El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto al concejal de Urbanismo, Iñigo López-Araquistáin, ha detallado esta mañana el proyecto de remodelación de la calle Doctores Castroviejo, que será aprobado en los próximos días por la Junta de Gobierno Local junto con la puesta en marcha de la licitación de las obras de ejecución.

El proyecto, presentado y consensuado con vecinos y vecinas, así como con el entramado comercial y hostelero del entorno, contempla también la reurbanización de la calle Juan XXIII, en el tramo comprendido entre Doctores Castroviejo y avenida Solidaridad.

“Esta intervención da continuidad a la realizada en la calle Beti Jai y su conexión con la Glorieta del Doctor Zubía y supone un nuevo paso en la hoja de ruta marcada por el Gobierno local para la regeneración urbana y comercial del Paseo de las Cien Tiendas, con materiales de máxima calidad y un diseño que conjuga modernidad con respeto a nuestro patrimonio”, ha señalado el alcalde.

La intervención contempla la renovación completa del pavimento y de las redes de saneamiento, abastecimiento, riego y alumbrado, así como la instalación de elementos de mobiliario urbano, una zona de recreo infantil, señalización y control de accesos.

Contempla también la redistribución del espacio público disponible para incorporar nuevos espacios ajardinados, con más árboles y zonas arbustivas que aportarán más sombra y confort al recorrido peatonal.

La Junta de Gobierno Local aprobará en los próximos días el proyecto y el pliego de licitación para la contratación de estas obras, que contarán con un importe máximo de 3.138.065,68 euros (IVA incluido). La previsión es que la actuación se inicie a principios de 2027 y tengan una duración estimada de 15 meses.

El proyecto de remodelación de Doctores Castroviejo y el tramo mencionado de Juan XXIII ha sido realizado por un equipo multidisciplinar formado por ingenieros, arquitectos y paisajistas y coordinado y dirigido por la Unidad de Arquitectura y Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Logroño. “Al igual que en intervenciones anteriores, como las realizadas en la Glorieta del Doctor Zubía y en la calle Beti Jai, también en las Cien Tiendas, continuamos con una fórmula de trabajo basada en la coordinación de diferentes unidades técnicas, tanto municipales como del ámbito privado”, ha detallado el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin.

“Con este nuevo paso continuamos avanzando en la regeneración del Paseo de las Cien Tiendas, que poco a poco irá ganando vida y movimiento comercial con la cercana finalización de dos importantes proyectos para el entorno, como son la promoción de viviendas donde antes se ubicaba el Colegio Hermanos Maristas y la nueva residencia universitaria”, ha añadido Escobar.

Renovación de pavimento, red de servicios y nuevas zonas verdes y de ocio

La actuación en la calle Doctor Castroviejo dará continuidad a la intervención realizada en la calle Beti Jai y en su conexión con la Glorieta del Doctor Zubía, con materiales y criterios de construcción similares.

Las obras proyectadas requieren la demolición completa de pavimentos, soleras y capas de ambas calles para el posterior suelo granítico, formado por losas y adoquines de diferentes medidas. Jugando con sus dimensiones, disposición o color se configurarán y delimitarán los diferentes espacios.

Para el cruce de las calles Doctores Castroviejo y Juan XXIII se prevé un diseño singular con una geometría circular alrededor de una pieza central grabada en bajo relieve con el escudo de la ciudad.

En cuanto a las redes de servicios, se retirarán todos los tramos de tuberías de fibrocemento para el suministro de agua, se creará una nueva red separativa de aguas residuales y pluviales y las acometidas domiciliarias existentes se sustituirán por otras nuevas.

Para facilitar el futuro soterramiento de las líneas aéreas existentes, se proyectarán las canalizaciones subterráneas para la red de media tensión y baja tensión. El proyecto incluye la reposición de toda la infraestructura asociada a la red municipal de fibra óptica (cámaras para el control de accesos, etc.), así como las renovaciones necesarias para las redes de gas y telecomunicaciones, ambas en buen estado.

Se realizará la renovación completa de las instalaciones de alumbrado público y la instalación de nuevas luminarias de tipo LED. Debido a su singularidad y funcionalidad, se aprovecharán los brazos de sustentación de las farolas que están anclados a las fachadas de los edificios, aunque se contará con una partida presupuestaria para renovar su estado general y su pintura.

“El mobiliario urbano es otro elemento que dará un nuevo atractivo a este importante centro de actividad comercial, por lo que se ha hecho una selección cuidadosa”, ha destacado el concejal de Urbanismo.

En este sentido se instalarán nuevos bancos prefabricados de hormigón con luces ambientales de tipo LED, jardineras de geometría esférica en diferentes tamaños, fuentes, papeleras, aparcabicis y una pequeña zona de juegos infantiles en la calle Doctores Castroviejo, formada por una “casita-coche” y unas semiesferas de caucho de colores.

El ajardinamiento de la calle también será protagonista con la creación de nuevos y amplios alcorques que albergarán el arbolado existente u otro nuevo que aporte valor paisajístico y medioambiental. También se instalarán parterres y jardineras ocupando una franja aproximada de dos metros de anchura en la calle Doctores Castroviejo y de tres metros en Juan XXIII.

“De este modo, la actuación reforzará el tejido arbóreo de esta zona peatonal y comercial, mejorará el confort climático y consolidará una imagen urbana más amable y sostenible”, ha destacado el concejal López-Araquistáin.

Todas las plantaciones dispondrán de una red de riego localizado mediante goteo, sectorizada según las necesidades de cada estrato vegetal.

La vía mantendrá la prioridad peatonal frente al resto de usuarios. La circulación de tráfico rodado sólo se permitirá por la calle Doctores Castroviejo, con un único sentido de circulación y velocidad máxima limitada a 20 km/h (10 km/h para las bicicletas y resto de VMP). Se eliminará, por lo tanto, la entrada por Juan XXIII y quedará restringida la circulación de vehículos por este tramo de calle a la atención de emergencias.

La entrada de vehículos se realizará por la calle General Vara de Rey con control de accesos mediante cámaras, tal y como está regulado actualmente.

Finalmente, se contempla que la calle Doctores Castroviejo albergue, en un lugar por determinar, el busto del Dr. Castroviejo que actualmente se encuentra en la Glorieta del Doctor Zubía.

PP y Vox han sacado adelante en la Asamblea de Extremadura la convalidación del decreto-ley de urbanismo aprobado por la Junta el pasado 28 de julio, una reforma que busca aumentar la capacidad para construir viviendas y acortar los trámites urbanísticos. PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra y han reclamado que la norma se tramite como proyecto de ley para poder modificarla, entre otras cosas porque consideran que algunas de sus medidas reducen controles públicos y dan más margen a los promotores privados.

Una de las novedades con mayor impacto sobre la capacidad constructiva afecta a las terrazas cubiertas. El decreto establece que las que no superen el 30% de la superficie total de una vivienda no computarán a efectos de edificabilidad. En la práctica, esa superficie deja de consumir parte de la capacidad edificatoria de la parcela, lo que puede permitir aprovecharla para construir más superficie residencial y, cuando el resto de parámetros urbanísticos lo permita, más viviendas.

La medida no se limita a la vivienda protegida. El decreto establece además una prima específica para este tipo de vivienda: la edificabilidad podrá incrementarse excepcionalmente hasta un 20% en determinadas parcelas privadas y hasta un 30% cuando sean de titularidad pública, siempre que el incremento se destine íntegramente a vivienda protegida.

Es precisamente esta combinación de más capacidad constructiva y menos trámites la que la oposición cuestiona. El socialista Juan Ramón Ferreira ha acusado al Gobierno autonómico de “desregularizar el planeamiento urbanístico” para dejar los municipios “en manos de los promotores” y ha reclamado que se escuche a los alcaldes antes de modificar las reglas con las que se desarrollan sus ciudades y pueblos.

Más suelo y cambios de uso

El decreto introduce también los Proyectos Estratégicos para Vivienda Asequible, una nueva vía para desarrollar con mayor rapidez suelo destinado a vivienda protegida. La herramienta concentra en un mismo procedimiento distintos instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanística con el objetivo de reducir los plazos necesarios para poner esos terrenos en el mercado.

La reforma permite asimismo que determinados suelos y edificios destinados a usos terciarios puedan pasar a acoger vivienda protegida cuando se den las circunstancias previstas por la norma. El objetivo es aprovechar terrenos o inmuebles para los que no existe demanda suficiente para el uso terciario y evitar, en determinados casos, que sea necesario modificar previamente el planeamiento urbanístico.

En el caso de los edificios de vivienda colectiva, la norma contempla también el cambio de uso residencial de determinados locales u otros elementos privativos que tenían uso terciario, siempre que las viviendas resultantes cumplan las condiciones urbanísticas y técnicas exigidas. No supone, por tanto, que cualquier local comercial pueda convertirse automáticamente en vivienda.

La oposición ha puesto el foco en la forma de acreditar esa falta de demanda de uso terciario y en el riesgo de que decisiones que afectan al planeamiento municipal queden condicionadas por las necesidades de quienes promueven vivienda.

Menos licencia y más certificación privada

Otro de los cambios más relevantes afecta a la primera ocupación de los edificios. El decreto sustituye la licencia de primera ocupación por una declaración responsable. Esto permite que el inmueble pueda utilizarse desde la presentación de la documentación exigida, aunque el ayuntamiento mantiene después la obligación de comprobar que se cumplen las condiciones y puede realizar las inspecciones correspondientes.

Para Unidas por Extremadura, esta fórmula plantea dudas sobre hasta dónde llega la reducción de controles. Su diputada Alba Soto ha advertido de que “agilizar” no puede significar reducir el control público y ha reclamado distinguir entre eliminar burocracia innecesaria y rebajar las garantías administrativas.

El decreto crea además las Entidades de Certificación Urbanística (ECU), entidades privadas autorizadas para comprobar determinados proyectos y documentos y certificar su adecuación a la normativa. La Junta sostiene que servirán como apoyo técnico para acelerar expedientes sin sustituir las competencias de los ayuntamientos.

La oposición ve, sin embargo, el riesgo de que se genere una doble velocidad en la tramitación urbanística. Ferreira ha cuestionado que un promotor con capacidad económica pueda recurrir a una entidad privada para acelerar sus expedientes mientras otros tengan que esperar a unos servicios públicos que, según ha denunciado, están “saturados y faltos de personal”. Soto ha planteado una crítica similar y ha reclamado que la reforma se tramite como proyecto de ley para poder debatir y modificar sus medidas.

PP y Vox defienden que hay que construir más

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha defendido el decreto como una respuesta a una situación que considera evidente: la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes, y los municipios se encuentran con procedimientos urbanísticos demasiado lentos para poner suelo en el mercado.

El Gobierno extremeño sitúa por ello la simplificación urbanística como eje de la reforma y sostiene que la reducción de plazos y trámites permitirá aumentar la oferta residencial.

El PP ha respaldado esta argumentación. Su diputado Juan Luis Rodríguez Campos ha acusado al PSOE de hacer una «pirueta» para justificar su rechazo a una norma que, según ha defendido, responde también a demandas planteadas por alcaldes socialistas para poder aprobar planeamiento y poner suelo a disposición de los ciudadanos con mayor rapidez.

Vox, por su parte, ha defendido una reforma más profunda del modelo de vivienda. Ángel Pelayo ha responsabilizado a «años de equivocadas políticas de izquierda» de las dificultades para acceder a una vivienda y ha reclamado la derogación de la Ley estatal de Vivienda.

El diputado de Vox ha defendido que para solucionar el problema es necesario disponer de suelo, hacer viables las promociones y reducir los tiempos administrativos, pero también garantizar «márgenes suficientes» para que administraciones, cooperativas, promotores y particulares puedan tomar decisiones que hagan posible la construcción de nuevas viviendas.

PSOE y Unidas han coincidido en que la necesidad de aumentar la oferta de vivienda no justifica, a su juicio, aprobar por decreto y sin tramitación parlamentaria ordinaria cambios que afectan al planeamiento de los municipios. Por ello han pedido que el texto se tramite como proyecto de ley, una petición que PP y Vox han rechazado junto con la convalidación de la norma.

Las barricadas levantadas en París en 1848 fueron una reescritura instantánea de la sintaxis urbana: donde había circulación apareció la frontera y en aquellos lugares en los que la ciudad prometía continuidad, la interrupción adquirió forma de resistencia colectiva. Más de siglo y medio después, en la primavera de 2011, la Puerta del Sol de Madrid se convirtió en salón, comedor, dormitorio y ágora de una ciudadanía que decidió habitar de otro modo el corazón simbólico de la capital.

En Ottawa, durante el invierno de 2022, una hilera de camiones transformó el asfalto en infraestructura de bloqueo a través de una arquitectura móvil convertida deliberadamente en inmóvil. En Brasilia, campamentos y ocupaciones alteraron el paisaje monumental de la Explanada de los Ministerios, concebida por Oscar Niemeyer y Lúcio Costa como una de las grandes escenografías modernas del poder. Y en Buenos Aires, desde 1977, las Madres de Plaza de Mayo se manifiestan bajo un giro repetido alrededor de la Pirámide de Mayo que es un gesto coreográfico de resistencia, una liturgia caminada que reclama la plaza como territorio de memoria. En todos los casos, reseñables localizaciones de la ciudad se transforman en espacios de protesta dando visibilidad a las necesidades de sus ciudadanos.

¿Quién manda en una plaza? ¿La administración que regula su uso? ¿El negocio que extiende sus mesas hasta ocupar el espacio disponible? ¿El visitante que la atraviesa? ¿La policía que delimita sus perímetros? ¿La arquitectura que ha predispuesto sus recorridos, sus vacíos y sus lugares de permanencia? ¿O quienes viven alrededor de ella?

La protesta urbana, además de demandar derechos, redefine los espacios de la ciudad. A veces lo hace con materiales explícitos como barricadas, vallas, tiendas, vehículos… y otras, con elementos aparentemente modestos como una mesa, una silla plegable, una asamblea, un círculo de caminantes o una comida compartida. Pero en todos esos gestos hay una operación arquitectónica. Se altera la función de un lugar y, con ello, su significado.

La ciudad contemporánea suele presentarse como un dispositivo de disponibilidad continua. Se circula, se consume, se observa, se fotografía. Todo parece preparado para que el tránsito no se interrumpa y para que la experiencia urbana sea fluida, rentable y legible. En ese marco, cualquier detención colectiva adquiere una potencia inesperada.

La protesta como intervención del espacio

Las barricadas de París en 1848 no fueron una corrección radical, aunque efímera, de la cartografía cotidiana. Las calles, organizadas para conectar puntos, transportar mercancías y asegurar el control territorial, se reconvirtieron en líneas de separación. La ciudad dejó de ser un mecanismo de movilidad para convertirse en un campo de posiciones.

Aquella condición provisional mostró que la arquitectura no empieza ni termina en los edificios. También está en la forma de organizar los cuerpos en el espacio, en la posibilidad de abrir o cerrar un paso, en la decisión de convertir una avenida en una frontera o una plaza en un espacio de deliberación.

Los usos que consideramos naturales son el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales sedimentadas en el tiempo

El 15M volvió a mostrar en España esa capacidad. La Puerta del Sol fue reprogramada. El kilómetro cero de Madrid, espacio turístico, comercial, institucional y mediático se convirtió durante unas semanas en una ciudad dentro de la ciudad. Había lugares para dormir y comer, pero también para debatir, informar, prestar asistencia, organizar tareas y producir mensajes. La acampada superpuso un orden provisional al establecido.

Su importancia espacial mostró que los usos que consideramos naturales no lo son. Son el resultado de decisiones políticas, económicas y culturales sedimentadas en el tiempo.

Toda ocupación revela así una diferencia fundamental entre espacio público y espacio de uso público. Una plaza puede pertenecer jurídicamente a todos y, sin embargo, estar sometida a mecanismos que seleccionan quién puede permanecer en ella, durante cuánto tiempo y haciendo qué. Puede estar limpia, iluminada y cuidadosamente diseñada y, al mismo tiempo, resultar extrañamente ajena a quienes viven a su alrededor.

Cenar en la calle

Esta tensión entre espacio público y espacio disponible para el consumo apareció este verano en el Passeig del Born de Palma. Por segundo año consecutivo, la asociación Brunzit convocó durante julio y agosto los Sopars a la Llesca, una serie de encuentros en los que cientos de vecinos acudieron a distintas plazas con sillas de casa, pareos y comida para cenar juntos al aire libre.

La sencillez del gesto contiene toda una declaración urbana. Frente a unas terrazas que, según denuncia la organización, han llegado a ocupar hasta 130 metros cuadrados del Born y que se dirigen crecientemente a un visitante con una capacidad de gasto alejada de la de muchos residentes, los vecinos responden ocupando la calle.

No hay barricadas ni estructuras defensivas. Apenas unas sillas, comida y cuerpos que deciden permanecer.

La disputa que está en juego es quién tiene derecho a permanecer en los espacios centrales de una ciudad cuando su valor económico comienza a imponerse sobre su valor de uso.

Esa tensión entre propiedad, vivienda y derecho a la ciudad adquiere otra escala en las ocupaciones del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) en Brasil. En São Bernardo do Campo, en el área metropolitana de São Paulo, la Ocupación Pueblo Sin Miedo llegó a reunir a miles de familias sobre un terreno que llevaba décadas abandonado por una constructora privada.

Allí la reivindicación consistía en poder habitar la ciudad. El movimiento reclamaba que aquel suelo se destinara a vivienda social.

Ambos ejemplos señalan la existencia de espacios cuyo valor de cambio termina prevaleciendo sobre las necesidades de quienes habitan la ciudad.

Ocupar para que un lugar no desaparezca

En Lützerath, Alemania, la lógica fue distinta. Allí la ocupación pretendía impedir que un lugar de la ciudad dejara de existir.

Este pequeño núcleo de Renania del Norte-Westfalia había sido adquirido y despoblado para permitir la ampliación de la mina de lignito de Garzweiler. Cuando sus habitantes abandonaron progresivamente el lugar, activistas climáticos ocuparon algunas construcciones y levantaron alrededor de ellas casas en los árboles, pasarelas, barricadas y túneles.

La arquitectura adquirió entonces una condición bajo la cual se construía para impedir una demolición. Levantar estructuras provisionales servía para prolongar la existencia de otras permanentes.

En enero de 2023, la policía desalojó a los últimos activistas. Pero durante un tiempo aquellas construcciones precarias modificaron la naturaleza del conflicto. El debate sobre la extracción de carbón y los compromisos climáticos alemanes dejó de ser únicamente una discusión energética para adquirir una forma visible y territorial.

Son arquitecturas de urgencia, pero su provisionalidad no significa ausencia de pensamiento. Al contrario, obliga a resolver en poco tiempo algunas de las preguntas más elementales de la arquitectura

Muchas protestas contemporáneas operan precisamente así. Construyen campamentos, cocinas colectivas, refugios, pasarelas, torres de observación, puntos de información o estructuras defensivas. Son arquitecturas de urgencia, pero su provisionalidad no significa ausencia de pensamiento. Al contrario, obliga a resolver en poco tiempo algunas de las preguntas más elementales de la arquitectura. Cómo protegerse del clima, reunirse, cocinar, dormir, almacenar, vigilar o resistir.

Madera, cuerdas, lonas, palés, cartón, ramas, barro, plástico, tubos metálicos. Desde fuera, estos asentamientos pueden parecer poblados improvisados o escenografías construidas con aquello que estaba disponible. Sin embargo, pertenecen a una genealogía más amplia de arquitecturas ligeras y autoconstruidas que durante el siglo XX encontró expresiones muy diversas, desde las cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller y las membranas de Frei Otto hasta las experiencias de la contracultura de los años sesenta.

Publicaciones como Whole Earth Catalog difundieron entonces una idea que excedía ampliamente la construcción a través de determinadas herramientas y conocimientos que podían devolver a las personas la capacidad de intervención sobre su propio entorno.

Esa herencia reaparece, transformada, en colectivos como Tools for Action, fundado en Berlín por el artista Artúr van Balen. Sus grandes esculturas inflables, concebidas para manifestaciones y acciones colectivas, muestran hasta qué punto una arquitectura puede ser eficaz precisamente porque no aspira a permanecer. Aparece, transforma durante unas horas la percepción de un lugar y desaparece.

Construir mientras se protesta

La arquitectura de la protesta pertenece casi siempre a ese tiempo breve. Su función consiste en hacer posible una situación.

Un campamento obliga a tomar decisiones que en la ciudad consolidada permanecen normalmente delegadas en el planeamiento, la normativa, el mercado o la administración. ¿Dónde se duerme? ¿Dónde se cocina? ¿Quién cuida? ¿Cómo se organiza una asamblea? ¿Quién decide dónde empieza y termina el espacio común?

Es entonces cuando la protesta deja de ser solamente una expresión de desacuerdo y se convierte, durante un tiempo limitado, en un ensayo de ciudad.

Hannah Arendt vinculó la política a la aparición de los individuos ante los otros: el espacio público existe allí donde las personas se reúnen mediante la palabra y la acción. La plaza ocupada, la calle bloqueada o el campamento levantado en un terreno abandonado materializa de una manera extraordinariamente literal esa intuición. Una colectividad se hace visible, toma la palabra y adquiere una presencia que antes no tenía.

La ciudad aparece como algo más que una suma de edificios e infraestructuras. Es también el medio mediante el cual una sociedad establece quién puede aparecer, dónde y bajo qué condiciones

La ciudad aparece entonces como algo más que una suma de edificios e infraestructuras. Es también el medio mediante el cual una sociedad establece quién puede aparecer, dónde y bajo qué condiciones.

Cuando una multitud ocupa una plaza deja, por unas horas o unos días, de ser simplemente usuaria de un espacio diseñado y regulado por otros. Modifica sus recorridos, establece nuevos centros, construye límites, organiza lugares para hablar, comer o dormir. Es temporalmente autora de otra disposición posible.

De ahí que la dimensión visual de las protestas resulte inseparable de su dimensión espacial. Pancartas, grafitis, colores, disfraces, músicas, objetos inflables o coreografías construyen su presencia. Permiten que una demanda adopte una forma sensible y que individuos dispersos aparezcan ante la ciudad como un cuerpo colectivo.

Quizá por eso las protestas permiten observar las plazas de una manera particularmente precisa. La arquitectura establece límites, el planeamiento asigna funciones, la administración dicta normas y el mercado atribuye precios. Pero ninguno de ellos consigue clausurar por completo el significado de un lugar. Siempre permanece abierta la posibilidad de usarlo de una manera que no estaba prevista.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria tramita la construcción de un hotel rural de quince habitaciones con piscina en Tagle (Suances) sobre suelo rústico. Una parcela segregada pediente de autorización de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria) que aún no está inscrita en el castastro, según explica la documentación sometida a información pública que notifica el Boletín Oficial de Cantabria.

El establecimiento hostelero se edificará sobre una superficie de casi 900 metros cuadrados en dos plantas con sótano, configurado por dos alas entorno a un patio frontal coronado con cubierta a dos aguas. En la planta baja habrá cinco habitaciones, salón acristalado con acceso a una terraza exterior y recepción. Las otras diez habitaciones con terraza se ubican en el piso superior.

El proyecto contempla instalar una piscina exterior, zonas de terraza, jardines, arbolado y aparcamiento.

El proyecto, registrado por un particular de la zona, aspira a aprovechar las ventajas turísticas de Suances con “un edificio abierto al paisaje, en el que junto con la oferta de alojamiento se ofrezca al cliente la experiencia de descubrir el litoral de Suances, hoy incluido en el Geoparque Costa Quebrada”, una excepcional joya natural incluida en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, explica el proyecto.

La edificación se ha diseñado un mirador para que “el cliente se conecte con el territorio mediante terrazas y miradores que le permitan disfrutar de las vistas que ofrece la parcela hacia las islas por el este, hacia Picos de Europa por el oeste, y hacia la mar por el norte”.

Este hotel se une a otros proyectos de alojamientos turísticos sobre suelo rústico tramitados a lo largo de este año. Entre ellos, dos establecimientos en Liencres de 6 y 8 apartamentos turísticos, y otro edificio de cuatro apartamentos con piscina en Valdáliga.

En el vacío de agosto, cuando muchos vecinos se aíslan por vacaciones, los negocios cierran y la actividad política se suspende, aún queda margen para algunos movimientos administrativos. Este mismo lunes, el Ayuntamiento de Madrid ha publicado en su boletín oficial (el BOAM) una resolución del pasado 13 de agosto, que modifica entre otras cuestiones el espacio disponible para instalar terrazas en la plaza de Salvador Dalí, distrito de Salamanca: la superficie permitida pasa de 456,24 a 528,13 metros cuadrados, ampliando en casi 72 metros cuadrados los disponibles para estos negocios. Es decir, un 15% más que antes.

El consistorio explica en su resolución que, actualmente, el espesor del suelo es “insuficiente” para anclar las sombrillas en las terrazas de forma estable y segura, puesto que bajo sus pies se extiende un aparcamiento subterráneo. De ello advirtieron los hosteleros de la zona al solicitar autorizaciones para sus veladores, y el Ayuntamiento asegura haberlo constatado durante las obras para renovar la plaza, que concluyeron el pasado mes de mayo después de una ambiciosa inversión de 1,5 millones de euros para mejorar su accesibilidad, reparar el pavimento o pulir la zona circular donde se ubica el monumento al artista de Figueres.

A nivel técnico, esta última publicación en el BOAM modifica un estudio de ordenación conjunta (EOC) publicado en 2023 tanto para la plaza como en la Avenida de Felipe II, ambas colindantes. Fuentes municipales consultadas por Somos Madrid recuerdan que la modificación anunciada aún se encuentra en trámite de información pública y solo afecta a un área concreta del EOC, la Zona 2, que abarca 5.120 metros cuadrados de la plaza de Salvador Dalí.

Con la modificación de agosto, las terrazas en ese área podrán ocupar hasta 71,89 m² más de superficie que en la previsión de hace tres años, y sus sombrillas pasan de tener que estar ancladas al pavimento a una preferencia por los modelos móviles, con idea de que la condición del suelo no perjudique su uso. Desde el equipo municipal insisten en que nada de esto supondrá un aumento del aforo en las terrazas, y se respetará el itinerario actual añadiendo únicamente “el espacio necesario para garantizar la estabilidad de los separadores móviles”. Es decir, los 50 centímetros extra al fondo de las terrazas.

La superficie máxima de la banda destinada a los veladores también crece 50 centímetros: de los 3,60 metros de ancho permitidos, que ya estaban ocupados por dos filas de mesas y sillas, se pasa a 4,10 metros para que el espacio restante sea el que albergue los separadores móviles con jardineras. Estos ya estaban permitidos por la normativa anterior, aunque los hosteleros notificaron que con esa disposición no quedaba hueco para incluirlos sin prescindir de otro mobiliario.

No aumenta el aforo, pero sí el uso privativo

La diferencia puede parecer pequeña sobre el plano, pero tiene consecuencias sobre la superficie de uso privativo. Aunque el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida hace hincapié en que este aumento de suelo útil “no conlleva un incremento del aforo” en las terrazas, dado que servirá para abrir hueco a elementos de separación, la vía pública en este tramo quedará ligeramente reducida, dejando menos espacio al peatón.

En la regulación de 2023, la Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración (que pertenece al Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias) estipuló un diseño específico para concentrar los veladores en una banda de la plaza, frente a los establecimientos, y mantener un itinerario peatonal continuo junto a las fachadas y otro en el centro. Ahora, los nuevos separadores deberán incorporar una jardinera de hasta 50 centímetros de anchura para garantizar su estabilidad y podrán colocarse en los laterales o en el fondo del velador, dejando un acceso de al menos 1,80 metros y manteniendo siempre liberada la entrada principal.

Otro cambio estipulado tiene que ver con las sombrillas, que ahora podrán disponerse en una única fila de hasta 4,10 metros, o bien en dos filas separadas con 2,05 m cada una. En ambos casos, si se instalan al fondo de la terraza deberá liberarse el mismo espacio que con los separadores para facilitar el paso. La modificación contiene, asimismo, una cautela relacionada con los usos de la plaza: ninguno de los elementos de las terrazas en la zona afectada podrán quedar anclados al pavimento, ni se autorizarán elementos industriales permanentes.

“En caso de evento, la plaza debe quedar libre de obstáculos”, se detalla en la modificación aprobada este mes de agosto, que ofrece a su vez un período de adaptación más largo para los negocios que ya tenían autorización: el plazo pasa de un mes a tres meses, algo que el Ayuntamiento defiende aludiendo a que el tiempo inicial era escaso para completar todos los trámites administrativos que eran necesarios. Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, que lidera el edil Borja Carabante, no responden por el momento las preguntas trasladadas por este periódico. Tres años después de la ordenación que delimitó los veladores de Salvador Dalí, la fotografía completa ha cambiado ligeramente.

El Ayuntamiento de Logroño asegura estar avanzando en la realización de las aceras del Camino de Canicalejo, en el barrio de Varea de la ciudad. Un trabajo que, como ha señalado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se espera “que sea una realidad” a lo largo de 2027. El proyecto para estas obras se aprobó en julio de 2022, junto antes del cambio de gobierno local.

Cinco años despues, la portavoz del Gobierno de La Rioja, Celia Sanz, ha explicado que van a “convocar el próximo 15 de octubre a los propietarios de las cuatro parcelas afectadas, de cara al proceso de expropiación forzosa previa a la próxima creación de esta infraestructura”. Sanz ha recordado que la construcción de las aceras del Camino de Canicalejo, que conecta Varea con el Campo Municipal de Fútbol Ángel Aguado', “es una demanda histórica del barrio”, a la que “lo mismo que se han conseguido desatascar procedimiento y PERIs, se le da ahora un fuerte impulso”.

“Con el objetivo de continuar dando pasos administrativos para la próxima construcción de una acera que conecte ambos puntos y transforme este camino en una calle transitable del barrio”, se avanza en el proceso de expropiación forzosa. Para ello, se convoca a los afectados a esa reunión de octubre. Este acuerdo será notificado a los interesados mediante citación individual y a través de la publicación en dos diarios de la región y en el Boletín Oficial de La Rioja.

Es un paso “necesario” para un trabajo que cuenta ya “casi” con el proyecto terminado y “con partida económica que se introducirá en el Presupuesto de 2027”, según ha indicado Sanz, por lo que el Ayuntamiento prevé su “ejecución inmediata” en cuanto culminen los trámites, con idea de que “sea una realidad” el próximo año.

La polémica torre de 18 plantas que el Ministerio de Defensa quería levantar en El Viso, junto al Paseo de la Castellana, se aprobó cuando nadie parecía estar mirando: en pleno verano de 2025. Ha pasado un año desde entonces y la operación urbanística para centralizar oficinas al más puro estilo del Pentágono se ha diluido entre alegaciones vecinales, 88 en total; propiciando que el Ayuntamiento de Madrid diera marcha atrás en su aval y paralizara el proyecto aprobado unos meses antes. Pero los vecinos de este barrio acomodado, uno de los más exclusivos de la capital y donde el PP encadena varias mayorías, temen que aquel anuncio escondiera una cortina de humo para calmar las críticas y reactivar su construcción sin cambios sustanciales.

“Es importante saber si [el expediente] se ha archivado o no. El alcalde debería ser consciente, porque es abogado de Estado”, resalta Rafael Luque, abogado urbanista y presidente de la Asociación Perjudicados por la Torre de Defensa en Madrid. Esta organización de vecinos asegura haber presentado casi el 70% de las reclamaciones administrativas que paralizaron el proyecto cuando aún estaba en fase de alegaciones.

El pasado 11 de junio, su representante dirigió un nuevo requerimiento al Área de Carabante para solicitar el acceso al expediente remitido inicialmente por el Ministerio y aprobado luego por el departamento municipal, así como a los trámites intermedios y sobre todo el acta de paralización de ese plan especial, que aseguran haber conocido a través de Somos Madrid. “El Ayuntamiento no ha contestado a nuestras alegaciones [legalmente no tiene la obligación de hacerlo] y solo ha dicho a los medios que deberíamos hablar con Defensa para llegar a un acuerdo con ellos. Pero nosotros no tenemos que ir preguntando nada, ya lo hemos dicho todo en las reclamaciones: el consistorio es quien tramita el proyecto y les compete a ellos dar noticias a sus vecinos”, dice.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, aseguró un día después de que este periódico revelara el cerrojazo municipal que su equipo no aprobaría el boceto del Ministerio hasta que existiera un acuerdo con los residentes del entorno, dejando la pelota sobre el tejado de Margarita Robles. “No queremos hacer nada en contra de los vecinos”, garantizó Carabante, después de conocer las discrepancias respecto al posible impacto en la movilidad del barrio, uno de los argumentos más esgrimidos en las reclamaciones.

Esta misma semana, fuentes del Área de Urbanismo han insistido en esa misma idea. “No se va a aprobar el proyecto que presentó Defensa”, remarcaron desde Cibeles a preguntas de este periódico, a excepción de que antes se cierre un acuerdo con los vecinos y evitando aclarar si el Ministerio había presentado en este tiempo un segundo borrador que pueda haberse tenido en cuenta.

El plan del Ministerio de Defensa era levantar una torre de 60 metros de altura sobre una parcela que colinda entre las calles Joaquín Costa, Carbonero y Sol y el Paseo de la Castellana, en pleno distrito de Chamartín y cerca de otros edificios de gran altura, aunque a los pies de un barrio residencial. Este es ya uno de los puntos de gran ajetreo en la capital, pero la previsión es que una centralita de oficinas junto a la actual Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra –que mantendría sus aulas y talleres– concentre diariamente a cientos de trabajadores.

La previsión es extender el denominado “Pentágono español” sobre una parcela de 24.207 metros cuadrados de superficie, con unos 40.000 m² al alza para oficinas y 8.200 de alojamientos temporales para militares. Sin embargo, la asociación vecinal creada exclusivamente en contra de este proyecto alegó que el terreno escogido, del que el Ministerio de Defensa es el principal propietario, también se encuentra en un espacio blindado.

Según un informe emitido por el Área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, el número 6 de la calle Joaquín Costa está protegido desde el 28 de septiembre de 2023. En esa fecha, la parcela (incluida en el Grupo de Colonias de los Altos del Hipódromo) pasó a gozar de la categoría de BIC, un Bien de Interés Cultural. De hecho, entre las alegaciones presentadas al proyecto de Defensa llegó a sugerirse un posible fraude de ley en la calificación urbanística.

Como ocurrió con otras zonas dominadas electoralmente por el PP, el descontento en El Viso –un barrio tranquilo y adinerado– ha generado movimientos y rectificaciones municipales. Los vecinos, en sus inicios como asociación, llegaron a asesorarse por quienes antes habían creado una plataforma contra el ruido en el entorno del Santiago Bernabéu, donde la acumulación de denuncias llegaron a suspender conciertos masivos y obligaron al estadio a blindar acústicamente su estructura.

Otro ejemplo similar es el de Montecarmelo y su cantón de limpieza, cuyas obras llegaron a paralizarse por las críticas surgidas en este barrio acomodado de Fuencarral-El Pardo. Según datos recientes de Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el año pasado, aunque relativos a 2023, la media de las rentas brutas por hogar en el entorno de la calle de Joaquín Costa (donde se halla la parcela de Defensa) oscila entre los 90.000 y los 150.000 euros anuales, situándose en el 10% más rico de Madrid en base a los ingresos declarados por sus vecinos en el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Somos Madrid se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para conocer si este había presentado un nuevo proyecto o sopesado recurrir el bloqueo municipal, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha de esta publicación. Por su parte, otras voces de la asociación contra la torre temen que el ecuador de un nuevo verano sirva, como ya ocurrió en julio de 2025, para dar nuevos pasos y reactivar el proyecto. “Teniendo en cuenta la entidad del plan que tenían en mente, se me hace muy difícil creer que renunciarán tan fácilmente”, sentencia su presidente.

Red de itinerarios peatonales, aceras 1,80 metros de ancho, como mínimo, con pavimentos lisos y regulares, zonas de descanso cada 200 metros, bancos con respaldo y apoyabrazos. Repensar la ciudad para conseguir reducir su nivel de complejidad y hacerla más accesible para las personas mayores es un reto cada vez más presente en las agendas públicas. Las expertas enfatizan que el urbanismo es un factor determinante para prevenir la soledad no deseada, el deterioro cognitivo y unos niveles de disfrute que no deberían reducirse por el simple hecho de envejecer.

No existe una receta para conseguir que una ciudad sea amigable con las personas mayores. Es lo primero que dice Ana Fernández sobre los cambios necesarios para convertir entornos urbanos en espacios cercanos y seguros para un colectivo cada vez más numeroso. “La ciudad ahora mismo está pensada como una forma de facilitar el trabajo y la acumulación de capital, y la vejez es lo opuesto a eso, de ahí que existan tantas barreras”, explica la experta, una de las autoras de Arquitecturas del cuidado. Hacia un envejecimiento activista (Icaria, 2019).

Esta arquitecta va más allá de las barreras arquitectónicas que todavía permean los barrios para recalcar que el urbanismo juega un papel esencial en torno a la soledad no deseada que, en muchas ocasiones, experimentan las personas durante la vejez. “Que la vivienda no esté muy aislada y haya espacios intermedios entre la calle, el ruido y el bullicio y la casa facilita que la gente tenga intercambios y trabe relaciones con otras personas”, señala.

Las especialistas coinciden al sostener que una ciudad atractiva para las personas mayores se parece mucho a una ciudad atractiva para los niños pequeños, lo que también redundaría en un mayor disfrute para la población en general. “Que haya una mezcla equilibrada de usos y que no sean necesarios los desplazamientos largos ayudaría mucho a ello”, comenta Fernández. La coautora del libro, Irati Mogollón, coincide: “Aquí lo importante es preguntarse cómo una ciudad puede ser vivible en cada una de las fases de nuestra vida, así que lo primero es intentar integrar la diversidad de usos”.

Todo cerca y accesible

Esta socióloga menciona la ciudad de los 15 minutos como uno de los objetivos a lograr. Es decir, que en ese tiempo una persona pueda ver colmadas sus necesidades básicas, tales como poder acudir a un centro de salud, una biblioteca, un supermercado o una farmacia. Por otra parte, incide en la sensorialidad de las personas mayores: “Ante la sobreestimulación de muchas ciudades, muchas personas prefieren replegarse ante la vorágine”.

Mogollón sostiene que una posible solución es la creación de oasis climáticos y zonas de respiro, con plazas con sombra, y espacios verdes, en los que convivan niños jugando a la pelota y personas mayores paseando, sentadas en un banco y socializando. Además, lo más nimio que le puede parecer a cualquier otra persona, para aquellos más envejecidos puede suponer un impedimento. Esa es la razón por la que tantos ancianos caminan por el carril bici, porque así se aseguran de no tropezar, ilustra esta especialista.

Ahora detectamos que muchas ciudades no se han adaptado a las necesidades del itinerario vital de las personas

Mari Ángel López — Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España

En esa sobreestimulación también toma parte el color. “La cartelería exterior iluminada en las tiendas para mí debería ser ilegal. Esos destellos son muy agresivos para los mayores”, ejemplifica Mogollón. Todos estos aspectos los tienen muy en cuenta desde el Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Mari Ángel López, una de sus integrantes, defiende que las ciudades y los pueblos necesitan construir una “nueva capa histórica”: “Ahora detectamos que muchas ciudades no se han adaptado a las necesidades del itinerario vital de las personas”, adelanta.

Diseño urbano y democracia

Apuestan por el diseño, esa herramienta de transformación social y de inclusión que debe abarcar a todas las personas de todas las generaciones, tal y como lo definen. “Cuando una persona no puede acceder a su espacio más próximo, le impedimos generar memoria emocional y sentimientos vinculados a esos espacios”, reconoce López. En este sentido, apuesta por una red de itinerarios peatonales que conecten unos servicios públicos con otros, aceras de mínimo 1,80 metros de ancho con pavimentos lisos y regulares y zonas de descanso cada 200 metros. “Y ahí debería haber bancos adecuados, con reposabrazos y respaldo, y amplios, que permitan interactuar con los demás”, dice la experta.

“Según diseñemos nuestras ciudades, serán más o menos democráticas. Aquellas que no estén adaptadas a personas con cierta vulnerabilidad, estarán impidiendo que puedan disfrutar del espacio público”, considera la integrante del Observatorio 2030.

Para medir esta realidad, desde la Fundación para la Accesibilidad y la Responsabilidad Social (ARS) han desarrollado el certificado internacional de accesibilidad AIS. De esta forma, se verifica el grado de accesibilidad de un espacio. Su directora, Esther Bienes, explica que para que un espacio sea accesible debe cumplir numerosos aspectos en cinco áreas funcionales: itinerarios horizontales y verticales, comunicación e información, servicios y evacuación. Por ejemplo, en el caso de la información, quizá las pantallas digitales no sirven para las personas más mayores: “Mis padres ni se paran a mirarlas, no ven lo que hay escrito, ya sea por los reflejos o la falta de contraste, y eso también es accesibilidad”, precisa.

La cuestión de los bancos para descansar no es baladí. Bienes añade que las moles de granito rectangulares que ahora pueblan las calles de tantas ciudades, sin respaldo ni apoyabrazos, complican la vida a las personas mayores. “No tienen espacio ni recorrido para inclinar un poco los pies hacia detrás y hacer la fuerza necesaria y empuje hacia adelante”, relata la experta.

Alternativas residenciales

Elisa Pozo es arquitecta y cofundadora de Mita Atelier, un estudio especializado en cuidados y entornos para mayores. Esta especialista en planificación estratégica en el abordaje de los cuidados subraya que la prevalencia de demencia entre los mayores sigue aumentando. “Si existe un entorno seguro, la persona podrá seguir saliendo y mantener su vida social, activa, con las compras diarias y los quehaceres cotidianos, lo que favorece la prevención y que el deterioro cognitivo no vaya a más”, desarrolla.

Esta arquitecta destaca la “seguridad percibida” como uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta para crear una ciudad amigable con las personas mayores: “Existen vulnerabilidades, como la pérdida de masa muscular o el miedo a la desorientación, que crean cierto miedo a salir de casa”.

Asimismo, Pozo recuerda que, en muchas ocasiones, la vivienda deja de ser accesible a medida que una persona envejece. “A priori, todos queremos envejecer en nuestra casa, pero a veces no es posible por temas físicos o económicos, porque no nos podemos hacer cargo de ella en un contexto social en el que perdemos redes de proximidad, como los vecinos que cambian por culpa de la gentrificación”, se explaya. Es ahí donde deberían surgir alternativas a las habituales residencias. “Hacen falta políticas públicas que permitan innovar a entidades privadas y promotores y crear opciones de lugares para el envejecimiento que den respuesta a su diversidad de perfiles, porque no es lo mismo alguien de 68 que alguien de 81 años”, añade.

Fernández habla ahora más como ciudadana que como profesional: “Las personas mayores suelen mostrar una actitud bastante resistente a los cambios, tienen cierta dificultad a la hora de imaginar el futuro que se avecina y prefieren quedarse como están”. Esta arquitecta piensa que eso es un error: “Hay que empezar a hablar desde los 60 años de cómo vamos a querer nuestra vejez, si nuestra vivienda está adaptada a ello, si el barrio colmará nuestras necesidades, cómo queremos que nos cuiden”.

Caminar por la calle en verano se ha convertido en un juego de estrategia. Uno se desplaza pegado a las fachadas, espera unos metros más allá del paso de cebra, bajo un árbol, a que el semáforo se ponga en verde y, tarde o temprano, se ve obligado a cruzar una avenida expuesta a un sol sin tregua. Esto es así por el diseño actual de las ciudades. Pero podría ser de otra manera: la sombra podría ser un derecho.

Es lo que plantea el Departamento de Umbrología, con sede en Barcelona, un equipo interdisciplinar de investigadores que estudia la sombra desde el punto de vista de la antropología, la arquitectura, las ciencias ambientales, las artes, y propone intervenciones y políticas para desarrollar la vida a la sombra.

El Departamento –solo existen un par de iniciativas similares en el mundo–, parte de una premisa: nuestras ciudades son herederas del urbanismo solar del siglo XIX, que abrió calles y plazas al sol y redujo la presencia de las sombras. En el contexto de la emergencia climática, ese diseño es una trampa que dificulta habitar el espacio público durante los meses más cálidos.

La sombra es, en cambio, un refugio, que al contrario de muchas soluciones tecnológicas, “es fácil de construir, mundano, cotidiano, y tiene algo muy importante para la acción climática: su espíritu colectivo”, señala Tomás Criado, coordinador de este proyecto financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, y compuesto por cuatro socios barceloneses: los grupos CareNet y DARTS de la Universitat Oberta de Catalunya, el colectivo Arquitectura de Contacte, las ambientólogas y divulgadoras científicas de Nusos Coop y los artistas del Laboratorio de Pensamiento Lúdico.

La historia del Departamento comienza en 2024, cuando Arquitectura de Contacte instala A l’ombra del Trencadís frente a una escuela de la Rambla del Badal. La idea era poner el foco no solo en la sombra, “sino en lo que pasa dentro de ella”, explica Marc Sureda, uno de los arquitectos. Lo que comenzó como un refugio climático sobre un espacio de hormigón acabó convirtiéndose en un lugar de encuentro, juego y descanso para todas las edades.

Fue allí donde los antropólogos Tomás Criado y Santiago Orrego organizaron meses después una exploración ciudadana de los usos y formas de socialización de la sombra, como parte del taller La ciudad de las sombras, que acabaría dando origen al actual Departamento.

Empujar a los municipios

Esta entidad “ficticia” –no es, en realidad, una administración– ha creado una ordenanza, también ficticia, por el derecho a la sombra. Plantea que el acceso a espacios sombreados es una cuestión de justicia urbana y no solo de confort. El documento ofrece propuestas –que van desde los derechos laborales hasta limitar la ocupación privada del espacio público durante episodios de calor extremo– para que los municipios puedan testearlas, y para presionar a las administraciones públicas para que se hagan responsables.

“Tal vez algún municipio se atreva, y si tenemos la ordenanza y una serie de evidencias, tendremos unos hechos probados que nos servirán de material para poder empujar a más entidades públicas a tener que implementarlas”, explica Sureda.

Un proyecto inspirado en esta ordenanza es el desarrollado junto al Instituto de Salud Global en el campo frutal de Lleida, donde muchos trabajadores agrícolas, en su mayoría migrantes, trabajan en condiciones precarias y sin espacios adecuados para protegerse del sol. A partir del derecho laboral a la sombra, el Departamento ha diseñado prototipos móviles de refugio climático: uno para quienes recolectan fruta con maquinaria, equipado con agua fría, ventiladores, botiquines y ropa de protección, y otro para quienes trabajan a pie, con una sombra plegable incorporada a las escaleras a las que suben para recoger la fruta.

La ordenanza se nutre de investigaciones académicas, normativas urbanísticas, cartografías populares de las sombras –han creado un catálogo para darles identidad y poder pensarlas– y está anclada en lo que el Departamento ha denominado como “disputaciones a la sombra”, parlamentos en los que invitan a la ciudadanía a compartir sus “agravios umbralógicos”.

Durante el primero de estos encuentros, distintas entidades de Cardedeu (provincia de Barcelona, Vallès Oriental) se reunieron bajo una umbría construida a partir de unos andamios. Allí, los participantes volcaron sus preocupaciones climáticas: desde una persona mayor que en verano tiene que ir a comprar el pan a las doce del mediodía y recorre un camino insolado, hasta una asociación artística que actúa al aire libre y cuyo público se ve afectado por el calor.

Prototipos efímeros

Además de alimentar la ordenanza, estos debates bajo prototipos arquitectónicos efímeros pretenden servir como un modelo. La idea es crear un manual que permita a las organizaciones sociales –por ejemplo, una organización feminista que quiere reunirse para preparar su año lectivo– encontrarse y dialogar bajo unas condiciones de habitabilidad a la sombra. “En el urbanismo solar, no hay espacios públicos preparados para que las comunidades se autoorganicen”, explica Sureda: “Nosotros nos centramos mucho en el derecho a la sombra, pero las disputaciones son para disputar derechos sociales mucho más amplios”.

El Departamento busca instalar prototipos efímeros, sobre todo en aquellos lugares donde la vegetación no puede plantarse de manera rápida y eficiente. “Evidentemente, la sombra que más se aprecia es la vegetal”, dice Sureda, “pero nos interesa la sombra en esos espacios donde existen todas estas capas del subsuelo, el acabado de hormigón, la capa de cemento, un subsuelo lleno de cables y tubos, etcétera, que hacen improbable que puedan crecer árboles”.

Una de las perspectivas más innovadoras del Departamento es entender que la sombra no es únicamente una cuestión de grados. Aunque la entidad se viste de un aspecto formal o administrativo –utilizando conceptos como ordenanza o departamento–, Sureda y Criado insisten en que se trata, sobre todo, de especular, de imaginar cómo serían esas instituciones necesarias para la gestión democrática y comunitaria de la catástrofe climática. Para ello, señala Criado, es también necesario crear –o, más bien, recuperar– rituales y significados que nos vinculen emocionalmente con la sombra. “Hasta ahora, en Occidente, la sombra se ha atendido desde un punto de vista muy racional y técnico. No se ha atendido esa parte más comunitaria, que la sombra no solo permite, sino que favorece”, explica Sureda.

Al final, el Departamento de Umbrología no pretende únicamente que haya más sombras, sino que aprendamos a mirar la ciudad de otra manera. Pensar esa “ciudad de las sombras” es, en el fondo, una forma de empezar a imaginar otros saberes y modos de vivir.

Una 'tierra paralela' es un instrumento astronómico en forma de bola del mundo, que tiene que estar exactamente en la misma orientación en el espacio que el planeta tierra. Su eje norte-sur es paralelo y sirve para ver dónde es de día y de noche, como se va moviendo la tierra, observar si es de día o de noche, dónde anochece y dónde amanece e incluso la estación del año. El de 'tierra paralela' es un concepto científico relativamente reciente, pero el instrumento existe desde mucho antes.

La 'tierra paralela' más antigua que los científicos conocen, está desde 1933 en Santander, en los jardines de Piquío, en el Sardinero. Pero son escasas las personas que saben que esa antigua bola del mundo, recién restaurada, no es solo un adorno al que encaramarse o con el que tomarse fotos. Para que funcione, no se puede mover del lugar elegido. La bola del mundo de Santander es para Santander, está en su eje preciso y da información del mundo. Pero jamás esa bola, en sus 93 años de historia, ha contado con un letrero que explique qué es ni cómo usarla.

En la reinauguración de los jardines, en agosto de este año, Neila Campos, presidenta de la Agrupación Astronómica Cántabra (AstroCantabria) explicó in situ a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP) las peculiaridades de funcionamiento de la bola, como la lectura de la hora exacta o la fecha: “A la alcaldesa le expliqué esto de la bola, que no lo tenía muy claro, ella a lo mejor sabía algo de la importancia, pero no conocía los detalles, -los ingenieros y la arquitecta que acompañaban a la regidora, sí que lo sabían-, se mostró muy interesada”.

Tras duplicar el presupuesto inicial y después de dos años de obras en los emblemáticos jardines, el Ayuntamiento pintó la bola y quitó la valla disuasoria que rodeaba el objeto. Neila Campos, doctora en Educación Matemática, le planteó que podría estar bien poner un panel explicativo con una frase y, además, un QR para profundizar en cómo funciona.

Cuenta Neila Campos que, cuando se construyeron los jardines, en el diseño del arquitecto Ramiro Sainz estaba contemplado poner un reloj de sol. Por eso, cuando esta esfera de piedra caliza de 65 centímetros de diámetro fue inaugurada en 1933, la prensa de la época hablaba de un reloj de sol, que también lo es. La idea específica de la bola se atribuye a Eugenio Cortiguera, mientras que la ejecución técnica y artística fue obra de Saturnino Merodio, que esculpió manualmente los continentes y meridianos. “No era un adorno”, reconfirma Campos.

Dos años después, en 1935, el profesor estadounidense de español Simon Baker fue invitado a los cursos de verano de la Universidad Internacional Ménendez Pelayo (UIMP), visitó Piquío y descubrió la bola. Le gustó tanto -cuenta Neila Campos- que pidió una copia para tenerla en Estados Unidos. “Se le enviaron unas instrucciones para que pusiera un soporte en las antípodas”, pero quizá no las entendió o no fue Baker quien la colocó. Neila Campos no lo sabe, solo sabe que la 'tierra paralela' de Baker no funcionó.

Mientras, en Santander, la bola de Piquío sobrevivió a la guerra civil, pero su historia quedó setenta años enterrada mientras los paseantes se hacían fotos, paseaban jugaban alrededor. Así fue -y, en realidad, sigue siendo- hasta que, a finales de los noventa, se empezó a utilizar didácticamente un instrumento al que se llamó 'tierra paralela' y a instalarse con ese nombre en museos de la ciencia.

En 1999, Arturo Bravo, de AstroCantabria y hoy profesor jubilado de Matemáticas, asistió a un curso de formación del profesorado de astronomía, en Granada, que impartía el profesor Esteban Esteban. Éste habló a los alumnos de las 'tierras paralelas' y cómo funcionaban, algo que había descubierto a través de la profesora Nicoleta Lanciano, de Italia. Bravo volvió a Santander pensando en esto. Tiempo después pensó en la inclinación de la bola de Piquío y se acercó a comprobar sus sospechas, que eran ciertas. Él le contó a un grupo pequeño de alumnos de Matemáticas su hallazgo y también a Neila Campos.

Bravo y Campos forman parte de AstroCantabria desde hace décadas y están en contacto con los familiares de las personas que pensaron e instalaron la bola, con los que estuvieron recientemente en una charla sobre el instrumento. En 2010, desde AstroCantabria descubrieron al Ayuntamiento de Santander, entonces gobernado por Íñigo de la Serna -también del PP- el misterio de la bola. Ese año, el consistorio iba a restaurarla: “Pensaban que se podía coger, llevar un taller, restaurarla y volverla a traer, pero les dijimos que la bola era lo que era y que no había que moverla porque está colocada con mucha exactitud y luego igual no la podemos volver a poner igual”. Neila Campos, de AstroCantabria, pidió tres cosas: restaurar in situ la pintura de la bola, que se colocase una pequeña barandilla alrededor y un cartel explicativo: “Esa tercera cosa no se hizo nunca.”

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado hoy en junta de gobierno extraordinaria la construcción de la glorieta de Vara de Rey con Pérez Galdós a pesar de la oposición vecinal que ha generado. “Llega el momento de la ejecución y de que los ciudadanos vean el proyecto”, ha señalado el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias. En rueda de prensa, Iglesias ha informado de la adjudicación del contrato de las obras en la intersección entre Vara de Rey, Pérez Galdós y Avenida de España por algo más de un millón de euros (1.000.397,18 euros IVA incluido) a la empresa Antis Obra Civil S.L, cuyo inicio de obras aún se desconoce aunque se hará a la mayor brevedad posible y tiene un plazo de ejecución de seis meses, por lo que estará construida antes de las elecciones municipales de mayo.

Lo ha hecho acompañado del concejal de Movilidad, Ángel Andrés, quien ha resaltado que se trata de una “transformación de la zona”. “Una obra”, ha indicado, “que va a sustituir absolutamente todas las instalaciones del entorno, tanto de saneamiento como de agua potable, electricidad y telecomunicaciones”. Ha sumado que “va unida a la mejora integral de la plaza Donantes de Sangre” y, además, es una primera fase que se sumará, ha añadido Iglesias, a la futura peatonalización de la calle Belchite y las actuaciones que se realicen en San Antón “la próxima legislatura”.

El concejal de Movilidad ha considerado que “Logroño es una ciudad viva donde los tránsitos, tanto de peatones como de vehículos, cambian” y, en este sentido, se ha referido a la reciente construcción de la Estación Intermodal para sustituir a la vieja Estación de Autobuses. Esto implica, ha dicho, que “hay que mejorar los tránsitos a esa estación intermodal” y, por lo tanto, ha indicado, “se pensó que poner una glorieta dentro de esta obra era una cosa buena”. Además, ha sumado, “estudios de movilidad nos dicen que vamos a reducir los tránsitos de vehículos a través de la Gran Vía” y se va a bajar un 30% los tránsitos cerca del colegio de Agustinas.

Ha recalcado: “No es una glorieta, es una obra de transformación de una zona que abarca cuatro calles en una entrada de Logroño, que va a renovar todas las instalaciones, va a mejorar la accesibilidad y nos va a poner a un nivel de normativa actual y, por otro lado, si es verdad, que incluirá una glorieta que mejorará los tránsitos de vehículos”. También se ha referido a que, ahora, cuando una persona que entra por Vara de Rey a Logroño y quiere acceder a Pérez Galdós, a Calle Somosierra, a Calle Santa Isabel, o a Duques de Nájera, para girar a la izquierda, tiene que bajar hasta la Glorieta Gran Vía, “que está, en muchos casos, saturada de tráfico”.

La ciudadanía puede conocer todos los detalles de este proyecto a través de un punto informativo habilitado en el vestíbulo del centro de La Antigua Estación. A través de unos paneles gráficos y unos folletos informativos, se pueden ver los detalles de la actuación que se va a llevar a cabo. Unos paneles que, según denunció ayer públicamente el PSOE, la rotonda difundida por el Gobierno de Escobar en paneles digitales no se corresponde con el proyecto que ellos mismos han aprobado y licitado.ç

El proyecto ha provocado críticas de la oposición y del tejido asociativo. El Foro Social de La Rioja, que ya ha convocado movilizaciones vecinales en la zona, tacha el proyecto de “despilfarro” de un millón de euros y advierte de que “el incremento de asfalto y la pérdida de arbolado agravarán la contaminación, el ruido y la sensación térmica”. Los detractores alertan de que la rotonda “fragmenta los itinerarios peatonales justo a las puertas del nuevo centro intergeneracional y desmantela el carril bus”, una visión crítica a la que se suma el PSOE, que aboga por sustituir la glorieta por una gran plaza peatonal y pacificada que prime las zonas verdes sobre el tráfico rodado.

El Ayuntamiento desoye las críticas: “Nos han elegido para gobernar”

Precisamente, preguntados por la petición del Foro Social, que rechaza el proyecto y solicitaba una consulta ciudadana, Iglesias ha señalado: “Los ciudadanos nos han elegido para gobernar”. En este sentido, ha dicho que no iba a hablar del Foro Social pero sí del Grupo Municipal Socialista, al que no ha visto legitimado para pedir consultas ciudadanas después de cómo se ejecutó Calles Abiertas la pasada legislatura. Para Iglesias, “la estrategia de determinados grupos municipales en este momento es la de boicotear todas las actuaciones que este equipo tiene en ejecución”.

Los concejales han defendido que el trabajo se hace “con el conocimiento técnico de los funcionarios de esta casa que han preparado este proyecto” y “de los estudios que han hecho para llegar a esta solución”. Ha considerado que “cuando acabe esta obra del cruce de Vara de Rey con Avenida España y Pérez Galdós veremos los resultados y será el momento, cuando esté funcionando, de hablar de movilidad peatonal, de transporte urbano, de los vehículos a motor particulares y de bicicletas”. “Será el momento cuando lo veamos todo terminado y veamos cómo funciona, en la realidad, lo que los técnicos de esta casa y los políticos del Equipo de Gobierno, porque es nuestro trabajo, hemos puesto encima de la mesa y hoy hemos adjudicado”, ha señalado.

El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración pública en Castilla-La Mancha entra en vigor hoy, 20 de agosto, después de que el Consejo de Gobierno lo aprobara el 28 de julio.

Esta norma forma parte de la controvertida Ley de Simplificación Administrativa de la comunidad autónoma, que ratificaron PP y PSOE con el voto en contra de Vox, y con críticas por parte de Podemos, CCOO o el sindicato STAS, entre otros. Advirtieron que en la práctica esta figura supondrá “privatizar servicios públicos”.

STAS aludió a lo que calificó de “demoledor” informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el que el órgano lamentaba la “gran indefinición” en la Ley de Simplificación Administrativa a la hora de fijar las funciones que ejercerán estas llamadas “entidades colaboradoras de la Administración regional”.

Se trata de una nueva figura que podrá realizar determinados procedimientos administrativos de índole pública

El Gobierno regional ha negado siempre que el objetivo sea la privatización de los servicios públicos. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, defendió en su momento que el objetivo de la ley “no es otro que avanzar hacia una Administración regional más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva, además de más cercana a los ciudadanos” y que estas entidades colaboradoras prestarán servicio “en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario”.

Ahora se oficializa su régimen jurídico, y a partir de este momento aquellas entidades privadas interesadas en convertirse en colaboradoras deben solicitar su acreditación. Se trata, insiste el Gobierno regional en “agilizar la tramitación, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración pública”.

La norma establece, además, un periodo de adaptación que permitirá la implantación progresiva del sistema. Todo ello a través de un sistema para la colaboración de entidades privadas en la tramitación de determinados procedimientos administrativos especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga de gestión.

El Gobierno regional defiende de nuevo que su regulación “permite ganar eficacia y reducir cargas administrativas para ciudadanos, empresas y administraciones, sin privatizar en ningún caso las funciones públicas ni disminuir las garantías jurídicas”.

Las funciones de estas entidades colaboradoras privadas

Las entidades colaboradoras desarrollarán “exclusivamente”, según el Gobierno regional, funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública, y su uso será de carácter voluntario.

Las entidades que finalmente puedan inscribirse en el registro regional podrán actuar en los ámbitos de urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular o la evaluación ambiental.

Son competencias que despertaron en su momento las suspicacias de distintos agentes sociales y políticos, teniendo en cuenta que serán empresas privadas las que supervisen cuestiones de otras empresas privadas. Las funciones que se les atribuyen son “técnicas”, según el Ejecutivo regional, relativas a comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo o apoyo especializado en la tramitación de expedientes.

Para el Gobierno de Page, “uno de los principales objetivos de la regularización de las entidades colaboradoras con la Administración es que sea un instrumento también para los ayuntamientos de la región, pero especialmente para aquellos pequeños municipios de las zonas rurales”. En estos casos, recuerdan, muchos “carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos o expedientes complejos, lo que provoca retrasos durante meses e incluso años”.

Primero fue Albacete, avalada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, y ahora Talavera de la Reina. Dos de las grandes ciudades de Castilla-La Mancha han dado la espalda de forma expresa (y unánime) a la implantación de plantas industriales de biometano en su término municipal.

Este miércoles, PP, Vox y PSOE han votado en contra de que este tipo de empresas puedan desarrollar actividad en la ciudad.

Lo han hecho, eso sí, durante un bronco pleno extraordinario que habían pedido los socialistas, en el que el actual gobierno de PP y Vox, por un lado, y el PSOE, por otro, se han culpado mutuamente de haber abierto la puerta a la llegada de este tipo de instalaciones.

PP y Vox han acusado al equipo de Gobierno de la anterior legislatura encabezado por la socialista Tita García Élez de haber facilitado, con una modificación urbanística, la implantación de este tipo de empresas. “Ustedes facilitaron la implantación de energías renovables y por eso estamos hoy aquí”, ha dicho el portavoz de Vox David Moreno. “Introdujeron en nuestro suelo rústico de manera sibilina un cambio que abrió la puerta a este tipo de proyectos industriales no solo en suelo rústico de reserva sino también en suelo rústico de especial protección, de manera todavía más grave”, añadía el concejal de Urbanismo, Benedicto García.

Los socialistas lo han negado, aduciendo que el único cambio se produjo en relación a las plantas fotovoltaicas. “En 2018, 2019 y 2020 no se hablaba del biometano, ni en Talavera, ni en Castilla-La Mancha ni en España”, decía el portavoz socialista José Gutiérrez.

Hasta cuatro plantas de biogás se han llegado a plantear para la ciudad. Una de ellas, promovida por Montearagon Bioenergy S.L., recibía el pasado 24 de julio autorización ambiental integrada por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, tras recibir el aval de los informes del Ayuntamiento talaverano en abril.

Por un lado la Concejalía de Medio Ambiente, que lidera Vox, le había pasado la pelota a la Concejalía de Urbanismo, que lleva el PP. Y este departamento no se opuso: “No existe inconveniente respecto a la implantación en el término municipal del proyecto de construcción y explotación de biometano promovido por la sociedad Montearagón Bionergy S.L, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas y ambientales que resulten exigibles”, rezaba el informe del impacto socioeconómico.

Que el PP y Vox no se hayan opuesto, de entrada, a la llegada de una de las plantas de biogás se lo ha recordado el concejal socialista al gobierno local y el concejal de Urbanismo esgrimía que solo se ha cumplido con la normativa vigente.

Reacción política a un año de las elecciones

Durante el pleno vecinos y vecinas se han congregado a las puertas del Ayuntamiento talaverano mientras se celebraba el pleno extraordinario para dejar claro su rechazo a este tipo de empresas.

Ese ha sido precisamente el detonante, desde hace semanas, para que se haya producido una reacción política como la de hoy. Queda menos de un año para las elecciones municipales.

El PSOE propuso el pasado mes de julio cambiar el Plan de Ordenación Municipal (POM) para frenar este tipo de proyectos y llevarlo al pleno municipal. También propuso acordar la suspensión de licencias de nueva planta y de actividad para este tipo de proyectos.

En paralelo, PP y Vox se apresuraron, hace algo más de una semana, para iniciar el trámite que modifique puntualmente el POM y para suspender, de forma cautelar, los expedientes para evitar tramitar las licencias que puedan solicitar las empresas de biogás.

Durante la sesión plenaria de hoy todos han estado de acuerdo y han votado a favor de estas cuestiones, pero además PP y Vox han planteado dos cosas más, con el apoyo del PSOE. Por un lado, se va a instar a la Consejería de Fomento a modificar la instrucción técnica que regula dónde y cómo construir cuando se habla de suelo rústico.

“Está en manos de la Junta modificar la instrucción que regula los requisitos para las construcciones en cualquier tipo de suelo. Es tan sencillo como incluir más distancias a estas plantas”, ha dicho el portavoz del equipo de Gobierno Jesús García-Barroso. En su opinión, “es imperativo” que se fije en cinco kilómetros el límite mínimo de distancia entre cualquier suelo urbano y una planta que produzca biogás.

Además, se presentará un recurso de alzada a la resolución de la Dirección de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha, con fecha 24 de julio, que otorgó autorización ambiental integrada al proyecto de Montearagon Bioenergy SL. “Se ha ignorado la potestad exclusiva de los municipios para ordenar su propio territorio”, aducen gobierno y oposición en Talavera de la Reina. “No se ajusta a derecho, vulnera el principio de autonomía local que recoge la Constitución”.

Los bandazos para regular este tipo de plantas en la región

Hoy Vox ha puesto en foco en el Gobierno de Emiliano García-Page al que culpa de haber provocado un “efecto llamada” al apostar por un Plan Regional de Biometanización que calcula la implantación de hasta 100 de este tipo de empresas.

Lo cierto es que este plan nunca ha llegado a aprobarse. Se ha quedado sobre la mesa. No solo fue cuestionado por plataformas ciudadanas de toda la región (presentaron 15.000 alegaciones), sino incluso por la Consejería de Sanidad que en sus alegaciones planteaba que no se estaban teniendo en cuenta cuestiones relacionadas con la salud.

En junio, el Gobierno regional daba luz verde a una moratoria para su plan de biometanización. A cambio, lo que ahora está sobre la mesa es un decreto que incorpora nuevas restricciones para aquellas empresas que quieran instalarse en suelo castellanomanchego.

La Junta de Castilla-La Mancha ha posibilitado que los ayuntamientos puedan oponerse, pero de fondo hay una salvedad que sigue 'viva' y que preocupa especialmente a las plataformas ciudadanas: el Gobierno regional siempre se reserva el derecho a considerar que un proyecto pueda ser declarado “prioritario” para la región.

Adrián Gallegos, alcalde de Trevélez (PP), un pequeño municipio granadino situado a la mayor altitud de la península ibérica, ha sido denunciado ante la Fiscalía Provincial de Granada por adjudicarse una vivienda municipal que su propio ayuntamiento sacó a concurso en régimen de alquiler con opción a compra. Así consta en la denuncia contra él que ha efectuado el PSOE, único partido de la oposición, y que sostiene que el regidor del PP presuntamente manipuló el procedimiento administrativo para terminar convirtiéndose en adjudicatario de uno de los inmuebles. Unos hechos por los que los socialistas creen que ha podido incurrir en varios delitos.

En concreto, entienden que hay indicios de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación, fraude a la administración y actividades prohibidas a autoridades, punto en el que se basan sobre todo para querellarse contra el regidor. Además, la documentación presentada ante la Fiscalía de Granada, adelantada por Ideal y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, pone en duda la tramitación del expediente de principio a fin. Pone el foco en la preparación del concurso, en el sistema de adjudicación y en la valoración económica de las viviendas. Extremos que rechaza el primer edil, defendiendo incluso que se abstuvo de intervenir en el procedimiento desde que presentó su solicitud, además de sostener que todo el proceso contó con el aval de la secretaría municipal y de los servicios técnicos.

Un procedimiento en duda

Pero el origen del caso se remonta a octubre de 2025, cuando el Ayuntamiento de Trevélez formalizó la compra de un edificio situado en la calle Cárcel que alberga dos viviendas en su segunda planta. Apenas unos meses después, el Consistorio aprobó las bases para adjudicarlas en régimen de alquiler con opción a compra con el objetivo declarado de combatir la despoblación y favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda. Entre los requisitos figuraban tener entre 25 y 35 años -el alcalde no llega a los 35 años-, llevar al menos cinco años empadronado en el municipio, no disponer de otra vivienda en propiedad en la provincia y estar dado de alta en la Seguridad Social.

En plena crisis de acceso a la vivienda para la mayoría de ciudadanos, este procedimiento terminó con dos únicos aspirantes. Uno de ellos fue el propio alcalde, Adrián Gallegos, que resultó adjudicatario de la vivienda de mayor superficie, de 105 metros cuadrados, con un alquiler mensual de 260 euros y una opción de compra fijada en 38.000 euros. La segunda vivienda, de unos 72 metros cuadrados, fue adjudicada a otra vecina del municipio por 240 euros mensuales y una futura compra valorada en 35.000 euros.

Es precisamente esa tramitación la que cuestiona el PSOE. La denuncia sostiene que el alcalde no solo concurrió al procedimiento como cualquier otro aspirante, sino que intervino en su fase preparatoria. Entre los documentos aportados a la Fiscalía figura una resolución por la que delegó específicamente la gestión de este expediente en la primera teniente de alcalde, firmada dos días antes de la memoria justificativa del concurso, así como el propio informe técnico que impulsa la iniciativa y que aparece firmado electrónicamente tanto por la técnico municipal como por el regidor.

Los socialistas también ponen el foco en el desarrollo de la adjudicación. Según el acta de la mesa de contratación incorporado a la denuncia, Gallegos obtuvo cuatro puntos en la baremación frente a los tres de la otra solicitante. Pese a que el pliego establecía el rechazo de las ofertas que no alcanzaran esa puntuación mínima, la mesa optó por adjudicar las dos viviendas al considerar que únicamente se habían presentado dos solicitudes y permitió al alcalde elegir primero el inmueble de su preferencia.

Otro de los argumentos del PSOE se centra en el precio fijado para una futura compra de las viviendas. La denuncia sostiene que la tasación municipal se elaboró sin utilizar comparables de compraventa y sitúa el valor de los inmuebles por debajo de distintas referencias públicas de mercado, por lo que solicita a la Fiscalía que practique una pericial independiente para determinar si existió un eventual perjuicio para el patrimonio municipal.

El PSOE sostiene que el precio fijado para la futura compra -38.000 euros para el apartamento adjudicado al alcalde y 35.000 para el segundo inmueble- se sitúa muy por debajo de su valor real. La denuncia compara esas cifras con distintos indicadores públicos, como los que hace públicos el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, los precios de la vivienda protegida en Andalucía y referencias del mercado inmobiliario, además de reprochar que la valoración municipal se elaborara utilizando únicamente comparables de alquiler y no de compraventa. Por ello, el PSOE solicita a la Fiscalía que acuerde una tasación pericial independiente que determine si existió un eventual perjuicio para el patrimonio municipal. Los socialistas, según sus cálculos, tasan el precio final en aproximadamente el doble del valor fijado en el expediente.

El alcalde se defiende

El alcalde rechaza todas las acusaciones realizadas por el PSOE en la denuncia. En declaraciones a este periódico, sostiene que decidió presentarse únicamente después de comprobar que una vecina interesada en una de las viviendas había descartado finalmente concurrir al procedimiento. “Si finalmente decidía presentar su solicitud, yo no concurriría para no perjudicar sus posibilidades”, asegura.

Gallegos defiende además que se abstuvo “completamente” de intervenir en el expediente desde el momento en que presentó su solicitud y que toda la tramitación quedó en manos de la primera teniente de alcalde. “Una cuestión es el debate político sobre si un alcalde debe o no concurrir a una convocatoria pública promovida por su ayuntamiento y otra muy distinta afirmar la existencia de una actuación ilegal”, sostiene. El regidor insiste en que el procedimiento contó con informes favorables de la secretaría municipal y de los servicios técnicos y recuerda que, por el momento, “lo único que existe es una denuncia presentada por un grupo político”.

Además, tras la publicación de la información adelantada por Ideal, el propio alcalde emitió un comunicado negando el resto de acusaciones de la oposición. El Consistorio sostiene que el proyecto para adquirir el edificio no nació durante el actual mandato, sino que sus primeros trámites fueron aprobados en 2016. Entonces gobernaba IU, el PSOE ocupaba la oposición y el PP ni siquiera tenía representación municipal. También rechaza que el precio de las viviendas estuviera por debajo de su valor real y asegura que, tras la compra del inmueble por 95.000 euros y una nueva valoración posterior, la planta donde se ubican ambos apartamentos quedó tasada en 73.000 euros, cifra que coincide con la suma del precio de venta fijado para ambas viviendas.

A pesar del verano que estamos sufriendo, en el que los registros de calor nos indican que el cambio de clima ya es una realidad, las dos derechas municipales (por acción o por omisión) se empeñan en convencernos que estas cosas ya pasaban en el Pleistoceno y por eso deciden no tomar ninguna medida. Y se quedan tan anchos.

Eso sí, olvidan decir que aquellos cambios climáticos tardaban siglos en producirse y había capacidad de adaptación de la flora y la fauna (y los homínidos cuando los hubo) y ahora, año tras año, rompemos las estadísticas que no quieren escuchar. Esta tendencia de aumento de la temperatura tiene una primera consecuencia directa: un mayor consumo de agua.

Este elemento, desde 2010 considerado por la ONU como un derecho humano esencial para la vida, tenemos que decidir si lo gestionamos como un instrumento mercantil más con el que las empresas privadas aumenten sus beneficiarios, o lo sacamos de la cadena de los beneficios empresariales para garantizar su acceso universal y asequible.

Toledo decidió allá por 1996, y no ha querido nunca cambiar su modelo, que es el de considerar el agua como un negocio privado. Las distintas corporaciones han considerado el agua como una oportunidad de negocio.

Desde esta perspectiva, no es de extrañar que hoy pensemos en el agua solo desde la perspectiva de la gestión de la satisfacción de la demanda. La empresa que lo gestiona y hace negocio, obtiene así más beneficios cuanto más consumimos y las decisiones que se toman en el Ayuntamiento no quieren buscar un modelo de gestión que reduzca necesariamente el consumo. Todo lo contrario.

Si pensamos en satisfacer la demanda, el agua solo será el instrumento útil que garantice, por ejemplo, que el modelo de turismo cuantitativo esté garantizado. Garantizará, porque así lo ha permitido el Gobierno regional, que el parque temático de las afueras de Toledo pueda gastar más de 180 millones de litros de agua al año en las nuevas instalaciones hosteleras en su parcela de negocio que las administraciones vamos a seguir alentando regalando entradas con cualquier burda excusa.

Mientras tanto, a pesar de la obligación que tienen los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, Toledo no tiene aprobado su plan de sequía. Tampoco ningún programa de eficiencia de consumo, pero esto no lo hará mientras la empresa privada se lucre con un mayor consumo de agua.

Eso sí, algunos aprueban sin despeinarse Planes de Ordenación Municipal, como en el año 2006, para incrementar la población hasta los 200.000 habitantes; seguimos aprobando planes parciales que amplían la nómina de construcciones; y seguimos sin poner coto a un exceso de turismo que es ya insostenible (por eso hablamos tanto de buscar un turismo sostenible).

Necesitamos planes para consumir menos y para consumir mejor.

Necesitamos que el Tajo sea la vía azul que garantice una biodiversidad diversa, aunque para ello tengamos que terminar con un Trasvase que solo tiene como objetivo hacer de regadío (y más rentable) una zona del país que es de secano a costa de esquilmar los recursos a la región y de la ciudad.

Necesitamos que el agua deje de ser pensada como elemento empresarial y se convierta en esencial para la vida.

Toledo necesita políticas audaces y valientes que cambien el modelo de desarrollo económico basado solo en un turismo depredador, y cambiar a un modelo productivo que deje de ser extractivo de recursos para caminar a otro modelo de consumo que reduzca la huella humana.

No querer cambiarlo sí que nos acercará más al Pleistoceno que al momento histórico que necesitamos.

He estado allí. He caminado por las zonas quemadas estos últimos días y la sensación es de un golpe en el estómago y un pellizco en el corazón. Una cosa es ver las imágenes en las noticias y otra muy distinta estar sobre el terreno en Almorox, Sotillo, La Adrada o Piedralaves; y muchos otros municipios. Ver cómo ha quedado todo: la piedra viva labrada por el calor, las tierras de labor calcinadas, laderas enteras reducidas a ceniza. Te entra una rabia difícil de tragar.

Caminando por allí, entre la devastación, no dejaba de hacerme la misma pregunta:

¿Y ahora qué?

El desastre no es uniforme. De pronto te encuentras con rodales que se han salvado, franjas que han resistido mejor y vegetación que, en poco tiempo, ya estarán buscando la luz. He visto robles, encinas y alcornoques que, posiblemente, broten de nuevo, como dicen las personas mayores que conocen estos temas.

Antes de lanzarnos a reforestar a lo loco o de meter maquinaria deprisa y corriendo, ¿no deberíamos pararnos a mirar lo que el propio monte está haciendo?

Hasta hace poco nos han enseñado que la única respuesta tras un fuego es 'plantar árboles'. Pero la regeneración natural tiene una fuerza enorme. Quizá lo más sensato sea proteger primero esa capacidad de rebrote de nuestras especies autóctonas y actuar solo allí donde la tierra no sea capaz de responder por sí misma.

También le he dado vueltas al comportamiento de la vegetación. En un gran incendio, donde entran en juego el viento, la pendiente extrema y la falta de humedad, casi todo arde. Pero cuando hay una continuidad masiva de combustible seco acumulado durante años, la propagación se vuelve mucho más voraz. Romper esa masa homogénea con un paisaje en mosaico (bosque, matorral, claros, pastos y cultivo) no evita el fuego, pero sí puede abrir ventanas de oportunidad para frenarlo.

Tampoco podemos olvidarnos de las personas. De todas esas familias que han perdido su vivienda, de quienes se han encontrado con sus casas medio destruidas o llenas de humo y ceniza, y ahora tienen por delante el trabajo de limpiar, pintar y reparar. De quienes han visto arder sus jardines, sus parcelas o parte de lo que habían construido durante años. Para ellos, el incendio no termina cuando se apagan las llamas. Queda después todo lo demás: los daños, los gastos, la incertidumbre y la necesidad de volver a poner en pie una vida que de repente ha cambiado.

Y aquí también tenemos que hacernos preguntas. Las parcelas hay que mantenerlas limpias y las casas que están alrededor del monte también necesitan una atención especial. No podemos hablar únicamente de limpiar el monte y olvidarnos de todo lo que hay a su alrededor. La prevención también pasa por mantener las parcelas y el entorno en condiciones, reducir la acumulación de vegetación y combustible cerca de las viviendas y asumir que vivir junto al monte exige una responsabilidad compartida.

No hay recetas mágicas con la madera quemada. La reacción inmediata suele ser retirarlo todo de golpe. Sin embargo, en función de la ladera y del tipo de suelo, los técnicos valoran, a veces, usar parte de esa leña para frenar la erosión cuando lleguen las primeras lluvias o retener la tierra. En otros puntos convendrá sacarla. Hace falta criterio a pie de monte, no órdenes dictadas desde un despacho.

Durante décadas existió una economía rural que sacaba leña, aprovechaba la madera y mantenía el monte vivo. Hoy ese tejido se ha ido apagando. Hablamos de meter ganado para desbrozar el sotobosque, pero pretender que los pastores lo hagan gratis por el simple hecho de 'ayudar' es irreal. Si el pastoreo presta un servicio ambiental preventivo, habrá que pagarlo como el trabajo que es.

Pisando la ceniza me doy cuenta de que no tengo respuestas cerradas. Y tal vez se trate de eso: de dejar de vender soluciones fáciles y empezar a hacernos preguntas incómodas.

¿Estamos dispuestos a invertir dinero todo el año en cuidar nuestros montes y no solo en apagarlo en verano?

¿Vamos a seguir negando la virulencia de unos incendios cada vez más devastadores?

¿Queremos de verdad que vuelva a haber pastores, agricultores y gente viviendo del territorio?

¿Estamos dispuestos también a ayudar a quienes han perdido sus viviendas o han sufrido daños en sus casas, sus parcelas y sus tierras?

¿ Estamos dispuestos a ponernos de acuerdo para gestionar estos desastres?

Y la pregunta más difícil: ¿quién va a cuidar de esto dentro de diez, veinte o treinta años?

El reto no es organizar una jornada para plantar miles de árboles este invierno. El verdadero reto es conseguir que dentro de treinta años siga habiendo alguien allí para cuidarlos.

¿Estamos dispuestos a invertir dinero todo el año en cuidar nuestros montes y no solo en apagarlo en verano? ¿Vamos a seguir negando la virulencia de unos incendios cada vez más devastadores? ¿Queremos de verdad que vuelva a haber pastores, agricultores y gente viviendo del territorio?

Después de todo lo ocurrido durante el año pasado, hay una pregunta que ya no podemos dejar únicamente en manos del monte: ¿qué hemos hecho mientras tanto? Los incendios que golpearon Castilla y León, Ourense, Extremadura y tantos otros territorios deberían habernos obligado a cambiar algunas cosas y, sin embargo, seguimos teniendo la sensación de que cada verano volvemos a empezar la misma conversación. Hablamos de medios cuando llegan las llamas y de prevención cuando ya hemos visto el fuego.

Mientras tanto, el cambio climático sigue modificando las condiciones en las que se producen estos incendios: más calor, más sequía, menos humedad en el suelo y episodios extremos que pueden hacerlos más rápidos y difíciles de controlar. No explica por sí solo cada incendio, pero ignorarlo o minimizarlo ya no es una opción.

Por eso resulta difícil entender que, después de todo lo vivido, sigamos sin un verdadero Pacto de Estado. No hace falta otra declaración después de una tragedia ni otra fotografía de unidad mientras están las cámaras. Hace falta una política estable, con financiación para prevenir durante todo el año, servicios públicos de extinción profesionales y permanentes y recursos para que los municipios puedan cuidar sus montes y proteger a sus vecinos. El fuego no entiende de siglas ni de competencias: cuando una familia ve las llamas acercarse a su casa necesita que las administraciones respondan, y cuando el incendio se apaga necesita ayudas para reconstruir su vida.

Y ese pacto debería tener también una mirada social. No podemos pedir que se cuide el territorio mientras desaparecen las personas y las actividades que durante generaciones lo han mantenido. Si queremos pastoreo para gestionar el monte, hay que pagar ese trabajo; si queremos agricultura y ganadería sostenibles, tienen que poder ser una forma digna de vida; y si queremos pueblos vivos, hacen falta empleo, servicios públicos y oportunidades. La transición ecológica no puede hacerse de espaldas al medio rural. Tiene que servir también para proteger a quienes lo habitan y reconocer el valor de lo que aportan al conjunto de la sociedad.

Después de un año, lo mínimo que deberíamos preguntarnos es si hemos aprendido algo. Porque no se trata solo de apagar mejor los incendios, sino de reducir nuestra vulnerabilidad antes de que lleguen. No se trata solo de plantar árboles, sino de conseguir que dentro de treinta años siga habiendo alguien allí para cuidarlos. Y no se trata de esperar al próximo verano para volver a discutir sobre lo mismo. La emergencia climática no espera a la política, ni a las elecciones, ni a la próxima legislatura.

La ceniza ya está en el suelo. Ahora falta saber qué estamos dispuestos a hacer para que no vuelva a ser el principio de la misma historia.

El Ministerio de Defensa ha iniciado los trabajos previos para derribar las viejas edificaciones de la finca militar de La Remonta, la mayor zona verde de Santander con 295.000 metros cuadrados, que presentaban un alto grado de deterioro y que habían provocado numerosas quejas de los vecinos.

La formación política Cantabristas ha dado la voz de alarma y lamenta la demolición de la Remonta “tras el abandono sufrido los últimos 15 años por parte del Ministerio de Defensa y la falta de entendimiento con el Ayuntamiento de Santander que -en su opinión- ”han llevado a una situación final lamentable“.

“Se pierde patrimonio histórico de Santander y una gran posibilidad de futuro para el parque de la Remonta como espacio verde pero también foco cultural”, reprochan.

De momento, tras un dilatado proceso administrativo para obtener las correspondientes licencias y permisos, se están llevando a cabo tareas de retirada de matorrales y maleza para abrir camino a las máquinas. Precisamente el lunes ardió -sin mayores consecuencias- parte de estos deshechos que estaban almacenados para su retirada.

Son las situaciones que precisamente Defensa quiere evitar para seguridad de los vecinos, mientras la decisión sobre el futuro de La Remonta sigue pendiente de resolverse por parte de las administraciones desde que en 2010, hace dieciséis años, los militares abandonaron estas instalaciones.

Defensa dejó de utilizar la finca y concentró la actividad caballar en las instalaciones militares de Ibio. Alli desplazaron toda la actividad y cerraron la puerta de hierro, que hoy permanece atada por un candado, franqueada por dos pilastras.

La limpieza de la zona será el primer paso antes de retirar el amianto de los edificios -muy deteriorados por el paso del tiempo y por el vandalismo- que llevará a cabo una empresa especializada. Después, se derribarán las viejas estructuras para garantizar que no se produzcan más incidentes -ha habido incendios recurrentes- y la finca quedará limpia como una gran parque público. Hasta ahora solo una parte de La Remonta está abierta al público.

Curiosamente, en La Remonta quedan viviendas en la zona del muro que linda con Campogiro. Una decena de casas habitadas por las familias de los militares, ya en su mayoría en la reserva, que estaban asignados a La Remonta y que después fueron destinados a la localidad de Ibio, en Mazcuerras. Tres de ellas ya se han quedado vacías, porque los alquileres ya no se renuevan cuando las dejan sus inquilinos.

Cantabristas pide conservar el edificio más antiguo

A principios de año, Cantabristas presentó una consulta a la Delegación de Gobierno para saber por qué algunos edificios de la Remonta habían aparecido con números identificativos. La Delegación remitió la consulta al Ministerio de Defensa, “a día de hoy sin contestar”, advierten. Unos meses antes, en noviembre de 2025, Defensa ya había adjudicado un encargo a Tragsa para demoler los edificios de la Remonta.

Para Manuel Núñez, portavoz de Cantabristas Santander, “es una lástima que edificios históricos que dan identidad a nuestra ciudad desaparezcan de esta manera: por el abandono y la falta de entendimiento de un Ayuntamiento del PP sin ideas y un Ministerio del PSOE sin voluntad de cuidar nuestro patrimonio”.

Así mismo, Núñez ha solicitado a Defensa que se valore, al menos, la posibilidad de conservar el edificio más antiguo y propiciar una rehabilitación de este inmueble de más de 200 años.

Los Jardines de Piquío de Santander se han inaugurado este viernes, tras casi dos años de obras de renovación y una inversión de 2,3 millones de euros, el doble de la cantidad prevista inicialmente. “Una obra de la que me siento orgullosa”, ha subrayado la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Tras el sobrecoste, la paralización de las obras durante el verano pasado, el último retraso para abrirlo al público ha sido que las flores de los parterres llegaron más tarde de lo previsto desde Holanda. Además, a pesar de que la reforma se inició en noviembre de 2024, todavía faltan de instalar seis bancos.

La reapertura de este espacio icónico entre las playas del Sardinero ha provocado alguna polémica. Lo que en principio iba a ser una simple restauración y limpieza ha ido un paso más allá con la retirada del muro cerámico en forma de proa que desde los años 80 formaba parte de la iconografía de este jardin. El Ayuntamiento de Santander justifica la retirada de la obra del escultor torrelaveguense Víctor González en el hecho de que la reforma recupera el diseño original de 1925. Según el arquitecto municipal “desvirtuaba esa idea de trasatlántico”.

En cualquier caso, y respecto a la desaparición del muro cerámico Gema Igual ha dicho que se ha hecho una recreación en 3D “por si se quiere recuperar en el futuro”, lo que da a entender que se ha destruido la pieza original, aunque ésto no ha sido precisado.

Las redes sociales han reaccionado poniendo en circulación una fotografía de los años 80 en donde los jardines, notablemente más frondosos y arbolados, ofrecen un aspecto muy diferente del actual, donde prima el cemento, y que cuestiona la recuperación del aspecto que antaño presentaban. Tampoco es igual el color azul del suelo que aunque no era el original del proyecto fue elegido hace unos meses por votación popular. También hay cierta polémica sobre el resultado final. Vox dice que no es el mismo azul que decidieron los ciudadanos, que tiene un tono más grisáceo.

En paralelo, no siquiera tienen exactamente el mismo aspecto las barandillas, que han tenido que reforzarse con una malla de seguridad después de que el Ayuntamiento haya pedido, sin éxito, al Gobierno de Cantabria que las declare Bien de Interés Cultural para evitar que pudiesen ser modificadas.

“Está igual, pero nuevo y muchísimo más bonito”, ha destacado la alcaldesa, Gema Igual, que ha subrayado que se trata de un día “muy importante” tras poner fin a unas obras que eran “necesarias”, dado que el pavimento y los bancos se encontraban donde en “mal estado” y con motivo del “deterioro” de las barandillas y la jardinería por el paso del tiempo.

Así, a medida que avanzaron las obras, hubo que adoptar “nuevas soluciones técnicas” ante circunstancias que se conocieron al levantar el pavimento. Ha detallado que al comenzar los trabajos se comprobó que las raíces de los árboles ocupaban una superficie “mucho mayor” de la prevista, por lo que hubo que cambiar el pavimento de hormigón, que hubiese supuesto “un riesgo” para el patrimonio vegetal, por el asfalto fundido, que requiere de una menor excavación, evita compactaciones agresivas, protege las raíces y favorece la respiración del terreno.

También el picudo rojo afectó a dos palmeras, de las que una se retiró y la otra se pudo salvar.

Además, se han restaurado muchos elementos artísticos, como la bola del mundo, la mesa zodiacal, la pérgola o la fuente Lavapiés.

Asimismo, se han instalado farolas, como en el proyecto original; y nuevos servicios de alcantarillado, de saneamiento, drenaje, riego y mobiliario urbano; se ha procedido a la restauración artesanal de más de 8.000 cantos rodados, se han eliminado especies invasoras y se ha retirado el kiosco de la entrada.

De momento, durante dos semanas todavía alguna zona permanecerá acotada hasta finalizar completamente la reforma.

El arquitecto que ha supervisado la obra ha sido el nieto de Ramiro Saiz Martínez, quien diseño los Jardines de Piquío en 1925, para que fuese “acorde y fiel” al proyecto.

Existe un argumento en la política local que, de tanto repetirse, se ha convertido en una falta de respeto intolerable para la ciudadanía. Lo hemos escuchado en más de una ocasión de boca del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, para justificar la polémica reforma de la avenida Virgen de la Montaña: el proyecto se va a ejecutar porque “es su proyecto” y porque “ya lo dijo en la campaña electoral”.

Pero cabe preguntarse: ¿quién se ha creído este señor para patrimonializar de esa manera el futuro de nuestra ciudad? ¿Desde cuándo el voto de la ciudadanía cacereña otorga el derecho divino de imponer un destrozo urbanístico saltándose el sentido común y el clamor de la calle?

Conviene desmontar el mito del respaldo absoluto que el alcalde esgrime como escudo. Ganar unas elecciones municipales no convierte a nadie en el dueño de Cáceres, ni su programa electoral es una ley sagrada e inmutable. Si analizamos fríamente los datos, el porcentaje de ciudadanos que metió la papeleta del Partido Popular en las urnas representa solo a una parte de la ciudad. Y lo que es aún más sangrante para los planes de la alcaldía: dentro de ese porcentaje de votantes que confiaron en las siglas del PP, existe un número altísimo de vecinos que ya se han manifestado abiertamente en contra de este plan. Hay que llamar a las cosas por su nombre: lo que el Ayuntamiento pretende perpetrar en la avenida no es una “transformación”, es una destrucción en toda regla.

Es profundamente indignante que la respuesta a las críticas de los vecinos sea el orden y mando. ¿Quién se ha creído que es Rafael Mateos? ¿El Rey Sol? Aquel monarca absoluto pasó a la historia por su célebre frase “el Estado soy yo”. Hoy, en pleno siglo XXI, parece que el alcalde de Cáceres pretende emularlo aplicando un rancio “la ciudad soy yo y aquí se hace lo que a mí me dé la gana”.

La soberbia en política siempre se acaba pagando en las urnas. Confundir el sillón municipal con un trono desde el que gobernar de espaldas es un error histórico. Menos humos, señor Mateos, y escuche más a los cacereños y a las cacereñas. La avenida Virgen de la Montaña es el patrimonio de toda una ciudad, no el capricho personal de su alcalde.

Una promotora cántabra ha solicitado autorización a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria para construir cinco chalets en La Arnía (Ayuntamiento de Piélagos) sobre una parcela compuesta por tres fincas donde hay una zona afectada por la protección de Costas.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica el expediente de solicitud de autorización, que fue registrado el pasado mes de marzo por los arquitectos encargados del proyecto, que ha salido a información pública a objeto de que cualquier ciudadano pueda presentar las alegaciones correspondientes. Las construcciones se ubican en una zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre del barrio Arnía, en el municipio de Piélagos.

Residencial Villimar Siglo XXI, S.L. proyecta edificar las viviendas unifamiliares sobre cerca de cuatro mil metros cuadrados de suelo residencial en La Arnía, en el entorno de Costa Quebrada incluida en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO.

Según consta en el proyecto remitido a Urbanismo, la edificación ocupará algo más de mil metros del total del terreno. Las casas tendrán una altura. En la planta baja se ubican el garaje, un dormitorio, un baño, un aseo y un espacio único destinado a salón comedor y cocina. En la planta primera habrá tres dormitorios con baño y un cuarto de estar, volcado a la doble altura sobre la zona de comedor, donde se coloca un gran ventanal orientado a las vistas de la costa.

El presupuesto previsto para la construcción de las cinco viviendas unifamiliares se ha calculado en 2,6 millones de euros.