La reunión para fijar los servicios mínimos ante la huelga de Televisión Canaria, prevista para los próximos días 11 y 12, coincidiendo con la visita del papa León XIV al Archipiélago, se cerró este viernes sin acuerdo entre las partes, según ha informado a la plantilla el comité de empresa.

Por parte del ente público no concurrió su administrador general, César Toledo, de viaje dura de las Islas, quien delegó la representación patronal en Ángel Báez, director de Medios y Contenidos.

Según la versión ofrecida por la representación laboral, “la propuesta de servicios mínimos planteada por la empresa ha sido desproporcionada y lesiva para el ejercicio efectivo del derecho de huelga. Nuestra posición es que la garantía del servicio público debe ser compatible con el respeto a un derecho fundamental reconocido constitucionalmente”.

Así las cosas, será la autoridad laboral competente la que determine los servicios mínimos que regirán durante las dos jornadas de huelga, que no ha sido desconvocada pese al esfuerzo desplegado por el administrador general, que envió a toda la plantilla un correo electrónico exponiendo su visión y pidiendo el cese de esta acción legal. 

Los sindicatos presentes en el comité de huelga dicen haber detectado “diversas anomalías” en la propuesta de servicios mínimos planteados por TVC, “como la planificación de turnos de más de siete horas que no están contemplados en el convenio, la posible inclusión de horas extraordinarias, algo totalmente prohibido durante jornadas de huelga, e incluso operativas que prevén el traslado de trabajadores a instalaciones de empresas privadas”. Circunstancias todas ellas que, junto a los servicios mínimos planteados, que se estiman en un 80%, serán denunciados ante los tribunales de justicia “cuando proceda”, ha indicado la parte laboral.

Pese al desencuentro mostrado en la reunión de este viernes, el comité de huelga asegura haber planteado a la empresa su voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones para evitar el conflicto, pero no ha habido avances.

Respecto a los servicios mínimos, el comité de huelga asegura haber hecho una propuesta que garantizaría “la cobertura íntegra de todos y cada uno de los actos públicos de la visita de León XIV, respetando además los compromisos adquiridos por nuestra empresa para la producción y distribución de la señal internacional”.

Según su comunicado, su propuesta “parte de una convicción clara: la plantilla de Televisión Canaria ha demostrado sobradamente su capacidad profesional para afrontar acontecimientos de máxima relevancia y nunca ha planteado impedir que la ciudadanía reciba la información necesaria sobre una visita de esta trascendencia”.

Los sindicatos CCOO, USO y CSIF mantendrán finalmente el llamamiento a hacer huelga lanzado a los más de 2.000 trabajadores de las ambulancias de Canarias para los días 8 y 19 de junio tras la “negativa” este viernes de las patronales a firmar un acuerdo en demanda para la actualización de los salarios de los técnicos sanitarios y otras mejoras de sus condiciones laborales.

El responsable de la Sección de Ambulancias de Comisiones Obreras de Canarias, Enrique Espi, sostiene que “en el Tribunal Laboral Canario se ha quedado evidenciado que las patronales no quieren firmar ningún acuerdo”, pese a que ese pacto constituye, a juicio del sindicato, la herramienta necesaria para que la Administración pueda dotar el futuro concurso público de las condiciones adecuadas.

Espi señala que “sin acuerdo firmado por la parte social y por la parte de las patronales, la Administración nunca va a poder sacar un concurso público tasado correctamente según las reivindicaciones que tenemos los técnicos en emergencias sanitarias”.

FSC-CCOO asegura que el bloqueo del convenio “impide garantizar un marco laboral suficiente para un servicio esencial y mantiene secuestradas las condiciones de las plantillas del transporte sanitario en el Archipiélago”.

El dirigente sindical ha acusado también de abocar a la huelga al personal del transporte sanitario, tanto público como privado, de las islas, al no actuar para forzar y hacer viable un pacto por no dar garantías de que el nuevo contrato de adjudicación para contratar las ambulancias del Servicio Canario de Salud establecerá la obligación de que sus sueldos estarán actualizados.

“Un nuevo contrato de transporte sanitario público que debe sustituir al último adjudicado, vencido igualmente a 31 de diciembre de 2024 y prorrogado primero un año y luego dos en espera de una solución del conflicto y actualmente sometido a un aplazamiento provisional más de 9 meses de duración que concluye con el fin del mes de septiembre próximo”, ha subrayado.

Además, ha insistido en plantear que el problema se solucionaría, según lo sindicatos, si el Ejecutivo autonómico tomara una posición más implicada en el asunto, adoptando medidas para obligar a ofrecer las condiciones de trabajo y las remuneraciones que merecen los trabajadores del sector conforme a la legalidad, bien sea incorporando sus demandas a los requisitos establecidos para quien se adjudique el servicio finalmente, bien promoviendo una confluencia incluso antes de sacar el “largamente demorado” acuerdo.

Puesto que, en lugar de ello, el Gobierno Autónomo “se ha limitado a citar a las partes pidiendo que arreglen la situación, pero sin tomar parte en la negociación”, ha dicho.

Y la nula efectividad de esa postura se ha constatado este viernes, cuando empresas y sindicatos se han sentado juntos en la sede del Servicio Canario de Mediación y Arbitraje del Gobierno pero sin acompañamiento alguno del Ejecutivo y, tras más de una hora de discusión, han decidido levantarse de la mesa sin haber logrado el más mínimo avance.

Situación esta ante la cual los representantes de los trabajadores han abandonado la reunión y se han dirigido a representantes de los medios de comunicación citados en el lugar para confirmar que, en palabras de Espí, “no hay más opción que seguir adelante con la convocatoria de huelga”.

FSC-CCOO recuerda que las concentraciones del personal de ambulancias están convocadas para los días 8, 19 y 26 de junio, de 10:00 a 12:00 horas, frente a los hospitales de referencia de cada isla.

Nuevo fracaso del proceso de negociación en la huelga tras la reunión celebrada este viernes entre los sindicatos y los representantes de la Conselleria de Educación. La consellera Camen Ortí ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión, el próximo lunes a las 10.00, para que durante el fin de semana se estudie y valore el documento con la última propuesta del Ejecutivo de Juan francisco Pérez Llorca. Una propuesta que, según ha adelantado la portavoz de CCOO, Xelo Valls, “habrá que valorar” y que cierra “a cal y canto” tanto la cuestión retributiva como la del valenciano. Valls ha tildado la propuesta de “galimatías” y ha pedido un “mayor compromiso” presupuestario por parte del Consell.

Este viernes, la consellera Ortí ha citado de nuevo a los sindicatos docentes con representación en la mesa de negociación —STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE— a una nueva reunión, la décima desde que estalló el conflicto educativo en la Comunitat Valenciana, para abordar un nuevo documento con las propuestas del Consell para intentar poner fin a una huelga indefinida que cumple su cuarta semana y su vigésima jornada de paros. Las reivindicaciones que el profesorado pone sobre la mesa, y que no han sido atendidas desde el primer encuentro del pasado 25 de septiembre, están relacionadas con una mejora retributiva —la conselleria acordó con CSIF y ANPE una subida salarial de 200 euros en tres tramos hasta enero de 2028 vinculada al IPC—, la disminución de ratios, infraestructuras, aumento de plantillas —mediante la reversión de los recortes—, la reducción de la burocracia, Formación Profesional, inclusión y valenciano.

El acuerdo resulta muy lejano todavía en puntos clave, a pesar de que los representantes del profesorado sí que reconocen que se han producido acercamientos en cuestiones como la reducción de la carga burocrática o las infraestructuras. Sin embargo, el Gobierno valenciano no parece dispuesto a mejorar su propuesta retributiva, ni mucho menos quiere tocar la llamada ley de 'libertad educativa', dos puntos que resultan clave para los representantes de los docentes. Los sindicatos ya han advertido que, a pesar del agotamiento de casi un mes de huelga, no están dispuestos a bajar los brazos, y que si la conselleria no accede a negociar, no descartan retomar las movilizaciones y protestas en septiembre, coincidiendo con el comienzo del próximo curso.

De momento, después de nueve reuniones en las que se ha demostrado que las posturas todavía están distantes, esta semana se han producido encuentros sectoriales entre los directores generales y los representantes de los dos sindicatos que se han descabalgado de la huelga: CSIF (convocante) y ANPE (que la secundaba). Tras esas mesas, Educación debía haber enviado un nuevo 'documento definitivo' que recogiera las modificaciones acordadas entre la tarde del jueves y la mañana del viernes. Sin embargo, STEPV, CCOO y UGT denuncian que no han recibido el correo electrónico con el documento adjunto. El documento, aseguran, se ha presentado directamente en la reunión sin margen para el análisis. El secretario autonómico, Daniel McEvoy, ha ratificado que la propuesta retributiva no se iba a reabrir, mientras que la intención de la conselleria sigue siendo que el desarrollo del valenciano se produzca “en el marco de la legislación vigente”. Es decir, la ley Rovira de la que reniegan los sindicatos educativos.

La propuesta de la conselleria

La conselleria ha presentado lo que consideran un “ambicioso plan plurianual” dotado con una inversión histórica de 3.338 millones de euros para los próximos cuatro años, diseñado para transformar “de forma integral” el sistema educativo público. El paquete económico sitúa el mayor esfuerzo en la modernización de infraestructuras con 1.410 millones de euros hasta 2029, donde se incluyen 830 millones para el Plan Edificant, 400 millones de inversión directa y 140 millones para el Plan Edu Clima —con dos millones específicos para los centros afectados por la dana—. Asimismo, el documento contempla un desembolso de 802,3 millones de euros para una mejora salarial escalonada hasta 2028, que supondrá un aumento de 200 euros mensuales en el complemento autonómico vinculado al IPC, además de la implantación de seis días de libre disposición y el derecho a la desconexión digital para los docentes.

En el plano estrictamente académico, la propuesta articula una reducción “histórica” y progresiva de las ratios por aula en todas las etapas, adelantándose un año a la normativa estatal. De este modo, prevén que Infantil y Primaria bajarán a 22 alumnos, Secundaria a 25 y Bachillerato a 28, mientras que la Formación Profesional también experimentará descensos generalizados. Para sostener este nuevo dimensionamiento y reforzar el sistema, el denominado Plan Mestre financiará con 469 millones de euros la incorporación de 7.742 nuevos docentes, complementado con la estabilización de otras 10.000 plazas. Finalmente, la hoja de ruta de la Administración blinda la continuidad de la gratuidad en el ciclo de 0 a 3 años con 658 millones de euros, al tiempo que implementa una veintena de medidas para reducir la burocracia en los centros y refuerza la inclusión educativa mediante la creación de nuevas aulas UECO y la contratación de especialistas en orientación, audición y lenguaje.

Y mientras tanto, la consellera Ortí compareció el jueves en las Corts para explicar los presupuestos de su departamento, que sí que incluyen mejoras pactadas con los sindicatos minoritarios, como la subida salarial. Carmen Ortí defendió que el de 2026 es “el mayor presupuesto de la historia” de la Comunitat Valenciana en su departamento, y “sin maltrato” a la educación pública. Según detalló, se destinan más de 22 millones para iniciar la implantación de la subida salarial, e incorporan, por primera vez, una partida específica para desarrollar un Plan Director de Infraestructuras Educativas, que incluye 32 millones para el Plan de Confort Térmico, 230 millones para el Plan Edificant; 70 millones para nuevos centros y 41 millones para ampliaciones y reparaciones.

Además, aseguró que las cuentas consignan 176,6 millones en programas de calidad educativa orientados a reducir el absentismo, prevenir el abandono escolar y mejorar resultados entre el alumnado, y contemplan la creación de, al menos, 36 aulas UECO, con una dotación de personal especializado superior a 4,5 millones.

La alianza RTVs Públicas en Lucha, que agrupa a comités de empresa de los medios públicos de comunicación autonómicos del estado español y algunas secciones sindicales de RTVE, RTVA y RTVMurcia, respalda la convocatoria de huelga registrada por la representación de los trabajadores de la Radiotelevisión pública Canaria (RTVC) para las jornadas del 11 y 12 de junio, en las que el papa León XIV visitará las islas de Gran Canaria y Tenerife.

La alianza explica que esta huelga, aunque responde a una concreta conflictividad laboral, hay que enmarcarla en la movilización (Miércoles Negros) que desde hace ya más de 9 meses mantiene el personal de los medios de comunicación públicos canarios ante la inminente aprobación de la Ley del Sector Audiovisual de Canarias, “altamente lesiva”, en opinión de las personas trabajadoras, para la pervivencia del servicio público.

La representación legal de la plantilla ha presentado al gobierno de Coalición Canaria y PP propuestas de enmiendas a la Ley para intentar garantizar unas horas mínimas de informativos y que la programación no se externalice. El personal de RTVC reclama también un Consejo de Informativos que actúe como contrapeso a “la manipulación y a las injerencias políticas” que padecen, medida demandada también a nivel estatal por todas los comités de empresa que integran la Plataforma RTVs Públicas en Lucha, de la que los canarios y canarias forman parte.  

En el reciente II Encuentro de Comités de RTVs Públicas en Lucha, celebrado el pasado mes de marzo en Sevilla, todos las representaciones legales participantes coincidieron en diagnosticar la situación límite en los medios públicos a causa de las injerencias políticas, la falta de herramientas como los consejos de informativos para atajar la manipulación informativa y la creciente privatización de contenidos e incluso áreas completas en los medios públicos de todo el estado. 

El preaviso de huelga en RTVC está siendo, además, “silenciado” por los informativos de la Televisión Canaria, lo que pone en evidencia el “secuestro del servicio público en las islas”. Las trabajadoras y trabajadores esperan movimientos por parte del administrador general de RTVC para que medie con el gobierno canario y que se pueda producir un acercamiento antes de las fechas de huelga, para evitar la inestabilidad del servicio público, que podría verse agravada de aprobarse el nuevo texto de la Ley sin modificaciones el próximo 9 de julio.  

Desde la Plataforma RTVs Públicas en Lucha se hace un llamamiento a todas las trabajadoras a parar los dos días de huelga como medida de presión para “evitar un cambio en la ley audiovisual canaria que podría suponer de facto la privatización parcial o casi total de los medios públicos canarios, con el objetivo sin duda de facilitar aún más las injerencias políticas”.  

La Plataforma Radiotelevisiones Públicas en Lucha está integrada por los comités de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), RTVA (Canal Sur-Andalucía), RadioTelevisión de Madrid, EiTB (Euskadi), RTPA (Asturias), Canal Extremadura, Radio Televisión Canaria, Castilla-La Mancha Media, Chip Audiovisual (Informativos Aragón TVG), TV3 (CCMA) de Catalunya, IB3 (EPRTVIB) de Illes Balears y À Punt (Comunitat Valenciana), así como las secciones sindicales de CGT RTVE, CCOO RTVE, CCOO RTM-ORM (Murcia) y CGT RTVA.

La lucha sigue. Los trabajadores y trabajadoras del sector de la limpieza de la provincia de Zaragoza están cansados y preocupados tras once días de huelga, pero siguen decididos a lograr un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. Los paros, convocados por UGT, CCOO y OSTA, afectan a más de 10.000 trabajadoras y trabajadores, la mayoría mujeres con contratos a tiempo parcial, y tienen incidencia tanto en edificios públicos como en instalaciones privadas.

Los representantes sindicales del sector de la limpieza han afrontado este viernes una nueva reunión de mediación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) dentro del proceso abierto para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo, después del intento frustrado del pasado 21 de mayo, en el que participaron el comité de huelga y las patronales del sector, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) y la Asociación Aragonesa de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales (ASOAL). Este viernes lo han hecho con prudencia, pero también con la convicción de que la movilización está logrando situar sus reivindicaciones en el centro de la negociación colectiva. Sin embargo, ha quedado en punto muerto.

Los representantes de los tres sindicatos convocantes han explicado que, tras varios recesos, ASPEL y ASOAL han solicitado la suspensión del acto de mediación para el lunes 8 a las 15:00. Por tanto, la huelga no se suspende pero creen que el acto de mediación no ha fracasado. Además de mantener la manifestación de las 18:00, han convocado a los trabajadores una nueva concentración el lunes 8 de junio a las 14:30 a la puertas del SAMA.

La huelga —según los sindicatos— tiene un amplio seguimiento en el sector público, especialmente en los servicios dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, pero también en grandes empresas como Stellantis, donde el paro se mantiene al 100% entre la plantilla de limpieza. “Tenemos la fábrica sin limpieza hasta que no se arregle esto”, asegura José Ignacio, trabajador en huelga presente en la convocatoria ante el SAMA. Son más de cien trabajadores repartidos entre las secciones de pintura, otras áreas y oficinas, “toda la fábrica”: “Vamos a seguir y, si no se arregla, continuaremos en huelga hasta el final”, ha advertido.

También Manoli y David, trabajadores de Eulen en Saica, reivindican una subida salarial digna después de cuatro años con los salarios congelados y reclaman que no se recorten derechos, como ocurre con las bajas laborales, durante las que pierden tres días de retribución. “Estamos en una situación crítica porque llevamos muchos días de huelga y hay personas que solo cuentan con este salario. Si ya es bajo, imagínate”.

Reyes, trabajadora del servicio de limpieza de colegios de Serveo, lleva siete años como empleada fija y reclama un salario digno que se equipare al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “El Ayuntamiento ha pagado el 3,5% de subida para este año y a nosotros nos quieren subir el 2,5%. Así que el 1% restante, ¿dónde se lo meten?”, cuestiona. También esperaba que, tras 11 días de huelga, se produjera este viernes un avance significativo y recuerda a las compañeras que “lo están pasando muy mal”. No obstante, asegura que “se arregle o no se arregle, vamos hasta el final”.

Mariano Jesús Álvarez Pila, secretario de Relación Sindical y Negociación Colectiva de CCOO Zaragoza, miembro de la mesa negociadora de limpieza y asesor del comité de huelga, aseguraba antes de la reunión que el colectivo llega a esta nueva fase del conflicto con tranquilidad, aunque sin grandes expectativas respecto a la actitud de las patronales. “Estamos en la buena línea, pero tenemos que tener cierta cautela porque tampoco esperamos nada bueno de las patronales”. Según ha explicado, la situación que vive Zaragoza no es un caso aislado, ya que la patronal estatal Aspel mantiene abiertos otros convenios colectivos en circunstancias similares. De hecho, ha recordado que los trabajadores de la limpieza en Valladolid podrían iniciar una huelga a partir del día 12. A su juicio, las empresas están intentando resistir para evitar asumir las reivindicaciones sindicales, centradas en incrementos salariales acordes al coste de la vida, la creación de un plus de edificio industrial para una parte específica del sector y una reducción de jornada que sea “real y efectiva”.

Desde UGT, el vicesecretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), Esteban Lauroba, reconocía que la nueva reunión de mediación genera cierta expectativa entre los trabajadores. “Suponemos que si nos han convocado es porque saben que las cosas se pueden mover”, señaló antes de la reunión. Aunque evitó mostrarse optimista, destacaba que el colectivo mantiene intacta la esperanza y la fortaleza tras once días de movilización. Según aprecia que el sector atraviesa un momento de tensión y cansancio, pero también de determinación para conseguir un convenio colectivo que garantice unas condiciones laborales dignas. “Tienen ganas de acabar, pero también de que su convenio pueda firmarse en condiciones de decencia”, ha afirmado.

Por su parte, Alberto Navarro, secretario de Organización de OSTA y responsable del sector de limpieza, ha indicado que la huelga está teniendo efectos visibles tanto en el ámbito público como en el privado. “La gente tiene muy claro lo que quiere”, afirma, antes de destacar que durante estos once días de paro se ha hecho notar la presión ejercida por los trabajadores. Como ejemplo, ha citado la publicación de nuevos servicios mínimos en la Base Aérea de Zaragoza, una medida que, a su juicio, demuestra el impacto que está teniendo la movilización. Navarro ha insistido en que la plantilla no se conformará con las propuestas planteadas hasta ahora por la patronal y reclama un acuerdo que responda a las demandas del sector.

En cuanto al seguimiento de la huelga, ha asegurado que está siendo especialmente elevado en los centros dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, así como en numerosas fábricas del sector privado. Aunque reconoce que en otros ámbitos la incidencia es menor, ha destacado que las concentraciones convocadas durante estos días han reunido entre 700 y 800 personas. También ha cuestionado el papel del Ayuntamiento de Zaragoza, uno de los principales contratistas del sector, donde trabajan más de mil empleadas de limpieza. Según ha denunciado, el seguimiento del paro se ha producido pese a unos servicios mínimos que califica de “abusivos” y que, ha afirmado, no se habían aplicado con anteriores corporaciones municipales.

Durante la huelga, los representantes sindicales han recorrido diferentes centros de trabajo para informar a las plantillas y comprobar el seguimiento de los paros. Según Navarro, han visitado empresas como Profand, Saica, Balay y Amazon. En aquellos casos en los que se les ha impedido el acceso o se han encontrado obstáculos para desarrollar su labor sindical, las organizaciones sindicales han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo para que determine si se ha vulnerado el derecho de huelga y el derecho de los representantes de los trabajadores a acceder a los centros para informar a las plantillas.

El dirigente de OSTA también ha criticado el anuncio realizado por Balay sobre la posible aplicación de un ERTE al 100 % de su plantilla. Considera que la medida “no es ni justa ni necesaria” y pide a la empresa que la retire. A su entender, la decisión traslada a los trabajadores de la limpieza una responsabilidad que no les corresponde. “Están defendiendo sus derechos y sus intereses y por eso nadie tiene que ser penalizado”, ha afirmado.

Respecto al futuro inmediato del conflicto, Navarro ha dejado claro que la movilización continuará si la mediación no desemboca en un acuerdo satisfactorio. “Seguiremos adelante hasta el final para conseguir lo que hemos pretendido desde el primer día: un convenio digno para este sector”, ha advertido.

Hace unos días alertaban de que la negociación estaba agotada y el conflicto enquistado. Hasta tal punto que las trabajadoras de residencias y centros de día de La Rioja han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 22 de junio por el bloqueo a la firma del convenio.

Así lo han trasladado los sindicatos negociadores del Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja, CCOO, UGT, USO y CSIF. “Tras informar y consultar a las plantillas la situación de bloqueo que atraviesa la negociación del convenio coletivos, las trabajadoras han avaldo, mayoritariamente, la convocatoria de huelga ante la negativa de la patronal a asumir y firmar los compromisos alcanzados durante el proceso negociador”.

Recuerdan que la Patronal se niega a repetar el acuerdo firmado el pasado 4 de marzo ante la Inspección de Trabajo en relación al descanso semanal y que garantizaba “un fin de semana de cada tres completo”. Esto, insisten los sindicatos, “supone que las trabajadoras puedan disfrutar de 17 fines de semana completos de descanso al año. Sin embargo, el actual convenio mantiene una situación que apenas garantiza un fin de semana de descanso de cada cuatro, lo que se traduce en solo 13 fines de semana anuales”.

No aceptan que la parte empresarial no respete el acuerdo firmado hace tres meses. “Las trabajadoras no pueden seguir esperando durante años para conseguir avances mínimos mientras soportan ritmos de trabajo cada vez más exigentes, una elevada carga laboral y una insuficiente conciliación de la vida personal y familiar”, reiteran.

Y aunque la huelga indefinida está prevista para el próximo 22, los sindicatos mantienen su voluntad negociadora. “Esperamos que la patronal responda a la última oferta” a la vez que exigen que “respete los compromisos adquiridos y actúe con la responosabilidad de un sector esencial para la atención y cuidado de las personas mayores y dependientes”.

Los docentes se han movilizado este viernes en Catalunya para pedir mayor ambición al acuerdo firmado por el Govern de Salvador Illa y los sindicatos mayoritarios. El contundente rechazo que expresaron este jueves a las mejoras laborales pactadas durante las últimas negociaciones se ha trasladado a las calles de Barcelona en la enésima huelga del sector este curso.

Los sindicatos han confirmado además que convocan una nueva huelga el 9 de junio, coincidiendo con la llegada del Papa León XIV a Barcelona pero también con el arranque de la Selectividad. Esto ha provocado que el algunas universidades hayan empezado a moverse para garantizar todos los docentes supervisores de los exámenes (muchos de ellos son profesores de Secundaria que estarán llamados al paro). 

En la manifestación en la capital catalana, un detalle evidenciaba el revés que se han llevado los sindicatos tras la consulta a la plantilla. Por primera vez, no eran ellos los que encabezaban la marcha, convocada en Arc de Triomf. La pancarta que se leía al frente de la multitud era Ha ganado la dignidad educativa.

A escasas dos semanas de que finalice el curso escolar más conflictivo en décadas, el profesorado calibraba este viernes si su capacidad de movilización es tan grande como el rechazo al preacuerdo del Departamento de Educación con USTEC, Professors de Secundària, CCOO y UGT. El seguimiento del paro, teniendo en cuenta que casi un tercio son servicios mínimos, ha sido del 27,93% (algo por debajo de las últimas huelgas). 

La manifestación también ha perdido fuelle este viernes respecto a la anterior que llegó con más docentes la zona de Arc de Triomf y el Parc de la Ciutadella. La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado los asistentes en 12.000 y los organizadores, en 90.000. 

La huelga de este viernes estaba convocada por el sindicato mayoritario de la pública USTEC, que defendió el preacuerdo y respalda el resultado de la consulta al profesorado, y CGT e Intersindical, que ya se desmarcaron en su día del pacto. Los tres sindicatos son los que han convocado la huelga del próximo día 9. 

“El colectivo ha dicho que el acuerdo no era suficiente y lo aceptamos”, ha declarado Iolanda Segura, del sindicato USTEC, el mayoritario en la pública. La dirigente sindical ha reconocido que ahora les toca “recoser confianzas” con la plantilla e ir “cento a centro” para conocer mejor las prioridades del profesorado. “La plantilla no puede sostener la situación en las aulas y el constante menosprecio”, ha resumido. 

El no de los docentes al preacuerdo ha escalado una vez más un conflicto que se remonta a inicios de 2026, y que ha contado ya con tres oleadas de huelgas y dos pactos sindicales tumbados en votaciones abiertas. El último, que pese a todo el Govern asegura que mantendrá y que no renegociará, garantiza un incremento salarial progresivo de hasta 600 euros al mes en 2029 y 6.400 nuevas dotaciones para la escuela inclusiva en ese período, además de otras medidas.

Cómo se canaliza ahora una hipotética negociación, y si se hace ahora o durante el mes de julio o en septiembre, son las grandes incóngnitas. USTEC ha advertido que ya no se sentará a la mesa sectorial, donde se trabajaron los últimos pactos, y que las conversaciones deberán ser en un comité de huelga (donde participa con los convocantes CGT e Intersindical). 

“No era por el salario”

La manifestación de este viernes evocó nuevamente la frustración acumulada del cuerpo docente. “Lo que se ha demostrado es que no nos importa tanto el sueldo como que necesitamos recursos humanos”, advertían Leo y Alba, maestras en la escuela L’Oreneta de Badia del Vallès (Barcelona). “Nos pasamos el día resolviendo conflictos y no tenemos tiempo de dar clase”, se lamentaban. 

Ambas señalaban, como tantos otros compañeros suyos, al modelo de inclusión escolar que ha sumado a las aulas ordinarias alumnos con discapacidades que requieren de un apoyo que no está garantizado. “He llegado a entrar en clases donde las tutoras estaban llorando porque no tienen la capacidad de atenderlos a todos”, lamentaba Leo, que ejerce como psicopedagoga en este centro público. 

“Independientemente de lo que saliera en la votación, había que seguir adelante porque faltan muchas cosas”, expresaba Oriol, profesor del instituto Rocagrossa de Lloret de Mar. Junto a sus compañeras Olga, Mariona y Rebeca, lamentaban que el acuerdo no incluya una rebaja destacable de las ratios (queda en 20 en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato). Con 6.400 docentes para la escuela inclusiva en cuatro años, apuntaban, corresponde a 1,8 por centro, algo que ven “insuficiente”.

El conflicto educativo valenciano no da tregua. Este jueves, convocados por STEPV, CCOO, UGT y la Coordinadora d'Assemblees Docents, miles de maestros y profesores han vuelto a recorrer las calles de València en un tono festivo y reivindicativo. En esta ocasión, la marcha ha contado con la presencia y el apoyo de los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, del Consorcio Provincial y forestales de la Generalitat —recibidos por los docentes al grito de “más bomberos y menos toreros”— y ha estado precedida por miembros de los conservatorios de música, quienes, vestidos de riguroso negro, portaban sus instrumentos en las fundas simulando ataúdes al ritmo de una marcha fúnebre.

Antes de que comenzara la manifestación, los representantes sindicales advirtieron que retomarán y recrudecerán las movilizaciones en septiembre si la Conselleria de Educación no cede y reabre una negociación “real” en los dos bloques que mantienen encallado el acuerdo: las retribuciones salariales y el peso del valenciano en la enseñanza pública.

Esta nueva movilización coincide con la decimonovena jornada de paros de una huelga indefinida que cumple ya su cuarta semana consecutiva y que supone un pulso histórico contra la Administración autonómica. En un intento de desbloquear la situación, la consellera de Educación, Carmen Ortí, que este jueves ha presentado los presupuestos de su departamento en las Corts, ha convocado a los sindicatos a una nueva mesa sectorial mañana viernes a las 14:00 horas. Se tratará de la décima reunión formal desde que arrancaran los paros el pasado 11 de mayo; una cita clave en la que la Administración deberá poner sobre la mesa un nuevo “documento definitivo” con su propuesta.

Pese a la convocatoria, el optimismo entre los representantes de los trabajadores es nulo. Las centrales sindicales insisten en que los contactos técnicos mantenidos durante esta semana han sido meros “grupos de trabajo para aclarar dudas” y no una negociación real. Marc Candela, portavoz de STEPV, se ha mostrado escéptico respecto a la cita de mañana: “Hay temas encallados como las retribuciones o el valenciano, y no creemos que la conselleria avance ni un milímetro. Si el documento final no nos satisface, continuaremos el curso próximo; la lucha docente no se acaba aquí si no se atiende el clamor de las bases”.

Por su parte, Xelo Valls, representante de CCOO, ha instado a la conselleria a entregar el documento definitivo para someterlo de inmediato a debate y votación entre el profesorado. Valls ha recordado que la presión de las calles ya ha servido para frenar recortes previstos por el anterior conseller y actual responsable de Hacienda, José Antonio Rovira. Además, ha desmontado la excusa económica de la Generalitat al señalar a Les Corts Valencianes como vía de solución: “En el debate presupuestario se pueden presentar enmiendas, y el PP se puede autoenmendar si quiere resolver este conflicto modificando alguna partida al alza”.

“Inoperancia” de los negociadores del Consell: Ortí y McEvoy

La indignación por la gestión del conflicto ha llevado a los portavoces a señalar directamente la “inoperancia” de los negociadores de la Generalitat. Javier Català, portavoz de la Coordinadora d'Assemblees Docents, ha calificado de “inaceptable” que, tras casi un mes de paros y con un goteo constante de dimisiones en los equipos directivos de los centros, sigan sin ofrecerse soluciones reales. Català ha exigido la intervención inmediata del president de la Generalitat, Pérez Llorca: “Ha quedado demostrado que la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy no son interlocutores válidos. El president debe actuar y cambiarlos”.

En esta misma línea se ha pronunciado Kilian Cuerda, portavoz de UGT, quien ha acusado a la conselleria de aplicar una estrategia cruel: “Ya está bien de dilatar deliberadamente la huelga para aumentar el dolor y el sufrimiento de las familias, el alumnado y el profesorado”. Cuerda ha censurado que, tras horas de reuniones, Educación presente borradores en los que “apenas modifican una palabra” y ha avisado de que el colectivo no tolerará más desaires. “Nuestra cultura es la del pacto, pero también la de la lucha. Si no saben negociar desde el respeto, y no desde la chulería y el insulto, que se vayan a casa”, ha zanjado.

La comunidad educativa valenciana aguarda ahora el resultado de la décima mesa de mañana viernes. De lo que ocurra a partir de las 14:00 horas en la sede de la conselleria, ubicada en la avenida de Campanar, dependerá si el curso escolar 2025-2026 finaliza con una tregua o si, por el contrario, la huelga se enquista de manera indefinida hasta congelar la vuelta a las aulas tras las vacaciones de verano.

La Policía Nacional no usará la fuerza para desalojar a los profesores acampados en la plaza de la Virgen de València, salvo que se den los condicionantes establecidos en la Ley de Seguridad Ciudadana. Así se lo ha trasladado mediante una carta el subdelegado, José Rodríguez, a la Policía Local y por extensión a la alcaldesa, María José Catalá, a la que ha advertido de que “el desalojo forzoso de acampadas conlleva un alto riesgo de altercados graves y enfrentamientos físicos, por lo que acometer medidas como esta deben ponderarse y evaluarse por la parte técnica de los cuerpos policiales antes de ordenar emprenderlas”.

Se trata de un escrito de respuesta al que este martes mandó el cuerpo municipal a la Delegación del Gobierno en el que solicitaba “su intervención ante la concentración con acampada no autorizada en la plaza de la Virgen”, entre otras cosas, por la celebración de la festividad del Corpus, la 'Festa grossa' de la ciudad, que este año conmemora el 700 aniversario.

En su misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía Local advierte de que “entre los días 4 y 7 de junio, está prevista la celebración de los actos correspondientes al Corpus Christi en la Plaza de la Virgen y calles adyacentes” por lo que “para el correcto desarrollo de los citados actos resulta imprescindible iniciar, sin demora, el montaje de las infraestructuras y elementos necesarios desde el día 2 de junio, dado que la falta de instalación en los plazos previstos imposibilitaría la celebración de la programación autorizada”.

Además, expone la Policía Local que “las actividades de pernocta y acampada en espacios públicos no habilitados se encuentran prohibidas por el artículo 32 de la Ordenanza Municipal de Parques y Jardines” por lo que solicita “la adopción de las medidas oportunas y la intervención que proceda con la mayor celeridad posible, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, la protección del patrimonio cultural expuesto y el normal desarrollo de los actos programados con motivo de la festividad del Corpus Christi”.

Por su parte, en la respuesta cursada este miércoles, el subdelegado del Gobierno recuerda que en cuanto a actuaciones sobre acampadas, las ordenanzas del Ayuntamiento de València establecen que “la competencia para la retirada de elementos en la vía pública es municipal (artículo 12, apartados 2 y 3 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público municipal)” y que “la pernocta y la acampada en espacios públicos no habilitados están prohibidas (artículo 32 de la Ordenanza de Parques y Jardines)”.

A continuación pone de relieve que en el campo de la actuación por parte de la Delegación de Gobierno, y en concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana en su artículo 23, apartado 1, dice que “se procederá a disolver las reuniones cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, según lo establecido en el artículo quinto de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión”.

Rodríguez añade que “el desalojo forzoso de acampadas conlleva un alto riesgo de altercados graves y enfrentamientos físicos, por lo que acometer medidas como ésta deben ponderarse y evaluarse por la parte técnica de los cuerpos policiales antes de ordenar emprenderlas”.

Por último afirma que “ante la posibilidad del levantamiento del campamento en la vía pública, la Policía Nacional actuará como siempre, en coordinación con la Policía local, garantizando la seguridad de los servicios de recogida y limpieza que retiren las estructuras, como se ha hecho anteriormente en numerosas ocasiones”.

“Si la mesa decide que tiene que llevarlo a Fiscalía tiene el apoyo del grupo parlamentario Vox”. Así se ha pronunciado este miércoles el portavoz del partido de extrema derecha en las Corts, José María Llanos, en relación con el informe jurídico de los letrados del parlamento valenciano en el que se plantean varias medidas que se podrían aplicar contra las profesoras que fueron expulsados en la última sesión de control del pasado 21 de mayo por protestar y lanzar billetes de 200 euros con la cara del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca. Mientras se les expulsó de la zona de invitados sin que opusieran resistencia, uno de ellos lanzó un chaleco al hemiciclo.

Tanto Vox como el PP, con mayoría en la mesa, tendrán la última palabra sobre las medidas disciplinarias que se adoptarán, entre ellas, poner una denuncia en la Fiscalía. Sin embargo, a preguntas de los medios, la portavoz adjunta del grupo popular, Nieves Martínez, no ha querido pronunciarse sobre la decisión que adoptarán en la próxima reunión de la Mesa prevista para la semana que viene: “En estos momentos desconocemos el contenido del informe jurídico por lo que no podemos pronunciarnos”, ha explicado.

Por su parte, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha acusado a populares y ultras de ejercer “violencia institucional contra los colectivos que son víctimas de sus políticas, es una vergüenza”, ha manifestado al tiempo que ha mostrado su apoyo al profesorado.

Por su parte, el síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha lamentado que “ante una protesta pacífica en la que no se interrumpió a ningún orador, desde la presidencia de estas Corts una vez más se intenta acallar la protesta, reprimir y amenazar a personas que únicamente estaban manifestando su defensa de la escuela pública”.

Como ha avanzado elDiario.es, el informe interno propone, entre las posibles medidas, sancionar a Compromís —el grupo parlamentario que invitó a las tres docentes— con la prohibición de invitar a terceras personas a la tribuna del hemiciclo durante un número de sesiones que determinaría la Mesa.

Respecto a las docentes, el letrado cita dos precedentes —uno de Les Corts Valencianes y otro del Parlamento Vasco— y apunta a que la protesta podría encajar en un posible delito contra las instituciones del Estado o de desórdenes públicos. Sobre este último supuesto, matiza que podría no concurrir, al considerar que la protesta educativa “no tiene la intensidad de los precedentes”. En cualquier caso, sería la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, de Vox, también a propuesta de la Mesa, quien pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Docents en Lluita ha elaborado un informe técnico según el cual la Conselleria de Educación dispone de recursos suficientes para atender las reivindicaciones de la enseñanza pública valenciana.

El informe, titulado Viabilitat Pressupostària de les Reivindicacions de l’Ensenyament Públic Valencià (2026-2029), concluye que las principales demandas planteadas por la comunidad educativa son “económicamente viables” dentro del marco presupuestario actual de la Generalitat Valenciana.

El estudio se ha elaborado a partir de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, informes sindicales de seguimiento de nóminas e incidencia de la huelga, la normativa europea de financiación 2021-2027 y estimaciones técnicas de coste docente. El documento muestra que, “incluso sin una reforma del sistema de financiación autonómica”, el Gobierno valenciano “dispone de un margen económico significativo”. Según los autores, este remanente permitiría avanzar en la reducción de ratios, la mejora de las plantillas docentes, el refuerzo de la atención a la diversidad y la recuperación de derechos laborales y retributivos.

Además, en un escenario de mejora de la financiación autonómica, la disponibilidad de recursos aumentaría entre 750 y 800 millones de euros anuales adicionales. Esto “permitiría una reducción más intensa de las ratios escolares y la incorporación de miles de docentes al sistema educativo valenciano”.

El estudio concluye que las reivindicaciones de la enseñanza pública “no responden a demandas inalcanzables, sino a objetivos perfectamente compatibles con la capacidad presupuestaria de la administración educativa”. En este sentido, señala que la cuestión fundamental no es la carencia de recursos, sino la prioridad política que se decida otorgar a la educación pública.

Con este documento, Docents en Lluita desmonta el argumento de la insuficiencia presupuestaria utilizado reiteradamente por la Conselleria para rechazar las demandas de la comunidad educativa. Por ello, reclaman la apertura inmediata de un proceso de negociación que permita traducir esta capacidad económica en mejoras reales para los centros educativos, el profesorado y el alumnado.

Falta de “rigor técnico y viabilidad presupuestaria”

Según explican desde la Conselleria de Educación, el documento elaborado por Docents en Lluita concluye que los más de 1.700 millones de euros identificados como disponibles “carecen de rigor técnico y viabilidad presupuestaria”. Además, aclaran que los 450 millones de incremento en el presupuesto de la Conselleria “ya están comprometidos para gastos ordinarios, el pago de servicios esenciales y las mejoras salariales estatales y autonómicas pactadas con CSIF y ANPE”. Asimismo, el Gobierno valenciano califica de “inviable” basar reformas estructurales “en los supuestos 55 millones de ahorro coyuntural” por las jornadas de huelga, al tiempo que recuerda que los 400 millones de fondos europeos tienen un carácter finalista que impide su uso libre para otros fines.

Finalmente, el departamento de Campanar tacha de “irreal” la inclusión de los 800 millones de euros vinculados a una reforma del sistema de financiación autonómica, ya que, a día de hoy, dicha cuantía no existe en los presupuestos de la Generalitat. En definitiva, la propuesta es calificada como “insostenible al mezclar recursos comprometidos, ingresos puntuales y expectativas de futuro no garantizadas, lo que impide financiar de manera responsable y estable las medidas y reivindicaciones planteadas por los docentes”.

El Defensor del Pueblo acaba de abrir una actuación ante la Dirección General de la Policia solicitando información detallada acerca de la actuación policial del pasado domingo, 31 de mayo, en la ciudad de Valencia, en la que una persona, en el transcurso de una manifestación de docentes junto a la Conselleria de Educación, sufrió una agresión por parte de un agente de la Policía Nacional.

A través de videos difundidos por los medios de comunicación, esta institución ha tenido conocimiento de los incidentes acaecidos el pasado domingo en Valencia, cuando un grupo de docentes -en huelga desde hace semanas- se manifestaban en defensa de la educación pública y una asistente a la concentración -al parecer maestra jubilada- fue empujada fuertemente por la espalda sufriendo lesiones tras golpearse con el suelo sin haber existido, aparentemente, provocación o desacato a la autoridad. Pareciera que, tras observación del video, se utilizó la fuerza de manera desproporcionada.

El Defensor del Pueblo recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido doctrina respecto al uso de la fuerza por los funcionarios policiales, que se exige el cumplimiento de determinados requisitos y que, además de tener que ser proporcionado, para hacer uso de la fuerza ha de concurrir un determinado grado de resistencia por parte del sujeto pasivo.

El Defensor del Pueblo reclama a la Dirección General de la Policia un informe valorativo sobre lo hechos, que se le haga llegar documentación audiovisual que pudiera existir sobre el suceso diferente a la difundida por los medios de comunicación, y que le informe sobre las responsabilidades que hubieran podido depurarse como consecuencia de esta actuación policial.

La plaza de la Virgen de València ha amanecido este martes con 31 tiendas de campaña rodeando el espacio, donde cerca de 50 docentes han pasado una noche “tranquila” y donde piensan continuar hasta que la Conselleria de Educación “muestre una voluntad negociadora”.

En el marco de la cuarta semana de huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana, esta iniciativa ha surgido de forma “espontánea e informal”, según ha contado a EFE Carlos Boix, uno de los portavoces de la acampada, situada a los pies de la Catedral, la Basílica y el Palau de la Generalitat.

Sin embargo, Boix ha señalado que la intención es continuar ocupando la plaza de forma indefinida hasta que la consellera de Educación, Carmen Ortí, “muestre una voluntad negociadora que hasta ahora no ha tenido”.

El organizador ha explicado que a lo largo del día establecerán un sistema de rotaciones para que “haya movimiento y presencia todo el rato” y ha asegurado que “cuanto más gente venga, mejor”, al igual que por las noches: “Esto es libre, quien quiera puede quedarse”, ha añadido.

Esta mañana se han podido contar más de 30 tiendas de campaña, una de ellas preparada con toldos y llena de provisiones de comida, agua y refrescos, donde los docentes se han podido proteger del sol y alimentarse con productos como fruta, dulces, empanadillas y botellas de agua guardadas en neveras de playa.

Además de acampar, los docentes tienen previsto hacer talleres de pancartas, de resistencia pacífica y otras actividades como conciertos, que irán preparando conforme pase el tiempo, además de organizarse por comisiones para controlar la logística, traer material de limpieza y más comida.

La autorización debe ser municipal

Fuentes de la Delegación del Gobierno explican que “todo elemento de ocupación de la vía pública” debe tener la autorización del Ayuntamiento, por lo que su incumplimiento “será una falta administrativa que el consistorio deberá proceder a resolver acorde a su propia normativa”.

En cuanto a la acampada de València, las propias ordenanzas del Consistorio valenciano señalan que la competencia para la retirada de elementos en la vía pública es municipal (artículo 12, apartados 2 y 3 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal), que prohíben la pernocta y acampada (artículo 32 de la Ordenanza de Parques y Jardines).

La Delegación del Gobierno, explican, garantiza la protección del derecho de reunión. Además, tal y como recoge el artículo 23.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, “las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana”.

La Delegación del Gobierno deberá garantizar el derecho fundamental de reunión así como la seguridad de quienes lo ejercen y de quienes transitan alrededor: “En ello seguiremos trabajando”.

Miles de docentes -más de 5.000, según la Delegación del Gobierno- han vuelto a recorrer las calles de València este martes, en un recorrido que finalizaba en la sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar- en la decimoséptima jornada de huelga indefinida, para exigir al Gobierno valenciano que atienda sus reivindicaciones y ponga fin al conflicto educativo. En medio de un ambiente festivo y reivindicativo —como ha venido siendo habitual en las últimas semanas, a excepción de los incidentes del pasado domingo— los representantes de los sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública valenciana (STEPV, CCOO y UGT) han comparecido de manera conjunta para fijar sus líneas rojas y valorar el estado del conflicto laboral, que cumple ya su cuarta semana de paros.

Pese al cansancio acumulado tras semanas de un “esfuerzo titánico”, los portavoces sindicales han asegurado que la comunidad educativa no va a bajar los brazos y han situado la resolución del conflicto en el tejado de la Conselleria de Educación. De este modo, exigen la reapertura inmediata de las cuestiones retributiva y lingüística para poder alcanzar un principio de acuerdo definitivo.

Marc Candela, portavoz de STEPV, ha detallado los mínimos exigidos para poner fin a los paros. Aunque ha reconocido que se han logrado avances en materias como las ratios, ha dejado claro que la negociación está completamente encallada en dos puntos clave: las retribuciones y el valenciano. “Lo que nos han ofrecido no es aceptable ni para nosotros ni para el profesorado que participó en la consulta”, ha afirmado Candela, quien estima que la Conselleria remitirá un documento definitivo entre la tarde del miércoles y el jueves. Según el representante sindical, si el Consell cede en estos dos apartados, las bases valorarán positivamente el texto y se podrá proceder a la firma.

Candela también ha criticado con dureza la estrategia de la Administración autonómica, acusándola de aplicar tácticas dilatorias: “Llevamos nueve mesas de negociación y en cada una avanzamos un puntito; la estrategia de la Conselleria es dilatar la salida del conflicto”. Respecto al cambio en la tipología de las movilizaciones, ha explicado que el profesorado ha optado por concentrar las acciones para evitar el desgaste diario, dando paso a medidas de gran impacto en el espacio público como la acampada en la plaza de la Virgen de València, que conviven con las grandes manifestaciones coordinadas por las tres centrales sindicales.

Por su parte, Xelo Valls, representante de CCOO, ha admitido que el profesorado “está acusando el cansancio” tras tantas jornadas de huelga, pero ha matizado que “la energía sigue ahí”. Valls ha definido la negociación con el Gobierno valenciano como una “partida de frontón” y ha insistido en la necesidad de pactar un acuerdo base global. Asimismo, la portavoz ha desmontado el argumento presupuestario de la Generalitat al recordar que, aunque las cuentas autonómicas ya estén presentadas, el mecanismo parlamentario permite modificarlas: “Se pueden presentar enmiendas, el PP se puede incluso autoenmendar y se pueden abrir líneas presupuestarias para mejorar la cuestión salarial”.

Por último, Kilian Cuerda, portavoz de UGT, ha destacado el hito histórico que supone esta movilización, señalando que “se ha roto el tabú de que el profesorado no se movilizaba”, y ha recordado que, en la última consulta sectorial, apenas 89 docentes de entre más de 30.000 participantes votaron a favor de deponer las protestas. Cuerda ha acusado directamente al Consell de buscar “aumentar deliberadamente el sufrimiento de las familias, del alumnado y de los docentes” para enmascarar su falta de voluntad política.

El representante de UGT ha tildado de “nueva provocación” la postura del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y ha concretado que la brecha salarial del colectivo se sitúa en torno a los 300 euros debido a que el complemento autonómico permanece congelado desde el año 2007. Cuerda ha exigido un “interlocutor honesto” y ha reiterado que el sindicato está abierto a una aplicación progresiva de esta subida y a una negociación constructiva en torno al valenciano si la Conselleria decide incorporar sus propuestas.

La huelga del profesorado afecta también a las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana, uno de los estamentos más castigados por los recortes del Consell que preside Juan Frnacisco Pérez Llorca.

La precariedad en la que han sumido estos recortes a los centros públicos de idiomas que ya de por sí tenían una situación delicada ha hecho que la mayoría del profesorado se haya sumado a la huelga educativa, lo que ha empezado a afectar a algunas pruebas de certificaciones que no se han podido celebrar tanto el pasado viernes 29 de mayo como este lunes.

Así, fuentes del sindicato Stepv han asegurado que los paros del personal docente han afectado hasta ahora a las escuelas de Castellón, Alcoi, Xàtiva, Dénia, Llíria, Alzira, València (Saïdia y Quatre Carreres), Torrevieja, Elx y Gandia. En total, desde el pasado viernes se han visto afectados 783 alumnos que no han podido realizar sus pruebas, principalmente de valenciano, pero también de inglés o francés. En los propios centros ha habido piquetes informativos para advertir al alumnado de la situación.

Desde la asamblea de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Llíria han comentado: “Después de cuatro semanas en que el profesorado y el equipo directivo del EOI Llíria se han sumado a la huelga educativa y a las movilizaciones, y tras la brutal agresión policial de este domingo, queremos anunciar que, hoy más que nunca, la huelga continúa. Además, las EOI somos un servicio público esencial: garantizamos el acceso igualitario al aprendizaje de lenguas para personas adultas. También, mejoramos la vida profesional, académica y personal de miles de personas; en muchas comarcas y somos la única oferta pública de calidad para el aprendizaje de idiomas. Los idiomas rompen fronteras y abren puertas”.

Las mismas fuentes han transmitido su “profundo malestar y enojo ante la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades” al tiempo que han defendido “el aprecio y el respeto hacia el alumnado que se presenta a las pruebas”. En este sentido han dejado claro que en ningún caso han querido perjudicar su futuro, pero, “dadas las circunstancias, nos vemos obligadas y obligados a tomar estas medidas en pro de una educación pública de calidad”.

Sobre los puntos que motivan la protesta en lo que a las escuelas oficiales se refiere han comentado que la conselleria ha eliminado 244 grupos a las EOI valencianas: “Desde 2024 un total de 8.450 alumnos no han podido acceder a la enseñanza de idiomas público. 61 profesores se han ido a la calle. Se está centralizando la oferta en las escuelas de las grandes capitales y las EOI pequeñas, como la de Llíria, corren el riesgo de desaparecer en un futuro. Los grupos en línea con 40 alumnos por grupo han sustituido la oferta de formación presencial. Además, la imposición de ratios es excesiva para las Pruebas de Certificación”.

El sector de Enseñanza de UGT Serveis Públics del País Valencià ha lanzado una propuesta de modelo de cajas de resistencia descentralizadas, con una estructura solvente y organizada, que permite su funcionamiento con garantías. Esta iniciativa responde a la necesidad de organizar herramientas para ayudar al personal docente a resistir en la lucha de la huelga indefinida y paliar los efectos de esta o futuras movilizaciones.

El origen de la propuesta se encuentra en la necesidad de apoyar al colectivo docente para hacer frente al sacrificio que supone la huelga, y más aún cuando es indefinida. Ante las consultas y peticiones de ayuda que están llegando al sindicato por parte de centros educativos, ya autoorganizados, que querían explorar esta posibilidad, UGT ha diseñado una propuesta viable y estructurada legalmente de cajas de resistencia educativas. Cabe recordar que, al calor de la huelga, Escola Valenciana y la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) decidieron dar un paso adelante en la misma dirección e iniciar una campaña en este sentido. El modelo que proponemos desde el sindicato será totalmente compatible con esta iniciativa ya en marcha, y construirá una estructura real que dé fundamento al apoyo al profesorado en huelga.

UGT ofrece asesoramiento y asistencia al profesorado en lucha que quiera constituir sus cajas de resistencia. El modelo, a diferencia de los modelos clásicos de caja de resistencia que dan servicio a la afiliación de un sindicato, se plantea de forma mucho más abierta, como herramienta colectiva en manos del profesorado en huelga y de las asambleas de centro, no bajo el control de un sindicato concreto.

Por ello, el objetivo es que puedan participar docentes con cualquier afiliación sindical y sin ella. Desde UGT, como uno de los grandes sindicatos de la clase trabajadora de este país, considera que para una lucha tan grande como esta hay que pensar en grande, y dar soluciones reales para la mayoría del colectivo, reforzando la poderosa unidad que el profesorado ha construido en la lucha de la huelga por la escuela pública.

La propuesta de cajas de resistencia educativas está pensada desde la seguridad, la legalidad, el realismo y el pragmatismo. Utiliza la fórmula de la constitución de una asociación sin ánimo de lucro, bajo el nombre de Asociación de Apoyo Mutuo Educativo, del ámbito determinado de centro educativo, de barrio, distrito, local o comarcal, de la que se harían socios y socias los y las huelguistas. Esta asociación sería la encargada de recaudar recursos a través de campañas de solidaridad y donaciones para obtener fondos. Con esos fondos, se realizarían transferencias en concepto de ayuda y asistencia a las personas afectadas por la huelga de forma legal y fiscalmente responsable, una vez lleguen los descuentos en nómina. Así, la persona huelguista asociada tendría que presentar la documentación. Los recursos serían repartidos según criterios solidarios de reparto. La cuantía más realista de ayuda es la del 50% del descuento en nómina por la huelga, que sería el objetivo a alcanzar.

El modelo busca construir herramientas seguras y crear un sistema en red en el territorio, compartimentado como garantía de seguridad frente a cualquier posible error de gestión, y como garantía de gestionar magnitudes de personal y de recursos de forma realista, pragmática y sostenible.

Este modelo permite involucrar a la sociedad civil local en la lucha por la escuela pública, y construir redes de solidaridad locales y territoriales con AMPAs, movimiento vecinal, familias, movimientos sociales y cualquier elemento de la sociedad valenciana que quiera ayudar al profesorado en huelga a resistir. Esto permite construir redes de flujo de recursos hacia la caja de resistencia sensatas y estables, que permiten una sostenibilidad en el tiempo y confianza en los equipos y la gente involucrada.

El profesorado en huelga ha construido, de la mano de los sindicatos de clase y con las herramientas de autoorganización democrática en los centros como las asambleas, un escenario de unidad del sector necesario para una lucha prolongada y dura en defensa de la escuela pública. “Construir el sistema de cajas de resistencia con instrumentos funcionales y solventes es fundamental para resistir esta huelga, y para tener un colchón de seguridad con el que afrontar las próximas con más garantías y posibilidades de éxito. Es un mensaje claro a la Conselleria de que estamos, desde el sindicato y desde el conjunto del profesorado, dispuestos y dispuestas a defender la escuela pública con firmeza y capacidad de resistencia”, explica Kilian Cuerda, delegado de UGT Ensenyament y promotor de la iniciativa.

La novena reunió de la mesa de negociació entre els sindicats educatius, la consellera Carmen Ortí i el seu equip ha finalitzat de forma abrupta amb un tancament improvisat. Malgrat que la titular d'Educació va aixecar la sessió tot just una hora i un quart després del seu inici, els representants d'STEPV, CCOO i UGT es van plantar i es van mantindre a l'interior de l'edifici de l'avinguda de Campanar, a València, a l'espera d'una resposta a la seua exigència de reobrir les negociacions sobre la qüestió retributiva, donada per tancada per l'Administració autonòmica amb els sindicats minoritaris CSIF i ANPE.

Passades les 22:30 hores, la consellera va citar els representants de les tres organitzacions al seu despatx. En aquesta trobada, Ortí els va confirmar que no es reobriria la negociació salarial i va instar els portaveus a abandonar el recinte públic. No obstant això, els líders sindicals van decidir desatendre el requeriment i romandre de manera indefinida a l'interior de l'immoble. Al recinte també romanien els membres de la Conselleria i els representants dels altres dos sindicats -CSIF ha publicat un vídeo en què el seu portaveu, José Seco, sol·licitava que se'ls deixara abandonar l'edifici-.

Tanmateix, els representants sindicals convocants de la vaga van abandonar el recinte al voltant de la mitjanit, després de rebre un requeriment en el qual se'ls comminava a fer-ho advertint-los que, de no deixar el complex, podrien ser sancionats per una falta molt greu, que podria comportar la inhabilitació i la separació del servei, “és a dir, perdre el nostre treball”. A l'eixida, s'han sumat als docents concentrats en l'exterior de la Conselleria.

Sobre les 00.15, la policia ha realitzat un intent de desallotjament davant la resistència pacífica d'unes desenes de docents. No va haver danys i els manifestants van seguir concentrats en un altres accés. La consellera d'Educació va haver d'eixir per una altra porta passada la una de la matinada.

El mateix portaveu d'STEPV, Marc Candela, va confirmar les circumstàncies des de l'interior de la Conselleria d'Educació: “La consellera ens ha rebut al seu despatx i ens ha dit que no reobrirà la negociació salarial”. Així mateix, Candela va denunciar públicament les fortes pressions rebudes per part de l'Administració per forçar-los a desallotjar el complex de Campanar, assegurant de manera taxant: “Pràcticament ens han amenaçat i obligat a eixir, però no ho farem”.

Hores abans, els representants dels docents li havien proposat a la consellera elevar una consulta directa sobre el tema retributiu —el que més rebuig va obtindre en la consulta realitzada entre el professorat— al conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, per estudiar la viabilitat d'una contraoferta. Aquesta petició va ser la que va provocar que Ortí decidira donar per acabada la reunió general de manera unilateral abans de rebre'ls al seu despatx per ratificar la seua postura.

La consellera va comparèixer davant dels mitjans de comunicació prèviament a eixa reunió amb els portaveus sindicals per advertir que el seu departament no prendrà decisions “sota pressió ni ocupació de l'espai”. Ortí va defensar que l'increment salarial ofert és “un boníssim acord” i va reiterar que aquest bloc no es reobrirà sota cap circumstància, ja que ja va ser firmat per CSIF i ANPE, emplaçant la resta d'organitzacions a avançar exclusivament en les meses sectorials temàtiques convocades a partir d'aquest dilluns.

Per contra, els sindicats majoritaris, protagonistes del tancament, insistixen que és “imprescindible” comptar amb un document base decent que aglutine de manera global totes les matèries del conflicte per a poder desactivar les aturades. Els representants dels treballadors recorden que un 91% del professorat valencià ha rebutjat l'actual esborrany i que un 94% s'oposa al pacte retributiu que la conselleria pretén blindar com a tancat, per la qual cosa consideren inviable continuar la negociació obviant el clamor de les bases.

Mentre es desenvolupava la mesa de negociació, la tensió es va traslladar a l'exterior del recinte. Centenars de docents van secundar la mobilització abrigant el tancament mitjançant diferents accions, com una asseguda i una cadena humana que va envoltar les instal·lacions de la Conselleria en protesta pel bloqueig institucional, unes protestes que es van prolongar durant la nit.

Aquesta mobilització a la via pública, que s'havia desenvolupat de manera pacífica durant les últimes tres setmanes, va viure aquest diumenge les primeres actuacions policials desproporcionades per part dels agents antiavalots. La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana ja ha anunciat l'obertura d'una investigació exhaustiva per a depurar responsabilitats davant l'agresió d'un agent de la Policia Nacional que va empènyer violentament una docent contra l'asfalt, un fet qualificat per les autoritats d'“inacceptable”.

La novena reunión de la mesa de negociación entre los sindicatos educativos, la consellera Carmen Ortí y su equipo ha finalizado de forma abrupta con un encierro improvisado y una actuación policial contra los manifestantes que se concentraban en uno de los accesos de la Conselleria de Educación. Pasadas las 00.15 de este lunes, agentes antidisturbios intentaron el desalojo a la fuerza a decenas de huelguistas que resistían pasivamente en uno de los accesos para intentar que nadie pudiera salir del edificio. Tras una primera actuación de los agentes, los manifestantes volvieron a sentarse en el acceso principal.

A pesar de que la titular de Educación levantó la sesión apenas una hora y cuarto después de su inicio, sobre las 19.15, los representantes de STEPV, CCOO y UGT se plantaron y se mantuvieron en el interior del edificio de la avenida de Campanar, en València, a la espera de una respuesta a su exigencia de reabrir las negociaciones sobre la cuestión retributiva, dada por cerrada por la Administración autonómica con los sindicatos minoritarios CSIF y ANPE.

Pasadas las 22:30 horas, la consellera citó a los representantes de las tres organizaciones a su despacho. En este encuentro, Ortí les confirmó que no se iba a reabrir la negociación salarial e instó a los portavoces a abandonar el recinto público. No obstante, los líderes sindicales decidieron desatender el requerimiento y permanecer de manera indefinida en el interior del inmueble. En el recinto también permanecían los miembros de la conselleria y los representantes de los otros dos sindicatos -CSIF ha publicado un vídeo en el que su portavoz, José Seco, solicitaba que se les dejara abandonar el edificio-.

No obstante, los representantes sindicales de las tres plataformas convocantes de la huelga abandonaron el recinto alrededor de la media noche, después de recibir un requerimiento en el que se les conminaba a hacerlo advirtiéndoles que, de no dejar el complejo, podrían ser sancionados por una falta muy grave, que podría comportar la inhabilitación y la separación del servicio, “es decir, perder nuestro trabajo”. A la salida, se han sumado a los docentes concentrados en el exterior de la conselleria.

Ha sido después cuando la policía nacional ha realizado la actuación a la fuerza para salir del recinto. Tras un primer intento, los manifestantes han despejado la puerta y se han sentado en otro acceso. La consellera de Educación ha salido por otro de los accesos pasada la una de la madrugada.

El portavoz de STEPV, Marc Candela, confirmó las circunstancias desde el interior de la Conselleria de Educación: “La consellera nos ha recibido en su despacho y nos ha dicho que no va a reabrir la negociación salarial”. Asimismo, Candela denunció públicamente las fuertes presiones recibidas por parte de la Administración para forzarlos a desalojar el complejo de Campanar, asegurando de forma tajante: “Prácticamente nos han amenazado y obligado a salir, pero no lo vamos a hacer”.

Horas antes, los representantes de los docentes le habían propuesto a la consellera elevar una consulta directa sobre el tema retributivo —el que más rechazo cosechó en la consulta realizada entre el profesorado— al conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, para estudiar la viabilidad de una contraoferta. Esta petición fue la que provocó que Ortí decidiera dar por terminada la reunión general de manera unilateral antes de recibirlos en su despacho para ratificar su postura.

La consellera compareció ante los medios de comunicación previamente a esa reunión con los portavoces sindicales para advertir que su departamento no tomará decisiones “bajo presión ni ocupación del espacio”. Ortí defendió que el incremento salarial ofrecido es “un buenísimo acuerdo” y reiteró que este bloque no se reabrirá bajo ninguna circunstancia, puesto que ya fue firmado por CSIF y ANPE, emplazando al resto de organizaciones a avanzar exclusivamente en las mesas sectoriales temáticas convocadas a partir de este lunes.

Por el contrario, los sindicatos mayoritarios, protagonistas del encierro, insisten en que es “imprescindible” contar con un documento base decente que aglutine de manera global todas las materias del conflicto para poder desactivar los paros. Los representantes de los trabajadores recuerdan que un 91% del profesorado valenciano ha rechazado el actual borrador y que un 94% se opone al pacto retributivo que la conselleria pretende blindar como cerrado, por lo que consideran inviable continuar la negociación obviando el clamor de las bases.

Mientras se desarrollaba la mesa de negociación, la tensión se trasladó al exterior del recinto. Centenares de docentes secundaron la movilización arropando el encierro mediante diferentes acciones, como una sentada y una cadena humana que rodeó las instalaciones de la conselleria en protesta por el bloqueo institucional, unas protestas que se prolongaron durante la noche.

Esta movilización en la vía pública, que se había desarrollado de manera pacífica durante las últimas tres semanas, vivió este domingo las primeras actuaciones policiales desproporcionadas por parte de los agentes antidisturbios. La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ya ha anunciado la apertura de una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades ante la agresión de un agente de la Policía Nacional que empujó violentamente a una docente contra el asfalto, un hecho calificado por las autoridades de “inaceptable”.

Després de tres setmanes de vaga indefinida, amb nombroses concentracions, protestes, mobilitzacions i manifestacions multitudinàries, fins a la data no s'havien produït incidents ressenyables, tot i que les accions de protesta sempre havien estat marcades per una forta presència policial. No obstant això, aquest diumenge s'ha viscut un lamentable episodi de violència en les rodalies de la seu de la Conselleria d'Educació, a l'avinguda de Campanar de València, quan un agent de la Policia Nacional ha espentat violentament una docent que es trobava parada a la via pública, fet que li ha provocat una caiguda i un fort colp contra l'asfalt

Els professors i mestres valencians, que s'han concentrat coincidint amb la mesa de negociació en els encontorns de la seu de l'administració educativa valenciana, han protagonitzat alguns actes de protesta en la via pública, com una cadena humana que ha envoltat el recinte de la Conselleria d'Educació, una aturada a la calçada, que ha estat dissolta pels agents antiavalots de la Policía Nacional.

Els sindicats convocants de la vaga, STEPV, CCOO i UGT, han anunciat que denunciaran les agressions patides pel personal docent concentrat aquest diumenge, que ha respost amb càntics com: “Som gent de pau, i no ens faran callar”.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciat a través de les xarxes socials que obriran una investigació del que ha ocorregut: “La imatge que acabem de veure és inacceptable. Investigarem el que ha ocorregut de forma exhaustiva per depurar responsabilitats”.

Bernabé ha sentenciat que protegir el dret a manifestar-se amb seguretat “està per damunt de qualsevol circumstància”, per concloure dient: “Aquest és un fet totalment incomprensible que entela el treball de la Policia en aquestes tres setmanes de manifestacions, en coordinació amb els sindicats convocants”.

Después de tres semanas de huelga indefinida, con numerosas concentraciones, protestas, movilizaciones y manifestaciones multitudinarias, hasta la fecha no se habían producido incidentes reseñables, a pesar de que las acciones de protesta siempre habían estado marcadas por una fuerte presencia policial. Sin embargo, este domingo se ha vivido un lamentable episodio de violencia en las inmediaciones de la sede de la Conselleria de Educación, en la avenida de Campanar de València, cuando un agente de la Policía Nacional ha empujado violentamente a una docente que permanecia parada en la vía provocando que se diera un duro golpe contra el asfalto.

Los profesores y maestros valencianos, que se han concentrado coincidiendo con la novena mesa de negociación en las inmediaciones de la sede de la administración educativa valenciana, han protagonizado algunos actos de protesta en la vía pública, como una cadena humana que ha rodeado el recinto de la Conselleria de Educación, una sentada en la calzada, que ha sido disuelta por los agentes antidisturbios de la Policía Nacional.

Los sindicatos convocantes de la huelga, STEPV, CCOO y UGT, han anunciado que denunciarán las agresiones sufridas por el personal docente concentrado este domingo, que ha respondico con cánticos como: “Som gent de pau, i no ens faran callar” (Somos gente de paz, y no nos callarán).

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernebé, ha anunciado a través de las redes sociales que van a abrir una investigación de lo ocurrido: “La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades”.

Bernabé ha sentenciado que proteger el derecho a manifestarse con seguridad “está por encima de cualquier circunstancia”, para concluir diciendo: “Este es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes”.