La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al juez Pablo Llarena que Clara Ponsatí, exconsellera del Govern catalán y eurodiputada, sea juzgada por un delito de desobediencia grave. Los cuatro representante del Ministerio Público en esta causa solicitan la apertura de juicio oral contra ella por un delito que, según el Código Penal, está castigado con multa y hasta dos años de inhabilitación para ejercer un cargo público como el que ostenta en Bruselas.

Clara Ponsatí se fue de España con el resto del ejecutivo de Carles Puigdemont en 2017 y no regresó cuando fue llamada a declarar por la Audiencia Nacional ni posteriormente por el Tribunal Supremo, permaneciendo primero en Escocia y posteriormente en Bruselas tras conseguir un escaño en el Parlamento Europeo por Junts en 2020. En un primer momento, durante la tramitación de la causa, fue procesada por rebelión, aunque la calificación fue variando con los años: la sentencia del procés apuntó a una posible acusación por sedición y la derogación de este delito derivó en que quedara acusada de desobediencia grave.

La diferencia es que, actualmente y en línea con lo que ha expresado la Fiscalía, Ponsatí se enfrenta en el peor de los casos a una multa y una condena de inhabilitación de hasta dos años, que sí le impediría acceder a un cargo público como el que tiene ahora en el Parlamento Europeo.

Ponsatí ha regresado varias veces a Catalunya en el último año, y ha sido llamada para declarar varias veces por el juez Pablo Llarena. La última vez, a finales del pasado mes de julio, la europarlamentaria de Junts quedó en libertad tras plantar al magistrado instructor y, según el juez, no justificar su ausencia la primera vez en que fue reclamada para comparecer en el Tribunal Supremo.

El nombre de Carles Puigdemont ha saltado simultáneamente a la primera línea de la actualidad política y de la judicial. Su partido, Junts per Catalunya, se ha convertido en la clave de una posible investidura de Pedro Sánchez después de los siete escaños conseguidos el pasado 23J. En su mano está que haya gobierno o que el país se aboque a una nueva repetición electoral. Y este momento político ha cruzado su camino con la posible reactivación de su proceso de entrega al Tribunal Supremo para ser juzgado por su papel en el desafío soberanista de 2017. Dos frentes que, en cualquier caso, tienen tiempos distintos: el hipotético apoyo de JxC a Sánchez para gobernar tendrá que quedar zanjado en los próximos meses mientras que la posible extradición de Puigdemont tiene todavía un largo periplo por delante.

En las últimas semanas el juez Pablo Llarena ha obtenido su primera victoria internacional después de varios años de derrotas. El Tribunal General de la Unión Europea confirmó que el expresident catalán no está protegido por la inviolabilidad de su escaño de diputado en el Parlamento Europeo y que, por tanto, se puede enfrentar a una extradición a España. Un día después de las elecciones generales, la Fiscalía movió ficha y pidió al Tribunal Supremo que volviera a ponerlo en búsqueda y captura mientras se preparaba para reclamar nuevamente su entrega para ser juzgado en España por el procés.

La causa contra él, atascada en distintos puntos de Europa desde que abandonó España en 2017, ha pisado el acelerador pero es improbable que los tiempos judiciales coincidan con el calendario político. Incluso en un escenario en el que las negociaciones entre JxC y PSOE vayan mucho más rápido de lo esperado, teniendo en cuenta que la previsión del partido de Puigdemont, tal y como ha explicado elDiario.es, es no tener prisa y sacudirse la presión de tener sus manos el bloqueo o la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno durante cuatro años más. Nada, salvo cambio de criterio, para las próximas semanas.

El horizonte de la posible entrega de Puigdemont es todavía más lejano e incierto. El propio Llarena ha enfriado la posibilidad de poner el proceso en marcha porque ya no esté protegido por la inmunidad parlamentaria. Este jueves, el instructor tomó nota de la petición de la Fiscalía de volver a ponerlo en búsqueda y captura pero anunció que esperará a que los tribunales comunitarios contesten a cualquier petición de medidas cautelares que pueda interponer el expresident catalán. Y solo ese primer trámite tiene dos meses por delante en una sucesión de previsibles recursos, cautelares y más recursos.

La defensa de Puigdemont tiene dos meses para pedir medidas cautelares e intentar recuperar su inmunidad aunque sea por un tiempo, un plazo que acaba el próximo 15 de septiembre. Después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá, sobre el papel, otro medio año para decidir. Aunque los antecedentes permiten contemplar incluso plazos más amplios: en su primera petición de cautelares pasaron casi 10 meses desde que el Tribunal General le quitó la inmunidad hasta que el Tribunal de Justicia comunitario se la devolvió de forma cautelar. Las medidas urgentes siempre se resuelven antes pero, aún así, esa primera decisión seguiría sin acercar las negociaciones políticas a la entrega judicial.

En su escrito conocido esta semana, el juez Llarena ubica el pistoletazo de salida del proceso de extradición en el momento en que los tribunales europeos resuelvan esas medidas cautelares. Pero después empieza un proceso largo y tortuoso en el que el Tribunal Supremo, hasta ahora, siempre ha salido derrotado. Un proceso de extradición en el que los tribunales belgas, como ha sucedido en el pasado y en otros países como Alemania, Italia o Escocia, examinarán la causa y no tardarán tampoco pocas semanas en tomar una decisión.

Las próximas elecciones europeas

En su último auto, Llarena justifica el frenazo al posible proceso de entrega en que, si se aceptan las cautelares que pide Puigdemont, todo el proceso volvería a quedar “inmediatamente paralizado” y cualquier orden de detención sería “intrascendente”. Y expone que, una vez ponga encima de la mesa una petición para traer al expresident a España, Bélgica tendrá un máximo de tres meses para responder, aunque esos plazos no se hayan cumplido en el pasado.

El instructor del Supremo también entiende que no tendría que volver a redactar y enviar el suplicatorio al Parlamento Europeo para reclamar la entrega de Carles Puigdemont y Toni Comín, aunque lleguen unas nuevas elecciones y el expresident renueve su asiento en la eurocámara. Y ahí es donde Llarena dibuja una suerte de línea roja: junio de 2024. Cuando están previstas las próximas elecciones europeas.

Para Llarena, “no existiría ninguna dificultad para que los procesados puedan ser puestos a disposición de la Justicia española antes de disolverse el Parlamento para el que fueron elegidos”. El magistrado del Tribunal Supremo, por tanto, cuenta con poder enviar a Puigdemont al banquillo por malversación de caudales públicos y desobediencia antes del verano del año que viene. Un plazo, en cualquier caso, muy alejado de unas negociaciones para investir a Pedro Sánchez antes de diciembre.

Como ha sucedido en procesos anteriores, cada paso de una extradición y una retirada de inmunidad pueden ser recurridas y, hasta la fecha, la defensa de Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes reclamados ha optado por agotar todas las posibilidades procesales a su alcance.

La causa contra los políticos catalanes pendientes de juicio por el procés ha pisado el acelerador. El juez Pablo Llarena ha dictado este martes un auto concluyendo el sumario contra la exconsellera Clara Ponsatí, dejando su caso por un delito de desobediencia en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lo que en la práctica implica el paso previo a la presentación de acusaciones y celebración del juicio.

Ponsatí fue detenida ayer en Barcelona y puesta en libertad después de prestar declaración desde un juzgado de la ciudad. El magistrado instructor había ordenado su búsqueda y captura dentro de España después de que no se presentara a su anterior citación tras volver a España después de casi un lustro fuera del alcance de los tribunales. Su acusación inicial, tras la derogación del delito de sedición, quedó en un delito de desobediencia.

Se trata del segundo movimiento en torno a la causa judicial contra el procés independentista catalán después de que ayer los fiscales del caso pidieran al juez Llarena que moviese ficha también en torno a Carles Puigdemont. Después de que el Tribunal General de la Unión Europea confirmase que el expresident catalán no está protegido por la inmunidad de su puesto como europarlamentario, el Ministerio Público solicitó al instructor que volviese a ponerle en búsqueda y captura internacional y que se preparase para activar de nuevo el proceso de extradición.

Clara Ponsatí es una de las exconselleras del Govern de Puigdemont que abandonó España poco antes de ser llamada a declarar por primera vez y no regresó hasta finales del pasado mes de marzo. En esa ocasión, Ponsatí no compareció en el Tribunal Supremo cuando fue llamada por Llarena para su declaración indagatoria y también fue arrestada en las calles de Barcelona.

Su situación procesal ha cambiado mucho en el último año. Originalmente fue procesada en 2018 por el Tribunal Supremo por un delito de rebelión junto con Puigdemont y otra decena de altos cargos de la Generalitat. Su procesamiento bajó al delito de sedición cuando la Sala de lo penal rechazó la acusación de la Fiscalía y optó por condenar por ese segundo delito, y quedó en desobediencia después de la reforma legal que eliminó este artículo del Código Penal.

Vuelta a Barcelona y nueva detención. Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes en Barcelona a la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, en cumplimiento de la orden de arresto que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó contra ella tras negarse a comparecer ante el juez la primera vez que volvió a Catalunya tras seis años entre Escocia y Bélgica. Tras menos de cinco horas en la Ciudad de la Justicia, Ponsatí ha quedado en libertad.

“He vuelto a ser detenida ilegalmente en Barcelona”, ha manifestado Ponsatí en su cuenta de Twitter. La policía catalana ha conducido a la eurodiputada hasta el juez de guardia de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas que había mandado el juez Llarena.

En un auto, el juez Llarena ha acordado que sea el juzgado de guardia de la capital catalana el que practique la declaración indagatoria a Ponsatí y que después sea puesta en libertad. El instructor ha enviado a los juzgados de Barcelona un auto con varias preguntas dirigidas a la eurodiputada, pero ha rechazado ordenar que la eurodiputada fuera trasladada a Madrid por los cuerpos de seguridad.

El magistrado ha descartado que Ponsatí sea conducida ante el Supremo en Madrid pues el trayecto supondría “una extensión” de la privación de libertad en un delito que, en caso de condena, no implicaría en ningún caso su ingreso en prisión. La Fiscalía no ha pedido tampoco ninguna medida cautelar.

La eurodiputada, sin inmunidad después de la sentencia del Tribunal General de la UE del pasado 5 de julio, ha vuelto por tercera vez a Barcelona un día después de las elecciones generales que han dejado la llave de investidura de Pedro Sánchez en manos de Junts.

Ponsatí fue una de las integrantes del Govern de Carles Puigdemont que abandonó España en 2017 y no regresó después de ser llamada a declarar por los distintos instructores de la causa del procés independentista. La eurodiputada, una de las mayores partidarias de la vía unilateral y muy crítica con la negociación entre ERC y el PSOE la pasada legislatura, fue paradójicamente una de las beneficiadas de la reforma del Código Penal.

Tras la derogación del delito de sedición, el magistrado Llarena dejó su procesamiento en un delito de desobediencia, sin pena de cárcel, y Ponsatí volvió a España el pasado mes de marzo sin riesgo de entrar en prisión. Tras dar una rueda de prensa, fue detenida en Barcelona por los Mossos d'Esquadra y puesta en liberta a las pocas horas.

El juez Llarena la citó para comunicarle su procesamiento por desobediencia el pasado 24 de abril, pero Ponsatí alegó que tenía trabajo en el Europarlamento y plantó al magistrado. La respuesta del instructor de la causa del procés fue una orden de detención nacional contra Ponsatí para que fuera conducida ante él y comunicarle su procesamiento.

Carles Puigdemont ha sufrido una derrota contundente en su partida europea contra el juez Pablo Llarena. En una pugna que dura ya más de cinco años, el expresident había acumulado una mayoría de victorias o empates. Y cuando había perdido, el Tribunal Supremo había rechazado el trofeo. La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de este miércoles supone el mayor varapalo jurídico al eurodiputado de Junts desde su marcha a Bélgica.

El fallo europeo es clave porque supone la pérdida de la inmunidad del líder independentista, que ahora queda expuesto a la reactivación del proceso de extradición. El juez Llarena puede pedir de nuevo a Bélgica la entrega de Puigdemont. Y esta vez lo hará después de que dos instancias judiciales europeas hayan limitado el margen de maniobra de las dos líneas de defensa del expresident: la falta de competencia del Supremo y la denuncia de que Puigdemont sufre persecución política por independentista. 

Además de respaldar en su totalidad el procedimiento en el Europarlamento –que Puigdemont también cuestionaba–, el TGUE evita poner un pero en la competencia del Supremo para pedir el suplicatorio, otro de los alegatos de la defensa del expresident. 

Espaldarazo al Supremo

La decisión sobre si el Supremo era competente para enviar el suplicatorio, concluyen los jueces de Luxemburgo, corresponde únicamente al propio Supremo, y en ningún caso al Europarlamento o al Tribunal General. “Son las autoridades nacionales las que deben decidir”, remarca la sentencia. Todo un revés a la línea de defensa del expresident consistente en intentar que las autoridades internacionales cuestionen la competencia del Supremo para investigar el procés y defender que la causa debe juzgarse en Catalunya.

Esta protección al Supremo por parte del TGUE llega meses después de que, en la otra sentencia que el juez Llarena esperaba para reactivar las extradiciones, la Justicia europea también respaldara en parte su autoridad: el Tribunal de Justicia de la UE advirtió a Bélgica que, en un nuevo proceso de extradición, no puede cuestionar sin más la competencia del Supremo para reclamar a los líderes independentistas, sino que tiene que analizar y justificar si esa competencia supone un peligro para el derecho fundamental a un juicio justo de Puigdemont y el resto de exconsellers reclamados. 

En suma, el Tribunal Supremo llega reforzado –al menos desde Luxemburgo– a la partida definitiva con Bélgica para saber si el expresident puede ser entregado a España. Pero queda por jugar el último partido, que puede durar meses.

A la espera de Llarena… y de Bélgica

El balón está ahora en la plaza de la Villa de París de Madrid, sede del Tribunal Supremo. Perdida la inmunidad, el juez Llarena ya no tiene impedimento para reactivar los procesos de extradición de los independentistas, que quedaron sin efecto a la espera de las dos decisiones de la Justicia europea. Será el cuarto intento de la Justicia española para extraditar a los líderes del procés. Los anteriores fracasaron.

Las esperanzas de Puigdemont de recuperar el escudo de la inmunidad residen en el recurso que ya ha anunciado que presentará ante el Tribunal de Justicia de la UE. Esta instancia superior ya le devolvió cautelarmente la inmunidad el año pasado y cuestionó la imparcialidad de los políticos de Ciudadanos y de la extrema derecha que tramitaron el suplicatorio pero que ahora, en cambio, ha avalado el TGUE.

En cualquier caso, la decisión del TJUE sobre la nueva medida cautelar del expresident podría demorarse hasta unos seis meses –y hasta un año sobre el fondo del recurso–. Tiempo suficiente para que el juez Llarena envíe de nuevo peticiones de extradición a Bélgica. Sin embargo, el magistrado también podría esperar a que termine todo el proceso en Luxemburgo y que el TJUE emita su sentencia definitiva para acudir a Bélgica sin ningún cabo suelto. 

De cara a la nueva solicitud de extradición, la defensa del expresident plantará batalla desde el minuto cero. Para empezar, porque Puigdemont cree que al haberse eliminado la sedición y reclamarse la entrega ahora solo por malversación, el juez Llarena tendría que enviar de nuevo un suplicatorio a la Eurocámara. Todo tendría que empezar desde cero, a su juicio.

Fuentes jurídicas consultadas creen que, aunque el expresident debe intentar para su extradición con todos los argumentos, éste no es viable porque la malversación, recuerdan, ya estaba incluido en la euroorden en suspenso desde 2019 y que ahora el juez Llarena podría reactivar.

La petición será solo por malversación y desobediencia, los mismos delitos por los que Alemania aceptó entregar al expresident en 2018 pero que el Supremo rechazó al no poder juzgar a Puigdemont por rebelión ni sedición. De ser entregado y juzgado en España, el expresident se expondría a hasta doce años de cárcel porque el Alto Tribunal cree que la malversación a aplicar a los líderes del procés es la agravada y no la atenuada que pactaron el Gobierno y ERC.

Una vez la petición del magistrado español llegue a Bélgica, empezará un nuevo partido, que también se alargará por lo menos un año y que, a estas alturas, ya nadie descarta que traiga sorpresas. Para empezar, por la reacción que los jueces belgas puedan tener a las cuestiones prejudiciales que el juez Llarena envió al TJUE y con las que el magistrado español cuestionó la negativa de sus homólogos belgas. No es descartable que quieran pagarle a Llarena con la misma moneda (y la defensa de Puigdemont intentará aprovecharlo).

¿Puede Puigdemont moverse de Bélgica?

Puigdemont ya no podía pisar España sin eludir la cárcel porque el juez Llarena consideró que no tenía inmunidad en nuestro país al haber sido elegido eurodiputado más de un año después de haber sido procesado, lo que a su juicio le dejaba sin blindaje. Sí conservaba la inmunidad en toda Europa y para sus desplazamientos a la Eurocámara. Esta última es la única inmunidad que se mantiene ahora, según el expresident, que ha anunciado su intención de acudir el lunes a la sede de Estrasburgo (Francia) para la semana de comisiones y pleno.

La sentencia de este miércoles sí elimina totalmente la inmunidad de la que hasta ahora gozaba el expresidente en el continente europeo. En el momento en que el juez Llarena active de nuevo las órdenes de detención europeas, se repetiría lo ya vivido en Alemania, Italia o Bélgica. Este es el país en el que el expresident quiere que se tramite la petición de extradición.

Un exceso de expectativas

Más allá de los escenarios de futuro, la sentencia de este miércoles supone una derrota para el expresident, su entorno y dirigentes de su partido, que llevaban meses alentando las expectativas de retorno a Catalunya en base al fallo del TGUE.

Fiel a su estilo de verso suelto del procés, la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha sido quien lo ha expresado con más sinceridad este miércoles. “Basta de alimentar ilusiones de que con tácticas judiciales lograremos la libertad”, ha dicho Ponsatí, que también ha cargado contra la “especulación recurrente” de que la sentencia abriría la puerta del retorno del expresident y ha reconocido que hoy la situación de Puigdemont y Toni Comín es “un poco más complicada”.

Los jueces europeos desechan todos los alegatos jurídicos del expresident para intentar blindar una vuelta España sin pasar por la cárcel. Si Puigdemont quiere intentar una vuelta épica a Catalunya como revulsivo electoral de Junts en unas eventuales elecciones catalanas en otoño, el destino inmediato de la intentona es el mismo ahora que antes de este miércoles: la prisión provisional.

El juez Pablo Llarena ha decidido poner en búsqueda y captura dentro de España a la exconsellera Clara Ponsatí al entender que no ha justificado su ausencia el pasado 24 de abril, cuando fue citada por el Tribunal Supremo tras volver a España. El juez del Supremo reprocha a la eurodiputada que no acudiera sin ninguna causa: “Ha desatendido voluntaria e injustificadamente la citación judicial”, dice el juez, para reprochar a Ponsatí que “las funciones parlamentarias no son sino la excusa frente a una nueva desatención de sus obligaciones procesales”.

Ponsatí fue una de las integrantes del Govern de Carles Puigdemont que abandonó España en 2017 y no regresó después de ser llamada a declarar por los distintos instructores de la causa del procés independentista. Recientemente, tras la derogación del delito de sedición, el magistrado Llarena dejó su procesamiento en un delito de desobediencia, sin pena de cárcel, y Ponsatí volvió a España, siendo detenida en Barcelona y llamada a comparecer por el juez hace ahora dos meses.

Ponsatí no se presentó y el juez entiende que no presentó ninguna justificación para ello. Su defensa alegó que su trabajo como diputada del Parlamento Europeo en varias de sus comisiones y el juez explica que eran por la tarde, así que podría haber acudido al Supremo por la mañana y unas horas después estar de vuelta en la eurocámara o haber solicitado comparecer por videoconferencia.

Su defensa, reprocha el juez, tuvo un “amplio margen” para contactar con el Supremo y comentar estas dificultades de horario y pedir un “reajuste” de su citación. “Se eludió esta previsión y se optó por presentar un escrito exculpatorio que tampoco ha estado seguido de ninguna propuesta de atender el llamamiento judicial con posterioridad al 24 de abril”, zanja el juez.

El abogado Gonzalo Boye ha confirmado que la exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí no se presentará este lunes ante el Tribunal Supremo (TS) porque “no sabe” si está de camino a Bruselas “o ya está ahí”. Así lo ha explicado el letrado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press. La eurodiputada estaba citada a las 11 h en el Supremo para que el instructor del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, le tome declaración como procesada por un presunto delito de desobediencia por el 1-O.

Ponsatí ya avanzó el pasado 28 de marzo que no pensaba acudir, lo que podría propiciar que fuera detenida de nuevo para llevarla ante el Alto Tribunal. Horas después de que su letrado se haya dirigido por escrito al Supremo para justificar la ausencia de la imputada ha sido el juez Llarena el que ha pedido su opinión a las partes. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado como las acusaciones populares tienen ahora cinco días para que informen “lo que consideren oportuno” después de su ausencia de hoy.

La eurodiputada, acusada de un delito de desobediencia por organizar el referéndum del 1-O en Catalunya, fue detenida a finales de marzo en Barcelona por los Mossos d'Esquadra pocas horas después de regresar a España en coche por la frontera francesa y ofrecer una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Catalunya.

Tras ser conducida a los juzgados de guardia de Barcelona, salió en libertad a las pocas horas, tras acordarlo así el Tribunal Supremo, que la citó para este lunes con la advertencia de que volvería a ser detenida si no se presentaba ante el tribunal.

Dos conselleres del Govern que organizó el referéndum del 1 de octubre de 2017 han constatado en menos de 24 horas las estrategias enfrentadas del independentismo a día de hoy. Si este martes la extitular de Enseñanza Clara Ponsatí (Junts) volvía a España enarbolando la bandera de la confrontación con el Estado, este miércoles la responsable de Agricultura en el Ejecutivo de Carles Puigdemont, Meritxell Serret (ERC), ha defendido que el conflicto soberanista debe resolverse por la vía de la negociación. Lo ha hecho en su juicio por el procés que, salvo sorpresa, acabará con su inhabilitación.

Serret, actual consellera de Exteriores de Aragonès, se ha sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La Fiscalía le pide un año de inhabilitación por desobediencia, delito por el que ya fueron condenados tres exconsellers en el Supremo. De ahí que la condena de Serret se dé por descontada: recibió las mismas advertencias del Tribunal Constitucional (TC) para no organizar la votación que sus excompañeros ya condenados.

Con estos mimbres, el debate jurídico en la vista ha sido de mínimos: ni acusaciones ni defensa han propuesto testigos. La vista se ha limitado a una breve declaración de Serret a pregunta de su abogado, Iñigo Iruín. Las palabras de la titular de Exteriores han sido una reafirmación de la negociación con el Gobierno, en línea con la vía emprendida por ERC, frente a la censura del diálogo realizado por Ponsatí y parte de Junts.

“Un conflicto político solo se puede resolver a través de la negociación y la democracia”, ha manifestado Serret en su intervención, en la que ha lamentado la “judicialización” del conflicto soberanista. “Se ha querido criminalizar el republicanismo y el independentismo y anular la vía política”.

Todo lo contrario expresó Ponsatí tras su vuelta. La eurodiputada de Junts apostó por el conflicto con el Estado y se despachó con contundencia contra ERC y el Govern de Pere Aragonès, que calificó de “herramienta de la ocupación española”. También crítico Ponsatí a Serret porque en su último viaje en Latinoamérica como consellera de Exteriores “puso una bandera española tres veces mayor que la catalana”.

Entre el Parlament y el Constitucional

Serret, que estuvo tres años en Bruselas tras la fracasada declaración de independencia y se entregó al Supremo en 2021, ha admitido que como consellera de Puigdemont el Govern en pleno debatió sobre qué “mandato” debía obedecer: si el del Tribunal Constitucional que les prohibía proseguir con los preparativos de la votación o el del Parlament que les instaba a celebrar el referéndum.

“Hice un juicio ponderativo entre el mandato del Parlament para organizar el referéndum y los requerimientos del Tribunal Constitucional”, ha aseverado Serret, que ha explicado que resolvió ese dilema “siendo leal al Parlament”.

El alegato de Serret ha sido refutado por la fiscal Neus Pujal, quien, de forma elegante pero contundente, ha desmentido que el Estado persiga a los independentistas por sus ideas. “No se está criminalizando a un proyecto político. La Fiscalía no acusa a ninguno de los votantes del 1 de octubre, sino que acusa por hechos, el pensamiento no delinque”, ha argumentado Pujal.

En el caso de Serret, ha abundado la fiscal, los hechos son su “actitud contumaz, reiterada y obstinada de infracción” a las resoluciones del Constitucional que instaban al Govern a no organizar el 1-O. La fiscal ha rechazado el dilema planteado por Serret entre la orden del Constitucional y el mandato independentista del Parlament, ya que, en su opinión, no había dudas de que se tenía que decantar por cumplir con el primero.

“Si todas las decisiones de un tribunal tienen que ser sometidas a deliberación interna con un mandato parlamentario volveríamos a un caos y a una época anterior al contrato social”, ha zanjado la fiscal.

En su informe, el letrado Iruin ha recalcado que Serret “no oculta lo que hizo” como consellera de Puigdemont. “No hemos venido a tratar de camuflar su actuación, otra cosa es que eso se entienda como desobediencia”, ha indicado. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tratado de esquivar las críticas que lanzó a su Govern la eurodiputada Clara Ponsatí a su regreso a Catalunya este martes. Horas después de llegar a Barcelona y antes de ser detenida por los Mossos d’Esquadra, la que fue consellera con Carles Puigdemont llegó a calificar el actual Ejecutivo de “herramienta de la ocupación española”. 

“A mí no me encontrarán tratando de confrontar entre represaliados, todos merecen toda mi solidaridad personal y como presidente”, ha afirmado Aragonès en declaraciones frente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde precisamente arranca el juicio este miércoles a otra exconsejera del 1-O, en este caso de ERC, y que regresó antes de Bélgica, Meritxell Serret. 

Aragonès fue criticado este martes por Junts y otros sectores del independentismo por su frialdad en la recepción a Ponsatí. El president ha declarado que el retorno “se ha podido producir en condiciones más favorables que hace unos meses por la derogación del delito de sedición”, que evita que la eurodiputad se enfrente a penas de cárcel. Aunque ha añadido que “su retorno no es en plena libertad”, lo que demuestra que, en su opinión, “la represión continúa”. 

Por su parte, tras pasar su primera noche en Barcelona en años, Ponsatí ha tomado un avión en el Aeropuerto del Prat para asistir al pleno del Parlamento europeo que se celebra en Bruselas. Según ha adelantado RAC1, la eurodiputada de Junts ha pasado los controles de seguridad del aeropuerto poco después de las 6 de la mañana para dirigirse a la zona de embarque y tomar un avión.

Ponsatí, acusada de un delito de desobediencia por organizar el referéndum del 1-O en Catalunya, fue detenida este martes en Barcelona por los Mossos d'Esquadra pocas horas después de regresar a España en coche por la frontera francesa y ofrecer una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Catalunya.

Tras ser conducida a los juzgados de guardia de Barcelona, salió en libertad poco antes de las 23.00 horas, tras acordarlo así el Tribunal Supremo, que la ha citado para que comparezca el 24 de abril próximo con la advertencia de que volverá a ser detenida si no se presenta. El juez instructor Pablo Llarena dictó un auto en el que acuerda dejar sin efecto la detención de la exconsellera, así como el procesamiento por rebeldía que acordó después de que hace cinco años saliera del país junto con otros consellers y Carles Puigdemont para evitar ser juzgada por el procés.

En su auto, Llarena cita a la eurodiputada para que comparezca el próximo 24 de abril ante el Tribunal Supremo, asistida por un abogado, con el fin de comunicarle que está procesada por un delito de desobediencia, que no acarrea penas de prisión, solo de inhabilitación. Además, le advierte de que si no comparece podría modificarse “su situación personal” y podría ser conducida ante el tribunal “por la fuerza pública”.

Sobre su comparecencia, su abogado, Gonzalo Boye, ha recordado este miércoles que no es intención de Ponsatí acudir voluntariamente a la cita, aunque tampoco ha sido concluyente. “Falta tanto tiempo que no lo sé, pero no tiene intención de comparecer ante un juez que no es el preestablecido por ley”, ha afirmado en declaraciones a Rac1. Boye ha asegurado además estar “convencido” de que Puigdemont regresará también a España este año. 

Ponsatí fue detenida mientras paseaba por el centro de Barcelona pese a que conserva de forma cautelar su inmunidad como diputada europea. La exconsellera, que permaneció durante cuatro horas en la Ciutat de la Justícia, ya había anunciado que no pensaba comparecer motu proprio ante Llarena porque no reconoce su autoridad, a diferencia de lo que hicieron las otras dos políticas independentistas Meritxell Serret y Anna Gabriel.

Vuelta a España, detención y puesta en libertad. Así ha sido la jornada de este martes de la eurodiputada de Junts y exconsellera Clara Ponsatí, que abandonó Catalunya en 2017 tras el fracaso del procés y ha pasado los últimos cinco años entre Escocia y Bélgica. Antes de su arresto, Ponsatí ha reafirmado su apuesta para denunciar las vulneraciones de derechos a los independentistas que, a su juicio, realiza el Estado.

La consellera de Enseñanza durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 y actual eurodiputada de Junts había cruzado este mismo martes al mediodía en coche la frontera hispanofrancesa. Su arresto no se ha materializado hasta las 18:00h. Los Mossos d'Esquadra la han detenido después diera una rueda de prensa en Barcelona. Los agentes han conducido a Ponsatí ante el juez de guardia en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Tras cuatro horas en el juzgado (sin pisar los calabozos), el juez ha dejado en libertad a Ponsatí pasadas las 22.30h. En un auto, que el juez de guardia de Barcelona ha comunicado a Ponsatí, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha citado a la eurodiputada el próximo 24 de abril para su declaración como procesada por desobediencia. De no acudir voluntariamente a Madrid, el juez advierte de su “posible conducción por la fuerza pública [la policía]” hasta el Supremo.

La detención de este martes se ha producido pocos minutos después de las 18.00h. en la plaza de la Catedral de Barcelona por parte de un agente de paisano de la policía catalana. Ponsatí no se ha resistido a su arresto, pero ha mostrado en todo momento su credencial de eurodiputada que le confiere inmunidad y, según ella, le impedía ser arrestada. En cualquier caso, tras su comparecencia ante el juez de guardia, Llarena ha dejado sin efecto la orden nacional de detención que pesaba sobre Ponsatí y su estado de rebeldía que acordó en 2018.

Un cuarto de hora antes de ser arrestada, Ponsatí había finalizado una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas. En su comparecencia, Ponsatí ha demostrado que sigue siendo, igual que hace un lustro, un verso suelto dentro del mundo independentista. “No vengo a pactar con el Estado, sino a denunciar sus vulneraciones sistemáticas de los derechos de los independentistas”, ha denunciado en una rueda de prensa en Barcelona.

El regreso de Ponsatí, adelantado por la Agència Catalana de Notícies (ACN), no supone la antesala de la vuelta de Carles Puigdemont habida cuenta de que sus situaciones jurídicas son distintas. Ponsatí está procesada solo por desobediencia, delito que no comporta penas de cárcel y por el que no se puede solicitar su extradición. Por contra, Puigdemont sigue estando reclamado por malversación, que sí está castigado con prisión.

Ponsatí ha sido arrestada durante cuatro horas pese a que conserva de forma cautelar su inmunidad como diputada europea. La exconsellera ya había anunciado que no pensaba comparecer voluntariamente ante el juez Llarena porque no reconoce su autoridad, a diferencia de lo que hicieron las otras dos políticas independentistas Meritxell Serret y Anna Gabriel, que se entregaron al Supremo.

Ponsatí también ha disparado contra el Govern de ERC, que ha tildado de “herramienta de la ocupación española”, al tiempo que ha planteado un dilema a la conselleria de Interior y a los Mossos d'Esquadra: “Ellos sabrán si tienen que ejecutar una detención contra una eurodiputada que tiene inmunidad”. Menos de 20 minutos después, agentes de paisano de la policía catalana la han arrestado.

El titular de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha comparecido ante los medios para salir al paso de las críticas lanzadas por algunos sectores independentistas que consideran que los Mossos no deberían haber detenido a Ponsatí. El conseller ha recordado que la policía autonómica estaba obligada a dar cumplimiento a la orden de detención del juez Llarena. “Es su deber legal y esto lo sabe todo el mundo”, ha señalado. 

La eurodiputada había explicado que su intención tras la rueda de prensa era dar un paseo por el barrio del Born, frustrado por su detención, y estar con su familia y amigos. A nivel político, la eurodiputada ha presentado una web para denunciar vulneraciones de derechos en el Estado. “Las instituciones europeas tienen que dejar de mirar para otro lado”, ha apostillado.

Ponsatí tenía las puertas abiertas para volver a España después de que el juez Llarena constatara que ya no la puede reclamar por el delito de sedición tras su derogación acordada entre el Gobierno y ERC. No se podía enviar a prisión provisional a Ponsatí, toda vez que el delito de desobediencia por el que está ahora procesada no implica penas de cárcel.

Prorrogar su arresto, admitió Llarena en su último auto de la semana pasada, comporta “dificultades para compensar la duración de la detención con la pena que en su día pudiera recaer”, ya que no se puede restar el tiempo de prisión provisional a un delito sin penas de prisión en sentencia.

Por su lado, el Gobierno ha expresado que Ponsatí ha ofrecido un “espectáculo,” pero que su regreso constata “una nueva etapa”. Fuentes de la Moncloa recuerdan que el cambio en el Código Penal le ha permitido regresar. “Es la prueba de que la situación actual no tiene nada que ver con la del 2017 y que el procés es una etapa superada”

El verso suelto del Govern Puigdemont

Firme partidaria de la vía unilateral, Ponsatí fue la única consellera que se mostró a favor de declarar la independencia dos días después del 1-O y cumplir así con las leyes de desconexión que habían aprobado los independentistas. La postura mayoritaria del Govern de Puigdemont sin embargo fue un intento de negociación con el Gobierno que nunca llegó a fructificar.

Su única misión en los tres meses que pasó en 2017 como titular de Enseñaza fue que los colegios estuvieran abiertos para la votación. Y así ocurrió. Enfrentada al resto del Govern tras el 1-O, no ha tenido problemas en despacharse contra sus excolegas de Junts y, en especial, de ERC, si bien mantiene fidelidad política a Carles Puidemont y a la estrategia exterior del procés. 

Consumada la fracasada declaración de independencia del 27 de octubre de 2017, Ponsatí tuvo claro que tenía que marcharse de España. Primero estuvo en Bélgica junto al expresident y el resto de exconsellers que se fueron, y en marzo de 2018 volvió a Escocia para retomar su trabajo como economista y profesora de la universidad de Saint Andrews.

Tras el Brexit en 2020, se sumó a Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputada –iba la tercera en la lista de Junts–, lo que hizo que su procedimiento de extradición se trasladara de Escocia a Bélgica. Previsiblemente ahora la causa en Bruselas quede sin efecto toda vez que el juez Llarena la mantiene imputada solo por desobediencia, delito por el que no la puede reclamar en el extranjero al no comportar penas de cárcel.

Además, a juicio de Ponsatí, el delito de desobediencia que le imputa ahora el juez estaría prescrito al haber pasado más de cinco años de las órdenes del Tribunal Constitucional para que no impulsara la votación a las que la entonces consellera hizo caso omiso.

Tercer regreso del procés

Con el de Ponsatí ya son tres las políticas catalanas protagonistas del otoño soberanista del 2017 que han regresado a España una vez han obtenido la seguridad de que no serían encarceladas y solo serían perseguidas por un delito de desobediencia.

La primera en regresar fue la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret, quien compareció ante Llarena en marzo de 2021 y este miércoles será juzgada ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). En julio del año pasado se entregó Anna Gabriel. La exdiputada de la CUP había pasado los cuatro últimos años en Suiza. Su juicio en un penal de Barcelona no tiene fecha.

En la misma situación que Ponsatí, procesada por desobediencia y sin visos de entrar en prisión por la causa de procés, está la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien no obstante ha rechazado volver por ahora de Suiza porque cree que está investigada en la causa secreta relativa a Tsunami Democràtic.

Por el contrario, los otros tres dirigentes soberanistas que permanecen en Bélgica (el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig) sí siguen procesados por malversación, delito que conlleva penas de cárcel, por lo que su regreso voluntario a corto plazo es imposible.

Hasta que no se sustente el procedimiento sobre la inmunidad como europarlamentarios de Comín y Puigdemont el juez Llarena no reactivará sus peticiones de extradición. En cambio, no hay ninguna causa europea de la que dependa la emisión de una nueva euroorden contra Puig, que no es eurodiputado, si bien por ahora el juez Llarena no la ha enviado a Bélgica.

Medio millar de independistas reclama la libertad de Ponsatí

Medio millar de independentistas se han concentrado ante la Ciudad de la Justicia durante el arresto de Ponsatí. A la concentración que ha reclamado la libertad de la eurodiputada se ha acercado la plana mayor de Junts, como su secretario general, Jordi Turull, así como diputados de la CUP como Eulàlia Reguant y de ERC como José Rodríguez.

Pasadas las 22.30h., Ponsatí ha salido de la Ciudad de la Justicia y ha sido aclamada por decenas de manifestantes. Sus primeras palabras las ha intercambiado con dos de sus asistentes en el Europarlamento. La eurodiputada volverá a dormir en Barcelona cinco años después. Y en libertad.

El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha decidido confirmar el procesamiento de Carles Puigdemont por malversación y desobediencia después de la reforma del Gobierno que derogó el delito de sedición por el que fueron condenados los otros líderes políticos catalanes. El magistrado instructor de la causa ha decidido rechazar los recursos que la Fiscalía, la Abogacía del Estado, las acusaciones y las defensas presentaron contra su auto que imputó estos dos delitos al expresident y a Toni Comín y Lluís Puig, dejando la acusación sobre Marta Rovira y Clara Ponsati en desobediencia.

En este nuevo auto, el juez reitera que esta reforma no implica que los delitos atribuidos a Puigdemont, Comín y Puig puedan encajar en una versión atenuada de la malversación y que lo que antes se consideraba sedición ahora se debe considerar desobediencia. Fiscalía y Abogacía del Estado pedían que reconsiderara su decisión y les acusara no de desobediencia sino de desórdenes públicos agravados.

La reforma del ejecutivo central que derogaba la sedición, creaba un nuevo delito agravado de los desórdenes públicos y modificaba también la malversación tuvo una incidencia directa en la causa del procés. La Sala de lo Penal, por su parte, tuvo que adaptar su sentencia que impuso hasta 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y el resto de condenados por sedición, malversación y desobediencia.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa pasaron a estar condenados en desobediencia en concurso con malversación de caudales públicos. Sus penas de cárcel ya indultadas no se modificaron y tampoco su inhabilitación, lo que mantiene la prohibición del líder de ERC a presentarse a las elecciones en Catalunya en 2025.

En paralelo, el juez Llarena también tuvo que adaptar el procesamiento que pesa desde hace varios años sobre Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes en búsqueda y captura que abandonaron España entre 2017 y 2018, que ya tuvo que ser rebajado de rebelión a sedición después de que el Supremo dictara sentencia. En esta segunda revisión entendió que podían seguir acusados de malversación pero que la sedición debía transformarse en desobediencia.

En este nuevo auto, el juez reitera que los ahora eurodiputados no se pueden ver protegidos por una inmunidad que obtuvieron un año después de su primer procesamiento, y que si en el futuro son encarcelados se les dejará acudir a las sesiones del Parlamento Europeo. Tampoco ven una vulneración de sus derechos en la causa que se sigue contra ellos, por la vía contable, en el Tribunal de Cuentas. “Los dos procedimientos se complementan”, dice Llarena.

La retirada de la sedición el pasado mes de enero ha provocado que el proceso de extradición abierto en Cerdeña (Italia) contra el expresident se haya archivado. El expresident fue arrestado en el aeropuerto de Alguero en septiembre de 2021, pero a las pocas horas fue puesto en libertad. El tribunal italiano consideró que no podía decidir sobre la entrega de Puigdemont hasta que la Justicia europea decidiera sobre su inmunidad.

En un sentido parecido resolvió el pasado mes de enero el juez Llarena, cuando constató que debido a la reforma de Código Penal ya no podía reclamar a los independentistas por sedición, limitando las peticiones de extradición a los delitos de malversación y desobediencia. El juez, sin embargo, dijo que no cursaría una nueva petición de extradición hasta que la controversia sobre la inmunidad estuviera resuelta por los tribunales europeos, algo que podíra no ocurrir hasta finales de año.

El Tribunal Supremo ha retrocedido hasta 2017 y vuelve a tener encima de la mesa el debate sobre qué delitos se cometieron durante el procés independentista catalán. Descartadas por sentencia la rebelión y por reforma legal la sedición, la lupa de la Sala de lo Penal está ahora en si puede condenarse al expresident Carles Puigdemont por malversación, desórdenes públicos o desobediencia. La propuesta del juez Pablo Llarena, que apoya la Fiscalía, pasa por esquivar la última reforma del Código Penal e insistir en un procesamiento por el tipo agravado de malversación de caudales públicos, que recoge condenas de hasta 12 años de prisión y veinte de inhabilitación. 

La derogación de la sedición y la reforma de la malversación, delito por el que fueron condenados Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas, tenía un objetivo para el Gobierno: adaptar una respuesta penal que consideraba desproporcionada ante los hechos del otoño de 2017. Para ERC, con quien se pactó la modificación legal, el objetivo explícito era despenalizar directamente todos esos hechos: el referéndum y la declaración de independencia. La intención de los republicanos era limitar la respuesta penal para los dirigentes que están en el extranjero, como Puigdemont, pero también para decenas de altos cargos y funcionarios que siguen a la espera de juicio. Es lo que se conoce como la “segunda fila” del Govern, muy relevante para Esquerra al afectar a algunos de sus cuadros. 

La última palabra está en manos de la Sala de lo Penal del Supremo, pero los dos actores implicados en la fase previa al juicio ya se han pronunciado y lo han hecho de una manera que neutraliza buena parte de estos objetivos. Tanto el juez Llarena como la Fiscalía apuestan por mantener la acusación por malversación de caudales públicos en su modalidad más dura para Carles Puigdemont y otros políticos catalanes en búsqueda y captura fuera de España. Y el Ministerio Público, incluso, pide optar por la opción más dura posible e imputar también otro delito de desórdenes públicos, no solo uno de desobediencia como dice Llarena. 

Los líderes políticos catalanes fueron condenados en 2019 por un delito de sedición en concurso con otro de malversación y la pena más alta, de 13 años de prisión e inhabilitación, fue para Junqueras. El nuevo Código Penal elimina la sedición, con condenas altas de prisión, por una versión agravada de los desórdenes públicos. La nueva malversación pretendía rebajar, además, las condenas para quien no malversara dinero público en beneficio propio. 

La Fiscalía tiene pendiente establecer en un decreto las líneas generales de actuación del Ministerio Público a la hora de revisar, por ejemplo, condenas o imputaciones de acusados de distraer dinero público en casos de corrupción, tal y como hizo tras la entrada en vigor con la ley del ‘solo sí es sí’ y las revisiones de condenas de delincuentes sexuales. En la Audiencia Nacional, algunos jueces ya han movido ficha y Manuel García Castellón ha preguntado a las partes si los imputados en casos como la trama Púnica se pueden ver beneficiados de alguna manera. El juez Joaquín Gadea ha hecho lo mismo en el marco del caso Acuamed. 

Malversación agravada

El criterio de la Fiscalía en el caso del procés ya ha quedado expuesto en un escrito presentado este martes y que, además de la firma de los cuatro fiscales del Supremo, cuenta con el visto bueno del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Un criterio que, al menos en el caso de Puigdemont, neutraliza el objetivo político de ERC y va incluso más allá de lo que propone Llarena: acusar de malversación al expresident y los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, pero también de desórdenes públicos. Todos ellos son eurodiputados de Junts. Para el exconseller Lluís Puig (Junts) y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la Fiscalía respalda la imputación de Llarena por malversación y desobediencia, respectivamente. 

El resultado es que, con esta consideración encima de la mesa, los cabecillas del procés que todavía quedan por juzgar siguen enfrentándose a condenas altas de cárcel e inhabilitación. También los que pretenden revisar sus condenas después de ser indultados. La modalidad más dura de la malversación no ha cambiado con la reciente reforma y está penada con hasta 12 años de cárcel cuando la cuantía malversada supera los 250.000 euros. La sentencia del procés no cuantificó la malversación, aunque dio por probado que la cifra desfalcada superó “ampliamente” esa cantidad. 

Para Llarena, el nuevo delito de malversación sigue siendo aplicable al procés. El actual artículo 432 vuelve a versiones anteriores a 2015 al poner el foco en la existencia o no de ánimo de lucro por lo que, según el juez, la jurisprudencia de entonces resulta “plenamente aplicable a la actual redacción”. Y esa doctrina dice que para apreciar ánimo de lucro no hace falta que el dinero acabe en el bolsillo del acusado: “Resulta igualmente apreciable cuando se despoja a la Administración de unos fondos públicos para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto activo del delito y que están plenamente desvinculadas del funcionamiento legítimo de la Administración”, afirma el juez. 

Llarena tampoco cree que a Puigdemont y los exconsellers Ponsatí y Comín se les pueda aplicar el tipo atenuado de malversación creado en esta reforma. El nuevo artículo 433 castiga con penas menores —de uno a cuatro años de cárcel e incluso multa en los supuestos más leves— a quienes den al patrimonio público “una aplicación pública diferente” a la prevista. Según el magistrado, en el 1-O no hubo un “trasvase” de fondos entre “finalidades públicas legítimamente administradas”, sino que esos fondos se dedicaron a “sufragar la decisión personal de contravenir el ordenamiento jurídico y cometer un delito”. 

La Fiscalía apoya ahora este argumento al recurrir solamente la decisión del juez de no atribuirles también un delito de desórdenes públicos. Eso no condiciona la decisión que tome finalmente la Sala de lo Penal cuando, llegado el momento, juzgue a Carles Puigdemont: ya en la causa principal los jueces rechazaron la teoría de Llarena y la Fiscalía sobre la rebelión y apoyaron la tesis de la Abogacía del Estado sobre la sedición. 

Efecto sobre las euroórdenes

El escrito de la Fiscalía sí podría tener efectos sobre las posibles euroórdenes de arresto que se dictaran contra los dirigentes huidos. De atender el juez la petición del Ministerio Público, Puigdemont, Comín y Ponsatí verían añadido un nuevo delito a su futura nueva petición de extradición, con el hipotético aumento de las eventuales penas de cárcel en caso de ser entregados a España. Ello tendría especial importancia en Ponsatí, a quien la supresión de la sedición dejó solo una imputación por desobediencia que aceleraba su vuelta a España.

En cambio, Puig se seguirá teniendo que enfrentar a un proceso de extradición en Bélgica suspendido hasta que a finales de enero la Justicia europea resuelva las prejudiciales clave planteadas por el juez Llarena. Y Rovira mantiene tras el escrito de Fiscalía las mismas puertas abiertas por el magistrado el jueves pasado para volver a España sin pisar la cárcel. 

Entre las defensas de los líderes soberanistas en el extranjero e indultados no han causado sorpresa las posiciones de máximos defendidas por el juez y la Fiscalía. El motivo, la defensa a ultranza en el pasado de un delito de rebelión por parte del instructor y los fiscales, descartado por el tribunal que juzgó el procés y por decenas de juristas. Es más, sea ante la Justicia belga, en el caso de Puigdemont, o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) los indultados, todos ellos pretenden que la dureza con la que el juez y la Fiscalía han respondido a la reforma del Código Penal se les vuelva en contra.

Así, el empleo de la malversación más dura por parte del juez Llarena y la Fiscalía es una muestra, para la defensa del expresident, de que se mueven más por criterios políticos que por las pautas jurídicas que deberían suponer una aplicación de la pena más favorable. Y sobre la última petición de la Fiscalía, se recuerda que ya en 2018 los jueces alemanes descartaron que Puigdemont hubiera cometido cualquier delito contra el orden público cuando el juez Llarena intentó su extradición no solo por rebelión o sedición sino también por el tipo de desórdenes públicos vigente entonces.

En términos parecidos se expresan las defensas de los líderes de ERC de cara a la revisión de las condenas que deberá realizar en los próximos días el Supremo para Junqueras y los otros condenados. Los indultados republicanos serán los únicos que defenderán ante la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena una reducción casi total de las inhabilitaciones tras la reforma penal. Los condenados de Junts y Jordi Cuixart lo han rechazado.

A juicio de los letrados consultados, para los indultados no hay escenario adverso posible: o bien el Supremo les rebaja las penas por inhabilitación en línea con la nueva redacción del Código Penal o bien su interpretación, al igual que la del juez Llarena, es contraria al espíritu de la reforma y se mantienen las penas. Ello sería inmediatamente comunicado al Tribunal de Estrasburgo y, a criterio de las defensas, aumentaría el riesgo de una condena para España por la persecución política al independentismo por parte de su Alto Tribunal.

La eventual condena europea, en cualquier caso, tardaría todavía años en llegar. Más inmediata será la tarea para los políticos de ERC de seguir defendiendo políticamente una reforma que va camino de fracasar en su objetivo de aminorar las penas para los condenados y las decenas de cargos que esperan todavía juicio por el procés.

––––––––––––––––

Antes de que dejes de leer...

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

Antes de volver a Catalunya, la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha querido comunicarse por escrito con el juez Pablo Llarena. La exconsellera de Educación en el referéndum de 2017 ha instado al magistrado del Tribunal Supremo a dejar sin efecto la orden de detención en España que emitió contra ella el pasado jueves, cuando abrió la puerta a su retorno al retirar la petición de extradición a Bélgica por un delito de sedición.

A juicio de Ponsatí, el delito de desobediencia que le imputa ahora el juez Llarena estaría prescrito al haber pasado más de cinco años de las órdenes del Tribunal Constitucional para que no impulsara la votación a las que la entonces consellera hizo caso omiso.

El juez Llarena aplicó el nuevo Código Penal pactado por ERC y el Gobierno y retiró la sedición de los cargos por los que reclama a los líderes independentistas en el extranjero. Ahora Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se enfrentan únicamente a un delito de desobediencia, castigado con inhabilitación y no con penas de cárcel, por lo que ya pueden volver a España sin el riesgo de entrar en prisión, que sí se mantiene para Carles Puigdemont.

Con todo, el juez Llarena mantuvo la orden de detención en España contra los dos políticas independentistas, pero únicamente a los efectos de que la Policía las traslade hasta el Supremo para tomarles declaración como investigadas por desobediencia. Ponsatí ya respondió que sus planes pasan por volver a Catalunya en las próximas semanas pero que no piensa presentarse ante el Supremo.

En su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Ponsatí, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, pide al instructor ordenar “sin dilación alguna” a los cuerpos y fuerzas del Estado que dejen sin efecto la orden nacional de detención cursada el pasado jueves para evitar la “ilegal detención” de la exconsellera. Aunque no implique su ingreso en prisión, para la defensa la orden de detención cursada por el instructor es ilegal ya que obvia la inmunidad de forma cautelar dispone Ponsatí como eurodiputada.

Según alega la defensa, la orden de arresto nacional contra Ponsatí por un delito de desobediencia “no tiene ningún tipo de amparo legal”, ya que la exconsellera no fue procesada por este delito, sino por rebelión, sedición y malversación. “El hecho innegable de no haber sido procesada jamás por desobediencia impide ahora, de golpe y 'sin anestesia', tratar de imputar un nuevo delito como sería, para ella, el de desobediencia”, razona el escrito.

La defensa también pide que el juez envíe de forma “urgente” al Parlamento Europeo una comunicación oficial por la que desiste del suplicatorio que envió en febrero de 2020 contra Ponsatí para retirarle la inmunidad. Este derecho como europarlamentaria implica que Ponsatí, hasta que la Justicia europea no confirme que le despoja de la inmunidad, solo puede ser detenida en caso de flagrante delito.

Ponsatí entró en el Govern de Carles Puigdemont a tres meses del 1-O después de una prestigiosa carrera en la academia como economista. Su único encargo como titular de Enseñaza fue que los colegios estuvieran abiertos para la votación. Tras el 1-O, fue la única consellera partidaria de aplicar la ley que habían aprobado los propios independentistas y declarar la independencia dos días después de la votación.

Sin carné de ningún partido, Ponsatí tuvo claro que tras la fallida declaración de independencia solo con una marcha al extranjero podría esquivar su ingreso en prisión y partió a Bruselas para después volver a Edimburgo (Escocia), donde trabajaba como profesora en la Universidad de Saint Andrews antes de entrar en política. Desde allí no se ahorró críticas a sus excolegas de Junts y, en especial, de ERC, lo que no impidió que fuera en las listas europeas de Carles Puigdemont y que desde el Brexit ostente el cargo de eurodiputada.

Una de las dos políticas independentistas beneficiadas por la derogación del delito sedición ya tiene planes de vuelta. La exconsellera de Enseñanza y actual eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha asegurado que quiere regresar a Catalunya “lo antes posible”, pero sin presentarse ante el Tribunal Supremo por voluntad propia al no reconocer la autoridad del Alto Tribunal.

El juez del Supremo Pablo Llarena aplicó este jueves el nuevo Código Penal pactado por ERC y el Gobierno y retiró la sedición de los cargos por los que reclama a los líderes independentistas en el extranjero. Ahora Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se enfrentan únicamente a un delito de desobediencia, castigado con inhabilitación y no con penas de cárcel, por lo que ya pueden volver a España sin el riesgo de entrar en prisión, que sí se mantiene para Carles Puigdemont.

A diferencia de Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, que serán reclamados por malversación una vez se despeje la maraña de procedimientos ante la Justicia europea, el juez Llarena constató que no puede pedir la extradición de Ponsatí y Rovira ya que la desobediencia no está castigada con penas de cárcel. En consecuencia, mantuvo tan solo la detención en España de ambas políticas a los únicos efectos de tomarles declaración por este delito y no como paso previo a su ingreso en prisión preventiva, que sí ordenó para el expresident.

En declaraciones a Catalunya Ràdio este viernes, Ponsatí ha recordado además que, como europarlamentaria, tiene inmunidad de forma provisional porque así lo decidió la Justicia europea mientras no resuelve la causa del suplicatorio. “Garantías democráticas en el Estado español no se tienen nunca”, ha recalcado, pese a reafirmar sus intenciones de volver en función de su agenda.

De esta forma, si Ponsatí vuelve sin presentarse ante el Supremo, el juez Llarena se encontrará ante la disyuntiva de proceder al arresto de la europarlamentaria para tomarle declaración y después dejarla en libertad –con el riesgo de que la exconsellera emprenda acciones legales contra él por vulnerar la inmunidad– o no concretar el arresto.

“Dado que Llarena ha renunciando a perseguirme para ponerme en prisión, yo volveré a mi casa”, ha destacado la exconsellera, que ha insistido en que desconoce cómo reaccionará el juez del Supremo una vez ponga un pie en España. Al igual que hiciera Puigdemont este jueves, Ponsatí ha arremetido contra el juez Llarena, a quien ha definido como “punta de lanza de la persecución española”.

En opinión de Ponsatí, la derogación del delito de sedición es la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la “presión internacional” que ejerció el independentismo, pero no cree que la reforma del Código Penal tenga grandes consecuencias desde un punto de vista político.

Tras una prestigiosa carrera académica como economista, Ponsatí dio el salto a la política para ocupar la cartera de Enseñanza en las semanas previas al referéndum del 1-O de 2017, con la única misión de que las escuelas se abrieran para la votación. Sin carné de ningún partido, fue la única consellera del Govern de Carles Puigdemont partidaria de la vía unilateral y de declarar la independencia dos días después de la votación, tal y como preveían las propias leyes de desconexión aprobadas por los soberanistas.

Tras la fallida negociación con el Gobierno y la declaración de independencia de finales de octubre de 2017, Ponsatí se marchó a Bruselas para después volver a Edimburgo (Escocia), donde trabajaba como profesora en la Universidad de Saint Andrews antes de entrar en política. Desde allí no se ahorró críticas a sus excolegas de Junts y, en especial, de ERC, lo que no impidió que fuera en las listas europeas de Carles Puigdemont y que desde el Brexit ostente el cargo de eurodiputada.

Entre sucesivos dardos contra el Gobierno por la eliminación del delito de sedición, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha actualizado este jueves la situación de los dirigentes independentistas que se fueron al extranjero tras la fallida declaración de independencia. La decisión más relevante del instructor afecta a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a la europarlamentaria de Junts Clara Ponsatí, que desde este jueves ya tienen la puerta abierta para volver a España sin ingresar en prisión.

Por su lado, el expresident Carles Puigdemont sigue pendiente de las decisiones de la Justicia europea, si bien ahora definitivamente sin la mochila de una petición de extradición por sedición. En su primera intervención tras la decisión de Llarena, el expresident ha sido fiel a su estilo: “No volveré esposado ni rendido delante de un juez español para que sea indulgente, lucharé para volver libre”.

Puigdemont también ha arremetido contra ERC por la reforma de la malversación. “Los que querían ver en los cambios legislativos una buena noticia se equivocaban”. Las palabras del expresident de explican porque ninguno de los políticos reclamados a Bélgica por malversación se ha beneficiado de los cambios en el Código Penal en este delito pactados por ERC y el Gobierno. Así quedan los cinco líderes del procés en Bélgica y Suiza tras el auto del juez Llarena.

Rovira y Ponsatí, de vuelta

Las dos grandes beneficiadas por la eliminación del delito de sedición son Marta Rovira y Clara Ponsatí, ambas reclamadas tan solo por este delito desde la sentencia del procés de 2019. La primera, en Suiza desde 2018, sigue teniendo gran ascendencia sobre ERC, habida cuenta de que es la secretaria general del partido, mientras que la segunda sigue siendo el verso libre que ya era en julio 2017, cuando entró en el Govern para ser la consellera de Educación del referéndum del 1-O.

Con la eliminación de la sedición, a Rovira y Ponsatí se les despeja el terreno de juego: el juez Llarena ha acordado que su conducta solo podría castigarse con un delito de desobediencia al no encajar los hechos del procés en el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados creado tras la eliminación de la sedición. La desobediencia no implica penas de prisión sino de inhabilitación. De ahí que, a diferencia de Puigdemont, en el auto de Llarena se especifique que la detención de Rovira y Ponsatí –quien tiene inmunidad cautelar como eurodiputada– cuando pisen España será a los efectos de tomarles declaración por este delito y no para que ingresen en prisión, como sí ocurre con el expresident y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

Con todo, la entrega de Rovira por parte de Suiza ya era un imposible porque desde el primer momento las autoridades helvéticas la consideraron una cuestión política y declinaron colaborar con el Supremo. No así Ponsatí, cuyo proceso de extradición abierto en Bélgica va camino del archivo.

Ni Rovira ni Ponsatí fueron reclamadas por malversación. La republicana no ostentaba en 2017 cargo alguno en el Ejecutivo por lo que no pudo disponer de fondos públicos. Respecto a la ahora eurodiputada de Junts, aunque fue la responsable de abrir los colegios el 1-O, la sentencia del Supremo descartó que ordenara pagos a empresas relacionados con la votación, por ejemplo para el envío de papeletas o publicidad institucional, como sí hicieron Comín y Puig.

Puigdemont, sin la sedición pero a la espera del TJUE

La situación de Puigdemont también ha variado este jueves, pero no tanto como la de Rovira y Ponsatí. El juez Llarena también ha eliminado la sedición contra el expresident y contra el exconseller y ahora eurodiputado de Junts Toni Comín, por lo que ya no pueden ser reclamados a Bélgica por este delito. El magistrado concluye que las peticiones de extradición quedan “sin efecto”, y añade que lo pondrá en conocimiento de las autoridades belgas e italianas que actualmente las tramitaban.

También indica el juez Llarena que la emisión de nuevas euroórdenes “deberá de posponerse” hasta las decisiones de la Justicia europea sobre los independentistas. Fuentes jurídicas consultadas indican que en caso de nueva euroorden el juez Llarena tendría que volver a pedir un suplicatorio a la Eurocámara, lo que todavía alargaría más los trámites hasta la decisión definitiva sobre la entrega por parte de la Justicia belga.

Cabe resaltar además –tal y como recordaron la Justicia italiana y europea tras el intento fallido de extraditar a Puigdemont en Cerdeña– que los procesos de extradición ya estaban en suspenso debido a las cuestiones prejudiciales que el propio juez Llarena envió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evitarse de nuevo con Puigdemont el revés que recibió de Bélgica con la extradición de Lluís Puig en 2020. El TJUE emitirá su sentencia el próximo 31 de enero.

La 'precuela' de la extradición fallida de Puig cobra ahora mucha importancia, ya que tras la decisión de Llarena tanto el exconseller como el expresident se encuentran bajo los mismos delitos: malversación y desobediencia. Los jueces belgas, al igual que los alemanes con Puigdemont, avalaron una entrega a España de Puig por malversación, pero finalmente denegaron la extradición por dos motivos: la opinión crítica con el Supremo del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y la falta de competencia que, a su juicio, tiene el Supremo para reclamar a los líderes independentista.

Aunque no fuera su procedimiento, la negativa de Bélgica a extraditar a Puig dejó tocadas las opciones de entrega de Puigdemont al afectar a un aspecto fundamental de la causa: la competencia del Tribunal Supremo para reclamar a los líderes catalanes en el extranjero. Es una cuestión que, a juicio de las defensas, anula la causa del procés desde su inicio, ya que para los líderes independentistas el caso debía haberse seguido en el TSJ catalán y no en el Supremo al haber ocurrido los hechos en Catalunya. Por este motivo el juez Llarena preguntó al TJUE si los jueces que debían decidir sobre la extradición podían cuestionar la competencia del tribunal que envía una euroorden. A la espera de la decisión del TJUE, tanto el Abogado General de la UE como la Comisión Europea han respaldado a Llarena.

La otra causa europea que deberá resolverse antes de que Bélgica pueda volver a estudiar la entrega de Puigdemont será la que versa sobre su inmunidad como europarlamentario. En este caso además, a diferencia de las prejudiciales de Llarena la sentencia del Tribunal General de la UE (TGUE), que se espera como máximo para la primavera, es recurrible ante el TJUE.

La malversación, sin cambios

Un aspecto secundario, aunque no menor, del auto del juez Llarena de este jueves es la valoración que realiza el magistrado sobre los cambios en el delito de malversación. Con la vista puesta en los procesos de extradición pendientes, el instructor concluye que no hay cambios y que el desvío de fondos públicos que realizó el Govern para pagar la votación sigue siendo el mismo delito de malversación que antes de los cambios en el Código Penal. Es decir, que se le siguen aplicando las penas más graves de prisión, de hasta doce años, y no las atenuadas de los nuevos tipos introducidos por el Gobierno y ERC para castigar la malversación “sin ánimo de lucro”.

Mantiene el juez Llarena en su auto que sigue vigente “el ánimo de lucro” en los gastos de envío de sobres y papeletas y publicidad institucional del 1-O ya que se trata de fondos públicos “desvinculados del funcionamiento legítimo de la administración”.

Este mismo jueves el magistrado Manuel Marchena ha dado ocho días a acusaciones y defensas del juicio del procés para que digan cómo les afecta la reforma del Código Penal a los condenados e indultados. Si el tribunal que juzgó el procés sigue la misma interpretación que Llarena, se verían truncadas las expectativas de Oriol Junqueras y el resto de condenados en España de ver rebajada sustancialmente su inhabilitación gracias al nuevo tipo de malversación sin ánimo de lucro.

Lo mismo ocurriría si la Fiscalía aplica la 'doctrina Llarena' sobre la malversación a las causas pendientes de juicio, como las que afectan a los colaboradores de Junqueras Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. De ser así, la reforma de la malversación impulsada por ERC –y que le ha costado al PSOE marejada interna– no serviría para sus condenados y procesados por el procés.

31 de enero de 2023. Será la fecha en que se conocerá una de las decisiones clave de la Justicia europea de cara a la eventual extradición de Carles Puigdemont: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicará la sentencia sobre las cuestiones prejudiciales que envió el magistrado Pablo Llarena para evitar que Bélgica impida la extradición del expresident.

Según ha podido saber elDiario.es, la vista pública para la lectura de la sentencia se celebrará el próximo 31 de enero a las 9.30h. en la sala de audiencias del tribunal con sede en Luxemburgo.

En su sentencia, los jueces europeos responderán a las preguntas formuladas por el juez Llarena tras la negativa de Bélgica a extraditar a Puig, que dejó tocadas las opciones de entrega de Puigdemont al afectar a un aspecto fundamental de la causa: la competencia del Tribunal Supremo para reclamar a los líderes catalanes en el extranjero. Es una cuestión que, a juicio de las defensas, vicia la causa del procés desde su inicio, ya que para los líderes independentistas el caso debía haberse seguido en el TSJ catalán y no en el Supremo al haber ocurrido los hechos en Catalunya.

El magistrado español también pidió una respuesta sobre si se puede denegar una entrega en base a la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, un dictamen que el Supremo desdeña al no ser de obligado cumplimiento para España pero que los jueces belgas tuvieron en cuenta para concluir que la extradición de Puig vulneraría sus derechos fundamentales.

El juez Llarena ha recibido en este procedimiento dos espaldarazos de relevancia tras sus intentos, hasta ahora fallidos, de extraditar a los independentistas catalanes. Primero el Abogado General de la UE, cuya opinión no vinculante pero sí influyente en el TJUE, avaló que no se requiere de un análisis concreto de la posible violación de derechos fundamentales en Puig al no haber riesgo sistemático de vulneración de derechos en España. A la misma conclusión llegó la Comisión Europea en la vista del pasado mes de abril.

Además de la causa sobre las prejudiciales del juez Llarena, el futuro de Puigdemont y los otros dos eurodiputados de Junts, los exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, depende de un segundo procedimiento en instancias europeas. Se trata del que versa sobre su inmunidad como europarlamentarios.

De la resolución de ambas causas depende la reactivación de los procesos de extradición paralizados en los tribunales de Bruselas y Sassari (Cerdeña). No será inmediato, ya que en el caso de la causa sobre la inmunidad la sentencia del Tribunal General de la UE (TGUE), que también se espera para principios del año que viene, es recurrible ante el TJUE.

Todo ello mientras, en España, la derogación de la sedición y la reforma de la malversación llevarán al juez Llarena a tener que analizar si las peticiones de extradición que emitió en 2019 contra Puigdemont tras la sentencia del procés pueden mantenerse o deben sufrir cambios para adecuarse al nuevo Código Penal.

Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo cuestionan ahora la decisión de la propia institución de abrir las puertas a Carles Puigdemont y Toni Comín. La decisión, abanderada por el entonces presidente, David Sassoli, vino determinada por una sentencia del TJUE de diciembre de 2019 sobre Oriol Junqueras, que determinaba que el cargo dependía de los votos en las urnas, reflejados por el Boletín Oficial del Estado, y no tanto de procedimientos posteriores como la jura de la Constitución española en el Congreso de los Diputados.

“El Parlamento Europeo ha tratado perfectamente a los demandantes”, ha dicho este jueves el abogado del Parlamento Europeo, Norbert Lorenz, en la vista del Tribunal General de la UE sobre el suplicatorio concedido por la Eurocámara sobre Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí, que ha durado algo más de cinco horas. “Se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo en enero de 2020, y como hemos visto de una sentencia del TGUE, probablemente de manera ilegal, porque nunca ha recibido notificación de las autoridades españolas [Junta Electoral Central] de que hayan sido elegidos”.

El abogado del Parlamento Europeo se refiere, así, a una sentencia de julio de 2022, en la que el Tribunal General desestimaba el recurso contra las decisiones del expresidente de la Eurocámara Antonio Tajani, de mayo y junio de 2019, por considerar que no son actos recurribles. Al mismo tiempo, en esa sentencia recordaba la lista del BOE del 13 de junio de 2019, que incluye a los líderes independentistas como electos, al tiempo que decía que “la imposibilidad de los demandantes de asumir sus funciones, de ejercer sus mandatos y de ocupar sus escaños no deriva de la negativa del expresidente del Parlamento Europeo a reconocerles la condición de eurodiputado, sino de la aplicación del Derecho español, tal y como esta se refleja en las notificaciones de la Junta Electoral Central de 17 y 20 de junio de 2019, respecto de las cuales el expresidente del Parlamento Europeo y, de manera más general, el Parlamento Europeo no disponían de margen de apreciación alguno”.

Esta sentencia del TGUE ha sido recurrida ante el TJUE, el tribunal que allanó la entrada en el Parlamento Europeo de los líderes independentistas, y que ha enmendado en más de una ocasión al TGUE en este proceso, como cuando ha decidido mantener la inmunidad cautelarmente de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

Este cuestionamiento que hacen ahora los servicios jurídicos en Luxemburgo puede dar pistas del informe que están preparando en relación con la petición de credenciales de los tres líderes independentistas realizada por la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y que insiste en no avalar la Junta Electoral Central. Esta pelota ahora está en el tejado de la Eurocámara, que debe responder ahora a la Junta Electoral Central, que pide la supresión de los escaños, sobre si toma o no alguna medida con respecto a los tres eurodiputados.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha replicado: “Esto que dice tiene que ver con lo que se ha ido publicando en la prensa española en relación con que la presidenta, Roberta Metsola, se prepara para retirarles el escaño”.

El abogado ha insistido en que el Parlamento Europeo “no les permitía [a los líderes independentistas] ser eurodiputados [hasta la sentencia de diciembre de 2019] y han violado sus derechos con la inmunidad [al no haberles sido reconocida]. La gente del Parlamento Europeo debe explicar si tiene la intención de que dejen de ejercer su cargo”.

Mientras llega esa decisión de la presidenta actual del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la vista de este viernes en Luxemburgo ha versado sobre el recurso de Puigdemont, Comín y Ponsatí sobre el suplicatorio aprobado por la Eurocámara en marzo de 2021, y también el procedimiento previo hasta esa votación en la comisión de Asuntos Jurídicos, presidida por Adrián Vázquez (Cs).

“No veo vínculo entre el ponente y el partido Vox”, ha dicho el abogado del Parlamento Europeo, aunque el ponente participara en marzo de 2019 en un acto de Vox en la Eurocámara del que él mismo era anfitrión y en el que se gritó “Puigdemont, a prisión”.

El abogado de los líderes independentistas, Gonzalo Boye, ha defendido que ni Vázquez ni el ponente del suplicatorio, el utraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, fueron imparciales en el proceso, algo que viene a compartir el abogado general del TJUE en la decisión de medidas provisionales, en mayo de 2022. Boye, además, ha señalado como argumento de la persecución política que sufren – fumus persecutionis–, dicen los independentistas, la reforma del delito de sedición que, según el Gobierno, allanará la extradición de Puigdemont, Comín y Ponsatí. “¿Cuántos casos conocen de un cambio del Código Penal para una extradición? Si esto no es una señal de persecución, no sé lo que es”, ha dicho Boye ante el tribunal: “Es público y notorio que varios ministros españoles importantes y el propio presidente del Gobierno, el señor Sánchez, han estado diciendo estos últimos días que el cambio en la legislación es para obtener la entrega del señor Puigdemont a España”.

Como argumento para demostrar la falta de diligencia del búlgaro, Boye ha recordado que el informe que redactó sobre la inmunidad de Ponsatí le atribuía un delito que no estaba en la euroorden del Supremo: el escrito del Supremo atribuía a la ex consellera el delito de sedición, mientras que el informe del ponente del Parlamento Europeo añadió el de malversación. El abogado del Parlamento lo ha justificado afirmando que se trató de “un error tipográfico”.

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont afronta la próxima semana una vista crucial ante la Justicia europea en la que se abordará su inmunidad como europarlamentario. Este caso, junto a las prejudiciales que envió el Tribunal Supremo, marcará si los jueces belgas pueden volver a estudiar su extradición a España. En medio del escenario judicial de Luxemburgo se ha colado la reforma del Código Penal en España sobre el delito de sedición, que Puigdemont prevé alegar ante los magistrados europeos como ejemplo de la “persecución política” que, a su juicio, sufre por parte del Estado.

Ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) con sede en Luxemburgo se celebrarán el próximo jueves y viernes dos vistas que afectan a la inmunidad como europarlamentarios de Puigdemont y los otros representantes de Junts, Toni Comín y Clara Ponsatí. La sesión más importante para el futuro de los políticos independentistas será el viernes, cuando el TGUE examine si el procedimiento por el que el Parlamento Europeo aceptó el suplicatorio del Tribunal Supremo y retiró la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí se ajustó a la legalidad.

Los tres eurodiputados tienen a día de hoy inmunidad porque así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de forma cautelar. Pero la vista ante el TGUE es decisiva porque, en función de lo que decidan los jueces, el suplicatorio puede volver a tener que tramitarse desde cero, lo que en la práctica supondría que Puigdemont podría conservar la inmunidad hasta prácticamente el final de la legislatura (inicios de 2024).

El equipo legal del expresident, liderado por Gonzalo Boye, ha puesto toda la carne en el asador del TGUE. Los argumentos para anular el suplicatorio empiezan por la falta de imparcialidad del presidente del comité que lo tramitó, Adrián Vázquez (Ciudadanos) y del ponente, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox), quien participó en marzo de 2019 en la primera visita de dirigentes de la extrema derecha española al Parlamento Europeo. Fue el día en que el secretario general del partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith, gritó en sede parlamentaria: “Puigdemont, a prisión”.

Según la defensa del expresident, la falta de imparcialidad de Vázquez provocó que hiciera una suerte de traje a medida de Puigdemont, apartándose de los términos en los que la Eurocámara había retirado la inmunidad a decenas de europarlamentarios en el pasado. La defensa pone varios ejemplos: no traducir y darse por instruido en 24 horas de 10.000 páginas de documentación en distintos idiomas europeos, no dar una respuesta fundada (aunque sea negativa) a las alegaciones del expresident o no valorar la competencia del juez del Supremo Pablo Llarena para enviar el suplicatorio.

Frente a las tesis de Puigdemont, el Parlamento Europeo y España defienden el aval del suplicatorio. La sentencia del TGUE se espera para principios de año, pero tanto la Eurocámara como los políticos de Junts podrán recurrirla ante el TJUE.

Además de las cuestiones relativas a la imparcialidad de Vázquez y Dzhambazki, el expresident también alegará cuestiones de fondo sobre derechos fundamentales que viene reiterando en los respectivos intentos –hasta ahora fallidos– del Supremo para extraditarle. En primer lugar, que el juez Llarena no es el competente para investigar la causa del procés, argumento que todas las defensas independentistas comparten y que los ya condenados e indultados han alegado también en sus demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Los recientes anuncios de cambios en el Código Penal también han dado munición al expresident para alegar que sufre “persecución política”. Según la defensa, la derogación de la sedición y la modificación de los desórdenes públicos suponen un cambio legislativo para intentar por todas las vías una extradición del expresident, toda vez que Alemania ya dejó claro al Supremo que no iba a extraditar a Puigdemont ni por rebelión, ni sedición ni cualquier delito contra el orden público (sí por malversación, pero el juez Llarena rechazó la entrega por este delito).

En cualquier caso, según fuentes jurídicas, el cambio en el Código Penal sí comportará que el juez Llarena tenga que analizar de nuevo si debe cursar una nueva petición de extradición ya que el delito de sedición por el que la emitió en 2019 tras la sentencia del procés ha sido derogado. Una nueva vuelta de tuerca que ralentizaría todavía más la decisión de la Justicia belga sobre la entrega a España de los independentistas.

Antes de que los jueces belgas puedan volver a abrir esa carpeta será necesario que finalicen tanto el pleito sobre la inmunidad como el de las cuestiones prejudiciales que el juez Llarena envió al TJUE, cuya resolución se prevé para finales de este año. En cambio en el relativo a la inmunidad, al caber recurso, la decisión definitiva de la Justicia europea podría demorarse hasta finales de 2023.

Los jueces belgas negaron la extradición del ex conseller de Cultura Lluís Puig porque consideraron que el Supremo se había extralimitado. De acuerdo con la Justicia belga, el tribunal competente era el de Justicia de Catalunya. Y el juez instructor Pablo Llarena sospecha que le puede pasar lo mismo, por analogía, con el ex president Carles Puigdemont, así como con los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

En consecuencia, en mayo de 2021, después de votarse el suplicatorio en el Parlamento Europeo, Llarena remitió unas cuestiones prejudiciales en las que buscaba que la Justicia europea impidiera que los jueces belgas pudieran rechazar la extradición de los eurodiputados con los mismos argumentos que emplearon con Puig.

Y el abogado general de la UE, en un dictamen no vinculante pero que suele coincidir la mayoría de las veces con el fallo ulterior del tribunal, ha publicado este jueves su opinión.

Así, según el abogado general Richard de la Tour, “una autoridad judicial no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo de la persona reclamada si no se demuestra la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al sistema judicial del Estado miembro emisor. Si no existen deficiencias de tal naturaleza, no cabe fundar una denegación de la ejecución en la alegación de que el tribunal emisor carece de competencia para dictar esa orden y para enjuiciar a la persona reclamada”.

En las conclusiones de este jueves, el abogado general Jean Richard de la Tour propone al Tribunal de Justicia que responda, en primer lugar, que la decisión marco del Consejo de la UE sobre las órdenes de detención europeas “se opone a que una autoridad judicial de ejecución rechace la ejecución de una ODE sobre la base de un motivo de denegación de la ejecución previsto en su Derecho nacional, pero no contemplado en esta decisión marco”.

“En cambio”, prosigue el abogado general, “la decisión no se opone a una disposición nacional previendo la posibilidad de que una autoridad judicial de ejecución deniegue la ejecución de una orden de detención europea si tiene razones serias para considerar que tendría como efecto vulnerar los derechos fundamentales de la persona de que se trate, siempre que esa disposición se aplique de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que fija las condiciones estrictas con arreglo a las cuales puede producirse tal denegación”.

Además, el dictamen sostiene que la decisión del Consejo de la UE “debe interpretarse en el sentido de que no permite a una autoridad judicial de ejecución controlar si una autoridad judicial emisora es competente, en virtud del Derecho del Estado miembro emisor, para dictar una orden de detención europea”.

Así mismo, el abogado general dice que la doctrina “debe interpretarse en el sentido de que, cuando la autoridad judicial de ejecución que tiene que decidir sobre la entrega de una persona contra la que se ha emitido una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales no dispone de datos que permitan demostrar, mediante una apreciación global basada en datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados, la existencia de un riesgo real de vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo ante un juez establecido previamente por la ley, que se garantiza en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debido a deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor, dicha autoridad no puede denegar la ejecución de esa orden de detención europea”.

Por último, añade: “La decisión marco del Consejo debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una autoridad judicial emisora dicte contra la misma persona una nueva orden de detención europea dirigida a la misma autoridad judicial de ejecución cuando esta haya denegado la ejecución de una orden de detención europea anterior contraviniendo el Derecho de la Unión, tras haber examinado si la emisión de esa nueva orden tiene carácter proporcionado”.

“Claras contradicciones”, según Puigdemont

“No nos satisfacen y no es lo que esperábamos. Como siempre, estaremos atentos a la decisión del tribunal”. Con estas palabras ha reaccionado Carles Puigdemont a través de sus redes sociales a las opiniones del abogado general.

“Observamos claras contradicciones entre la opinión que hemos conocido hoy y la jurisprudencia reciente del propio TJUE, que confiamos que el tribunal resuelva. Sabemos qué debemos hacer y qué actitudes debemos tomar si se da el caso del peor de los escenarios posibles, en el que tampoco nos encontramos. Que nadie tenga ninguna duda: hoy más que nunca nos conjuramos con el #nosurrender [no rendirse] con el que hemos luchado todos estos años”, añade el expresident de la Generalitat.

La Justicia europea ha decidido este martes devolver “cautelarmente” la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. La decisión en casación del vicepresidente del Tribunal de Justicia de la UE de este martes anula el auto del vicepresidente del Tribunal General y suspende, en casación, la ejecución de las decisiones del Parlamento Europeo relativas a levantar la inmunidad a los líderes independentistas.

El vicepresidente del Tribunal General consideró, el 2 de junio pasado, que la existencia de órdenes de detención europeas emitidas contra los eurodiputados y las descripciones del sistema de información Schengen de segunda generación “no bastaban para demostrar con un grado de probabilidad suficiente que la detención de los diputados fuera previsible, de modo que no concurría el mencionado requisito de la urgencia”. Y el vicepresidente del Tribunal de Justicia, por su parte, ha subrayado este martes que la existencia de esas descripciones del SIS II relativas a personas reclamadas para su detención y entrega “comporta, por sí misma, la obligación de proceder a la detención de las personas objeto de esas descripciones y, por ende, una gran probabilidad de que dicha persona sea detenida”.

Por lo tanto, a juicio del vicepresidente del Tribunal de Justicia, el del Tribunal General cometió un error sobre la calificación jurídica de los hechos al considerar que los diputados no habían demostrado con un grado de probabilidad suficiente que su detención fuera previsible, pues lo es mientras las descripciones del SIS II no hayan sido retiradas por las autoridades españolas.

En opinión del vicepresidente del Tribunal de Justicia, es obvio que la detención de un miembro del Parlamento, en su caso durante varias semanas, a la espera de la adopción de una decisión sobre su entrega, pueden causarle un perjuicio grave e irreparable.

Por tanto, estima que cuenta con los elementos necesarios para poder pronunciarse directamente sobre la demanda de medidas provisionales de los diputados. Por un lado, considera que se cumple el requisito que la concesión de dichas medidas está justificada a primera vista de hecho y de Derecho (fumus boni iuris). Según el vicepresidente del Tribunal de Justicia, el comportamiento del ponente, el búlgaro Angel Dzhambazki –sancionado por hacer un saludo fascista en el pleno de Estrasburgo– y del presidente de la comisión de asuntos jurídicos del parlamento (Comisión JURI), Adrián Vázquez (Ciudadanos) parecen demostrar a primera vista una toma de posición o un prejuicio personal contrarios a los diputados. No cabe excluir que la pertenencia del ponente a un grupo político en el que se encuadran diputados europeos del partido político VOX pueda suscitar dudas legítimas sobre un potencial prejuicio contra los diputados.

“En el presente caso, la conducta del ponente y del presidente de la Comisión JURI a la que se refieren los recurrentes es, prima facie, tal que demuestra parcialidad o prejuicio personal hacia ellos”, dice el auto.

El presidente de JURI, Adrián Vázquez, ha tuiteado sobre el auto del vicepresidente del Tribunal de Justicia: “Prudencia y respeto a las decisiones de los tribunales. En cuanto a las acusaciones de los recurrentes: nada que no supiéramos ya. Hoy no puedo más que reafirmarme en el buen trabajo de toda la Comisión de Asuntos Jurídicos: diputados, asesores y funcionarios del Parlamento Europeo, que juntos llevamos a cabo un proceso intachable”.

El propio Vázquez comunicaba hace una semana en rueda de prensa que la Eurocámara no podía verificar las credenciales de Puigdemont, Comín, Ponsatí y Josep Solé por no haber jurado la Constitución.

Por otro lado, juzga que también se cumple el requisito de la urgencia, pues entiende que los diputados han demostrado de modo jurídicamente suficiente con un grado de probabilidad también suficiente la previsibilidad de su detención y de su entrega a las autoridades españolas si no se suspende la ejecución de las decisiones del Parlamento mediante las que se suspendió su inmunidad.

No en vano, en septiembre de 2021 Carles Puigdemont fue detenido en Cerdeña, y puesto en libertad a las pocas horas, en virtud de la orden de detención europea emitida por el Tribunal Supremo español.

A este respecto, el vicepresidente del Tribunal de Justicia señala que el hecho de que los diputados no hayan sido detenidos hasta ahora no significa que no puedan serlo. Por otra parte, el vicepresidente del Tribunal de Justicia desecha la alegación de España según la cual el perjuicio alegado por los diputados no podría materializarse debido a que la ejecución de las órdenes de detención europeas emitidas contra ellos ha quedado suspendida como consecuencia de la remisión prejudicial hecha por el juez Llarena del Tribunal Supremo sobre la potestad de la Justicia belga para rechazar la entrega del ex conseller Lluís Puig con unos argumentos –el de la competencia del Supremo para juzgar el caso por encima de los tribunales autonómicos– que pueden ser adoptados en el futuro para los ahora eurodiputados.

En efecto, si bien la remisión prejudicial suspende el procedimiento principal, del auto de remisión del Tribunal Supremo resulta que lo que trata de dilucidarse es si las órdenes de detención emitidas por dicho Tribunal contra varias personas reclamadas, entre las que figuran los diputados, deben mantenerse o retirarse y, en el caso específico de los diputados, cuál es la información adicional que debería transmitirse a las autoridades nacionales de ejecución para facilitar su entrega.

“Pero sin una decisión formal del Tribunal Supremo, no puede considerarse que este haya tenido intención de cuestionar las órdenes de detención emitidas o de suspender su ejecución”, dice el auto.

Recurso al TJUE por vulneración de derechos

El 13 de enero y el 10 de febrero de 2020, el Parlamento Europeo recibió unos suplicatorios de suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, eurodiputados electos.

La finalidad de dichos suplicatorios, presentados por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el marco de un proceso penal por, entre otros, presuntos delitos de sedición, era dar curso a la ejecución de las órdenes de detención europeas emitidas contra los eurodiputados.

Mediante decisiones adoptadas el 9 de marzo de 2021, el Parlamento suspendió la inmunidad de los tres eurodiputados.

El 19 de mayo de 2021, los tres interpusieron ante el Tribunal General un recurso de anulación contra las citadas decisiones, en el que aducían que el Parlamento Europeo no les había garantizado la posibilidad de ejercer, en su calidad de diputados, sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos de la Unión, y que había vulnerado los derechos que les confieren varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Este procedimiento principal sigue pendiente.

El 26 de mayo de 2021, los diputados presentaron una demanda de medidas provisionales en la que pidieron al vicepresidente del Tribunal General que suspendiera la ejecución de las mencionadas decisiones, el levantamiento de la inmunidad. Consideraban que las decisiones del Parlamento Europeo permitían a cualquier Estado miembro y al Reino Unido detenerlos o restringir sus desplazamientos y entregarlos a las autoridades españolas.

Según los eurodiputados, el levantamiento de la inmunidad no se opone a que sean detenidos provisionalmente, tras su posible entrega a las citadas autoridades. Estiman que ello podría causarles un perjuicio grave e irreparable y vulneraría su derecho a desempeñar sus funciones de diputados europeos.

Además, añadían que la eventual anulación de las decisiones del Parlamento Europeo no podría ser ejecutada si, en el momento de producirse, ya hubieran sido objeto de dichas entrega y detención.

Mediante auto de 2 de junio de 2021, el vicepresidente del Tribunal General ordenó que se suspendiera la ejecución de las decisiones del Parlamento hasta que se adoptara el auto que pusiera fin al procedimiento de medidas provisionales.

Posteriormente, mediante auto de 30 de julio de 2021, el vicepresidente del Tribunal General revocó su auto de 2 de junio de 2021 y desestimó la demanda de medidas provisionales de los diputados, pues consideró que estos no habían conseguido demostrar que concurriera el requisito de la urgencia, necesario para la concesión de las medidas provisionales.

En opinión del vicepresidente del Tribunal General, enmendada ahora por el vicepresidente del Tribunal de Justicia, el perjuicio grave e irreparable invocado no podía ser calificado de cierto o acreditado con un grado de probabilidad suficiente.

Los diputados recurrieron en casación ante el Tribunal de Justicia contra el auto del Tribunal General del 30 de julio de 2021. En su auto notificado este martes, el vicepresidente del Tribunal de Justicia anula el auto del Tribunal General y suspende la ejecución de las decisiones del Parlamento Europeo relativas al levantamiento de su inmunidad.