Una mujer, con dos niñas de 8 y 14 años a su cargo, ha sido desahuciada este viernes de su vivienda de alquiler social gestionada por la sociedad autonómica Alokabide en el barrio vitoriano de Salburua, al este de la ciudad. El Sindicato Socialista de Vivienda ha denunciado que ella, además, es víctima de violencia machista.

Fuentes del Gobierno vasco han confirmado a este periódico que se ha dado la orden de “lanzamiento”, pero recalcan que solamente se actúa de esta forma en circunstancias extremas, es decir, cuando hay deudas muy altas que son continuadas e injustificadas y no se ve una voluntad de corregir la situación. Recalcan que son pisos sociales con rentas mensuales muy bajas -menos de la mitad del precio medio del mercado en Vitoria, en este caso- y que hay demanda para acceder a ellos por parte de familias que sí quieren cumplir con los requisitos.

Desde Vivienda añaden que los servicios sociales municipales de Vitoria no han emitido un criterio contrario a la ejecución del desahucio. Fuentes del Ayuntamiento consultadas, en cambio, no ofrecen ningún dato sobre este caso remarcando que se trata de circunstancias particulares sujetas a protección de datos.

En carteles aparecidos en el barrio de Salburua, el Sindicato de Vivienda, que forma parte de las organizaciones articuladas alrededor de GKS, denuncia que “en plena crisis de vivienda, las instituciones públicas actúan igual que los propietarios privados”. Insisten en que están “priorizando la rentabilidad económica y dejando de lado el bienestar de las capas más empobrecidas y vulnerables de la clase trabajadora”. Según este colectivo, no se trata de un “caso aislado” porque Alokabide, solamente en Álava, desalojó a “una familia al mes” de viviendas de alquiler social. El desahucio se ha producido en medio de una protesta. La Ertzaintza se ha desplegado en la zona y se han registrado algunos momentos de tensión.

Desde este viernes, Álava está ya de celebración. Como cada año por estas fechas de finales de abril y comienzos de mayo, la provincia se engalana para las celebraciones en honor a San Prudencio (el 28 de abril) y a Nuestra Señora de Estíbaliz (1 de mayo), patrones respectivamente de la provincia y de la Diócesis de Vitoria. “Cada año, cuando llega el 28 de abril, Álava hace una pausa para reconocerse”, ha reflexionado el diputado general, Ramiro González.

El pregón anunciador de las fiestas, este viernes a las 20:00 en la plaza de la Provincia, va a correr a cargo de Antonio Altarriba, catedrático de Literatura Francesa en la Universidad pública vasca (EHU), novelista, ensayista, guionista de cómic y fotografía. Nacido en Zaragoza pero residente en la capital alavesa, se destaca de él que, con libros traducidos a más de una veintena de idiomas, ha sido galardonado con varios premios. “De niño leía con pasión todo tipo de narraciones pero, más que leerlas, me gustaba inventarlas. Encauzo la imaginación por canales distintos y la vierto en viñetas, fotos o palabras”, dice el pregonero.

Se puede seguir el pregón en directo en el vídeo que se muestra a continuación:

El sábado, habrá concursos gastronómicos, muestra de las cuadrillas de Álava, pasacalles por la ciudad y fanfarres. Luego llegará el momento de la retreta en la plaza Nueva (a las 20:00, con la Academia Municipal de Folklore) y en la plaza de la Provincia (a las 21:00, con los trompeteros y atabaleros de la Diputación y el Ayuntamiento). Concluida la retreta, habrá un espectáculo piromusical a cargo de la pirotecnia Valecea, seguida de la concentración a las 23:30 de las sociedades gastronómicas, que luego desfilarán por al ciudad.

La tamborrada infantil se celebrará el lunes, 28 de abril, a las 17:30, con el siguiente recorrido: plaza de la Provincia, calle de Postas, plaza Nueva, plaza de la Virgen Blanca y plaza de la Provincia. Ese mismo día, desde la mañana, el grueso de la programación se centrará en las campas de Armentia, con una misa a las 11:00 precedida de una procesión por el exterior de la basílica. Por la noche, será el turno de los conciertos musicales.

El 1 de mayo es día de acudir en romería al santuario de Estíbaliz. Se celebra medio siglo desde la celebración de la primera edición de la recuperada Feria de los Desagravios, que hunde sus raíces en el siglo XII. “A mediados de los años setenta [del siglo XX], y bajo la dirección de uno de los referentes culturales de la ciudad en aquella época —Félix G. Petite—, un nutrido grupo de intérpretes teatralizó la tradición de los Desagravios, basándose en una leyenda dramatizada por el cronista Manuel Díaz de Arcaya en la que se representaba el conflicto entre dos nobles y jóvenes guerreros, Hortuño y Egidio, por el amor de una dama”, recoge el programa.

El diputado general, Ramiro González, recuerda en el programa de estas fiestas que estas fechas festivas se remontan por lo menos hasta el año 1688. “Álava es un lugar donde conviven acentos distintos, historias diferentes, formas de entender la vida que no siempre coinciden. Y aun así, o precisamente por eso, hemos construido algo que vale la pena celebrar: una comunidad que suma en lugar de dividir, que integra en lugar de excluir, que avanza sin dejar a nadie atrás”, añade en ese saludo a alavesas y alaveses. “En Álava seguimos apostando por ese modelo: el de una sociedad que no mira hacia otro lado cuando alguien lo pasa mal, que acompaña, que tiende la mano. Porque la fiesta también es saber que perteneces a un lugar que te sostiene cuando lo necesitas”, abunda.

Son muchas más las actividades de todo tipo que se celebran estos días, desde pruebas deportivas de las difentes federaciones alavesas hasta celebraciones religiosas, pasando por exposiciones de pintura y mucha música. Se puede consultar el programa completo de las fiestas, con todo detalle, en el siguiente documento:

La familia de José Miguel Etxeberria Álvarez, 'Naparra', miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) desparecido el 11 de junio de 1980, ha exigido al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que retire las referencias a él de una exposición temporal en su sede. El Memorial inauguró el pasado martes la exposición 'Ausencias presentes. Desaparecidos por terrorismo en España', que recuerda a las seis víctimas del terrorismo en España cuyos cuerpos nunca fueron hallados, entre ellos el de Etxeberria.

Según se recuerda en la exposición, los Comandos Autónomos sostuvieron que fueron miembros de ETA los que le hicieron desaparecer por una disputa sobre un traficante de armas que ambas organizaciones compartían, pero fue el Batallón Vasco Español (BVE) en varias llamadas a periódicos el que reivindicó el crimen, algo que también se apunta en la muestra del Memorial. En el panel correspondiente se explica que las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo “no permiten señalar de manera concluyente ninguna de las versiones como probada”, según recoge Efe.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este viernes en Vitoria, Eneko Etxebarria, hermano de 'Naparra', ha acusado al Memorial de intentar generar confusión, cuando debería ser garante del “rigor histórico”. Ha recordado que el BVE reivindicó hasta en tres ocasiones el secuestro y asesinato de su hermano y el Memorial apunta como “hipótesis principal” la autoría de ETA, cuando “no hay ningún soporte” para mantenerla. Ha señalado que esto supone una “revictimización” para la familia, con un relato que intenta tapar la “violencia del Estado contra miles de víctimas que nunca van a tener sitio en ese Memorial, y si lo tuvieran estaría manipulado”.

El hermano de 'Naparra' ha asegurado que desde un primer momento pidieron que no se incluyera este caso en la exposición y ha instado la “retirada inmediata” de los contenidos que hacen referencia a su caso y una “rectificación pública”. Se ha preguntado por qué el Estado no ha reconocido a Etxebarria como víctima del terrorismo, algo que su familia solicitó en dos ocasiones, si la autoría de su desaparición hubiera sido de ETA y ha pedido al Ministerio del Interior que desclasifique los documentos que haya sobre el caso.

El Memorial, también según Efe, ha asegurado que la información es “ajustada a lo que se conoce del mismo, sin descartar ninguna de las hipótesis posibles”, por lo que considera que “no procede retirar” el panel. “Al igual que la historia de las otras víctimas recogidas en la muestra, se trata de un caso histórico de interés general y su inclusión en la exposición busca recordar la injusticia cometida con estas personas, con independencia de los grupos terrorista que perpetraran los asesinatos e hicieran desaparecer a sus víctimas”, argumenta.

“Derecho a la memoria”

El hermano de 'Naparra' ha explicado que el comité de la ONU contra las desapariciones forzadas asumió en 2014 la autoría del BVE de la desaparición de 'Naparra' y ha reclamado el “derecho a la memoria” para la víctima y su familia. Eneko Etxebarria ha recordado que la familia está a la espera de que el Gobierno Vasco responda a su petición hecha en 2021 para que se reconozca a su hermano en el marco de la ley de víctimas policiales, y que el Gobierno de Navarra tiene “paralizado” el expediente correspondiente porque la ley de víctimas de violencia política no contempla los casos cuya vía judicial no esté totalmente agotada.

A este respecto, ha considerado que esa vía está cerrada después de que el juez Ismael Moreno archivara el caso en 2004 al considerar que no existían indicios de que se hubiera producido una desaparción forzada, algo que solo se podría revertir si se desclasifican los documentos secretos sobre el caso.

El conocido pastelero y repostero vitoriano Luis López de Sosoaga, inventor del postre Goxua, muy popular y uno de los platos más conocidos de la gastronomía alavesa y vasca, ha fallecido este viernes a los 78 años. López de Sosoaga estaba al frente de la Confitería Sosoaga, que data de 1868 y de la que representaba una cuarta generación.

En su empresa recuerdan que López de Sosoaga había recibido “innumerables distinciones y reconocimientos”, como las medallas de oro de Barcelona y Castellón, el Celedón de Oro en Vitoria en 1998 y hasta “cofrade de honor” de la patata alavesa, otro buque insignia de la gastronomía local, o representante de las familias de la escuela concertada. Durante décadas ejerció también como presidente de la Asociación de Pasteleros de Álava y no era infrecuente verle entregando dulces a las autoridades antes de festividades como la de San Prudencio, que precisamente se celebrará en los próximos días. El Goxua es un postre por capas, servido preferentemente en tarrina de barro.

“Se nos ido Luis López de Sosoaga, un referente de la repostería alavesa. Un hombre que dedicó su vida a endulzar momentos, a mantener viva una tradición familiar centenaria y a innovar sin perder nunca las raíces. Generoso, apasionado por su oficio, entendía que detrás de cada dulce había emoción, recuerdo y celebración. Su creación, más conocida, el Goxua, forma ya parte de nuestra identidad”, ha escrito de él el diputado general de Álava, Ramiro González. Y ha añadido: “Nos queda su legado. Y ese sabor a casa, a ocasión especial y a felicidad”.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha recordado que en 2026 no ha podido participar en la ya tradicional entrega de una tarta de San Prudencio. “Se confirma la peor de las noticias”, ha lamentado en X. Lo ha considerado un “líder” que “siempre supo trasladar el cariño del sector por las tradiciones vitorianas y alavesas”. “Deja dulzura, cercanía y cariño”, ha añadido la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal. El obispo, Juan Carlos Elizalde, también ha destacado su cercanía con entidades religiosas de la ciudad.

La Audiencia de Álava ha condenado a un hombre por la comisión de nueve delitos que suman 46 años de prisión. Son dos delitos continuados de agresión sexual a menores, uno de agresión sexual a menores en grado de tentativa, dos continuados de hacer presenciar actos de carácter sexual, uno continuado de utilización de menores para elaboración de material pornográfico y tres de prostitución de menores. El condenado, nacido en 1998 y que podría llegar a cumplir un máximo de 25 años en prisión, se encuentra, según recoge la sentencia, en situación irregular en España. Además de abonar las costas, deberá indemnizar a las víctimas en concepto de responsabilidad civil con unas cantidades que suman 42.000 euros.

La sentencia, datada el 12 de febrero y firmada por los magistrados Jesús Poncela, Silvia Víñez y Ana Jesús Zulueta, que ha sido la ponente, recoge como hechos probados que el condenado estuvo, al menos desde enero de 2023, relacionándose con menores de edad en las inmediaciones del campo de fútbol de un colegio de Vitoria. “El procesado pretendía ganarse la confianza de algunos de los menores para poder mantener relacion sexuales con ellos”, señala. Los menores con los que con mayor asiduidad se veía tenían entonces 14, 11 y 10 años.

Se quedó con ellos a solas “con el propósito de obtener satisfacción sexual” y, además de practicarles tocamientos, los violó y utilizó a algunos de ellos para grabar los hechos. En un teléfono móvil incautado al procesado, se encontraron imágenes de los actos. El condenado engañaba también a los menores con subterfugios para que lo acompañasen a su domicilio, donde en alguna ocasión les ofreció dinero a cambio de actos sexuales. En una ocasión, uno de los menores se zafó y huyó hacia su casa, tras lo cual el procesado lo persiguió sin darle alcance. La madre del menor interpuso una denuncia por estos hechos.

La sentencia sostiene que el condenado “presenta un cuadro compatible con un trastorno parafílico (tastorno de pedofilia)”, si bien no ha sido “filiada ni diagnosticada al no haber solicitado seguimiento psicológico alguno en el pasado ni en la actualidad”. “Sus facultades cognitivas y volitivas en el momento de la comisión de los hechos se encontraban conservadas en grado suficiente como para entender y querer sus comportamientos, conociendo y comprendiendo la moralidad de los mismos”, matiza.

Vitoria empieza a pensar ya en enterrar la última 'herencia' del alcalde entre 1999 y 2007, el 'popular' Alfonso Alonso, que luego fue ministro de Sanidad con Mariano Rajoy, portavoz en el Congreso o líder del PP vasco y que ahora está ya alejado de la política. El 16 de febrero de 2027 expirará un contrato blindado de veinte años de un espacio de unos 900 metros cuadrados en pleno centro de la capital, en la calle de San Antonio, donde están ubicados tres servicios municipales, las Urgencias Sociales, una oficina de atención ciudadana y la Defensoría vecinal (la Síndica). El actual Gobierno local, una coalición de PSE-EE y PNV, ha confirmado ya que no renovará el arrendamiento, que actualmente es próximo a los 25.000 euros mensuales y que ha supuesto pagar a la sociedad propietaria mucho más del doble lo que en su día le costó el inmueble, además de obras de acondicionamiento y exención de impuestos.

Hace dos décadas, con Alonso al frente de la ciudad y Javier Maroto como escudero y responsable de Hacienda, el Ayuntamiento firmó el alquiler con una sociedad llamada Sbayre. Detrás de ella está el conocido empresario gastrónomo Gonzalo Antón, que unos pocos años atrás, en 2004, había vendido su participación mayoritaria en el Deportivo Alavés a Dmitry Piterman después de unos años dorados que incluyeron el subcampeonato de Europa en Dortmund en 2001 con él como presidente. En 2006, Sbayre pagó 2,72 millones a la constructora Sarkis por el inmueble y por unas plazas de aparcamiento y un trastero. Era el antiguo convento de las hermanas Reparadoras.

El acuerdo con el Ayuntamiento se inició a comienzos de 2007, en puertas de unas municipales que el PP perdió en favor del PSE-EE de Patxi Lazcoz, también alejado ya de la política. Las consecuencias que aquel Gobierno local dejó han sido descritas como leoninas. El arrendamiento estaba blindado para dos décadas, con una renta mensual de unos 12.000 euros que iba revalorizándose con subidas superiores al IPC. Pero, además del cumquibus, había otras cláusulas que cargaban las reformas o los impuestos a las arcas públicas. Los técnicos habían avisado de algunas condiciones no precisamente favorables, sin que fueran atendidas.

En la legislatura de 2011 a 2015, el delfín de Alonso, Maroto, se convirtió en alcalde. Pero no tenía mayoría en el pleno y PNV, PSE-EE y la nueva coalición Bildu forzaron una comisión de investigación que concluyó que la operación fue muy gravosa para la ciudad. Eso sí, el asunto no prosperó en ningún ámbito judicial. La vía penal la archivó la Fiscalía. Y la vía contable tuvo una primera sentencia en el Tribunal de Cuentas del Reino que estimó en 400.000 euros el perjuicio ocasionado por el contrato de San Antonio pero fue rectificada en segunda instancia en el propio organismo, con una sala presidida por una exministra del PP, Margarita Mariscal de Gante, y con un voto particular.

Para entonces, Maroto ya había sido desalojado como alcalde (ahora es vicepresidente del Senado por Segovia y dirige algunas sesiones) y ocupaba el puesto Gorka Urtaran, del PNV, muy crítico con este acuerdo con Antón y que incluso sopesó elevarlo al Tribunal Supremo, aunque los servicios jurídicos, en 2017, vieron que no había agua en la piscina. “Queda claro que el PP de Vitoria, de Alonso y Maroto, desgraciadamente, no es nada diferente a la peor versión del PP de Valencia o Madrid”, llegó a manifestar Urtaran, ahora en la Diputación.

El asunto de San Antonio ha vuelto a la primera línea en Vitoria esta semana. EH Bildu ha preguntado al equipo actual de Maider Etxebarria, del PSE-EE, por el futuro de este acuerdo. El edil de Hacienda, Jon Armentia, ha sido claro al afirmar que “se abandonará San Antonio” en cuanto se pueda y que los servicios afectados se reubicarán en otros locales propios, aún no determinados, y con la garantía de no perjudicar a la ciudadanía. “Hubo un Gobierno que tomó una mala decisión, profundamente equivocada y claramente perjudicial para los intereses de la ciudad. Firmó un contrato gravoso para las arcas municipales. Ahora hay un Gobierno totalmente distinto, que actúa con responsabilidad. Vitoria no va a seguir pagando 25.000 euros al mes por unos locales”, ha defendido el socialista Armentia, este miércoles, en una comisión municipal. Se va a poner fin a una “tropelía”, ha añadido también.

Desde EH Bildu, Rocío Vitero ha asegurado que el Ayuntamiento no es plenamente transparente con este asunto. Ha explicado que han tenido que localizar una por una las facturas que se han ido pagando para poder concluir que se habrán abonado al final del período “más de 6 millones de euros” por lo que costó en su día menos de la mitad, 2,7. “Había cláusulas completamente abusivas. El desembolso será no inferior al doble de la compra del local. [...] Podríamos haber comprado un edificio directamente”, ha señalado la portavoz abertzale, que ha lamentado que el actual Ejecutivo no precisa dónde ubicará los servicios que ahora se prestan en San Antonio.

La asociación Salburuko Harrera Sarea, que lleva meses apoyando a los refugiados malienses en las calles del barrio de Salburua de Vitoria frente a la comisaría de la Policía Nacional, donde hay un tapón burocrático en las citas para hacer valer son condición, ha llamado a la “colaboración” vecinal para atender una “emergencia humanitaria” que se viene dando desde el verano de 2025. Alertan, por ejemplo, de que con la llegada del tiempo más caluroso es posible que sean cerrados los dispositivos extraordinarios para las pernoctas que llevan algunas semanas cubriendo una parte de la demanda, dos parroquias de la Iglesia católica, las de San Joaquín y Santa de Salburua y la de Nuestra Señora de las Nieves en Arambizkarra. Asimismo, han activado también una cuenta corriente para captar donativos, la ES92 3035 0320 69 3201036515, porque se precisa comida, bolsas, ropa y calzado o utensilios de aseo.

Salburuko Harrera Sarea, en el acto que ha sido su presentación en sociedad, aunque ya funcionaba en redes sociales y ámbitos vecinales, ha lamentado que sea una plataforma ciudadana la que provea de atención a estos migrantes ante la dejadez de las instituciones. Han asegurado, por ejemplo, que en casi un año no tienen constancia de que la alcaldesa, Maider Etxebarria, el diputado general, Ramiro González, la consejera del ramo, Nerea Melgosa, u otras autoridades hayan pasado por la zona a conocer esta realidad. Reclaman “una respuesta a la altura de esta emergencia humanitaria” y, sobre todo, teniendo presente que en verano puede que se incrementen las llegadas y, a la vez, desaparezcan los espacios cerrados y seguros para dormir, que son los dos templos y la propia asociación vecinal, unas 50 plazas en total. Fuentes de la Iglesia católica confirman que eran instalaciones puestas en marcha para la temporada de frío y señalan que próxamente se tomará una decisión sobre su continuidad o no, aunque aseguran que la compartirán tanto con los colectivos de apoyo como con los propios afectados.

La acumulación en las calles de Vitoria de personas de Malí, un país sumido en conflictos internos y que expulsa a su población, viene siendo una constante desde el pasado verano como antes lo fue en zonas de Donostia. Las citas que ha de ofrecerles la Policía Nacional, cuerpo con competencias en materia de documentación y extranjería, son limitadas y se ha generado un tapón. Sin esa primera atención, no es posible acceder al circuito al que tienen derechos los refugiados. Asier Etxenike, uno de los portavoces de Salburuko Harrera Sarea y vestido con una camiseta de 'Inor ez da ilegala', ha manifestado que la Policía incluso ha cambiado el sistema de reparto de citas, eliminando la tramitación presencial y abocando a personas que no dominan los idiomas oficiales a trámites digitales y que, además, están sujetos a especulación porque hay un “numerus clausus” de turnos cada vez que se ponen a disposición. Es un “proceso especialmente complejo y opaco”, ha agregado su compañera Cristina Riega.

La red, que se dice inspirada en la creada en su día en Irún para atender a los afectados por las devoluciones en caliente que practica Francia en la frontera con Hendaya, hechos documentados por vez primera por este periódico en 2018, sostiene que son un “parche” que sustituye a la ineficacia de las “respuestas públicas”. Por ello, piden la “creación urgente de una mesa institucional” con el Estado, con el Ayuntamiento, con la Diputación y con el Gobierno vasco, así como con entidades sociales como CEAR o Zehar-Errefuxiatuekin, que llevan también meses encima de este asunto, al igual que otros colectivos sociales que colaboran con los malienses.

Etxenike ha recordado que, dada la alta rotación de este colectivo, “igual han llegado más de mil personas” en los últimos meses procedentes de Malí. Ha destacado su buen comportamiento, todo lo “positivo” que aportan al barrio. La red, en todo caso, lamenta que la formación de ultraderecha Vox haya usado esta realizada para sus campañas políticas xenófobas, incluso usando sin consentimiento de los migrantes sus imágenes. En paralelo, han brotado protestas por la inminente apertura en la cercana Arana de un centro de refugiados de 200 plazas.

Salburuko Harrera Sarea prepara una “asamblea abierta” en el barrio, uno de los más populosos de Vitoria después de Zabalgana o Lakua, para seguir haciendo un análisis de las “necesidades” e ir concretando las “próximas acciones”. Han pedido a las personas interesadas en sumarse a la red solidaria que contacten por redes sociales o por correo electrónico o bien que hagan aportaciones económicas en la cuenta bancaria habilitada.

Jarki, un grupo político crítico con la izquierda abertzale oficial y disidente de EH Bildu y Sortu, ha atacado en la madrugada de este martes las sedes de 'El Correo' en Vitoria y la Cadena Ser en Donostia. En las pintadas, denuncia al Grupo Vocento (al que pertenece 'El Correo') y a la Cadena Ser como “portavoces del capitalismo y el imperialismo” y “cómplices de la guerra imperialista y la miseria”. 'El Correo' ha denunciado también un ataque contra la rotativa de la que dispone en la localidad vizcaína de Zamudio.

El grupo, nacido en 2017, ha difundido en redes sociales un vídeo que muestra a varias personas encapuchadas ejecutando los actos vandálicos. De fondo, se oye la canción 'Komunikabideak', del grupo Alerta Gorria. El grupo acusa de manipulación a Sud Ouest, Prisa, Vocento y Planeta y sostiene que “impulsan sin disimulo la dictadura de la burguesía”, “construyendo un relato a su medida”. “A través de la mentira y la manipulación informativa, producen noticias que legitiman la actuación del capital y el imperialismo, ocultando el carácter estructural de sus crímenes”, abunda en un comunicado difundido en su página web. Llaman, además, a “romper con el silencio cómplice y la manipulación”.

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha manifestado a través de las redes sociales. “Los ataques y amenazas contra los medios de comunicación atentan contra una de las principales premisas de la democracia: la libertad de prensa y el debate plural. Mi más rotunda condena de los ataques a medios sufridos esta madrugada y toda mi solidaridad con sus trabajadores”, ha escrito en X. Se ha sumado también a la condena Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo y secretario general del PSE-EE de Álava. “Condeno firmemente las pintadas contras las sedes del Grupo Vocento y la Cadena SER en Euskadi. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y no puede ser atacada e intimidada. Defenderla es responsabilidad de todos y todas”, ha escrito, también en X.

El alcalde de Donostia, Jon Insausti (del PNV), ha condenado “profundamente” el vandalismo contra la sede de la Cadena Ser en la ciudad, que ha tildo de “ataque inaceptable contra la libertad de expresión”. “Estas acciones y actitudes no tienen cabida en nuestra ciudad”, ha denunciado en euskera en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local celebrada este martes. Ha querido transmitir su “apoyo” y su “solidaridad” a todos los trabajadores de la emisora de radio. “La libertad de expresión y el respeto son fundamentales en democracia. La intolerancia no tiene cabida en Vitoria-Gasteiz ni en ninguna sociedad libre”, ha denunciado la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria. “Cada vez que se ataca a un medio de comunicación se ataca la democracia y la libertad. Quienes han atacado hoy la sede de 'El Correo' recogen lo peor de la cultura de la violencia que hemos sufrido en Euskadi durante décadas. Hay que hacerles frente siempre”, ha señalado Ramiro González, diputado general de Álava.

El pasado diciembre, la sede de 'El Correo' en Bilbao sufrió otro ataque, en aquella ocasión reivindicado por Ernai, las juventudes de Sortu. Como recogió el propio periódico entonces, les acusaban de ser un “proyecto españolista burgués” que “crimininaliza al movimiento popular, difunde ideas machistas, racistas y tránsfobas y pone la alfombra roja tanto a la extrema derecha como al fascismo”. Les señalaban, además, diciéndoles que no tenían “lugar en Euskal Herria”.

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han desarrollado una web (victimaseducadoras.es) sobre víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de la extrema derecha, de los GAL y de los GRAPO, un espacio interactivo que recoge las preguntas que habitualmente plantean los jóvenes tras escuchar los testimonios de damnificados por el terrorismo que participan en programas educativos, junto con las respuestas que 23 de estas personas ofrecen a partir de sus propias vivencias.

En España, más de un centenar de víctimas participan en encuentros en institutos y universidades para compartir su experiencia, según han recordado durante su presentación el responsable del área de Educación y Exposiciones del Memorial, Raúl López Romo, el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, y Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, quien participa en el proyecto a través de su testimonio.

El proyecto de esta web, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, reúne los testimonios de 23 personas afectadas por ETA, el terrorismo yihadista, el de la extrema derecha, los GAL y los GRAPO. Las grabaciones se realizaron durante coloquios con alumnado desde 2023 hasta la actualidad. La web permite buscar las preguntas más habituales que los jóvenes plantean a los afectados por terrorismo, ya sea por víctima o por temática. Se han identificado 29 temas recurrentes y, en total, la plataforma recoge 234 preguntas con sus correspondientes respuestas, según recoge Europa Press.

Las cuestiones más frecuentes abordan aspectos personales —como el impacto de los atentados en la familia y el entorno cercano o los sentimientos de las víctimas—, así como temas más generales, entre ellas, la justicia, el odio o el perdón. Se trata de una muestra amplia y representativa de víctimas con experiencia en el ámbito educativo en España. Cada víctima cuenta su historia, aunque todas coinciden en su “rechazo al odio y a la venganza”.

Han tomado parte en calidad de víctimas educadoras Alberto Muñagorri, Albino Machado, Ana Aizpiri, Ángel Altuna, Antonio Utrera, Asun Olaeta, Aurora Intxausti, Begoña Elorza, Esther Sáez, Iñigo Pascual, José Aguilar, Joseba Abaitua, Josu Elespe, Juan Carlos Cuervo, Koldo San Martín, Lourdes Legasa, Maider García, Manuel López Represa, Marina Irigoyen Caballero, Marta Buesa, Naiara Zamarreño, Sara Buesa y Teo Uriarte.

Según ha explicado Eduardo Mateo, “es un proyecto abierto donde se pueden incorporar más testimonios en el futuro”; mientras que para Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, el dirigente socialista vasco asesinado por ETA en 2000, su participación en esta web es para “compartir la historia de mi vida, algo que me remueve y un legado para las nuevas generaciones y que sirve para deslegitimar la violencia y el terrorismo”. A su juicio, “es importante nombrar lo innombrable: el miedo, la pérdida y el vacío”. “Hablar del trauma y el proceso de curación, es un granito de arena, pero muy real”, ha añadido para agradecer “cómo los chavales nos escuchan sin prejuicios y conectan con el dolor”.

La Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo consideran que impulsar iniciativas como esta web “resulta fundamental para deslegitimar la violencia política, preservar la memoria de nuestro pasado reciente y formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos”.

Finalmente, las pantallas gigantes y el fútbol se han impuesto en el día sin pantallas. Este viernes, el Gobierno vasco dio el brazo a torcer y postergó el anunciado “día sin móviles en familia” en Donostia hasta mayo. La razón: la coincidencia con la final de la Copa del Rey, en la que juega la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en Sevilla. Sin embargo, en Bilbao y en Vitoria sí se han creado los prometidos espacios de desconexión digital para las familias.

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico compartió el pasado 7 de abril que el sábado 18 del mismo mes sería el primer “día sin móvil” en Euskadi. En las tres capitales habría un “espacio participativo” para que las familias puedan desconectar digitalmente juntas. “El móvil forma parte de nuestra vida cotidiana. Nos informa, nos conecta y nos facilita muchas tareas. Pero a veces, sin darnos cuenta, también nos aleja de quienes tenemos más cerca”, promovió la iniciativa la consejera, Nerea Melgosa, del PNV. Pronto empezaron las respuestas: ¿y cómo sería la jornada en Donostia cuando otras instituciones han convocado decenas de actos y buena parte de la población está en Sevilla en uno de los días más señalados de la historia de la Real Sociedad?

A falta de actividades en Donostia, las actividades en Bilbao y Vitoria empezaron a las 11.00 horas y cesaron a las 19.00 horas de este sábado. “De manera libre y voluntaria”, las familias ingresan a un espacio en donde se les retira el móvil durante unas horas. Así aprovechan “ese periodo para conversar, jugar, escucharse y disfrutar en familia”. En Bilbao, los dimanizadores del evento se han acercado a familias para proponerles el reto de pasar al menos una hora sin ver el móvil. De lograrlo, les invitan al punto de encuentro para recibir un premio: una minibolsa para guardar el teléfono. También les proponen firmar un “compromiso familiar” para “expresar su compromiso” por el uso más consciente del móvil.

El ambiente en Donostia

Mientras tanto, en Donostia, la calle se pintó de azul y blanco para apoyar a su equipo de fútbol de cara a la final. El Ayuntamiento ha dispuesto un calendario completo de actividades empezando desde las 11.00 horas, la misma hora del “día sin móvil”. Pero con final más tarde, ya de madrugada. Para esperar el partido, han destacado venta de merchandising, juegos para menores y presentaciones de artistas y grupos como Go!azen, Xabi Solano, Gozategi y Eñaut Elorrieta. También ha habido sesiones con el DJ Jonkass junto a Gabriela Uriarte, Iban García, Miren Nogales y Alex Padilla como dinamizadores.

El centro de la ciudad se ha encontrado lleno de personas disfrutando de los conciertos y del ambiente de la calle, aunque con algunas personas manifestándose, por ejemplo, para mejorar el sistema sanitario. Durante el concierto de Go!azen, contadas personas, la mayoría menores con sus familiares, estaban utilizando el móvil. Los padres de una familia donostiarra explicaban que les ha parecido “coherente” que el Gobierno vasco haya postergado “el día sin móviles” en Donostia. Querían participar en las actividades y esperan a recibir la información sobre “la nueva fecha para la iniciativa”. Entendiendo que van con niños, los padres de la familia han comentado que preferían disfrutar del previo partido, que verán desde casa.

No es un problema nuevo

Miren Berasategui, donostiarra, madre y miembro del grupo de familias para retrasar el móvil de Axular Lizeoa y del movimiento Altxa Burua, le cuenta a este periódico que quizás la elección de este sábado no ha sido la mejor. “La gente estará más preocupada por la Real, como es lógico”, cuenta. Sin embargo, cree que la propuesta ayuda a no “demonizar las pantallas indiscriminadamente y porque sí”, ya que promueven un “uso positivo y saludable” de estas, además de una experiencia conjunta.

“El móvil está diseñado para ser un gran distractor”, indica Berasategui. Su preocupación como madre nace de reflexionar que, si es difícil para los adultos regular su uso, es más complicado aún para menores de edad, “que tienen mucho menos desarrollada esta capacidad de autorregulación”. Explica que, en su experiencia como profesora universitaria, denota “serias dificultades para concentrarse y mantener la atención” de las personas jóvenes que van ingresando a las carreras. Más allá del dispositivo, lo preocupante son las “aplicaciones con patrones de diseño adictivos”, como las redes sociales, necesitando, además de limitar su uso, conocer y gestionar el contenido que consumen.

Telmo Lazkano, experto en salud digital y uno de los primeros propulsores de Altxa Burua, sugiere actuar con urgencia en el ámbito educativo y social sobre el uso del móvil en menores. Defiende que es necesario apostar por una alfabetización digital “crítica y gradual” que vaya más allá del simple uso de herramientas, algo que implica también a las familias. En este sentido, advierte de que “se debe corregir el error de no regular por decreto el uso de 'smartphones' en los centros educativos”. El Gobierno ha delegado esa responsabilidad a cada centro, lo que ha dado lugar a respuestas diferentes.

Lazkano aboga por alejarse de modelos de tecnopedagogía que “no han demostrado mejorar el aprendizaje”, apostando en su lugar por el empoderamiento digital, la soberanía tecnológica y el uso de software libre. Asimismo, aplaude que “tanto la sociedad como las instituciones” parecen estar tomando conciencia sobre “la necesidad de salir del ‘tecnofeudalismo’ actual”, aunque subraya que el camino aún es largo frente al poder de los grandes lobbies tecnológicos.

Entre estos pasos está la decisión “valiente” del Gobierno español de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, dice. También hay centros educativos, como el colegio concertado Urkide de Vitoria, que promueven un compromiso social entre las familias y el colegio en los que no se puede usar el móvil en las instalaciones del centro. Dicho centro, que tiene puestos carteles de “móvil free” en su exterior, le comparte a este medio que ha logrado, en conjunto a las familias, retrasar un año y medio la entrega del primer móvil a los adolescentes.

OPA Herri Plataformak, que aglutina plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, se han manifestado este sábado en las tres capitales vascas para denunciar que la sanidad pública se basa en “un modelo que intencionadamente debilita lo público para alimentar el negocio privado”, y criticar que “ocho meses después” el Pacto de Salud, no hay “soluciones reales”. Además, ha pedido la dimisión del consejero de Salud, Alberto Martínez, por su “intención clara de minimizar y ocultar” el alcance en el caso de las vacunas caducadas.

Las marchas de Bilbao y Vitoria han partido a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón y la Plaza Bilbao, respectivamente, mientras que la de San Sebastián saldrá desde el Boulevard a las 17.00 horas.

Cientos de personas han acudido a la convocatoria del mediodía, y concretamente en la de Bilbao se les ha unido el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, quienes han hecho suyas las reivindicaciones de OPA Herri Plataformak y los han recibido con aplausos poco después de iniciar el recorrido.

Antes de iniciarse marcha en la capital vizcaína, que ha transcurrido bajo el lema 'Osasungintza publikoaren alde! ¡Por la sanidad pública! Promesarik ez! ¡Soluciones ya!', los representantes de la entidad convocante, Mireia Saiz y José Ignacio Martínez, han advertido de que “la sanidad pública está en peligro” y requiere “cambios estructurales” que terminen con los recortes.

Según han denunciado, los denominados “planes de contingencia” son, en su opinión, “recortes durante cinco meses al año disfrazados”, que derivan en cierres de servicios, reducción de horarios, falta de personal y centros sin personal médico o atendidos por residentes todavía en formación.

Tras lamentar que “la atención primaria está desbordada” pese a ser “uno de los ejes del pacto” y que las listas de espera cuentan con tiempos de atención “inasumibles”, han recordado que las condiciones laborales “siguen deteriorándose” con una “sobrecarga asistencial” y una temporalidad “superior al 40%” debido, entre otros factores, a que las OPE no crean “empleo real y fracasan al no cubrir los puestos de difícil cobertura”.

También han denunciado la falta de transparencia en la gestión de los casos de vacunas caducadas. “Han terminado por afectar a 21 tipos de vacunas y prácticamente a todas las OSIS, lo que pone de manifiesto que ha habido por parte del consejero (de Salud) una intención clara de minimizar y ocultar este grave problema, por lo que exigimos responsabilidades y, por lo tanto, su dimisión”, han señalado.

Respecto al Pacto de Salud han pedido a Alberto Martínez, quien “ha presumido de que ha cumplido con el 85% del pacto, que aclare a la ciudadanía qué se ha hecho exactamente”, ya que “ocho meses después no vemos ninguna mejora en salud”.

Tras sus respectivos recorridos, las marchas han finalizado con la lectura de un manifiesto en la que han enumerado sus exigencias y críticas, y está previsto que en San Sebastián, donde se celebra esta tarde, se haga de igual manera.

Preguntados por la decisión del personal facultativo vasco de no realizar actividad extraordinaria en los turnos de tarde a partir de este lunes, han explicado que parten de que las “horas extras no son medidas estructurales, sino temporales” que se aplican “desde la década de los 90 y no han resuelto ninguno de los problemas”.

“Sigue habiendo falta de personal”, han señalado, para añadir que la “única” solución es “reforzar” la sanidad pública. “El consejero tiene competencias suficientes para abrir una negociación colectiva, por lo que instamos a que abra una negociación con todos los trabajadores, con los sindicatos del sector, y llegue a un acuerdo que lleva 15 años obsoleto”, ha concluido.

El Consejo de Gobierno vasco ha autorizado este martes la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Seguridad y el Ayuntamiento de Vitoria para la adopción de perros del Centro de Protección Animal con el objeto de su adscripción a la unidad canina de la Ertzaintza. Según ha informado el Gobierno vasco, el convenio tiene como objeto la cesión y posterior adopción de perros de propiedad municipal que por su edad y características etológicas puedan ser susceptibles de adiestramiento e integración en la Unidad Canina de la Ertzaintza.

Este acuerdo de colaboración nace como resultado de la unión del trabajo desarrollado con perros por parte de esta unidad de la Ertzaintza y del Centro de Protección Animal de Vitoria. La unidad canina da apoyo al resto de las que conforman la Ertzaintza, así como a las diferentes policías locales de Euskadi y a Protección Civil en las necesidades que pudieran surgir, en las cuales sea necesario el trabajo y colaboración de los recursos con los que cuenta, según recoge Europa Press.

Para el desarrollo de esta labor, adiestra y trabaja con perros de diferentes razas, los cuales reciben un entrenamiento específico de la especialidad a la que se les asigne. Mediante este acuerdo el Servicio de Salud Pública del Departamento de Deporte, Salud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria, responsable del Centro de Protección Animal de Armentia cederá los animales a la unidad canina de la Ertzaintza, durante el periodo de pruebas necesario, como máximo de tres meses de duración, para verificar la adecuación de los mismos a las tareas de la Unidad.

Tras finalizar ese plazo y si el animal se considera adecuado para su integración en la unidad canina, será identificado y registrado a nombre del Gobierno vasco, pero si el perro no se adapta a las necesidades de la unidad canina será devuelto al Centro de Protección Animal de Armentia para que terceras personas puedan adoptarlo.

Si el animal cumple con los posibles requisitos para realizar el período de prueba, pero no cuente con edad suficiente para el inicio del adiestramiento de forma inmediata, ambas partes, Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria y la unidad canina de la Ertzaintza, tratarán de localizar una casa de acogida para el animal que se responsabilice del mismo, en el régimen habitual de cesión temporal de animales, hasta que el perro tenga la edad adecuada para iniciar las pruebas. El convenio de colaboración aprobado este martes por el Consejo de Gobierno tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables y no conlleva ningún compromiso financiero entre las partes.

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) asume que es poco aceptable que, en su web de citas, se ofrezcan consultas para dentro de muchas semanas en su red de atención primaria. Ahora, por ejemplo, “para el 8 de mayo”. Y buscará una fórmula para adecuar el sistema informático y que eso no ocurra. La directora general, Lore Bilbao, la autora de la fecha de ejemplo, ha explicado que la web solamente tiene en cuenta la agenda del médico asignado a cada paciente y que, si está de baja o vacaciones, demora hasta su vuelta automáticamente la primera fecha disponible. Se soluciona con una llamada o una visita al ambulatorio, insiste Osakidetza, pero ajustarán, de acuerdo con los sindicatos, la parte informática para que las quejas continuadas desaparezcan. El deseo que es que en no más de “48 ó 72 horas” se resuelvan todas las peticiones.

Bilbao ha expuesto esta cuestión a los periodistas, así como la idea de empezar con un piloto en Elgoibar un cribado de prevención de riesgos cardiovasculares, tras la reunión de seguimiento denominado “pacto vasco de salud”, el catálogo de medidas para mejorar Osakidetza acordado en junio de 2025 en la mesa creada con oposición, sindicatos, universidades, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y otras entidades y que, aparentemente, en un 85% de las 332 iniciativas ya está en marcha. A su lado, el consejero de Salud y principal muñidor del pacto, Alberto Martínez, ha destacado la “ilusión” de quienes se han sentado otra vez en el palacio de congresos Europa de Vitoria para repasar el grado de cumplimiento de lo acordado. Incluso se ha atrevido a felicitarse por tener ahora “más respaldo” que hace diez meses porque las centrales Satse -el mayoritario en la Sanidad vasca-, UGT y CCOO han participado no habiendo firmado en 2025 el acuerdo final, como el conjunto de la representación sindical con la excepción del pequeño SAE.

En la cita ha estado, igualmente, EH Bildu. El principal partido de la oposición en Euskadi tampoco posó en la fotografía final del acuerdo, pero desea participar en el seguimiento, según ha explicado su portavoz, Rebeka Ubera. Ha considerado que Martínez hace “marketing, marketing y marketing” con este foro porque se presentan como novedades medidas ya planteadas por anteriores consejeros o que proceden del Ministerio de Sanidad, como el análisis de las aguas para detectar problemas de salud pública. Diagnostica Ubera que el objetivo actual del PNV con Osakidetza es exclusivamente “cambiar la percepción” del deterioro de la Sanidad pública pero no adoptar los cambios “estructurales” que precisa el sistema.

Ubera, de hecho, ha anunciado la “adhesión” de EH Bildu a las protestas convocadas para este fin de semana en Bilbao, Vitoria y Donostia en defensa de una Sanidad pública de calidad. Esas movilizaciones, que han tenido un aperitivo en la puerta misma del Europa mientras se celebraba la reunión, incluyen una petición de dimisión del consejero Martínez, particularmente por la crisis de las vacunas caducadas. Preguntada por los periodistas, la representante de la coalición abertzale ha precisado que ellos piden por el momento que la dirección política asuma sus “responsabilidades”, en general, pero aclarando que “no es ningún ultimátum”.

El PP también ha estado en la reunión. En su día, acordó 14 de las 24 líneas del pacto, según ha recordado Laura Garrido. La portavoz 'popular' ha sido también muy crítica con la gestión de Osakidetza y ha hablado de “precipitación”, “improvisación” o incluso de “poca utilidad” del foro. Sumar ya se descolgó totalmente del pacto en 2025 y no ha regresado y Vox, el otro partido de la oposición, nunca fue invitado.

Se da la circunstancia de que la propia composición del equipo de Martínez ha cambiado de raíz tras la firma del pacto. A las pocas semanas, en julio del pasado año, salieron el viceconsejero Enrique Peiró y fue promocionado Gontzal Tamayo, precisamente uno de los dinamizadores de este foro. Y, entre otros movimientos, la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, dejó paso a la actual, a Lore Bilbao.

En el ambiente ha flotado también el efecto de la huelga de médicos que está teniendo lugar en España una semana al mes. El Gobierno vasco la identifica como una protesta contra la ministra, Mónica García, que es de Sumar, pero los efectos los notan los sistemas autonómicas. Se da por hecho que cuando se actualicen las listas de espera en mayo habrá un empeoramiento en las tres mediciones -operaciones, pruebas y consultas especializadas- por este motivo. “Es una de nuestras mayores preocupaciones”, ha reconocido Bilbao, que ha considerado que “va a afectar seriamente” a las mejoras que se habían ido consiguiendo lentamente tras el deterioro ocurrido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

El próximo sábado 18 de abril plataformas ciudadanas a favor de la Sanidad pública saldrán a la calle para denunciar la falta de avances del pacto vasco de salud de 2025. Habrá tres manifestaciones: en Bilbao, a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón, en Vitoria, a las 12.00 horas desde la Plaza Bilbao y en Donostia, a las 17.00 horas desde el Boulevard. “El derecho a la salud está seriamente amenazado en la comunidad autónoma vasca. Asistimos a un deterioro y una privatización sostenidos del sistema público de salud. Ocho meses después de aprobarse el llamado pacto vasco de salud, sin consenso y rechazado por sindicatos, partidos políticos y numerosas organizaciones sociales, el consejero de Salud continúa vendiendo balances triunfalistas mientras los problemas estructurales continúan intactos”, lamentan los convocantes.

Según critican, “cada año se aplican recortes durante cinco meses” vacacionales “disfrazados de planes de contingencia: cierres de servicios, reducción de horarios, centros sin personal médico o atendidos con profesionales residentes sin haber completado su formación y servicios de urgencias colapsados”. “Este deterioro empeora la calidad asistencial y las condiciones laborales del personal de Osakidetza, con sobrecargas de trabajo, temporalidad superior al 40% y modelos de gestión autoritarios que limitan la participación social y profesional”, defienden.

En este sentido, denuncian que las OPE “no crean empleo real”. “Son un fracaso porque no logran cubrir los puestos de difícil cobertura. Posteriormente, cuando el sistema se desborda, se vuelve a la misma receta: más horas extras, en lugar de reforzar las plantillas. La Atención Primaria, pilar del sistema sanitario, es la principal perjudicada. Listas de espera en aumento. Más de una semana para acceder a medicina de familia, demoras superiores a un año en algunas especialidades y profesionales agotados por la sobrecarga asistencial”, aseguran.

En cuanto a la privatización de Osakidetza, los manifestantes critican que este año “500 millones de euros irán a parar a empresas privadas y no hay voluntad de recuperar servicios externalizados. Además, una de cada tres personas tiene ya un seguro médico privado. El objetivo es claro: se debilita lo público para fortalecer el negocio privado”. “Fondos de inversión y grandes empresas sanitarias consolidan un modelo en el que la sanidad privada se queda con lo rentable económicamente, mientras la pública asume lo complejo y costoso. Así privatizan los beneficios y socializan las pérdidas”, aseveran.

Entre las críticas que sacarán a la calle el próximo sábado está la de que el consejero de Salud, Alberto Martínez, “a través de una campaña de propaganda sin precedentes anuncia grandes infraestructuras, pero faltan profesionales para atenderlas”. “Confunde ladrillos con soluciones y las inversiones anunciadas apenas llegan a la Atención Primaria, la prevención y a la salud comunitaria, consolidando un modelo hospitalocentrista centrado en el tratamiento de la enfermedad y no en su prevención”, señalan.

Por todo ello y por la “preocupante falta de transparencia, evidenciada recientemente por la ocultación de vacunas caducadas y los fallos de control detectados hasta en 12 OSIs”, que describen como “un escándalo sanitario y político grave”, exigen la dimisión del consejero Martínez. “Defendemos otra Osakidetza: pública, universal y gratuita. Con la Atención Primaria en el centro, cercana, accesible y humana. Basada en la prevención y promoción de la salud, que actúe sobre los determinantes sociales, que garantice consultas presenciales, tiempo suficiente para atenderlas y continuidad asistencial por los mismos profesionales”, indican.

Entre las cuestiones que solicitarán el próximo sábado en las manifestaciones están “frenar la privatización y recuperar servicios externalizados; poner fin a los recortes y reabrir servicios cerrados; aumentar la financiación pública; reforzar la Atención Primaria, la salud comunitaria y la Salud Mental; garantizar plantillas suficientes y estables; implantar un modelo de gestión transparente y participativo; garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en la sanidad pública, así como la normalización real del uso del euskera en el seno de Osakidetza”. “No necesitamos más propaganda, ni más titulares. Necesitamos hechos. Necesitamos soluciones a los problemas estructurales de Osakidetza. No vamos a normalizar recortes, ni privatizaciones. Porque la sanidad pública es de todas y todos. Y no estamos dispuestos a que nos la roben”, concluyen.

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha detectado algunos casos de sarna en una escuela pública infantil de Vitoria. Se trata de la haurreskola de Salburua. Las familias, según ha contado Radio Vitoria, han recibido en la tarde de este lunes una nota informativa por si los niños pudieran desarrollar síntomas compatibles. No hay, por el momento, datos del número de afectados.

La sarna, causada por unos minúsculos ácaros, provoca sarpullidos en la piel. Aunque no reviste gravedad, los sarpullidos pueden llegar a provocar una intensa picazón. Es posible, además, que los niños afectados hayan podido contagiar a contactos cercanos, como sus familiares. Por ello, aunque primero habrán de consultar la situación con su médico de cabecera, es posible que hayan de tratarse todos los miembros de la unidad convivencial. En todo momento se recomienda prestar atención a la posible aparición de síntomas compatibles.

Existe tratamiento, en forma de cremas que se aplican sobre la piel o comprimidos que se toman por vía oral y eliminan tanto a los ácaros como los huevos que depositan sobre la piel. En cualquier caso, la picazón puede extenderse varios días después de haber recibido el tratamiento.

La incidencia de la escabiosis (como también se conoce a la enfermedad) se ha disparado en los últimos años. En Álava, por ejemplo, si en 2016 hubo 99 consultas, en 2022 había ascendido hasta las 1.156. Son datos que se desprenden del 'Informe de resultados de vigilancia en salud pública' correspondiente al año 2023. Las tasas son siempre más elevadas entre los menores de 29 años y especialmente en la franja que va de los 15 a los 29.

El barrio de Zabalgana de Vitoria celebrará la quinta edición de Zabaliburu entre el 13 y el 23 de abril, mediante charlas, mesas redondas, teatro y talleres, todo ello en el marco de un festival que este año gira en torno al lema 'Amores libros-Irakurmindu zaitez'. En la programación del festival también destaca la feria del libro que tendrá lugar el sábado 18. Además, el certamen otorgará el Premio Zabaliburu a la ilustradora Elena Odriozola en reconocimiento a su trayectoria profesional.

El evento organizado por el centro cívico Zabalgana y la asociación vecinal homónima, busca fomentar la lectura y apoyar al sector editorial local mediante la participación activa de centros escolares y colectivos del barrio. Según ha explicado la concejala de Gobierno Abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa, en la presentación del evento celebrado este martes en el centro cívico Zabalgana, 'Amores libros-Irakurmindu zaitez' “trata de resaltar en amor por los libros y lo importantes que son en la vida de muchas personas”.

Por su parte, la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha señalado que “los objetivos de Zabaliburu pasan por fomentar la lectura, promover la participación cultural activa del alumnado de los centros escolares de Zabalgana, dar a conocer a los escritores y escritoras de la ciudad y apoyar al sector del libro”, según recoge Europa Press.

Programación

La programación, que comienza el día 13, se compone de charlas, presentaciones de libros, mesas redondas, teatro, taller de lectura, maratón de lectura e incluso una sesión musical. En el marco de la programación destaca la aportación del festival a la conmemoración de los 50 años de la masacre del 3 de Marzo con la presentación el día 17 del libro 'Flamenco. Arqueología de lo jondo' de Antonio Manuel, y la nueva versión de una copla de Pepe Taranto, a cargo de la cantante Irene Villa y el guitarrista Javi Sarmiento. La sesión estará dinamizada por Juan Ibarrondo, de 'Memoria gara'.

Además la escritora Karmele Jaio presentará su último libro, 'Harrizko bihotza - Corazón de piedra', protagonizando así la sesión del día 16. La imagen de esta edición ha sido elaborada por la artista Helena Azkarraugarizar que, además, protagonizará un taller de ilustración el día 15.

La feria del libro tendrá lugar el 18 de abril, de 10.30 a 14.00 horas, en el exterior del centro cívico, donde cinco librerías y otras tantas editoriales ofrecerán sus productos. También habrá, por primera vez, una mesa para autopublicaciones. La feria estará jalonada de actos como un reparto de rosas por parte del Casal Català d 'Araba, una entrega de premios de los concursos de cuentos y marcapáginas, un cuentacuentos en inglés, un trueque de libros, susurradores de poemas, y un photocall, entre otros.

En días posteriores a la feria, proseguirán las actividades con teatro, presentación de libros, maratón de lectura y la entrega del premio Zabaliburu, que este año corresponde a la ilustradora Elena Odriozola por su trayectoria. El galardón se plasma en una escultura realizada por Leire García-Fanguito, ceramista ganadora de la última edición del certamen de artesanía Blas Arratibel.

Dos parroquias de Vitoria, la de San Joaquín y Santa Ana del barrio de Salburua y la de Nuestra Señora de las Nieves de Aranbizkarra, han abierto sus puertas en las últimas semanas para que puedan pernoctar, asearse y tener un techo en ellas tres decenas de los malienses que llevan meses a la intemperie en las calles cercanas a la comisaría de la Policía Nacional en Betoño ante el tapón burocrático que les impide obtener citas para regularizar su situación. La gran mayoría son musulmanes. La Diócesis de Vitoria señala que está siendo una “experiencia gratificante” para ambas partes.

Desde agosto de 2025 hay un volumen importante de personas procedentes de Malí, en su mayoría varones jóvenes, que llegan a Vitoria para buscar asilo, como antes ocurrió en Donostia. Sin embargo, la burocracia se ha convertido para ellos en un tapón y se han visto forzados a pernoctar en la calle, aunque la entidad Zehar-Errefuxiatuekin sostiene que el 98% tendrían derecho a protección en España. Aunque hay rotación y llegadas y salidas constantes, se ha estabilizado un grupo amplio conviviendo en soportales de Salburua próximos a la Policía Nacional. Tenían dificultades incluso para poder ducharse. La comida que recibían procedía, en buena medida, de la solidaridad vecinal. En invierno, con noches muy frías, la situación motivó denuncias de falta de respuesta institucional.

Desde la Iglesia confirman que han abierto las puertas de dos de los templos más próximos a la Policía Nacional, el de San Joaquín y Santa Ana, de la calle de Viena, y el de Nuestra Señora de las Nieves, de la calle de Valladolid. En la primera hay unas dos docenas de plazas y en la segunda otra docena, según las fuentes consultadas. Les ofrecen cama, ducha, aseo y servicios básicos, como enchufe o microondas, dicen desde el Obispado. Explican que incluso siendo una institución católica ofrecieron facilidades en tiempo de Ramadán, que finalizó el 19 de marzo. Aunque ya ha pasado el invierno y en los últimos días las temperaturas han sido altas, se prevén mínimas de incluso 4 grados en Vitoria en las próximas semanas.

Una voluntaria que lleva meses colaborando con los refugiados confirma la apertura de las dos iglesias, aunque insiste en que “hay un montón” aún en la calle y que son necesarios más pasos. “Vamos a seguir pico y pala, como siempre”, afirma. Destaca de este colectivo que “pese a sus situaciones de vulnerabilidad increíbles”, tanto en origen como por el proceso migratorio, “siempre ofrecen una sonrisa”. Su gran batalla actual es superar las nuevas dificultades que han encontrado para acceder a citas con la Policía Nacional. Esta voluntaria denuncia la existencia de “mafias” que acaparan los pocos turnos que se ofrecen y los revenden por cantidades muy elevadas, “de hasta 300 euros”.

En la zona, en paralelo, se ultiman las obras en la antigua Clínica Arana para que, a partir del verano, sea centro para refugiados. Tendrá finalmente 200 plazas y no 350, como se anunció. El recurso ha recibido numerosas críticas de PNV, PP o Vox, así como de movimientos vecinales. En algunos ámbitos se ha asociado con delincuencia e inseguridad y se han formulado comentarios xenófobos.

La compañía municipal de autobuses de Vitoria, Tuvisa, persiste en la utilización de unidades con motores de combustión para cubrir las rutas del denominado BEI o “bus eléctrico inteligente”. Este jueves, un autocar Mercedes-Benz diésel matriculado en 2006 estaba realizando a mediodía servicios de la línea B del BEI, la que circunvala la ciudad contra el sentido de las agujas del reloj.

Este periódico viene denunciando estas incidencias desde hace meses. De hecho, el mismo autobús de 2006 que estaba realizando ese trayecto este jueves, el número 53 de la flota de Tuvisa, lo ha hecho en varios momentos de este mismo año y también a lo largo de todo 2025. Es una de las unidades más antiguas operativas en la ciudad, con 1,1 millones de kilómetros recorridos a comienzos de año. Se da la circunstancia de que, desde hace meses, Tuvisa dispone de unidades eléctricas haciendo otras líneas. La 4 ya está totalmente electrificada, pero hay vehículos de esta tecnología prestando servicio en otros recorridos que no se publicitan como eléctricos.

El Ayuntamiento publicita el BEI como “un medio de transporte eléctrico cero emisiones”. “No contamina, no emite humos y tiene bajos niveles de contaminación acústica. Contribuye a que respiremos un aire más limpio y disfrutemos de una ciudad más sostenible”, se indica en la web oficial. Se añade, asimismo, que ofrece “vagones grandes y espaciosos y un diseño futurista pensado en el confort del pasaje”. “También dispone de un sistema de guiado automático para que la aproximación a las paradas sea más precisa”, se destaca, igualmente.

Los autobuses diésel también son empleados en festivos y fines de semana para relevar a vehículos híbridos de la marca Vectia que, según las denuncias recogidas por este periódico, presentan problemas mecánicos frecuentos. Fue en 2018 y 2019 cuando se adquirieron diez Vectia de motor híbrido, que también lucen publicidad alusiva a que son “más sostenibles”. Tienen un uso de entre 201.334 y 263.561 kilómetros. Es decir, sus recorridos anual pueden llegar a ser de la mitad que los diésel antiguos.

La Filmoteca Vasca dará comienzo a su próximo ciclo, ‘Cine vasco’, centrado en la conmemoración del patrimonio audiovisual y el papel de las mujeres cineastas. La primera proyección tendrá lugar el 15 de abril de 2026 en Vitoria y, durante abril, mayo y junio, se exhibirán 16 películas vascas distribuidas en 10 sesiones. El ciclo se desarrollará en el museo Artium de Vitoria; en el Bizkaia Aretoa de la EHU en Bilbao, y en Tabakalera, en Donostia. La programación completa está disponible en la página web de la Filmoteca Vasca. Las entradas pueden adquirirse en taquilla y en las páginas web de los museos Artium y Bellas Artes de Bilbao y de Tabakalera.

Durante la presentación, la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha definido el ciclo en tres conceptos: “Cultura propia, memoria y mujeres”. Ha afirmado: “La cultura es un patrimonio vivo que tenemos que proteger y promover porque nos conecta con lo que somos, con nuestras historias y también con nuestra manera de mirar el mundo”. La vicelehendakari ha subrayado que ese es el objetivo de este y de los últimos cinco ciclos en los que la Filmoteca Vasca ha situado a la mujer como protagonista.

El ciclo se abre con ‘Yoyes’ (2000), de Helena Taberna. Se cumplen 40 años del asesinato a manos de ETA de esta disidente de la banda en presencia de su hijo. La cineasta, presente en la presentación, ha afirmado que no se siente “valiente” por haber realizado la película, sino que sintió “la necesidad de contar esa historia”. Taberna se define como “persistente”, ya que “hubo dificultades por todos los lados”; no obstante, fue al encontrar en internet un evento en Luxemburgo cuando logró apoyo financiero.

El ciclo conmemora el décimo aniversario de (H)emen, asociación de mujeres del sector audiovisual y de las artes escénicas de Euskadi. En este contexto, se presentará el proyecto pionero de una cineasta vasca: 'Irrintzi' (1978) de Mirentxu Loyarte, recientemente fallecida. Le acompañará la revisión de dicha película, 'Irrintziaren oihartzunak' (2016), realizada por una de las fundadoras de la (H)emen, Iratxe Fresneda.

Además, el ciclo incluirá una sesión dedicada a la Guerra Civil, en la que se proyectarán cuatro películas producidas por la sección de Propaganda del Gobierno de Euzkadi: ‘Entierro del benemérito sacerdote vasco José María de Korta y Uribarren, muerto en frente de Asturias’ (1937), ‘Semana Santa en Bilbao’ (1937), ‘Guernica’ (1937) y ‘Elai-Alai’ (1938), estas dos últimas de Nemesio Sobrevila.

Asimismo, se estrenará ‘Itzalak argitzen’ (2026), una producción de EITB dirigida por Koldo Almandoz y Gorka Bilbao. El documental recoge el proceso de restauración de cuatro mediometrajes vascos de los años ochenta: ‘Hamaseigarrenean aidanez’ (Anjel Lertxundi, 1985), ‘Zergatik panpox’ (Xabier Elorriaga, 1985), ‘Ehun metro’ (Alfonso Ungría, 1985) y ‘Oraingoz izen gabe’ (José Julián Bakedano, 1986).

La restauración de estos mediometrajes ha sido una “responsabilidad” para el ente público, ha explicado Joselu Blanco, director de Programación de EITB. En relación con el documental, ha destacado la importancia de contextualizar histórica y culturalmente las obras restauradas. Ha valorado de forma positiva tanto la restauración como el documental a presentar.

Por su parte, Joxean Fernández, director de la Filmoteca Vasca, ha señalado que su labor es la de ser “admiradores profesionales”. Ha afirmado que “nuestro cine es un estandarte cultural de primer nivel” y que su transmisión es clave para que “siga siendo importante para nuestra sociedad”. Asimismo, ha destacado la proyección internacional del cine vasco, que se verá reforzada tras la elección de la Filmoteca Vasca como sede del congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos en 2026.

La academia de Arkaute, a las afueras de Vitoria, es donde se forman los agentes de la Ertzaintza y otros policías y operarios de los servicios de emergencias. En unas instalaciones anexas, la denominada base Iradier, están también las unidades de Tráfico e, históricamente, el equipo antiterrorista de Álava. Desde hace unos días, por allí ya no ha vuelto uno de los trabajadores de la subcontrata de la limpieza. En 2025, en septiembre y noviembre, recibió dos condenas de la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, en concreto por autoadoctrinamiento y proselitismo yihadista. Pesan sobre él dos años y medio de prisión y otras medidas. Sin embargo, según ha adelantado 'El Correo', seguía en libertad a expensas de que el Tribunal Supremo resuelva un nuevo recurso y había encontrado ese empleo.

El Departamento de Seguridad guarda silencio sobre el asunto. Solamente indica que cuando la “Policía judicial” se dio cuenta de esta circunstancia se le indicó que no podía volver a Arkaute. Las fuentes oficiales no concretan cuánto tiempo ha estado entrando al recinto policial, cuáles eran sus funciones o cuándo se dieron cuenta de la condena. Otras fuentes exhiben su sorpresa porque, en el pasado, las contratas de comisarías y otras instalaciones de la Ertzaintza eran sometidas a revisión. En el pasado, la Policía vasca ha vetado a otros trabajadores por diferentes motivos, incluidos delitos de terrorismo, aunque relacionados con ETA y no con el yihadismo, indican estas voces.

¿Quién era ese trabajador? El condenado se instaló en 2016 en Almería. Desde entonces, aunque con más incidencia a partir de 2022, “comenzó un proceso progresivo de radicalización en los postulados de carácter yihadista, en concreto en el terrorismo islámico que proclama la organización terrorista Daesh”, se puede leer en la segunda de las sentencias de la Audiencia Nacional, una resolución que ratifica los “hechos probados” de la primera instancia, otra sala del mismo órgano.

Se da por probado que este hombre, treintañero, creó perfiles en Instagram, Telegram, TikTok, Facebook, WhatsApp o Messenger para difundir todo tipo de contenidos de “apoyo a la violencia terrorista”. Se trataba de materiales que defendían que “la utilización de la violencia física” era un medio “adecuado y válido” para la “instauración del denominado Estado islámico”. “Justificaba actos de violencia en países occidentales tales como España, Alemania, Francia, etc.”, sostiene la sentencia.

Esta persona fue arrestada en Almería por la Policía Nacional en noviembre de 2023. El asunto fue público. En su teléfono había 555 conversaciones sobre la materia, así como 70.654 imágenes, 947 audios, 399 vídeos y varias memorias de USB, tanto en el domicilio como en la guantera del coche. Solamente en uno de ellos había otros 2.447 archivos más. Seguía los postulados de líderes radicales, algunos de ellos presos por terrorismo en el extranjero. Realizó 1.038 publicaciones en sus perfiles.

El juicio se celebró en 2025, y también trascendió a los medios de comunicación. La Fiscalía pidió cinco años, pero la pena se quedó en la mitad. La segunda sentencia de la Audiencia Nacional, en vista de las quejas de la defensa, remarca que se ha hecho una “interpretación muy dadivosa” de los hechos para dejar la condena en dos años y medio. Los abogados defensores querían una revocación remarcando, entre otras cosas, que el varón sufre una leve discapacidad. La Audiencia Nacional lo acepta, pero matiza: “El trastorno leve no le impidió ser consciente de que expandía material yihadista apto para aleccionar a terceros cercanos de su entorno hacia el enrolamiento en una organización terrorista”. El fallo remarca que, entre el material que almacenaba y compartía había mensajes para “instar al corte de tráqueas” o al “rompimiento de cráneos”.