Las Palmas de Gran Canaria 'multa' en zona azul con una fórmula invalidada: una vecina recupera 1.500 euros

Aunque se suele identificar con una multa, la notificación que reciben los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria que han estacionado sus vehículos en la zona azul o verde sin tique o por tiempo superior al abonado es, en realidad, la liquidación de una tasa. El propio documento lo especifica. “No se trata de un procedimiento sancionador en materia de tráfico”, sino de uno tributario. Y como tal, exige una tramitación específica que el Ayuntamiento omite, según atestiguan varias resoluciones -en la vía administrativa y en la judicial- que declaran la invalidez de esas liquidaciones y, por tanto, anulan esas obligaciones de pago. 

Fany Barreto ha recuperado casi 1.500 euros que le habían embargado durante tres años. En total, esta ciudadana de la capital, que ejerce como abogada desde finales de 2021, impugnó 48 liquidaciones de la denominada tasa por estacionamiento de vehículos en las vías del municipio. La mayor parte, por aparcar sin tique. Solo dos de ellas eran por exceso de tiempo. Comenzó presentando reclamaciones individuales desde 2017 y nunca recibió respuesta del Ayuntamiento. En 2020 las acumuló todas y acudió al Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM), un órgano técnico independiente que se encarga de controlar y fiscalizar los expedientes vinculados con los tributos y la recaudación en la capital.  

La resolución llegó a finales de 2021. Después de que el Defensor del Pueblo le forzara a contestar, este tribunal económico estimó íntegramente las reclamaciones de la ciudadana. Declaró nulas las liquidaciones por “ausencia del procedimiento debido” y obligó a la administración a devolver las cantidades que le había embargado, con sus correspondientes recargos e intereses. En total, 1.497,78 euros. Además, precisó que ya había un criterio consolidado en los juzgados de lo contencioso-administrativo de la ciudad sobre este asunto, con decenas de resoluciones favorables a los vecinos por el mismo motivo. 

La gestión del servicio de estacionamiento limitado está en manos de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Sagulpa) desde 2010. Son los controladores de esta empresa pública quienes comunican al Ayuntamiento los incumplimientos por estacionar sin tique (ahora 8 euros, 25 antes de 2019) o por exceso de tiempo (6 euros, antes 15). Con posterioridad, la administración aprueba directamente la liquidación de la tasa, que es la que llega a los domicilios de los ciudadanos -con demoras superiores a los tres años- para su pago. Si la deuda no se satisface en los plazos estipulados en la ordenanza fiscal, se inicia la vía ejecutiva, con recargos que en principio son del 5%. El último paso es el embargo, con recargo del 20%. 

Este es el procedimiento que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa ejecutando en la actualidad, tal y como acreditan recientes liquidaciones a las que ha tenido acceso este periódico. Y ello a pesar de que tanto el tribunal económico como los de justicia han dictaminado ya en varias resoluciones que la administración no está tramitando estos expedientes como marca la ley tributaria. En concreto, está omitiendo un paso que constituye una garantía de los derechos de la ciudadanía. La norma exige que haya una propuesta de liquidación previa para que las personas multadas puedan presentar alegaciones, para poder negar o discutir los hechos en caso de que exista discrepancia. Esa propuesta no se está notificando. Lo que llega a la casa de los ciudadanos es, directamente, la liquidación de la tasa. 

La ley tributaria estipula para esos supuestos en los que haya divergencias entre las partes un procedimiento de verificación o comprobación de datos. Y ahí radica otro de los problemas. A diferencia de los agentes de Policía Local, los controladores de Sagulpa no gozan de presunción de veracidad. Por tanto, en casi de disputa necesitan probar la comisión de los hechos. Su denuncia o testimonio no es suficiente y tiene ser ratificado con otros medios de prueba de los que, por lo general, carecen, según han admitido los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento en esos procesos. 

Los tribunales han advertido desde hace años de que esa falta de medios materiales para obtener pruebas sobre la infracción (estacionar sin tique o exceso de tiempo) “en ningún caso puede conducir” a una utilización “errónea o incorrecta” de los procedimientos de recaudación tributaria por parte de los ayuntamientos. 

Una multa “enmascarada en una tasa”

“Lo que no se entiende es que, si ya hay un criterio claro en los juzgados y en el Tribunal Económico Administrativo de que el Ayuntamiento no está cumpliendo la ley, no se cambie”, señala Fany Barreto. La abogada considera que la administración está “enmascarando un procedimiento sancionador dentro de uno tributario”. Y ello para evitar aplicar un régimen sancionador que, dice, “es más garantista para el ciudadano”, tanto en plazos como en su ejecución. “Si hay un recurso y no te contestan en la vía administrativa, la resolución no la pueden hacer firme y, por tanto, no pueden abrir la vía de apremio y embargarte”, explica. En este caso, la sanción debe imponerla un agente de la Policía Local, algo que se antoja de muy complicado cumplimiento en la capital debido a la carencia de efectivos y su carga de trabajo.

En cambio, en el proceso tributario “hay más garantías para la administración”. “Te puede poner un apremio, embargar y, si no estás de acuerdo, te lleva a los tribunales. Ir a los juzgados, aparte de costoso, es tiempo. Como las liquidaciones son, en principio, por cantidades pequeñas (aunque después se suman recargos e intereses), el ciudadano no suele meterse en los juzgados porque tiene que pagar procurador, abogado... Así se van aprovechando y al final recaudan mucho”, agrega. 

La abogada cuestiona además el hecho imponible. “El tiempo de uso no se controla. Si una persona tiene el coche en zona azul una hora y otra lo tiene tres horas pagan lo mismo. Al final puedes pagar más dinero del que correspondería por tiempo de uso. Y entonces ya no es una tasa, es una sanción enmascarada”, concluye Barreto, que recientemente ha vuelto a recibir liquidaciones de hace tres años por aparcar en zona azul.  Es decir, a través del mismo procedimiento que denunció ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal.

“Esta tasa tiene un fin recaudatorio, pero tienen que hacer un procedimiento correcto. Por eso estamos en un Estado de Derecho, porque yo como ciudadana tengo las posibilidades como ciudadana de poder defenderme. De esta manera, la administración pública está imponiendo su criterio al margen de la ley, porque no está siguiendo el procedimiento que marca la ley”, sostiene Barreto.

Más de un millón de recaudación en 2019

El Tribunal de Cuentas realizó un informe de fiscalización integral de Sagulpa sobre el estacionamiento regulado correspondiente al ejercicio 2019. Ese año la empresa pública contabilizó como ingresos propios tasas por importe de 4,5 millones de euros. Además, el Ayuntamiento capitalino dictó casi 100.000 resoluciones aprobatorias de liquidaciones por un importe de 2,2 millones de euros. De esa cantidad, recaudó el 52%. Es decir, 1,1 millones de euros, 367.465 en periodo voluntario y 733.352 en fase ejecutiva. Hasta el 31 de marzo de 2020, los derechos pendientes de cobro ascendían a 6,4 millones de euros. 

Ese informe reprochaba al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la coexistencia de dos ordenanzas (una de carácter tributario y otra, sancionadora) sobre el mismo incumplimiento, el estacionamiento sin título o con exceso de tiempo en las zonas azul y verde. Y es que, aparte de la ya mencionada que regula la tasa, hay una ordenanza de tráfico municipal que prevé la imposición de una multa de 80 euros para aquellos ciudadanos que cometan esa infracción, si bien es cierto que en el periodo entre 2017 y 2019 no se impuso ninguna.  

El Tribunal de Cuentas recomendó en ese informe regularlo en una sola norma, recalcando que la concurrencia de tasa y sanción sobre un mismo hecho “puede dar lugar a reclamaciones judiciales de particulares gravados con la tasa por considerar que no se ha seguido el procedimiento regulador de las sanciones y viceversa”. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha contestado hasta la fecha a las preguntas formuladas por este periódico el pasado miércoles con respecto del procedimiento tributario sobre el estacionamiento regulado en la capital.