Elisa M. Almagro


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El 25 de junio 1992, ante el entusiasmo de más de cinco millones de espectadores, los Juegos Olímpicos de Barcelona dan el pistoletazo de salida. Meses antes, el 3 de febrero, en una Cartagena herida de muerte por una profunda crisis industrial y de empleo, un cóctel molotov prende fuego al Parlamento murciano tras meses de manifestaciones. Hace 30 años se encendieron dos antorchas: una abrió las Olimpiadas; la otra fue el punto de inflexión de la lucha obrera contra el desmantelamiento de la industria cartagenera.

De ambos eventos se conservan numerosas instantáneas. Los Juegos son un icono de la cultura pop española y un referente de los primeros años de una democracia joven. La quema de la Asamblea Regional es un símbolo de la crispación de los trabajadores ante la reconversión del sector. “Las calles de la ciudad ya ardían desde hace meses. Esto no fue cosa de un solo día. El 3 de febrero se incendió la Asamblea, pero podría haber ardido 15 días antes o 15 días después”, matiza José Ibarra Bastida, sindicalista de Comisiones Obreras -CCOO-, antiguo operario del astillero Bazán, una de las industrias amenazadas de cierre durante la reconversión industrial de la comarca de Cartagena y autor del libro 'Cartagena en llamas' (Editorial Corbalán, 2016).

En los años 90, el desmantelamiento de la industria ahoga al territorio. En la década anterior, Cartagena había escapado de esta crisis del sector que había atenazado a toda España, sin saber que el precio sería vivirla concentrada en apenas unos meses. En las últimas semanas de 1991, se vinieron abajo el sector naval y el de fertilizantes, y se cerró la única fundición de plomo de la Región, y se suspendió la minería en La Unión. Se estima que unas 15.000 personas perdieron sus puestos de trabajo en los dos año que duró la crisis.

La caída de la industria

El Expediente Regulador de Empleo (ERE) en Bazán -la actual Navantia- cayó como un jarro de agua fría con la amenaza de despido de la mitad de su plantilla. Pese a existir otros centros productivos en Ferrol -Galicia- y San Fernando -Cádiz-, el Estado solo pretende despedir a personal de la sede de Cartagena: “En el astillero de Ferrol tenían como apoyo a Manuel Fraga, el que luego sería presidente de la Xunta de Galicia y un peso pesado del PP respetado en la Moncloa”, cuenta Ibarra. En Cádiz estaba como diputada por el PSOE Carmen Romero, la esposa de Felipe González, “por lo que tenían buen escudo político, y el por aquel entonces presidente de la Región, Carlos Collado, no pintaba nada en Madrid”, explica el historiador.

El plan de reconversión para las tres fábricas de fertilizantes en Cartagena, cuyos empleados llevaban tres meses sin cobrar, fue privatizar el sector y cederlo al grupo empresarial extranjero Kio al frente del empresario Javier de la Rosa, condenado en 2006 a cinco años y seis meses de prisión por apropiarse más de 375 millones de euros de la sociedad. Un “fiasco total”, en palabras de Ibarra.

En La Unión, el cierre de las últimas minas dejó en la calle a 300 trabajadores, que sobrevivían en un sector de por sí muy debilitado. Mientras que la fundición de Peñarroya, marca extendida por todo el país, cerraba su única sede en la Región sin motivo aparente.

Al llegar la navidad, los conflictos se agudizan y se convoca una gran huelga general el día 17 de diciembre 1991. La organiza Bazán, que por esas fechas la formaban casi 4.000 empleados, sumados a unos 6.000 de la industria auxiliar que había crecido a su alrededor, según la información recopilada por José Luis Romero, secretario general de CCOO en Cartagena durante los 90 y antiguo técnico de Bazán. “El día a día nos iba desbordando en el sindicato: un día había que apoyar en un problema en la fundición, y al día siguiente, se producía el cierre de una empresa auxiliar. Era una dinámica infernal”, recuerda.

La quema de la Asamblea Regional

Un mes después de la huelga, el 22 de enero, 4.000 trabajadores cartageneros se desplazan hasta Murcia para rodear el palacio San Esteban, la sede del Gobierno Regional: “Ese día reventaron todos los cristales del palacio. Todos”, relata Ibarra. Las consecuencias por el destrozo ocasionado en la capital no se hicieron esperar.

En la mañana del 3 de febrero, en una nueva concentración frente a la Asamblea Regional, los agentes policiales cargaron contra los manifestantes. “El día fatídico. Los antidisturbios nos la tenían guardada por lo que hicimos en Murcia, y a la primera de cambio cargaron contra 30 compañeros”, asegura Ibarra. Tras esto, los cartageneros volcaron meses de incertidumbre, sufrimiento y frustración: “A partir de ahí 2.000 o 3.000 personas de Bazán salimos en turba. Les habían pegado a los nuestros y decidimos ir a defenderles”.

Fue toda una batalla campal: 200 policías contra 2.000 obreros. Detenciones, sirenas, gritos, explosiones, pelotas de goma, bombas de humo y pedradas. Un enfrentamiento que duró horas y que se saldó con 40 heridos: 20 manifestantes y 20 policías. Los disturbios llegaron a su clímax cuando un cóctel molotov se cuela en una de las ventanas reventadas del Parlamento murciano: “Fue el conato máximo. Pedíamos trabajo y la policía nos recibió a palos”, concluye Ibarra.

El año del incendio, el año de los juegos

La escalada de las manifestaciones de los trabajadores industriales consiguió introducir en la agenda política nacional parte sus reivindicaciones. El gobierno de Felipe González puso en marcha en el 93 el Plan de Especial de Cartagena (PEC), un proyecto de inversión multimillonario que buscaba reconvertir la comarca en un destino turístico y crear puestos de trabajo. Del plan salió la ampliación del puerto, la rehabilitación del teatro romano: “El PEC fue en gran medida redactado por los sindicatos, se echaron la ciudad a las espaldas”, señala Ibarra.

Cuando la antorcha olímpica se apagó y se lanzaron los últimos fuegos artificiales, los españoles que visionaron los Juegos continuaron con sus vidas. Tras apagar las llamas de la Asamblea y rubricar el Plan de Recuperación, ninguno de los cartageneros pudo afirmar que habían ganado. Las heridas no desaparecieron.

La crisis de la reconversión industrial supuso un varapalo para el PSOE a nivel electoral. Tras una década de holgadas victorias en las urnas municipales y regionales, su popularidad comenzó a declinar. Desde 1995, los socialistas no volvieron a ganar unas elecciones autonómicas hasta el 2019, aunque no consiguieran formar gobierno tras un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos. En Cartagena, llegaron a gobernar de nuevo en 2015, tras 20 años fuera del Ayuntamiento.

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