Los 2.000 vecinos de Pozuelo de Alarcón que la asociación de afectados calcula que existen por la construcción de un recinto ferial, un palacio de congresos y un hotel cerca de sus viviendas respiran algo más aliviados desde hace unos días. Un tribunal ha acordado como medida cautelar que las obras del proyecto no podrán comenzar hasta que haya sentencia firme sobre las consecuencias que puede acarrear su edificación. Los damnificados denuncian que no existe un informe medioambiental actualizado y temen ser víctimas de los problemas de tráfico y ruido que se generarían, mientras que el Consistorio defiende la construcción de estos enclaves al ser “fuente de riqueza y empleo”.

Javier Cabo, presidente de Pozuelo por la Calidad de Vida y contra el Ruido (POZCAVIR), afirma que la tramitación de la documentación por parte del Ayuntamiento “carece de todos los estudios pertinentes que se deben realizar” si se quiere realizar un proyecto de tales características. Tras agotar la vía municipal, la entidad acudió al tribunal de lo contencioso-administrativo. No les han dado la razón todavía, pero entienden que el magistrado ha apreciado indicios de que “estas obras podrían causar daños irreversibles sobre el entorno natural y residencial”.

Sin embargo, el Ayuntamiento liderado por Paloma Tejero (PP) ha señalado a elDiario.es que cuentan con varios informes favorables a la intervención. Citan uno fechado en diciembre de 2023 y emitido por la Comunidad de Madrid. En él se recoge que “no se observan riesgos para la salud humana y el medio ambiente, ni valores de vulnerabilidad del terreno objeto del planeamiento urbanístico”. Ante dicho extremo, Cabo incide en que ese dictamen fue emitido antes de darse a conocer el pretendido destino final de los terrenos. “Un informe ambiental general en el que no se concreta qué se va a construir lógicamente no sirve para nada”, defiende el pozuelero.

El Ayuntamiento, por su parte, afirma que también existe un informe favorable de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid, tal y como ya han aportado al juzgado. A ello se suma un pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues el recinto podría afectar al arroyo de La Plata, en el que se recoge que “esta intervención urbanística constituye un impacto ambiental negativo de escasa entidad, ya que las comunidades vegetales más interesantes se han integrado en la ordenación propuesta”.

El presidente de la asociación de afectados se retrotrae al informe medioambiental realizado de forma previa al conocimiento del uso final de la parcela para “invalidar” todas las resoluciones posteriores. “Una vez que en enero de 2024 descubren la verdadera finalidad del terreno es cuando deberían haberlo pedido, y no antes”, sostiene el mismo Cabo.

Sin obras hasta la sentencia

Sin embargo, el tribunal de instancia competente ha acordado admitir y aplicar las medidas cautelares solicitadas por POZCAVIR, lo que supone la paralización del proyecto urbanístico promovido por el Ayuntamiento de Pozuelo. La asociación ha destacado que “la adopción de medidas cautelares implica que el juzgado aprecia riesgo de daños irreversibles y la necesidad de proteger el entorno mientras se analiza la legalidad del proyecto”.

Ante este último movimiento a nivel judicial, el Ayuntamiento ha precisado que apenas afecta al futuro del enclave. Ya decidieron hace un mes y medio no iniciar las obras. “No queríamos que nos pillara con las obras recién iniciadas, lo que habría puesto en peligro la celebración de las fiestas de septiembre en esa misma parcela, que es en realidad lo único que pretende POZCAVIR. Así, nos quedamos como estábamos hasta que el juez decida y seguimos celebrando las fiestas en el mismo sitio y como en los últimos años”, han explicado.

Los mismos terrenos ya han sido utilizados hasta en cuatro ocasiones por el Ayuntamiento a lo largo de los dos últimos años, tanto para celebrar las fiestas patronales como para festejar con una macrofiesta la nochevieja. Fátima Arranz, cuya vivienda se sitúa a 300 metros del epicentro del ruido, ha sido una de las vecinas que ha sufrido las consecuencias: “Ya hemos visto cómo en esas ocasiones la primera entrada a Pozuelo desde Madrid se congestiona y hay problemas con el servicio de los autobuses”.

Esta antigua profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que vive en el municipio desde 1994, enfatiza que el proyecto del recinto ferial y palacio de congresos es la forma de comenzar a urbanizar esa parte de Pozuelo, pegada a la Casa de Campo y el madrileño barrio de Aravaca. “No creo que el Ayuntamiento se eche para atrás porque urbanizar da muchos millones. Al menos la Justicia parece que funciona, porque es increíble que en todas las capitales europeas quieran recuperar los espacios verdes y aquí los estemos liquidando”, critica a sus 69 años.

Los vecinos se sienten respaldados por la Justicia

Desde POZCAVIR reiteran que la meta que persigue el Ayuntamiento es transformar “un espacio que actualmente actúa como zona de transición natural y pulmón verde, sustituyéndolo por infraestructuras destinadas a grandes eventos”. Contraria es la postura que esgrime el Consistorio, desde donde defienden el proyecto porque “el sector de los negocios y congresos es una fuente de riqueza y empleo de Madrid, hasta el punto de que hay mucha más demanda que oferta, por lo que, para un municipio como Pozuelo, tan cerca de la capital y con el atractivo de esta ciudad, es una oportunidad de seguir generando riqueza y empleo”.

Del mismo modo, argumentan que ubicar en ese espacio el recinto ferial es “idóneo”, pues antes las fiestas tenían lugar en el centro del pueblo, “lo que impedía organizarlas con más seguridad y menos molestias, como muchos vecinos reconocen y agradecen desde que se hacen en esa zona la avenida de Europa”, siempre según la versión aportada por el Consistorio.

Muy diferente es lo que opina Enrique Giménez, vecino de esta misma avenida, donde se concentra la mayoría de afectados: “Las medidas cautelares son un reconocimiento al desastre que puede suponer la urbanización y posterior construcción en la zona”. Este economista de 58 años expone que “como español me he sentido respaldado por un estado de derecho que hasta el momento parecía que no me estaba representando”. Además, admite que hasta el momento se han sentido “huérfanos e ignorados”.

La opinión de Giménez es una de las tantas que desde POZCAVIR recogen día tras día. “Los vecinos de Pozuelo vivimos aquí por lo que representa el municipio, no por tener unos servicios en una ubicación equivocada y absurda. Estamos aquí porque queremos tranquilidad y descanso, y queremos que eso siga así, que es para lo que contribuimos con nuestros impuestos”, desarrolla tras más de doce años como residente en la localidad.

Sin acercamiento de posturas

Cabo, el presidente de POZCAVIR, reclama que el Ayuntamiento reciba a los afectados, algo que nunca ha sucedido, tal y como critica. “Se cierran en banda y repiten una y otra vez que tienen mayoría absoluta y que esto estaba en su programa electoral. Lo que no dicen es que en su programa electoral también ponía que el recinto estaría alejado de las zonas residenciales”, puntualiza el activista.

Por el momento, los vecinos organizados en la asociación esperarán la resolución judicial definitiva. Según sus abogados, el desenlace final todavía podría tardar en llegar un año. “Nuestra expectativa es que el Ayuntamiento se dé cuenta de la barbaridad urbanística que está cometiendo y del enorme perjuicio que está causando a los vecinos”, concluye el presidente. A la par, desde el Consistorio repiten que tienen “plena confianza de que este proyecto cumple todos los requisitos, incluidos y sobre todo los medioambientales”.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca) ha advertido de posibles “deficiencias” en el trámite de información pública del proyecto de Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), que pide que sean solventadas por la Consejería de la que depende el documento.

Arca asegura que “en ningún documento se cita la duración del periodo de alegaciones”. Igualmente advierte de que no se facilita cartografía digital en formatos aptos para ser analizados y tratados con sistemas de información geográfica y se limitan a poner a disposición planos en formato PDF, “que únicamente permiten la visualización y que no llevan datos asociados para su consulta”.

En un comunicado, la asociación ecologista recuerda que como entidad corporativa ambiental siempre es informada por la administración de la tramitación de estos proyectos y ha sido en esa notificación, de 23 de abril, cuando ha percibido esos “defectos”.

Arca considera que “ante la relevancia” que supone aprobar el PROT, la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio debe enviar una notificación especificando la duración del periodo de alegaciones y facilitando los mapas del plan en formato compatible para su análisis. 

Entre la postal lluminosa de la badia de Palma i la cruesa de l’abandonament, el Baluard des Príncep s’alça avui com una metàfora incòmoda de la gestió del patrimoni i de la relació de la capital balear amb el seu propi passat. Construït al segle XVII com a part del sistema defensiu renaixentista que envoltava Palma —una complexa xarxa de muralles i baluards dissenyada per resistir setges i protegir la ciutat—, aquest enclavament va ser durant segles una peça clau de l’arquitectura militar. Tanmateix, el que antigament fou símbol de protecció i solidesa històrica, actualment es degrada entre escombraries, grafits i accessos forçats.

Després de cinc anys de paràlisi de les obres de rehabilitació que s’estaven duent a terme al bastió —interrompudes per la fallida de l’empresa que se n’encarregava—, el Govern central acaba d’adjudicar per 1,44 milions d’euros els treballs pendents a una nova empresa, Rigel Over, que s’ocuparà de culminar un projecte llargament suspès en el temps. La intervenció, tanmateix, no és més que l’últim capítol d’una història molt més llarga: la d’una actuació que arrenca als anys vuitanta i que, més que una obra concreta, constitueix una transformació urbana prolongada durant més de quatre dècades. Perquè aquest baluard, aparentment marginal en l’actual paisatge urbà, és en realitat un dels punts on millor es pot llegir la biografia profunda de Palma: una ciutat construïda —i destruïda— a cop de muralla.

L’origen de la transformació del Baluard des Príncep es remunta als anys vuitanta, quan els arquitectes Elías Torres i José Antonio Martínez Lapeña van plantejar una idea radical per al seu temps: no limitar-se a restaurar les muralles de Palma, sinó reconvertir-les en un sistema d’espai públic contemporani. El seu projecte —que es desplega al llarg de tot el front marítim de la ciutat— parteix d’una premissa clara: les muralles ja no tenen sentit com a infraestructura defensiva, però sí com a suport urbà. La intervenció no busca congelar el passat, sinó reinterpretar-lo i fer-lo habitable.

Convertir una antiga estructura militar en un espai transitable

Per a això, el disseny treballa sobre una operació fonamental: cosir els diferents nivells de la ciutat, articulant la relació entre la ciutat històrica —situada en cota elevada—, el fossat —a mitjana altura— i el front marítim, completament obert. L’arquitectura es converteix així en un sistema de connexions: escales, rampes, recorreguts i plataformes que transformen un antic límit militar en un espai transitable. El Baluard des Príncep no és, en aquest sentit, una peça aïllada, sinó un node dins d’aquest sistema.

El projecte de rehabilitació treballa sobre una operació fonamental: cosir els diferents nivells de la ciutat, articulant la relació entre la ciutat històrica, el fossat i el front marítim, completament obert, transformant un antic límit militar en un espai transitable

L’execució del projecte, tanmateix, ha estat lluny d’aquesta coherència conceptual. Ja el 2017, el Ministeri de Foment havia invertit més de 4,4 milions d’euros en diferents fases de l’entorn del baluard dins del programa estatal de rehabilitació patrimonial. La intervenció es va fragmentar en múltiples etapes (A, B, C, D, E i F) i va quedar interrompuda després de la fallida de la constructora encarregada de les darreres fases. El resultat: un espai pràcticament acabat, però inutilitzable. L’adjudicació actual arriba per completar aquest últim tram mitjançant la urbanització del fossat, l’execució de les connexions de sanejament, la construcció d’una escala i un pont que connectaran amb la Porta des Camp, així com la finalització de l’edifici de recepció de visitants. És a dir, no es tracta d’una obra nova, sinó de la rematada de què faltava perquè el projecte funcioni tal com va ser concebut.

Per entendre el significat del Baluard des Príncep cal retrocedir diversos segles. Més concretament, al moment en què va veure la llum la muralla renaixentista de Palma, considerada l’obra més colossal de totes les que s’han construït en els més de dos mil anys d’història de la ciutat i una de les de més envergadura de les erigides a Espanya. Projectada al segle XVI davant les noves necessitats defensives que van portar els nous temps després de l’abandonament de l’edat mitjana, encerclava la ciutat al llarg d’un anell de sis quilòmetres. Tanmateix, més enllà de les seves dimensions portentoses, el seu tret més revolucionari va ser la irrupció de dotze estructures baixes, massisses i geomètriques —vuit terrestres i quatre marítimes— que van transformar completament la lògica defensiva: els baluards.

La imponent fortificació es va construir absorbint part del traçat que des del segle XI havia ocupat la muralla àrab: composta per una successió de murs verticals i torres quadrangulars, presentava un estat precari malgrat les reparacions puntuals a què havia estat sotmesa i amb prou feines oferia ja resistència. Havia estat construïda amb carreus de marès i segments de tàpia, material que havia resultat eficaç per resistir l’impacte dels trets procedents de les catapultes, els arcs i les ballestes, però que havia quedat obsolet davant la irrupció dels canons i les bombardes, capaços de llançar projectils de pedra o ferro amb una potència fins aleshores desconeguda.

La revolució dels baluards

Amb l’aparició de la pólvora, ja no es tractava de resistir darrere murs verticals, sinó de projectar la ciutat cap a l’exterior mitjançant sortints angulats capaços de creuar el foc i eliminar qualsevol punt cec. La muralla deixava de ser un límit passiu per convertir-se en un sistema actiu, on cada peça protegia la següent en una cadena contínua de defensa. Als baluards —Chacón, Berard, Sant Pere, Príncep, Moranta, Sitjar, Jesús, Santa Margalida, Zanoguera, Sant Antoni, Socorrador i Sant Jeroni— s’hi afegien vuit portes d’accés i, amb el temps, la capacitat militar de la fortificació es completaria amb un hornabec, tres revellins i un fossat de 24 metres d’amplada que envoltava la muralla terrestre, acabada de construir el 1714, després de cent trenta-nou anys des del seu inici. La superfície que ocupava el cinturó defensiu, amb els seus reforços exteriors i el fossat, arribava als 325.200 metres quadrats. Palma deixava de ser una ciutat simplement emmurallada per convertir-se en una autèntica màquina de guerra geomètrica.

Ja no es tractava de resistir darrere murs verticals, sinó de projectar la ciutat cap a l’exterior mitjançant sortints angulats capaços de creuar el foc i eliminar qualsevol punt cec. La muralla deixava de ser un límit passiu per convertir-se en un sistema actiu, on cada peça protegia la següent en una cadena contínua de defensa

En el seu treball La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el siglo XVI, l’arquitecte Fernando Cobos-Guerra destaca que els baluards no van sorgir com una innovació estètica ni com una evolució natural de les muralles medievals, sinó com una resposta urgent a la irrupció de l’artilleria als segles XV i XVI, que va fer saltar pels aires el sistema defensiu tradicional: les torres altes i els murs verticals, eficients durant segles, es van convertir en blancs fàcils per als canons. Va ser en aquest context d’experimentació, assaig i error on va començar a gestar-se una nova manera de fortificar, basada no a resistir l’impacte, sinó en neutralitzar-lo mitjançant la geometria i el foc creuat.

Lluny d’una invenció puntual, el baluard va ser el resultat de dècades de debat entre enginyers, militars i tractadistes que buscaven resoldre un problema central: com evitar els punts cecs en la defensa. La solució va consistir a transformar la muralla en un sistema angular, on cada element pogués protegir l’altre. Així, el baluard permetia una cosa revolucionària: defensar els llenços de muralla no des de dalt, sinó des dels costats, mitjançant l’anomenat foc de flanc. La defensa deixava de ser frontal per convertir-se en una xarxa interconnectada d’angles, trajectòries i cobertures.

Lluny d’una invenció puntual, el baluard va ser el resultat de dècades de debat entre enginyers, militars i tractadistes que buscaven resoldre un problema central: com evitar els punts cecs en la defensa. La solució va consistir a transformar la muralla en un sistema angular capaç de defensar els llenços de muralla no des de dalt, sinó des dels costats

Després de la derrota soferta a la Goleta de Tunis el 1574, la monarquia hispànica va assumir que les fortificacions “perfectes i inexpugnables” que descrivien els tractats no garantien la invulnerabilitat, fet que va portar els enginyers a deixar de perseguir models ideals i a adoptar un enfocament més pragmàtic, adaptant cada sistema defensiu a cada lloc concret, a la seva topografia, a la posició de l’enemic i a les condicions del terreny. La geometria, l’aritmètica i l’experiència militar es van combinar així en un exercici complex en què no existien solucions universals. De fet, els mateixos tractadistes del segle XVI com Pedro Luis Escrivá —considerat el primer a formular els problemes de la fortificació moderna— o Cristóbal de Rojas —autor de Teòrica i pràctica de la fortificació (1598)— reconeixien que la fortificació era una ciència plena d’incerteses, on cada decisió podia significar la caiguda o la resistència d’una plaça.

En aquest context, el baluard es va convertir en el nucli del sistema defensiu. No era un element aïllat, sinó el lloc on “hi havia tot l’art de la fortificació”, en paraules dels enginyers de l’època: allà s’hi concentraven les casamates, les troneres i els mecanismes de foc creuat que garantien la defensa del conjunt. La seva forma —baixa, angulada, parcialment oculta al fossat— responia a una lògica precisa: ser menys visible, més resistent i, sobretot, més eficaç en el control de l’espai circumdant. Els baluards van constituir així no una simple millora tècnica, sinó una autèntica revolució en la manera de concebre la guerra i la ciutat. Allà on abans hi havia un límit estàtic, va sorgir un sistema dinàmic, pensat per anticipar, creuar i dominar el foc enemic.

Els baluards van constituir així no una simple millora tècnica, sinó una autèntica revolució en la manera de concebre la guerra i la ciutat. Allà on abans hi havia un límit estàtic, va sorgir un sistema dinàmic, pensat per anticipar, creuar i dominar el foc enemic

Aquesta evolució arribaria al seu punt culminant al segle XVII amb figures com Sébastien Le Prestre de Vauban, enginyer al servei de Lluís XIV, que va portar el sistema abaluardat a la seva màxima perfecció tècnica. Lluny d’inventar formes noves, Vauban va sistematitzar les ja existents: la seva gran innovació va ser entendre la fortificació com un sistema dinàmic i no com una forma tancada i, davant els models teòrics, va defensar una arquitectura militar basada en l’observació directa, l’experiència de camp i l’optimització de recursos, perfeccionant elements com els fossats, els glacis o les obres exteriors per crear defenses en profunditat.

En el cas de Palma, tal com documenta l’historiador Jaime Escalas Caimary en el seu llibre Les muralles de Palma (1955), en què té en consideració les descripcions que ja havia fet l’arxiduc Lluís Salvador en la seva obra La ciudad de Palma (1882), la forma dels baluards era la mateixa en tots ells, excepte en els dos purament marítims, el de Chacón i el de Berard, més petits que la resta. Altres dos, amb la seva gran elevació i la seva ubicació entre terra i mar, sobresortien del recinte defensiu: eren el de Sant Pere i el dels Capellans o es Príncep —en honor a Felip II—, els dos únics bastions que perviuen en l’actualitat.

El d’Es Príncep, acabat de construir el 1606, formava part del nucli original de la muralla renaixentista i ocupava una posició clau en el front marítim oriental de la ciutat. El de Sant Pere, finalitzat quaranta anys després, va tenir un ús militar destacat durant segles i va arribar a acollir instal·lacions vinculades a la formació i pràctica d’artilleria, en línia amb la funció estratègica del sistema defensiu de Palma en època moderna.

El baluard des Príncep, acabat de construir el 1606, formava part del nucli original de la muralla renaixentista i ocupava una posició clau en el front marítim oriental de la ciutat. El de Sant Pere, finalitzat quaranta anys després, va tenir un ús militar destacat durant segles

Comença la demolició de les muralles

Tanmateix, allò que durant segles va ser imprescindible va acabar convertint-se en un problema. Durant el temps en què bona part del cinturó renaixentista de Palma va romandre dempeus, l’expansió de l’Imperi Otomà va ser considerada una amenaça i una preocupació de primer ordre per a Felip II, que va veure a les Balears una posició estratègica per defensar el territori de possibles atacs. La construcció de la façana marítima de la fortificació, però, no culminaria fins a començaments del segle XIX, quan, paradoxalment, l’Imperi Otomà ja es trobava en decadència i aquest tipus de muralla començava a quedar obsolet. Amb prou feines unes dècades després començaria la demolició d’una obra que es podia considerar acabada de construir, un enderroc del qual se salvaria el Baluard des Príncep.

La construcció de la façana marítima de les muralles de Palma no culminaria fins a començaments del segle XIX, quan, paradoxalment, aquest tipus de fortificació començava a quedar obsolet. Amb prou feines unes dècades després començaria la demolició d’una obra que es podia considerar acabada de construir

La justificació popular que va adquirir més pes per impulsar l’enderrocament del recinte va ser la filosofia higienista imperant a l’època, encapçalada a Mallorca per l’enginyer Eusebi Estada, una de les veus que amb més ímpetu va defensar l’enderroc en la seva obra La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche (1885), sota el pretext que, com a conseqüència de la presència de les muralles, la població vivia amuntegada i en condicions d’insalubritat. Estada assenyalava que a mitjan segle XVII, l’àrea edificada que ocupava Palma era de 1.023.300 metres quadrats, incloent-hi els seus carrers i les seves places, per la qual cosa a cada habitant li corresponien uns 37 metres quadrats. Tanmateix, advertia, a finals del segle XIX la superfície per habitant es va reduir a 24 metres, quan, segons el seu parer, la dimensió idònia per persona havia de ser de 40 metres quadrats.

Davant dels qui advocaven per enderrocar les muralles, altres s’hi oposaven ferventment, com Bartomeu Ferrà, mestre d’obres de la Societat Arqueològica Lul·liana, o Pere Garau Cañellas, que va defensar un pla d’eixample de Palma en què es preservava el recinte renaixentista, envoltant-lo de zones enjardinades a partir de les quals la ciutat podria anar creixent. Garau sostenia així que les muralles sí que podien harmonitzar amb el desenvolupament i la modernització de la capital balear, una postura que, actualment, continuen compartint nombrosos historiadors. L’Ajuntament es va decantar finalment, el 1901, pel projecte presentat per l’enginyer Bernat Calvet, el conegut com a “pla Calvet”, que, sota el lema Felix qui potuit rerum cognoscere causas (“Feliç aquell que pot conèixer les causes de les coses”), preveia l’eliminació de la fortificació, seguia els criteris d’un plànol radio concèntric i apel·lava a l’aprofitament urbanístic dels terrenys afectes a les muralles.

Els baluards sobreviuen

Amb tot, les muralles no van desaparèixer del tot. Continuen presents en el traçat urbà: les Avingudes de Palma segueixen el recorregut de l’antic fossat i la seva forma en ziga-zaga reprodueix la geometria defensiva renaixentista. El barri antic manté l’estructura heretada d’una infraestructura militar que ja no existeix, amb l’excepció dels baluards de Sant Pere i des Príncep. El de Sant Pere va passar a mans privades a la segona meitat del segle XX: els seus nous propietaris van projectar aixecar edificis a tota la zona i el 1963 fins i tot van intentar enderrocar la muralla mitjançant càrregues de calç. La reacció ciutadana, però, ho va impedir: la pressió social va aconseguir que el conjunt fos declarat historicoartístic i se n’impulsés la reconstrucció tot just dos anys després, el 1965.

A la segona meitat del segle XX, els nous propietaris del baluard de Sant Pere van projectar aixecar edificis a tota la zona i el 1963 fins i tot van intentar enderrocar la muralla mitjançant càrregues de calç. La reacció ciutadana, però, ho va impedir i va aconseguir que el conjunt fos declarat historicoartístic

No seria fins a finals dels anys vuitanta quan els terrenys van recuperar la seva vocació pública, després de ser requalificats i sotmesos a un procés d’expropiació que, tanmateix, va quedar durant anys en punt mort. L’espai va romandre abandonat fins al 1997, quan l’Ajuntament de Palma va cedir els terrenys per a la construcció d’Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, inaugurat el 30 de gener de 2004.

El 2023, la polèmica va colpejar de nou al baluard arran de les obres d'instal·lació sobre el mateix d'un exclusiu beach club, fet que va desencadenar una forta contestació social i institucional. Els treballs van ser finalment paralitzats després de detectar-se greus irregularitats, incloent-hi la construcció d’elements no autoritzats i l’alteració del subsol protegit. Associacions com ARCA van denunciar que la intervenció convertia el patrimoni en un “contenidor” al servei d’un ús privat i elitista, allunyant-lo de la seva funció pública i de contemplació. L’episodi va reobrir un debat de fons que travessa tota la història recent de les muralles: fins a quin punt s’han d’adaptar a nous usos i on se situa el límit entre la seva activació contemporània i la seva desnaturalització.

A finals del 2025, el derrumbament parcial d'una torre medieval integrada al Baluard de Sant Pere -un dels pocs vestigis visibles de la Palma islàmica- va tornar a encendre totes les alarmes sobre l’estat del patrimoni defensiu de la ciutat. Les entitats conservacionistes van denunciar la “inacció prolongada” de les administracions malgrat les advertències reiterades durant anys sobre el risc estructural del conjunt, i van alertar que el col·lapse afectava un tram complet del llenç històric, construït en tàpia i morter.

El Baluard des Príncep, per la seva banda, va viure un dels episodis més controvertits de l’urbanisme de la capital balear: la construcció de diversos blocs d’habitatges militars que ocupaven directament la muralla renaixentista, en oberta contradicció amb els criteris de protecció patrimonial. El complex, projectat el 1966 per l’arquitecte Juan Castañón de Mena —recentment nomenat cap de la Casa Militar de Franco i posteriorment ministre de l’Exèrcit—, es va materialitzar en diferents fases al llarg de les dècades següents, consolidant l’ocupació d’aquest enclavament estratègic. Lluny de ser una intervenció menor, es tractava de diversos edificis residencials que van arribar a allotjar més d’un centenar de famílies i que van transformar completament la fesomia del baluard, ocultant-lo rere una arquitectura aliena al seu caràcter històric.

El Baluard des Príncep va viure un dels episodis més controvertits: la construcció de diversos blocs d’habitatges militars que ocupaven directament la muralla renaixentista, en oberta contradicció amb els criteris de protecció patrimonial. L’edificació va ser projectada el 1966 per l’arquitecte Juan Castañón de Mena, recentment nomenat cap de la Casa Militar de Franco

Durant anys, la seva presència va simbolitzar la tensió entre desenvolupament urbà i conservació del patrimoni a Palma, en un context en què la mateixa muralla havia deixat d’entendre’s com un element central de la ciutat. El desenllaç no arribaria fins a finals dels noranta, moment en què es va produir el gir definitiu: després d’un llarg procés de negociacions, expropiacions i reallotjaments, el Ministeri de Defensa va cedir els terrenys a l’Ajuntament, fet que va permetre alliberar un enclavament fins aleshores inaccessible i obrir la porta a un ambiciós projecte de transformació urbana que buscava retornar el baluard a la ciutat.

Des d’aleshores, el Baluard des Príncep ha transitat de recinte tancat i degradat a espai en procés de reintegració, convertit avui en una peça clau —encara inacabada— dins la relectura contemporània de les muralles de Palma.

El proyecto para construir una macrogranja porcina en Pozuelo (Albacete), impulsado por Cefusa, una empresa vinculada a la conocida marca comercial ElPozo, ha sido rechazado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Desarrollo Sostenible publica este jueves una resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en la que la Dirección General de Calidad Ambiental declara la imposibilidad de continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del expediente para esta explotación de producción y recría de lechones.

El planteamiento urbanístico del Ayuntamiento de Pozuelo ha sido clave. En 2023 este pueblo inició su particular batalla para blindarse frente a las explotaciones ganaderas intensivas, la industria que en este caso buscaba extenderse desde la vecina Región de Murcia a Albacete.

Se propuso una modificación de Plan de Ordenación Municipal (POM) con el objetivo de preservar el suelo rústico “de transformaciones ajenas a la naturaleza de estos terrenos”. Esta era una petición recurrente de las plataformas sociales y vecinales contrarias a las macrogranjas.

La reforma introducía una regulación de la ganadería, especialmente la intensiva, que permita garantizar, no solo “la preservación de los valores que originaron la protección de los terrenos en las zonas protegidas” (que ya cuenta con las legislaciones estatal y autonómica), sino también asegurar que los usos del suelo “son coherentes con su utilidad pública la función social de la propiedad y son acordes con el medio ambiente y natural”.

Un proyecto que colea desde hace seis años

El origen de este expediente está septiembre de 2020 cuando la mercantil Cefu, S.A presentó a la Junta de Castilla-La Mancha una solicitud de evaluación de impacto ambiental del proyecto para la producción de miles de cerdos. Generó entonces una fuerte oposición vecinal que se organizó en torno a la Plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón.

Las protestas fueron recurrentes tras la pandemia de COVID-19. Los vecinos se han movilizado masivamente con recogidas de firmas y manifestaciones, aunque al proyecto no le faltaron adeptos.

El curso normal del expediente se vio interrumpido por la entrada en vigor de la moratoria regional para nuevas explotaciones ganaderas de porcino en la ley de acompañamiento de los presupuestos aprobada en 2022. Una moratoria que se acabó el pasado 31 de diciembre de 2024, abriendo de nuevo la posibilidad a los más de 60 proyectos que había sobre la mesa y quizá otros nuevos, con una nueva normativa que condiciona la gestión de los purines que fue calificada por las plataformas anti-macrogranjas como una “farsa” y que ha abierto la puerta no solo a este tipo de explotaciones intensivas sino a la industria de producción del biogás que se nutre, entre otras cosas, de residuos de la ganadería.

El 20 de enero de 2025, una vez finalizada la moratoria, se requirió a la empresa promotora la adaptación técnica del proyecto a las nuevas exigencias de gestión de estiércoles.

Dos meses después, el 21 de marzo de 2025, la Dirección General de Calidad Ambiental recibió el informe de Compatibilidad Urbanística emitido por la aparejadora municipal del Ayuntamiento de Pozuelo, “en el que se concluye de forma expresa que la actividad proyectada no es compatible con la normativa urbanística vigente”.

La modificación puntual urbanística realizada por el Ayuntamiento de Pozuelo lo ha impedido al establecer límites de capacidad productiva para las explotaciones ganaderas en función de su ubicación y de los parámetros poblacionales y territoriales. “Ninguna de las cuatro explotaciones propuestas cumple la capacidad máxima autorizable y, por tanto, resultan urbanísticamente incompatibles”, concluye el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y esa incompatibilidad, abunda el Ejecutivo regional, “bloquea la evaluación de impacto ambiental”.

Ninguna de las cuatro explotaciones propuestas cumple la capacidad máxima autorizable y, por tanto, resultan urbanísticamente incompatibles

Tomás Villarrubia — Director General de Calidad Ambiental

La decisión se ha tomado a pesar de las alegaciones presentadas por la empresa que han sido desestimadas “de forma íntegra” porque no se aprecian “circunstancias que justifiquen la continuación del procedimiento, dado el carácter vinculante y sobrevenido del informe de incompatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Pozuelo”.

Hay que recordar que se planteaban hasta 51 naves, cerca de la pedanía de Argamasón, para albergar a los animales y proyectos que sumaban capacidad para decenas de miles de cerdos, hasta 85.000 en algunos informes, para un pueblo que no llega a los 500 habitantes.

Pese a todo, esta resolución todavía deja abierta la puerta a que la empresa promotora pueda interponer un recurso de alzada para intentar sacar adelante el proyecto. Este medio ha contactado con la promotora para conocer su valoración sobre la decisión del Gobierno regional, y si habrá o no recurso, aunque hasta el momento no ha sido posible.

Stop Macrogranjas: “Es el resultado de la lucha vecinal”

Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Stop Ganadería Industrial y una de las impulsoras de la plataforma vecinal en Pozuelo ha valorado la decisión del Ejecutivo regional. “Esta es la noticia que veníamos esperando. Por fin, desde que comenzamos preocupados en 2017 con el primer proyecto presentado”.

Cree que “es el resultado de la lucha vecinal” porque “la plataforma que no ha dejado ni un momento de preocuparse por el estado del proyecto. Primero informándose de los efectos tanto ambientales, económicos y demográficos que supondría para la zona. Y después reclamando al Consistorio, órgano sustantivo que tenía, como siempre le hemos venido reclamando, herramientas municipales para frenar estos proyectos y proteger el futuro de toda la comarca”.

Lozano ha recordado que la macrogranja porcina proponía instalar hasta 18 balsas de purines, “y después con el nuevo proyecto presentado en plena pandemia, era algo más pequeño, pero todavía monstruoso”.

“Podemos celebrar que nuestra comarca, nuestros municipios: Pozuelo, Argamasón, La Zarza, Peñas de San Pedro, Casa Cañete, La Solana, San Pedro... estarán libres de proyectos de ganadería industrial del calibre que planteaba la empresa Cefu, SA/ El Pozo”.

Lo más importante y efectivo que debe hacer un ayuntamiento es establecer limitaciones a través de su plan de ordenación urbana

Inma Lozano — Portavoz Coordinadora Stop Ganadería Industrial

Ha agradecido a la plataforma y a la Coordinadora Stop Ganadería Industrial “que apoya, asesora y acompaña a los pueblos en este duro proceso de David contra Goliat. Son muchos los pueblos que están defendiendo su territorio frente a proyectos devastadores pero cada vez son más los que son rechazados y paralizados por las denuncias que venimos haciendo”, señalaba en declaraciones a este medio.

En su opinión, “más allá de declaraciones, ordenanzas, suspensiones temporales.... lo más importante y efectivo que debe hacer un ayuntamiento es establecer limitaciones a través de su plan de ordenación urbana”, asegura, tras lo ocurrido con este caso. “Si el ayuntamiento no da compatiblidad urbanística, fundamentada en su Plan de Ordenación Urbana, el Gobierno regional no puede dar ni la Declaración de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Integrada ”.

Además, decía, “con la euforia del logro conseguido, animamos al resto de plataformas a seguir luchando y defendiendo sus territorios, su agua y el futuro de las generaciones que vendrán. Felicidades a todos los vecinos y gracias por no frenarse en todos estos años en su defensa del territorio”, ha concluido.

Entre la postal luminosa de la bahía de Palma y la crudeza del abandono, el Baluard des Príncep se alza hoy como una metáfora incómoda de la gestión del patrimonio y la relación de la capital balear con su propio pasado. Levantado en el siglo XVII como parte del sistema defensivo renacentista que rodeaba Palma -una compleja red de murallas y baluartes diseñada para resistir asedios y proteger la ciudad-, este enclave fue durante siglos una pieza clave de la arquitectura militar. Sin embargo, lo que antaño fue símbolo de protección y solidez histórica, en la actualidad languidece entre basura, grafitis y accesos forzados.

Tras cinco años de parálisis de las obras de rehabilitación que se estaban llevando a cabo en el bastión -interrumpidas por la quiebra de la empresa que se encargaba de ellas-, el Gobierno central acaba de adjudicar por 1,44 millones de euros los trabajos pendientes a una nueva empresa, Rigel Over, que se ocupará de culminar un proyecto largamente suspendido en el tiempo. La intervención, sin embargo, no es más que el último capítulo de una historia mucho más larga: la de una actuación que arranca en los años ochenta y que, más que una obra concreta, constituye una transformación urbana prolongada durante más de cuatro décadas. Porque este baluarte, aparentemente marginal en el actual paisaje urbano, es en realidad uno de los puntos donde mejor puede leerse la biografía profunda de Palma: una ciudad construida -y destruida- a golpe de muralla.

El origen de la transformación del Baluard des Príncep se remonta a los años 80, cuando los arquitectos Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña plantearon una idea radical para su tiempo: no limitarse a restaurar las murallas de Palma, sino reconvertirlas en un sistema de espacio público contemporáneo. Su proyecto -que se despliega a lo largo de todo el frente marítimo de la ciudad- parte de una premisa clara: las murallas ya no tienen sentido como infraestructura defensiva, pero sí como soporte urbano. La intervención no busca congelar el pasado, sino reinterpretarlo y hacerlo habitable.

Convertir una antigua estructura militar en un espacio transitable

Para ello, el diseño trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica -situada en cota elevada-, el foso -a media altura- y el frente marítimo, completamente abierto. La arquitectura se convierte así en un sistema de conexiones: escaleras, rampas, recorridos y plataformas que transforman un antiguo límite militar en un espacio transitable. El Baluard des Príncep no es, en ese sentido, una pieza aislada, sino un nodo dentro de ese sistema.

El proyecto de rehabilitación trabaja sobre una operación fundamental: coser los distintos niveles de la ciudad, articulando la relación entre la ciudad histórica, el foso y el frente marítimo, completamente abierto, transformando un antiguo límite militar en un espacio transitable

La ejecución del proyecto, sin embargo, ha estado lejos de esa coherencia conceptual. Ya en 2017, el Ministerio de Fomento había invertido más de 4,4 millones de euros en distintas fases del entorno del baluarte dentro del programa estatal de rehabilitación patrimonial. La intervención se fragmentó en múltiples etapas (A, B, C, D, E y F) y quedó interrumpida tras la quiebra de la constructora encargada de las últimas fases. El resultado: un espacio prácticamente terminado, pero inutilizable. La adjudicación actual llega para completar ese último tramo mediante la urbanización del foso, la ejecución de las conexiones de saneamiento, la construcción de una escalera y un puente que conectarán con la Porta des Camp, así como la finalización del edificio de recepción de visitantes. Es decir, no se trata de una nueva obra, sino del remate de lo que faltaba para que el proyecto funcione como fue concebido.

Para entender el significado del Baluard des Príncep hay que retroceder varios siglos. Más en concreto, al momento en que vio la luz la muralla renacentista de Palma, considerada la obra más colosal de cuantas se han construido en los más de dos mil años de historia de la ciudad y una de las de mayor envergadura de las erigidas en España. Proyectada en el siglo XVI ante las nuevas necesidades defensivas que trajeron los nuevos tiempos tras el abandono de la Edad Media, cercaba la ciudad a lo largo de un anillo de seis kilómetros. Sin embargo, más allá de sus portentosas dimensiones, su rasgo más revolucionario fue la irrupción de doce estructuras bajas, macizas y geométricas -ocho terrestres y cuatro marítimas- que transformaron por completo la lógica defensiva: los baluartes.

La imponente fortificación se construyó absorbiendo parte del trazado que desde el siglo XI había ocupado la muralla árabe: compuesta por una sucesión de muros verticales y torres cuadrangulares, presentaba un estado precario a pesar de los remiendos puntuales a los que había sido sometida y apenas ofrecía ya resistencia: había sido construida con sillares de marés y segmentos de tapia, material que había resultado eficaz para resistir el impacto de los disparos procedentes de las catapultas, los arcos y las ballestas, pero obsoleto ante la irrupción de los cañones y las bombardas, capaces de lanzar proyectiles de piedra o hierro con una potencia hasta entonces desconocida.

La revolución de los baluartes

Con la aparición de la pólvora, ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa. A los baluartes -Chacón, Berard, Sant Pere, Príncep, Moranta, Sitjar, Jesús, Santa Margalida, Zanoguera, Sant Antoni, Socorrador y Sant Jeroni- se sumaban ocho puertas de acceso con sus respetivos puentes y un foso de 24 metros de ancho. Con el tiempo, la capacidad militar de la fortificación se completaría con un hornabeque y tres revellines. En total, la superficie que ocupaba el cinturón defensivo, con sus refuerzos exteriores y el foso, alcanzaba los 325.200 metros cuadrados. Palma dejaba de ser una ciudad simplemente amurallada para convertirse en una auténtica máquina de guerra geométrica.

Ya no se trataba de resistir tras muros verticales, sino de proyectar la ciudad hacia el exterior mediante salientes angulados capaces de cruzar el fuego y eliminar cualquier punto ciego. La muralla dejaba de ser un límite pasivo para convertirse en un sistema activo, donde cada pieza protegía a la siguiente en una cadena continua de defensa

Los baluartes, por tanto, no surgieron como una innovación estética ni como una evolución natural de las murallas medievales, sino como una respuesta urgente a la irrupción de la artillería en los siglos XV y XVI, como detalla en profundidad el arquitecto Fernando Cobos-Guerra en su trabajo La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el siglo XVI. La irrupción de los nuevos métodos de ataque hizo saltar por los aires el sistema defensivo tradicional: las torres altas y los muros verticales, eficaces durante siglos, se convirtieron en blancos fáciles para los cañones. Fue en ese contexto de experimentación, ensayo y error donde comenzó a gestarse una nueva forma de fortificar, basada no en resistir el impacto, sino en neutralizarlo mediante la geometría y el fuego cruzado.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular, donde cada elemento pudiera proteger al otro. Así, el baluarte permitía algo revolucionario: defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados, mediante el llamado fuego de flanco. La defensa dejaba de ser frontal para convertirse en una red interconectada de ángulos, trayectorias y coberturas.

Lejos de una invención puntual, el baluarte fue el resultado de décadas de debate entre ingenieros, militares y tratadistas que buscaban resolver un problema central: cómo evitar los puntos ciegos en la defensa. La solución consistió en transformar la muralla en un sistema angular que pudiera defender los lienzos de muralla no desde arriba, sino desde los lados

Tras la derrota sufrida en la Goleta de Túnez en 1574, la monarquía hispánica asumió que las fortificaciones “perfectas e inexpugnables” que describían los tratados no garantizaban la invulnerabilidad, lo que llevó a los ingenieros a dejar de perseguir modelos ideales y a adoptar un enfoque más pragmático, adaptando cada sistema defensivo a cada lugar concreto, a su topografía, a la posición del enemigo y a las condiciones del terreno. La geometría, la aritmética y la experiencia militar se combinaron así en un complejo ejercicio en el que no existían soluciones universales. De hecho, los propios tratadistas del siglo XVI como Pedro Luis Escrivá -considerado el el primero en formular los problemas de la fortificación moderna- o Cristóbal de Rojas -autor de Teórica y práctica de la fortificación (1598)- reconocían que la fortificación era una ciencia llena de incertidumbres, donde cada decisión podía significar la caída o la resistencia de una plaza.

En ese contexto, el baluarte se convirtió en el núcleo del sistema defensivo. No era un elemento aislado, sino el lugar donde “estaba todo el arte de la fortificación”, en palabras de los ingenieros de la época: allí se concentraban las casamatas, las troneras y los mecanismos de fuego cruzado que garantizaban la defensa del conjunto. Su forma -baja, angulada, parcialmente oculta en el foso- respondía a una lógica precisa: ser menos visible, más resistente y, sobre todo, más eficaz en el control del espacio circundante. Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo.

Los baluartes constituyeron así no una simple mejora técnica, sino una auténtica revolución en la manera de concebir la guerra y la ciudad. Allí donde antes había un límite estático, surgió un sistema dinámico, pensado para anticipar, cruzar y dominar el fuego enemigo

Esta evolución alcanzaría su punto culminante en el siglo XVII con figuras como Sébastien Le Prestre de Vauban, ingeniero al servicio de Luis XIV, quien llevó el sistema abaluartado a su máxima perfección técnica. Lejos de inventar formas nuevas, Vauban sistematizó las ya existentes: su gran innovación fue entender la fortificación como un sistema dinámico y no como una forma cerrada y, frente a los modelos teóricos, defendió una arquitectura militar basada en la observación directa, la experiencia de campo y la optimización de recursos, perfeccionando elementos como los fosos, los glacis o las obras exteriores para crear defensas en profundidad.

En el caso de Palma, como documenta el historiador Jaime Escalas Caimary en su libro Las murallas de Palma (1955), en el que toma en consideración las descripciones que ya había efectuado el Arxiduc Lluís Salvador en su obra La Ciudad de Palma (1882), la forma de los baluartes era la misma en todos ellos, exceptuando los dos puramente marítimos, el de Chacón y el de Berard, más pequeños que el resto. Otros dos, con su gran elevación y su ubicación entre tierra y mar, sobresalían del recinto defensivo: eran el de Sant Pere y el de los Capellans o es Príncep -en honor a Felipe II-, los dos únicos bastiones que perviven en la actualidad.

El de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos y llegó a albergar instalaciones vinculadas a la formación y práctica de artillería, en línea con la función estratégica del sistema defensivo de Palma en época moderna.

El baluarte de Es Príncep, terminado de levantar en 1606, formaba parte del núcleo original de la muralla renacentista y ocupaba una posición clave en el frente marítimo oriental de la ciudad. El de Sant Pere, finalizado 40 años después, tuvo un destacado uso militar durante siglos

Comienza la demolición de las murallas

Sin embargo, lo que durante siglos fue imprescindible acabó convirtiéndose en un problema. Durante el tiempo en que buena parte del cinturón renacentista de Palma permaneció -la muralla terrestre fue terminada de construir en 1714, después de 139 años desde su inicio-, la expansión del imperio otomano fue considerada una amenaza y una preocupación de primer orden para Felipe II, que vio en Balears una posición estratégica para defender el territorio de posibles ataques. La construcción de la fachada marítima de la fortificación, sin embargo, no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, el imperio otomano ya se encontraba en decadencia y este tipo de muralla comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada, un derribo del que se salvaría el Baluard de es Príncep.

La construcción de la fachada marítima de las murallas de Palma no culminaría hasta comienzos del siglo XIX, cuando, paradójicamente, este tipo de fortificación comenzaba a quedar obsoleto. Apenas unas décadas después comenzaría la demolición de una obra que podía considerarse recién acabada

La justificación popular que cobró más peso para impulsar el derrocamiento del recinto fue la filosofía higienista imperante en la época, encabezada en Mallorca por el ingeniero Eusebi Estada, una de las voces que con más ímpetu defendió el derribo en su obra La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche (1885) so pretexto de que, como consecuencia de la presencia de las murallas, la población vivía hacinada y en condiciones de insalubridad. Estada señalaba que a mediados del siglo XVII, el área edificada que ocupaba Palma era de 1.023.300 metros cuadrados, incluyendo sus calles y sus plazas, por lo que a cada habitante le correspondían unos 37 metros cuadrados. Sin embargo, advertía, a finales del XIX la superficie por habitante se redujo a 24 metros, cuando, a su juicio, la dimensión idónea por persona debía ser de 40 metros cuadrados.

Frente a quienes abogaban por echar abajo las murallas, otros se oponían fervientemente a ello, como Bartomeu Ferrà, maestro de obras de la Societat Arqueològica Lul·liana, o Pere Garau Cañellas, quien defendió un plan de ensanche de Palma en el que se preservaba el recinto renacentista, rodeándolo de zonas ajardinadas a partir de las cuales la ciudad podría ir creciendo. Garau alegaba así que las murallas sí podían armonizar con el desarrollo y la modernización de la capital balear, una postura que, en la actualidad, continúan compartiendo numerosos historiadores. El Ajuntament se decantó finalmente, en 1901, por el proyecto presentado por el ingeniero Bernat Calvet, el conocido como 'plan Calvet', que, bajo el lema Felix qui potuit rerum cognoscere causas (“Dichoso aquel que puede conocer las causas de las cosas”), contemplaba la eliminación de la fortificación, seguía los criterios de un plano radioconcéntrico y apelaba al aprovechamiento urbanístico de los terrenos afectos a las murallas.

Los baluartes sobreviven

Con todo, las murallas no desaparecieron del todo. Continúan presentes en el trazado urbano: las Avenidas de Palma siguen el recorrido del antiguo foso y su forma en zigzag reproduce la geometría defensiva renacentista. El casco antiguo mantiene la estructura heredada de una infraestructura militar que ya no existe, con excepción de sus baluartes Sant Pere y Es Príncep, dos de las puertas que daban acceso a la ciudad -Calatrava y Portella- y dos de los puentes -los que conducían a la Porta de Santa Catalina y a la des Camp-. El baluarte de Sant Pere pasó a manos privadas en la segunda mitad del siglo XX: sus nuevos propietarios proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió: la presión social logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico y se impulsara su reconstrucción apenas dos años después, en 1965.

En la segunda mitad del siglo XX, los nuevos propietarios del baluarte de Sant Pere proyectaron levantar edificios en toda la zona y en 1963 llegaron incluso a intentar derribar la muralla mediante cargas de cal. La reacción ciudadana, sin embargo, lo impidió y logró que el conjunto fuera declarado histórico-artístico

No sería hasta finales de los años ochenta cuando los terrenos recuperaron su vocación pública, tras ser recalificados y sometidos a un proceso de expropiación que, sin embargo, quedó durante años en punto muerto. El espacio permaneció abandonado hasta 1997, cuando el Ayuntamiento de Palma cedió los terrenos para la construcción de Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma, inaugurado el es bal.

En 2023, la polémica golpeó de nuevo al baluarte a raíz de las obras de instalación sobre el mismo de un exclusivo beach club, lo que desató una fuerte contestación social e institucional. Los trabajos fueron finalmente paralizados tras detectarse graves irregularidades, incluyendo la construcción de elementos no autorizados y la alteración del subsuelo protegido. Asociaciones como ARCA denunciaron que la intervención convertía el patrimonio en un “contenedor” al servicio de un uso privado y elitista, alejándolo de su función pública y de contemplación. El episodio reabrió un debate de fondo que atraviesa toda la historia reciente de las murallas: hasta qué punto deben adaptarse a nuevos usos y dónde se sitúa el límite entre su activación contemporánea y su desnaturalización.

A finales de 2025, el derrumbe parcial de una torre medieval integrada en el Baluard de Sant Pere -uno de los pocos vestigios visibles de la Palma islámica- volvió a encender todas las alarmas sobre el estado del patrimonio defensivo de la ciudad. Las entidades conservacionistas denunciaron la “inacción prolongada” de las administraciones pese a las advertencias reiteradas durante años sobre el riesgo estructural del conjunto, y alertaron de que el colapso afectaba a un tramo completo del lienzo histórico, construido en tapial y mortero.

El Baluard de Es Príncep, por su parte, vivió uno de los episodios más controvertidos del urbanismo de la capital balear: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. El complejo, proyectado en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena -recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco y posteriormente ministro del Ejército-, se materializó en distintas fases a lo largo de las décadas siguientes, consolidando la ocupación de este enclave estratégico. Lejos de ser una intervención menor, se trataba de varios edificios residenciales que llegaron a albergar a más de un centenar de familias y que transformaron por completo la fisonomía del baluarte, ocultándolo tras una arquitectura ajena a su carácter histórico.

El Baluard de Es Príncep vivió uno de los episodios más controvertidos: la construcción de varios bloques de viviendas militares que ocupaban directamente la muralla renacentista, en abierta contradicción con los criterios de protección patrimonial. La edificación fue proyectada en 1966 por el arquitecto Juan Castañón de Mena, recién nombrado jefe de la Casa Militar de Franco

Durante años, su presencia simbolizó la tensión entre desarrollo urbano y conservación del patrimonio en Palma en un contexto en el que la propia muralla había dejado de entenderse como un elemento central de la ciudad. El desenlace no llegaría hasta finales de los noventa, fecha en la que se produjo el giro definitivo: tras un largo proceso de negociaciones, expropiaciones y realojos, el Ministerio de Defensa cedió los terrenos al Ayuntamiento, lo que permitió liberar un enclave hasta entonces inaccesible, abriendo la puerta a un ambicioso proyecto de transformación urbana que buscaba devolver el baluarte a la ciudad.

Desde entonces, el Baluard des Príncep ha transitado de recinto cerrado y degradado a espacio en proceso de reintegración, convertido hoy en una pieza clave -todavía inacabada- dentro de la relectura contemporánea de las murallas de Palma.

Cantabristas ha instado al PRC, a través de un comunicado, a que prohíba en sus ayuntamientos la construcción de vivienda turística en suelo rústico. La formación ha expresado su sorpresa ante los nuevos posicionamientos anti masificación turística del PRC, teniendo en cuenta, han señalado, “la trayectoria política de los regionalistas, que incluye promover y apoyar la Ley del Suelo que ha flexibilizado el suelo facilitando la especulación urbanística y la turistificación allí donde gobierna”.

En opinión de la formación política, el PRC parece “más preocupado de disputar los votos a Cantabristas que de hacer valer su nueva postura política entre su propia gente”. Por ello, desde Cantabristas han pedido a los regionalistas que “prediquen con el ejemplo” y apliquen la cláusula de la Ley del Suelo que faculta a los ayuntamientos a prohibir la construcción de vivienda turística en suelo rústico para frenar la masificación turística y la proliferación de segundas residencias.

“En política, no valen solo las palabras. Si de verdad sus últimas declaraciones son fruto de la reflexión y autocrítica respecto a las políticas del hormigón que han caracterizado al PRC en las últimas décadas, que actúen y comiencen a cambiar las cosas desde los ayuntamientos en los que pueden hacerlo”, han declarado desde la formación cantabrista.

Por último Cantabristas, que ha dicho mantener desde sus orígenes “un posicionamiento muy crítico hacia el monocultivo del sector turístico y la promoción de la masificación turística”, han explicado que no terminan de creerse “este nuevo PRC” y tienen “poca confianza en que estas incoherentes nuevas posturas políticas se materialicen en algo plausible”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Llano de la Pasiega, en Piélagos, no está en vigor, porque no se ha publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

A juicio de la Sala, la publicación de una norma puede realizarse mediante la remisión a una página web de la administración porque eso plantea el problema de que “solo se puede comprobar el enlace el día en que se pincha, pero no se puede saber lo que se veía en el momento de la publicación, de la demanda, del juicio o de la sentencia”.

Para la Sala, “existe un problema de inseguridad o duda” acerca de lo que aparece tras ese enlace, de “si ese contenido puede variar con el tiempo y, de ser así, de qué factores depende”.

“Esto generaría dudas acerca de la fiabilidad del contenido y también sobre el momento de la entrada en vigor”, añade, porque “no existe ningún tipo de norma que permita este tipo de publicación alternativa, que regule o dé fiabilidad sobre el sistema, es decir, se desconoce en virtud de qué habilitación la publicación del proyecto se realiza a través de este mecanismo y por qué se escoge este y no otro posible”.

La sentencia, notificada ahora -contra la que no cabe recurso- resuelve un recurso planteado por el Ayuntamiento de Piélagos contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Santander de mayo de 2024.

En aquella resolución, la magistrada estimó el recurso de dos ciudadanos contra la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles de sus fincas del año 2023. Hasta entonces, habían sido consideradas rústicas, y a partir de esa fecha les cobraron el IBI como urbanas en virtud del nuevo urbanismo planteado por el PSIR de La Pasiega que, presumiblemente, estaba en vigor.

Estos ciudadanos recurrieron la liquidación del IBI argumentando que sus fincas seguían siendo rústicas porque el PSIR no había entrado en vigor al no haberse publicado íntegramente en el BOC.

La realidad es que el 5 de mayo de 2022 el Boletín Oficial de Cantabria publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprobaba definitivamente el PSIR de La Pasiega y el índice de documentos que componen el proyecto singular, añadiendo que podía “consultarse y descargarse” en un enlace web.

Pues bien, contra esa sentencia que dio la razón a los dos particulares el Ayuntamiento de Piélagos presentó un recurso solicitando aclarar “si basta para la entrada en vigor de un PSIR la publicación del acuerdo de aprobación definitiva remitiendo a una web electrónica para el acceso al contenido íntegro del plan”.

La Sala ha respondido fijando la siguiente doctrina: “Para la entrada en vigor de un PSIR es necesaria la publicación de la resolución de aprobación definitiva junto con la publicación íntegra del texto del PSIR en el Boletín Oficial de Cantabria, sin que sea suficiente la publicación por medio de remisión a una página web de otra administración”.

Y añade que, en este caso concreto, “el PSIR no había entrado en vigor, la finca no tenía por lo tanto carácter de urbana y no podía liquidarse el IBI, y, en consecuencia, la sentencia de instancia es correcta”.

El presidente del consejo comarcal de La Cerdanya, Isidre Chia (Junts), se ha desvinculado este lunes ante la jueza de Puigcerdà del chalé ilegal con piscina construido sin permiso y en una finca inundable actualmente propiedad de su hermano.

Ante la jueza de Puigcerdà ha comparecido este lunes Chia como investigado, pues en el momento de iniciarse la construcción irregular el terreno pertenecía a una sociedad familiar. El dirigente, que ha respondido a las preguntas de la jueza y de su defensa, se ha desvinculado de las obras ilegales y ha remarcado que eran de su hermano, han informado fuentes jurídicas.

El caso del chalé ilegal de Fontanals ha llegado al juzgado después de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambietne de Girona, quien llevó a los tribunales a los dos hermanos Chía y respaldó la lucha que desde hace años mantiene la entidad ecologista SOS Pirineus contra el chalé de Chia y otras edificaciones en terrenos protegidos de personajes poderosos de la comarca.

El caso permanece en los juzgados en 2026 pese a que las obras ilegales empezaron en 2017 y que desde 2022 existe una orden municipal para derribar la construcción ilegal que sigue sin ejecutarse, según ha admitido el arquitecto municipal de Fontanals que ha comparecido este lunes como testigo, informan las mismas fuentes.

Según el fiscal y los ecologistas, Chia “transformó subrepticiamente” en 2017 una caseta tradicional agrícola en un chalé con piscina y jardín en un terreno inundable y protegido a nivel ecológico –cuyo resultado se puede constatar en el vídeo de archivo que acompaña a esta información– mediante una licencia urbanística que solo le permitía limpiar el terreno y arreglar desperfectos en la caseta.

Xavier Chia, que tiene una empresa de jardinería muy conocida en la comarca, no se quedó aquí, expone el fiscal. Cuando fue descubierta la primera construcción irregular, el hijo del entonces alcalde “intentó ocultar la ilegalidad y evitar sanciones” mediante solicitudes de varias obras menores y licencias ante el Ayuntamiento que comandaba su padre.

Por ejemplo, en 2019, cuando la construcción irregular ya era un clamor entre vecinos y ecologistas de la comarca, el Ayuntamiento concedió a Chia el permiso para construir una perrera para 40 canes al lado del chalé. Un año después, Chia, para intentar tapar la construcción ilegal de la piscina del chalé, solicitó al consistorio una licencia para convertir la piscina en depósito de agua para perros, agrega la denuncia.

Los informes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) establecieron que la construcción de Chia no afectaba a acuíferos o a espacios protegidos, pero sí se pretendía edificar dentro de la zona inundable del río Segre, y por lo tanto hacía falta disponer de autorización previa.

Este lunes también ha comparecido un perito propuesto por la defensa de los Chia que, en línea con la tesis exculpatoria, ha admitido que, si bien las obras fueron ilegales, la normativa permitía su legalización. En suma, un intento de que la causa por delito urbanístico quede en nada.

A finales de marzo te contábamos la movilización del vecindario de la calle Lardero Norte. Colocaron carteles en los portales de la calle para aclarar la situación. Y es que no están contentos con la urbanización final de esta calle. Entre este descontento está la ausencia de árboles. Y es que esta zona de Logroño perderá una hilera tras su reurbanización y se colocarán jardineras en su lugar, en contra de la reclamación vecinal.

Este lunes han sido los socialistas de Logroño quienes se han sumado a la denuncia y a la “tala de árboles de la calle Lardero sin alternativa alguna”. Así, denuncian que el Gobierno de Conrado Escobar ha iniciado “ya el arranque de los árboles de una acera de la calle Lardero ante la absoluta indignación de los vecinos, que llevan mucho tiempo reclamando a Escobar que estudiara una alternativa al arranque de los árboles”.

Los socialistas censuran las promesas incumplidas del Gobierno del PP en Logroño que “acaba de dejar sin un solo árbol al margen de la derecha de esta calle. Ninguneando de esta forma al vecindario”. Los socialistas aseguran que “cualquiera de los problemas técnicos en la ejecución de obras tenían solución, pero ha sido la incapacidad de gestión -y de mantener un mínimo dialogo vecinal- del alcalde Conrado Escobar y su equipo la que ha acabado para siempre con una zona verde en la calle Lardero”.

Por todo ello, el PSOE de Logroño muestra su “más enérgica protesta por esta actitud del Gobierno municipal, despótica con los vecinos y absolutamente irrespetuosa con el medio ambiente de la ciudad”.

“Este edificio es de los más antiguos y emblemáticos del casco histórico de Mogán. La construcción data del siglo XVIII, anterior a la misma iglesia”. “Han quitado las tejas del techo, roto un corredor, un balcón exterior y siguen haciendo destrozos, todo ello sin licencia ni permiso alguno”. “El edificio constituye una pieza única representativa de arquitectura rural tradicional canaria (...) No se entiende cómo este ilustre Ayuntamiento ha permitido que se lleve a cabo la demolición de un edificio tan emblemático, con una estética impecable y con una estructura basada en una carpintería artesanal de madera de tea de pino canario, permaneciendo pasivamente inmóvil, indiferente y estático”. 

La historia empieza en abril de 2001. Vecinos de Mogán, en el sur de Gran Canaria, denuncian la demolición de una casa del siglo XVIII con alto valor arquitectónico en el casco del pueblo, a escasos metros de la iglesia, para levantar en su lugar un bloque de viviendas. Uno de los denunciantes es Benigno Bravo de Laguna, el primer alcalde de la democracia en el municipio sureño. Agentes de la Policía Local se personan en el lugar y levantan actas contra el promotor de las obras (la empresa Braumrott) y el constructor tras constatar el derribo de la casona sin licencia.

El servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria reclama explicaciones urgentes al alcalde de Mogán (Antonio Santana). La casona está incluida en el inventario del Patrimonio Arquitectónico del municipio. El Ayuntamiento paraliza y precinta las obras, da un plazo de tres meses al promotor para legalizar las actuaciones, bajo apercibimiento de multas, y ordena dar traslado a la Fiscalía por si los hechos fuesen constitutivos de un delito de desobediencia. Además, anuncia la apertura de un expediente sancionador. La empresa presenta alegaciones donde cuestiona que esa casona esté protegida y solicita después una licencia específica para consumar el derribo. 

El Ayuntamiento niega de forma definitiva la autorización para la demolición de la casona y ya en 2002 ordena el “restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada”, lo que obliga a la empresa a devolver a su estado original la edificación histórica. 

Un cuarto de siglo después, no hay rastro de ella. En el lugar se erigen hoy los esqueletos de los tres edificios que debían albergar 52 viviendas, 35 trasteros y 64 plazas de garaje. La empresa promotora llegó a ejecutar la cimentación, el 90% de la estructura y un 20% de los cerramientos. El Ayuntamiento de Mogán nunca abrió el anunciado procedimiento sancionador ni dio traslado de los hechos a la Fiscalía. Tampoco instó la ejecución de la orden de restauración de la casona del siglo XIII sepultada por esas obras. 

La mole de hormigón ha permanecido abandonada en el casco del municipio durante más de dos décadas, un escenario que puede cambiar en breve. El mismo Ayuntamiento que hace 25 años paralizó y precintó la obra ilegal acaba de aprobar su rescate con 1,5 millones de euros de dinero público, con el objetivo de destinarla a vivienda social. 

La compra

La operación se cerró por la vía de urgencia en la Junta de Gobierno Local celebrada el 10 de febrero de 2026. El gobierno liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán) acordó la compra del inmueble a la empresa Hoteles Nuevo Milenio. La adquisición está financiada al 100% con fondos del Gobierno canario. En una resolución dictada el 30 de diciembre de 2025, el entonces director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), Antonio Ortega (dimitió meses después tras ser procesado por delito sexual), concedió al Ayuntamiento de Mogán una ayuda directa y con abono anticipado por 2,5 millones, de los que el Consistorio sureño aprobó destinar 1,5 de forma exclusiva a la compraventa de esa estructura inacabada en el casco del pueblo. 

Cuando la Junta de Gobierno de Mogán acordó la adquisición de ese esqueleto urbanístico, la empresa vendedora no había inscrito aún las fincas en el Registro de la Propiedad. Lo hizo el 19 de febrero, nueve días después de ese acuerdo y una semana antes de la firma de la compraventa ante notario, según recoge una nota simple solicitada por este periódico. 

Lo llamativo es que la empresa vendedora había adquirido esa parcela en agosto de 2022. Es decir, que en tres años y medio ni la había registrado ni había hecho nada con ella. Hoteles Nuevo Milenio se constituyó en 2001. Tiene un capital de 13.830 euros y una facturación anual estimada inferior al medio millón de euros, según datos del registro mercantil. Desde enero de 2019 su administrador único es Julio Méndez, quien sustituyó en este cargo a Eugenio Hernández, un conocido empresario del sur de Gran Canaria que está procesado en el llamado caso 18 Lovas, una presunta red de prostitución de menores. 

El precio 

Hoteles Nuevo Milenio había comprado esos edificios inacabados en agosto de 2022 a Criteria Caixa, el brazo inversor de la entidad financiera Caixabank, según consta en la escritura de compraventa incorporada al expediente municipal. No se conoce el precio de esa transacción porque en la escritura se han tachado todos los importes. En el expediente no hay ningún dato que revele cuánto le costó el edificio a Nuevo Milenio en 2022 ni, por tanto, el beneficio que pudo haber obtenido con su venta al Ayuntamiento en 2026. 

Esa falta de transparencia ha encendido las alarmas en la oposición. Para Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias (NC) en la oposición, es “muy grave” que el Ayuntamiento afronte un desembolso millonario “a ciegas” para un edificio “sobre el que hay cargas y una orden de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida”.  

El edil denuncia la “incongruencia” del gobierno municipal. En la copia de las escrituras de la compraventa de 2022 (entre Caixabank y Hoteles Nuevo Milenio), los importes totales y el precio unitario por vivienda han sido tachados “voluntariamente y a conciencia” bajo un supuesto paraguas de privacidad, mientras el expediente deja al descubierto “datos estrictamente protegidos por ley”, como los DNI de los intervinientes, explica. 

La formación canarista advierte el peligro de estar financiando con fondos públicos “un negocio redondo” para un intermediario privado. “El Ayuntamiento ha pagado 1,5 millones de euros sin saber cuánto le costó al anterior propietario en 2022”. 

El concejal de NC registró este viernes un escrito en el que reprocha al Ayuntamiento de Mogán la “supresión deliberada” en el expediente de los importes de la compraventa entre particulares de 2022 y solicita tener acceso a esos datos “que no están protegidos”. 

Denuncia de un empresario

Un empresario del sur de Gran Canaria, Juan Manuel Pérez León, trató de frenar ese desembolso millonario del Ayuntamiento de Mogán mediante un recurso presentado el 25 de febrero. Es decir, un día antes de que se firmara la operación ante notario. En ese escrito, este ciudadano, un conocido denunciante de presuntas tramas de corrupción en las Islas, alertaba de que el gobierno liderado por Onalia Bueno había pactado “un precio desproporcionado respecto al estado real del inmueble” y que, por ello, había “vulnerado de lleno el principio de eficiencia” en el gasto público. 

El importe de 1,5 millones de euros se fijó a partir de la tasación realizada por un arquitecto externo contratado por el Ayuntamiento. Para realizar el informe de valoración económica, se basó en viviendas a la venta exclusivamente en el casco de Mogán, una zona con una “situación de estancamiento” del mercado inmobiliario debido a “la debilidad de la demanda y la ausencia de oferta”. La arquitecta municipal asumió como propia la tasación del profesional externo y dio luz verde a la compra de los esqueletos. 

El empresario denunciante alertaba de que el Ayuntamiento había acordado pagar el 94% del valor de tasación del inmueble sin exigir “una valoración pericial independiente”, ajena a la esfera municipal, y sin haber deducido “de forma explícita” el “elevadísimo sobrecoste” que tendría que inyectar la administración para terminar los edificios y hacerlos habitables. Pérez León advertía, además, que de haber comprado esa mole de hormigón directamente a la entidad bancaria hace años, el Ayuntamiento de Mogán “seguramente se hubiese ahorrado más de un millón de euros”. 

La Junta de Gobierno desestimó el recurso presentado por el empresario a partir de un informe de la Asesoría Jurídica y del servicio de Urbanismo. Sobre la tasación, la administración defendió que “se ajusta a la legalidad” porque fue realizada “por un profesional externo colegiado” y valora el inmueble “explícitamente” como un edificio “con obras paralizadas” y con un porcentaje de ejecución “de apenas el 23,15%”. Así, entiende que la cifra fijada (1,59 millones) refleja “de manera objetiva el estado real del inmueble”. 

El informe jurídico sí que da la razón al denunciante en cuanto a las vicisitudes urbanísticas de la parcela. El Ayuntamiento reconoce que en 2001 ordenó precintar la obra por la demolición sin licencia de la casona del siglo XVIII y que exigió la restauración a su estado original y dice no tener constancia “de que las obras de demolición ejecutadas hayan sido legalizadas”. Aun así, niega que exista un riesgo de devolver la subvención al Instituto Canario de la Vivienda. Según dice, este organismo del Gobierno de Canarias era “plenamente conocedor de la situación de la parcela”, ya que en la propia resolución que concede los fondos especifica que el dinero va destinado a adquirir “una edificación no terminada en fase de estructura” para adaptar el proyecto y culminar las obras. 

Además de denunciar la “aberración jurídica” que, en su opinión, supone invertir dinero público en un inmueble que carece de licencia de primera ocupación y que arrastra un expediente de infracción urbanística desde 2001, el empresario Juan Manuel Pérez León advertía de otras cuestiones, como la presunta invasión de dominio público hidráulico. En su respuesta, los técnicos de Urbanismo sostienen que el Barranco de Mogán no está “deslindado oficialmente en ese tramo” y que la obra está a unos 40 metros del “posible” cauce, por lo que “aparentemente” no está ni en dominio público ni en zona de servidumbre. 

El gobierno local también se niega a exigir a la vendedora, Hoteles Nuevo Milenio, los certificados de estar al corriente de pago con Hacienda, la Seguridad Social y otras administraciones, como solicitaba el denunciante, que sostiene que detrás de esta operación hay un entramado societario del también empresario Eugenio Hernández. 

El Ayuntamiento contesta que la legislación aplicable a la compraventa por adquisición directa, como la que se ha producido en este caso, no exige reclamar la documentación de “no deudor” a la empresa vendedora.

En esta y otras denuncias sobre operaciones en Mogán, el empresario Juan Manuel Pérez León advierte “un patrón”, un esquema en cuatro fases: una actuación urbanística irregular (en este caso, el derribo de la casona), una “inacción administrativa durante años” (la inejecución de la orden de restauración), una “consolidación de la obra” y, por último, “el intento de legalización” (a través de la compra y adaptación del esqueleto). 

Una decisión “lógica, eficiente y sostenible”

El gobierno municipal considera que la operación está plenamente justificada. La memoria del proyecto defiende que el rescate del edificio es la decisión “más lógica, eficiente y sostenible”. Argumenta que aprovechar la estructura existente permitirá reducir los plazos para entregar las viviendas sociales y supondrá “un beneficio innegable” para el casco histórico, al “suprimir por fin la imagen de deterioro y abandono” que proyecta la mole en pleno centro del pueblo. Nada dice de la infracción urbanística sobre la que se asienta.

“Recuerdo que en una de las entrevistas para el libro, una mujer defendía ser autónoma para Glovo y Deliveroo porque podía usar el tiempo como quisiera. El ejemplo que puso era que eso le permitía no trabajar en los últimos meses de su embarazo y después del parto. Es decir, no sabía que si trabajase por cuenta ajena podría acogerse a una baja por maternidad. Vivía disociada de los derechos laborales”.

Durante la presentación del libro de autoría colectiva Nómadas digitales y precarización algorítmica (Editorial Catarata, 2026), Francisco Fernández-Trujillo (uno de sus coordinadores) contaba esta anécdota para ilustrar una de las principales estrategias que el conocido como capitalismo de plataforma utiliza para crear o reforzar nuevas formas de dominio: el desconocimiento.

No es la única herramienta, ya que este ensayo aborda también cómo determinadas compañías que en un principio prometieron el auge de una nueva economía colaborativa han acabado aprovechándose de la inestabilidad laboral, las situaciones de ciudadanía irregular, la soledad y el aislamiento vinculados a los procesos migratorios, las ansias de ascenso social, la acuciante necesidad de vivir experiencias o hasta la crisis habitacional que las propias plataformas fomentan para precarizar aún más las condiciones de los segmentos más vulnerables de la población.

Con esta premisa, el libro que Jorge Sequera y Ana Santamarina coordinan junto a Fernández-Trujillo (muy vinculado al Grupo de Estudios Críticos Urbanos o GECU) parte de un sugerente planteamiento que analiza desde varias perspectivas a lo largo de sus siete capítulos: ¿y si este nuevo modelo de capitalismo de plataforma provoca que los nómadas digitales y los expats, pese a proceder mayoritariamente de países del norte global o clases sociales más elevadas, sucumban y acepten la precarizacion (aunque adopte otros modos) como lo hace un rider o una trabajadora de limpieza que encuentra clientes con una aplicación?

Disponibilidad y 'fomo', dos armas digitales para que el trabajo colonice la vida

La definición recogida en el ensayo presenta este capitalismo de plataforma como “la reorganización de la acumulación en torno a plataformas digitales que intermedian, controlan y monetizan interacciones entre usuarios, proveedores y anunciantes”. Y añaden: “Lejos de producir valor mediante el trabajo directo, estas plataformas se apoyan en el control de infraestructuras digitales y la extracción de rentas asociadas a su posición de intermediación privilegiada”.

Pablo Martínez, coautor de un capítulo sobre los expats en Barcelona, resume este rediseño y estas nuevas formas de control con un ejemplo: “El propietario de varias viviendas en la ciudad que alquilaba a través de Airbnb ponía un mensaje en el grupo de WhatsApp que tenía con las mujeres que trabajaban limpiándolos y arreglándolos cuando uno se quedaba vacío. La primera en responder, se ocupaba de ello”.

Así, herramientas asociadas originalmente a una idea de flexibilidad han acabado derivando en que los empleos asociados a ellas requieran una disponibilidad total y permanente. Todo ello además en una especie de pirámide o interrelación de aplicaciones, como muestra el uso cruzado de Airbnb y WhatsApp en el caso anterior. Por regla general, una mujer migrante en Barcelona que trabaja para hospedajes de Airbnb necesitará acaparar cuanto más recursos económicos pueda, así que si puede acumular horas y encargos tratará de hacerlo, aunque ello implique estar pegada al móvil (tiempo que no computa como dedicación laboral cuando realidad lo es).

Lo curioso es que ambas dinámicas operan también en el caso de los expats o los nómadas digitales, como ilustra una idea del ensayo: el fomo (feor of missing out o miedo de quedarse fuera) como vía para tolerar la precariedad a través de una imposición de la movilidad, que se presenta como un concepto atractivo. Además, el tiempo libre o de ocio se difumina con lo laboral a través de espacios de coworking. Para muchos migrantes temporales procedentes de países con “pasaporte fuerte” (Europa, Estados Unidos o Australia), los espacios de trabajo constituyen también los únicos espacios de socialización. Y si hay alternativa es también digital, apps sociales como Meetup o de citas, como Tinder. De ellos salen sus amigos y las actividades que llevan a cabo, muchas veces de espaldas a los ritmos habituales de la ciudad. De hecho, Martínez cita el lamento de estos habitantes pasajeros ante su imposibilidad de “vivir la ciudad real”.

La idea de desarraigo resuena tanto en el colectivo de empleadas de plataformas digitales de trabajos domésticos como en el 'coworking'

Cristina Barrial Berbén — Doctoranda en la Universitat Oberta de Catalunya y coautora del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Los autores analizan los expats como “aquellos extranjeros altamente cualificados que se trasladan fuera de sus países por iniciativa propia para conseguir un empleo de forma temporal”. El origen foráneo, la alta cualificación profesional o de nivel académico y el carácter no definitivo de su migración son las características claves. La conceptualización presenta algunas diferencias con la de nómada digital, “un profesional de las tecnologías de la información, contratado por una empresa del norte global, que trabaja a distancia en ciudades de países con menor poder adquisitivo, aprovechándose de los costes de vida más asequibles, aunque el concepto se ha ampliado para incluir otras profesiones de prestación de servicios virtuales como contables, profesores o traductores”. El expat sería, por tanto, un nómada digital con una posición laboral algo más estable y una implantación en el territorio un poco más prolongada.

La presentación en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, el pasado miércoles 15 de abril, ahondó en la conexión y las divergencias entre ambas figuras, así como el vínculo con otras formas de precarización algorítmica. Formas diversas de lo que Fernández-Trujillo describe como un “dominio capitalismo contemporáneo, que pasa a su vez por el dominio del espacio y de la vida cotidiana en la on demmand city [ciudad bajo demanda]”.

Del análisis a la respuesta: fantasías que se desvanecen y vínculos cotidianos

Hay dos cosas especialmente interesantes en Nómadas digitales y precarización algorítmica. Por un lado, su variedad de objetos de estudios y enfoques. Van del mercado inmobiliario y el choque de modelos urbanos en la Castellana de Madrid a la etnografía de las empleadas dedicadas a los cuidados o las labores del hogar en Milán, pasando por las diversas formas de control plataformizado en la cadena logística o la siniestra ideología detrás del proyecto de atracción tecnológica en Málaga (cuya concepción aparentemente innovadora estaría en realidad mucho más cerca de las lógicas del pelotazo habituales en el sector de la construcción).

La segunda gran baza de la obra es su afán por construir respuestas y alternativas. Lo hacen, primero, desmitificando conceptos y sacando a relucir flaquezas del modelo. Así, Pablo Martínez cuenta que “el deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años”. En las entrevistas de cara a su estudio, elaborado junto a Jose Mansilla y Guillermo Aguirre, detectaban que la mayoría de expats que rebasaban la treintena mostraban cierto hartazgo y ganas de abandonar ese inestable estilo de vida. Un proceso en el que tiene mucho que ver “el afecto”: “Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos”, comenta entre las risas del público.

El deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años. Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos

Pablo Martínez — Investigador en el Grupo de Estudios Urbanos de la UNED y coautor del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Cristina Barrial Berén, que analiza las plataformas de trabajo doméstico junto a Alina Dambrosio y Ana Santamarina, apunta que “la idea de desarraigo resuena tanto en este colectivo de empleadas como en el coworking”. Destaca que el sector de los cuidados con intermediación digital se encuentra “infraestudiado” por mucho que esté creciendo “exponencialmente” en el sur de Europa, muy asociado a regímenes migratorios. La digitalización se introduce así en un sector “que no es nuevo ni cool”, al tiempo que nació y se expande “desregulado, feminizado y racializado”. Opera por tanto “sobre una carencia histórica”.

Ahora bien, esa limitación arrastrada es también una fuente para superar las imposiciones del capitalismo de plataforma. La existencia de potentes sindicatos u organizaciones ligadas al trabajo doméstico en Madrid, a diferencia de la otra urbe analizada (Milán), crea sinergias entre trabajadoras que les permiten conocer y responder a los abusos de plataformas como Cuideo. También organizarse para protegerse de potenciales clientes peligrosos. E incluso abandonar la plataformización al dar con nuevos clientes. Aunque, curiosamente, esta vía aparece en muchas ocasiones sin ninguna otra mediación externa. Así, una limpiadora o una cuidadora que contactan con alguien con una aplicación acaban por seguir quedando o por ser contratadas al margen de la herramienta digital.

Otra derivada es que las plataformas crean una especie de enemigo común en un tipo de empleo tradicionalmente diseminado, en el que cada trabajadora tenía su propio jefe. Un fenómeno similar al de los VTC, que es precisamente el sector del capitalismo de plataformas con mayor implantación sindical. Así, los negocios digitales no están exentos a las resistencias cotidianas que contestan a otros modelos de dominio laboral anteriores.

Las plataformas digitales y las “clases emergentes o distorsionadas”

Eso no significa, como apunta Fernández-Trujillo, que no haya que atender a las “condiciones contextuales de las propias plataformas”. Más bien, que “no hay ni mucho ni poco nuevo en el capitalismo de plataforma respecto del neoliberalismo”. Jorge Sequera, director de GECU, apela asimismo a la vuelta a modelos previos del capitalismo a través de maniobras como los puestos de nómadas digitales asociados a una alternativa habitacional en un contexto de crisis de la vivienda: “No es solo una cuestión de que la ciudad constituya un salario en sí mismo, aunque sea emocional. Es que si te despiden, además, puedes perder la casa. Eso crea una doble vinculación y una vuelta atrás a la vinculación entre patrón y obrero por parte de estas plataformas de control algorítmico y disciplinamiento de los cuerpos”.

Lo más preocupante es la desmovilización, de la que las plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo

Francisco Fernández-Trujillo — Profesor en la Universidad Complutense de Madrid y coautor de 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

“Hay dinámicas que se asientan en la estructura de clases. Es el caso de la logística en toda su extensión, desde los contenedores en Países Bajos hasta la última milla que cubren los riders. Continuidades que se repiten en el trabajo doméstico, en el que la disponibilidad y el uso del tiempo construyen una relación que se da en términos de clase”, expone Francisco Fernández-Trujillo. A través de estos planteamientos, esboza la idea de “clases emergentes o distorsionadas”. Puede que enfade a más de un marxista clásico, pero cree que es una poderosa herramienta en el actual momento político: “Vemos sujetos que ceden tiempo a una nueva clase media que lo usa para consumirlo. Para subcontratar, para descansar, producir o para una reproducción social más agradable, como puede ser cuidar de tu hijo en vez de planchar”.

Una novedad que también genera “formas sindicales nuevas”, como declara el investigador a Somos Madrid: “Lo más preocupante es la desmovilización, de la que estas plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo. Ha costado, pero ahora hasta los sindicatos más tradicionales se están volcando en un modelo que no les beneficia, pero que deben tener en cuenta. Están empezando a lograr victorias sindicales o legislativas”.

Desde punto de vista, la Ley Rider o la reciente regularización extraordinaria de migrantes “no acaban con la precarización”, pero “eso no quiere decir que sean reformas negativas”. Sobre todo si consiguen revertir o mitigar las características de inestabilidad que los gigantes digitales aprovechan para alienar a sus empleados: “La respuesta de la plataforma es adaptarse y eso puede resultar en trabajos menos precarios”.

En la Gerencia de Urbanismo de Málaga hay un expediente de infracción de 1984 pendiente de que se dé traslado al particular del informe del técnico municipal y otro, también abierto hace 42 años, pendiente del acuse de recibo. Hay un centenar largo de casos de los años 80, casi mil procedimientos del siglo pasado y cerca de 13.000 en total que se acumulan pendientes de alguna actuación para restablecer la legalidad o sancionar una infracción urbanística, ya sea una construcción ilegal o la falta de una licencia.

En total, hay 12.823 procedimientos de disciplina urbanística abiertos o en trámite, correspondientes a 9.455 expedientes (ya que un expediente puede generar varios procedimientos). El 70% de ellos no ha pasado las primeras fases del procedimiento. Un 9%, han alcanzado fases de ejecución material o demolición y 618 están en fase de sanción.

Los datos, obtenidos por el grupo municipal Con Málaga (IU + Podemos) tras año y medio pidiéndolos, han causado escandalera en Málaga porque inciden en un déficit que ya motivó denuncias internas, una investigación penal y una comisión de investigación hace poco más de un lustro. La sospecha entonces era que había poco interés político por parte del Ayuntamiento (gobernado desde 2000 por el incombustible Francisco de la Torre -PP-) en agilizar las actuaciones del servicio de disciplina urbanística. Jefes de la Gerencia afirmaron ante un juez que los responsables presionaban para “mirar hacia otro lado” y varios trabajadores confirmaron el vaciamiento de la plantilla de Urbanismo dedicada a estas cuestiones.

“Barra libre” de infracciones

Ahora, Con Málaga vuelve a apuntar al mismo síntoma de un sistema ineficaz que pone “barra libre” a las infracciones, según Toni Morillas, portavoz de la coalición, quien ha reclamado la apertura de una nueva comisión de investigación.

Esta crítica activó de inmediato un resorte en el equipo de gobierno, muy sensible al tema. “Calumniar es gratis”, replicó al día siguiente Carmen Casero, concejala de Urbanismo, quien justificó el atasco en la complejidad y el garantismo de los procedimientos, y dijo que el 74% de los 48.365 expedientes que ha tramitado el servicio están resueltos. Todos los demás “tienen una causa por la que están abiertos”. “Es mentira que de manera intencionada este equipo de gobierno paraliza los expedientes”, añadió. Según dijo, cada expediente puede constar de hasta ocho hitos, cada uno de los cuales tiene que notificarse al interesado. “¿Podría ser más rápido?”, se preguntó: “No está en nuestras manos”.

“Hay que poner al personal donde hace falta”

Casero no mencionó las cuestiones organizativas ni la falta de personal, la principal crítica desde hace años. En cuatro ocasiones, Casero evitó responder a la periodista de la Cadena Ser que le pidió que concretara el número de personas que visitan las obras presuntamente infractoras. “No puede ser que haya un servicio de inspección que solo tenga a tres inspectores”, había reclamado Morillas. En la Gerencia de Urbanismo trabajan alrededor de 320 personas, aproximadamente un tercio de las cuales son técnicos. La cuestión es qué tareas asumen, según varias fuentes. “Claro que hay personal, pero hay que ponerlo a trabajar donde hace falta. Pero si no es tu prioridad…”, lamenta una fuente interna.

De los 320, actualmente hay 14 personas adscritas al servicio de infracciones urbanísticas, según la relación de personal adscrito entregada por el Ayuntamiento a Por Málaga, aunque Casero dijo que eran 19 en rueda de prensa, sin desglosarlos. Eran 18 en 2017, cuando el Ayuntamiento aprobó su Plan Municipal de Inspección Urbanística. Antes había ocho técnicos auxiliares, que son los encargados de realizar las visitas al lugar de la presunta infracción; hoy son tres. Por entonces, había un “instructor de procedimientos sancionadores”. Esa figura ya no existe y los tres técnicos de administración general (licenciados en Derechos) se han convertido en uno.

“Si están desbordados acaba repercutiendo en el servicio”, admite Susana González de Lara, decana del Colegio de Arquitectos, que apunta al posible efecto colateral de generalizar las declaraciones responsables, un mecanismo que permite al ciudadano tramitar sin licencia expedientes menores, a veces sin proyecto técnico. “Puede que algunos aprovechen para excederse, y eso derive en más expedientes de infracción”, lo que añade más volumen para la misma o menor plantilla encargada de restituir la legalidad.

“Málaga no tiene inspectores: sea para ruidos, para la ocupación de vía pública de locales en el Centro, para viviendas turísticas o para infracciones urbanísticas”, denuncia el arquitecto Fernando Ramos, que lleva años documentando estas carencias y observa que nada cambia. Por ejemplo, el registro municipal de solares en ruinas está desactivado desde hace años. “La conservación afecta a la vía pública y a la seguridad de los viandantes. No es aceptable que el Ayuntamiento diga durante 25 años que no encuentra al responsable. Debe actuar subsidiariamente, porque hay una obligación de poner el solar en carga. Si no, es dejación de funciones, y para el propietario es una herramienta para especular”.  

También caducaron por caducidad cientos de expedientes para retirar viviendas turísticas del registro porque el Ayuntamiento no presentó en tiempo su informe, tal y como desveló este periódico.

Una Comisión de Investigación ya constató injerencias

En diciembre de 2017 se aprobó un plan municipal para “mejorar la eficacia de la norma, el cumplimiento efectivo de la ley por sus destinatarios y garantizar el respeto al principio de igualdad”, y precisamente “en atención a la gran cantidad de expedientes” de infracción. En teoría, sigue vigente, ya que se prorrogaba tácitamente si no se aprobaba uno nuevo en cuatro años, pero el Ayuntamiento no da cuenta del mismo. Para evaluar su cumplimiento, el plan obliga a elaborar una memoria de seguimiento y control de las intervenciones, pero tampoco hay constancia. Casero se limitó a señalar que “da resultado” porque en el último año se han abierto más expedientes que nunca.

La aprobación del plan coincidió en el tiempo con la comisión de investigación puesta en marcha en el Consistorio ante el descubrimiento de que unas 7.000 de las 11.834 denuncias urbanísticas presentadas entre 2006 y 2016 estaban sin investigar, con mil archivadas por caducidad.

La Comisión, celebrada durante el único mandato de los últimos siete en que el PP no ha tenido mayoría absoluta, se cerró con conclusiones muy críticas en las que se ponía el acento en la falta de personal y de planificación y la existencia de presiones políticas para dilatar expedientes. Según relataron algunos trabajadores, las técnicas de presión para evitar actuaciones urbanísticas incluían ceses o amenazas de cese (“poner a pegar sellos”), obligaciones de aviso previo de visitas inspectoras al concejal de distrito, falta de medios materiales y trabas para dilatar la tramitación hasta su caducidad. La antigua jefa de negociado, Teresa Domingo, se reunió con el alcalde en 2014 para exponerle estas irregularidades.

Poco después, un juzgado de instrucción investigó a los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares (que siguen siéndolo) y el gerente José Cardador por las presuntas injerencias para entorpecer la tramitación de expedientes de sanción en la urbanización Villas del Arenal, donde muchos vecinos se habían construido pérgolas o anejos ilegales. Domingo y el antiguo jefe de la sección de infracciones confirmaron ante el juez la existencia de “injerencias políticas”, pero la denuncia acabó archivada.

La cuestión del personal laboral

También ha habido polémicas internas. La Gerencia de Urbanismo es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Málaga con un régimen laboral singular. Durante años, tuvo contratados a la mayoría de sus 300 trabajadores como personal laboral que encadenaban contrato tras contrato sin haber superado un proceso selectivo público. Pese a ello, muchos ejercían potestades reservadas a funcionarios, como otorgar licencias o proponer sanciones. Algunos acabaron demandando al Ayuntamiento. En 2024 la Junta de Andalucía y los tribunales (que tumbaron varios procesos selectivos) censuraron la estructura laboral de Urbanismo y obligaron a adaptar la nueva Relación de Puestos de Trabajo a la legalidad.

En 2023, José María Morente fue nombrado gerente con la misión de “pacificar” el organismo. Venía con un extenso bagaje: tras años de incertidumbre, consiguió encarrilar el nuevo plan general de Marbella, y fue decisivo en la elaboración de la nueva ley urbanística de Andalucía (LISTA) como director general de Urbanismo de la Junta. Hay quien cree que llegó a Málaga sólo para una cosa: encajar el nuevo PGOU de Málaga en la LISTA. “Está como figura: firma lo que le ponen por delante, pero no dirige. Tampoco el consejo rector tiene una función clara. En teoría es el órgano de dirección, pero no se dice cuáles son sus prioridades”, alerta una fuente interna, que denuncia falta de dirección.

La gran novedad en los últimos meses es que Málaga ha incorporado la posibilidad, prevista por la LISTA, de que entidades privadas participen en el procedimiento para la concesión de licencias, con el argumento de que dota de “agilidad” al sistema. La oposición denuncia que allana la privatización y consagra la desigualdad de acceso al sistema, reforzando la sensación de discrecionalidad, de la que hay ejemplos: la licencia de la cubierta de la Catedral, el proyecto más ambicioso de los últimos años, se dio en 19 días y sin plan director. La licencia para la reforma del Teatro del Soho de Antonio Banderas se expidió para obra menor.

“Hace falta un modelo de urbanismo que atienda las necesidades de la ciudad”, señala Morillas, que observa en este problema un síntoma de una forma de gestionar: “Hay un modelo de urbanismo absolutamente salvaje y supeditado a los intereses económicos de unos pocos y por otro lado se pone una barra libre para las infracciones urbanísticas”.

La sentencia (aún no firme) que ratifica la ilegalidad de las 37 viviendas construidas sin licencia en la planta baja de la urbanización Monte Carrera, en la localidad de Arguineguín, ha forzado al Ayuntamiento de Mogán a frenar el expediente del denominado Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU), una iniciativa privada que pretende, precisamente, regularizar esos inmuebles a través de la cesión de unos terrenos.  

El expediente ha sido paralizado para evaluar cómo afecta el reciente fallo judicial a ese plan, según informan fuentes municipales y ha confirmado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mogán, Mencey Navarro, en declaraciones al periódico Canarias 7. 

En el informe que dio luz verde a la tramitación del PAMU, la arquitecta municipal ya había advertido de que ese litigio judicial podía tener incidencia sobre el expediente administrativo de regularización de las viviendas y que ello debía ser valorado “jurídicamente”. 

En una sentencia dictada el pasado 31 de marzo, la magistrada titular de la plaza 2 del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) de Las Palmas de Gran Canaria desestima el recurso de la empresa promotora de esas viviendas, Carrera Ground Floor, contra la orden de restablecimiento de la legalidad urbanística alterada dictada por el propio Ayuntamiento de Mogán, que era firme en la vía administrativa desde enero de 2022.  

El fallo dio por probado que las obras se ejecutaron sin licencia durante la pandemia de Covid-19 y consistieron en el derribo de los muros del sótano para habilitar pisos irregulares. La licencia original, de marzo de 2005, permitía una altura máxima de dos plantas. Sin embargo, el complejo se construyó excediendo este límite, levantándose con tres alturas en contra de la normativa urbanística de la zona. 

Para no tener que demoler esa planta construida de más, se llegó a un acuerdo de legalización en abril de 2011. La solución consistió en tapiar la planta baja con un muro perimetral, convirtiéndola en un sótano cerrado. Sin embargo, en el año 2020, según recogen las actas levantadas por la Policía Local tras las denuncias de los vecinos y confirman informes periciales, la empresa promotora derribó esos muros de cerramiento para construir ahí las 37 nuevas viviendas y tres locales comerciales. 

La sentencia dictamina que, al derribar los muros y abrir esas viviendas sin licencia, la urbanización volvió a tener tres plantas habitables y, por tanto, se vulneró la legalidad. 

Apenas un mes antes de que se dictara esta sentencia, el pleno del Ayuntamiento de Mogán, con los votos a favor de los concejales del grupo de gobierno (Juntos por Mogán), había dado luz verde a la tramitación del PAMU, que pretende amnistiar esas obras. 

Esa iniciativa privada propone ceder al Ayuntamiento 625 metros cuadrados a cambio de que se le concediera un incremento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados, lo que la promotora necesita para regularizar las 37 viviendas y los tres locales comerciales. En febrero, el gobierno local autorizó someter el proyecto a evaluación ambiental simplificada.

La propiedad de los terrenos cedidos

Juan Manuel Gabella, concejal de Nueva Canarias- Bloque Canarista (NC-Bc), había remitido el pasado 10 de abril a la alcaldesa, al secretario del Ayuntamiento y a la Asesoría Jurídica un escrito en el que, además de pedir aclaración sobre las consecuencias jurídicas de la reciente sentencia sobre el expediente de regularización de las viviendas, cuestionaba que se hubiera dado continuidad al PAMU sin que la empresa promotora hubiera aportado el documento acreditativo de la titularidad de los terrenos que pretende ceder. 

En ese escrito, el concejal canarista recordaba que el propio Ayuntamiento de Mogán requirió ese certificado de titularidad a la empresa y esta no lo ha entregado. 

La Comunidad de Propietarios del complejo, llamada Monte Carrera Green Garden Club, también se opuso frontalmente a la maniobra de legalización impulsada por la promotora y remitió un escrito al Ayuntamiento el 6 de marzo exigiendo “la inmediata paralización” del expediente. Los vecinos advirtieron que los terrenos que la empresa pretende ceder el Ayuntamiento a cambio de un aumento de la edificabilidad son en realidad “elementos comunes de la comunidad”. Afirmaron, además, que esa iniciativa nunca fue sometida a la debida consulta entre los propietarios ni dieron su consentimiento para tal fin. 

También el empresario Juan Manuel Pérez León solicitó formalmente la paralización del expediente en una denuncia presentada en vía administrativa. En ella afirmaba que este proyecto generaba “un efecto llamada a las irregularidades urbanísticas”, al permitir la consolidación de obras clandestinas. 

El Gobierno de Cantabria que preside María José Saenz de Buruaga (PP) ha anunciado este viernes que no tiene intención de limitar la construcción de segunda residencia en suelo rústico en la futura ley de vivienda de Cantabria, actualmente en negociaciones, como ha planteado el PRC. El ejecutivo autonómico considera que los criterios establecidos en la Ley del Suelo son “buenos” para los municipios, porque la segunda vivienda en suelo rústico “supone ingresos” para los municipios en impuestos y en licencias.

Así lo ha señalado el consejero de Vivienda, Roberto Media, durante un acto en la empresa pública Mare, a preguntas de los periodistas sobre la enmienda que prevén presentar los regionalistas al proyecto de ley de vivienda que se está tramitando en el Parlamento. Media ha considerado “que decir no a una ley solo por una cuestión como esta -la construcción de segunda residencia en suelo rústico- es un error”, ha opinado Media, quien espera que el PRC “piense en el bien de Cantabria” y se avenga a apoyar la normativa.

Media ha reiterado su deseo de contar con el respaldo del PRC para la nueva ley de vivienda durante el trámite parlamentario de la norma, aunque el portavoz regionalista, Pedro Hernando, avanzó este miércoles que el PRC propondrá que se limite la construcción de segunda residencia en suelo rústico en la futura ley y defendió que el turismo no puede convertirse “en un elemento disfuncional” del mundo rural.

También ha defendido que la ley de Vivienda tiene “cosas muy buenas” como que va en contra de las denominadas por el Gobierno de Cantabria okupaciones.

Un nuevo frente en materia urbanística le ha explotado al Ayuntamiento de Oviedo en plena polémica tras el cese de uno de los principales hombres de confianza del alcalde, Alfredo Canteli, y hasta ahora asesor de Alcaldía, Ignacio Morales.

Apenas 24 horas después de que se hiciera pública la apertura de una investigación interna para aclarar la denuncia que una vecina hizo llegar a través de los canales internos por presuntas irregularidades en el área de Urbanismo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA) ha remitido una carta abierta al consistorio donde anuncia que ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central por el concurso de proyectos para la ordenación urbanística de la antigua fábrica de armas de La Vega, en Oviedo.

Adecuar las bases a la legalidad

En este recurso insta a adecuar “a la legalidad” las bases del concurso de ideas para la ordenación de la antigua fábrica de armas de La Vega y dotarlas de la “apertura, la equidad y la proporcionalidad necesarias”.

En esta carta abierta, el decano del COAA, Miguel Casariego Rozas, transmite al equipo de gobierno del Partido Popular (PP) que lidera Canteli el acuerdo adoptado por la Junta del Gobierno el pasado 13 de abril.

Una carta abierta

En este escrito, va desgranando de forma detallada todas la irregularidades que ha detectado en este proceso. A pesar de las numerosas anomalías que va desarrollando y que ha puesto en conocimiento del Tribunal Administrativo Central, el decano muestra su confianza en que aún existe “margen suficiente” para reconducir la convocatoria.

La Junta de Gobierno valora la importancia del desarrollo urbanístico del ámbito de La Vega y su integración en la ciudad de Oviedo al considerar que constituyen “una oportunidad única y una aspiración compartida por todos” pero, precisamente por ello, incide en la necesidad de llevarlo adelante “con el máximo cuidado y respeto a la legalidad”.

Una legalidad a la que al parecer, según el Colegio, no se ha ajustado el ayuntamiento, pese a que ya había sido advertido previamente por la institución colegial cuando formuló las alegaciones al convenio urbanístico suscrito en septiembre de 2024 por el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo.

Alegaciones rechazadas

Entre otras cuestiones, se basaba en que el convenio incorporaba una “propuesta urbanística anticipada”, argumentando que cualquier determinación de carácter formal debería abordarse en fases posteriores del procedimiento.

Sin embargo, el ayuntamiento hizo caso omiso y desestimó todas sus alegaciones al igual que los razonamientos expuestos en el recurso de reposición planteado en enero de 2025, tras la aprobación definitiva del convenio.

Directrices prematuras

“En ambos casos, el COAA trataba de evitar que el futuro planeamiento de esta excepcional pieza urbana quedase condicionado por unas directrices prematuras que podrían no ser las óptimas para el interés general”, señala el decano.

El Colegio ha manifestado en diversas ocasiones que los concursos de Arquitectura y Urbanismo constituyen la fórmula idónea para obtener los mejores proyectos de edificios públicos y espacios urbanos singulares, justificando que deben plantearse con carácter abierto, preferiblemente en dos fases sucesivas —una de “estudios previos” y otra de “anteproyectos”— y ser evaluados por un jurado compuesto por profesionales expertos cualificados e imparciales.

Las dudas

No ocurre así, según el decano, con las bases del concurso que el Ayuntamiento de Oviedo ha convocado para el desarrollo de La Vega y que, en opinión de los profesionales colegiados, plantean serias dudas sobre “la apertura, la ecuanimidad e incluso la legalidad del proceso de selección de los concursantes y de sus propuestas”.

Resulta abrumador el requerimiento de solvencia técnica impuesto a los participantes, a quienes se exigen distinciones, honores y méritos profesionales y académicos tan elevados que muy pocos aspirantes podrán acreditar. Sorprende también la composición del jurado, en el que cinco de sus seis miembros están directamente vinculados al Ayuntamiento

Miguel Casariego Rozas — Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias

En la carta abierta reconoce que resulta “abrumador” el requerimiento de solvencia técnica impuesto a los participantes, a quienes se exigen distinciones, honores y méritos profesionales y académicos tan elevados que, según asegura, “muy pocos aspirantes podrán acreditar”.

La composición del jurado, cuestionada

“Este nivel de exigencia dejaría fuera del concurso a una inmensa mayoría de profesionales solventes que, careciendo de un currículo tan singular como el solicitado, podrían completar posteriormente sus equipos incorporando a los especialistas precisos en el caso de que sus ideas y propuestas fuesen las mejor valoradas”, subraya.

Pero ese no es un único motivo. Hay más: al Colegio le sorprende también la composición del jurado en el que, según manifiesta, “cinco de sus seis miembros están directamente vinculados al Ayuntamiento”.

Los condicionamientos

“A esta falta de independencia se suma el hecho de que las propias bases reconocen que la envergadura, complejidad y singularidad de la actuación exceden la capacidad ordinaria y especializada del personal técnico adscrito a la Administración municipal”, asegura.

La preocupación expresada por el COAA en las alegaciones formuladas en 2024 en relación con los documentos gráficos adjuntos al Cconvenio se confirma ahora cuando en el Pliego de Prescripciones Técnicas (3. Condicionantes particulares y generales) se indica subrayado y en negrita la frase: “En todo caso se estará en lo dispuesto en el convenio urbanístico entre el Ministerio de Defensa...”, un requisito que, bajo su criterio, “evidencia la intención de que el desarrollo del ámbito se ajuste tanto al convenio como a sus pautas de ordenamiento, y que esta advertencia condicionará tanto a los concursantes como a los miembros del jurado”.

La valoración

No acaba ahí el malestar del COAA con la forma en que el Ayuntamiento de Oviedo está llevando a cabo todo el proceso y eso se evidencia no solo en el contenido del escrito, sino también en la forma en que está redactado.

“Por si eso no fuese suficiente, en los criterios de negociación del contrato se indica que se valorará con 51 puntos a aquellos licitadores que se comprometan a trabajar en coordinación con el servicio de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Oviedo. Creemos que recalcar con tanto énfasis que el 51% de la valoración (proporción que la Ley de Contratos del Sector Público reserva para criterios de calidad) se supeditará al compromiso de coordinación del licitador y el personal técnico del Ayuntamiento, anticipa la imposición al equipo redactor de las directrices establecidas en el Convenio, incluida su parte gráfica”, observa el órgano colegial.

Sin esperar a los estudios arqueológicos

Los arquitectos asturianos califican como “inquietante” la decisión del Ayuntamiento de Oviedo de abordar el concurso en un momento en el que aún no se dispone de los resultados de los estudios arqueológicos prescritos en el convenio, “estudios que acumulan un inexplicable retraso”, mantiene. El concurso se convocó el pasado 29 de marzo y las ofertas pueden presentarse hasta el día 27 de este mes, cuando aún no se conoce el alcance de estos estudios.

“Debe tenerse en cuenta que la existencia de restos de interés histórico en el subsuelo del ámbito condicionaría de un modo relevante el diseño de la intervención, alterando cualquier propuesta que los concursantes hubiesen desarrollado antes de conocer el resultado de las excavaciones”, según se recoge en este escrito.

Reconducir la convocatoria

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias mantiene que desde una posición “institucional y constructiva” hay un margen suficiente para reconducir la convocatoria, ya que estima que “persistir en una configuración que suscita objeciones tan intensas puede trasladar al procedimiento una controversia evitable y dificultar desde su inicio la aceptación pública y profesional del proceso emprendido”.

A partir de ahora, la resolución queda en manos del Tribunal Administrativo Central, organismo ante el que el COAA ha interpuesto el recurso.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, ha visitado este viernes las obras de ajardinamiento del Paseo del Prior, una intervención que transformará este espacio urbano en un entorno más sostenible, resiliente y adaptado al cambio climático. La actuación contempla la plantación de 58 árboles de la especie liquidambar y 1.366 arbustos, principalmente granados y abelias, además de la creación de 1.325 metros cuadrados de nuevas zonas verdes encespedadas.

Durante la visita, el alcalde de Logroño ha subrayado que “este proyecto refleja el modelo de ciudad en el que creemos y que estamos impulsando: un Logroño más verde, más habitable y preparado para hacer frente a los efectos del cambio climático”.

En este sentido, Escobar ha destacado que “no se trata solo de embellecer el entorno, sino de actuar directamente sobre problemas reales como el aumento de las temperaturas, las olas de calor o la calidad del aire que respiran los logroñeses y logroñesas”.

La intervención incluye la transformación de la mediana del paseo, hasta ahora de hormigón, en una superficie ajardinada con tierra vegetal, lo que permitirá mejorar la absorción del agua de lluvia y reducir la escorrentía hacia el sistema de alcantarillado mediante soluciones de drenaje sostenible basadas en la naturaleza. “Con actuaciones como esta conseguimos reducir las islas de calor, generar más sombra, mejorar el drenaje del agua y aumentar la biodiversidad urbana. En definitiva, hacemos barrios más confortables y saludables para vivir”, ha añadido el primer edil.

El proyecto responde a múltiples objetivos ambientales, como el incremento del dosel arbóreo; la reducción de la temperatura media en episodios de calor extremo; la mejora de la calidad del aire y el aumento de la capacidad de absorción de CO₂. Asimismo, tal como ha añadido Escobar “contribuimos a avanzar en la 'Estrategia 3-30-300', esto es, tres árboles; treinta por ciento de sombra; y no más de trescientos metros a una zona verde por ciudadano”.

Además, la actuación incluye la renovación de la rotonda situada en la confluencia de la calle La Ribera con el Paseo del Prior, donde se ha diseñado una composición arbustiva con forma de botella de vino, como guiño a la identidad riojana.

La actuación, que está llevando a cabo Perica Obras y Servicios, S.A., cuenta con una inversión de más de 138.000 euros (IVA incluido) y se enmarca en la Estrategia de Ciudad Circular de Logroño, que busca avanzar hacia un modelo urbano más sostenible, eficiente y resiliente.

Punto casi final, aunque todavía no definitivo, al culebrón del Canal de la Expo 92, en la Cartuja. PP y Vox han sacado adelante (con la oposición de PSOE y Podemos-IU) el último trámite para la recalificación urbanística de este simbólico espacio del que fue recinto de la Exposición Universal. Hasta ahora estaba reservado para actividades productivas, pensando en la ampliación de empresas del parque tecnológico de la Cartuja –ahora Sevilla TechPark–, pero ahora se cambia a uso terciario y se abre así la puerta a que se ubiquen bares, hoteles, supermercados, oficinas y hasta discotecas, como ha denunciado la izquierda.

Y esa, de partida, es la idea del propietario de los suelos, el Gobierno andaluz, que parte de estos terrenos tengan este uso para así atender las necesidades en este sentido que asegura que tiene el parque tecnológico. Lo cierto es que un suelo con un destino muy delimitado y protegido pasa ahora a ser un simple terciario, lo que dispara las opciones de venta del mismo. “Todo un pelotazo urbanístico”, lo han definido PSOE y Podemos-IU.

La operación se empezó a gestar hace casi dos años, pero ha sido ahora cuando se han limado los últimos flecos de un convenio Junta-Ayuntamiento del que sólo queda pendiente la firma para así bendecir definitivamente la recalificación. El gobierno de José Luis Sanz (PP) alega que así se recupera un espacio que lleva tres décadas abandonado y que el cambio de uso cuenta con los parabienes del Círculo de Empresarios del parque tecnológico, mientras que la Junta de Andalucía apunta que su actual calificación urbanística “lo hacía poco atractivo para la inversión”.

Ajustar a la “realidad actual”

Como muestra de ello, alega que las subastas celebradas por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno andaluz para enajenar el Canal de la Expo “quedaron desiertas al no recibir ofertas”. Así que el cambio de uso ahora aprobado lo que hace es “ajustar la calificación urbanística de la parcela a la realidad actual”.

A cambio de allanar el camino para que la Junta pueda vender esta parcela de 40.361 metros cuadrados, uno de los espacios más recordados de la Expo pero que se quedó sin agua poco después, el Consistorio obtiene la propiedad definitiva de los Jardines del Guadalquivir de la Cartuja (con casi 80.000 metros cuadrados), que desde 2011 tiene en cesión temporal de gestión. Además, recibirá 200 plazas en el aparcamiento subterráneo que se construirá y también se queda con dos parcelas (en las calles Doña María Coronel y Simón de Pineda) valoradas en casi 1,2 millones de euros, que aporta la Junta como forma de pago por la “puesta en valor” de los deteriorados Jardines del Guadalquivir.

Y otro detalle adicional: se reconoce y autoriza de forma expresa el uso público para el tránsito por las pasarelas que cruzan el Canal de la Expo, para así garantizar el acceso ciudadano al auditorio Rocío Jurado. Es decir, que el proyecto que levante quien se haga con estos terrenos deberá respetar el derecho de paso, para que no haya sorpresas a posteriori, porque ahora la Junta lo que hará es sacar a subasta el solar sin más, y será el comprador el que se encargue del obligatorio plan especial urbanístico.

“Una necesidad imperiosa”

Eso es precisamente lo que ha reprochado el encargado de dar la réplica por el PSOE, el concejal Fran Páez, para quien el gobierno local del PP le permite a la Junta que le “endose” este trámite a terceros, “se lleva la bolsa de los caudales sin obligación, es un llave en mano”. En cuanto a las modificaciones del convenio aprobadas en el pleno, ha denunciado que han sido obligadas por los propios servicios jurídicos municipales, “está claro que había muchas prisas en dejar cerrado el camino al pelotazo que se le permite al señor Moreno Bonilla”.

El Canal de la Expo, a su juicio, es ejemplo de la “especulación urbanística” que el PP “ha implantado en el Ayuntamiento en contra de los intereses de la ciudad”. Los empresarios, ha recordado, demandan suelo para compañías de alto valor añadido, “pero van a implantar supermercados, bares y discotecas”. 

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP), ha incidido en la “transparencia” el proceso y le ha reprochado a las formaciones de izquierda que en realidad lo que les gustaría es que ese espacio “siga abandonado y con matorrales”. Tras incidir en que no se permitirá ningún desarrollo residencial, ha defendido que van “de la mano del Círculo de Empresarios de la Cartuja” y que este proyecto “es una necesidad imperiosa y un desarrollo fundamental para Sevilla”.

Todo ello, en un Sevilla TechPark que acoge a 575 empresas, cuenta con casi 32.000 trabajadores y genera una actividad económica que supera los 5.500 millones de euros anuales. A ello hay que sumar unas instalaciones universitarias que congregan a diario a 10.000 estudiantes.

“Paraíso para especuladores”

No ve precisamente así las cosas la concejal de Podemos, Susana Hornillo, para quien recalificar y abrir así la puerta para que lleguen hoteles, bares y oficinas es “todo lo contrario a lo que tendría que haber sido ese espacio”: apostar por la innovación científica, la investigación y la creación de empleo de calidad. “Resulta realmente preocupante la rapidez con la que este gobierno está recalificando suelo que podía usarse para usos productivos y tecnológicos, convirtiéndolo en suelo para pelotazos urbanísticos”.

“En los últimos años se ha recalificado más de medio millón de metros cuadrados de suelo industrial, algunos proyectos han sido heredados del gobierno anterior [del PSOE] pero ustedes han metido el acelerador”, le ha reprochado al PP. “Están hurtando el futuro a la ciudad, se han rendido a que sea un decorado para turistas o un paraíso para especuladores”, porque “aquí ni las VPO son de acceso libre, se especula con ellas porque se pueden descalificar a los siete años”.

Quien sí está satisfecho con lo que se va a hacer es Vox, que no sólo ha apoyado con su voto la recalificación, sino que negoció con el PP para afinar el primer convenio que se presentó hace un par de años, “que no nos gustaba”, ha señalado su portavoz adjunto, Gonzalo García de Polavieja. Y ha sido gracias a su intervención, asegura, que al final se incluyen “zonas verdes, 200 plazas de aparcamiento, se limita el uso hotelero y se incorpora el uso tecnológico”, un proyecto que contrasta con que la alternativa de la izquierda era “mantener 30 años más baldío el Canal de la Expo”.

El PSOE propone reformar el entorno de la vieja estación de autobuses con la creación de una plaza, como mejor solución a la propuesta de Conrado Escobar de ejecución de una rotonda. El portavoz del Grupo Municipal, Luis Alonso, junto al concejal Álvaro Foncea, han presentado este jueves la propuesta a los medios de comunicación con el objetivo final de impulsar “un modelo de ciudad amable que priorice las relaciones sociales, la movilidad activa y el transporte público”, ha subrayado Alonso quien ha lamentado que Escobar perdiera la financiación europea para revitalizar la calle San Antón.

El proyecto se sustancia en “la creación de una plaza incrementado el porcentaje de superficie peatonal o vegetal hasta el 72 por ciento, con ampliaciones de acera y la integración de la calle Avenida España con una plataforma única”, ha explicado Foncea.

Además, sobre el espacio destinado a la calzada de Vara de Rey, el PSOE propone “habilitar un nuevo paso peatonal elevado, a cota de acera, para unir peatonalmente las dos partes de esta nueva plaza”, ha señalado el edil. Asimismo, el proyecto que ha presentado el Grupo Municipal Socialista contempla “ensanchar los dos pasos existentes en Pérez Galdós y Pío XII para mejorar las conexiones con San Antón” y potenciar así “la pacificación del entorno del nuevo centro intergeneracional de la antigua estación de autobuses”, ha completado Foncea.

De esta manera, ha proseguido el concejal del Partido Socialista, “con sistemas de priorización semafórica se potenciaría el transporte público a través de la consolidación del carril bus/taxi a su paso por esta zona”. También ha subrayado que “la accesibilidad en vehículo privado a todas las calles quedaría garantizada, si bien supeditada a la prioridad peatonal en el caso del primer tramo de Avenida España”.

Con todo, el nuevo espacio propuesto por el PSOE “sería más atractivo que la creación de una rotonda” ya que “fomentaría la actividad comercial permitiendo el juego, la conversación y el descanso” a la vez que “se reduciría el ruido, la contaminación y el riesgo de accidentes”, ha comentado Foncea.

La nueva plaza “funcionaría como un espacio estancial amable entre las calles San Antón y Avenida España”, dentro de “un eje pacificado y arbolado que conecte el Paseo del Espolón con las nuevas estaciones”, ha expuesto Álvaro Foncea. En contraposición, Foncea ha recordado que la rotonda planteada por Conrado Escobar conlleva “la eliminación de más de 200 metros cuadrados de acera y superficie verde” y “los recorridos peatonales se alargarían y el transporte público perdería prioridad”. Además, ha recordado, “la rotonda provocaría más ruido, tráfico y accidentes” ya que está demostrado que “la siniestralidad aumenta en las intersecciones urbanas con rotonda”.

“Si acude a un despacho de arquitectos, su proyecto tendrá prioridad sobre el resto porque Morales estará encima de este asunto”. Esta frase es la recomendación que una vecina de Oviedo/Uviéu asegura que recibió como respuesta si quería acelerar el trámite que quería realizar en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo. Morales era, hasta ayer, uno de los asesores de confianza de la Alcaldía del consistorio de la capital asturiana. El siguiente paso ha sido su cese fulminante.

Sin embargo, el de Ignacio Morales no ha sido el único cese que el alcalde ha afrontado en su equipo de asesores. Hace apenas unos días también abandonó su puesto Hugo Huerta, exconcejal de Vox. En ambos casos, los dos cargos cesados han alegado que dejan el consistorio por “motivos personales”.

El cese de Morales

Canteli firmó la resolución del cese como personal eventual del ayuntamiento ovetense del arquitecto Ignacio Morales Zapata en su calidad de “asesor de Alcaldía en materia de urbanismo” con efectos inmediatos ayer mismo y a continuación el anuncio se subió a la sede electrónica municipal.

El anuncio avanzaba que su contenido se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), en la web municipal y se informará sobre esta situación en la próxima sesión plenaria que se celebre en el consistorio.

Los grupos municipales de la oposición -PSOE, Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Oviedo y Vox- han reaccionado de inmediato, exigiendo “transparencia” al equipo de gobierno del Partido Popular (PP) acompañada de la creación de una comisión de investigación que aclare las circunstancias de ese presunto tráfico de influencias que se deduce de la denuncia que la vecina supuestamente afectada ha interpuesto a través de un canal interno.

La reacción de la oposición

Los representantes de los grupos municipales de PSOE y Vox han optado por comparecencias públicas en sendas ruedas de prensa convocadas este mismo jueves, mientras que IU-Convocatoria por Oviedo ha valorado este cese a través de un comunicado oficial.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, Carlos Fernández Llaneza, considera que hay muchas evidencias de la veracidad de esta denuncia ante posibles irregularidades cometidas por el hasta ahora asesor de Urbanismo desde el momento en que el propio alcalde ha procedido a su cese.

La “preocupación” en el PSOE

Fernández Llaneza reconoce que esta denuncia ha causado una “gran preocupación” en su grupo y ha reclamado la “absoluta transparencia” en la investigación interna iniciada sobre la actividad y vínculos del asesor de Alcaldía en la materia y número 15 de su lista electoral, Ignacio Morales.

El portavoz socialista ha explicado que el pasado lunes llegó a la Alcaldía y a los grupos municipales un correo en el que se alertaba de supuestas irregularidades vinculadas a este cargo de confianza de Canteli en el área de Licencias.

Un cese “fulminante”

“Desde el primer momento actuamos con lealtad institucional y trasladamos esta información al secretario general del Ayuntamiento”, ha indicado.

Esa era una noticia que, sin embargo, no cogió sorpresa al secretario general ya que en ese momento ya se tenía conocimiento de los hechos y se había producido una reunión con responsables municipales.

Al término de esa reunión, el alcalde adoptó al decisión del “cese fulminante de su asesor”, al recibir el correo lo que, a juicio de Fernández Llaneza, implica que “es el propio alcalde el que da verosimilitud a la denuncia ciudadana”.

La Junta de Portavoces

Esta mañana se reunía la Junta de Portavoces, donde se aprobaba la apertura de una investigación interna que deberá esclarecer los hechos, por lo que Fernández Llaneza opta por la prudencia hasta ver en qué deriva esta denuncia.

“Somos respetuosos con los procedimientos y será esta investigación la que determine si existen irregularidades”, ha afirmado el portavoz socialista.

“Cuando se produce un cese de forma inmediata, es evidente que algo puede intuirse”, ha dejado su reflexión en voz alta.

Urbanismo, un área “crítica”

Fernández Llaneza ha recordado que el PSOE viene alertando desde hace tiempo “de la situación en Urbanismo”, especialmente debido a la falta de cobertura de la plaza de la dirección general del área.

“Es una situación que nos preocupa, porque Urbanismo es un área crítica en cualquier ayuntamiento y en el último año se han producido ya varias salidas y movimientos extraños, lo que refleja una inestabilidad evidente”, ha advertido.

Además, ha hecho hincapié en un detalle: “el decreto firmado por el alcalde establece claramente el cese de este asesor y no una dimisión”, ha recalcado.

Exigencia de “transparencia”

Su petición de llevar hasta el final la investigación es una exigencia que va acompañada de una reclamación sobre la necesidad de que se haga con “total transparencia por el bien de la institución -ha dicho- y para reforzar la confianza de la ciudadanía, por lo que es imprescindible que se actúe con claridad, rigor y responsabilidad”.

El Grupo Municipal Socialista ha ofrecido su colaboración “con absoluta lealtad” para que se esclarezcan los hechos y se depuren, si procede, “todas las responsabilidades”.

La “sugerencia” para agilizar trámites

La portavoz del Grupo Municipal de Vox, Sonsoles Peralta, fue más explícita a la hora de detallar en qué consistió la denuncia por presuntas irregularidades que alertó a la corporación municipal.

Peralta explicó en rueda de prensa que a esta mujer le aconsejaron que se pusiera en contacto con un despacho de arquitectos, porque así era más fácil que su proyecto tuviera prioridad sobre el resto, dado que el hasta ahora asesor en Urbanismo podría facilitar esa gestión.

Una comisión de investigación

“Desde Vox solicitamos la creación de una comisión de investigación sobre el área de Urbanismo y Licencias porque lo que estamos conociendo en los últimos días no se puede despachar con un simple procedimiento. No estamos ante un hecho aislado -ha afirmado-, ya que existe una denuncia que afecta a un cargo de confianza del alcalde”, manifestó la portavoz.

Por su parte, IU-Convocatoria por Oviedo ha valorado la apertura de una investigación interna como “un paso fundamental para reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

Garantías y celeridad

El grupo municipal ha remitido a elDiario.es Asturias un comunicado en el que sostiene que “frente a cualquier situación que genere preocupación social, es imprescindible actuar con contundencia, responsabilidad y transparencia, reforzando la credibilidad pública en el correcto funcionamiento institucional”.

Los representantes de IU-Convocatoria por Oviedo muestran su plena confianza tanto en el trabajo de los servicios municipales como en que esta investigación se desarrolle “con la máxima transparencia, garantías y celeridad”, permitiendo conocer con claridad los hechos y, en su caso, depurando todas las responsabilidades que correspondan.

Rigor y ejemplaridad

“Consideramos que el inicio de este procedimiento es el camino correcto y necesario ante unos hechos de especial sensibilidad, tal y como se ha conocido en los últimos días. Entendemos que las instituciones deben actuar con rigor desde el primer momento, activando todos los mecanismos disponibles para esclarecer lo ocurrido”, inciden en su escrito.

El comunicado concluye dejando constancia de que las instituciones democráticas deben estar a la altura de estas circunstancias, “respondiendo ágilmente con mecanismos eficaces y ejemplaridad, no solo en este caso, sino ante cualquier otro de características similares”.

Asesor y candidato

Ignacio Morales no era solo un asesor más para dentro del equipo del PP. En las últimas elecciones locales, ocupó el puesto número 15 en la candidatura encabezada por Canteli.

Sin embargo, se quedó a las puertas de salir elegido y lograr el acta de concejal, ya que el PP obtuvo 14 concejales.

Segundo cese de un asesor

El cese “fulminante” de Ignacio Morales no ha sido el único. Recientemente también fue cesado Hugo Huerta, exconcejal de Vox, aunque en este último caso su salida del ayuntamiento ha pasado más desapercibida y no estuvo rodeada de especulaciones, ni sospechas públicas.

El exconcejal de Vox había iniciado su trayectoria municipal en 2019 como número dos de la formación liderada entonces por Cristina Coto. Su paso por el grupo municipal estuvo marcado por tensiones internas que le llevaron a abandonar la disciplina del partido en diciembre de 2022, denunciando un “clima insostenible”, para pasar a ser edil no adscrito.

Tras las elecciones de 2023 y la mayoría absoluta del PP, fue incorporado como asesor, consolidándose como uno de los hombres de confianza del alcalde. Su cese ya ha sido formalizado mediante decreto, publicado en la web municipal y pendiente de su traslado al próximo Pleno.

El PRC propondrá limitar la construcción de segundas residencias en suelo rústico en Cantabria, en el proceso de aprobación de la Ley de Vivienda. Así lo ha avanzado este miércoles el portavoz regionalista, Pedro Hernando, en una comparecencia ante los medios en el Parlamento, sin adelantar detalles de su futura enmienda, justo antes de advertir que el turismo no puede convertirse en un “elemento disfuncional” del mundo rural.

“Convertir el mundo rural en una segunda residencia de las comunidades autónomas cercanas y de la gente que viene a utilizar Cantabria como un elemento vacacional no es el modelo”, ha señalado ante las medidas que está tomando en este sentido el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP).

La reacción de Hernando responde a la reciente petición del Ejecutivo del PP a los ayuntamientos para que faciliten las autorizaciones de uso turístico en las viviendas construidas en suelo rústico. Tal y como ha publicado El Diario Montañes, esa orden llegó específicamente desde la Consejería de Urbanismo, en la última reunión de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

El departamento que dirige Roberto Media (PP) instó a los ayuntamientos de Cantabria a no denegar permisos de actividad turística a las viviendas levantadas en suelo rústico con licencias de construcción de la CROTU, propuesta que fue autorizada por la comisión.

La Consejería presentó la aclaración para los alcaldes, después de comprobar que algunos secretarios y técnicos municipales se negaban a autorizar las licencias o mostraban dudas al respecto porque consideraban que contravenía el sentido de fijar población en las zonas rurales que tiene la Ley del Suelo —modificada en 2024 con el apoyo del PRC—.

Un año después, el Gobierno aprobó otra modificación clave: la del decreto de viviendas turísticas, dejando en manos de los municipios las autorizaciones para que un propietario inscribiese su vivienda en el registro autonómico. Por lo tanto, sin la aprobación, la actividad de vivienda turistica sería ilegal. En la actualidad, la Consejería de Turismo analiza las peticiones, mientras la de Urbanismo pide ahora a los ayuntamientos que relajen las autorizaciones para uso turístico para construcciones legales.

Los tres colegios profesionales que recientemente se negaron a votar el futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) rechazaron la iniciativa de Urbanismo, aprobada en la CROTU gracias a la mayoría con la que cuenta el Gobierno en este órgano.

El argumento que utiliza el Gobierno de Buruaga es que, si el inmueble se ha construido legalmente, su uso es secundario. Consultado sobre si esta situación no pervertiría el sentido de la Ley del Suelo pactada con el PP, el portavoz regionalista ha elegido enfocarse en el decreto y ha reconocido que es “llamativo” que el Gobierno de Cantabria haya aprobado un decreto para limitar las viviendas turísticas y por “inacción”, lo anule mediante una orden: “Resulta que todas las viviendas que hayan pedido un informe al ayuntamiento, se haya emitido o no, van a poder ser este verano viviendas turísticas. Ese no era el objetivo del decreto”, ha recordado.