Sánchez da un volantazo a la posición de España con el Sáhara y abre una nueva brecha con Unidas Podemos

Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI en una imagen de 2018.

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En medio de una guerra, con los precios desbocados, la calle soliviantada y sin aviso previo ni a sus socios ni a la oposición, Pedro Sánchez dio este viernes un giro de 180 grados a la posición histórica de España con el Sáhara. Desde hoy, el Gobierno toma partido por Marruecos y acepta su propuesta de autonomía a cambio de resolver un conflicto diplomático con el reino alauita que se llevó por delante a la anterior ministra de Exteriores. Es “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”, afirmó el presidente del Gobierno en una carta remitida a Mohamed VI que hizo pública el gobierno marroquí y confirmó, con posterioridad, La Moncloa sin mencionar a la ex colonia española. La decisión es muy similar a la del reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara que hizo EEUU bajo mandato de Donald Trump y no ha corregido Joe Biden.

Las nuevas coordenadas de la política exterior respecto a la ex colonia española suponen un profundo cambio en la posición histórica de nuestro país, que hasta ahora defendía “una solución política, justa, duradera y mutuamente acordada en el marco de Naciones Unidas”, pero también respecto a la recogida en el último programa electoral del PSOE, que en el capítulo de Exteriores redactado precisamente por el hoy ministro de Exteriores, José Manuel Albares, decía literalmente: 

“Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de Mauritania y Argelia, socios claves de España, que el enviado de la ONU para el Sahara Occidental está propiciando”. 

Más tarde, en el 40º Congreso del PSOE, celebrado el pasado octubre meses después de que estallara la crisis con Marruecos por la acogida del líder del Frente Polisario, los socialistas se limitaron a hacer alusión a la negociación y las resoluciones de la ONU sin aludir expresamente al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y sin mención alguna al Frente Polisario como interlocutor.

“Es obvio que hemos tenido un problema serio con Marruecos después de que se redactara aquel programa electoral”, aseguran desde Presidencia del Gobierno antes de defender que el acuerdo, en línea con la posición reconocida por Alemania hace dos meses “garantiza la integridad territorial, soluciona un problema diplomático, cierra el problema de Ceuta y Melilla y blinda la colaboración mutua en materia de inmigración”. De todo ello poco se dice en esos términos en el comunicado del Ministerio de Exteriores de Marruecos y en el del Gobierno de España, más allá de la determinación de ambos a colaborar en los flujos migratorios.

En rueda de prensa en Barcelona, el ministro de Exteriores se felicitó de que los dos países inicien una “nueva etapa” en su relación basada en el “respeto mutuo” y la “integridad territorial”, al tiempo que negó que el cambio de posición genere división en el seno de la coalición de gobierno más allá de “matices” que ha considerado normales en un gobierno de coalición. Algo, esto último, que no se desprende de las declaraciones de Unidas Podemos, para quienes la “única solución” para el Sáhara Occidental pasa por implementar el derecho internacional, mediante referéndum y con respeto a la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Así lo escribió en su cuenta de Twitter la eurodiputada y responsable del área internacional de los morados, Idoia Villanueva, inmediatamente después de conocer la noticia. Fuentes de Podemos han explicado también que no pueden compartir esta propuesta, dado que el plan autonomista que defiende Rabat supone “abandonar la posición de neutralidad y el consenso de las resoluciones de Naciones Unidas”.

Ni Sánchez ni Albares informaron previamente a sus socios de gobierno del acuerdo alcanzado con Marruecos, sino que fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien se puso en contacto con el jefe de la diplomacia española para demandar una explicación sobre el giro histórico, que también ha sorprendido a otras fuerzas políticas del bloque que hizo posible la investidura de Sánchez. La también ministra de Trabajo puso distancia de la decisión y apostó por una solución que pase por el diálogo y el respeto a la voluntad del pueblo saharaui. Una posición que también suscribió la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, al demandar que España no se aparte del Derecho Internacional.

El Gobierno no aclaró tampoco si había informado a Argelia, un país del que España depende energéticamente, pero con quien Albares asegura que hay una relación seria de “socio fiable”, más allá de la entente con Marruecos. “Esa asociación estratégica está llamada a perdurar en el tiempo”, se limitó a decir el ministro. Y a la confianza en esa buena relación se agarran en el Gobierno para negar que pueda haber represalias en un asunto peliagudo en este momento como es el suministro del gas.  Precisamente, el PP, que pidió la comparecencia urgente de Sánchez para explicar el viraje que calificó de “intolerable”, se preguntó por las consecuencias en las relaciones de un socio estratégico como Argelia. 

En un comunicado, los populares lamentaron haber conocido “un cambio tan fundamental para los pilares de la política exterior española” por los medios de comunicación, al tiempo que recordaron que sobre la cuestión del Sáhara España “tiene una responsabilidad y un mandato explícito de Naciones Unidas” que el Gobierno de Sánchez ha ignorado. 

“Consideramos intolerable –añade la nota– que el cambio de una posición política de Estado y de consenso tradicional, con 47 años de antigüedad, se haga sin informar al principal partido de la oposición, lo que pone en evidencia cuál es la forma en la que Pedro Sánchez entiende los grandes acuerdos de país”. Una queja a la que el ministro de Exteriores trató de restar importancia, después de recordar que “España reconoció, bajo gobiernos del PP en 2012 y 2015, los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable”. 

Más allá de Mariano Rajoy había ido José Luis Rodríguez Zapatero años antes al ver con buenos ojos el plan de autonomía que Marruecos. Lo hizo durante una cumbre en Marruecos, en la que calificó también de “serios y creíbles” los esfuerzos de Rabat, usando los mismos términos empleados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero añadía que la propuesta del reino alauita era una “contribución positiva”. Aquel texto ya le valió la crítica implacable de los conservadores, como ahora a Sánchez la de diferentes partidos, a izquierda y derecha.

Y es que este acuerdo de 2022 ha soliviantado a gran parte del arco parlamentario. Desde IU, el responsable del área de Internacional, Jon Sebastian Rodríguez Forrest, rechazó la posición del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y afirmó que todo lo que no sea desplegar un referéndum de autodeterminación es “perpetuar una ocupación criminal que viola sistemáticamente los derechos humanos”. En parecidos términos se manifestó Iñigo Errejón, de Más País, que llegó a situar a España como “presa del chantaje de la monarquía marroquí”. 

Algo que desde La Moncloa relativizan con el argumento de que “en España hay quien sigue pegado a sus principios, pero son los saharauis los que llevan 40 años en la misma situación”. Los mismos interlocutores sostienen que lo acordado “es defender los intereses de España” en una nueva asociación estratégica con Marruecos, cuyas bases empezarán a ponerse con la visita del ministro Albares a Rabat a finales de este mes y otra posterior del presidente del Gobierno.

De momento, sólo el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), en contra de la línea de su partido, ha valorado de forma positiva la nueva etapa de relaciones con Marruecos que, a su juicio, “garantizará la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros dos países”. Algo a lo que La Moncloa da especial relevancia en medio de tanta crítica.

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