Durante la primavera y el verano de 1933, Santa Cruz de Tenerife fue escenario de una de las luchas sociales más relevantes de la historia de Canarias: una huelga de alquileres. Duró desde el 4 de abril hasta el 7 de julio y culminó en una huelga general de dos días, que acabó desembocando en una espiral de violencia callejera y represión institucional.

La capital tinerfeña llevaba años sufriendo una crisis habitacional sin precedentes. El puerto había atraído a multitud de trabajadores que migraron de zonas rurales y de otras islas, provocando que la ciudad creciera en treinta años, de 38.000 a 62.000 habitantes, según el historiador Carlos David Aguiar.

Era común que las familias de clases medias vivieran hacinadas en las “ciudadelas”, un tipo de vivienda colectiva barata que el profesor Ramón Pérez González describe como: “construcciones de habitaciones independientes entre sí, desarrolladas por lo general en planta baja y de dimensiones siempre reducidas, dispuestas a ambos lados de un callejón ciego o en torno a un patio y que comparten el acceso común y con frecuencia los retretes y la cocina”.

La situación empeoró cuando los precios del alquiler llegaron a suponer el 80% del sueldo medio. Los arrendadores y administradores exigían alquileres de entre 75 y 125 pesetas mensuales, mientras que el sueldo medio oscilaba entre las 120 y 130 pesetas.

En el libro Huelga de inquilinos. Tenerife 1933, del historiador Alexis Rodríguez Mendoza, se describe una situación cuyo eco resuena en la actualidad: “Nos encontramos, por un lado, con un amplio número de trabajadores/as ahogados/as para poder subsistir y, por otro, a un grupo, más o menos reducido, de propietarios/as y realquiladores de ciudadelas que sacaban cuantiosos beneficios de este negocio”.

Los historiadores Yanira Hermida y Carlos David Aguiar, cuentan en su trabajo Techo y Dignidad: La lucha del Sindicato de Inquilinos de Tenerife durante la segunda República que, “mientras los inquilinos entregaban prácticamente todo su sueldo para no quedarse en la calle, los caseros obtenían grandes beneficios, incluso defraudaban a la Hacienda Pública al declarar cobros inferiores a los reales”.

El primer Sindicato de Inquilinos de Tenerife

En 1928 se creó en Santa Cruz de Tenerife el Sindicato de Inquilinos. Desde julio de 1923 ya existía la Liga de Inquilinos, pero no sería hasta agosto de 1932 cuando la Federación Obrera, en una asamblea realizada en el cine La Paz, reorganiza el sindicato y sitúa su sede en la calle Miraflores, en las mismas dependencias de la CNT, donde tenían su imprenta.

A finales de 1932, el Sindicato de Inquilinos contaba con unos 200 afiliados. Durante el verano de 1933, en el momento más álgido de la huelga de alquileres, superan los 3.500 afiliados. Meses antes habían creado una publicación llamada La voz del inquilino, lo que les ayuda a crecer rápidamente.

El 26 de marzo de 1933, el Sindicato de Inquilinos celebró una asamblea donde se convocó oficialmente la huelga de alquileres que comenzaría el 4 de abril. No estaba solo. Tres organizaciones pactaron tres acuerdos fundamentales. El Sindicato de Inquilinos, la Federación Obrera y la Confederación Regional del Trabajo estipularon que no se pagarían los alquileres hasta que no se redujeran en un 40%; que si había desahucios, las familias desalojadas serían restituidas en su antigua casa, y que los obreros harían huelga general en Santa Cruz de Tenerife.

“Esos son los mismos acuerdos, casi copiados, que había tenido la Federación Obrera de la CNT de Tenerife el año anterior. En abril de 1932 se había hecho una asamblea para crear la Federación Obrera, la organización de todos los sindicatos, y en esa asamblea participaron representantes de lo que sería el Sindicato de Inquilinos. Las cosas venían de lejos, no fue instantáneo”, señala Alexis Rodríguez.

Según explica el historiador, al principio se intenta cambiar la situación de la vivienda “utilizando la ley”. Intentaron que Hacienda cobrara a los propietarios los tributos correspondientes, “ya que no declaraban realmente los precios que cobraban”. Intentaron que los inspectores revisaran las condiciones de higiene de las casas, incluso pidieron amparo en los juzgados, “porque había una ley que permitía una rebaja de los alquileres, y la empezaron a reclamar”, apunta Rodríguez.

“Era normal que los inquilinos no estuvieran al día, tardaban uno o dos meses y pagaban casi siempre con retraso, con lo cual en abril no pasó nada. En mayo, instigados por la Cámara de Propiedad, la entidad que agrupaba a los propietarios, empezaron a presentar denuncias de desahucio en los juzgados. Pero el Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, los paralizó hasta el 5 de julio de 1933, en búsqueda de una solución pactada entre las partes. Obviamente, los propietarios se negaron a cualquier acuerdo”, afirma Rodríguez.

5 de julio: huelga general

El momento clave de la huelga de alquileres llega el 5 de julio de 1933, cuando las autoridades intentan ejecutar los primeros desahucios. En el primero se desaloja a una familia del número 62 de la calle Santiago. Las pertenencias de la familia son arrojadas a la calle. La gente se junta alrededor de la vivienda y cuando se marcha la policía y el secretario judicial, vuelven a restituir a la familia y devuelven sus pertenencias a la casa. Cuando se iba a ejecutar el segundo desahucio, “el propietario llega a un acuerdo de rebaja del alquiler con el inquilino. Pero ya el tercer desahucio no se produce”, explica Rodríguez.

Aquel día se habían fijado varios desalojos: en el número 63 de la calle San Miguel, en el 23 de la calle Emilio Calzadilla y en el 18 de la calle del Pasaje Ojeda. “El tercer desahucio no se produce por la cantidad de gente que se había aglomerado alrededor, y la policía y el secretario del juzgado y los funcionarios se retiran. ¿Qué había ocurrido? Pues que se había convocado la huelga general”, relata Alexis Rodríguez, que añade: “Tres cohetes sonaron en Santa Cruz de Tenerife, e inmediatamente se paralizó toda la ciudad. Así comienza la huelga”.

“Inmediatamente se convierte en una huelga, podríamos decir, revolucionaria. Empiezan a atacar las casas de los propietarios y, sobre todo, de los administradores. Se les queman sus muebles, en algunos casos se derruye toda la casa, y también se empiezan a producir hechos más violentos como quemarle la fábrica a Francisco Navieira, dirigente del Partido Republicano Radical y propietario de una fábrica de Salazón, que había despedido hacía unos días a varios trabajadores de la CNT”, señala Rodríguez.

Según la historiadora Yanira Hermida, “lo fascinante de ese momento es que las trabajadoras y trabajadores son conscientes plenamente de que la cuestión de la vivienda es una consecuencia de una violencia estructural que sufren y padecen dentro de una sociedad injusta y desigual, ante la cual es fundamental el apoyo mutuo. Ya no es sólo señalar a propietarios usureros, sino un enfrentamiento con la clase explotadora: el problema de la vivienda queda en conexión clara con la explotación laboral”, asegura.

Esa misma tarde, se convocó una reunión en la plaza de toros para valorar el alcance de la huelga. Se acuerda mantener el paro y buscar la mediación entre propietarios e inquilinos del Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, afiliado al Partido Republicano Radical Socialista.

6 de julio: la represión

El Gobernador Civil, asustado por la gran cantidad de personas que habían secundado la huelga general, y el giro violento que habían tomado los acontecimientos, deja de intentar mediar. Prohíbe todas las manifestaciones, decreta el cierre de las sedes de los sindicatos, y ordena a la Guardia Civil disolver la reunión de inquilinas en la que se habían congregado más de 2.000 personas.

“Se empieza a detener a todas las personas más significativas del movimiento obrero de Santa Cruz. Se detiene a la directiva del Sindicato de Inquilinos y de la Federación Obrera, un montón de gente, llegando más de 60 personas encerradas en Paso Alto. Eso hace que la huelga termine, pero siguen con las reivindicaciones”, asegura Rodríguez

Hay constancia de que se empiezan a reducir algunos alquileres. La Cámara de Propietarios emite distintos comunicados pidiendo que no se negocie con los inquilinos, pero muchos propietarios negocian y aceptan rebajas porque temen problemas mayores. “Esta situación se mantiene hasta 1936”, asegura Rodríguez.

El papel crucial de las mujeres en la lucha

La presencia y el papel de las mujeres fue masivo y muy destacado. Isabel González González, conocida como Azucena Roja y que llegó a ser la primera mujer en ocupar una concejalía en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denunció las estafas de los caseros y exigió desde las instituciones que no se cortara la luz o el agua a los desempleados. Sorprende también la figura de Isabel Cabrera, que a pesar de ser propietaria apoyó la causa del Sindicato de Inquilinos con tal fervor que fue nombrada tesorera del sindicato.

El diario La Tarde, un destacado periódico de información general de Santa Cruz de Tenerife, relata los acontecimientos del 5 de julio de la siguiente manera: “Contingentes enormes de obreros, entre los que destacan no pocas mujeres, recorrían la población formando distintas manifestaciones, vitoreando la huelga general y su inmediato triunfo”.

La represión policial que siguió a las protestas no hizo distinciones y el 6 de julio entre los encarcelados están los 12 dirigentes obreros más representativos de la protesta y 4 mujeres: Carmen Hernández Dorta, María Padilla Arteaga, y las hermanas Ginesa y Polonia Fernández García, como recoge el libro Huelga de inquilinos. Tenerife 1933, de la CNT.

“Sin embargo, está bastante silenciada la presencia femenina en esta huelga por la prensa y la documentación de la época”, señala Rodríguez, que explica que eran ellas las que llevaban el día a día de la casa, quienes sufrían el acoso por parte de los administradores y quienes llevaban la carga del cuidado de la familia.

7 de julio: “Casa desahuciada, casa que explota”

Tras dos días de huelga general, el 7 de julio se recupera la actividad habitual en Santa Cruz de Tenerife, pero la huelga de inquilinos continúa en marcha.

Presionado por la alta burguesía, el Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, endurece aún más la represión y ordena a la Guardia Civil disolver cualquier reunión de más de tres personas, ilegaliza a la Federación Obrera, clausura su imprenta y prohíbe sus publicaciones. Además, se decreta la ejecución inmediata y sin demora de todos los desahucios.

Esta medida genera una violenta dinámica de represalias: por cada desahucio que logran ejecutar las autoridades, los inquilinos hacen estallar un cartucho de dinamita en la casa desalojada o en las propiedades del casero. Ante esto, la Guardia Civil comienza a detener a todas las familias desalojadas como sospechosas.

“A partir del 7 de julio, cada vez que se produce un desahucio explota un cartucho de dinamita en la casa. Casa desahuciada, casa que explota. No es que tumben abajo la casa, pero se crea una especie de ansiedad y psicosis entre los propietarios y administradores, que ven que dejar a los inquilinos en la calle suponía un grave problema para ellos. Esto se produce de manera reiterada, y es muy común”, explica Rodríguez.

Los cartuchos de dinamita o los artefactos incendiarios de elaboración casera, eran habituales en la época, “no eran extraños en las protestas obreras”, afirma Yanira Hermida, y destaca que “las fuentes muestran que eran atentados contra la propiedad privada y no contra las personas”.

Fin y resurgimiento del Sindicato de Inquilinos

Tras varias semanas marcadas por la ejecución de desalojos y los estallidos de explosivos como respuesta, los últimos coletazos de la huelga de inquilinos se notarán hasta la última semana de agosto, momento en que puede considerarse concluida.

A finales de 1933 se deja en libertad a los últimos detenidos, y se empieza a reconstituir el Sindicato de Inquilinos. Sin embargo, hay una gran división interna. Los socialistas, la pequeña burguesía y los trabajadores liberales empiezan a abandonar el sindicato. Rechazan la violencia que se había desatado y consideran que ellos pueden negociar por su parte los alquileres. “Al mismo tiempo, los administradores crean su propia organización, que llaman Sindicato de Propietarios de Fincas Urbanas, para hacer un frente común y evitar la presión del sindicato”, explica Rodríguez.

Durante los años siguientes, el sindicato prácticamente desaparece. Entre noviembre de 1933 y febrero de 1936 se sucede el conocido bienio radica-cedista o bienio negro, en el que la República es gobernada por la derecha en alianza con la ultraderecha. “Se ilegalizan todos los sindicatos y en estos dos años la represión del movimiento obrero es muy fuerte, lo que impide que el Sindicato de Inquilinos pueda actuar”, señala Rodríguez.

Ante las elecciones de 1936, “ya desde enero se empieza a reconstituir el Sindicato de Inquilinos y se expande por la isla, creando sedes en la Laguna, en Güímar y en la Orotava”, asegura Rodríguez. Se nombra presidente a Francisco Sosa, vinculado a la CNT, y se fija la sede en la calle Méndez Núñez, donde estaba la sede de los tabaqueros, que era el gremio más potente de la CNT.

Vuelven las rebajas de los alquileres

En 1936, el Sindicato de inquilinos crea una comisión de revisión de los alquileres. De las 114 viviendas que revisaron entre febrero y mayo del 36, dictaminaron un descuento del 25% de media, “pero hubo casos del 50% y 70%, así que el sindicato funcionaba y obligaba a propietarios y administradores a aceptar esas rebajas”, apunta Rodríguez.

No hay datos precisos de los acuerdos alcanzados, ni un número exacto de personas que secundaron la huelga o consiguieron rebajas. Pero hay un hecho que Alexis Rodríguez destaca y resulta muy significativo. El Sindicato de Inquilinos crea una cuenta en Caja Postal para que los inquilinos ingresen todo el dinero del alquiler en esa cuenta, y así el Sindicato es quien negocia con los administradores y propietarios. “En los primeros pagos del alquiler, la rebaja se la quedaba el Sindicato de Inquilinos como caja de resistencia y para crear una cooperativa de vivienda y construir casas”, relata Rodríguez.

Lo más destacado es la cantidad de dinero que consigue el Sindicato de este modo: 106.516, 65 pesetas. “Una cantidad brutal de dinero. Eso habla de que es muchísima gente que utiliza el Sindicato de Inquilinas y se acoge a la rebaja. Al mismo tiempo se les había pagado a los propietarios 12.612 pesetas. Teniendo en cuenta el precio de los alquileres, estamos hablando de que la inmensa mayoría de las viviendas de Santa Cruz se pagaron a través del sindicato de Inquilinas”, asegura Alexis Rodríguez. Según el historiador, este dato se hace público el 17 de julio de 1936, horas antes de comenzar el golpe de estado.

El trágico epílogo

Años después, con el estallido de la sublevación militar y el inicio de la dictadura franquista, la burguesía y los grandes propietarios aprovechan la nueva situación de poder para vengarse de los líderes obreros de 1933 y decenas de dirigentes y personas implicadas en la defensa de los inquilinos fueron asesinadas.

Líderes como Francisco Sosa Castilla (Presidente del Sindicato de Inquilinos en 1936), Jorge Hernández Mora, Francisco Infante Díaz, o Francisco Reyes Martín (quien escribió diversos artículos en defensa de los inquilinos) fueron sometidos a consejos de guerra y fusilados, mientras que otros, como Amadeo Hernández, fueron arrojados vivos al océano envueltos en sacos.

Consecuencias de la huelga de alquileres

Historiadores como Miguel Ángel Cabrera destacan que su mayor logro fue forjar una “alianza interclasista sin precedentes”. Esto sentó las bases para que en las elecciones de febrero de 1936 fueran juntas en la coalición de izquierdas del Frente Popular.

“¿La huelga de inquilinos funciona? Pues claro que funciona. Sobre todo cuando hay solidaridad de clase. Cuando hay grupos sociales que sólo velan por su interés, entonces no. Pero si paran de pagar todos los alquileres durante dos o tres meses, eso obliga a los propietarios a negociar”, reflexiona Alexis Rodríguez.

Para Yanira Hermina, “sobran” motivos para una huelga de alquileres “en el contexto actual”. Y concluye: “La huelga de inquilinos tuvo un claro éxito, mostró las dimensiones de una lucha solidaria y colectiva en la capital de la isla”.

“¿Es necesaria la acción para rebajar los alquileres?”, se pregunta Rodríguez, que responde: “Claro que sí. No es de recibo que buena parte del parque de viviendas se dedique a vacaciones y no a la vivienda residencial. Por eso es necesaria una huelga de inquilinas”, concluye el historiador.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez (PP), ha prometido para esta legislatura algo que, según él, ya se cumplía hace un año. En su comparecencia para explicar su programa, Vázquez ha garantizado el mantenimiento de la atención presencial en centros de salud, consultorios locales y en el domicilio y el acceso a las consultas del médico de familia en un plazo que no supere las 48 horas. En agosto de 2025, en un desayuno de la Agencia Ical, Vázquez aseguró que la demora media para conseguir cita en Atención Primaria no superaba 1,9 días, si bien reconocía “tensiones” en centros de salud urbanos.

De hecho, en invierno de 2024, en plena epidemia de gripe llegó a asegurar que se estaba citando con menos de 48 horas de mientras la mayoría de centros de salud colapsaron por la demanda y la espera superaba los 15 días. En su exposición este viernes en las Cortes de Castilla y León, Vázquez ha sostenido que para garantizar esa atención presencial incidirán en la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria, mejorando la organización asistencial y dotando a los profesionales de más recursos y herramientas que permitan ofrecer una atención ágil, cercana y de calidad en todo el territorio, informa Efe.

Para mantener un acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria que no supere las 48 horas, el consejero ha basado su estrategia en la organización de las agendas, la optimización de la gestión de la demanda, y el refuerzo los Puntos de Atención Continuada (PAC) y circuitos de urgencias extrahospitalarias. Así, con una cuestión de mera organización “de agenda” ha intentado minimizar la saturación de los centros de salud.

Pero también ha apuntado a una reducción de la atención presencial en favor de la consulta telefónica: “La tecnología nunca sustituirá la atención presencial, cuando esta sea necesaria, pero sí nos permitirá superar muchas de las limitaciones derivadas de la dispersión geográfica y avanzar hacia una sanidad más accesible, más cercana y más equitativa para todos los castellanos y leoneses”, ha afirmado. También ha anunciado una Estrategia de Optimización de las Emergencias Sanitarias de Castilla y León, orientada a reforzar la atención extrahospitalaria, especialmente en las zonas rurales y más alejadas.

Por otro lado, ha anunciado nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, un problema estructural lastrado por el conflicto médico por el estatuto marco, del que ha culpado a la ministra, y que ha dejado 12.500 operaciones menos en el primer semestre en la comunidad, que podrían ser 25.000 a final de año. El Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre las distintas áreas de salud y garantizar una respuesta más homogénea, ágil y equitativa para todos los castellanos y leoneses.

Se ha referido al conflicto generado en torno a la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, que ha desembocado en movilizaciones y huelgas de ámbito nacional con un impacto directo sobre la actividad asistencial. “Un conflicto que persiste ante la incapacidad de la única responsable con competencias para resolverlo: la ministra de Sanidad del Gobierno de España” y que “está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud”, ha explicado.

En concreto, en el caso de Castilla y León durante el primer semestre de este año se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores. “De haberse mantenido el nivel habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica”, ha sostenido. “No estamos simplemente ante una interrupción de la tendencia de mejora que veníamos consolidando. Las listas de espera han vuelto a crecer y seguirán haciéndolo mientras el Gobierno de España no afronte con la seriedad y la responsabilidad necesarias una situación de esta magnitud”, ha lamentado.

“Si la huelga se prolonga, estimamos que a final de año habremos dejado de realizar más de 25.000 intervenciones quirúrgicas”,

Vázquez ha explicado que pese a ello, el objetivo es “recuperar los niveles de actividad alcanzados, revertir esta situación y situar de nuevo a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados en accesibilidad y tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud”.

Los trabajadores de la empresa Valoriza Medioambiente, encargada de la recogida de biorresiduos en La Rioja y su transporte al ecoparque, han decidido desconvocar la huelga prevista para este día 17 de Julio ante el compromiso de la empresa de negociar condiciones tanto económicas como laborales y registrarlas antes del 31 de octubre.

El acuerdo alcanzado hoy en Inspección de Trabajo recriooge que en un plazo no más de tres meses se comprometen a establecer un marco regulador válido, negociado y registrado oficialmente, que garantice seguridad jurídica y laboral. Los trabajadores, en reunión esta mañana con la directora de Medio Ambiente y el gerente de consorcio de aguas, han alcanzado el compromiso de reunirse para trasladar clausulas sociales a poder incluir en los nuevos pliegos de la contrata.

El comité de huelga del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, Cecoes 112, y del Servicio de Urgencias Canario (SUC), representado por CCOO y CSIF, ha alertado este viernes de la situación de “extrema vulnerabilidad” en la que se encuentran estos servicios ante la falta de personal y la ausencia de una planificación “real”.

El comité advierte que los recursos humanos actuales “no están dimensionados” para asumir con garantías una jornada de alta actividad ni para responder adecuadamente ante emergencias de magnitud, como incendios forestales, crisis volcánicas u otras situaciones críticas que puedan afectar a la población canaria.

Asimismo, la gestión de la segregación del Cecoes 112 desde Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, GSC, hacia Gesplan ha generado una incertidumbre que agrava el problema de fondo.

Recuerdan que el Gobierno de Canarias anunció en agosto de 2025 este traspaso y que, desde entonces, se han sucedido plazos incumplidos: enero de 2026, marzo, junio y, ahora, septiembre, sin concretar el proceso.

Traspaso “paralizado”

Según los representantes del personal, la operación permanecería “paralizada” por un informe desfavorable de la Dirección General de Planificación y Presupuesto que cuestionaría su viabilidad.

El comité considera que este escenario no resuelve las necesidades reales del CECOES ni del SUC, por lo que reclama al Ejecutivo regional que abandone “decisiones improvisadas” y refuerce las estructuras propias de GSC, que lleva más de tres décadas gestionando servicios esenciales de sanidad, seguridad y la protección civil.

Han advertido también de que la contratación de gestores a través de Gesplan no supone, en la práctica, un dimensionamiento efectivo de las salas operativas del Cecoes 112 ni del SUC.

Desde el comité sostienen que este personal no puede integrarse sin más en las funciones ordinarias de los servicios, porque podría abrir la puerta a una situación de cesión ilegal de trabajadores. Además, señalan que una parte del personal ya habría abandonado sus puestos debido a la incertidumbre generada por el proceso.

Se está “alimentando un problema”

A juicio del comité de huelga, esta situación evidencia que no se está dando una respuesta estructural al déficit de personal, sino alimentando un problema administrativo que no mejora la atención a la ciudadanía.

El colectivo reclama una ampliación “real, estructural y legal” de las plantillas de GSC. Demandan, asimismo, perfiles técnicos en informática, redes y comunicaciones, personal y técnico administrativos, personal médico y de enfermería en recursos aéreos y salas operativas, gestores de recursos, gestores operativos, personal especializado en atención a mujeres víctimas de violencia de género y coordinadores multisectoriales.

También recuerdan que durante la erupción del volcán de La Palma ya se evidenciaron “carencias” en la integración operativa del Cecoes y el SUC en la respuesta a la emergencia. “Canarias no puede permitirse llegar a una nueva crisis ”con plantillas bajo mínimos y profesionales sometidos a una presión creciente“, puntualizan.

El comité ha exigido la convocatoria urgente de mesas de negociación y reclama a la Consejería de Sanidad, a la Consejería de Política Territorial y Emergencias y al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que intervengan de forma efectiva. “El 112 no es un tablero de ajedrez político ni empresarial; es el corazón de la seguridad de todos los canarios”, han concluido.

La huelga convocada por el Sindicato Ferroviario de cara al próximo miércoles, 15 de julio, deja en el aire el servicio de unos 328 trenes de media, alta y larga distancia, según la resolución de servicios mínimos decretada por el Ministerio.

La resolución establece que, de los 343 trenes de alta velocidad y larga distancia programados la circulación de 94 no está garantizada, mientras que de los 650 de media distancia, están en el aire 234, según recoge EFE.

La jornada de huelga de este 15 de julio, la segunda tras la llevada a cabo el pasado lunes 29 de junio, está convocada por el Sindicato Ferroviario, que denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y la representación legal de los trabajadores.

El colectivo denuncia el “abandono premeditado” del servicio de Mercancías bajo la idea de “regalarlo” a la empresa Medway, filial de MSC.

Como consecuencia de esta huelga, circularán en servicios mínimos 249 trenes de alta velocidad y larga distancia y 426 de media distancia.

Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73% de los trenes de alta velocidad, el mismo porcentaje que en la jornada de parón convocada en junio, y un 66% de los trenes de media distancia, un punto más que en aquella ocasión.

Los servicios mínimos en el caso de los cercanías de Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza se establecen en el 75% en las horas punta y en el 50% el resto de horarios, el mismo porcentaje que en la primera jornada de parón.

Según ha explicado Renfe en una nota de prensa, el anterior paro, que solo tuvo un seguimiento del 1,83% de la plantilla, no impidió que se pudiera operar con normalidad la mayor parte de la red ferroviaria.

CCOO ha denunciado que la Consejería de Educación planea llevar a cabo el próximo curso 2026-2027 “el mayor recorte de plantilla docente y de unidades de Infantil y Primaria desde 2012”, ante el que planteará a la Junta de Personal Docente la adopción de “medidas contundentes”, defendiendo incluso una huelga. Además, llama a las asociaciones de madres y padres de alumnos a sumarse a un “bloque común de rechazo”.

“Si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”, ha aseverado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

160 docentes y 30 unidades de Educación Infantil y Primaria menos

Y es que el sindicato ha avisado en un comunicado que, a falta de confirmación oficial por parte del departamento que dirige Sergio Silva (PP), el borrador de cupos que ha enviado a la representación sindical confirma lo que la Federación de Enseñanza del sindicato “ya alertaba desde hace semanas”: una pérdida de más de 160 plazas docentes -55 de Educación Infantil, 80 de Primaria y otras 27 de Atención a la Diversidad, Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)-.

Además, ha indicado que, según la información que han trasladado a la federación los equipos directivos y el profesorado de varios centros escolares de la región, la Consejería pretende también suprimir “más de 30 unidades de Educación Infantil y Primaria”.

“Ya veníamos avisando de nuestras sospechas. Intuíamos que la Consejería estaba preparando un gran recorte en Educación Infantil y Primaria”, ha lamentado Sánchez.

La sindicalista ha puesto como ejemplo el caso del colegio Pedro del Hoyo de Colindres, donde, según ha dicho, Educación tiene la intención de suprimir una de las aulas de 3 años cuando hay 21 alumnos y más pendientes de la matrícula extraordinaria.

“En otros centros no mandan apoyos para cubrir las horas de docencia de dirección y, en muchos casos, cuando el personal interino llegue a los centros por las especialidades de Música, Inglés o Educación Física se va a encontrar con la sorpresa de que su horario va a estar sobrecargado con otras tareas y esto sin contar con los centros que, al suprimir unidades, perderán horas de coordinación de planes y proyectos”, ha avisado.

Para CCOO, este “brutal recorte” de plazas puede provocar que haya personal interino que se vea fuera de la enseñanza a pesar de llevar toda la vida trabajando en Cantabria o que incluso funcionarios de carrera tengan que cambiarse de centro educativo porque su plaza ya no existe. “Es un absoluto desastre”, ha aseverado.

En cuanto a las variaciones de cupo, la federación ha señalado la pérdida de tres docentes en colegios como el Leonardo Torres Quevedo de La Serna de Iguña (Arenas de Iguña); Ramón Laza de Cabezón de la Sal, Juan de Herrera de Maliaño (Camargo), Jesús Cancio de Santander o Buenaventura González de Santa Cruz de Bezana.

Para Sánchez, “las cifras son de una gravedad extraordinaria porque es un recorte brutal de la educación pública y un atentado que afecta directamente al alumnado y a la calidad de la enseñanza”.

En este sentido, ha señalado que se van a unificar aulas y la pérdida de docentes acarreará una sobrecarga para los equipos directivos que tendrán que asumir tutorías.

Llamamiento a las AMPAS

La Federación de Enseñanza ha hecho un llamamiento a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs) y a la federación que las engloba (FAPA) para hacer “un bloque común de rechazo y oposición”.

Ha asegurado que a la Federación le han llegado casos de familias que quieren llevar a sus hijos al mismo centro donde estudian sus hermanos mayores y no se les está permitiendo la escolarización, ocasionando “un gran perjuicio para la organización y la conciliación de las familias”.

“La comunidad educativa tiene que ser consciente de la gravedad de estos recortes. No se trata únicamente de una cuestión laboral de los docentes sino que afecta a todo el alumnado y a la calidad de la enseñanza”, ha dicho.

CCOO ha afirmado que “si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”. “Vamos a plantear a la Junta de Personal Docente la adopción de medidas contundentes. Seguimos defendiendo la convocatoria de una huelga porque esto es intolerable. No lo podemos dejar pasar”, ha concluido Sánchez.

Los trabajadores de las ITV de las localidades de Bergara y Zarautz irán a la huelga indefinida a partir del próximo 13 julio, en plena campaña de verano, lo que puede complicar las listas de espera para los conductores guipuzcoanos que necesiten pasar la revisión obligatoria antes de emprender su viaje veraniego. Los sindicatos ELA y LAB han convocado el paro indefinido después de que la empresa concesionaria, Itasua ITV, haya decidido poner fin a la negociación sobre las condiciones laborales. Los trabajadores se quejan de que tienen peores salarios y horarios que sus compañeros de otras ITV del territorio y piden la equiparación. “Hacemos el mismo trabajo”, señalan.

El conflicto no es nuevo. Han mantenido siete reuniones con la empresa y se han realizado paros parciales, el último el pasado 29 de junio, que se repetirán el 8 y el 10 de julio para pasar ya a la huelga indefinida a partir del lunes día 13 si no se consigue una respuesta positiva de la dirección de la empresa, que además de los dos centros en Gipuzkoa, tiene también una ITV en Vitoria, en Jundiz. En el centro alavés los delegados han optado por aceptar las condiciones ofrecidas por la dirección y firmarán un acuerdo de eficacia limitada descolgándose de los paros, lo que ha supuesto la ruptura de los sindicatos con los que hasta ahora eran sus delegados.

Los sindicatos consideran que la empresa, Itasua, tiene capacidad para afrontar las reivindicaciones de los trabajadores y consideran que la única finalidad de la dirección al pactar un acuerdo con el centro de Vitoria es “dividir” a la plantilla. “El pacto se estaba negociando entre los tres centros con la empresa, porque es un pacto de empresa. Pero la dirección ha jugado a dividir a la plantilla sabiendo que en el centro de Gasteiz lo tenía más fácil para desmovilizar a la gente, y parece que lo ha conseguido, haciendo que entren a firmar esta propuesta como pacto de eficacia limitada. Los sindicatos no estamos con esta firma, como es obvio, porque la empresa tiene mucho más que ofrecer y es momento de movilizarse para conseguir un convenio mas justo”, señala el representante de LAB, Eneko Fernández San Juan.

Lo que reivindican los trabajadores, que son alrededor de 25 en Zarautz, 32 en Bergara, y 45 en Vitoria, es equiparar sus condiciones, fundamentalmente el salario y el tiempo de trabajo, al de trabajadores de otros centros de ITV gestionados por otras empresas, porque, haciendo el mismo trabajo sus condiciones son mucho peores, dicen.

En concreto, piden una subida del IPC más el 3% para 2026, y lo mismo para los años 2027 y 2028, para equiparse con otros centros de los que les separan en salarios alrededor de 5.000 euros anuales. La empresa solo acepta una subida del IPC más el 1% para los tres años, que ha sido aceptada por la plantilla de Vitoria. En cuanto a la jornada, ELA y LAB piden una reducción de 70 horas anuales para quedarse con 1.655 horas, ya que tienen una diferencia con las ITV de Beasain, Irun y Urnieta de unas 133 horas, señalan. La propuesta de la empresa reduce 12 horas en 2026 para tener 1.713 horas anuales y otras 6 horas en 2027 y 2028 para situarse en 1.707 horas al año.

Los delegados que prestaron servicio primero con Videoreport y que, desde el 18 de mayo, están adscritos a Servicios Audiovisuales Overon, ambas filiales del Grupo Mediapro, están acostumbrados a contar los conflictos laborales de otras empresas y paradójicamente el suyo apenas tiene altavoz en los medios de comunicación.

En muchas noticias que a diario transmiten a la opinion pública reflejan las peticiones de trabajadores y trabajadoras de otros sectores hablando de convenios colectivos, condiciones dignas de trabajo, necesidad de incremento de plantillas, recortes...y son términos de reivindicaciones que les resultan, en ocasiones, familiares.

Sin embargo, las corresponsalías han agotado su paciencia y han dicho basta. Creen que las dos décadas que llevan trabajando para el grupo de comunicación es tiempo más que suficiente para demostrar una lealtad profesional que no ven correspondida con mejoras laborales y han dado un salto cualitativo en su forma de protestar.

De luto, los viernes

Cada viernes, todos los trabajadores y trabajadoras acuden a sus puestos de trabajo vestidos con prendas negras para simbolizar el luto y el color que predomina en su estado de ánimo ante la falta de avances con la empresa, pero la medida no ha sido suficiente para que ésta se siente a negociar. Por eso, este jueves han acordado en asamblea activar una convocatoria de cinco jornadas de huelga previstas para los días 12, 13, 18, 19 y 20 de julio.

Un total de 40 personas están llamadas a la huelga en Asturias para reivindicar, entre otras cuestiones, que se les aplique la actualización del convenio del sector audiovisual de 2024. Al no estar percibiendo en la actualidad ese plus están dejando de cobrar cantidades que se mueven en una horquilla entre 130 y 140 euros al mes.

Los delegados inciden en dejar claro que su “pelea” no es con la Radiotelevisión Autonómica del Principado de Asturias, para la que desarrollan entre el 80% y el 90% de las noticias emitidas por la cadena, especialmente los fines de semana, sino con la empresa que la gestiona.

Profesionales con experiencia

La plantilla afectada está integrada por redactores, operadores de cámara, coordinadores y personal de producción distribuidos por todo el territorio asturiano. La empresa además cuenta con una corresponsalía en Madrid.

Todos los profesionales son licenciados o graduados con experiencia, pero las condiciones laborales aseguran que no se corresponden ni con el trabajo que desarrollan.

Sin una redacción física

A la precariedad económica se suma la de medios, ya que los propios trabajadores y trabajadoras deben guardar en sus propios domilios sus equipos -un concepto por el que no cobran complemento alguno- y no disponen de una redacción física.

Hasta ahora, la falta de atención de los medios de comunicación la han suplido con su presencia en redes sociales, como se puede comprobar en los post difundidos a través de su perfil oficial en la red social X.

"A lo largo de los últimos años, hemos demostrado nuestra firme voluntad de alcanzar acuerdos. Renunciamos a parte de los atrasos derivados de la actualización del convenio y hemos asumido condiciones laborales que no eran las idóneas o no se ajustan al convenio. Todo ello con la única intención de garantizar la continuidad del servicio y de las contratas, con la esperanza de que futuras licitaciones conllevarán mejoras

Entablar una negociación

Iván Llera, Emma Bayón y Eduardo Sariego son los delegados de personal de Servicios Audiovisuales Overon en Asturias. Aseguran que tomar esta decisión de ir a la huelga no ha sido fácil: “Llegamos a este punto tras los infructuosos intentos por entablar una negociación con la empresa a través de la cual prestamos el servicio, primero Videoreport y, desde el 18 de mayo, Servicios Audiovisuales Overon, ambas filiales del Grup Mediapro”, señalan.

“A lo largo de los últimos años, hemos demostrado nuestra firme voluntad de alcanzar acuerdos. Renunciamos a parte de los atrasos derivados de la actualización del convenio y hemos asumido condiciones laborales que no eran las idóneas o no se ajustan al convenio. Todo ello -añaden- con la única intención de garantizar la continuidad del servicio y de las contratas, con la esperanza de que futuras licitaciones conllevarán mejoras”.

Un “muro de excusas”

“Hace unos meses levantamos la voz para denunciar las condiciones económicas y laborales en las que desarrollamos nuestro trabajo. Ahora, damos un paso más ante la falta de avances y un ‘muro de excusas’ que bloquea cualquiera de nuestras peticiones”, explican los delegados de personal.

“Llevamos dos décadas siendo parte imprescindible de la que sentimos como nuestra casa, comprometidos con el servicio público y vertebrando el territorio. Nos apasiona nuestro trabajo, pero queremos hacerlo en condiciones dignas. Tras meses y meses de excusas los trabajadores hemos decidido decir basta”, recalcan.

La fábrica de cables de fibra óptima Prysmian, en Maliaño, ha vuelto este martes a paralizar su actividad productiva en una nueva jornada de huelga por el futuro convenio colectivo, cuya negociación se ha “bloqueado” otra vez, tras una mediación sin avenencia en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) celebrada el lunes 29 de junio.

El próximo jueves, 2 de julio, se ha convocado otro día de huelga, después de reanudarse las movilizaciones “por una negociación atascada por los pluses de turnicidad y nocturnidad”, ha informado el comité de empresa de la planta productiva de Camargo en un comunicado.

“A pesar de cierto avance en la negociación en la subida salarial de 2026, la empresa sigue negándose a actualizar los pluses de nocturnidad y turnicidad, lo que permitiría evitar la continua pérdida de poder adquisitivo que se viene produciendo desde la firma del anterior convenio”, indica el órgano sindical.

Esa pérdida de poder adquisitivo “se hace más notoria en el personal de fábrica, que es el que sufre el trabajo a turnos y el nocturno y permite la continuidad en la producción”, han agregado.

“No entendemos que la empresa no quiera ni siquiera valorar el actualizar estos pluses que vendrían a paliar una negativa situación, que debido a los descensos de cargas de trabajo de los últimos meses, sufre especialmente el personal que ha estado regulado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)”, han criticado los sindicatos de la fábrica camarguesa.

El comité de empresa de Prysmian ha señalado que una asamblea de trabajadores “ya rechazó la última oferta de la empresa por algo más de un 60% de los votos”, por lo que la compañía “tendrá que mejorar y actualizarlos, lo que haría justicia a una plantilla que ha demostrado su compromiso con el trabajo y el futuro de esta planta”.

El comité celebrará este miércoles, 1 de julio, un pleno en el que decidirá “los nuevos pasos a dar, contando con el respaldo de una plantilla que ha vuelto a secundar la huelga y a paralizar por completo la actividad de la fábrica”, han asegurado.

La plantilla de FCC en los servicios de limpieza, recogida, puntos limpios y taller de Zaragoza ha decidido, en referéndum, convocar huelga a partir del 7 de octubre coincidiendo con las fiestas del Pilar. El resultado del escrutinio ha sido de 474 votos a favor, 24 votos en contra y 5 votos en blanco, ha informado el sindicato CGT.

La plantilla ha votado a favor de convocar un paro parcial el 24 de septiembre coincidiendo con el pleno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza y emprender una huelga indefinida a partir del 7 de octubre. Las reivindicaciones de la plantilla siguen siendo las mismas desde que hace 20 meses desde que comenzara la negociación del nuevo convenio colectivo, ha indicado el sindicato.

Entre las peticiones están las mejoras salariales que garanticen el poder adquisitivo; reducción de la jornada laboral; garantizar el derecho a la igualdad en la promoción interna; acabar con la precariedad de las personas trabajadoras de contrato parcial de fin de semana y creación de puestos de trabajo a jornada completa; garantizar una bolsa de empleo por antigüedad en la empresa; avances en conciliación laboral y familiar y también sociales y laborales.

El sindicato CGT ha concluido al avanzar que van a comenzar a trabajar en diseñar una hoja de ruta hasta octubre con diferentes reuniones con colectivos vecinales, sociales y sindicales de la ciudad, así como diseñar un programa de actos y movilizaciones para informar a la ciudadanía de la situación que están viviendo las personas trabajadoras de FCC limpieza, recogida, puntos limpios y taller de Zaragoza.

Durante el pleno municipal de este viernes se ha escuchado una sonora pitada. Frente a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han protestado con pitos y bocinas, durante casi dos horas, varios centenares de trabajadores municipales. Hoy tenía lugar la primera jornada de huelga de los Servicios de Limpieza de la capital de Gran Canaria, que previsiblemente se volverá a repetir el próximo 31 de julio. A la manifestación se han sumado trabajadores municipales de Ayuda a Domicilio, de Salvamento y Socorrismo y los Bomberos municipales. 

Han salido a protestar juntos porque comparten las mismas reivindicaciones principales: falta generalizada de personal, precariedad laboral, y un “alarmante deterioro de las condiciones de trabajo que ponen en riesgo tanto a las trabajadoras como a la ciudadanía”. Además, critican una progresiva privatización de los servicios públicos esenciales. 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea desde hace meses la creación de la Sociedad Municipal de Higiene Urbana, una sociedad mercantil con un modelo mixto, como el actual, pero que los sindicatos temen que interrumpa su vínculo como empleados públicos, y termine suponiendo despidos y peores condiciones laborales. “La limpieza de Las Palmas de Gran Canaria no se defiende convirtiéndola en una empresa; se defiende fortaleciendo el servicio público. Estos comités estarán siempre del lado de una gestión pública directa, de los trabajadores y del interés general de la ciudadanía”, afirman en un reciente comunicado los tres comités municipales, de Limpieza, Residuos y del Ayuntamiento. 

Actualmente la plantilla de los servicios municipales de limpieza está formada por 417 empleados. Según el sindicato COBAS Canarias la huelga ha sido secundada por el 60% de los trabajadores, respetando los servicios mínimos que garantizó el ayuntamiento con 11 trabajadores para la limpieza viaria y 7 de recogida de residuos, en torno al 5%. 

Por su parte el Ayuntamiento asegura que mantiene el compromiso de diálogo con los representantes de los trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza con el objetivo de seguir avanzando en el diálogo y favorecer la búsqueda de acuerdos entre ambas partes.

Mientras, los sindicatos han preparado un calendario de negociación y protestas durante el próximo mes de julio. Si nada cambia han fijado otra jornada de huelga de los servicios de limpieza, recogida de residuos del ayuntamiento el próximo 31 de julio.

Los sindicatos han desconvocado la huelga del sector del calzado tras haber alcanzado un preacuerdo con la patronal en la última reunión celebrada en el SIMA, acuerdo que debe ser ratificado todavía en asamblea, y que recoge una subida salarial del 12% entre 2026 y 2029.

El principio de acuerdo, que todavía deberá ser ratificado en asamblea, recoge buena parte de las reivindicaciones planteadas por la parte social y evita, de momento, los paros previstos en un sector “con un peso importante” en la provincia de Albacete.

El acuerdo incluye una reducción de la jornada

El preacuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, de 2026 a 2029, con el objetivo de “dar estabilidad” al sector. Durante ese periodo se contempla una subida salarial global del 12%, repartida en un incremento del 4% en 2026, del 3% en 2027 y del 2,5% tanto en 2028 como en 2029. Además, se incorpora una cláusula de revisión salarial ligada al IPC real, con un tope del 1,5% en 2026 y del 2% en cada uno de los años siguientes en caso de desviación de los precios.

Respecto a la jornada laboral, el acuerdo incluye una reducción de 12 horas durante la vigencia del convenio. La rebaja se aplicará de forma progresiva, con cuatro horas menos en 2027, otras cuatro en 2028 y cuatro más en 2029. Algo que UGT FICA califica como un “avance importante” para continuar en la senda de la disminución progresiva de la jornada.

El documento también introduce cambios para reducir la inestabilidad de las plantillas. Con la incorporación de la figura del fijo con hora complementaria a cambio de la eliminación del fijo discontinuo a tiempo parcial.

UGT FICA ha reconocido que aún quedan cuestiones por negociar, pero valora el preacuerdo como “un primer paso hacia un convenio más industrial” que debe aportar paz social durante los próximos cuatro años. El sindicato confía en que este marco permita avanzar en la competitividad del sector y abrir la puerta, en futuros convenios, a nuevas mejoras.

Bajada sobre bajada, el Ministerio de Educación ha propuesto a los sindicatos bajar las ratios de alumnado por aula en Educación Infantil, el sector más precario de toda el sistema educativo, a la mitad de las cifras actuales. El departamento que dirige Milagros Tolón también propone reducir el estudiantado en las clases de Bachillerato, en una maniobra que, junto a la ley que se tramita para hacer lo mismo en Primaria y Secundaria, completaría una bajada de ratios histórica en toda la etapa educativa preuniversitaria, según ha adelantado El País.

En esta negociación que mantiene abierta con las organizaciones sindicales, Educación trata así de abordar el descontento docente, que se ha manifestado en los últimos meses, especialmente en la Comunitat Valenciana, en Catalunya y entre las trabajadoras de Infantil, que ya han protagonizado dos paros estatales. En Madrid están en huelga indefinida desde el pasado mes de abril.

Así, para Infantil, Educación propone que las clases de 0 años tengan un máximo de cuatro bebés (son ocho actualmente); que las de 1 se queden en seis (desde 13); y que las de dos años tengan ocho niños y niñas como tope (son 20 ahora). En el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) la cifra máxima sería 20, según la propuesta del ministerio (desde 25) y en Bachillerato 30 (35 en este momento).

CCOO ha valorado la propuesta positivamente. “El único pero es que plantean que [implantar las nuevas ratios] sea progresivo, iniciándose en el curso 27/28 y finalizando en el 29/30”, ha expresado el sindicato a través de un comunicado.

El descenso de las ratios es una de las principales reivindicaciones del profesorado en las protestas que ha protagonizado esta primavera y que amenazan con volver en septiembre si nada cambia. Estas reivindicaciones, en forma de huelgas, se dirigen contra los Gobiernos regionales, que tienen las competencias directas en educación, pero el Ministerio tiene la capacidad de fijar el marco mínimo al que las comunidades deban atenerse.

Hasta ahora las diferentes ministras habían optado por no tocar las ratios —pese a que se le viene exigiendo al Gobierno desde que tramitó la Lomloe, en 2020—, pero finalmente Educación, que al menos a nivel de declaraciones se había mostrado comprensivo con las protestas de las educadoras de Infantil, ha entrado de lleno en la materia y bajará todas las ratios.

La situación era especialmente precaria en Infantil, donde además de las condiciones laborales —hay maestras y educadoras cobrando poco más del Salario Mínimo Interprofesional— las educadoras podían estar a cargo de hasta 20 niños por aula en algunos modelos.

“El 100% de las escuelas infantiles cerrarán”

La patronal de centros privados Acade ha emitido un comunicado un par de horas después de conocerse la oferta de Educación en el que expresa su “profunda preocupación” por la medida y advierte de que “podrían verse abocados al cierre los 5.345 centros privados de educación infantil existentes en España”. La organización lamenta que el anuncio del Ministerio se produce sin diálogo y señala que “más de 224.000 alumnos, cerca del 50% del total escolarizado en esta etapa en el conjunto de la red pública y privada, podrían quedarse sin plaza” porque “Las familias no podrían asumir el incremento de costes derivado de la medida, lo que haría inviable su aplicación sin un sistema adecuado de financiación pública”.

Según Acade, si se rebajan las ratios a la mitad se perderían “más de 60.000 puestos de trabajo” y “se vería gravemente afectado un sector altamente feminizado y con gran presencia de profesionales jóvenes”.

El sector privado de la educación infantil, en la que conviven modelos de gestión pública, privada y mixtos (públicos de gestión privada) es el que peores condiciones laborales ofrece a sus empleadas, con salarios apenas por encima del SMI.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias (SITCA) ha anunciado este martes movilizaciones en varios aeropuertos del archipiélago durante la primera quincena de julio como paso previo a la huelga convocada en la empresa CMD Aeropuertos Canarios S.L., responsable del suministro de combustible a una parte relevante de las aerolíneas que operan en las islas, con el objetivo de “denunciar el bloqueo de la negociación colectiva y las condiciones laborales que sufren las personas trabajadoras” de la sociedad.

Según ha informado la organización en un comunicado, los aeropuertos afectados son lo de Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde se trasladará a la opinión pública, a las instituciones y a los usuarios “la realidad laboral que viven diariamente las personas trabajadoras de esta empresa”, subraya la nota.

SITCA atribuye esta decisión a lo que considera una “falta de voluntad negociadora” por parte de la dirección de CMD Aeropuertos Canarios durante el proceso de negociación del convenio colectivo.

El sindicato sostiene que, pese a haber reducido “sustancialmente” sus planteamientos iniciales para acercar posiciones, la empresa mantiene una postura de bloqueo que impide alcanzar un acuerdo.

Desde SITCA consideran “inaceptable” que una actividad tan “estratégica” para Canarias “continúe desarrollándose bajo unas condiciones laborales marcadas por la sobrecarga de trabajo, la falta de personal, la penosidad y peligrosidad de la actividad y la negativa empresarial a reconocer adecuadamente estas circunstancias”, remarca el comunicado.

A su juicio, se trata de una labor “estratégica” y “esencial” para el transporte aéreo en Canarias que conlleva “elevados niveles de responsabilidad y riesgo”.

Las movilizaciones anunciadas preceden a la huelga convocada a partir de las 00:00 horas del próximo 15 de julio, con las que se pretende “visibilizar el creciente malestar” de la plantilla y denunciar públicamente “una situación que ya no admite más demoras ni excusas”.

Por razones organizativas, el sindicato señala que no se harán públicas las fechas concretas de las concentraciones previstas en cada aeropuerto, “que serán comunicadas oportunamente en los próximos días”.

Desde SITCA reiteran que “todavía existe margen para evitar una huelga”, y que siguen apostando por una negociación “seria, responsable y acorde a la realidad” de la plantilla de la empresa.

La huelga del comercio de la alimentación en la provincia de A Coruña, que ha sido convocada por los sindicatos CCOO, CIG, UGT y USO cumple su tercera jornada con supermercados cerrados y con manifestaciones en varias localidades para dar visibilidad al conflicto. En varias tiendas había concentraciones a la hora en la que estaba prevista la apertura, como ha ocurrido con el Gadis de Concheiros o el Froiz de Praza do Toural de Santiago de Compostela. Las protestas llegan por lo que los sindicatos califican de “total paralización” de la negociación por parte de una patronal que lideran, precisamente, Gadis y Froiz.

Con la distribución y las tiendas llamadas a la huelga, esta arrancó en la jornada del domingo, pero los clientes la notaron más el lunes cuando algunas tiendas y almacenes se quedaron en mínimos, según la CIG-Servizos. El día anterior, la protesta se notó en tiendas que tenían programado abrir, com el Gadis de Melide, que tuvo que cerrar por falta de personal. La huelga se va a prolongar hasta el 24, miércoles.

La CIG considera que el seguimiento, que asegura que en las primeras dos jornadas fue incluso más elevado de lo esperado, pone de manifiesto el rechazo “unánime” de los trabajadores a la actitud de Gadis y Froiz en la negociación, recoge Europa Press. Las propuestas de la patronal, agrega la organización, son “de miseria” y “no garantizan el mantenimiento de la capacidad adquisitiva, no mejoran las condiciones laborales ni permiten avanzar en los derechos sociales”. Todo ello “pese a que en los últimos años las empresas están batiendo récords de facturación y obteniendo beneficios millonarios”.

En el mismo sentido, el secretario general de la Federación de Servizos de CCOO, Iván Cordeiro, se pregunta, en una carta remitida a los medios de comunicación, por qué cuando la economía progresa “parece más difícil negociar mejoras para las personas trabajadoras”. Recuerda que, durante años, se apeló a la crisis económica, a la pandemia o a la incertidumbre para justificar que no se mejorasen los salarios o las condiciones laborales, pero razona que, si las plantillas asumieron “sacrificios” en esos momentos para preservar el empleo, los argumentos no pueden seguir siendo los mismos cuando los resultados son buenos y deben “compartir los beneficios”.

Los sindicatos han denunciado estos días prácticas de esquirolaje como pedir a los trabajadores hacer horas extra ante la huelga o trasladar personal de otras provincias.

Por su parte, la patronal -la Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas y Distribuidores de Alimentación de A Coruña- carga contra los sindicatos por haber rechazado acudir a un procedimiento de mediación ante el Consello Galego de Relacións Laborais. Hubo ya ocho reuniones, señala, y llama a seguir con las conversaciones. Ofrece incrementos salariales acumulados cercanos al 10% en cuatro años, dice y sostiene que las empresas afectadas por este convenio pagan salarios superiores a “la mayoría” de sus competidores. La asociación subraya que las afectadas por esta negociación son “numerosas empresas gallegas del sector”, entre ellas pequeños comerciantes locales y las tres principales gallegas de distribución alimentaria: Gadisa, Froiz y Cuevas.

Se acaba el curso y, tras una primavera agitada, las protestas de los docentes se apagan tras una primavera agitada. Quizá sería más correcto decir que entran en suspenso, dado que tanto en Catalunya como en la Comunitat Valenciana ya han anunciado un “otoño caliente”, y el profesorado de Madrid vota este miércoles cuándo va a comenzar el paro indefinido que ya está acordado para el próximo curso. Las educadoras de Infantil, no nos olvidamos de ellas, siguen y seguirán en su protesta.

El caso es que llevamos todo un curso entre protestas del profesorado —de arriba abajo, desde la educación infantil hasta la universidad y en muchas comunidades autónomas— y también de los médicos, que andan revueltos contra el Ministerio.

Que docentes y doctores, dos pilares del estado del bienestar, estén simultáneamente en huelga, protestando en la calle, nos ha llevado a preguntarnos si nos tenemos que preocupar o si simplemente son dos situaciones diferentes que han coincidido en el tiempo. Y, por lo que nos cuentan, igual hay que torcer un poco el gesto.

Luis Miller, sociólogo del CSIC y experto en políticas públicas, cree que al estado del bienestar “se le están viendo las costuras”. El problema que detecta Miller es que llevamos al menos un par de décadas sin grandes reformas, pero el mundo se mueve demasiado rápido. Como dice el adagio popular, si no te mueves retrocedes, y eso es lo que está pasando aquí.

Se ve muy claro en el caso de los docentes. Cuando preguntas qué ha pasado para que se disparen las protestas, la respuesta es siempre muy similar: nada especial, es un constante deterioro de la profesión, que cada vez es más compleja. El profesorado, poco a poco, se va viendo desbordado hasta que todo ha estallado este curso. Un signo de la gravedad de las protestas, interpreta Miller: no ha “pasado nada”, el malestar es estructural y eso lo hace más peligroso.

Aquí te dejo la pieza en la que hemos analizado esta cuestión, que seguiremos de cerca.

Por último, y con esto cierro este capítulo de las protestas, ayer se conoció que un juzgado de València investiga la agresión del antidisturbios que empujó violentamente a una maestra en las manifestaciones docentes en la comunidad. Seguro que viste el vídeo, circuló por toda España. 

“Aprobar es fácil”

En este cierre de curso también colea la selectividad. Es un clásico ya que haya protestas por algún examen concreto, por las correcciones o alguna cuestión similar. Este año, por ejemplo, se ha hablado de un par de tribunales de Euskadi que han puesto un montón de ceros en el examen de Euskera a determinados grupos de estudiantes o del examen de Matemáticas de La Rioja, que ha suspendido la mitad del alumnado. En Cantabria, una alumna ha llevado a los tribunales un error en la prueba de Biología. Efe ha recopilado las principales polémicas de este curso, que puedes consultar aquí.

También hemos querido contestar este año a la recurrente queja de que la selectividad es un examen “de mierda” porque lo aprueba todo el mundo —esta, específicamente, es del opinólogo Juan del Val, que no tendría mayor relevancia si no la hubiera dicho en prime time; por supuesto que él tiene su sólida opinión sin haber hecho el examen—.

La gente que sabe, que estudia los temas antes de soltar su opinión alegremente, nos dice que no solo es normal que haya un 95% de aprobados, sino que lo contrario sería una anomalía. Resume este argumento Juanma Moreno, catedrático de la UNED: “Si la Selectividad es un examen de graduación y para presentarte a él has tenido que aprobar el Bachillerato, se espera que apruebes. Acabas de terminar el curso y te examinas de esas mismas materias, tiene sentido una tasa de aprobados alta. Pero el antiguo nombre, Ebau (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, aunque no es ya el oficial en la ley, que es PAU), da una idea de que es una prueba con doble función, la graduación, sí, pero también el acceso a la universidad. El juego de la Selectividad no es aprobar, son las centésimas, si te da la nota para tus propósitos”.

Creo que no hace falta añadir nada más. Te dejo en este enlace la pieza en la que hablamos de esto, de los cambios que ha sufrido la Selectividad, de la inflación de notas y de cómo esta afecta a la gente, y pasamos a más cosas.

Esta semana hemos hablado de...

Para subir nota

El Sindicato Ferroviario convoca una huelga de 24 horas en Renfe los días 29 de junio y 15 de julio, coincidiendo con las operaciones salida de las vacaciones de verano, y denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 y el “abandono premeditado” del servicio de Mercancías.

El sindicato argumenta que los motivos de esta convocatoria se centran en el incumplimiento de los acuerdos alcanzados el 23 de noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la representación legal de los trabajadores que permitieron la desconvocatoria de la huelga prevista en Renfe para el 24 y 30 de noviembre, y 1, 4 y 5 de diciembre de dicho año.

Dichos incumplimientos, indica en un comunicado, se concretan en la vulneración del compromiso de mantenimiento de las condiciones socio laborales de la plantilla en el proceso de búsqueda de un socio estratégico en Renfe Mercancías.

También denuncia que la dirección de Renfe decidió sacar a licitación el mantenimiento de las locomotoras de la serie 333.3, que se venían manteniendo con personal propio en las bases de Renfe Ingeniería y Mantenimiento.

Esta licitación, agrega, minoró la carga de trabajo de las bases de mantenimiento y está teniendo consecuencias “graves” sobre las condiciones de trabajo de la plantilla.

Además, considera que se está incumpliendo también lo acordado respecto al incremento del volumen de negocio de Renfe Mercancías, la coordinación de esa sociedad con Renfe Ingeniería y Mantenimiento, y el mantenimiento de las cargas de trabajo dentro del grupo.

El Sindicato Ferroviario asegura que la dirección de la operadora ferroviaria les ha anunciado la decisión de cerrar definitivamente el taller de material remolcado de Miranda de Ebro.

De igual modo, la licitación del mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3 que venía realizando Renfe Ingeniería y Mantenimiento ha supuesto reducir “drásticamente” las cargas de trabajo de los talleres afectados y el sindicato advierte de un “abandono premeditado” de Renfe Mercancías que está teniendo “graves” consecuencias sobre las cargas de trabajo del resto de talleres.

Además, critica que no se haya informado a los sindicatos del contenido del acuerdo entre Renfe y Medway y la posible afectación a las condiciones laborales del personal.

Toda esta situación, agrega, supone una “grave amenaza” para el conjunto de la plantilla de Renfe y genera un clima de incertidumbre ante las consecuencias de la privatización de Renfe Mercancías a través de la creación de una sociedad al 50 % con Medway, “sin ningún tipo de garantías para la plantilla”.

El Sindicato Ferroviario pide también la disolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o, en su defecto, impedir que este organismo regule nada que afecte a las empresas públicas, limitándose a velar por la competencia entre empresas privadas exclusivamente.

La Asamblea Educativa de Catalunya (AEC) ha celebrado este sábado un encuentro de docentes en el que se ha decidido realizar “acciones” de protesta durante el verano y, asimismo, han amenazado con un inicio de curso “convulso” con más huelgas y movilizaciones.

Aunque todavía tienen que calendarizar las acciones, la portavoz de la AEC, Mònica Rodrigo, ha asegurado que se decidirán las fechas antes de que los docentes se vayan de vacaciones. Eso incluye saber los primeros días de huelga del curso que viene, aunque ya han asegurado que los dos primeros días de curso “no serán normales”.

Preguntada por si la huelga indefinida es una opción, Rodrigo no la ha descartado. “Ha habido muchísimas jornadas, pero no se nos ha hecho caso, por tanto, debe escalar y no hay muchos más pasos hacia arriba”, apuntó.

Rodrigo ha admitido que después de cuatro meses de movilizaciones existe un “desgaste importante”. Sin embargo, ha avisado de que durante el verano se movilizarán cuando haya fiestas mayores o actos de Govern y, en especial, allí donde esté prevista la presencia de la consellera de Educación, Esther Niubó.

La 6ª Asamblea Educativa de Catalunya ha reunido en el Ateneu del Clot, en Barcelona, con cerca de 120 personas y representantes de asambleas territoriales, tanto docentes como personal de atención educativa y del ocio. La jornada ha empezado a las diez de la mañana y se ha alargado hasta las tres de la tarde.

También han asistido representantes de los sindicatos USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS, que son los que no han firmado el acuerdo con Educación. Rodrigo ha indicado que los sindicatos les han escuchado y hacen suyas las reivindicaciones y acuerdos. También ha señalado que las organizaciones sindicales les están invitando a tener representación dentro del comité de huelga.

La huelga indefinida prevista para el 22 de junio en las residencias y centros de día ha quedado desconvocada tras el acuerdo alcanzado entre los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF y la Patronal en la mediación celebrada este viernes en la Inspección de Trabajo, que desbloquea definitivamente la negociación del convenio colectivo.

Se cierra así uno de los principales puntos de conflicto relacionados con los descansos semanales. El acuerdo garantiza 15 fines de semana completos de descanso al año, sin computar los periodos vacacionales, a partir del año 2027, manteniendo la obligación de descansar obligatoriamente un fin de semana completo al menos una vez cada cuatro semanas, los cuadrantes de trabajo deberán incluir 17 fines de semana de descanso completos al año, no pudiendo detraerse más de dos de estos 17 fines de semana en el periodo vacacional.

Este avance pone fin al conflicto laboral que había llevado a las organizaciones sindicales a convocar una huelga indefinida tras el incumplimiento por parte de la Patronal del preacuerdo alcanzado el pasado 4 de marzo en la Inspección de Trabajo. Este convenio incorporará por fin mejoras históricas para las trabajadoras y trabajadores del sector, fruto de meses de movilización, negociación y presión sindical.

Entre los principales avances logrados destacan una subida salarial del 15% en tres años -4,75% en 2026, 5,25% en 2027 y 5% en 2028-, la reducción de la jornada anual en 29 horas hasta situarla en 1.750 horas en 2028, la equiparación del complemento por IT derivada de contingencias profesionales al convenio estatal, así como la exención de realizar turnos de noche para las personas trabajadoras mayores de 60 años.

Los sindicatos consideran “que el acuerdo alcanzado representa un paso decisivo para dignificar las condiciones laborales de un sector esencial para la atención y el cuidado de las personas mayores y dependientes”. Con la desconvocatoria de la huelga, las organizaciones sindicales “mostramos nuestra satisfacción por haber logrado que las reivindicaciones de las trabajadoras se traduzcan en mejoras reales y tangibles”.

La gran mayoría de la plantilla de Iberdrola en La Rioja ha secundado la huelga convocada -por UGT FICA y CCOO Industria- ante el bloqueo del convenio, y se han concentrado a primera hora de este viernes la sede en Logroño. Han criticado unos servicios mínimos que han calificado de “exagerados”, al tiempo que han reclamado que les aseguren que no van a peder poder adquisitivo.

Una reclamación que ha realizado el secretario general de la sección sindical de UGT en Iberdrola, José Luis Sevillano. Ha recordado que la compañía cuenta con unos 9.000 trabajadores en toda España -unos 70 en La Rioja- de “una empresa de éxito que ha obtenido este último año unos 2.300 millones de beneficios”, si bien “llevamos 18 meses de negociación de convenio, y, de momento, no se ha quedado nada”.

“Lo que venimos pidiendo es que nos aseguren el IPC anualmente, ya que hasta ahora llevamos perdiendo un 18 por ciento del poder adquisitivo”, ha indicado Sevillano, que ha reseñado que “lo máximo en negociación que ha ofrecido ha sido una subida fija, consolidable del uno por ciento y un uno por ciento más en unos parámetros que no se pueden controlar, pero mientras tanto los sueldos del presidente suben desde 12 a 14 millones en los últimos cuatro años, más del 30 por ciento”.

Con la concentración de este viernes, el secretario general de la sección sindical de UGT en Iberdrola ha asegurado que “queremos hacer ruido hacer reflexionar a la empresa, hacer reflexionar a nuestro presidente, que es uno de los empresarios de éxito españoles, pero que parece ser que se cree en el poder de intentar recortar derechos a su propio equipo básico, al equipo que le ha dado las ganancias”. De hecho, ha asegurado que “de los 2.300 millones que ha tenido de beneficio, el 43 por ciento han sido recogidos en España, y eso solo con el 23 por ciento de los trabajadores a nivel mundial”.

Con ello, ha destacado que “somos los trabajadores más productivos que hay en España”. “Trabajamos en la empresa que más productividad y mejor servicio y calidad da a los clientes, así como somos reconocidos a nivel internacional como la mejor empresa eléctrica, pero a pesar de todo ello, nos ninguean”, ha afirmado Sevillano. Ha lamentado que “nuestro presidente no tiene ninguna preocupación porque este viernes estemos manifestandonos, porque por ejemplo ayer estaban repartiendo cargos de dirección en Sevilla, con calesas alquiladas y tablaos de flamenco”.

Frente a ello, ha criticado que “nos hacen boicot, porque ”dicen que no podemos hacer reuniones sindicales en horario laboral y nos convocan a toda la plantilla, de uno en uno para, y no lo hace recursos humanos, sino las direcciones técnicas nos expliquen las bondades que no vemos del convenio“. ”Nos quieren engañar, nos dicen que el fondo de pensiones es una cosa que nos dan ellos cuando no lo hemos ganado, ya que es parte de nuestra retribución laboral“, ha señalado.

Finalmente, Sevillano han anunciado que se desplazarán esta tarde a la movilización de Bilbao, para “hacer más bulto, obtener un poco más de visibilidad”, si bien ha dejado claro que “la gente no se tiene que preocupar, porque de momento no les va a faltar la luz, al menos por esto no va a haber ceros, pero sí que les pedimos su apoyo”.