La Consejería Sanidad del Gobierno regional ha cifrado este martes en un 7,8% el seguimiento de la huelga indefinida de médicos convocada en Atención Primaria y Hospitalaria por el Sindicato Médico Canario y SEMCA.

Según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico en un comunicado, de los 7.267 efectivos que estaban convocados a este paro, un total de 4.106 estaban afectados por esta convocatoria, de los que la secundaron 322.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 242 de los 1.608 efectivos afectados, lo que representa el 15,05%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 68 de los 1.963, es decir, del 3,46%. Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro seis de los 218 profesionales afectados por la huelga, el 2,75%, en Fuerteventura la secundó uno de los 298 afectados, es decir, el 0,34%.

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 2,94%, puesto que acudieron a la huelga cinco de los 170 afectados, mientras que en La Gomera y en El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

Asimismo, la jornada de la mañana de este martes cuenta con 1.244 efectivos en servicios mínimos y ha transcurrido sin incidencias destacables, según detalla la nota.

Ya es oficial. Castilla-La Mancha se sumará a la huelga que el próximo 11 de noviembre está convocada en todo el país por la crisis de la vivienda.

Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha han formalizado este llamamiento, pidiendo la movilización y augurando éxito de convocatoria de la clase trabajadora en lo que será “un día sin precedentes” en el conjunto del país y en la comunidad autónoma.

“Va a haber paros masivos en los centros de trabajo y también va a haber una movilización social que pasará a formar parte de la historia del movimiento social”.

Han sido las secretarias de Organización de UGT y CCOO Castilla-La Mancha, Silvia López y María José Mesas, quienes han presentado esta convocatoria en el registro de la Delegación del Gobierno en la capital castellanomanchega este martes.

López ha apelado a que se garanticen los servicios mínimos y no sean “abusivos”, rechazando que sea una huelga política, tal y como ha afirmado este lunes el presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, y centrando los “motivos” en “los salarios, los precios y la vivienda”.

La representante de CCOO ha justificado que desde el año 2020 hasta ahora se han registrado por parte de CCOO y UGT “más de 913 conflictos colectivos”, todos ellos principalmente centrados en cuestiones salariales, de los cuales, “más de 190 han terminado en huelga general”.

Ha lamentado que “el precio de los alquileres” es “el mayor factor de empobrecimiento de jóvenes y familias trabajadoras” y ve “imposible” que a través de la negociación colectiva, los salarios que se están pactando “sean capaces de garantizar el poder adquisitivo”.

Es por ello que ha reclamado “un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, donde se establezca unos mínimos de subidas salariales en los convenios, desde un 4% hasta un 7% para aquellos salarios marcados por el Salario Mínimo Interprofesional y para aquellos sectores donde están más precarizados”.

“Huelga laboral y social”

De su lado, la secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, lo ha definido como una “huelga laboral y social”, y que aunque ha venido ligada a las acampadas por toda España, los sindicatos ya venían reclamando.

Asimismo, ha pedido que se desbloquee el sexto acuerdo para el empleo de la negociación colectiva para subsanar “el gran desequilibrio que existe entre salarios y precios de vivienda”, que afecta también a la región, con “zonas tensionadas en Toledo y en Guadalajara”, donde los precios están desorbitados y no hay suficiente vivienda por la cercanía a Madrid.

“Las familias tienen que elegir entre pagar su casa o llenar la cesta de la compra de productos de primera necesidad”, ha aseverado la representante de UGT.

Esta huelga debe servir también “para mejorar la salud de las personas trabajadoras” con la aprobación de la nueva ley de prevención de riesgos laborales, cuyo proyecto “ya tenía que haber pasado al Congreso de los Diputados”.

“Lo que reivindicamos siempre es que se cumpla la normativa, que se actualice. Es muy importante que se tengan en cuenta los nuevos riesgos y que sea una ley del siglo XXI. Pedimos más medios para la inspección de trabajo que no llegan. Nuestra comunidad es muy extensa y se necesitan más recursos”, ha asegurado.

Asimismo, reivindica UGT la figura del delegado o delegada territorial de prevención porque, la realidad de las empresas de Castilla-La Mancha es que “la mayoría son pequeñas y en muchas es donde se necesita”, puesto que “no hay representación sindical”.

La huelga general convocada en todo el país por la crisis de la vivienda sigue generando suspicacias y el rechazo por parte de las asociaciones empresariales. Si hace unas semanas eran los empresarios de Guadalajara quienes consideraban “inadmisible” que las empresas sufrieran el coste de este paro, ahora ha sido el presidente de la patronal regional, Ángel Nicolás, quien ha calificado la huelga del 11 de noviembre como “política” y ha asegurado que el trabajador no sabe “por qué se tiene que movilizar”, hablando de una convocatoria que causa “sonrojo y carcajada”.

Nicolás, que en los últimos años se ha acostumbrado a protagonizar titulares por sus polémicas declaraciones -uno de los ejemplos más recientes fue cuando llamó “memos” a los jóvenes que piden bajas laborales por problemas de salud mental-, ha insistido en una reciente rueda de prensa que el paro general promovido por el Sindicato de Inquilinas y apoyado por sindicatos como CCOO y UGT, y asociaciones como Amnistía Internacional, es una “huelga política contra la oposición”.

El problema no es subir los salarios, y culpa a Sánchez

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) también ha tenido palabras sobre el caso que inició toda la movilización social en España por la vivienda: el desahucio de Maricarmen. Es la “primera vez que en el Boletín Oficial del Estado se publica un decreto se dirige a una persona. Eso es un auténtico disparate”.

Los sindicatos también han sido señalados por Nicolás. Les acusa de estar “ocho años en sus casas” y critica que ahora “salgan a decir que la culpa es del empresario”, un argumento que rechaza. Niega que la culpa la tengan los empresarios porque no suben los salarios y por ello es que “la gente no puede comprar viviendas”.

“El problema no es que no hayan perdido poder adquisitivo --los trabajadores--, porque los convenios se han ido renovando y se han ido firmando”. Según su punto de vista, el problema no está en que los salarios sean bajos o no, sino en que el Gobierno tiene un “excesivo afán recaudatorio” y hace pagar a los trabajadores un “40 por ciento en impuestos y cotizaciones”, a quien ha tildado de ser “el verdadero causante del problema”.

Respecto a lo que espera de la huelga, lo desconoce, porque “los propios trabajadores no están entendiendo muy bien por qué se tienen que movilizar” y los convocantes se pueden encontrar “colgando de la brocha”.

“Cuando llegue el día de la huelga ya veremos si la huelga está secundada por un 80% de los trabajadores o por un 10% porque los trabajadores no entienden por qué se les llama”, ha afirmado.

CCOO: “Hay argumentos laborales de sobra”

Estas declaraciones de Nicolás han sido respondidas por el secretario regional de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, que ha defendido este martes que la huelga general del próximo 11 de noviembre es “absolutamente legal” y tiene “argumentos laborales de sobra”, al tiempo que ha insistido en que la vivienda, los salarios y el encarecimiento de los precios son motivos suficientes para convocar una movilización de estas características.

Ortega ha explicado que, a diferencia de anteriores huelgas generales, convocadas para rechazar recortes de derechos, esta tiene un carácter “ofensivo” ante el deterioro de las condiciones de vida.

“La vivienda no se puede separar del trabajo”, ha defendido, recordando que el acceso a un hogar está directamente relacionado con los salarios, la temporalidad y la precariedad laboral.

Por ello, ha pedido a la patronal que “no tengan ninguna duda” de que existen motivos laborales suficientes para secundar una movilización que considera uno de los ejercicios democráticos más importantes para los trabajadores.

Ortega también ha respondido a Nicolás después de que este rechazara que se responsabilice sistemáticamente a los empresarios de los accidentes laborales.

El dirigente sindical ha recordado que la legislación atribuye a las empresas la responsabilidad en materia preventiva, aunque corresponde a los tribunales determinar las posibles culpabilidades.

“Lo que no puede ser tan barato como es en Castilla-La Mancha es incumplir la ley de manera reiterada, poniendo en peligro la vida de las personas trabajadoras”, ha denunciado.

Ortega ha insistido en que “los muertos siempre están del mismo lado” y que siempre les “toca ser a las personas trabajadoras”.

La huelga general por la crisis de la vivienda tendrá, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, está promovido por el Sindicato de Inquilinas y en Castilla-La Mancha ha sido apoyado por la Plataforma por el Derecho a la Vivienda regional, que ha llamado a todas las organizaciones, colectivos y personas de la región a sumarse a la huelga y a las movilizaciones que se convoquen en Castilla-La Mancha en torno a esta jornada.

Detrás de la plataforma están 14 organizaciones provinciales o autonómicas de la región. Muchas de ellas están relacionadas directamente con la vivienda (el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, la Asamblea de Vivienda Talavera o las plataformas de Afectados por la Hipoteca de Tomelloso y de Toledo), pero también por ONG como Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, Proyecto Kieu o Colectivo Sin Fronteras de Albacete; entidades feministas como la Plataforma 8M Toledo o Feministas de Pueblo CLM; así como otros colectivos u organismos como CCOO Castilla-La Mancha, la Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM , la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS-CLM) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo.

Siniestralidad laboral: “Nos va la vida en ello”

CCOO también se ha pronunciado este martes en Ciudad Real el secretario general estatal de CCOO del Hábitat , Daniel Barragán, quien también ha defendido que existen motivos suficientes para convocar la huelga general ante los bajos salarios, la precariedad y la elevada siniestralidad en sectores como la construcción y la ayuda a domicilio.

Unas declaraciones que cobran importancia después de un lunes negro en el que dos trabajadores han fallecido en sus puestos de trabajo en sendos accidentes laborales.

“Nos sobran los motivos, nos va la vida en ello”, ha advertido Barragán, quien ha reclamado un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral y la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación en las profesiones más peligrosas.

La vuelta a las aulas en septiembre debería ser para la comunidad educativa un momento de ilusión, un retorno a la normalidad sembrando futuro para las nuevas generaciones. Sin embargo, el inicio de curso en Andalucía, que estrena cogobierno del PP con la extrema derecha, vuelve a poner de manifiesto carencias estructurales que dificultan la labor docente y la atención a nuestro alumnado.

Las elevadas ratios en las aulas, el abuso y la precariedad que viene arrastrando el profesorado interino, el déficit persistente de medios y recursos para la atención a la diversidad, la parsimonia en la adaptación de los centros a temperaturas extremas (pese a la Ley de Bioclimatización aprobada hace más de un lustro) y la asfixiante sobrecarga burocrática son solo algunas pinceladas sobre un panorama desgastante que sufren diariamente familias y docentes.

Esta dinámica repercute de manera directa en las condiciones laborales de las plantillas docentes, que acumulan una pérdida de poder adquisitivo estimada en un 14% durante los últimos ocho años. Dignificar la profesión docente requiere actualizar las retribuciones conforme al incremento del coste de la vida, mejorando asimismo los complementos salariales por destino en zonas tensionadas (cruciales en un momento como este de crisis habitacional y urgente necesidad de medidas valientes en materia de vivienda). Urge asimismo reducir la carga lectiva para un seguimiento individualizado, revisar el complemento de tutoría y mejorar las condiciones de trabajo del personal interino en aspectos clave como más opciones para la conciliación en la petición de destinos (zonificación) y la garantía de su estabilidad laboral vía planes excepcionales de refuerzo y aumento de las plantillas docentes.

La inclusión educativa no puede quedar supeditada a recursos temporales e insuficientes que dependen de fondos europeos

A todo ello se suma la necesidad de abordar con sensibilidad el envejecimiento de los claustros. Quince años después de los recortes de los años de la crisis financiera global, ya somos la mitad de la plantilla docente quienes nos vemos abocados a la jubilación con 67 años.

Desde USTEA y los STEs reclamamos la recuperación de la jubilación voluntaria a los 60 porque los retos educativos del futuro requieren de equipos docentes jóvenes de los que las bolsas de trabajo y las universidades están repletos. Y porque a largo plazo, el sistema es insostenible si no ofrecemos una dignificación de las condiciones laborales que haga de la docencia una profesión atractiva. Por ello, para cuidar a nuestros docentes más veteranos, desde USTEA reclamamos un plan de estabilización que garantice las vacantes al personal interino mayor de 55 años, aumentar los días de libre disposición, reducciones horarias adicionales para el profesorado mayor de 60 y reducciones de jornada voluntarias para el personal con menos de cinco años para la edad de jubilación ordinaria.

La inclusión educativa no puede quedar supeditada a recursos temporales e insuficientes que dependen de fondos europeos. En el contexto socioeconómico andaluz, donde las desigualdades crecen y nuestro alumnado corre el riesgo de quedarse atrás, urge garantizar un aumento de las plantillas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación y PTIS con plazas estables en cada centro, así como poner un tope a las ratios por especialista. De igual modo, la Formación Profesional requiere una oferta pública amplia, recursos adecuados y una implantación de la modalidad dual que no sobrecargue a las plantillas ni genere desigualdades territoriales.

Las organizaciones sindicales y la comunidad educativa tenemos por delante el reto de levantar un escudo en defensa de la escuela pública: de la atención a la diversidad, de las condiciones de sus profesionales y de sus valores democráticos, coeducativos y multiculturales. Por eso este 11 de noviembre llamamos a la huelga y a la movilización recordando que, en esta legislatura, la escuela pública está en juego.

Ya hay convocatoria formal de la huelga general del próximo 11 de noviembre y también anuncio de los empresarios de que la impugnarán. El paro ha sido registrado ante las autoridades laborales por los sindicatos mayoritarios y varios minoritarios, unidos de mano del Sindicato de Inquilinas, que impulsó esta movilización. La convocatoria contempla los motivos del paro, entre los que destaca la vivienda digna y accesible, pero también varias razones exclusivamente laborales, como la insuficiencia de los salarios ante los precios disparados, la denuncia de horas extra ilegales y el acento en el contexto de márgenes empresariales en máximos, recoge el documento presentado por CCOO y UGT.

La huelga general, que alcanza a todos los trabajadores (públicos y privados), tendrá lugar durante la jornada del día 11 de noviembre de 2026, “comenzando a las 0.00 horas y terminando a las 24 horas del citado día 11”, con algunas excepciones para los trabajos a turnos, recoge el registro presentado por los sindicatos mayoritarios, al que ha accedido elDiario.es.

El paro también cuenta con el respaldo de varios sindicatos minoritarios (CGT, CNT, Intersindical, Cobas, entre otros), que han presentado sus propios registros ante las autoridades laborales, así como de sindicatos regionales con mucha implantación en sus territorios, como los vascos ELA y LAB y la gallega CIG.

Por su parte, en el plano social, el Sindicato de Inquilinas ha presentado también este lunes una página web, Huelgaporlavivienda.org, en la que recogen los motivos sociales para secundar el paro y acudir a las manifestaciones que se celebrarán el 11N. Desde el derecho a la vivienda a unos salarios y pensiones dignas, la reducción de la jornada laboral y el refuerzo de los servicios públicos.

Ante el cuestionamiento de la legalidad del paro por la patronal, que finalmente ha confirmado que lo impugnará por “electoral”, las centrales sindicales han trabajado en este documento con la previsión de que podía ser recurrido en los tribunales. Los sindicatos insisten en su seguridad y tranquilidad por la legalidad de la huelga, con motivos socioeconómicos, políticos y laborales, como muchos otros precedentes de paros respaldados por los tribunales.

A continuación, se resumen los principales motivos recogidos en la convocatoria formal de la huelga de los sindicatos mayoritarios. El documento recoge los “objetivos de la huelga general” en cinco hojas, en las que argumentan las razones que habilitan a las organizaciones de trabajadores a convocar este paro de 24 horas.

La vivienda, el objeto central para “parar el país”

Los sindicatos han comparecido este lunes ante el Ministerio de Trabajo de la mano del Sindicato de Inquilinas, que ha impulsado esta gran huelga general, con el objetivo central de “parar el país” por la crisis de vivienda que atraviesa España y que estalló socialmente en las calles con el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años y fallecida en el hospital tras la expulsión de su hogar.

Así, la vivienda ocupa el primer punto y papel central de las razones del paro registrado ante el Ministerio de Trabajo. “Hacer efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada establecido en el artículo 47 de la CE” (Constitución Española), recoge el documento, así como “exigir que los poderes públicos, cada uno en el ámbito de sus competencias, cumplan con el mandato constitucional”.

Los sindicatos señalan que este derecho no es efectivo para amplios sectores de la población “debido a que las políticas desarrolladas durante las últimas décadas han sido muy débiles y regresivamente orientadas como para hacer efectivo este derecho”.

La convocatoria destaca que esta crisis de la vivienda, con precios disparados en compra y alquiler, “impacta de diferentes formas a las personas trabajadoras”, sobre todo a colectivos más vulnerables y jóvenes, con unos salarios insuficientes para poder pagarla. “La vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad de la sociedad española”, con una “transferencia de rentas del trabajo al capital inmobiliario” que anula buena parte de las mejoras salariales pactadas y agrava una desigualdad que los poderes públicos deben combatir.

El documento registrado menciona la mayor vulnerabilidad de las mujeres ante los desahucios y, con un gesto a la mujer que desencadenó esta movilización, añade que “tampoco hay que olvidar que un colectivo muy precarizado en términos de vivienda son las mujeres mayores que viven solas”.

Subir los salarios

La siguiente premisa central de la huelga general es reclamar a los empresarios una subida salarial digna en España, que permita recuperar poder adquisitivo a los trabajadores, perdido en los últimos años de elevada inflación.

“Los salarios en España están aumentando en términos nominales en estos últimos años, pero esa subida no está siendo suficiente para superar el aumento del coste de la vida y por tanto permitir que los hogares que dependen del salario como fuente principal de ingresos dispongan de una mejor situación económica”, recoge el documento.

La huelga persigue, por ello, la renovación del AENC —el gran pacto estatal de negociación colectiva entre empresarios y sindicatos—, caducado en 2025 y aún por negociar con la patronal, a la que las organizaciones de trabajadores exigen incrementos que garanticen el poder adquisitivo.

La propuesta sindical de CCOO y UGT plantea un mínimo del 4% anual en 2026-2028 y hasta el 7% en los sectores de salarios inferiores a la media, con además una cláusula de revisión según la inflación. Además, se reclama la incorporación a los convenios de “medidas de acceso a la vivienda en los territorios y sectores más afectados”.

Horas extras ilegales: “Trabajadas y no pagadas”

Las organizaciones de trabajadores incluyen en los motivos del paro del 11N las “horas extras trabajadas, pero no pagadas por los empleadores, siguen siendo un abuso habitual que afecta a cientos de miles de trabajadores”.

“Es una forma de explotación laboral que lleva presente décadas y que, si bien se ha reducido en los últimos años, no se ha eliminado, a pesar de la aprobación de normativa específica como el registro obligatorio de la jornada de trabajo”. Los líderes de CCOO y UGT reclamaron hace unos días al Gobierno que apruebe el refuerzo de este control horario, pactado con sus organizaciones y aún pendiente.

A día de hoy, recuerdan que más de 400.000 personas trabajan semanalmente horas extras no pagadas, situadas en los 2,54 millones según datos de la EPA (INE).

“Las horas extra no pagadas equivalen a 68.000 empleos a jornada completa, y suponen un coste laboral de 3.378 millones de euros al año no pagado en términos de salario bruto y cotizaciones sociales. A nivel individual, cada persona explotada con horas extras no pagadas realiza 5,8 horas no pagadas a la semana de media, con un coste laboral no pagado de 148 euros a la semana de media y 7.696 euros al año”, recoge el documento.

Márgenes empresariales en récords

En este contexto de pérdida de poder adquisitivo e insuficiencia de muchos salarios, los sindicatos señalan la otra cara de la moneda: la buena marcha de los beneficios empresariales en los últimos años. “Los márgenes empresariales se sitúan en niveles históricamente altos y han consolidado el salto de rentabilidad registrado tras la crisis inflacionaria de 2022, según datos del Observatorio de Márgenes Empresariales”, destacan.

“El fuerte aumento de la rentabilidad empresarial se hace a costa de una menor participación de los salarios en el valor añadido generado. Con la crisis de inflación en 2021 y 2022 y su desigual impacto y reparto de esfuerzos, los salarios perdieron participación en el valor añadido bruto generado en las empresas a favor de las rentas del capital (resultado bruto de explotación)”, critica la parte trabajadora, que exige a la parte empresarial que se siente a negociar subidas salariales para impedir que este nuevo pico de inflación de 2026 se cebe con el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras.

La Consejería regional de Sanidad ha cifrado este lunes en un 9,34 por ciento el seguimiento de la huelga indefinida de médicos convocada en Atención Primaria y Hospitalaria por el Sindicato Médico Canario y SEMCA, y ha indicado que se ha desarrollado sin incidencias destacables.

En un comunicado, la Consejería ha informado de que en este segundo día de huelga, de los 7.330 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.888, de los que 363 la secundaron.

Así mismo, ha señalado que en la jornada de la mañana de este lunes se cuenta con 1.392 efectivos en servicios mínimos.

Por áreas de salud, en Gran Canaria la huelga ha sido secundada por 270 de los 1.481 efectivos afectados, lo que representa el 18,23%, mientras que en Tenerife el seguimiento ha sido de 86 de los 1.848, es decir, del 4,65%.

En Lanzarote han acudido al paro ocho de los 222 profesionales afectados por la huelga, el 3,60%; en Fuerteventura, dos de los 298 afectados, es decir, el 0,67%; en La Palma, el 2,41%, ya que acudieron a la huelga cuatro de los 166 afectados.

Según los datos facilitados por Sanidad, en La Gomera y en El Hiero no ha habido ningún efectivo en huelga. 

La USTEC, CGT, la Intersindical, COS, CNT y la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) han abierto una consulta al personal educativo para saber si estarían dispuestos a iniciar una nueva ronda de huelgas durante la campaña electoral y en qué formato.

La encuesta plantea tres cuestiones: si la persona está dispuesta a hacer huelga, si participaría en una movilización de toda la comunidad educativa de la pública, y qué propuesta de huelga considera más adecuada. Entre las opciones están un sólo día de paro; dos, siendo uno de ellos sólo de ámbito territorial; tres, siendo uno territorial y dos en toda Catalunya; y cuatro, dos territoriales y dos catalanes.

La consulta, que estará activa hasta el viernes 23 de octubre a las 12h, se plantea como una “continuación” de las jornadas de huelga de inicio de curso. Los sindicatos han constatado que se sumarán al paro general del próximo 11 de noviembre, pero aseguran que eso no quita que quieran abrir un nuevo calendario de huelgas sectoriales aprovechando la campaña electoral.

Con todo, han instado al Govern a volver a abrir una negociación “real” para “blindar la educación pública”. La USTEC ha alertado de que si no hay avances, seguirá convocando huelgas y, además, se plantean trabajar por un paro educativo a nivel estatal.

El Sindicat de Llogateres y diversas entidades del movimiento estudiantil han anunciado que este lunes ocuparán el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB) para convertirlo en el “centro neurálgico” de la preparación del paro general del 11 de noviembre y al que bautizarán como “Casa de la Huelga”.

La ocupación empezará a las 18h de este lunes tiene como objetivo concentrar a todos los comités de huelga de los trabajadores, así como ser un espacio de “asambleas y tareas logísticas” para que el paro “sea un éxito”. Además, se organizarán charlas, actividades y actuaciones artísticas que “complementarán” las tareas organizativas.

Asimismo, han anunciado que la manifestación será a las 17:30h y empezará en Jardinets de Gràcia. “Estamos en un punto de inflexión de la lucha por el derecho a la vivienda y contra el coste de la vida. Hace falta una espiral de movilización continuada”, aseguran los impulsores del espacio.

“La participación en la Casa de la Huelga es abierta a cualquiera que tenga ganas de colaborar, informarse de sus derechos o conocer lo que está en juego”.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga convocada desde este viernes por los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha tenido un seguimiento del 9,10%, tanto en Atención Primaria como en la Hospitalaria, si bien no corresponde con los datos aportados por las dos únicas organizaciones sindicales profesionales médicas del Archipiélago: Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMA ) y Sindicato Médico Canario (CESM Canarias), que la cifran en un 58%.

Según detalla la consejería en un comunicado, de los 7.668 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.888, de los que 354 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 263 de los 1.457 efectivos afectados, lo que representa el 18,05%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de ochenta de los 1.781, es decir, del 4,49%. Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro seis de los 212 profesionales afectados por la huelga, el 2,83 por ciento, en Fuerteventura la secundaron tres de los 266 afectados, es decir, el 1,13%.

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 1,32%, puesto que acudieron a la huelga dos de los 152 afectados, mientras que en La Gomera y en El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este viernes, que cuenta con 1.500 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.

Los dos sindicatos que convocan desde este viernes a los médicos de la sanidad pública canaria a una huelga indefinida han hecho un llamamiento al presidente Fernando Clavijo a que se implique en este conflicto y exigen que se les permita tener una representación laboral propia.

“Fernando Clavijo hará bien en implicarse directamente en la resolución de este conflicto, dada la ausencia total y completa de su consejera de Sanidad, ocupada en otros menesteres preelectorales”, aseguran el Sindicato Médico y el Sindicato de Empleados Médicos.

Las dos organizaciones gremiales han difundido este viernes un extenso documento con las razones por las que siguen sin aceptar la oferta que les ha planteado el Servicio Canario de la Salud (SCS), que incluye mejoras salariales y una menor duración de las guardias.

Los sindicatos reprochan al SCS la “peculiar manera” con la que consideran que está abordando estas negociaciones y le recuerdan el coste que han tenido para la comunidad autónoma las ocho jornadas de huelga que han celebrado desde marzo a junio: 400 millones de euros.

“Esto aporta una interesante perspectiva temporal, así como también da pistas sobre la dudosa capacidad negociadora de los responsables del servicio público de salud canario”, opinan.

En el documento, exponen una a una sus diferencias con el Gobierno de Canarias y desacreditan el acuerdo al que llegó el sindicato UGT en nombre de los mismos trabajadores, los médicos, con el director de la sanidad pública canaria, Adasat Goya. A su juicio, “no cumple con el 70 %” de sus expectativas en este conflicto laboral.

Las dos organizaciones gremiales subrayan que su desacuerdo con el SCS “es profundo” y parte de la primera y una de sus más importantes demandas: que se reorganicen las Juntas de Personal para que los médicos de la sanidad pública no tengan una representación laboral conjunta con otros empleados sanitarios, sino propia, específica.

“No se quiere, bajo ningún concepto, que los médicos puedan tener voz propia para negociar sus especiales condiciones de trabajo directamente con la Administración. No se quiere permitir que, siquiera, puedan reordenarse las actuales Juntas de Personal, para que sin perjuicio de que se establecieran otras para diferentes categorías de empleados del SCS, los médicos y facultativos cuenten con un cauce propio de representación e interlocución directa con la Administración”, aseguran el Sindicato Médico y el SEMCA.

Y subrayan que esta no es una discrepancia menor, sino fundamental: “Es lo que explica las numerosas convocatorias de huelga médica. El Gobierno de Canarias no deja otro espacio más que el comité de huelga para poder establecer una negociación legítima”.

Para el Sindicato Médico y el SEMCA, en ello radica una de sus diferencias sustanciales con UGT: el hecho de que este último sindicato no quiere, en su opinión, “que los médicos puedan tener su propio cauce negociador” al margen del común de la Junta de Personal.

Los convocantes de esta huelga rechazan, además, que su protesta sea tachada de “política”, cuando entienden que es el Gobierno de Canarias el que intenta que el paro “tome ese cariz”.

“No hemos sido los médicos quienes hemos dejado para el periodo preelectoral la presentación de nuestras reclamaciones que, desde hace más de un año, se vienen desatendiendo por la Consejería de Sanidad. Ha sido la desidia de los responsables de la sanidad canaria y del Gobierno canario la causante de que ahora toda la rabia acumulada en el colectivo médico y facultativo se desborde ante la forma de tratar de imponerles un plan que, en ningún caso, ha contado con su participación ni su opinión”, argumentan.

Los convocantes de la huelga advierten al Gobierno de Canarias de que aún “está a tiempo de desactivar este conflicto si empieza a comprender el origen de sus razones” y se ofrecen a “desescalar las medidas de presión” si perciben por su parte una “auténtica actitud constructiva para un acuerdo justo”.

“Existe una enorme distancia entre lo que el director del SCS quiere imponer a los médicos por medio de un acuerdo que no cuenta con ellos, y las genuinas reclamaciones del colectivo médico y facultativo. Además, otra realidad es que Adasat Goya ha demostrado que adolece de la capacidad negociadora que requiere un conflicto de este calado”, añaden. 

Las entidades y asambleas de la comunidad educativa valenciana han impulsado una propuesta conjunta de hoja de ruta para mantener la presión sobre la Conselleria de Educación y exigir la reapertura efectiva de las negociaciones. El calendario planteado, que será sometido a votación del profesorado y del personal de atención educativa y de administración entre el 19 y el 23 de octubre, combina jornadas de huelga general, movilizaciones descentralizadas y una campaña continuada de protesta bautizada como el “Novembre Verd”.

La iniciativa nace de las aportaciones del conjunto de colectivos tras las movilizaciones de final del pasado curso y busca dotar al sector de una respuesta coordinada ante la falta de acuerdos concretos con la administración autonómica. El objetivo principal de estas movilizaciones radica en “mantener la presión sobre la Conselleria de Educació, exigir la reanudación efectiva de les negociaciones y avanzar en las reivindicaciones de la comunitat educativa”.

El calendario de grandes movilizaciones contempla como primera cita clave la jornada de huelga general del próximo 11 de noviembre, que contará con un bloque específico enfocado en la enseñanza pública. Asimismo, la estrategia prevé la celebración de manifestaciones en las capitales de provincia el sábado 12 de diciembre.

De cara al inicio del segundo trimestre, el proceso de consulta ofrece dos opciones alternativas para secundar huelgas sectoriales por provincias: una primera horquilla fijada para los días 19 de enero en Alicante, 20 de enero en Valencia y 21 de enero en Castellón; y una segunda alternativa los días 2, 3 y 4 de febrero. Con ello se busca consolidar una escalada progresiva del conflicto en función de la respuesta del departamento que dirige Carmen Ortí.

El “Novembre Verd” y la presión en los centros

Como eje vertebrador de la protesta a corto plazo, el plan establece el inicio del 'Novembre Verd', una ronda continuada de concentraciones que tendrán lugar tanto en horario matinal como vespertino frente a la sede de la Conselleria en València, las direcciones territoriales de Alicante y Castelló, y otros puntos. Estas movilizaciones pretenden facilitar la participación de familias, alumnado y profesorado por medio de turnos rotatorios de hora y media de duración.

En el ámbito de los centros educativos, la hoja de ruta fomenta los denominados “dijous combatius”, el uso diario de prendas reivindicativas, la remisión masiva de escritos de queja y el cumplimiento estricto del horario laboral con la suspensión de actividades voluntarias. Además, se promoverán acciones comarcales y locales —como bicicletades, marchas y actos culturales— en colaboración con otros servicios públicos y movimientos sociales.

Para validar la estrategia, los convocantes han habilitado un sistema de votación telemática idéntico al empleado en los procesos anteriores del pasado mes de junio. El formulario permitirá al personal docente posicionarse sobre el documento global, elegir las fechas de los paros previstos para el segundo trimestre y determinar el grado de participación semanal en las concentraciones del 'Novembre Verd', garantizando que cualquier modificación sustancial responda a una decisión colectiva y verificable.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha anunciado este jueves que “tras meses de intentos infructuosos por evitar el conflicto en Andalucía” convocará una “huelga indefinida” de médicos a partir del 13 de noviembre. La huelga comenzará con tres semanas de paros ininterrumpidos de 24 horas desde el 13 de noviembre hasta el 4 de diciembre. “Los siguientes paros serán anunciados con la debida antelación en función de la evolución de una eventual negociación con la Consejería de Sanidad”, ha aclarado el sindicato en una nota de prensa.

“Por desgracia, la Consejería se ha negado hasta hoy a pactar un calendario con el SMA. Sus respuestas a las peticiones han sido incoherentes y dilatorias. El aplazamiento de los paros convocados a nivel nacional ha privado a la Consejería de cualquier excusa a la que aferrarse para demorar el cumplimiento del acuerdo”.

El “conflicto” que comenzó a principios de 2025 por el proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, “pronto se amplió a una demanda de medidas contra la explotación laboral del colectivo”, una reivindicación que “no se limita al ámbito nacional”. “La Junta de Andalucía, que tiene transferidas la mayor parte de las competencias sanitarias, tiene una responsabilidad directa en la situación”. En este contexto, el SMA firmó el 29 de julio un acuerdo con la Consejería de Sanidad para alcanzar estas mejoras a través del diálogo y evitar la confrontación.

“Mera declaración de intenciones”

“Aunque el texto no incorporaba la totalidad de las demandas, constituía un primer paso en la dirección correcta al establecer un marco de diálogo bilateral y abrir el camino hacia el logro completo de los objetivos”, explica la central sindical. El acuerdo, “alcanzado antes de la constitución del actual Gobierno andaluz”, se articuló como “un compromiso político que debía concretarse de inmediato tras la configuración del nuevo equipo de la Consejería” para evitar que fuera “una mera declaración de intenciones sin valor material alguno”.

De hecho, el SMA asegura que “ni siquiera tenemos aún el compromiso de incluir alguna de estas mejoras en los presupuestos de 2027”. Entre ellas figuran la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y el fin de su obligatoriedad, así como el fin de la obligatoriedad de las continuidades asistenciales en Atención Hospitalaria.

El acuerdo incluye acabar con la discriminación retributiva de los médicos de Atención Primaria en las pagas extra y en IT; eliminar la pérdida económica de las médicas durante el embarazo, parto y lactancia; elevar de la reducción de jornada por asuntos personales al 50%, pasar parte de las retribuciones variables (CRP) a fijas, así como mejoras imprescindibles para los tutores y para colectivos como el Cuerpo A1.4, los MIR y los Médicos del Trabajo, entre otros.

“Se trata de demandas que no pueden esperar. No podemos perder ni un minuto más en intentos infructuosos de diálogo. A pesar de las diferencias aparentes, constatamos con pesar que ningún partido, Administración ni Gobierno, salvo contadas excepciones en alguna comunidad autónoma, parece asumir la trascendencia y la magnitud del conflicto al que se enfrentan”. Por esto, y tras llevar “hasta el límite la voluntad de diálogo y ante la falta de respuesta por parte de la Consejería, nos vemos obligados a convocar una huelga indefinida”.

La Junta lo califica de “sinsentido”

Por su parte, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha calificado de “sinsentido” el anuncio de huelga que ha confirmado este jueves el Sindicato Médico de Andalucía (SMA) desde el 13 de noviembre por la “negativa” del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a plasmar los acuerdos firmados el pasado mes de julio. “El acuerdo firmado se va a cumplir”.

Así lo han recalcado fuentes de la Consejería que han considerado que “es necesario que el SMA explique por qué convoca una huelga, en plena precampaña electoral, dos meses después de firmar ese acuerdo con una vigencia de cuatro años”. “El diálogo sigue abierto y es continuo con el SMA, sindicato al que la Junta exige el cumplimiento de lo firmado”.

En este contexto, la Consejería ha pedido “responsabilidad” al sindicato para “no causar perjuicios al sistema sanitario y a todos los andaluces”. “Hay una ministra que no se ha sentado con los médicos y, sin embargo, la Junta alcanza un acuerdo y mantiene el diálogo permanente con ellos. No tiene sentido que la huelga sea contra un Gobierno que dialoga y cumple, salvo que se defiendan otros intereses extraños”.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria ha convocado movilizaciones el próximo miércoles, 21 de octubre, a partir de las 12.00 horas en los centros sanitarios del Servicio Cántabro de Salud (SCS). El objetivo es reclamar la promoción profesional para que el personal auxiliar administrativo sea clasificado como administrativo. Según el sindicato, se trata de un colectivo que ha visto cómo sus funciones y responsabilidades han evolucionado de forma “significativa” en los últimos años sin que este cambio haya tenido el correspondiente reconocimiento profesional y retributivo.

Por eso, CCOO inicia con esta concentración una campaña de movilizaciones para “dignificar” el papel de estos trabajadores, que es “imprescindible” para el funcionamiento diario de los centros sanitarios, tal y como subraya CCOO en un comunicado.

“La transformación digital, la implantación de nuevas herramientas y plataformas, los cambios normativos y la creciente complejidad de los procedimientos administrativos han incrementado sus funciones y responsabilidades pero no ha habido una contrapartida. Se echa en falta un reconocimiento al esfuerzo que están realizando”, ha indicado la secretaria de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, María José Barrio.

A su juicio, la Administración, es decir, el SCS en este caso, les exige funciones de gestores pero les sigue reconociendo como auxiliares y por eso reclaman la adaptación de la clasificación profesional a “la realidad del trabajo que actualmente desempeñan” y que se les promocione a la categoría de administrativo.

“No estamos reclamando un privilegio sino que se reconozca sobre el papel lo que los y las trabajadoras ya hacen cada día”, ha añadido Barrio, que ha llamado a la participación para hacer visible su “realidad profesional”.

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid irán a la huelga. En un comunicado remitido a los medios este miércoles, denuncian la “falta de negociación y el bloqueo” de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Mientras que a nivel estatal, finalmente decidieron aplazar los paros de forma indefinida por el adelanto electoral, en la comunidad entienden que “existe un interlocutor institucional y un Gobierno autonómico estable con capacidad para negociar y dar respuesta a las demandas”.

El Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid, integrado por los sindicatos AMYTS, AME, STOP PEONADAS, MUD y SIME-CSIT UP, ha convocado cuatro bloques de huelga con las siguientes fechas: del 28 de octubre al 31; del 4 de noviembre al 7; del 18 de noviembre al 21; y del 9 de diciembre al 12.

Hace una semana, los sindicatos médicos decidieron aplazar los paros tras el adelanto electoral. “La movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo”, avisaron. Los sindicatos madrileños recuerdan que en 2021, con el anuncio de los comicios autonómicos de Ayuso, también se desconvocó la huelga en Atención Primaria, pero que ahora el escenario es diferente, ya que “Madrid cuenta con un Gobierno autonómico estable y con interlocutores” para negociar. Desde los sindicatos, instan a la Comunidad de Madrid a negociar y a alcanzar compromisos concretos para así evitar la huelga.

Según indican en el comunicado, la convocatoria en la región responde a la demanda de los propios profesionales, que a través de una encuesta demandaron el parón con un 53,1% de los profesionales a favor de continuar la huelga y un 34,9% en contra, de 1.299 médicos y facultativos. “Desde el inicio del ciclo de movilizaciones nacionales y autonómicas vinculado al conflicto del Estatuto Marco, el Comité denuncia falta de avances en la negociación”, critican.

La última reunión con la Consejería de Fátima Matute se produjo en el mes de julio, cuando diferentes profesionales sanitarios decidieron dejar de realizar actividad extraordinaria voluntaria, las conocidas como peonadas, para protestar por sus condiciones. En aquel momento, según indican, Matute se comprometió a un calendario de reuniones, “pero han transcurrido cuatro meses sin noticias ni avances”.

Las reivindicaciones son las mismas desde hace meses: la creación de un nuevo modelo de carrera profesional, las garantías de voluntariedad de las guardias y una mejora de la remuneración, así como reivindicaciones para los residentes y tutores de formación sanitaria especialziada, o agendas dimensionadas en Atención Primaria, entre otras.

Se revuelve la calle a mes y medio de las elecciones. Médicos y docentes acumulan meses de protestas por todo el estado, a las que se suman en las últimas semanas las movilizaciones por la vivienda que cristalizarán en una huelga general el próximo 11 de noviembre. Cada uno por sus razones —hay quien dice que las huelgas de facultativos y del profesorado son contrarias en sus objetivos— y con diferentes destinatarios —el Ministerio de Sanidad los primeros, las comunidades autónomas los segundos— la realidad es que dos de las patas del estado del bienestar ponen tensión en la calle y los partidos en un momento clave.

Las quejas de los médicos se dirigen al departamento que dirige Mónica García por el estatuto marco. Agrupados en torno a los sindicatos propios y enfrentados a los generalistas, que de hecho pactaron con Sanidad, exigen un texto legal propio, separado de otros sanitarios, que atienda, dicen, las particularidades de su profesión.

El profesorado lleva al menos dos cursos manifestándose y parando por toda España para exigir más recursos que les permitan poder atender la creciente complejización de la docencia, con aulas más diversas y una ley que les obliga a atender de manera individualizada a cada estudiante.

Para Sergio García Magariño, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Pública de Navarra, no es una coincidencia que las protestas se produzcan en este momento. “Habría que examinarlo con más detalle para testarlo, pero los tiempos no son casualidad. Al haber expectativa de elecciones [las protestas vienen de mucho antes de que fueran convocadas] la movilización se vuelve estratégica, se puede sacar más partido por los tiempos políticos de la movilización”, sostiene.

Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ponía contexto a las protestas hace unos meses: “Desde antes de la crisis de 2008 no ha habido ningún intento de reforma estructural, se están viendo las costuras del sistema. Ha habido algún aumento de sueldo para compensar los recortes, pero se está notando la falta de reformas en dos décadas. Para mí es uno de los dos o tres principales problemas que tiene el país”.

Además, ambas protestas se producen, una situación que puede resultar contraintuitiva, en un contexto económico positivo, con España acumulando crecimiento trimestre tras trimestre. El problema, cree García Magariño, es cómo lo hace: “Los estudios sobre las condiciones sociales de las protestas por mejoras económicas plantean que lo que detona las protestas no es solo la condición objetiva de mayor o menor precariedad, sino sobre todo las expectativas de mejora frustradas, combinadas con la percepción de que es posible mejorar. Quienes protestan lo hacen porque ven una distancia entre lo que tienen y lo que esperarían tener”, arranca.

Además, sigue, “España está creciendo mucho a nivel macroeconómico, pero el poder adquisitivo de la gente ha bajado, porque la inflación es muy superior a la subida, por ejemplo, de los salarios (que también ha habido). Por último, España tiene una desigualdad estructural mucho más acentuada que la media en la UE y la desigualdad (y no la pobreza) suele ser el factor principal que nutre la indignación y el malestar. Ver que la economía crece, que hay más millonarios y que tú no te beneficias de ello es el principal catalizador del malestar social”, sostiene.

Este experto considera que la movilización en la calle, aunque se produzca con un Gobierno progresista en Moncloa, es favorable para la izquierda. “Las protestas que incluyen temas sociales claros (vivienda, salud pública, educación pública) suelen tener el efecto de movilizar al votante de izquierda, que está menos movilizado. Aunque aparentemente pueden entenderse como una crítica al Gobierno, también se entiende que un Ejecutivo de izquierda va a ser más sensible a estos problemas”, opina.

Los docentes no pueden más

Las protestas docentes van por barrios, por lo que mezclan cuestiones regionales con elementos comunes que afectan por todo el estado, y de fondo sobrevuela la creciente precarización de las condiciones en que se ejerce la docencia en los últimos años.

Al profesorado cada vez se le exige más. Lo explica una directora de instituto veterana: “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Y luego está todo lo que no está en la ley. “Nos caen todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”

El profesorado quiere mejores ratios (menos alumnos por clase), impartir menos docencia semanal para poder ocuparse mejor de cada estudiante En el meollo de las protestas también están las diferencias en las nóminas que reciben los docentes según la comunidad autónoma, pero el hecho de que tanto en Catalunya como en la Comunitat Valenciana hayan rechazado mejoras de cientos de euros al mes porque no venían acompañadas de recursos para el sistema indica que la económica personal no es la principal motivación de los paros.

Pero el descontento es generalizado. El curso pasado acabó con huelgas feroces en Catalunya (donde ya ha habido protestas este curso también) y la Comunitat Valenciana y este va a abrir con una indefinida en Madrid a partir del 14 de octubre y movilizaciones al menos en Andalucía, Cantabria y Aragón.

Médicos en pie de guerra

Los médicos también están en pie de guerra. El Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde —los que están presentes en las mesas del ámbito— hizo cundir el descontento entre las organizaciones sindicales del gremio, que reclaman una voz propia en la negociación y un estatuto propio. Desde febrero hasta junio, estos fueron protagonizando paros semanales cada mes.

La próxima cita marcada en el calendario de paros era el 28 de octubre, cuando estaba prevista una huelga indefinida. Los sindicatos médicos habían apostado por esta medida de presión tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros del texto, pero han optado por un aplazamiento ante el adelanto electoral, que ha hecho decaer la norma, que se tramitaba ya en el Congreso como proyecto de ley.

Aunque coordinadas, para el 28 de octubre se habían registrado dos convocatorias de paro. Por un lado, la del Comité de Huelga Médica, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME). Por otro, la de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), que aglutina a las organizaciones de Madrid (Amyts), Catalunya (Metges), Galicia (Omega y Simega), Canarias (Semca) Comunitat Valenciana (Avanza) y Navarra. Todas ellas han optado por aplazar la huelga hasta que haya un nuevo interlocutor válido.

En la práctica, la interlocución con el Ministerio que dirige Mónica García llevaba meses interrumpida, entre acusaciones por ambas partes. Sanidad ha argumentado siempre que las reivindicaciones de los profesionales son competencia de las comunidades autónomas o de otros departamentos, mientras estos han pedido la dimisión de la ministra, que llegó a acusarles de “deslealtad” en la negociación. 

Las consejerías del ramo también reclamaron al Ejecutivo que “reinicie” las conversaciones sobre el Estatuto Marco, algo que, de facto, ocurrirá con el adelanto electoral. “Si la nueva Cámara quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación”, señalaban desde el Comité de Huelga, para quién “este desenlace constituye un éxito indiscutible para las organizaciones convocantes”. “La presión sostenida del colectivo ha frenado una norma que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito daban prácticamente por aprobado desde hace año y medio”, indicaron en un comunicado este miércoles.

Entre otras cosas, la norma reducía las guardias médicas obligatorias de 24 a 17 horas, la jornada laboral máxima a 45 semanales y forzaba la convocatoria de oposiciones cada dos años.

La presidenta de la patronal Cepyme, Ángela de Miguel, ha reiterado que no entienden una huelga general no laboral que va contra las empresas por un problema de vivienda, que ellos también sufren, cuando hay margen para bajar el 40% de impuestos que se pagan, y cuando además el SMI está en 1.900 euros al mes y que lleguen 1.250 al trabajador “es una decisión del Gobierno”.

A preguntas de los medios durante su participación en el acto de presentación de CEOE Mujeres Empresarias Valladolid ha incidido en que Cepyme no tiene “ninguna posibilidad de solucionar este problema, aunque si nos dejaran seguro que lo solucionamos, pero no tenemos competencias en materia de vivienda que nos va a perjudicar ya que la pequeña empresa sufre exactamente igual que el resto de ciudadanos el problema de la vivienda”.

Ha incidido en que además la huelga se intenta justificar por parte de los sindicatos en que los salarios no permiten pagar una vivienda y ha defendido que “se han subido los salarios por encima del IPC y si en la vivienda hay un 40% de impuestos hay margen para bajar”.

“Estamos pagando unos impuestos tan altos para trabajar que, por lo dice la OCDE, pagamos más impuestos en España por trabajar que por consumir”, ha reflexionado.

Por ello, ha planteado que “habrá que ver donde está el verdadero problema porque un Salario Mínimo Interprofesional son 1.900 euros al mes, y que lleguen 1.250 al trabajador es una decisión del gobierno, no de las empresas”.

Sobre la convocatoria electoral, ha recordado que es una decisión del presidente del Gobierno, que respetan. “Lo único que nosotros como siempre pedimos a todos los partidos políticos y vamos a pedirle lo mismo absolutamente a todos por lo que les pedimos es que tengan políticas de estabilidad, que piensen en las empresas pequeñas” y “mantener esa independencia institucional”, ha analizado.

Ha defendido que “es muy importante respeto por el diálogo social que en los últimos años se ha devaluado muchísimo”, y ha reclamado que se respete “la decisión de los ciudadanos españoles”.

Sobre la inflación y el traslado a los salarios, ha dicho que “habrá que ver cómo se cierra el año, porque es verdad que la subida de inflación es del último mes, y entonces hay que ver cómo se va con todo esto”.

“Si cogemos los datos del 2025 los salarios han subido por encima de la inflación”, ha recordado De Miguel, quien ha insistido en que la inflación alta ha sido en los últimos 30 días.

“Entonces hay que dejar tiempo a que se pueda negociar y podamos hablar y se vaya negociando en el diálogo social y en la negociación colectiva”, ha reflexionado.

La presidenta de Cepyme ha participado en la presentación de CEOE Mujeres Empresarias Valladolid, del que formará parte como empresaria vallisoletana, que busca conectar a las empresarias de la provincia, visibilizar su actividad y favorecer la colaboración, con mentorías para las que comienzan o la creación de un directorio y mapa de las empresarias de ese territorio, o reconocimiento de su trabajo.EFE

Con la amenaza de la huelga convocada para finales de mes, patronal y sindicatos han anunciado este jueves que han llegado a un principio de acuerdo para renovar el convenio del sector de la logística en la provincia de Guadalajara.

El preacuerdo incluye subidas salariales, reducción de la jornada laboral y mejora de los pluses de fines de semana.

Las subidas salariales serían del 4,25% en 2026 (atrasos desde el 1 de enero), 3,5% en 2027, 3,5% en 2028 y 3% en 2029, con cláusulas de revisión vinculadas al IPC real. Asimismo, destacan la reducción de jornada a 1.784 horas anuales desde 2027 y la mejora de los pluses vinculados al trabajo durante fines de semana y festivos.

Dicha propuesta viene después de que la convocatoria de huelga en el sector de Guadalajara, cuyos trabajadores están llamados a parar del 28 de octubre al 2 de noviembre.

UGT lo celebra, pero “seguirá peleando”

Desde UGT Guadalajara han celebrado “el desbloqueo” de las negociaciones y que las partes hayan llegado a un preacuerdo, algo que, según afirma el sindicato, “ha sido consecuencia directa y exclusiva de la presión, la movilización y la convocatoria de huelga impulsada por UGT”.

Desde el sindicato reconocen que hay reivindicaciones que se han quedado fuera -como la cuarta paga extraordinaria, o que se reduzca todavía más la jornada- pero por las que seguirán luchando “con uñas y dientes”. Aún así, se muestran satisfechos, argumentado que “de no ser por la presión del UGT no se habría logrado ningún avance para los trabajadores y trabajadoras”.

“Tras 9 meses de negociación durante los cuales las principales empresas del sector se han mostrado impasibles, y no han realizado ninguna oferta que mejorase las condiciones laborales de los más de 45.000 trabajadores y trabajadoras del sector en la provincia, UGT hizo lo que había que hacer: convocar la huelga”, han señalado desde el sindicato.

Los empresarios esperan cuatro años de estabilidad

Por su parte, desde la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España y la Asociación Provincial de Logística de Guadalajara, esperan que el acuerdo dote al sector “de un marco laboral estable durante los próximos cuatro años”, al tiempo que incorporan “mejoras en las condiciones económicas y laborales de las personas trabajadoras y aporta seguridad jurídica a las empresas”.

Ambas patronales destacado que el acuerdo es fruto “del diálogo social y de la voluntad de entendimiento entre las partes”, destacando la importancia de contar con un marco laboral estable para un sector estratégico para la economía y el empleo de la provincia.

“Con este acuerdo, empresas y trabajadores dispondrán de un marco de referencia para los próximos cuatro años, que combina estabilidad, previsibilidad y mejoras en las condiciones laborales, contribuyendo al mismo tiempo a mantener la competitividad de las empresas del sector”, señalan las organizaciones empresariales.

El Sindicato de Maquinistas Semaf ha convocado seis jornadas de huelga, con días de paros de 24 horas y otros parciales, coincidiendo con los puentes de noviembre y diciembre, en la compañía de alta velocidad Ouigo por “la vulneración reiterada de derechos laborales”, ha informado el sindicato en un comunicado.

La convocatoria incluye paros de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre, en torno al puente de Todos Los Santos; y paros parciales los días 6 y 9 de noviembre (puente de la Almudena en Madrid), y 4 y 8 de diciembre (puente de la Constitución).

La protesta en la operadora, filial de la pública francesa SNCF, afectará a miles de viajeros de alta velocidad con destino y origen a 15 provincias: Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Elche, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Valladolid, Segovia, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba.

El sindicato denuncia excesos de jornada, turnos abusivos y falta de descansos, factores que “precarizan gravemente” la labor de los maquinistas y asegura que se están produciendo “reiterados y sistemáticos incumplimientos” del convenio por parte de la empresa en materia de turnos, días de descanso y horas extra, entre otras.

El secretario general de Semaf, Diego Martín, explica en la nota que la empresa resuelve sus carencias organizativas a costa del descanso, la salud y el tiempo libre de los conductores, “negándose a establecer cuadrantes justos o a compensar los excesos que ellos mismos generan”.

Denuncia un impacto directo sobre la fatiga del trabajador debido a las jornadas excesivas y al abuso de los turnos de disponibilidad sin compensar debidamente las horas extras generadas, además de afectar a la conciliación personal y familiar.

También señalan los obstáculos que pone la compañía para el disfrute efectivo de las vacaciones, la obligación de realizar pernoctaciones prolongadas e injustificadas fuera del lugar de residencia, la opacidad en la asignación de los turnos y la negativa de la empresa a computar como tiempo de trabajo las labores previas y posteriores indispensables para iniciar o finalizar un servicio.

Ouigo defiende que está dispuesta a continuar dialogando

Ante la convocatoria de huelga, Ouigo asegura que respeta el “ejercicio de este derecho fundamental”. “La compañía respeta del mismo modo el convenio colectivo de empresa en todas y cada una de las condiciones laborales pactadas en él, convenio firmado en 2024 para todos los empleados. En aquellos aspectos del convenio en los que existen diferencias interpretativas, estas se han venido abordando con la representación de los trabajadores en un diálogo continuado, con la intención de llegar a acuerdos. De igual modo Ouigo respeta cualquiera de los aspectos que en la legislación laboral se ocupan de la salud laboral de sus empleados”.

“Siguiendo con este espíritu”, asegura, la empresa “permanece totalmente dispuesta a continuar estas conversaciones en los próximos días para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes”.

“En cualquier caso, la compañía mantendrá informados a los clientes mediante los canales habituales de cualquier posible afección a los servicios relacionada con esta convocatoria”, añade.

Hay huelgas que necesitan explicarse y otras cuyas razones están a la vista de cualquiera. La que hemos acordado convocar junto a CCOO pertenece a las segundas. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad: el precio de compra subió un 12,2% en el último año, según el INE, y encadena más de doce años de incrementos, mientras los alquileres hace tiempo que dejaron de guardar una relación razonable con los salarios.

Nada de esto ha ocurrido por accidente. Es consecuencia de una especulación desmesurada, de la falta de controles públicos eficaces y de la ausencia de una verdadera política de vivienda en buena parte de las comunidades autónomas. Algunas lo fían prácticamente todo al mercado; otras se mantienen en abierta rebeldía frente a los instrumentos de la ley de vivienda que podrían contribuir a rebajar la tensión sobre un bien que no es un lujo ni una mercancía cualquiera, sino una necesidad básica.

El malestar social que estamos viendo es la consecuencia. Acampadas, concentraciones y grandes manifestaciones se suceden en más de cincuenta ciudades. No son episodios aislados, sino la evidencia de un problema profundo al que durante demasiado tiempo no se le ha prestado la atención que merece.

Convocar esta huelga significa escuchar a toda esa gente. A quien trabaja en un supermercado o en una tienda y destina más de la mitad de su sueldo al alquiler. A quien, después de aprobar una oposición, debe renunciar a la plaza que ha ganado porque su salario no le permite encontrar una vivienda digna. Ocurre en las Islas Baleares, donde el propio delegado del Gobierno ha reconocido que el precio de la vivienda está expulsando a funcionarios y existen servicios públicos con graves dificultades para cubrir sus plantillas.

No es una huelga contra ningún partido político. Es una huelga contra la inacción de quienes, teniendo responsabilidades de gobierno en cualquiera de las administraciones, han preferido no actuar; contra quienes permiten que los fondos buitre campen a sus anchas y toleran que algunos se enriquezcan especulando con un bien esencial. Que cada cual recuerde dónde ha estado cuando se ha intentado intervenir para frenar esa especulación: cuando se reforzó por real decreto-ley la protección de los inquilinos, se limitaron las actualizaciones extraordinarias de los alquileres, se protegió frente al desahucio a las familias vulnerables o se han adoptado medidas para evitar que la vivienda sea tratada únicamente como un activo especulativo.

Pero esta es también una huelga contra la insuficiencia de los salarios. La inflación está desbocada: los precios aumentaron en septiembre un 4,9%, la tasa más elevada de los últimos tres años. Los salarios no avanzan al mismo ritmo y pierden capacidad adquisitiva. Comprar una vivienda se convierte así en una quimera y pagar un alquiler absorbe una parte insoportable de unos ingresos que alcanzan para menos.

Todo ello sucede mientras los beneficios empresariales continúan creciendo. El Observatorio de Márgenes Empresariales, elaborado por el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Agencia Tributaria, sitúa el margen sobre ventas en el 12,8%, más de dos puntos por encima de la media registrada entre 2009 y 2021. En el sector inmobiliario alcanza el 31,1 %, el nivel más alto de la serie. Margen para mejorar los salarios existe; lo que falta es voluntad de repartir de manera más justa la riqueza que genera el trabajo.

Pese a ello, las organizaciones empresariales siguen tratando con desdén nuestra propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Queremos hablar de salarios, naturalmente, pero también de aquello que esos salarios permiten pagar. Por eso hemos planteado incorporar una cláusula vinculada a la vivienda. La negociación colectiva no puede permanecer ajena a uno de los problemas que más condiciona la vida de las personas trabajadoras.

Estamos, en definitiva, ante una crisis que afecta directamente a nuestras condiciones de vida: cuando se trabajan horas extraordinarias que no se pagan; cuando el salario no alcanza para cubrir las necesidades más elementales; y cuando disponer de un techo obliga a dedicar una parte insoportable de los ingresos familiares.

Nuestras reivindicaciones son claras: garantizar el derecho a un techo mediante un parque público suficiente y permanente, limitar los alquileres allí donde sus precios se han vuelto inasumibles, aplicar de forma efectiva la ley de vivienda en todo el territorio y asegurar que los salarios crezcan por encima de los precios.

Porque la crisis residencial y la de los salarios son ya dos caras del mismo problema. De poco sirve proclamar el derecho a una vivienda digna si acceder a un hogar resulta imposible para quien vive de un sueldo. Corresponde a los gobiernos poner límites allí donde el mercado ha demostrado que no sabe ponerlos por sí solo, y a la negociación colectiva asegurar que una parte justa de la riqueza que genera el trabajo vuelva a quienes la producen. Para eso vamos a la huelga. Sobran las razones.

El Sindicato Médico (CESM) y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) han anunciado este miércoles la convocatoria de una huelga indefinida en el Servicio Canario de la Salud a partir del 16 de octubre, por las discrepancias que mantiene el colectivo con la Consejería de Sanidad.

El anuncio de esta huelga se produce el mismo día en que se ha aplazado la protesta laboral de los facultativos a nivel nacional a la espera de que se celebren las elecciones generales y solo una semana después de que UGT firmara un preacuerdo con la Consejería de Sanidad, por el que daba por cerrado, por su parte, el conflicto.

La representante de SEMCA Cristina Escort ha asegurado durante una rueda de prensa que “UGT ha firmado de manera sucia y no representa a los médicos”.

Los sindicatos mayoritarios entre el colectivo médico en Canarias sostienen que la Consejería no ha dado respuesta a los 18 objetivos planteados como parte de un plan estratégico para mejorar sus condiciones laborales y preservar la calidad del sistema público.

Al paro indefinido están convocados 8.000 facultativos en Canarias, incluidos los médicos residentes, un 80% de los cuales respalda la huelga, ha afirmado el presidente de CESM Canarias, Eric Álvarez.

Los sindicatos consideran que las propuestas presentadas por la Consejería de Sanidad contienen “avances limitados y parciales, que siguen siendo insuficientes para dar solución a un problema estructural”.

A su juicio, no ofrecen una solución integral sobre la representación propia del colectivo, la retribución, la atención continuada, la carrera profesional, la estabilidad para el empleo, las agendas asistenciales y las necesidades específicas de Atención Primaria y Hospitalaria.

“Hemos llegado a una situación no deseada después de mucha negociación”, ha lamentado Álvarez, quien ha insistido en que las organizaciones sindicales mantienen su disposición a negociar antes del inicio de la huelga, pero “la desconvocatoria exigiría una respuesta suficiente al conjunto del conflicto, compromisos concretos, verificables y un calendario realista de aplicación”.

Los médicos critican que, durante la negociación, el Servicio Canario de Salud haya pretendido imponer una nueva ordenación del trabajo sin el tiempo de estudio suficiente y sin haberla negociado con los sindicatos, además de no haber tenido en cuenta que los centros son muy diferentes entre sí.

Las reivindicaciones de los facultativos afectan a la representación (interlocución propia y efectiva para médicos y facultativos), la jornada y el descanso (jornadas, guardias, descansos y cargas asistenciales) y las retribuciones (reconocimiento acorde con la cualificación, responsabilidad y competitividad profesional en el contexto del Espacio Económico Europeo).

Los médicos han planteado 18 objetivos de negociación, entre ellos, un Estatuto Médico y Facultativo propio, representación y negociación propias, el impulso y el reconocimiento de la docencia, incrementar el complemento de productividad factor fijo, la revisión e incremento del complemento de productividad variable y la reclasificación del complemento de destino.

También piden que se actualice la carrera profesional, un nuevo modelo de exención de guardias, la reordenación de la atención continuada y los descansos, medidas específicas para médicos mayores de 60 años y un plan de incorporación y retención de especialistas recién egresados.

Otras de las reivindicaciones son estabilidad y empleo fijo, la financiación de un seguro de responsabilidad civil, el refuerzo de la formación continuada, la adecuación de las agendas asistenciales, un concurso de traslados abierto y permamente, la protección del personal en Formación Sanitaria Especializada (MIR, BIR, QIR y otros) y medidas globales para la Atención Primaria.

Además de la huelga indefinida convocada a partir del 16 de octubre, los médicos prevén otras medidas de presión si la Consejería de Sanidad no atiende sus reivindicaciones, como el paro de la actividad docente, científica y de formación de los facultativos.