El crucero Saphire Princess ha localizado este martes cinco cadáveres a unas 140 millas de la península de Cabo de Palos, en Cartagena. De acuerdo con Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, los cuerpos han sido subidos a bordo de la embarcación y han sido trasladados al Puerto de la ciudad esta mañana. A continuación han sido transportadas al Instituto de Medicina Legal para la correspondiente autopsia.

Por el momento se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Desde Delegación de Gobierno no descartan que los fallecidos fueran tripulantes de la patera rescatada el pasado lunes, localizada a unas 25 millas de Cartagena. En la pequeña embarcación ya fueron localizadas cinco personas, tres de ellas fallecidas. Sobre los dos supervivientes de la patera, hay un detenido acusado de homicidio imprudente y favorecimiento de la inmigración irregular.

Los tripulantes de esta patera fueron localizados por un buque militar francés, que alertó a Salvamento Marítimo. Según el testimonio de los dos supervivientes de la embarcación, partieron desde la zona costera de Mostaganem (Argelia) con 18 personas a bordo. De acuerdo con el diario local La Verdad, la Policía maneja la hipótesis de que 13 personas permanecen desaparecidas e investiga si los cinco cuerpos hallados este miércoles iban a bordo de esta patera.

El recorrido desde Argelia hasta la Región de Murcia suele completarse en unas 20 horas, pero la travesía de la patera localizada este lunes podría haber durado casi tres semanas. No se descarta un posible fallo en el motor o el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

El acabado de un muro nunca depende solo de la pintura que se ve, porque el resultado final empieza mucho antes: en cómo se prepara la superficie y en el conocimiento acumulado de quienes trabajan cada capa. Las paredes, en el mundo romano, exigían una preparación previa muy delicada, con decisiones que afectaban tanto al aspecto como a la duración de los colores, y ese proceso revela que los artesanos dominaban técnicas complejas que iban mucho más allá de aplicar pigmento.

Ese conocimiento incluía elegir bien los materiales, colocar cada capa en su momento y anticipar cómo iban a reaccionar con el paso del tiempo, lo que convertía cada pared en un trabajo técnico muy cuidado. Preparar bien esas superficies también respondía a problemas concretos como la humedad, la luz o la estabilidad de los pigmentos, que podían alterar el resultado si no se tenían en cuenta desde el principio.

De ahí que la pintura mural romana no pueda entenderse como una tarea simple, ya que implicaba una secuencia de decisiones encadenadas que condicionaban el resultado final. Ese punto, la relación entre preparación y resultado, es el que permite entender por qué algunas decoraciones han llegado hasta hoy en un estado excepcional.

Un equipo analiza una vivienda y descubre técnicas más avanzadas

Un equipo de investigación ha estudiado unas pinturas en la Domus de Salvius y ha detectado una forma de trabajo mucho más avanzada de lo que se pensaba. Gonzalo Castillo Alcántara, arqueólogo de la Universidad de Murcia, explicó durante una excavación que “tenemos que pensar que era el pigmento más caro, incluso diez veces más valioso que cualquier otro”.

Esa afirmación aparece en un trabajo publicado en la revista npj Heritage Science y sirve para situar el nivel económico de la casa. El estudio no se limita a decir qué colores hay, también explica cómo se preparaban los muros antes de aplicar esos colores.

Los análisis han mostrado que las paredes no tenían una sola capa, sino varias superpuestas con funciones distintas. Primero se colocaban materiales más gruesos con restos de piedra o cerámica que daban cuerpo al muro. Después se añadían capas más finas hasta llegar a una superficie lisa donde se aplicaba el color.

Esa secuencia no se hacía al azar, cada paso tenía su momento y su función. El uso de materiales de la zona, como calizas cercanas, se unía a otros elementos como cuarzo o polvo de mármol. Esa combinación permitía que la pintura se fijara mejor y aguantara más tiempo sin deteriorarse.

Los pintores aplicaban una base amarilla antes del rojo

El rojo era uno de los colores más buscados, pero no todos los rojos tenían el mismo valor. El cinabrio destacaba por su intensidad, aunque tenía un problema claro con el paso del tiempo. Según el mismo Castillo, en esas paredes “podemos observar la presencia del oro rojo en una gran superficie de los paneles”. Esa elección indica que la familia que vivía allí podía pagar materiales caros. El uso de este pigmento en zonas amplias implica una inversión importante que no estaba al alcance de cualquiera.

El estudio detecta una forma concreta de aplicar ese rojo que no se había visto antes en la zona. En lugar de poner el cinabrio directamente, primero se extendía una base amarilla. Después se añadía una capa donde ese pigmento caro se mezclaba con otros más asequibles. Esa forma de trabajar tenía dos efectos claros: se gastaba menos material caro y se protegía mejor el color frente al desgaste. De esta forma, se resolvía un problema concreto con recursos disponibles.

Cartagena favoreció la llegada de técnicas y materiales

La ciudad donde aparece esta vivienda ayuda a entender por qué se desarrolló ese nivel técnico. Cartagena, conocida en época romana como Carthago Nova, reunía actividad comercial, minería y contactos con otros territorios. Ese movimiento facilitaba la llegada de materiales y también de conocimientos. Los investigadores apuntan que este tipo de soluciones no se quedaban en un solo lugar, sino que podían circular entre distintos talleres. Eso explica que haya paralelos fuera de la Península, aunque sean pocos.

La vivienda donde se han encontrado las pinturas no es una casa cualquiera. Alicia Fernández Díaz, catedrática de Arqueología en la Universidad de Murcia, señaló que “una de las villas romanas mejor conservadas” permite estudiar estos detalles con más precisión.

El edificio tiene alrededor de 1.000 metros cuadrados y contaba con elementos arquitectónicos pensados para impresionar, como columnas de distintos estilos. Además, muchas pinturas se han conservado en su lugar original, lo que facilita ver cómo estaban organizadas dentro de las estancias.

Todo este conjunto lleva a una conclusión sobre cómo trabajaban los artesanos de la época. José Rafael Ruiz Arrebola, de la Universidad de Córdoba, participa en el estudio que analiza estos datos y muestra que “podemos comparar las fuentes clásicas con la realidad arqueológica”.

Esa comparación permite ver que no se trataba de copiar modelos sin más. Había conocimiento técnico, pruebas y decisiones concretas según el resultado que se buscaba. Ese trabajo se refleja en cada capa del muro, donde cada material cumple una función que se puede identificar hoy.

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM) ha denunciado con “absoluta firmeza” las declaraciones realizadas en la sesión del Pleno de la Asamblea Regional el pasado 15 de abril por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, quien llamó a combatir “incluso con la violencia” derechos fundamentales como el aborto y la eutanasia. Lo hizo durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

Desde la AFRM han subrayado que “no se trata de un exceso verbal ni de una mala interpretación, sino de un hecho de especial gravedad institucional, al introducir la violencia como categoría en el discurso político desde la tribuna parlamentaria”.

Asimismo, la organización feminista considera que las posteriores declaraciones del diputado, en las que afirma que no se refería a violencia física sino a una “resistencia firme” en el ámbito de las ideas, no solo no corrigen lo sucedido, sino que “lo agravan”, al banalizar el uso del término violencia y contribuir a su normalización en el debate político.

Rechazo al intento de justificación

La AFRM también rechaza el intento de justificar estas palabras apelando a una supuesta “violencia institucional” o al contexto de polarización política. A su juicio, este tipo de argumentos desplazan la responsabilidad y forman parte de una estrategia que legitima “posiciones antidemocráticas”.

“Nombrar la violencia desde una institución es cruzar una línea roja democrática”, señalan desde la Asamblea Feminista, que advierte del riesgo de deterioro del debate público y de erosión de las instituciones.

En este sentido, la asociació feminista recuerda que los derechos como el aborto y la eutanasia “han sido aprobados democráticamente y forman parte del ordenamiento jurídico vigente”.

Una “condena expresa” en la Asamblea Regional

Por todo ello, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia exige que el diputado rectifique inmediatamente los términos “inequívocos” del diputado, al tiempo que pide una “condena expresa” por parte de todas las fuerzas políticas y la reafirmación institucional del rechazo “a cualquier forma de violencia” en el ámbito político.

También demandan que se active el Estado de derecho frente a “cualquier intento de degradación institucional” y que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional evalúe si esta intervención se ajusta al código ético vigente en la Cámara.

Además, la AFRM ha abierto un proceso de recogida de adhesiones al comunicado, dirigido a organizaciones, colectivos, instituciones y personas individuales.

Finalmente, la Asamblea Feminista hace un llamamiento a la ciudadanía a “no normalizar este tipo de discursos y a defender activamente la democracia”. “Las feministas sabemos bien —como afirmamos con fuerza en Beijing +20— que los derechos hay que garantizarlos y lucharlos cada día, porque pueden ser amenazados o revertidos”, concluyen.

Hay diferentes tipos de corrimientos de tierras: deslizamientos lentos, en los que el suelo se mueve de forma casi imperceptible, mientras que, en otras ocasiones, se produce la caída de rocas, fragmentos de una ladera que se desprenden a mucha velocidad. Cuando ambas situaciones confluyen, como es el caso de Cartagena, se avista la posibilidad de una moción de censura. La expulsión forzada del antiguo líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, primero como presidente provincial del partido y después como portavoz del Parlamento murciano, hace casi un mes se sobrepone a las tensiones internas existentes en la coalición de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de esta localidad. De hecho, quien fuera vicealcalde de la ciudad portuaria, Diego Salinas, se solidarizó con la expulsión de Antelo de inmediato y se dio de baja de la formación ultra, mientras que su mano derecha, Beatriz Sánchez del Álamo, lo hizo ayer.

Si al asumir el bastón de mando en 2023, la alcaldesa popular de Cartagena, Noelia Arroyo, quiso gobernar una “legislatura del consenso” y tentó un gobierno minoría, enseguida se coaligó con Vox buscando la tan ansiada “estabilidad”, cuestión que vuelve a quedar en entredicha en estos momentos. Aunque este miércoles, Arroyo quiso circunscribir lo sucedido en Cartagena a una “crisis interna” de Vox, también se vio obligada a reconocer que no era una situación “cómoda”.

No dudó Arroyo en expresar de forma contundente su confianza en los cuatro ediles que sostienen la mayoría necesaria para formar gobierno -los dos que permanecen fieles a Vox y los dos que no, que se suman a los 10 concejales del PP-, pero lo cierto es que los movimientos de tierra también se sintieron en el pleno celebrado en la ciudad portuaria este miércoles y tanto Salinas como Sánchez del Álamo se sentaron al final de la bancada. La confianza tampoco parece tanta cuando la alcaldesa de Cartagena y responsable de la cartera de Turismo le pidió cuentas en mayo del año pasado a la delegada de la consejería, la propia Sánchez del Álamo, por impulsar la celebración de las Fallas en este municipio murciano, tal y como recogió en su momento el diario local La Opinión.

Tras convertirse Salinas en un concejal no adscrito y Gonzalo López Pretel le sustituyera como nuevo primer teniente de alcalde de la localidad portuaria, Sánchez del Álamo vio incrementadas sus responsabilidades y asumió las competencias de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica y Transparencia para poder entrar en Junta de Gobierno. Con ello, también vio un aumento salarial de 12.000 euros.

“Mercado persa”

Manolo Torres, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena, cree que Arroyo ha convertido el consistorio en un “mercado persa”, mientras que Vox se vislumbra como un partido “en descomposición”. El PSOE de la localidad se enfrenta a una situación complicada, ya que en 2019 se vio obligado a expulsar a seis concejales por rubricar un pacto de gobierno secreto con el Partido Popular y Ciudadanos.

“Para nosotros hoy [por ayer] no cambia nada”, señaló el líder del partido cartegenerista Movimiento Ciudadano (MC), Jesús Giménez Gallo, a este periódico. MC obtuvo se hizo con ocho concejales, aunque en la Junta de Gobierno cuenta con siete, ya que María Dolores Ruiz decidió apartarse del partido. Gallo reconoce que en enero de 2025 se produjo un conato de moción de censura en Cartagena: “Entonces nos buscó Vox”.

Tanto Giménez Gallo como Torres apuntan al “nerviosismo” que se percibe en el mundo político de la ciudad portuaria en esta semana de “pasión, muerte, y resurrección”. Ambos señalan la doble crisis que afronta la localidad portuaria, ya que indican a la subida de 10 de millones de déficit.

Crisis en Torre Pacheco

Estos últimos días también han abandonado Vox tres ediles de Torre Pacheco, entre ellos quien fuera vicepresidente del comité nacional de Garantías y exportavoz de la formación en el municipio, José Garre, tras decidir en el pleno del pasado jueves su entrada en el gobierno local, desoyendo directrices nacionales. Su incorporación en el ejecutivo del Partido Popular abre un nuevo frente de inestabilidad en la formación, evidenciando las dificultades de la dirección nacional para mantener la cohesión interna en uno de los municipios donde más se votó a la formación ultra en las elecciones generales de noviembre de 2019 y donde el pasado julio se produjeron disturbios racistas tras la agresión a un vecino.

La rápida integración de los exediles en el ejecutivo local, con la asignación de áreas de gestión relevantes, apunta a una operación política consolidada. Mientras que Garre tendrá la responsabilidad de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías; las exconcejalas de Vox Ana Belén Martínez López y Josefa Guillén se harán cargo, respectivamente, de Política Social y Transparencia, y de Sanidad y Medio Ambiente.

Por otra parte, se ha desmoronado el relato oficial de Vox sobre la salida de Garre en Torre Pacheco. Si hace apenas unos días la formación exigía el acta de concejal a Garre bajo la acusación de haber recibido 16.000 euros en transferencias “sin justificar”, una serie de mensajes de WhatsApp revelados por La Opinión de Murcia demuestran que la cúpula nacional de la formación ultraderechista no solo conocía esos pagos, sino que también los habría validado.

La concejala Merche Meroño, que se mantiene fiel a la formación, por su parte ha calificado el pacto con el PP como un “robo de acta” y una “traición al mandato de los votantes”. Meroño elevó el tono al asegurar que el acuerdo responde a intereses económicos, señalando que el sueldo de Garre pasará de 20.500 a 33.000 euros, mientras que el del alcalde popular subirá hasta los 56.000 euros.

También los doce integrantes del grupo municipal de Vox de Totana abandonaron al completo el partido tras la defenestración de Antelo.

El goteo de bajas es incesante. Desde que estallase la crisis de Vox en la Región de Murcia y su antiguo líder, José Ángel Antelo, fuera a parar al Grupo Mixto del Parlamento murciano hace menos de un mes, la mayoría de gobierno en Cartagena quedó en entredicho con la salida de Vox en ese mismo momento de Diego Salinas, quien fuera el primer teniente de alcalde en la ciudad portuaria. Este miércoles también se ha dado de baja de la formación la concejala de Turismo, Nuevas Tecnologías y Transparencia, Beatriz Sánchez del Álamo, a quien el partido había presentado como número dos en la candidatura y que era su mano derecha.

En una publicación en X, Sánchez del Álamo ha hecho pública su dimisión haciéndose eco de los mismos términos con los que otros antiguos compañeros han abandonado la formación: “la deriva del partido”. La edila de Cartagena ha acusado a Vox de “dinamitar sus propios principios” y ha denunciado a la cúpula por “convertir el partido en un auténtido despropósito”. “Hasta aquí. No todo vale”, ha zanjado.

La situación de la alcaldesa, Noelia Arroyo, es, de este modo, más frágil, ya que los votos de Salinas y Sánchez del Álamo son clave para sostener al PP junto a los dos ediles que continúan fieles a Vox.

La duda que se plantea ahora es si Arroyo optará por una solución similar a la adoptada con Salinas, manteniéndola dentro del Gobierno, o si decidirá apartarla, asumiendo el riesgo de afrontar lo que resta de legislatura en minoría y bajo la amenaza de una posible moción de censura. En cualquier caso, la aritmética es compleja, marcada por las tensiones entre el partido cantonalista Movimiento Ciudadano (MC) y la edil no adscrita María Dolores Ruiz, así como por la necesidad de sumar apoyos como los de Salinas o la propia Sánchez del Álamo.

Sánchez del Álamo ha sido señalada en varias ocasiones por MC como una de las impulsoras de la fallida moción de censura contra Arroyo en enero del pasado año. Mantiene una estrecha relación con Salinas y, como él, está enfrentada con el actual portavoz local de Vox, Gonzalo López Pretel, a quien Arroyo ascendió a vicealcalde tras destituir a Salinas como primer teniente de alcalde. Pese a todo, la concejala ha participado este miércoles por la mañana en la reunión de la Junta de Gobierno.

Cartagena no es el único avispero de Vox en la Región: los doce del grupo municipal de Totana abandonaron al completo el partido tras la defenestración de Antelo y en Torre Pacheco, uno de los principales bastiones de Vox, el jueves pasado el grupo municipal del partido de ultraderecha alcanzó un acuerdo de gobierno con el PP, en contra del parecer de la dirección nacional.

Acto seguido, el antiguo vicepresidencia del Comité nacional de Garantías de Vox y antiguo portavoz en el municipio murciano, José Garre, abandonó su militancia de la formación ultraderechista y la crisis se amplió con la baja de otras dos concejalas, Ana Belén Martínez y Josefa Guillén. Mientras que ambas edilas permanecen como concejalas no adscritas y asumirán las áreas de de Política Social y Transparencia, y Sanidad y Medio Ambiente; Garre encabezará la Concejalía de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías.

Una ausencia médica ha evidenciado la fragilidad numérica del pleno cartagenero. Antes, los diez concejales del Partido Popular y los cuatro de Vox le otorgaban al gobierno de Noelia Arroyo una mayoría de 14 escaños de los 27 que componen la corporación municipal. Después de que el ex teniente de alcalde de la localidad, Diego Salinas, abandonase Vox, las cuentas no están tan claras.

El ex teniente de alcalde no se ha presentado hoy al pleno, dejando al Ejecutivo con los mismos 13 concejales que tiene la oposición. En el supuesto de que todos los grupos contrarios al gobierno local votaran lo mismo, habría empate. Si se diera lugar este supuesto, el Ejecutivo solo podrá inclinar la balanza a su favor con el voto de calidad de la regidora municipal.

Salinas, pese a que ha abandonado Vox y ahora es un concejal no adscrito, mantiene sus competencias en Desarrollo Económico, Empresa e Industria. Sí que ha dejado ejercer como teniente de alcalde, un puesto que ahora ostenta el portavoz de Vox en el municipio, Gonzalo López Pretel. Una maniobra en la que Arroyo confía en sortear esta crisis originada en el seno de sus socios de gobierno y un intento de espantar al fantasma de la moción de censura que comienza a atormentar al pleno.

Esta sacudida dentro de Vox se ha escenificado este miércoles en el Palacio Consistorial de Cartagena. El sitio que ahora corresponde a Salinas se encuentra junto a la concejala popular Belén Romero. Mientras, López Petrel ocupa el lugar designado al teniente de alcalde y la portavoz Suplente de Vox, Sánchez del Álamo, ocupa su asiento.

De acuerdo con Arroyo, Salinas no ha podido acudir a su cita con el resto de ediles en el Palacio Consistorial de Cartagena por motivos médicos, aunque el edil ha insistido en que no lo volverá a repetir.

Primer político en abandonar Vox tras el cese de Antelo

Salinas fue el primer político de Vox en la Región de Murcia que abandonó el partido tras el cese de su del expresidente provincial de Vox, José Ángel Antelo: “La deriva del partido y el trato dado a Antelo son incompatibles con los principios y valores que siempre he defendido”, publicó el ya ex teniente de alcalde en sus redes sociales. Salinas llegó a Vox de la mano de Antelo, cuando lo fichó en el año 2022, llegando a encabezar las listas de Vox en las elecciones municipales de 2023.

El terremoto que descabalgó a José Ángel Antelo del control de Vox en la Región de Murcia ha dejado de emitir grandes sacudidas, pero sus réplicas siguen moviendo los sillones de las instituciones murcianas. Una vez asentados los 'pesos pesados' tras la purga de Abascal, ahora que los movimientos de mayor tectónica han terminado de cristalizarse, el foco se desplaza a la fontanería interna del partido, a los puestos de menor calado orgánico, pero generosamente retribuidos con dinero público, donde la formación parece estar premiando la lealtad en medio de su particular 'juego de tronos'.

El ejemplo más nítido de esta reconfiguración tiene nombre propio: Isidro Carrasco Martínez. El que fuera candidato a la alcaldía y actual portavoz de Vox en Águilas ha cruzado la comarca, al menos sobre el papel, para estrenar un nuevo cargo, el de asesor del grupo municipal en el Ayuntamiento de Cartagena. Una pirueta administrativa que sitúa al concejal aguileño a 80 kilómetros de su base política, pero con un pie firme en la nómina del consistorio cartagenero.

El perfil profesional de Carrasco, accesible a través del portal de transparencia del Ayuntamiento de Águilas, dice que cursó sus estudios de Bachillerato para pasar a ser un “empresario dedicado al sector servicios y comercio”. Tras su paso por la junta directiva y el grupo municipal del Partido Popular en Águilas, Carrasco encontró acomodo en las siglas de Abascal, convirtiéndose en el rostro visible de Vox en la localidad aguileña. Un trasvase de siglas que ahora se traduce en un pluriempleo público a caballo entre dos municipios.

La recompensa por este nuevo cometido en Cartagena, adelantada por La Opinión, asciende a algo más de 17.000 euros anuales por una jornada parcial. Este sueldo se suma a las dietas que Carrasco ya percibe en Águilas: 440 euros por cada pleno ordinario, además de los ingresos por juntas de portavoces y comisiones. Al no tener dedicación exclusiva en su municipio, la ley le permite este encaje de bolillos financiero que le garantiza presencia (y retribución) en dos de los ayuntamientos más importantes de la Región.

Esta ubicuidad institucional y el encaje de sus retribuciones no son, para quienes conocen las tripas de la formación, una casualidad administrativa. Fuentes que vivieron en primera persona la fontanería de Vox en la Región durante sus años de mayor crecimiento ponen nombre y apellidos a esta práctica: 'comisariado político'.

La crítica no solo llega desde las filas de los ex de Vox. Desde el PSOE de Águilas, su secretario de organización, Manuel Pino Aldeguer, califica el nombramiento de “ejemplo perfecto de oportunismo político”. Los socialistas aguileños han denunciado la “enorme contradicción” que supone que un dirigente que se presenta como un “humilde empresario” ajeno a la política profesional, encadene en realidad una larga lista de puestos públicos: desde asesor en el consistorio de Águilas y en la Asamblea Regional hasta su actual pluriempleo en Cartagena.

“No se puede construir un discurso contra el enchufismo y el 'chiringuitazo' mientras se accede a ellos”, señalan los socialistas, subrayando que Carrasco percibirá estos 17.000 euros anuales extra mientras su formación “se niega sistemáticamente a subir el salario mínimo interprofesional en España”.

Mientras el Ayuntamiento de Cartagena formaliza la nueva nómina de Carrasco, estas mismas fuentes conocedoras de las cañerías del partido denuncian que estos puestos no buscan eficiencia técnica. Para antiguos cuadros de la formación, se trata de una estrategia para “remunerar a personas que en realidad no ayudan al grupo, sino que lo vigilan”, convirtiendo a los asesores en “comisarios políticos” a sueldo del contribuyente.

Para estas voces que conocen bien el funcionamiento interno de la formación, este perfil es una elección deliberada: “Abascal necesita gente que fuera del partido tenga problemas para ganarse la vida y que, por tanto, obedezca sin dudar por miedo a perder la nómina”, explican.

La red de intereses tras la caída de Antelo

Sin embargo, el nombramiento de Carrasco en Cartagena parece ser solo el último eslabón de una cadena de favores cruzados que alcanza la capital murciana. En medio de estos cambios se inscribe la reciente contratación de Nerea Alzola, quien fuera candidata de Vox en Bizkaia y actual pareja de Luis Gestoso -hombre fuerte de Madrid en la Región tras la caída de Antelo-, en el nuevo listado de cargos de libre designación del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, cobrando un sueldo de 60.000 euros. Según adelantó La Opinión, Alzola estaba contratada previamente por el partido y fue despedida el pasado 12 de febrero para encontrar, apenas dos semanas después, un nuevo acomodo en el consistorio de la capital murciana bajo la tutela de Gestoso.

Este patrón de “seguridad financiera” para los leales se repite en otros municipios. El concejal aguileño Isidro Carrasco, ahora también pluriempleado, ejerció su poder en el pasado mes de diciembre en Águilas para colocar como personal de confianza a Carmen Millán Serrano, con un sueldo de 27.000 euros anuales. El nombre de Millán no es casual: es la nuera de Carmen Menduiña, la influyente portavoz de Vox en Lorca, secretaria del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia y pieza clave en el sector crítico que forzó el relevo en la dirección.

Esta red de parentescos y cargos cruzados confirma, según voces críticas que formaron parte del proyecto original de Vox en la Región, la “patrimonialización” de la formación en la Región. “Han montado un negocio; [Abascal] se ha asociado con determinados grupos de interés y utilizan las instituciones como su cortijo privado”, afirman, señalando que mientras el partido se “desangra” en militancia, la cúpula se blinda colocando a los suyos en puestos donde “a menudo no pueden acreditar haber realizado trabajo alguno”.

El nombramiento de Carrasco en el Ayuntamiento de Cartagena, además, coincide con una serie de movimientos en la formación ultraderechista que empezaron con la dimisión de Diego Salinas, hasta hace pocas semanas primer vicealcalde de Cartagena, de sus cargos en Vox, en solidaridad con el hasta ahora presidente del partido, José Ángel Antelo. Salinas criticó que la “deriva” del partido se había vuelto “incompatible con los valores” que él defiende.

La llegada de Carrasco a Cartagena ocurre en medio del fuego cruzado que ha dejado la salida de Diego Salinas. El hasta hace poco vicealcalde cartagenero abandonó sus cargos en solidaridad con Antelo, denunciando una 'deriva' del partido ajena a sus valores.

Su renuncia ha sido el pistoletazo de salida para una cascada de ascensos y reproches: mientras el edil de Vox Gonzalo López Pretel tomaba el mando y acusaba a su predecesor de traición, la concejala Beatriz Sánchez del Álamo ocupaba el hueco en la Junta de Gobierno. En este tablero de piezas moviéndose a contrarreloj, el sueldo de asesor de Carrasco aparece como un pegamento para asegurar lealtades en una Cartagena políticamente convulsa.

Un modelo de control exportado desde Madrid

Expertos jurídicos que han seguido de cerca la deriva orgánica del partido también advierten de que este sistema de asesores-vigilantes roza la ilegalidad: “Es absolutamente inconstitucional. Nuestra Constitución prohíbe el mandato imperativo, pero Vox usa el dinero público de las asesorías para asegurarse de que el concejal vote lo que el partido le manda desde fuera”.

La caída de José Ángel Antelo, nombrado presidente de la gestora de Vox en octubre de 2020 y vicepresidente de la Región en septiembre de 2023 hasta julio de 2024, forma parte de la purga que Santiago Abascal está llevando a cabo contra las figuras más fuertes de Vox en los distintos territorios de la geografía nacional, y que ya se ha cobrado las cabezas de otros nombres del partido como Javier Ortega Smith o Juan García-Gallardo.

Su salida del ejecutivo autonómico ha provocado una fuerte división en el partido, dejando un crisol de sillas y sillones libres que no están tardando en ser asignadas. Pero no todos aceptan el reparto: en Totana, el grupo municipal entero prefirió el portazo a la sumisión, abandonando el partido tras ver cómo se 'despachaba' a quien se había “dejado la vida por el proyecto”. Es la paradoja de la nueva etapa de Vox Murcia: una formación que se desangra en militancia y cargos electos mientras reconfigura su red de cargos menores para los que deciden quedarse a bordo. Consultados por este medio, desde el departamento de prensa de Vox Murcia han declinado hacer valoraciones sobre estos nombramientos.

El hallazgo de un tesoro artístico y documental ha sacudido el panorama de la memoria histórica española con la aparición de 53 ilustraciones inéditas. Estas obras, creadas por el marino Luis Sarabia durante los años más crudos de la Guerra Civil, ofrecen una perspectiva íntima de un conflicto que marcó a toda una generación. El autor, nacido en Madrid en 1910, plasmó con maestría sus vivencias en el puerto de Cartagena, un enclave estratégico fundamental durante la contienda. Tras permanecer en el olvido durante más de tres décadas, este conjunto gráfico sale ahora a la luz para revelar la realidad cotidiana de la guerra. La importancia de estas láminas trasciende lo puramente estético, convirtiéndose en un testimonio directo de los hechos que precipitaron el final de la Segunda República. Gracias a la iniciativa de diversas instituciones culturales, el legado de este marino mercante movilizado por el gobierno republicano recupera finalmente su lugar en la historia.

Luis Sarabia procedía de una familia burguesa con una sólida tradición militar, aunque él siempre sintió una inclinación especial por la navegación civil y la marina mercante. Sin embargo, el estallido de la rebelión militar alteró drásticamente sus planes profesionales y sus sueños personales de juventud. Fue movilizado por la República en octubre de 1937, siendo destinado al puerto militar de Cartagena, donde permanecería hasta el cese de las hostilidades. Durante ese periodo de casi dos años, el joven marino compaginó sus deberes militares con una pulsión artística incesante y necesaria. En sus dibujos, Sarabia no solo registró los movimientos de los buques o las defensas portuarias, sino que capturó la esencia misma de la supervivencia humana. 

La historia de cómo estas ilustraciones han llegado a rescatarse empieza con el tiempo en que permanecieron ocultas en un cajón de la vivienda familiar, guardando el silencio de un pasado doloroso que el autor prefirió mantener en la esfera privada. Fue tras el fallecimiento de Luis Sarabia en 1972 cuando su hija mayor descubrió este legado gráfico mientras revisaba las pertenencias paternas. Durante más de treinta años, el secreto de estos apuntes de guerra se mantuvo bajo la custodia de sus herederos, lejos de las miradas de los historiadores. Ahora, el volumen titulado Biografía de la guerra permite que el público general acceda a estas 53 piezas que mezclan la realidad con la memoria. Este rescate documental ha sido posible gracias a la colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la prestigiosa Casa de Velázquez.

El estilo artístico de Sarabia destaca por el uso predominante del lápiz y la técnica de la sanguina, herramientas que le permitieron trabajar en condiciones precarias. Al igual que Francisco de Goya hizo en su célebre serie sobre los desastres de la guerra, el marino quiso añadir pequeños textos explicativos a cada estampa. Estas breves anotaciones aportan un contexto humano y sociológico que enriquece enormemente el valor de las ilustraciones originales, fechadas y firmadas por su autor. Muchos de estos dibujos son relativamente pequeños, aunque el conjunto incluye una obra de dimensiones excepcionales que alcanza 180 centímetros de largo. La técnica empleada refleja una formación sólida y una sensibilidad capaz de captar los matices de la luz y la sombra en el puerto mediterráneo. Cada trazo parece buscar la objetividad del documento histórico sin renunciar nunca a la expresividad emocional que requiere el relato de una tragedia.

Las temáticas abordadas recorren el espectro completo de la experiencia bélica en la retaguardia portuaria. En sus láminas aparecen autorretratos que muestran el paso del tiempo, así como escenas desgarradoras de la hambruna y la mendicidad que asolaban a la población. Los bombardeos aéreos son una presencia constante en su obra, mostrando la destrucción de edificios emblemáticos y el trauma psicológico sufrido por los combatientes. No obstante, Sarabia también dedicó espacio a la solidaridad, retratando gestos generosos de soldados que compartían su ración de comida con niños hambrientos en las calles. La sátira política también tiene cabida en su cuaderno, con mofas dirigidas a los burócratas del régimen estalinista y reflexiones sobre su propia condición. 

Antes de que la guerra irrumpiera en su vida, Luis ya había demostrado su talento con un cuaderno dedicado a su novia en 1931. Aquella obra temprana, compuesta por cuarenta estampas, narraba una historia de amor dividida en etapas vitales como el noviazgo, el matrimonio y la muerte. Tras el fin de la contienda en 1939, el artista tuvo que adaptarse a la nueva realidad de la dictadura franquista para poder subsistir. A pesar de haber sido investigado por la policía debido a sus antecedentes republicanos, logró trabajar realizando figurines de moda femenina y mapas para navieras. El dibujo siguió siendo su refugio personal y su medio de vida, permitiéndole compatibilizar hasta tres empleos diferentes para sacar adelante a su familia. 

Documento excepcional

La actual publicación del libro Biografía de la guerra cuenta con el respaldo de instituciones como el Instituto Cervantes de Amán y la Secretaría de Memoria Democrática. El editor del volumen es Javier Moscoso, investigador del Instituto de Historia del CSIC y nieto del propio marino Luis Sarabia que realizó los dibujos. Moscoso señala que estas ilustraciones constituyen un documento excepcional para comprender la microhistoria y la experiencia sensorial de quienes participaron en la contienda. El libro incluye un catálogo detallado de las 53 obras, junto con una biografía del autor y una introducción institucional del centro. Los historiadores del arte encuentran en este material nuevos elementos para vincular las formas de expresión con la vivencia traumática de los bombardeos. 

Esta iniciativa busca rescatar del olvido un testimonio que, pese a su origen privado, posee una trascendencia histórica innegable para el país. Ahora toca a los lectores discernir el valor de Sarabia como cronista de su tiempo y valorar su relato visual de la guerra que permaneció oculto durante tantas décadas. Las estampas de Luis Sarabia ya no son solo recuerdos privados de un marino enamorado que sobrevivió a la tragedia, sino una lección de humanidad. Al final, sus trazos logran lo que él siempre sostuvo: que la memoria y el arte tienen el poder de sobrevivir a la propia muerte del autor.

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha denunciado este miércoles la negativa de PP y Vox en sede parlamentaria a hacer públicos los resultados del estudio sobre la contaminación por metales pesados del Campo de Cartagena que la Consejería de Agricultura encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023 y que revelan altos niveles de metales pesados en las tierras de cultivo del arco sur de la comarca.

La coalición de izquierdas ha llevado al Hemiciclo una moción para exigir al Ejecutivo regional no solo la publicación inmediata del informe, sino también la puesta en marcha de medidas urgentes, como aplicar el principio de precaución y adoptar los controles necesarios de los productos agrarios en aras de proteger la salud de los consumidores y de los trabajadores del campo, y aprobar antes de finales de 2026 el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam).

Sin embargo, los votos en contra de la derecha y la ultraderecha han rechazado la iniciativa, pese a los favorables de Podemos-IU-AV y PSOE, de modo que el informe, cuyos resultados certifican que los niveles de plomo y cadmio son, respectivamente, diez y cinco veces superiores a los límites legales en tierras agrícolas, no verá la luz. “El pasado 4 de febrero, la Consejería de Agricultura resolvió en documento oficial, ante una solicitud de información pública, que el informe no existía”, ha explicado Marín durante su intervención. Pero unos días después “cambió la versión y admitió que el estudio había sido entregado, pero que no cumplía con los objetivos y que iba a reclamar a la universidad el reintegro de la subvención, de 293.035 euros”.

“La consejera, Sara Rubira, ha mentido. Sí tenían el informe. Los han pillado con las manos en la masa, y mentir en documento público es un delito”, ha manifestado la diputada, antes de enunciar varias preguntas que no han obtenido respuesta. “¿Por qué han mentido? ¿Por qué no quieren hacer públicos los informes? ¿Qué pone en ese estudio que tanto miedo tienen?”.

“Existe un grave problema de contaminación por metales pesados en el Campo de Cartagena que proviene de la Sierra Minera. No pueden negar la evidencia. Frente a eso, la estrategia del PP ha quedado clara. Es mejor callarse, a ver si el problema se resuelve solo o se olvida. Es lo que llevan haciendo 30 años. Pero los problemas no se resuelven solos. Se agravan. Lo mismo que ha pasado con el Mar Menor”, ha proseguido.

La diputada ha acusado a la bancada popular y a los sucesivos ejecutivos autonómicos de “dañar a los agricultores por hacer caso omiso y no tomar ninguna medida para descontaminar la Sierra Minera”.

Por su parte, el diputado de Podemos-IU-AV José Luis Álvarez-Castellanos ha responsabilizado a Sara Rubira de “negar la evidencia” del informe, que fue entregado a la Consejería en mayo de 2025, y de no ofrecer ni una sola explicación al respecto en la Asamblea cuando se le interpeló por ello. “Se limitó a leer el decreto de concesión de la concesión del estudio, y a decir que no aporta los requisitos metodológicos exigidos”, ha evidenciado.

“Este tema necesita de una explicación coherente, necesita que la consejera dé la cara y ponga los documentos a la disposición pública de esta Cámara. Ella es la principal responsable de la mala imagen del Campo de Cartagena”, ha añadido Álvarez-Castellanos.

El parlamentario de la coalición de izquierdas ha recalcado que la moción debería “haber obtenido la unanimidad” del Hemiciclo. “Rubira está atentando contra el derecho a la información pública de una situación que pone en riesgo la salud de todos”, ha concluido.

José Ángel Antelo ha estrenado este miércoles el escaño más solitario del Parlamento murciano. Se trata de su primer día en el Grupo Mixto, después de que el pasado lunes la Mesa de la Asamblea Regional aceptase la segunda solicitud de Vox de expulsarlo y retirarle la portavocía. Ahora, comparte grupo parlamentario con los portavoces de Podemos e Izquierda Unida-Verdes, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos.

Un aislamiento doble, ya que no es solo es espacial, sino también ideológico. En principio, se esperaba que el exportavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional se sentase junto al portavoz de IU-Verdes, Álvarez-Castellanos, en el hueco que con anterioridad ocupaba el diputado de Vox Pascual Salvador. Pero ese asiento ha quedado vacío, y Antelo ha sido trasladado al ala contrario. Una convivencia distante. Salvador, por su parte, ha sido reubicado dos filas más abajo, junto a sus compañeros de grupo, con un semblante más sonriente.

A su entrada en el hemiciclo, Antelo solo ha conversado con el portavoz del PP, Joaquín Segado, aunque él insiste en que ha hablado con más diputados. Sobre su futuro en el Grupo Mixto, Antelo ha reconocido no tener toda la información: “Soy una persona que viene de otro mundo. No soy un político profesional, estoy seguro de que [los políticos profesionales] saben absolutamente cómo funciona, especialmente, el tema econonómico”, ha explicado, al tiempo en el que ha incidido en la idea de que cada partido debería financiarse con medios propios.

Se espera que presente propuestas e intervenga de forma independiente a sus compañeros del Grupo Mixto, aunque no ha desvelado cómo va a gestionar esta nueva etapa política: “Primero voy a ver cómo se desarrollan las cosas”. Sí que ha adelantado que pretende mantener, al menos, parte de la agenda política que tenía con Vox: “Mi idea es que haya un acuerdo presupuestario”, ha señalado.

Por el momento, no tiene despacho ni dotación asignada, algo para lo que, previsiblemente, deberá esperar a la próxima semana. También se desconoce si compartirá despacho con sus nuevos compañeros de Podemos e IU-Verdes: “Es el menor de mis problemas”, apunta.

 34.020 euros menos para Vox

Solo han pasado dos días desde que Antelo y Vox separasen de forma definitiva sus caminos, cuando la Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia aceptó la solicitud de Vox de trasladar a José Ángel Antelo al Grupo Mixto. El proceso ha tenido tintes de agonía, al extenderse una semana y no obtenerla a la primera. El pasado miércoles, Vox ya presentó un escrito para el cambio de portavocía, que la Mesa no tramitó porque el Grupo Parlamentario utilizó la firma digital de Antelo para la petición.

A su salida, Vox ha ganado, en sus palabras, una renovación. Pero ha perdido la asignación económica correspondiente al escaño de Antelo, que asciende a 34.020 euros anuales. Esa cuantía ahora la recibirá el Grupo Mixto, pasando de una importe anual de 171.240 euros a uno de 205.260 euros.

Antelo ha aprovechado su comparecencia ante medios para reiterar que se querellará contra todo aquel que ha difamado a su mujer, después de que Vox lo acusase de tráfico de influencias. Ha afirmado que su abogado, el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y aún afiliado de Vox, Juan García-Gallardo, conoce “las malas praxis” del partido: “Lógicamente ya le dije que a todo aquel que me difamase se le enviaría un burofax para que rectifique y que, acto seguido, se le enviaría una querella”, ha advertido.

La Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia ha aceptado la solicitud de Vox de trasladar a José Ángel Antelo al Grupo Mixto. El hasta ahora portavoz del Grupo Parlamentario Vox compartirá a partir de ahora espacio con los portavoces de Podemos e Izquierda Unida, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos.

También la Mesa ha requerido a Vox que elija a un nuevo portavoz parlamentario tras la salida de Antelo. La portavocía pasará a estar en manos de Rubén Martínez Alpañez, tal y como intentó el Grupo Parlamentario Vox el pasado miércoles. Entonces, Antelo denunció que el partido había usado su firma para tramitar su sustitución como portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional.

Tras su traslado al Grupo Mixto, Antelo ha insistido a este diario que no va a abandonar su acta de diputado: “Voy a hacer lo que dije que iba a hacer, que es cumplir mi palabra tenga el coste que tenga. Seguiré trabajando por la Región y por España esté donde esté, sea en el Parlamento o en la sociedad civil”.

Nuevo reglamento del Grupo Mixto

Con la integración de un nuevo miembro en el Grupo Mixto, la Mesa ha acordado instar a la nueva composición de este grupo parlamentario a preparar un nuevo reglamento de funcionamiento interno. Tendrán hasta las doce del mediodía del próximo 18 de marzo.

El secretario de Organización de Podemos, Ángel Luis Hernández, ha recordado que el Grupo Mixto ya dispone de un reglamento, y que además este ya contempla la posibilidad de incorporar a nuevos miembros: “Y así ha sido, a mitad de legislatura Víctor Egío cedió el acta y José Luís Álvarez-Castellanos [Izquierda Unida-Verdes] aceptó el reglamento interno”, ha recordado.

Hernández no descarta que, con la incorporación de un nuevo diputado al Grupo Mixto, este vuelva a tener los mismos tiempos de intervención que el resto de partidos. A inicios de esta legislatura, se acordó rebajar al Grupo Mixto estos tiempos, debido a que la Cámara consideró que debía ser proporcional al número de diputados, que en ese momento eran dos.

“Creemos que en todos sitios que cabe todo el mundo. Nos organizamos la pasada legislatura para convivir con mucha gente, es una seña nuestra de identidad”, ha adelantado el secretario de Organización de Podemos.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ya tiene nuevo primer teniente de alcalde. El portavoz de Vox en el municipio, Gonzalo López Pretel, sustituirá a Diego Salinas, que abandonó la formación de Abascal el pasado miércoles. Lo ha anunciado la propia alcaldesa, en una maniobra con la que espera sortear la crisis con sus socios de coalición. Pese a su cese como primer teniente de alcalde y la pérdida de su posición dentro de la Junta de Gobierno, Salinas conservará la cartera de Desarrollo Económico, Empresa e Industria.

La de Salinas fue la primera salida de Vox a causa del cese del ex presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo: “La deriva del partido y el trato dado a Antelo son incompatibles con los principios y valores que siempre he defendido”, publicó el ya ex teniente de alcalde en sus redes sociales. Salinas fue fichado por el propio Antelo en el año 2022, llegando a encabezar las listas de Vox en las elecciones municipales de 2023.

En declaraciones a Cadena SER, Pretel ha calificado la crisis municipal de su partido como una réplica sísmica: “Cuando hay un terremoto después hay réplicas o ondas expansivas y este es el resultado de aquella”, ha definido.

A su salida, Salinas permanecerá en el pleno cartagenero como concejal no adscrito, dejando al gobierno compuesto por diez ediles del Partido Popular, tres de Vox y su propio asiento. Para Petrel, la nueva configuración del pleno no debilita a la coalición: “Nosotros seguimos teniendo el mismo peso dentro del Gobierno que cuando firmamos el pacto con cuatro concejales”.

“Seguimos siendo tres concejales y no tengo ningún indicio de que eso vaya a cambiar”, ha asegurado, descartando una nueva sangría de concejales de Vox.

El nuevo teniente de alcalde ha reprochado a Salinas que quiera mantener su acta como concejal: “Somos concejales porque nos presentamos por una lista con unos valores y unos principios. Cualquier cosa que no sea entregar el acta es secuestrar la voluntad popular y hacer una apropiación indebida de esos votos”, ha valorado, exigiendo “públicamente” que la entregue.

El incendio forestal declarado en la noche del sábado en el entorno de Cabo Tiñoso, dentro del espacio protegido de Sierra de la Muela, en Cartagena, ha quedado estabilizado tras horas de intenso trabajo de los servicios de emergencia. El fuego generó momentos de máxima preocupación por la dificultad de acceso al terreno, el viento y la proximidad a zonas con presencia de visitantes.

Se prevé que el incendio pueda darse por controlado en las próximas horas, especialmente tras la incorporación de dos helicópteros con base en Alcantarilla y La Pila, que ya operan sobre el terreno junto a una brigada helitransportada para atacar los puntos calientes y afianzar el perímetro.

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha informado en la red social X que el incendio evoluciona más lentamente desde las 7.00h de la mañana del domingo, ya que el viento ha amainado “bastante”.

Las primeras valoraciones realizadas desde el aire sitúan provisionalmente la superficie afectada entre 80 y 90 hectáreas. Mientras continúan los trabajos, los accesos a Cabo Tiñoso permanecerán cerrados con el fin de no interferir en las labores de extinción y garantizar la seguridad del operativo.

La alerta se produjo alrededor de las 21:43 horas, cuando una embarcación de Salvamento Marítimo de Cartagena avistó un incendio de grandes dimensiones en la ladera de Cabo Tiñoso y alertó al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia. Poco después, desde el 112 recibieron más de una decena de llamadas de particulares que confirmaban la presencia de llamas en la zona afectada.

Desde el inicio del incendio se ha desplegado un amplio operativo terrestre compuesto por brigadas forestales de diversas localidades de Murcia, bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y agentes medioambientales, además de recursos que han ido reforzando las labores de extinción durante la madrugada. 

La orografía accidentada del terreno, el matorral espeso y las fuertes rachas de viento que soplaban en la tarde y noche del sábado han complicado las labores de extinción, dificultando el acceso de maquinaria y equipos al interior del perímetro afectado.

Hasta el lugar se desplazaron el consejero de Emergencias y portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, quienes agradecieron el trabajo del operativo y destacaron la coordinación entre los medios de extinción municipales y autonómicos.

Desalojo de caravanas y rescate

Como medida preventiva ante la proximidad del fuego al área recreativa y zonas de estancia temporal, las autoridades ordenaron el desalojo de alrededor de 80 caravanas que estaban estacionadas en la Rambla de la Azohía, situada a poca distancia del frente activo del incendio. 

Además, dos senderistas que se encontraban refugiados en una cueva cercana al incendio celebrando San Valentín fueron rescatados sobre las 02:30 horas por el Servicio Marítimo, según fuentes oficiales.

Las primeras valoraciones de fuentes municipales han señalado que el incendio podría haberse originado por la caída de cables eléctricos debido a las fuertes rachas de viento que afectaban a la zona la noche en que se declaró el fuego. 

Las autoridades recomiendan no transitar por Campillo de Adentro, así como por la carretera (RM-E23) que une esta población cartagenera con la batería militar de Castillitos, ha informado el ayuntamiento de Cartagena, que también desaconseja hacer senderismo en la zona.

El entorno de Cabo Tiñoso y la Sierra de la Muela es uno de los paisajes más valiosos del litoral cartagenero, integrable en espacios protegidos como la Red Natura 2000 y con hábitats sensibles tanto terrestres como marinos. La estabilización del incendio reduce el peligro inmediato, pero los equipos mantienen el despliegue para asegurar la completa extinción.

El secretario de Comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, se ha desplazado este miércoles hasta el solar municipal contaminado por metales pesados que el Ayuntamiento de Cartagena adquirió en el barrio de Los Mateos para construir vivienda social en junio de 2023, donde el pasado lunes la Guardia Civil comenzó una investigación para determinar si la descontaminación del terreno, en marcha desde finales enero, se está realizando conforme a la normativa ambiental.

“Hemos hablado con los vecinos y vecinas del barrio de Los Mateos, algunos de los cuales viven pegados a los acopios de tierra tóxica. Aquí hay muchísima preocupación e indignación por la manera absolutamente vergonzosa en la que se está llevando a cabo la descontaminación de estos terrenos municipales”, ha explicado Egío.

“Se trata de una parcela donde los informes previos ya advertían de que había niveles de plomo, cadmio, mercurio o arsénico hasta 2.600 veces superiores a los niveles de referencia, y con un peligro no aceptable para la salud de los vecinos”, ha añadido.

El secretario morado ha advertido de que “todo lo que protege a los vecinos de estos residuos es una verja endeble y una lona de plástico que ni siquiera cubre una tierra que se está dispersando con el viento por todo el entorno”. “Con las lluvias de los últimos días, además, se está filtrando también al acuífero y se están generando escorrentías”, ha remarcado.

Además del Seprona de la Guardia Civil, también ha realizado comprobaciones en la parcela la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). “Desde Podemos exigimos que se depuren todas las responsabilidades no solo por estos trabajos de descontaminación, sino también por la adquisición de estos terrenos por parte del Ayuntamiento cuando se sabía que estaban contaminados, y detrás de la cual hay intereses oscuros y personales de Noelia Arroyo y de Ana Belén Castejón”, ha concluido Egío.

“Esto es una tortura”, así define Daniel Andreu, miembro del comité de empresa de Sabic, el calvario que viven él y sus compañeros desde que se les comunicó el posible cierre de la planta en La Aljorra (Cartagena). Apenas ha pasado un mes desde que la empresa anunció a sus empleados la venta al fondo buitre Mutares de su fábrica Lexan 1. Sin noticias, sin un plan social, sin salida estipulada. Desde entonces, los trabajadores y el comité de empresa se han visto sometidos a un calendario maratoniano para intentar detener el cierre, entre paros, manifestaciones, encuentros con la prensa y reuniones con los principales partidos políticos, y representantes del gobierno local, regional y central.

Echando la vista atrás, la noticia del cierre fue un disparo a bocajarro que no les terminó de sorprender del todo: “Antes de que lo comunicaran oficialmente ya había un pequeño rumor. Pero la noticia a los trabajadores y al comité de empresa nos llega el día 9 de enero. Viene Rütger Bosch [director de la empresa en Europa] desde Holanda y se junta con la dirección. Nos comentan que estamos inmersos en una compra venta del negocio a nivel europeo y de Estados Unidos y que se contempla el cese de la de la producción de Lexan 1. Así te lo dicen y así lo tienes que gestionar”, lamenta Rafael Pedreño, miembro del comité de empresa.

“Hace ya más de un año que cambiaron el CIF de la empresa. Era una sociedad corporativa por acciones con un capital de 500 millones y lo cambiaron a una sociedad limitada con un capital de cero millones. Es decir, descapitalizaron la sociedad como sociedad limitada. Eso según el manual de cierre y venta solo se hace para cerrar o vender una planta”, detalla Pascual Sánchez, presidente del Comité de empresa de Sabic.

“Sabic instaló capacidad productiva en China y en Arabia. Y cuando esa capacidad la han tenido lista, han decidido dejar de fabricar en Europa, porque en Europa no va a fabricar ni ellos ni nadie, porque en Europa no se puede”, sostiene el presidente del comité de empresa.

De acuerdo con Sánchez, el músculo industrial europeo no puede competir con el plástico de fuera del continente: “El precio de venta al público del plástico chino está entrando en Europa a precio de venta al público de 1,20. Nosotros lo producimos a 2,8, a eso le tienes que sumar los impuestos y luego venderlo para darle beneficios”.

Uno de los caminos que conducen hasta la planta pasa por un pequeño viaducto, que forma un túnel de apenas unos metros para la carretera de acceso. En sus paredes reza “No al ERE de Sabic”, vestigios del Expediente de Regulación de Empleo de 2020 por el cierre de la unidad de Ultem, que segó 76 empleos. En 2023 llegó el turno de la planta Lexan 2, tras dos ERTE previos, y se saldó con 112 despidos más: “Nosotros ya en 2020 dijimos, cuando cerraron la primera fábrica, que esto era una deslocalización industrial encubierta. Bueno, ahora ya no es encubierta porque es más que clara y manifiesta”, recuerda Sánchez.

El próximo 24 de febrero el comité de empresa tendrá la primera toma de contacto con los futuros compradores de la planta, con representantes de Mutares desplazándose hasta Cartagena. La semana pasada, el comité de empresa se reunió con la dirección europea de Sabic en Holanda para intentar evitar el cierre de la planta.

“Llevamos un mes sin dormir”

Rafael tiene 49 años y un hijo de quince: “Tengo hipotecas. Tenía planes y todo eso se paraliza cuando una noticia te llega así. En lo primero que pienso es en el día a día, en cómo voy a pagar las actividades del niño, cómo voy a pagar la hipoteca este mes. Por favor, que no se me rompa el coche. Aquí hay 517 historias, que hay que sumar a las 2000 historias de las empresas auxiliares. Todas diferentes y a cada cual más grave”.

“Tengo 53 años, mi hermano [también trabajador de la planta] tiene 55 años. ¿Dónde vamos?”, se pregunta Andreu. “El ánimo está por los suelos. Hay gente que con la edad que tenemos, que todos rondamos los 50 años, no saben lo que van a hacer. Llevan toda la vida aquí trabajando y en la industria en la Región de Murcia no hay mercado para nosotros”, advierte Pedreño.

“La conversación que teníamos esta mañana en el comedor con los trabajadores que estaban allí era sobre las horas de sueño que llevábamos desde que nos lo dijeron. He oído como una compañera le ha recomendado a otra unas pastillas para poder dormir, que ella las utiliza, que le va muy bien. Ese era el tema de conversación, que llevamos un mes sin dormir”, describe Juan Lozano, miembro del comité de empresa de Sabic.

La presión y la incertidumbre es, en palabras de Andreu, un “riesgo psicológico”: “El martes pusimos una denuncia a la inspección de trabajo, esto es un riesgo al que nos someten de forma gratuita. Tenemos un psicólogo para más de 500 personas, el servicio ya está desbordado”.

El caso de Daniel Andreu es, como define el sindicalista e historiador José Ibarra Bastida, ejemplo del “eterno retorno” de la reconversión industrial en Cartagena. En 1992, cuando se quemó la Asamblea Regional, su padre Juan Andreu era sindicalista de Comisiones Obreras y presidente del comité de empresa de Peñarroya. Esta fundición, el astillero de Bazán y las tres fábricas de fertilizantes del Valle de Escombreras entraron en crisis, dilapidando centenares de puestos de trabajo en Cartagena: “Yo me dedicaba a sacar los estudiantes a manifestarse y estábamos ese día en la calle, el día de la quema”, recuerda Andreu hijo.

“Se pegaron al cuerpo 127 manifestaciones. Una caminata a Murcia. Mi padre no había andado en su puta vida y llego con los pies destrozados, llevaba mis botas. Durmieron en Corvera en un pajar, acabaron llenos de caparras. Se encadenaron en la Asamblea. Tiramos piedras en San Esteban”, detalla.

“Mi padre, como líder sindical, fue vetado en muchos sitios. Era otra época donde no se entendían las condiciones sindicales. Tuvimos que buscar trabajos precarios, tanto mis hermanos como yo, para poder mantener la familia y comer como fuera”, describe Andreu. Ahora, 34 años después, la historia se repite: “Estamos experimentando la tristeza, el dolor y la desesperación que se vivió en ese momento, nos vuelve a dar la punzada en el corazón”, lamenta. Ironías del destino, la reconversión industrial en Cartagena dio paso a nuevas factorías, entre ellas Sabic (entonces a nombre de General Electric Plastics) en 1994.

La diferencia entre los años 90 y la actualidad, alertan desde el comité de empresa, es que ahora no hay músculo industrial para absorber a todos los trabajadores que se van a ver en la calle: “De momento nos vamos a encontrar que van a acabar en la calle sobre unas 300 o 350 personas que llevan 25 años trabajando en el sector. No hay tanta industria en la Región para absorber tal cantidad de trabajadores y tan cualificados como hay aquí”, explica Pedreño.

El pasado 2 de febrero, el Gobierno Regional presentó su Plan Industrial 2026-2035, una hoja de ruta con el objetivo de incrementar un 30 por ciento la contribución de la industria a la economía regional y alcanzar los 100.000 empleos industriales, con más de 15.000 nuevos puestos de trabajo y 45.000 oportunidades vinculadas al relevo generacional. Pero Andreu teme que no llegue a tiempo para los trabajadores de Sabic y los de las empresas auxiliares: “No hay capacidad. Ahora mismo no hay ninguna empresa que se vaya a asentar ni que esté discutiendo de terrenos. Están discutiendo de un plan que vendrá a medio largo plazo”, ha alertado.

Por ahora, la empresa propietaria de la planta asegura que “no ejecutará medidas de reestructuración en estos momentos y mientras pertenece al grupo SABIC” y se compromete en “mantener operaciones seguras para los empleados y la comunidad en la que opera”.

Sin embargo, no descartan que, una vez la planta esté en manos de Mutares, pueda echar el cierre: “Se entiende que, tras completar el proceso de adquisición, el comprador considerará opciones para la reestructuración del negocio con el objetivo de mejorar el actual rendimiento financiero negativo. Estas opciones podrían incluir el cese de producción de la línea LX1 en Cartagena”.

“Una vez que se haya tomado la decisión por parte del comprador y que se conozcan los detalles de una potencial reestructuración, el comprador analizará qué medidas corresponderían adoptar, asegurando el cumplimiento de los procedimientos legales que puedan ser de aplicación”, abundan.

Sobre el acuerdo preliminar de compraventa, Sabic detalla “el alcance de la transacción incluye los activos de producción y la comercialización de termoplásticos de ingeniería (por ejemplo, PC, PBT, ABS), incluyendo los activos localizados en España, así como centros de Innovación & desarrollo”, describen desde Sabic, que anticipan que la transacción será finalizada antes de finales de 2026.

Incertidumbre doble para las empresas auxiliares

“Sabemos que fuera no hay trabajo. Si al menos tuviéramos el alivio de que si nos echan de aquí podemos irnos a otro sitio, pero es que realmente sabemos que fuera no tenemos nada todavía”, lamenta Teresa Alcantud, delegada sindical de CCOO en CTC, una de las empresas auxiliares de Sabic.

La incertidumbre se hace doble en el caso de las empresas auxiliares. Casi 30 compañías prestan servicio a la multinacional saudí en Cartagena, aglutinando a más de 2.000 trabajadores: “En mi caso estamos mi marido y yo. Él va a cumplir 57 años y yo tengo 55. En mi empresa un 20% tenemos esta edad”, explica. Si su empresa cae junto a Sabic, de un día para otro se quedarán sin ingresos.

“Estamos muy asustados. Al principio [antes de que se anunciase el cierre de Sabic] oímos rumores, pero no los tomamos muy en serio. Ahora tenemos el miedo dentro del cuerpo”, describe la trabajadora.

De acuerdo con Alcantud, los trabajadores de las empresas auxiliares están viviendo este proceso a ciegas, y con temores a no recibir las mismas coberturas sociales que los trabajadores de Sabic: “Mi empresa supuestamente no tiene de momento ninguna información, por lo que no hemos podido hablar con ellos. Sabic aún no les ha trasladado el cierre”, abunda.

“El tiempo corre. Uno está trabajando, sigue siendo un profesional y sigue estando aquí a muerte. Pero imagínate la cabeza donde la tenemos, entre Pinto y Valdemoro. Necesitamos que se pronuncien seriamente y digan que esto es lo que hay”, urge.

El comercio de La Aljorra, en una incógnita

Lexan 1 está afincada en La Aljorra, una diputación de más de 4.000 habitantes dependiente de Cartagena. A su alrededor, el infinito paisaje agrícola se ve interrumpido por naves industriales. Al fondo, como un telón, se extiende la planta de Sabic. Desde la carretera se pueden ver a tres jornaleros tratando de remolcar un coche del barro, rodeados de coliflores.

Dentro de La Aljorra, en el centro cívico, se siguen despachando cafés, pero menos: “Ya no vemos a las de la ETT”, explica una mujer fumando en la terraza. Ella y su amiga acaban de llegar, relevando a una mesa repleta de señores de sonrisa cuarteada y ojos brillantes. “Tenemos amigos trabajando en las auxiliares. Nos dicen que no saben si los van a despedir o no, que tienen mucho miedo”, abunda la otra mujer.

“Las empresas cuando le ven las orejas al lobo lo primero que hacen es echar a gente. Eso impacta aquí en el pueblo. La industria auxiliar aquí deja dinero”, apunta Ángel, vecino de la zona. “Tenemos un local que abre solo para dar los desayunos, no abre el resto del día. Ellos tendrán que cerrar”, vaticina.

Son casi las tres de la tarde, pero el comedor del restaurante de Patricia está vacío con la salvedad de dos trabajadores de la planta en la barra: “Los autónomos lo vamos a notar. Tenemos pagamentas, en enero como siempre sube todo y si encima perdemos clientes, no se puede”.

“Ha bajado bastante la cosa. Aquí servimos menú diario, normalmente unos 15 o 20. Miras como está ahora [la sala], hace un mes o así a esta hora estaba corriendo de un lado para otro para poner los postres”, describe Celia, su empleada. “El cierre nos va a afectar a todos nosotros, a la gasolinera, los supermercados, a todo el mundo”, abunda Patricia.

“Este sábado vamos a hacer un concierto, para ver si atraemos a la gente de la zona. Haremos también un menú especial para el Día de los Enamorados. Si desaparece una parte de la clientela, tendremos que fomentar la otra”, detalla Celia.

“Soy amiga de ellos, los conozco muchísimos años prácticamente a todos. Llevan muchos años trabajando ahí [los empleados de Sabic], y ahora los quieren echar con una mano delante y una detrás. Igual que ellos han dado la cara por esa empresa tantos años, lo normal es que la empresa de la cara ahora por ellos”, razona Patricia.

“Al final haces familia, ¿sabes? Se les coge aprecio, vienen, te cuentan y tú les escuchas”, explica Marisa en el bar de al lado. La joven abrió el negocio hace un año junto a su pareja: “Ya no se trata del gasto que puedan hacer aquí, es el que se ausenten. El bar está triste. Muchos siguen viniendo, a lo mejor salen de la huelga o vienen a verte simplemente a tomarse algo. Yo no pierdo la esperanza”.

Cartagena es uno de los principales puertos del Mediterráneo, pero cuenta con una importante desventaja competitiva con respecto a otros enclaves similares en España y Europa. La falta de una infraestructura ferroviaria que conecte la ciudad con el Corredor Mediterráneo lastra su crecimiento económico. El impacto es directo en el comercio, el turismo y la vida diaria de sus más de 200.000 habitantes, que se sienten profundamente aislados del resto del país. “La región ha quedado desvertebrada económica y socialmente”, señala a esta redacción Roberto Barceló, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia (Consumur).

Según datos oficiales de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Cartagena cerró el 2025 como el cuarto puerto más relevante de España en el transporte de mercancías, con un total de 34.388.929 millones de toneladas (graneles sólidos, líquidos y mercancía general). Además, el Puerto de Cartagena no se entiende sin el Valle de Escombreras, un nodo industrial estratégico estrechamente ligado al tráfico portuario y ferroviario. Este enclave tuvo en 2024 un impacto económico total sobre la economía española estimado en unos 5.200 millones de euros, tal y como recoge un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) dirigido por el economista Antonio García Sánchez.

Para el investigador, Escombreras sería un polo energético e industrial de gran relevancia a nivel nacional si tuviera una conectividad ferroviaria eficiente, especialmente con un ancho europeo de vía con el Corredor Mediterráneo. “El aislamiento ferroviario real de Cartagena tiene efectos económicos claros: menos turismo, menor competitividad logística, mayor coste de exportación e importación y una pérdida considerable de oportunidades de empleo y actividad económica”, explica a este diario, añadiendo que la falta de infraestructuras obliga a mover mercancías por carretera, incrementando costes y emisiones.

Si bien no existen cifras ni estudios que cuantifiquen con precisión la pérdida económica que supone para Cartagena su desconexión ferroviaria, la mayoría de fuentes consultadas para este reportaje la califican de “grave”. “La mayor pérdida es la de oportunidades”, señala a este periódico Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena. La popular incide en que el tren es “básico” para el turismo nacional y el de congresos: “Es frustrante programar grandes proyectos y convencer a inversores cuando han cortado nuestro cordón umbilical con el centro de la península”.

Cierre de la línea Cartagena-Madrid

Los expertos coinciden en que la inversión en las líneas ferroviarias murcianas de las últimas décadas no ha sido la óptima. Un estudio sobre las infraestructuras de transporte de mercancías en la región dirigido por el Colegio de Economistas destaca su irregularidad, señalando que fue “escasa o nula” hasta el año 2013 y se incrementó de forma sensible en 2018 y 2019, coincidiendo con las obras destinadas a la infraestructura del AVE.

Además, la llegada de la alta velocidad a la capital murciana en 2022 no resolvió ningún problema a los cartageneros. Más bien al contrario, ya que el aprovechamiento del trazado de AVE ya existente a través de Alicante supuso el cierre de la línea directa convencional entre Cartagena y Madrid, forzando a los vecinos a desplazarse a Murcia para viajar a la capital.

“Para hacer 50 kilómetros, necesitas una hora. Si te descuidas, no te da tiempo ni a hacer la conexión”, cuenta a esta redacción José, que trabaja en Cartagena y se desplaza a Madrid varias veces al año por motivos laborales. Este vigilante de seguridad reconoce que suele quedarse una noche más a dormir en la capital para poder volver a su ciudad: el último AVE hacia Murcia llega demasiado tarde como para que le dé tiempo a alcanzar el último tren de proximidad hasta Cartagena.

Aplicando “criterios de coste y beneficio del propio Ministerio”, el Ayuntamiento de Cartagena calcula que el retraso de hora y media que sufren los pasajeros que tienen que cambiar de tren en Murcia habría costado hasta ahora siete millones de euros a los propios viajeros. El consistorio se basa en un análisis de rentabilidad de la estación de AVE de Elche realizado por el Ministerio de Transportes para obtener esas cifras. Este diario ha contactado con el organismo que dirige Óscar Puente para la realización de este reportaje, pero no ha obtenido respuesta.

No solo los ciudadanos pagan el precio, también lo hacen las empresas. “Las empresas asentadas en Cartagena son menos competitivas frente a otras similares ubicadas en regiones con mejor conectividad ferroviaria, lo que reduce inversiones, localizaciones empresariales y oportunidades de crecimiento local”, apunta García Sánchez.

Asimismo, el cierre de la línea Cartagena-Chinchilla, la principal vía ferroviaria de la Región de Murcia, condiciona la circulación natural del transporte de mercancías, ocasionando un perjuicio directo sobre la economía de la Región de Murcia y también de la provincia de Albacete. Así lo afirma la Comisión en defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, de la que forma parte el técnico ferroviario Antonio del Campo. “Ese corredor está dentro de la obligación de servicio público. Por lo tanto, los trenes se tienen que poner”, asegura, tajante.

Una red de cercanías obsoleta que “obliga” a utilizar el coche

Pero para los habitantes de Cartagena no todo se reduce a la falta de una línea de alta velocidad. “Si yo viviese, trabajase o estudiase en Cartagena, el primer problema para mí no sería si llegaba el AVE o no, sino tener un buen servicio de cercanías”, continúa Del Campo.

El servicio de trenes de proximidad entre las dos principales ciudades de la Región de Murcia cuenta con apenas diez frecuencias diarias y una flota especialmente envejecida, con algunos trenes fabricados en los años 80, indica el especialista. Esta conexión ferroviaria lenta y sin electrificar limita el uso cotidiano del tren como alternativa al coche, añade García Sánchez. “La gente opta por el coche, lo que encarece los desplazamientos y empeora la calidad de vida”, asevera.

Asimismo, para el economista, una de las consecuencias más graves de la ausencia de conexiones rápidas con grandes ciudades es la reducción de la llegada de visitantes y estudiantes. “Esto limita el impacto económico que genera el ocio y el turismo, particularmente el de fin de semana y el de congresos y convenciones, además de las oportunidades de intercambio cultural que impulsan sectores creativos y formativos”, subraya. Si bien desde el Ayuntamiento de Cartagena enfatizan que el número de congresos se ha incrementado en los últimos años, Arroyo lamenta que “los organizadores tienen que convencer a los colegios profesionales y asociaciones de que merece la pena el viaje”.

La llegada del AVE podría retrasarse una década

Este mes de febrero se cumplen cuatro años desde que Cartagena dejó de estar conectada por tren con Madrid. Arroyo asegura que la conexión por vía convencional no regresará hasta, al menos, finales de año. “Tenemos garantizado, por tanto, cinco años de aislamiento por ferrocarril. Es una situación vergonzosa y una enorme injusticia para los vecinos y las empresas”, lamenta. Sin embargo, la llegada del AVE podría demorarse aún más. “A la marcha que llevan las obras, es probable que esta infraestructura pueda terminarse en torno a 2033 o 2035. Estamos hablando de ocho o diez años para que realmente se puedan terminar todas las obras”, afirma Del Campo.

Para este experto, el AVE no ha llegado aún a Cartagena por motivos que nada tienen que ver con el aspecto técnico. En ese sentido, reconoce que la complejidad de las obras aumenta cuando ya hay trenes circulando, además de la dificultad añadida que supone construir un túnel para cruzar la Sierra de Altaona y acondicionar la entrada a la estación de Cartagena. No obstante, Del Campo achaca los retrasos más bien a un problema de financiación: “Estamos hablando de cincuenta kilómetros, no de doscientos. Hay mucho dinero ya metido en la conexión con Murcia y en la línea hacia Lorca y Almería. Es probable que, al acompasar todo al mismo tiempo, haya dificultades”.

Cartagena paga un “impuesto logístico implícito”

Desde la Comisión en defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, insisten en la necesidad de intensificar e impulsar las obras del tramo Murcia-Cartagena y en la de transformar el túnel proyectado de vía única en la Sierra de Altaona en un túnel de vía doble para evitar que se forme un cuello de botella. Tanto Del Campo como Barceló creen que el aislamiento ferroviario de Cartagena también tiene mucho que ver con la política y la priorización de la conectividad en otras zonas de la Península Ibérica.

En concreto, Barceló piensa que la ausencia de una política estatal articulada con respecto a este tipo de decisiones implica que se acaben tomando en función de la “fuerza” que tenga cada comunidad autónoma. Aunque insiste en que desde la organización no defienden un desarrollo “a costa de los demás”, sino “solidario”, sí que asegura que Murcia ha quedado relegada históricamente, junto a Extremadura, en el desarrollo ferroviario: “Estamos muy por debajo de nuestro potencial porque no tenemos la infraestructura”.

Desde el Colegio de Economistas tienen claro que, para posicionar la Región en los ejes futuros del transporte de mercancías, se precisa de una visión de conjunto y una adecuada planificación y cumplimiento de proyectos concretos que mejoren la conectividad por ferrocarril, tanto con Madrid como con Andalucía, además de dentro del propio Corredor Mediterráneo.

Para García Sánchez, Cartagena está pagando un “impuesto logístico” implícito, concretado en más coste en transportes y menor atractivo para inversiones. “El aislamiento ferroviario de Cartagena no es un concepto abstracto: impacta cada día en la vida de sus residentes y en la capacidad de la ciudad para crecer económica y socialmente”, puntualiza.

El fuerte temporal de viento que afecta este jueves a la Región de Murcia ha provocado varios incidentes de consideración, entre ellos tres menores heridos en Cartagena, daños en edificios emblemáticos y numerosas intervenciones de los servicios de emergencia.

En Cartagena, tres niños resultaron heridos tras desprenderse una chapa del tejado de un club deportivo situado en la calle Hermano Pedro Ignacio. El suceso ocurrió a las 15:03 horas, momento en el que una llamada alertó al Centro de Coordinación de Emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Bomberos del Servicio de Extinción, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Dos de los menores, de 10 y 11 años, fueron atendidos en el lugar y trasladados posteriormente al hospital por sus propios medios. El tercer niño, también de 11 años, sufrió una lesión en una pierna y, tras ser estabilizado, fue evacuado en ambulancia al hospital de Santa Lucía.

Tejas de la cúpula de la basílica de la Purísima Concepción desprendidas

El viento también ha causado daños materiales en Yecla, donde varias tejas de la cúpula de la basílica de la Purísima Concepción se desprendieron y cayeron a la vía pública. Como medida preventiva, se procedió a acordonar la zona y cerrar al tránsito la calle San Antonio, evitando así posibles riesgos para los viandantes. No se han registrado heridos en este incidente. Técnicos municipales y responsables del Obispado evaluarán el alcance de los daños para planificar las reparaciones necesarias.

Según ha informado la alcaldesa, Remedios Lajara, en la red social X, el área afectada ha sido asegurada y los servicios técnicos municipales trabajan ya en la evaluación de los daños.

Además, el episodio de viento ha generado numerosos avisos en Cartagena, especialmente relacionados con el tráfico y la seguridad vial. Según fuentes municipales, se han contabilizado una veintena de intervenciones, la mayoría por contenedores desplazados o volcados, así como por la caída de árboles, ramas, señales de tráfico y un poste de alumbrado, lo que obligó a actuar para garantizar la seguridad y restablecer la circulación en calles y carreteras del entorno urbano y periurbano.

Aviso naranja por fenómenos costeros

Todo ello se produce en una jornada marcada por los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El organismo ha activado un aviso naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de la Región, con previsión de vientos del suroeste de entre 60 y 75 kilómetros por hora y olas de entre 4 y 5 metros.

En el Campo de Cartagena y Mazarrón, el aviso naranja permanece activo desde las 06:00 hasta las 23:59 horas, mientras que en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas se extiende entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Además, hay avisos amarillos por viento en varias comarcas, con rachas de hasta 80 km/h en el Noroeste y el Valle del Guadalentín, y de hasta 70 km/h en el Altiplano y el Campo de Cartagena y Mazarrón. También se mantiene un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur, con olas de hasta 3 metros.

La celebración del 34 aniversario de la quema de la Asamblea Regional en Cartagena ha tenido ecos del pasado. De la misma forma que en aquel 3 de febrero de 1992 se protestó contra la reconversión industrial que dinamitaba el empleo cartagenero, este martes miles de personas se han manifestado contra los posibles despidos masivos y el cierre de la planta de plásticos Lexan 1.

A principios de enero la multinacional saudí Sabic, propietaria actual de la planta, anunció su cierre y puesta en venta al fondo buitre Mutares. De acuerdo con CCOO, están en peligro 500 empleos directos y otros 2.000 indirectos. La protesta ha partido a las 17.00 de la tarde desde la Plaza de España, recorriendo el Paseo Alfonso XIII hasta las puertas de la Asamblea Regional, donde se ha leído un manifiesto.

Junto a los trabajadores de Sabic y sus familiares han marchado también los empleados de las empresas auxiliares que prestan servicio a esta planta situada en la diputación cartegenera de La Aljorra, para las que también se prevé el cierre.También han acudido a la manifestación partidos políticos y los sindicatos representados en el comité de empresa de Sabic.

A las manifestaciones le han precedido dos paros por parte de los trabajadores de la planta, con un 90% de seguimiento en su primera jornada.

El próximo 6 de febrero tendrá lugar en Holanda una reunión entre el comité de empresa y la directiva europea de Sabic para tratar de negociar la paralización de la venta de la planta o, en su defecto, un plan social que proteja a los trabajadores despedidos. Desde el comité de empresa han adelantado que, de no obtener un acuerdo con Sabic, harán una acampada.

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, acompañada del secretario de Comunicación del partido, Víctor Egío, ha llamado este martes, desde la propia planta Lexan 1 de La Aljorra, a que “toda la ciudadanía llene las calles de Cartagena” y apoye la manifestación convocada por el comité de empresa de Sabic para defender el empleo de los trabajadores y el futuro “de uno de los pilares de la industria en la ciudad portuaria”.

“Un mes después del anuncio de la venta de la empresa al fondo de liquidación Mutares seguimos sin ninguna propuesta concreta que asegure el futuro de Sabic y el mantenimiento de los puestos de trabajo”, ha recordado Marín.

La diputada ha arremetido contra “todas las administraciones” públicas, “desde el Gobierno de España a la Comunidad Autónoma, pasando por el Ayuntamiento de Cartagena”, las cuales, a su juicio, “solo buscan ganar tiempo con una mesa de seguimiento que no supone ninguna garantía ni compromiso” con las personas que están en riesgo de perder su puesto.

Frente a esta situación, Marín ha recordado que Podemos reivindicó, desde el primer momento en que se supo la venta y el cierre de la planta de La Aljorra, la necesidad prioritaria de nacionalizar la empresa “y que sea la SEPI la que pilote la transición y no Mutares”. “Lo normal es que sea el Estado el que vele por sus sectores estratégicos, no que nuestra industria sea propiedad de un fondo alemán”, ha añadido.

La portavoz y el secretario de Comunicación participarán en la tarde de este martes en la manifestación de la ciudad portuaria, que se prevé multitudinaria y que partirá desde la plaza de España y recorrerá el paseo Alfonso XIII hasta recalar en la puerta de la Asamblea Regional. “Ayer fue la auxiliar de Navantia, hoy es Sabic y mañana puede ser Repsol. Vamos todas a una a defender el futuro de Cartagena”, ha concluido Marín.

La corporación municipal del ayuntamiento de Cartagena ha sacado adelante una declaración institucional en apoyo y solidaridad con la plantilla de la factoría de Sabic en Cartagena, declaración de la que se ha dado traslado a la empresa, al gobierno regional y al ministro de Industria. En ella, el Ayuntamiento de Cartagena traslada su apoyo a los trabajadores de Sabic y a sus familias tras las noticias sobre la venta de la planta de La Aljorra al fondo alemán Mutares y el cierre de una de sus unidades: “Esta situación genera incertidumbre laboral y afecta de forma directa al tejido industrial del municipio y a la red de empresas auxiliares vinculadas a la factoría”, han denunciado.

La corporación municipal expresa su rechazo al cierre de la planta Lexan 1 que “pone en riesgo varios cientos de puestos de trabajo directos y miles de empleos indirectos vinculados a la actividad de la planta”. En este sentido, el Ayuntamiento de Cartagena quiere recordar expresamente a la empresa Sabic y a Mutares el “esfuerzo realizado” por las administraciones que “cedieron de forma gratuita los terrenos para la instalación de la factoría en Cartagena; esfuerzo pagado con presupuesto público por todos los ciudadanos y ciudadanas y que se ha mantenido a lo largo de los años con decenas de millones de euros en subvenciones y apoyo económico”.

La Corporación municipal considera “prioritario” preservar el empleo y la continuidad de la actividad industrial en Cartagena y asume el liderazgo y la responsabilidad de este objetivo. Así, el Ayuntamiento, en el seno de la Mesa de la Formación de las Nuevas Industrias, impulsará las actuaciones necesarias encaminadas a cumplir con el mencionado fin.

El Ayuntamiento de Cartagena insta a la dirección de Sabic y a la empresa Mutares a entablar de inmediato un diálogo con el comité de empresa –con mediación de las administraciones públicas– para aportar certidumbre sobre el futuro de la planta y asumir sus responsabilidades con los trabajadores.

Respecto a la situación de la planta, han demandado información completa y periódica sobre la situación de la factoría en Cartagena, así como una negociación real con la representación legal de los trabajadores. El Ayuntamiento reafirma su disposición a colaborar en cuantas actuaciones faciliten la protección del empleo y el futuro industrial de Cartagena. También se compromete a mantener una interlocución permanente con la plantilla y sus representantes para canalizar iniciativas y trasladar la situación a los ámbitos donde corresponda adoptar decisiones.

Piden a Sabic que garanticen el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la actividad y evitar despidos. También han exigido un plan que asegure la continuidad productiva en la planta de La Aljorra, con mantenimiento de capacidades, inversiones y seguridad industrial, mediante la realización de las inversiones necesarias de modernización y actualización de las instalaciones de Cartagena, y con la puesta en marcha una hoja de ruta que ofrezca a los trabajadores garantías sobre la continuidad de la actividad y tranquilidad acerca de su futuro laboral.

También han solicitado un plan social que garantice la salida digna de cualquier empleado y oportunidades de recolocación o reindustrialización, con soluciones pactadas y no traumáticas, con medidas de protección laboral y social para toda la plantilla y las empresas auxiliares.

Igualmente, el consistorio pone a disposición de los trabajadores recursos municipales como la Mesa de Formación para Nuevas Industrias, con el fin de facilitar la reorientación profesional de esta plantilla altamente cualificada hacia sectores emergentes que se están expandiendo en el municipio.

La Corporación ha hecho un llamamiento a la unidad de acción entre las administraciones local, regional y nacional y los agentes sociales, con el objetivo de defender el empleo, sostener la industria y dar certezas a las familias afectadas.