En el año 2020, unos manifestantes saharauis bloquearon una autopista para impedir que los camiones sacaran harina de pescado del Sáhara Occidental. Para ellos, aquella carretera simbolizaba algo mayor: Marruecos no solo estaba ocupando su territorio, sino que se lucraba con él. Una explotación económica que involucra a la Unión Europea y, especialmente, a España.

En aquel bloqueo lograron detener unos 200 camiones marroquíes y mauritanos. Muchos transportaban harina de pescado, un polvo amarillo oscuro que se obtiene tras cocinar y moler el pescado, transformándolo en alimento para la acuicultura y la ganadería industrial.

Poco después del bloqueo, Marruecos envió a sus soldados para despejar la carretera. Según el Frente Polisario, el movimiento que defiende la causa saharaui, las tropas abrieron fuego contra los manifestantes y los combatientes saharauis respondieron con disparos. Un enfrentamiento que rompía el alto el fuego de 29 años, devolviendo al territorio a una guerra de baja intensidad que gran parte de Europa había preferido ignorar. En el centro del conflicto no solo estaba el territorio. También se trataba del pescado.

La organización periodística The Outlaw Ocean Project, con sede en Washington, ha sacado a la luz los costes ocultos de la ocupación militar del Sáhara Occidental dentro de una investigación global en la que ha identificado más de 1.400 fábricas de harina de pescado en 64 países, rastreando las cadenas de suministro que conectan a los buques pesqueros con las plantas de harina de pescado, las fábricas de piensos, las piscifactorías, las marcas y las tiendas de alimentación. Los costes ocultos descubiertos en este reportaje rara vez aparecen en las cuentas de las empresas pesqueras que dependen de la harina de pescado. Entre ellos figuran el hambre, recursos agotados, migraciones, hedores tóxicos y aguas contaminadas.

La pesca y los productos derivados del pescado figuran entre los recursos más valiosos que Marruecos explota en el Sáhara Occidental. Un comercio del que Europa se ha beneficiado durante años, con España ocupando un papel central. Las aguas del Sáhara Occidental figuran entre las más ricas de la región, alimentadas por los afloramientos de nutrientes que generan las surgencias de la Corriente de las Islas Canarias. Según los datos del propio Gobierno marroquí, más del 60% de las capturas marroquíes procedieron de aguas del Sáhara Occidental en 2020. En 2025 había al menos 14 plantas de harina de pescado en funcionamiento en el Sáhara Occidental, en su mayoría registradas en Marruecos y controladas por ese país en gran medida. Marruecos es el mayor socio comercial de España en harina de pescado, responsable de una cuarta parte de las importaciones españolas.

Hasta el año 1975 España era la potencia colonial encargada de administrar el territorio. Aunque históricamente la postura pública de su gobierno haya sido apoyar un referéndum respaldado por la ONU para la autodeterminación del Sáhara Occidental, Madrid se ha acercado en los últimos años a Rabat, alineándose con la posición de Marruecos y en contra de lo que los tribunales europeos vienen dictaminando una y otra vez: que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental.

Una de las razones por las que España y el resto de Europa han cambiado de postura sobre esta cuestión es el control que Marruecos ejerce sobre las migraciones para proyectar su poder. Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la sentencia que exigía a la Unión Europea (UE) vetar la extracción marroquí de recursos del Sáhara Occidental para exportarlos a Europa, Rabat amenazó a Bruselas: en el año 2017, Marruecos advirtió a la UE de las graves consecuencias que generaría no aplicar plenamente el acuerdo comercial, provocando “un nuevo flujo migratorio” y poniendo al continente europeo “en peligro”.

El rey Mohamed VI de Marruecos había dado otra pista sobre las consecuencias políticas que sufriría la UE si reconocía los derechos del Sáhara Occidental. Un año antes, durante un discurso en la primera reunión de Marruecos con el Consejo de Cooperación del Golfo, había dicho que el Gobierno marroquí estaba reforzando los lazos con países como Rusia y China, aunque seguía valorando su asociación con la UE, y que no aceptaría ninguna injerencia en su “política interna”.

En 2021, después de que el Gobierno de España permitiera entrar al país al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento médico, Marruecos relajó los controles fronterizos y unos 8.000 migrantes entraron en Ceuta en cuestión de horas. El mensaje era inequívoco: la postura de España sobre el Sáhara Occidental podía generar consecuencias políticas inmediatas. Al año siguiente, en un intento por mejorar las relaciones, España respaldó el plan de autonomía de Marruecos como el fundamento “más serio, realista y creíble” para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.

De acuerdo con los datos de la balanza comercial, desde el año 2020 España ha importado de Marruecos harina de pescado por un valor superior a 128 millones de dólares [unos 109 millones de euros]. En una fecha tan reciente como 2024, la harina de pescado del Sáhara Occidental se utilizaba en piensos empleados por piscifactorías de Grecia que suministraban lubina y dorada a Mercadona, el mayor supermercado de España (Mercadona no respondió a una solicitud de comentarios).

Durante años, los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos han permitido que el pescado, la harina de pescado y el aceite de pescado extraídos del Sáhara Occidental entraran en el mercado europeo como si fueran marroquíes. Dentro del acuerdo UE-Marruecos, que abarca las aguas del Sáhara Occidental, España ha sido el principal beneficiario en el acceso a la pesca. Dentro del esquema de asignaciones de 2019, los buques españoles recibieron 92 de los 138 permisos de pesca puestos a disposición de las flotas de la UE. Una evaluación posterior, respaldada por la Comisión, reveló que el 99% de las capturas dentro de ese acuerdo procedían de aguas del Sáhara Occidental, a pesar de que el pueblo saharaui nunca dio su consentimiento.

Desde 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido en 10 sentencias consecutivas (la última en 2024) que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental ni sobre las aguas adyacentes al territorio. Otros organismos internacionales han llegado a la misma conclusión. En más de 100 resoluciones de Naciones Unidas, así como en sentencias de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, se ha dictaminado que Marruecos no tiene soberanía ni mandato administrativo sobre el Sáhara Occidental.

La clave de la “soberanía proteica”

La ocupación militar de Marruecos y su extracción de harina de pescado del Sáhara Occidental se comprenden mejor en el contexto global. Con el crecimiento de la población mundial ha aumentado también la rivalidad por los nutrientes básicos. Muchos gobiernos están tratando de reducir su dependencia de la carne importada en pos de la “soberanía proteica”, cada vez más invocada por los políticos.

Los inversores están destinando grandes cantidades de dinero a alternativas como la carne de origen vegetal y la carne cultivada en laboratorio. Al mismo tiempo, las crisis sucesivas han aumentado de manera vertiginosa el precio de la carne, desde los brotes de gripe aviar hasta la guerra en Ucrania, poniendo de relieve las interrelaciones y fragilidad de los mercados alimentarios mundiales.

“Cada vez con mayor frecuencia, los países ricos importadores de alimentos y los inversores privados están adquiriendo tierras agrícolas en el extranjero”, decía un informe del centro de estudios estadounidense Wilson International Center titulado Land Grab? The Race for the World’s Farmland [¿Haciéndose con las tierras? La carrera por los suelos agrícolas del mundo], en el que se observaba que muchos de esos acuerdos tenían como objetivo garantizar el suministro alimentario futuro.

En esta lucha mundial por los recursos, los piensos se han convertido en un campo de batalla prácticamente invisible. La competencia es especialmente feroz en cultivos como la soja, piedra angular de la ganadería industrial. “China, Estados Unidos y Brasil son, con diferencia, los tres mayores productores de carne del mundo, y están unidos por una única materia prima: la soja”, decía en 2024 un podcast del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. “En 2018, los principales campos de batalla en la tensión comercial entre China y Estados Unidos no estuvieron en los semiconductores ni en las tierras raras, sino en la soja”. La carrera por la harina y el aceite de pescado está impulsada por las mismas razones: soberanía alimentaria y control de las proteínas. Se distingue de la soja por la geografía, y es que esta es una lucha que se libra en el mar, lejos del escrutinio de periodistas, reguladores y organismos medioambientales y de derechos humanos.

La escasez genera tensiones. A nivel mundial, la búsqueda de proteínas en forma de harina de pescado ha llevado a episodios de inestabilidad política, tanto en tierra como en el mar. La investigación de The Outlaw Ocean Project documenta un mínimo de 80 incidentes de disturbios civiles, violentos en algunos casos. En su mayoría, son huelgas laborales y protestas comunitarias relacionadas con la harina de pescado. Enfrentamientos que han sido especialmente frecuentes en la India, Perú y Senegal. Las protestas suelen desencadenarse por el hedor de las fábricas que procesan miles de toneladas de pescado en descomposición o por el vertido de residuos tóxicos en las vías de agua.

En el mar, la investigación identificó casos de sobrepesca, con capturas que suelen destinarse a plantas de harina de pescado, en los que un país incurría ilegalmente en aguas de otro. En 2021, una docena de arrastreros de fondo procedentes de Turquía trataron de embestir a un buque de investigación griego cuando los científicos que viajaban a bordo comenzaron a filmar su pesca ilegal en el mar Egeo. En 2017, un equipo de periodistas de The Outlaw Ocean Project fue testigo de un enfrentamiento violento entre la Guardia Costera de Vietnam y un buque de patrulla pesquera indonesio en aguas disputadas entre los dos países. El episodio terminó con la toma de un agente de pesca como rehén. En 2018 estallaron disturbios en la ciudad senegalesa de Saint-Louis cuando los guardacostas mauritanos abatieron a tiros a un pescador senegalés tras la incursión transfronteriza de un barco especializado en pescado para pienso.

“Colonialismo alimentario”

Mientras Marruecos agota los recursos pesqueros del Sáhara Occidental, más de 180.000 saharauis sobreviven en los campos de refugiados de Argelia gracias a la ayuda humanitaria. Pese a las numerosas sentencias de los tribunales de la UE, Europa continúa con este comercio aprovechando lagunas burocráticas. Aunque el pescado suele capturarse en aguas saharauis, y es desembarcado y procesado en fábricas de ciudades saharauis como El Aaiún y Dajla, lo etiquetan y exportan como procedente de Marruecos.

La ciudad canaria de Las Palmas ha servido como punto de tránsito para el pescado y el aceite de pescado del Sáhara Occidental. Algunos organismos de certificación, como MarinTrust, contribuyen con su respaldo tácito a la ocupación ilegal en el Sáhara Occidental. Según la ONG Western Sahara Resource Watch, entre 2018 y 2025 esta empresa certificó a diez empresas dedicadas a la producción o exportación de harina y aceite de pescado en el Sáhara Occidental, indicando falsamente que era harina de pescado procedente de Marruecos, cuando en realidad venía del Sáhara Occidental.

Para los saharauis, la preocupación sobre la exportación de pescado y harina de pescado va más allá de lo medioambiental. Sus razones son económicas, geopolíticas y hasta existenciales. En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los acuerdos comerciales de la UE con Marruecos no podían aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento de su pueblo. Oubi Bouchraya, del Frente Polisario, calificó aquel fallo como una confirmación de “la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales”.

Pero la política y la economía parecen ir en la dirección opuesta a lo que dictaminan los tribunales europeos. En abril de 2024, las autoridades marroquíes organizaron en Madrid un foro de inversores para la región de Dajla, vendiendo oportunidades de negocio en turismo, energías renovables, desalinización, pesca y agricultura. En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU pareció cambiar de postura con relación al Sáhara aprobando la resolución redactada por Estados Unidos que establecía una autonomía bajo soberanía marroquí como solución más viable para el Sáhara Occidental. Francia, el Reino Unido y España respaldaron esa resolución estadounidense y en enero de 2026, el Consejo de la UE autorizó las negociaciones con Marruecos para un nuevo acuerdo de asociación pesquera. Un nuevo test para ver si Europa, y especialmente España, volverá a pescar en aguas saharauis sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Mientras tanto, las aguas del Sáhara Occidental ya están mostrando los efectos de la sobrepesca. Las especies capturadas localmente para la producción de harina de pescado incluyen el espadín, la anchoa, y la sardinela plana y redonda. Según un informe de la Comisión Europea publicado en 2023, la sardinela plana y redonda sufren “sobreexplotación”. Es decir, que se capturan a un ritmo superior al de su velocidad de reproducción, amenazando la viabilidad de la especie en la región.

La industria de la harina y el aceite de pescado ha recibido muchas críticas por ser una forma de “colonialismo alimentario”, alejando fuentes de proteínas vitales para las personas que más las necesitan y destinándolas al ganado de países más ricos, y a productos de lujo como el salmón y el camarón. Consultada por la sostenibilidad de la industria, la asociación internacional de la industria de la harina de pescado (IFFO, por sus siglas en inglés), respondió que su función no es “aconsejar qué mercados deben utilizar harina y aceite de pescado”. Según Véronique Jamin, portavoz de la organización, la piscicultura es “el sistema de producción de proteína animal más eficiente” y su eficiencia mejora con el tiempo. Las empresas del sector pesquero deben responder a “lo que la gente realmente quiere comprar y comer”, añadió. “Los marcos de sostenibilidad no funcionan si ignoran la realidad económica”.

Este reportaje forma parte de una investigación más amplia llevada a cabo por un equipo internacional de periodistas adscrito a The Outlaw Ocean Project, una organización periodística con sede en Washington D.C.

La ley que servirá para otorgar la nacionalidad española a los saharauis que la ostentaban hasta 1977 y la perdieron tras la ocupación marroquí del Sáhara Occidental se queda a un solo paso del Boletín Oficial del Estado (BOE). El Congreso aprobó este jueves el texto, que ahora pasará al Senado para recibir el aval definitivo del poder legislativo y entrar en vigor. Lo hizo con los votos a favor del Gobierno y sus socios parlamentarios y, además, con la abstención del PP, que dejó solo a Vox en el rechazo a la norma.

El Ejecutivo —y particularmente Sumar, que ha impulsado la ley— se apunta así un tanto en una de sus semanas más complicadas, aunque el debate parlamentario de este jueves evidenció la enorme fragilidad en la que se encuentra a raíz de la crisis de Ceuta. Prácticamente todos sus socios, al igual que PP y Vox, se mostraron muy críticos con la estrategia adoptada por la Moncloa con Marruecos en los últimos años. Y varios de los aliados parlamentarios del presidente Pedro Sánchez le afearon el brusco giro de su política sobre el Sáhara ejecutado en el año 2022, cuando España modificó por sorpresa su postura histórica sobre el contencioso y consideró que la propuesta marroquí de dar autonomía al territorio dentro de su jurisdicción es la base “más seria, realista y creíble” para resolverlo.

“Seguimos sin conocer a cambio de qué Pedro Sánchez, de manera personal, unilateral y sin informar a las Cortes, cedió el Sáhara a Marruecos”, espetó a este respecto el diputado del PP Pedro Muñoz, que definió el cambio de posición de 2022 como un “bandazo” ejecutado “con nocturnidad y alevosía”. “Durante todos los gobiernos de la democracia hubo un amplio consenso más allá de ciertos matices, respecto a la posición que España debía tener” con respecto al Sáhara: la “neutralidad activa”, defendió Muñoz, que acusó a Sánchez de haberse “alineado definitivamente con Rabat” hace cuatro años a través de un acuerdo “clandestino” y que “nadie conoce”.

Más allá de estas críticas, el diputado del PP justificó la abstención de su grupo parlamentario en la votación de la ley para dar la nacionalidad española a los saharauis por diferencias técnicas. “Nosotros defendemos que puede haber nacionalizaciones, claro que sí, pero no por carta de naturaleza [es decir, por decisión del Consejo de Ministros] sino después de acreditar residencia en España durante dos años, como ocurre con los ciudadanos de Guinea Ecuatorial o los países iberoamericanos”. Esa segunda posibilidad también se recoge en la ley aprobada este jueves, aunque para los nietos de los saharauis que tenían DNI español en 1977: para ellos y para sus hijos, la vía contemplada es la carta de naturaleza, con lo cual se les exime de acreditar residencia en España.

Un Gobierno “pagafantas”

Los socios parlamentarios del Gobierno no mostraron estas reticencias a la arquitectura técnica de la ley, pero sí coincidieron con el PP a la hora de criticar la posición del Ejecutivo en relación al Sáhara adoptada en 2022. Uno de los más gráficos en sus críticas fue el portavoz adjunto de EH Bildu, Jon Iñarritu, que definió la estrategia de la Moncloa como de “pagafantas” de Marruecos. “Con aquel cambio de posición, el Gobierno español parece ser que creyó que iba a lograr mantener acuerdos en relación a varios asuntos, entre ellos la migración”, pero “tras lo ocurrido en 2021 con la entrada masiva de personas en Ceuta, impulsadas y apoyadas por Marruecos, hace apenas un mes ha vuelto a ocurrir lo mismo”, denunció Iñarritu, que se preguntó “para qué ha servido ese cambio de posición”.

En la misma línea se pronunció el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, que acusó al PSOE de haber “denigrado la condición progresista” al haber “abandonado la causa del pueblo saharaui” en el año 2022. “Debo decirles con amargura y con tristeza, pero también con dureza, que ustedes han contribuido terriblemente a dejar al pueblo saharaui en un rincón del mundo”, lamentó Álvaro, que se preguntó “por qué todo lo que el presidente Sánchez aplica al dignísimo pueblo palestino y al dignísimo pueblo de Ucrania no se lo aplica al pueblo saharaui”.

Esas críticas fueron la constante en las intervenciones del resto de los socios. El siempre moderado Mikel Legarda, del PNV, denunció el “abandono de responsabilidades para con el pueblo saharaui” por parte de España durante su historia que “ha tenido un último capítulo en este siglo XXI con el giro unilateral, copernicano y por sorpresa” de 2022. Junts, por su parte, abonó la teoría de la conspiración preguntándose “por dónde tiene cogido” Marruecos al Gobierno y si el Ejecutivo “esconde” algo a causa de un supuesto chantaje de los servicios secretos marroquíes. Y Podemos, por boca de su diputada Martina Velarde, dejó claro que “una cosa es reconocer la nacionalidad española” a los saharauis a los que se les retiró en 1977 “y otra muy distinta renunciar a la defensa de la autodeterminación”, que los morados siguen defendiendo.

Los detalles de la ley

Cuando entre en vigor tras su paso por el Senado, la ley que este jueves recibió luz verde del Congreso permitirá nacionalizarse como persona española a los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, fecha oficial del final del proceso de descolonización de la antigua provincia española. Los interesados deberán aportar algún documento oficial que confirme este extremo, lo que ha llevado al PP y a Vox a criticar la norma por ser un “coladero” de nacionalizaciones, como, en su opinión, ha pasado con la ‘ley de nietos’.

Además, los descendientes directos, en primer grado, de estas personas podrán también reclamar la nacionalidad con posterioridad y en un plazo máximo de cinco años desde que su progenitor la adquirió formalmente. Y, para el resto de los saharauis, se reduce de 10 a dos años el tiempo de residencia en España que deberán acreditar para solicitar la nacionalidad, el mismo requisito que se establece para los nacionales de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, así como para los sefardíes.

Sumar, como impulsor de la ley, calcula que en torno a 100.000 saharauis podrían beneficiarse de la ley de concesión de la nacionalidad española: unos 50.000 que la poseían hasta que España se retiró del territorio tras la Marcha Verde, y otros tantos descendientes directos de estos. Según las fuentes de la formación consultadas, en torno a la mitad de estas personas continúan en territorio saharaui y el resto residen en los campamentos de refugiados, que se encuentran ubicados en Argelia.

El texto entrará en vigor en plena crisis de Ceuta y en un momento de tensión en la relación con Marruecos, al que todo el arco parlamentario —a excepción del PSOE— culpa en mayor o menor medida de la entrada masiva de migrantes del pasado julio. Las fuentes de Sumar consultadas interpretan, en cualquier caso, que la posibilidad de que una parte de los saharauis puedan solicitar la nacionalidad española es un movimiento que no solo conlleva desventajas geopolíticas para Marruecos, lo que podría amortiguar el esperable descontento del reino alauí por la aprobación de la norma. Los ciudadanos a los que se reconozca como españoles podrán emigrar más fácilmente, lo cual no beneficiará a un Frente Polisario necesitado de cuadros. Eso sí: estos ciudadanos obtendrán, entre otros, el derecho a la asistencia consular española ante cualquier abuso policial o militar por parte de Marruecos.

Al sur de Canarias, bajo el mar, se elevan desde el lecho marino varios montes que un día pretendieron ser islas, pero que, finalmente, perdieron su batalla contra el océano y quedaron ocultos, escondiendo sus tesoros bajo toneladas de agua. Son las llamadas abuelas de Canarias, que reciben ese nombre tanto por su antigüedad como por su relación con los mismos procesos volcánicos que formaron el archipiélago español. Desde hace unos años han ido cobrando protagonismo en el tablero geopolítico internacional después de que se descubriera que poseen enormes cantidades de las llamadas tierras raras (minerales como el telurio, cobalto o níquel) muy codiciadas en la industria tecnológica.

Primero se hallaron cinco montes submarinos (Las Hijas, Echo, The Paps, Drago y Tropic), después otros ocho: Drago, Bimbache, Ico, Pelicar, Malpaso, Tortuga, Infinito y Las Abuelas. De todos ellos, un monte en especial atrae todas las miradas: el monte Tropic.

Tropic es un volcán de 119 millones de años (cinco veces más antiguo, por ejemplo, que la isla canaria geológicamente más vieja, Fuerteventura) cuya cima se encuentra a unos 1.000 metros de profundidad, con unos 50 kilómtros de diámetro. Esta montaña submarina de 3.200 metros de altura es una de las más antiguas de cuantas componen la llamada Provincia Volcánica de las Islas Canarias en el océano Atlántico, como la denominan los geólogos en sus artículos científicos, aunque oficialmente está fuera de las 200 millas que delimitan hoy las aguas españolas.

El monte Tropic se levanta sobre unos fondos marinos que distan más de 250 millas náuticas del punto más cercano del Archipiélago, en las coordenadas 20.72 grados Oeste 23.89 grados norte.

De acuerdo con las medidas que facilita Google Maps, el monte Tropic dista exactamente 499 kilómetros (269 millas náuticas) del puerto de La Restinga, en El Hierro, el límite meridional de Canarias, y 677 kilómetros (360 millas) de la punta de Maspalomas (Gran Canaria), el segundo punto más al sur del archipiélago.

En el ámbito geográfico donde se encuentra, Tropic es la segunda montaña submarina más alta, después de Echo (que se levanta 3.400 metros, desde una profundidad de 3.700), y la segunda de mayor superficie, tras The Paps, que es un 44% más grande (1.363 km2).

Su forma es la de un volcán casi circular, lo que denota mucho tiempo de actividad centrada siempre en un mismo punto, pero con laderas en las que parece haber signos de derrumbes antiguos de gran entidad, como los que se aprecian hoy en El Hierro.

Equipos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y de la Armada lo han estudiado y, entre otras cuestiones, han averiguado que el monte está coronado por una gran meseta plana con signos de haber estado emergida sobre la superficie del mar hasta un momento no determinado del pasado, cuando acabó por hundirse a 1.000 metros bajo las aguas del Atlántico.

Científicos británicos exponen el tesoro de Tropic

Fue en 2017 cuando Tropic salió del anonimato científico y pasó a la primera plana internacional después de que el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido junto al IGME e investigadores de varias universidades anunciaran el descubrimiento de grandes concentraciones de telurio, un metal muy apreciado en la alta tecnología, en las costras de ferromanganeso que lo recubren.

Según informó entonces la BBC en su página web, los responsables del descubrimiento calcularon que en Tropic podría haber unas 2.670 toneladas de telurio, o lo que es lo mismo, el equivalente a una duodécima parte de todo el consumo mundial de ese metal. Los científicos explicaron que la meseta que corona el monte Tropic está recubierta por una corteza rocosa de unos cuatro centímetros de espesor con altísimas concentraciones de telurio. De hecho, las muestras que extrajeron con robots submarinos presentaron una concentración de telurio 50.000 veces mayor de lo habitual en los yacimientos de este metal en tierra firme.

El líder de la expedición, Bram Murton, declaró entonces que esa corteza era “asombrosamente rica”, lo que hacía a esas rocas “increíblemente especiales y valiosas desde el punto de vista de los recursos”.

La revista Science le puso cifras al hallazgo: si los cálculos del equipo que exploró Tropic desde el buque James Cook eran correctos, en Tropic hay cobalto suficiente para construir 277 millones de coches eléctricos (54 veces la flota mundial actual de esos vehículos) y telurio bastante para fabricar paneles solares que cubrirían por sí solos la mitad del consumo de electricidad del Reino Unido, la séptima potencia económica del planeta.

Expediciones españolas

Sin embargo, años antes de que se conocieran los datos de la expedición científica británica, España había realizado ya varias campañas oceanográficas en esa misma zona.

Ya en octubre del año anterior, 2016, el IGME, el IEO y la Universidad Complutense publicaron en Ore Geology Reviews un adelanto de la riqueza mineral de Tropic y de los montes vecinos Eco, Drago y The Palps, aunque sin citar expresamente al telurio. Esta es la composición, resumida, de una de las muestras de Tropic, la llamada DR16-13:

“En sus laderas y cima se encuentran extensos depósitos minerales de costras de ferromanganeso formadas durante últimos 30 millones de años. Los depósitos de óxidos de ferromanganeso de los fondos marinos representan la más importante fuente del planeta de elementos para la fabricación de productos de alta tecnología y aún están muy poco explorados”, dijo el IGME en 2016.

Reclamación ante la ONU

Las campañas realizadas por España, que se remontan a 2011, iban no solo dirigidas a conocer las características geológicas de esos montes submarinos y sus ecosistemas, sino también a documentar su petición a la ONU para extender su soberanía sobre la zona marítima que circunda Canarias más allá de las 200 millas, incluyendo a las abuelas de Canarias.

De hecho, el Gobierno español presentó en 2014 (tres años antes de la expedición británica) en Naciones Unidas una solicitud formal para extender hacia el oeste la plataforma continental de Canarias sobre una franja de océano situada entre las 200 y las 350 millas náuticas, con una superficie total de 296.000 kilómetros cuadrados (equivalente a casi toda la superficie de Italia). El monte submarino Tropic se encuentra dentro de ella.

Pero tras conocerse mundialmente la riqueza de Tropic, Marruecos aprobó en julio de 2017 la proposición de dos iniciativas legislativas que tenían como objetivo incluir las aguas del Sáhara Occidental en su propiedad y delimitar su frontera marítima con Canarias. Dos años después, en diciembre de 2019, el parlamento marroquí aprobó de forma unilateral dos leyes para extender sus aguas territoriales hacia las costas del Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización, e incluyendo a los codiciados montes submarinos en ellas.

Dio comienzo así una disputa entre ambos países en el seno de la ONU por la soberanía de las aguas y sus recursos submarinos. Sin embargo, hasta el momento, en las relaciones entre ambas naciones el asunto de las aguas territoriales, así como el espacio aéreo del Sáhara Occidental, ha quedado por el momento en un segundo plano. En la reunión mantenida en diciembre de 2025, ambos países firmaron una declaración conjunta para la reapertura de las aduanas en Ceuta y Melilla, pero se obvió el espinoso tema de las aguas y el espacio aéreo.

Mientras tanto, en Canarias, el pleno del Parlamento aprobó en 2021, con el voto en contra del PP y Ciudadanos, solicitar al Gobierno de España una moratoria a la minería submarina en el monte submarino Tropic hasta que se hubieran investigado los efectos sobre el medio ambiente marino. La propuesta, que fue redactada por Ecologistas en Acción Lanzarote, también solicitaba que se declarese la zona como área marina de importancia ecológica o biológica.

El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha bautizado una autopista como Donald Trump. Se trata de una carretera de 1.055 kilómetros que une Tiznit, en el sur del país, con Dajla, en el extremo meridional del Sáhara Occidental.

El presidente de Estados Unidos ha calificado el homenaje de “gran honor”. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump ha expresado su deseo de recorrer en algún momento la totalidad de esta “gran autopista”. “Espero que sea pronto”, ha precisado.

El gesto de Marruecos de bautizar la autopista, que ha requerido una inversión de 1.000 millones de dólares, con el nombre de Trump responde a la decisión que tomó el presidente de EEUU en diciembre de 2020, durante su primer mandato (2017-2021), de reconocer el Sáhara Occidental —reivindicado por el Frente Polisario— como territorio marroquí.

La nueva autopista, que parte de la ciudad marroquí de Tiznit, situada a unos 600 kilómetros al sur de Rabat, recorre casi todo el Sáhara Occidental de norte a sur y atraviesa su capital, El Aaiún.

Junto a su mensaje en Truth Social, Trump ha difundido un vídeo en el que ha subrayado que en 1777 Marruecos se convirtió en la primera nación en reconocer a los Estados Unidos y que, nueve años después, ambos países rubricaron el Tratado de Paz y Amistad, que sentó las bases de lo que sigue siendo la relación diplomática “ininterrumpida más antigua” en la historia de su país.

La Autopista Presidente Donald J. Trump, una de las más largas de África, crea, según el vídeo, una “nueva continuidad a lo largo de las provincias meridionales de Marruecos, enlazando el Marruecos atlántico con su extensión natural africana”.

En el documento se añade que en el marco de la Iniciativa Real de Marruecos para que los estados del Sahel tengan acceso al Atlántico, la nueva autopista marroquí refuerza el vínculo entre este océano y esos países y consolida las provincias del Sáhara como puerta estratégica entre África y el mundo.

La construcción de la autopista Tiznit–Dajla se inició en 2015 en el marco del programa real destinado al desarrollo de las provincias del sur y del Sáhara. La obra se completó y la vía entró en pleno funcionamiento a mediados de 2025.

“Ha muerto Tomás, esta noche pasada”. Este ha sido el mensaje escueto y demoledor que he recibido hace apenas un rato. Me siento a escribir estas líneas para recordarle, y pienso qué le gustaría a él leer en esta nota. Seguramente muy poco, porque era una persona reservada, con mucho afecto y muchas emociones, pero guardadas para un círculo muy reducido.

Tomás Bárbulo nació en La Coruña en 1958, hijo de un militar muy a la antigua usanza, que fue destinado a Sidi Ifni. Allí pasó su primera infancia, hasta que en 1969 la ciudad fue entregada por España a Marruecos, y pasaron entonces a El Aaiun, donde vivirían hasta la Marcha Verde, la invasión por Marruecos de la antigua colonia española durante la agonía de Franco, a principios de noviembre de 1975, que se convertiría después en la ocupación militar de ese último vestigio de colonia española.

Tomás se licenció después en Periodismo y comenzó una carrera exitosa en varias cabeceras – Expansión, La Gaceta de los Negocios, El Sol, Claro, entre otras- hasta acabar en El País, donde estuvo cerca de treinta años, dejando una gran colección de reportajes sobre muchos temas.

Pero Tomás estaba marcado sobre todo por su experiencia en África. Su libro La historia prohibida del Sáhara español, editado primero en Destino y después en Península, se considera el principal texto de referencia sobre este conflicto. Y él lo seguía viviendo en su propia carne. España estuvo apoyando la autodeterminación del Sáhara hasta 2022. Pero ese año, el gobierno de Pedro Sánchez dio un volantazo, sin discusión ni debate en el Parlamento, y pasó a apoyar la tesis de Marruecos que reclama como suyo este territorio.“España abandonó el territorio —y sus obligaciones como potencia administradora— y dejó a los saharauis a los pies de los blindados marroquíes, bajo una lluvia de napalm y fósforo blanco”, escribió en El País, en un artículo publicado en el 50 aniversario de la Marcha Verde, refiriéndose a lo sucedido años atrás. Pero ese era además su diagnóstico de lo que él calificaba como una traición de Pedro Sánchez hacia nuestra antigua colonia.

El Sáhara fue también el escenario de sus novelas La asamblea de los muertos, que ganó el premio a la mejor primera novela de la Semana Negra de Gijón, y ha sido traducida a varios idiomas y Vírgenes y Verdugos, que llevó Gerardo Herrero al cine con el título Raqa. Su última obra, Aaiun acaba de ser publicada por Archiletras libros.

Esto es lo oficial, lo que a Tomás seguramente no le incomodaría leer en esta nota. Pero él era mucho más que un periodista brillante, culto y, en ocasiones incómodo.

Era un tipo con un humor socarrón y gallego que deslizaba en sus novelas -en la última, Aaiun el protagonista es el capitán Bárbulo: jugar con la confusión y con las zonas de sombra era uno de sus pasatiempos.

Era un personaje cascarrabias a veces -no era capaz de morderse la lengua- pero enormemente tierno: adoraba a Alex y a Diego, sus hijos de los que se proclamaba tan orgulloso, y estaba siempre pendiente de lo que le pudiera suceder a su puñado de amigos cercanos, Manolo, Arsenio, Juan, Carlos.

Pero desgraciadamente Tomás era sobre todo una persona marcada por el dolor. Una jodida conformación de espalda le torturó desde su adolescencia. Esta condición que fue agravándose, tanto por el paso del tiempo, como por algunas operaciones que lejos de mejorarle le dejaron más postrado. Iba a nadar cada día, lo único que le aliviaba un poco, pero el dolor ya no le permitía más que pequeños paseos antes de tener que volver a su casa, ni pensar en un viaje y ya casi no podía ni sentarse frente al ordenador para escribir, su gran pasión.

Por eso, los que le hemos querido, tenemos hoy un sabor agridulce, el vacío inmenso que nos dejan los amigos que se van y el también enorme alivio de saber que, liberado de corsés y sufrimientos es, por fin, un espíritu libre.

Mientras todavía retumban los halagos del Papa a la posición española sobre Gaza, sobre Irán, sobre la defensa del derecho internacional y el multilateralismo, sobre nuestra confianza hacia la ONU frente a Trump… llega una noticia desde tan solo unos cientos de kilómetros de distancia. Marruecos ha matado en el Sáhara Occidental, en un ataque con drones, a tres miembros del Frente Polisario… Y eso nos lleva a preguntarnos, de nuevo… ¿Por qué España, en lo que tiene que ver con el Sáhara, está en este lado de la historia? ¿Por qué aquí no hay desafío?

Esto sucede en un contexto en el que hay una ley para conceder la nacionalidad española a algunos saharauis parada en el Congreso y ante una regularización extraordinaria de migrantes… de la que los saharauis también se han quedado fuera. ¿Por qué? Tratamos de responder a estas preguntas con la periodista de elDiario.es, Gabriela Sánchez.

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El Frente Polisario ha anunciado la muerte este domingo en combate del dirigente saharaui Lahbib Mohamed Abdelaziz, hijo del fundador de la organización independentista y miembro de su Secretariado Nacional, quien cayó “mártir en la contienda” contra Marruecos junto a otros dos combatientes.

Las fuerzas armadas saharauis han difundido un comunicado en el que no especifican las circunstancias de las muertes ni detallan la identidad de las otras dos personas fallecidas. El País ha confirmado, citando fuentes de su organización, que un ataque marroquí con drones ha matado al dirigente saharahui.

Lahbib Mohamed Abdelaziz es hijo del expresidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) e histórico líder del Polisario Mohamed Abdelaziz, muerto en mayo de 2016, a los 68 años de edad tras una larga enfermedad, y que llevó la lucha por la independencia saharaui de los campos de batalla a los pasillos de la ONU.

Abdelaziz nació en 1989 en los campamentos saharauis de Tinduf (suroeste de Argelia), era licenciado en Relaciones Internacionales y se incorporó al Ejército de Liberación Popular Saharaui –que lucha por la independencia del Sáhara Occidental de Marruecos– en noviembre de 2011.

Ocupó diversos cargos en las estructuras políticas y militares saharauis hasta llegar a ser miembro del Estado Mayor General del Ejército y director central de formación.

Casado y padre de tres hijos, fue nombrado comandante de la primera brigada de campaña de las fuerzas armadas saharauis en 2024 y elegido miembro del Secretariado Nacional en el XVI Congreso del Frente Polisario.

En la zona este del Sáhara se vive una situación de tensión desde 2020 cuando las tropas marroquíes penetraran en el área desmilitarizada de Guerguerat, que separa Mauritania de los territorios del Sáhara, para desmantelar una sentada de activistas saharauis que bloquearon la única carretera que conecta Marruecos con los países subsaharianos.

El Polisario consideró que la acción marroquí suponía una ruptura del acuerdo de alto el fuego firmado bajo los auspicios de la ONU en 1991, y emprendió operaciones militares contra el muro levantado por Marruecos en el Sáhara Occidental para blindar su control sobre el 80% del territorio saharaui que se encuentra bajo su administración.

Marruecos respondió principalmente con bombardeos de drones contra las fuerzas independentistas cuando intentaban acceder al territorio disputado.

Las franjas este y sur del Sáhara Occidental, que suponen el 20% del territorio, son para el Polisario parte de sus “territorios liberados”, mientras que la ONU las llama “zona colchón” (obligatoriamente desmilitarizada).

Una tarjeta plastificada asoma entre los documentos que Abdeluadud Mohamed conserva desde hace más de 50 años. En la fotografía, un hombre atractivo, de 23 años y cabello oscuro, posa con sonrisa ladeada. Parece orgulloso de haber conseguido un empleo en la mayor empresa española en el Sáhara Occidental, la mina de fosfatos de Fosbucraa. Su gesto transmite el brío de quien da los primeros pasos en una carrera bien encaminada: un empleo en nómina, derecho a la Seguridad Social, un buen sueldo como peón de mecánica y condiciones regidas por la normativa de España en la que era su provincia número 53. 

Medio siglo después de utilizar esa tarjeta para entrar en la mina, Abdeluadud, sentado en una jaima levantada sobre el desierto argelino, le cuesta reconocerse en el joven que fue, pero lo reivindica. “No siempre fui así, no siempre tuve este aspecto, ni esta vida. Tenía bastante dinero, vivía desahogado, vestía bien, trabajaba en la mejor empresa que podía trabajar”, describe el mismo hombre de la imagen, de pelo canoso, rostro ajado y unas gafas que ocultan el ojo perdido por el impacto de una mina antipersona. A sus 73 años, tras una espera interminable en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, el hombre ve en esa fotografía una vida arrebatada por la ocupación marroquí, pero también el abandono de los trabajadores saharauis, cuando la abrupta retirada de la empresa pública española les dejó atrás sin indemnización ni reconocimiento de sus derechos laborales. 

En su caso, el abandono de la que era —y sigue siendo a ojos de la ONU— la potencia administradora del Sáhara Occidental va más allá de la cesión ilegal del territorio a Marruecos. Para quienes trabajaban para empresas españolas, la salida supuso también la vulneración de sus derechos laborales, quienes en su mayoría, pese a estar contratados y amparados bajo la normativa española, no recibieron indemnización alguna ni han recibido pensión en caso de corresponderles. Uno de los colectivos más afectados por esta situación son los saharauis empleados por Fosbucraa, la empresa dedicada a la explotación a cielo abierto de fosfatos en la mina de Bucraa (Sáhara Occidental). 

La compañía, fundada en 1962, fue impulsada por el Instituto Nacional de Industria durante el franquismo. Durante sus primeros años, los trabajos se centraron en la investigación de los yacimientos de fosfatos, descubiertos por un geólogo toledano, y la construcción de la infraestructura, que incluía una cinta transportadora de más de 100 kilómetros de largo, la más larga del mundo, para desplazar miles de toneladas de roca fosfórica por hora hasta el puerto de El Aaiún, donde finalizaba la cinta con un cargadero que se internaba tres kilómetros en el mar para su exportación. A partir de 1972 inició su explotación, que se mantuvo bajo control español hasta 1976, que pasó a manos de Marruecos a través de una sociedad estatal. 

La tarjeta de identificación laboral de Adeluadud demuestra junto a otros documentos su vinculación laboral con la empresa. Entre los papeles que guarda está un documento oficial, sellado por el ayuntamiento de El Aaiún, que certifica su residencia en la ciudad; una tarjeta de asistencia sanitaria; y una de las nóminas recibidas por la compañía minera, un largo y estrecho papel amarillo, escrito íntegramente en español. Las cantidades son recogidas en la moneda vigente hasta 1976 en el Sáhara Occidental: las pesetas y todo está escrito en castellano, el idioma oficial de entonces. Con toda esa documentación, el saharaui intenta desde hace décadas reclamar su derecho a una compensación económica como trabajador de la empresa. 

Su lucha es compartida con los cerca de 2.000 trabajadores saharauis de Fosbucraa que, según calculó Comisiones Obreras y UGT, trabajaron para empresas españolas antes de la ocupación marroquí. Tras un trabajo de casi una década, ambos sindicatos españoles y la organización saharaui UGTsario, alcanzaron en 2011 un acuerdo con el Gobierno español para indemnizarles. Durante los últimos meses de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, su Ejecutivo aprobó una reforma de la Ley de Seguridad Social que incluía un primer paso para cumplir su compromiso.

Una ley incumplida

“El Gobierno, en el plazo de dos meses, presentará a la Comisión de Trabajo e Inmigración un informe que recoja una relación de las personas saharauis que trabajaban en empresas españolas el 26 de febrero de 1976, momento en el que España se retiró del Sáhara Occidental. Aparte de las personas trabajadoras afectadas, este informe incluirá el coste, su fórmula de articulación y los plazos”, indica la norma publicada en el BOE en agosto de 2011. El plazo de dos meses expiró, como también han transcurrido casi 15 años sin que ni siquiera se hayan empezado los trámites oficiales para reparar a estos trabajadores. Aunque muchos habrán fallecido sin ver su derecho reconocido, otros, repartidos entre los territorios ocupados y los liberados, continúan reclamando lo que consideran suyo.

Los turnos en la empresa consistían en tres días trabajados y cuatro de descanso. El 6 de noviembre de 1975, Abdeluadud Mohamed disfrutaba de las jornadas de libranza en su ciudad, El Aaiún, cuando Marruecos inició la invasión de la entonces colonia española a través de la llamada ‘Marcha Verde’. Ningún superior se puso en contacto con él, nadie le advirtió del proceder de la empresa a partir de entonces. “Simplemente, se fueron”, explica el saharaui. El joven, temeroso de posibles represalias marroquíes, huyó a Argelia, donde los refugiados levantaron varios campamentos temporales que permanecen 50 años después, donde Abdeluadud vive desde entonces a la espera de la convocatoria del referéndum de autodeterminación exigido por la ONU.

“Estoy muy enfadado con lo que hicieron los españoles. Ni siquiera nos han dado una indemnización a los trabajadores de Fosbucraa. No nos han reconocido nada”, dice el hombre, resguardado del sol bajo una jaima desplegada en el campamento de Auserd, durante la celebración del Festival de Cine del Sáhara Occidental (FiSáhara). Él vive en otro campamento, a media hora de distancia, y se ha desplazado hasta aquí, con su carpeta de documentos, para explicar su situación a elDiario.es y tratar de abrir una puerta al reconocimiento de su derecho. 

“Ellos son los que se han ido. No nosotros. Yo tenía un contrato, estaba en nómina y nunca firmé un despido ni la cancelación del contrato. ¿Dónde están las leyes españolas de las que hablan? ¿Dónde está la humanidad?”, se queja el señor, quien en los últimos años dice tener aún mayor necesidad de recibir la compensación económica que considera suya: “Somos muchos los que reclamamos nuestros derechos. Hay que conseguirlo. Sobre todo a esta edad, que lo necesitamos”.  

Cuando este medio pregunta al mecánico saharaui si ha intentado solicitar este derecho por alguna vía formal, Adeluadud responde con otra pregunta, que atina de lleno en el diagnóstico del bloqueo de su situación: “¿Cuál es la puerta abierta para solicitarlo?”, se pregunta el anciano, con la misma sonrisa ladeada que lucía en los 70, pero más envejecida.

“Es cierto”, confirma Alejandra Ortega Fuentes, responsable para países árabes, África y Asia de CCOO, quien lleva décadas pidiendo a las distintas autoridades españolas el reconocimiento de sus derechos laborales. “A día de hoy, no existe ninguna puerta para solicitarlo. Eso es lo que falta: el informe y la creación del procedimiento. Y así llevamos más de diez años”, indica.

La batalla sindical que quedó bloqueada

En los años de batalla sindical, actualmente con bajo fuelle, el objetivo inicial era lograr la concesión de una pensión para los extrabajadores saharauis de Fosbucraa que alcanzasen la jubilación. “A partir del año 2003, y de manera sistematizada, se enviaron las documentaciones que demostraban y avalaban la pérdida de estos derechos. Se logró enviar más de 3.000 expedientes. Una vez informatizados los archivos de la Seguridad Social se empezaron a recibir contestaciones que concluían, en la mayoría de los casos, que los trabajadores no habían trabajado suficiente tiempo como para generar derecho a obtener una pensión”, recoge CCOO en un informe publicado en 2016. 

Después de intentar sin éxito obtener “una concesión de una pensión mínima no contributiva a los trabajadores saharauis” que demostraran la relación laboral que tuvieron con empresas españolas en el Sáhara. Las negativas y complicaciones burocráticas con las que se chocaron Zapatero, empujó a los sindicatos plantear una vía de compensación de mínimos: la obtención de una indemnización única. Para ello, sostiene CCOO, no hacía falta una ley, pero sí “realizar un informe que pudiera avalar el cálculo de estas posibles indemnizaciones”. Esta es la opción que acabó aceptando el Gobierno, como quedó reflejado en una disposición adicional de la Ley de Seguridad Social, aprobada en el BOE en 2011. 

elDiario.es ha preguntado al Ministerio de Seguridad Social y al de Trabajo sobre cuál es la razón de no haber actuado sobre este asunto pendiente hasta el momento y si han recibido las peticiones de los sindicatos al respecto, pero por el momento no ha recibido respuesta, aunque aseguran que lo estudiarán y contestarán próximamente.

“Han pasado más de 10 años y no se ha avanzado nada desde entonces”, dice a elDiario.es Ortega Fuentes. “El Gobierno de España no ha realizado todavía un informe que debía haberse presentado en dos meses a partir de la fecha de publicación en el BOE”, indica la sindicalista, que asegura que durante este tiempo se han enviado cartas a los distintos equipos de gobierno sin haber recibido una respuesta por escrito. “En algunas ocasiones se han alegado dificultades técnicas, y en otras, sin alegar nada”, recogía ya su informe de 2016. Diez años después de la publicación del documento, el sindicato confirma con cierta vergüenza que el texto apenas requiere de actualización: “Todo está bloqueado”.

Revuelve en una caja para encontrar los recuerdos de sus días en el Sáhara español. Del cofre metalizado salen algunos papeles escritos en castellano, una hoja de un cuaderno Rubio de la escuela donde llevaba entonces a su hijo. El maletín naranja acumula lo poco material que conserva de los años en que su vida no se limitaba a esperar para regresar, pero Um El Fadli no encuentra su tarjeta de identidad española, la que le acreditaba como ciudadana de la que fuera la provincia número 53. No pensó que, tras décadas del abandono de España, la podría llegar a utilizar para solicitar la nacionalidad española.

Ahora, una proposición de ley impulsada por Sumar en el Congreso Español, ha avivado sus esperanzas. La mujer septuagenaria no había oído nada del proyecto legislativo que plantea el reconocimiento de la nacionalidad a los ciudadanos nacidos en el Sáhara Occidental durante la época colonial, pero su nieto asiente con entusiasmo al oír hablar de la iniciativa.

La abuela, al conocer los detalles durante los días en que se celebra en su campamento el Festival del Cine del Sáhara Occidental (Fisáhara), asiente para confirmar que, en caso de salir adelante la medida, pediría la nacionalidad española; pero estira su dedo índice, lo coloca delante de su rostro y lo mueve de un lado a otro para enfatizar su respuesta negativa a la pregunta que acaba de escuchar.

– Si obtuviera la nacionalidad, ¿querría vivir en España?

– No. No me iría. Me quedaría aquí. Quiero regresar a mi tierra, no quiero ir a ninguna otra parte. Y si no llega la independencia a tiempo, estaré aquí.

Ese “aquí” es el campamento de refugiados saharauis de Auserd, uno de los cinco asentamientos levantados por los propios saharauis en el desierto de Tinduf (Argelia), tras su huida de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y el posterior abandono español. Es la tierra árida, cedida por Argelia al Frente Polisario, donde sobreviven en condiciones climáticas extremas, bajo la dependencia total de la ayuda humanitaria. Es aquel lugar nacido para desaparecer, cuyas jaimas y casas de adobe fueron construidas bajo la promesa de provisionalidad, pero permanecen 50 años después, como también continúa la vida convertida en causa de Um El Fadli. Es aquí donde decide quedarse si pudiese marcharse, pero mira a su nieto y entiende que en su caso puede ser diferente.

Si Um El Fadli y otras personas nacidas en el Sáhara Occidental antes de 1975 querrían acogerse a su derecho de obtener la nacionalidad española, no es con el objetivo de dejar el campamento de refugiados donde viven y trasladarse a España, pese a sus complicadas condiciones de vida. Una decena de saharauis mayores responden negativamente cuando elDiario.es les pregunta por la posibilidad de migrar, pero todos ellos confirman su deseo de pedir igualmente la nacionalidad en caso de salir adelante la normativa que estudia el Congreso.

Más allá de los beneficios intrínsecos ligados a contar con un pasaporte europeo, los saharauis expulsados de la antigua colonia española hablan del reconocimiento de un derecho que consideran suyo, pero les fue arrebatado. “Es nuestro derecho. Yo tenía DNI español, convivía con los españoles, mi marido trabajaba para una empresa española y, de la noche a la mañana, desaparecieron, tuvimos que escapar y aquí estamos”, dice la señora de 70 años, sentada en una colorida jaima junto a su nieto, que tiene la edad que ella tenía cuando Marruecos inició la llamada “Marcha Verde”, que ellos bautizaron como “Marcha Negra”, y otras mujeres a su alrededor. Ya que España abandonó la antigua colonia al inicio de la ocupación marroquí, dice, ese pasaporte puede darles un respiro ante algunas de las necesidades que enfrentan en los campamentos. Con unos servicios sanitarios sin apenas recursos y una ayuda humanitaria recortada, las razones médicas son las más mencionadas entre quienes pedirían la nacionalidad española si saliese adelante la normativa planteada.

Algunas también mencionan las puertas que un pasaporte español les abriría a sus hijos o nietos para poder formarse, trabajar en España y , así, ayudar a la economía familiar. O, simplemente, contar con la mera posibilidad de viajar en determinadas ocasiones para visitar a seres queridos o alejarse por temporadas de la vida en el desierto. “Me gustaría tener la nacionalidad por si necesitase ir al hospital si enfermo, o para hacer más fácil que mi nieto pueda ir, porque allí es más fácil estudiar y encontrar un trabajo”, dice la señora, mientras el joven la mira y asiente.

Algunos de sus amigos, cansados de esperar para hacerlo por la vía legal, se subieron a bordo de una patera desde Argelia. “Yo quiero irme para ayudar a mi abuela y a mi familia, pero le he prometido que solo iría si consigo un visado”, dice el joven poco después, ya sin Um cerca.

El proyecto de ley da un paso

Después de más de un año con el texto en un cajón, la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y sus descendientes –cumpliendo una serie de requisitos– puedan tener la nacionalidad española ha dado esta semana un paso más en el Congreso con la constitución de la ponencia de la iniciativa. También la posibilidad de que los hijos de quienes nacieron en el Sáhara español tengan más facilidades para obtener la nacionalidad: en un plazo de 5 años desde la inscripción en el Registro Civil de sus progenitores, ellos también podrían solicitar la ciudadanía. En caso de vivir en España, solo se les exigiría haber residido dos años en el país, el mismo plazo reducido que se les pide a los nacionales de otras excolonias españolas o países con fuertes lazos culturales.

En febrero de 2025, el Parlamento aprobó la toma en consideración de la medida con el respaldo de todas las fuerzas políticas excepto del PSOE. La diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, celebró el desbloqueo de la medida y aseguró que su partido tratará de acercarse al resto de formaciones con el objetivo de presionar al PSOE. “Con el Partido Socialista, en materia del Sáhara, hay que seguir presionándoles porque sabemos que no les es cómodo aprobar esta norma, por lo que sea, pero vamos a seguir ahí”, dijo la parlamentaria.

En el mismo campamento de refugiados donde nació y pasó sus primeros años Tesh Sidi, la wilaya de Auserd, algunos jóvenes saharauis o adultos de mediana edad asienten con cierta ilusión cuando se les pregunta por la iniciativa parlamentaria. “Ojalá salga adelante. Tengo todas mis esperanzas en esa ley y lo estoy siguiendo desde que salió”, dice una mujer, que prefiere no dar su nombre. Es madre de dos hijos que viven actualmente en España en un limbo legal a la espera de su petición de apatridia. “Mis hijos ahora no pueden trabajar. Si saliese eso, les ayudaría mucho”, dice la mujer, mientras el fuerte viento de un conato de siroco golpea la jaima donde se refugia.

También desde el desierto, a través de su móvil, conoció los cambios de la ley de regularización extraordinaria española, que, en la práctica, supuso otro golpe para los saharauis. “Me pareció muy injusto. Ellos pensaban que iban a conseguir los papeles. Llevan mucho tiempo esperando la respuesta [de la petición de apatridia] y ahora no pueden hacer nada”, explica la mujer.

La estabilidad de los saharauis que viven en el exterior impacta directamente en las condiciones de vida de sus familias en los campamentos y en muchos proyectos desarrollados por quienes pasan unas temporadas en España y otras en Tindouf. Pese a que todas las casas de adobe parecen similares unas de otra, su interior da pistas de quienes cuentan con seres queridos en otros países, la mayoría en España, y quienes no. Los baños, las telas que cubren las paredes de cada espacio, las cortinas, hablan de quienes tienen algún miembro de su familia en el exterior.

El nuevo paso de la iniciativa parlamentaria llega después de que el Gobierno decidiese en el último momento la exclusión de los solicitantes de apatridia –saharauis en su mayoría en España– de la regularización extraordinaria, por lo que la aprobación de esta ley podría suponer un contrapeso al que ha sido considerado como el último varapalo del Gobierno de Pedro Sánchez a la población procedente de la excolonia española.

Dahda Mohamed Mahmud transmite la presencia y tranquilidad habitual en las mujeres saharauis. La mujer, nacida en el Sáhara Occidental en época colonial. Frente a una bandeja, la señora intercambia los pequeños vasos del ritual del té y concentra las miradas de sus compañeras de jaima. Su caso ejemplifica la manera en la que afrontan las generaciones mayores la posibilidad de tener la nacionalidad española. La mujer, de 70 años, nacida en el Sáhara Occidental durante la época colonial, cuenta actualmente con la nacionalidad española, pero ese reconocimiento no ha cambiado su día a día. “He ido un par de veces a España. Tenía que estar presencialmente para arreglar los papeles. También fui para ver a mi hijo y hacer alguna revisión médica”, detalla. “Pero no me quedo mucho tiempo y siempre vuelvo, prefiero estar aquí con mi marido y mis hijas”, añade la saharaui.

Para los saharauis, tampoco es sencillo pedir la nacionalidad si ya viven en suelo español. Mientras los ciudadanos procedentes de otras excolonias o países con fuertes lazos culturales con España, como Guinea Ecuatorial o América Latina, tienen plazos reducidos debido a esas conexiones históricas, esta ventaja no se cumple con quienes proceden del Sáhara Occidental. En el asiento trasero de un todoterreno aparcado en la árida explanada donde estos días se levanta la infraestructura del Fisáhara, Brahim Chagaf explica a elDiario.es parte de su odisea para tratar de conseguir su derecho a la ciudadanía. El saharaui vive desde hace más de una década entre Navarra y los campamentos de refugiados saharauis. Hace poco más de un mes, cuenta, solicitó la nacionalidad española y se encuentra a la espera de la resolución.

A su llegada a España, presentó a varios abogados el DNI español de su madre para acreditar que sus progenitores nacieron en el Sáhara español. “Yo llevé la documentación de mi madre, pero no me ha servido de nada. De hecho les hacía un poco de gracia a los abogados con los que hablaba, diciendo que eso no valía”, explica el saharaui, quien fue director de la escuela de cine. “Creo que no es justo, siendo yo hijo de españoles. Mi madre tiene el DNI español. Si España lo haya hecho tan mal, debería repararse. No acepto que sean tan justos para unas cosas, con Irán y Palestina, y tan injustos para otra. La causa saharaui es un asunto por resolver, como lo son los crímenes del franquismo”, añade en referencia a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez con el Sáhara Occidental.

¿Ayuda o merma la causa?

“Yo no quiero ni la apatridia y no querría la nacionalidad. Las considero como herramientas. Yo quiero vivir libre y tener el derecho internacional de la libre circulación para cada persona humana, y eso no lo puedo tener sin tener primero la apatridia que me puede permitir estar 10 años en España para que pueda solicitar la nacionalidad española”, explica el saharaui en perfecto castellano. “Estamos hablando de un país que ha ocupado un territorio durante años. ¿No puedo ir cuando me da la gana? Entonces, España obligó a los saharauis a tener el DNI y estar bajo su control y ¿ahora no puedo vivir yo allí? Va más allá de si la nacionalidad nos sirve de algo o no”.

Hay quienes piensan que, si la ley de nacionalidad para los saharauis saliese adelante, la causa correría el riesgo de desinflarse, ante la posibilidad de que muchos jóvenes pudiesen abandonar los campamentos de refugiados de Tindouf. Fuentes del Frente Polisario rechazan esa idea, pues consideran que muchos decidirán permanecer, y creen que es una idea que trata de trasladar el PSOE para justificar su rechazo a la medida. “Son muchos los saharauis que irían y volverían. Pueden pasar temporadas allí, ir al médico o estudiar, pero no se desligarían de los campamentos ni de la causa”, dice Abdula Arabi, representante del Polisario en España, que considera que incluso puede dar más fuerza a sus denuncias.

“Nuestra lucha va a seguir. No necesitamos seguir en un desierto inhóspito, cuando la lucha pacífica aquí es insostenible. Creo que somos más cómodos calladitos aquí en el desierto. Podemos estar en cualquier sitio resistiendo y vamos a seguir reivindicando nuestro derecho al retorno a nuestra tierra. Quiero la independencia del Sáhara Occidental, quizá otros no, pero queremos votar en el maldito referéndum y decidir”, clama el saharaui. Y qué mejor manera para reivindicarlo que reconocer nuestros derechos. Y eso es simplemente lo que haría esa ley que estudia el Congreso, reconocer nuestros derechos“, concluye.

Acabo de regresar de los campos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia, donde he tenido la oportunidad de participar en los actos organizados con motivo de la celebración del 50 Aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que cuenta con el reconocimiento político y diplomático de más de ochenta países en el mundo. 

Me consta que son muchas las voces que ingenuamente pensaban que este pueblo, siempre reivindicativo y en lucha legítima por su soberanía e identidad, terminaría por desaparecer fruto de la inanición, el olvido y la traición de aliados históricos, entre ellos España. Sin embargo, en este periodo, han demostrado una capacidad admirable de dignidad y resistencia. Y ello, a pesar de la represión que sufre la población saharaui por parte de Marruecos en los territorios ocupados y el Sáhara Occidental. A todo ello se suman, además, las difíciles condiciones físicas del terreno (hammada) en el que sobreviven como pueden en el exilio y en los campamentos de refugiados en Tindouf, en un territorio cedido por Argelia. Donde parecía imposible la generación de vida, este pueblo resiliente, con medios precarios, ha construido una comunidad dinámica, creativa e innovadora: instituciones propias; administración descentralizada; servicios públicos universales (educación y sanidad); y servicios de abastecimiento para cubrir las necesidades fundamentales de la población.

Hemos asistido a un programa de eventos participativos, reivindicativos y festivos, en los que hemos recordado la figura de hombres y mujeres que en estas cinco últimas décadas han entregado su vida en defensa de la libertad de su país y los derechos que les asisten. Ha sido un momento especial para tomar conciencia de todo lo vivido en este tiempo y para reforzar la voluntad y el compromiso por alcanzar la plena soberanía y el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas en favor del ejercicio del derecho que le asiste a la libre autodeterminación. 

Un pueblo, liderado por su legítimo representante, el Frente Polisario, que ha demostrado gran paciencia histórica, a pesar de los múltiples engaños, apostando decididamente por las vías políticas para hacer cumplir los acuerdos firmados entre las partes. La invasión y usurpación de su territorio por parte de Marruecos (la Marcha Verde) en 1975 dio lugar a una guerra que finalizó en el año 1990 con la firma de los acuerdos de paz, bajo el auspicio de Naciones Unidas, con el compromiso firme de convocatoria inmediata del referéndum de autodeterminación. Tras muchos años de incumplimiento de esta promesa, y en contra de su deseo, no les han dejado otra salida que volver a defender los derechos que legítimamente les corresponden, también por la vía militar.

Hay que mencionar que, en la vulneración de los compromisos adquiridos y de los derechos humanos, Marruecos ha contado con la complicidad de una buena parte de la comunidad internacional, especialmente de España, que sigue siendo potencia administradora de un territorio, el Sáhara Occidental, pendiente de descolonización según la ONU. Es necesario que el PSOE y Pedro Sánchez rectifiquen su posición y vuelvan a la senda de las resoluciones internacionales, poniendo fin, de este modo, a la traición y abandono a un pueblo hermano con el que nos unen tantos lazos históricos, culturales y lingüísticos. Rectificación que debería comenzar con la modificación del decreto, aprobado por el Gobierno español, de regularización de personas migrantes. De su aplicación se ha excluido a las personas solicitantes del estatuto de apátrida, casi en su totalidad saharauis, residentes en nuestro país, acogerse a esta regularización. Excluir, una vez más, al colectivo saharaui, supone dejarles, después del 30 de junio, en una situación de vulnerabilidad y de discriminación inadmisible respecto del resto de comunidades migrantes.

Por otro lado, la situación geopolítica actual es propicia para reconducir la posición española. EEUU ha jugado un papel decisivo en el sorprendente y triste alineamiento español con las tesis marroquíes. Hoy esta capacidad de presión ha saltado por los aires como consecuencia del desvarío y huida hacia delante de la administración Trump, que ha demostrado que es todo menos un aliado fiable y estable. Otro factor determinante es la recuperación de las relaciones con Argelia, el mayor y más fiel aliado del pueblo saharaui, ante la necesidad de volver a la senda de los acuerdos, que nunca se debieron haber comprometido en materia de suministro de gas, ante la gravísima crisis energética derivada de la guerra en Oriente Próximo. 

Así mismo, para que se haga realidad este cambio de orientación en el Gobierno español es necesaria una mayor implicación de las fuerzas políticas de izquierda que sostienen a Pedro Sánchez. No es suficiente un apoyo a la causa del pueblo saharaui si luego no se convierte en parte de la agenda política negociadora. Más allá de los réditos electorales, este asunto debe convertirse en una “línea roja” en los acuerdos de gobierno o pactos de legislatura con el partido socialista. 

Por el contrario, en los actos vividos estos días se ha puesto de manifiesto la solidaridad con la causa saharaui por parte de los diferentes pueblos y Comunidades del Estado español, reflejada en la amplia participación de sindicatos, partidos y asociaciones. Una solidaridad, humanitaria y política, que debe ampliarse y reforzarse con la implicación de las nuevas generaciones en una lucha justa por la que merece la pena entregarse. Regreso de este viaje con una convicción profunda. No sé cuanto tiempo pasará hasta que este pueblo vuelva a la tierra que le fue arrebatada. Lo que tengo muy claro es que dentro de otros 50 años seguirá existiendo y resistiendo. Y con más pujanza, fuerza, convicción y razón, si ello es posible. 

Tras su llegada a España desde los campamentos de refugiados saharauis, Ezza pensaba que la larga espera podía tener una salida. Después de más de un año atrapada en el proceso de apatridia, creyó que la regularización extraordinaria le abriría una puerta: trabajar, dejar de depender de la familia de su hermana, poder viajar al campo de El Aaiun (Tinduf) para ver a su hija mayor. Pero este martes una noticia volvió a colocar su vida en pausa: el Gobierno había excluido finalmente a los solicitantes de apatridia de la medida. “Yo pensaba pedirla, pero los saharauis no pueden. Otra vez nos vuelven a castigar a los saharauis”, dice a elDiario.es desde Asturias, donde vive acogida por su hermana.

La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre los saharauis que llevaban semanas siguiendo de cerca el desarrollo de la medida, como Ezza. Los solicitantes de apatridia sí figuraban en el último borrador de la norma pero el texto definitivo les ha dejado fuera en el último momento, pese a que quienes piden la apatridia suelen esperar durante años la respuesta del Gobierno, en una situación administrativa más incierta que los demandantes de protección internacional, según explica el abogado Sidi Talebbuia. Mucos saharauis perciben el giro de última hora como un nuevo golpe el Gobierno de Pedro Sánchez al pueblo del Sáhara Occidental, después del cambio de posición de España con respecto a la causa, pese a la responsabilidad histórica del país en la antigua colonia española.

Razones que no se corresponden con la realidad de los saharauis

El Gobierno ha justificado la exclusión apoyándose en el dictamen del Consejo de Estado, que cuestiona la inclusión de perfiles cuya situación administrativa ya está en proceso de resolución, como es el caso de los solicitantes de apatridia. Según esta argumentación, incorporarles al mecanismo extraordinario podría generar “inseguridad jurídica o solapamientos entre procedimientos”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, justificó la decisión asegurando que las personas apátridas no están en situación irregular. España es de los pocos países que tiene un estatuto específico que protege a las personas apátridas“, afirmó en una entrevista en la Cadena Ser.

Sin embargo, la titular de Migraciones parecía confundir las personas que ya cuentan con el estatuto de apatridia reconocido con los solicitantes. Del mismo modo que no es lo mismo ser solicitante de protección internacional (para los que sí está destinada la regularización) que refugiado (para los que no). Además, Saiz afirmó que la población saharaui está “protegida”, una afirmación falsa, dada la precariedad en la que se encuentran los solicitantes de apatridia saharauis, mucho más vulnerable en comparación con las garantías del sistema de asilo.

Distintos informes han documentado las dificultades específicas que enfrentan los solicitantes de apatridia en España durante la tramitación de sus expedientes. El Índice de Apatridia en España 2023, elaborado por la Red Europea sobre Apatridia con participación de entidades como la Fundación CEPAIM, advierte de que estas personas encuentran obstáculos para acceder a derechos básicos mientras esperan una resolución. El informe señala que la apatridia genera una situación de “anomalía legal” que se traduce en barreras para el acceso al empleo, la sanidad o las ayudas sociales, en un contexto en el que los procedimientos pueden prolongarse durante años sin que exista un marco de protección equiparable al de otros colectivos migrantes.

Para el abogado Sidi Talebbuia, saharaui y especialista en apatridia, la explicación carece de sentido práctico. “La ministra dice que los apátridas cuentan con un procedimiento propio, pero los solicitantes de asilo también, y además es mucho más garantista que el de los apátridas, así que no se sostiene”, zanja el letrado. Mientras los demandantes de protección internacional se les concede una serie de documentos que prueban su situación regular en el país y, tras seis meses, pueden trabajar, los saharauis carecen con estos derecos en España, sino que mientras aguardan la respuesta definitiva de su petición durante años, se quedan en una especie de “limbo jurídico”, detalla el jurista. “No tienen derecho al trabajo, ni se les documenta. Antes se notificaba en comisaría y se les daba una tarjeta verde, pero eso ya no se hace desde hace años”, explica.

Las afirmaciones de Saiz han sido respondidas por la diputada saharaui de Más Madrid, Tesh Sidi. “La ministra ha dicho que los saharauis estaban protegidos. ¿Protegidos con qué? ¿Con carecer de papeles durante más de tres años, sin poder comer, sin poder trabajar, sin poder acceder a un centro de salud, con la incertidumbre de no saber dónde está tu expediente? ¿Eso es estar protegido?”, ha declarado.

La realidad de Ezza

El caso de Ezza evidencia el contexto aportado por Talebbuia. La mujer saharaui, de 31 años, llegó a España el 21 de julio de 2024. Tres meses después, el 17 de octubre, solicitó la apatridia. “Desde hace un año y siete meses estoy en trámite, pero aún no me han respondido. Y sigo así, sin documentos, sin poder trabajar, sin nada”, explica. En ese tiempo, apenas ha recibido noticias de su expediente. Era un requerimiento habitual: acudir a comisaría, acreditar su documentación y seguir avanzando en el procedimiento, explica. El proceso sigue sin resolverse. 

Agotada con la espera, Ezza quería acogerse a la regularización como una solución a su situación, pese a que supusiese renunciar a la apatridia, un estatus que, de concederse finalmente, le aportaría mayores derechos y un permiso de residencia permanente en España. “Pero esta espera es casi inviable. Por eso lo más importante para mí es tener unos papeles para trabajar y vivir con la hija tranquila, sacarla adelante y poder viajar para ver a mi otra hija”, explica la saharaui. “Nunca pensé que todo iba a tardar tanto. Dejé a mi hija con dos años y ahora tiene cuatro”, ejemplica la mujer. Su niña menor nació en España y ya cuenta con nacionalidad española.

El día a día de Ezza no encaja con la “protección” con la que dice la ministra que cuentan los saharauis como solicitantes de apatridia. Su vida cotidiana transcurre en condiciones indignas en Asturias. Vive en casa de su hermana, en un piso pequeño donde conviven ocho personas. “Es un apartamento de dos habitaciones. Vivo con mi hermana, su marido, sus cuatro hijos, yo y mi hija, describe la saharui. No está empadronada allí. Tampoco tiene ingresos. ”No tengo nada… ni ayuda, ni empadronamiento... lo tenía pero tenía que pagar alquiler y ahora no puedo. Y en casa de mi hermana no puedo empadronarme porque es familia numerosa, ya vive mucha gente y no es posible“, explica.

Ese limbo administrativo se prolonga durante largos periodos que van de los dos a los tres años. En ese tiempo, aunque su situación no es de irregularidad, tampoco pueden construir una vida normalizada. A diferencia del procedimiento de asilo, regulado con mayor detalle, el de apatridia se rige por un reglamento de 2001 que deja amplios márgenes de discrecionalidad a la Administración. “Se les podría documentar, es potestativo, pero España dejó de hacerlo desde la pandemia. Mientas que la ley de asilo sí obliga a entregar esa documentación temporal”, subraya el abogado.

Talebbuia sospecha que la situación de los solicitantes de apatridia en España trasciende lo jurídico. La mayoría de ellos son saharauis, personas cuya documentación procede de la República Árabe Saharaui Democrática, un Estado que España no reconoce. “Ahí hay un problema político evidente. No quiere enfadar a Marruecos”, sostiene.

Mientras Ezza describe su situación se escucha a su hija, también a su hermana y a su cuñado, además a otros niños de fondo en el pequeño piso donde viven todos juntos. Recuerda una paradoja: “Yo incluso debería tener la nacionalidad española porque mi padre la tenía por haber nacido en una provincia española (Sáhara Occidental), pero ¿por qué no nos tratan igual que a quienes vienen de otras excolonias españolas como los países de America Latina?”, critica la saharaui, como tantos otros, atrapada entre un procedimiento que no termina y una regularización que, cuando parecía abrirse, ha vuelto a cerrarse.

Cientos de personas han protestado este domingo en las Setas de la Encarnación en Sevilla contra la “ocupación militar” de Palestina y el Sáhara Occidental, respondiendo así al llamamiento de la Plataforma Abierta por la Paz, bajo el lema ¡Hagamos oír nuestras voces cantando!.

En el acto han entonado canciones de libertad “para romper el silencio” ante los conflictos internacionales. Los organizadores han destacado la urgencia de alcanzar una “paz real” frente a la “preocupante escalada militar” en Oriente Medio “tras la agresión de EEUU e Israel contra Irán, así como la situación estructural de castigo sobre los pueblos que se resisten al dictado del imperialismo”.

“Sevilla no es indiferente ante la guerra. Hoy nuestras voces son el motor de un mensaje de esperanza y una herramienta de transformación social”, señala en un comunicado la citada plataforma, que aglutina a diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas.

Sobre el escenario se han sucedido las actuaciones del cantautor Daniel Mata y el rapero senegalés Oumar, junto a la propuesta de baile de Laila Al-khouli y la compañía de teatro La Cólquide, entre otras formaciones que han puesto el arte al servicio de la denuncia social.

La movilización ha contado con el respaldo de figuras de la cultura y el activismo como Rozalén, Carlos Bardem, Isidoro Moreno o Aminatu Haidar, apuntan desde el citado colectivo.

En el imaginario colectivo de occidente, cada quien ocupa un rol en los conflictos armados internacionales. No suele ser casual, ni una mirada amable, concretamente la depositada sobre el papel que desempeñan las mujeres, retratadas como víctimas pasivas sin apenas voz, pero de las que mucho se habla. La directora y periodista oscense Raquel Larrosa da la vuelta a este concepto en Disonancia, cortometraje documental nominado al Goya que retrata a las mujeres saharauis desminadoras del Sáhara Occidental y su trabajo en los campamentos de población refugiada de Tinduf, en Argelia. Durante el rodaje Larrosa acompaña la labor de Fatimetu Bucharaya la asociación SMAWT (Saharawi Mine Action Women Team), un equipo pionero de mujeres que detectan minas antipersona y trabajan en la sensibilización de la población civil.

¿Por qué nace Disonancia? ¿Qué le llevó a mirar hacia las mujeres saharauis que desactivan minas?

Disonancia es parte o una pequeña historia del proyecto un poco más grande que, de alguna manera, quería contar el papel o el trabajo de mujeres en zonas de conflicto. No tiene por qué ser conflicto armado, pero puede ser en un país, por ejemplo, con democracia, pero que aún tuviera sin resolver el tema de memoria histórica, consecuencias que de alguna forma afectan a los derechos humanos. Yo llevo trabajando varios años en el conflicto del Sáhara. Lo conocí por otro trabajo cuando era muy joven, tras graduarme, y me di cuenta de que este conflicto estaba silenciado y de alguna manera todos estos años he ido yendo, viniendo, conociendo a más familias saharauis, a más personas que están allí, que trabajan con el pueblo saharaui y que de alguna forma me inspiraban.  Sabía que había un grupo de mujeres saharauis desminando desde hace varios años, ya lo había seguido a través de la prensa, pero me llamó mucho la atención en uno de mis viajes a la zona de campamentos ver que se había formado un grupo solo de mujeres desminadoras. No todas desminaban, pero, de alguna manera, todas se coordinaban para sacar este trabajo y de alguna forma quise conocerlas, me presenté, las conocí, vi el trabajo, y, bueno, decidí seguirlas.

Esta historia no solo daba la vuelta a la imagen que se tiene de las mujeres en conflictos armados, sino en concreto de las mujeres árabes, y en este caso saharauis, que yo en la realidad tenía una imagen muy distinta que la que estábamos acostumbradas a ver o que ni siquiera veíamos

En un panorama saturado por imágenes de guerra, ¿qué vio en la historia de Fatimetu Bucharaya y de SMAWT que le hizo pensar que sería innovador?

Bueno, yo he visto, leído y escuchado mucho sobre los conflictos armados. Me llama mucho la atención, desde que soy pequeña, sobre todo ese oficio de corresponsal de guerra, aunque me gusta más, como dice Olga Rodríguez, corresponsal de paz, y otros periodistas que han ido cubriendo estos lugares. Yo creo que aquí no es fácil, pero he ido a muchos seminarios, me he formado mucho, he escuchado a personas que llevan muchos años trabajando, y, de alguna manera, siempre me ha llamado mucho la atención, como esa primera línea de fuego o esa romantización a veces de los conflictos bélicos, y sobre todo me alarmaba mucho la parte de reducir a las mujeres a un estereotipo, simplemente como víctimas, cuando todo el mundo es víctima de un conflicto armado, pero en no darles voz, en no hacer que sean sujetos activos, pues me alentaba mucho, y yo tenía una visión diferente de un conflicto que además conocía y que había viajado mucho al terreno. Entonces, de alguna manera, todo lo que he leído, bastantes libros, en teoría quería verlo en la práctica. De alguna manera, esta historia no solo daba la vuelta a la imagen que se tiene de las mujeres en conflictos armados, sino en concreto de las mujeres árabes, y en este caso saharauis, que yo en la realidad tenía una imagen muy distinta que la que estábamos acostumbradas a ver o que ni siquiera veíamos.Y creo que esto es algo que está gustando mucho.

Yo quería hacer una historia muy humana, por eso me acerco tanto, por eso estoy tan cerca, intento que la cámara sea invisible para de alguna forma quedarme con ellas

El corto nos muestra a mujeres saharauis en el centro de la acción, buscando minas con detectores de metal y asumiendo un riesgo físico enorme, muy lejos del tópico de víctimas pasivas. ¿Qué decisión consciente hay detrás de esa forma de encuadrarlas?

Precisamente esto era algo muy clave en este proyecto, un grupo de mujeres que son diversas, aquí solo salen tres, pero son unas siete, van cambiando estos años, cada una con su historia, cada una con sus estudios, que ninguna trabaja de lo que ha estudiado, pero todas con un objetivo común, que esto es algo muy habitual a lo largo de la humanidad, grupos de mujeres coordinándose para seguir ganando derechos, hacer cambios y hacerse más fuertes. Entonces esto me parecía muy potente, y sobre todo yo quería hacer una historia muy humana, por eso me acerco tanto, por eso estoy tan cerca, intento que la cámara sea invisible para de alguna forma quedarme con ellas, y que luego todas las preguntas ocurran después de ver esta película.

No es fácil entrar en El Aaiún con una cámara y ya sin cámara, siendo periodista, activista o bajando con alguna entidad relacionada con la lucha por los derechos humanos

En otras entrevistas usted ha defendido el cine documental como herramienta de intervención sociopolítica y arma de denuncia. ¿Cómo se traduce esa idea cuando hablamos específicamente de cuerpos de mujeres en un territorio militarizado?

Para mí el cine no es un fin; no aspiro, y esto es verdad, a ganar premios. Considero que el premio es que un festival lo seleccione, la película se ponga, vaya el público y haya un coloquio, para mí ese es el verdadero premio, y no solo para generar sensibilización y conciencia, sino para llevarlo, ¿por qué no?, al Parlamento Europeo, que es nuestra idea. El cuerpo de las mujeres a lo largo de los años ha sido efectivamente, un territorio de guerra, de hecho, en la zona de campamentos ellas deciden utilizar sus cuerpos para seguir resistiendo frente al invasor, que en este caso es Marruecos, y a través de un trabajo, que salva vidas frente a la muerte. Literalmente, los cuerpos de las mujeres de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, precisamente, están en primera batalla de guerra, eso está así, y es muy difícil de contar porque no es fácil entrar en El Aaiún con una cámara y ya sin cámara, siendo periodista, activista o bajando con alguna entidad relacionada con la lucha por los derechos humanos.

Yo lo intenté y de momento no he podido todavía. De modo que ponen sus cuerpos, hay varios informes de organizaciones de derechos humanos que están contando esto, Aminatou Haidar es una emblemática activista, pero hay muchas más que ponen sus cuerpos y también afecta, claro, a los hijos o hijas que tengan allí en esa zona ocupada. El cine al final es evidencia. Yo siempre lo cuento cuando voy a algún coloquio y es que se debería de avanzar en la parte de cine documental como evidencia de denuncia, porque esto está pasando, por mucho que luego haya gobiernos o haya personas responsables o que tengan acceso a voz y puedan contar una narrativa diferente, es muy importante hacer mecanismos de control en lugares donde además hay un mecanismo que no vigila derechos humanos pero que debería hacerlo, y que de alguna forma desmonta toda esta otra narrativa y ayuda un poco a esa verdad, justicia y reparación.

Ellas llevan su melhfa , que es su vestimenta de identidad saharaui, y si tienen se tienen que meter unos pantalones se meten y si tienen que coger el detector, lo hacen

Uno de los objetivos declarados del proyecto es cambiar la imagen de la mujer árabe en los medios y en la sociedad. ¿Qué imágenes quería desmontar y qué otras nuevas imágenes quiere proponer?

La imagen de la mujer y en concreto árabe, como si no hablaran, como si no hicieran nada, cuando todas las mujeres del mundo son muy diversas. Esa riqueza en el presente de todo lo que se sigue haciendo, lo que se está consiguiendo. Me parecía muy importante traer esa imagen tal cual y ese sonido aquí a esta historia y quería desmontar un poco, por ejemplo, que ningún trabajo tiene género. Que esto es algo que, fíjate, aún pasa en todas las sociedades y que las mujeres, pues, al final la forma de abrir ese camino hacia la igualdad, independientemente si viven en el Sáhara, en Senegal, en España, en Estados Unidos o en Irán, necesitan un trabajo, es lo que les va a dar, de alguna manera derechos y de alguna manera igualdad respecto a sus comunidades. Esto era muy potente; ellas llevan su melhfa , que es su vestimenta de identidad saharaui y de alguna manera, si se tienen que meter unos pantalones se meten y si tienen que coger, pues, el detector lo hacen, si tienen que ir al frente del muro donde están los soldados marroquíes y desactivar esos campos de minas, pues, lo van a hacer, porque al final es su tierra, es su territorio y es su lucha.

Creo que estaría muy bien llevar esta historia tan humana al Parlamento Europeo y obligar a los países que firman el Tratado de Ottawa, que son muchísimos, a invertir en la zona de desminado

El corto llega a los Goya después de un recorrido importante por festivales, con premios en Huesca, Elche, en el Humans Fest de Valencia, menciones en el Thomas Edison Film Festival o en citas dedicadas al cine social. ¿Qué le está devolviendo el público sobre las protagonistas y sobre el Sáhara?

Esta parte de festivales creo que es muy bonita, sobre todo porque el público, el jurado, los festivales, son una oportunidad brutal para los cortos, porque si no, de alguna manera, aquí ahora estamos haciendo otros circuitos, en educación, en entidades saharauis que están empezando a inscribirnos, pero esos festivales no solo te dan ese cruce con el público, también de alguna manera empiezas a ver si tu película llega, si alguien siente algo, si alguien tiene una o muchas preguntas o si alguien quiere hablar. Me gustan los trabajos que de alguna manera no cierren, porque hay cosas que aún no se pueden cerrar y que cada persona con la información que tiene, eso lo bonito, que sume.

Si pudiera decidirlo usted, ¿cuál le gustaría que fuera el efecto concreto de esta nominación en la vida de las protagonistas y en la propia lucha del pueblo saharaui?

Sería demasiado ambiciosa en esto, pero creo que estaría muy bien llevar esta historia tan humana al Parlamento Europeo y obligar a los países que firman el Tratado de Ottawa, que son muchísimos, a invertir en la zona de desminado y que se llegara a un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario, en este caso, para que parar la guerra. Pero claro, es que la guerra no va a parar mientras siga habiendo ocupación y mientras Marruecos, de alguna forma, tenga separadas a las familias saharauis en la zona ocupada de campamentos o en la diáspora. Naciones Unidas ya pone el Sáhara como territorio pendiente de descolonización, tiene derecho a su autodeterminación. Estas personas siguen resistiendo, siguen luchando, siguen aguantando, aunque la gente, no es que se haya olvidado de ellas, sino que hay un lobby muy fuerte que las ha silenciado y creo que esta película, de alguna forma, se cuela en medio de este silencio y no solo nos recuerda, sino que creo que inspira y creo que puede ayudar a cambiar cómo no, alguna política. Pensando en soñar, pero es que si no soñamos con escenarios mejores, seguramente no llegaremos a tenerlos nunca.

Dormir sin el calor extremo del desierto, acceder a una revisión médica, jugar en un parque o sentarse cada día a una mesa familiar. Para decenas de niños y niñas saharauis, esos gestos cotidianos siguen siendo un privilegio. Cada verano, el programa Vacaciones en Paz convierte esa excepción en realidad gracias a la implicación de familias extremeñas que abren las puertas de sus hogares a menores procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia.

La Asociación NUR Saharaui Extremadura ha puesto en marcha una nueva edición del programa para el verano de 2026, con el objetivo de seguir ofreciendo a niños y niñas de entre 8 y 12 años un periodo de descanso, salud y afecto lejos de las duras condiciones de vida del desierto. Tras el impacto positivo de ediciones anteriores, la entidad hace ahora un llamamiento a nuevas familias de acogida que quieran sumarse a una iniciativa que no solo mejora el bienestar de los menores, sino que también fortalece los lazos de solidaridad entre pueblos.

Extremadura mantiene una larga tradición de apoyo al pueblo saharaui desde 1994. Solo en el último verano, más de un centenar de menores fueron acogidos en localidades como Cáceres, Mérida, Casar de Cáceres o Villanueva de la Serena. Durante su estancia, los niños y niñas pudieron acceder a revisiones médicas, recibir una alimentación equilibrada y participar en actividades lúdicas y educativas, alejados de las altas temperaturas y de una realidad marcada por el conflicto silenciado y la precariedad en los campamentos de Tinduf.

NUR Saharaui Extremadura es una organización sin ánimo de lucro que trabaja de forma continuada para mejorar la calidad de vida de la comunidad saharaui, promoviendo el respeto a los derechos humanos, el acceso a la salud y a la educación, y el entendimiento entre culturas. En el marco de Vacaciones en Paz, la asociación cuenta con un equipo de voluntariado con amplia experiencia que acompaña a las familias de acogida durante todo el proceso, desde la preparación previa hasta el seguimiento durante la estancia de los menores, garantizando una experiencia segura, cercana y enriquecedora para todas las partes.

El programa se desarrolla en coordinación con la Delegación Saharaui para Extremadura y el Ministerio de Juventud y Deportes de la República Árabe Saharaui Democrática, y va más allá de una simple acogida temporal. Durante el verano, los menores comparten cultura, juegos y experiencias con las familias extremeñas, al tiempo que mantienen el vínculo con sus familias biológicas en los campamentos. Para muchos de ellos, este periodo supone una mejora significativa en su estado de salud y un recuerdo que marca su infancia. Personas expertas en la cuestión saharaui recuerdan que estas estancias también evidencian una deuda histórica: las familias de muchos de estos menores fueron ciudadanos españoles con DNI hasta la retirada de España del Sáhara Occidental en 1975, un proceso que, según denuncian colectivos de derechos humanos, dejó al pueblo saharaui en una situación de desprotección que aún perdura. Para estas entidades, la acogida estival es un gesto de solidaridad imprescindible, pero también un recordatorio de la responsabilidad política que España sigue teniendo en un conflicto que permanece sin resolver.

Desde la asociación subrayan que acoger es una decisión que se toma desde la reflexión, pero recuerdan que no es necesario tener experiencia previa. NUR Saharaui Extremadura ofrece información, asesoramiento y acompañamiento continuo, consciente de que cada familia vive el proceso de forma distinta. “Vacaciones en Paz no cambia solo el verano de un niño o una niña; cambia también a la familia que acoge”, destacan desde la entidad.

Con el horizonte puesto en el verano de 2026, la asociación anima a las familias extremeñas interesadas a informarse sin compromiso y a participar en una iniciativa que sigue siendo vital para garantizar a estos menores un acceso a servicios médicos inexistentes en los campamentos y una experiencia de intercambio cultural que deja huella a ambos lados.

Para dar a conocer todos los detalles del programa, NUR Saharaui Extremadura celebrará un encuentro informativo presencial el jueves 29 de enero, a las 18:00 horas, en la sede de Amnistía Internacional Cáceres, situada en la avenida Virgen de la Montaña número 6. En el acto se ofrecerá información práctica sobre Vacaciones en Paz 2026 y varias familias compartirán su experiencia de acogida.

Las personas interesadas en acoger, colaborar o recibir más información pueden ponerse en contacto con la Asociación NUR Saharaui Extremadura a través de los teléfonos 686 15 83 17 y 616 15 00 47, o mediante los correos electrónicos nursaharaui@gmail.com y vepnursaharaui@gmail.com. También pueden seguir la actividad de la entidad en redes sociales, en Instagram (@nur_saharaui_extremadura) y Facebook (NUR Saharaui Extremadura).

Porque, a veces, un solo verano basta para cambiar una vida: La tuya propia, la primera.

Las autoridades de Marruecos han impedido este martes desembarcar en El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, a la diputada en el Congreso de Podemos Noemí Santana y al consejero de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, de Nueva Canarias.

Según ha informado Podemos en un comunicado, los dos vuelan de regreso al aeropuerto de Gran Canaria, cuando pretendían reunirse con representantes saharauis para comprobar la situación de ese territorio y las violaciones de derechos que sostienen que Marruecos comete en la zona.

“Podemos Canarias denuncia esta acción como una violación flagrante de los derechos humanos, una muestra más de la ocupación ilegal y el expolio de recursos del Sáhara Occidental, y critica la connivencia del Gobierno de Sánchez con la monarquía marroquí y su alianza con el trumpismo internacional”, asegura este partido.

Podemos asegura que su secretaria general en Canarias “fue retenida sin explicación” al aterrizar en El Aaiún y “finalmente impedida de continuar con la misión en el Sáhara ocupado”, lo que califica de “acto arbitrario”

“La misión tenía como objetivo documentar in situ la situación de derechos humanos después de la última ofensiva represiva de las fuerzas marroquíes en los territorios ocupados”, añade.

A su llegada al aeropuerto de Gran Canaria, Noemí Santana ha denunciado que fueron retenidos durante 20 minutos en el avión “sin ningún tipo de justificación por una fuerzas de ocupación marroquí que en ningún momento se identificaron”, a pesar de solicitarles que lo hicieran.

“Les hicimos hacer saber que algunos de nosotros somos representantes públicos en instituciones de Canarias y que llegábamos simplemente a hacer nuestra labor de observación del cumplimiento del derecho internacional y, sobre todo, de los derechos humanos, sabiendo que se vulneran cada día en ese territorio, donde tenemos a 35 personas que han sido encarceladas por razones políticas”, ha criticado la diputada.

Santana ha asegurado que presentarán las denuncias pertinentes en los espacios donde puedan, porque cree que han sido vulnerados sus derechos.

En este sentido, ha reconocido que ha vivido en primera persona “cómo te pisotean derechos” a pesar de ni siquiera bajar del avión, por lo que ha lamentado las consecuencias que tiene el activismo “en aquellas personas que están en el territorio luchando por la soberanía del Sahara, que ha sido usurpada por el invasor marroquí”.

La diputada canaria ha lamentado que no hayan podido desarrollar su agenda para reunirse con la sociedad civil y activistas saharauis, pero ha garantizado que volverán a acudir al Sáhara Occidental.

Carmelo Ramírez, que preside la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, ha argumentado que viajaba a El Aaiún con el objetivo de “testimoniar la denuncia de la violación de los derechos humanos y de la ocupación ilegal por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental”.

“Marruecos lleva ocupando violentamente este territorio desde hace 50 años, incumpliendo las resoluciones internacionales, no respetando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y además encarcelando a los activistas saharauis defensores de los derechos humanos”, ha denunciado el consejero insular.

EFE ha intentado, sin éxito, recabar la versión de las autoridades marroquíes.

Según el diario digital Hespress, las autoridades locales rechazaron la entrada en El Aaiún de “tres activistas españoles de derechos humanos hostiles a la integridad territorial”, en alusión a Santana, Ramírez y el secretario de Comunicación de Podemos en Canarias, Fernando Ruiz, que también viajaba con ellos.

Hespress subrayó que “estos tres activistas de derechos humanos intentaron explotar sus credenciales públicas en materia de derechos y profesionales para ejecutar planes de apoyo a las tesis separatistas, sin ningún permiso ni coordinación legal con las autoridades competentes, en clara violación de las leyes vigentes; lo que obligó a tratar su caso con firmeza para proteger la seguridad nacional y salvaguardar la soberanía del Reino”.

El pasado febrero las autoridades marroquíes impidieron el acceso a El Aaiún de una delegación de eurodiputados, en una visita calificada entonces por el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, de “provocaciones que no tienen ningún impacto en Marruecos”.

Burita añadió que las visitas al país “está sujeta a procedimientos organizativos claros dentro de un marco reglamentado, de acuerdo con las leyes vigentes”

En un pequeño restaurante frente a una estación de autobuses en Inezgane, Agadir, al sur de Marruecos, dos jóvenes con chándal y cangrejeras con calcetines entran a pedir comida para llevar. Se van al desierto. “Van así porque, si la policía los encuentra —en el desierto—, pueden huir más rápido”, explica S. D., un agricultor senegalés próximo a los organizadores de la salida de pateras en la zona. Afuera llueve y la humedad cala en los huesos, pero aun así las bolsas de plástico convertidas en maletas de viaje y las chaquetas finas se agolpan en las manos de quienes esperan. Es viernes, y los adultos, adolescentes y bebés que apenas empiezan a caminar aguantan el mal tiempo: el día siguiente, primera jornada de Ramadán, se embarcarían rumbo a Canarias.

Agadir es uno de los puntos claves de la salida de pateras hacia Canarias desde Marruecos, especialmente tras el aumento de la vigilancia en Dajla (Sáhara Occidental). Y una de las estaciones de autobuses de Inezgane se ha convertido en nodo de la ruta hacia el Archipiélago canario. Durante el día, la estación es un espacio de tránsito y mercadeo; por la noche, se transforma en el punto de encuentro hacia el desierto, donde cientos de personas esperan para subir a las embarcaciones que los llevarán hacia las costas canarias.

Los migrantes se congregan a la espera de los llamados auto mafia: coches conducidos en su mayoría por personas subsaharianas que trasladan a los migrantes hacia el punto más cercano de salida. Dependiendo del día, los coches se dirigen al desierto de Guelmim, a la playa de Tan-Tan, al desierto de Tarfaya, a El Aaiún o Bojador: zonas desérticas cercanas a las playas de salida. Una vez allí, toca esperar en pleno desierto -uno, dos o tres días, lo que sea necesario- hasta que los organizadores aparecen para trasladarlos al mar.

El trayecto se realiza siempre de madrugada y suele durar entre tres y cuatro horas, explican a elDiario.es quienes conocen de primera mano este paso previo a la salida de las precarias embarcaciones. Varias fuentes apuntan que los gendarmes marroquíes que vigilan los puestos de control de las carreteras hacen la vista gorda. Cuando los llamados auto mafia llegan por la noche a los puestos, sus conductores pagan una cantidad acordada -que ronda los 20 euros- y se les permite el paso, según confirma uno de los conductores a elDiario.es. Este medio fue testigo del pago de uno de estos sobornos por parte de los conductores, que conforman un mero eslabón de la organización de estos viajes.

Son las once de la noche y la policía marroquí hace su ronda. Los agentes aparecen en un coche policial por la parte trasera de la estación. Apagan las luces verdes y dos policías bajan del vehículo: “Van a cobrar por dejarles estar aquí”, explica S. D. Desde el interior del vehículo, el conductor entrega dinero a uno de los agentes, que continúa su camino.

Agadir, conocida por su atractivo turístico, es uno de los puntos de salida en la ruta hacia Canarias tras el aumento del control policial en Dajla, parte de los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental. Durante años, la ciudad saharaui fue el pasillo hacia Canarias. Allí, migrantes de Costa de Marfil, Senegal o Mauritania, entre otras nacionalidades, trabajaban en fábricas de pescado y empaquetadoras de la zona industrial para costearse el viaje. A pesar de haber dejado de ser un punto regular de salida, Dajla sigue teniendo un papel persistente en la ruta migratoria, mientras la turistificación avanza.

Caída de las llegadas a Canarias

Embarcarse desde las costas saharauis, marroquíes o mauritanas hacia Canarias cada vez es más complicado ante el aumento de la cooperación fronteriza de Marruecos y Mauritania con la Unión Europea, lo que los expertos en inmigración denominan como “externalización de fronteras”. Es un proceso que suele conllevar abusos contra la población migrante, ante la inexistencia de mecanismos de control en materia de derechos humanos por parte de los Estados europeos. El mayor despliegue policial en las zonas de salida se refleja en el descenso de las llegadas de pateras a Canarias en 2025. En lo que va de año, 14.690 migrantes han desembarcado en las islas un 63% menos que en 2024, según los datos del Ministerio del Interior.

Hasta hace dos años la ciudad de Dajla era una de las zonas más transitadas hacia Canarias, una de las rutas más letales, que en 2025 ya ha concentrado al menos 1.865 muertes entre enero y mayo, según recoge la ONG española Caminando Fronteras en uno de sus últimos informes. Ahora, quienes llegan desde distintos puntos de África para intentar alcanzar España recorren alrededor de 1.200 kilómetros desde Dajla, donde suelen asentarse para trabajar, hasta Agadir, punto de salida.

Muchos trabajan durante años para ahorrar y poder pagar una plaza en una de las pateras que partirán hacia el Archipiélago. El viaje hacia España desde Agadir cuesta entre 1.500 y 2.000 euros, en un país donde el salario mínimo ronda los 290 euros al mes, explican varios de los migrantes residentes en Marruecos que esperan atravesar esta ruta en algún momento. El trayecto suele durar entre dos y cuatro días, pero ante cualquier problema puede alargarse hasta una semana o acabar en tragedia. La suerte también depende de quién los intercepte: si es la Marina marroquí, detienen a los migrantes; en ese caso, pueden dejarlos en una ciudad cercana, llevarlos a centros de retención o, en algunos casos, abandonarlos en el desierto. Si, por el contrario, es Salvamento Marítimo, los rescatan. Las salidas desde los diferentes puntos suelen realizarse por la noche. “Si todo va bien, en unas ocho horas ya estás en manos de España”, explica S. Los cuerpos de seguridad instalados en los puestos de control vigilan el terreno: si ven migrantes, avisan a la policía, que decide qué hacer con ellos. “Si pagas, te vas”, resume.

Dajla, del pasillo migratorio al espejismo turístico

Cerca de Dajla, en L’Argoub, un pequeño pueblo militar a 300 kilómetros de Guerguerat —el principal puesto fronterizo que conecta el Sáhara con Mauritania—, se encuentra el desierto donde muchos migrantes cruzan a pie desde Mauritania. Se pueden ver varios carteles en los que hoteles y escuelas de kitesurf ofrecen vacaciones de ensueño en el mismo lugar por donde caminan senegaleses, guineanos, malienses o marfileños. No pueden recibir ayuda ni hacer autostop: una ley verbal prohíbe la asistencia a quienes se desplacen de ese modo bajo la amenaza de ser acusados de cooperar con la inmigración clandestina.

Muchos recorren cientos de kilómetros de manera clandestina hasta llegar a Dajla. “Si te pillan, te pegan o te devuelven a Nuadibú”, cuenta Mohamed, residente en Dajla desde hace varios años. Tras un quinto intento frustrado, decidió abandonar la idea de ir a España. “No podía más”, explica.

Mohamed, ahora obrero, trabajó en fábricas de pescado ubicadas en la zona industrial de Dajla sin derechos ni papeles, como centenares de migrantes —algunos menores—. Los contratos, cuando existen, están redactados en darija, ilegibles para muchos trabajadores subsaharianos. Establecen jornadas de doce horas por doce euros al día, mientras que los marroquíes cobran quince.

Dajla ha pasado de ser un pasillo migratorio a una ciudad donde muchos migrantes subsaharianos se han instalado. Viven en un territorio ocupado donde sufren racismo institucional y social: desde tener que pagar alquileres más altos por ser negros hasta costear el agua que algunos meses al año subvenciona el Ayuntamiento. Es el caso de Cheikh (nombre ficticio), quien prefiere no dar su identidad real para evitar problemas con su arrendador. “¿A quién le vas a reclamar?”, pregunta.

“La denuncia es imposible: quienes te deberían proteger son los mismos que te extorsionan. Sin papeles no eres nadie en Marruecos”, añade. En su último intento de llegar a España, pagó 1.600 euros por una plaza en una patera desde Tánger; fue interceptado y tuvo que sobornar con 100 euros a la policía para poder volver a Casablanca.

En la plaza central de Dajla, Ndioba regenta un restaurante senegalés. No tiene un cartel llamativo, pero todos saben dónde está. Lleva muchos años en la ciudad, echa de menos Senegal, pero dice que no volvería. Tampoco quiere dar muchos detalles de su historia: lo que le importa es poder pagar las facturas y el alquiler del local. El restaurante se ha convertido en mucho más que un lugar de comidas. Después de la caída del sol durante el Ramadán, Ndioba preparaba platos senegaleses.

Este comedor funciona como refugio: el té se comparte y las conversaciones fluyen entre árabe y wolof. Un pedazo de hogar para quienes la dejaron atrás. Ella disfruta de su centro social, pero habla con tristeza de quienes desaparecen de un día para otro. Uno de sus últimos clientes, Mame Cheikh, de 35 años, trabajaba en Dajla desde hacía varios años. Se fue a Mauritania para coger una patera y, cuando llegó, no quedaban plazas. Al día siguiente, el amigo con el que iba a hacer el trayecto le dijo que había conseguido solo una plaza, por lo que debían decidir quién subía. Ndioba sospecha que algo malo ocurrió. “Sobrevivió a Libia, también a detenciones y abusos de la policía marroquí. Siempre llamaba, pero esta vez no ha vuelto a llamar”, lamenta la senegalesa. Desde entonces no han vuelto a saber nada de él.

Unas diez mil personas, según los organizadores, se han manifestado hoy en Madrid para exigir la “libertad e independencia” del Sáhara Occidental con motivo del 50 aniversario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, en los que España entregó el territorio saharaui a Marruecos y Mauritania.

Bajo el lema “La existencia también es resistencia: 50 años de ocupación”, el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui se ha congregado en su marcha anual para exigir “que el gobierno español asuma sus responsabilidades históricas y legales” con la que durante casi un siglo fue su colonia.

Desde las doce de la mañana, y a pesar de la lluvia, miles de personas se han manifestado contra la ocupación marroquí del territorio y contra “la complicidad española y europea”.

“Instamos al Gobierno de España a volver a la senda del Derecho Internacional y recuperar el consenso que siempre ha existido en la política exterior española respecto del Sahara Occidental” aseguró la actriz Andrea Guardiola durante la lectura del manifiesto final en la Puerta del Sol. “Mientras alzamos nuestras voces en la misma ciudad donde se rubricó la ocupación marroquí, decenas de presos políticos saharauis se encuentran en las cárceles marroquíes sufriendo torturas y encarcelamientos en condiciones infrahumanas” dijo.

Para Hassana Aaila, preso político saharaui de 38 años y refugiado en España desde 2015, la situación que se vive en los territorios ocupados por Marruecos –cerca del 80% de la superficie total– es comparable “con el régimen de apartheid de Sudáfrica”. El activista saharaui asegura que en lo que va de año, “49 observadores internacionales, entre ellos periodistas, han sido expulsados al tratar de ingresar en los territorios ocupados”. Algo que ocurre, dice, “porque Marruecos no quiere testigos de las violaciones que comete”.

La marcha, que ha recorrido las principales calles de la capital, se celebra dos semanas después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobase, a instancia del gobierno estadounidense de Donald Trump, una resolución que pide a las partes alcanzar una “solución política definitiva y mutuamente aceptable” considerando “como base la propuesta de autonomía de Marruecos”.

Un espaldarazo diplomático a la monarquía marroquí, que en los últimos años ha conseguido el apoyo público a su plan de autonomía por parte de los principales gobiernos occidentales.

El propio presidente estadounidense ya apoyó en los últimos días de su primera administración, en diciembre de 2020, la “marroquinidad del Sáhara” a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter).

En marzo de 2022, el presidente español Pedro Sánchez anunció sorpresivamente su respaldo al plan de autonomía marroquí al considerarlo la opción “más seria, realista y creíble”. Una decisión que provocó la reacción de sus socios de investidura y que llegó a ser rechazada por la mayoría del Congreso de los Diputados.

En términos similares se pronunciaron posteriormente las cancillerías de Francia, en julio de 2024, y del Reino Unido, junio de 2025. Una decisión celebrada por Rabat y fuertemente rechazada por el Frente Polisario y Argelia.

No obstante, para Abdulah Arabi, delegado saharaui en España, “la resolución aprobada por Naciones Unidas es muy ambigua” dice. “Se ha creado un relato que no se corresponde con su contenido. El texto no plantea la autonomía como la única solución, pide que negociemos sobre esa base sin condiciones previas, lo que es contradictorio. Piden que se busque una solución justa que permita al pueblo saharaui ejercer el derecho a la autodeterminación y para nosotros ese derecho debe incluir sí o sí la opción de la independencia”, asegura en declaraciones a este medio. “La independencia es irrenunciable en cualquier negociación”.

Además, Arabi advierte que “el Frente Polisario va a seguir apostando por la negociación y la vía pacífica, pero con la misma determinación de emplear todas las vías que nos ofrece el derecho internacional. La guerra lleva cinco años en marcha y estamos dispuestos a intensificarla y escalarla si la comunidad internacional sigue intentando ignorar nuestro derecho a la autodeterminación”.

El 13 de noviembre de 2020, el ejército saharaui dio por roto el alto el fuego, en vigor desde 1991, y comenzó una guerra de baja intensidad que dura ya un lustro, aunque con resultados discretos.

Entre los asistentes, también estuvieron presentes representantes de Izquierda Unida y el Partido Comunista de España (PCE), con el exeurodiputado Manu Pineda a la cabeza; de Sumar, con la eurodiputada Estrella Galán; de Podemos, con su secretario de sociedad civil, Pablo Quesada; además de representantes de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

La lluvia, que respetó gran parte del recorrido de la manifestación, descargó con rabia durante las intervenciones finales. “Hoy hace 50 años se tomó una decisión que arruinó la vida de cuatro generaciones de saharauis, pero estamos aquí esa cuarta generación dispuestos a conquistar nuestra libertad. Ni Trump ni Pedro Sánchez van a frenar nuestra determinación para ser libres” aseguró la joven saharaui Salka Mahfoud bajo un intenso aguacero.

Unos acuerdos “nulos” según el Derecho Internacional

El 14 de noviembre de 1975, seis días antes de la muerte del dictador Francisco Franco, los gobiernos de España, Marruecos y Mauritania acordaron en Madrid la partición del Sáhara Occidental, hasta entonces la provincia 53 española y último territorio pendiente de descolonización de África.

Los Acuerdos Tripartitos de Madrid, que Naciones Unidas declararía posteriormente nulos al considerar que no se puede transferir la soberanía de un territorio entre países, supusieron el estallido del conflicto en el Sáhara Occidental.

En febrero de 1976 España abandonó definitivamente la que durante casi un siglo fue su colonia, Marruecos y Mauritania ocuparon el territorio, gran parte de la población civil huyó a los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) y el movimiento de liberación nacional saharaui –el Frente Polisario– comenzó una guerra contra sus dos vecinos.

Fue el comienzo de un conflicto armado que se prolongó durante 14 años y que se saldó con la derrota y retirada mauritana en 1979 y la firma del “plan de paz” entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991 para la celebración de un referéndum de autodeterminación que nunca se ha llegado a celebrar.

Las estrategias dilatorias de Marruecos y su hábil diplomacia, siempre con el respaldo de Francia y Estados Unidos, posibilitaron que el anunciado referéndum de autodeterminación terminase perdiendo peso en las resoluciones que anualmente aprueba el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Esto no frena al pueblo saharaui ni nos desmoraliza”, afirma Arabi en referencia a la última resolución aprobada en Nueva York. “Esto no es más que una nueva maniobra para tratar de anular nuestros derechos. No pudieron hace medio siglo y no podrán ahora”, sentencia.

Se cumplen ahora 50 años de la “Marcha Verde” que el rey de Marruecos Hassan II organizó contra España en el Sáhara Occidental (S.O.). Y también 50 años de otros acontecimientos que desembocaron en el caótico abandono por parte de España de la que hasta entonces había sido su colonia en el norte de África. La agonía y muerte de Franco, el comienzo de la huida del Ejército español, la firma del ilegal Acuerdo de Madrid (o Acuerdo Tripartito de Madrid), el comienzo de la guerra del Frente Polisario contra Marruecos y Mauritania y las primeras declaraciones internacionales como la incumplida Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, emitida el 16 de octubre de 1975, hacen que ese año, el final de 1975, fuese en términos políticos, diplomáticos y geoestratégicos un perfecto fracaso.

En este marco temporal de referencia se cumple también una semana del inexplicable y cobarde “giro histórico” del Consejo de Seguridad de la ONU con la aprobación de una resolución en la que se asume la tesis marroquí de integración del S.O. en Marruecos a través de una imposible autonomía a esos territorios actualmente ocupados militar y policialmente. Parece que la “Marcha Verde” se ha convertido ahora en la “Marcha Azul” -color emblemático de la ONU- que protagonizan por la vía de hecho el club de seguidores de Donald Trump en Naciones Unidas.

Entrando en el fondo de este asunto, hay que decir que la aprobación de la Resolución 2795 por parte del Consejo de Seguridad no se puede analizar de manera aislada, sin tener en cuenta el contexto internacional actual, es decir, sin tener en cuenta los conflictos internacionales, especialmente los activos. Como han dicho portavoces del Gobierno saharaui, es una resolución contradictoria en sus propios términos. Siendo ello resultado de la forzada negociación que ha supuesto su aprobación.

Plantea la propuesta de autonomía como una propuesta más, como una de las opciones que sirva como base para la negociación del proceso político que permita al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación. Este derecho no es un concepto interpretable. La Corte Internacional de Justicia estableció que sin consulta no hay autodeterminación.

El Consejo de Seguridad no es la Asamblea General de la ONU; son sólo un grupo de Estados. En ningún caso cabe afirmar que es el posicionamiento de los Estados ni de la sociedad civil, la cual siempre se ha mostrado a favor del derecho de autodeterminación del pueblo del S.O. No hay que olvidar que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.

La autonomía puede ser una opción, y es lo que plantea la Resolución aprobada el pasado 31 de octubre, pero debe respetar el derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Puede ser una base, pero no la solución si no es lo que el pueblo saharaui decide de manera democrática. La labor de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) es la organización de ese preciso referéndum. Esa misión se mantiene en la actualidad, no ha cambiado de función y es el objetivo último porque es la garantía de que el pueblo del Sáhara Occidental pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.

Y en estos 50 años transcurridos desde la jugada de Hassan II uno de los elementos a tener en cuenta es que han saltado por los aires todos los argumentarios de los partidarios en España de la política de memorias. La histórica, la democrática, la civil, la humanitaria. Todas han quedado reducidas a escombro en el caso de la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y su inexplicada ciaboga con la carta enviada hace algo más de tres años a Mohamed VI en la que unilateralmente asumía las tesis marroquíes de la ocupación y el destierro.

Ha fallado la memoria histórica al no haberse procedido con el Sáhara Occidental como se hizo con la inmensa mayoría de las colonias en manos europeas. Ha fallado la democrática al no haber dejado al pueblo saharaui ejercer el derecho básico en los procesos de descolonización, que es el Referéndum de Autodeterminación previsto en la Resolución 1514 de la ONU. También ha fallado la memoria civil, al haber dejado al pueblo saharaui sin patria, desprotegido y desamparado en sus derechos ciudadanos, sobre todo después de haber sido “provincia” española durante unas décadas. Y ha fallado la humanitaria, al tener que estar la mayor parte de la población saharaui recluida en los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia viviendo la mayor de las pobrezas en el peor de los sitios, la hammada sahariana.

De la traición de Sánchez al nuevo fracaso de Naciones Unidas, de la “Marcha Verde” a la “Marcha Azul”. 50 años después, de la descolonización a la ocupación. De la memoria al olvido. En cualquier caso, los saharauis no se cansarán y muchos les acompañaremos en su travesía del desierto.

Cuando Bucharaya Bahi piensa en el 6 de noviembre de 1975, se traslada al aula del que era su colegio, La Paz, en El Aaiún (Sáhara Occidental). En su mente aparece la cara de preocupación de su último profesor español, Don Ambrosio, y un transistor que informaba sobre la noticia de la que todos hablaban: la denominada “Marcha Verde”.

De madrugada, 350.000 civiles marroquíes, la mayoría campesinos, comenzaron a caminar desde Marruecos hacia el Sáhara Occidental tras su reclutamiento por orden del rey Hassan II, quien aprovechó la inminente muerte de Franco para hacerse ilegalmente con el territorio colonial, administrado por España. El objetivo era presionar hasta ocupar la que hasta entonces fue la provincia española número 53, con el fin de “recuperar” un territorio que, según defendía el monarca marroquí, le pertenecía antes de su colonización.

Bucharaya, que apenas tenía siete años, no llegaba a descifrar la angustia de los rostros adultos que le rodeaban. Aún desconocía hasta qué punto ese día marcaría su futuro. Tampoco lo sabía Syed, que ni siquiera había nacido. Lo hizo en 1976, pocos meses después la Marcha Verde que cambiaría el devenir de sus vidas.

Recuerdos del 6 de noviembre de 1975

“Nuestros padres y maestros estaban preocupados. Ellos entendían lo que estaba ocurriendo, pero nosotros éramos demasiado pequeños para comprenderlo”, dice Bucharaya Bahi a elDiario.es por mensaje desde El Aaiún, capital de los territorios saharauis, ocupados por Marruecos desde aquel 6 de noviembre de 1975. Medio siglo después, aquel niño de casi siete años roza los 57 y su vida ha estado atravesada, como la de todos los saharauis, por la invasión marroquí del Sáhara Occidental y el posterior abandono de España de su colonia.

“De repente, los tanques empezaron a rodear nuestros barrios, incluso el mío, Colomina Vieja, cerca del aeropuerto”, cuenta Bucharaya Bahi. Las fuerzas armadas militares se desplegaron de manera disuasoria por varios puntos para cerrar la capital por sus flancos, y los testimonios de los residentes de El Aaiún en la época hablan también de movilización repentina de tanques y vehículos blindados españoles dentro de la ciudad.

Dos días antes, el entonces príncipe Juan Carlos había visitado la capital del Sáhara Occidental para mostrar su respaldo a los militares españoles. El Borbón aseguró que España “cumpliría sus compromisos” con el territorio colonial, que esperaba la celebración de un referéndum de autodeterminación. “Deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra posición en el mundo y nuestra historia nos lo exigen”, añadió en un discurso aplaudido por cientos de saharauis.

El pequeño Bucharaya Bahi recuerda el revuelo generado en la ciudad por la visita del príncipe español. “Con los años, hemos comprendido que la visita de Juan Carlos a El Aaiún fue una maniobra para ocultar la realidad de lo que sucedía. Luego vinieron los Acuerdos de Madrid y, finalmente, el Real Decreto 2258/76, que nos arrebató nuestra nacionalidad española”, lamenta.

Efectos para las nuevas generaciones

De la Marcha Verde, Syed sabe lo que ha leído y lo que le contaron sus padres cuando era niño. Pero también ha vivido los efectos de aquel abandono español y de afán expansionista de Marruecos durante todos sus 49 años de vida. Después de aquel día, su familia quedó separada para siempre.

Días después de la marcha, el 14 de noviembre de 1975, el chantaje marroquí dio sus frutos y España firmó los Acuerdos Tripartitos de Madrid, con los cedió ilegalmente el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Tras su rúbrica, Marruecos ocupó el territorio militarmente y, tiempo después, estalló un conflicto con el Frente Polisario, aún pendiente de resolución definitiva. La ONU nunca ha reconocido dicho pacto y aún considera al Sáhara un territorio pendiente de descolonizar, bajo la potencia administrativa española.

Syed prefiere ocultar su nombre real, aunque ya lleve 24 años viviendo en España, la mitad de su vida. Los 25 años anteriores los pasó en los territorios saharauis ocupados ilegalmente por Marruecos, sobre todo en Dajla, la antigua Villa Cisneros española, y en El Aaiún. También se refugió unos años, los primeros tras la Marcha Verde, en la ciudad de Sidi Ifni, que fue entregada definitivamente por España a Marruecos en 1969. Su vida es fiel al espíritu nómada del pueblo saharaui, aunque en su caso, ha sido un continuo exilio forzado por la ocupación primero y la represión después.

La familia de Syed no tuvo otra que dividirse: unos acabaron en Dajla y El Aaiún, bajo la férrea ocupación marroquí, y otros en los campamentos de Tindouf, donde unos 170.000 saharauis siguen resistiendo medio siglo después la dureza del desierto y la apatridia. “Para nosotros no fue una marcha verde, sino una marcha negra. No fue una marcha civil pacífica. La realidad, las masacres con napalm y fósforo blanco que sufrieron los saharauis desplazados al desierto, está tapada y escondida”, afirma Syed.

En 1976, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y comenzó la guerra con Marruecos y Mauritania. Posteriormente, el Gobierno mauritano decidió abandonar sus pretensiones en la zona, pero el Reino marroquí continuó hasta 1991, cuando se firmó el alto el fuego. La ONU creó entonces la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) con el objetivo de preparar una consulta prevista para 1992 y mantener la paz. El referéndum no llegó a producirse.

Bahi también enumera los muchos cambios sufridos desde entonces, presenciados en primera persona. Su ciudad pasó de estar administrada por España a pasar a control marroquí: “De niño estudiaba en un colegio español, vivíamos en una sociedad conservadora, con respeto a nuestra religión y costumbres. Los maestros y comerciantes solían pasar los fines de semana en Canarias. En casi todas las casas se hablaba español. Convivíamos unos con otros”, describe el saharaui.

“Hoy, todo eso ha cambiado. Nuestra sociedad, nuestra educación y nuestra forma de vida se transformaron por completo. Lo que antes era cotidiano, ahora casi ha desaparecido”. Tras la ocupación, el saharaui nunca pudo recuperar su nacionalidad española, pese a que su padre, como toda la población del territorio colonial, contaba con DNI español.

El último golpe

Syed, desde España, denuncia la represión sufrida por los saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Su activismo por la causa desde el interior de los territorios ocupados lo puso en busca y captura cuando no tenía ni 30 años. Su condición de saharaui le ocasionó el despido del pesquero ruso en el que trabajaba en Dajla.

“No podía ser funcionario, no podía ser policía, no podía ser pescador en las flotas que expolian el pescado de mi tierra ni en las minas de fosfatos. Qué otra cosa podía hacer. Me fui en patera y llegué a Fuerteventura. Porque para nosotros no hay visados”, resume. Pero “incluso estando aquí, en España, sientes miedo de hablar sobre el conflicto saharaui. Hace años salí en un periódico y no paré de recibir amenazas. Y también me da miedo que mis palabras tengan consecuencias para mis familiares que siguen en el Sáhara ocupado”, explica por teléfono desde Zaragoza, donde vive con su mujer y sus dos hijos.

“Sobre todo ahora, con la última noticia que ha salido”, puntualiza. Se refiere a la renovación del mandato de Naciones Unidas para la resolución del conflicto del Sáhara. La ONU nunca ha reconocido a Marruecos como potencia administradora del Sáhara Occidental pero la última resolución del Consejo de Seguridad, votada el pasado viernes, dio un último mazazo a la causa saharaui. Por primera vez, a propuesta de Donald Trump, el escrito insta a las partes a entablar negociaciones “tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos con miras a alcanzar una solución política definitiva mutuamente aceptable que prevea la libre autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.

Pese a que el borrador inicial presentado por EEUU eliminaba mención alguna al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, “derecho inalienable según la Asamblea General de las Naciones Unidas, el documento aprobado la semana pasada por el Consejo de Seguridad acabó incluyendo de nuevo esa salvaguarda, pero por primera vez ha asentado como opción más viable la autonomía saharaui bajo soberanía marroquí. El abogado y observador internacional de derechos humanos Sidi Talebbuia, saharaui y español, considera que pese a suponer un ”espaldarazo al régimen de Marruecos y su presencia en el territorio“ el documento final pudo haber sido ”aún peor“, pues finalmente ha mantenido la mención al derecho a la autodeterminación.

“Viene a constatar el posicionamiento que ha tomado Francia y España en los últimos años, que apoya la ocupacion del territorio. Pero también en el año 91 se dio un plazo de 6 meses para celebrar un referéndum que nunca ha sucedido”, añade el jurista.

El rey alauí, Mohamed VI, ha declarado fiesta nacional el 31 de octubre, cuando se aprobó esta resolución, lo que da una idea del espaldarazo que el monarca ha sentido. “Hay mucho miedo a hablar, ahora más todavía. Si aparece mi nombre criticando al Estado marroquí estoy seguro de que van a por mi familia. Ya se sabe lo que hay, detenciones, palizas, torturas o directamente desapariciones. Cuántos activistas saharauis están en paradero desconocido…”, lamenta.

“La única vía es la lucha armada”

Para Syed, el giro de la ONU a favor de la postura marroquí es solo “el último episodio” de un declive de la causa que “empieza con el alto el fuego de 1991”, apunta. Un “error de los líderes políticos saharauis” que, en su opinión, ahora está pagando su pueblo a ambos lados del muro marroquí. “Ahora estamos dominados, totalmente, sobre todo en los territorios ocupados, pero también en los campamentos. La juventud quiere que se vuelva a la lucha armada, pero la situación ahora es de mucha más debilidad en lo militar”, apostilla.

“Muchos lo tenemos claro. Lo que diga la ONU nos da igual. Aunque hubiera un referéndum, Marruecos nunca se va a ir del Sáhara por voluntad propia. Ahora hablan de una autonomía, pero ya sabemos lo que significa eso: nada. Lo que llega con violencia solo se saca con violencia. Por eso tengo claro que la única vía para liberar mi tierra es la lucha armada, como la de los años 80”, asegura. “Puede que haya inferioridad militar, pero los soldados saharauis combaten por su país, mientras que los soldados marroquíes son solo chavales que cobran 400 euros al mes”, confía Syed. “Estamos en la última etapa de la causa saharaui, si resurge la lucha armada eso puede cambiar”, añade.

En la misma línea se expresa Bahi. “Los saharauis seguimos cada año las resoluciones del Consejo de Seguridad, pero esta vez fue diferente: el contexto en Gaza, en Marruecos y las manifestaciones recientes generaban preocupación. El primer borrador causó miedo, porque muchos temían un cambio total a favor de Marruecos”, sostiene desde la capital del Sáhara. “Al final, la resolución salió casi equilibrada, aunque contradictoria. Marruecos intentó presentarla como una victoria total, con festejos y manipulación mediática, pero la realidad muestra que no todo salió según sus planes”, apunta.

Separación de familias

Cuando los ataques marroquíes contra la población saharaui refugiada empezaron a arreciar, la madre de Sayed estaba embarazada de él, “por eso no huyó al desierto”, apunta. “Mi padre, que fue durante 26 años sargento de la Policía Territorial en la Villa Cisneros española, reunió a sus hijos más pequeños y buscó refugio en Sidi Ifni”, explica. “El resto de mis hermanos, primos y tíos huyeron al desierto y nunca han podido regresar a su tierra ni a visitar a su familia”, lamenta.

“Yo he tocado techo en cuanto a la realidad de esta separación”, confiesa. Syed conoció a una de sus hermanas “por pura casualidad” después de 30 años sin siquiera haberse visto las caras. Ambos acudieron el mismo día y a la misma hora a la misma oficina de Córdoba para pedir la nacionalidad española. Cuando escuchó el nombre y sus mismos apellidos, le preguntó si tenía un hermano en Dajla al que no había conocido. Ella respondió que sí y él le dijo: “Pues aquí está, soy yo”. “Fue un momento de mucha emoción, de muchas lágrimas. Ella no me abrazaba, me mordía. No se esperaba una sorpresa así”.

A diferencia de su hermana, él sí ha logrado volver a su tierra, aunque lo que vio y vivió no fue agradable. “Me costó 5.000 euros en sobornos a un juez marroquí para que borrara mi expediente y dejara de estar buscado en Marruecos”, explica. En 2010 acudió al llamado “campamento de la dignidad” de Gdeim Izik, a unos 10 kilómetros de El Aaiún. Fue la mayor protesta saharaui desde el alto el fuego acordado entre Marruecos y el Frente Polisario en el 91. Decenas de miles de activistas acamparon durante más de un mes hasta que las fuerzas de seguridad marroquíes asaltaron el campamento y detuvieron a más de 200 personas. Algunas siguen en prisión, cumpliendo condenas de hasta 20 años de cárcel o cadena perpetua.

“Esa es la respuesta a las protestas. Si preguntas, muchos saharauis que siguen bajo la ocupación te dirán que solo quieren vivir en paz, que no quieren problemas. Ese el resultado de todo este tiempo, del miedo y de la desprotección que viven, porque nadie se preocupa del pueblo saharaui. Ni España ni la ONU ni ningún gobierno del mundo”, lamenta. “Así, quién va a salir a protestar en el Sáhara ocupado después de esta resolución. Nadie. Saben que si lo hacen estarán condenados de por vida. Si la gente está tranquila es porque teme por su vida, por su libertad y por la de su familia”, asevera.

Sin embargo, en 50 años, Marruecos ha conseguido un impasse político en el que ha sabido arañar poco a poco avances que legitiman su ocupación ilegal. Su acercamiento diplomático a Israel no solo le ha granjeado el respaldo de EEUU, sino también tecnología militar punta israelí. Su chantaje migratorio continuo a España ayudó a que el Gobierno de Pedro Sánchez aceptara la propuesta marroquí de autonomía controlada para el Sáhara.

Mientras tanto, ha sabido blanquear internacionalmente la ocupación mediante el turismo de masas, con Dajla como perla del Atlántico. Si hoy Syed volviera a la ciudad en la que creció, se encontraría un lugar en plena transformación, donde camiones y excavadoras levantan cada centímetro de acera para construirla de nuevo. Llena de hoteles de lujo a pie de mar en sus más de mil kilómetros de costa, pero en los que no trabaja ningún saharaui.

Con vuelos diarios cargados de españoles y franceses amantes de kitesurf que no saben o no quieren saber que esas olas y esos vientos les fueron arrebatados por las armas a un pueblo que mira en silencio el normalizado manto del expolio. Hechos consumados ante la inacción de la comunidad internacional que, según Syed, ha llevado a la mayoría de los saharauis que han podido a escapar de su propia tierra saqueada.

Cincuenta años después de mostrarse impotente ante la astuta jugada de Hasan II con la Marcha Verde, resulta evidente a todas luces que España se ha desentendido completamente del Sáhara Occidental, olvidando que sigue siendo la potencia administradora de un territorio que la ONU identifica como sujeto a descolonización.

Fueron muchos los años en los que los sucesivos gobiernos españoles se escudaron en una supuesta “neutralidad técnica” que remitía a la ONU la resolución del conflicto iniciado tras la retirada de las tropas españolas (noviembre de 1975). Igualmente, a partir del plan de paz de 1991, la posición oficial seguía estando alineada con las Naciones Unidas y su pretensión de celebrar un referéndum en el que el pueblo saharaui pudiera hacer uso de su derecho a la autodeterminación. El paso del tiempo iba dejando cada vez más claro que dicho referéndum no iba a celebrarse y que el conflicto, aunque larvado, seguía abierto, con Marruecos ganando ventaja tanto en el terreno militar como en el plano diplomático.

Esa tradicional posición gubernamental apenas lograba esconder un cálculo muy básico. Se contaba con que la ONU no sería capaz de resolver el conflicto a corto plazo y que, por tanto, Marruecos se vería obligado a seguir manteniendo indefinidamente el grueso de sus Fuerzas Armadas Reales (llegó a contar con unos 120.000 efectivos militares en lo que siempre ha denominado “las provincias del sur”) desplegado entre la zona ocupada y la línea de muros que le permiten controlar el 80% de lo que se suele denominar el “Sáhara útil”. O, lo que es lo mismo, que Rabat no podría liberar fuerzas con las que bascular hacia Ceuta, Melilla y el resto de los territorios españoles que reclama insistentemente como propios. Conscientes de que la defensa militar de dichos territorios era (y es) muy problemática si finalmente Rabat decidía ir adelante en sus reivindicaciones soberanistas, se esperaba, en definitiva, que nuestro vecino del sur tuviera que continuar ocupándose durante años de otras tareas.

Aunque el cambio de posición no tiene una fecha exacta, es innegable que los atentados de Atocha (marzo de 2004) contribuyeron significativamente a acelerar un proceso que ya se venía gestando en el contexto de una pos Guerra Fría que, en el caso concreto del Sáhara Occidental, iba basculando cada vez más claramente a favor de Rabat. Así, comenzó a cobrar peso la idea de que nos interesaba intensificar la colaboración con Marruecos en, al menos, tres ámbitos que afectaban (y afectan) a nuestra seguridad: narcotráfico, terrorismo yihadista y flujos migratorios irregulares. A eso se añadía un nuevo planteamiento sobre la vecindad, considerando que a España le interesaba contar con un Marruecos estable y apaciguado, una cuestión que pasaba por cumplir con su sueño soberano sobre el Sáhara Occidental, pilar fundamental de una monarquía que había logrado convertir esa aspiración en prácticamente unánime dentro del reino.

En consecuencia, España apostó por incrementar la colaboración en esos tres campos a cambio de pagar el peaje de alinearse con una ambición marroquí a la que ya se estaban sumando otros actores internacionales; lo que, de paso, iba haciendo cada vez más visible el abandono en el que iba quedando tanto el plan de paz de la ONU como, por supuesto, el pueblo saharaui. Y, por si faltaba algo, para inclinar definitivamente la balanza española a favor de Rabat, ahí estaba Donald Trump, en diciembre de 2020, declarando al Sáhara Occidental como territorio marroquí (a cambio de que Rabat normalizara relaciones con Tel Aviv).

De ese modo se ha llegado a la situación actual. Una situación que deja a los saharauis desasistidos, por mucho que el derecho internacional esté de su parte, tras la dejación de responsabilidades de los sucesivos gobiernos españoles; y a Marruecos saboreando lo que ya considera una victoria definitiva tras la aprobación de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU. Tanto es así que Mohamed VI acaba de decretar como nueva fiesta nacional el 31 de octubre, bajo el rimbombante nombre de Día de la Unidad.

Nada de esto implica ni que el conflicto se haya resuelto por fin —aunque es innegable concluir que el tiempo corre abiertamente a favor de Marruecos—, ni que el Gobierno español haya logrado lo que buscaba. Por una parte, la literalidad de la citada Resolución sigue contemplando tanto la continuación de la MINURSO como la vía de la autodeterminación, aunque ya identifique la propuesta marroquí de autonomía como la “opción más viable”. Y aunque el Frente Polisario no cuenta ni militar ni diplomáticamentecon con los medios necesarios para cambiar la dinámica a su favor, nada puede darse por seguro en una región sometida a una creciente carrera armamentística entre Rabat y Argel, con considerables apoyos externos desde Washington y Moscú (pese a que Rusia no votó la resolución del Consejo de Seguridad).

Por otra, al margen del discurso oficial que presenta las relaciones hispano-marroquíes como idílicas, basta con mirar a las recurrentes crisis provocadas por Marruecos —sea manipulando la desesperación de sus conciudadanos para chantajear a España y a la Unión Europea facilitando la entrada de personas migrantes en Ceuta y Melilla o incumpliendo los compromisos sobre los pasos aduaneros— para entender que Rabat sigue estando lejos de ser un vecino serio y fiable. Y todo ello sin olvidar que cualquier Gobierno español todavía tiene pendiente explicar a su propia opinión pública, mayoritariamente prosaharaui, un giro que difícilmente cabe calificar de exitoso.