La directiva del Real Madrid está haciendo todo lo posible para que el Estadio Santiago Bernabéu vuelva a acoger macroconciertos cuanto antes. El Ayuntamiento de València suspendió este fin de semana el Festival de les Arts en la Ciutat de les Arts i les Ciències, un recinto afectado por una sentencia que instaba a cancelar o reubicar las actividades musicales. Los vecinos de Getafe y del barrio madrileño de Villaverde y hasta el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid cuestionan que el recinto Iberdrola Music sea idóneo para acoger el macrofestival Mad Cool y la docena de conciertos de Shakira. En Barcelona, la Plataforma Stop Concerts sigue presionando para que el Parc del Fórum reduzca el número de macroeventos que alteran el descanso del barrio de Besòs-Maresme.

Todo estos casos evidencian una problemática creciente generada por los macroeventos musicales: la tensión entre quien quiere disfrutar de los conciertos y quien desea descansar. Es una problemática tan antigua como la música misma. No obstante, las molestias que pudieran causar un concierto en un local para 80 o 200 personas son incomparables con las que provocará un macroconcierto o un macrofestival para 80.000. Ahí ya no se generan solo problemas de volumen sonoro, que llegará muchísimo más allá del vecino del piso de encima, sino de riadas de público, de jornadas de montaje y desmontaje, de colapso en los accesos y servicios... A partir de determinado aforo, lo que queda alterado ya no es el descanso nocturno, sino el día a día de toda la gente que vive alrededor.

Esta problemática ya existía en los años 80 y 90, pero era muy ocasional. Un año actuaba Madonna, al siguiente era Bruce Springsteen, dos años después se reunían los Rolling Stones, U2 retomaba el oficio de estrellas de estadios al verano siguiente... Había tan pocos artistas capaces de llenar un estadio que más que un problema, era una anécdota. Y, por supuesto, no existían los macrofestivales. En la última década, la industria del ocio musical ha pisado con tal fuerza el acelerador de los macrofestivales y los macroconciertos, que cada temporada se celebran más macroeventos que la anterior. Por consiguiente, cada año hay más gente afectada por ellos en España. Y cada año lo está durante más días.

Más grandes, más habituales, más molestos

Por si todo esto no fuera suficiente, empieza a asentarse en España el modelo de residencias: lotes de cuatro, seis, ocho o diez macroconciertos en el mismo recinto. De Coldplay, Karol G, Taylor Swift, Bad Bunny… Y, claro, la paciencia de los vecinos afectados empieza a agotarse. Los que viven cerca de un festivalódromo intuyen que la política de explotación del recinto irá a más. Los vecinos del estadio de fútbol empiezan a asumir que este ya no volverá a usarse solo cada dos fines de semana, cuando haya partido, sino en cuanto lo solicite una promotora de conciertos. Y los clubs los alquilarán siempre que puedan. Son ingresos adicionales para unos recintos que están inutilizados 13 de cada 14 días.

Las remodelaciones del Bernabéu o del Camp Nou suponen inversiones millonarias que habrá que amortizar cuanto antes y ahí entra en juego el alquiler para eventos. Ya hay proyectadas reformas en los estadios Sanchez Pizjuán y el Benito Villamarín; ambos en Sevilla. Y también en Europa se planifican obras faraónicas. El New Trafford sustituirá el viejo estadio del Manchester United y acogerá hasta cien mil espectadores; un aforo altamente atractivo para promotores de grandes giras. En 2028 debiera inaugurarse el nuevo estadio de la Roma, para 61.000. En África también se están proyectando grandes estadios como el marroquí Rey Hassan II, a las afueras de Casablanca y con capacidad para 115.000 espectadores, o el del club egipcio Al-Haly de El Cairo, para 60.000.

La industria del ocio musical, liderada desde Estados Unidos, está exportando e imponiendo una forma de consumir la música en vivo cada vez más enfocada a los estadios y pabellones, en detrimento de las salas. En España se está viviendo también un boom en el sector de los pabellones. En 2025 se inauguró el Roig Arena de Valencia (con capacidad para 20.000 personas) y el Gijón Arena (cuyo aforo de 3.000 espectadores permite acoger en la ciudad asturiana giras de Anastacia y Love of Lesbian). En Barcelona, el Sant Jordi Club ampliará su aforo de 4.500 personas a 9.000, pese a estar pegado al Palau Sant Jordi (con capacidad para 18.000). Y Madrid ha consumado la ampliación del Movistar Arena a 20.008 localidades para superar por ocho butacas al Roig Arena y ha anunciado su nuevo Arena para 20.000 espectadores junto al Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, en asociación con Live Nation.

Manchester inauguró en 2024 el Co-op Live, cuyo aforo para 23.500 espectadores lo convierte en el mayor recinto cubierto de Reino Unido, superando por 500 al Manchester Arena, y segundo de Europa. El primero sigue siendo el Paris La Defénse Arena de Nanterre, inaugurado en 2017 a diez kilómetros de la capital francesa y con aforo para 30.000 personas. En 2021 y 2023 se estrenaron dos pabellones en Budapest y San Petersburgo con aforo para 20.000 personas. No hay gran ciudad europea que no tenga o que no planee tener cuanto antes su pabellón y estadio para macroconciertos; mejor aún, dos de cada. Las más ambiciosas también aspiran a construir un festivalódromo para macrofestivales.

Hacia un nuevo urbanismo pop

Empieza a asentarse un discurso sospechoso: una ciudad de verdad necesita macrorrecintos. Pero esta no es una demanda ciudadana. Los vecinos, si acaso, reclaman mejores servicios sanitarios, mejor transporte público, una recogida de basuras eficaz o escuelas con más recursos y más personal. Igual que no considerarán una prioridad ampliar el aeropuerto o atraer más turismo, tampoco exigen recintos más grandes para poder ver en su ciudad a las grandes estrellas pop del momento. Y si lo exigiesen tampoco podrían sostener estas peticiones bajo el argumento de que solo defienden sus derechos. La cultura es un derecho, por supuesto. Pero ver en directo a Beyoncé, Foo Fighters o Bad Bunny no lo es.

Esta fiebre por ampliar estadios, construir pabellones y habilitar festivalódromos es una ‘necesidad’ inducida por la industria del espectáculo, la del deportivo y la del musical, en tanto que sectores estratégicos de la madre de todos los motores económicos del país: la industria turística. Una ciudad con atractivo turístico ya no solo debe ofrecer ocio, gastronomía y monumentos, sino también una agenda de macroespectáculos que eternice la temporada alta para así disparar el potencial ya no cultural sino turístico y económico que estas giras puedan reportar a las ciudades. El caso del Movistar Arena es clarificador. En 2024 acogió 213 eventos; su récord hasta la fecha. Según el gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el recinto generó un impacto económico en la Comunidad de Madrid de 577 millones de euros. El récord quedó pulverizado un año después, ya que en 2025 acogió 230 eventos. El Roig Arena ya estima que en su primer año de funcionamiento generará un impacto económico superior a los 150 millones de euros.

Todas estas cifras son más que cuestionables. Sobre todo, porque el supuesto impacto económico nunca beneficia al conjunto de la población sino principalmente al sector servicios vinculado a la actividad turística. Sin embargo, dejan entrever que lo que justifica que una ciudad necesite pabellones, estadios y festivalódromos es su condición de gancho turístico. Si tu ciudad no tiene un gran recinto no atraerá grandes giras. Si no acoge grandes giras, otra ciudad lo hará. Ante esta disyuntiva, siempre hay quien apunta que el único lugar donde disfrutar de grandes artistas son los grandes recintos. Es el enésimo chantaje de la industria musical. Resumen: estas son nuestras condiciones porque este es el modelo de negocio que más nos conviene y, por lo tanto, más vale que tu ciudad tenga un recinto adecuado para nuestros artistas porque nos hemos cansado de pasearlos por ocho salas pequeñas y preferimos una sola fecha a lo grande.

Falso dilema, eterno debate

A la industria del espectáculo le interesan recintos muy grandes para vender más entradas y obtener más beneficios por noche. A las ciudades les interesa tener recintos capaces de acoger giras que aumenten el flujo de turistas. A los recintos les interesa acoger el máximo número de eventos para rentabilizar la infraestructura. Pero, ¿dónde quedan las necesidades de los habitantes de las ciudades? El debate que genera la intensificación del uso de estos grandes recintos es un falso dilema impulsado por una industria del ocio musical que pretende que las ciudades se ajusten a su estrategia empresarial. Es el eterno debate entre un modelo de ciudad concebida como maquinaria para atraer turismo y dinero (para unos pocos) y otro modelo de ciudad pensada para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Demandas entre las que, por supuesto, estará el ocio musical. Pero no forzosamente a gran escala. Ni, por supuesto, a cualquier precio.

La mayoría de obstáculos que dificultan al público disfrutar de la música son presuntas soluciones a problemas generados por la propia industria musical: pantallas para ver el concierto porque la mitad de las entradas no garantizan la visibilidad, actuaciones solapadas para dispersar al público hacinado en el recinto, zonas VIP para estar cómodo en espacios manifiestamente incómodos... Hasta hoy, estas problemáticas afectaban solo al público del macroevento. Ahora incluso vecinos que ni siquiera irán a esos eventos deberían aceptar sin rechistar las molestias que genera ese nuevo tipo de consumo musical impuesto por la industria. Y a la ciudad no le queda otra que acatar la nueva orden del capital.

En 1973 abrió el primer hipermercado en España y en 1977, el primer centro comercial. Hoy apenas podemos imaginar nuestro quehacer como consumidores de alimentos y complementos sin esos grandes recintos. El capitalismo de concentración ha alterado por completo nuestros hábitos mientras exterminaba el pequeño comercio y nos empujaba a comprar, a menudo, a las afueras de las ciudades. Con la música en directo estamos viviendo un proceso similar.

Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio alertan de que el futuro Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) del Gobierno de Cantabria pretende sacar del listado de paisajes protegidos al Embalse de Alsa y el Monte Canales para facilitar con ello que la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo pueda continuar adelante. “Pretenden entregar al expolio los territorios de Campoo-Los Valles, Iguña y Soba”, denuncian en un comunicado.

En su opinión, el Gobierno de Cantabria está haciendo “un abuso de poder” para intentar facilitar la tramitación de proyectos como el de Aguayo II o los polígonos eólicos. “Tras las evaluaciones y la toma de decisiones hablan de criterios técnicos, pero es evidente que lo que hay son criterios políticos discriminatorios y al servicio de grandes empresas y entidades financieras”, explican.

Los colectivos censuran también la privatización del agua que implicará el proyecto de Aguayo II “en este caso en favor de la multinacional Repsol”. Eso supondrá que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico permita a la empresa captar agua del río Torina, “priorizando los intereses de Repsol en vez del abastecimiento de agua a varios municipios que hacen uso de estas aguas, entre ellos el de Torrelavega”. Además, recordaron que tanto la masa del embalse de Alsa como el río Torina están identificadas como Zona Protegida de Abastecimiento por el Plan Hidrológico vigente.

En este contexto, denuncian la falta de información geológico-geotécnica de la actuación del proyecto de ampliación de la central y del impacto que puede tener esta obra, no sólo en su construcción “sino cuando esté a pleno rendimiento”.

Al igual que sucede con los proyectos de polígonos eólicos planteados, o incluso en construcción como es el caso del polígono eólico El Escudo, consideran que en esta y otras zonas de Cantabria se están tratando de imponer proyectos “innecesarios, insostenibles y que dependen de combustibles fósiles”.

Además, “expolian los territorios, generan ecocidios e implican una estafa económica en forma de subvenciones derrochadas con dinero público” para el beneficio de grandes empresas y entidades financieras como Repsol, Iberdrola, el Banco Santander o BlackRock, “con la complicidad de las administraciones públicas implicadas, a nivel nacional, regional y municipal”.

Ruta por los paisajes amenazados

Un recorrido de unos seis kilómetros a través de los bosques que rodean el río Torina, que nace en el Pico Jano y desemboca en el río Besaya, ha tratado de mostrar el impacto ambiental de los macroproyectos energéticos como la proyectada ampliación de la Central Hidroeléctrica de Aguayo. La 'ruta interpretada' 'fue convocada por miembros de los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio que, durante las aproximadamente cuatro horas de recorrido, con diversas paradas interpretativas, fueron participando con los asistentes de la “belleza paisajística y el incalculable valor ecológico” de la zona, observando y aprendiendo sobre los distintos ecosistemas que fueron transitando. Primero a la ribera del río Torina, junto a abundantes fresnos, alisos, y algún olmo de montaña, y posteriormente, a medida que iban ganando altura, disfrutando de bosques mixtos con hayas, robles, acebos, tejos o abedules.

Según los organizadores de la marcha, todos estos paisajes requieren preservar el entorno. En su opinión, la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo “implicaría poner en riesgo estos bosques y su enorme valor ecológico” por la realización de la obra y el acceso de maquinaria que implicará abrir nuevas pistas de acceso en bosques muy cercanos a los entornos a proteger. “Esto es otra parte muy importante del enorme destrozo ambiental y paisajístico que implican megaproyectos como el de Aguayo II o los polígonos eólicos que están proyectados en esta zona y en distintos territorios de Cantabria”, subrayan.

El informe técnico de Planeamiento municipal sobre la recalificación a la carta que proyecta el Gobierno del PP en Zaragoza en el antiguo Convento de Jerusalén, a propuesta de un inversor privado, desmiente al consejero de Urbanismo: no hay “valoración técnica que justifique” los 22 millones de euros propuestos por el promotor como compensación ante el pelotazo urbanístico. Además, el documento deja claro que la edificabilidad del sector es menor a la apuntada por la entidad privada.

El estudio, de ocho páginas –y que incluye un inusual nivel de detalle para este nivel de la tramitación, cuando hay solo una propuesta inicial–, esta fechado en enero, un mes después del escrito presentado por Enta Properties. Propiedad del grupo Bancalé, esta firma aspira a que el Ayuntamiento recalifique parte de la parcela, actualmente calificada como dotación local de equipamiento privado o religioso, para levantar en una de las zonas más caras de la ciudad 220 viviendas de lujo, una residencia de mayores y otro desarrollo terciario, ya sean oficinas, un hotel o un centro docente. Como contraprestación para el denominado 'Proyecto Living Romareda', Enta Properties aportaría un máximo de 22 millones de euros, “el límite máximo de viabilidad económica del proyecto”.

Y, pese a que el martes el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, afirmó que para sustentar esta propuesta había ya “un borrador”, lo cierto es que el Servicio Técnico de Planeamiento Municipal –el informe lo suscribe la jefa de la oficina– apunta que la propuesta económica de 22 millones de euros “no se acompaña de valoración técnica que justifique la cantidad señalada”.

Lo único que hay, que conste hasta el momento, es la valoración llevada a cabo por el propio inversor para determinar ese importe de 22 millones, que abarcaría todos los conceptos, incluido el 10% de aprovechamiento y las cesiones obligatorias para las dotaciones.

La edificabilidad

En cuanto a la edificabilidad –cuántos metros cuadrados se pueden construir a partir de la superficie de un suelo–, la propuesta del promotor sitúa este índice en 1,6676, una cifra que enmarca en el “área homogénea” de la Gran Vía; es decir, en línea con el entorno del barrio. Sin embargo, la jefa de Planeamiento es clara: “Debe dejarse constancia expresa de que la edificabilidad del sector es el 1,5, con lo que la superficie edificable es de 12.241 metros cuadrados, y no 15.595 como apunta el inversor privado.

Esto puede tener implicaciones ya que los desarrollos propuestos para el sector deberían reducirse en más de un 10% respecto a lo previsto. La propuesta de Enta Properties era de 204 viviendas de lujo, de las cuales 70 se reservarían para alquiler, pero el Ayuntamiento aumentó el número de pisos hasta 220 –sin justificar el porqué de esta subida–.

El mencionado porcentaje no se aleja mucho de los 1.135 metros cuadrados de superficie que ocupará el vial que debe atravesar el sector y que el promotor deberá asumir finalmente con carácter gratuito, tal y como ha determinado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La sentencia en primera instancia dio la razón a Enta Properties al considerar que la cesión era onerosa y que generaba edificabilidad.

El informe de Planeamiento y Rehabilitación también hace un recorrido por dos propuestas anteriores del grupo Bancalé en el mismo Convento de Jerusalén, de 2018 y 2019, que no fructificaron. La diferencia con la actual, recuerda la arquitecta municipal, es que entonces se dirimía un “trasvase de aprovechamiento urbanístico municipal previamente reconocido” y ahora se trate de la “atribución de nuevos usos”.

El Ayuntamiento de Zaragoza realizará una segunda fase del Plan Especial de Inspección Técnica de Edificios (ITE) con el objetivo de garantizar la seguridad constructiva y la estabilidad estructural en el Casco Histórico y la finalidad es que concluya en agosto. Tras la finalización del plan desarrollado en el ámbito de las calles de Mariano Cerezo, Ramón Pignatelli y José Zamoray, esta segunda fase centrará sus esfuerzos en un área de gran tránsito peatonal y comercial como es el Tubo.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha trasladado este anuncio para explicar que antes de su inicio se llevará al Consejo de Gerencia de Urbanismo para dar cuenta a todos los grupos municipales del Ayuntamiento.

Respecto al espacio elegido para la ampliación de este plan especial, Serrano ha querido recordar que “el entorno del Tubo no es solo un entramado de calles en el Casco Histórico, sino que constituye una de las principales señas de identidad cultural, turística y gastronómica de Zaragoza. Sus estrechas e históricas callejuelas, como Estébanes, Libertad, Cinegio y Cuatro de Agosto, son el corazón indiscutible de la vida social de la ciudad y un imán imprescindible para los visitantes”.

Como ha apuntado el consejero, “en esta emblemática zona se concentra una altísima densidad hostelera, albergando más de medio centenar de bares y restaurantes tradicionales; de hecho, vías tan populares como la calle Estébanes llegan a aglutinar cerca de una veintena de locales en apenas unos metros. Este constante e intenso tránsito peatonal convierte a El Tubo en un motor económico y de ocio fundamental de la capital aragonesa, lo que hace aún más prioritaria la labor municipal de revisar y garantizar la máxima seguridad estructural de sus inmuebles, reclamando a sus propietarios las mejoras y actuaciones que se detecten como pertinentes”.

Requerir a propietarios

Este nuevo plan de inspección tiene como objeto definir y programar las revisiones necesarias tanto en edificaciones como en solares. La finalidad de estas acciones es requerir a los propietarios el cumplimiento del deber de conservación, regulado por la Ordenanza Municipal, para eliminar en lo posible cualquier estado de inseguridad en las edificaciones de la ciudad. “El área de actuación escogida para esta segunda fase comprende la manzana delimitada por la calle de Cinegio, la calle de los Estébanes, la calle Libertad y la calle Cuatro de Agosto”, ha detallado Serrano, por lo que “se prevé girar la inspección y análisis de unos 17 inmuebles y solares de este céntrico sector”.

La urgencia de actuar se debe a los avisos registrados durante el pasado año 2025, principalmente por parte del cuerpo de Bomberos, tras los cuales el Servicio de Inspección Urbanística detectó un deficiente estado de conservación en varias fincas. Las visitas preliminares sacaron a la luz diversas particularidades que aumentan la complejidad urbanística del área, destacando la presencia de antiguas bodegas que conectan distintas fincas y la existencia de estancias que se solapan entre diferentes propiedades.

Debido a estos hallazgos, el Ayuntamiento ya tuvo que dictar órdenes de ejecución y providencias de emergencia para atajar los riesgos potenciales. En la actualidad, a raíz de estas incidencias, ya existen expedientes abiertos relativos a fincas ubicadas en la calle de los Estébanes números 12-14, en la calle Libertad números 6 y 10, y en calle Cuatro de Agosto número 19.

Con la puesta en marcha de este plan, el Ayuntamiento también quiere dar respuesta a las peticiones de los hosteleros de la zona. A raíz de los recientes expedientes abiertos en algunos de los inmuebles del área, los propietarios de los establecimientos mostraron su preocupación y trasladaron a los servicios municipales otros posibles espacios que requieren de una revisión o en los que han detectado diversas incidencias. De este modo, el propio sector hostelero se ha convertido en el principal interesado y en una parte muy activa de este proceso, demostrando su compromiso y colaboración para garantizar la seguridad, el buen mantenimiento y la excelencia de un espacio que es vital para la ciudad

Metodología y calendario

A diferencia del gran volumen de edificios revisados en el entorno Pignatelli-Zamoray, el reducido número de inmuebles de este nuevo ámbito permitirá girar visita de inspección a la totalidad de las fincas, independientemente de su situación respecto al cumplimiento de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Las revisiones se ocuparán de garantizar la seguridad de los inmuebles y se llevarán a cabo por medios organolépticos y se examinará el estado general de los elementos estructurales y de las cubiertas. Asimismo, se inspeccionarán minuciosamente las fachadas, prestando especial atención a aquellas recayentes a la vía pública; y se revisarán exhaustivamente las instalaciones de saneamiento.

El calendario proyectado estima una duración aproximada de ocho semanas --dos meses-- para completar las labores. Para cumplir con estos plazos, cada pareja de técnicos realizará una visita de inspección a la semana, incluyendo en estas visitas tanto a los solares como a los inmuebles con expedientes ya en curso. Luego se emitirán informes técnicos que reflejarán las incidencias y derivarán en las correspondientes órdenes de ejecución.

Por ley, los propietarios de cualquier inmueble son los responsables de acometer las obras necesarias para el adecuado mantenimiento, conservación, seguridad y habitabilidad de su edificio y de sus servicios e instalaciones comunes.

Obligación

Asimismo, la ITE es una obligación y responsabilidad única y exclusiva de los propietarios, que deben realizarla cada 50 años y después con una cadencia de 10 años. No obstante, es conveniente prestar atención a la evolución y mantenimiento de los inmuebles, dado que cada uno tiene sus particularidades. Sin embargo, el Ayuntamiento inició este Plan de Inspección para un análisis exhaustivo de la zona de Zamoray-Pignatelli, en la primera fase de este proyecto, impulsado por la antigüedad edificatorio del entorno, las condiciones socioeconómicas del área, y las peticiones y preocupación de los colectivos vecinales, así como de los grupos políticos municipales.

En este primer plan especial, el informe final finalizó con el chequeo a 259 espacios, de los que 240 son inmuebles y 19 solares, que arrojó que 60 de ellos están en perfecto estado, 168 tenían patologías que resolver y 7 terminaron con una providencia por grave riesgo.

En general, entre las patologías más comunes encontradas en todas las revisiones, las más destacadas fueron los problemas de humedades (49,03% de los inmuebles), en las red de saneamiento (35,91% de los edificios), los daños en cubierta (35,52% de las fincas) o la presencia de xilófagos (5,02% de los edificios visitados).

Así, se prosigue con una segunda fase de este proyecto, donde volverá a contarse con los recursos propios municipales formado por un equipo de trabajadores y agentes inspectores compuesto por 4 arquitectos técnicos y 2 arquitectos, con la colaboración de personal jurídico y administrativo de este mismo Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento, así como la colaboración de la Policía Local.

“Los técnicos municipales realizan antes del inicio de las inspecciones una ingente labor de clasificación y revisión del estado actual de los inmuebles, número visitas, situación actual de la ITE, emisión de informes que reflejan el estado de las edificaciones e inicio de expedientes en el caso de reseñar incidencias”, ha recordado Serrano.

La recalificación a la carta que dio a conocer la semana pasada el Gobierno del PP en Zaragoza para el antiguo Convento de Jerusalén, en un gran solar junto a La Romareda, ofrece más dudas aún de las iniciales al conocer las interioridades de la iniciativa. Así, la propuesta formulada la promotora, Enta Properties –del grupo inversor aragonés Bancalé–, al Ayuntamiento era de 204 viviendas de lujo y sin embargo el anuncio de Urbanismo elevó a 220 los pisos proyectados. Este aumento en el número de viviendas llega días después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que condena a la empresa a asumir de manera gratuita el vial que cruzará el sector. El consejero de Urbanismo desvincula ambos hechos y aclara que “los metros cuadrados edificables” del plan urbanístico “se mantienen”.

El pasado jueves, el Ayuntamiento anunció el desbloqueo del sector a través del denominado 'Proyecto Living Romareda', por el que el grupo inversor podría construir “220 viviendas nuevas” de lujo –hasta ahora, la construcción de pisos ahí no estaba contemplada–, a lo que se sumaban una residencia de mayores y otra para sanitarios, que era lo previsto en un principio. Todo ello, a cambio de un pago “máximo” de 22 millones de euros para las arcas municipales

La cronología que ha vivido este espacio de carácter religioso, aledaño al estadio de fútbol y situado en una de las zonas más caras de la ciudad, es clara en muchos aspectos, pero también guarda incógnitas.

Enta Properties adquirió el suelo a la congregación en septiembre de 2018, según consta en la escritura de propiedad, y en mayo del año siguiente, aún con Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) de alcalde, solicitó sendas licencias de demolición y de apertura para una residencia de tercera edad. El Ayuntamiento de Zaragoza, sin embargo, dejó pasar el tiempo sin resolver estas solicitudes, lo que llevo a Enta Properties a interponer un contencioso que en enero de 2023 se resolvió a su favor: el juez revirtió la denegación por silencio administrativo de la demolición y, además, consideró que la cesión del vial previsto en el sector es onerosa –que la promotora debe cobrar por ceder el terreno– y que genera edificabilidad.

El Consistorio, ya con Jorge Azcón al frente, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Y el Alto Tribunal resolvió hace dos semanas, el pasado 19 de mayo: estimó la pretensión del Ayuntamiento, confirmó la denegación de la licencia urbanística y declaró que la cesión del vial era gratuita y no generaba edificabilidad.

El informe jurídico

Para entonces ya se había redactado el informe jurídico sobre la recalificación, rubricado el 11 de mayo –aunque que da cuenta de la “sentencia no firme” del TSJA, fechada ocho días después– y que traslada la decisión “a los órganos de gobierno municipal”, en este caso el pleno. Curiosamente, el Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística sigue mencionado que la memoria proyecta la construcción de 204 viviendas –que incluyen “un mínimo” de 70 para alquiler y a lo que se suman 15.595 metros cuadrados de edificabilidad para el uso terciario–, y no 220 como anunció el equipo de gobierno la semana pasada.

Este martes, a preguntas de este medio, el responsable municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recordado que el proyecto se encuentra en una fase inicial y que tanto el número de viviendas definitivo como la compensación de 22 millones de “tope máximo” no serán “definitivos” hasta que se apruebe la modificación del Plan General, en una etapa posterior. “Lo que permanecerá inalterable son los metros cuadrados de residencial edificable”, ha apuntado.

Serrano ha justificado que la cifra de 22 millones de euros aparece en un “borrador” que sin embargo no ha hecho público, lo que se suma al hecho de que no conste una valoración técnica que lo sustente. “Teníamos que trabajar con una orientación de cuánto podía a suponer, y esa orientación la ha dado la jefa de Servicio”, ha afirmado el consejero, que ha remitido a un “informe definitivo” posterior en el que se valorará “ese aprovechamiento”.

Serrano ha desvinculado además el cambio en el número de viviendas anunciado de la sentencia del 19 de mayo. Ha explicado que, de ser así, habrían reducido los 22 millones de euros que en principio deberá percibir el Ayuntamiento.

Las “peores sospechas”

Quien sí se ha mostrado muy crítica ha sido la portavoz de Urbanismo del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, para quien las palabras del consejero del ramo, “lejos de aportar claridad”, lo que hacen es confirmar sus “peores sospechas”. “La falta de rigor y, sobre todo, la falta de transparencia y el oscurantismo entorno al proyecto apuntan a esa política del pelotazo urbanístico que siempre impulsa el Gobierno de Natalia Chueca”, ha denunciado.

Cihuelo ha continuado con sus dudas: “Si está en fase de definición y pendientes del convenio urbanístico a firmar, ¿por qué Víctor Serrano hace una presentación a casi todos los medios el miércoles si una semana después todo está en el aire? Y, sobre todo, ¿por qué lo trae a Gerencia de Urbanismo de ayer (por el lunes) cuando hoy ha tenido que reconocer que está todo sin cerrar?”, ha incidido. “La falta de rigor y, sobre todo, la falta de transparencia y el oscurantismo entorno al proyecto apuntan a esa política del pelotazo urbanístico que siempre impulsa el Gobierno de Natalia Chueca”, ha denunciado la edil socialista.

Fa dos anys, PP i Vox van convertir les Balears en la primera autonomia a eliminar un organisme públic anticorrupció –només Catalunya, la Comunitat Valenciana, Andalusia i Navarra compten amb òrgans d’aquest tipus–. La fi de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció va comportar un altre canvi en la llei promulgada per Marga Prohens: les declaracions de béns dels càrrecs públics queden dipositades al Registre de Transparència i Control del Patrimoni i de les Activitats dels Càrrecs Públics. El principal canvi respecte a la normativa anterior és que ara tenen “caràcter reservat”, és a dir, que la informació deixa de ser pública. La restricció que la llei permet en relació amb l’accés a les declaracions de béns patrimonials pot dificultar la capacitat de fiscalització dels càrrecs públics en casos com el de Rafael Triguero (PP), alcalde d’Eivissa, que es troba sota el focus mediàtic a causa d’una operació urbanística que pretenia, presumptament i segons denuncia l’oposició, obtenir irregularment un habitatge de preu limitat (VPL).

Sota la normativa anterior, els càrrecs públics tenien l’obligació de declarar tot el seu patrimoni. És a dir, havien d’informar de manera completa sobre tots els seus béns (propietats o diners), drets (per exemple, participacions o crèdits), deutes i també les seves activitats econòmiques o professionals. Aquesta informació, a més, era accessible per a la ciutadania a través del web de l’Oficina. La nova llei, en canvi, és discrecional: cada administració, d’acord amb el seu règim normatiu, “haurà de comunicar motivadament al Registre quins camps d’informació continguts en la declaració dels càrrecs públics han de fer-se públics”, tal com consta a l’article 10.5.

En el cas de Triguero, va presentar la declaració de béns patrimonials el 17 de juny de 2023, quan va prendre possessió com a alcalde, tal com es pot comprovar al registre. L’última actualització sobre el seu patrimoni data del 12 d’agost de 2025, quan va publicar la declaració de la renda de l’exercici del 2024. Al portal de transparència municipal, les declaracions de la renda estan majoritàriament actualitzades a l’any 2022, segons consta al web. És a dir, quan el socialista Rafa Ruiz (2015-2023) encara era alcalde d’Eivissa. En el cas de les declaracions patrimonials, estan actualitzades al moment en què els regidors van prendre possessió o van cessar del seu càrrec, com es pot comprovar.

D’altra banda, si es busquen les declaracions de la renda d’altres càrrecs públics –alguns molt importants–, es pot comprovar que s’han presentat, però ja no són accessibles a través del nou Registre de Transparència. I no ho són perquè la nova norma indica clarament que tenen “caràcter reservat”, a diferència de l’anterior.

En qualsevol cas, la declaració de béns patrimonials de Rafael Triguero no està actualitzada, ja que no hi figuren les seves últimes operacions immobiliàries. Després de les consultes d’aquest diari, l’Ajuntament d’Eivissa respon que les declaracions de béns patrimonials no queden dipositades únicament al registre del Parlament, sinó que “cada institució pot acordar publicar-les també als seus propis portals de transparència”. Per això, indiquen que les declaracions patrimonials de l’alcalde i dels regidors del govern municipal estan publicades. En aquest sentit, l’Ajuntament no considera que hi hagi hagut un retrocés en matèria de transparència i rendició de comptes respecte al model anterior.

Operació immobiliària

L’alcalde d’Eivissa està al punt de mira per haver efectuat una operació urbanística que pretenia, presumptament i segons denuncia l’oposició, obtenir irregularment un habitatge de preu limitat (VPL), tal com va informar elDiario.es. L’estratègia hauria consistit a transformar una oficina en un habitatge de preu limitat en un barri de l’eixample de la ciutat. Per presumptament esquivar les limitacions que va introduir l’executiu autonòmic per beneficiar-se d’una VPL, Triguero va cedir el 50% del local-habitatge i d’una altra casa seva als seus fills menors (25% a cadascun) mitjançant un pacte successori abans de suposadament mudar-se al nou immoble, segons la documentació a la qual ha tingut accés aquest diari. D’aquesta manera, a més, la seva parella podria llogar o vendre un altre pis del qual és titular al 100% al mateix edifici.

Una VPL és una figura creada per la llei balear d’habitatge que permet convertir locals i oficines en habitatges amb límits de preu i requisits d’accés per ampliar l’oferta residencial. A diferència d’una VPO o habitatge protegit tradicional, no forma part d’un règim clàssic de promoció pública. “En tot moment he complert la llei escrupolosament. No he adquirit, ni tampoc se m’ha adjudicat, ni un habitatge públic ni tampoc un habitatge protegit”, va assegurar Triguero. Tant l’Ajuntament d’Eivissa com la Conselleria d’Habitatge del Govern defensen que no s’aprecien irregularitats fins al moment en la manera com Triguero ha reconvertit un local comercial en habitatge de preu limitat.

Triguero i la seva parella van comprar, al 50% cadascun, una oficina en una urbanització de Can Misses, segons consta a l’escriptura signada el 4 de juny de 2025. L’immoble, de gairebé 100 metres quadrats, disposa a més d’una terrassa descoberta de 45 metres quadrats i una altra amb jardí de 76. Per adquirir-lo van sol·licitar una hipoteca de 208.000 euros amb venciment el 4 de juny de 2045. En cas d’execució hipotecària, el valor fixat per a una eventual subhasta ascendeix a 366.814 euros.

El 22 de desembre de 2025, l’alcalde d’Eivissa va cedir el 50% del local als seus dos fills menors mitjançant un pacte successori, una fórmula que permet avançar l’herència en vida a les Balears. Cadascun va rebre el 25% de la propietat. Mesos després, el 19 de març de 2026, Triguero i els seus fills van sol·licitar el canvi d’ús de local a habitatge, segons la documentació a la qual ha tingut accés aquest diari. Tot i la cessió, Triguero manté el control sobre l’immoble. El pacte successori li reserva “la facultat de disposar” i el dret exclusiu de gestió fins que els seus fills compleixin trenta-cinc anys. Els menors no poden vendre, hipotecar, llogar, donar ni deixar en herència la seva part de la propietat.

L’alcalde també és propietari d’un altre pis de 70 metres quadrats a Eivissa, adquirit el 2012. El mateix dia en què va cedir part del local-habitatge als seus fills, va fer la mateixa operació amb aquest immoble, lliurant el 25% a cadascun i reservant-se les mateixes facultats de control. Per la seva banda, la parella de Triguero és propietària al 100% d’un altre habitatge situat al mateix edifici on tots dos van comprar posteriorment l’oficina convertida en habitatge. Es tracta d’un pis de 94 metres quadrats amb una terrassa de 12.

El local-oficina va obtenir la llicència de primera ocupació, atorgada per l’Ajuntament d’Eivissa, el 6 de març de 2026, segons va denunciar el PSOE davant l’IBAVI, dependent de la Conselleria d’Habitatge del Govern. En la mateixa denúncia, a la qual ha tingut accés aquest diari, s’explica que a l’abril d’aquest any Triguero i la seva parella es van traslladar a viure al nou pis, tot i no complir presumptament “els requisits necessaris per ser beneficiaris”. Així mateix, la parella de l’alcalde va llogar l’habitatge del qual és titular al 100% i que es troba al mateix edifici, segons els socialistes.

Què diu la llei

La llei autonòmica 3/2024 indica que per poder accedir a un habitatge de preu limitat “en qualsevol de les modalitats d’accés” el beneficiari “no podrà ser titular del ple domini o d’un dret real d’ús i gaudi sobre més d’un 50% d’algun habitatge lliure o sotmès a algun règim de protecció”.

El local va ser adquirit per Triguero i la seva parella al 50%. Tots dos posseïen, el 4 de juny de 2025, el 100% d’un altre habitatge. El 22 de desembre de 2025, Triguero utilitza la fórmula del pacte successori (herència en vida) per repartir el local i l’altre habitatge, al 50%, als seus dos fills menors (cadadascun posseeix, des d’aleshores, el 25%). El canvi d’ús de local a habitatge es va sol·licitar el 19 de març de 2026. L’objectiu era quedar-se presumptament amb el 50% i així complir, sobre el paper, aquest requisit legal. Tanmateix, l’alcalde té el control total dels dos pisos.

Quan se li pregunta a l’Ajuntament si, arran de les informacions recents sobre l’alcalde, el nou marc normatiu pot generar una percepció de menor control o sobre possibles conflictes d’interès o situacions patrimonials de rellevància pública, respon que “l’alcalde no és beneficiari de cap habitatge VPL”. “És propietari, i de fet encara no és ni un habitatge VPL perquè encara està en procés de registrar-se i constituir-se com a tal, dins del termini”. “Beneficiari seria si hi visqués”, afegeixen les fonts.

Els arguments que dona l’executiu local és que Triguero no és beneficiari d’una VPL. “Ell va comprar un local, i l’està transformant en habitatge”, afirmen. Les fonts consultades afegeixen que l’alcalde ja ha anunciat que, quan es completi el procediment, l’habitatge passarà al mercat de lloguer a preu limitat. “És a dir, tècnicament ha creat un habitatge nou a partir d’un local”, puntualitzen. “I aquest habitatge estarà per a un llogar a un preu limitat per llei i per sempre”. “El que ha fet realment és augmentar l’habitatge disponible a preu raonable al municipi”, indiquen. En conclusió, l’Ajuntament creu que l’actual legislació, amb la qual estan complint, és suficient per garantir la transparència i el control sobre el patrimoni dels càrrecs públics.

Aquest diari també s’ha posat en contacte amb fonts del Govern, a qui s’ha consultat si el model actual suposa un retrocés en matèria de transparència i rendició de comptes, i quins mecanismes consideren actualment prou per garantir la transparència i el control públic sobre el patrimoni, un cop eliminada l’Oficina Anticorrupció. Aquestes fonts manifesten que, des del primer dia, s’han preguntat si l’Oficina Anticorrupció “es dedicava realment a lluitar contra la corrupció”.

“No va veure res en el cas de l’exalcalde de Sant Josep, que va ser detingut per causes urbanístiques, per exemple”, assenyalen. També indiquen que l’Oficina va arxivar “totes les causes que tenien a veure amb l’anterior Govern (progressista) de forma sistemàtica” i que aquest organisme públic es va utilitzar “per atacar exclusivament membres del que llavors era el principal partit de l’oposició”, és a dir, del Partit Popular. Així mateix, recorden que 13 de les 17 comunitats autònomes no tenen oficines anticorrupció i que existeix tota una legislació en matèria de transparència que “evidentment complim, a més de l’existència del mateix portal de transparència”.

“Aquest Govern confia en la Fiscalia, la Intervenció General i la Sindicatura de Comptes com a organismes independents i mecanismes de control per als ciutadans i per a les administracions de les Illes Balears”, assenyalen les mateixes fonts.

Hace dos años, PP y Vox convirtieron las Balears en la primera autonomía en eliminar un organismo público anticorrupción –únicamente Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía y Navarra cuentan con órganos de este tipo–. El fin de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción trajo consigo otro cambio en la ley promulgada por Marga Prohens: las declaraciones de bienes de los cargos públicos quedan depositadas en el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos. El principal cambio respecto a la normativa anterior es que ahora tienen “carácter reservado”, es decir, que la información deja de ser pública.

La restricción que la ley permite en cuanto al acceso a las declaraciones de bienes patrimoniales puede dificultar la capacidad de fiscalización de los cargos públicos en casos como el de Rafael Triguero (PP), alcalde de Eivissa, quien está bajo el foco mediático debido a una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL).

Bajo la normativa anterior, los cargos públicos tenían la obligación de declarar todo su patrimonio. Es decir, debían informar de manera completa sobre todos sus bienes (propiedades o dinero), derechos (por ejemplo, participaciones o créditos), deudas y también sus actividades económicas o profesionales. Esta información, además, era accesible para la ciudadanía a través de la web de la Oficina. La nueva ley, en cambio, es discrecional: cada administración, de acuerdo a su régimen normativo, “deberá comunicar motivadamente al Registro qué campos de información contenidos en la declaración de los cargos públicos deben hacerse públicos”, como figura en el artículo 10.5.

En el caso de Triguero, presentó la declaración de bienes patrimoniales el 17 de junio de 2023, cuando tomó posesión como alcalde, como se puede comprobar en el registro. La última actualización sobre su patrimonio data del 12 de agosto de 2025, cuando publicó la declaración de la renta del ejercicio de 2024. En el portal de transparencia municipal, las declaraciones de la renta están mayoritariamente actualizadas al año 2022, según aparece en la web. Es decir, cuando el socialista Rafa Ruiz (2015-2023) era todavía alcalde de Eivissa. En el caso de las declaraciones patrimoniales, están actualizadas al momento en que los concejales tomaron posesión o cesaron de su cargo, como se puede comprobar.

Por otro lado, si se buscan las declaraciones de la renta de otros cargos públicos –algunos de ellos muy importantes–, se puede comprobar que se han presentado, pero ya no son accesibles a través del nuevo Registro de Transparencia. Y no lo son porque la nueva norma indica claramente que tienen “carácter reservado”, a diferencia de la anterior.

En cualquier caso, la declaración de bienes patrimoniales de Rafael Triguero no está actualizada, pues en ella no figuran sus últimas operaciones inmobiliarias. Tras las consultas de este diario, el Ajuntament d’Eivissa responde que las declaraciones de bienes patrimoniales no quedan depositadas únicamente en el registro del Parlament, sino que “cada institución puede acordar publicarlo también en sus propios portales de transparencia”. Por ello, señalan que las declaraciones patrimoniales del alcalde y de los concejales del Gobierno municipal están publicadas. En este sentido, el Ajuntament no considera que haya habido un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto al modelo anterior.

Operación inmobiliaria

El alcalde de Eivissa está en el punto de mira por haber realizado una operación urbanística que perseguía, presuntamente y según denuncia la oposición, obtener irregularmente una vivienda de precio limitado (VPL), como informó elDiario.es. La estrategia habría consistido en transformar una oficina en una vivienda de precio limitado en un barrio del eixample de la ciudad. Para presuntamente esquivar las limitaciones que introdujo el Ejecutivo autonómico para beneficiarse de una VPL, Triguero cedió el 50% del local-vivienda y de otra casa suya a sus hijos menores (25% a cada uno de ellos) mediante un pacto sucesorio antes de supuestamente mudarse al nuevo inmueble, según la documentación a la que accedió este diario. De este modo, además, su pareja podría alquilar o vender otro piso del cual es 100% titular en el mismo bloque.

Una VPL es una figura creada por la ley balear de vivienda que permite convertir locales y oficinas en viviendas con límites de precio y requisitos de acceso para ampliar la oferta residencial. A diferencia de una VPO o vivienda protegida tradicional, no forma parte de un régimen clásico de promoción pública. “En todo momento he cumplido la ley escrupulosamente. No he adquirido, ni tampoco se me ha adjudicado, ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida”, aseguró Triguero. Tanto el Ajuntament d’Eivissa como la Conselleria de Vivienda del Govern defienden que no aprecian irregularidades hasta el momento en el modo en que Triguero ha reconvertido un local comercial en vivienda de precio limitado.

Triguero y su pareja compraron, al 50% cada uno, una oficina en una urbanización de Can Misses, según consta en la escritura firmada el 4 de junio de 2025. El inmueble, de casi 100 metros cuadrados, dispone además de una terraza descubierta de 45 metros cuadrados y otra con jardín de 76. Para adquirirlo solicitaron una hipoteca de 208.000 euros con vencimiento el 4 de junio de 2045. En caso de ejecución hipotecaria, el valor fijado para una eventual subasta asciende a 366.814 euros.

El 22 de diciembre de 2025, el alcalde de Eivissa cedió el 50% del local a sus dos hijos menores mediante un pacto sucesorio, una fórmula que permite adelantar la herencia en vida en Balears. Cada uno recibió el 25% de la propiedad. Meses después, el 19 de marzo de 2026, Triguero y sus hijos solicitaron el cambio de uso de local a vivienda, según la documentación a la que accedió este diario. Pese a la cesión, Triguero mantiene el control sobre el inmueble. El pacto sucesorio le reserva “la facultad de disponer” y el derecho exclusivo de gestión hasta que sus hijos cumplan 35 años. Los menores no pueden vender, hipotecar, alquilar, donar ni dejar en herencia su parte de la propiedad.

El alcalde también es propietario de otro piso de 70 metros cuadrados en Eivissa, adquirido en 2012. El mismo día en que cedió parte del local-vivienda a sus hijos, realizó la misma operación con este inmueble, entregando el 25% a cada uno de ellos y reservándose las mismas facultades de control. Por su parte, la pareja de Triguero es propietaria al 100% de otra vivienda situada en el mismo bloque donde ambos compraron la oficina posteriormente convertida en vivienda. Se trata de un piso de 94 metros cuadrados con una terraza de 12.

El local-oficina obtuvo la licencia de primera ocupación, que otorga el Ajuntament d’Eivissa, el 6 de marzo de 2026, según denunció el PSOE ante el IBAVI, dependiente de la Conselleria de Vivienda del Govern. En la misma denuncia, a la que accedió este diario, se explica que en abril de este año Triguero y su pareja se fueron a vivir al nuevo piso, pese a no reunir presuntamente “los requisitos necesarios para ser beneficiarios”. Asimismo, la pareja del alcalde procedió a alquilar la vivienda de la que es titular al 100% y que está en el mismo edificio, según los socialistas.

Qué dice la ley

La ley autonómica 3/2024 indica que para poder acceder a una vivienda de precio limitado “en cualquiera de las modalidades de acceso” el beneficiario “no podrá ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso y disfrute sobre más de un 50% de alguna vivienda libre o sometida a algún régimen de protección”.

El local fue adquirido por Triguero y su pareja al 50%. Ambos poseían, el 4 de junio de 2025, el 100% de otra vivienda. El 22 de diciembre de 2025, Triguero utiliza la fórmula del pacto sucesorio (herencia en vida) para repartir el local y su otra vivienda, al 50%, a sus dos hijos menores (cada uno de ellos posee, desde entonces, el 25%). El cambio de uso de local a vivienda se solicitó el 19 de marzo de 2026. El objetivo era quedarse presuntamente con el 50% y así cumplir, sobre el papel, con este requisito legal. Sin embargo, el alcalde tiene el control total de ambos pisos.

Cuando se le pregunta al Ayuntamiento si, a raíz de las informaciones recientes sobre el alcalde, el nuevo marco normativo puede generar una percepción de menor control o sobre posibles conflictos de interés o situaciones patrimoniales de relevancia pública, responde que “el alcalde no es beneficiario de ninguna vivienda VPL”. “Es propietario, y de hecho aún no es ni una vivienda VPL porque aún está en proceso de registrarse y constituirse como tal, dentro de plazo”. “Beneficiario sería si viviera en ella” aseguran las fuentes y añaden que “no es el caso”.

Los argumentos que da el Ejecutivo local es que Triguero no es beneficiario de una VPL. “Él compró un local, y lo está transformando en vivienda”, afirman. Las fuentes consultadas añaden que el alcalde ya ha anunciado que, cuando se complete el procedimiento, la vivienda pasará al mercado de alquiler a precio limitado. “Es decir, técnicamente ha creado una vivienda nueva a partir de un local”, puntualizan. “Y esa vivienda estará en alquiler a un precio limitado por ley y para siempre”. “Lo que ha hecho realmente es aumentar la vivienda disponible a precio razonable en el municipio”, señalan. En conclusión, el Ayuntamiento cree que la actual legislación, con la que están cumpliendo, es suficiente para garantizar la transparencia y el control sobre el patrimonio de los cargos públicos.

Este diario también se ha puesto en contacto con fuentes del Govern, a quienes se ha consultado si el modelo actual supone un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, y qué mecanismos consideran actualmente suficientes para garantizar la transparencia y el control público sobre el patrimonio, una vez eliminada la Oficina Anticorrupción. Estas fuentes manifiestan que, desde el primer día, se han preguntado si la Oficina Anticorrupción “se dedicaba realmente a luchar contra la corrupción”.

“No vio nada en el caso del exalcalde de Sant Josep, que fue detenido por causas urbanísticas, por ejemplo”, señalan. Señalan, además, que la Oficina archivó “todas las causas que tenían que ver con el anterior Govern (progresista) de forma sistemática” y que este organismo público se utilizó “para atacar exclusivamente a miembros de lo que entonces era el principal partido de la oposición”, es decir, del Partido Popular. Del mismo modo, recuerdan que 13 de las 17 comunidades autónomas no tienen oficinas anticorrupción y que existe toda una legislación en materia de transparencia que “evidentemente cumplimos, además de la existencia del propio portal de transparencia”.

“Este Govern confía en la Fiscalía, la Intervención General y la Sindicatura de Comptes como organismos independientes y mecanismos de control para los ciudadanos y para las administraciones de las Illes Balears”, señalan las mismas fuentes.

¿A cuánto tienes de tu casa un centro social? ¿Y una biblioteca pública? ¿Cómo de lejos te queda la piscina más cercana cuando aprieta el calor? Estas dotaciones son parte de lo que la teoría urbanística llama Ciudad de los 15 minutos, la posibilidad de contar con servicios básicos para los vecinos a menos de un cuarto de hora a pie de su vivienda. El concepto es del colombiano Carlos Moreno y sirve para medir la escala humana de una ciudad.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha querido plasmar esta cercanía (o lejanía, según los casos) en varios mapas de la capital, que muestran las zonas residenciales que no forman parte de esa parte de la ciudad cercana, con dotaciones públicas a poca distancia de casa.

Los socialistas han elaborado tres mapas: servicios sociales, bibliotecas y piscinas. Según sus cuentas, más de 1,2 millones de madrileños (36%) carecen de un centro deportivo municipal próximo; más de 1,4 millones (42%) no disponen de una biblioteca cercana; y cerca de la mitad de la población de Madrid (1,8 millones) no cuenta con un centro de servicios sociales accesible en un entorno razonable de proximidad.

En el primer mapa, el de servicios sociales, se aprecia cómo se quedan fuera de estas dotaciones de cercanía barrios enteros de los distritos de Chamartín, Tetuán o Salamanca, pero también en el extrarrado, en las zonas de Latina, Fuencarral o Ciudad Lineal.

El segundo mapa, el de las bibliotecas públicas, muestra un centro de la ciudad bien dotado, al igual que en la zona este. Donde más carencias se aprecia es en Hortaleza, Aravaca, Latina o de nuevo la zona norte de Fuencarral. La parte sur de Arganzuela cuenta con el mismo problema.

A la hora de hacer deporte, la cobertura es buena en casi toda la almendra central (con algunas excepciones como el barrio de Argüelles o las zonas de mayor renta de Chamberí) pero vuelven a surgir islas sin acceso a ellos como San Blas, Hortaleza o Carabanchel.

Y en cuanto a las piscinas públicas disponibles cuando aprieta el calor, este es el mapa que refleja mayor desigualdad, con amplias zonas de la ciudad sin ningún tipo de cobertura de proximidad, especialmente en la almendra central pero también en las periferias.

El PSOE madrileño denunció hace unos días esta desigualdad en la Comisión de Obras y Equipamientos, a su entender como consecuencia de la falta de inversión equilibrada en servicios públicos y equipamientos municipales. Los socialistas sostienen que el modelo impulsado por el Gobierno municipal está consolidando una ciudad “a dos velocidades”, con distritos que concentran inversiones y nuevos proyectos mientras otros continúan acumulando carencias históricas en materia de bibliotecas, instalaciones deportivas, servicios sociales o centros de mayores.

El concejal Pedro Barrero, que intervino defendiendo esta posición, aseguró que la política de equipamientos se ha convertido en “una cadena de anuncios inconexos” sustentada en “la propaganda” y no en una verdadera planificación urbana basada en criterios objetivos de necesidad social y equilibrio territorial. Como ejemplo del desequilibrio territorial, Barrero denunció la ausencia total de centros de mayores en barrios como: Casco Histórico de Vicálvaro, Rejas, Corralejos, Nueva España, Butarque y Cuatro Vientos.

El PSOE propone un aumento en la red de equipamientos sociales, culturales y deportivos, el refuerzo de los servicios públicos de proximidad, la mejora del acceso a bibliotecas, centros deportivos y servicios sociales y una estrategia de reequilibrio territorial que priorice los distritos con mayores niveles de vulnerabilidad.

Frente a las quejas de los socialistas, la delegada de Obras y Equipamientos defendió el pasado miércoles su plan para construir en torno a un centenar de nuevas dotaciones para los ciudadanos, 86 de las cuales están ya finalizadas. También señaló que estos equipamientos se definieron con un criterio de “reequilibrio territorial”, en función de lo que pedían los distritos. Y lamentó que el PSOE calificara de “propaganda” lo que a su juicio son campañas informativas de las dotaciones que el Ayuntamiento está construyendo.

Fuentes del área de Obras y Equipamientos añaden: “El mejor ejemplo de compromiso con una ciudad cada vez mejor dotada de equipamientos para todos son esas más de 100 nuevas dotaciones construidas en ocho años. Nunca antes se habían construido tantos equipamientos en esta ciudad, en todos los distritos. En el mandato de la izquierda, no escuchamos quejarse al PSOE cuando solo se construyeron 11 nuevos equipamientos (todos escuelas infantiles, no centros de mayores, centros culturales, centros deportivos...). ¿Que quedan cosas por hacer? Por supuesto, y en ello seguimos trabajando, pero lecciones precisamente en materia de equipamientos, ninguna”.

El dictamen del Consejo Consultivo andaluz que declara la nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, concedida en 2003, acerca el fin de la mole y ha empezado a abrir la siguiente etapa, que en realidad está prevista desde hace 15 años: cómo se reparten la tarea de meter la piqueta y retirar los escombros las dos administraciones con responsabilidad para ello, Junta de Andalucía y Gobierno central.

Poco después de conocerse, el Ministerio de Transición Ecológica solicitó por escrito a la Junta una reunión para “abordar su demolición y la restauración del enclave”, según informaron fuentes ministeriales. Es la Junta quien debe convocar, porque ahora preside la Comisión en la que se dirime este asunto.

Según ha podido confirmar este medio, el escrito, dirigido al viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, insta a convocar una reunión extraordinaria de la Comisión del Protocolo suscrito entre Junta y Gobierno central, para analizar “el dictamen y sus consecuencias”. El Protocolo data de 2011, y en él se recoge la obligación del Gobierno de asumir los costes derivados de la demolición y de la Junta de Andalucía de hacerse cargo de las tareas de desescombro y restauración de la playa.

Pese a la urgencia del Ministerio, la Junta ha reaccionado pisando el freno. Rocío Díaz, Consejera de Fomento de la Junta, recordó que ahora el dictamen debe regresar al Pleno de Carboneras para completar el trámite que lleve a la nulidad de la licencia. “Una vez culminado este trámite, avanzaremos hacia la demolición del inmueble y la restauración de este entorno natural”, dijo, sin que en su departamento aclararan si eso significa que no convocará ninguna reunión hasta que el municipio complete su parte.  

La Junta se siente “reforzada” y el Gobierno subraya su “impulso”

La noticia de que el Consultivo daba un impulso al proceso fue celebrada tanto en Sevilla como en Madrid. El dictamen es un “paso decisivo” para dar carpetazo a la historia de El Algarrobico y que ese “monumento a la irregularidad urbanística y el destrozo ambiental” desaparezca, según Díaz. Con palabras parecidas lo saludaron desde el Ministerio: un paso “determinante”.

Al mismo tiempo, las palabras escogidas por ambas administraciones también dejan entrever la guerra por el relato que, más allá de los avances administrativos hacia la demolición, se ha instalado desde que el pasado febrero el Ministerio activara la vía alternativa de la expropiación de los terrenos y la ministra de Hacienda y candidata in pectore a presidir la Junta, María Jesús Montero, lo anunciara por sorpresa a los pies del hotel.

Díaz subrayó este viernes que el dictamen “refuerza” a la Junta de Andalucía en el camino que “escogió” para acabar con el hotel. Es una puya al Gobierno central, porque el Gobierno andaluz insistió en su apuesta por anular la licencia frente a las invitaciones del Ministerio a que se sumara a la vía de la expropiación. Ahora, el Gobierno andaluz saca pecho, mientras fuentes del Ministerio resaltan que la “determinación e impulso” del Gobierno central habría “obligado” a otras instituciones a actuar.

Lo cierto es que la Junta de Andalucía se personó en la ejecución judicial de la sentencia que obliga a revisar la licencia en mayo de 2024, y en esta última fase ha presentado múltiples escritos de impulso del proceso, tras años de inacción. Nueve meses después, en febrero de 2025, el Ministerio irrumpió como un ciclón anunciando su intención de expropiar a Azata los terrenos de dominio público (la mitad, unos 32.000 metros cuadrados). Prometió incluso que El Algarrobico estaría demolido en 2025.

Hoy, la vía de la expropiación está pendiente de la resolución del Jurado Provincial de Almería, en la pantalla del justiprecio que debería recibir la promotora, que pide 44,5 millones de euros frente a los 16.500 que ofrece el Ejecutivo. Esta vía parece abocada también a la judicialización por esta amplia discrepancia económica.

Greenpeace pide reservar presupuesto

Greenpeace celebró como una “¡victoria!” decisiva el dictamen del Consultivo y vaticinó el fin de los “obstáculos administrativos” para la demolición del hotel, del que sería su “acta de defunción legal”. También pidió que se reserven ya partidas presupuestarias para acometer la demolición y desescombro, cuyo coste aproximado cifra en siete millones de euros. Los ecologistas creen que la decisión allana también el camino a la expropiación, puesto que con una licencia nula la promotora no puede exigir tanto dinero por entregar los terrenos.

Es indiscutible que es un paso que allana el camino hacia la demolición, pero esta es una historia tan larga, tan llena de vericuetos jurídicos, trampas procesales y voluntades dispersas, que es pronto para asegurar que el final está cerca. La piqueta aún debe recorrer terreno minado. La propia Consejera recordó que ahora el dictamen vuelve a Carboneras. “Ahora corresponde al Ayuntamiento llevar cuanto antes este asunto a pleno para oficializar la anulación definitiva de la licencia”, anunció, al tiempo que pedía al Consistorio “máxima celeridad y agilidad” para convocarlo.

Desde el Ayuntamiento no respondieron ayer a cuándo tiene previsto hacerlo, aunque el alcalde Salvador Hernández confirmó que llevará el asunto a Pleno: “Se someterá una medida a la que se nos obliga por sentencia a la deliberación y votación de todos los concejales”. El regidor llamó al Gobierno y la Junta “colaboración” y “lealtad institucional”: “No puede ser que el pueblo de Carboneras y los ciudadanos vengamos desde hace décadas este gran problema surgido por la responsabilidad todas las administraciones”. De fondo, está el temor a tener que indemnizar a la promotora por la licencia que le dieron en su día con unas arcas municipales muy escasas para la envergadura de esa posible reparación.

Durante años, el Consistorio (que inicialmente litigó del lado de la promotora) ha remoloneado para cumplir las sentencias que resuelven que el hotel es ilegal. Ha alegado falta de personal habilitado para tramitar el expediente, su complejidad, errores materiales, errores procedimentales y meros lapsus, o pedido nuevos informes (innecesarios, según el propio TSJA) que siempre tenían el efecto de devolver la ejecución de las resoluciones judiciales varias casillas atrás. En el camino, ha agotado la paciencia de los ecologistas (que han llevado al caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos), la Junta de Andalucía (que ha criticado las maniobras “claramente dilatorias”) y, aparentemente al menos, de los jueces, que han advertido varias veces a los alcaldes con multas, sin imponerlas nunca, y se han planteado intervenir directamente.

El alcalde ha dicho este viernes que todo esto son “interpretaciones malintencionadas” y que estas demoras se deben a la falta de recursos. Hace poco más de un año pidió negociar con la promotora y abrir la puerta a la conservación de la mole “como hotel o residencia”, advirtiendo de que la revisión de la licencia podría llevar hasta cinco años.

Además, el propio abogado de los ecologistas ve probable que la promotora y propietaria de los terrenos, Azata del Sol, busque la vía para torpedear la resolución con algún nuevo recurso.

El destino de la mole es claro desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró que el suelo era no urbanizable y la licencia debía ser revisada en sendas sentencias dictadas en 2016 y 2018, firmes respectivamente desde 2018 y 2021. Lo que ocurre es que el cumplimiento material de esas resoluciones depende en última instancia de un sistema garantista que permite recursos contra casi cualquier acto administrativo, y de la capacidad y voluntad de impulsar los trámites de la administración local, hasta ahora, y cuando se supere esa pantalla definitivamente, de la autonómica y el Gobierno central.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para suprimir la limitación de conceder licencia para hacer viviendas en locales que no sean la malla básica por lo que se extenderá también a calles fundamentales y estratégicas que pueden ser zonas saturadas.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha defendido este punto del pleno al explicar al quitar la limitación de las zonas saturadas “se contribuye mucho mejor a la escena urbana en aquellas zonas de la ciudad donde en su día se declaró una zona saturada”.

Ha diferenciado dos tipos de zonas saturadas, las que operando como tal y a las que se han incorporado el sector de la plaza de San Francisco o de la plaza de San Miguel; y las otras en las que “ya no hay tanta actividad de hostelería”, como la zona El Royo y Zumalacárregui, donde ha ido desapareciendo los locales de hostelería, pero se mantiene esa zonificación.

Serrano ha comentado que hay muchos locales vacíos que llevan años de abandono y de vacío, y ha confiado en que con esta modificación se facilita la vivienda. “En aquellas zonas de la ciudad donde queremos que se implante más hostelería, tiene sentido que en locales que están vacíos se pueda construir vivienda, respetando los parámetros de la modificación en cuanto a metros cuadrados, ventilación e imposibilitando que se pueda hacer infravivienda en estos locales”, ha diferenciado.

“Alimentar a los especuladores”

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha dicho que esta segunda modificación profundiza en romper el consenso y ha pedido garantizar que no habrá infravivienda y no se considera estructural sino puntual porque se han transformado más de 400 locales en los últimos años. Domínguez ha alertado de que esta modificación “trata de saltarse el informe previo” de que pueda ser una vivienda y se justifica con el interés público y la necesidad de vivienda cuando se alimenta un nuevo nicho de negocio que da rentabilidades más amplias que la vivienda. “Es alimentar a los especuladores y para el PP no es un medida puntual es un patrón”, ha diferenciado.

El concejal del grupo municipal de Vox, Armando Martínez, ha explicado que han impulsado esta medida porque, de forma discreta, ayuda a resolver parte del problema de la vivienda, revitaliza los barrios, y tiene un control al exigir unos requisitos mínimos de habitabilidad.

La concejal del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, ha manifestado que se llegó a un consenso para evitar que en zonas saturadas hubiera viviendas “no por capricho, sino porque se puede transformar en vivienda de uso turístico” (VUT) a juzgar por la experiencia de otras ciudades. Cihuelo ha asegurado que las VUT retiran la posibilidad de disponer de vivienda al resto de los ciudadanos y para dinamizar las calles con locales vacíos ha propuesto llevar las actividades profesionales, mediante incentivos, para que liberen los pisos de los inmuebles y sean viviendas para vivir.

“No nos van a parar en hacer vivienda pública en Zaragoza y en Aragón”, ha enfatizado Serrano al replicar al PSOE, para dejar claro que Aragón es “cuantitativa y cualitativamente la que más vivienda publica crea y tiene en proceso de construcción”. Serrano ha criticado al concejal de ZeC que sugiriera que con esta modificación del PGOU intentaba prevaricar y le ha pedido que se retractara o sino tomaría las medidas legales oportunas, a lo que Domínguez le ha respondido que “haga lo que tenga que hacer” pero ha mantenido su intervención destacando que “siempre es muy prudente”.

Los concejales de Urbanismo y Movilidad, Íñigo López-Araquistáin y Ángel Andrés, han dado a conocer este jueves el proyecto de las obras de reordenación del espacio público y construcción de una nueva glorieta en la intersección de las calles Vara de Rey, Pérez Galdós, Pío XII y Avenida de España.

El Ayuntamiento de Logroño destinará 1.071.216,03 euros (IVA incluido) para la ejecución de esta actuación, que contará con un plazo de ejecución de seis meses y que supondrá una transformación integral de uno de los principales accesos al centro urbano y servirá, además, como paso previo a la reurbanización de la calle San Antón.

Actualmente, la intersección entre Vara de Rey, Pérez Galdós, Pío XII y Avenida de España está regulada mediante semáforos y señalización vertical y horizontal, pero presenta problemas de seguridad vial y accesibilidad. Así, la actuación contempla la sustitución del actual cruce por una glorieta de 35 metros de diámetro exterior y 14 metros de diámetro interior, formada por una calzada anular de dos carriles, que permitirá reducir los puntos de conflicto al evitar el cruce directo de trayectorias entre vehículos.

El proyecto también incluye la remodelación completa de los cinco pasos peatonales existentes y la adaptación de los tiempos semafóricos para mejorar la seguridad y accesibilidad de los itinerarios peatonales.

Uno de los principales objetivos de la actuación es favorecer la movilidad peatonal y proteger a los usuarios más vulnerables. De esta forma, los pasos de peatones serán adaptados a la normativa vigente mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, la adecuación de pendientes y la incorporación de pavimentos táctiles y direccionales para personas con dificultades visuales.

Asimismo, se implantará una plataforma elevada en el entorno de Pérez Galdós y San Antón con el objetivo de reducir la velocidad del tráfico, reforzar la prioridad peatonal y crear un espacio urbano más accesible y homogéneo. Esta actuación facilitará la conexión peatonal entre el eje comercial de San Antón-Pérez Galdós, Vara de Rey y el futuro espacio intergeneracional y polivalente de la antigua estación de autobuses.

Renovación completa de infraestructuras y servicios urbanos

La obra incluirá además una importante renovación de las infraestructuras urbanas del entorno. En materia de abastecimiento se renovarán las redes de fibrocemento a fundición y las acometidas domiciliarias, mientras que en saneamiento se modernizará y adecuará a la nueva planimetría el sistema de recogida de aguas pluviales mediante nuevos sumideros.

También se sustituirá el alumbrado público existente por tecnología LED de alta eficiencia energética y se renovarán las canalizaciones y cableados asociados. El proyecto contempla además actuaciones sobre la red eléctrica, la semaforización y las comunicaciones por fibra óptica, incluyendo nuevas canalizaciones.

La intervención transformará también la actual plazoleta existente en la zona, un espacio actualmente infrautilizado, para convertirlo en una nueva área estancial y ajardinada. El nuevo diseño incorporará mobiliario urbano modular compuesto por jardineras y bancos en acero corten y madera, concebidos para favorecer la estancia y el disfrute ciudadano.

Además, se reorganizarán los parterres, se eliminará el antiguo quiosco de prensa sin uso y se recolocará la escultura dedicada a los Donantes de Sangre para darle una mayor visibilidad e integración urbana. La actuación incluirá también nuevos pavimentos, itinerarios peatonales interiores y una reorganización integral de las redes urbanas, transformando este espacio en un entorno más accesible, seguro y atractivo para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Paso previo a la remodelacióln de San Santón

El proyecto, tal como ha explicado el concejal de Urbanismo, “permitirá mejorar la seguridad vial, ordenar el tráfico, favorecer la movilidad peatonal y renovar completamente las infraestructuras urbanas de un entorno que en los últimos años ha adquirido un marcado carácter residencial y comercial, especialmente con la próxima apertura del centro intergeneracional y polivalente de la antigua estación de autobuses”.

Además, López-Araquistáin, ha destacado que esta glorieta “no es una intervención aislada”, sino la primera fase de un proyecto urbano “mucho más ambicioso que persigue transformar y conectar distintos espacios del centro de nuestra ciudad mediante itinerarios más accesibles, seguros y amables para peatones y usuarios”.

Por su parte, el concejal de Movilidad ha subrayado que la nueva glorieta “permitirá eliminar muchos de los puntos de conflicto existentes actualmente en este cruce, mejorando notablemente la seguridad tanto para conductores como para peatones”. “Actualmente se producen maniobras inseguras y giros indebidos debido a la configuración del cruce. Con esta actuación se ordenarán los movimientos de tráfico y se reducirá el riesgo de accidentes en un entorno con una elevada intensidad circulatoria y peatonal”, ha añadido Ángel Andrés.

El edil de Movilidad ha destacado que el proyecto “incorpora una visión moderna de la movilidad urbana, donde el peatón gana protagonismo y donde se apuesta por espacios más accesibles, seguros y confortables para todos los usuarios”, y ha concluido señalando que “con esta actuación, el Ayuntamiento de Logroño responde a una petición trasladada por los propios vecinos y comerciantes de la zona”.

El Gobierno del PP en Zaragoza impulsará una nueva recalificación a la carta. El grupo inversor aragonés Bancalé levantará hasta 220 viviendas de lujo en el solar del antiguo convento de San Juan de Jerusalén, situado junto al estadio de La Romareda, que irán acompañadas por una residencia de la tercera edad y una residencia sanitaria.

El denominado 'Proyecto Living Romareda' –del que el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha informado personalmente a un grupo de medios entre los que no estaba invitado elDiario.es, entre otros– será abordado el próximo lunes en el Consejo de Gerencia de Urbanismo. Se trata de una modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por la que la actual calificación de equipamiento de usos terciarios y de residencial se ampliará para incluir “vivienda destinada a la venta y al alquiler”, tal y como ha indicado el Gobierno municipal en boca del propio Serrano a través de una nota de prensa.

Hace tres años del derribo de este espacio, que Enta Properties –firma de Bancalé, de la que es propietario el empresario Juan Fabre– adquirió en 2019 por unos seis millones de euros. Cinco años antes el convento se había quedado sin uso al abandonar la instalación las últimas cinco monjas. Ya entonces hubo polémica: Zaragoza en Común trató a última hora de proteger el inmueble para evitar su derribo, pero la llegada del PP a la Alcaldía frustró su objetivo y la piqueta acabó con todo.

En un principio, el objetivo declarado era levantar un complejo residencial para personas mayores y una residencia de estudiantes sanitarios, aprovechando la cercanía del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, para una inversión prevista de 80 millones de euros. Ahora, la perspectiva ha cambiado de forma ostensible.

La parcela, ha asegurado el Gobierno municipal, “consolidará un desarrollo residencial y social clave en el distrito Universidad”. El proyecto contempla un techo de 23.850 metros cuadrados de uso residencial, lo que se traducirá en la construcción de un total 220 nuevas viviendas. El Ayuntamiento pretende “asegurar un impacto social directo” al comprometer que “el 35% de este volumen”, cifrado en 70 pisos, “se destinará exclusivamente al alquiler de larga duración”.

También hay previstos nuevos usos de equipamiento y sector terciario. La mitad de esta superficie, de hectarea y media, se destinará a la creación de un complejo sociosanitario para mayores de última generación, una residencia de la tercera edad “cuya ubicación es inmejorable” dada su proximidad con el Servet y también con el Hospital Clínico. Y la otra parte acogerá “usos terciarios compatibles como oficinas, servicios hoteleros, docencia o apartamentos tutelados”, lo que el equipo de gobierno ha concretado en “una residencia sanitaria que transformará el entorno en un nodo de actividad económica, creación de empleo y servicios avanzados”.

A cambio del cambio de usos urbanísticos del suelo, que permitará al promotor ingresar mucho más dinero del previsto, Enta Properties se compromete a compensar económicamente al Ayuntamiento con 22 millones de euros. “Estamos ante una operación de regeneración urbana modélica”, ha valorado el consejero municipal de Urbanismo.

“Oscurantismo y falta de transparencia”

Menos optimista se ha mostrado la concejal socialista Ros Cihuelo, que ha lamentado “el oscurantismo y la falta de transparencia” de Natalia Chueca, “una tónica más que general propia de un gobierno del PP más interesado en los negocios y los intereses privados que en resolver los problemas reales de los zaragozanos”. Cihuelo ha admitido que hay que hacer vivienda, “pero no de cualquier forma”. “El Ayuntamiento tiene que priorizar vivienda pública y asequible. Sin embargo, operación urbanística parece que está subordinada al negocio privado. No es un proyecto de ciudad, es un expediente inmobiliario”, ha valorado.

Cihuelo ha señaldo que con esta iniciativa urbanística “el PP vuelve a plantear una modificación puntual del PGOU impulsada desde una iniciativa privada, adaptando el planeamiento urbano a las necesidades de un promotor concreto, en lugar de responder a una planificación estratégica pensada para el conjunto de la ciudad y de sus vecinos”. Para la edil socialista, el equipo de gobierno “vende 70 viviendas de alquiler como un gran avance cuando Zaragoza necesita una apuesta decidida por vivienda pública y asequible, no operaciones inmobiliarias maquilladas con un componente social limitado”. Por todo ello, ha anunciado que su grupo pedirá “la retirada del expediente” para “poder estudiarlo de forma detallada”.

El Gobierno de Castilla- La Mancha está preparando “toda una serie de reformas normativas” que tendrá como objetivo “agilizar trámites urbanísticos y movilizar el suelo disponible” en la región.

Así lo ha puesto de manifiesto, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha clausurado la asamblea de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO), junto con el presidente de esta organización, Manuel Carmona.

El anuncio se produce después de que hace unos días se aprobase el Plan de Vivienda del Gobierno de España por el que Castilla-La Mancha recibirá 280 millones de euros.

Hoy Hernando ha puesto de relevancia “esta serie de medidas que vienen a dar respuesta a una de las mayores preocupaciones hoy en día como es la vivienda y que están contempladas en la Agenda de Acción por la Vivienda que está impulsando el Gobierno de García-Page”.

De esta manera, Hernando ha asegurado que “estamos trabajando para desarrollar las modificaciones e innovaciones normativas para la movilización del suelo y la agilización de trámites urbanísticos incluidos en el cuarto pilar de la Agenda”.

Cambios en la LOTAU, suelos rústicos y el planeamiento urbanístico

De esta manera, se plantean innovaciones y modificaciones concretas al texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU), al Reglamento de Suelo Rústico, al Reglamento de Planeamiento y al Reglamento de Disciplina Urbanística, a fin, ha destacado el consejero de Fomento “de garantizar una gestión urbanística más ágil y eficaz en los municipios de Castilla-La Mancha, proporcionando seguridad jurídica, eficiencia administrativa y un marco normativo adaptado al metabolismo propio de los municipios de la región”.

Así, Hernando ha asegurado que “los objetivos que perseguimos con estas modificaciones son el incremento de la oferta de vivienda asequible; la optimización del uso del suelo existente antes de expandir la ciudad; agilizar procedimientos urbanísticos; favorecer la regeneración urbana frente a la dispersión urbanística; el impulso del desarrollo económico equilibrado, garantizando la sostenibilidad territorial; y la activación del medio rural”.

De esta manera, ha remarcado “a través de este marco de actuaciones, el urbanismo deja de ser una barrera para convertirse en el motor que incrementa la oferta de suelo, proporcionando seguridad jurídica y un marco adaptado a la urgencia de los municipios que afrontan el reto demográfico”.

Los objetivos que perseguimos con estas modificaciones son el incremento de la oferta de vivienda asequible; la optimización del uso del suelo existente antes de expandir la ciudad; agilizar procedimientos urbanísticos o favorecer la regeneración urbana

Además, el consejero de Fomento ha recordado que “hace unas semanas, el Consejo de Gobierno aprobó la cesión de una parcela de 3.000 metros cuadrados ubicada en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo para la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha con el que se podrán formar en distintos aspectos relacionados con el sector de la construcción hasta 2.500 alumnos al año”.

El anuncio coincide con protestas por la situación de la vivienda en Toledo

Precisamente hoy, en este barrio toledano, conocido popularmente como el Polígono, un grupo de personas en situación de vulnerabilidad junto a colectivos sociales y estudiantiles y apoyados por IU, Movimiento Sumar, UGT y CCOO, han marchado desde la calle río Guadalmena, 86, donde existe una promoción pública sin acabar desde hace años, cuyo titular es el Gobierno de Castilla-La Mancha, y se han dirigido hasta las puertas de la empresa pública GICAMAN donde han exigido viviendas asequibles en la ciudad y frenar los desahucios previstos en otra promoción pública de la calle río Yedra, 8, prevista para el próximo mes de junio, o al menos proporcionar una alternativa habitacional a una madre y sus cinco hijos, afectados por el lanzamiento.

También reclaman medidas al Ayuntamiento de Toledo contra la turistificación que está expulsando a vecinos y vecinas del Casco Histórico de Toledo o de barrios como Santa Bárbara y Palomarejos.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este miércoles, de forma definitiva, la modificación del Plan General Municipal en el sector Ramblasque. Un acuerdo que ha contado con el voto a favor de PP, PSOE y VOX, con el 'no' de la concejala no adscrita, Eva Loza y de los ediles del Grupo Mixto Partido Riojano y del Grupo Mixto Podemos. De esta manera, como ha explicado en su exposición el concejal de Plan General Javier Martínez Mancho, el acuerdo supone “modificar la tipología residencial y la intensidad edificatoria” del sector, pero “sin modificar su superficie y su aprovechamiento urbanístico”.

Así, se pasará de una tipología de residencial unifamiliar, que recogía 275 chalés, a residencial genérico de media densidad, que prevé más de 2.000 viviendas. con una reserva de un 40% para VPO. Un cambio que, como ha afirmado, ha recibido todos los informes favorables pertinentes de diferentes organismos, entre los que ha citado la CHE, la COTUR, la Unidad Municipal de Arquitectura o la Secretaría General del Pleno. Ha incidido en que “no supone cambios en las clasificación del suelo”, ni “en la calificación urbanística”, ni “se introduce ningún uso nuevo”, mientras que “se mantiene el aprovechamiento urbanístico”.

El sector de Ramblasque, al sur de Logroño lindando con la localidad de Lardero, contará con entre 800 y 900 viviendas de protección oficial, el 40 por ciento del total, y desarrollará el tramo que falta de Avenida de la Sierra, con la previsión de que esté abierto para diciembre de 2026, como figura en el convenio entre el Ayuntamiento de Logroño y la Junta de Compensación del sector.

El sector de Ramblasque, cuyo desarrollo se espera desde hace varias décadas, cuenta con una superficie total de 458.000 metros cuadrados, en los que, además de las viviendas, más de 2.000, contará con espacios verdes -entre ellos, un nuevo parque de 160.000 metros cuadrados-, zonas dotacionales y viales.

Se han rechazado, por otro lado, las tres enmiendas presentadas a este acuerdo por parte del Partido Riojano, en la que solicitaba incrementar a un 50 por ciento la reserva de VPO en el sector; un calendario para su ejecución a la vez que la vivienda libre; y una distribución de esas VPO por toda el área, para evitar 'guetos'.

Debate de los grupos políticos

En el debate de los Grupos Municipales sobre el dictamen para la modificació, la concejala no adscrita Eva Loza ha explicado su voto en contra “por un expediente con dudas más que razonables de su encaje urbanístico y con expedientes judiciales anteriores”, además de que “tampoco va a solucionar el problema de vivienda de manera rápida, porque a los 28 años que llevamos con este tema se pueden sumar otros 10 más fácilmente”.

Por pate del Grupo Mixto Podemos, su portavoz Amaia Castro ha tildado esta operación como “una decisión política”, recordando, por ejemplo, que la que fuera alcaldes 'popular' Cuca Gamarra “calificó esta operación en su momento como 'pelotazo'”, mientras que ha afeado que, por parte de algunos Grupos, “ahora se diga que no se puede imponer el incremento de la reserva de la VPO”.

Desde el Grupo Mixto Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas ha lamentado que “no vaya a haber más viviendas para jóvenes por no aumentar al 50% la VPO” frente “al negocio que se va a hacer en el sector”, algo por lo que, ha defendido “una compensación a los logroñeses”. Ha recordado, igualmente, que “hay 1.200 viviendas paralizadas en el soterramiento” o “la falta de desarrollo del Sector Sur”.

La portavoz de VOX, María Jiménez, ha reclamado que “hay que actuar y hay que hacerlo ya” en vivienda, “porque los precios están por las nubes y la oferta es escasa”, ante lo que ha visto “necesario desarrollar suelo que lleva décadas paralizado, aunque tiene cuestiones jurídicas discutibles”, lo que “no puede servir de excusa para no desarrollar la ciudad, Logroño necesita vivienda, dejando atrás modelos urbanísticos superados”, pero ha exigido “prudencia y seguridad jurídica”.

Por parte del Grupo Socialista, su edil Álvaro Foncea ha argumentado el voto favorable en que “toca tener altura de miras y defender un modelo de ciudad cohesionado y sostenible”, porque “ya habrá espacio para el debate cuando se hable del Plan Parcial”. Ha alabado que “hoy se cierra un expediente que lleva muchos años pendiente”, además de “que se vota por otro tipo de ciudad que no sea un barrio para ricos con unifamiliares”.

Y el portavoz del PSOE, Luis Alonso, ha recordado que “Logroño, en mayo de 2026, en visión a medio y largo plazo, necesita vivienda, necesita VPO, y Ramblasque va a ser una oportunidad”. “Hoy, 28 años después, se va a abandonar la idea de que se ubiquen casi 300 unifamiliares en este sector”, algo en lo que, como ha resaltado, “el PSOE ha sido el único que siempre ha mantenido opinión”.

El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, en el turno del Grupo Popular, ha argumentado que “el debate de hoy no va de un sector, sino de modelo de ciudad para los próximos años”, criticando que “algunos hablan de urbanismo como si estuviéramos en los años 90, y con alarmismo”.

Ha recordado que la zona “está delimitada hace décadas, ya conectada para integrarse en ciudad y con capacidad de solventar problema de la vivienda”, a lo que ha sumado que “no se añade más superficie, garantiza más VPO de lo mínimo previsto y desarrolla más zonas verdes, en definitiva, se plantea adaptar un sector bloqueado hace décadas a las necesidades reales del sigo XXI”.

Y para cerrar el debate, el portavoz del PP Miguel Sáinz ha defendido que “es una iniciativa de todos y para todos, que hace ciudad”, subrayando que “no hay ningún pelotazo” y acusando a algunos grupos de la oposición de “emponzoñar y distraer”. “Hoy comienza Ramblasque, con más de 2.300 viviendas, 900 de VPO, zonas verdes o la Avenida de la Sierra en marcha”, ha finalizado.

La logroñesa Avenida de Burgos, en concreto, a la altura de los números 72-82, ha mejorado el tránsito peatonal y ha ampliado espacios verdes tras la construcción, privada, de 45 nuevas viviendas. La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha informado en rueda de prensa de los asuntos aprobados en la Junta Local, entre los que se ha incluído la recepción del proyecto de urbanización de la Fase 2 de Avenida de Burgos 72-82.

Sanz ha indicado que se trata de la urbanización de una zona donde se han construído, mediante la iniciativa privada, 45 viviendas “que serán entregadas en breve a sus propietarios”. Es algo, ha dicho, que “ha servido también”, y es lo que se ha aprobado hoy en la Junta de Gobierno Local, para “recepcionar un nuevo espacio público”. De esta forma, ha dicho, “ha contribuido a mejorar ese espacio, haciendo que ese conjunto en Avenida Burgos ya esté finalizado”.

La junta de hoy también ha dado luz verde a las ayudas de accesibilidad universal, que sirven “para impulsar las mejoras en las viviendas y elementos comunes de los edificios”.

En total, se han concedido 95 subvenciones por un valor total de 119.471 euros “para no solamente personas con discapacidad sino, también, dependientes o mayores de edad que necesiten adaptar ciertos aspectos de su vivienda, como por ejemplo los baños”.

La Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), en nombre de otras cinco entidades, ha cargado contra la modificación urbanística impulsada por el PP en el Ayuntamiento para regularizar Torre Outlet de Pikolin, ubicado en la carretera de Logroño, y ha exigido la retirada inmediata del expediente que irá este jueves al pleno municipal. Su presidente, Arturo Sancho, denuncia que el consistorio está intentando legalizar “a la carta” un proyecto declarado ilegal en cuatro ocasiones por los tribunales y advierte de que la reforma podría abrir la puerta a nuevos macrocentros comerciales en distintas zonas de Zaragoza sin informes suficientes sobre movilidad, seguridad o impacto urbanístico.

Sancho ha realizado una dura crítica contra la modificación urbanística impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza para intentar regularizar la situación de Torre Outlet, asegurando que se trata de una “chapuza”, una “modificación a la carta” y una “huida hacia adelante” que podría tener consecuencias muy graves para el modelo urbanístico y comercial de la ciudad.

El presidente de la FABZ ha denunciado que el expediente presentado por el Ayuntamiento carece de informes fundamentales para valorar el impacto real de la modificación, ya que no existe ningún estudio serio sobre el impacto comercial o la movilidad y cómo afectaría esta recalificación no solo a la carretera de Logroño, donde se ubica Torre Outlet, sino también a otras zonas de Zaragoza que podrían verse beneficiadas por futuras modificaciones similares. Tampoco, afirma, se han elaborado informes de seguridad relacionados con riesgos geológicos como las dolinas, un problema conocido en determinadas áreas de la ciudad. Para la FABZ, esta ausencia de estudios demuestra que el proyecto se está tramitando sin planificación rigurosa ni análisis técnico suficiente.

Las alegaciones no proceden únicamente de la Federación de Barrios, en coordinación con UGT, CCOO, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y Zec, sino también de particulares y otras personas ajenas a la organización. Precisamente, algunas de esas otras alegaciones incorporan análisis detallados sobre las consecuencias comerciales y urbanísticas que podría provocar esta modificación del Plan General. Según esos documentos, hasta seis parcelas industriales cercanas a Torre Outlet podrían cumplir los requisitos necesarios para ser recalificadas como suelo comercial. Estas parcelas, conocidas como “pastillas”, reúnen características similares a las de Torre Outlet: tener una superficie superior a 50.000 metros cuadrados; estar situadas dentro del cuarto cinturón de Zaragoza; encontrarse a menos de 100 metros de una zona residencial o urbanizable; un compromiso de las naves industriales de alrededor de irse de la superficie; poder concentrarse bajo un único propietario, condición que Sancho considera la más sencilla de cumplir, ya que bastaría con adquirir la totalidad de la parcela.

A juicio de Sancho, esto significa que el Ayuntamiento no solo estaría tratando de legalizar un centro comercial declarado ilegal por los tribunales en cuatro ocasiones, sino que además estaría abriendo la puerta a una expansión masiva de nuevas superficies comerciales en Zaragoza. De hecho, ha llegado a advertir de la posibilidad de crear un “super megacentro comercial”, varias veces más grande que el actual complejo de Torre Outlet. Explicó también que algunas de las parcelas identificadas alcanzan dimensiones muy elevadas, con superficies de 71.000, 136.000, 78.000, 58.000, 72.000 y 59.000 metros cuadrados. Aunque todavía faltaría determinar si pertenecen a un único propietario o a varios, Sancho ha minimizado esta cuestión al considerar que la propiedad puede concentrarse fácilmente mediante compras, mientras que otras condiciones urbanísticas son mucho más difíciles de modificar.

El presidente de la FABZ también apunta que los efectos de esta recalificación no se limitarían a la carretera de Logroño, sino a otras zonas de la ciudad como la carretera de Castellón o Cogullada también podrían verse afectadas por modificaciones similares, convirtiéndose en nuevos espacios susceptibles de explotación comercial. Sin embargo, el expediente municipal no incluye ningún análisis sobre cómo estos cambios afectarían al conjunto de Zaragoza, ni desde el punto de vista comercial, ni en términos de movilidad o seguridad.

Sancho ha acusado al Ayuntamiento de actuar sistemáticamente para esquivar las resoluciones judiciales y recuerda que los tribunales han declarado ilegal el proyecto en varias ocasiones y que, lejos de aceptar esas decisiones, el gobierno municipal ha respondido impulsando sucesivas modificaciones urbanísticas para intentar adaptar la normativa al centro comercial. La dinámica lleva produciéndose desde hace doce años y constituye una estrategia permanente de “huida hacia adelante”. También recuerda que una modificación anterior del Plan General promovida por el actual responsable de Urbanismo ya fue anulada por los tribunales.

En este contexto, la FABZ reclama al Ayuntamiento que retire el expediente previsto para aprobación en el Pleno municipal y que paralice el proceso hasta elaborar todos los informes técnicos necesarios. Sancho ha insistido en que lo primero que debería hacer el consistorio es reconocer públicamente que las actuaciones realizadas hasta ahora han sido ilegales. Solo a partir de ese reconocimiento, dijo, podría abrirse un diálogo serio sobre posibles soluciones. Sin embargo, denuncia que durante todos estos años Urbanismo “nunca se ha puesto en contacto con las entidades vecinales para escuchar sus planteamientos ni buscar acuerdos”.

Con respecto al argumento del empleo utilizado por el Ayuntamiento para defender la continuidad de Torre Outlet, Sancho ha cuestionado la sinceridad de ese discurso y aseguró que el gobierno municipal solo utiliza la defensa de los puestos de trabajo cuando le interesa políticamente. Como ejemplo, mencionó despidos y recortes anteriores en servicios municipales como en la propia Federación de Barrios o las Casas de Juventud donde, según él, no existió la misma preocupación institucional. En su opinión, el empleo no puede servir como justificación para mantener actuaciones urbanísticas declaradas ilegales por los tribunales.

Asimismo, ha denunciado el desgaste económico y judicial que esta situación provoca en las entidades vecinales. Explica que cada recurso contencioso supone un importante coste económico para asociaciones y ciudadanos, mientras que el Ayuntamiento continúa litigando utilizando dinero público. Pese a ello, ha dejado claro que la FABZ no piensa abandonar la batalla judicial después de doce años de conflicto. Advirtió que, si el Ayuntamiento sigue adelante con la modificación, volverán a recurrir a los tribunales y existen otras vías legales.

Sancho también ha incidido en que que Zaragoza ya es una de las ciudades europeas con mayor concentración de metros cuadrados de centros comerciales y alerta de que esta modificación podría agravar todavía más esa situación. Para la FABZ, el problema ya no afecta únicamente a Torre Outlet, sino al modelo de ciudad que se está impulsando y a las consecuencias urbanísticas, comerciales y sociales que podrían derivarse de este tipo de decisiones.

La Concejalía de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) acometerá la regulación del entorno de Montaña La Data, un núcleo de población de ese municipio del sur de Gran Canaria que lleva más de 20 años pendiente de una solución urbanística definitiva, según ha anunciado este martes el Ayuntamiento.

El Consistorio detalla que la actuación afecta a un ámbito de 341.420 metros cuadrados donde existen actualmente cerca de 350 viviendas y alrededor de 230 parcelas construidas.

Además, señala que permitirá poner en marcha la urbanización y regularización definitiva del ámbito, “mejorando infraestructuras, accesos, servicios públicos y espacios comunes, además de generar nuevas oportunidades residenciales y suelo para futuras dotaciones públicas”, indica la nota.

El proyecto se desarrollará mediante un encargo integral a Gestur Canarias, empresa pública adscrita al Gobierno regional, con una inversión inicial de 1,2 millones de euros y una planificación estimada de ocho años.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha explicado que la situación urbanística de Montaña La Data ha sido durante décadas uno de los asuntos más complejos del municipio, como consecuencia del desarrollo irregular del ámbito y de las dificultades derivadas del planeamiento original.

Estas circunstancias, al conjugarse, “dejaron a cientos de familias durante años en una situación de incertidumbre sobre sus viviendas y el desarrollo del ámbito”, indica.

La zona “arrastró una compleja tramitación urbanística, iniciada en los años ochenta con las antiguas normas subsidiarias municipales y, desde entonces, ha pasado por distintas modificaciones de planeamiento, aprobación de planes parciales, proyectos de reparcelación y urbanización, así como numerosos informes sectoriales y procedimientos administrativos destinados a adaptar la ordenación a la realidad edificatoria existente”, detalla.

Asimismo, agrega que, “durante este proceso, el sector sufrió importantes bloqueos derivados de sentencias judiciales que anularon los proyectos de reparcelación y urbanización aprobados en 1998, paralizando las obras ejecutadas entre 1998 y 2005 y obligando al Ayuntamiento a reformular el modelo urbanístico”.

En este sentido, ha explicado que tras años de revisión técnica, ambiental y jurídica, el pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente en diciembre de 2023 la revisión del planeamiento del sector, permitiendo desbloquear definitivamente el desarrollo urbanístico del ámbito de Montaña La Data, cuya ejecución, en la práctica, requerirá años de trabajo.

El Ayuntamiento señala que el nuevo desarrollo diferencia las zonas ya edificadas de aquellas parcelas aún pendientes de desarrollo urbanístico, permitiendo adaptar la gestión a la realidad actual del ámbito, por lo que, en las áreas ya consolidadas se ejecutarán actuaciones de urbanización, mejora de viarios, infraestructuras y regularización urbanística.

Sin embargo, en las zonas pendientes de desarrollo se llevarán a cabo procesos de reparcelación urbanística y de urbanización que permitirán completar la gestión del ámbito.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha alabado este proyecto, que sostiene “supone un antes y un después para Montaña La Data y para cientos de familias que llevan demasiados años esperando una solución definitiva”.

Marichal ha asegurado que “no estamos ante un trámite administrativo más, estamos poniendo las bases para resolver uno de los mayores retos urbanísticos de San Bartolomé de Tirajana”.

Según ha defendido la concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, Davinia Ramírez, “estamos ante uno de los expedientes urbanísticos más complejos y ambiciosos que ha afrontado esta Concejalía en muchísimos años”, porque “supone coordinar proyectos de urbanización, gestión urbanística, reparcelaciones, licitaciones y ejecución de infraestructuras en un ámbito enorme y muy consolidado”.

“Es una actuación de gran envergadura que marcará el desarrollo de Montaña La Data durante los próximos años”, ha añadido.

El Ayuntamiento asegura que el desarrollo urbanístico permitirá avanzar en la ejecución de las reservas de suelo y cesiones previstas en el planeamiento para espacios públicos, zonas verdes y futuras dotaciones del sector, favoreciendo la mejora progresiva de Montaña La Data.

Por otro lado, señala la Corporación local que la actuación permitirá también desarrollar y ejecutar parcelas aún pendientes de gestión urbanística, facilitando un crecimiento más ordenado y una mejor integración del ámbito dentro del municipio.

El Govern ha aprobado este martes la segunda convocatoria del plan de mejora urbanística de los barrios, el llamado Pla de Barris i Viles de Catalunya, con un gasto de 200 millones de euros ampliables en función de la aprobación de los presupuestos de 2026. Aunque por ahora no se ha detallado cuál podría ser el aumento, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que será como mínimo hasta los 300 millones.

La Generalitat prevé que el plan permita poner en marcha entre 2025 y 2029 hasta 120 programas de intervención integral. Como en la anterior convocatoria, los municipios de más de 20.000 habitantes pueden optar a hasta 25 millones de euros por proyecto, mientras que el tope se sitúa en 12,5 millones para el resto. Los ayuntamientos pueden presentar las solicitudes desde el 6 hasta el 17 de julio.

Como en la primera convocatoria, la Generalitat financia los proyectos con porcentajes que varían según la población: el 50% del presupuesto para los de más de 50.000 habitantes, el 60% para los de entre 20.000 y 50.000 habitantes y el 70% para los de entre 5.000 y 19.999 habitantes. En el caso de los de menos de 5.000 habitantes, la financiación de la Generalitat se eleva hasta el 75% del presupuesto, con la posibilidad de llegar excepcionalmente al 90% si se acreditan dificultades financieras.

Con los 200 millones que por ahora destina el Govern a la segunda convocatoria del Pla de Barris i Viles, se prevé que la inversión total conjunta entre el ejecutivo y los ayuntamientos en los proyectos de intervención integral se eleve hasta 1.600 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que ha aprobado la convocatoria, Paneque ha remarcado que el plan busca la cohesión social, la mejora ambiental y tener un espacio público “de calidad” para “mejorar la vida de las personas en los espacios cotidianos”. “Buscamos barrios y villas en los que se viva mejor”, ha subrayado. Paneque ha explicado que la voluntad es que la cuantía de la convocatoria llegue a los 400 millones de euros, como el ejecutivo ha pactado con los Comuns para el presupuesto, pero por ahora ha cifrado la ampliación en como mínimo hasta los 300 millones de euros.

Los proyectos que pueden presentar los ayuntamientos deben centrarse en zonas identificadas como áreas de atención especial, zonas con rentas bajas, déficit de equipamientos, problemas de vivienda o exposición a riesgos ambientales. Las transformaciones pueden ser diversas, desde la mejora del espacio público a actuaciones en el ámbito del urbanismo, vivienda y eficiencia energética; vinculadas con la transición ecológica, como actuaciones de emergencia climática o infraestructura verde urbana; o acción sociocomunitaria, como reducción de desigualdades sociales o equidad de género, entre otros.

También son subvencionables los gastos corrientes vinculados directamente a la realización de estos trabajos, como los salarios de personal con dedicación directa; o gastos de capital como la adquisición, rehabilitación o mejora de equipamientos públicos, espacios urbanos e inmuebles, así como las convocatorias de subvenciones de los entes locales destinadas a particulares para financiar la rehabilitación de edificios, viviendas y locales. La convocatoria también prevé financiar los gastos de la oficina local del Plan de Barrios, hasta un máximo del 8% del presupuesto total del proyecto.

La primera convocatoria del Pla de Barris i Viles, resuelta a finales de 2025, ha financiado 20 proyectos con un presupuesto total de 412 millones de euros, de los cuales 232,71 millones los aporta la Generalitat. Inicialmente, la previsión era de 200 millones, pero se amplió hasta llegar a los 20 municipios. Fuentes del ejecutivo apuntan que la voluntad en esta segunda convocatoria es llegar también al menos a esa cifra.

De hecho, el Govern prevé que haya un aumento de las solicitudes respecto a la anterior convocatoria, cuando se recibieron 83, de las cuales cuatro fueron descartadas. El ejecutivo prevé que algunos de los municipios que ya presentaron proyectos de transformación en la primera convocatoria vuelvan a hacerlo en la segunda y que municipios que no lo hicieron esta vez se sumen. También se anticipa que la rehabilitación de edificios vuelva a ser uno de los principales ejes en las solicitudes.

Las excavaciones que se realizaron en el yacimiento de Valdelasilla, que alberga la necrópolis monumental más antigua del interior de la península ibérica, y ubicada en pleno desarrollo urbanístico de Illescas (Toledo), no hallaron “estructuras murales” y se realizaron durante la pandemia de coronavirus.

Fuentes de la Consejería de Cultura del Gobierno de Castilla-La Mancha han precisado a este medio que los trabajos arqueológicos en este yacimiento, de hace más de 6.000 años, se realizaron “como siempre”.  

Según apuntan, el equipo científico redactor hizo la excavación y se ha publicado en varias revistas científicas. Actualmente se están datando los trabajos y posteriormente todo se enviará al Museo de Santa Cruz de Toledo.

El Ejecutivo afirma que esta es “la forma de proceder habitual” en enterramientos de este calado y que no guarda relación, por ejemplo, con el yacimiento de la Vega Baja de Toledo, donde “sí aparecen las estructuras de muros y de calles”. “En este caso se actuó como se actúa siempre”, reiteran.

Las revelaciones del estudio científico

La respuesta del Gobierno regional se produce después de que investigadores de varias universidades españolas, lideradas por la Universidad de Alcalá (UAH), hayan publicado un estudio que revela que el yacimiento de Valdelasilla alberga esa necrópolis monumental.

'Nuevas fechas para el surgimiento del fenómeno megalítico en la meseta ibérica: las prácticas funerarias de Valdelasilla, Toledo (España)' es el nombre de este estudio, que se ha publicado recientemente en la revista 'Cambridge Archaeological Journal'.

El artículo presenta un análisis de las prácticas funerarias en este yacimiento, que contenía cámaras construidas con madera, piedra y arcilla, y cuya monumentalización y cronología temprana vinculan Valdelasilla con otros cementerios peninsulares asociados al surgimiento del megalitismo.

Se sitúa en el término municipal de Illescas y fue identificado mediante “una excavación preventiva” que abrió “una gran área de 45 hectáreas”, señala el estudio, que añade que se identificaron un total de 454 estructuras de diversa morfología y contenido, distribuidas en 11 hectáreas.

Los trabajos de campo se desarrollaron entre 2020 y 2021, antes del desarrollo urbanístico de la zona, “por necesidades preventivas”, cuenta en una entrevista con Efe la profesora de la Universidad de Alcalá (UAH), Rosa Barroso.

Mediante estas labores se recuperaron algunos fragmentos de cerámica, herramientas líticas y restos faunísticos, además de restos humanos, que fueron analizados para determinar el perfil biológico de la población enterrada en el sitio.

Los restos funerarios hallados se encontraban muy bien conservados y presentaban muestras de ser muy antiguos

El resultado divide la actividad funeraria en cinco fases, desde finales del quinto milenio a.C. hasta mediados del tercer milenio a.C. “Una horquilla muy amplia”, afirma Barroso, quien incide en que el yacimiento “es muy grande, un área abierta” que fue utilizada “mucho tiempo durante la prehistoria”.

Y “lo más llamativo”, resalta, es que los restos funerarios hallados se encontraban “muy bien conservados” y presentaban muestras de ser “muy antiguos”, aunque no tenían la certeza en ese momento.

La profesora de la UAH explica que la investigación se ha centrado en la parte funeraria, aunque agrega que también hay “áreas de habitación que se combinan en el mismo espacio” y que tendrán que estudiar “en algún momento”. Subraya que la delimitación funeraria está “muy bien establecida” en el periodo antiguo, pero posteriormente aparecen enterramientos “algo más dispersos”, que “se solapan” con áreas domésticas, en las que hay “estructuras de habitación” y “silos de almacenamiento”, señal de las actividades diarias de estas comunidades.

Las principales novedades de este estudio, que ha contado con financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y una ayuda de la Fundación Palarq, se centran en la organización espacial del ámbito funerario.

En este sentido, la profesora de la UAH reitera que es “un verdadero cementerio del que seguramente había más estructuras, pero solo se han conservado unas pocas, que ya es muy excepcional, desde finales del quinto milenio” a.C.

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha planteado esta mañana elevar del 40 al 50 por ciento la reserva de vivienda protegida en el sector Ramblasque, programar un calendario de ejecución para desarrollarla de forma paralela a la construcción de vivienda libre y un reparto homogéneo de la VPO para evitar guetos. 

Antoñanzas, en rueda de prensa, ha informado de que el Partido Riojano ha presentado tres enmiendas al acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General Municipal en el sector Ramblasque que, previsiblemente, aprobará el pleno el miércoles 27 de mayo.

Para el edil riojanista, este cambio urbanístico permitirá que “donde antes se podía construir un chalet que se iba a vender por un millón de euros, ahora se va a poder construir un edificio de ocho alturas con cuatro viviendas por planta, a unos 250.000 euros por vivienda. Lo que antes era un millón de euros ahora son ocho millones”. “No podemos permitir como ciudad que hagamos un regalo de edificabilidad tan grande a cambio de voto en el pleno. No podemos conformarnos con 900 VPO. Tenemos que exigir que, al menos, sean 1.150, la mitad de las viviendas previstas con la modificación de Ramblasque”, ha dicho Antoñanzas. 

El edil riojanista ha considerado que esta propuesta cuenta con un precedente que lo avala, que es el hecho de que el sector Sur, paralelo a Ramblasque, al otro lado de la N-111, en su delimitación reserva la mitad de las 6.040 viviendas previstas para vivienda protegida. “No es una propuesta descabellada y va en la línea de lo que PP y PSOE aprobaron hace 15 años cuando se delimitó el sector Sur”, ha aseverado.

Al igual, Antoñanzas ha reclamado que “el Gobierno municipal establezca cláusulas urbanísticas para simultanear la VPO con la vivienda libre y un calendario vinculante para garantizar la ejecución inmediata de vivienda protegida en Ramblasque”. “Queremos que no se anteponga la construcción de vivienda libre a la vivienda protegida y que la VPO que se construya no se ubique en zonas diferentes a las de la vivienda libre, con el fin de evitar guetos”, ha asegurado. 

Como ejemplo, Antoñanzas ha planteado establecer el desarrollo de este sector por fases, que en cada una de ellas se establezca un porcentaje mínimo de ejecución de VPO, que la concesión de licencias urbanísticas esté condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos o que se fijen penalizaciones económicas si no se construyen. 

“Entendemos que la prioridad del Gobierno debe estar centrada en favorecer la vivienda protegida y en facilitar todos los mecanismos que tiene a su disposición para priorizar su construcción. No tiene sentido autorizar miles de nuevas viviendas si los jóvenes y las familias trabajadoras siguen sin poder acceder a ellas”, ha puntualizado. 

Antoñanzas ha incidido en que “planteamos estas condiciones para defender los intereses de los logroñeses a cambio de ese regalo urbanístico. Estamos a favor de que las promotoras y constructoras obtengan beneficios, pero ante las ganancias que van a tener por el cambio de modelo constructivo, es exigible que este Ayuntamiento imponga más requisitos urbanísticos”.