La Asociación de Vecinos Afectados por el PSIR Bosques de Santander ha mantenido una reunión con el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, y los representantes jurídicos y técnicos de Real de Piasca, promotora del proyecto.

Tras el encuentro, la asociación ha valorado que “la situación de incertidumbre continúa siendo prácticamente la misma”, ya que, según se les ha trasladado, el proyecto todavía se encuentra en una fase inicial y “no existe documentación técnica suficientemente desarrollada que permita conocer su alcance real”.

Los representante vecinales han explicado que durante la reunión se les han facilitado nuevos planos con una delimitación más completa y actualizada respecto a la presentada en el encuentro anterior. Según la información examinada, 12 afectados continúan dentro del ámbito de actuación, para quienes la promotora plantea posibles soluciones de reubicación y compensación. Entre las propuestas trasladadas se contempla ofrecer viviendas de superficies equivalentes, teniendo también en cuenta los espacios exteriores de las propiedades actuales.

Sin embargo, desde la asociación han insistido en que “la reubicación no puede considerarse una solución al problema ni sustituir el derecho de los vecinos a permanecer en sus hogares”.

Asimismo, los representantes del proyecto han reconocido que todavía no pueden concretar cuestiones fundamentales, como qué tipo de edificaciones se construirán junto a las viviendas existentes, su altura o los usos previstos para las distintas zonas. Aunque aseguran que buscarán minimizar las afecciones y favorecer la integración con el entorno, a día de hoy “no existen garantías concretas que permitan valorar esas afirmaciones”, consideran desde la asocación de afectados.

Preocupante falta de información

Por ello, la asociación considera “especialmente preocupante” que se esté planteando una actuación urbanística de esta magnitud sin que los vecinos puedan conocer todavía sus consecuencias reales. “No podemos valorar un proyecto del que desconocemos qué se construirá, dónde y cómo afectará a nuestros hogares y a nuestro entorno”, han señalado.

“Aunque valoramos la entrega de nueva documentación, seguimos sin disponer de información oficial suficiente para evaluar el proyecto en su totalidad”, han añadido.

“Nuestra postura sigue siendo firme: el objetivo prioritario de la asociación es conseguir la paralización del PSIR Bosques de Santander. No vamos a dar por resuelto el problema mediante modificaciones parciales mientras continúen existiendo vecinos afectados”, han subrayado.

Asimismo, la asociación ha recordado que será la interlocutora con Real de Piasca, “defendiendo y respaldando a los propietarios afectados y respetando siempre la decisión individual de cada uno sobre el futuro de su vivienda”.

“Seguiremos trabajando unidos, defendiendo nuestros hogares, nuestros barrios y los derechos de todos los afectados, sin dejar a nadie atrás”, han concluido.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno que aprobó la semana pasada el “interés regional” del PSIR de 'Olucas Surf Center' en la localidad de Villaverde de Pontones. Un documento -firmado no por Urbanismo, sino por la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia- que no aporta más motivación que los argumentos del propio promotor privado y un extracto de los informes de las direcciones generales de Deporte y Turismo apoyando la iniciativa.

De este modo, el Gobierno de Cantabria aprueba inicialmente el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) para construir el complejo deportivo y hostelero 'Olucas' en Villaverde Pontones, pese al rechazo de los vecinos y pese a que un informe del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte cuestiona el suministro de agua y los accesos.

El proyecto -que considera de interés público una piscina de surf privada- se presentó el 26 de junio y en menos de cuatro meses ya ha recibido la autorización del Ejecutivo del Partido Popular. La tramitación ha sido tan rápida que se ha adelantado a la movilización prevista para el sábado 31 de octubre en el pueblo de Villaverde de Pontones, una manifestación convocada por Cantabristas con el apoyo de los vecinos afectados para plantar cara a la especulación urbanística y a la masificación turística que consideran que traerá 'Olucas'.

El proyecto despierta el rechazo vecinal y hace unos días se constituyó la Asociación de Afectados por el PSIR Olucas Surf Center. Los afectados -que defienden el patrimonio rural, paisajístico y cultural- argumentan que no necesitan una piscina artificial para atraer visitantes. “Necesitamos conservar lo que nos hace únicos”, proclaman los carteles difundidos por el colectivo contra el PSIR del Gobierno de Cantabria.

Las quejas se centran en el precio para Villarverde de un proyecto “que puede cambiar el pueblo para siempre” y se preguntan si realmente responde es una iniciativa de desarrollo para la comunidad o, por el contrario, “es un negocio para unos pocos”. “Ganan los grandes propietarios de los terrenos, los promotores inmobiliarios y los operadores turísticos y pierden los vecinos que soportarán el tráfico y los ruidos, el incremento del precio de la vivienda, mayor presión sobre los servicios públicos y la pérdida de identidad del pueblo”, señalan. “Las olas vienen y van pero las decisiones sobre nuestro territorio permanecen”.

El proyecto plantea una piscina de surf privada con alojamientos, tienda y restaurante que se proyecta sobre un yacimiento paleolítico con la misma protección que un Bien de Interés Cultural y que no se podría autorizar con la normativa municipal. Por ello, el Ejecutivo cántabro recurre a esta figura administrativa que permite recalificar y expropiar el terreno para permitir el proyecto.

El promotor privado tiene el 70% del terreno sobre el que el Gobierno de Cantabria ya ha aprobado un PSIR para recalificar 100.000 metros cuadrados de suelo rústico.

Nuevo paso adelante

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado el acuerdo del Consejo de Gobierno autorizando el PSIR con los informes preceptivos. En el texto figura que el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte considera que antes de la aprobación definitiva de 'Olucas' es necesario resolver dos cuestiones: el agua y los accesos.

El informe municipal considera prioritario que el desarrollo de la actuación quede condicionado a la adecuada resolución de estas dos cuestiones “de especial trascendencia municipal”. La primera es la garantía de abastecimiento de agua y la suficiencia de las infraestructuras hidráulicas y de saneamiento, tanto para la situación actual como para el incremento de demanda previsible que se producirá en los próximos años.

En este sentido, el municipio ya ha sufrido restricciones este verano que han afectado al pueblo de Liermo. Según señala el proyecto, la piscina de surf necesita una cantidad de agua equivalente a diez piscinas olímpicas.

La segunda cuestión son los accesos al complejo turístico que tendrán que hacerse a través del pueblo, por el estrecho vial que atraviesa el barrio Trapa y que resulta insuficiente para canalizar a la puerta de las viviendas el tráfico de vehículos que pronostican las expectativas: 200.000 visitantes al año. Lo que, en opinión del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, implica construir otro acceso independiente “que evite el paso del tráfico generado por el mismo por el núcleo de Villaverde de Pontones”.

El informe municipal considera que estas condiciones deben convertirse en compromisos para que “las infraestructuras necesarias para atender el incremento de demanda y tráfico generado por la actuación queden suficientemente definidas, justificadas y garantizadas con carácter previo a su aprobación definitiva”.

La segunda fase de rehabilitación del edificio de Alamillos del Tránsito, en Toledo, contará con un presupuesto que superará el millón de euros para añadir a la primera fase diez viviendas más en régimen de cohousing, 70 aparcamientos y una plaza pública, que se unirán a las 18 viviendas que contempla la primera fase que está ya en estado de ejecución.

Así lo han adelantado este jueves el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, en declaraciones a los medios, momentos antes de visitar las obras de rehabilitación de este edificio, que forma parte del proyecto 'Toledo Emerge'.

Velázquez ha concretado que esta segunda fase va en forma de Plan Especial de Reforma Interior y que ya está finalizado, por lo que ha avanzado que se presenta este mismo jueves en el Ayuntamiento. “Contempla otras diez viviendas en régimen de cohousing y 70 plazas de aparcamiento, más la plaza pública al nivel de la plaza del Conde y que comunicará a través de un cobertizo”.

A este respecto, la presidenta de la Diputación ha apuntado que la Institución provincial está trabajando ya en los presupuestos de 2027 que contemplará una partida para poder iniciar esta segunda fase, que se presentará hoy en el Consistorio “para poder obtener los permisos necesarios”.

Si la primera fase del proyecto contaba con una inversión de un millón de euros entre la Diputación y el Consorcio de Toledo, esta segunda fase contará con entre 1.000.000 y 1.200.000 euros “pero no es una cifra oficial porque estamos trabajando todavía sobre ello”, ha señalado.

Por lo demás, la presidenta de la Diputación ha destacado la importancia de recuperar edificios patrimoniales que llevan décadas sin uso y devolverlos a la ciudadanía con nuevas funciones que respondan a las necesidades actuales. “La Diputación no podía permitir que edificios tan importantes para Toledo, con tanto valor patrimonial, siguieran abandonados durante décadas. Nuestra obligación es recuperarlos y ponerlos al servicio de los ciudadanos”, ha afirmado.

Cedillo ha subrayado que 'Toledo Emerge' representa el compromiso de la Diputación con la recuperación del patrimonio y su aprovechamiento para mejorar la vida de los ciudadanos, mediante la colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones. “Lo vimos con la antigua Escuela de Enfermería y lo vemos hoy aquí: cuando hay voluntad, trabajo y compromiso, los proyectos avanzan”, ha señalado.

Alamillos del Tránsito forma parte de una estrategia más amplia de recuperación de inmuebles históricos de la ciudad. Así, la Diputación está pendiente de la respuesta del Gobierno de España a la ayuda solicitada para recuperar una primera parte del Palacio de Abdón de Paz; avanza en la puesta en marcha de un centro gastronómico provincial en San Ildefonso; y trabaja para convertir San Juan de Dios en un centro asistencial con espacios culturales y una nueva plaza pública.

El edificio lleva sin uso ya 61 años, desde que cerraron las escuelas que había en su interior; y lo es, ha continuado el alcalde, por su ubicación en plena judería frente al Palacio de Fuensalida y al Entierro del Señor de Orgaz y por el uso al que se le va a dar.

“Un proyecto espectacular y que sigue la estela de lo ya conseguido por el Consorcio con la actuación en el Salón Rico, pero todavía más ambicioso porque crear 70 plazas de aparcamiento para residentes es apostar por la vida en el Casco”.

Es por todo ello que el alcalde ha destacado que se trata de un “trabajo coral” de muchas instituciones, “porque la inmensa mayoría de las veces la política sirve y es positiva para los ciudadanos pero nos quedamos siempre con lo negativo, con lo que llama más la atención, pero esto es política con mayúsculas”, ha indicado Velázquez.

Viviendas de Esteban Illán

A preguntas de los medios sobre la propuesta del PSOE de que el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, recupere la gestión de las 18 viviendas de la calle Esteban Illán que se pusieron a disposición de la Diputación Provincial en 2012, para destinarlas al alquiler asequible, el alcalde ha lamentado que los socialistas hayan querido “ponerse la medalla”.

“El PSOE ha conocido que ya llevamos trabajando en ese proyecto varios meses porque es algo que ya es en tramitación”, ha indicado, para agregar que el equipo de Gobierno lo va a hacer pero no porque lo dijera el PSOE. “Lo íbamos a hacer y ellos son conscientes perfectamente de que llevamos meses trabajando en esa cesión para seguir dando vida al Casco Histórico”.

De otro lado, se ha referido también a preguntas de los medios al edificio de Radio Nacional de España en el Casco Histórico, que está dentro también de 'Toledo Emerge' para indicar que es el único de los cinco edificios que es propiedad del Ayuntamiento de Toledo.

El alcalde ha indicado que el Consistorio está trabajando ya en el proyecto y ha adelantado que son siete las viviendas que finalmente se van a llevar a cabo en este edificio de las ocho o nueve que se habían proyectado en un principio.

Castilla-La Mancha ya tiene una nueva ley de medidas sobre suelo y vivienda. No es la ley que pactó con Podemos, en la primera legislatura de Emiliano García-Page de 2015 a 2019, y que nunca llegó a aprobarse. Se trata de una normativa que se ha tramitado por la vía de urgencia en forma de proposición parlamentaria y que supone un conjunto de medidas destinadas, principalmente, a agilizar trámites para construir vivienda pública, recalificando para ello inmuebles privados o públicos. Es decir, podrán destinarse edificios en desuso como hoteles, oficinas o bares, de uso terciario, para construir viviendas protegidas.

Además del texto inicial de la ley, que este periódico ha desgranado en las últimas semanas, los socialistas han añadido un conjunto de enmiendas, entre las que se delimita el precio máximo por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas de alquiler financiadas con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: ocho euros por metro cuadrado en las de promoción pública, y nueve euros en las de colaboración público-privada. 

Asimismo, se incorpora que los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU), tanto de iniciativa pública como privada, podrán conllevar el aumento de edificabilidad y densidad residencial (más cantidad de viviendas para más gente) que permita la viabilidad de la actuación. Y, en este sentido, establece que en caso de que ese incremento esté limitado por el planeamiento urbanístico - por ejemplo a través del Plan de Ordenación Municipal (POM)-, el número de viviendas no implicará necesariamente un aumento de infraestructuras o dotaciones, pero si así fuera, el coste irá a cargo del promotor.

La medida más importante añadida por el PSOE a última hora es la posibilidad de que inmuebles y parcelas públicas de la Administración regional no destinados a vivienda se puedan dedicar a este fin.

Pero, además, amplía a “cualquier Administración” esta posibilidad y se indica que la “excepcionalidad” por cinco años para este objetivo es “prorrogable”. Finalmente, el PSOE elimina la posibilidad de que los ayuntamientos impongan condiciones a la posibilidad de implantar vivienda protegida en aquellos que estuvieran destinados a comercio, oficinas, hostelería u ocio.

'No' a la propuesta del PP de bajar impuestos a fondos buitre

Al margen de estas incorporaciones de los socialistas, durante el debate para su aprobación definitiva, el PP no ha conseguido sacar adelante las tres polémicas enmiendas que quería incluir en esta ley.

Entre otras cosas pedían bajar impuestos a “empresas” sin determinar cuáles, aunque el PSOE denunció que hablaba de bajar impuestos a fondos buitre e inmobiliarias, y también pedían agilizar desahucios en las viviendas públicas.

La mayoría absoluta del PSOE en las Cortes regionales ha tumbado estas propuestas hoy, en el pleno que ha aprobado la ley, como ya lo hiciera en la Comisión que elaboró el dictamen inicial. Pese a su controvertido contenido, el Grupo Popular decidió mantenerlas vivas para la sesión plenaria, que ya ha dado luz verde a la ley.

Estas enmiendas las presentó el PP en pleno clamor social contra los desahucios, con una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por este motivo y cuando ya ha arrancado la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre.

Concretamente, las enmiendas de la discordia eran tres de las 58 que el PP había presentado para su incorporación a la nueva norma castellanomanchega, ya promulgada y que se ha aprobado en menos de dos meses por trámite de urgencia de que se registró en las Cortes castellanomanchegos.

Estas propuestas del PP se han vuelto a debatir en el pleno. La primera de ellas pedía añadir un nuevo artículo en la futura ley mediante el que se aprobaría una reducción del 9 al 6 por ciento el tipo general de transmisiones patrimoniales aplicable a los inmuebles.

En la segunda de sus propuestas, el PP apostaba también por añadir un nuevo artículo para regular un tipo “reducido” de ese mismo impuesto, bajando del 5 al 3%, la “adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias destinadas a su posterior venta”, sin especificar qué tipo de empresas y con qué fines. Ambas suponían, según el PSOE, “bajar impuestos y allanar el camino a los fondos buitre”, los mismos que han provocado desahucios como el de Maricarmen, la espita que abrió las protestas sociales en todo el país y la histórica acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Es más, en ambas propuestas la bajada de impuestos se hubiera aplicado con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Es decir, las empresas beneficiarias podrían “solicitar la devolución” de la diferencia pagada en impuestos. No ha salido adelante.

El PP también quería agilizar desahucios administrativos

Pero además, en la tercera de sus polémicas enmiendas, proponían ampliar las causas que pueden provocar un “desahucio administrativo” (el que se produce en el parque público residencial). El PP quería así que, en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal, pudiera ser causa de desahucio la desaparición sobrevenida y acreditada de esa necesidad que justificó la adjudicación a una determinada persona o familia. Con ello, se acelerarían este tipo de resoluciones administrativas. No ha salido adelante por deseo expreso del PSOE.

También había polémica en seis de las enmiendas presentadas por Vox, que defendía aplicar su cacareado principio de 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda. Es decir, solo para los españoles. Los socialistas también han impedido su incorporación a la ley.

Estas cuestiones han vuelto a marcar buena parte del debate en el pleno que ha aprobado ley castellanomanchega, que se ha tramitado por la vía de urgencia como proposición del Grupo Socialista. La defensa de norma la ha hecho el diputado socialista Álvaro Toconar, quien ha remarcado que hubo un “consenso inicial” con el PP y Vox para que no presentaran enmiendas a la totalidad, pero que posteriormente las propuestas de la oposición “no tienen nada que ver con el acercamiento que hubo”.   

Ha acusado al PP de intentar convertir esta norma en una “ley de demanda y de populismo fiscal” y de “contaminarla” con su propuesta de “bajada de impuestos a fondos buitre” y con “más burocracia y más trabas”.

“Ser propietario no es ser un criminal, ni ser inquilino nos convierte ocupas”, ha dicho Toconar, defendiendo que la nueva ley viene a “reafirmar” las políticas de vivienda del Gobierno de Page, con más de 600 millones de euros invertidos en 12 años, frente a los 8 millones de euros que destinó en cuatro años el Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal.

Dicho esto, ha defendido los Planes de Regeneración Urbana (PRU), una de las novedades de la ley, para “ayudar a muchas familias teniendo en cuenta el metabolismo rural de la región” y que permitirá convertir suelo rústico en urbanizable “de forma regulada y manteniendo las tramas urbanas”, pero de forma rápida y con procedimientos que reducirán los plazos hasta la mitad.

Las derechas de la oposición han reiterado los argumentos que ya fijaron en la comisión que debatió y rechazo sus enmiendas y han votado 'no' a esta ley.

Francisco José Cobo, de Vox, ha vuelto a pasar de puntillas por sus propuestas para incorporar la 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda, y se ha limitado a acusar al Gobierno regional de “no haber hecho nada” en 12 años.

“La ley no resuelve nada tras años de inacción y sin avanzar y ahora vienen con prisas. Ustedes no hacen vivienda, hacen titulares y no cumplen con sus promesas. Ahora tienen que correr y esto es una tomadura de pelo, un agujero que luego rentabilizarán electoralmente, pero va a generar problemas, sobre todo en los ayuntamientos y solo es un parche más”, ha alertado.

En una línea similar se ha pronunciado Ignacio Redondo, del PP, quien ha negado primero que su propuesta de bajada de impuestos sea para 'fondos buitre'. Ha dicho que en su enmienda se refieren a empresas inmobiliarias, mediante un tipo reducido que, según ha dicho, ya aplicó el Gobierno de Page en 2022.

“La ley tiene errores que pueden durar años. Pedimos que la ley no se salte los límites de cesión de suelo. Al intentar ser ágil, al final habrá retrasos y dificultades. No estamos en contra de construir más, pero sí queremos fórmulas para justificar de verdad el incremento de la edificabilidad e informes municipales previos y vinculantes para esas ampliaciones”, ha argumentado.

El debate lo ha cerrado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha detallado las novedades de la norma, resaltando la posibilidad de destinar edificios y parcelas de titularidad pública a vivienda protegida “incluidos inmuebles pertenecientes a otras administraciones”, aunque el planeamiento urbanístico vigente hubiera previsto inicialmente su utilización para equipamientos privados.

Según la ley, debe crearse un parque público de vivienda

La norma establece también la creación de un patrimonio público residencial que solo podrá destinarse a vivienda con algún tipo de protección. La regulación contempla, además, la creación por ley de un parque público de vivienda social, cuyo alquiler se establecerá en función de los ingresos de las personas destinatarias y que prestará una atención específica a la población joven.

En materia de promoción de vivienda protegida, se contempla la posibilidad de incrementar, en determinadas parcelas, hasta un 20% la edificabilidad, un 30% la densidad y hasta dos plantas la altura prevista, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento. La aplicación de estos incrementos, según ha explicado el responsable de Fomento, estará condicionada a que el 100% del aprovechamiento residencial adicional se destine a vivienda protegida.

La regulación incorpora igualmente los Planes de Rehabilitación Urbana (PRU), concebidos para intervenir en situaciones de infravivienda o zonas degradadas por antiguos usos industriales. Estos instrumentos permitirán abordar actuaciones de regeneración en ámbitos urbanos que, por sus características actuales, presentan dificultades para su desarrollo mediante los mecanismos habituales de planeamiento.

“Si no se denuncia, el Ayuntamiento no va a hacer ninguna inspección”. Con esta lapidaria frase el concejal del PSOE dedicado al Urbanismo, Antonio Giraldo, animaba esta mañana al vecindario madrileño a presentar denuncias contra los miles de pisos turísticos que operan de forma ilegal en Madrid. Para que sea más fácil que actualmetne, los socialistas han desarrollado una página web que simplifica el proceso hasta el punto en el que es posible denunciar un Airbnb sin licencia en tan solo tres minutos.

La aplicación se llama Stop VUT ilegales y enlaza en una misma página el listado de Viviendas de Uso Turístico (VUT) con licencia municipal con el formulario para denunciar una ilegalidad ante la inspección urbanística en el caso de que no la posea. El vecino que desee usarla puede introducir la dirección y el número de una calle donde conozca actividad turística sospechosa para comprobar la existencia de licencia urbanística para ejercer esa actividad. Si no dispone de ella, el sistema avisa y crea una serie de mensajes para rellenar la solicitud ante el Ayuntamiento.

El denunciante puede pinchar en ese momento el botón de presentar denuncia telemática, que le llevará al procedimiento municipal para hacerlo. Luego solo necesita registrarse con su certificado o sistema Clave para acceder al formulario de denuncia. Los mensajes que ha de escribir los puede copiar en las instrucciones que detalla la web del PSOE, donde aparecerá automáticamente la calle, el número y el piso buscado. El proceso es muy rápido, aunque se puede extender aportando documentación y más detalles sobre el espacio denunciado.

“Madrid necesita menos propaganda y más control”, ha denunciado Reyes Maroto en la presentación de esta herramienta. La portavoz del Grupor Municipal Socialista ha defendido que con su aplicación ofrece “soluciones concretas a un problema que afecta cada vez a más barrios de Madrid”.

Según las últimas cifras publicadas por plataformas de vigilancia de anuncios turísticos como Inside Airbnb, actualmente se anuncian en Madrid 13.860 pisos turísticos, de los que 1.219 tienen licencia municipal. Esto arroja más de 12.000 negocios ilegales de este tipo en la capital. Frente a este enorme volumen, el área de Urbanismo asegura que el año pasado logró cerrar solo 323 pisos turísticos sin licencia.

“No basta con modificar las normas, hay que vigilar su cumplimiento”, ha exigido Maroto al alcalde, del que critica su escasa capacidad de sanción. Según datos ofrecidos por el PSOE, el consistorio solo cuenta a día de hoy con 16 inspectores urbanísticos con capacidad para sancionar. “Almeida debe dejar de proteger los intereses de los fondos buitre”, ha afirmado.

La portavoz socialista también ha hecho un llamamiento a los madrileños “para comprobar y denunciar” los pisos turísticos y que se conviertan en “los protagonistas de la defensa de sus barrios” ante la dejación municipal. “Madrid tiene que ser una ciudad para vivir, donde los vecinos no sean expulsados para hacer sitio a los turistas”, ha reclamado.

A primera hora del pasado lunes, el Ayuntamiento de Zaragoza notificó a Enta Properties, la empresa que promueve 204 viviendas de lujo en el antiguo Convento de Jerusalén, que abría un trámite de audiencia de 15 días para que presentara alegaciones. A última hora de la mañana, el consejero de Urbanismo daba a conocer el nuevo convenio. Entre medias, menos de cuatro horas en las que se sucedieron las prisas, las visitas al Seminario y los informes técnicos y jurídicos hasta que se articuló el nuevo documento, que consolida el incremento en la edificabilidad residencial y terciaria.

Según consta en el expediente municipal de la modificación aislada al PGOU, el Ayuntamiento de Zaragoza trasladó a las 9.56 horas a Enta Properties –del grupo Bancalé– el plazo para responder a un informe de la Intervención General sobre el convenio. La promotora leyó la notificación 35 minutos después; esa misma mañana, su abogado presentó en dependencias municipales un nuevo texto del convenio: el Servicio Técnico de Planeamiento, el Servicio Jurídico y el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, firmaron a continuación sus informes y la propuesta de acuerdo. A las 13.45 horas, el propio Serrano presentaba en rueda de prensa la “aprobación definitiva” de la operación, que permitirá levantar una torre de 16 alturas y 204 pisos –68 de ellos, de alquiler–, más dos residencias, junto al nuevo estadio de La Romareda. Los 15 días se habían quedado en menos de cuatro horas.

A cambio de la operación, Enta pagará 22,4 millones de euros al Consistorio. Como informó este medio, el documento final incluye 1.405 metros cuadrados de vivienda por encima de los que habían fijado los técnicos de Urbanismo.

El informe jurídico municipal firmado el lunes ya analizaba el convenio que Enta había entregado ese día: concluye que “da cumplimiento a lo requerido” y solo suprime cuatro líneas de una cláusula. En la misma jornada firmaron el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, con un informe de 27 páginas, y el consejero, cuya propuesta a la Comisión del ramo cita ya el convenio “aportado en fecha 19 de octubre”.

Tres semanas de espera

Las prisas del lunes llegaron tras semanas casi sin movimiento. Enta presentó la documentación para la aprobación definitiva el 23 de septiembre, pero no se envió al Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano hasta el 14 de octubre, con la indicación de informar “a la mayor brevedad posible”. Entre el martes 13 y el lunes 19 se emitieron el informe sobre las alegaciones vecinales, la petición a Hacienda y su respuesta, y los informes de la Intervención, de Ingeniería, del Servicio Técnico y del Servicio Jurídico, además de la propuesta del consejero.

El informe de Hacienda sobre el impacto en las arcas municipales se tramitó en 48 horas. Urbanismo lo pidió preguntando si el impacto “puede considerarse favorable o positivo”, “como se desprende” de sus propios datos; Hacienda respondió reproduciendo los párrafos de Urbanismo y concluyó que “comparte el criterio”.

El informe de Ingeniería, elaborado contra reloj, deja constancia de varias carencias. La documentación no incluye un estudio específico de riesgos, ni datos concretos sobre la capacidad de las redes de agua y saneamiento, ni un estudio económico-financiero desglosado: solo una “estimación global” de la inversión, “superior a 100 millones de euros”.

Alegaciones vecinales

Durante la información pública se presentaron tres alegaciones: una de la comunidad de propietarios de Álvaro de Bazán 2, 4, 6 y 8 y Jerusalén 3 y dos de otros tantos vecinos a título particular.

Los vecinos sostienen que la modificación responde a un interés privado y no urbanístico. Recuerdan que Enta compró el solar como equipamiento religioso, “con el fin al parecer de construir una residencia de ancianos, lo que al parecer ha quedado totalmente superado”, y hablan de “cierto apetito voraz” de la promotora. Consideran que la cantidad ofrecida “no constituye ninguna mejora sino que es una mera cuantificación” de las cesiones que la ley ya exige. Añaden que una corporación “agobiada por el compromiso de construcción de un nuevo estadio de fútbol”, según recoge el informe municipal, podría ver en ese dinero una justificación, pero “política, en modo alguno jurídica ni urbanística”. Uno de los vecinos relaciona además la aceleración del expediente con el Mundial de 2030.

Las alegaciones denuncian también que el proyecto expuesto al público no fijaba el número de viviendas ni justificaba que las zonas verdes y equipamientos se cambiaran por dinero. Señalan que faltaban informes sectoriales, entre ellos los de la Confederación Hidrográfica, Protección Civil y perspectiva de género, y que los estudios de tráfico y ruido eran insuficientes. Critican que el convenio aplazara los pagos sin garantías y mantuviera el recurso de casación de la promotora. Por último, advierten de la pérdida de soleamiento, vistas e intimidad por la cercanía y la altura de los nuevos bloques. Uno de los vecinos propone que no superen en más de una o dos plantas a los edificios existentes y que el suelo del nuevo vial se use para alejar las construcciones y reducir su altura.

El informe jurídico municipal, firmado el 13 de octubre, propone desestimarlas todas, aunque algunas reclamaciones sí se han recogido en el texto final. El número de viviendas queda fijado en 204, la promotora renuncia al recurso de casación contra la sentencia del TSJA y los técnicos imponen como condiciones vinculantes una altura máxima de 28,20 metros frente a Álvaro de Bazán y las distancias mínimas con los edificios vecinos.

A la promotora de la urbanización Monte Carrera, en la localidad de Arguineguín (Mogán), ya solo le queda el Supremo para tratar de legalizar las 37 viviendas y tres locales que construyó sin licencia en la planta baja del complejo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso que la empresa Carrera Ground Floor presentó contra la sentencia de primera instancia, que ya había avalado la orden de restablecimiento de la legalidad dictada por el Ayuntamiento de Mogán, firme en vía administrativa desde 2022. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario ha impuesto además a la promotora el pago de las costas procesales, con un límite de 5.000 euros. La sentencia, notificada el pasado lunes a las partes (el Ayuntamiento de Mogán y la comunidad de propietarios figuran como demandados), no es aún firme. Se puede recurrir en 30 días en casación ante el Supremo. 

Una denuncia vecinal destapó el caso en 2020. La Policía Local constató que la empresa estaba ejecutando obras sin licencia para derribar los muros de cerramientos de la planta baja y transformar los sótanos y almacenes en 37 viviendas habitables en pleno confinamiento por la pandemia de Covid-19. Los agentes sorprendieron a los operarios trabajando en las instalaciones.

La licencia urbanística original autorizaba la construcción de 131 viviendas con una altura máxima de dos plantas. Sin embargo, la promotora levantó una tercera altura no permitida. Para no tener que demoler toda la construcción, el Ayuntamiento de Mogán permitió entonces tapiar la planta baja con muros perimetrales para que computara como sótano o zona de almacenamiento.

Años después, la empresa volvió a intentar darle tres alturas derribando esos muros de cerramiento y transformando los sótanos en viviendas para comercializarlos como uso residencial, pese a que no contaban con licencia municipal ni cambio de uso autorizado.

A raíz de la denuncia vecinal y la actuación de la Policía Local, el Ayuntamiento abrió expediente a la empresa en 2021 y, a través del departamento de Disciplina Urbanística, ordenó la demolición de las obras ilegales. La resolución adquirió firmeza en vía administrativa en enero de 2022.

La promotora decidió llevar esa decisión a los tribunales. Carrera Ground Floor alegó que la transformación de los sótanos en viviendas se había consolidado más de cuatro años antes de que el Ayuntamiento de Mogán le abriera el expediente de disciplina urbanística y que, por tanto, la infracción ya había prescrito.

Además, sostenía que esas viviendas se encontraban en un régimen de “fuera de ordenación” y que, en consecuencia, no se podían demoler. La tesis de la empresa era que, al haberse construido originalmente con tres plantas (pese a que la normativa no lo permitía) y al haber permitido el Ayuntamiento que se quedara así (con la solución del cerramiento de los sótanos), el edificio quedaba asimilado al “fuera de ordenación” y, por tanto, no afectado por la orden de restablecimiento de la legalidad urbanística.

En apoyo de esta tesis, Carrera Ground Floor aportó un certificado de antigüedad suscrito por el arquitecto Sergio Álvarez en 2019. El informe acreditaba el estado constructivo de las unidades en el momento de la visita: sostenía que el muro perimetral no existía y que sugería que algunas viviendas del sótano ya estaban acabadas, aunque no determinaba con precisión cuántas.

Tanto el juzgado de primera instancia, en una sentencia dictada en abril de este año, como ahora el TSJC rechazan los argumentos de la empresa. Ambas resoluciones coinciden en que la demolición de los muros del sótano devolvió la edificación a un estado de ilegalidad al sobrepasar de nuevo el número de plantas autorizadas. Además, durante la vista oral se puso de manifiesto que las viviendas carecían de comprobación de uso urbanístico y de conexiones de agua y luz.

En esta última sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, con el magistrado Óscar Bosch como ponente, reprocha a la promotora que en su recurso de apelación se limitara a reproducir de forma literal los argumentos que ya había esgrimido en primera instancia.

El alto tribunal canario concluye que la jueza ponderó de manera razonada los informes técnicos, las fotografías, las declaraciones de los peritos y el testimonio de los agentes de la Policía Local.

El TSJC asume, por tanto, el relato de la sentencia de primera instancia. La urbanización se levantó con tres plantas cuando la normativa permitía dos. Al convertir la planta baja en sótano, las obras quedaron legalizadas. Después, al derribar esos muros de cerramiento, la promotora volvió a superar las alturas autorizadas. Para la Sala, este hecho excluye que pueda hablarse de un edificio fuera de ordenación, puesto que era legal hasta esa actuación posterior.

El tribunal también cuestiona el certificado de antigüedad que aportó Carrera Ground Floor. La sentencia incide en que el propio arquitecto admitió que su informe no verificó el uso urbanístico de esa edificación ni la licencia original. Tampoco concretó cuántas viviendas estaban terminadas.

Un plan de ‘amnistía’ paralizado

En paralelo al frente judicial, la promotora intentó una maniobra para amnistiar las 37 viviendas mediante la tramitación del denominado Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en Loma II. Esa iniciativa privada planteaba ceder al Ayuntamiento de Mogán 625 metros cuadrados para zonas verdes a cambio de incrementar la edificabilidad del complejo en 3.120 metros cuadrados, la cifra exacta necesaria para legalizar los sótanos.

Ese plan, que contaba con el beneplácito del gobierno municipal liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán), se topó con la oposición frontal de los vecinos y de la oposición. La comunidad de propietarios Monte Carrera Green Garden Club alertó de que los terrenos que la promotora pretendía permutar no eran de su propiedad exclusiva, sino elementos comunes.

Después de la sentencia de primera instancia, el Ayuntamiento se vio obligado a paralizar el plan.

NC critica “la pasividad” del gobierno local

Para Juan Manuel Gabella, portavoz de Nueva Canarias (NC) en Mogán, esta sentencia confirma “una actuación urbanística irregular” y pone de manifiesto “la pasividad con la que ha tratado este asunto” el Ayuntamiento de Mogán. A juicio del concejal canarista, el gobierno liderado por Bueno debió haber actuado “con más contundencia” cuando los vecinos y su partido denunciaron esas obras en 2020.

Gabella señala que no era posible convertir en viviendas esos sótanos porque esa tercera planta “no estaba recogida en el proyecto y tampoco lo recogía la normativa de aplicación”.

El edil de NC recuerda que el Ayuntamiento abrió la puerta a legalizar 37 viviendas que ya tenían orden de derribo. “Nos opusimos en el pleno a ese plan y, por tanto, yo creo que es una buena noticia para los vecinos que viven allí y, evidentemente, para el respeto a la normativa urbanística vigente y un tirón de orejas” para el gobierno de Onalia Bueno.

El Ayuntamiento de Logroño urbanizará el entorno de la subestación de Cascajos una vez soterrada, según ha indicado la portavoz de la Junta de Gobierno, Celia Sanz, en la comparecencia de prensa en la que ha dado cuenta de los acuerdos de este órgano.

Ha recordado que “a finales de 2021 el Ayuntamiento de Logroño e I-DE Redes Eléctricas suscribieron un convenio por el que, tras la instalación de la nueva subestación transformadora de reparto (STR) del barrio de Cascajos, el Consistorio recibiría, a modo de cesión gratuita, la superficie de suelo liberada tras el soterramiento de esta infraestructura.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el acuerdo de recepción estos terrenos en cumplimiento del convenio anterior. De este modo, el siguiente paso será dar continuidad a la doble calzada de la calle Miguel Delibes (existente ya desde el cruce de Vara de Rey y que queda interrumpida tras la intersección con Hermanos Hircio).

“Esta actuación mejorará la movilidad, el flujo de tráfico rodado y de los peatones gracias a la creación de un nuevo paso de peatones en Miguel Delibes, a la altura de la nueva subestación”, ha incicado la portavoz. Finalmente, en parte del suelo cedido se habilitará una nueva zona verde y de esparcimiento para la ciudad.

Todo ello, ha explicado Sanz, se unirá a las actuaciones de mejora en materia de seguridad vial en torno a la nueva estación de autobuses, en proceso de licitación y que contempla la incorporación de elementos inteligentes de señalización que mejoran la información, tanto de conductores de autobús como de peatones, en la entrada y la salida de la estación, así como otras actuaciones de señales luminosas y sonoras en la vía y la habilitación de un carril exclusivo para autobuses y taxis.

Cantabristas ha alertado sobre la remodelación del proyecto 'Bosques de Santander' anunciada este lunes por la presidenta Buruaga, que pasa a afectar a seis viviendas en el barrio Rucandial de la ciudad, y cree que el Gobierno de Cantabria (PP), que pidió este cambio al a promotora inmobiliaria, pretende “trocearlo para desmovilizar y minimizar el impacto mediático sin renunciar al pelotazo urbanístico”.

Por eso, el partido cree que este Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) promovido por Real de Piasca en terrenos de la capital, Santa Cruz de Bezana y Camargo, “debe ser anulado en su integridad para evitar el riesgo de que sea troceado e implementado por fases”.

Así, aunque “parece” que el Ejecutivo “ha reculado inicialmente, nada impide que, tras aprobar una primera fase con derribos y expropiaciones, continúen implementando otras fases posteriores para consumar la totalidad del pelotazo urbanístico inicial”, ha advertido Cantabristas.

En un comunicado, la formación ha asegurado que “el PP no va a renunciar a su pelotazo urbanístico. Ante el rechazo social, están buscando estratagemas para llevar a cabo sus planes dividiendo a las familias afectadas”, ha aseverado sobre este PSIR, con el que los derribos pasarían a afectar a menos de la mitad de las viviendas inicialmente planteadas.

El secretario general del partido, Paulu Lobete, tacha de “arbitrario y espurio” el uso de la figura del PSIR por parte del Gobierno del PP, dirigido por María José Sáenz de Buruaga, y cree que esto genera “un clima de inseguridad jurídica elevado”.

Además, ha señalado que, de llevarse a cabo este PSIR, el entorno de Rucandial quedaría “absolutamente transformado, erradicando uno de los últimos barrios de carácter rural santanderino de la zona para sustituirlo por una megaurbanización sin identidad”.

Además, “no hay ninguna certeza sobre si este pelotazo urbanístico serviría para dotar de vivienda a la población cántabra o simplemente seguiría ahondando en el problema de las segundas viviendas y la masificación turística”, ha indicado para finalizar.

Después de un año de vaivenes judiciales, Julio César Santos podrá seguir ejerciendo como jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. El alto cargo de José Luis Martínez-Almeida, que seguía firmando expedientes pese a haber sido condenado en julio de 2025 a nueve años de inhabilitación, logra zafarse definitivamente de una sentencia que consideró ilegal un derribo ejecutado tres años atrás en la Cañada Real Galiana. Hace algo más de una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) enmendó ese primer fallo de la Audiencia Provincial después de un recurso presentado por los abogados municipales. Y ahora la defensa del denunciante, A.C., confirma a Somos Madrid que este será el fin de periplo y no presentarán nuevos recursos.

“No es viable”, declaran fuentes del CAES, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales –una cooperativa de abogados vinculada a luchas sociales o perfiles vulnerables– que llevó la causa del afectado, un vecino del Sector VI de la vía pecuaria que acreditó haber residido desde 2006 en la vivienda demolida. Casi dos décadas más tarde, en 2022, Julio César Santos firmó una orden de demolición en colaboración con el entonces comisionado en la Cañada Real, un cargo provincial para gestionar el desmantelamiento de este poblado chabolista.

Entonces estaba al frente Mikel Gorbea, que fue cesado un año más tarde y también declaró como investigado frente a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid. Este último fue absuelto al considerarse que carecía de responsabilidad penal, pues era el Ayuntamiento el que ordenaba de facto el derribo. Sin embargo, ya entonces se declaró como hecho probado que Gorbea notificó a Santos vía e-mail de un supuesto abandono de la parcela en cuestión, que su titular llevaba meses negando con alegatos y documentos varios.

Al encontrarse en la conocida como zona sin asfaltar de la Cañada Real, junto al municipio de Perales del Río, el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento inició a finales de 2021 el expediente para demolición de obras no legalizables, otorgándole plazo al vecino para oponerse. “El comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, sin aportar prueba alguna de esta afirmación”, reseñaron en su día desde la acusación particular, después de conocer que solo un cargo municipal saldría escaldado con la denuncia.

Pero el conflicto legal no se cerró ahí. La defensa de Julio César Santos, el único condenado entonces, elevó el caso al TSJM y logró inclinarlo a su favor con una nueva sentencia, publicada el pasado 30 de diciembre. En ella se consensuaba, en resumidas cuentas, que el tribunal provincial no acreditó debidamente que este funcionario había actuado a sabiendas de que su gestión del derribo era injusta y arbitraria. No se rechazan directamente los hechos probados en el fallo de 2025, aunque sí se determina que estos no bastan para una condena por “prevaricación administrativa” como la que finalmente se impuso.

A raíz de este último revés, desde el CAES pidieron tiempo para revisar los nuevos argumentos jurídicos y sopesar con su cliente un posible recurso desde el que continuar presionando. No obstante, a una semana vista su conclusión es clara: con esto termina “la última instancia” con la que podían moverse.

En su momento, el Ayuntamiento de Madrid celebró que la Justicia diera marcha atrás a la condena, pese a que a otros vecinos de la Cañada Real les habían seguido llegando cartas con órdenes de demolición firmadas por Julio César Santos incluso después de su inhabilitación. Al denunciante de este caso en el Sector VI se le ofreció durante la pandemia un traslado a otra vivienda en la localidad de Cobeña, de la que pagaría un 50% mientras que el resto se financiaría con fondos europeos. Pero él mismo señaló en el juicio que había rechazado la oferta (por la vía administrativa) ya que le quedaba muy lejos de su trabajo, en un desguace a casi 60 kilómetros en San Martín de la Vega.

Otro lío a la vista con el pelotazo urbanístico para pisos de lujo junto a La Romareda. El Gobierno del PP en Zaragoza ha corregido la nota de prensa en la que informaba este lunes sobre la aprobación definitiva del denominado proyecto 'Living Romareda', el complejo residencial y asistencial que el Grupo Bancalé levantará en el solar del antiguo Convento de Jerusalén. La primera versión del comunicado incluía una referencia explícita a la edificabilidad del proyecto: el texto precisaba que las 220 viviendas anunciadas quedaban “ajustadas en la concreción técnica del convenio en una previsión de 204 viviendas sobre una edificabilidad bruta residencial de 25.255 metros cuadrados de techo”. La segunda versión suprime ese inciso por completo y se limita a indicar que el proyecto contempla “hasta 204 viviendas”.

Hay que recordar que la operación consiste en la transformación del solar del antiguo espacio monástico, en el paseo de Isabel la Católica, mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar su calificación de equipamiento religioso privado por una nueva zonificación que permite usos residenciales y terciarios. El suelo, adquirido en 2018 por el Grupo Bancalé por unos 8,8 millones de euros, pasará a albergar 204 viviendas —68 de ellas en alquiler obligatorio durante al menos diez años— y dos residencias asistenciales. A cambio, la empresa promotora abonará al Ayuntamiento 22,4 millones de euros. Las viviendas, con una superficie media superior a los 120 metros cuadrados en una de las zonas más cotizadas de Zaragoza, pueden superar el millón de euros por unidad, a partir de los parámetros del convenio.

La modificación en la mencionada nota llega después de que el Ayuntamiento informara de un incremento de casi 3.000 metros cuadrados de techo en relación con la edificabilidad que se contemplaba inicialmente. Con posterioridad, el equipo de gobierno ha eliminado el único pasaje de la nota que ponía en relación el número de viviendas con la superficie edificable que las sustenta. Es precisamente el dato que permite verificar si las cifras que maneja el Gobierno municipal son asimilables lo que establece el convenio urbanístico aprobado y con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón del pasado 19 de mayo. Además, reduce el número máximo de viviendas previstas en el sector de 220 a 204.

Ese fallo judicial, que el Ayuntamiento no ha mencionado en ninguna de sus comunicaciones públicas sobre el proyecto, fijó que la edificabilidad legal de la parcela conforme al PGOU vigente era de 12.241,50 metros cuadrados de techo. Sin embargo, el convenio definitivo aprobado este lunes ha consolidado 17.120 metros cuadrados de techo para usos terciarios, casi 5.000 metros más de lo que el tribunal reconoció como edificabilidad total atribuible al solar, y por encima incluso de los 15.595 metros cuadrados que el propio promotor había reclamado en su solicitud inicial.

Superficie solo para sótanos

El Ayuntamiento ha aclarado, a preguntas de elDiario.es, que el incremento de edificabilidad respecto a la propuesta inicial se debe a que “en el proyecto anterior no se habían computado los usos previstos en la planta sótano, que de acuerdo con la normativa del PGOU computan como edificabilidad”. La institución municipal ha justificado además que el escaso aumento de la compensación económica –apenas 401.839 euros por casi 3.000 metros cuadrados adicionales– tiene que ver con el menor valor unitario de las superficies bajo rasante y a que la ley solo grava el 10% del incremento de aprovechamiento. Esta explicación sin embargo no da respuesta a por qué la edificabilidad total aprobada –42.375 metros cuadrados de techo– triplica los 12.241,50 metros cuadrados que el TSJ fijó en mayo como edificabilidad legal de la misma parcela.

La operación ha recibido el rechazo del PSOE. La concejal socialista Ros Cihuelo ha señalado que “el consejero (Víctor) Serrano ha vendido hoy como una nueva conquista lo que todavía tiene que demostrar con hechos”, y ha criticado que “modificar el planeamiento para facilitar una operación inmobiliaria millonaria no significa que responda al interés general”. Para Cihuelo, las viviendas previstas, con precios que estima en “400.000 o incluso 500.000 euros”, responden a “la política que está impulsando Chueca en nuestra ciudad para el beneficio de los especuladores”, y ha lamentado que “detrás de estas promociones no se encuentran, de forma prioritaria, familias que buscan un hogar”.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permite al Grupo Bancalé transformar el antiguo convento de Jerusalén, anexo al estadio de La Romareda, en un complejo residencial y asistencial de 220 viviendas y dos residencias. Una operación, bautizada como 'Living Romareda', que consolida uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la ciudad en los últimos años: una parcela adquirida en 2018 por unos 8,8 millones de euros se convierte en un proyecto cuya edificabilidad más que se triplica y cuyas viviendas, con una superficie media superior a los 120 metros cuadrados en una de las zonas más cotizadas de Zaragoza, pueden superar el millón de euros por unidad.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha presentado el plan como un ejemplo de regeneración urbana. “Zaragoza avanza con determinación en la resolución de cicatrices urbanas que llevaban décadas lastrando la escena urbana de nuestros barrios”, ha declarado este lunes, y ha valorado que su impulso responde “directamente al interés público”.

En junio, cuando se aprobó inicialmente el proyecto, los ingresos para el Ayuntamiento se situaron en 22 millones de euros, la cifra que el promotor había propuesto como tope máximo en diciembre de 2025. El convenio urbanístico aprobado este lunes fija esa compensación en apenas 400.000 euros más. Lo que en ese momento era una estimación del propio interesado sin justificación técnica acreditada –así lo señaló el informe de la arquitecta jefa del Servicio Técnico de Planeamiento, que advirtió de que la propuesta económica no iba acompañada “de valoración técnica que justifique la cantidad señalada”– se ha convertido diez meses después en la cifra definitiva del convenio, incrementada en un 1,8%.

A cambio, la edificabilidad total del proyecto ha crecido. El convenio definitivo recoge 17.120 metros cuadrados de techo para usos terciarios y 25.255 para uso residencial, un total de 42.375 metros cuadrados, frente a los 39.445 metros cuadrados de la propuesta inicial. Así, el promotor obtiene casi 3.000 metros cuadrados adicionales de edificabilidad por 400.000 euros más de compensación. Cuestionadas al respecto, fuentes municipales se limitan a señalar que “la estimación de todo, atada y bien analizada por los técnicos municipales, da el resultado del importe total que se indica”.

El trasfondo judicial

La operación tiene además un trasfondo judicial que el Ayuntamiento no ha mencionado en ninguna de sus comunicaciones públicas sobre el proyecto desde mayo. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió en una sentencia que la edificabilidad terciaria que consolida el convenio –17.120 metros cuadrados– supera en casi 5.000 metros la que el tribunal reconoció como correcta bajo el planeamiento vigente, e incluso supera los 15.595 metros cuadrados que el propio promotor había reclamado en su solicitud inicial.

El fallo del TSJ resolvió además que la cesión de 1.135 metros cuadrados para la apertura de un nuevo vial entre el paseo de Isabel la Católica y la calle de Álvaro de Bazán debía realizarse de forma gratuita y sin contraprestación. El promotor había litigado durante años para que fuera considerada onerosa y, por lo tanto, generadora de edificabilidad adicional. El convenio hecho público este lunes recoge esa cesión gratuita, que Serrano ha presentado como una aportación del promotor al barrio. “Hemos escuchado a los vecinos y a los grupos políticos para mejorar sustancialmente el proyecto”, ha declarado el consejero, que ha destacado que la cesión “transformará un recinto amurallado en un espacio permeable y con mejores dotaciones de movilidad para todo el barrio.”

La tramitación del expediente ha durado diez meses desde que Enta Properties, la sociedad del Grupo Bancalé propietaria del solar, presentó la solicitud en diciembre de 2025. El proceso ha pasado por el Consejo de Gerencia de Urbanismo, la Comisión de Urbanismo y el período de información pública, en el que solo se presentaron tres alegaciones de vecinos particulares. “Durante el periodo, durante lo que ha sido el expediente y de cara a esta aprobación definitiva solamente ha habido tres alegaciones de tres vecinos”, ha confirmado el propio Serrano. La aprobación definitiva ha contado con el respaldo de PP, Vox y la concejal no adscrita, y con el rechazo de PSOE y Zaragoza en Común.

Más plazas de aparcamiento

Como novedad respecto a la aprobación inicial de junio, el convenio definitivo incorpora la obligación de construir un 20% adicional de plazas de aparcamiento privado por encima del mínimo legal, condición que Vox exigió para apoyar el proyecto. “Esos aprovechamientos vienen a suponer en número aproximadamente unas 100 plazas de aparcamiento más de las que había previsto”, ha explicado Serrano. Las viviendas destinadas a alquiler –entre 68 y 70 de las 220 previstas– deberán mantenerse en ese régimen durante un plazo mínimo de diez años.

El Grupo Bancalé, fundado por el empresario aragonés Juan Ramón Fabre Marqués, adquirió la parcela del antiguo convento en septiembre de 2018. La sociedad compradora, Enta Properties SL, es una filial del grupo cuya administración única corresponde a Bancalé Servicios Integrales SL. La parcela estuvo bloqueada durante años por un procedimiento judicial sobre licencias de demolición y apertura que concluyó con la sentencia del TSJ de mayo de 2026. El Ayuntamiento fue condenado en costas en primera instancia por inactividad administrativa prolongada ante las solicitudes de licencia presentadas por el promotor en 2019.

El Gobierno de Cantabria ha comunicado que el PSIR de Real de Piasca derribará menos viviendas de las previstas inicialmente. Según la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, las 35 viviendas afectadas se reducen a 12, la mitad de ellas en el barrio santanderino de Rucandial. “De acuerdo con la nueva delimitación, el núcleo principal de Rucandial queda por completo fuera del ámbito de actuación del PSIR”, asegura el comunicado oficial.

La noticia se ha conocido tras la reunión que Buruaga y el consejero de Fomento y Vivienda Roberto Media han mantenido con los representantes de los vecinos de Rucandial, a quienes han recibido dos semanas después de anunciarse públicamente el proyecto que contemplaba derribar 35 casas en el barrio de Rucandial.

La presidenta ya había anunciado el viernes que, tras la polémica pública, había pedido a Real de Piasca -la promotora inmobiliaria que plantea hacer casi 8.000 viviendas en la zona, la mayoría para venderlas a precio de mercado- que “minimizase al máximo el impacto en este barrio del proyecto Bosques de Santander”.

Buruaga, además, se ha comprometido a mediar con la empresa promotora para que les facilite toda la información y eliminar así la incertidumbre que ha generado el proyecto, “puesto que se trata de una iniciativa privada y el Gobierno no es el promotor”, puntualiza el comunicado oficial obviando que el PSIR lo aprueba el Ejecutivo de Cantabria, no depende del inversor particular.

En este sentido, la presidenta ha dicho que el Gobierno “solo interviene en la declaración del interés público del proyecto”. También ha incidido en que incluye la construcción de casi 3.200 viviendas de protección oficial “a precios asequibles, la Ciudad de la Justicia y la cesión a Santander de 650.000 metros cuadrados del Parque Litoral Norte”.

El Gobierno del PP en Zaragoza ha puesto a la venta una parcela en los antiguos suelos de Filtros Mann, en el barrio de La Jota, para que un promotor privado construya hasta 91 viviendas de precio libre. El solar está donde la prolongación de la calle de Isla Dragonera se encuentra con el nuevo vial paralelo a las vías del tren. El Ayuntamiento lo recibió gratis mediante el 10% del aprovechamiento urbanístico que el desarrollo del ámbito debe ceder al municipio. Pese a que la ley estatal de Suelo destina ese patrimonio a vivienda protegida, el pliego no fija precios máximos de venta ni reserva ningún piso asequible.

El anuncio de licitación se aprobó por resolución del Gobierno de Zaragoza esta pasada semana. El precio de salida es de 3.778.890,47 euros sin IVA y solo puede mejorarse al alza. Este importe lo fijó el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda tomando como referencia los precios de las promociones de obra nueva del entorno, y equivale a 1.418,33 euros por metro cuadrado de suelo, 366,61 euros por metro cuadrado edificable y 41.526,27 euros por vivienda.

La parcela, para levantar baja más siete alturas, mide 2.664,32 metros cuadrados. Da por el norte a la prolongación de la calle de Isla Dragonera y por el este, al vial que discurre junto al trazado ferroviario. Se trata de la parcela en la que se materializa la cesión del 10% que corresponde al municipio en un ámbito en el que se levantarán 914 viviendas.

Los criterios de la enajenación: prima el precio

El Ayuntamiento ha presentado la operación como una venta en la que se dará “gran importancia a la propuesta técnica”, según las fuentes municipales que citó 'Heraldo' el día de la aprobación. Pero el pliego dice otra cosa: la calidad y eficiencia del edificio y la reducción de plazos suman 10 de los 100 puntos, mientras que la oferta económica reparte hasta 85 puntos y el adelanto del pago, otros 5. La sostenibilidad energética, ambiental o social del edificio puntúa como máximo 5.

El adjudicatario tendrá que pagar al menos el 20% del precio, más IVA, en los 15 días hábiles siguientes a la notificación, y el resto antes del 30 de junio de 2027. Entre los fines de la venta, el propio pliego menciona “el cumplimiento de los ingresos municipales”. Solo pueden optar empresas con experiencia acreditada en al menos una promoción de 80 viviendas o más en los últimos diez años, lo que deja fuera a los promotores pequeños.

El Gobierno municipal se apoya para la operación en la Ley de Urbanismo de Aragón, que permite vender por concurso con varios criterios los suelos del patrimonio público para los que el planeamiento prevé uso residencial sin exigir vivienda protegida. Frente a esto, la ley estatal de Suelo dice que los bienes que forman necesariamente ese patrimonio, entre ellos las cesiones obligatorias, deben destinarse a vivienda con algún régimen de protección pública.

Esa contradicción ya llegó al Justiciazgo de Aragón por otra venta, la de los antiguos terrenos de Alumalsa en el barrio de San José, entre la calle de Neptuno y la calle de Santa Gema y donde se pueden construir más de un centenar de viviendas. En su respuesta a la Justicia, los servicios municipales sostuvieron que destinar esos suelos a vivienda pública supondría una importante pérdida patrimonial para el municipio, y que el dinero de la venta se dedicaría por ley a conservar el patrimonio municipal de suelo. El 21 de julio de 2026, la Justicia, Concepción Gimeno, sugirió al Consistorio que interpretara el uso residencial de esas parcelas en coherencia con los fines que la ley aragonesa fija para el patrimonio público de suelo, y que tuviera en cuenta las expectativas vecinales. El Ayuntamiento adjudicó las dos parcelas por 9.353.000 euros a Residencial del Canal S.L.

Suelos contaminados y riesgo de inundación

La parcela se vende sin derecho a reclamar por la superficie ni por condiciones geológicas que encarezcan la obra. Los acuerdos del proyecto de urbanización del área reconocen la presencia de suelos contaminados: no exigen una descontaminación general, pero sí un plan de seguimiento del movimiento de tierras y una dirección medioambiental durante la excavación, como condición de la licencia de obras. El Registro de la Propiedad anotó también un riesgo bajo de inundabilidad en parte del área, con un periodo de retorno de 500 años, según la cartografía del SITEbro.

Las viviendas tardarán. El comprador tendrá de plazo hasta octubre del año que viene para pedir la licencia y la obra deberá durar entre 21 y 30 meses, así que los primeros pisos no se entregarían antes de 2029 y lo más probable es que lleguen en 2030. Tampoco podrá revender el solar sin autorización municipal hasta terminar el edificio.

La famosa cena VIP al pie de la Giralda con motivo de los XX Premios Escaparate no sólo recibió 18.000 euros brutos (IVA incluido) de fondos municipales, sino que también fue el propio gobierno local del PP el que concedió los permisos que hicieron posible la utilización de este enclave privilegiado. Para ello, primero lo declaró “evento de interés público municipal y turístico”, para lo que esgrimió el argumento de que la gala es “uno de los acontecimientos sociales, culturales, de moda y comunicación de mayor prestigio y proyección nacional e internacional celebrados en Sevilla”.

Fue el propio Ayuntamiento hispalense el que se encargó de tramitar este reconocimiento de “evento de interés”, para lo que primero suscribió un acuerdo de colaboración –al que ha tenido acceso este periódico– con el organizador en el que también se comprometía a aportar estos 18.000 euros, la misma cantidad que también puso la Junta de Andalucía. Tanto el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, como el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ambos del PP, asistieron como invitados a la cena.

El convenio lo rubricó Contursa, la empresa turística municipal, a partir de lo cual solicitó (y consiguió de la propia Delegación de Turismo y Cultura a la que pertenece) la declaración de “evento de interés”. En paralelo, tramitó y logró el permiso para ocupar la plaza Virgen de los Reyes, en la que –con contadas excepciones– la propia ordenanza prohíbe cualquier tipo de acto. A ello se unió la exención de tasas por ocupación de la vía pública y la autorización de “excepcionalidad acústica temporal”, ya que hasta las 2 de la madrugada se iba a producir más ruido del permitido. En total, el enclave permaneció ocupado durante 32 horas.

“Una actividad institucional”

Fue una empresa municipal (Contursa) la que pidió estas licencias, y lo hizo ante otro organismo del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, que dio su visto bueno clonando los argumentos ya recogidos en el convenio suscrito con Escaparate. De hecho, en el expediente por el que le autoriza la ocupación de la plaza se llega a afirmar que esta entrega de premios tiene como objeto “la difusión y promoción de la excelencia cultural y patrimonial de Sevilla”.

De hecho, define la gala como “una actividad de carácter institucional y excepcional”, por lo que da su visto bueno al entender que puede acogerse a una de las excepciones recogidas en la ordenanza. Esto permitió a Escaparate levantar mesas para 600 invitados en una zona ubicada entre los tres monumentos patrimonio de la humanidad de la ciudad: la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias.

En definitiva, que el Ayuntamiento hispalense no sólo actuó como patrocinador, sino que también se encargó de tramitar las autorizaciones y de concedérselas a sí mismo. “Ingeniería administrativa”, lo definió la concejal del grupo Podemos-IU, Susana Hornillo (Podemos), en la última comisión de control al gobierno local, a lo que la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno (PP), respondió que no se utilizó “ningún atajo administrativo” y que la inversión municipal estaba más que justificada por el “alcance mediático extraordinario” de un evento que, aseguró, consiguió “324 millones de impactos”.

El alcalde, “sorprendido” por el revuelo

Esto llevó a renglón seguido al portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz, a criticar esta versión municipal con una cifra “sin aclarar qué significa ni cómo se ha calculado”, preguntándose de paso si “son personas, visualizaciones, euros o apariciones en medios”. Por ello, considera que todo el caso es una “tomadura de pelo”, ironizando con que el alcalde “paga la cena de Escaparate y ahora pretende que los sevillanos le den las gracias”.

Por cierto, que la única referencia a la gala del regidor, José Luis Sanz, ha sido para expresar su incredulidad ante la que se ha formado con este evento celebrado hace un mes. “Me ha sorprendido mucho el espacio que ha ocupado en los medios de comunicación, ojalá el déficit de infraestructuras que tiene Sevilla ocupara el mismo espacio”, se limitaba a apuntar hace unos días.

Y aunque admite que el uso de la plaza Virgen de los Reyes “no lo contempla la ordenanza” y que “se hizo una excepcionalidad”, no muestra mayor preocupación por la denuncia por malversación y prevaricación que ha admitido un juzgado: “Que investigue el juez lo que tenga que investigar, de momento no ha denunciado nadie”.

“Proyección mediática insuperable”

El convenio entre Contursa y Escaparate también resalta que, en años anteriores, esta entrega de premios “ha puesto en valor los espacios y monumentos más emblemáticos de la urbe”, ya que se ha celebrado en lugares como los Reales Alcázares, la Plaza de España, el Casino de la Exposición, el palacio de San Telmo (el año pasado se celebró enfrente, en los Jardines de Cristina), el Muelle de la Sal o la plaza de San Francisco. La edición de 2026, añade, “en pleno entorno patrimonio mundial de la Unesco, otorgará una proyección mediática insuperable a la marca de la ciudad”.

El documento que allanó el camino para la declaración como “evento de interés” cifraba la asistencia al acto en “600 invitados de alto nivel”, aunque al final fueron menos, lo que supondría “un importante impacto económico en el sector hostelero, comercial y hotelero de Sevilla”. Todo esto se traduciría en la reserva de “un elevado número de plazas en hoteles de alta categoría” durante nada menos que una semana.

Cuenta Galdós en Memorias de un desmemoriado que Carlos V “solo se sentía emperador” al subir por la escalera del Alcázar de Toledo, no muy parecido al que podemos ver en la actualidad. El edificio del siglo XVI tenía magia, ligereza, alma renacentista (busquen el dibujo de Joris Hoefnagel y lo entenderán al instante), pero Galdós no lo sacó a colación por hablar simplemente de arquitectura. En su época, seguía siendo la sede de la Academia de Infantería, y el gran escritor se lanzó “a la región de las bellas hipótesis” para proponer que lo transformaran en establecimiento de viajeros de todo el mundo, “ahora que tanto se habla del turismo”. Se había alojado en un sitio excepcional, el antiguo Hotel Castilla y, al parecer, su “ninfa” y él estaban con ganas de ironizar por culpa del contacto diario con la “sociedad escogidísima de franceses, ingleses y yankis” que llenaba sus estancias.

No quiero ni imaginar qué habría escrito Galdós décadas después, cuando el capricho de las instituciones convirtió el hotel en sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, en lugar de crear el museo que su historia exigía. Aún se dice que era uno de los establecimientos más lujosos de España, y que atraía a intelectuales y pintores como Joaquín Sorolla y Tsuguharu Foujita; lo que no se dice es que estuvo directamente relacionado con dos de los muchos olvidados de nuestro país: los republicanos Félix Urabayen y su esposa, Mercedes Priede Hevia. El primero, al que a veces se recuerda por haber sido compañero de celda de Miguel Hernández y Antonio Buero Vallejo, nos dejó varios libros de artículos y un puñado de buenas novelas, como Don amor volvió a Toledo y Bajo los robles navarros; la segunda, hija del fundador del hotel (el irlandés Francisco O´Priede), abrió caminos vedados hasta entonces a las mujeres y fue esencial en la elaboración del Plan Profesional de Magisterio y el Reglamento de Escuelas Normales de la II República.

Por supuesto, cualquiera que haya leído bien al autor de La desheredada y Misericordia sabe que se habría alegrado de que el Castilla no acabara como tantos edificios de nuestras ciudades, condenados a ser majadas y fachadas sin alma de un parque temático para turistas. Al fin y al cabo, una sede de la Seguridad Social no deja de ser una buena causa; y por otra parte, es ciertamente preferible a tirar de piqueta, manía que estuvo tan de moda en el siglo XIX —también en el XX, pero no nos perdamos— que destruyó cascos históricos enteros, empezando por el de una capital que Galdós conocía a fondo: París, donde Napoleón III y el barón Haussmann decidieron quitar de en medio a decenas de miles de vecinos y eliminar casi todo lo antiguo con el noble afán de modernizar, es decir, de dejar el centro para los ricos, dificultar revoluciones (las calles estrechas son perfectas para las barricadas) y sustituir la estética de la pluralidad y la diferencia por la estética de la uniformidad y la monotonía. 

Desde mi punto de vista, no hay mejor forma de profundizar en aquella fiesta de la especulación y el control de masas que acudir a La jauría de Zola, algunos poemas de Baudelaire en Las flores del mal (los ‘Cuadros parisinos’ en concreto) y Nuestra señora de París, en la que Victor Hugo escribe lo siguiente, tras quejarse por la pérdida del “sentido histórico” de la ciudad: “El París de nuestros padres era de piedra, pero el de nuestros hijos será de yeso” (Libro tercero, capítulo II). De haber vivido en estos tiempos, habría dicho “pladur” y, probablemente, habría cambiado el título y parte del contenido de su célebre ‘¡Guerra a los demoledores!’ para parar los pies a los nuevos brujos del dinero fácil, como hombre comprometido y miembro que era de la Comisión del viejo París y de la Sociedad para la protección de los paisajes y la estética general de Francia. Si la arquitectura siempre es ideológica, qué decir del urbanismo. La única diferencia es que antes derribaban barrios en favor de una élite, y ahora se limitan a despojarlos de todo tejido social.

Evidentemente, las personas son lo primero. Sin embargo, tendemos a olvidar que el atraco inmobiliario que sufrimos va más allá de lo que nos afecta a nosotros, uno a uno, por vías como la imposibilidad de tener un techo sobre nuestras cabezas o la seguridad de vivir en una precariedad constante. Ese mismo mal cierra librerías, salas de ensayo y locales de asociaciones de todo tipo; ese mismo mal destruye la ciudad en el sentido original del término –el de espacio de la ciudadanía– y hace que el propio concepto de sociedad acabe en papel mojado, en algo que va quedando reducido a un eco: el de la rebeldía de Victor Hugo y Benito Pérez Galdós, quien no se olvidaba del mundo ni en su querido Hotel Castilla.

El Partido Regionalista de Cantabria ha trasladado su apoyo a los vecinos de Rucandial en su oposición al “macroproyecto” urbanístico 'Bosques de Santander' que el Gobierno de Cantabria (PP) quiere impulsar en el barrio y se ha ofrecido a promover una iniciativa en el Parlamento en defensa de sus viviendas para tratar de evitar que la actuación se lleve a cabo “en los términos planteados”.

Así lo han manifestado el secretario general, Miguel Ángel Revilla, la candidata electoral, Paula Fernández, y el portavoz en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, durante una reunión con representantes de la asociación vecinal, en la que han conocido de primera mano su postura y las actuaciones que están preparando para intentar frenar el proyecto.

Fernández ha anunciado la disposición del Grupo Parlamentario Regionalista a presentar una iniciativa en la Cámara autonómica en el momento que los afectados consideren “más oportuno”, teniendo en cuenta las actuaciones que están preparando y la evolución del procedimiento.

Precisar el alcance de los PSIR

Además, ha ofrecido su colaboración para trasladar al Parlamento las firmas que está recogiendo la asociación, a la que ha animado a mantener su “unidad e independencia”, y ha indicado que el PRC también está trabajando en propuestas para precisar el alcance de los PSIR y evitar que puedan ser utilizados en desarrollos urbanísticos ajenos a su finalidad original.

En la misma línea, Revilla ha asegurado que el uso de esa figura en una operación inmobiliaria como la de Rucandial “no cumple los objetivos para los que este instrumento se incorporó a la legislación urbanística de Cantabria en su etapa como presidente de la Comunidad Autónoma”. “El PSIR fue concebido para desarrollos de interés general, no para amparar pelotazos”, ha recalcado.

El secretario regionalista también ha criticado que el Gobierno ampare una actuación urbanística que “puede implicar la desaparición de viviendas familiares, algunas de ellas centenarias, por intereses inmobiliarios privados”.

En el ámbito municipal, Felipe Piña ha destacado que el Grupo Regionalista ya ha registrado preguntas en el Ayuntamiento de Santander para conocer todas las circunstancias de esta actuación, las cuales serán abordadas en el pleno del 29 de octubre.

Asimismo, ha cuestionado que se plantee un crecimiento urbanístico de estas dimensiones en la “anómala” situación urbanística de Santander, con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, y “sin aclarar previamente” el impacto sobre las infraestructuras y los servicios públicos.

En particular, ha advertido de las consecuencias que puede tener el incremento de población previsto sobre el transporte urbano, el abastecimiento de agua y otros servicios municipales y ha abogado por un desarrollo “ordenado y respetuoso con las características del entorno”.

Al menos 37 viviendas afectadas

Por su parte, los representantes vecinales han explicado que manejan un listado inicial de 37 viviendas afectadas, aunque temen que el alcance real del proyecto sea superior. De momento, han recogido 2.700 firmas de rechazo y la asociación que han constituido ronda ya los 200 miembros.

Finalmente, los representantes del PRC han subrayado su compromiso de mantener una comunicación permanente con el colectivo y acompañar a los vecinos en las actuaciones que emprendan para defender sus viviendas y preservar el carácter residencial de Rucandial, ha indicado el PRC en nota de prensa.

El Plan Singular de Interés Regional (PSIR) para el proyecto Olucas que ha aprobado el Consejo de Gobierno de Cantabria supone la expropiación de terrenos privados en el barrio Trapa de Villaverde de Pontones. Los promotores de la piscina de olas de surf no tienen la propiedad de todas las parcelas sobre las que se construirá el complejo turístico-deportivo privado con un lago, alojamientos, restaurante, bar y tienda en el municipio de Ribamontán al Monte. La iniciativa supone recalificar 100.000 metros cuadrados de terreno rústico.

Un proyecto que ha despertado recelos porque cuestiona el interés público de un negocio privado. El Ejecutivo de la presidenta Buruaga justifica que contribuirá a diversificar la oferta turística y deportiva de Cantabria. El informe del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, que mantiene silencio público, da el visto bueno al proyecto con dos condiciones: que se cree un acceso nuevo y no pase por el medio del pueblo y que se garantice el agua, ya que el municipio tiene problemas de suministro. Este verano ha afectado a Liermo, donde “no se podía llenar ni una piscina inflable infantil”, ironizan los vecinos en relación al agua que necesitará la piscina de surf, el equivalente a diez piscinas olímpicas según señala el proyecto.

Antes de conocerse públicamente el proyecto, impulsado como cara visible por Ignacio Martínez-Peñalber, algunos vecinos recibieron ofertas por sus parcelas de suelo rústico sobre las que hasta ahora no se podía construir. Esa circunstancia cambia con la aprobación del PSIR, en realidad una figura administrativa que en aras del bien común recalifica los terrenos para poder edificar, en este caso, la instalación de Olucas.

Para reunir todos los terrenos que incluye el proyecto la previsión es expropiar a aquellos que no vendieron o a quienes no se les ha hecho ninguna oferta. Seis parcelas, según calculan los vecinos y afectados directos que ya tienen todo preparado para constituir una asociación para defenderse de los perjucios que provocará esta instalación en el corazón de un pueblo de unos 470 habitantes.

Dos parcelas de 9.000 metros cuadrados cada una, propiedad de unos vecinos de toda la vida del barrio Trapa, donde hasta poco pastaba el ganado. Una de ellas al lado de la casa familiar, que quedaría totalmente afectada por la construcción a pocos metros de la piscina de surf. “Las dos entran dentro del proyecto”, lamenta Gloria Viadero.

Otros dos terrenos más son de la Junta Vecinal y a ellos se suman otros tantos de particulares con quienes no se ha contactado.

En realidad, como ha ocurrido en el anunciado PSIR de Real de Piasca en Santander, al barrio Trapa le ha sucedido lo mismo que a Rucandial: que se han enterado de que les quitan sus propiedades por los medios de comunicación. En el caso de Rucandial se van a derribar 35 casas. Aquí en Villaverde de Pontones se expropiarán solo parcelas pero, para algunos afectados, supondrá alterar su modo de vida y tener su casa pegada al complejo deportivo y turístico.

“Nosotros no bailamos por dinero”, dice Gloria en referencia a su familia. “No queremos vender y no queremos la piscina” -protesta- “lo que tenemos aquí es porque mis abuelos han trabajado mucho, no se puede expropiar por capricho”.

La normativa municipal no permite hacer el surf-resort con piscina de olas, alojamientos y hostelería que proyecta Olucas, S.L. de ahí que se haya optado por tramitar como un PSIR, con lo cual las competencias desde el punto de vista urbanístico pasan a ser responsabilidad exclusiva del Gobierno de Cantabria.

Olucas Cantabria, S. L. ha firmado acuerdos con Wavegarden, como socio tecnológico para construir la piscina de surf sobre un terreno que -como el propio consejero de Fomento, Roberto Media, admitió en el Parlamento- se proyecta sobre un yacimiento paleolítico con la misma protección que un Bien de Interés Cultural.

El proyecto se registró media hora antes de que comenzase el Debate de Orientación Política de finales de junio en el Parlamento de Cantabria, donde la presidenta lo anunció. En él advierte de que se está negociando la compra de las parcelas privadas que forman parte de la actuación pero, si no se consigue el promotor pedirá una Junta de Compensación, como establece la Ley del Suelo de Cantabria. Cuando presentó el proyecto disponía del 70% del terreno.

Financiación

Respecto a la financiación, el propio documento que registró oficialmente admite que se está buscando los 43 millones de euros que necesita, y reconoce que se están manteniendo contactos “con inversores privados de primer nivel” con experiencia en el sector turístico, inmobiliario y de ocio.

La promotora de la piscina de surf, Olucas Cantabria Sociedad de Responsabilidad Limitada, se constituyó hace un año -en mayo de 2025- con el objeto social declarado de gestionar, explotar y desarrollar instalaciones deportivas “con especial enfoque en la construcción y operación de una piscina de olas artificial para la práctica de surf y otras actividades recreativas y deportivas”, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

La sociedad, que figura a nombre de Ignacio Martínez-Peñalver como socio único, se constituyó con el capital social mínimo de 3.000 euros e hizo una ampliación de 85.000 euros la semana después de anunciarse públicamente.

El promotor califica la iniciativa urbanística como un “modelo de desarrollo” basado en la “diversificación de usos y actividades”, “con distintas líneas de negocio complementarias”: piscina, restaurantes, tienda para alquiler y venta de material deportivo, zona para impartir formación, recepción y vestuarios, zona de eventos, un “graderío natural”, aparcamiento público y privado, escenario al aire libre y alojamiento tipo 'glamping' (acampada con glamour) tipo bungalows. En el proyecto se definen como cabañas para entre dos y seis huéspedes.

El PSOE de Cantabria ha denunciado que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga y el PP demuestran con Olucas Surf que “su único interés regional son los pelotazos urbanísticos que destrozan Cantabria”.

Así lo ha expresado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, que ha señalado que la declaración de interés regional hoy en el Consejo de Gobierno del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) “es el mayor golpe al litoral cántabro y al entorno natural y paisajístico de Cantabria”.

Quiñones ha afirmado que “detrás de esa piscina de olas artificial esconden un golpe de enorme impacto ambiental y paisajístico con un complejo hotelero que solo beneficia a un promotor privado al que Buruaga le hace la ola no sabemos a cambio de qué”.

“Aquí la única socia de lo sucio es ella”, ha afirmado la portavoz de los socialistas cántabros, respondiendo a los insultos de Buruaga, y ha señalado que “detrás de este proyecto de piscina de olas artificial a 5 kilómetros de la mayor piscina natural para hacer surf, que es el mar cantábrico, todo lo que hay huele mal”.

Para la portavoz socialista, “los argumentos del Gobierno no se sustentan porque aquí no hay ningún interés que trascienda al ámbito municipal, lo único que trasciende es su interés por vender Cantabria al mejor postor convirtiendo nuestra tierra en un parque temático para los que nos visitan”.

Además, hablan de informes de las direcciones generales de Deportes y de Turismo “como si fueran entes ajenos al propio gobierno que quiere declarar como PSIR un pelotazo urbanístico cuando forman parte de una Consejería en la que han cesado o han dimitido más de 15 altos cargos en tres años, que evidencia el caos, la negligencia y la nefasta gestión”.

“Cantabria no necesita piscinas de olas artificiales ni megaproyectos como Bosques de Santander, necesita inversión pública en vivienda asequible y necesita que los mayores recursos públicos que llegan con el sistema de financiación del Gobierno de Pedro Sánchez se inviertan en fortalecer la Sanidad o la Educación públicas en vez de recortarlas”, ha censurado.

Por último, Ainoa Quiñones sobre el objetivo de desestacionalizar el turismo con este proyecto ha destacado que “lo único que se desestacionaliza con el PP con sus ansias por especular con el suelo rústico de nuestra tierra a cambio de no se sabe nunca que beneficio para Cantabria y los cántabros”.

“Hay muchas inversiones urgentes para fortalecer los servicios públicos o la vivienda asequible que el Gobierno de Buruaga no atiende y no responde pero cuando se trata de inversiones privadas cambian la Ley del Suelo con tal de que unos cuantos hagan negocio con nuestra tierra”, ha concluido.

La Asociación de Vecinos Afectados por el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) 'Bosques de Santander', constituida por aquellos que viven en el barrio Rucandial de la capital cántabra, se ha organizado en varios grupos de trabajo para defender sus derechos y reclama una reunión con las instituciones públicas implicadas, como son el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

En el seno de la asociación, se ha establecido un equipo técnico encargado de estudiar los planos del proyecto y la documentación urbanística, identificar posibles afecciones y analizar las características del proyecto.

Además, se ha dispuesto un equipo jurídico que se encargará del asesoramiento legal, del estudio de los procedimientos administrativos y la defensa de los derechos de los afectados y otro que se dedicará a todo lo que tiene que ver con comunicación y organización de acciones reivindicativas, ha detallado esta nueva asociación en un comunicado.

Con la asociación constituida, cuyo trámite registral ya ha sido presentado, persigue conseguir la paralización del proyecto urbanístico promovido por Real de Piasca y defender la continuidad de sus viviendas y de su barrio.

El proyecto 'Bosques de Santander' prevé construir en terrenos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo la construcción de 7.850 viviendas --4.710 libre y 3.140 protegida a precio asequible-- y acoger la futura Ciudad de la Justicia.

La asociación defiende “una interlocución colectiva con las instituciones y rechaza que el futuro del barrio se aborde exclusivamente mediante negociaciones individuales con la empresa promotora”.

Además, cuestiona la necesidad de destruir viviendas más de una treintena de viviendas en Rucandial para desarrollar el proyecto.

Uno de los principales motivos de oposición al PSIR es que, según los residentes, Real de Piasca ya dispone de una importante superficie de terrenos para desarrollar las miles de viviendas anunciadas sin necesidad de intervenir sobre los hogares consolidados de Rucandial.

Los vecinos cuestionan que una actuación urbanística de esta magnitud deba contemplar la desaparición de viviendas existentes cuando “hay suelo suficiente para desarrollar el proyecto sin desplazar a las familias”.

Por ello, reclaman que se justifique técnicamente la necesidad de incorporar estas propiedades y que se haga pública la documentación que sustenta la delimitación propuesta.

La asociación insiste en que su reivindicación no consiste en mejores condiciones económicas ni aceptar alternativas de realojo, sino que lo que busca es la paralización del PSIR Bosques de Santander, al que se oponen sobre el territorio y, especialmente, al que se opornen “por su impacto sobre el territorio y, especialmente, por la amenaza que representa para las viviendas y la continuidad del barrio”.