La partida final entre el juez Llarena y Puigdemont se empieza a jugar en Luxemburgo

Puigdemont, en el Parlamento Europeo

Bélgica, Alemania, Italia y, finalmente, Luxemburgo. Los intentos, infructuosos hasta ahora, del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para extraditar al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tienen una cita clave este martes en la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en el pequeño ducado. Allí se celebrará la vista sobre las cuestiones prejudiciales que el magistrado español planteó en marzo de 2021.

El Supremo acude a la Justicia europea para impedir que Bélgica rechace la extradición de Puigdemont

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El de las prejudiciales de Llarena es uno de los dos pleitos europeos abiertos que determinarán las opciones de retorno a España del expresident. El otro versa sobre su inmunidad como eurodiputado, ahora mismo suspendida y de cuya resolución depende en última instancia la reactivación de los procesos de extradición paralizados en los tribunales de Bruselas y Sassari (Cerdeña). A diferencia de las prejudiciales, sobre el caso de la inmunidad todavía no hay vista programada.

El magistrado del Supremo elevó el caso del procés al TJUE para evitar que Bélgica propinara otro revés –que sería casi definitivo– a la extradición del expresident y eurodiputado de Junts, tal y como ocurrió con la entrega del exconseller Lluís Puig.

Se basaron los jueces belgas para denegar la extradición de Puig en que el Supremo no era el tribunal competente para reclamar al exconseller por los delitos de malversación y desobediencia. Se trata de un argumento compartido entre todos los líderes del procés –tanto los que se quedaron en España como los que no– pese a sus divergentes estrategias de defensa, pero que tanto el Supremo como el Constitucional desestimaron.

Aducen las defensas que era el TSJ catalán el encargado de juzgar el procés porque los hechos ocurrieron, en esencia, en Catalunya. Lo vieron igual los jueces belgas en el caso de Puig: “El Supremo se ha declarado repetidamente competente para juzgar a todos los coacusados sobre la base de la estrecha conexión de delitos imputados a cada uno de ellos sin que haya una base legal explícita para ampliar su competencia”. La entrega a España del exconseller, añadieron los jueces belgas, pondría en peligro su presunción de inocencia, en línea con lo dictaminado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

El juez Llarena respondió con siete cuestiones prejudiciales en las que expresó sus “dudas” sobre si la decisión de los jueces belgas sobre Puig era compatible con el derecho de la UE. La primera pregunta clave que deberán responder los togados de Luxemburgo es si Bélgica, como estado receptor de la euroorden, tiene la facultad de controlar la competencia de un tribunal –el Supremo, en la causa del procés– para enviarla. Y también darán respuesta a si se puede denegar una entrega en base a la opinión del mencionado grupo de trabajo de la ONU al no ser sus resoluciones de obligado cumplimiento para España.

Según Llarena, la regulación europea “no reconoce” a los jueces belgas estas capacidades ya que las peticiones de extradición se basan en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales entre los países miembros de la UE. En función de la respuesta que dé el TJUE a las cuestiones prejudiciales el Alto Tribunal retirará, mantendrá o emitirá una nueva petición de extradición.

Sin respuesta sobre la suspensión de la causa

La Gran Sala del TJUE la presidirá el magistrado belga Koen Lenaerts, y estará formada por otros catorce jueces. El ponente designado es el danés Lars Bay Larsen y el abogado general, el francés Jean Richard de la Tour. Aunque de carácter eminentemente técnico, la vista permite observar el interés y las dudas sobre el caso de los magistrados, que pueden preguntar a todas las partes.

Fuentes de la defensa del expresident avanzan que, en su intervención, incluirán dos elementos recientes del Supremo. El primero, la falta de respuesta del juez Llarena a la solicitud cursada en noviembre del año pasado por el letrado Gonzalo Boye sobre si la causa contra Puigdemont se encontraba suspendida, tal y como había reafirmado la Justicia europea tras el episodio de la extradición fallida desde Cerdeña de finales de septiembre.

El otro versa sobre la “contradicción” que, a juicio de la defensa, ha incurrido el Supremo con su decisión de enviar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el juicio contra la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret al estar acusada solo de desobediencia y no de malversación, delito por el que sí fue procesada. El Supremo hizo lo mismo con los exmiembros de la Mesa del Parlament que no eran Carme Forcadell antes del juicio del procés. Aunque Puig sí estaba reclamado por ambos delitos, para la defensa la última resolución del Supremo muestra que el Alto Tribunal varía el criterio sobre la competencia sin guiarse por principios jurídicos.

Además de las intervenciones de la defensa, en la vista del martes se oirán a los abogados del Estado que representan a España y defienden los intereses del Supremo; los de la Comisión Europea, que previsiblemente respaldarán la competencia del Supremo para reclamar a los líderes del procés; así como los de Rumania y Polonia, que apoyan al juez Llarena. En cambio Bélgica, también personada en el procedimiento, está en desacuerdo con la posición española y pide avalar la decisión de sus jueces.

La sesión en Luxemburgo supone trasladar a la máxima instancia judicial europea el combate del expresident contra su extradición –uno de los objetivos de Puigdemont desde su marcha a Bélgica tras la fallida declaración de independencia de 2017– y también implicará la revisión de aspectos centrales de los extradiciones con efectos más allá del caso concreto del presidente de Junts.

El TJUE examinará hasta qué punto llega el control de los derechos fundamentales que pueden realizar los jueces para decidir si aceptan o no una euroorden. La normativa europea permite detener una extradición si los derechos fundamentales están en riesgo, pero lo considera al mismo tiempo una excepción a la confianza mutua entre estados que debe estar muy motivada.

En principio la jurisprudencia actual limita estas excepciones al peligro para el derecho a la vida o a sufrir un trato inhumano en las prisiones del estado que reclama la extradición. De ahí que el juez Llarena argumente que Bélgica se excedió al plantear un examen sistémico sobre el Estado de Derecho en España en el caso de Puig y haya reclamado lo que en la práctica es una revisión de la causa ante el TJUE.

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