Un fondo inmobiliario norteamericano compra la sociedad que proyecta el centro de datos Altamira en Cantabria
Un fondo de inversión norteamericano, Franklin Templeton, ha comprado una participación mayoritaria en la sociedad que promueve en Cantabria el Campus Tecnológico Altamira. Una iniciativa que, por el momento, solo es un proyecto sobre el papel con el motor de un futuro centro de datos que no tiene acceso al suministro eléctrico que necesita para funcionar, por lo que está paralizado. Las obras tenían que haber empezado en enero de 2026.
La noticia del cambio de manos de la promotora -adelantada por El Diario Montañés, y anunciada por los nuevos propietarios en un comunicado - no informa de cuánto ha pagado por adquirir Stoneshield Capital.
Los nuevos propietarios entran como socios capitalistas pero la gestión seguirá en manos de Felipe Morenés, uno de los hijos de Ana Botín, y su soocio Juan Pepa, que conservan el 25% de la firma.
Por el momento no ha trascendido el importe económico de la operación.
La compra tampoco la realiza directamente el fondo de inversión, sino que lo ha hecho a través de su filial inmobiliaria, Clarion Capital, un objeto social que se distancia de la tecnología para centrarse en el mercado de compra venta y promoción de terrenos y propiedades.
La previsión es que la operación -en la que Stoneshield Capital ha estado asesorado por Goldman Sachs- se cierre en las próximas semanas, antes de que acabe el año.
La gestora de Juan Pepa y Felipe Morenés se fundó en 2018 y está especializada en el negocio de las residencias y alojamientos para estudiantes, infraestructura digital, hostelería e infraestructuras críticas. También posee participaciones en varias de las plataformas de activos reales, entre ellas MiCampus, Solaria, Exolum, Neinor Homes y Meliá Hotels International.
Centro de datos en Cantabria
En febrero de 2025, el Gobierno de Cantabria presentó públicamente a Stoneshield como la sociedad promotora del Proyecto Altamira, un macrocentro de datos de 500 megavatios con una inversión prevista de 3.600 millones que promete crear 1.500 empleos en la comunidad autónoma y que se ubicará en suelos de Villaescusa y Piélagos. Se anunció que estaría en marcha en 2032.
Sin embargo, esta iniciativa empresarial la gestiona otra sociedad que se creó cinco meses antes de anunciarse del proyecto con un capital social mínimo de 3.000 euros.
La promotora inicial ha tenido un efímero protagonismo real y enseguida pasó a un segundo plano. En apenas unos meses se han sucedido varios nombres: Stoneshield, una sociedad del holding; XDC Properties, su nueva filial de centros de datos que se estrena con su primer proyecto en Cantabria, y Tavira, que es la firma que lo desarrolla oficialmente, hasta que se cambió otra vez el nombre. El BORME del pasado 23 de junio certifica que ahora ha pasado a ser XDC North Coast S.L., una asesora y relaciones públicas de empresas constituida, como las dos anteriores, en septiembre del año pasado.
Compra de los terrenos
El único movimiento ha sido la compra de los terrenos. La promotora compró la mitad de las parcelas públicas donde se ubicará el futuro campus tecnológico tres meses antes de anunciarse el proyecto. Cuando el Gobierno del Partido Popular de Cantabria y el fondo de inversión Stoneshield presentaron la millonaria inversión ya se había tramitado la adquisición del suelo industrial e incluso estaba redactado el trámite urbanístico del PSIR para la primera fase de las tres en las que se desarrollará el proyecto.
Finalmente, adquirió 636.432 metros cuadrados de suelo industrial, sin actividad desde hace casi veinte años, en el polígono de VIPAR, una sociedad mercantil pública creada en 2008 participada en un 85% por la empresa pública SEPIDES (Gobierno de España) y en un 15% por SICAN (Gobierno de Cantabria) en los términos municipales de Piélagos y Villaescusa. Desembolsó por el ellos más de nueve millones de euros.
Documento censurado
Como publicó elDiario.es, el proyecto estrella del Ejecutivo cántabro del PP, una inversión millonaria, se avaló con un dosier de 15 páginas que llegó censurado al Parlamento autonómico y que, por tanto, los diputados cántabros no conocen. El promotor privado ha pedido que no trascienda la información más sustancial: las características técnicas, el impacto económico y la viabilidad económico-financiera.
Con este documento el Gobierno de Cantabria ha aprobado su catalogación como primer proyecto empresarial estratégico de la comunidad.
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