Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) votó hoy, en el pleno del Parlamento, en contra del dictamen del proyecto de ley de licencias urbanísticas del Gobierno de las dos derechas canarias (CC y el PP) por usar la grave crisis habitacional del Archipiélago como coartada para privatizar el control urbanístico. La diputada Carmen Hernández defendió que Canarias necesita una nueva ley de la vivienda para frenar la especulación promovida por CC y el PP, apoyados por ASG y la AHI. La parlamentaria Esther González denunció que el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo impuso enmiendas sobre la vivienda vacacional ajenas al proyecto de ley y sin voluntad alguna para llegar a un consenso con los grupos de la oposición.

En el debate previo a la votación final, Carmen Hernández apeló a la necesidad de adoptar medidas urgentes y valientes frente a la gravedad de la crisis habitacional. Sin embargo, advirtió de que la vivienda “no puede ser la excusa para privatizar” el urbanismo.

La diputada del grupo nacionalista progresista sostuvo que el urbanismo no es un mero trámite administrativo, sino una herramienta de planificación que determina el crecimiento de los municipios, la ubicación de los equipamientos públicos (escuelas, centros de salud y demás), la construcción de viviendas y la protección del territorio.

Por este motivo rechazó que el control de las licencias pueda trasladarse a entidades privadas y defendió que siga siendo una competencia plenamente pública, al servicio del interés general. NC-BC defiende, tal y como indicó, que el urbanismo “siga estando bajo el control público, de los dueños y dueñas de esta tierra, que es el pueblo canario. Por eso nos parece una verdadera perversión política lo que hace este Gobierno, utilizar el mayor problema social de esta tierra, la vivienda, como excusa, como coartada para privatizar el suelo” en Canarias, censuró la ponente.

Hernández aseguró que el verdadero problema de la vivienda en Canarias no reside en la tramitación de las licencias municipales, sino en la ausencia de una política pública eficaz tras 30 años de gobiernos de Coalición Canaria (CC). “Están consiguiendo fracturar a esta tierra en dos Canarias, la que tiene vivienda y la que no va a poder tener vivienda”, censuró.

Aseguró que, aunque mañana las licencias se concedieran en la mitad de tiempo, “seguiríamos teniendo viviendas vacías, un parque público insuficiente, alquileres desorbitados y un mercado completamente tensionado”.

Criticó la incorporación de la figura de la vivienda asequible incentivada en los términos planteados por el Gobierno de Clavijo, al entender que “favorece la especulación”. Explicó Hernández que permite la construcción de promociones privadas beneficiadas con ventajas fiscales y urbanísticas para que pasen al mercado libre trascurridos solo siete años de protección. Es el “modo especulador” de Clavijo, denunció.

En su opinión, la especulación es un “caballo desbocado en esta tierra y ustedes no le quieren parar las patas. No les interesa controlar ni a las grandes inmobiliarias ni a los grandes especuladores”, recriminó la parlamentaria de NC-BC.

Como alternativa, Carmen Hernández reclamó una nueva ley canaria de vivienda que impulse la movilización de residencias vacías con seguridad jurídica, refuerce la promoción de vivienda protegida, permita declarar zonas tensionadas donde sea necesario y contemple una intervención efectiva sobre el mercado para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Vivienda Vacacional

Esther González centró su intervención en las formas empleadas durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley por los grupos del Ejecutivo. Recordó que la norma concebida para agilizar las licencias urbanísticas terminó incorporando numerosas enmiendas relativas a la vivienda vacacional, completamente ajenas al objeto inicial del texto.

A su juicio, esta forma de proceder evidencia “una manera de gobernar basada en la imposición”, en la que desaparece el debate parlamentario y se bloquean las propuestas de la oposición.

González explicó que, durante la sesión de esta mañana, los grupos de la oposición intentaron alcanzar un acuerdo para retirar las enmiendas presentadas in voce que modificaban cuestiones no incluidas en el texto original. En ese contexto, NC-BC retiró cuatro suyas con el objetivo de facilitar el consenso, al igual que hizo la Agrupación Socialista Gomera.

Sin embargo, denunció que CC, el PP y la AHI rechazaron cualquier posibilidad de acuerdo, obligando a la oposición a oponerse a la admisión de dichas enmiendas.

La diputada rechazó además las acusaciones de falta de apoyo a los afectados por la erupción volcánica de La Palma al afirmar que el rechazo respondía exclusivamente al intento de alcanzar un consenso que finalmente fue imposible por la negativa de los grupos del Ejecutivo de Clavijo.

Nueve meses después de su apertura oficial en el barrio de Gros, el Gastronomy Open Ecosystem (GOe), el segundo edificio del Basque Culinary Center, la Universidad privada de la cocina de Donostia, mantiene su cubierta superior vallada debido a las dificultades para que la vegetación enraíce. Iba a ser uno de sus grandes atractivos. Mientras que la zona de la avenida de Navarra se considera “completada con éxito”, el estado ralo del resto ha generado una percepción de inactividad y falta de avance entre los residentes de la zona.

El proyecto se edificó sobre un antiguo parque que albergaba árboles de gran dimensión y funcionaba como refugio climático, lo que suscitó desde el inicio dudas vecinales sobre la reposición de las zonas verdes. Precisamente por ello, se incidía en que la propuesta del Basque Culinary Center incluía una cubierta vegetal, pero el retraso en su desarrollo, por el momento, confirma el temor de los residentes.

Vecinos de Gros sostienen que las expectativas iniciales no se han materializado. Mariví, residente y usuaria de la zona, señala que el entorno está “sin acabar” y denuncia que los nuevos árboles “tampoco los riegan”. Rosa, vecina y conocida de Mariví, también denuncia el descuido del espacio y las promesas rotas. La plataforma Manteo Bizirik califica la situación actual como un “solar abrasado” con un paisaje “absolutamente desolador”. Por su parte, Natalia, también residente, considera “contradictorio” que no crezca la forestación prometida en un proyecto que busca fomentar el desarrollo sostenible.

Frente a la situación de la parte superior del edificio, la urbanización de la avenida de Navarra registra resultados con los cuales el Basque Culinary Center muestra su satisfacción. Es algo que también es reconocido por Mariví y Rosa, quienes defienden que en el visual frontal del edificio “los árboles están creciendo” y se observa la presencia de jardineros trabajando en el mantenimiento. Pero eso contrasta respecto al estado de la parte trasera y superior del inmueble.

La dirección del GOe atribuye el estado de la cubierta a la complejidad técnica de la infraestructura. Fuentes de la entidad indican a este medio que todo “está evolucionando un poco más lento de lo planificado”. Las plantaciones iniciales se realizaron en octubre de 2025, una época reconocida por la propia entidad como “no favorable desde el punto de vista agronómico”, lo que ha condicionado el desarrollo posterior de las especies.

Actualmente, un equipo técnico integrado por Iñigo Segurola de Lur Paisajistak, responsable del diseño paisajístico, y la firma Drenatura realiza pruebas semanales para determinar por qué las plantas no terminan de agarrar, analizando factores como “la salinidad, la humedad o el calor”. Desde la entidad subrayan que están altamente interesados en que se logre el techo vegetal y que, a pesar de que el proyecto no avanza a la velocidad deseada, existen unos tiempos de crecimiento y arraigo que deben respetarse mientras se analiza por qué la evolución no está siendo la prevista.

Luz verde del Ayuntamiento a la llegada de otro hotel de cinco estrellas al centro de Madrid. Los votos del PP este martes en el Pleno han servido para sacar adelante un proyecto que transformará la histórica y protegida Casa Palazuelo, un enorme edificio que diseñó Antonio Palacios entre las calles Mayor y Arenal. El cambio vendrá acompañado de enormes beneficios para la empresa propietaria.

La izquierda en el consistorio ha votado en contra de este plan especial y Vox se ha abstenido. Lo han hecho para denunciar la progresiva hotelización del centro de Madrid permitida por el Gobierno de Almeida, que ya ha concedido permiso para la apertura de miles de habitaciones en el espacio comprendido entre la Gran Vía y la Puerta del Sol. En este caso, además, los concejales de la oposición han hecho hincapié en que Casa Palazuelo aún conservaba el uso comercial para el que fue concebido: el de albergar oficinas en pleno centro de la capital.

“No es un edificio más de la ciudad”, recordó el edil socialista Antonio Giraldo, indicando que cuenta con la máxima protección y fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El del PSOE lamentó que todas sus alegaciones presentadas hubieran sido desestimadas, entre ellas los dos párrafos con los que se despacha el estudio obligatorio para justificar las obras en un edificio singular. O la falta de motivación del plan para “revitalizar” una zona que ya cuenta con una vitalidad inusitada. En el escrito de alegaciones, el Ayuntamiento argumenta que la parte baja del edificio sufre cierta degradación, que achaca a “la implantación de locales comerciales de baja calidad”. También apunta problemas en la cubierta.

“Lo más interesante que tiene es que permanece el uso original del edificio para lo que lo diseñó Antonio Palacios”, añadió Giraldo sobre el centro de negocios que actualmente opera en el lugar y que tendrá que cerrar por el cambio de uso a hotel de lujo, dejando a decenas de pequeños negocios sin espacio en la que fue la primera gran casa comercial de Madrid.

En la misma línea se pronunció el concejal de Más Madrid José Luis Nieto Bueno: “En los últimos años hemos visto desfilar por este pleno una larga sucesión de planes especiales que, uno tras otro, han ido transformando edificios singulares en hoteles de lujo” y citó los casos del Edificio Metrópolis, Gran Vía 52 o el entorno de Canalejas. “Lo que está sucediendo es un goteo constante que está cambiando de forma irreversible la identidad de esta ciudad”, añadió asegurando que “el patrimonio no es solo el continente, es también el uso y la actividad que tiene ese edificio”.

El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, definió el edificio de Palacios como “una joya desde el punto de vista arquitectónico” y aseguró que su protección está garantizada por las diferentes comisiones de patrimonio. También explicó que solo habrá una modificación del uso terciario que ya tiene y que se mantendrá el espacio para comercios en su planta baja. Y criticó a la izquierda por haber otorgado dos licencias de hotel en el centro durante el mandato de Manuela Carmena.

Una operación urbanística que multiplicará por diez la rentabilidad

La transformación de uno de los lugares icónicos del entorno de la Puerta del Sol se traducirá en la apertura de un hotel de cinco estrellas y 76 habitaciones -como ya adelantó en enero Somos Madrid- que ocuparán el espacio de sus actuales oficinas. Lo más llamativo de esta operación inmobiliaria son sus cifras, ya que la empresa propietaria quiere multiplicar por diez la facturación anual. Según los datos del plan económico consultados por Somos Madrid, una vez acabadas las obras el hotel generará 14,6 millones de euros en ingresos, de los que tendrá que abonar unos 3,8 millones a la propiedad. Actualmente, la facturación aproximada por el alquiler de las oficinas es de 1,5 millones de euros.

La idea de la promotora es transformar todas sus oficinas en 13 habitaciones por planta, excepto en la sexta, donde se planean una decena de suites con terraza. La zona baja, donde ahora se sirven los tacos de una cadena de comida rápida y están a la venta las maletas y bolsos de una tienda histórica, se convertirá en el restaurante del hotel y en otros tres locales comerciales de alquiler.

El plan autorizado por el Gobierno de Almeida lo impulsa la empresa Lutuenas SLU, una sociedad propiedad de la Fundación Pablo Palazuelo, dedicada a la difusión de la obra del artista del mismo nombre, presidida por el diplomático José Rodríguez-Spiteri Palazuelo que, entre otros cargos, ostentó el de embajador de España en Portugal y la presidencia de Patrimonio Nacional. Lutuenas posee el 66,96 % de la parcela, mientras que otras dos empresas, Manzanares SA y Gestión Inmobiliaria Castaños 15 SL se reparten el 16,739% y el 16,351%, respectivamente.

El apellido Palazuelo ocupa las páginas de la prensa rosa desde hace unos años por la irrupción en ella de Sofía Palazuelo, actual duquesa de Huéscar y casada con el heredero de la Casa de Alba, Fernando Fitz-James Stuart. También es prima de la esposa del alcalde de Madrid, Teresa Urquijo, razón por la que acudió a la boda de ambos. El padre de Sofía, Fernando Palazuelo, era sobrino del artista Pablo Palazuelo, que murió sin descendencia.

Primeras oficinas y grandes escaparates

El edificio se conoce como la Casa Palazuelo por el empresario que ordenó su construcción, Demetrio Palazuelo, quien encargó a Antonio Palacios, por entonces arquitecto de moda en la capital, un edificio para tiendas, escaparates, oficinas y despachos, algo poco habitual en una ciudad todavía poco acostumbrada a este tipo de actividad comercial y a las grandes cristaleras.

Lo más destacado del edificio era –y sigue siendo– la escalera de doble tiro y el patio central con curvas y óvalos barrocos en torno al que se distribuyen cuatro plantas, donde entraba luz procedente de una espectacular vidriera que también se perdió. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1997 y siguió funcionando como centro de negocios, actividad que ha desarrollado durante más de un siglo. El proyecto de hotel contempla su conservación integral, aunque también incluye la transformación de una escalera en planta baja la escalera de cuatro tramos proyectada en otra de solo dos, apuntan desde el PSOE.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Cenicero, Eduardo del Campo, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito hoy, día 21, dos convenios de financiación para hacer posibles las obras de reurbanización la Plaza y Calle del Doctor San Martín, y de la Avenida de Logroño, actuaciones que cuentan con una inversión global del Gobierno de La Rioja de 129.894,16 euros, que corresponden al 90 % del presupuesto total de ejecución de ambos de proyectos, cuya suma asciende a 144.327,45 euros.

En las obras de la Plaza y Calle del Doctor San Martín, que cuentan con un presupuesto de 112.756,27 euros, de los que el Gobierno de La Rioja financia 101.480,64 euros, el Ayuntamiento prevé actuar en una superficie total de 516,23 metros cuadrados.

Los trabajos contemplan la renovación de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, con una longitud total de 124,74 metros. En este sentido, se instalará una nueva tubería de saneamiento de PVC, con sus correspondientes pozos de registro, acometidas domiciliarias y sumideros de recogida de aguas superficiales.

Asimismo, se instalarán nuevas redes de abastecimiento mediante una tubería de polietileno de alta densidad, incluyendo acometidas domiciliarias, válvulas de corte y bocas de riego. También se actualizarán las canalizaciones y arquetas, con previsión de introducir el cableado del alumbrado público en el futuro.

Posteriormente, se repondrá el pavimento con un encachado de piedra como subbase y una solera de hormigón, mallazo y acabado impreso en adoquín formando abanico. Para finalizar, se construirán muros en la zona de los contenedores, se reacondicionará la escalera existente y se colocarán nuevas barandillas y pasamanos.

En la Avenida de Logroño, el Consistorio ha previsto una actuación valorada en 31.570,58 euros, de los que el Gobierno de La Rioja aporta 28.413,52 euros. Se trata de un tramo sin pavimentar, de 171,98 metros cuadrados comprendido entre la calle Los Arrañales y el límite del suelo urbano, en el que se extenderá una solera de hormigón con fibras de polipropileno y mallazo, con un acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura.

Por último, se ejecutará un muro para contener posibles desprendimientos de tierras del talud existente, y se completarán las instalaciones de saneamiento, abastecimiento, electricidad, telecomunicaciones y telefonía.

Izquierda Unida (IU) ha denunciado este martes el reciente derrumbe parcial del tejado de un edificio, en la calle San Pedro, en el Cabildo de Arriba de Santander, que ha obligado a cortar una de sus calles. El desprendimiento fue conocido por la formación tras el aviso de un vecino el 31 de mayo que aseguró haber alertado “en varias ocasiones” del estado del inmueble mediante escritos dirigidos al Ayuntamiento (PP).

“Este episodio refleja la necesidad de reforzar las labores de prevención y seguimiento en una zona que continúa acumulando edificios deteriorados y problemas de conservación”, ha insistido el concejal de la formación, Keruin Martínez.

El edil ha recordado que hace dos meses llevó al Pleno una moción para reactivar la Comisión Mixta para la Recuperación Integral del Cabildo de Arriba, con el fin de contar con documentación técnica suficiente y elaborar una hoja de ruta “real, pública y verificable” para el futuro del barrio, pero que fue desestimada, ante el rechazo del equipo de Gobierno (PP) y la abstención del PSOE.

“Lo que ha ocurrido estos días demuestra precisamente por qué llevamos esa propuesta, y es que no podemos seguir esperando a que haya un nuevo derrumbe, un nuevo vallado o una nueva emergencia para actuar. Un barrio histórico necesita planificación, seguimiento y coordinación entre administraciones, no respuestas improvisadas cuando el problema ya es visible”, ha apostillado.

Opina David Wootton en Matasanos. Una historia de los errores de la medicina (Shackleton books, 2025) que ata 1865 os médicos, que seguían a longa tradición da terapia que proviña de Hipócrates, fixeron máis mal que ben. Para Wootton só cando a medicina comezou coa práctica dos rexistros e da súa análise e a partires da teoría microbiana da enfermidade quedou claro que as terapias convencionais non funcionaban.

Sucede que xa en 1597 Félix Platter formulara unha teoría xerminal do contaxio, en 1677 Leeuwenhoek observara xermes no seu microscopio e en 1752 Pringle xa estaba traballando en antisépticos. O gran enigma é, pois “por que transcorreu tanto tempo ata que alguén utilizara ese coñecemento para formular unha teoría que tivera unha aplicación médica”.

A resposta é que existía unha barreira epistemolóxica, fronteiras psicolóxicas e culturais que impedían ese progreso intelectual. Poñer en cuestión a medicina normal era desafíar as formas imperantes de pensar e actuar.

Afirmar, de forma taxativa, que Galicia é unha sociedade urbana non ten nada de particular, pois, como sostén o xeógrafo Horacio Capel “dende unha perspectiva sociolóxica e antropolóxica pode afirmarse que nos países industrializados toda a poboación é urbana, no sentido de que posúe pautas de comportamento, actitudes e sistemas de valores semellantes aos dos cidadáns”.

A día de hoxe a estrutura económica e social de Galicia non difire grande cousa doutras sociedades europeas. Abonda con mirar para a xente, ver as modas e os modos, os polígonos industriais, as estradas cheas, os fogares conectados a plataformas de streaming así en Castro de Ribeiras de Lea como en Ourense, os centros comerciais diseminados en medidas distancias por toda a xeografía. Abonda fixarse na xente nos supermercados, pillar as conversacións ao vó na rúa, saber mirar o estilo con que a xente se viste, a maneira en que proxecta a súa imaxe, en que imita ou non as culturas mainstream. O paseante perspicaz é un sociólogo de alto nivel.

Medida polo nivel de urbanización, renda per cápita, peso do sector servizos, industrial e primario, ou tomando en conta ás formas de vida e as actitudes, moi determinadas polos medios de comunicación e transporte, Galicia é unha sociedade cunha poboación cada vez máis homoxénea respecto á súa contorna europea. Outra cousa é que esa homoxeneidade se vexa confrontada polos medre da desigualdade e fragmentación sociais, na liña das sociedades occidentais. Ou que ao idioma e cultura propias lles vaia como lle vai.

Sendo así, o paso seguinte é preguntarse polas modalidades da vida urbana e, como derivada, polas metas que ha de postularse a sociedade galega. Ás clases medias, fráxiles e inestables, non lles gusta incluírse na conta. Observarse e xulgarse a si mesmas. Aman mirar dende o exterior, inducindo a distancia. Tal vez esa é a raíz do desfase e da barreira epistemolóxica que resiste á posibilidade dunha auto comprensión máis aguda. Non cabe unha película máis sobre o rural. Ao tempo, un ve Romería, a película de Carla Simón, e nota o raro que é ver na pantalla contextos de clase media alta viguesa. Parece que o que chamamos Galicia está reducido a un par de rexistros sociais. Matria, de Álvaro Gago ou a recente As liñas descontinuas, de Anxos Fazáns, por fortuna, escapan a ese tópico.

Hai que saber mirar o pasado, ok. Pero, que pasará con Stellantis ou Inditex? Con Abanca e as universidades privadas? Como evolucionarán as cristalizacións políticas? Como cabe entender as prácticas das clases medias de hoxe? Que intentan imitar ou como se orientan? Que ansiedades as conducen? En definitiva: que modelo social podemos e debemos implementar? Que formas de vida? Como cultivar o sentido da prospectiva ? Como encarar as moitas posibilidades que encerra o futuro? Como incardinar un novo relato de Galicia na apertura ao porvir?

Como no ámbito da medicina, a resistencia a cambiar de paradigma é fortísima. Por suposto, a Praza de Compostela e Teis son universos distintos como Juan Flórez ou os Mallos. A rúa da Torre, a Gaiteira, Os Rosais ou Novo Mesoiro na Coruña. En Vigo Navia, Matamá ou Lavadores. A súa socioloxía rara vez aparece no radar da conversa pública. Todos sabemos que no Parrote ou Canido viven as rendas altísimas, que Teis ou a Sagrada Familia son barrios populares. Que a Agra do Orzán, ou Casablanca son, a día de hoxe, multiétnicos, como tantas vilas, de Vilalba a Lalín. Non temos que tematizar isto?.

O bo que ten Galicia, precisamente, é que é dun tamaño manexable. A forma urbana galega, un diamante de sete puntas, é, en realidade, un modelo envexable. Hai que saber velo. As áreas urbanas e as cidades galegas, de tamaño medio, son moi vivibles. Unha riqueza. Por non falar da nosa paisaxe natural, do clima e do océano. Un luxo. Temos ante nós a oportunidade de manter e recrear entre todos unha gran calidade de vida que se está perdendo nas xentrificadas urbes do mundo que dalgún modo están deixando de ser cidades. Temos que saber narrar ese relato. Non deberiamos perder o momento. A ocasión píntana calva.

Hai que saber coser as cidades dentro do seu perímetro e coas súas áreas urbanas; hai que promover cidades densas. Ao mesmo tempo hai que impulsar modos de policentrismo para descargar de funcións os centros urbanos. Xa é hora de impulsar tranvías e trens de cercanías. E de construír un anel ferroviario que una de modo eficiente Ferrol con Coruña, Lugo con Coruña, Ourense con Vigo. Facer de Galicia unha cidade única coa súa prolongación natural ao norte de Portugal. O pequeno libro A mobilidade e o transporte en Galicia de Miguel Pazos e Mateo Varela é un resumo do programa a desenvolver.

Temos por diante a ocasión de construír a masa crítica que permita innovar, crear valor, soster e transmitir unha cultura singular, ter unha vida plena. Realmente, alguén cre que é mellor, a día de hoxe, vivir en Madrid ou París, urbes que están perdendo o sentido da medida? O ideal de cidade cúmprese mellor nas rúas que recorremos cada día. No Calvario, en Bouzas, ou na Rúa do Príncipe; en Monte Alto, na Estrela e na Franxa ou en Santa Cruz. Ou en Lalín ou Boiro. Un urbanismo crítico podería ser unha gran contribución a ese ideal, e a conformar identidades urbanas auténticas, e Chipperfield non vai ser quen o resolva.

Pero hai grandes perigos. As cidades galegas estánse segmentando socialmente, e transformando esa segmentación en segregación espacial, como sucede un pouco por toda a parte. Hai que resistir as tendencias de fondo do tecnofeudalismo, a xentrificación e oligarquización, cos instrumentos que teñamos, crear vivenda pública, emprego de calidade con salarios altos e boas condicións de vida. A desigualdade quebra a cohesión social e o sentido de comunidade. Os prezos da vivenda poden ancorar a boa parte da poboación na pobreza e, como indica Richard Florida, “non hai economía urbana funcional se un profesor, un enfermeiro ou un empregado de restaurante non pode vivir a unha distancia razonable do seu traballo”.

Evitar que a cidade sexa obxecto de rapiña e acabe en mans de construtoras, promotoras, bancos e fondos de investimento é fundamental. Para iso está a política. A Xunta de Galicia non ten moitas competencias, pero aínda así é moito o que pode e debe facer, o mesmo que os concellos. Dous exemplos. Está no horizonte inmediato que unha parte da franxa costeira se sature. O mercado de vivenda turística, que tende tamén á concentración en poucas mans, non pode desfasarse sen que os habitantes usuais o paguen. Ninguén pode enganarse sobre algo acerca do que xa existe moita evidencia acumulada.

A pregunta é, como se pregunta Wootton no caso da historia da medicina: que resistencias psicolóxicas, que barreiras mentais impiden dotarnos dun paradigma de comprensión de Galicia apropiado á experiencia presente? Quedan poucas dúbidas de que a nosa paisaxe social experimentou unha transformación de raíz nas últimas décadas. Como podemos entón encarar a Galicia de hoxe, definila de modo apropiado, sen quedar colgados de representacións imaxinarias do país que están fóra do seu tempo? Como podemos aportar un pouco de foco, saír dunha autoimaxe equívoca, pouco útil para encarar o futuro? Entre tantas outras, proxectar unha forma urbana desexable constitúe unha tarefa central. Hai que saber velo.

Los coches y autobuses atravesaron durante años el estrecho túnel de Ocharán en Castro Urdiales y fugazmente se apreciaba la singular arquitectura del Palacio y el espléndido jardin que siempre ha estado cerrado. Nadie ha entrado nunca a la casa, en manos privadas, aunque desde hace once años, el Ayuntamiento organiza visitas a la mitad del amplio jardín que es de uso público.

Castro Urdiales ha heredado un notable patrimonio modernista, rubricado en su mayoría por los arquitectos castreños Eladio Laredo y Leonardo Rucabado: El Palacio de Ocharán, las casa de los Chelines, los edificios Bristol y Salvarrey, el chalet San Martín y la arquitectura funeraria del Cementerio de la Ballena, con su relevante catálogo de panteones modernistas, neogóticos y art noveau.

El primero de ellos, el Palacio y los jardines de Ocharán -protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1984- ha salido a la venta por 6,5 millones de euros en una inmobiliaria que lo promociona como “uno de los conjuntos monumentales privados más singulares de España”. Una finca de veinte mil metros cuadrados -la mitad son públicos- con una piscina de agua salada, que toma del cercano Cantábrico, ahora seca, fuentes y más de cincuenta especies de árboles diferentes -cocoteros, acacias, Grinkgo bilova y secuoyas entre otros- que trajo en sus barcos Luis Ocharán y que configuran un considerable jardin botánico.

Un lugar que, hasta ahora, pocos conocen porque sus jardines solo se abren al público unos días al año, con cierta regularidad desde el año 2015, para un cupo de visitas reducido.

Observatorio astronómico y puerto de Luis de Ocharán

El lugar toma el nombre de su propietario original, Luis de Ocharan, que eligió este emplazamiento para poder contemplar la carga y descarga de sus barcos en el muelle. De hecho, la casa se ubicó cerca del llamado Muelle de Don Luis, que él mismo construyó para poder atracar el barco que utilizaba para llegar desde Bilbao a Castro Urdiales.

Un empresario que llegó a Castro Urdiales con su familia en los años sesenta del siglo XIX, que destacó como fotógrafo -su gran vocación- y que también abrazó la literatura como autor de dos novelas. Su gran empeño fue elaborar un gran álbum fotográfico sobre la historia de El Quijote que quedó incompleto.

Su espíritu empresarial, artístico e intelectual confluye en el encargo de su singular residencia en Castro, que hizo al arquitecto castreño Eladio Laredo: un palacio de estilo ecléctico revestido de mármol rosado y blanco, con ornamentos de estilos italiano y griego y una fachada porticada de diez columnas clásicas de orden jónico en doble hilera.

Un singular conjunto de principios de siglo, al otro lado de la ya desaparecida vía del ferrocarril de Castro-Traslaviña, formado por cuatro elementos. El más antiguo, construido en 1901, es el Palacio de Ocharan o Toki-Eder (hermoso paraje, en vasco) rematado por una torre clásica, cuadrangular, y un frontón decorado con motivos florales.

Otra de las grandes aficiones de Ocharan fue la astronomía, hasta el punto de que -trece años más tarde, en 1914- se construyó un observatorio en el que no quiso instalar luz eléctrica para poder contemplar mejor el firmamento. Con su telescopio obtuvo imágenes fotográficas interesantes, como la de la nebulosa Herchell, que reprodujo en 1915 la revista La Esfera.

El Palacio y el Castillo-Observatorio están ubicados en un extenso jardín que alberga otras dos construcciones: la capilla y la casa de los guardeses. Todo el conjunto está rodeado de una muralla almenada de inspiración mudéjar. Del edificio llama la atención el colorido de los azulejos de técnica mayólica, un tipo de decoración cerámica sobre loza esmaltada, que fueron diseñados por Daniel Zuloaga, hermano del pintor.

Durante los años 70, la propiedad pasó a manos de Miguel de la Vía, el dueño de la cantera de Santullán. Un conocido coleccionista de Rolls-Royce que tenía además negocios de construcción.

En el año 2000, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con él para que cediese 11.000 metros cuadrados de jardin para uso público a cambio de recalificar otros terrenos de su propiedad, los de la antigua cantera, para usos industriales. El acuerdo que, además incluía urbanizar el exterior del Palacio para construir viviendas, quedó sin ejecutarse en su totalidad. Nueve años después, De la Vía falleció y la propiedad pasó a manos de sus herederos quienes, hace unos meses, tomaron la decisión de vender la propiedad.

Desde entonces, ha habido ocho clientes interesados -señala la agencia inmobiliaria- seis de ellos de nacionalidad española, uno de Reino Unido y otro de Finlandia. Aunque, de momento Toki Eder continua en venta. La directora de Engel & Völkers Norte, Laura Berridi, dice que su atractivo reside “precisamente en aquello que no puede reproducirse”: su historia, el estado de conservación, la protección legal, el valor arquitectónico y el valor cultural.

Nuestro alcalde está a punto de iniciar la obra “estrella” de su legislatura, esa pequeña obra faraónica con la que pretende pasar a la posteridad colocando una placa con su nombre al finalizar los trabajos: la llamada “remodelación” de la avenida Virgen de la Montaña.

Si no estamos atentos, caemos en la trampa. Las palabras no siempre significan lo que deberían, sino, en ocasiones, todo lo contrario. 'Progreso', por ejemplo, puede significar 'retroceso'; 'mejorar' puede acabar siendo 'empeorar'. En lo que respecta al proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña, quizá deberíamos leer: 'ejecución de la destrucción de nuestro bulevar'.

Todos los cacereños somos conscientes de que esta avenida necesita una actuación que solucione el deterioro provocado por años de abandono y de intervenciones parciales llevadas a cabo por las diferentes corporaciones municipales. También lo vemos así desde CáceresVerde. Es necesario acometer una restauración integral: ampliar los acerados para dar más espacio al peatón, renovar las conducciones de agua, mejorar la accesibilidad, actualizar el alcantarillado, la red eléctrica, la telefonía y la fibra óptica, restaurar alcorques y setos, reparar o sustituir los pavimentos y renovar el asfaltado. En definitiva, abordar una actuación que mejore el estado actual de la avenida y evite la sucesión de averías y obras que hemos sufrido durante los últimos años.

Sin embargo, el proyecto planteado por el equipo de gobierno, con Rafael Mateos al frente, no propone una restauración, sino una remodelación que, según la mayoría de los técnicos y expertos consultados por CáceresVerde y otras entidades como Adenex, constituye un grave error urbanístico desde varios puntos de vista. Si esta actuación sigue adelante, cambiará por completo la estructura de la avenida al eliminar el bulevar central para construir una gran acera-plaza en el lado de los números pares.

Esta avenida y su bulevar forman parte del ensanche proyectado en la ciudad durante los años treinta del siglo pasado, siendo alcalde Antonio Canales y bajo la dirección del arquitecto municipal Ángel Pérez, homenajeado por la actual corporación. El Ayuntamiento ha recibido numerosos informes, escritos y alegaciones avalados por especialistas como el profesor Antonio Campesino; el profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla Julián Sobrino, experto en arquitectura y patrimonio; e incluso por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, en los que se solicita mantener el bulevar y la estructura principal de la avenida por su valor patrimonial, al ser la única vía urbana que conserva el sentido histórico de aquel ensanche ejecutado hace casi un siglo.

Todos esos informes insisten, además, en la importancia de preservar la estructura actual de la avenida por su función como refugio climático natural. El dosel que forman sus cuatro alineaciones de árboles mantiene la vía en sombra durante buena parte del día en primavera y verano, reduciendo significativamente el efecto del calor.

Este proyecto nació viciado desde el principio. Durante la campaña electoral, el entonces candidato a la Alcaldía presentó un vídeo sobre esta avenida que, aunque se aseguró reiteradamente que era solo una infografía y que el arbolado se respetaría, ha terminado convirtiéndose en el modelo exacto del proyecto finalmente aprobado. Cuando el Ayuntamiento licitó la redacción del proyecto, la empresa adjudicataria presentó tres alternativas. Ninguna fue sometida al conocimiento de la ciudadanía ni al proceso participativo previo que, por la envergadura y el coste de la actuación, resultaba exigible. El equipo de gobierno ha incumplido su propia normativa en materia de participación ciudadana al no abrir ese proceso antes de definir un proyecto que, salvo cambios mínimos, coincide con la idea inicial del alcalde.

Tampoco se respetaron los procedimientos establecidos en el Reglamento de Distritos y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres. Resulta llamativo que un proyecto de más de 600 páginas y considerado la actuación emblemática del mandato iniciara su supuesto proceso participativo en pleno mes de agosto, concediendo únicamente veinte días hábiles para presentar alegaciones. Difícilmente puede calificarse de otra manera que como un trámite para cubrir el expediente.

A pesar de ello, se registraron más de 160 alegaciones, muchas de ellas respaldadas por sólidos argumentos técnicos, que fueron desestimadas. Además, CáceresVerde, junto con Adenex, presentó más de 1.600 firmas de ciudadanos contrarios a la ejecución del proyecto, igualmente ignoradas por el equipo de gobierno.

A la contra de Europa

En un momento en que las principales ciudades europeas apuestan por naturalizar calles y plazas para mitigar los efectos del cambio climático, esta actuación avanza en sentido contrario. Además de afectar a un elemento del patrimonio urbano reciente de Cáceres, supondrá la desaparición de un refugio climático emblemático al eliminar 26 árboles de gran porte y dos de los setos que conforman el actual bulevar. Donde hoy hay vegetación, sombra y frescor habrá más superficie pavimentada y espacios duros, favoreciendo la creación de una isla de calor.

El diseño urbano equilibrado que representa el bulevar central será sustituido por una avenida asimétrica, con una gran acera-plaza en uno de sus laterales. Ello beneficiará especialmente a los residentes y establecimientos del lado de los pares, mientras perjudicará a quienes viven y desarrollan su actividad en la acera de los impares, que soportarán mayor tráfico, ruido y calor. Todo ello con el objetivo de facilitar la ampliación de terrazas, en detrimento de un espacio público pensado para el paseo y la convivencia. Además, los negocios hosteleros situados en la acera de los impares deberán cruzar una calzada de doble sentido para atender las terrazas, con las dificultades y riesgos que ello supone para trabajadores y clientes.

Desde CáceresVerde queremos pedir a la ciudadanía que despierte de la indiferencia que supone aceptar que decisiones de esta trascendencia se adopten sin una verdadera participación pública. La implicación de los vecinos en las decisiones que afectan a su vida cotidiana debe ser uno de los pilares de la política municipal. Lamentablemente, con el actual equipo de gobierno, ese principio brilla por su ausencia.

No a la desaparición del bulevar de la avenida Virgen de la Montaña. Es nuestro bulevar. Es nuestra historia. Es nuestra sombra.

Se escribe PSIR, pero se pronuncia PESIR. Y el último en mencionar la palabra fue el consejero de Urbanismo de Cantabria, Roberto Media (PP) a finales de junio. Recogía así el reciente anuncio de la presidenta del gobierno de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), de dos PSIR: uno para una piscina de olas para practicar surf en Villaverde de Pontones y otro para 1.700 viviendas de promoción privada también, de las que solo la mitad serían protegidas, junto a un nuevo hospital, en Castro Urdiales.

Esas siglas, PSIR, responden a una figura urbanística llamada Plan Singular de Interés Regional, porque ese es el primer paso para que arranque: que el gobierno de Cantabria manifieste que es de interés regional. Existente en muchas comunidades autónomas con otras denominaciones, fue creada a nivel autonómico en 2001 y sirve al gobierno autonómico para recalificar cualquier tipo de terrenos -en muchos casos, suelo rústico- para hacerlos urbanizables, construir un proyecto y a veces ampliarlo, sin depender de las normativas municipales donde se localice la obra.

El PSIR cumple ahora 25 años y ha pasado de ser una herramienta de planeación urbanística del gobierno para anunciar el trámite gradual para la instalación de parques empresariales, polígonos, un hospital o la rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas, a un mecanismo para impulsar otros proyectos de iniciativa privada como hoteles, centros de datos, piscinas de olas de surf o cientos de viviendas libres con hospital y polígonos en constante ampliación.

Para hacer un PSIR, los terrenos tienen que estar bien entre dos municipios o en uno solo. En este segundo caso, “por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características”, el gobierno considera oportuno hacerlo en ese lugar, sin necesidad de contar expresamente con el Ayuntamiento. La normativa dice que el promotor puede ser público o privado para implantar “instalaciones y usos productivos y terciarios, de desarrollo rural, turísticos, deportivos, culturales, actuaciones de mejora ambiental, de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, así como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia”.

La rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas, por ejemplo, sí incluyo “elementos” patrimoniales tanto de carácter cultural, así como de carácter natural (plátanos que jalonan los caminos, masas de vegetación, y Monte de la Cardosa), pero hasta la fecha, no se ha tramitado ningún PSIR exclusivamente deportivo o cultural.

Durante décadas, la figura no sufrió modificaciones sobre el papel. Básicamente el Gobierno autonómico era el promotor de un proyecto urbanístico público o privado que, en general, implicaba recalificar una amplia superficie de suelo rústico. Durante años, se utilizó más para proyectos entre dos municipios y, en algunos casos, incluyo expropiaciones de terreno a particulares, para edificar sin límitaciones burocraticas. Así sucedió en el caso del polígono de La Pasiega, en Piélagos, cuyo trámite arrancó en 2007, en el que se expropiaron parcelas de muchos vecinos para edificarlo, actualmente en ejecución.

Tras la declaración de interés regional, se sucedían las fases de aprobación del expediente. Y es que alrededor del PSIR había y hay otras cuatro siglas clave: las de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio), que depende de la Consejería de Urbanismo -en la que están representados colegios profesionales y gobierno- que da la aprobación provisional de un PSIR, antes de que que el Consejo de Gobierno de Cantabria dé el aprobado definitivo para hacer le evaluación ambiental e iniciar una obra.

Nuevas reglas del juego

Veinte años después, en 2022, el Gobierno derogó la ley de 2001 con una nueva normativa con la que cambió las reglas del juego: pasó a establecer plazos estrictos para la burocracia de los trámites, incluyó al Parlamento como actor entre las instituciones responsables, e impuso que, si el objeto del proyecto eran las viviendas de protección pública -a diferencia de la anterior ley que marcaba “un mínimo del cuarenta por ciento se destinará a la construcción de viviendas de protección oficial ”, ahora debía de ser el 100%. Pero este último requisito no duró mucho.

En 2023, el Gobierno del PP decidió cambiar los contrapesos de la CROTU: redujo el número de representantes, aumentó la frecuencia de las reuniones y excluyó a algunos colegios profesionales. Esta decisión le acarreó críticas de partidos y ecologistas porque implicaba concentración de poder en direcciones generales de la consejería de Urbanismo. En 2025, modificó un artículo de la ley del suelo de 2022, mediante la llamada ley de simplificación administrativa, para poder construir vivienda libre en los PSIR, con el respaldo parlamentario de Vox.

Hasta la fecha, no existe un registro público actualizado de PSIR con todas las categorías posibles, incluyendo 'interés regional'. El listado histórico de PSIR de la Consejería de Fomento expone actualmente la tramitación de 14 obras, de las que tres siguen en tramitación y 11 están aprobadas -incluyendo ampliaciones o modificaciones-. No incluye el nivel de ejecución, por eso, La Pasiega, que sigue en ejecución, está incluida.

Para entender el nivel de ejecución de los PSIR, hay que mirar el visor de Ordenación del Territorio del gobierno de Cantabria: ahí vienen 17 proyectos, entre 'en tramitación', 'aprobado en ejecución' y 'aprobado y ejecutado'. Hay, por ejemplo, un proyecto de polígono al que se acabó renunciando (Gran Área de Desarrollo Buelna); proyectos en ejecución como la rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas; otros en larga tramitación, como un polígono llamado Prado Cervera, en Campoó o ampliaciones como la del Parque de la Naturaleza de Cabarceno, declarado de interés regional en 2010, o la tercera ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Santander y, el más reciente: un hotel de cinco estrellas en el Palacio de Corro, que ha sido un complejo palaciego abandonado durante años, entre Suances y Santillana, cuyo expediente está en tramitación desde 2024.

Cinco PSIR ejecutados

El hotel propuesto para el Palacio de Corro ha recibido en 2026 cuestionamientos, dentro de la CROTU, por parte del colegio de arquitectos y de geógrafos, por estar ubicado en suelo rústico de especial protección. Después del hotel, los anuncios de la presidenta de nuevos PSIR han incluido un centro de datos, la piscina de olas y 1.700 viviendas con hospital, en Castro, todo de promoción privada. Pero, de todos los proyectos, en la categoría de 'aprobado y ejecutado', en el visor, solo hay cinco PSIR: cuatro son polígonos.

De los cinco ejecutados, por un lado, está el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), a las afueras de Santander. En éste, que ha tenido dos ampliaciones -y la tercera pendiente-, queda libre una parcela de las 39 totales, en las que hay instaladas dos universidades, 34 empresas y sedes del gobierno de Cantabria. Y, por otro, está el polígono industrial Tanos-Viérnoles, en Torrelavega, que ha tenido dos ampliaciones y está plenamente ocupado por 103 empresas a la fecha.

El Hospital Tres Mares, en Reinosa, recibió su aprobación en 2006 y hasta 2010, no empezó a funcionar y el Parque Empresarial Besaya ha tenido tres ampliaciones, las dos últimas promovidas por un privado (ASPLA), y también está ocupado. El último PSIR ejecutado es un polígono industrial, entre Orejo, Solares y Heras. En este caso, un 7% de la superficie la ocupa una fábrica de paneles de fibroyeso llamada Suyesa. El polígono, según datos del gobierno, en la actualidad tiene vacías la mitad de sus 30 parcelas.

La Asociación Ciudadana CáceresVerde ha solicitado al Ayuntamiento de Cáceres la declaración de nulidad del expediente de remodelación del bulevar de la avenida Virgen de la Montaña y la suspensión cautelar de las obras mientras se resuelve su petición. La entidad considera que la tramitación del proyecto se ha realizado “prescindiendo de los trámites esenciales de participación ciudadana e información pública”, lo que, a su juicio, vulnera tanto la normativa municipal como la legislación estatal.

En el escrito, registrado ante el alcalde, la asociación repasa la tramitación administrativa de una actuación cuyo presupuesto supera los 2,18 millones de euros. Recuerda que el expediente se inició en febrero de 2024, fue desistido en abril de ese mismo año y volvió a impulsarse en junio de 2024. Posteriormente se redactó el proyecto de ejecución, aprobado definitivamente por la Alcaldía el 20 de enero de 2026 y cuya ejecución ya ha sido adjudicada.

CáceresVerde argumenta que el artículo 60 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento obliga a abrir un proceso participativo en grandes obras municipales con un presupuesto superior a dos millones de euros. Aunque reconoce que el Consistorio abrió un procedimiento de participación en agosto de 2025, sostiene que este se limitó a cumplir un trámite formal y no constituyó “un auténtico proceso de participación” al haberse desarrollado cuando el proyecto ya estaba redactado y en un periodo de escasa actividad ciudadana.

La asociación afirma que tampoco se sometió el proyecto a información pública con toda la documentación técnica disponible ni se dio audiencia a los vecinos directamente afectados antes de adoptar las decisiones, lo que, según expone, vulneraría los derechos reconocidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

Entre los argumentos esgrimidos también figura el relativo al arbolado urbano. El colectivo sostiene que el proyecto incumple varios preceptos de la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Público Urbano de Cáceres porque, según asegura, carece de la documentación técnica exigida para garantizar la protección de los ejemplares existentes, extremo que vincula a un informe emitido por el Servicio de Parques y Jardines.

Asimismo, CáceresVerde invoca la legislación estatal en materia de suelo y régimen local para defender que la ciudadanía tiene derecho a acceder a la información urbanística y a participar de forma efectiva en la elaboración y ejecución de proyectos que transforman el espacio urbano.

A juicio de la entidad, la ausencia de un proceso participativo desde el inicio de la tramitación constituye un defecto esencial del procedimiento que habría provocado indefensión a la ciudadanía y a los vecinos afectados. Por ello solicita que se declare la nulidad de pleno derecho o, subsidiariamente, la anulabilidad de todos los acuerdos adoptados.

Como consecuencia, pide que el expediente retroceda al momento previo a su inicio para abrir un nuevo proceso de participación ciudadana, someter el proyecto completo a información pública, permitir la presentación de alegaciones y dar audiencia a los residentes afectados con respuesta motivada a sus aportaciones.

Mientras se resuelve esta solicitud, la asociación reclama además la suspensión de la ejecución del proyecto y de las obras previstas para evitar, según argumenta, que se consoliden actuaciones que pudieran resultar contrarias a derecho.

El PSOE de Cantabria ha presentado alegaciones al Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) planteado por el Gobierno de Cantabria (Partido Popular) y ha pedido detener la tramitación, por considerar que es un documento que “ni ordena ni protege nada, ni clasifica un metro de suelo protegido, ni impone nada a los ayuntamientos”, lo que se traduce, en su opinión, como “una operación de maquillaje normativo: cientos de páginas de buenas intenciones sin una sola norma que vincule a nadie”, ha sostenido.

Así lo ha expresado, en un comunicado, el secretario de Transición Ecológica de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Gonzalo Fernández Villegas, que ha pedido empezar de cero la tramitación, “con una participación real, con ayuntamientos, sindicatos, universidad, sector agroganadero, ecologistas, y no con un simulacro digital”. En su opinión, “para el PP, participar es rellenar un formulario de 25 preguntas en una web. El mayor plan territorial de Cantabria, el futuro de los cántabros y las cántabras no cabe en 25 preguntas”.

Villegas ha enfatizado que “mientras el PP habla de sostenibilidad, deja la puerta abierta a la especulación inmobiliaria, a la privatización del litoral y al pelotazo urbanístico disfrazado de desarrollo rural”, además de censurar que “ordenar el territorio de boquilla es no ordenarlo”.

El POL: “un simple decreto”

Por otra parte, el responsable socialista ha denunciado que el PROT rebaja el Plan de Ordenación del Litoral “a un simple decreto que se puede tocar sin pasar por la Cámara. Es desproteger la costa cántabra por la puerta de atrás, exactamente lo que llevan años pidiendo los lobbies inmobiliarios costeros”, ha valorado.

En el mismo sentido, ha denunciado que los Proyectos de Actuación Territorial que establece el PROT “permiten meter ladrillo dentro de la supuesta Red Verde y Azul con solo alegar interés público”.

También se ha referido a que el plan “fomentará” la vivienda asequible “sin decir quién, cuándo ni con qué dinero”. Y s“olo actúa contra la turistificación cuando la mitad del parque de viviendas ya es turístico: es decir, cuando el pueblo ya ha sido expulsado y el vecindario ya no puede vivir donde nació. Prioriza al turista sobre el vecino”, ha afirmado.

Para el dirigente, el PROT también ha multiplicado zonas y ejes turísticos sin ningún límite objetivo. “La Cantabria rural no puede ser solo un decorado para el visitante de fin de semana mientras a sus vecinos se les niega vivienda, sanidad y transporte digno”, ha destacado.

De la misma forma, ha cuestionado que permite parques eólicos lejos de donde se consume la energía, y exime de control a los proyectos ya en marcha, “justo los más contestados socialmente”. “Es la transición ecológica hecha a medida de quien más presiona, no del interés general”, ha criticado.

Por último, ha sostenido que el PROT abre la puerta a urbanizar suelo agrario “sin apenas requisitos” y utiliza la lucha contra la despoblación “como tapadera de otro pelotazo urbanístico”.

“No hay ningún compromiso en todo el documento con la igualdad entre comarcas. Ni una sola obligación jurídica real para que un vecino de un pueblo del interior tenga el mismo acceso a sanidad, educación o transporte que uno de la capital”, ha concluido.

El Ayuntamiento de Logroño, en la sesión de la Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles, ha aprobado inicialmente una modificación puntual del Plan General Municipal (PGM). Con este paso se finaliza el ordenamiento de la zona este del PERI San Lázaro, un proyecto que prevé la construcción de 155 viviendas, de las cuales 35 serán de protección oficial (VPO).

Según ha detallado el concejal de Urbanismo, Javier Martínez Mancho, tras la aprobación definitiva el pasado mes de febrero de la ordenación de la unidad de ejecución 'San Lázaro I', el Consistorio sigue avanzando en la ordenación completa del PERI 44 'Portillejo I'.

De este modo, el Gobierno local ha dado luz verde inicial a la delimitación de la unidad 'San Lázaro II', una manzana de 18.862 metros cuadrados comprendida entre las calles Portillejo, Rodejón, Avenida de Burgos y la nueva vía de Estrella Sacristán. Esta modificación tiene por objeto la ordenación pormenorizada de la zona, dando continuidad a la trama residencial y consolidando la reconversión de suelo industrial a uso residencial, tal y como establece el PGM.

El planeamiento de esta manzana se estructurará mediante un paseo público peatonal central que conectará con las zonas peatonales del sur de la Avenida de Burgos. Al norte de este paseo se proyecta una manzana residencial de 16.289 metros cuadrados de edificabilidad, donde se distribuirán dos bloques junto a la avenida y tres torres junto al paseo, sumando unas 120 viviendas libres. Al sur, se plantea un bloque en forma de “L” para las 35 viviendas de VPO, junto a una parcela dotacional pública de 3.166 metros cuadrados.

El concejal ha recordado que en febrero se aprobó la ordenación de la parte oeste (San Lázaro I), de una hectárea de superficie, donde se proyectaron otras 130 viviendas (90 libres y 40 protegidas). Con la aprobación de hoy de la zona este (San Lázaro II), de casi dos hectáreas, se completa un ámbito que llevaba pendiente más de un cuarto de siglo.

“Terminaríamos con la ordenación de todo el PERI 44, que desde hace más de 25 años ya estaba definido en las ideas de reconversión de suelos de uso industrial a residencial”, ha destacado Martínez Mancho, quien ha puesto en valor que se destinará “más del 50 % de la superficie total a espacios libres de uso público y dotaciones”.

Tras esta aprobación inicial, el proyecto se someterá a exposición pública durante un mes antes de su tramitación provisional y definitiva. “Después de 25 años, finalmente estará ordenado y podrán producirse los siguientes pasos, que son las redacciones de los proyectos de compensación, urbanización y edificación”, ha resaltado el edil.

Martínez Mancho ha concluido destacando el impacto global de la actuación en el PERI 44, que sumará casi 300 viviendas entre ambas fases, y ha enmarcado este proyecto en la estrategia de la concejalía: “El Ayuntamiento sigue avanzando en el desarrollo de estos PERIs que, entre lo previsto para esta legislatura y lo que queda por desarrollar, afectarán a más de 35 hectáreas de terreno donde se podrán construir más de 3.000 viviendas, muchas de ellas protegidas”.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este miércoles su nuevo Plan de Acción Urbanística, como marco “para la activación urbana” de la ciudad hasta el ejercicio 2030. Un periodo durante el que, además, como ha señalado el concejal delegado de Urbanimo, Javier Martínez Mancho, se “reflexionará” sobre la revisión al completo del Plan General Municipal.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy también la declaración como desierta de la licitación para el contrato de redacción de la revisión del PGM, puesto que, ha recordado el edil, “la única empresa presentada no ha cumplido los requisitos de valoración que desde la Mesa de Contratación y desde el pliego de condiciones eran exigibles”.

El concejal delegado de Urbanismo, Javier Martínez Mancho, ha explicado que el Plan General en vigor sigue constituyendo un activo que debe aprovecharse para seguir impulsando actuaciones concretas y continuar impulsando la evolución de la ciudad. “Vamos a trabajar combinando visión estratégica y capacidad de gestión para que la evolución urbana de la ciudad continúe, y para ello nos basaremos en este Plan de Acción Urbanística”, ha añadido el concejal.

El Plan de Acción Urbanística se articula en torno a cinco prioridades:

El documento establece líneas de actuación que constituirán ámbitos de intervención directa: optimización del planeamiento vigente, regeneración urbana y actuación por barrios, simplificación administrativa, activación del suelo urbanizable y desarrollo urbano y adaptación a las nuevas demandas urbanas.

En cada una de estas líneas se incluyen medidas concretas de actuación que permitirán avanzar en los objetivos de disponer de más suelo y vivienda en la ciudad y generar espacios urbanos sostenibles de calidad.

Se estudiará el programa de actuación del PGM vigente para impulsar futuras modificaciones puntuales, desarrollo en sectores delimitados y análisis y posible delimitación de sectores en las áreas de suelo urbanizable no delimitado. Se priorizarán modificaciones puntuales que tengan un impacto directo en disponibilidad de vivienda, activación de suelo productivo y desbloqueo de ámbitos paralizados o inactivos.

El plan apuesta por la regeneración de la ciudad y se establecen diferentes medidas en este sentido, entre ellas, la revisión del Plan Especial del Centro Histórico y nuevas normas e instrumentos para atender la singularidad de los barrios como El Cortijo, Varea y La Estrella.

Otra de las líneas de trabajo incluye diferentes acciones encaminadas a mejorar la gestión y avanzar en la simplificación administrativa. En este sentido, uno de los objetivos es reducir el tiempo medio de concesión de licencias en un 30% en un plazo de 3 años.

L'Ajuntament de València permet que una promotora s'aculla a una normativa urbanística anterior per a edificar en un dels últims solars del centre de València. Els habitatges que s'edifiquen al solar del carrer de la Cardá, al barri de Velluters, podran acollir-se a l'anterior pla de protecció del centre històric, el PEPRI de Velluters, per a obtindre més rendibilitat en l'operació. En la pràctica, implica habitatges més moderns en un dels traçats més antics de la ciutat.

La comissió d'Urbanisme d'aquest dimecres aprovarà el tràmit definitiu de la reparcel·lació de la unitat U12 de Velluters, paralitzada des de fa tres dècades i que s'ha convertit en un focus de degradació al centre històric. Es tracta d'un dels solars més cobejats del centre, resultat de la demolició de diversos edificis històrics als anys noranta, a escassos metres del Mercat Central. En el projecte, que ha portat anys —atesos els nombrosos propietaris—, es construiran 11 habitatges en dues parcel·les, a més de zones destinades a l'espai públic.

La Junta de Govern Local va aprovar el passat 26 de juny la reparcel·lació d'un solar a Velluters, entre els carrers de Moro Zeit, de les Monges, de la Cardá i de la Bosseria, per a guanyar espai públic i construir habitatges. En concret, es tracta de la unitat d'execució número 12 del PEPRI del barri de Velluters, amb 880 metres quadrats. D'aquests, 272 es destinaran a espai lliure, 338 a xarxa viària i els 276,73 metres quadrats restants, a habitatges. Amb una edificabilitat de 1.106,93 metres quadrats de sostre, es preveu construir 11 habitatges.

El projecte presentat, a càrrec de Carda Home SL, preveu una parcel·la de 144 metres quadrats de sòl i 578 de sostre, i una altra de 132 metres quadrats de sòl i 528 d'aprofitament. Per cadascuna haurà d'abonar més de 300.000 euros en concepte de càrregues d'urbanització, a conseqüència de la liquidació definitiva, i més de 130.000 euros en concepte d'indemnització compensatòria a favor dels titulars no adherits al programa. El valor de cada parcel·la urbanitzada supera els 600.000 euros. En aquesta zona, els pisos d'aquestes característiques superen el mig milió d'euros.

La reparcel·lació preveia que s'obrissin tres finques en l'esmentat solar, però els promotors, constituïts com a Agrupació d'Interès Urbanístic Bolseria, van demanar a l'Ajuntament que reconsiderés la possibilitat de permetre una única promoció sobre la totalitat del sòl edificable. Al juny de 2023, just un mes després de les eleccions, van presentar un escrit en què ho justificaven “donada la peculiaritat de la situació urbanística i dels costos aplicables” i, en tot cas, “sense perjudici que, en el futur projecte d'edificació, la façana respectés la morfologia i la geometria històriques”. Finalment, el projecte que en resulte serà de dos edificis i no tres, com estava previst, malgrat que el consistori va acceptar que poguera ser-ne un de sol.

Per reforçar aquesta petició, l'empresa va presentar un informe de la immobiliària de luxe Engels & Volkers, que no veia rendible l'operació en els termes plantejats. En concret, l'agent urbanitzador va demanar que es reconsiderés un punt del PEPRI de Velluters, que estableix que “s'admetran agregacions o segregacions de parcel·les sempre que cap dels límits frontals resultants excedisca els 14 metres”. L'informe d'al·legacions elaborat pels tècnics municipals assenyala que aquesta limitació “perseguia que les edificacions d'aquestes parcel·les s'integressen en el seu entorn, almenys perquè les dimensions principals de les noves construccions, percebudes des del carrer, resultessen semblants a les que presentaven i presenten les preexistències”.

L'Ajuntament permet que la promotora s'aculla a aquesta norma, que va quedar en part sense efecte amb l'entrada en vigor del Pla Especial de Protecció (PEP) de Ciutat Vella, més restrictiu pel que fa a “la defensa i protecció de la trama històrica”, mentre el PEPRI incorporava “propostes renovadores”, com reconeix el mateix informe. No obstant això, Urbanisme entén que s'han “respectat” les actuacions que es trobaven en tràmit, com aquesta del carrer Cardà, “permetent que es continue el desenvolupament de la seua gestió fins que finalitze, i permetent també que se seguisquen aplicant les determinacions que va establir el PEPRI de Velluters per a aquesta”.

L'anàlisi d'Urbanisme entén que el projecte té “naturalesa reformadora” i admet “tipus edificatoris propis de l'arquitectura moderna”. En conclusió, diu l'informe d'al·legacions: “Podem admetre de forma raonada que l'edificació a què es refereix la part al·legant podria eximir-se de l'aplicació de les regles de protecció parcel·lària contingudes en l'Art. 5.3, admetent que el bloc lineal de tancament respondria a tipus edificatoris propis de l'arquitectura moderna, ja que l'actuació de renovació urbana de la UA-12 respon a la naturalesa reformadora del PEPRI del barri de Velluters”.

Compromís denuncia un “vestit a mida”

La portaveu de Compromís València, Papi Robles, ha assegurat que l'aprovació de la reparcel·lació del solar delimitat pels carrers de les Monges, de Cardá, de la Bosseria i de Moro Zeit, al barri de Velluters, és un “exemple claríssim” de l'urbanisme “especulatiu i a la carta” de l'alcaldessa de València, María José Catalá, que “veiem com, una vegada més, fa un nou vestit a mida dels especuladors perquè construïsquen en ple centre històric de València habitatges de luxe a l'abast de grans fortunes i inversors d'alt poder adquisitiu”.

“Catalá i el regidor d'Urbanisme, Juan Giner, accepten de pressa i corrents les al·legacions de la immobiliària perquè els habitatges del projecte urbanístic puguen tindre unes característiques alienes a les previstes en el vigent Pla Especial de Protecció (PEP) de Ciutat Vella, aprovat per l'anterior govern liderat per Compromís, que precisament va apostar per ampliar la protecció de la idiosincràsia del centre històric i acota les construccions que no s'ajusten a la trama urbana actual”, ha denunciat Robles.

En aquest sentit, la portaveu de Compromís ha rebutjat “aquest nou atropellament urbanístic que, una vegada més, evidencia com el PP anteposa els interessos dels especuladors per davant de l'interés general de les valencianes i els valencians” i ha afirmat que Compromís “estarà sempre al davant dels especuladors i donant suport que els nous plans urbanístics amplien l'habitatge públic i a preus assequibles”.

Respecte a això, Robles ha recordat “la importància d'avançar en la promoció d'habitatge assequible per a revitalitzar el centre de València” i ha explicat que, precisament, la Unitat d'Execució 12 (UE-12) de Velluters és un àmbit urbanístic ubicat al costat del Palau dels Escarxers i la plaça del Tossal.

El Ayuntamiento de València permite que una promotora se acoja a una normativa urbanística anterior para edificar en uno de los últimos solares del centro de València. Las viviendas que se edifiquen en el solar de la calle Cardá, en el barrio de Velluters, podrán acogerse al anterior plan de protección del centro histórico, el 'PEPRI' de Velluters, para obtener más rentabilidad en la operación. En la práctica, implica viviendas más modernas en uno de los trazados más antiguos de la ciudad.

La comisión de Urbanismo de este miércoles aprobará el trámite definitivo de la reparcelación de la unidad U12 de Velluters, paralizada desde hace tres décadas y que se ha convertido en un foco de degradación en el centro histórico. Se trata de uno de los solares más golosos del centro, resultado de la demolición de varios edificios históricos en los años noventa, a escasos metros del Mercado Central. En el proyecto, que ha llevado años —dados los numerosos propietarios—, se construirán 11 viviendas en dos parcelas, además de zonas para el espacio público.

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 26 de julio la reparcelación de un solar en Velluters, entre las calles Moro Zeit, de les Monges, de la Carda y Bosseria, para ganar espacio público y construir viviendas. En concreto, se trata de la Unidad de Ejecución número 12 del PEPRI del barrio Velluters, con 880 metros cuadrados. De ellos, 272 irán a espacio libre, 338 a red viaria y los restantes 276,73 m² a viviendas. Con una edificabilidad de 1.106,93 m² de techo, se prevé construir 11 viviendas.

El proyecto presentado, a cargo de Carda Home SL, supone una parcela de 144 metros de parcela y 578 de techo y otra de 132 de parcela y 528 de aprovechamiento. Por cada una tendrá que abonar más de 300.0000 euros en concepto de cargas de urbanización, a resultas de la liquidación definitiva, y más de 130.000 en concepto de indemnización compensatoria a favor de los titulares no adheridos al programa. El valor de cada parcela urbanizada supera los 600.000 euros. En esa zona, los pisos de esas características superan el medio millón de euros.

La reparcelación preveía que se obtuvieran tres fincas en el citado solar, pero los promotores, constituidos como Agrupación de Interés Urbanístico Bolsería, pidieron al Ayuntamiento que reconsiderase la posibilidad de permitir una única promoción sobre la totalidad del suelo edificable. En junio de 2023, justo un mes después de las elecciones, presentaron un escrito en el que lo justificaban “dada la peculiaridad de la situación urbanística y de los costes aplicables”, y, en todo caso, “sin perjuicio de que, en el futuro proyecto de edificación, la fachada respetase la morfología y geometría histórica”. Finalmente, el proyecto que resulte será de dos edificios y no tres como estaba previsto, pese a que el consistorio aceptó que pudiera ser uno solo.

Para reforzar esta petición, la empresa presentó un informe de la inmobiliaria de lujo Engels & Volkers, que no veía rentable la operación en los términos planteados. En concreto, el agente urbanizador pidió que se reconsiderara un punto del PEPRI de Velluters, que establece que “se admitirán agregaciones o segregaciones de parcelas siempre y cuando ninguno de los lindes frontales resultantes exceda de 14 metros”. El informe de alegaciones elaborado por los técnicos municipales señala que esa limitación “perseguía que las edificaciones de esas parcelas se integraran en su entorno, al menos porque las dimensiones principales de las nuevas construcciones, percibidas desde la calle, resultasen semejantes a las que presentaban y presentan las preexistencias”.

El Ayuntamiento permite que la promotora se acoja a esta norma, que quedó en parte sin efecto con la entrada en vigor del Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella, más restrictiva sobre “la defensa y protección de la trama histórica”, mientras el PEPRI incorporaba “propuestas renovadoras”, como reconoce el propio informe. Sin embargo, Urbanismo entiende que se han “respetado” las actuaciones que se encontraban en tramitación, como esta de la calle Carda, “permitiendo que se continúe el desarrollo de su gestión, hasta que finalice, y permitiendo también que se sigan aplicando las determinaciones que estableció el PEPRI de Velluters para ella”.

El análisis de Urbanismo entiende que el proyecto tiene “naturaleza reformadora” y admite “tipos edificatorios propios de la arquitectura moderna”. En conclusión, dice el informe de alegaciones, “podemos admitir de forma razonada que, la edificación a la que se refiere la parte alegante, podría eximirse de la aplicación de las reglas de protección parcelaria contenidas en el Art. 5.3, admitiendo que el bloque lineal de cierre respondería a tipos edificatorios propios de la arquitectura moderna, ya que la actuación de renovación urbana de la UA-12, responde a la naturaleza reformadora del PEPRI del Barrio de Velluters”.

Compromís denuncia un “traje a medida”

La portavoz de Compromís València, Papi Robles, ha asegurado que la aprobación de la reparcelación del solar delimitado por las calles Monjas, Carda, Bolsería y Moro Zeit del barrio de Velluters es un “ejemplo clarísimo” del urbanismo “especulativo y a la carta” de la alcaldesa de València, María José Catalá, que “vemos como, una vez más, hace un nuevo traje a medida de los especuladores para que construyan en pleno centro histórico de València viviendas de lujo al alcance de grandes fortunas e inversores de alto poder adquisitivo”.

“Catalá y concejal de Urbanismo, Juan Giner, aceptan deprisa y corriendo las alegaciones de la inmobiliaria para que las viviendas del proyecto urbanístico puedan tener unas características ajenas a las previstas en el vigente Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella aprobado por el anterior gobierno liderado por Compromís, que precisamente apostó ampliar la protección de la idiosincrasia del centro histórico y acota las construcciones que no se ajusten a la trama urbana actual ”, ha denunciado Robles.

En este sentido, la portavoz de Compromís ha rechazado “este nuevo atropello urbanístico que, una vez más, evidencia como el PP antepone los intereses de los especuladores por delante del interés general de las valencianas y los valencianos” y ha afirmado que Compromís “estará siempre frente a los especuladores y apoyando que los nuevos planes urbanísticos amplíen la vivienda pública y a precios asequibles”.

Al respecto, Robles ha recordado “la importancia de avanzar en la promoción de vivienda asequible para revitalizar el centro de València” y ha explicado que, precisamente, la Unidad de Ejecución 12 (UE-12) de Velluters es un ámbito urbanístico ubicado junto al Palacio dels Eixarchs y la plaza del Tossal.

Hace unos días leíamos una noticia más sobre la posibilidad de pasar el suelo terciario de la zona de contacto a vivienda, tema que viene gestándose entre administraciones desde hace tiempo. No me puedo imaginar qué puede haber detrás de este interés del ayuntamiento que, además, parece ser refrendado por las demás administraciones, en construir vivienda en este inhóspito lugar.

¿Por qué tanto interés en hacer vivienda en este disparatado lugar? ¿Alguien ha pensado la pesadilla de los miembros de una familia para salir de este fondo de saco varias veces al día? ¿Qué pintan ahí aisladas un pequeño número de viviendas? ¿A nadie se le ha ocurrido intercambiar el suelo de la quinta fase del Polígono (zona de consejerías y centros tecnológicos destinado a centros oficiales) por el de la zona de contacto, por ejemplo? Es pedir peras al olmo a los pensantes de nuestras administraciones. Son sus inescrutables pensamientos sobre urbanismo y vivienda.

Pero, sobre todo, qué necesidad hay de situar ahí esas viviendas, cuando en el Polígono hay suelo para otras cuatro mil. Eso más las eternamente proyectadas 316 que en los últimos días ha sido vallada la parcela, anunciadas el 8 de febrero de 2024, o las promociones de las 126 y 86 de alquiler 'asequible'. Qué ironía y buen negocio privado, viviendas que ya deberían estar entregadas en este pasado mes de junio. Al igual que con las 86 a medio de acabar desde hace trece años, así es de eficaz la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ante la falta de vivienda.

Todo esto es solo la punta del iceberg de la lentitud y los disparates de las administraciones. Por otra parte, seguimos leyendo constantes y diversas noticias sobre el nuevo disloque urbanístico proyectado en un POM tras otro. Así José Ramón de la Cal y Jesús Carrobles, de la Real Fundación de Toledo, nos decían que “parece que estamos dispuestos a cometer los mismos errores para los mismos problemas: una estructura urbana inconsistente, un tejido urbano asocial, con tipos edificatorios obsoletos, de tamaño desmesurado, de calles carretera”.

El informe 'Vivienda y Bienestar', publicado por CCOO, dibuja un escenario marcado por contrastes: crecimiento sostenido del parque inmobiliario, pero también un elevado volumen de viviendas vacías y un acceso desigual al mercado residencial

La asociación vecinal 'El Tajo' viene exigiendo desde enero de 2018 que la Junta no se desentienda de las viviendas sociales, en tanto que las ha abandonado y se vanagloria de ello, diciendo que no son buenos caseros.

En los últimos días, el ayuntamiento ha promovido la enésima reunión para debatir sobre vivienda, asimismo se ha realizado varios estudios sobre vivienda, pero no sirve para nada el estudio del estudio y nuevo estudio, hace falta realidades y pasar a la acción.

Por todo lo anterior, hay poco de esperar de las administraciones, que, además de hacer mucho ruido y vanagloriarse de naderías, podrían hacer muchísimo más que poner nuevamente el futuro de la vivienda en manos privadas a través del 'gran invento' de lo público-privado.

Llegados a la situación actual, y sabiendo el proceder de las administraciones y sus sinrazones, deberíamos pensar si los que necesitan vivienda y quienes realmente les apoyan pueden aportar alguna solución para paliar la situación. Defender la vivienda como derecho esencial no puede quedarse en reclamar vivienda de alquiler -ya vemos su 'asequibilidad'-, poco esfuerzo y prisas de las administraciones. La pregunta a estas alturas es si quien de verdad defiende la vivienda y quien la necesita pueden hacer algo. Personalmente, pienso que sí hay resquicios. Lo expuse en artículos anteriores, pero habría que cambiar el paso en algunos planteamientos, no podemos quedarnos únicamente en que hay muchas viviendas vacías. Con lo que tenemos, con lo que nos puede venir sabiendo que la propiedad privada también está en nuestra Constitución y que por más que pudiera gravarse la vivienda cerrada no resolverá el problema.

Debemos pensar sobre qué tipo de vivienda necesitamos, sobre el número de personas que viven solas o en pareja sin hijos, sobre datos de personas que viven en habitaciones en pisos compartidos. No caer en la necedad de la administración, antes solo construían viviendas de 60-70 metros cuadrados, después todas de 90, y ahora volvemos al todo 70 metros… Todos los datos están ahí y la superficie de la vivienda debe ser diversa.

Hay que ver qué se necesita para 'oxigenar' algo la situación; cómo paliar el problema a plazo inmediato, corto, medio y largo, conjugando todo de forma planificada. Por ejemplo, en el Polígono en un plazo de 10-15 años comenzará a haber viviendas libres, es decir, vacías.

Sí, hay resquicios, hay posibilidades aunque sean escasas, pero hay que contar con las personas que necesitan una vivienda, reunirlas, planificar con ellas. En definitiva, si seguimos solo en el reclamar lo que debería ser y deberían hacer las administraciones ya estamos viendo lo que pasa. Hay que pasar a debatir qué podemos hacer con lo que hay a nuestro alcance, con la legislación vigente, con las normativas, ayudas... Ya se sabe ese dicho “no esperes que te traigan a tu puerta la cabeza de tu enemigo”.

Las heridas del fuego han marcado profundamente la Sierra de Bédar (Almería). Las laderas cubiertas de esparto, tan familiares para los bedarenses hace cuatro días, han dejado paso a la ceniza, y la vegetación fuerte y superviviente, que mantiene viva una tierra acostumbrada a la sequía, ahora está negra y yerma. Irreconocible. “Parece una zona de guerra”, cuenta una vecina, después de que haya quedado controlado el incendio que se ha cobrado la vida de 13 personas.

Ascender por la carretera de Bédar es un espectáculo desolador. El verde y marrón, antes predominante, salpica la ladera renegrida y sobre ella se alzan, sin que nadie pueda explicárselo, las casas, cortijos y fincas de los locales, aparentemente intactas.

“Por supuesto no es algo aplicable a todos los casos, pero esta es la prueba de que cuando las autoridades piden confinamiento en un incendio, lo hacen por una buena razón”, explica a elDiario.es una responsable de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). El fuego, aunque ha arrasado el monte, no ha llegado a las casas.

Las fachadas blancas o con colores terrosos destacan sobre la tierra quemada como un oasis en un desierto. Los caseríos se encuentran en su mayoría aislados, separados unos de otros por varios kilómetros, algo muy común en la Almería rural, y que ha sido un factor determinante durante los momentos más críticos de la evacuación.

Casa por casa avisando a los vecinos

“Diego, el policía local de Bédar, fue casa por casa pidiendo a los vecinos que se marcharan, que había que evacuar, pero el fuego se extendió tan rápido que aunque tuvieran 100 agentes no hubieran podido avisar a todos a tiempo, hicieron todo lo posible”, relata Shelagh, vecina de El Pinar, pedanía de Bédar.

Ella cuenta cómo la evacuación se organizó a través de un grupo de WhatsApp en el que están muchos de los vecinos para gestionar asuntos del municipio, al encontrarse tan aislados unos de otros. Esta vecina afirma que es la mejor manera de que las comunicaciones lleguen a tiempo: “Los propios vecinos nos avisábamos de que había que evacuar, íbamos por las calles tocando el claxon para alertar a los que no están en el grupo, ha sido un esfuerzo de todos”, recuerda.

La megafonía fue otra de las estrategias empleadas por el Ayuntamiento para intentar que la noticia llegara a todos los hogares con relativo éxito. Aun así, muchos vecinos se han quejado durante los últimos días de que no les llegó el aviso y de que se enteraron por los medios de comunicación o por las redes sociales de que había un incendio.

Solo existe una vía de acceso

La forma de urbanismo predominante en Bédar tiene nombre, se denomina zona de interfaz forestal, es decir viviendas diseminadas en áreas forestales, normalmente con una sola vía de acceso que las conecta con las áreas urbanas cercanas.

En estas zonas el peligro de incendio es significativamente mayor debido a la cercanía de los hogares a la vegetación del entorno, por lo que, según indicaciones de la Junta de Andalucía, estos hogares deben contar con un plan de autoprotección que contemple medidas preventivas y de defensa frente a incendios forestales.

El alcalde de Bédar, Ángel Collado, confirma que el municipio cuenta con un plan vigente de emergencias desde 2015, pero que se encuentra “a la espera de una remodelación”. El regidor asegura que esto no ha afectado a la actuación durante el incendio.

La organización urbanística del pueblo dificultó en buena medida que las indicaciones de seguridad llegaran a los vecinos. El hecho de que solo haya una vía de salida y entrada a las viviendas supone un riesgo en el supuesto de que la vía quede cortada, pero esta es una realidad que no solo afecta a las viviendas aisladas, sino a todo el término municipal.

“No solo las viviendas cuentan con una calle, aquí en El Pinar solo contamos con una calle para salir y la gente de Bédar solo tiene un par de accesos para bajar a Los Gallardos, es algo que afecta a todo el pueblo”, afirma Shelagh.

En El Pinar, que se encuentra muy cerca del núcleo de Los Gallardos, sobresale una vivienda que fue clave para los efectivos del INFOCA durante su extenuante lucha contra el fuego debido a su localización estratégica. Se encuentra en lo alto de una colina, en el extremo noreste de la pedanía y se accede a ella por una sinuosa carretera, en la que es posible ver hoy los restos de los esfuerzos del fuego por llegar hasta el edificio.

La carretera protegió en buena medida la fachada de la vivienda por su lado oeste, norte y sur, pero por todo su flanco este es posible ver los daños provocados por las llamas y el calor: muebles carbonizados, ventanas resquebrajadas, molduras derretidas y cables totalmente consumidos. En este sector no hay carretera, el propio monte se extiende a los pies de la vivienda creando una caída de varios metros. Por ahí logró llegar el fuego a la casa, debido a la extensa vegetación que la rodea.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este lunes su plan estrella para reducir al mínimo la burocracia en los trámites urbanísticos. Para reducir los cuellos de botella que padece la Administración, el Govern ha optado por externalizar algunos de los procesos que más se demoran, como la validación de las licencias de obras, con el objetivo de reducirlos de casi un año a solo un mes.

El ‘Anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental’ persigue agilizar la construcción de vivienda, con la promesa de los 50.000 pisos asequibles en 2030 de fondo, pero también facilitar proyectos empresariales e industriales que el Govern considera que se ven lastrados por la burocracia. Con una modificación de hasta 15 normas, para el Ejecutivo de Illa es la una de las regulaciones más ambiciosa del mandato.

El texto, que pasa a exposición pública hasta septiembre y se aprobará previsiblemente en diciembre, actúa sobre todo en tres trámites concretos, en todos ellos para rebajar el tiempo de espera para los promotores: las licencias de obras, los planeamientos urbanísticos y las autorizaciones ambientales. Desde el Govern advierten que no se recortan requisitos ni se relaja ninguna legislación, sino que simplemente se modifican los procedimientos administrativos para acortarlos.

Illa lo ha anunciado en un acto del Govern en la fábrica de Ebro, situada en los antiguos terrenos de Nissan en la Zona Franca. El president ha defendido que con este anteproyecto lo que están haciendo “es política de la buena, política útil”, así como aplicar “un cambio de mentalidad”.

De cara a las licencias de obras (ya sea para nueva edificación, rehabilitación o cambios de uso), el Govern quiere evitar que las carpetas se acumulen en la mesa de los técnicos municipales de los Ayuntamientos. Un trámite que por ley debería durar dos meses se alarga ahora nueve (la media del consistorio de Barcelona) o más de un año.

Para resolverlo, el anteproyecto de ley permite a los promotores aportar un certificado conforme cumple con todos los preceptos jurídicos y técnicos. Este documento podrá ser elaborado por una Entidad Colaboradora de Certificación del Ámbito Urbanístico (ECAU), empresas y entidades del sector autorizadas para ello. Desde el Departamento de Presidencia, responsables del plan, aseguran que estas entidades (despachos de arquitectos, urbanistas o ingenieros) estarán supervisadas y auditadas.

El Ayuntamiento, a través de la ordenanza municipal, podrá decidir si opera con la vía exprés o con la tradicional. Si es con la primera, el consistorio deberá otorgar la licencia en un mes. Y si es con la segunda, no podrá superar los dos meses que fija la ley. Si lo hace, se activará la vía rápida. Con lo cual, alegan desde el Govern, se acelerará sí o sí el trámite.

Una fórmula parecida, de externalización, se utilizará para otro proceso que el Govern tenía en el punto de mira: los planeamientos urbanísticos, que definen a qué usos se destina el suelo (industrial, urbano, etc). Hasta ahora, para aprobarlos había que pedir un informe “sectorial” a todos los departamentos afectados. Es decir, que para levantar un complejo industrial, hacía falta la validación desde ventanillas como medio ambiente, Protección Civil, la Agencia Catalana del Agua, equipamientos comerciales…

Ahora, con la nueva ley, de nuevo será el empresario el que podrá aportar estas certificaciones con profesionales acreditados de cada sector. Si la Administración no elabora los informes a tiempo, prevalecerán los redactados por el privado. Así, esperan rebajar de hasta doce meses a entre uno y dos los plazos para tirar adelante el planeamiento.

La simplificación llegará también a las autorizaciones ambientales. Cuestión sensible, el Govern insiste en que no se rebaja la exigencia en cuanto a la legislación ambiental. Pero sí suprime el trámite de “suficiencia e ideoneïdad”, que cambia por un modelo en el que el promotor ya deberá aportar toda la documentación necesaria. Y elimina el carácter “preceptivo y vinculante” del informe municipal.

El portavoz del Partido Riojano de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha reclamado el cese del concejal responsable del Plan General, Javier Martínez Mancho, por “devolver la revisión del planeamiento de Logroño a la casilla de salida tras la nefasta gestión realizada durante todo el mandato”, después de que la licitación quedara desierta.

“El alcalde debe cesar de forma inmediata al señor Martínez Mancho, que ha demostrado ser incapaz de sacar adelante un documento clave para desbloquear el desarrollo urbano de Logroño y planificar el futuro urbanístico de la ciudad a medio y largo plazo”, ha asegurado el portavoz riojanista.

Antoñanzas ha recordado que “el concejal está percibiendo casi 57.000 euros al año para agilizar la revisión del Plan General” y, según ha considerado, “no solo no ha cumplido ese objetivo, sino que además ha retrasado injustificadamente todo el proceso”.

El portavoz del Partido Riojano también ha cargado contra la gestión urbanística del equipo de Gobierno. “Conrado Escobar termina su mandato peor que lo empezó, sin ninguna estrategia ni modelo de ciudad. Ha bloqueado el Plan General, ha condenado a Logroño a no tener suelo para su desarrollo futuro y está gobernando a golpe de modificación urbanística para parchear su falta de planificación y saltarse todos los controles, como se ha hecho en Ramblasque”, ha declarado en rueda de prensa.

Antoñanzas ya advirtió hace dos años de que esta situación acabaría produciéndose cuando, en palabras de Antoñanzas, “el alcalde decidió romper la unanimidad del pleno para cambiar los criterios del Plan General usando el rodillo de su mayoría absoluta”. “Hoy se confirma que teníamos razón. El señor Escobar ha encadenado una decisión equivocada tras otra. Prorrogó el anterior contrato del Plan General desoyendo los informes técnicos y ahora ha tardado cinco meses en declarar desierto el nuevo contrato, mientras mantiene la Unidad de Urbanismo completamente descabezada”, ha afirmado el edil riojanista.

Reestructuración de Urbanismo

Antoñanzas ha planteado que la redacción de la revisión del Plan General sea asumida por la Unidad de Urbanismo, al considerar que “los técnicos municipales son los que mejor conocen la ciudad y cuentan con la experiencia necesaria para realizar este trabajo”. “Desde el Partido Riojano confiamos plenamente en la profesionalidad de la Unidad, en su capacidad técnica y en su independencia para elaborar un Plan General que responda a las necesidades reales de Logroño y al interés general, y no a los intereses económicos de unos pocos”, ha remarcado.

Para ello, ha abogado por una reestructuración integral del área mediante el refuerzo de la plantilla, la cobertura de todas las plazas vacantes, la convocatoria de nuevos puestos y el nombramiento de una nueva Dirección General. “Ante una situación de urgencia y excepcionalidad hay que buscar medidas complementarias que no pongan más trabas a una unidad que está sobrecargada de trabajo y con numerosas vacantes sin cubrir”, ha subrayado.

No sabemos muy bien qué hacer con los interbloques. Me refiero a esos espacios entre los bloques de vivienda que se construyeron como churros entre los años 50 y 80 en las periferias de las ciudades españolas. La urgencia era hacer muchas casas iguales, para trabajadores y familias iguales en una ciudad y una economía que crecían con rapidez. Entre los edificios se generaron vacíos, que hoy llamamos interbloques, cuya transformación está en plena pugna.

Para algunos, estos lugares encarnan la memoria de una vida compartida en la sociedad industrial: el eco de los juegos infantiles cuando había muchos niños y niñas, de las conversaciones entre ventanas, de una comunidad que parecía más compacta. Para otros, son espacios abandonados que reclaman orden, limpieza y atención institucional, una especie de deuda urbana con los barrios populares que aún no se ha saldado.

También hay quienes los viven como refugio: adolescentes que encuentran allí un lugar donde estar sin justificarse, charlar sin consumir, o rapear; familias que improvisan tiempos muertos, personas que no encajan del todo en otros espacios llenos de normas. Y, por último, está la mirada técnica, que los imagina como infraestructuras verdes, corredores climáticos, piezas que deben ser cosidas y asimiladas como otro espacio público dentro de una lógica mayor.

Estos imaginarios no son simplemente visiones distintas: son formas de habitar la ciudad que a menudo chocan entre sí. Donde unos ven abandono, otros ven libertad. Donde unos piden visibilidad y control, otros buscan intimidad y resguardo. Donde unos proyectan orden, otros reconocen vida y temen ser expulsados.

Ahí es donde el problema, en toda su diversidad porque cada barrio y cada interbloque es diferente, deja de ser técnico y se vuelve esencialmente político y urbano.

Estos espacios, con todas sus contradicciones, funcionan precisamente gracias a lo que no suelen tener: una definición cerrada. No están completamente programados ni completamente abandonados. Son, más bien, un umbral. Y en ese umbral sucede algo que la ciudad contemporánea, tan obsesionada con la claridad, a menudo ha olvidado cómo sostener.

A partir de ahí, lo que aparece no es un diagnóstico, sino una intuición: quizá el valor de estos lugares no está en lo que les falta, sino en lo que permiten.

Alguien cruza sin mirar, un joven distraído; una persona mayor que parece enfadada se queda más tiempo del previsto; un grupo ocupa un rincón y hace botellón; otro lo evita y prefiere cuidar un jardincillo. Hay muretes que son bancos improvisados donde las parejas se besan y sombras que funcionan como refugio momentáneo del sol para personas de todas las edades. Nada de esto estaba escrito ni diseñado, y sin embargo todo ocurre con una naturalidad obstinada.

La ciudad, en estos intersticios, parece recordarse a sí misma que no todo puede ser decidido de antemano.

Sin embargo, la tentación de intervenir es fuerte. De abrir, de iluminar, de ordenar, de hacer legible cada metro cuadrado. De convertir estos espacios en algo reconocible: una calle, una plaza, un parque tal y como los imaginamos y los hacemos en otras partes de la ciudad. Ciertamente, el Ayuntamiento debe decidir cuál es su papel y actuar, porque hay necesidades reales —accesibilidad, mantenimiento, cuidado— que no pueden ignorarse. Pero en ese gesto, si no se mide bien, se corre un riesgo sutil: que se traduzca el lugar a otro lenguaje, más claro, sí, pero menos fértil.

Porque aplicar recetas sin matices no solo elimina la ambigüedad, sino la posibilidad de lo inesperado, de que surjan nuevas formas de sociabilidad.

Tal vez por eso estos espacios nos remiten al bosque de Sueño de una noche de verano. Allí, en medio de la noche, las jerarquías se disuelven, los roles se confunden y lo improbable sucede. No es un mundo sin reglas, sino un lugar donde las reglas no son las de siempre. Donde la ciudad —o su reflejo— se permite experimentar otras formas de relación, de conflicto, de deseo.

Algo parecido ocurre aquí. En estos claros urbanos, lo cotidiano adquiere una ligera extrañeza: no todo está previsto, no todo está vigilado, no todo está resuelto. Y, sin embargo, la vida sigue ocurriendo, a veces con fricciones y pequeños conflictos precisamente por esa falta de definición.

La cuestión, entonces, no es cómo domesticar ese bosque, sino cómo acercarse a él sin disipar su magia. Cómo intervenir sin convertirlo en un lugar de paso indiferenciado. Cómo mantener un espacio que deja de ser privado o comunitario para ser público, sin reducir la diversidad de lo público, sin anular su apropiación. Cómo garantizar derechos sin eliminar el margen de lo inesperado. ¿O no puede ser público un espacio que permita resguardo e intimidad, que ofrezca cierta reserva y protección? Dicho de otro modo: ¿sólo puede ser privado un lugar que se proteja de la exposición y la transparencia?

Quizá la respuesta no esté en decidir qué deben ser los interbloques, sino en aceptar que su potencia reside en no ser del todo una cosa. En permitir que la ciudad, por un instante, se abra a lo que no controla. Esta función social tan libre requiere renovar la función pública y pensar mucho desde el Estado para comprender y distinguir unos lugares de otros y unas actuaciones de otras.

A fin de cuentas, en esos lugares —entre bloques, entre normas, entre usos— se juega algo más que su diseño. Se ensaya, de forma imperfecta pero necesaria, la posibilidad de convivir en la diferencia.

Y como en el sueño de Shakespeare, al amanecer siempre llega la tentación de poner orden, de aclarar lo ocurrido, de fijar significados. Tal vez convenga recordar que algo de lo que allí sucede solo puede existir mientras permanece, al menos un poco, en la penumbra.

Gonzalo Navarrete Mancebo es responsable de innovación pública y socio en Traza