Los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET) han presentado esta mañana una denuncia contra el Servicio Aragonés de Salud por “vulnerar el derecho a la huelga, por su reiterado incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe con el Comité de Huelga”, han comunicado. Los sindicatos han pedido a la Inspección de Trabajo que levante un acta de infracción “para imponer las sanciones legales y requiera al SALUD para que cese en la conducta descrita y proceda a entablar una negociación real y efectiva”.

Los médicos y facultativos celebran hoy una nueva jornada de huelga autonómica, que continuará hasta el viernes, secundada por en torno al 80% de los profesionales de hospitales y el 50% en Atención Primaria, según datos de los sindicados. También se han celebrado concentraciones de protesta ante el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y el Hospital Obispo Polanco de Teruel; así como ante todos los centros de trabajo para el personal que cumple los servicios mínimos decretados. Con estas protestas reclaman al Gobierno de Aragón “equiparar sus condiciones laborales con las del resto de comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria”. Los datos de seguimiento proporcionados por el Ejecutivo son sustancialmente más bajos: el 9,27 % durante la jornada de mañana, es decir, de un total de 3.646 efectivos reales, han secundado la huelga 338 profesionales.

Esta es la décimo sexta jornada de huelga desde diciembre y, según los convocantes, en todo momento se han mantenido las mismas cifras de seguimiento, “pero que en lugar de atenderlas, el Servicio Aragonés de Salud, como órgano empleador, ha incurrido en conductas contrarias al deber de negociación” y solo ha habido “comparecencias meramente formales de sus representantes, sin voluntad de acuerdo”.

La denuncia a Inspección de Trabajo, que se suma a la ya interpuesta en los Tribunales por servicios mínimos “abusivos” durante la huelga, busca “abrir una auténtica negociación, con propuestas que den respuesta a nuestras demandas para mejorar la calidad asistencial en Aragón”.

La denuncia recuerda que la ley obliga a las dos partes de una huelga a “negociar de forma leal y no obstructiva para poner fin al conflicto, por lo que el Tribunal Supremo ha sentenciado que las conductas empresariales que vacían este principio pueden constituir una vulneración del derecho de huelga”. Las sanciones por incumplir este derecho de audiencia y consulta de los trabajadores y sus representantes es una multa que puede superar, en los casos más graves, los 220.000 euros.

Para los sindicatos médicos de Aragón este es el caso, ya que el Gobierno de Aragón “está afectando gravemente a la atención sanitaria de los ciudadanos”: “Desde la primera convocatoria de huelga, solo se han celebrado dos reuniones sin comunicación ni intención de negociación real”. Los profesionales han subrayado que el “fin principal” de la denuncia es instar al Gobierno de Aragón a entablar una auténtica negociación “para la que siempre hemos tenido la mano tendida”. Así, también se ha solicitado a Inspección de Trabajo que actúe como mediadora, una posibilidad que regula el Real Decreto-Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo.

En aplicación de esta norma, se ha solicitado igualmente que se convoque a las partes, el Servicio Aragonés de Salud y el Comité de Huelga, a una reunión de mediación “a la mayor brevedad posible” y que en este marco “se promueva un proceso de negociación real y efectiva, de buena fe, orientado a la solución del conflicto”.

Mañana, junto con los paros se realizarán nuevas concentraciones al mediodía en los hospitales Miguel Servet (Zaragoza) y Obispo Polanco (Teruel) y los cinco días de huelga autonómica enlazarán con una nueva convocatoria nacional del 27 al 30 de abril, que también reclama al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio de médicos y facultativos. Si sigue sin haber respuesta, el siguiente paro, nacional y autonómico, de médicos y facultativos, será del 18 al 22 de mayo.

Reunión del consejero con representantes sindicales

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero Flores, y la gerente del SALUD, Ana Castillo, han mantenido este martes reuniones con miembros de todos los sindicatos que tienen representación en la Mesa Sectorial de Sanidad. En primer lugar, ha sido convocado el sindicato CEMS y posteriormente SATSE; CSIF; CC. OO; UGT; FASAMET y FTPS. Según ha informado el Gobierno de Aragón, el consejero y la gerente del SALUD han querido “trasladar su respeto hacia la postura de los convocantes de la huelga y reafirmar su compromiso con el diálogo y la transparencia”.

Las mismas fuentes han recordado que, “desde el inicio de la legislatura (2023) se ha trabajado en un plan de mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales del sistema sanitario aragonés, diseñado para desarrollarse a lo largo de los cuatro años”. Las reuniones celebradas hoy “responden al compromiso adquirido por el consejero de Sanidad de mantener un diálogo constante con las organizaciones sindicales”.

La huelga indefinida de la educación infantil en Madrid escala a todo el Estado. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha convocado, con el respaldo jurídico de CGT, un paro nacional el próximo 7 de mayo, seguido de una gran marcha de todos el día 23 en Madrid, para denunciar en todo el país las condiciones en que se da (y recibe) clase en el primer ciclo de Educación Infantil, para bebés de entre 0 y 3 años. CCOO se ha sumado a la convocatoria este martes.

Las trabajadoras de infantil son las profesionales con peores condiciones de toda la educación. El 0-3 es un sector atomizado, con diferentes modelos (hay públicos, privados y públicos de gestión privada) y responsables: hay escuelas municipales y las hay autonómicas e incluso hay diferentes figuras profesionales (educadoras y maestras) atendiendo a los bebés.

Pero hay un elemento transversal a todo el sector: la precariedad. Aunque en los centros públicos las condiciones son mejores que en los privados, hay mujeres (el 95% de las profesionales lo son en esta etapa) cobrando poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a cambio de ocuparse de varios bebés.

Con esta situación, y ante la evidencia de que la única mejora que han visto en los últimos años ha sido la derivada de la subida del SMI, el sector ha dicho basta. PLEI prendió una mecha con la convocatoria de un paro indefinido hace dos semanas que ahora se traslada a todo el estado.

PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

También exige la plataforma la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

La plataforma se reunió hace unos días con la ministra de Educación, Milagros Tolón, y le ha arrancado a la responsable un compromiso para “empezar” los trabajos destinados a revisar las ratios en la etapa “antes del verano”. España tiene uno de los números de alumnado por aula más altos de Europa en la etapa del 0-3. Salvo alguna excepción, lo normal son ocho niños por clase entre 0 y 1 año, 12 entre uno y dos y 18 entre dos y tres. Y la normativa ni siquiera obliga a que haya una maestra por aula, solo una por cada tres, según los sindicatos, por lo que es posible (y pasa) que una educadora esté sola con hasta 18 bebés.

En los últimos años, el Gobierno ha invertido cientos de millones de euros (la mayoría, de fondos europeos) en financiar la creación de plazas de infantil en las comunidades autónomas (que tienen las competencias), pero apenas ha mejorado las condiciones laborales de sus trabajadoras.

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*Este artículo ha sido modificado para señalar que la huelga la convoca CGT junto a la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). CCOO se ha sumado a la convocatoria.

Los sindicatos consideran que la reunión mantenida este lunes con la consellera de Educación, Carmen Ortí, en la mesa sectorial “no ha servido” para “arrancar” un compromiso real y efectivo de comenzar una negociación real y efectiva. “Ha insistido de nuevo en que no se pueden comprometer a negociar este aumento, a pesar de que han informado de que están en conversaciones con Hacienda, y tampoco han querido avanzar cuáles son las propuestas retributivas que están trasladando a Hacienda”, han apuntado desde el Stepv.

El sindicato ha recordado que, siempre que se han negociado aspectos que afectan a los presupuestos, la negociación en la mesa sectorial ha ido en paralelo a las consultas con Hacienda para ligar lo que se está negociando en la mesa, “pero esta vez, ni tan solo eso”.

Sobre el resto de temas de la plataforma reivindicativa, la impresión que ha sacado Stepv es “básicamente” la misma que respecto a las retribuciones: “Todo lo que cueste dinero será complicado negociar”. Y, de nuevo, la Conselleria “ha insistido en que exijamos al Estado que financie a las comunidades autónomas la bajada de ratio prevista por el Ministerio de Educación”.

Por tanto, ante lo que consideran una respuesta “frustrante” de la titular de Educación, el sindicato hace un llamamiento al profesorado para trabajar en la organización de la huelga indefinida en la que “se está trabajando de forma unitaria, por medio de encuestas y asambleas de centro, porque es la única opción que tiene el conjunto del profesorado y los sindicatos para conseguir mejoras en este contexto”.

Petición de responsabilidad a los sindicatos

La consellera Carmen Ortí ha calificado el encuentro de “cordial” y “amable”, en el que cada uno ha expuesto “lo que ha considerado oportuno”. “Lo más importante es poner en valor que este es un Gobierno dialogante y que por primera vez, después de once años, está sobre la mesa la valoración de la situación docente porque nuestra intención es mejorarla”, ha expuesto la titular de Educación.

“Es importante recordar que durante los ocho años del Botànic ni siquiera estuvo en el calendario de negociaciones este aspecto y, a día de hoy, estamos trabajando en él”, ha insistido Ortí, quien ha reiterado que depende de los presupuestos y de la financiación que se pueda conseguir, “pero seguro que llegaremos a un acuerdo”.

En este sentido, consideraba que los sindicatos van a ser “responsables, sobre todo con la protección de los derechos del alumnado”, y “dado que hay una posición de diálogo y de llegar a acuerdos, creo que van a tener en cuenta no causar ningún tipo de lesión a los derechos de los alumnos y alumnas”.

Los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA convocan este lunes una huelga del personal de las gasolineras para los días 30 de abril y 3 de mayo de 2026 con el objetivo de “desbloquear la negociación del convenio colectivo, la retirada de propuestas salariales y el intento de imponer recortes encubiertos”.

Los sindicatos exigen un incremento salarial mínimo del 2% anual y un mecanismo de garantía que asegure, por lo menos, la actualización conforme al IPC real más un 0,5%. Esto se añade a otras reivindicaciones como la conciliación, la reducción de jornada o la mejora de los pluses.

Reclaman un convenio “digno” que garantice salarios “justos” y derechos “reales” para los trabajadores. Los sindicatos culpan así a la patronal de “bloquear” la negociación y de dar un “paso atrás inadmisible” al retirar propuestas previamente planteadas. Eso, consideran CCOO y UGT, supone un “planteamiento económico regresivo” y un “ataque directo a las plantillas”.

Sobre los detalles de la huelga, informan de que se desarrollará el 30 de abril de 2026, de 12:00 a 16:00 horas, y el 3 de mayo de 2026 durante toda la jornada, coincidiendo por tanto con el regreso del puente de mayo.

Los sindicatos acusan a la patronal de beneficiarse de los altos precios de la energía, derivados de la guerra de Irán, para aumentar sus ingresos mientras los salarios de los trabajadores en el sector continúan “por los suelos”. Además, el hecho de no actualizar los salarios y reducir así el poder adquisitivo supone “trasladar el coste de la situación económica a las personas trabajadoras”.

Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Madrid... En los últimos meses ha habido huelgas, paros y/o manifestaciones docentes en media España porque el profesorado, desde Infantil hasta el Bachillerato, está harto de las condiciones en las que ejerce la profesión y lo que recibe a cambio. Cuentan los educadores que perciben que la sociedad no valora su labor, un intangible que puede que no saque a nadie a la calle, pero mina el ánimo, y no poco. “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias”, pide Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid, “a fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”.

Profesores y maestros salen a la calle o se encierran en centros para protestar por las condiciones materiales e inmateriales en que trabajan por todo el país. Hay problemas generales y problemas particulares en algunos territorios o etapas, pero todos llevan a la misma conclusión: la docencia se ejerce en condiciones cada vez peores y, en los últimos años, Lomloe mediante, la situación se ha vuelto más complicada porque la ley exige una atención individual al alumnado difícil de cumplir.

El exceso de estudiantes por aula, las horas lectivas semanales, los salarios, la temporalidad de buena parte de las plantillas, que además tiene peores condiciones, o la interminable burocracia aparecen en todas las encuestas como los principales problemas del día a día del colectivo; las familias contestatarias o incluso que acuden a las reuniones con tutores con abogados, la gestión emocional del alumnado, controlar las crecientes conductas autolíticas en los centros, el acoso, los móviles y las redes sociales, junto a una sensación de abandono de la educación pública en algunas comunidades autónomas completan un frente de batalla demasiado grande para gestionar.

Y los docentes, cansados, salen a protestar. El descontento es tan generalizado que ha conseguido que sindicatos de ideologías contrarias se pongan de acuerdo para cerrar acciones reivindicativas. Desde las mareas verdes, que inundaron las calles contras los recortes la década pasada, no se manifestaba tanto hartazgo. En un sector que ya tiene problemas para atraer a profesionales, sobre todo en determinados perfiles técnicos, uno de cada cinco profesores de Secundaria se plantea dejarlo, según una macroencuesta a docentes. Uno de cada seis sufre altos niveles de estrés.

De Catalunya a Galicia

En Catalunya hubo hace un mes una manifestación histórica bajo el lema ¡Basta! ¡Mejoras laborales ya! A la educación: más salarios, más recursos, menos ratios, menos burocracia; miles de personas salieron a la calle en Zaragoza en defensa de la educación pública a principios de año tras tres días de huelga; hace un año el profesorado vasco le echó un pulso de cinco días al Gobierno autonómico y lo ganó; Galicia va a por el sexto día de huelga en lo que va de curso para reivindicar mejoras de las ratios, atención a la diversidad o la recuperación de derechos perdidos la década pasada; los docentes cántabros también sacaron rédito de una huelga en octubre seguida de paros este 2026; sus colegas asturianos exigieron mejoras con una huelga el pasado verano. En Extremadura el profesorado salió a la calle para pedir una equiparación salarial con otras comunidades en un aspecto que provoca gran fricción según dónde: las diferencias en las nóminas entre regiones pueden llegar hasta los 700 euros al mes.

Este mismo viernes los principales sindicatos valencianos amenazan con darle continuidad a la huelga del pasado 31 de marzo con más paros. En Madrid la comunidad educativa lleva como mínimo un par de años protestando por cuestiones varias y estos días las educadoras de infantil, las trabajadoras más precarias de todo el sector educativo, están llevando a cabo una huelga indefinida porque no pueden más. Y eso sin contar al sector universitario, en guerra abierta con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Todos ellos, de infantil a la universidad, salen a la calle este domingo en la capital a decirle a la mandataria lo que piensan de su política educativa. En Castilla-La Mancha también ha habido protestas recientes.

El Ministerio de Educación tiene un margen de actuación limitado porque las competencias son autonómicas, pero sí está en su mano sacar adelante el estatuto docente, una norma que regule la carrera (ahora mismo no existe nada), la formación inicial, continua, el acceso y otras condiciones como las horas lectivas o las ratios (luego los Ejecutivos autonómicos pueden mejorar esos mínimos).

El anterior equipo ministerial, liderado por Pilar Alegría, abrió ese melón (tampoco era voluntario, estaba establecido en la ley) que continúa la actual responsable, Milagros Tolón, y está tramitando en el parlamento una bajada de las ratios y las horas lectivas, aunque aprobó el primer borrador en noviembre y no se ha vuelto a saber. Todo va muy despacio. Las negociaciones empezaron en enero de 2025 y los docentes aún no tienen nada que echarse a la boca, recuerda García. “La legislatura del profesorado”, como la definió el Gobierno, amenaza con concluir a medias.

¿Qué está pasando?

¿Se ha deteriorado tanto la situación o simplemente el goteo de agravios sentidos ha acabado por desbordar el vaso? En los últimos meses se suceden los estudios y encuestas que tratan de dar respuesta a la cuestión. CCOO habla de aulas más complejas y menos recursos; STES de burocracia, aulas masificadas y faltas de respeto, el think tank EsadeEcPol añade un peor clima de aprendizaje, salarios estancados o falta de políticas públicas específicas. Además, según avanza el curso más se nota el agotamiento.

“Está pasando que la complejidad en las aulas ha aumentado”, resume Teresa Esperabé, secretaria de la Federación de Educación de CCOO. “En los últimos seis años el alumnado con necesidades educativas especiales ha subido un 75%, pero los recursos un 25%. Hay una sobrecarga de trabajo que, unida al paso de los años y la falta de inversión de las comunidades autónomas, conforman una tormenta perfecta para que exista ese malestar”, opina.

Su homóloga Beatriz García, de UGT, habla de “maltrato” a los docentes y recuerda que son el único grupo de funcionarios que no ha visto una reversión total de los recortes que empezaron en 2010 a raíz de la crisis de hipotecas. “Pasa el tiempo y no se avanza en nada. Hay mucha voluntad de poner en marcha nuevas normas y decretos que avancen en nuevas y mejores condiciones para el profesorado, la gratuidad del 0-3, etc., pero los pasos que se dan son muy pequeños. Dos para delante y tres para atrás”, sostiene.

La directora Rocha hace especial hincapié en la burocracia, y señala directamente a la Lomloe. La ley educativa, aprobada en 2021 como respuesta a la segregadora Lomce del PP, propone una atención individualizada que, según Rocha, “ha cambiado la realidad del profesorado”. “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... que hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Faltan recursos para atender todo lo que la ley pide, coincide Esperabé. “Falta personal de apoyo educativo, orientador, de enfermería”, sostiene. En Madrid, por ejemplo, no hay un solo centro que tenga la plantilla completa, según denunciaron los directores hace unos meses.

Esta falta de personal no es óbice para que las tareas de los docentes se multipliquen, recuerda Rocha, y los docentes sienten que les caen “todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”.

Y sienten que a cambio no reciben lo que merecen, desde un cierto reconocimiento social hasta un salario acorde. “No es medible”, concede Esperabé, “pero ese papel y reconocimiento docente que antes estaba ahí ahora ya no”, asegura. Rocha coincide en que las familias –no todas, sí muchas– han perdido el respeto al profesorado y lo que antes era un apoyo incondicional ahora es defender al hijo sí o sí, cuando no se presentan con un abogado, casos no muy habituales, pero que se empiezan a dar, asegura. “Cuestionan nuestro trabajo, cuestionan las sanciones, se pone en duda la palabra del profesor... Esas actitudes socavan mucho el ánimo y el bienestar emocional del profesorado. Y hablamos mucho del bienestar del alumnado, pero ¿y los profesores? De eso no se habla, pero cada vez hay más bajas por esta cuestión”, sostiene. Raro es el docente que no conoce a algún compañero que haya estado de baja por estas razones. “Tienen que cuidarnos un poco más, hacemos muy buen trabajo para la sociedad”, cierra Rocha.

UGT ha cifrado entre el 60 y el 65% el seguimiento de la huelga en el comercio textil de Cantabria contra el nuevo convenio estatal de las grandes cadenas y ha destacado que el “gran respaldo” a esta movilización ha cerrado algunas tiendas en Santander.

La huelga ha sido convocada en solitario por UGT contra el convenio que se aplicará en las empresas con más de 400 trabajadores, una superficie mínima de 3.500 metros cuadrados o que tengan tiendas en tres comunidades.

“Es muy difícil que estas grandes marcas del sector cierren, aunque algunas lo han hecho y se está consiguiendo un gran respaldo de las personas trabajadoras”, ha valorado la secretaria del Sector de Comercio de la Federación de Servicios de UGT en Cantabria, Noemí Secadas, en un comunicado.

El convenio colectivo estatal de la Asociación Retail Textil España (ARTE) suscrito por la patronal del sector con los sindicatos CCOO y Fetico el pasado 23 de marzo afecta a 3.000 personas en la comunidad autónoma.

UGT reclama que se excluya del acuerdo a Cantabria como se ha hecho en el País Vasco y advierte de que seguirá adelante con las movilizaciones si la comunidad no sale del acuerdo estatal. Según Secadas, con el nuevo convenio los trabajadores pierden poder salarios y pluses por festivos y sábados por la tarde. 

Marco común

Ante la convocatoria de huelga de UGT, la patronal nacional del sector textil, Asociación Retail Textil España (ARTE), emitió un comunicado para defender la necesidad de un convenio estatal como “marco común de referencia que elimine las desigualdades”. En este sentido, defendió que el preacuerdo define seis categorías profesionales homogéneas para todo el territorio y aseguró que el texto incorpora “diversas mejoras”.

Para Ana López-Casero, presidenta de ARTE, “los puntos ya fijados en el preacuerdo no sólo suponen una mejora significativa de las condiciones laborales para un colectivo de más de 100.000 personas en toda España, sino que establecen garantías adicionales”.

La huelga indefinida convocada por Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO para los controladores de Saerco, compañía que gestiona el tráfico en nueve aeropuertos, comienza este viernes 17 de abril a las 00.00 horas en nueve aeropuertos. Entre ellos, el de Jerez de la Frontera y el de Sevilla a escasas jornadas de que comiencen tres macroeventos: la final de la Copa del Rey, la Feria de Sevilla y, próximamente, el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez.

Aparte de los aeródromos andaluces, Saerco gestiona el control de tráfico aéreo de los aeropuertos de A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, Vigo, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. La huelga afectará a 104 trabajadores y, en un comunicado, los sindicatos han indicado que su decisión de convocar la huelga está destinada a denunciar la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional.

Entre las causas de la huelga, USCA y CCOO citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso “abusivo” de las disponibilidades, cambios de turno comunicados “con escaso margen”, falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias. Las organizaciones convocantes advierten además de que la seguridad aeronáutica “no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente”.

Sevilla y Jerez

A través de las redes sociales, USCA señala que la torre de control en Jerez de la Frontera ha sufrido un recorte del 35% de controladores aéreos operativos que tienen que gestionar el aumento progresivo en el número de operaciones, que alcanza hasta un 35%. “Llevar a los controladores aéreos al límite es inaceptable”, denuncian.

En cuanto al de Sevilla, aseguran que en 2012, bajo la gestión pública de Aena, se contaba con 18 controladores para “garantizar la seguridad”. Una cifra que se ha reducido a los 12 compañeros a raíz de la entrada de Saerco. Este decrecimiento va en detrimento del aumento de la carga de trabajo, ya que en apenas una década se han pasado de las 48.520 operaciones anuales a las más de 73.1000 operaciones que se registraron en 2025, aseguran en un comunicado. “¿Se está poniendo en riesgo la seguridad aéreo por maximizar beneficios”, cuestionan.

Servicios mínimos

Los sindicatos y la compañía se reunieron este miércoles para tratar de encontrar un punto común que permitiera desconvocar la huelga, pero finalmente la acción sindical sigue adelante en lo que se prevé como un fin de semana de alta ocupación, ya que, solo en torno a la final de la Copa del Rey se habían programado unos 50 vuelos extra en la ciudad que deben integrarse a la media diaria de 185 vuelos comerciales.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos para esta huelga del 100% para vuelos dedicados a emergencias, de Estado, traslados policiales y vigilancia; de entre el 66% y el 83% para vuelos domésticos a territorios no peninsulares; entre el 51% y el 59% para los vuelos peninsulares con alternativa de transporte superior a cinco horas e internacionales, y de entre el 34% y el 36% para los vuelos peninsulares con alternativa de transporte inferior a cinco horas: Protección reducida de entre el 34% y el 36%.

Derechos de los pasajeros

Ante esta huelga, Facua recuerda a todos los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga que tienen derecho a la devolución del importe del billete o a la conducción hasta el destino final en un vuelo alternativo. Así, ante la previsión de que esta huelga pueda resultar en cancelaciones o retrasos de los vuelos programados para esos días, Facua recuerda que los afectados tienen derecho al reembolso integro del billete o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 261/2004.

Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, la asociación recuerda que el artículo 9 de la normativa europea obliga a la empresa a ofrecer a los pasajeros afectados comida y refrescos suficientes, alojamiento en un hotel si fuera necesario en el supuesto de que se haya optado porque se proporcione un vuelo alternativo, y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel.

Por su parte, OCU recuerda a los viajeros afectados que, además de su derecho al reembolso del precio del billete pueden reclamar una compensación adicional según la distancia y el ofrecimiento o no de un vuelo alternativo que podrá llegar hasta los 600 euros.

La Conselleria de Educación no ha captado el mensaje que enviaron los docentes y gran parte de la comunidad educativa valenciana con la huelga general en Educación del pasado 31 de marzo. Aquel paro, convocado por los sindicatos STEPV-Iv, CSIF, CCOO PV y UGT-PV con el respaldo mayoritario de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, tuvo un notable seguimiento que se vio refrendado con movilizaciones en las tres capitales valencianas, en las que miles de maestros y profesores salieron a la calle para reclamar al departamento que dirige Carmen Ortí y al Gobierno de Pérez Llorca que se les escuche.

Los sindicatos consideran que la Conselleria de Educación les “aboca directos” a la huelga indefinida a partir del próximo mes de mayo tras la Mesa Sectorial convocada este jueves para tratar la mejora salarial del profesorado, de modo que se produzca una equiparación con los trabajadores del sector en otras comunidades autónomas. Las plataformas sindicales han calificado el encuentro de “inútil”, “decepcionante”, “engaño” y de “auténtica pérdida de tiempo”.

“Vaciar de contenido las mesas sectoriales y esconder su inacción detrás de la excusa recurrente de la falta de presupuestos ya no se sostiene”, señalaba Xelo Valls desde CCOO PV, quienes insistían en que lo que existe es una “falta de voluntad política” por parte del Consell, mientras que UGT-PV censura que no haya habido “ninguna negociación real”.

Valls censuraba la “falta de previsión”, el “goteo de excusas” y la “total falta de respeto” de la Conselleria a los más de 77.000 docentes valencianos: “Estamos ante una maniobra dilatoria y calculada de la Administración”.

Además, los sindicatos creen “inaceptable” el calendario de cuatro meses de negociación y han exigido una “compactación” de las fechas para poder negociar antes de la primera semana de mayo todos los temas que los representantes de los docentes han puesto sobre la mesa. “Una propuesta que también se ha quedado sobre la mesa”, se lamentaba desde el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (STEPV), Marc Candela.

En este mismo sentido se expresaban desde CSIF, quienes lamentaban el “tacticismo político” de la Administración al intentar alargar la negociación hasta otoño y supeditarlo todo a “circunstancias externas”. “La Conselleria no ha presentado ninguna propuesta concreta sobre retribuciones y se ha limitado a plantear un calendario que pretende alargar el proceso negociador hasta el otoño”, insistían desde UGT-PV.

Los representantes sindicales también han criticado la ausencia de la consellera y del secretario autonómico, Daniel McEvoy, en la reunión de este jueves, “lo que deja bien clara su falta de voluntad para mejorar las condiciones laborales de maestros y profesores”.

Gasto “excedido” en 8.000 profesores

Pablo Ortega, director general de Personal Docente, explicaba tras la reunión con los sindicatos en la que la Conselleria les ha explicado “la situación en la que nos encontramos: hemos superado el límite establecido por la ley de presupuestos en más de 8.000 profesores, por lo que a día de hoy no podemos hacerles una propuesta —de mejora salarial— por ese exceso de gasto”, aunque aseguran que mantienen el compromiso de seguir con la negociación y que les trasladarán una propuesta de incremento salarial “en el momento en que podamos, es decir, cuando la ley de presupuestos lo contemple”.

Por lo que respecta a la solicitud de reunión con la consellera, Ortega ha confirmado que Ortí recibirá a las plataformas sindicales el próximo lunes: “La consellera va a tener el gesto de recibirles para escuchar cuáles son sus peticiones y sus inquietudes, y para manifestarles que ella está comprometida en primera persona con esta negociación”.

Por su parte, el diputado de Compromís, Gerard Fullana, mostraba su apoyo a los docentes y lamentaba que el departamento que dirige Ortí es una Conselleria “clasista, que está en contra de la igualdad de oportunidades y de ahí la negativa permanente a incrementar las mejoras en la escuela pública”. “Pensamos que hay margen de mejora de las condiciones laborales”, aseguraba el parlamentario valencianista, que recordaba que Compromís ha presentado una propuesta “concreta” en las Corts “que está encima de la mesa, y llevamos tres meses esperando que la consellera nos llame para poder negociar, ya que presume tanto de querer dialogar sobre elementos clave para la educación pública valenciana”.

La Conselleria d’Educació no ha captat el missatge que van enviar els docents i gran part de la comunitat educativa valenciana amb la vaga general en Educació del 31 de març passat. Aquell atur, convocat pels sindicats STEPV-Iv, CSIF, CCOO PV i UGT-PV amb el suport majoritari de la Plataforma per l’Ensenyament Públic, va tindre un seguiment notable que es va veure confirmat amb mobilitzacions en les tres capitals valencianes, en què milers de mestres i professors van eixir al carrer per reclamar al departament que dirigeix Carmen Ortí i al Govern de Pérez Llorca que se’ls escolte.

Els sindicats consideren que la Conselleria d’Educació els “aboca directes” a la vaga indefinida a partir del pròxim mes de maig després de la mesa sectorial convocada dijous per a tractar la millora salarial del professorat, de manera que es produïsca una equiparació amb els treballadors del sector en altres comunitats autònomes. Les plataformes sindicals han qualificat la trobada d’“inútil”, “decebedora”, “engany” i d’“autèntica pèrdua de temps”.

“Buidar de contingut les meses sectorials i amagar la seua inacció darrere de l’excusa recurrent de la falta de pressupostos ja no se sosté”, assenyalava Xelo Valls des de CCOO PV, que insistien que el que hi ha és una “falta de voluntat política” per part del Consell, mentre que UGT-PV censura que no hi haja hagut “cap negociació real”.

Valls censurava la “falta de previsió”, el “degoteig d’excuses” i la “falta total de respecte” de la Conselleria als més de 77.000 docents valencians: “Estem davant una maniobra dilatòria i calculada de l’Administració”.

A més, els sindicats creuen “inacceptable” el calendari de quatre mesos de negociació i han exigit una “compactació” de les dates per a poder negociar abans de la primera setmana de maig tots els temes que els representants dels docents han posat damunt la taula. “Una proposta que també s’ha quedat damunt la taula”, es lamentava des del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament (STEPV), Marc Candela.

En aquest mateix sentit, s’expressaven des de CSIF, que lamentaven el “tacticisme polític” de l’Administració en intentar allargar la negociació fins a la tardor i supeditar-ho tot a “circumstàncies externes”. “La Conselleria no ha presentat cap proposta concreta sobre retribucions i s’ha limitat a plantejar un calendari que pretén allargar el procés negociador fins a la tardor”, insistien des d’UGT-PV.

Els representants sindicals també han criticat l’absència de la consellera i del secretari autonòmic, Daniel McEvoy, en la reunió de dijous, “cosa que deixa ben clara la seua falta de voluntat per a millorar les condicions laborals de mestres i professors”.

Despesa “excedida” en 8.000 professors

Pablo Ortega, director general de Personal Docent, explicava després de la reunió amb els sindicats que la Conselleria els ha explicat “la situació en què ens trobem: hem superat el límit establit per la llei de pressupostos en més de 8.000 professors, per la qual cosa hui dia no podem fer-los una proposta —de millora salarial— per aquest excés de despesa”, encara que asseguren que mantenen el compromís de continuar amb la negociació i que els traslladaran una proposta d’increment salarial “en el moment en què puguem, és a dir, quan la llei de pressupostos ho preveja”.

Pel que fa a la sol·licitud de reunió amb la consellera, Ortega ha confirmat que Ortí rebrà les plataformes sindicals dilluns que ve: “La consellera tindrà el gest de rebre’ls per a escoltar quines són les seues peticions i les seues inquietuds, i per a manifestar-los que ella està compromesa en primera persona amb aquesta negociació”.

Per part seua, el diputat de Compromís, Gerard Fullana, mostrava el seu suport als docents i lamentava que el departament que dirigeix Ortí és una Conselleria “classista, que està en contra de la igualtat d’oportunitats i per això la negativa permanent a incrementar les millores a l’escola pública”. “Pensem que hi ha marge de millora de les condicions laborals”, assegurava el parlamentari valencianista, que recordava que Compromís ha presentat una proposta “concreta” en les Corts “que està damunt de la taula, i ja fa tres mesos que esperem que la consellera ens avise per a poder negociar, ja que presumeix tant de voler dialogar sobre elements clau per a l’educació pública valenciana”.

Los sindicatos médicos CESM y Fasamet retomarán la huelga del lunes 20 al viernes 24 de abril “para que el Gobierno de Aragón escuche alto y claro que no vamos a ceder”, según han señalado. Se trata de la cuarta convocatoria en Aragón y la sexta a nivel nacional, en un contexto en el que cada semana de paro deja más de 1.000 intervenciones quirúrgicas suspendidas, además de otras no programadas —“porque Sanidad ya sabe que se van a suspender con la huelga”— y alrededor de 15.000 consultas afectadas.

“Pretenden que nos cansemos, pero cada día estamos más convencidos”, afirma Javier Martínez, jefe del servicio de Anestesiología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. No obstante, también se han comprometido a canalizar la situación cuando lleguen a un acuerdo “porque estamos deseando trabajar bien y en condiciones de asegurar la calidad asistencial. Y nos saltaremos el horario si es necesario”, ha asegurado.

Entre sus principales reivindicaciones figura la equiparación de las condiciones laborales con las de otras comunidades autónomas, así como el cumplimiento de los acuerdos sobre atención primaria firmados en 2023 con el anterior Ejecutivo y en 2025 con el actual Gobierno en funciones, que contemplan que las citas médicas no superen los tres días de espera.

Tras las críticas del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, quien ha advertido de que una nueva huelga supondría “una catástrofe” para el sistema, el presidente de Fasamet, Leandro Catalán, ha anunciado la posible interposición de una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Considera que el Ejecutivo autonómico está vulnerando el derecho a la huelga al escudarse en su situación de interinidad para evitar negociar con el comité.

En la misma línea, la secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, ha denunciado un “doble rasero” en la actuación del Gobierno en funciones: “Vemos cómo se concierta el bachillerato o se firman contratos-programa, pero no se abordan otras cuestiones. Ellos sabrán qué les permite hacer unas cosas y no otras”.

Ortín también ha comparado la actitud negociadora del Ejecutivo autonómico con la del Ministerio de Sanidad, que considera “más receptiva pese a maniobras previas poco adecuadas”, y ha criticado los intentos de dividir a médicos y enfermeras: “Es el colmo tratar de poner en un compromiso a las enfermeras. Nosotros nunca nos hemos enfrentado a otras categorías profesionales”. Asimismo, ha hecho un llamamiento al Gobierno de Jorge Azcón para que sitúe este conflicto entre sus prioridades.

Los sindicatos insisten en que la huelga responde a la falta de avances en sus demandas, entre ellas la mejora de las condiciones laborales y el fin de la precariedad que, aseguran, empuja a muchos profesionales a abandonar Aragón.

Beatriz Forniés, anestesista del Hospital Miguel Servet, ha detallado algunas de las situaciones que denuncian: jornadas que se prolongan hasta 17 horas, encadenamiento de guardias —con hasta tres turnos de 24 horas en una semana—, ausencia de pluses de turnicidad y la falta de reconocimiento de la jubilación anticipada, pese a realizar hasta 1.000 horas más al año que otros trabajadores. En este contexto, también ha arremetido contra el resto de organizaciones sindicales “que no nos representan porque para ellos no somos trabajadores”.

Forniés ha pedido comprensión y paciencia a los pacientes y ha garantizado que se atenderán todas las situaciones urgentes durante la huelga. A sus compañeros les ha trasladado un mensaje de firmeza: “Nunca dimos la importancia que merece nuestra profesión, pero eso ha terminado. Comienza una nueva etapa”.

Movilizaciones

Además de los paros, los sindicatos han convocado una concentración el lunes 20 de abril a las 12.00 horas frente a la sede del Servicio Aragonés de Salud, en la plaza de la Convivencia de Zaragoza.

Asimismo, en el ámbito estatal, los médicos volverán a movilizarse del 27 al 30 de abril en la que será la sexta huelga nacional y quinta en Aragón, para reclamar un Estatuto Marco propio que ponga fin a prácticas como las guardias obligatorias y mal remuneradas. El 29 de abril hay prevista una manifestación a las 18.00 horas, que partirá del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y concluirá en la Delegación del Gobierno, en la plaza del Pilar.

El martes 14 de abril la plantilla Txinzer ha cumplido 100 días de huelga indefinida. Este miércoles, el comité de la empresa pública, dependiente de los ayuntamientos de Irún y Hondarribia, ha declarado ante los medios que alcanzar esta cifra evidencia el “no querer resolver el conflicto”. Asimismo, advierte de que la falta de “avances en la negociación” ya está generando consecuencias en los servicios públicos de ambos municipios.

Alaitz Egiazabal, presidenta del comité de empresa, afirma que el conflicto se origina en un “deterioro de las condiciones laborales” prolongado en el tiempo. En comparación con otros servicios públicos similares, señala que los trabajadores acumulan “veinte puntos de pérdida de poder adquisitivo”. Según explica, el salario de un subcontratado ronda los 33.000 euros anuales, el de un trabajador interno los 28.000, mientras que la nueva propuesta lo reduciría a 26.000 euros.

La brecha salarial, añade Egiazabal, se triplica entre directivos y operarios, lo que considera una muestra “de un modelo claramente clasista” en la empresa. A ello se suma la falta de reconocimiento de la labor de los operarios, sin tener en cuenta la “toxicidad, peligrosidad y penosidad” de muchos puestos.

Seis meses antes de convocar la huelga, el comité intentó negociar sin éxito con la empresa. Ante la falta de avances, recurrieron al sindicato ELA y, desde el 5 de enero, los trabajadores se encuentran en huelga, que desde el 6 de febrero es indefinida. ELA ha denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo y ha interpuesto una demanda en el juzgado de lo social por esquirolaje, es decir, por sustituir a trabajadores en huelga. La Constitución Española recoge en su artículo 28.2 el derecho fundamental a la huelga, que prohíbe esta práctica. Egiazabal ha señalado que el día anterior conocieron la sustitución de un miembro del comité de huelga.

La presidenta describe “una estrategia clara” por parte de la empresa: “reuniones sin contenido, calendarios abiertos, sin propuestas y dilación constante”. Reclama “decisiones políticas” y sostiene que existe una solución “sobre la mesa que supone menos de un 1%” del presupuesto de Txinzer para 2026. Insiste en que la empresa busca “alargar para descargar” mientras “intenta trasladar una imagen de normalidad que no existe”.

Las consecuencias del conflicto ya son visibles en Hondarribia, donde la atención pública y el Garbigune permanecen cerrados. Tampoco se están limpiando los depósitos de agua ni la red de alcantarillado, ni se realizan mantenimientos preventivos. Además, más de 24.000 hogares han recibido un recibo de agua incorrecto debido a la implantación de un nuevo sistema, lo que ha generado perjuicios económicos. Egiazabal advierte de que, si la situación continúa, podrían producirse daños en las instalaciones, malos olores y la aparición de ratas y cucarachas.

Carina Escobar (Santa Cruz de Tenerife) es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), a quien el Ministerio de Sanidad enconmendó la labor de mediar en el conflicto abierto con los sindicatos médicos y ayudar a buscar una solución que evite la huelga prevista para la semana del 27 de abril y con la que se sumarían ya 25 días de paro en lo que va de año. Pero su designación no sentó bien al Comité de huelga, que consideró a los pacientes parte implicada, y se abstuvo de entrar en la reunión que iba a celebrarse el pasado miércoles.

Escobar es cauta en sus respuestas. Aclara que no es su papel posicionarse, pero insiste en que desde la plataforma que representan defienden a los profesionales sanitarios y al Sistema Nacional de Salud. “Eso repercute en nuestra calidad de vida”, señala. También hace hincapié en que su papel en este conflicto no fue buscado —“en ningún momento he llamado a la puerta de nadie pidiendo ser mediadora”—, pero sí cree que su organización puede ayudar a resolverlo: “Ahora tengo más claro cuál es el escenario”.

¿Qué ocurrió el miércoles a las puertas de la reunión entre el Ministerio y el Comité de huelga?

Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes siempre estamos dispuestos a acudir cuando nos piden ayuda. Antes de ir, preguntamos si el Comité de huelga sabía que estaríamos presentes. El día anterior habían emitido un comunicado, pero como confirmaron su asistencia y se les propuso que llevaran a otro observador, volvimos a preguntar por la mañana. No pretendíamos molestar a nadie, al contrario.

Cuando llegamos al Ministerio, saludé a los miembros del Comité y entré en la sala donde iba a celebrarse la reunión. Ellos se quedaron fuera y nunca llegaron a entrar. Desde dentro les escuché decir que no necesitaban observadores ni mediadores y que los pacientes, al ser parte afectada, no éramos neutrales.

En otros contextos, ¿habían tenido relación con los sindicatos médicos?

No conocía a los representantes, pero actuamos en el ámbito sanitario como un agente más. Siempre que comienza una huelga nos pronunciamos de manera constructiva y le decimos al Ministerio que todo lo que se pueda negociar, se negocie, porque las enfermedades no esperan. Yo misma tenía una cirugía importante en enero que tuve que retrasar, pero entendí que había un proceso de huelga que había que respetar. Los pacientes podemos aguantar hasta cierto punto, pero es difícil ver que la situación no avanza y no te enteras de lo que está pasando.

Los pacientes podemos aguantar hasta cierto punto, pero es difícil ver que la situación no avanza y no te enteras de lo que está pasando

¿Cuál era vuestra función en esa mesa de negociación?

De observadores. Algunas comunidades autónomas nos dijeron que la situación se estaba enquistando y que el Comité de huelga no quería al Foro de la Profesión Médica. Dijimos que sí y el propio Ministerio nos trasladó que no era necesario, pero tras la Interterritorial previa a la Semana Santa se vuelve a plantear nuestra figura y Sanidad nos llama. Somos una plataforma no politizada y que defiende a nuestros médicos y nuestro sistema, así que nos ponemos a ello. Sabíamos que podía ser complicado, pero no pensamos que llegaríamos a esta situación tan hiriente.

¿Cómo podía ayudar la POP?

Los observadores no estamos para imponer, pero sí para tener una visión de lo que se está negociando y que sea transparente. Hemos tenido la oportunidad de estudiar el nuevo estatuto marco y nunca hemos querido entrar en el ámbito del profesional, porque los respetamos profundamente y no es nuestro sitio. Queremos buenas condiciones para nuestros médicos, porque eso repercute en nuestra calidad de vida.

Nosotros ya estamos dentro del sistema, en investigación clínica, con la estrategia de cuidados, en la Agencia Española del Medicamento. No somos unos agentes ajenos al sistema que solo recibimos pasivamente unos servicios y no estamos preparados, ni formados, ni estructurados. Representamos a más de la mitad de la población española que tiene una patología crónica y defendemos su participación en el sistema sanitario a todos los niveles.

El Ministerio de Sanidad ha acusado al comité de huelga de “enquistar el conflicto”. ¿Comparte este diagnóstico?

No tengo información. Lo que puedo decir es que he leído cómo estaba convocada la reunión, el estatuto marco, las peticiones de los sindicatos, las propuestas del Ministerio y tengo más claro cuál es el escenario.

¿Cuál es?

Que sean ellos claros en contar cuál es el escenario.

Ellos...

Las partes implicadas. No voy a entrar en ataques, porque nos perjudica. Estamos viviendo una situación grave para los pacientes, ahora y a futuro, con el aumento de las listas de espera. Desde esa perspectiva, puedo decir que hay un marco y propuestas. Incluso un camino por el que se habían puesto de acuerdo en que había cosas que negociar. Si están dispuestos a negociar, esperemos que se entiendan.

¿Cree que este conflicto que tenemos ahora refleja un problema estructural del sistema sanitario?

Hay cosas que están en las propuestas que yo defendería, como el tema de la jubilación, que no están en el marco del Estatuto, sino que hay que tocar otras teclas. Incluso algunas en las que hay el compromiso de incluirlas de manera escalonada. El Estatuto trae cosas buenas para los médicos, que pueden seguir con sus reivindicaciones. El diálogo es constructivo y creo que ha servido para que se repiensen ciertas cosas, pero no es solo un juego del Ministerio. Están las comunidades autónomas y los sistemas de salud, que también tienen sus competencias. Hemos visto negociaciones en Asturias, en Andalucía, en Galicia... Tenemos claro que la transformación del sistema es fundamental, que hay nuevas tecnologías, que han cambiado los roles y que los médicos no pueden estar con una regulación de los años 80. Pensar en el futuro es bueno para todos.

¿En qué podría ceder cada una de las partes para resolver este conflicto?

Incluso si hubiera sido observadora y mediadora, tendría la prudencia y la responsabilidad de no pronunciarme sobre eso. Somos tremendamente cautos y sé distinguir lo que es bueno o malo para una negociación. Queremos lo mejor para los médicos y para el sistema. Tenemos la voluntad de que esto se solucione, nos han pedido ayuda y hemos llegado hasta donde hemos podido. Ha sido muy duro. En ningún momento he llamado a la puerta de nadie pidiendo ser mediadora de este conflicto. Estamos acostumbrados a ir de la mano con las sociedades científicas, los colegios profesionales, las entidades… pero en ningún momento nos inmiscuimos en cosas que no nos corresponden.

Cuando pasa el tiempo y nos piden ayuda porque no avanzan, aceptamos, pero no ponemos en duda la buena fe de unos y otros

¿Ha echado en falta información como Plataforma en todo este proceso?

Somos prudentes y confiamos en que las instituciones y los sindicatos están haciendo una negociación constructiva. Cuando pasa el tiempo y nos piden ayuda porque no avanzan, aceptamos, pero no ponemos en duda la buena fe de unos y otros. No puedo entrar en otro tipo de valoraciones. Lo que puedo decirte es que nos han llamado y hemos ido; no nos han querido y nos hemos retirado.

¿Cree que los médicos deberían tener un estatuto propio?

No lo sé, porque no me han contado qué ventajas tendrían. Me gustaría saber qué está pasando en Europa con otras políticas sanitarias, qué se está diciendo a nivel estatal, qué responden los consejeros y consejeras de Sanidad. Nosotros no somos expertos en eso y no tenemos responsabilidad política.

¿Y una jornada semanal máxima de 35 horas, que es otra de las reivindicaciones?

Creo que lo pueden negociar. Nosotros queremos que el sistema funcione y que haya jornadas laborales justas. Ahora se establecen guardias de 17 horas, pero hemos visto negociaciones en las que se han bajado a 12 horas. Todo es negociable, pero debe haber diálogo y buen entendimiento, y los derechos laborales tienen que estar cubiertos.

El Ministerio de Sanidad y el Comité de huelga se reúnen este miércoles con el objetivo de desencallar el conflicto abierto y evitar la huelga prevista para la semana del 27 de abril. Las posturas siguen alejadas y, en esta ocasión, se ha sumado un nuevo punto de fricción. La figura de un mediador propuesto por el departamento que dirige Mónica García ha vuelto ha soliviantado a los sindicatos médicos, que este martes rechazaban la “decisión unilateral” de “imponer participantes externos no consensuados en el proceso de negociación”.

Sanidad llevará a la reunión de este miércoles a representantes de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) como mediadores, en un intento por desatascar el conflicto, que se alarga ya durante meses. De producirse, el de abril sería el tercer paro mensual, que los médicos arrancaron en febrero contra el nuevo estatuto marco.

En un comunicado difundido este martes a última hora de la tarde, el Comité de Huelga rechazaba la participación de la organización de pacientes al considerar “improcedente” la atribución de una función de mediación a una organización en un conflicto en el que es “parte afectada”. “La neutralidad exigible a una figura mediadora no puede concurrir en quien representa a un colectivo directamente implicado, por legítima y respetable que sea su posición”.

A juicio del Comité de Huelga, el Ministerio “intenta trasladar una negociación laboral al terreno de la presión social, utilizando a los pacientes para evitar asumir sus responsabilidades frente a los profesionales”. “Introducir de forma unilateral a terceros que no son neutrales ni expertos en estos conflictos solo sirve para entorpecer el diálogo y podría demostrar una falta de voluntad real por parte del Ministerio para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga”, afirman.

Aunque el Comité ha confirmado su comparecencia a la reunión de este miércoles, ha reclamado a Sanidad que “proceda a retirar en dicha reunión a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes”. El ministerio, por su parte, ha respondido a los sindicatos médicos instándoles a que el comité “acuda con su propio mediador si no comparte la propuesta realizada, a fin de no demorar más el avance del proceso negociador”.

Desde el Ministerio lamentan el “rechazo” que los sindicatos médicos han expresado ante los “distintos espacios y fórmulas de diálogo propuestos hasta la fecha, incluyendo los ámbitos de negociación existentes, el Foro de la Profesión Médica y la participación de representantes de pacientes”.

Según han trasladado al Comité, a este departamento le resulta “contradictorio” que las organizaciones sindicales reconozcan la “distancia entre posiciones” y, a su vez, no planteen “propuestas concretas que permitan avanzar hacia una solución del conflicto”. “Esta actitud, en la práctica, supone un cierre por su parte a explorar vías de entendimiento, evidencia una posición de inmovilismo y dificulta avanzar en una negociación efectiva, llegando incluso a limitar las posibilidades reales de un progreso en el diálogo”.

Desde el Ministerio señalan además que es “especialmente preocupante que, incluso cuando se han producido avances o acercamientos en el seno del propio comité, esto no puedan materializarse por la fatal de capacidad de decisión efectiva del mismo, lo que introduce un elemento adicional de bloqueo”. “A ello se suma la ausencia de una propuesta propia de mediación, pese a haber sido solicitada, contribuyendo a enquistar la situación y a dificultar su resolución”, añaden.

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y USO han decidido suspender las jornadas de huelga convocadas para hoy miércoles y el próximo viernes en la empresa de handling Groundforce, la empresa de servicios en tierra de Air Europa, tras producirse en las últimas horas contactos con la dirección de la compañía que abren una vía de diálogo. El conflicto laboral afecta a las demandas salariales de la plantilla, de unos 3.000 trabajadores.

Fruto de esos primeros contactos, las tres centrales sindicales se reunirán este viernes, 10 de abril, con la empresa para intentar encauzar la negociación del conflicto laboral, que afecta al personal de tierra en una docena de aeropuertos españoles, según han informado a Europa Press fuentes de los sindicatos convocantes.

En concreto, los trabajadores de asistencia a tierra llamados a secundar los paros tienen presencia en los aeropuertos “de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao”, explica el sindicato CCOO en una nota informativa.

El conflicto laboral se debe a que los sindicatos denuncian el “incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo, así como a la interpretación unilateral de sus artículos que, en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo para la plantilla”, denunciaba CCOO en una nota de prensa.

Solo un parón, la huelga indefinida “sigue su curso”

“El conflicto está lejos de resolverse, pero siempre es bueno volver al diálogo”, han señalado fuentes sindicales a la agencia Europa Press. No obstante, han advertido que la convocatoria de huelga indefinida sigue su curso y se mantendrá activa hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio.

La huelga, que se viene desarrollando los lunes, miércoles y viernes en tres tramos horarios (05:00-07:00, 11:00-17:00 y 22:00-00:00) desde el pasado 30 de marzo, ha provocado en las últimas semanas retrasos generalizados, cancelaciones de vuelos y acumulación de miles de maletas sin gestionar en aeropuertos como El Prat, Barajas, Palma de Mallorca y otros.

Los sindicatos reclaman el cumplimiento de los compromisos salariales y la recuperación del poder adquisitivo recogidos en el convenio colectivo.

La plantilla técnica de la UTE Inevent-Telson (UTEINON), empresa adjudicataria del servicio técnico de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), ha convocado nuevos paros parciales durante esta Semana Santa tras el “bloqueo” de la negociación colectiva. El conflicto, que se arrastra desde hace meses, se ha trasladado ahora al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) con el objetivo de intentar desbloquear la situación. Fuentes de la empresa niegan que se planteen despidos y recortes.

UTEINON se encarga de áreas esenciales para el funcionamiento de Aragón TV y Aragón Radio, como cámaras, sonido, continuidad, envío y recepción de señales, subtitulado, mezclas, mantenimiento o documentación. El comité de empresa ha decidido intensificar las movilizaciones después de once meses de reuniones “infructuosas” con la nueva contrata. Según explican, se trata de una problemática “que la plantilla arrastra desde hace más de dos décadas”, marcada por la concatenación de subcontratas.

En este contexto, denuncian que, pese a los buenos datos de audiencia y al reconocimiento público del trabajo realizado, estos resultados “no se reflejan en las condiciones laborales de la plantilla, que continúa soportando sueldos precarios y condiciones impropias de un servicio público esencial”.

La plantilla, formada por unas 170 personas, presta servicio de manera ininterrumpida desde 2006. Sin embargo, según el comité, durante todo este tiempo ha mantenido condiciones laborales “muy por debajo de la responsabilidad y exigencia del trabajo desarrollado”.

El principal escollo en la negociación, apuntan, reside en dos cuestiones. Por un lado, la “intención de la empresa de introducir medidas que implicarían una reducción de plantilla”, algo que consideran “inasumible”. Por otro, la falta de una propuesta salarial suficiente, ya que la planteada hasta ahora “se mantiene en niveles mínimos y no permite salir de la precariedad estructural”.

Por su parte, la empresa —participada por los grupos Mediapro y Henneo— iega “taxativa y rotundamente” haber planteado despidos o recortes de plantilla en ningún momento. En relación con las condiciones económicas, asegura que su propuesta contempla “una subida salarial equivalente a la subida de los funcionarios más 3,5 puntos”. Subraya además su voluntad de continuar negociando y alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Paros el jueves y el viernes

Aunque los paros previstos para el pasado 29 de marzo fueron desconvocados, la falta de avances ha llevado a anunciar nuevas jornadas de huelga que podrían afectar a la programación especial de Semana Santa. En concreto, están previstos paros el jueves 2 de abril, de 17:00 a 19:00 y de 22:00 a 01:00, y el viernes 3 de abril, de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 21:30.

Estas movilizaciones se suman a protestas y concentraciones recientes, reflejo del “creciente malestar” de la plantilla. El comité insiste en que mantiene su disposición a negociar, pero advierte de que, mientras la empresa no modifique su postura, “resulta imposible avanzar en una negociación real”.

Els docents valencians han tret múscul. Dimarts han mostrat, omplint els carrers de les tres capitals valencianes i reunint unes 16.000 persones a València —segons les dades de la Delegació del Govern—, que tenen capacitat mobilitzadora (en les diferents mobilitzacions convocades a Alacant s’han reunit més de 3.000 persones i a Castelló, més de 1.500).

La vaga de mestres i professors de dimarts, amb un seguiment del 80% segons els convocants (els sindicats Stepv-Iv, UGT-PV, CCOO-PV i CSIF) i més del 35% segons les xifres aportades per la Conselleria d’Educació, és més que un avís per a la consellera Carmen Ortí: damunt la taula està l’amenaça dels docents d’iniciar un atur general indefinit a partir del pròxim mes de maig, en vespres dels exàmens finals i de les proves d’accés a la universitat (PAU) de juny.

Els sindicats, amb el suport de la Plataforma per l’Ensenyament Públic en què també estan integrats representants de les famílies, es mostren molt crítics amb l’actitud de la Conselleria, que acusen de no asseure’s a negociar, malgrat haver-li donat un marge a la nova titular del ram —Ortí va rellevar José Antonio Rovira el mes de desembre passat, arran de l’entrada de Juanfran Pérez Llorca en el Palau de la Generalitat.

L’arribada de la nova consellera, que consideraven que arribava al càrrec amb un altre tarannà, va ser ben acollida pels sindicats. No obstant això, la situació i l’immobilisme, asseguren, continuen sent els mateixos que hi havia amb Rovira. El motiu és que, malgrat el canvi en la direcció del departament, els càrrecs responsables del diàleg amb els representants sindicals continuen sent els mateixos: Daniel McEvoy (secretari autonòmic), Francisco Pablo Ortega (director general de Personal Docent) o Jorge Cabo (director general de Centres Docents).

I les exigències dels treballadors continuen sent les mateixes que hi havia amb Rovira com a conseller: la recuperació de poder adquisitiu perdut després de “quasi vint anys sense cap pujada salarial en l’àmbit autonòmic”, amb diferències de fins a 500 euros al mes respecte d’un docent del País Basc; la necessitat de rebaixar les ràtios d’alumnes per aula; la recuperació del professorat retallat i que es cobrisquen totes les places, vacants i substitucions, tant de docents com del personal d’Atenció Educativa i d’Administració i Serveis; o la derogació “immediata” de la ‘Llei Rovira’. “I la Conselleria es nega a negociar”, sostenen.

La Conselleria, que la setmana passada va respondre a la convocatòria de vaga en la vespra de la reunió de la Mesa Sectorial amb un decàleg en què fiava l’acceptació de les demandes de mestres i professors a l’existència de pressupost o la millora del finançament autonòmic, responia a la mobilització que s’ha viscut dimarts assegurant, en paraules d’Ortí, que estan “fermament compromesos” amb el diàleg “permanent” amb la comunitat educativa. En aquest sentit, la consellera explicava que entenen que les reformes i les millores del sistema educatiu “han de constituir des de l’acord, no des de la confrontació”.

Així doncs, insistia que els canals de diàleg amb la comunitat educativa es mantindran “oberts”, i retreia als convocants que “eleven el to reivindicatiu” quan “durant els huit anys de governs del Botànic no van promoure mobilitzacions d’aquesta intensitat davant situacions estructurals similars o fins i tot més complexes”.

Los docentes valencianos han sacado músculo. Este martes han mostrado, llenando las calles de las tres capitales valencianas y reuniendo a unas 16.000 personas en València -según los datos de la Delegación del Gobierno- que tienen capacidad movilizadora (en las diferentes movilizaciones convocadas en Alicante se han reunido más de 3.000 personas y en Castellón a más de 1.500).

La huelga de maestros y profesores de este martes, con un seguimiento del 80% según los convocantes (los sindicatos Stepv-Iv, UGT-PV, CCOO-PV y Csif) y más del 35% según las cifras aportadas por la Conselleria de Educación, es más que un aviso para la consellera Carmen Ortí: sobre la mesa está la amenaza de los docentes de iniciar un paro general indefinido a partir del próximo mes de mayo, en vísperas de los exámenes finales y de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de junio.

Los sindicatos, respaldados por la Plataforma per l'Ensenyament Públic en la que también están integrados representantes de las familias, se muestran muy críticos con la actitud de la Conselleria, a la que acusan de no sentarse a negociar pese a haberle dado un margen a la nueva titular del ramo -Ortí relevó a José Antonio Rovira el pasado mes de diciembre, a raíz de la entrada de Juanfran Pérez Llorca en el Palau de la Generalitat-.

La llegada de la nueva consellera, de quien consideraban que llegaba al cargo con otro talante, fue bien acogida por los sindicatos. Sin embargo, la situación y el inmovilismo, aseguran, siguen siendo los mismos que existían con Rovira. El motivo es que, a pesar del cambio en la dirección del departamento, los cargos responsables del diálogo con los representantes sindicales siguen siendo los mismos: Daniel McEvoy (secretario autonómico), Francisco Pablo Ortega (director general de Personal Docente) o Jorge Cabo (director general de Centros Docentes).

Y las exigencias de los trabajadores continúan siendo las mismas que había con Rovira como conseller: la recuperación de poder adquisitivo perdido tras “casi veinte años sin ninguna subida salarial a nivel autonómico”, con diferencias de hasta 500 euros al mes respecto a un docente del País Vasco; la necesidad de rebajar las ratios de alumnos por aula; la recuperación del profesorado recortado y que se cubran todas las plazas, vacantes y sustituciones, tanto de docentes como del personal de Atención Educativa y de Administración y Servicios; o la derogación “inmediata” de la 'Ley Rovira'. “Y la Conselleria se niega a negociar”, sostienen.

La Conselleria, que la pasada semana respondió a la convocatoria de huelga en la víspera de la reunión de la Mesa Sectorial con un decálogo en el que fiaba la aceptación de las demandas de maestros y profesores a la existencia de presupuesto o la mejora de la financiación autonómica, respondía a la movilización que se ha vivido este martes asegurando, en palabras de Ortí, que están “firmemente comprometidos” con el diálogo “permanente” con la comunidad educativa. En este sentido, la consellera explicaba que entienden que las reformas y mejoras del sistema educativo “deben constituirse desde el acuerdo, no desde la confrontación”.

Así, insistía en que los canales de diálogo con la comunidad educativa se van a “mantener abiertos”, y afeaba a los convocantes que “eleven el tono reivindicativo” cuando “durante los ocho años de gobiernos del Botànic no promovieron movilizaciones de esta intensidad ante situaciones estructurales similares o incluso más complejas”.

La huelga indefinida del personal de Groundforce, la empresa de servicios en tierra de Air Europa, prevista desde este lunes en una docena de aeropuertos españoles, ha derivado en vuelos que han partido sin los equipajes de los viajeros y en hasta 50 minutos de retrasos.

En concreto, al menos seis aviones han tenido que partir este lunes desde el aeropuerto de Madrid-Barajas sin llevar a bordo los equipajes de sus pasajeros. Así lo han informado a EFE fuentes sindicales una vez finalizado el primer turno de esta huelga (de las 05:00 a las 07:00 horas de hoy), que han añadido que se han reportado incidencias en todos los aeropuertos, aunque donde más se nota es en Madrid y Barcelona.

Por su parte, UGT considera que los paros están siendo “un éxito” y que se están registrando retrasos de entre 40 y 50 minutos en los grandes aeropuertos.

Fuentes del sindicato han señalado a Europa Press que, además, los hipódromos de muelle de retirada de equipajes (cintas transportadoras de las maletas) están colapsados en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, con retrasos de hasta 50 minutos en aeropuertos como Bilbao, Valencia o Madrid, unos retrasos que serán mayores cuando se levante el actual tramo de paro, establecido hasta las 17.00 horas.

La huelga ha sido convocada por los sindicatos CCOO, UGT y USO en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao en los turnos de mañana, tarde y noche (de las 05:00 a las 07:00, de las 11:00 a las 17:00, y de las 22:00 hasta las 00:00 horas).

Según explicaron desde CCOO a Efe, al convocar estos paros, la prioridad para ellos es la negociación con la empresa (Globalia, matriz de Air Europa) y la búsqueda de soluciones, pero aclararon que no estaban dispuestos a aceptar decisiones empresariales que trasladen a los trabajadores el coste de la inflación y de la “mala” gestión empresarial.

Las diferencias entre los sindicatos y la empresa radican en la “correcta” aplicación de las tablas salariales y, en particular, sobre la aplicación del diferencial derivado del IPC y la garantía del poder adquisitivo recogida en el convenio.

Groundforce, el operador de 'handling' del grupo Globalia, obtuvo 12 licencias en la última adjudicación para el servicio de asistencia en tierra de Aena, en septiembre de 2023, para los doce aeropuertos de mayor volumen de carga en los que opera la compañía en España.

UGT, CCOO y CSIF han desconvocado los dos días de huelga en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de este domingo 29 de marzo y del 3 de abril en coincidencia con la festividad de Viernes Santo, tras un principio de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Los dos días de huelga coincidentes con la Semana Santa, que amenazaban con afectar al tráfico aéreo, se desconvocan tras ser aprobado el principio de acuerdo por una asamblea virtual de la plantilla de la AEMET, integrada por algo más de un millar de trabajadores, 30 de ellos de Cantabria.

Según precisa la presidenta de la Junta de Personal de la Administración General del Estado (AGE) en Cantabria, Carmen Ruiz (UGT Servicios Públicos), “el acuerdo estipula incrementar una plantilla escasa y sobrecargada de trabajo que se ha ido reduciendo de manera progresiva y que en Cantabria es actualmente de 30 trabajadores, cuando hace 9 años eran más de medio centenar”.

En concreto, el principio de acuerdo incluye una oferta de empleo público (OEP) extraordinaria que se aprobará junto a la ordinaria de 2026 para destinar un total de 342 plazas a la AEMET, además del compromiso ministerial de solicitar la incorporación de más de un centenar de plazas de personal de otros cuerpos de la Administración General del Estado (AGE).

“Además, el acuerdo recoge mejoras económicas para toda la plantilla en forma de productividad y la negociación del Reglamento de Horarios Especiales antes de finales de junio”, recalca la presidenta de la Junta de Personal de la AGE en Cantabria en referencia a un documento pactado con el MITECO, que incluye también compromisos en formación, carrera horizontal, prevención de riesgos laborales y medidas organizativas.

El acuerdo y la desconvocatoria de la huelga suceden a un calendario previo de movilizaciones convocadas por UGT Servicios Públicos, CCOO y CSIF con concentraciones de protesta en las diferentes delegaciones territoriales de la AEMET en todo el país, que en Cantabria se desarrolló el pasado 19 de marzo.

La presidenta de la Junta de Personal de la AGE en Cantabria valora que “se ha llegado a un acuerdo gracias al esfuerzo de toda la plantilla en estas movilizaciones, que han forzado al Ministerio a cambiar su postura inmovilista e inflexible en la negociación colectiva antes de los dos días de huelga”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves que el Gobierno va a modificar el real decreto que regula las listas de espera para darle “transparencia y trazabilidad” al sistema. La responsable de Sanidad ha explicado durante el VI Foro Económico de elDiario.es que la actual normativa, de 2003, solo permite utilizar las listas de espera “como un mecanismo político”, pero no para gestionarlas adecuadamente.

“Tengo 25 días, 35, 65, no nos sirve para nada”, ha argumentado la ministra. “Yo quiero saber cuánto se tarda en ir a una consulta, a la primera consulta de un psicólogo, por ejemplo. Cuánto se tarda en operar un proceso oncológico, que en nuestro país van muy rápidos. Y, sin embargo, estamos midiendo cuánto tardamos en operar una variz, un juanete o una vesícula. Necesitamos la colaboración de las comunidades para darle transparencia al proceso. Queremos saber, desde el ministerio, cuál es el tiempo que pasa desde que un paciente va a atención primaria con cualquier tipo de patología o dolencia hasta que le ven un especialista, le hacen una prueba, le vuelve a ver al especialista y hasta que le operan o no le operan o le dan el tratamiento. Toda esa trazabilidad no la tenemos a día de hoy. No sabemos lo que pasa con nuestros pacientes”, ha explicado.

Durante la entrevista, la ministra también ha abordado otro de los grandes temas de actualidad que gestiona en este momento, que es la huelga de médicos en todo el país. García ha pedido a los profesionales una desescalada en el conflicto porque, ha asegurado, el ministerio ha cedido en muchas cuestiones en la negociación del estatuto marco y hay otras que dependen de las comunidades autónomas.

26 reuniones con los sindicatos

“Por parte del Ministerio hemos tenido toda la voluntad. Esta debe ser la vez número 26 que nos reunimos con miembros del comité de huelga, con los que hemos llegado en muchas ocasiones a acuerdos”, ha explicado García. La ministra ha argumentado que “el estatuto marco ha llegado al límite de sus posibilidades competenciales y jurídicas”, que es necesario reformarlo, y ha pedido gestos a los huelguistas. “Yo espero que una vez que se lleguen acuerdos, la otra parte cumpla con la desescalada del conflicto. Porque muchas veces en estas mesas hemos hablado de que necesitamos desescalar y evitar la huelga y seguir hablando, y lo que se ha hablado dentro de las mesas no siempre se ha cumplido fuera”, ha lamentado.

La ministra ha defendido que es “la primera vez en 23 años que se ponen encima de la mesa avances y mejoras” con el estatuto y que “la respuesta no puede ser siempre el conflicto, una huelga, cuando realmente estás avanzando, y cuando los propios sindicatos asumen que son avances. García ha defendido que el ministerio ”ha cedido en casi todo lo que tiene competencias“, pero ha sostenido que hay una parte que no les corresponde. ”Es verdad que hay muchos malestares de los profesionales que no los resuelve el estatuto marco, lo resuelven otras legislaciones y lo resuelven quien tiene las competencias, que son las comunidades autónomas“.

Por ejemplo, la ministra ha citado las retribuciones o la organización de las plantillas, dos de los grandes objetivos de la protesta. “Por ejemplo, uno de los debates que estamos teniendo son las guardias. Nosotros en el estatuto marco ponemos los límites, pero que un profesional pueda hacer una guardia de 10, 12 o 17 horas depende de la plantilla que tenga, básica y exclusivamente. Si tienes compañeros con los que compartir fines de semana y noches, podrás hacer menos fines de semana y menos noches, y eso, dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales, depende exclusivamente de las comunidades autónomas”.

“Suerte con eso, Madrid”

García ha abordado también la futura Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y con la que el Gobierno pretende poner límites a la privatización en la Sanidad. La ministra ha cargado duramente contra la Comunidad de Madrid a cuenta de su rechazo a la norma. Ha recordado García “los audios que pudimos ir en diciembre, que hablaban de que se mercadea con las listas de espera para ver si los pacientes son rentables o no son rentables” y ha sostenido que la resistencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, viene de que la ley “viene a fastidiarles el negocio que tienen aquí en la Comunidad de Madrid con Quirón o con Ribera Salud”.

La ministra ha calificado de “actitudes parásitas y especuladoras” las de estas compañías y ha defendido que “cada euro que va destinado a la salud tiene que ir destinado a la salud sí o sí. Necesitamos muchísima inversión, muchas áreas de mejora que tienen que ver con los profesionales, más profesionales, más acceso a terapias innovadoras, más investigación, y no puede ser que una parte de ese dinero vaya destinada a la caja de resultados de una empresa privada”.

Aprovechando que estaba hablando de la Comunidad de Madrid, la ministra ha abordado otro frente abierto con Ayuso a cuenta del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia que Madrid se niega a realizar, tal y como le exige la ley. García ha señalado el carácter especial (en negativo) de Madrid. “Excepto la Comunidad de Madrid, que se ha declarado en rebeldía contra la ley, en rebeldía contra la democracia, en rebeldía contra el Gobierno de España y en rebeldía contra las mujeres, suerte con eso, tenemos una buena coordinación dentro del Sistema Nacional de Salud. Hemos llegado a más de 100 acuerdos en el Consejo Interterritorial con todas las comunidades”.

La ministra ha explicado que el registro es una garantía también para los profesionales. “La objeción de conciencia es un acto libre, individual y activo. Eres tú el que tienes que decir que quiere cumplir la cartera de servicios del hospital, porque si no estarías obligado a hacerlo. Y en nuestro Sistema Nacional de Salud las interrupciones voluntarias del embarazo están incluidas como uno de los servicios preferentes. Entonces, ¿usted por qué no lo hace? No. Lo que garantiza el registro de objetores es la garantía de que las mujeres podemos abortar en la sanidad pública y poder organizar mejor los servicios y garantizar que los sujetos pueden objetar”, ha razonado.

Además, García ha sido preguntada con carácter general por los retos que afronta el sistema. “Uno son los profesionales”, ha contestado sin dudarlo. “Tenemos más profesionales que nunca trabajando en estos sistemas, y, sin embargo, no damos abasto. Tenemos un reto demográfico encima de la mesa. Tenemos que vehiculizar nuestro sistema sanitario desde la patología aguda, la patología crónica, a la cronificación, la pluripatología, los cuidados en el domicilio, la prevención en los cuidados. Y para eso también necesitamos mejorar las capacidades de la enfermería, de nuestros profesionales, del talento que tenemos dentro de nuestros profesionales”, ha enumerado.

Enfrente, entre las fortalezas del sistema la ministra ha destacado “el modelo sanitario”, con el que España es “líder”. “Esa robustez de un sistema sanitario público en el que los profesionales son servidores públicos, en el que la atención primaria es una parte de un pilar fundamental de nuestro sistema, esa capilaridad, esa descentralización de nuestro sistema, lo siento, pero no lo tienen muchos países. Eso nos hace que seamos líderes, por ejemplo, en trasplantes. Somos líderes también en ensayos clínicos y ahora hemos recuperado la última parte que nos quedaba, una sanidad universal”, ha reivindicado.