La investigación de la Policía Nacional sobre una de las mayores redes de tráfico de hachís asentadas en Ceuta dibuja un entramado en el que la corrupción de agentes —principalmente de la Guardia Civil— aparece como una pieza estructural del negocio. Las conversaciones intervenidas revelan que los sobornos a miembros de las fuerzas de seguridad —tanto en Marruecos como en España— no solo facilitaban el paso de la droga, sino que resultaban imprescindible incluso para acceder a grandes partidas en origen. “Sin agentes pagados ni nos venden la droga”, llega a reconocer uno de los cabecillas.

En paralelo, la trama mantiene vínculos con figuras del narcotráfico internacional, como el conocido como ‘Messi del Hachís’, que, según relata un ex guardia civil implicado, llegó a regalar relojes de lujo —un Patek Philippe— tanto a él como al futbolista Sergio Ramos. Todo ello en una organización que operaba mediante lanchas, camiones y narcotúneles, incluido un segundo paso subterráneo en construcción tras el descubierto en el Tarajal. A lo largo de los casi 500 folios de investigación, hay una constante que se repite en distintos momentos, escenarios y conversaciones: la necesidad de “pagar” para que la droga circule.

Los investigadores detectan referencias explícitas a pagos de hasta 120.000 euros a agentes, descritos en las conversaciones como “los de las gorras”, a cambio de facilitar el tránsito de la mercancía. En otros momentos, los propios integrantes de la red atribuyen fracasos en operaciones a fallos en la cadena de sobornos. Tras la incautación de un cargamento de 15 toneladas en Almería —ocultos en patatas simuladas con plástico y escondidas en sacos dentro de un camión que venía de Nador—, uno de los líderes especula abiertamente con esa posibilidad: la droga no habría pasado porque el dinero no llegó a tiempo a quienes debían mirar hacia otro lado. La reacción inmediata no es replantear la logística, sino verificar si el pago se ejecutó correctamente.

Ese patrón se repite en múltiples conversaciones. La organización da por hecho que el paso de grandes cantidades de hachís depende de la compra de voluntades entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto es así que uno de los cabecillas admite que sin esos pagos previos ni siquiera los proveedores acceden a vender grandes cantidades de droga.

Construyendo el segundo narcotúnel

El otro eje fundamental de la investigación es el uso de infraestructuras subterráneas para introducir la droga en Ceuta. La organización ya había estado detrás primer narcotúnel descubierto en el polígono del Tarajal —conducto que reconocen haber detonado antes de que la Guardia Civil lo encontrara—, y lejos de abandonar esa vía, trabaja en la construcción de un segundo paso. Las conversaciones intervenidas sitúan a los cabecillas planificando la obra, hablando de materiales, mano de obra y de la necesidad de reducir la presión policial en la zona. En uno de los diálogos, un colaborador advierte de la presencia constante de la gendarmería marroquí en el entorno donde se ubicaría la entrada.

El propio líder de la red asume la responsabilidad directa sobre la infraestructura. En conversaciones anteriores ya había reivindicado la autoría del primer túnel, asegurando haber introducido toneladas de droga por esa vía. Ahora, el objetivo es consolidar una alternativa más discreta frente a las rutas marítimas, cada vez más expuestas.

La construcción del nuevo túnel se convierte en una prioridad operativa. Hablan de metros pendientes, de la necesidad de introducir a trabajadores de forma clandestina en Ceuta y de coordinar el reparto de funciones: uno se encargaría de la entrada de la droga y otro de su distribución en territorio español.

Exagentes, contactos y relaciones peligrosas

Dentro de ese entramado, la figura de un ex guardia civil resulta especialmente significativa. Ángel A.F., ya retirado, mantiene una relación directa con la organización, participando en operaciones y actuando como intermediario. Las conversaciones revelan que no solo facilita contactos dentro del Instituto Armado, sino que también participa en la compraventa de droga y en la gestión de información tras incautaciones. En un momento dado, el cabecilla recurre a él para averiguar qué ha fallado tras una intervención policial en Almería. Su papel va más allá de lo operativo. En una conversación con un conocido, relata un encuentro con una figura de primer nivel en el narcotráfico internacional: Abdellah El Haj Sadek El Menbri, conocido como el ‘Messi del Hachís’. Describe con detalle su casa, su colección de relojes y un episodio concreto en el que este le habría regalado un Patek Philippe.

El relato incluye una referencia llamativa: ese mismo narco habría hecho un regalo similar al futbolista Sergio Ramos en una noche de fiesta. La escena, narrada con naturalidad, muestra el nivel de relaciones en el que se movían algunos de los implicados. Días después, el ex agente aparece contando grandes cantidades de dinero en efectivo junto a otros individuos, con el objetivo de comprar décimos premiados de la Lotería de Navidad. Los investigadores interpretan esta práctica como un mecanismo para blanquear capitales.

Una logística sostenida sobre sobornos

La red dirigida por ‘Amandis’ —nombre de la empresa de la luz marroquí en la que trabajaba antaño el investigado— y ‘El Holandés’ operaba a gran escala. Movía toneladas de hachís desde Marruecos hacia España y Europa utilizando una combinación de rutas marítimas, terrestres y subterráneas, merced a la colaboración de narcos de la Costa del Sol y Galicia. En cada fase del proceso, la corrupción aparece como un elemento transversal. Desde la salida de la droga en origen hasta su distribución final, los implicados hablan de pagos, contactos y garantías. La existencia de agentes que no aceptan sobornos también forma parte de sus conversaciones, identificados como un riesgo añadido.

En uno de los diálogos, los cabecillas mencionan expresamente a un inspector de la UDYCO que, según dicen, no entra en la dinámica. La incertidumbre que genera la incorruptibilidad de algunos condiciona decisiones operativas, incluyendo la elección de rutas o el volumen de los cargamentos. La red busca constantemente minimizar riesgos dentro de un esquema en el que el soborno es la base.

A lo largo de la investigación, la Policía Nacional logra interceptar numerosos cargamentos: 600 kilos en Arcos Quebrados —gracias a un incendio en la casa de uno de los miembros de la red—, más de 400 en el Serrallo (ambos barrios de Ceuta), otros 650 en Écija o casi 500 en una furgoneta interceptada en Málaga. Los golpes policiales muestran las conversaciones grabadas, generan tensiones internas, sospechas de chivatazos y reajustes en la operativa. Sin embargo, la actividad no se detiene. Tras cada intervención, los miembros de la organización analizan qué ha fallado, reparten pérdidas y preparan nuevos envíos. En muchos casos, la primera hipótesis vuelve a ser la misma: si alguien no ha cobrado.

La red mantiene contactos en distintos puntos de España —Andalucía, Galicia, Madrid o Valencia— y en varios países europeos. También explora nuevas rutas y métodos, desde narcolanchas hasta túneles, pasando por vehículos con dobles fondos o convoyes con lanzaderas.

El volumen económico del negocio es elevado. Manejan cifras de cientos de miles de euros por operación y gastos millonarios en logística, combustible para las narcolanchas, que en ocasiones permanecen en la mar hasta quince días esperando a descargar o pagos a colaboradores.

Violencia, amenazas y control interno

El funcionamiento de la organización no se limita al tráfico de droga. Las conversaciones intervenidas reflejan un clima de presión constante, con amenazas hacia quienes consideran responsables de filtraciones. El nombre de Himad T.B., vinculado al descubrimiento del primer narcotúnel, aparece de forma recurrente. Los cabecillas lo señalan como “chivato” y llegan a plantear acciones violentas contra él, incluyendo la contratación de terceros para atacarlo.

Ese episodio evidencia el grado de control que intenta mantener la organización sobre su entorno y las consecuencias de romper la omertá.

Todo empezó moviendo un frigorífico. Detrás del electrodoméstico insonorizado, en una nave industrial del Tarajal, la Policía Nacional encontró la puerta de entrada a una de las infraestructuras más sofisticadas de la historia del narcotráfico en Ceuta: un narcotúnel con raíles, poleas y varios niveles diseñado para introducir toneladas de hachís en España sin contacto visual entre los implicados. El hallazgo forma parte de una operación que ha culminado con 27 detenidos —15 de ellos en prisión—, más de 17 toneladas de droga intervenida y la desarticulación de una organización con ramificaciones en Andalucía, Galicia y Marruecos.

La escena, descrita por los propios investigadores, tiene algo de arqueología criminal. Una nave aparentemente anodina, una cámara insonorizada y un frigorífico de grandes dimensiones que, tras ser desplazado “después de mucho esfuerzo”, dejaba al descubierto un acceso oculto. Lo que había debajo, a juicio de los investigadores, no era improvisación, sino ingeniería aplicada al narcotráfico.

Según la Policía, se trataba de una estructura “muy profesional, muy preparada, muy acondicionada”, en palabras de Antonio Martínez, jefe de la UDYCO central. Tenía tres niveles claramente definidos: un pozo de descenso, una cámara intermedia —la llamada “narcodespensa”— y una salida hacia Marruecos.

En ese espacio subterráneo, los fardos de hachís se movían mediante raíles, vagones, poleas y grúas. Un sistema diseñado para transportar grandes cargas sin necesidad de contacto directo entre quienes participaban en el alijo. La organización había instalado incluso bombas de achique para combatir el agua freática y sistemas de insonorización que permitían operar sin levantar sospechas en el exterior.

Las primeras mediciones apuntan a un descenso de unos 19 metros hasta la base del túnel, con una galería de aproximadamente 1,20 metros de alto por 80 centímetros de ancho. La longitud total sigue sin determinarse debido a la acumulación de agua, que ha obligado a emplear tecnología específica, incluido un dron submarino.

El “narcoarquitecto” y la doble dirección de la red que fue mutando

Detrás del conducto había una estructura de mando clara. Dos personas lideraban la organización: una desde Marruecos, considerada por los investigadores el “narcoarquitecto” y “patrón de los túneles” y otra en Ceuta, encargada de negociar los envíos y gestionar la distribución.

El primero, detenido el pasado 26 de marzo, ya estaba vinculado al túnel descubierto el año anterior. Su perfil sintetiza el salto cualitativo del narcotráfico en la zona: no solo coordinaba, sino que diseñaba y perfeccionaba las rutas.

“El principal investigado era el responsable del otro túnel intervenido el año pasado”, explicó Martínez, quien subrayó que la organización “introducía miles de kilos de hachís en Europa” y que su base operativa se apoyaba en este tipo de infraestructuras.

A esta conclusión llegaron tras más de un año de pesquisas. La investigación arrancó en febrero de 2025 y permitió detectar una organización con capacidad para mover grandes cantidades de droga hacia la península y otros puntos de Europa. En ese tiempo, el grupo criminal no se mantuvo estático, “mutó”.

Cuando las primeras incautaciones comenzaron a golpear su operativa, la red cambió de estrategia. “La organización entiende que tiene que cambiar de sistemas, deja el narcotúnel apartado durante un tiempo y empieza a colaborar con otras organizaciones”, señaló Martínez

Ese giro llevó a establecer conexiones con redes del Campo de Gibraltar —especializadas en el uso de embarcaciones de alta velocidad— y con grupos gallegos que utilizaban pesqueros para introducir la droga. El objetivo era mantener el flujo de estupefacientes pese a la presión policial.

La desarticulación acabó produciéndose por acumulación de golpes. Durante meses, los investigadores acumularon interceptaciones de cargamentos que permitieron poner en evidencia la red. Uno de los episodios fundamentales se produjo tras un incendio en una vivienda de la barriada ceutí del Príncipe, que permitió intervenir 510 kilos de hachís y vincular el inmueble con la organización. Posteriormente, el cuerpo incautó otros 432 kilos en la ciudad autónoma, en esa ocasión, en la zona de Cabrerizas Altas y un alijo de 15.000 kilos en Almería, transportado en un tráiler procedente de Nador.

A estos golpes se sumaron otras intervenciones, como 480 kilos en Málaga o los decomisos realizados en los registros finales, que incluyeron también cocaína. En total, más de 17 toneladas de droga han sido retiradas del circuito.

Un operativo técnico y a gran escala

El hallazgo del túnel requirió un despliegue técnico poco habitual. Según explicó Pedro Ferrer, jefe regional de operaciones en Ceuta, la investigación contó con “medios técnicos y tecnológicos de alta tecnología” y con el apoyo de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional. La complejidad del terreno obligó a emplear herramientas específicas para analizar la estructura. “Se ha usado igualmente un dron de última generación submarino, puesto que el túnel estaba lleno de agua freática”, detalló el mando policial. Además, en la fase final participaron los Bomberos de Ceuta y el Regimiento de Ingenieros número 7 de la Comandancia General.

La explotación de la operación implicó a más de 250 agentes y se extendió por varias provincias: Ceuta, Cádiz, Málaga, Huelva y Pontevedra. En total, se realizaron 29 registros domiciliarios. El balance es significativo: 27 detenidos —15 de ellos en prisión—, 1,43 millones de euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo intervenidos.

La operación habla del papel de Ceuta como punto estratégico en las rutas del hachís hacia Europa. Su proximidad a Marruecos y su posición geográfica la convierten en un enclave logístico de primer orden a ojos de los investigadores. La existencia de infraestructuras como los túneles hallados recientemente, sumada a las conexiones con otras regiones, dibuja un mapa en el que, para Policía Nacional y Guardia Civil, la ciudad es un nodo dentro de una red más amplia.

El calendario laboral de 2026 en Ceuta y Melilla establece de manera clara las jornadas festivas oficiales que los habitantes de ambas ciudades autónomas podrán disfrutar a lo largo del año. Estas fechas combinan celebraciones de carácter nacional, conmemoraciones religiosas y festividades propias de cada territorio, proporcionando un marco que facilita la planificación de la actividad laboral, administrativa y social. La distribución de los días de descanso permite organizar con antelación los periodos de trabajo y ocio, al mismo tiempo que refleja la diversidad cultural y religiosa de estos enclaves.

Además de cumplir una función administrativa, las jornadas festivas en Ceuta y Melilla constituyen espacios de encuentro y reforzamiento de la identidad local. Mientras que algunas conmemoraciones se celebran en todo el país, otras están vinculadas a tradiciones específicas de cada ciudad, lo que evidencia la riqueza histórica y la pluralidad cultural de ambos territorios. Este conjunto de fechas proporciona a trabajadores, empresas y ciudadanos la oportunidad de planificar su año con claridad, respetando tanto los descansos obligatorios como los momentos de celebración comunitaria.

Festivos en Ceuta 2026

Este es el calendario laboral de 2026 que de Ceuta para 2026:

Festivos en Melilla 2026

Este es el calendario laboral de 2026 que de Melilla para 2026:

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado por unanimidad el nombramiento como Hijo Adoptivo de Cuenca del periodista y escritor José Luis Muñoz Ramírez tras salir adelante sendas mociones en la sesión plenaria municipal del mes de noviembre.

José Luis Muñoz, además de periodista y escritor, es editor y gestor cultural. Nacido en Tetuán (Marruecos), reside en Cuenca desde hace más de 60 años.

Sus comienzos como periodista fueron en El Faro de Ceuta y Radio Ceuta, entrando a trabajar en 1965 en Diario de Cuenca hasta 1984. En este tiempo trabajó también en las revistas El Banzo y Olcades, y fue corresponsal de Europa Press, El País y TVE, además de que fue jefe de Prensa del Museo de Arte Abstracto Español. Ha publicado numerosos artículos en periódicos y revistas, y colaborado durante largo tiempo con Radio Nacional de España.

Entró en el Ayuntamiento de Cuenca en 1989 en el servicio de Publicaciones y posteriormente en Educación, Cultura y Festejos. En 1994 fue nombrado director del Teatro Auditorio y en 2001 de la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, participando en la puesta en marcha del Centro Cultural Aguirre.

Además, en 1971 participó en la fundación del Cine Club Chaplin, en 1992 fue elegido miembro de la Real Academia Conquense de Artes y Letras (Racal).

La Asamblea de Ceuta celebró la pasada semana las dos primeras sesiones plenarias en las que los diputados no adscritos suman más que cualquiera de las formaciones de la oposición. El PP ocupa nueve asientos, los parlamentarios sin partido ya son seis, hay tres de Vox y PSOE y dos de los partidos locales MDyC y Ceuta Ya, que terminan de completar el colorido entramado político de la ciudad al que ahora se suma un grupo heterogéneo de expatriados por diversas razones que ha permitido al Ejecutivo popular aprobar los presupuestos.

Lo logró cuando la suma de no adscritos solo iba por cuatro –hace poco más de dos semanas que alcanzó los seis–: tres exediles del PSOE, Navil Rahal, Fidda Mustafa y Hikma Mohamed, y una de Vox, Teresa López –a la que a no mucho tardar se sumaría su ahora excompañero de siglas y otrora portavoz, Carlos Verdejo, que acaba de presentar una moción de censura contra el Gobierno–, que votaron a favor de las cuentas del Ejecutivo. El resto de la oposición lo hizo en contra.

Los presupuestos enmendados a última hora con casi medio centenar de modificaciones introducidas tras la aprobación inicial por el propio PP incluían en su primer borrador una partida de 377.180 euros, que fue ampliada vía enmienda a 580.896 euros, para los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio. Se trata de un servicio que desde 2022 presta la empresa R&B Sebta, de la que fue apoderado Rahal y que pertenece a su entorno familiar, con su esposa a la cabeza.

Esta vinculación en forma de adjudicaciones de contratos a firmas de su órbita cercana provocó que sus excompañeros socialistas acusaran al PP de compra de voluntades y al ahora diputado no adscrito de transfuguismo. A mediados de 2024, Rahal y Mustafa se saltaron la disciplina de voto del PSOE en la Asamblea apoyando una iniciativa del Gobierno. Ambos fueron expulsados de su partido y supusieron las primeras incorporaciones a la bancada de los no adscritos.

Para aquel entonces, la firma R&B Sebta ya había sido adjudicataria de tres contratos por parte de la Administración local, correspondientes al servicio de inhumación de finados (24.833 euros), el de captura de animales (25.615 euros) y el más cuantioso –y vigente en el momento de la ruptura del diputado con el PSOE– relativo a la gestión de los citados mataderos portátiles entre 2022 y 2025, por 1,5 millones de euros. Esto serían unos 375.000 euros anuales, más de 200.000 menos de la cuantía cerrada para 2026 tras la enmienda presupuestaria del propio PP y apoyada por el diputado.

Este miércoles, la Ciudad ha sacado además a concurso el servicio de los espacios móviles para sacrificio de animales, incrementando aún más la cuantía. El Ejecutivo ofrece 2,3 millones de euros por cuatro años, es decir, algo más de 575.000 euros por anualidad. Los pliegos exigen experiencia demostrable en los últimos tres años en actividades de similar naturaleza.

Otra sociedad que recibió encargos de la Ciudad, en concreto de la compañía pública del agua, Acemsa, fue Academia Rahal S.L., de la que es administrador el hermano del ex del PSOE, que en el pasado figuró como apoderado. En este caso, la firma obtuvo un contrato menor por 41.270 euros para reconstruir un muro de contención en febrero de 2024.

Además, la compañía Quarry Urban Developments, que administra la nuera del socio de Rahal en los mataderos portátiles, acumuló cinco adjudicaciones de contratos menores entre 2024 y 2025 por importe de 174.117 euros. Entre ellos, uno del pasado once de diciembre relativo a la adecuación de espacios en materia de accesibilidad universal y salubridad en la barriada Príncipe Alfonso.

Estas relaciones contractuales entre las partes –se entiende, las que ya se habían rubricado entonces– fueron defendidas como “legales” por el portavoz municipal y vicepresidente segundo de la Asamblea, Alejandro Ramírez (PP) en una comparecencia poco después de que Rahal dejara el PSOE.

Acusaciones de racismo

Otro voto clave para que el PP sacara adelante los presupuestos para 2026 fue el de Teresa López, exdiputada de Vox y tercera en unirse a los no adscritos, que actualmente se desempeña en el gabinete de comunicación del equipo de fútbol local –ahora en segunda división– y que es la entidad deportiva con subvención más elevada de todas las que financia la Ciudad Autónoma.

La cuarta incorporación al grupo de los no amparados por siglas políticas llegó a finales del pasado mes de mayo. La socialista Hikma Mohamed ahondaba en la crisis parlamentaria del PSOE que se quedaba en la Asamblea con tan solo tres representantes. A la par, otro miembro de la dirección del partido presentaba su dimisión entre acusaciones de racismo, Mohamed Haidor.

Unos meses después, hace apenas tres semanas, con los presupuestos ya aprobados, Vox se veía también con tres diputados después de la decisión Carlos Verdejo de dar el salto al amplio grupo de los 'sin partido' tras meses apartado de sus compañeros. El que fuera durante años portavoz en la Asamblea de la ultraderecha llevaba meses acusando a su propia formación de haber perdido la identidad, llegando a deslizar en ruedas de prensa en solitario supuestos usos poco éticos de los fondos públicos que llegaban a la agrupación.

Aunque en varias ocasiones amenazó con difundir documentación, nunca llegó hacerlo. Mientras tanto, acumulaba expedientes sancionadores por parte de Vox. Finalmente, Verdejo dio el paso a los no adscritos un 28 de diciembre, definiéndose entonces a sí mismo como “antipolítico”, calificando la Asamblea de “circo” e ironizando sobre presentar una moción de censura contra el Gobierno de Juan Vivas. Al final cumplió esa determinación y llevó esta misma semana la propuesta ante la cámara para su debate en una sesión plenaria con fecha aún por fijar.

Casi a la vez que Verdejo dejaba Vox, salía de prisión –de manera provisional y tras pagar una fianza– el diputado del MDyC y funcionario de prisiones, Mohamed Ali Duas. Investigado por narcotráfico en el seno de la operación de la Audiencia Nacional en la que apareció un narcotúnel que conectaba Ceuta con Marruecos, dejó su partido al poco de llegar de vuelta a la ciudad autónoma. Este último, sin embargo, mantiene su acta de diputado, por lo que podría volver a los plenos próximamente.

Una reprobación salvada: “No soy el artífice”

La acción de los parlamentarios sin siglas volvió a notarse la pasada semana, en los plenos celebrados el martes y el miércoles, cuando, por ejemplo, el Ejecutivo se libró de la reprobación por su gestión en materia de salud mental, en parte, gracias a los votos de algunos de los seis diputados. Un efecto que podría repetirse de manera constante en lo que resta de legislatura, con unos presupuestos y medidas de calado aún por aprobar.

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa de cierre de año, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se sacudió la responsabilidad. El líder local dejó la pelota en el tejado de los partidos de los que salieron los representantes ahora no adscritos y aseguró que sus contactos con ellos siempre se han enmarcado en la “legalidad” y ceñido “exclusivamente” a cuestiones políticas. “No soy el artífice”, zanjó, sobre la atípica situación en la que se encuentra la Asamblea ceutí.

Hace tres años, Noutie Tchana Angelo Sylvio saltó la valla de Ceuta. Al tercer intento lo consiguió y, tras pasar la frontera, no miró hacia atrás. Camerún quedó a miles de kilómetros, lejos, donde lo aguardan su pareja y su hija de cinco años, a quienes espera pronto traer consigo cuando, por fin, obtenga un permiso de trabajo tras horas y horas de formación. Pese a dormir en la calle, consiguió el graduado en la ESO, motivo por el que el Ayuntamiento de Sevilla lo reconoció en el acto central de la Semana de las Personas Sin Hogar.

Es irónico hablar de reconocimientos públicos cuando uno se ve abocado a sobrevivir en un sistema en el que se niegan los derechos fundamentales. Angelo, como prefieren que lo llamen, sonríe ante la observación durante la conversación en la sede de la asociación Elige la Vida: “Estoy orgulloso de que mi esfuerzo valiera para algo porque, aunque estuviera estudiando en la calle, se lo he podido mostrar al mundo. Todo era difícil, pero nunca me di por vencido y, aquí, me aconsejaron y me motivaron, es más, me compraron libros para que pudiera seguir adelante”.

Delante de las taquillas azules donde las personas sin hogar que atiende la organización dejan sus maletas y pertenencias, hay dos mesas unidas en el centro de la sala. Testigos de las largas horas, hizo migas con Paco, un usuario que hoy día continúa escribiendo su libro, o con otros compañeros que no entendían por qué se esmeraba en sacar un título cuando lo que priorizaban era la búsqueda de trabajo, a cualquier precio. “Tenía en mente trabajar, pero no tenía esa oportunidad”, comenta, sobre todo después de que le rechazaran su solicitud de asilo. De repente, se vio sin ningún lugar al que acudir. Un primo que aún está en Camerún ya le advirtió de las inclemencias a las que se enfrentaría: “Me dijo que me esperaba de todo, que sufriría, pero no tenía que tener miedo”.

Entre la calle y las casas de acogida

Lo primero era aprender el idioma, casi tan bien como el inglés que maneja o su francés materno. “Noté que, si me quería quedar en España, ese sería el punto más importante y comencé a estudiarlo en Ceuta e, incluso en la calle, seguía aprendiendo por YouTube”, recuerda. Cerrada la puerta de la protección internacional, no pudo continuar en el centro asistencial de CEAR Sevilla. En total, pasó ocho meses a la intemperie, mientras salía y entraba de casas de acogida, como en el centro Miguel de Mañara, el Nuevo Hogar Betania, el piso de acogida de Accem o la empresa SAMU Social, en donde se encuentra actualmente. Sin cejar en su empeño, logró sacar el título de manipulador de alimentos y el carné de carretillero, pero para mejorar sus posibilidades se debía matricular en la ESO y logró entrar en el Centro de Educación Permanente (Ceper) Polígono Norte.

Como taxista, podría haber continuado en Duala, su ciudad de origen, pero la tensión sociopolítica de la nación le obligó a migrar. Tampoco vio como una posibilidad viajar a los estados africanos colindantes, “en Nigeria no hay seguridad y en los países árabes mi piel negra se ve como si fuese blanca”. Así, al lograr cruzar el estrecho de Gibraltar, nunca pensó en que aprobar la educación secundaria facilitara el siguiente paso: acceder al ciclo de formación profesional dual que lo ha especializado en aires acondicionados e instalaciones frigoríficas. Pese al entusiasmo que lo llevaba a escalar cada vez más alto, una vez más el sistema le ponía trabas en el ascenso.

El curso le permitió realizar prácticas empresariales, por lo que pudo acceder a un precontrato laboral con el que solicitó el permiso de residencia y trabajo. Un trámite que concede el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un plazo máximo de tres meses, pero en esta ocasión tardó cinco meses . “Hay gente que espera seis, siete meses, y yo y mi jefe estábamos desesperados de esperar... Seguro que por eso ahora me han dicho que tengo que esperar”, declara. A causa de este lío burocrático, deberá retrasar todos los trámites de arraigo hasta enero del año que viene, “el empresario no se va a quedar sin cubrir el puesto”, dice, resignado.

Colectivos vulnerables

“Lo que le pediría a la administración es que facilitaran la documentación que pedimos y que cumplan los plazos, o que no nos pidan documentos que saben que no vamos a conseguir, como el contrato mismo de trabajo”, asevera ante los compañeros que escuchan la charla. También, critica la excesiva burocracia que exigen a la parte contratante, temiendo que se arrepientan en el último momento de haberse decidido a emplearlo. Una afirmación con la que concuerda Rafael Díaz, representante de Elige la Vida.

Se sienta frente al joven de 26 años, a quien ha acompañado a lo largo de estos tres últimos años desde que llegara a España, y toma su ejemplo como una incongruencia más del sistema de atención social que impera: “Someten a las personas vulnerables a un periplo horroroso”. No solo se trata de Angelo, sino de colectivos desprotegidos, por ejemplo, se refiere a las esperas interminables para quienes solicitan el Ingreso Mínimo Vital, a las subvenciones destinadas a las personas en situación de sin techo o a los propios migrantes que llaman a su puerta en busca de un apoyo cuando se les niega una respuesta desde la esfera institucional.

La entidad de la que forma parte Rafael nació en el barrio de Triana a finales del siglo pasado como una forma de auxiliar a quienes sufrían los efectos devastadores de la drogodependencia. El espíritu se conserva a través de distintas áreas con acciones directas en el barrio. No quieren crecer más, porque los 80 socios que hay en la actualidad creen en la labor comunitaria, en los gestos cercanos y centrados en cada calle que rodea a la sede de la asociación. A su alrededor, vienen y van las personas que acogen, saludan, se ponen al día en este día de diciembre, y, atendiendo a Angelo, admite que la relación ha profundizado de tal forma que ya es alguien más de la familia.

Este año terminará en breve y, con esperanza, el joven camerunés espera la resolución de la petición de arraigo. Con ello, logrará encontrar un trabajo al finalizar el segundo curso de la formación profesional y, por fin, tener los recursos suficientes para acceder a una vivienda en Sevilla, la siguiente meta, donde espera, pronto, acoger a su familia.

Un vídeo de una supuesta agresión policial a un migrante recién llegado a Ceuta empezó a compartirse este domingo por Whatsapp entre los vecinos de la ciudad autónoma. Horas después de difusión de las imágenes, que muestran presuntamente a dos agentes de la Guardia Civil golpeando con una porra a un migrante que acababa de entrar a nado a la ciudad autónoma, el caso ha llegado a la Jefatura de la Policía Nacional de la ciudad. Después de que el autor del vídeo presentase una denuncia ante la Policía, el Instituto Armado ha identificado a los dos agentes implicados y ha anunciado la apertura de una investigación interna sobre los hechos.

Según fuentes del Instituto Armado, los hechos ocurrieron de madrugada en la zona ceutí de Benzú, en las inmediaciones de uno de los espigones que lindan con Marruecos, en la cara norte de la ciudad autónoma. Se trata de una de las vías habituales, junto con el Tarajal, para quienes intentan entrar de manera irregular a Ceuta desde el país vecino.

En la grabación se aprecia a dos personas que parecen golpear con una porra a un hombre, que está tirado en el suelo y llega incluso a levantar un brazo, en un aparente intento de defenderse. Su rápida difusión entre los vecinos de la ciudad autónoma, a través de las redes sociales y los servicios de mensajería, hizo que acabase en manos de la Guardia Civil. Esta mañana ha tomado declaración a los efectivos implicados. Según fuentes del Instituto Armado, se ha activado un procedimiento disciplinario.

Por su parte, la víctima, identificada poco después de que la denuncia fuera cursada, fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil, donde se le tomó declaración para a continuación ser trasladado a los servicios sanitarios para constatar que no sufriera lesiones. Según las fuentes del cuerpo, el hombre no presentaba lesiones.

Con todos los datos sobre la mesa, testimonios y grabaciones, la Guardia Civil asegura que está estudiando tomar medidas disciplinarias contra los dos presuntos implicados. El proceso podría ser relativamente rápido, según fuentes oficiales consultadas.

A la par, aunque previsiblemente con mayor lentitud, se moverá la vertiente judicial. La información ya está en manos del magistrado, quien decidirá en los próximos días si archiva el caso o continúa con la investigación, llegando incluso a vista oral.

“Lo que queremos es que no salpique a la imagen del cuerpo”, concluyen fuentes de la Guardia Civil, que han actuado con celeridad internamente ante los hechos y deberán aguardar a lo que se decida en el palacio de justicia y sus efectos sobre el prestigio de la institución.

El caso llega poco más de 24 horas después de que otro compañero del cuerpo destinado en la valla fronteriza sufriera una agresión por parte de un migrante que portaba un gancho durante un intento de entrada, según la Guardia Civil. El caso que provocó fuertes reacciones por parte de la derecha local, representada por el Partido Popular y Vox. Tras alcanzar la conformidad, el hombre ha logrado rebajar la pena de cárcel de tres a dos años por un delito de atentado contra agente de la autoridad con empleo de instrumento peligroso y otro leve de lesiones. Además, el hombre afronta ahora un expediente de expulsión del país.

Tal y como está el mundo, corremos el riesgo de que pasen desapercibidos relevantes asuntos de Estado y pronunciamientos judiciales que deberían suscitar conversación pública y tener consecuencias políticas. Me refiero a la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, sección de Ceuta, del pasado 11 de septiembre.

Los días 13, 14, 15 y 16 de agosto de 2021, hasta 55 menores no acompañados tutelados por la Ciudad Autónoma de Ceuta fueron entregados a las autoridades marroquíes de forma sumaria, sin cumplir el procedimiento legalmente establecido. Estas entregas fueron organizadas, con plena consciencia de su ilegalidad, por la entonces Delegada del Gobierno —representante del Gobierno central en Ceuta— y por la entonces Vicepresidenta Primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ambas han sido condenadas en la referida sentencia por un delito de prevaricación administrativa.

Las entregas fueron ilegales sin ningún género de dudas. Así lo declaró ya de forma definitiva la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de enero de 2024. Se hicieron al margen de la Ley de Extranjería, que establece que para expulsar a un menor es necesario un procedimiento individualizado en el que el menor sea escuchado, si tiene suficiente madurez, y en el que se recabe informe de los servicios de protección y del Ministerio Fiscal. Nada de esto se hizo y el Acuerdo con Marruecos de 2007, que invocaban las procesadas, solo sirve para facilitar la ejecución de una resolución de repatriación previa y legalmente adoptada, que no existió. Esta actuación habría vulnerado, además, el Derecho internacional de los derechos humanos, en concreto el artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las devoluciones colectivas.

Los menores ilegalmente entregados a Marruecos habían accedido a Ceuta a través de la playa de Tarajal entre los días 17 y 18 de mayo de 2021, junto con aproximadamente 15.000 personas, de las cuales unos 1.200 serían menores de edad —cifras tomadas de la sentencia penal—. Se trataba de un episodio excepcional, que se interpretó como ejemplo de una especie de “guerra híbrida” en la que migrantes y refugiados son convertidos en munición por parte de los Estados. Ahora bien, tal y como se declara en la Sentencia del Supremo —en sintonía con el Ministerio Fiscal—, la gravedad de aquellos acontecimientos no habilitó al Estado a actuar al margen de la ley, máxime cuando las entregas se verificaron tres meses después.

La sentencia del Tribunal Supremo contiene otro pronunciamiento de gran calado jurídico. Sin necesidad de saber cuál fue el destino de los menores, declara vulnerado el derecho a la integridad física y moral de los mismos (artículo 15 de la Constitución). Efectivamente, el procedimiento omitido era el cauce para garantizar los derechos de los menores. Al prescindir de él, al ser entregados sin indagar cuál era su situación o de qué infierno podían venir huyendo, no pudo actuarse de acuerdo con el interés superior del menor y se les puso en serio peligro de sufrir padecimiento corporal o psíquico.

A todo ello, la reciente sentencia penal de la Audiencia Provincial de Cádiz añade que las mencionadas devoluciones no solo fueron ilegales, sino también constitutivas de un delito de prevaricación, cuya gravedad es importante aprehender pues quien actúa ilegalmente no lo hace por descuido, sino de forma deliberada y, además, en el ejercicio de la función pública. Como explica muy bien la Audiencia Provincial, tal proceder menoscaba un bien jurídico colectivo, “el recto y normal funcionamiento de la Administración pública” y el sometimiento de la Administración a la ley, que constituye un pilar básico del Estado de Derecho.

Aunque no ha quedado judicialmente probado que las acusadas recibieran órdenes, resulta inverosímil que actuaran por su cuenta y no contaran, al menos, con el visto bueno de instancias superiores del Ministerio del Interior. En primer lugar, por la envergadura de las entregas, que se interrumpieron por intervención judicial pero que estaban previstas para muchos más niños. En segundo lugar, el Sr. Grande-Marlasca, ha venido mostrando un contumaz respaldo a la actuación ahora declarada delictiva. Por otra parte, hay constancia en la sentencia de las conversaciones entre la Vicepresidenta Primera de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Directora del Gabinete de la entonces Vicepresidencia Primera del Gobierno de España, Sra. Carmen Calvo, en las que consta cómo se pretendía “inventar un procedimiento que la Fiscalía pudiera admitir” o “doblar la mano a la Fiscalía”. Son, otra vez, “las cloacas” del Estado, utilizadas ahora contra menores vulnerables.

Más allá de la ausencia de reacción o responsabilidad política, resulta desalentadora la profunda contradicción del Gobierno central, que se declara dispuesto a combatir el discurso de odio de la extrema derecha, mientras en la frontera actúa al margen de la ley, tratando a menores como si fueran fardos y dando con ello un ejemplo que socava la cultura de los derechos humanos.

Era un viernes de pleno verano, 13 de agosto de 2021, cuando los móviles de quienes defienden los derechos de los migrantes en Ceuta empezaron a recibir mensajes con una misma alerta: “Están devolviendo a los menores”. Se cumplían las sospechas que desde hacía días apuntaban al retorno masivo de los cerca de 800 niños migrantes llegados a la ciudad durante la crisis diplomática con Marruecos en mayo del mismo año. El Gobierno central y el ceutí retornaron a 55 chavales sin procedimiento alguno, hasta que esos mismos activistas, coordinados con distintas organizaciones, denunciaron su ilegalidad ante la Justicia y lograron frenarlas. 

Más de cuatro años después de aquel día, tras años de instrucción, la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha condenado por prevaricación a las consideradas responsables de la devolución que el Tribunal Supremo ya tachó de ilegal: la exdelegada del Gobierno central en Ceuta, Salvadora Mateos; y la exvicepresidenta del Ejecutivo ceutí, Mabel Deu. 

La delegada del Ejecutivo en Ceuta ha sido la única representante del Gobierno central en sentarse en el banquillo, aunque durante los años de instrucción algunas testificaciones apuntaron más arriba. Por un lado, las acusadas y varios testigos hablaron de la coordinación constante con el Ministerio de Interior en la planificación del operativo y señalaban al departamento de Grande-Marlaska como el origen de la “orden” que inició las devoluciones. Por otro, varios mensajes evidenciaron supuestas directrices trasladadas por parte del equipo de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. 

La Audiencia Provincial ha confirmado el delito de prevaricación de Mateos y Deu, al ser ellas las responsables tanto del cuidado de los menores como de la ejecución del operativo (respectivamente). Los magistrados concluyen que las acusadas ejecutaron las devoluciones sin procedimiento alguno a sabiendas de su irregularidad, pues así se les advirtió no solo desde el seno del área de menores de la Ciudad, sino también desde el Ministerio de Derechos Sociales, encabezado entonces por Ione Belarra (Podemos). Sus advertencias no fueron escuchadas, ni por la ciudad, ni la Delegación del Gobierno, ni por el Ministerio del Interior. 

La sentencia, a la que ha accedido elDiario.es, concluye que no “existe constancia alguna” de que el Gobierno de Ceuta ni la Delegación recibieran una orden oficial de Interior para devolver a los menores tal y como se hicieron, sin cumplir con el procedimiento incluido en la normativa, pero sí apunta a las conversaciones escritas mantenidas entre el Gobierno central y el ceutí durante los meses previos al operativo que instaban a “inventar un procedimiento” para “doblar el brazo a la Fiscalía”. 

“Inventar un procedimiento”

El 19 de mayo de 2021, dos días después del inicio de la entrada irregular de más de 12.000 personas desde Marruecos a Ceuta, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se erigió como responsable de la coordinación de las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez durante la emergencia humanitaria surgida en la ciudad autónoma. Calvó ofreció entonces a su jefa de gabinete, Isabel Valldecabres, como enlace entre administraciones para responder ante las necesidades de Ceuta durante aquellas semanas. 

Desde el 19 de mayo de 2021, dos días después del inicio de la entrada irregular de más de 12.000 personas desde Marruecos durante la crisis diplomática hispano-marroquí, hasta el 11 de julio del mismo año, la condenada exvicepresidenta de Ceuta mantuvo contacto constante con Valldecabres, según demostraron las conversaciones de WhatsApp incluidas en la causa, publicadas por elDiario.es en 2023. 

“Bastaría con una carta a Delegación del Gobierno. Marruecos ha dicho que tienen que volver y hemos de inventarnos el procedimiento. Si solicitáis la devolución ya podemos doblarle la mano a Fiscalía”, le dijo la entonces jefa de gabinete de Calvo a una de las posteriormente condenadas por prevaricación. Sus conversaciones reflejan la búsqueda por parte del Gobierno central de una fórmula para devolver a los menores llegados durante la crisis pese a los requisitos impuestos en la legislación española, que exigen tener el visto bueno de la Fiscalía.

“El problema es que los menores no pueden retornar como el resto. El procedimiento exige cautelas que en caso de adultos no se exige. El fiscal está poniendo problemas”, añadió, reconociendo la necesidad de un “plan especial” para devolverlos a Marruecos. Como enlace entre las administraciones, Valldecabres trasladó una supuesta propuesta del equipo de Fernando Grande-Marlaska: “Interior me insiste en que si hacéis [una] petición desde vuestra entidad para que los menores sean retornados, ellos se ponen a gestionarlo. En cambio, el fiscal sigue con su tesis de registro en base a menores extranjeros no acompañados y escolarización”, dijo entonces. 

La conversación entre ambas se interrumpe tras los cambios de gobierno que supusieron el cese de Carmen Calvo como vicepresidenta y Arancha González-Laya como ministra de Exteriores. Las labores de coordinación entre el Ejecutivo central y el ceutí pasaron a manos del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El operativo de devolución empezó el 10 de agosto, un mes después del cese de Carmen Calvo.

Peticiones escritas

La exvicepresidenta de Ceuta envío por primera vez el 24 de mayo un escrito a la Delegación del Gobierno, que luego esta enviaría a Interior, en el que pedía recurrir al acuerdo bilateral entre Marruecos y España de 2007. Durante cerca de dos meses, Vallcarcel insiste a Deu que debe pedírselo a Interior negro sobre blanco.

No es hasta el 10 de agosto cuando Deu vuelve a solicitar formalmente la devolución de menores migrantes en base al pacto bilateral.

La respuesta, sin firma ni sello, llega ese mismo día. El email procedía de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente de Interior. Este correo electrónico, que Interior defiende que se trata de una “comunicación” y no una “orden”, instaba al Gobierno local y a la Delegación a poner en marcha el proceso de repatriación aplicando el acuerdo marco. Pero el escrito incluía un matiz importante que ha acabado siendo determinante para que la Justicia no haya apuntado a la cartera de Grande-Marlaska: “Respetando la legalidad vigente de Extranjería y menores”. Esto obligaba a individualizar cada caso, entrevistar a los menores preguntándoles por su voluntad de abandonar o no el país, examinar su estado de salud y localizar a sus padres, además de ofrecerles asistencia letrada, entre otra serie de cuestiones. Nada de esto se cumplió en la práctica.

Avisos de ilegalidad

Pese a que tanto Deu como Mateos defendieron no ser conscientes de estar cometiendo una ilegalidad, el auto no deja lugar a dudas. Ambas autoridades recibieron varios avisos, pero uno destaca sobre todos ellos: el rechazo frontal de la funcionaria responsable del Área de Menores de Ceuta, Antonia Palomo.

La exvicepresidenta de Ceuta instó a su jefa de menores a responder el email con el que Interior daba luz verde a la devolución de menores. Palomo contestó, pero no en la dirección buscada por Deu. La funcionaria “manifestó su absoluta discrepancia con lo pretendido, argumentando que resultaba imposible la devolución o repatriación de los menores sin sujeción a las normas españolas vigentes, Ley y Reglamento de Extranjería, a la legislación de menores y a la Convención de Derechos del Niño”. Nadie frenó el operativo.

La responsable de infancia en Ceuta volvió a plantarse en una reunión celebrada en la frontera de la ciudad con autoridades españolas y oficiales marroquíes sin identificar. “Nuevamente y ante todos los presentes la señora Palomo manifestó su disconformidad con lo se trataba de hacer y el procedimiento, o mejor la falta de procedimiento, con el que se pretendía efectuar la devolución, manifestando que resultaba contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional, llegando incluso a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de la ciudad de autónoma”.

Más allá de la responsable local de menores, las advertencias sobre la ilegalidad de cualquier devolución sin procedimiento llegaron también desde el Ministerio de Derechos Sociales, en concreto, por parte del exsecretario de Estado de Infancia, Nacho Álvarez; y la exdirectora general de Infancia, Violeta Assiego. Su opinión tampoco fue tenida en cuenta.

La devolución

El 13 de agosto comenzó el operativo de devolución. Durante el procedimiento, la Audiencia ratifica que las autoridades no realizaron ninguna evaluación individualizada de la situación de cada menor, un paso indispensable para asegurar el interés superior de los niños y adolescentes devueltos: “Elaboraron una lista donde aparecían los nombres de 145 menores, algunos de ellos con el dato exclusivo de su fecha de nacimiento, sin seguir otro criterio que el de ser mayores de 17 años y encontrarse alojados en el polideportivo Santa Amelia habilitado para ello”, recoge el auto.

Tres días después, tras los recursos presentados por las organizaciones Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta paralizó el retorno de nueve menores marroquíes que iban a ser devueltos entre el lunes y el martes. Según el auto, las devoluciones de niños y adolescentes sin procedimiento, como las que la jueza asegura que se estaban produciendo, incumplían la legislación. La paralización de la devolución de este grupo derivó en el cese del operativo de forma temporal. Finalmente, la Justicia no solo ordenó la cancelación definitiva de estas repatriaciones, sino que pidió que el Gobierno central admitiese el retorno de los menores expulsados ilegalmente.

La defensa de Interior

Desde aquel viernes de agosto de 2021, el titular del Interior no ha parado de defender el cuestionado dispositivo de devoluciones. Lo hizo durante el fin de semena en que se mantuvieron activas, pero también después de su paralización por orden judicial e incluso tras el auto del Tribunal Supremo que concluyó la ilegalidad del operativo.

“Las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor”, dijo Grande-Marlaska tras conocerse la decisión judicial.

El Ejecutivo central mantuvo su apoyo a su representante en Ceuta, ahora condenada, en todo momento. No fue hasta octubre de 2022, después de que Mateos ya hubiese declarado en sede judicial como investigada, cuando el Consejo de Ministros aprobó su cese como delegada del Gobierno sin mencionar como razón su implicación en la causa. Acababa de retomar la actividad pública después de pasar meses de baja mientras se sometía a un tratamiento contra un cáncer. “Pasado el verano trasladó al Ejecutivo la necesidad de ser relevada de su puesto por motivos médicos”, afirmó un comunicado de la Delegación.

Durante las distintas causas abiertas, la Abogacía del Estado respaldó la legalidad de proceder al retorno de los menores a Marruecos a través del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat debido a la “situación excepcional” que vivía la ciudad española tras la crisis migratoria de mayo. Es el mismo argumento reiterado por las condenadas durante todo el proceso judicial para defenderse del delito de prevaricación.

En su auto, la Audiencia lo echa por tierra: “Tampoco es posible alegar razones de urgencia y necesidad para ello debido a la extraordinaria situación acaecida en Ceuta por la entrada masiva de extranjeros no documentados en la ciudad, pues la expulsión de los menores no acompañados se produjo más de tres meses después de la entrada ilegal, estando los mismos acogidos por el sistema de protección en Ceuta”.

Cuando cae la niebla sobre la Bahía Sur de Ceuta, a veces decenas y en ocasiones centenares de personas, mayoritariamente jóvenes –casi nunca por encima de los 25 años– se lanzan al agua desde Marruecos para alcanzar la costa española. Como cada agosto desde hace ya años, en las últimas semanas este fenómeno se ha intensificado ligeramente. No quieren la vida del país vecino, cuentan varios de los nadadores a este medio, relatando reiterados intentos de cruzar la frontera –algunos más de una decena– pasando entre tres y cuatro horas entre las gélidas corrientes para alcanzar un sueño.

En ocasiones es la propia Gendarmería Marroquí quien los frena antes de lograr abandonar la jurisdicción del Reino Alauita. En otras consiguen llegar a España, pero son devueltos por la Guardia Civil, “incluso siendo menores de edad” –extremo no avalado por la justicia, que hasta ahora está permitiendo retornos ‘en caliente’ de quienes superan los 18 y proceden de países con los que se ha firmado convenio–, aseguran dos de los preguntados por este medio. Eso no les desanima y lo vuelven a intentar una y otra vez hasta que lo logran.

Otros perecen antes de conseguir pisar el litoral ceutí. En lo que va de año ya han muerto 23. Sin ir más lejos, hasta cuatro cuerpos sin vida de jóvenes magrebíes han sido rescatados por la Policía Nacional en las costas de la ciudad autónoma en los últimos diez días. Normalmente ocurre cerca de playas repletas de bañistas, que viven con triste cotidianeidad estos sucesos.

Para aquellos que lo consiguen y al fin llegan a Ceuta su destino varía en función de edad y circunstancias. Al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) van los demandantes de asilo político, en su mayoría de origen subsahariano. Con una capacidad para 512 migrantes, fuentes internas de máxima solvencia aseguran que el espacio de acogida supera ahora mismo los 900 usuarios. Un dato que la Delegación del Gobierno niega, aunque tampoco facilita cifras a pesar de las reiteradas peticiones. Sin embargo, como se puede ver desde fuera del recinto, en su interior se han instalado varias carpas para acoger a quienes van llegando desde países africanos.

La situación no es mejor en los espacios habilitados para los menores de edad –casi al 100% marroquíes y siempre llegados a nado desde la cercana localidad fronteriza de Castillejos– que quedan bajo la tutela del Gobierno ceutí. “La situación es de colapso”, con 520 menores alojados en centros provisionales y de emergencia, cuya sobreocupación ya es del 500%.

“Quiero la vida en España, no la de Marruecos”

En el Centro San Antonio, que lleva la Fundación Cardijn, se encuentran Moussa, Saíd y Ayoub, tres de los muchachos que sin haber cumplido la mayoría de edad se arrojaron al mar en busca de un futuro mejor al otro lado del espigón del Tarajal. “Quiero la vida en España, no la de Marruecos”, dice el primero con contundencia. Para ello entrenó y viajó desde su ciudad natal, Chauen (Chefchaouen), hasta la comuna de Adeláu (Oued Laou), cercana a Tetuán, en la costa norte. Siguió su periplo hasta Castillejos (Fnideq) donde con el poco dinero que tenía pudo comprarse un traje de neopreno.

Ese mismo día se tiró al agua junto con dos compañeros. Lo intentaron hasta en tres ocasiones y finalmente él y otro joven llegaron a Ceuta después de luchar contra el frío y las corrientes durante cuatro horas.

Saíd, por su parte, ha crecido en Castillejos, la ciudad que linda con la ciudad autónoma, tocando España casi con la punta de los dedos, de hecho, llegó a saborearla hasta en tres ocasiones. Él consiguió sortear la valla durante la entrada masiva de inmigrantes de mayo de 2021 en la que el Gobierno cifró en más de 10.000 las personas que traspasaron la frontera de manera irregular. Unos 1.500 eran menores y entre ellos estaba él.

Explica que su propio padre fue a buscarlo para que volviese a Marruecos. Desde entonces lo intentó “diez veces más, aunque solo dos de ellas iba realmente preparado” con el equipamiento adecuado. Hasta en tres ocasiones la Guardia Civil lo devolvió a las autoridades marroquíes a pesar de que fuera menor de edad.

Justifica su empeño en que sus progenitores no viven juntos, tiene un hermano pequeño y su madre no trabaja, así que “no quedaba otra”. Con un diploma en cocina y hostelería le gustaría continuar por ese camino. De momento solo tiene “cosas buenas” que decir de su estancia en Ceuta.

Al igual que Moussa, Ayoub, se ha pasado la mitad de su corta vida trabajando junto a su familia. Afincado en Rincón (M’diq), iba a la obra con su padre “desde que tenía 12 o 13 años”, explica el muchacho, que parece mucho más joven que sus compañeros a pesar de que los tres han cumplido recientemente los dieciocho. Tras cinco intentos –tres fallidos al ser interceptado por la Gendarmería Marroquí y una devuelto ‘en caliente’ por la Guardia Civil– por fin está en España.

Cuando les preguntan si echan de menos su casa y a sus familias contestan al unísono con una sonrisa: “Claro que sí”. Son chavales despiertos, “más maduros que muchos chicos de su edad”, dice quien ya les conoce bien, la encargada del centro, Nayat Abdeselam. Buscan “estabilidad” y están dispuestos a aceptar cualquier empleo con tal de labrarse una carrera.

Sin embargo, ni Moussa, ni Ayoub, ni Saíd saben si su sueño podrá hacerse realidad y eso les pesa. Uno de ellos se atreve a decir que “es una decepción”. Su caso, el de todos ellos, es particular y muestra las complicaciones derivadas de un sistema burocrático poco garantista que los ha dejado en una suerte de limbo a la espera de conseguir la documentación que les daría el billete a la Península.

Lo detalla Abdeselam, una de las responsables del centro, con la que conviven desde hace ya algunos meses, quien intenta “que tengan un pelín de ambiente hogareño”, con comida casera –cuscús hecho por su propia madre– que disfrutan todos juntos a la mesa cada viernes. Los jóvenes, a pesar de llevar alguno de ellos ya un año en Ceuta, todavía no tienen la tarjeta de residencia que deberían obtener a los tres meses. Ha sido un fallo del sistema, y “el área de Menores se lava las manos”, lamenta.

Tenían la opción de recurrir, por supuesto, pero “es un gasto económico que no se pueden permitir” y, recalca, “tienen derecho a su documentación”. La otra opción es la de solicitar asilo, el clavo ardiendo al que se han agarrado. Sus planes, desde que se han visto obligados a regularizar su situación por esta vía que podría devenir en su traslado de vuelta a Marruecos, han cambiado drásticamente. “No quería, pero es lo que me queda”, señala Moussa, “esperar”.

Una esperanza entre la niebla

Como los chavales acogidos por la Asociación Cardjin, cuando la niebla apareció de forma intensa y continuada entre el 11 y el 16 de agosto en la Bahía Sur de Ceuta, cientos de nadadores buscaron su oportunidad de llegar a España. Pocos lo lograron, no superando el goteo de entradas las quince diarias en su pico máximo y quedando normalmente en un par por jornada.

Esta tendencia se relajó con las noches despejadas y el viento de Poniente, como ocurrió el lunes 18 de agosto, cuando este medio se acercó por primera vez a la playa del Tarajal. “Hoy no entra nadie, la gente pasa cuando hay niebla por la mañana, a las seis o a las siete de la madrugada”, comentaba entonces el dueño de un bar situado a pie de paso fronterizo.

No le faltaba razón, los ceutíes saben que los migrantes tienen en cuenta las condiciones climatológicas y que esperan a las noches cálidas, cuando se levanta la taró, un espeso vaho que cubre las costas. En aquella jornada apenas se produjeron intentos de cruce y los pocos que lo probaron fueron rápidamente disuadidos por la embarcación de la Gendarmería marroquí.

Las tentativas se mantuvieron a la baja hasta que llegó el sábado 23 de agosto. Cambió el viento a levante y llegó una intensa niebla a la bahía norte, que fue trasladándose poco a poco a la zona sur. Allí, en el arenal del Tarajal se vivía un ambiente festivo. Amplios grupos de personas permanecían a las diez de la noche en jaimas, con mesas y sillas plegables, celebrando un cumpleaños o pescando. Incluso había quien rezaba mirando al mar, con la valla que separa países a apenas diez metros.

Entre los presentes, el dueño del chiringuito playero, que ya cerraba las puertas, acompañado de un trabajador, mientras por la otra acera se disponía a cruzar hacia Marruecos una familia con dos niñas que llevan globos de personajes Disney. “Cuando llegan a la playa los nadadores todo el mundo les graba con el móvil”, explicaban ambos, coincidiendo en relatar los métodos de la Benemérita a la hora de atajar los pases: “La Guardia Civil, con la lancha, les va dando vueltas. Saben que van a pasar por aquí y les hacen cansarse esquivándolos”.

Eso resulta, según cuentan, en que los nadadores cada vez opten por rutas más largas y peligrosas, intentando alcanzar playas mucho más alejadas que la del Tarajal, la primera en cercanía a Marruecos. “Es una ruina, luchan y luchan”, contaban con tristeza. Esta sensación que comparten los hosteleros de la zona la confirman los propios hechos.

Ese mismo sábado por la mañana y ante la antena mirada de una repleta playa del Chorrillo -una de las más céntricas y concurridas de Ceuta-, dos jóvenes eran interceptados por la Guardia Civil cuando ya habían alcanzado la costa.

Casi doce horas después, la patrullera de la Benemérita se movía sin parar. Yendo hacia mar adentro, volviendo constantemente a la costa marroquí, casi a la altura de la localidad de Rincón y retornando pegada por Castillejos; y así en repetidas ocasiones. En la playa fronteriza nadie se inmuta. Los que pescan, siguen pescando. El grupo del cumpleaños sopla las velas y canta el cumpleaños feliz. Dos adolescentes que integran el grupo -uno de los muchos que sigue a pie de costa a medianoche- se acercan al espigón. Se sientan y ponen música. Cantan primero en árabe y luego pasan a encender un altavoz y entonar en castellano.

Todo pasa ante la mirada, en la lejanía, del vigilante de la empresa municipal Amgevicesa, al que de forma cíclica le toca supervisar el Tarajal. “Las entradas se producen habitualmente cuando hay niebla, cuando se vuelve muy densa. Me ha tocado ver a gente llegar, sobre todo chavales”, detalla el trabajador, que tiene claro el perfil de quienes alcanzan suelo español: “Te diría que nunca he visto a un tío de cuarenta (años). Son menores sobre todo y chavales de hasta 25”, agrega.

Él estuvo presente cuando los intentos se multiplicaron, entre el 11 y el 16 de agosto. “Entraban dos o tres por noche, por lo menos aquí. Lo que pasa es que ahora cada vez se van más allá”, incide, fortaleciendo el argumentario del propietario del bar, quien también apuntaba a rutas cada vez más largas para esquivar el control, que esa noche, a pesar de los numerosos intentos, nadie -al menos que se sepa- consiguió burlar.

Aporta el vigilante varios detalles interesantes. Cuenta que algunos nadadores van bien preparados, “con aletas y neopreno”, otros, sin embargo, apenas llevan “un flotador tipo ‘donut’”. A su llegada, exhaustos y muchas veces muertos de frío, la gente les suele echar una mano, “con toallas o agua” y automáticamente “salen corriendo hacia arriba”, en dirección a la barriada más próxima, la del Príncipe, que colinda con el centro de La Esperanza, en el que la Ciudad acoge a buena parte de los menores no acompañados que están bajo su tutela. “A veces hay otros chavales aquí que les están esperando ya”, concluye, dejando entrever que algunos vienen a España cuentan con información previa, quizás porque “se lo haya dicho algún primo o amigo”.

De pronto, algo se mueve en el agua, una especie de flotador o pequeña barca se deja entrever. Es tan solo una sombra que contrasta con el reflejo de las luces del paseo marítimo de Castillejos. La patrullera se acerca y los migrantes retornan entonces a la costa sin alcanzar España. Pocos minutos después una luz muy potente enfoca al agua.

Pasa un rato, y con la medianoche se incrementan las detecciones. La lancha arrincona a varios migrantes a la salida de la ciudad alauita y los lleva hacia un coche de policía aparcado en la carretera que lleva a la frontera.

Pocos minutos después, la embarcación, ya relativamente alejada de la costa, apaga las luces. En la cubierta encienden linternas y para cuando vuelven a poner las rotativas, ya se dirigen otra vez al litoral para devolver a un nuevo grupo de nadadores.

La operación se repite a la una y media de la madrugada, cuando la niebla asoma al otro lado de la ciudad, por el Monte Hacho, donde la fortaleza militar parece flotar en el aire. La playa sigue repleta de gente, las celebraciones continúan, los pescadores arrojan pan al agua y se ve a los peces saltar con claridad.

Así, con cierta normalidad, llegan las cuatro de la madrugada. Ahí la taró se hace más presente. Entonces, la embarcación de la Guardia Civil cruza desde el otro extremo de la bahía a toda velocidad. Sin necesidad de montarlos en cubierta, consigue disuadir a un grupo nutrido de migrantes y vuelve a alta mar, para regresar al rato, subir, esa vez sí, a varios jóvenes sobre la lancha y regresarlos al suelo del Reino Alauita. Así llegan las siete de la madrugada, empieza a amanecer y concluye una intensa noche de actividad cuyos resultados se verán en las jornadas siguientes.

Los que no lo logran

A los dos días apareció el primer cadáver que se puede asociar a aquella noche de intentos reiterados. Y en solo una semana, dos más. Historias de las que poco se puede contar, las de los cuerpos que flotan devueltos por la marea en las playas de Ceuta. Hallazgos frecuentes y preocupantes. Entre enero y agosto se han registrado más de una veintena de fallecimientos debido a las travesías marítimas en condiciones peligrosas. La situación refleja no solo una crisis migratoria aguda, sino también una emergencia humanitaria.

Resulta difícil saber con precisión su procedencia y el tiempo que llevaban a la deriva, las autoridades tratan de buscar en los cuerpos señales que ayuden a identificar los cadáveres. El color del neopreno, la camiseta que llevaban debajo, si iban con aletas. Cualquier dato es relevante y las familias, desde Marruecos, publican sus fotos en redes sociales para poder saber si han logrado el pase o si han sido víctimas del mar.

El último apareció este miércoles 27 de agosto, aparentemente un menor, cuyo cuerpo estaba enredado en la Almadraba. Dos días antes se repetía la escena en la playa del Chorrillo, en las redes antimedusas, donde la Guardia Civil rescataba el cuerpo de otro joven que no pudo luchar contra las corrientes.

El CETI, lleno y envuelto en polémica

Los que sí han logrado llegar a Ceuta, sea por vía marítima, como ocurre en el caso de los jóvenes marroquíes o sobrepasando el vallado terrestre, método más frecuente entre los migrantes subsaharianos, acaban alojados en los espacios de acogida locales, que ahora mismo superan ampliamente sus capacidades.

Ejemplo de ello es el Centro Temporal de Estancia de Inmigrantes (CETI) donde según fuentes internas conocedoras de la situación, ya hay más de novecientos usuarios. Eso son cuatrocientas más de las que en teoría puede albergar, lo que ha obligado a instalar varias carpas claramente visibles desde el exterior.

A pesar de la evidencia, la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma viene negando la situación en ocasiones y rechazando facilitar datos sobre el número de residentes, en otras. Todo en un contexto de polémica marcado por las críticas a la gestión del gerente del centro, Antonio Bautista, a quien una enfermera que trabaja en el CETI y sufrió una agresión sexual por parte de un usuario acusó de intentar tapar el caso, disuadiéndola de denunciar.

Al final el suceso acabó en los juzgados y resultó en condena para el acusado, natural de Guinea, que tuvo que abandonar el centro y estuvo durante unos días en una pensión pagada por el propio Bautista. La gestión del director está siendo investigada por el Gobierno central, que tiene sobre la mesa además una serie de quejas de trabajadores del centro, quienes acusan al director de excesiva permisividad con los migrantes y de trato inadecuado a los empleados.

Esta coyuntura se extiende a los centros de menores. Allí “la situación es de colapso”, tal y como repetía esta misma semana por enésima vez el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, quien ponía los datos sobre la mesa y recordaba que no es nada nuevo, sino que el sistema de acogida lleva ya un año sobresaturado.

Son 520 menores los tutelados por la Ciudad actualmente en centros provisionales y de emergencia. “Estamos hablando de una sobreocupación del 500%”, reclamaba el martes, día en el que el Gobierno de España aprobaba un Real Decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados en Ceuta en 27 plazas, una cifra mínima que sitúa a la ciudad autónoma en el centro de la discusión sobre los traslados a la Península.

El Govern balear pretén que la paralització del repartiment de menors migrants procedents de les Canàries, Ceuta i Melilla, que buscarà mitjançant un recurs dirigit al Tribunal Suprem (TS) per demanar la suspensió cautelar, sigui només efectiva a les Balears.

La presidenta de l'Executiu, Marga Prohens (PP), va anunciar aquest dijous que l'Advocacia de la Comunitat Autònoma presentarà sengles recursos pròximament, un contra el decret que estableix el procediment del repartiment i un altre contra l'ordre ministerial o el decret que dictarà el previsiblement el Consell de Ministres dimarts que ve per donar llum verda a la mesura.

Aquest divendres, la líder balear ha denunciat la “manca total d'humanitat” del Govern espanyol respecte als menors immigrants no acompanyats procedents de les Canàries, Ceuta i Melilla que seran repartits entre les comunitats autònomes, a excepció del País Basc i Catalunya, una excepció que també ha criticat. En declaracions realitzades aquest divendres a Onda Cero i recollides per EFE, Prohens ha rebutjat aquesta “imposició” i ha insistit que Balears no té capacitat per acollir més menors, ja que no disposa d'espais adequats als seus centres ni del personal suficient.

En aquesta línia, el portaveu de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, ha confiat que la suspensió cautelar prosperi: “Evidentment si no confiéssim que pot prosperar el recurs i la sol·licitud de cautelars no el presentaríem. L'evidència empírica, la realitat, ens empara, i el que i el que farem és posar-ho de manifest en el Suprem perquè prengui les mesures pertinents”, ha apuntat.

La intenció del Govern, ha subratllat, no és cap cas paralitzar el repartiment a tot Espanya, sinó únicament a les Balears. “El Govern l'única pretensió que té és la que ha manifestat des del minut u, que aquests menors no arribin a les Balears perquè la situació que viuran aquí no és una situació digna. No volem paralitzar cap procediment, només que s'entengui que no podem atendre aquests menors”, ha insistit.

Preguntat sobre la viabilitat jurídica d'aquesta possibilitat, Costa ha emplaçat a veure com el Govern central ordena l'inici del repartiment dels menors estrangers no acompanyats que es troben a les Canàries i Ceuta. “En funció de com el treguin, com estigui redactat, el Govern i l'Advocacia actuaran”, ha afirmat.

En qualsevol cas, ha puntualitzat el també conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, el desig del Govern seria “no arribar a les mesures que previsiblement haurem d'arribar”.

“El que no som capaços d'entendre és per què el Govern central no entén que a les Balears els centres estan en una saturació del 1.000%. No aconseguim entendre per què no ho entén, per més que els ho hem explicat”, ha dit.

Més pressupost per als centres de menors

Costa, com ja va fer aquest dijous la presidenta del Govern, ha posat de manifest els problemes a què s'estan enfrontant els consells insulars a l'hora de trobar espais i contractar professionals per als centres de menors.

Preguntat per la possibilitat que en els propers pressupostos autonòmics, en què ja s'està treballant, l'Executiu destini més fons a les institucions insulars per fer front a l'acollida dels menors migrants, ha dit que de moment “no està previst” però que “no es pot descartar gens”.

“El Govern no es posarà de perfil en relació a la situació financera que posa de debò en risc la viabilitat dels consells, especialment del Consell de Formentera”, ha assegurat.

Prova d'això, ha defensat, és la subvenció directa de quatre milions d'euros que l'Executiu ha destinat per finançar els serveis socials de la menor de les Pitiüses, que es faran servir principalment per “atendre la situació dramàtica d'increment de pressió pressupostària derivada dels menors migrants”.

“De cara al futur veurem com van evolucionant els esdeveniments. Sembla que la pressió seguirà en màxims, la previsió és que continuï”, ha sentenciat.

El Govern espanyol: “Estem en una democràcia solidària”

Davant d'això, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assenyalat aquest divendres que Balears ha de complir la llei, tal como ha dit en roda de premsa en ser preguntat per la petició de les Balears davant les 1.500 persones que han arribat en els darrers dies a les illes de forma irregular.

En aquest sentit, Bolaños ha explicat que la llei estableix la “solidaritat” entre territoris per repartir els menors migrants no acompanyats a través de “criteris objectius”. “I és una llei que està en vigor i, per tant, les lleis s'han de complir”, ha assegurat.

Alhora, ha exposat que les lleis “només es poden suspendre si hi ha una decisió judicial que així ho determina”, que fins ara ha apuntat que “no s'ha produït”. “I que espero que no es produeixi”, ha indicat.

“Hi ha una llei que està en vigor que el que estableix és un sistema de solidaritat, de repartiment de menors migrants al nostre país. Un sistema de solidaritat que nosaltres com a país, com Espanya, demanem a Europa i del que ens fem càrrec quan no afecta directament el nostre país, com va ser el cas dels refugiats ucraïnesos quan es va iniciar la guerra per l'agressió per Rússia, que bàsicament van entrar per la frontera polonesa”, ha recordat.

Igualment, el ministre ha dit que és “essencial” que es produeixi aquesta “solidaritat” entre territoris “perquè cap comunitat autònoma hagi d'assumir aquest sobrecost que suposa atendre en condicions de dignitat persones”.

En el cas dels menors, Bolaños ha instat a atendre'ls com el que ha exposat que és Espanya: “una democràcia consolidada i una democràcia solidària”.

Aquest dijous, Prohens es va pronunciar sobre el repartiment de menors migrants, que s'espera que s'iniciï la setmana que ve, i va criticar que el Govern “parla de números, repartiments i quotes” mentre el Govern ho fa de “menors que han de rebre una atenció digna”.

“No són números ni paquets com pretén el Govern, com si fos a ubicar-los en un magatzem. No és un tema de solidaritat ni d'humanitat, sinó de capacitat. I quan no hi ha capacitat no hi ha la dignitat ni la humanitat que mereix qualsevol vida humana”, va subratllar en roda de premsa.

Balears acull 5.000 nens menys que les Canàries

Per part seva, el Govern de les Canàries ha lamentat aquest divendres l'anunci del Govern de sol·licitar la suspensió de la interlocutòria del Tribunal Suprem, una decisió que, segons la seva opinió, suposa “un exercici d'irresponsabilitat i insolidaritat” per part d'una comunitat autònoma que “acull 5.000 nens i nenes menors menys que les Canàries”.

Així ho ha expressat en declaracions ofertes als mitjans el viceconseller del Gabinet del president de les Canàries, Octavio Caraballo, que, a més, adverteix que “no és cert” que en aquests moments Balears “sigui la principal porta d'entrada d'Europa dels fluxos migratoris procedents d'Àfrica”.

“Balears parteix d'una premissa que, a més, és falsa. (...). Les dades són incontestables. Ells han rebut 5.000 migrants el 2025, i nosaltres hem superat la barrera dels 12.000. Ells compten amb 680 menors, i nosaltres amb més de 5.500”, ha puntualitzat Caraba.

Ha continuat, així, que si bé el Govern canari “entén i comprèn” la preocupació expressada per la presidenta balear, Marga Prohens, però, matisa, si a les Canàries s'ha estat capaç d'“establir un sistema d'acollida per a 6.000 menors, ells no haurien de tenir problemes per acceptar una quota de 49”.

Principi de solidaritat

Octavio Caraballo ha defensat, així mateix, que a Espanya hi ha “un principi de solidaritat que s'ha d'aplicar sempre davant de qualsevol drama humanitari o adversitats”, de manera que aquest no es “pot aplicar a la carta, sinó que és una obligació institucional”. Per això, renunciar a acollir 49 menors és “un exercici d'irresponsabilitat” i una mostra més d'“insolidaritat” amb les Canàries.

“Emplacem la presidenta de les Balears que se sumi a la iniciativa que portem impulsant des de fa dos anys, amb el suport d'altres territoris afectats, com és el cas de Ceuta. Els ho demanem al seu moment, a través d'una carta a la qual ni tan sols ens va respondre, i ho seguirem plantejant perquè les migració és un assumpte que ens afecta a tots”, ha conclòs.

El Govern balear pretende que la paralización del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, que buscará mediante un recurso dirigido al Tribunal Supremo (TS) para pedir medidas cautelares, sea solo efectiva en Balears.

La presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens (PP), anunció este jueves que la Abogacía de la Comunidad Autónoma presentará sendos recursos próximamente, uno contra el decreto que establece el procedimiento del reparto y otro contra la orden ministerial o el decreto que dictará el previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo martes para dar luz verde a la medida.

Este viernes, la líder balear ha denunciado la “falta total de humanidad” del Gobierno respecto a los menores inmigrantes no acompañados que serán repartidos entre las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco y Cataluña, una salvedad que también ha criticado. En declaraciones realizadas este viernes a Onda Cero y recogidas por EFE, Prohens ha rechazado esta “imposición” y ha insistido en que Balears no tiene capacidad para acoger a más menores, ya que no dispone de espacios adecuados en sus centros ni del personal suficiente.

En esta línea, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha confiado en que la suspensión cautelar prospere: “Evidentemente si no confiáramos que puede prosperar el recurso y la solicitud de cautelares no lo presentaríamos. La evidencia empírica, la realidad, nos ampara, y lo que haremos es ponerlo de manifiesto en el Supremo para que tome las medidas pertinentes”, ha apuntado.

La intención del Govern, ha subrayado, no es un ningún caso paralizar el reparto en toda España, sino únicamente en Balears. “El Govern la única pretensión que tiene es la que ha manifestado desde el minuto uno, que estos menores no lleguen a Balears porque la situación que vivirán aquí no es una situación digna. No queremos paralizar ningún procedimiento, solo que se entienda que no podemos atender a estos menores”, ha insistido.

Preguntado acerca de la viabilidad jurídica de esta posibilidad, Costa ha emplazado a ver de qué forma el Gobierno central ordena el inicio del reparto de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Canarias y Ceuta. “En función de cómo lo saquen, cómo esté redactado, el Govern y la Abogacía actuarán”, ha afirmado.

En cualquier caso, ha puntualizado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, el deseo del Govern sería “no llegar a las medidas que previsiblemente vamos a tener que llegar.

“Lo que no somos capaces de entender es por qué el Gobierno no entiende que en Balears los centros están en una saturación del 1.000%. No conseguimos entender por qué no lo entiende, por mucho que se lo hemos explicado”, ha zanjado.

Más presupuesto para los centros de menores

Costa, como ya hizo este jueves la presidenta del Govern, ha puesto de manifiesto los problemas a los que se están enfrentando los consells insulares a la hora de encontrar espacios y contratar profesionales para los centros de menores.

Preguntado por la posibilidad de que en los próximos presupuestos autonómicos, en los que ya se está trabajando, el Ejecutivo destine más fondos a las instituciones insulares para hacer frente a la acogida de los menores migrantes, ha dicho que de momento “no está previsto” pero que “no se puede descartar en absoluto”.

“El Govern no se pondrá de perfil en relación a la situación financiera que pone en serio riesgo la viabilidad de los consells, especialmente del Consell de Formentera”, ha asegurado.

Prueba de ello, ha defendido, es la subvención directa de cuatro millones de euros que el Ejecutivo ha destinado para financiar los servicios sociales de la menor de las Pitiusas, que se usarán principalmente para “atender la situación dramática de incremento de presión presupuestaria derivada de los menores migrantes”.

“De cara al futuro veremos cómo van evolucionando los acontecimientos. Parece que la presión seguirá en máximos, la previsión es que continúe”, ha sentenciado.

El Gobierno: “Estamos en una democracia solidaria”

Frente a ello, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que Balears debe cumplir la ley, tal como ha manifestado en rueda de prensa al ser preguntado por la petición de Balears ante las 1.500 personas que han llegado en los últimos días a las islas de forma irregular.

En este sentido, Bolaños ha explicado que la ley establece la “solidaridad” entre territorios para repartir a los menores migrantes no acompañados a través de “criterios objetivos”. “Y es una ley que está en vigor y, por tanto, las leyes han de cumplirse”, ha asegurado.

Asimismo, ha expuesto que las leyes “solo se pueden suspender si hay una decisión judicial que así lo determina”, que hasta la fecha ha apuntado que “no se ha producido”. “Y que espero que no se produzca”, ha indicado.

“Hay una ley que está en vigor que lo que establece es un sistema de solidaridad, de reparto de menores migrantes en nuestro país. Un sistema de solidaridad que nosotros como país, como España, pedimos a Europa y del que nos hacemos cargo cuando no afecta directamente a nuestro país, como fue el caso de los refugiados ucranianos cuando se inició la guerra por la agresión de Rusia, que básicamente entraron por la frontera polaca”, ha recordado.

Igualmente, el ministro ha dicho que es “esencial” que se produzca esa “solidaridad” entre territorios “para que ninguna comunidad autónoma tenga que asumir ese sobrecoste que supone atender en condiciones de dignidad a personas”.

En el caso de los menores, Bolaños ha instado a atenderles como lo que ha expuesto que es España: “una democracia consolidada y una democracia solidaria”.

Este jueves, Prohens se pronunció sobre el reparto de menores migrantes, que se espera que se inicie la semana que viene, y criticó que el Gobierno “habla de números, repartos y cuotas” mientras el Govern lo hace de “menores que deben recibir una atención digna”.

“No son números ni paquetes como pretende el Gobierno, como si fuera a ubicarlos en un almacén. No es un tema de solidaridad ni de humanidad, sino de capacidad. Y cuando no hay capacidad no hay la dignidad ni la humanidad que merece cualquier vida humana”, subrayó en rueda de prensa.

Balears acoge a 5.000 niños menos que Canarias

Por su parte, el Gobierno de Canarias ha lamentado este viernes el anuncio del Govern de solicitar la suspensión del auto del Tribunal Supremo, una decisión que, en su opinión, supone “un ejercicio de irresponsabilidad e insolidaridad” por parte de una comunidad autónoma que “acoge a 5.000 niños y niñas menores menos que Canarias”.

Así lo ha expresado en declaraciones ofrecidas a los medios el viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo, que, además, advierte que “no es cierto” que en estos momentos Balears “sea la principal puerta de entrada de Europa de los flujos migratorios procedentes de África”.

“Balears parte de una premisa que, además, es falsa. (...). Los datos son incontestables. Ellos han recibido 5.000 migrantes en 2025, y nosotros hemos superado la barrera de los 12.000. Ellos cuentan con 680 menores, y nosotros con más de 5.500”, ha puntualizado Caraballo.

Ha continuado, así, que si bien el Gobierno canario “entiende y comprende” la preocupación expresada por la presidenta balear, Marga Prohens, pero, matiza, si en Canarias se ha sido capaz de “establecer un sistema de acogida para 6.000 menores, ellos no deberían de tener problemas para aceptar un cupo de 49”.

Principio de solidaridad

Octavio Caraballo ha defendido, asimismo, que en España existe “un principio de solidaridad que se debe aplicar siempre ante cualquier drama humanitario o adversidades”, por lo que este no se “puede aplicar a la carta, sino que es una obligación institucional”. Por ello, renunciar a acoger a 49 menores es “un ejercicio de irresponsabilidad” y una muestra más de “insolidaridad” con Canarias.

“Emplazamos a la presidenta de Balears a que se sume a la iniciativa que llevamos impulsando desde hace dos años, con el apoyo de otros territorios afectados, como es el caso de Ceuta. Se lo pedimos en su momento, a través de una carta a la que ni siquiera nos respondió, y seguiremos planteándoselo porque las migración es un asunto que nos afecta a todos”, ha concluido.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts una distribució de 22 milions d'euros com a crèdit extraordinari destinat a les comunitats autònomes de Canàries, Balears, i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. El seu objectiu és garantir el sosteniment dels sistemes d'acolliment per a menors migrants no acompanyats.

En aquest repartiment, Balears rebrà una partida de 2 milions d'euros, que es destinaran a l'atenció immediata i la cura dels nens, nenes i adolescents migrants que arriben sense companyia d'adults. És la primera vegada que l'arxipèlag balear rep una assignació d'aquest tipus, destacant la creixent necessitat de recursos per a afrontar l'arribada de menors a l'illa.

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, va subratllar el “sobreesforç” realitzat pels territoris d'arribada per a atendre i cuidar a aquests menors. Rego va destacar que aquest crèdit extraordinari busca alleujar la càrrega material i pressupostària que enfronten aquestes comunitats i ciutats autònomes.

Els diners aprovats pel Govern central serà destinat a diverses activitats, com l'acolliment immediat, l'orientació i el suport psicosocial, així com l'escolarització, la inserció sociolaboral i la inclusió social dels menors. A més, Rego va recordar que el seu Ministeri està treballant en el desenvolupament del Reial decret llei 2/2025, l'objectiu del qual és garantir un acolliment “solidari, digna i vinculant” per als menors migrants que arriben a Espanya sense acompanyants.

La pròxima Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència, convocada per a aquest dijous, ratificarà el repartiment d'aquests fons, que busquen abordar de manera integral la migració de menors al país.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una distribución de 22 millones de euros como crédito extraordinario destinado a las comunidades autónomas de Canarias, Balears, y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Su objetivo es garantizar el sostenimiento de los sistemas de acogida para menores migrantes no acompañados.

En este reparto, Balears recibirá una partida de 2 millones de euros, que se destinarán a la atención inmediata y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan sin compañía de adultos. Es la primera vez que el archipiélago balear recibe una asignación de este tipo, destacando la creciente necesidad de recursos para afrontar la llegada de menores a la isla.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, subrayó el “sobreesfuerzo” realizado por los territorios de llegada para atender y cuidar a estos menores. Rego destacó que este crédito extraordinario busca aliviar la carga material y presupuestaria que enfrentan estas comunidades y ciudades autónomas.

El dinero aprobado por el Gobierno central será destinado a diversas actividades, como la acogida inmediata, la orientación y el apoyo psicosocial, así como la escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social de los menores. Además, Rego recordó que su Ministerio está trabajando en el desarrollo del Real Decreto-ley 2/2025, cuyo objetivo es garantizar una acogida “solidaria, digna y vinculante” para los menores migrantes que llegan a España sin acompañantes.

La próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para este jueves, ratificará el reparto de estos fondos, que buscan abordar de manera integral la migración de menores en el país.

Tras tres jornadas de vista oral, el juicio por prevaricación administrativa contra la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la que fuera vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, ha quedado esta semana visto para sentencia. A lo largo de la sesión, más de una decena de testigos desmenuzaron lo ocurrido entre la entrada de migrantes en la ciudad autónoma el 17 de mayo de 2021 y la orden judicial que frenó las deportaciones de menores el 16 de agosto de ese mismo año. Durante esos tres meses las comunicaciones entre el Ejecutivo nacional y el local acabaron en la devolución de 55 menores no acompañados a Marruecos sin aplicar la Ley de Extranjería, acción que acabaría siendo considerada ilegal por el Tribunal Supremo en enero de 2024.

Los testigos coincidieron durante las sesiones en la sala de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta en que la idea partió de las conversaciones entre los responsables de la ciudad y los del Ministerio del Interior, con la colaboración de la jefa de gabinete de la vicepresidenta de Carmen Calvo, Isabel Valldecabres. Entre ellos se decidió recurrir al acuerdo marco firmado entre España y Marruecos en 2007 como vía para la devolución de los menores, algo que incluía una serie de garantías que, sin embargo, no se cumplieron.

El citado tratado refleja en su propia formulación que las repatriaciones de los jóvenes deben realizarse dando siempre cumplimiento a la legislación nacional e internacional, es decir, tanto a la Ley de Extranjería como a la del Menor. Esto hubiera implicado la necesidad de abrir expedientes individualizados a cada joven, con una entrevista personal, localizando a sus progenitores, valorando su vulnerabilidad y ofreciéndoles asistencia letrada, entre otra serie de cuestiones que, a juicio del Supremo, no se produjeron.

Por contra, los menores a devolver acabaron en una lista elaborada por la Consejería de Presidencia de Ceuta en la que se reflejaba el orden de deportación con un único criterio: la edad, empezando por los mayores. Justo los que encabezaban la relación de nombres fueron los primeros trasladados desde el pabellón Santa Amelia hasta la frontera marroquí, donde la Gendarmería los recogió, siendo finalmente entregados a las autoridades del Reino Alauita. Un proceso que se repitió durante tres días, el 13, 14 y 15 de agosto de 2021, hasta que el 16 varios de los chavales que iban a ser deportados presentaron en la frontera un papel en el que solicitaban el Aleas Corpus, una protección recogida en la Constitución Española contra detenciones ilegales. Desde entonces las entregas de jóvenes se detuvieron, completándose únicamente 55 de las 145 previstas según los documentos del Gobierno local.

Primeras comunicaciones con Madrid

Según lo expuesto en el juicio, la interlocución entre el Ejecutivo Central y la Ciudad Autónoma comenzó coincidiendo con crisis fronteriza vivida en mayo de 2021. “Entre 12.000 y 15.000 personas invadieron la localidad. Fue uno de los episodios más terribles de la historia de Ceuta”, subrayó en su declaración la vicepresidenta y acusada, Mabel Deu. Fue más allá el jefe de gabinete de la ex delegada del Gobierno, Javier Hernández, quien aseguró que tanto la Administración local, como la representación de la nacional en el enclave norteafricano entendían que aquellos acontecimientos se interpretaron como una suerte de “marcha verde”: “Solo les faltó subirse a la puerta del Ayuntamiento y de la Delegación y poner la bandera de Marruecos”, llegó a decir en su declaración ante el tribunal.

En ese contexto, que para los dos citados anteriormente y también para Mateos, era de “emergencia” y “excepcionalidad”, Calvo ofreció en una conferencia sectorial celebrada el 19 de mayo a Isabel Valldecabres, su jefa de gabinete, como enlace entre administraciones para facilitar a Ceuta lo que necesitase. “Tuvimos muchas conversaciones (con Deu), no tanto sobre el procedimiento, sino de ayuda a la Ciudad Autónoma ante la situación insostenible producida de un día para otro”, comentó la mano derecha de la vicepresidenta nacional. Como ejemplo, se refirió a que “si necesitaban espacios, hablaba con Defensa para que la UME (Unidad Militar de Emergencias) instalara tiendas de campañas o pedía asistencia médica al Ingesa”. “Todo para poder sobrellevar una situación muy angustiosa para ella y para la delegada de Gobierno”, recapituló.

Pero algo sí hablaron del procedimiento, ya que, tal y como expuso la acusación pública en la vista oral, consta una conversación por WhatsApp entre Valldecabres y Deu en la que la primera le dice a la segunda: “Marruecos dice que tienen que volver, si solicitáis la devolución podremos doblarle la mano a la Fiscalía”. La por entonces jefa de gabinete de Calvo justificó sus palabras en la supuesta presión que los padres de los menores estaban ejerciendo para su retorno, en que los jóvenes “habían sido engañados” para pasar a Ceuta y en que la Fiscalía se mostraba reticente a todo lo que no fuera la aplicación de la Ley de Extranjería.

Se deduce entonces de lo expuesto por Valldecabres y Deu en la sala de la Audiencia Provincial que la opción de aplicar el tratado de 2007 entre España y Marruecos surge de las conversaciones entre ambas y “de la reunión mantenida en Ceuta con Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska”: “Se entendió que era una agresión, un episodio muy difícil y las palabras del presidente fueron en el sentido de que todos, menores y mayores, abandonarían el país”, relató la vicepresidenta de la Ciudad.

Algo que concuerda con lo expuesto ante los magistrados ceutíes por Hernández, jefe de gabinete en aquel momento de la delegada Mateos, sobre el atajo posteriormente tomado para devolver a los menores. “Nos lo dice el secretario de Estado, que es juez, previa orden del ministro del Interior, que es juez, y por voluntad del presidente del Gobierno, que dijo que todos iban a salir”.

El Gobierno local lo pide

Pocas dudas quedaron después de las tres sesiones de la vista oral de que fue la Ciudad Autónoma, con firma de Mabel Deu, quien solicitó la aplicación del tratado con Marruecos como vía para repatriar a los jóvenes migrantes no acompañados. Así lo reconoció la propia vicepresidenta, que explicó cómo coincidiendo con la pandemia ya había solicitado al Gobierno Central esta opción, recibiendo “la callada por respuesta”.

En esta ocasión, alentada por lo hablado con Sánchez y Grande-Marlaska durante su visita a Ceuta y con Valldecabres, la mano derecha del presidente del Gobierno de Ceuta, remitió el 24 de mayo un escrito a la Delegación del Gobierno, que luego esta enviaría a Interior pidiendo de nuevo recurrir al acuerdo marco entre países.

El motivo de recurrir a este Ministerio y no al de Derechos Sociales y Agenda 2030 -competente en cuestiones de menores- fue según todos los actores implicados, que por aquel entonces el departamento de Grande-Marlaska era el único que mantenía interlocución con Marruecos: “Las relaciones estaban rotas”, subrayaron tanto el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, como Deu y Mateos, además de los cargos de la delegación que también acudieron como testigos.

Uno de ellos, Ismael Kasrou, secretario general de la institución, quien se encargaba de recibir y trasladar las comunicaciones, dio una explicación ante los magistrados sobre por qué no se planteó acudir a la reunificación familiar que contempla la Ley de Extranjería: “Era una vía muerta. Siempre que lo intentamos y solicitamos a Marruecos que localizara a los padres para hacer el proceso, nunca recibimos respuesta”.

Interior da luz verde

Y así llegó el mes de agosto. El problema seguía enquistado y, en ese contexto, según afirmó Deu durante la vista oral, recibió petición “de Delegación e Interior” para que “volviera a solicitar por escrito la aplicación del acuerdo marco”. Así lo hizo el día 10 del citado mes, recibiendo respuesta en la misma jornada.

La contestación, sin firma ni sello, procedía, tal y como reconocieron todos los implicados -incluido el propio órgano remisor- de la Secretaría de Estado de Seguridad. En esta “comunicación” -matiz introducido por Rafael Pérez, que negó que fuera una orden al carecer su departamento de competencias en menores- se instaba al Gobierno local y a la Delegación a poner en marcha el proceso de repatriación aplicando el acuerdo marco. Eso sí, con un matiz importante: “respetando la legalidad vigente de Extranjería y menores”. Esto obligaba a individualizar cada caso, entrevistar a los menores preguntándoles por su voluntad de abandonar o no el país, examinar su estado de salud y localizar a sus padres, además de ofrecerles asistencia letrada, entre otra serie de cuestiones.

El Ejecutivo Central en la Ciudad, sin embargo, reconoció no haber realizado “ninguna consulta legal”. Para Mateos el escrito de Interior era una exhortación a actuar de forma inmediata: “El escrito del Ministerio decía, ‘hay que hacer esto’. También que se había comunicado a Fiscalía. Nunca pensé que iba a prevaricar”, subrayó.

Misma idea mantenían sus compañeros de delegación, Hernández y sobre todo Kasrou: “Lo que era una certeza es que la vía de la Ley de Extranjería no había funcionado nunca y el día 11 de agosto había la expectativa de una cosa novedosa, de un protocolo en el que los encorsetamientos de la Ley se pudieran reducir, en vez de hacerlo súper largo, hacerlo de manera sumarísima”, interpretó el secretario de la Delegación

Alerta de Derechos Sociales y del Área de Menores de Ceuta

Deu también interpretó de forma similar la comunicación recibida desde la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque en su caso, sí trasladó el correo electrónico recibido a la responsable del Área de Menores dependiente de su consejería, Toñi Palomo. Esta, tal y como reconocieron ambas, le advirtió sobre cómo debía hacerse el proceso: “Me respondió mandándome el articulado de la Ley de Extranjería. Yo entendía que estábamos en otra cosa distinta y contesté a la Secretaría de Estado preguntando cómo iba a ser el proceso, cuándo se iba a llevar a cabo y solicité un cronograma”, explicó la exvicepresidenta al tribunal, reconociendo que no recibió respuesta. “No se respondió porque no era competencia nuestra”, diría luego Rafael Pérez, cuyo testimonio fue solicitado sorpresivamente en la última jornada del juicio.

“Eso es prevaricación”

Palomo ya tenía claro entonces, el 10 de agosto, que no cabía alternativa a la individualización de los casos y al respeto a la normativa. Y así lo advirtió nuevamente el día 11, en una reunión en la frontera con Marruecos convocada por la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, que no acudió personalmente tras dar positivo en coronavirus. Al encuentro sí fueron Deu, Kasrou, Hernández, el jefe de la UCRIF, el segundo de la Policía Nacional y representantes marroquíes “nunca identificados”, a excepción de uno, el jefe de gabinete de la localidad de Rincón, según reconoció el propio secretario general de la Delegación.

Las dos acusadas, Hernández y Kasrou, justificaron que el encuentro en la divisoria entre países tenía como objetivo dar cumplimiento al “mandato” de Interior, es decir, cerciorarse de que el Reino alauita ponía los medios necesarios para garantizar la tutela de los menores, atender su estado de salud y reunirlos con sus padres. Pues bien, para todos ellos, la exhibición del país vecino fue “apabullante”: “Acudieron con autobuses y personal sanitario”, coincidieron todos, que se dieron por convencidos de la voluntad de su interlocutor, “que estaba dispuesto a llevarse ese mismo día a los jóvenes”.

No lo vio así Palomo, quien abandonó la reunión tras pedir a las supuestas autoridades alauitas que llevaran a los progenitores a Ceuta para comprobar que en efecto eran padres de los niños y estos querían volver con ellos: “Había unos autobuses y una señora con bata blanca de limpiadora o de guardería”, apostilló Palomo durante su declaración en el juicio. Poco después, preocupada por lo que iba a suceder, llamó por teléfono a Hernández y a Kasrou, advirtiéndoles de que “eso era prevaricación”.

Las alarmas no solo saltaron a nivel local. También lo hicieron en el seno del propio Gobierno nacional, justo en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el competente en materia de menores. Así lo revelaron interviniendo por videollamada en la vista Ignacio Álvarez, entonces secretario de Estado de Derechos Sociales, y Violeta Assiego, exdirectora general de Derechos de la Infancia. En un comunicado firmado por ambos y remitido el 13 de agosto de 2021 -justo el día en que se iniciaron las devoluciones- al secretario de Estado de Seguridad y al Ministerio del Interior manifestaron su preocupación “ante el posible incumplimiento de la Ley de Extranjería con la repatriación de menores en Ceuta”. Pérez les respondió entonces que “todo se estaba haciendo de acuerdo a la legalidad”.

Seguidamente, el 14 de agosto también informaron a Deu “que todo indicaba un incumplimiento de la legalidad”. Esta les señaló que “lo estaba haciendo según las indicaciones del Ministerio del Interior y la Delegación”. De todo ello, infiere Álvarez, que las directivas partían de la cartera de Fernando Grande-Marlaska: “De mis conversaciones con el secretario de Estado se deduce que de Interior emanaban las decisiones”. Es más, subrayó que Pérez “sabía de lo que estábamos hablando cuando le preguntaba” y le remitía “en parte a la Delegación del Gobierno”, asegurando que “el acuerdo se ajustaba a la legalidad vigente”.

Por su parte, Assiego, en contacto con Palomo y con las ONG sobre el terreno, rememoró el desasosiego que sufrió porque las devoluciones no respetasen las garantías establecidas por norma. “Lo conversábamos con Palomo y creíamos que podíamos establecer vías para la reagrupación familiar pero dentro de los márgenes de la Ley de Protección a la Infancia y la de Extranjería. Recuerdo mucha preocupación no solo de Palomo sino también por las organizaciones, UNICEF y Save the Children. Había mucha inquietud. Llevábamos trabajando desde mayo, cuando hubo la entrada masiva, en poder posibilitar cualquier ayuda a la ciudad de Ceuta”.

Entre las garantías que creía que podían estar incumpliendo, citó Assiego, se encontraban las “entrevistas individualizadas”, especialmente por la celeridad con la que se había actuado. “Que se estuviera haciendo de una manera tan inmediata nos tenía sobrecogidos”, concluyó.

La lista

Quedó fuera de toda discusión durante el juicio que el día 12 la Ciudad remitiera a Delegación y a la Fundación Samu el listado de menores a repatriar. Supuestamente, según Deu, tras haber cribado y dejado en el pabellón Santa Amelia a aquellos menores considerados “no vulnerables”. Una visión que no comparte Palomo y de la que dudan en la propia Fundación Samu -muy crítica con el procedimiento- y las organizaciones pro derechos humanos personadas en la causa, la Red Española de la Inmigración y el colectivo La Escola.

Sea como fuere el día 13 de agosto la propia vicepresidenta de la Ciudad, junto a Víctor Manuel Ríos, director general de Emergencias, se personó en el polideportivo donde estaban alojados los chavales, el Santa Amelia. Lo hicieron acompañados de la Policía Nacional, la Local, Protección Civil y del Parque Móvil, llevando además un microbús en el que se desplazó a quince de los 145 menores que aparecían en el listado. “Se hizo en estas cantidades porque Marruecos pidió que no fueran todos de golpe para tener tiempo para localizar a los padres”, subrayó la delegada Mateos, que participó del proceso sin acudir al lugar, remitiendo un escrito para que se abriera la frontera y activando al cuerpo policial bajo su mando.

En ese punto las versiones se contradicen. Dos responsables de la Fundación Samu, que no creen que a los jóvenes se les hicieran las entrevistas preceptivas, aseguran que los menores se mostraron confusos y desesperados. Gritando, “llegando a autolesionarse” y en muchos casos “huyendo” por la “desconfianza que este proceso les generó”. Frente a estos testimonios, el completamente opuesto de Deu, quien considera que las fugas “siempre se producían, incluso más con anterioridad” y que descarta que los jóvenes mostraran descontento alguno, más bien lo contrario.

A medias entre los dos extremos, lo expuesto por Ríos, quien afirmó que “no hubo que atender a ninguno de los repatriados”, descartando “crisis de ansiedad”, pero sí escuchó “voces altas” en el interior del Santa Amelia: “No creo que fuesen de alegría, igual no querían volver (…) como la despedida de un campamento, no era”, puntualizó.

La supuesta identificación

Una vez identificados -aunque en ocasiones sin éxito tal y como se demostró con devoluciones erróneas que le constan a la Fiscalía-, los afectados eran introducidos en el pequeño autobús y llevados a la frontera. Así se hizo los días 13, 14, 15 y 16 de agosto, consiguiendo deportar a 55 personas. Allí, las autoridades locales se los entregaban al jefe de fronteras de la Policía Nacional, quien también intervino en la vista oral, detallando cuál fue la forma de actuar una vez en la divisoria entre países.

“Cada niño era el que era, no tenían DNI marroquí. Venía ya con su identidad comprobada del centro de menores por las autoridades competentes. Los marroquíes cogían su nombre y apellidos, les preguntaban de qué barrio eran, que quién era su padre y su madre…”, comenzó explicando, indicando que había “unas mesas y unas sillas e iban pasándolos de cinco en cinco para hacerles una entrevista personal” en un tono de cordialidad.

Luego los llevaban a su lado de la frontera, “comprobaban los datos en los ordenadores” y ya regresaban un momento antes de partir definitivamente. Supuestamente, según Mateos y Deu, los niños eran acogidos en un centro de la localidad de Río Martín (Martil), hasta poder ser llevados con sus progenitores.

Este mecanismo se mantuvo durante tres jornadas sin incidente alguno, según el agente de la Policía: “Ninguno dijo nunca que no quería ser devuelto. Solo hubo incidencia porque alguno se había dejado el móvil en el centro de menores y tuvieron que traérselo”, contó el jefe de fronteras. Sí ocurrió, en virtud de la declaración de Ríos, que la Gendarmería marroquí detectara que varios jóvenes eran en realidad mayores de edad: “En ese caso nos dejaban llevar a alguno más hasta completar el cupo de quince”, concretó.

El cese de las devoluciones

Finalmente, el día 16 de agosto, varios de los adolescentes que iban a ser devueltos presentaron, con el apoyo de la Fundación Raíces y la Coordinadora de Barrios, un recurso de habeas corpus, una protección ante la detención ilegal recogida en la Constitución Española. Por ese motivo, el Comité de los Derechos del Niño interesó el cese de las repatriaciones y comenzó la investigación que luego determinaría que no se cumplió con el procedimiento legal para las devoluciones, declarándolas ilegales y abriéndose causa en Ceuta contra Mateos y Deu como supuestas autoras de un delito de prevaricación administrativa.

El juicio quedó visto para sentencia este jueves y durante su transcurso, Lourdes Reyzábal, de la Fundación Raíces y Rafael Cid, abogado del colectivo Gentium, subrayaron que se llegó a entregar a Marruecos a jóvenes que ya habían solicitado asistencia letrada antes de su deportación.

Este martes arrancó el juicio sobre la operación de devolución ilegal de menores migrantes a Marruecos en 2021. Tras una instrucción de cuatro años, la exdelegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, y la que fuera vicepresidenta local, Mabel Deu, son las únicas acusadas por un suspuesto delito de prevaricación administrativa al devolver a 55 menores marroquíes a su país en agosto de 2021 sin realizar los procedimientos administrativos preceptivos y, por tanto, de forma ilegal, según el Tribunal Supremo. Mucho se ha hablado sobre el origen de la orden que activó el dispotivo, un email sin firmar procedente del Ministerio del Interior. Sobre ello, el primero de los testigos, que entonces trabajaba en la Delegación del Gobierno en Ceuta, ha señalado de manera directa la responsabilidad del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

“Nos lo dice el secretario de Estado, que es juez; previa orden del ministro del Interior, que es juez y por voluntad del presidente del Gobierno que dijo que todos iban a salir”, sostuvo este martes el entonces jefe de gabinete de la exdelegada del Gobierno, Juan Hernández. “Hay una orden del ministerio que pasa por Delegación y Policía hasta que llega a la frontera. Es una orden jerárquica”, indica.

Los hechos que juzga la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz desplazada en Ceuta se remontan a la entrada de migrantes que vivió la localidad en mayo de 2021. Entonces miles de personas procedentes de Marruecos y países subsaharianos sortearon la valla y se adentraron en la localidad, en la que se desplegó a militares y policías para tratar de frenarles. Meses después, en agosto de ese mismo año, el Gobierno central y el regional impulsaron una operación para devolver a los menores sin cumplir con los requisitos exigidos en la normativa española.

Esgrimiendo un acuerdo hispano-marroquí de repatriación -que tampoco cumplía-, las autoridades locales, siempre rodeadas de los representantes del Gobierno de España en la ciudad, llegaron a enviar al país vecino a hasta 55 chavales que no alcanzaban la mayoría de edad; y se pretendía seguir este procedimiento con hasta 145 personas, algunas sin identificar, según lo expuesto este martes en sala por los testigos.

El primero de testigos que ha pasado por el juzgado, jefe de gabinete de la exdelegada del Gobierno, Juan Hernández, fue el único que este martes defendió a las dos acusadas. De hecho, achacó al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y a sus superiores jerárquicos, el ministro Fernando Grande-Marlaska y el presidente Pedro Sánchez, la orden de repatriar a los menores, entendiendo que serían ellos en todo caso los que hubieran incurrido en el delito de prevaricación.

Por su parte, el resto de testigos, relataron lo que a su juicio fue una flagrante violación de los derechos de los menores, que no llegaron a ser entrevistados individualmente, ni recibieron mayoritariamente asistencia letrada, atención a su estado de salud o preocupación sobre su situación familiar, como establece la legislación española. Así lo expusieron Toñi Palomo, responsable del Área de Menores de la Administración Local; Marta Ojeda y Nieves Lainez, ambas de la Fundación Samu, que gestionaba los centros de acogida y Lourdes Reyzábal, de la Fundación Raíces, quienes relataron lo que a su juicio fue una flagrante violación de los derechos de los jóvenes, que no llegaron a ser entrevistados individualmente, ni recibieron mayoritariamente asistencia letrada, atención a su estado de salud o preocupación sobre su situación familiar.

Palomo, funcionaria clave en el área de menores local que se opuso en todo momento a la devolución, insistió en que trató de advertir tanto a la Ciudad como a la Delegación de que no podían saltarse los procedimientos legales obligatorios y que, de hacerlo, como finalmente ocurrió, incurrirían en “prevaricación”. Ojeda, Lainez y Reyzábal, por su parte, dieron testimonio del “caos” que se provocó en las jornadas en las que se produjeron las devoluciones, los días 13, 14 y 15 de agosto. Coincidiendo además en que fue Deu quien facilitó el listado con los nombres y el orden en el que tenían que entregar a los menores a Marruecos. “Los chavales no entendían nada, hubo fugas y autolesiones”, subrayaron, recalcando además la situación de “vulnerabilidad” en la que muchos de ellos se encontraban.

Señalamientos a Interior

A preguntas del fiscal, Hernández defendió el operativo como respuesta a lo que la Delegación del Gobierno entendió, según sus palabras, como una “invasión”, una “especie de marcha verde” para la que impulsaron una respuesta a una supuesta situación de “excepcionalidad”. El operativo se activó, recalcó, partiendo del escrito -sin sello ni firma- recibido en la Delegación de parte del secretario de Estado de Seguridad y tras “una llamada posterior” en los mismos términos. En concreto, según Hernández, el Ejecutivo local pidió “acuerdo marco firmado entre España y Marruecos en 2007”, entendiendo que este avalaba la devolución de los adolescentes tal y como se ejecutó, pero este pacto incluía unas garantías que no fueron cumplidas: siempre debe atender a lo establecido por la normativa nacional, que obliga a cumplir un procedimiento individualizado y contar con la Fiscalía, algo que no ocurrió.

Cuando el documento remitido presuntamente por Interior llegó a manos de la consejera Deu el 10 de agosto de 2021, esta consultó con Palomo, que advirtió entonces por escrito que el pacto entre países no era aplicable y que la normativa española e internacional en materia de menores no se podía vulnerar. “Le dije lo que había que hacer para cumplir con la legislación internacional, el acuerdo contemplaba en el capítulo cuatro un mes de plazo para informar de la situación, Marruecos tenía tres meses para contestar y se tenía que crear una comisión de seguimiento. Yo intenté plantearle que era necesario el procedimiento, aunque se podían agilizar algunas cosas”, reveló ante el tribunal Palomo este martes.

Deu, según las palabras de la responsable de Menores de Ceuta, contestó al Gobierno de España sin emplear literalmente el escrito que esta le había remitido e incluso emplazó a su subordinada a acudir a una reunión “convocada por la Delegación” en la frontera con Marruecos. “Le pedí que no me llevara porque no lo compartía, pero ella quiso que fuera como persona de confianza”, contó Palomo seguidamente.

La reunión en la frontera

Pero su deseo no fue atendido y en el encuentro celebrado el 11 de agosto en la divisoria entre países estuvieron tanto ella como Deu; el secretario de la Delegación, Ismael Kasrou; el jefe de la UCRIF; el segundo de la Policía Nacional; un representante marroquí; y el jefe de gabinete, Hernández. Este defendió este martes que el motivo de aquella reunión no era otro que asegurarse de que el país vecino cumplía con lo marcado en el pacto, es decir, con disponer de los medios necesarios para devolver de forma segura a los migrantes con sus familias.

A su juicio, eso se cumplió. “Mostraron un apabullante despliegue”, señaló ante los magistrados, contando incluso que el Gobierno del Reino alauita estaba preparado ese mismo día para llevarse a los jóvenes, algo que sí se evidencia en la presencia de numerosos autobuses. También había según Hernández “personal sanitario” e incluso se había preparado un “centro de acogida” para que los chavales vivieran hasta que pudieran ser entregados a sus allegados. No coincide en esto la Fiscalía, que considera que debió valorarse cada caso de forma individual, preguntando a los jóvenes por su situación y su voluntad de regresar a casa.

Misma postura defendida por Palomo, que exhortó -siempre según su testimonio- a los representantes políticos a seguir los procedimientos: “Ismael (Kasrou) dijo que había tres autobuses en la frontera marroquí, les dije que no podíamos hacer eso. Pasamos el jefe de gabinete y yo los primeros por la frontera y allí había una señora con una bata blanca de limpiadora o de guardería. No había autoridades, ni mesa, no nos sentamos, ni firmamos un papel, no hablaban español”, detalló la responsable del Área de Menores del Gobierno ceutí, que acabó enfrascada en una discusión con el representante marroquí, al que pidió que llevara a Ceuta a las familias de los jóvenes para comprobar su filiación y el deseo de ambas partes por reunirse, recibiendo respuesta negativa.

Aunque Palomo abandonó molesta el lugar, dejando allí al resto de participantes en la reunión, volvió a llamar por teléfono a Kasrou y a Hernández, avisándoles en esta llamada que de proseguir con sus acciones estarían “prevaricando”.

Adolescentes solos y confusos

La decisión estaba ya tomada y el 12 de agosto, tal y como explicaron las trabajadoras de la Fundación Samu -encargada de los centros de acogida- la Ciudad les remitió un listado con 145 nombres que serían enviados de manera escalonada, de mayor a menor edad a Marruecos. Así lo afirmaron Ojeda y Lainez, que además se encontraban en el lugar cuando en la jornada del 13 los representantes del Ejecutivo local y policías se personaron a la puerta del polideportivo donde estaban los chavales. Lo hicieron llevando ya autobuses en los que luego serían montados camino de la frontera los nombres que ese día tocaban según el mencionado listado.

Aunque Palomo había tratado de ordenar a las trabajadoras del Samu que no dejaran ir a nadie “sin procedimiento”, estas indican que nada pudieron hacer al indicarles Deu y sus acompañantes que se trataba de un acuerdo entre países y que debían proceder. Reconocieron, además, que muchos de los menores se encontraban en “mal estado físico” y que la ONG ‘Save The Children’, a quien se había encargado realizar entrevistas personales a los adolescentes, no daba abasto y, por tanto, no había podido llegar a hablar individualmente con los afectados por el proceso de deportación.

“Fue un caos. Una avalancha en la que era imposible contenerlos, con gritos, llantos... Desesperación pura y dura, menores autolesionándose... Desconcierto, temor… Al recordarlo se me eriza la piel”, contó Ojeda sobre la relación de los menores, que “no se querían mover” por no “entender lo que pasaba”.

En esa línea se pronunció también Lainez, que habló de la falta de confianza que a partir de entonces manifestaron los jóvenes. Muchos se fugaron, hasta quinientos, calculan y otros, unos ochenta según Lourdes Reyzábal, de la Fundación Raíces, solicitaron asistencia letrada; a pesar de esto, algunos fueron enviados de vuelta a Marruecos hasta que el 16 de agosto se produjo la orden de detener las salidas.

La Policía Nacional ha sancionado con 90 días de empleo y sueldo a un agente que exigió encuentros sexuales a varios jóvenes magrebíes, uno de ellos un menor tutelado, en hoteles de Ceuta y Canarias a cambio de ayudarles con sus peticiones de asilo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado el castigo impuesto a este policía que llegó a ser investigado por la vía penal, pero nunca fue condenado, al entender que la investigación de Asuntos Internos reveló datos suficientes para probar que citó, al menos, a cuatro jóvenes en hoteles, exigiendo en algunos casos relaciones sexuales a cambio de ayudarles y acelerar sus peticiones de asilo en España.

El agente trabajaba en la Unidad Central de Repatriaciones (UCER) de la división policial de Extranjería desde el verano de 2015 y fue destinado a Las Palmas de Gran Canaria y Ceuta en agosto de 2021. Su misión: apoyar a sus compañeros en la tramitación de peticiones de asilo, concretamente haciendo las entrevistas a los migrantes que solicitaban esta protección tras cruzar la frontera. Unos pocos meses antes, Ceuta había sido testigo de una de las mayores crisis migratorias en la frontera sur, con la entrada de más de 12.000 personas y la devolución ilegal de decenas de menores a Marruecos.

Los agentes de Asuntos Internos empezaron a seguir a su compañero después de detectar actitudes sospechosas: cuando viajaba a Canarias o a Ceuta se alojaba en hoteles distintos al resto de policías nacionales y, en uno de los casos, siempre elegía una habitación con acceso directo a la escalera de salida del edificio. Los investigadores descubrieron que los chicos entraban a su habitación, estaban allí unos tres cuartos de hora y salían de allí con cosas que no habían traído, como ropa, refrescos o incluso dinero en efectivo.

El expediente sancionador y la sentencia que lo avala reflejan su modus operandi. “Aprovechaba” sus viajes para trabajar en Ceuta y en Canarias para “entablar un contacto inicial” con los chicos en la calle. Les decía que era agente de la Policía Nacional y se ofrecía para “prestarles ayuda” en “la tramitación de las solicitudes de asilo”. Posteriormente, los “citaba” en su hotel, donde tenían lugar los encuentros. Uno de estos chicos era menor de edad en el momento de los hechos.

“Ha quedado plenamente demostrado que el inculpado mantuvo citas en su habitación de hotel con cuatro jóvenes diferentes”, dijo la Policía y confirma ahora el Tribunal Superior de Madrid. El policía, además, “facilitaba la tramitación de la solicitud de asilo a aquellos jóvenes extranjeros con los que previamente había mantenido contacto”. Los datos fueron obtenidos por la investigación de Asuntos Internos que derivaron en una causa penal en la que, según fuentes del caso, no fue condenado. Su expediente disciplinario se reactivó en 2023, después de que quedara exonerado por los tribunales.

“Tenía miedo de que me quitara el asilo”

La sentencia recoge las declaraciones de varios de estos jóvenes, entre ellos el menor de edad con el que contactó. Era un menor tutelado por la Unidad Temporal de Realojo y explicó que, al llegar a la habitación de hotel del policía, vio que estaba en calzoncillos y con el pantalón “a la altura de las rodillas”. Ofreció que él y otro joven se quedaran a dormir con ellos, tocando la pierna de uno, pero lo rechazó.

Otro joven relató que el policía, que tenía su número de móvil, le llevó al hotel con el reclamo de que tenía “unas zapatillas” para él. Al llegar, el agente estaba “en calzoncillos terminándose de vestir en el baño”. También le ofreció quedarse a dormir, algo que rechazó. Otro relató cómo entabló contacto con él: le abordó por la calle para preguntarle si había solicitado asilo y dijo que si lo había pedido él “podía ayudarlo”. Lo siguiente fueron mensajes de WhatsApp pidiendo un encuentro sexual, el mismo día en que, con el uniforme puesto, le hizo la entrevista de la solicitud de asilo.

Uno de ellos relató que estuvo hasta cuatro veces en el hotel del policía. Le recibía en ropa interior y en la habitación mantenían “encuentros íntimos de naturaleza sexual”. Al acabar, el policía le daba diez euros y bolsas con ropa además de prometerle ayuda con los trámites de asilo. El chico explicó a Asuntos Internos que lo seguía haciendo por “miedo” a que el policía “me quitara el asilo”. El joven llegó a trasladarse a Madrid y siguió recibiendo mensajes del policía hasta que le bloqueó.

Los jueces de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han rechazado los argumentos con los que el policía combatía su sanción de 90 días de suspensión: que no existían pruebas suficientes contra él y que el castigo, que ya ha cumplido y tras la cual ya se ha reincorporado a su trabajo, era desproporcionado. Las pruebas recabadas por Asuntos Internos acreditan, dice el TSJM, “suficientemente los hechos”.

También consideran proporcionada la sanción de 90 días de suspensión por una falta muy grave de “infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta”. Sus encuentros con jóvenes y un menor pidiendo encuentros íntimos a cambio de facilitar sus solicitudes de asilo, explica el Tribunal Superior de Madrid, afectó al “principio de disciplina” con un comportamiento “contrario al deber profesional con omisión grave de aspectos fundamentales de la conducta disciplinada de los miembros del Cuerpo de Policía Nacional”. Esta sentencia todavía es recurrible ante el Supremo.

“Todo Ceuta sabe lo que pasa en el puerto”. La frase de uno de los detenidos en el contexto de la Operación Hades señala directamente a la connivencia de agentes de la Guardia Civil con las tramas de narcotráfico radicadas en la ciudad autónoma. Una decena de agentes aparecen como sospechosos a lo largo del extenso sumario de la causa, la mayoría con el teléfono pinchado. Cuatro de ellos han sido detenidos por recibir presuntamente pagos de entre 70.000 y 120.000 euros a cambio de hacer la vista gorda con los semirremolques cargados de droga que pasaban el control de la estación marítima de la localidad sin ser revisados.

Dos organizaciones criminales compartían según las investigaciones del Servicio de Asuntos Internos (SAI) una red de seguridad en el puerto ceutí, integrada por efectivos de la Compañía Fiscal y de Fronteras y de Aduanas que aseguraban el paso de grandes cantidades de la sustancia estupefaciente. Esta había sido traída previamente de Marruecos a través de la frontera del Tarajal y de un narcotúnel encontrado en febrero de este año —cuando ya se habían producido los arrestos— en una nave ubicada a pocos metros de la valla que separa España de su país vecino.

De las vigilancias realizadas por los investigadores se desprende que la droga permanecía pocas horas en la citada área industrial y pasaba después a otra nave situada en el puerto. Según los atestados, todo con la colaboración de empresas de transporte, congelados y hasta una conocida cadena de supermercados. El día señalado por los agentes corruptos, cuando a estos les tocaba trabajar juntos, las organizaciones cargaban la sustancia estupefaciente en semirremolques y cruzaban el puerto sin ser apenas revisados. Los vehículos, que según la investigación fueron vistos anteriormente en un hangar de Mairena del Alcor (Sevilla), contaban con dobles fondos para ocultar la mercancía ilícita.

Gracias a las pesquisas pudieron realizarse tres incautaciones. Las dos primeras, en junio y diciembre de 2023, superaron las cinco toneladas. Y la última, este enero, de 1.337 kilogramos. Sin embargo, la confesión de uno de los cabecillas confirmó que hasta la primera aprehensión, una de las tramas realizaba un pase exitoso al mes. Tónica que había logrado mantener durante un extenso periodo de tiempo.

El primer entramado

Este investigado, que se dedicaba a la exportación de tabaco de cachimba, por lo que viajaba frecuentemente a Marruecos, se sitúa a la cabeza del grupo criminal que aparece antes cronológicamente en las investigaciones. Según sus propias palabras, compartía las decisiones con el dueño de una agencia de viajes —al que se le encontró una pistola sin licencia en su domicilio— y con un tercero ahora fugado de la justicia, que sería el enlace con el propietario de la mercancía, un célebre narco marroquí que aparece frecuentemente en operaciones similares en Ceuta.

También con capacidad de decisión dentro de la organización, un primer camionero que era el encargado de pagar a los guardias civiles del puerto, en concreto a R.G.V (alias ‘Calambre), mecánico de la Compañía Fiscal y de Fronteras. Este repartía luego el dinero con sus compañeros A.A.A., R.A.C.P. (alias ‘Fanta’) y R.A.P., también detenidos, a los que cohesionaba para facilitar la acción de los narcos.

Como enlaces entre los presuntos líderes aparece un dúo constantemente retratado en las escuchas realizadas por la Guardia Civil, que había colocado un micrófono en el vehículo de uno de ellos. Dos varones con antecedentes por delitos varios —incluyendo contra la salud pública, conspiración para homicidio o tenencia ilícita de armas— que se dedicaban a labores de vigilancia y coordinación.

Los semirremolques los preparaba un mecánico sevillano en una nave de Mairena del Alcor, con la ayuda directa en este caso de al menos otras dos personas, una detenida y otra en busca y captura. Por último, un conocido transportista local era el encargado de llevar el camión ‘preñado’ —término coloquial que utilizaban para la introducción de hachís en su interior—hacia la provincia de Málaga, donde se produjo la primera incautación, el día 27 de junio de 2023.

Para esa operación, la Guardia Civil desplegó un control de carretera ficticio, para evitar que los supuestos implicados sospecharan de la investigación a la que estaban siendo sometidos. Esta maniobra permitió además comprobar la connivencia de varios agentes que estaban de servicio en el Puerto de Ceuta en la jornada de autos.

Tras aquel golpe, la organización cambió de método y en diciembre trató de pasar tres toneladas de hachís ocultas en el camión que traslada los animales muertos de Ceuta a la Península. Un método que creían infalible. “Nunca lo revisan”, decían los implicados, sabedores de que la localidad norteafricana carece de medios para abrir con seguridad un vehículo que por su contenido supone un importante riesgo biológico y que también carece de escáner. Además, este sistema permitía que no fuera necesario pagar a los guardias del puerto.

Lo que no esperaban es que uno de los agentes bajo sospecha a lo largo del sumario recibiría un chivatazo y lo comunicaría a sus superiores. Al camión ya lo estaban esperando en el momento del embarque y aunque no pudo ser abierto en Ceuta, solo permitieron que pasara hacia Algeciras para ser escaneado allí, donde encontraron el alijo.

Los agentes, nexo de unión entre tramas

Esta organización no volvería a operar, a pesar de intentar organizar un nuevo pase sin éxito, y la actividad quedó en manos de un segundo entramado, que tenía como nexo común con el anterior el uso del narcotúnel —descubierto después de las detenciones— y la connivencia de muchos de los mismos agentes que empleaba la primera agrupación criminal.

Especialmente señalado a lo largo del sumario, el ‘Calambre’ trataba con ambas tramas, reuniéndose con sus miembros según evidencian las vigilancias realizadas por Asuntos Internos. También sería el encargado de recibir el dinero y repartirlo con los otros compañeros compinchados.

Otro de los detenidos, A.A.A., agente destinado en la Aduana portuaria, fue también identificado en numerosos encuentros con otros investigados y señalado en conversaciones telefónicas. A estos hay que sumar hasta otros ocho agentes, seis de ellos nunca detenidos, pero sí ampliamente mencionados a lo largo del sumario por sus presuntas relaciones con las organizaciones.

El cártel de la familia de un diputado y funcionario de prisiones

Tanto ‘Calambre’ como A.A.A. cooperaban supuestamente con esta segunda agrupación criminal cuya actividad llegó a conocimiento de Asuntos Internos en mayo de 2024 gracias a una conversación escuchada en un pub de la provincia de Cádiz. En ella, el supuesto cabecilla del entramado presumía de estar en capacidad de introducir hachís desde Marruecos a Ceuta y después de poder pasarlo a Algeciras a través del puerto gracias a una serie de agentes sobornados. Solo le faltaba disponer de camión y conductor para ejecutar la operativa.

En ese punto, los investigadores decidieron infiltrar a dos efectivos. El agente encubierto ‘Noray’, que sería encargado de ofrecer a la trama los servicios de ‘Génova’, el segundo infiltrado, quien dispondría de un semirremolque de una empresa ya conocida por la organización para realizar el pase. Luego se incorporaría un tercero, ‘Mástil’, para conducir el camión cargado de droga.

Durante seis meses, ambos encubiertos participaron en las reuniones del cártel y descubrieron que estaba integrado por el diputado en la Asamblea de Ceuta y funcionario de prisiones, Mohamed Mohamed Ali Duas, del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), una formación localista que le ha suspendido de militancia, aunque él no ha entregado aún su acta. También por su hermano, transportista y teórico líder del grupo, que compartía atribuciones con un corredor de seguros muy amigo del agente A.A.A.

También colaboraban en la organización el sobrino del representante político y otras tres personas que fueron vistas en la carga y descarga del camión aprehendido el 30 de enero con 1.337 kilos de hachís en una nave de Villanueva del Trabuco. El semirremolque había llegado a las instalaciones la noche previa conducido por uno de los infiltrados. Hasta seis agentes encubiertos y presuntos narcos durmieron juntos en el mismo polígono industrial a la espera de vender la mercancía a un cliente francés el día de los arrestos.

Los miembros de este cártel fueron los primeros en caer como parte de la Operación Hades, que tuvo semanas después una segunda ronda de detenciones, elevando la cuenta de arrestados por encima de la docena. También aparecería en el mes de febrero, en concreto el día 19, un narcotúnel ubicado en el polígono de Alborán de Ceuta, cuya existencia fue revelada a la Guardia Civil por uno de los investigados, el exportador de tabaco. Actualmente, el hombre al que se achaca su construcción y uso se encuentra en busca y captura.

Un billete de 20 dírhams para señalar a los corruptos

La preparación del último traslado de droga, el que el 30 de enero acabó por explotar la operación, contó en su transcurso con un suceso singular. El agente encubierto ‘Noray’ exigió a la organización —que no solo le pidió el camión, sino que ejecutara los dobles fondos en su interior— que se practicara una prueba de seguridad para garantizar la fidelidad de los guardias civiles del puerto. Una maniobra que sirvió en realidad para poder identificarlos.

Manifestó el infiltrado esta exigencia a la trama en una reunión en un restaurante de Cádiz, cortando entonces un billete a la mitad y entregándoselo al corredor de seguros, quien debería dárselo a sus contactos policiales en la estación marítima. La idea era que el mismo ‘Noray’ o ‘Mástil’, el encubierto encargado de conducir el camión con la droga, pasaran días antes por el control de seguridad del puerto. En ese momento, los guardias corruptos entregarían de vuelta la mitad del billete, que debía coincidir con la otra en posesión del grupo criminal, para confirmar así su visto bueno a las condiciones planteadas. Por la prueba de seguridad el diputado Ali Duas, encargado siempre de los pagos a la Guardia Civil, abonó 10.000 euros. Por dejar pasar la carga, 120.000.

Así lo hicieron y fue ‘Mástil’ quien tras llegar a Ceuta con el semirremolque que luego se usaría en el pase, atravesó de vuelta el puerto con un coche sin la ITV en regla, deteniéndole ‘Calambre’. Este hizo como que revisaba el vehículo, dejando en el interior la mitad de un billete de dirhams —moneda de Marruecos—, un movimiento que confirmó así la existencia de connivencia policial con los narcos en el embarcadero ceutí.

Abdou Ngom, el joven senegalés cuya imagen dio la vuelta al mundo tras ser abrazado en la playa de El Tarajal de Ceuta por una voluntaria de la Cruz Roja Española el 18 de mayo de 2021, ha fallecido esta semana. Aquella estampa llena de humanidad, con el hombre llorando desconsolado mientras era arropado por Luna, se convirtió en un símbolo. El hombre había llegado a la ciudad autónoma persiguiendo el sueño de una vida mejor en España, después de un duro camino desde Senegal. Tras llegar exhausto a la orilla de la playa, vio que su hermano no reaccionaba y se derrumbó.

Fue devuelto a Marrucos, pero regresó a España, esta vez en un cayuco que arribó a Lanzarote. Tras pasar por Barcelona, Abdou ha muerto en Málaga, donde trabajaba como albañil, en circunstancias aún por aclarar.

Fuentes de Cruz Roja y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han confirmado este sábado a EFE su muerte y han indicado que, aunque desconocen las causas del fallecimiento, están en contacto con sus allegados desde que murió el pasado domingo para asesorarles y ayudarles en lo que necesiten.

Devuelto a Marruecos y regreso a España en patera

El joven accedió a Ceuta a nado al igual que lo hicieron más de 10.000 personas durante las jornadas del 17 y 18 de mayo de 2021 por el espigón fronterizo del Tarajal que separa la ciudad de Marruecos. Una vez en la ciudad autónoma protagonizó una imagen que fue portada de los principales medios y captada por un fotógrafo de la Agencia EFE, en la que abrazaba a Luna, una voluntaria de Cruz Roja.

Las fotos del senegalés abrazado por la voluntaria de la Cruz Roja dieron la vuelta al mundo e incluso la joven tuvo que eliminar sus cuentas en las redes sociales ante la multitud de críticas e insultos que recibió por este gesto humanitario.

Su historia no acabó ahí. Fue devuelto a Marruecos y Ana Jiménez, periodista de Televisión Española, siguió su rastro, hasta dar con él en Casablanca. Allí contó su historia: nacido en 1996, era huérfano, trabajaba como albañil en Senegal, pero el sueldo apenas le daba para vivir. Él y su hermano decidieron emigrar. Perseguía el sueño europeo: quería una “vida digna” para él y su abuela, quizá ver algún día un partido del FC Barcelona, le contó a la reportera.

Jiménez también le puso en contacto con Luna, la voluntaria que lo abrazó. Por este gesto de humanidad, ella había sido hostigada en España con decenas de comentarios racistas. Abdou no podía entenderlo.

Con el apoyo de CEAR, Abdou denunció a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su devolución en caliente, pero su caso fue rechazado. Inadmitió el caso invocando el precedente que avaló el retorno inmediato de cientos de migrantes que entraron irregularmente en Melilla años atrás.

Él no se rindió. Desde Casablanca, Abdou volvió a intentar alcanzar su sueño. Tras pagar 4.000 euros, se embarcó en una patera, se jugó la vida en alta mar y alcanzó la playa de Lanzarote. De ahí, a Barcelona y finalmente a Málaga, donde encontró trabajo como albañil.

La periodista confirmó el viernes su muerte. Se encontraba mal desde hace días. Según contó La Razón, un amigo que tenía en Almería pidió a sus conocidos que fueran a visitarlo a su casa de Málaga, donde trabajaba y vivía. Cuando llegaron había fallecido.

Jiménez le recordó este viernes en un hilo de Twitter y pidió entender que “detrás de un nombre o un número siempre hay una historia de miseria pero de esfuerzo y resistencia. Que la mayoría de Abdous del mundo también quieren y luchan por sus familias. El sueño de ABDOU solo ha durado ocho meses. En mi corazón estará siempre”.

Excepte a les Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla, Espanya s'ha sumit en el caos a les 12.30 hores d'aquest dilluns quan el subministrament elèctric, que comença a recuperar-se de mica en mica, s'ha vist interromput en pràcticament tota la Península, i ha provocat el col·lapse del transport públic i les telecomunicacions, igual que ha passat a Portugal i al sud de França.

El motiu pel qual ni els arxipèlags ni les ciutats autònomes s'han vist afectats rau que el subministrament que proporciona llum a aquestes zones procedeix de sistemes elèctrics que no s'han vist alterats per l'incident. D'acord amb la informació disponible a la pàgina web de Red Eléctrica, els sistemes no peninsulars, que donen servei a Balears ia les Canàries així com a Ceuta i Melilla, es caracteritzen per la seva mida més petita i la seva reduïda o nul·la connectivitat amb el peninsular. Aquesta darrera circumstància explicaria per què aquests territoris no han experimentat els problemes de subministrament -ja històrics- que, des de poc després de migdia, han sacsejat la Península Ibèrica.

Entre les particularitats que fan diferent la seva gestió hi ha la seva mida petita i la seva situació geogràfica aïllada; una demanda més focalitzada i amb altes variacions en poc temps, i una dificultat més gran de gestió de les tecnologies de generació renovable. Però també una menor estabilitat per la dificultat per connectar sistemes entre si i, per tant, menys opcions de resposta en cas de necessitat, tal como recull EFE. Una circumstància que, en aquest cas, n'ha beneficiat.

En el cas concret de Balears, l'arxipèlag compta amb una infraestructura energètica insularitzada basada en centrals locals i reforçada des del 2012 per la interconnexió submarina amb la península a través del cable elèctric que uneix Mallorca i València. Tot i això, com que es tracta d'un sistema independent i de menor dependència directa de la xarxa continental europea, les illes han aconseguit mantenir l'estabilitat del subministrament. El Govern balear ha asseverat, a més, que les Balears tenen prou potència elèctrica per autoabastir-se amb el subministrament de les centrals tèrmiques disponibles, després de produir-se l'apagada a la Península.

En declaracions als mitjans, el director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Viu, ha indicat que a l'arxipèlag s'ha gaudit de “total disponibilitat” del servei elèctric, per la qual cosa al llarg de dia s'han mantingut “excel·lents indicadors” de qualitat i disponibilitat.

Respecte a les Canàries, sis sistemes més petits conformen el seu sistema elèctric, compost per un a cada illa i la unió elèctrica de Lanzarote i Fuerteventura. A les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, en ser localitzacions més petites, no hi ha xarxa de transport. D'aquesta manera, cadascun dels seus sistemes és operat de manera independent des del Centre de Control de Balears en coordinació amb els distribuïdors i generadors de la zona.