y exigieron la paralización del parking proyectado por el Ayuntamiento en este espacio natural y paso habitual hacia la playa, un proyecto para construir un espacio hormigonado capaz de acoger 30 plazas reguladas para autocaravanas. Los organizadores llevan recogidas más de 8.000 firmas contra este proyecto.

El proyecto supone la pavimentación de 3.846 m2 y el asfaltado de otros 3.200 m2, ambos no permeables. Asimismo, está previsto construir un cierre perimetral para este espacio mediante un muro de hormigón que en algunos tramos podrá tener hasta dos metros de altura.

“Estamos realmente contentos por toda la gente que está presente aquí. Calculamos que 1.000 personas por el número de firmas recogidas”, ha valorado Concha Calzada, vecina de Cueto y portavoz de los organizadores. Estos han destacado que a las protestas están acudiendo “personas de todas las ideologías, de toda procedencia social y económica, defendiendo todos a una que no queremos un búnker de cemento donde hay árboles ni caravanas en el centro de la ciudad reventándonos el espacio. Es una reivindicación transversal”, ha añadido.

Asimismo, se demanda que los fondos europeos comprometidos para este proyecto se dirijan a otras iniciativas para que no se pierdan. “Entendemos que se puede modificar el uso de los fondos europeos”.

“Los fondos europeos son para árboles, no para hacer un búnker de hormigón, con más de 920 metros de muro de más de dos metros de altura y con capacidad para solo 30 caravanas, lo que no soluciona el problema”, ha insistido la miembro de la Comisión y vecina de Cueto desde hace más de 25 años.

Así, Calzada ha enfatizado que “la política tiene que dar soluciones y no ocurrencias” y, por ello, la Comisión solicitará este martes una reunión con la alcaldesa para trasladarle esa propuesta y creen que “puede haber un punto de encuentro y razonamiento” más cuando, a juicio de este colectivo, el parking proyectado “es ilegal” por el cambio de uso del suelo.

Los manifestantes proponen una ordenación del actual aparcamiento del campo de golf y que se haga un enorme parque para todo el vecindario en la zona prevista para construir el parking de autocaravanas. Las autocaravanas tendrían que estar fuera de la ciudad, a su juicio, “en el mejor parking del mundo”.

Los organizadores solicitarán este martes una entrevista con la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual (PP) para expresarle sus críticas y ofrecerle una contrapropuesta. “Entendemos que puede haber un punto de encuentro” -ha señalado la portavoz- “la obra va contra el Plan General y esos fondos mal utilizados son un auténtico desperdicio. Si se utilizan para destrozar el paisaje son una desgracia. Con un poco de sentido común se puede hacer un maravilloso proyecto”.

Han mantenido un contacto con el concejal de Urbanismo. “Esperemos que pasen del empeño a la razón y al diálogo. Pero, si esto no lo paran, nosotros no vamos a parar. Si hay que ir a los tribunales, iremos. Pero no nos talarán los árboles ni reventarán la ciudad con fondos europeos y nuestros”, ha concluido.

Els garatges a cobert ja tenen un valor semblant a Palma que un habitatge familiar situat a una capital de província de l'Espanya buidada i, per tant, molt menys turística. Només cal un rastreig ràpid per les webs dels principals portals immobiliaris per comprovar-ho. Hi ha, en concret, una plaça a la capital mallorquina que costa el mateix que un pis de 110 metres quadrats al centre històric de Càceres: 185.000 euros.

Aquest és el preu d'un anunci que està penjat al vidre de l'oficina d'una immobiliària situada a la Plaça des Fortí: fins fa una dècada, l'epicentre d'un barri de classe mitjana, i, des d'aleshores, un dels punts de fricció entre la Palma turística i la residencial. Encara que el seu terme és gran (200 quilòmetres quadrats, més del doble que l'illa de Formentera), al cabdell del vuitè municipi més gran del país no hi ha res gaire lluny. La plaça de garatge que s'anuncia a l'aparador de la immobiliària queda a un quart d'hora a peu. Concretament, a Jaume III, “enfront del Corte Inglés” i a “un edifici d'alt standing”.

Des que es va obrir al trànsit a la postguerra, aquesta avinguda amb nom de rei ha estat un bastió de l'alta burgesia palmesana. Una gran via. Qualsevol mallorquí sap que és la milla d'or de la seva capital insular. A qualsevol foraster que li agradi observar tampoc li costaria gaire esforç constatar-ho. A més dels grans magatzems més famosos d'Espanya, botigues, franquícies i plaques de despatxos d'arquitectura, bufets d'advocats, notaries. Tot i això, la plaça no troba comprador malgrat aquests supòsits atractius, tal com ha comprovat elDiario.es.

L'anunci ja estava penjat al febrer i, de moment, cap fortuna ha cregut raonable pagar els 9.893 euros per metre quadrat (la plaça en té una mica menys de vint) que demana el venedor per un garatge que permet aparcar sense raigs “cotxes grans, estil Porsche Cayenne o Mercedes GLA”. A l'oficina prefereixen “no donar detalls dels plans del venedor, per confidencialitat”.

Menys de 10.000 euros, només aparcaments per a motos

Aquest cas no és una excepció, sinó el més cridaner d'una bombolla que també converteix en un luxe l'aparcament sota sostre. A la perifèria de la capital de Balears, els garatges a la venda superen els 20.000 euros. Si una plaça crida l'atenció per valdre menys de la meitat, cal fixar-se en la lletra petita: els dobles dígits són per a un cotxe; els dígits simples, per a una moto.

El preu dels garatges augmenta a poc a poc segons el rastreig s'apropa a les avingudes que delimiten l'antic casc emmurallat de Palma. Intramurs, el valor de l'aparcament subterrani es multiplica exponencialment. La norma que dicta el mercat és que, al centre palmesà, una plaça costi més de 100.000 euros. Una zona d'una mica més de dos quilòmetres quadrats que, des de l'1 de gener i fins al 2030, anirà restringint cada cop més la circulació i l'estacionament de vehicles de motor.

L'efecte en uns barris cada vegada més exclusius també es podria notar als garatges, tan escassos en tractar-se de finques molt antigues (moltes, construïdes fa més d'un segle) que gairebé no s'ofereixen en lloguer. Per arrendar una plaça les opcions porten als barris que envolten les avingudes de Palma i, allà, el cost mensual no baixa dels 200 euros. Diversos anuncis animen a invertir entre mig milió i un milió i una mica en grans cotxeres (trenta, quaranta, cinquanta places) perquè el negoci és evident.

La DGT va aportar el 2023 una dada que es pot relacionar amb especulació rampant dels pàrquings: a les Illes Balears hi ha actualment 986 vehicles per cada 1.000 habitants. Gairebé un deu per cent del parc mòbil és la flota legal de lloguer, que ha crescut en paral·lel al nombre de turistes. Actualment, més de 18 milions cada any: aproximadament, la mateixa quantitat de persones que va visitar l'arxipèlag entre el 1960 i el 1973, la dècada llarga del boom turístic. Una allau humana que, a més d'obrir una bretxa insalvable entre qui té garatge i qui no, ha esdevingut tema de conversa.

El problema per aparcar

L'estiu passat, una cançó de dos músics mallorquins –la banda Xanguito i Tomeu Penya, veterà del country català– van posar de moda uns versos que descriuen què li passa de maig a octubre a qui condueix des dels pobles de la Part Forana fins al centre de la ciutat: “Duc mitja hora fent voltes per Palma, i encara no he trobat aparcament”.

Els garatges, per tant, han esdevingut la prolongació de l'avarícia immobiliària que ofega un percentatge cada cop més gran de la ciutadania balear. Un dels darrers estudis –el baròmetre elaborat per la Fundació Lloguer Segur i la Universitat Rey Juan Carlos– va constatar que l'arxipèlag continua sent la comunitat autònoma on els lloguers són més cars. Gairebé 1.650 euros de mitjana: més de tres quartes parts dels ingressos d'un ciutadà tipus es pagaran el lloguer si viu sol i no disposa d'ajuda familiar. Igual que a Barcelona, alguna cosa més que a Madrid. L'efecte dels capitals estrangers sobre Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera són evidents: de cada tres transaccions immobiliàries, una la signa una persona que no té passaport espanyol (alemanys, britànics, danesos, suecs, holandesos…). El doble que la mitjana nacional.

Aquestes dades es van conèixer a principis d'abril, dies després que només 3.500 persones es manifestessin a Palma per reclamar que el dret a una llar digna (recollida a la Constitució) es compleixi a Balears i dies abans que el Parlament rebutgés –vots en contra del PP i VOX, vots a favor de la resta de grups– una moció presenta com a zona tensionada. A la mateixa sessió parlamentària, el Govern de Marga Prohens va tirar endavant un decret que permetrà requalificar com a urbans les parcel·les rústiques que es trobin a la perifèria de la quinzena de municipis de les Illes Balears que tenen més de 20.000 habitants. El suport dels diputats d'ultradreta va ser essencial per permetre que se segueixi construint en un territori finit que, des de començament de segle, ha augmentat un terç la seva població mentre es desplomava el PIB per càpita.

Los garajes a cubierto ya tienen un valor parecido en Palma que una vivienda familiar situada en una capital de provincia de la España vaciada y, por tanto, mucho menos turística. Basta un rastreo rápido por las webs de los principales portales inmobiliarios para comprobarlo. Hay, en concreto, una plaza en la capital mallorquina que cuesta lo mismo que un piso de 110 metros cuadrados en el centro histórico de Cáceres: 185.000 euros. 

Ese es el precio de un anuncio que está colgado en el cristal de la oficina de una inmobiliaria situada en la Plaça des Fortí: hasta hace una década, el epicentro de un barrio de clase media, y, desde entonces, uno de los puntos de fricción entre la Palma turística y la residencial. Aunque su término es grande (200 kilómetros cuadrados, más del doble que la isla de Formentera), en el cogollo del octavo municipio más grande del país nada está demasiado lejos. La plaza de garaje que se anuncia en el escaparate de la inmobiliaria queda a un cuarto de hora a pie. Concretamente, en Jaume III, “frente al Corte Inglés” y en “un edificio de alto standing”. 

Desde que se abrió al tráfico en la posguerra, esta avenida con nombre de rey ha sido un bastión de la alta burguesía palmesana. Una gran vía. Cualquier mallorquín sabe que es la milla de oro de su capital insular. A cualquier forastero al que le guste observar tampoco le costaría demasiado esfuerzo constatarlo. Además de los grandes almacenes más famosos de España, boutiques, franquicias, y placas de despachos de arquitectura, bufetes de abogados, notarías. Sin embargo, la plaza no encuentra comprador pese a estos supuestos atractivos, tal y como ha comprobado elDiario.es. 

El anuncio ya estaba colgado en febrero y, de momento, ninguna fortuna ha creído razonable pagar los 9.893 euros por metro cuadrado (la plaza tiene algo menos de veinte) que pide el vendedor por un garaje que permite aparcar sin rayones “coches grandes, estilo Porsche Cayenne o Mercedes GLA”. En la oficina prefieren “no dar detalles de los planes del vendedor, por confidencialidad”.

Menos de 10.000 euros, sólo aparcamientos para motos

Este caso no es una excepción, sino el más llamativo de una burbuja que también está convirtiendo en un lujo el aparcamiento bajo techo. En la periferia de la capital de Balears, los garajes a la venta superan los 20.000 euros. Si una plaza llama la atención por valer menos de la mitad hay que fijarse en la letra pequeña: los dobles dígitos son para un coche; los dígitos simples, para una moto. 

El precio de los garajes aumenta poco a poco según el rastreo va acercándose a las avenidas que delimitan el antiguo casco amurallado de Palma. Intramuros, el valor del aparcamiento subterráneo se multiplica exponencialmente. La norma que dicta el mercado es que, en pleno centro palmesano, una plaza cueste más de 100.000 euros. Una zona de algo más de dos kilómetros cuadrados que, desde el 1 de enero y hasta 2030, irá restringiendo cada vez más la circulación y el estacionamiento de vehículos a motor. 

El efecto en unos barrios cada vez más exclusivos también podría notarse en los garajes, tan escasos al tratarse de fincas muy antiguas (muchas, construidas hace más de un siglo) que apenas se ofertan en alquiler. Para arrendar una plaza las opciones llevan a los barrios que rodean las avenidas de Palma y, allí, el coste mensual no baja de los 200 euros. Varios anuncios animan a invertir entre medio millón y un millón y algo en grandes cocheras (treinta, cuarenta, cincuenta plazas) porque el negocio es evidente. 

La DGT aportó en 2023 un dato que puede relacionarse con especulación rampante de los parkings: en las Illes Balears hay actualmente 986 vehículos por cada 1.000 habitantes. Casi un diez por ciento del parque móvil, es la flota legal de alquiler, que ha crecido en paralelo al número de turistas. Actualmente, más de 18 millones cada año: aproximadamente, la misma cantidad de personas que visitó el archipiélago entre 1960 y 1973, la década larga del boom turístico. Una avalancha humana que, además de abrir una brecha insalvable entre quien posee garaje y quien no, se ha convertido en tema de conversación. 

El problema para aparcar

El verano pasado, una canción de dos músicos mallorquines –la banda Xanguito y Tomeu Penya, veterano del country catalán– pusieron de moda unos versos que describen qué le ocurre de mayo a octubre a quien conduce desde los pueblos de la Part Forana hasta el centro de la ciudad: “Duc mitja hora fent voltes per Palma, i encara no he trobat aparcament” (que tiene una traducción fácil y literal al castellano: llevo media hora dando vueltas por Palma, y todavía no he encontrado aparcamiento). 

Los garajes, por tanto, se han convertido en la prolongación de la avaricia inmobiliaria que ahoga a un porcentaje cada vez más grande de la ciudadanía balear. Uno de los últimos estudios –el barómetro elaborado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos– constató que el archipiélago sigue siendo la comunidad autónoma donde los alquileres son más caros. Casi 1.650 euros de media: más de tres cuartas partes de los ingresos de un ciudadano tipo se van a pagar el alquiler si vive solo y no dispone de ayuda familiar. Lo mismo que en Barcelona, algo más que en Madrid. El efecto de los capitales extranjeros sobre Menorca, Mallorca, Eivissa y Formentera son evidentes: de cada tres transacciones inmobiliarias, una la firma una persona que no tiene pasaporte español (alemanes, británicos, daneses, suecos, holandeses…). El doble que la media nacional.

Esos datos se conocieron a principios de abril, días después de que apenas 3.500 personas se manifestaran en Palma para reclamar que el derecho a un hogar digno (recogido en la Constitución) se cumpla en Balears y días antes de que el Parlament rechazara –votos en contra de PP y VOX, votos a favor del resto de grupos– una moción presentada por Unides Podem para declarar todos los municipios de las cuatro islas como zona tensionada. En la misma sesión parlamentaria, el Govern de Marga Prohens sacó adelante un decreto que permitirá recalificar como urbanos las parcelas rústicas que se encuentren en la periferia de la quincena de municipios de las Illes Balears que tienen más de 20.000 habitantes. El apoyo de los diputados de ultraderecha fue esencial para permitir que se siga construyendo en un territorio finito que, en lo que va de siglo, ha aumentado un tercio su población mientras se desplomaba el PIB per cápita.

Investigadores de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han llevado a cabo la detención de una persona, por su participación en un Delito de Tentativa de Estafa. El presunto autor interpuso una denuncia en otra comunidad autónoma en la que manifestaba que tras estacionar su vehículo en un espacio breve de tiempo en un parking de Logroño otro vehículo le habría producido daños en el suyo tras una colisión.

Así, se inició una investigación por parte de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja para el esclarecimiento de los hechos. Se pudo observar a través de las cámaras de videovigilanca cómo el presunto autor estacionó su vehículo y permaneció en las inmediaciones del mismo, hasta mantener una conversación con la persona que estacionó otro vehículo a su lado, sin que se produjera ningún impacto entre ambos vehículos. También se ha podido comprobar en las imágenes que el vehículo del denunciante ya presentaba, en el momento de acceder al parking, los daños que manifiestanba en su denuncia.

Cuando la persona elegida al azar estacionó el vehículo al lado del denunciante, este se dirigió a ella para decirle, faltando a la verdad, que le había dado un golpe a su coche. La ciudadana no le dio mucha importancia a este comentario puesto que no era cierto y siguió su camino.

El presunto autor urdió supuestamente todo este plan con el fin de denunciar, faltando a la verdad, en otra comunidad autónoma un accidente por impacto de otro vehículo en un parking de Logroño, con el objetivo de dificultar la investigación policial y conseguir, al dar parte a su seguro, la percepción de una cantidad económica que no le correspondía al no tener asegurados los daños ‘a todo riesgo’.

Las empresas concesionarias de los aparcamientos públicos de Madrid ingresan al Ayuntamiento, de media al año, un canon de 170 euros por plaza a cambio de su explotación. Sin embargo, al sumar lo que llegan a facturar de los usuarios, la cifra supera los 2.680 euros anuales de media por cada sitio de aparcamiento. Esto significa que por la explotación de las plazas ganan hasta 16 veces más de lo que tienen que abonar a las arcas públicas. 

Los tres aparcamientos que más facturan, Hernani, Plaza de Oriente y Sánchez Bustillo, pagan de canon entre 49 y 70 euros por plaza al año mientras que sus ingresos son de más de 6.300 euros anuales por plaza. Así figura en los datos obtenidos vía portal de transparencia por elDiario.es tras presentar una solicitud de acceso a la información al Ayuntamiento de Madrid vinculada a los 40 aparcamientos de titularidad pública cuya explotación actualmente está cedida a empresas, grandes fortunas, constructoras y multinacionales.

Estas cantidades corresponden, por un lado, a la media anual de recaudación de las concesionarias entre 2018 y 2023 (último año con datos disponibles) por cada plaza de aparcamiento abierta al público y, por otro, a las tarifas medias anuales que deben pagar al ayuntamiento por su explotación en forma de canon. Estos acuerdos entre el ámbito público y privado, a cambio de obras e infraestructuras tanto en los subterráneos como en la superficie de estos, se remontan en algunos casos a concesiones realizadas durante el franquismo. 

Los datos obtenidos permiten conocer por primera vez que la recaudación para las empresas se dispara hasta los 34 millones de euros anuales, mientras que las arcas públicas apenas reciben 2,1 millones de euros al año por canon –tarifa por explotación privada–. Es decir, las concesionarias ingresan 16 veces más por este tipo de negocios respecto a lo que pagan al Ayuntamiento. Las cifras también muestran cómo el año 2023 marcó un récord de recaudación para las concesionarias, superando incluso los niveles de ingresos previos a la pandemia. 

Así, mientras el canon se ha mantenido prácticamente fijo a lo largo de los últimos cinco años, ajustándose por el IPC, los ingresos de las empresas han seguido aumentando, pudiendo pagar holgadamente la tarifa exigida por el consistorio.

Los parkings que ingresan más de 6.000 euros por plaza al año son Hernani y Plaza de Oriente que fueron levantados en 1994 por el que fuera alcalde de Madrid durante diez años, Jose María Álvarez del Manzano, del Partido Popular. El de Hernani, ubicado en la zona financiera de Nuevos Ministerios y gestionado por el grupo belga Interparking, tiene una facturación media que supera los 835.000 euros anuales. Según las cifras, recauda 7.200 euros por plaza al año, pero paga 50 euros de canon por cada una. 

El de Plaza de Oriente genera unos ingresos de 1,4 millones de euros y la empresa concesionaria, APK Aparcamientos, paga 14.000 por su explotación en total al año. Con estas cifras, obtiene 6.500 euros de recaudación por cada sitio de aparcamiento y debe pagar 68 de canon. En el siguiente gráfico puedes observar la diferencia que existe y cuánto paga cada empresa por las plazas de parking y los ingresos que ha recibido por cada una de ellas en promedio. 

El aparcamiento de Madrid que más plazas tiene abiertas al público es el de Serrano, compuesto por tres subterráneos que suman 947 plazas en total. Fueron construidos en la época de Alberto Ruiz Gallardón (2003-2011) y el día de su inauguración el exalcalde dijo que, gracias a ellos, “aumentaría el atractivo comercial” en la Milla de Oro. En 2023 la empresa Serrano Park facturó por ellos 6,9 millones de euros y pagó 326.000 de canon.

En el listado también hay aparcamientos que pagan alrededor de 30 euros al año por plaza, como el de Felipe II, ubicado en Goya y explotado por El Corte Inglés. Aquí, la plaza cuesta 26 euros anuales, pero cada una genera una facturación de 1.888 euros. Con valores similares se encuentran Corazón de María o el estacionamiento de Brasil.

Eso sí, entre los que menos aportan al consistorio se encuentra el céntrico aparcamiento de las Descalzas que no paga ningún tipo de canon desde su construcción en 1962 y todos los ingresos, de casi 4.000 euros por plaza al año, se los queda la empresa Aparca SA. Tal y como contamos en elDiario.es, se trata de una concesión otorgada por el alcalde franquista José Finat inicialmente a Emilio Colomina de la Torre, a favor de Construcciones Colomina G. Serrano S.A. 

11.000 euros al mes por arrendar 75 plazas públicas para la policía

El aparcamiento de Sevilla es uno de los subterráneos que más dinero ingresa. Está en manos de Alse Park, anteriormente vinculada a la familia Villar Mir, ex accionista histórico de OHL. Obtiene una facturación anual de más de 2 millones de euros y paga al Ayuntamiento de Madrid alrededor de 58.000 euros. O lo que es lo mismo: por cada plaza recauda 6.200 euros y paga 193 euros de tarifa por explotación.

El parking fue construido en 1965 y traspasado en 2014 a la actual concesionaria. Las reformas de 2017, valoradas en 32 millones de euros, han permitido continuar explotando el parking a favor de manos privadas 10 años más. Además, el consistorio ha arrendado por 11.000 euros al mes 75 plazas de aparcamiento para la Policía Municipal del Distrito Centro desde 2022 hasta 2026, incluidas prórrogas. Es decir, paga por cada plaza pública, cedida a Alse Park, 1.770 euros al año. Desde elDiario.es hemos contactado con el Ayuntamiento de Madrid sobre la gestión de dichas plazas, pero ni el Área de Urbanismo, encargada de los aparcamientos rotacionales, ni el de Obras y Patrimonio, que firmó el contrato, han respondido respecto al detalle de estas condiciones.

A pesar de la remunicipalización de algunos de los estacionamientos durante la etapa de Manuela Carmena (2015-2019), en los cuales ahora el dinero va directamente a las arcas públicas, la llegada de José Luis Martínez-Almeida ha consolidado este tipo de contratos donde la mayoría de los ingresos acaba en manos privadas. A día de hoy, Almeida ya ha renovado las concesiones de los aparcamientos Luna-Tudescos, Velázquez y Santa Ana por 25 años más. 

Entre las condiciones exigidas a los nuevos arrendatarios, el consistorio pide un pago por adelantado del 50% del canon. Un dinero que se verá reflejado en las contabilidades de los próximos años y que, sin embargo, dejará con menos recursos a los gobiernos municipales posteriores, dado que solo recibirán la diferencia de lo que quede por pagar.

Además, según confirman desde el Área de Urbanismo, los próximos aparcamientos que seguirán el mismo camino serán Descalzas, Sevilla, Príncipe de Vergara y Mostenses cuyas concesiones están próximas a caducar entre 2026 y 2028. Algunos de ellos están entre los 10 estacionamientos que más facturan. Según dicen, ya están “preparados para licitar los proyectos de renovación y concesión”.

Madrid ingresa seis veces más cuando gestiona lo público

Los datos analizados también permiten saber que la ciudad de Madrid ingresa seis veces más por los estacionamientos gestionados de manera directa. El consistorio obtiene 12,8 millones de euros de media al año por explotar 13 aparcamientos públicos. Una cifra que va directamente a las arcas públicas y que contrasta con los 2,1 millones de euros que recibe en forma de canon de las empresas. Así consta en las cifras de recaudación de los aparcamientos explotados a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Entre los que más ingresos reportan a la ciudad están el de Plaza de España con una facturación de 2,7 millones de euros de media, seguido del aparcamiento de Plaza Mayor, con 1,9. En quinta posición se encuentra el subterráneo de Fuencarral que fue remunicipalizado en 2019, junto al de Olavide, y que aportan entre 600.000 y 1 millón de euros al año.

En el siguiente buscador puedes conocer el listado de aparcamientos públicos con plazas rotacionales de Madrid, el nombre de la empresa que ha gestionado cada aparcamiento entre los años 2018 y 2023, el dinero recaudado en los últimos cinco años, la cantidad que ingresa cada uno por plaza y lo que pagan las empresas concesionarias al Ayuntamiento de Madrid.

Por primera vez, el Ayuntamiento de Madrid ofrece plazas de aparcamiento a un precio casi gratuito en pleno centro de la ciudad. Lo hace desde este 13 de enero en el de Cortes, justo enfrente del Congreso de los Diputados, debido a un concurso por su explotación que se resolvió de un modo sorprendente.

El área de Movilidad premió en 2023 a las empresas que ofrecieran descuentos en los abonos para residentes, después de varios concursos en los que los precios habían sido muy abultados. Pero al no establecer un mínimo, la unión de las empresas Empark y Edhinor se llevó la adjudicación prometiendo plazas por solo un euro al mes.

Así que este lunes se abre el plazo para que residentes y trabajadores de la zona puedan optar a una de los estacionamientos reservados. Según las condiciones municipales a las que ha tenido acceso Somos Madrid, tendrán preferencia los residentes en el área de influencia (ver al final calles incluidas) con movilidad reducida y, después, los que posean un vehículo eléctrico.

Los trabajadores o titulares de actividades económicas y profesionales dentro de la zona de influencia también podrán optar a estas plazas aunque salvo que tengan un vehículo eléctrico irán detrás en la lista de los residentes, según el orden establecido por las condiciones de acceso. Las condiciones económicas se pueden extender a lo largo del periodo de explotación del parking, que durará al menos una década.

La solicitud de inscripción en lista podrá hacerse desde este lunes de forma presencial el registro de la oficina de Línea Madrid del Distrito Centro, en horario de 9.00 a 14.00, o bien, en cualquier de los registros oficiales existentes. También es posible apuntarse de forma digital, aportando la documentación exigida por el consistorio. La oferta también debería aparecer en este listado de la EMT, aunque a primera hora de este 13 de enero aún no estaba disponible.

La reforma del parking de Cortes fue presentado el pasado mes de diciembre por el delegado de Movilidad, Borja Carabante, cuando explicó que cuenta en total con 476 plazas de aparcamiento distribuidas en cuatro plantas, de las que 123 son las citadas para residentes, 298 de rotación y 55 están reservadas para la distribución urbana de mercancías, puntos de recarga eléctrica y vehículos para la movilidad compartida (dos de ellas para patinetes y otras dos pra bicicletas).

Las condiciones de la oferta ganadora a las que ha tenido acceso este periódico limitan a diez los años propuestos para la explotación, más dos posibles de prórroga, hasta el 2035 (el consistorio permitía hasta 15+2), y apuesta por obtener la mayoría de ingresos a través de las tarifas de rotación, gracias a que el de Cortes es uno de los aparcamientos municipales más rentables. Las cifras las conoce bien la adjudicataria Empark, que gestiona estas instalaciones desde el año 1969 y que recaudaba 2,1 millones de euros anuales hasta la llegada de la pandemia, según las cifras publicadas por el propio Ayuntamiento de Madrid. El canon anual que ha pagado hasta ahora es de 18.000 euros, pero con el nuevo concurso se eleva por encima del millón de euros.

El aparcamiento de Cortes fue adjudicado para su construcción y explotación en 1967, realizándose la puesta en servicio el 4 de enero 1969. Se construyó una primera fase en 1968 y una ampliación en 1993. En el año 2009 se edificó otro aparcamiento para el Congreso de los Diputados, donde también se reformó la urbanización exterior.

Durante las últimas obras de reforma se han encontrado restos arqueológicos de un tranvía que discurría por la plaza de las Cortes, una galería del Canal de Isabel II del siglo XIX y unas conducciones de agua del siglo XVII. Actualmente, se está ejecutando un espacio museográfico que permitirá difundir y dar a conocer estos hallazgos en el nuevo acceso peatonal al aparcamiento, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 

La tala de 15 árboles en una parcela de Chamberí, junto al número 8 de la calle Arapiles, se llevó a cabo sin la preceptiva licencia. Los árboles fueron eliminados sin autorización en el inicio de unos trabajos en los que se construye un aparcamiento subterráneo de cuatro niveles y 130 plazas. Una infraestructura autorizada por el Ayuntamiento de Madrid mediante un plan especial en 2022 y cuyas obras empezaron a comienzos de octubre.

El propio concejal presidente de Chamberí, Jaime González Taboada, reconoció la irregularidad en el pleno celebrado el pasado jueves 17 de octubre, en el que se vivieron algunos momentos de tensión por las protestas de un grupo de afectadas de Arapiles. El edil informó además de que el Gobierno municipal gestiona ya un expediente sancionador, aunque descartó la propuesta de Más Madrid de suspender cautelamente las obras.

“Hay argumentos de sobra para paralizarlas, es una ilegalidad tremenda y manifiesta. Además la oposición vecinal justifica que se pueda hablar de modificar el expediente”, argumenta por su parte Berta Gámez, portavoz en Chamberí de la formación que lidera Rita Maestre.

El propio plan especial aprobado por el Ejecutivo municipal, al que ha tenido acceso Somos Chamberí, incluye un inventario de los 15 árboles presentes en la parcela hasta su tala. Especifica que ocho de ellos debían mantenerse y otros siete trasplantarse. Se trata en total de seis pinos, cinco acacias y cuatro cipreses.

La licencia de obras recayó en un primer momento en Merlin Properties, la mayor sociedad de inversión inmobiliaria cotizada en España, que la vendió posteriomente a la promotora Arapiles Park S.L. Fuentes de la concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad reconocen igualmente a este periódico que “no tenían autorización de este área”.

Un vecino relataba a este periódico el impacto que las talas ha causado en el vecindario: “La denigrante acción se produjo el viernes 4. De golpe y porrazo vimos desaparecer árboles con 80 años de antigüedad, que han sido parte del paisaje los 61 años que llevo viviendo aquí. Han arramplado con árboles de cierto porte, de más de 20 centímetros de diámetro. Incluido un ciprés protegido que fue testigo del antiguo cementerio de Vallehermoso”.

Según el plan especial, el ciprés de 20 centímetros de diámetro en su tronco debía haberse mantenido intacto en su localización, mientras que un enorme pino que alcanzaba los 30 tendría que haber sido trasplantado. Gámez recalca que, pese a estas mediciones, las mediciones de los vecinos indican que “algunos ejemplares rozan los 60 centímetros de diámetro”.

Las talas no han sido la única queja vecinal que ha provocado este nuevo aparcamiento privado. Su malestar se explica además por lo que consideran “una dotación inútil en absoluto necesaria”, como apuntaba este vecino. A pocos metros se ubica el parking público Valle Suchil, con 1126 plazas. Los de Canal, Blasco de Garay y Galileo, también cercanos, cuentan con 112, 461 y 527 respectivamente. “Hay un superávit de 300 plazas en el barrio: el 60% de vehículos están censados en parkings privado y el 40% restante se cubre entre parkings privados y 2000 plazas en superficie”, precisa Berta Gámez. Critica que “el plan especial, donde se justifica la necesidad de la instalación, no menciona ni una solo vez los parkings públicos”.

Los vecinos consideran que detrás de la operación está el aterrizaje en el barrio de dos nuevos campus de universidades privadas: uno de la Alfonso X el Sabio y otro de la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE). “Pero estas 130 plazas tampoco van a solucionarles la vida”, apostillaba el portavoz que conversí con este diario.

La denigrante acción se produjo el viernes 4 de octubre. De golpe y porrazo vimos desaparecer árboles con 80 años de antigüedad, que han sido parte del paisaje los 61 años que llevo viviendo aquí

La seguridad es la otra gran preocupación de los vecinos. En concreto, el efecto en la estructura de sus viviendas: “La cimentación de zapata con la que se levantaron los bloques está dentro de la parcela, ya que era del mismo promotor que construyó los edificios”, exponía el portavoz de los afectados. Opina por ello que las labores de excavación pueden comprometer los cimientos de sus casas.

“Los sistemas de pilotaje actual producen una vibración terrible que sufrirá también el centro quirúrgico oftalmológico HM Eye Center, dependiente de la clínica Hospital Madrid”, alertaba este residente. Otro de sus temores está en la afectación a los sistemas de evacuación: “Durante la ejecución de las obras se efectuará un vaciado de cuatro plantas de profundidad. En los meses que se alargue estaremos desatendidos, por ejemplo, ante una urgencia que requiera a los bomberos. ¿Cómo llegará a un incendio en las viviendas que dan al vaciado? Justo hace poco se produjo un conato de incendio que no pasó a mayores gracias a la actuación tan rápida de los bomberos”.

Los efectos que les preocupan van más allá del periodo de obras: “Después el perjuicio para la salud será recibir los vapores de los respiradores y los sistemas de ventilación en nuestras fachadas, además del dióxido de carbono que emiten los coches. A ello hay que sumar el motor alternativo de diésel, que se instala por si falla la red eléctrica, y que no sabemos si también respirará en nuestra fachada”.

Las talas, un acicate para la lucha vecinal

La ilegalidad manifiesta de las talas reactiva a unos vecinos de Arapiles que en el pasado ya recurrieron, sin éxito, a la vía judicial. En julio, la Sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la legalidad del proceso. Han tratado igualmente de reunirse con el Ejecutivo municipal. Según este vecino, tanto González Taboada como el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, “anularon sus citas en el último momento”. “En el Ayuntamiento tampoco nos dan el proyecto para analizarlo y plantear alegaciones o una revisión de licencia”, critica.

En este contexto, vecinos de Arapiles y otras vías cercanas se han organizado para protestar por la situación. En los bloques de la zona abundan pancartas con el mensaje “Arapiles Parking NO”. El pasado 5 de octubre, varios residentes acudieron a la manifestación de vecinos de las calles Abtao y Cavanilles en Retiro contra una infraestructura similar autorizada por el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida. En ese caso, la amenaza del traslado de una tuneladora de 38 toneladas por encima de bloques de viviendas llevó a que las autoridades tuviesen que detener momentáneamente los trabajos, pese al permiso municipal.

“Poco más de 100 plazas que nadie ha pedido joroban a más de 300 familias”, denunciaba el portavoz vecinal. Una sensación de impotencia que les remueve todavía más con algunos detalles del proyecto, como la instalación de “flores exóticas” para paliar el impacto medioambiental: “Pretenden que el gran sustituto del arbolado sea una línea de plantitas con no más de 40 centímetros”. Una actuación que ahora además se confirma irregular, pero que ya es irreversible. De esos árboles que vieron crecer apenas quedan los tocones, último recuerdo de una vida colectiva y vecinal cercenada.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes el expediente para contratar las obras de construcción del aparcamiento disuasorio intermodal en las explanadas existentes al este y al oeste de los Campos de Sport del Sardinero, con un presupuesto de licitación de 4.191.257 euros y un plazo de ejecución de un año.

El concejal de Fomento y Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha señalado en un comunicado que se avanza así la tramitación del proyecto, una vez modificada la solución constructiva prevista inicialmente, optando por un aparcamiento en superficie que mantiene la ubicación, capacidad (800 plazas) y los objetivos de contribuir al fomento del cambio hacia modos de transporte más sostenibles, priorizando el transporte público colectivo y la movilidad activa en favor de la mejora ambiental y de la salud.

El aparcamiento disuasorio está enmarcado en el plan 'Impulso a la movilidad activa, fomento del cambio modal y transformación digital y sostenible del transporte urbano de Santander', para el que Santander ha recibido una cantidad de 7.801.875 euros de fondos europeos.

Como ha recordado el edil, se constató que el coste del proyecto original ascendía a un importe muy superior al estimado inicialmente en la solicitud de fondos europeos, de modo que se llevó a cabo una revisión técnica -desde el punto de vista estructural, económico y geotécnico- para reducir el presupuesto y ajustarlo a la estimación inicial.

El principal factor que provocó la diferencia del presupuesto final respecto al estimado, ha indicado el edil, reside en las difíciles condiciones geotécnicas que se consideraron en su diseño, resultado del estudio geotécnico ejecutado.

Navarro ha hecho hincapié en los beneficios que va a suponer para los santanderinos, al reducir notablemente el tráfico de vehículos que van al centro de la ciudad y mejorar los accesos con una incorporación directa, mucho más sencilla que la actual desde la glorieta de la Avenida de la Constitución.

Además, incorporará un control de acceso y otro de seguridad; nuevas plazas para motos y recarga de vehículos con marquesinas fotovoltaicas, que no existen en la actualidad; e incluirá la urbanización del entorno con la renovación del pavimento y aceras, nuevo alumbrado y redes de servicios; así como la mejora de la jardinería, que estará dotada con un sistema de riego por goteo con contadores, electroválvulas, programador y sensor de lluvia.

El proyecto incluye también la renovación de la señalización horizontal y vertical de las zonas de actuación; y nuevos bancos y papeleras en la acera del aparcamiento este que unirá el campo de fútbol con la Avenida Pontejos, algunos de ellos con iluminación LED.

Una vez licitado el proyecto, la previsión es iniciar los trabajos antes de final de año y que pueda estar en funcionamiento a finales de 2025. En este tiempo, se definirá la forma de gestión escuchando a todos los sectores afectados y primando los intereses de los santanderinos.

La obra

Las obras, de las que ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento, consistirán en la realización de un aparcamiento en superficie en las dos explanadas existentes al este y al oeste de los Campos de Sport del Sardinero.

En la explanada este se habilitarán 753 plazas de aparcamiento más 20 para personas con discapacidad y 31 plazas de motos. Además, se dispondrá de 34 plazas de recarga de vehículos eléctricos mediante la construcción de marquesinas fotovoltaicas.

En la explanada oeste se habilitarán 97 plazas de aparcamiento de vehículos, 4 plazas para personas con discapacidad, 15 plazas de motos y 24 plazas de autobuses.

Los accesos al aparcamiento este se realizarán por las calles San Agustín y Real Racing Club. En la primera se realizará una conexión con la glorieta de la S-20 para que los vehículos que vienen de fuera de la ciudad puedan acceder y salir del aparcamiento cómodamente. Habrá desde la glorieta una entrada para los autobuses, otra para los vehículos, y una última salida para los vehículos.

La entrada al aparcamiento se hará dejando la calle San Agustín y la salida se realizará por este mismo espacio hacia la glorieta de la S-20. Por la calle Real Racing Club habrá un acceso y una salida de vehículos en la zona central del aparcamiento y una salida en el lateral sur-oeste.

En el aparcamiento oeste todos los vehículos accederán por la calle Real Racing Club, pero los autobuses tendrán que salir por la calle San Agustín. El resto de los vehículos dejarán el aparcamiento por la calle Real Racing Club.

La urbanización se realizará utilizando aglomerado para las zonas donde circulen los vehículos y aceras con baldosa en las que circulen los peatones. Las plazas de aparcamiento se delimitarán con un aglomerado impreso coloreado.

En el aparcamiento este se realizará una acera que conecte con la Avenida de Pontejos en la que se dispondrá mobiliario urbano consistente en papeleras y bancos.

El alumbrado del aparcamiento este se renovará colocando dos nuevas torres de iluminación y farolas en la acera este del campo de fútbol, donde actualmente no hay ninguna.

Para la ejecución de las obras, se retirarán las señales, farolas y focos con iluminación que existen en el centro del aparcamiento, se demolerán aceras y se fresará el pavimento de aglomerado de los dos aparcamientos.

Se trasplantarán los árboles existentes tanto en el aparcamiento este como en el oeste, y en el primero se realizarán parterres con flores.

Además, y para llevar un control de seguridad completo, se proyecta un sistema de circuito cerrado de televisión, compuesto por una serie de cámaras conectadas a un sistema de grabación de imágenes y un monitor.

“Nací en esta plaza hace 78 años, señor Almeida. Era un vergel, era todo árboles. Llegó Alianza Popular, hizo el primer parking, un parking privado, y taló muchos árboles”. Así comenzaba este martes por la noche su discurso Marisa Paredes, la actriz que encabeza la protesta vecinal contra las decenas de talas que se avecinan en la céntrica plaza de Santa Ana y que el Ayuntamiento de Madrid ya ha marcado en sus troncos.

Paredes participaba megáfono en mano en la concentración convocada por la Asociación de Vecinos de Sol y Letras anoche, junto a decenas de vecinos que en mitad de julio, con media ciudad de vacaciones, salían a la calle para intentar frenar lo que califican de un nuevo “arboricidio” del Gobierno de Almeida.

“Ahora usted pretende acabar con 46 árboles (...) se nota que tiene sombra debajo de su casa, señor alcalde”, continuaba Paredes entre gritos de “¡arboricida!”, procedentes del resto de manifestantes. “No hay sombra para refugiarse, ustedes están asolando plazas y calles de Madrid con la excusa del bien para todos. ¡Mentira! No vamos a consentir más mentiras”.

El discurso de Marisa Paredes fue el momento álgido de una protesta vecinal en la que se colocaron decenas de velas en el centro de la plaza formando el lema TALA NO, similar al que desde hace más de un año recorre los barrios de Madrid en lucha para mantener su patrimonio verde.

Los lemas que se cantaron también fueron similares a los que antes han entonado los vecinos de Arganzuela o Carabanchel afectados por las deforestaciones que acompañaron a las obras de la línea 11 de Metro, o a los que también entonaron los del parque de la Cornisa.

Además de pancartas y consignas, en Santa Ana hubo también una performance teatral representada por dos actores, uno disfrazado de árbol de la plaza y otro con la careta del alcalde Almeida, motosierra en mano, que intentaba echarlo abajo.

Las críticas fueron destinadas al primer edil, pero también a su equipo. “Carabante, es evidente que te importa una mierda el medio ambiente”, decían los manifestantes en referencia al delegado de Movilidad, cuyo departamento ha ideado la reforma del aparcamiento que arrasará con 30 árboles de la plaza y obligará al trasplante de otros 16.

La protesta llega unos días después de que el consistorio haya marcado con una X todos los troncos que van a ser partidos por la motosierra en Santa Ana. Poco antes el área de Movilidad adjudicó definitivamente el proyecto de reforma y la explotación posterior durante 25 años a Ortiz Construcciones y Proyectos.

La concesionaria fue la ganadora de un concurso por el que pagará 6,1 millones de euros al Ayuntamiento de forma inmediata y después 408.752 euros anuales de canon. A cambio, podrá explotar un negocio que facturará al menos 45,8 millones de euros, según cálculos municipales.

La tala de Santa Ana, que nadie tenía prevista hasta hace unos meses, fue avanzada por Somos Madrid el pasado mes de enero. La publicación de la noticia provocó la movilización de los vecinos de la zona y también de importantes figuras de la escena madrileña, encabezadas ya por entonces por Marisa Paredes. “Se va a a convertir en una triste explanada”, avisaba la actriz el pasado invierno en la primera de las protestas.