La Comisión Europea defiende a España en la vista en Luxemburgo sobre el caso Puigdemont

España ha recibido este martes un espaldarazo de la Comisión Europea en la vista sobre el intento del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para lograr la extradición de Carles Puigdemont y el resto de líderes del procés que permanecen en el extranjero. El Ejecutivo comunitario ha avalado que se pueda acordar una extradición sin revisar el derecho a un juicio justo, negando así uno de los pilares de la estrategia de defensa de los independentistas y en los que se basó la Justicia belga para denegar la entrega del exconseller Lluís Puig.

Los jueces europeos deben responder a las preguntas formuladas por Llarena tras la negativa de Bélgica a extraditar a Puig, que dejó tocadas las opciones de entrega de Puigdemont al afectar a un aspecto fundamental de la causa: la competencia del Tribunal Supremo para reclamar a los líderes catalanes en el extranjero. Es una cuestión que, a juicio de las defensas, vicia la causa del procés desde su inicio, ya que para los líderes independentistas el caso debía haberse seguido en el TSJ catalán y no en el Supremo al haber ocurrido los hechos en Catalunya.

El juez Llarena requirió a los togados de Luxemburgo que aclararan si Bélgica, como estado receptor de la euroorden, podía controlar su competencia para enviarla. Y también pidió una respuesta sobre si se puede denegar una entrega en base a la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, un dictamen que el Supremo desdeña al no ser de obligado cumplimiento para España pero que los jueces belgas tuvieron en cuenta para concluir que la extradición de Puig vulneraría sus derechos fundamentales.

La de este martes ha sido una vista clave de cara a las opciones de Puigdemont para volver a España, aunque su futuro judicial no depende tan solo de la decisión del TJUE respecto a las prejudiciales de Llarena. Igual de importante será el resultado del proceso sobre su inmunidad como europarlamentario, a día de hoy suspendida y de cuya resolución depende la reactivación de los procesos de extradición paralizados en los tribunales de Bruselas y Sassari (Cerdeña). Sobre esta causa no hay vista programada, por lo que ambos fallos tardarán todavía meses. Antes se sabrá la opinión del Abogado General, que el próximo 14 de julio revelerá su opinión –no vinculante pero sí influyente en los jueces– sobre el caso.

La importancia de la vista se demuestra en que el tribunal es la Gran Sala del TJUE, integrada por 15 magistrados, y en que a la sesión han asistido no solo los abogados de Puig y el resto de políticos de Junts en Bélgica, sino también los letrados de Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP), que permanecen en Suiza, además de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Vox y abogados en representación de la Comisión Europea y de otros tres estados.

Los argumentos

Los jueces han escuchado dos planteamientos opuestos. Cada uno con sus matices, la Comisión Europea, la Fiscalía española, la Abogacía del Estado, el partido de extrema derecha Vox, que ejerció la acusación popular en la causa del procés, y los estados de Polonia y Rumanía han respaldado la posición de España y del juez Llarena. Del otro lado, las defensas han avalado la decisión de los jueces belgas en el caso de Puig, mientras que Bélgica ha pasado apuros y se ha mostrado ambigua a la hora de defender a sus magistrados.

En su intervención, el abogado de la Comisión Europea Julio Baquero Cruz ha avalado que se pueda acordar una extradición sin revisar el derecho a un juicio justo cuando no hay “deficiencias sistémicas” de Estado de Derecho en el país que envía la euroorden, como es el caso de España. “Si no existe una deficiencia sistémica, tampoco habrá un riesgo grave”, ha argumentado. Esta posición es la contraria de la de los abogados de los independentistas, que consideran que no es necesario demostrar problemas “generalizados” del Estado de Derecho en España para denegar el euroorden. Basta con que se aprecie que algún derecho fundamental pueda estar en riesgo, tal y como advirtieron los magistrados belgas en el caso de Puig.

De esta forma, Baquero no se ha adentrado en el análisis sobre la competencia del Supremo –que igualmente la Comisión defiende–, sino que se ha limitado a argumentar que para valorar si el Estado que pide una extradición puede violar derechos fundamentales se debe analizar si existe “un riesgo sistémico” para el Estado de Derecho. Si no es el caso –y así ocurre en España–, no hace falta profundizar más y abrir la fase de los derechos fundamentales concretamente vulnerados, que es lo que precisamente hicieron los jueces belgas. “No existe un problema sistémico de Estado de Derecho en España. Si no hay deficiencias generalizadas será innecesario pasar a la segunda etapa del análisis”, ha aseverado.

El fiscal Fidel Cadena, uno de los cuatro fiscales del juicio del procés, ha tildado de “ilógico y absurdo” que Bélgica pueda controlar la competencia del Supremo para emitir las peticiones de extradición. Cadena, quien en la vista en Luxemburgo ha estado acompañado por la fiscal Consuelo Madrigal, también ha restado importancia al informe del Grupo de Trabajo de la ONU al no considerarlo “un dato objetivo” en el que se pueda basar una decisión judicial, más aún cuando el Tribunal Constitucional ha descartado la vulneración de derechos de los líderes del procés. En la misma línea se ha expresado la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, para quien el informe del Grupo de Trabajo de la ONU muestra solo “opiniones y no dictámenes”, por lo que “no son objetivos”.

Bélgica, ante las preguntas de los jueces

Uno de los aspectos claves en las vistas sobre el TJUE son las preguntas que plantean los magistrados a las partes. En la sesión de este martes, el juez ponente de la sentencia ha mostrado su sorpresa por la decisión de los jueces belgas en el caso de Lluís Puig. El juez danés Lars Bay Larsen ha considerado “extraño” que Bélgica no consultara al TJUE sobre las euroórdenes y ha recordado a las abogadas de Bélgica que los estados carecen de “libertad” para añadir derechos fundamentales al examen judicial de las peticiones de extradición. Bélgica ha mantenido una posición en algunos puntos ambigua durante la vista.

El magistrado danés no ha descartado que se pueda ampliar el margen de rechazo a una euroorden por derechos fundamentales, y ha reclamado “claridad” a las letradas belgas sobre su posición en el caso aunque ha admitido que se encuentran en una “situación delicada”. Previamente, la abogada belga había alegado que no podía pronunciarse sobre una decisión de sus tribunales en base al principio de separación de poderes. Esta ambigüedad contrasta con el informe escrito de Bélgica de antes de la vista, mucho más contundente en la defensas de sus jueces.

Por su lado, el letrado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha pedido al TJUE que pare “la persecución absolutamente infame” contra el independentismo. “Ya esta bien de esta persecución por motivos políticos y convocar un referéndum, algo que fue despenalizado en España en 2005”, ha aseverado Boye, que ha hecho hincapié en que ya son tres las euoroórdenes emitidas por el juez Llarena contra Puigdemont y el resto de líderes independentistas que se marcharon de España en 2017. “No creo que emitir una orden de detención europea tras otra por los mismo hechos y contra las mismas personas sea compatible con la carta de Derechos Fundamentales de la UE”, ha argumentado.

Para la defensa de Clara Ponsatí, que ejerce la abogada Isabel Elbal, el juez Llarena ha usado las preguntas al TJUE para recurrir la negativa belga a entregar a Puig, algo que no contempla la normativa sobre euroórdenes. Las preguntas al TJUE sobre una decisión judicial firme “desnaturalizan” el proceso de la cuestión prejudicial, ha alegado Elbal, que ha añadido que si se abre la puerta a la maniobra de Llarena el TJUE puede convertirse en un “tribunal de apelaciones intraeuropeo” entre estados emisores y receptores de una petición de extradición denegada.

En su intervención, el abogado de Marta Rovira, Andreu Van den Eynde, ha alegado que el Supremo “es imprevisible” y varía su criterio sobre su competencia cuando se trata del grupo organizador del referéndum del 1-O. “El derecho de la Unión fija que no se puede estar al margen de los derechos fundamentales”, ha incidido Benet Salellas, abogado de Anna Gabriel.