Castilla-La Mancha no cuenta en estos momentos con la capacidad de albergar a menores procedentes de Ceuta, según ha advertido este jueves la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano.

Estas declaraciones se producen de forma previa a la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la cual se votará un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que entraron desde Marruecos y un día después de que Emiliano García-Page descartase que la región que preside acogiera a estos menores migrantes e instara al Gobierno de Pedro Sánchez a devolver a todos los “que han entrado ilegalmente”.

“En estos momentos nuestro sistema no lo soporta más”, ha señalado la titular de Bienestar Social durante una entrevista concedido a la Cadena Ser y recogida por Europa Press. “En este momento Castilla-La Mancha está en una situación en donde todo su sistema está sobre ocupado y no puede asumirlo”, ha apuntado.

García Torijano ha apuntado que se trata de una situación conocida por el Ministerio de Juventud e Infancia tras la coordinación de acogidas durante los últimos meses.

Por otra parte, la consejera ha recordado que la Conferencia contaba únicamente con un punto del orden del día centrado en “los 25 millones para Ceuta para poder atender esta crisis”, habiéndose incorporado un segundo punto de información “para poder saber o abordad un poco más esta crisis que está sucediendo”. “Entiendo que ahí ya nos explicarán como quieren trabajarlo”, ha apuntado.

La consejera ha abogado por “seguir trabajando el posible retorno de estos menores a su situación, a su lugar de origen” a través de “las entidades sociales de primera acogida”, apuntando su confianza en que “el objetivo y el compromiso del Ministerio es poder atender esta crisis directamente por parte del Gobierno central”.

“Creo que también están los planes del ministerio trabajar con las entidades sociales de allí de Marruecos no del propio terreno para poder garantizar que los niños y niñas puedan allí ya tener oportunidades de futuro”, ha señalado.

“Crisis muy superior”

En línea con la posición manifestada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la consejera de Bienestar Social ha apuntado que la crisis de Ceuta “es una crisis muy superior”, trascendiendo la mera cuestión migratoria.

García Torijano ha apuntado que se trata de una cuestión “control de fronteras” y ha manifestado que “hay que dar una respuesta general”, al tratarse de una cuestión de Estado. “Desde luego que lo que ha pasado en este verano en Ceuta no debía de haber pasado y debía de haberse controlado de otra manera”, ha manifestado García Torijano.

Preguntada por la cuestión de la financiación a las comunidades autónomas, la titular de Bienestar Social ha recordado que “a las comunidades autónomas nos supone un coste importante que hay que asumir y que el gobierno de España desde luego debería de asumirlo”.

Sin embargo, ha desligado la respuesta a la crisis de Ceuta de esas políticas de acogida apuntando que “por mucho que las comunidades autónomas queramos aportar y queramos ayudar y queramos tener solidaridad esto no responde solamente a eso”.

No obstante, la postura mantenida esta semana tanto por Page como por García Torijano contrasta con la que ofreció a primeros de agosto José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Ejecutivo regional. En esos primeros días tras la llegada de miles de migrantes a Ceuta, Caballero aseguró que el Gobierno de Page permanecía “a la espera” de conocer el reparto de menores llegados a Ceuta y apostaba por la “solidaridad”, afirmando que la acogida deberíaá realizarse “por igual” en el resto de las comunidades autónomas españolas.

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha destinado este año cerca de 260.000 euros a los programas de atención residencial y apoyo integral que la Congregación Oblatas del Santísimo Redentor desarrolla en Las Palmas para mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata y/o explotación sexual.

Estas ayudas se suman a las subvenciones directas concedidas a la Congregación Oblatas en Las Palmas desde el Instituto Canario de Igualdad (ICI) para diferentes proyectos de sensibilización, empleabilidad y piso de autonomía en la convocatoria de 2025, por un montante de más de 162.500 euros, y a los programas Casa de Acogida Daniela y Daniela Participa a los que la Consejería de Bienestar Social ha destinado este año 96.719,64 euros en el marco de la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por lo que la financiación desde la Consejería de Bienestar Social a proyectos ejecutados por esta entidad asciende a cerca de 260.000 euros.

Mientras, la coordinadora del Programa Oblatas Daniela-Las Palmas, Yanira Santana, explicó que “a través de la intervención en medio abierto que se desarrolla el programa Daniela Participa, nos acercamos a ámbitos de prostitución (pisos, clubes y calles) en Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria y La Palma con el fin no solo de dar a conocer el programa y crear una red de apoyo sino también de identificar posibles situaciones de trata de seres humanos y cómo va cambiando la realidad de la prostitución y de la trata de personas, detectando que las mafias se nutren de la vulnerabilidad social de las mujeres migrantes”.

La Casa de Acogida Daniela es un recurso residencial de 24 horas que cuenta con 15 plazas, que tiene como beneficiarias a mujeres mayores de edad, solas y/o con menores a su cargo, especialmente, en situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual. En la actualidad, el programa atiende a un total de 18 personas, 15 adultas y 3 menores.

Por su parte, el programa Daniela Participa ofrece apoyo especializado e integral a mujeres en situación de prostitución, mujeres víctimas de trata y/o explotación sexual. Durante este año y hasta la fecha, se ha ofrecido apoyo y asesoramiento a un total de 92 mujeres, siendo Colombia la nacionalidad predominante, seguida de Venezuela y España.

En el pasado año, las diversas acciones incluidas en el programa llegaron a las 1.635 mujeres en diferentes acciones de carácter de atención social, orientación y acompañamiento socioeducativo, a las que hay que sumar las acciones de tipo formativo y de sensibilización.

Atención especializada a una situación de especial violencia con peligro

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, destacó este lunes, durante su visita a las instalaciones de la entidad, la importancia de estos recursos para atender a mujeres expuestas a situaciones de violencia y especial vulnerabilidad. Asimismo, subrayó la necesidad de reforzar la prevención y la detección de posibles casos de trata y explotación sexual.

“Estamos ante proyectos que ofrecen una atención especializada a una situación de especial violencia con peligro para la integridad física, hacia las mujeres víctimas de trata o de explotación sexual, porque personas que se aprovechan y explotan a otras personas siempre han existido y seguirán existiendo por eso debemos reforzar las acciones preventivas y de detección porque las mafias que tratan y explotan personas son una realidad que hay que afrontar y atajar con todos los medios que tenemos en nuestra mano; los malos existen”, afirmó.

Hay realidades cuya importancia solo descubrimos cuando dejan de estar presentes. Mientras funcionan, apenas reparamos en ellas; forman parte de la normalidad cotidiana. Sin embargo, basta imaginar su ausencia para comprender hasta qué punto sostienen nuestra vida.

Lo comprobamos cada día, aunque pocas veces nos detenemos a pensarlo. La escuela donde aprendieron nuestros hijos, el centro de salud que nos atendió de madrugada, el agua que brota al abrir un grifo, la carretera por la que viajamos con seguridad o la ayuda que recibe una persona dependiente forman parte de ese entramado silencioso que hace posible nuestra convivencia.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Solo cuando imaginamos ese vacío comprendemos el verdadero valor de aquello que siempre ha estado ahí.

Los mejores servicios públicos son, muchas veces, aquellos cuya ausencia nunca llegamos a notar porque hicieron bien su trabajo antes de que apareciera el problema. Son la red invisible que sostiene la vida cotidiana y permite que la sociedad funcione con normalidad.

Los servicios públicos representan una de las mayores conquistas de las democracias modernas. Son mucho más que un conjunto de prestaciones: garantizan que derechos esenciales no dependan del patrimonio familiar ni del lugar donde una persona haya nacido. Constituyen el patrimonio común de la ciudadanía y la expresión más tangible del Estado del bienestar.

Detrás de ellos trabajan miles de profesionales —docentes, sanitarios, bomberos, agentes medioambientales, trabajadores sociales, jueces, policías, investigadores, técnicos y tantos otros servidores públicos— que convierten los derechos reconocidos por las leyes en una realidad cotidiana. Gracias a su labor, la igualdad deja de ser una aspiración para convertirse en una experiencia concreta.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Defender los servicios públicos no significa ignorar que siempre pueden mejorar. Significa comprender que una sociedad solo puede aspirar a ser verdaderamente libre cuando garantiza unas condiciones básicas desde las que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida.

Educación y territorio: la mejor barrera contra la desigualdad

Si existe un instrumento capaz de reducir las desigualdades de origen, ese es la educación. Ninguna democracia puede considerarse plenamente justa cuando el lugar de nacimiento o la renta familiar condicionan las oportunidades de toda una vida.

Después de casi cuatro décadas en la enseñanza pública he comprobado que el talento no entiende de rentas, de apellidos ni de códigos postales. Lo único que necesita es un suelo fértil donde crecer. Para miles de niños y niñas, ese suelo sigue siendo la escuela pública.

He conocido muchas familias preocupadas por el coste de los libros o del comedor escolar y también cómo una beca, un profesor comprometido o una oportunidad ofrecida a tiempo pueden cambiar el rumbo de una existencia.

Cuando la educación funciona como un verdadero ascensor social, el esfuerzo y la capacidad pesan más que el patrimonio familiar. La igualdad de oportunidades deja entonces de ser un principio abstracto para convertirse en una posibilidad real. En cambio, cuando la calidad educativa depende cada vez más de la capacidad económica, la desigualdad termina heredándose de una generación a otra.

Algo semejante ocurre con la sanidad pública. Un sistema sanitario universal garantiza que nadie tenga que elegir entre recibir un tratamiento o comprometer la economía de su familia. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres; la respuesta de una sociedad justa tampoco debería hacerlo.

En comunidades como Castilla-La Mancha, la dispersión geográfica convierte la prestación de los servicios públicos en un desafío permanente. Precisamente por eso resultan aún más necesarios.

Mantener un Colegio Rural Agrupado (CRA), un consultorio médico o una línea de transporte público significa mucho más que prestar un servicio: significa garantizar que vivir en un pueblo no suponga renunciar a derechos.

Los servicios sociales: una medida de humanidad

La calidad moral de una sociedad también se mide por la protección que ofrece a quienes atraviesan momentos de mayor vulnerabilidad.

La Ley de Dependencia constituye uno de los avances sociales más importantes de nuestra democracia. Gracias a ella, cientos de miles de personas pueden mantener su autonomía y afrontar la vejez o la enfermedad con mayor dignidad. Es una realidad que hoy observo muy de cerca en mi propia generación y en la de nuestros padres.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor.

La ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día permiten que muchas personas mayores continúen viviendo en sus pueblos, rodeadas de sus recuerdos, de sus vecinos y de su comunidad. Al mismo tiempo, generan empleo, fijan población y contribuyen a mantener vivos numerosos municipios.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor

Además, estas políticas han ayudado a corregir una injusticia histórica: durante décadas, el cuidado de las personas dependientes recayó casi exclusivamente sobre las mujeres de las familias. Profesionalizar esos cuidados también supone avanzar en igualdad.

Proteger a quien más lo necesita no es un acto de caridad. Es una obligación de justicia y una de las expresiones más nobles de una sociedad verdaderamente civilizada.

Los servicios públicos también crean riqueza

Con frecuencia se plantea un falso dilema entre lo público y lo privado, como si ambos fueran incompatibles. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Las economías más dinámicas suelen ser también aquellas que cuentan con instituciones sólidas y unos servicios públicos de calidad.

Ninguna empresa puede prosperar sin infraestructuras adecuadas, seguridad jurídica, universidades que formen profesionales cualificados o un sistema sanitario que cuide de los trabajadores. Tampoco puede desarrollarse la innovación sin investigación pública ni atraer inversiones un territorio que carezca de estabilidad institucional.

Los servicios públicos no son un obstáculo para el crecimiento económico. Constituyen la infraestructura física, jurídica y humana que hace posible la actividad productiva. La educación forma el talento; la sanidad protege el capital humano; la justicia genera confianza; la investigación impulsa la innovación; la protección del medio ambiente preserva recursos que también son riqueza.

Por eso resulta un error contemplar el gasto público únicamente como un coste. Buena parte de él constituye una inversión que fortalece el desarrollo económico, mejora la competitividad, incrementa la cohesión social y genera confianza.

Cuando el monte arde, comprendemos el valor de la prevención

Estos días asistimos con preocupación a los incendios forestales que vuelven a golpear distintos puntos de nuestro país. Las imágenes de montes calcinados, vecinos desalojados y profesionales jugándose la vida nos conmueven porque recuerdan la enorme fragilidad de nuestro patrimonio natural y de tantas poblaciones que viven junto al bosque.

En esos momentos reconocemos el trabajo extraordinario de los equipos de extinción y comprendemos el valor de contar con unos servicios públicos preparados para responder ante la emergencia. Pero la verdadera reflexión debería comenzar cuando las llamas se apagan.

Los incendios no empiezan el día que vemos el humo. Empiezan mucho antes.

Empiezan cuando los montes dejan de gestionarse adecuadamente, cuando faltan labores preventivas, cuando disminuyen los recursos destinados a la limpieza forestal o cuando los profesionales que conocen el territorio solo encuentran trabajo durante la campaña de verano.

Por eso conviene recordar una idea tan sencilla como decisiva: los incendios se apagan en verano, pero se previenen en invierno.

Mantener equipos forestales estables durante todo el año, invertir en gestión forestal, conservar cortafuegos, apoyar la actividad del mundo rural y planificar con visión de futuro no son gastos prescindibles. Son inversiones que protegen vidas humanas, biodiversidad, economía local y patrimonio natural.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos

Porque la prevención es, quizá, el servicio público más silencioso. Cuando funciona, apenas ocupa titulares. Cuando falla, el precio puede ser irreparable.

Cuando lo público se debilita

Precisamente porque los servicios públicos sostienen buena parte de nuestra vida cotidiana, conviene preguntarse por qué, en ocasiones, terminan deteriorándose.

Lo público rara vez se debilita de un día para otro. Normalmente es el resultado de un proceso lento y silencioso: inversiones que se aplazan, plantillas insuficientes, infraestructuras que envejecen y servicios que, poco a poco, van perdiendo capacidad de respuesta.

Resulta especialmente preocupante comprobar que algunas comunidades autónomas han convertido la reducción de la inversión en servicios públicos esenciales en una opción política. Mientras se anuncian rebajas fiscales o se destinan recursos a otras prioridades, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, la prevención de incendios o los servicios sociales ven cómo disminuye su capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía. Los presupuestos nunca son neutros: reflejan el modelo de sociedad que se quiere construir. Y cuando los servicios públicos dejan de figurar entre las prioridades, el deterioro acaba siendo inevitable.

Con frecuencia, ese deterioro sirve después para presentar la privatización como una solución casi inevitable. Sin embargo, el problema rara vez reside en la naturaleza pública del servicio. Lo que suele faltar son recursos suficientes, planificación a largo plazo y una voluntad política decidida de fortalecerlo.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho.

La sanidad, la educación, la atención a la dependencia o la protección de nuestros montes no son simples bienes de consumo. Su finalidad consiste en garantizar que cualquier ciudadano reciba una atención digna, con independencia de su nivel de renta o del lugar donde resida.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho

Cuando el acceso a esos derechos depende cada vez más de la capacidad económica, la sociedad comienza a fragmentarse. Quienes disponen de mayores recursos encuentran alternativas; quienes no pueden permitírselas dependen de unos servicios públicos que, si continúan debilitándose, tendrán cada vez más dificultades para cumplir su función.

Esa dinámica incrementa la desigualdad y erosiona uno de los pilares de toda democracia: la igualdad de oportunidades.

Una sociedad cohesionada necesita un sector privado dinámico, innovador y creador de riqueza, pero también unos servicios públicos fuertes que garanticen derechos básicos para todos.

Defender unos servicios públicos sólidos no significa rechazar la iniciativa privada. Significa reconocer que existen bienes cuya protección afecta al conjunto de la sociedad y cuya garantía no puede quedar subordinada exclusivamente a las reglas del mercado.

Justicia fiscal: contribuir según la capacidad de cada uno

Nada de todo ello surge por generación espontánea. Cada colegio, cada hospital, cada carretera, cada ambulancia, cada agente forestal, cada parque de bomberos, cada brigada forestal o cada ayuda a domicilio existen porque millones de ciudadanos contribuyen mediante sus impuestos.

Ese esfuerzo solo resulta legítimo cuando se apoya en un principio esencial: la justicia fiscal.

Quien más capacidad económica tiene debe aportar más, no para castigar el éxito, sino para repartir el esfuerzo de manera equitativa y garantizar el sostenimiento de unos servicios públicos que benefician al conjunto de la sociedad.

Pero ese principio también obliga a las administraciones públicas.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir que cada euro recaudado se gestione con honestidad, eficiencia y transparencia. La confianza en las instituciones se construye tanto mediante una fiscalidad justa como a través de una gestión ejemplar de los recursos públicos.

Porque el dinero malversado o el impuesto evadido nunca desaparecen en abstracto.

Siempre tienen un rostro concreto: un profesor menos en un aula, una lista de espera más larga, una carretera que tarda en repararse, un monte que no recibe el mantenimiento necesario, una ayuda a domicilio que no llega o una oportunidad perdida para quien más la necesita.

Cada fraude fiscal tiene una víctima invisible

Pero también la tienen las decisiones presupuestarias que relegan los servicios públicos esenciales. Reducir de forma continuada la inversión en aquello que garantiza derechos puede no producir efectos inmediatos, pero termina debilitando la cohesión social, aumentando las desigualdades y deteriorando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Una inversión en nuestro futuro

El siglo XXI nos enfrenta a desafíos que hace apenas unas décadas resultaban difíciles de imaginar: el envejecimiento de la población, el reto demográfico, la transición ecológica, la revolución tecnológica, el cambio climático, las nuevas desigualdades o el incremento de fenómenos extremos como los grandes incendios forestales.

Responder a todos ellos exige fortalecer unos servicios públicos capaces de anticiparse a los problemas, no solo de reaccionar cuando ya se han producido.

Porque una sociedad inteligente no espera a que un alumno abandone la escuela para apoyar a su familia. No espera a que una enfermedad se agrave para garantizar la atención sanitaria. No espera a que una persona mayor quede desatendida para ofrecerle ayuda. Y tampoco debería esperar a que un bosque arda para comprender la importancia de invertir en su cuidado.

La prevención, casi siempre silenciosa e invisible, constituye una de las formas más eficaces y rentables de proteger el bienestar colectivo.

Del mismo modo, los impuestos no son un castigo al éxito ni una carga arbitraria. Son la expresión práctica de un compromiso compartido: que cada persona contribuya según su capacidad para que nadie quede desprotegido cuando más lo necesite.

Defender unos servicios públicos fuertes, una fiscalidad progresiva, combatir el fraude y exigir una gestión pública honesta y transparente no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de responsabilidad democrática.

También lo es exigir que quienes gobiernan sitúen estos servicios entre sus prioridades presupuestarias. Porque gobernar consiste, en buena medida, en decidir qué merece ser protegido. Y pocas decisiones tienen mayor trascendencia que garantizar la educación, la sanidad, la dependencia, la protección del medio ambiente, la seguridad o la atención social como pilares irrenunciables del bienestar común.

La grandeza de un país no se mide por el número de sus millonarios ni únicamente por el crecimiento de su producto interior bruto.

Mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática

También se mide por la escuela donde aprende un niño; por el hospital que atiende una urgencia; por la ayuda que permite a una persona mayor seguir viviendo en su casa; por el agente medioambiental que cuida del monte cuando nadie lo ve; por el bombero que acude cuando todo parece perdido; por la investigadora que busca nuevos tratamientos; por el trabajador social que acompaña a quien atraviesa un momento difícil.

Detrás de cada servicio público hay personas cuidando de otras personas.

Y mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática.

Porque, al fin y al cabo, la definición más sencilla —y quizá también la más hermosa— de una sociedad digna es aquella en la que las personas cuidan de otras personas.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han vuelto a ausentarse este jueves de una Conferencia Sectorial de Inmigración convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que ha obligado a suspender la reunión por falta de cuórum.

Así lo ha afirmado la ministra Elma Saiz, quien ha acusado a los gobiernos autonómicos del PP de protagonizar una nueva “espantada” y de impedir el desarrollo de un encuentro en el que estaba previsto hacer balance del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, analizar el Plan de Integración y Ciudadanía y abordar el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Frente al plantón de las comunidades populares, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, sí participó en dicha conferencia, junto a Navarra, Euskadi, Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha, manteniendo su presencia en un foro especialmente relevante para el archipiélago por su condición de frontera sur de Europa y por el impacto directo que tienen las políticas migratorias en las islas.

Gobierno y Canarias se reunirán el 26 de agosto para abordar la crisis migratoria

En ese sentido, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, han fijado una reunión bilateral el próximo 26 de agosto para abordar los temas que tenían previsto tratar este jueves en la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración que no ha podido celebrarse por falta de 'quorum' tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del PP.

“En lo que hemos quedado, para las cuestiones que son más del orden del día y que no necesitamos una respuesta tan inmediata, es hacer una bilateral el próximo 26 de agosto. Nos reuniremos aquí con todos los puntos del orden del día para tratar todas las cuestiones que hay”, ha anunciado Delgado, este jueves, en declaraciones a los medios tras mantener una reunión privada con la ministra en la sede del Ministerio.

Elma Saiz agradece la asistencia de las seis comunidades

La ministra agradeció la asistencia de estas seis comunidades autónomas, destacando su “ejercicio de lealtad institucional”, y anunció que mantendrá reuniones individuales con sus respectivos consejeros para seguir avanzando en las cuestiones que iban a tratarse durante el encuentro.

Saiz criticó además que el PP haya tratado de frenar el proceso de regularización extraordinaria de migrantes y defendió que esta iniciativa “da derechos, da dignidad y saca de los márgenes a miles de personas”. Asimismo, reprochó a los gobiernos autonómicos populares haber impedido el debate sobre asuntos de especial relevancia para las comunidades, entre ellos las cifras de la regularización y las políticas de integración.

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, que intervino en representación de las comunidades del PP, justificó la ausencia al considerar que el Gobierno ha convertido la Conferencia Sectorial en un órgano sin capacidad real de cooperación entre administraciones y criticó la política migratoria del Ejecutivo.

En 1986, un grupo de profesionales con compromiso progresista nos propusimos superar la vieja beneficencia y la asistencia social basada en la caridad, desde la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo del primer Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por José Bono.

Nuestro objetivo era construir un marco normativo de bienestar social en Castilla-La Mancha donde las personas dejaran de depender de la voluntad ajena y pasaran a ser titulares de derechos subjetivos exigibles por ley. Queríamos crear y consolidar una arquitectura jurídica ambiciosa y con potencialidad de desarrollos reglamentarios posteriores que elevasen la calidad de vida de todos los ciudadanos de la región, pero muy en particular la de colectivos más frágiles (niños de 0 a 6 años, menores y mujeres más desprotegidos, personas con diferencias y/o discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, drogodependientes y los entonces llamados viejos o ancianos).

Intentábamos asegurar mejoras cualitativas para las personas más vulnerables de la sociedad. Pasar de la gracia al derecho, de la discrecionalidad a la responsabilidad pública, de la ayuda puntual a las prestaciones profesionales, de la dispersión institucional a un sistema organizado, del asistencialismo reactivo a la prevención, del receptor pasivo al ciudadano participativo y al establecimiento del cuarto pilar de Estado del Bienestar Social Universal y con presupuestos públicos.

Para lograrlo, realizamos un riguroso trabajo de documentación y debate. El texto final resultó ambicioso, humanista y garantista. La norma consolidó un sistema integral y descentralizado que otorgó un papel protagonista a los ayuntamientos, promovió la participación ciudadana y combinó la atención primaria con la especializada.

Centros para mayores, menores y personas con discpacidad

Esta transformación requirió una financiación sólida y continuada. Con uno de los mayores presupuestos del Gobierno autonómico de la época, se impulsaron recursos históricos como el PRAS, el Fondo Regional de Bienestar Social y una red de centros para mayores, menores, personas con discapacidad, centros de atención infantil y colectivos vulnerables.

Gracias a la Ley y al enorme y continuado esfuerzo presupuestario se fueron estableciendo cientos de Centros Sociales Polivalentes (CSP), CAIS, centros ocupacionales, residencias para mayores, centros de salud y consultorios locales.

Entre las teorías sociopolíticas de “cerrar pueblos” o “ayudarles a sobrevivir y desarrollarse” triunfó esta segunda y justificó el gran desarrollo inversor en centros y servicios Sociosanitarios para las gentes de Castilla-La Mancha, muy despoblada y abandonada históricamente y a la que intentamos transformar con atenciones de calidad de vida.

Todo este engranaje cobró vida gracias a la enorme responsabilidad y eficacia de los profesionales del Trabajo Social, pilares destacados en esta ingente labor.

A cuarenta años de su confección, y tras su actualización en 2010 por la Ley 14/2010, nos sentimos profundamente orgullosos de aquel esfuerzo.

Con sus lógicas limitaciones, este marco normativo moderno permitió transformar la utopía en realidades concretas, cambiando para siempre la vida de los castellanomanchegos.

El calor afecta por igual a personas jóvenes, en los centros educativos, y también en residencias de mayores. Hasta un mes llevan sin aire acondicionado en la residencia de mayores Virgen de la Antigua de Mora (Toledo) con temperaturas que, entre los meses de mayo y junio, están superando con mucho los 30 grados. Esa es la situación a la que se enfrentan los residentes en este centro que acoge a más de un centenar de personas, que posee plazas públicas pero su gestión es privada.

Mientras visitamos la residencia para conversar con algunas de las personas mayores que se han puesto en contacto con nosotros para “demandar una solución”, sentimos el calor del que nos hablan, a pesar de que el termómetro de un reloj que se encuentra sobre la recepción marque 27 grados, la sensación térmica es mucho más sofocante. “Nos asamos”, comentan los residentes y familiares.

Los ancianos están muy bien atendidos y las chicas [auxiliares] se merecen un 14 de 10, pero ruego que se muevan hilos para solucionar este problema, porque es una vergüenza

El ruido de los abanicos en la sala de visitas es incesante. Se escuchan resoplidos. Frú, frú, frú, suenan los abanicos de madera y de plástico se despliegan cada pocos segundos. Unos a otros se miran, entre risas. Comentan que para el cumpleaños de una residente con la que tienen amistad van a traer aperitivos y bebidas. Uno de los familiares de una residente se marcha antes y dice, sarcástico: “Me voy madre, te dejo aquí al fresco”, haciendo especial énfasis en esa última palabra.

En este centro de Mora llevan varias semanas sin aire acondicionado. A pesar de que todas las personas con las que hemos hablado coinciden en que la gerencia de la residencia, así como las recepcionistas y las auxiliares “se han mostrado siempre transparentes, diciendo que es un problema técnico, que falta una pieza que han tenido que pedir desde Alemania y que no llega”, se ve el cansancio en sus rostros. O quizá es fruto del calor.

Elogian a las auxiliares, pero critican la gestión

J.E., que prefiere no revelar su identidad, es una residente que lleva tiempo en este centro. Asegura que padecen esta situación de calor “horrible y sofocante” desde hace un mes. “Fue en mayo, cuando empezó ya a hacer calor. Mi hija me trajo un ventilador, igual que a otras personas se los han traído y yo lo dejo encendido hasta las cuatro de la mañana, luego me levanto a abrir la ventana cuando por la noche me dan ganas de hacer pis y así estoy”, explica. Comenta que “a lo mejor de 150 residentes, solo 50 estamos en condiciones y podemos quejarnos, pero poco podemos hacer”.

Paula, visita la residencia todos los días y es la esposa de un residente que vive en el “módulo gris”, el espacio de la residencia para aquellas personas que sufren de pérdida cognitiva y, por tanto, necesitan más asistencia. Ellos “no se quejan porque no pueden”, pero señala que su “marido está achicharrado”

“Es una residencia extraordinaria, pero lo agrava el problema de no tener climatización ahora con el calor. Pienso que es poco humano tenerles así, pasando tanto calor cuando en las altas esferas tienen aire acondicionado”. Paula asegura que en este mes han ido varias personas a Urgencias por deshidratación, a pesar de que “los ancianos están muy bien atendidos y las chicas [auxiliares] se merecen un 14 de 10, pero ruego que se muevan hilos para solucionar este problema, porque es una vergüenza”.

B.S. decide no revelar su identidad, pero es hija de una residente que también sufre pérdida cognitiva. Nos cuenta que el principal problema llega porque, además de este problema técnico, la residencia “tiene muchas cristaleras, por lo que es difícil que con tanta luz por todas partes no haga calor. Mi madre tiene una patología cognitiva y ella no sabe decir si tiene calor o tiene frío, pero no se puede tener a los abuelos con estas temperaturas sin aire acondicionado”.

Asegura que los problemas de climatización “empezaron a dar fallos en invierno”, pero la situación se ha hecho más patente con la llegada del calor. Ella ha pedido varias hojas de reclamación y le han comunicado el próximo lunes -15 de junio- “a lo mejor vienen las piezas”. B.S. también señala que “han sido muy transparentes y se están moviendo, pero las soluciones no llegan”. Por el momento, apunta, “dan gelatinas y zumos para mantener a los ancianos hidratados y las auxiliares se preocupan mucho por ellos”.

En el caso de T.M., aunque es de un pueblo cercano a Mora, visita habitualmente a su madre. Ella nos cuenta que por el momento no le ha traído un ventilador a su madre “porque ella no lo ha pedido, pero sí que se queja del calor en la zona común en la que están porque tiene una cristalera muy grande, entra mucha luz y hace mucho calor”. Considera que les están dando largas con el tema de la reparación “y que no lo arreglan por ahorro y que hay dejadez”.

Medidas provisionales que consideran “insuficientes”

Para paliar el calor como medida provisional se han dispuesto pingüinos -aires acondicionados portátiles y verticales- dispuestos en las zonas comunes, aunque los residentes recalcan que “no son suficientes para enfriar salas tan grandes, solo te da el fresco si te acercas al cacharro”.

En la propia sala de visitas comprobamos que este pingüino, único para una sala de unos 40 metros cuadrados y en la que se encuentran de media 15 o 20 personas, despide aire frío a una temperatura de 16 grados, aunque como puede verse está en 'low', a la potencia más baja. El aire se dirige al techo, moviendo las pequeñas guirnaldas de manualidades que realizan los propios residentes en sus actividades matutinas. El frescor se nota al acercar la mano, pero separándote un metro apenas es perceptible.

La reparación está programada para el 15 de junio

La dirección de la Residencia de mayores Virgen de la Antigua nos remite directamente a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios S.A, empresa que se encarga de gestionar “este asunto”, sin ofrecer más declaraciones.

Aralia explica a elDiario.es Castilla-La Mancha que la falta de climatización se debe a un problema técnico “detectado al inicio de la temporada que requiere de la revisión del sistema”. Aralia expone que desde el momento que se detectó esta avería, procedieron “a la formalización del pedido para la inmediata reparación”, en este caso fechado del 23 de abril según ha tenido acceso este medio al presupuesto en cuestión.

Esta incidencia se repetía de nuevo el 7 de mayo y de nuevo formalizaron un nuevo pedido para reparar el problema. “Hemos trasladado nuestras quejas por el retraso en la reparación [a la empresa correspondiente], que supone una cifra importante [más de 23.000 euros] que Aralia ha asumido con la diligencia que el cuidado de nuestros residentes requiere”, teniendo en cuenta que la empresa encargada de la instalación acudirá “para la reparación el próximo lunes 15 de junio”.

Además, Aralia señala que aparte de la instalación de los pingüinos, también “promovemos y velamos por una mayor hidratación de nuestros residentes y mantenemos una hidratación continua”. Afirman que estos hechos han sido informados “puntualmente” a la Delegación de la Consejería de Bienestar Social en Toledo.

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social confirman a este medio que se les indicó que había una avería: “Al realizar la reparación del arreglo el 7 de mayo vieron que había otra avería, que consistía en la comunicación de dos circuitos”. Explican que también están informados tras “numerosas llamadas” a la empresa responsable de la reparación “nos han comunicado que acudirán al centro el lunes 15 de junio”. De igual forma, aseguran que “para paliar el calor que puedan tomar los residentes, hemos tomado medidas como pueden ser la instalación de pingüinos en las zonas comunes, mayor hidratación y supervisión continua de los residentes”.

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Aragón para que, una vez estudiadas las necesidades de las personas excarceladas y los recursos existentes, valore la posibilidad de adoptar o impulsar las actuaciones precisas –en coordinación con las instituciones centrales del Estado– con el fin de favorecer su reinserción y evitar situaciones de exclusión social.

La actuación se produce tras la queja presentada por una coordinadora de entidades sociales que trabajan en los centros penitenciarios de Zuera y Daroca (Zaragoza), que alertó de las consecuencias derivadas de la supresión del subsidio de excarcelación a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024.

La sustitución de esta prestación por el ingreso mínimo vital genera un período de carencia económica que puede extenderse de los dos meses habituales hasta doce o incluso dieciocho meses, dado que muchas personas privadas de libertad no pueden cumplir los requisitos exigidos para acceder al IMV –entre otros, la constitución de una unidad de convivencia con seis meses de antelación, la vida laboral mínima, el empadronamiento previo o la tramitación telemática–.

El Departamento de Bienestar Social y Familia informó a la institución de que la gestión del IMV corresponde a la Administración General del Estado y que las personas excarceladas pueden solicitar la Prestación Aragonesa Complementaria si cumplen los requisitos establecidos. Asimismo, señaló que la supresión del subsidio de excarcelación fue una decisión del Gobierno de España y que es este quien debe asumir la responsabilidad de corregir sus consecuencias.

La Justicia de Aragón reconoce que las cuestiones relativas a la regulación estatal del IMV son competencia del Defensor del Pueblo, al que ya se remitió la queja en su momento.

Sin embargo, en el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de acción social, considera oportuno que el Gobierno de Aragón analice la situación de este colectivo y estudie qué actuaciones adicionales podrían adoptarse en coordinación con el Estado para cubrir el período de desprotección económica que atraviesan estas personas a su salida de prisión, con el fin de facilitar su reinserción social y laboral y evitar su caída en circuitos de exclusión social.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado hoy en Caspueñas (Guadalajara), la primera edición de las rutas senderistas para personas con discapacidad, un nuevo programa impulsado por la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Discapacidad, orientado a promover la inclusión social, el bienestar físico y emocional, la autonomía personal y la participación comunitaria.

Un programa con diez rutas y 600 participantes en toda la región

La primera edición de las rutas senderistas para personas con discapacidad contará este año con diez rutas en Castilla-La Mancha, dos por provincia, distribuidas entre los periodos de primavera y otoño, con una previsión de llegar a 600 personas participantes.

Se trata de rutas accesibles, de dificultad baja o baja-media, con recorridos de entre cuatro y cinco kilómetros, que combinan actividad física, contacto con la naturaleza, convivencia grupal, actividades lúdicas y participación social. El programa incluye transporte, comida, avituallamiento, acompañamiento profesional, apoyo logístico y recursos de seguridad.

Una actividad gratuita, con un programa que se desarrolla en colaboración con entidades y recursos especializados del ámbito de la discapacidad, además de la entidad ‘Correr y Correr’ como colaboradora en la organización logística de las rutas.

Caspueñas y el Valle del Río Ungría, punto de partida

La primera ruta ha comenzado en Caspueñas, en el entorno del Valle del Río Ungría, un espacio de alto valor paisajístico en la Alcarria, donde el paso del río ha generado un valle estrecho de gran singularidad natural, con riqueza de flora, fauna y paisaje.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha participado en el arranque de esta primera ruta, junto al director general de Discapacidad, Francisco José Armenta; la delegada provincial de Bienestar Social, Carmen Gil; el alcalde de Caspueñas, José Antonio Alonso; responsables de los centros participantes; profesionales de apoyo; la entidad colaboradora ‘Correr y Correr’; vecinos y vecinas de la localidad y el entorno y las personas protagonistas de la jornada.

García Torijano ha subrayado que Castilla-La Mancha pone en marcha “un programa nuevo, pionero y con vocación de continuidad”, que nace para convertir el ocio en una herramienta real de inclusión. “No hablamos solo de caminar cuatro kilómetros. Hablamos de abrir caminos de autonomía, de bienestar, de convivencia y de inclusión real”, ha afirmado.

La consejera ha señalado que esta iniciativa refleja una forma de entender las políticas públicas de discapacidad “que no se limita a atender, sino que quiere que las personas participen, disfruten, convivan y formen parte de la comunidad”.

García Torijano ha destacado el valor simbólico de iniciar el programa en este enclave, porque “el medio natural no puede ser un privilegio; tiene que ser un lugar abierto, accesible, compartido y disfrutado por todas las personas, también por las personas con discapacidad”.

70 participantes en esta primera ruta

La ruta, de cuatro kilómetros y dificultad baja-media, ha partido desde la plaza de la Iglesia de Caspueñas y ha reunido a unas 70 personas procedentes de recursos de discapacidad de la provincia de Guadalajara, además de vecinos y vecinas de la zona.

En concreto, han participado personas del CADIG La Chopera, de Yunquera de Henares; del centro ocupacional Las Encinas, de Azuqueca de Henares, y del centro ocupacional Nuestra Señora de la Salud, de Guadalajara.

La consejera ha agradecido el trabajo de los profesionales y monitores que acompañan a los grupos, ya que “detrás de una jornada como esta hay organización, planificación, adaptación a las necesidades de cada persona y mucho compromiso”.

Refuerzo de las políticas de discapacidad

La consejera ha enmarcado este nuevo programa en la apuesta global del Gobierno de Emiliano García-Page por las políticas de discapacidad. En este sentido, ha explicado que Castilla-La Mancha cuenta en 2026 con el presupuesto más alto de su historia en esta materia, en torno a 159 millones de euros, frente a los 97,5 millones de 2015.

Este presupuesto sostiene una red pública de 383 recursos especializados, “que atiende cada día a más de 15.000 personas en la región y ha permitido aumentar en más de 1.800 las plazas de atención especializada a personas con discapacidad”, según explican desde la Consejería.

“Cuando hablamos de inclusión hablamos de rutas como la de hoy, pero hablamos también de centros, de plazas, de profesionales, de financiación, de viviendas, de Atención Temprana, de centros de día y de colaboración con el Tercer Sector”, ha afirmado García Torijano.

Apertura del nuevo servicio de Atención Temprana de Marchamalo

En este contexto de refuerzo de la atención a las personas con discapacidad en la provincia de Guadalajara, la consejera ha anunciado que el Gobierno regional tiene prevista la apertura, a lo largo de este mes de mayo, del nuevo servicio de Atención Temprana de Marchamalo.

Este nuevo recurso estará ubicado en el centro social de la localidad, situado en la Plaza Mayor, y contará con un equipo profesional especializado integrado por perfiles de psicología, terapia ocupacional, fisioterapia y logopedia.

La financiación prevista asciende a más de 161.000 euros y permitirá seguir reforzando la atención a niños y niñas y a sus familias desde las primeras etapas del desarrollo. “Es un servicio universal gratuito y desde el que atendemos a todos y cada uno de los niños y niñas que llegan a nuestro sistema; o bien desde el primer momento que nacen, bien incluso antes del nacimiento, puesto que ya lo estamos implantando en los entornos hospitalarios, o bien a lo largo de su infancia, para que se pueda detectar alguna dificultad de aprendizaje”, ha remarcado la consejera.

Este año se van a cumplir 20 años de la aprobación de la Ley de Dependencia. Desde mi punto de vista, es la ley de protección social más importante de este siglo.

Hace dos décadas ya se veía que el número de personas en situación de dependencia se estaba incrementando como consecuencia del aumento del envejecimiento de la población. Este fenómeno demográfico no es una excepción en Castilla-La Mancha ni en España, porque afecta a la mayoría del mundo occidental. Aumenta el envejecimiento porque afortunadamente crece la esperanza de vida.

Hace un siglo se vivía de media unos 44 años y hoy la vida se ha alargado hasta los 84 años. Sin duda esto es un logro social, porque si se viven más años es porque se vive mejor. Sin embargo, las condiciones de vida y la propia medicina también han conseguido que la esperanza de vida en situación de dependencia y los años con mala salud también se estén alargando. Esto es un reto que plantea la necesidad cuidados y un incremento de recursos sociosanitarios.

Esta tendencia al envejecimiento va a continuar creciendo en los próximos años y de manera especial cuando la generación del ‘baby-boom’ llegue a los 85 años, esa edad en la que aparecen de manera más generalizada las situaciones de dependencia. Según las cifras del INE, hace 20 años había en Castilla-La Mancha 39.995 personas con 85 y más años, actualmente la cifra se ha incrementado en un 81,5%, llegando a principios de 2025 a las 72.618 personas y, según las proyecciones demográficas, este segmento de población actual se podría duplicar en los próximos 25 años.

Junto al incremento de la longevidad, se está produciendo una inversión de la pirámide de la población, originada también por la reducción de la natalidad que está planteando ya un problema de falta de personas que se dedican a los cuidados, aunque el problema tiene otros interrogantes y puede tomar una dimensión preocupante en las próximas décadas.

Deberíamos prestar mucha atención a estos datos demográficos, porque si hoy los servicios de atención a la dependencia y los servicios sanitarios están dedicando una parte importante de sus recursos a atender a estas personas, la tendencia es que en el futuro próximo la situación pueda desbordar la capacidad de estos sistemas si no hacemos actuaciones importantes para abordar esta situación.

Sin embargo, los problemas de la atención a la dependencia no se explican solo por el envejecimiento de la población, se suman otros cambios sociales importantes que afectan a los cuidados, como la reducción del número de miembros de las familias, los nuevos modelos familiares y los avances en igualdad, con el cambio en los roles sociales tradicionales en los que las mujeres se han encargado en solitario de asumir la mayor parte de la carga de los cuidados. Lo siguen haciendo todavía y ahora realizando con mucho esfuerzo la difícil conciliación con la vida laboral. Todo ello, ha producido también un debilitamiento de lo que se denominan los apoyos informales que, no obstante, seguirán siendo necesarios si realmente queremos afrontar las situaciones de soledad no deseada y el importante papel del acompañamiento emocional en los cuidados.

Los problemas de la atención a la dependencia no se explican solo por el envejecimiento de la población, se suman otros cambios sociales importantes que afectan a los cuidados, como la reducción del número de miembros de las familias, los nuevos modelos familiares y los avances en igualdad

Con la Ley de Dependencia, por cierto, aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se produce un gran cambio no solo en términos jurídicos y de protección social, sino que lo que se plantea es que la atención a las personas en situación de dependencia no es solo un problema que tienen que afrontar las propias familias, sino que mediante la generación de un derecho subjetivo (que pertenece a la persona y se puede reclamar), es una contingencia que obliga a los poderes públicos a garantizar su atención.

Durante este periodo de desarrollo de este sistema de protección a las personas en situación de dependencia podríamos hablar de luces y sombras. Se ha producido un incremento de personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia (en Castilla-La Mancha se ha duplicado en número de personas en los últimos diez años, pasando de 36.796 en 2015 a 82.425 personas beneficiarias en 2025, con datos de diciembre).

Después de los recortes sociales realizados para afrontar equivocadamente la crisis económica de 2008, donde gravemente se redujo su financiación y el número de personas atendidas en el periodo 2011-2015, se ha incrementado la financiación y las prestaciones destinadas a la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia. Sin embargo, las diferencias entre comunidades autónomas, la ausencia de presupuestos generales del Estado y, sobre todo, la falta de un sistema de financiación, suficiente, estable y sostenible, siguen siendo las principales debilidades de este sistema de protección.

También necesita el sistema de protección mayor agilidad, menos burocracia y reducir los tiempos de espera que, junto con las dificultades para acceder a algunos centros y servicios, son las principales quejas que se vienen planteando por parte de la ciudadanía.

Es necesario mejorar la calidad y diversificar la oferta de prestaciones y servicios para adecuarla a las preferencias de las personas, ofrecer servicios domiciliarios y de proximidad para evitar el desarraigo y propiciar la importancia que tiene el entorno en los cuidados, así como garantizar una atención residencial adecuada cuando las situaciones de dependencia son muy complejas o se carece del soporte familiar y social necesario.

Aquí siempre hay que tener en cuenta las características de las personas y las propias realidades geográficas de cada territorio. En este sentido, en Castilla-La Mancha con una población rural muy dispersa, los servicios que atienden a las personas en situación de dependencia también se pueden considerar como motor de la actividad económica y generador de empleo en las zonas en riesgo de despoblación. Hay ya muchos municipios de pequeño y mediano tamaño donde la principal actividad en generación de empleo son los servicios sociales.

Puede parecer en cierto modo paradójico que la innovación y el mundo rural se puedan retroalimentar, pero el desarrollo tecnológico, la digitalización y la propia Inteligencia Artificial está siendo y lo podrán ser en mayor medida en el futuro, un recurso importante para favorecer la autonomía de las personas y permitirles la permanencia en su propio entorno. La accesibilidad, la domótica, los productos de apoyo, la robótica, la teleasistencia avanzada y la telemedicina, junto con los servicios domiciliarios y de proximidad, pueden ser una buena combinación para hacer frente a una parte importante de los retos que tenemos planteados en esta materia.

También es y será necesario apoyar a las familias cuidadoras que, en muchos casos, a pesar de las ayudas del sistema de la dependencia, son las que siguen soportando la mayor parte de la carga y la responsabilidad de los cuidados. Su aportación es muy importante en términos de acompañamiento afectivo y emocional, pero es indudable que necesitan apoyos, no solo económicos, también de formación, orientación y servicios de respiro.

A diferencia de otros problemas, pasar por una situación de dependencia le puede ocurrir a cualquier persona, independientemente de su edad, su posición social y su estado de salud, aunque los cuidados que se requieren desbordan la capacidad de cualquier familia. Y el problema no es solo de falta de centros y servicios, es también un problema de falta de profesionales.

Faltan profesionales sanitarios que habrá que incrementar ampliando las plazas y los centros de formación, pero faltan profesionales de los cuidados directos porque hoy ya tenemos un grave problema que, de alguna manera, están paliando las mujeres inmigrantes, a veces en situación irregular (un tema que merece un tratamiento especial), pero que requiere una respuesta eficaz si pretendemos evitar una situación de colapso. Será necesario promover y flexibilizar su formación y ligarla también a la práctica laboral, como está pretendiendo la nueva legislación en esta materia; pero es necesario incrementar significativamente sus retribuciones, sus condiciones laborales y su reconocimiento social.

Faltan profesionales sanitarios que habrá que incrementar ampliando las plazas y los centros de formación, pero faltan profesionales de los cuidados directos porque hoy ya tenemos un grave problema que, de alguna manera, están paliando las mujeres inmigrantes, a veces en situación irregular

El problema sobre el que pongo el foco tiene cierta complejidad, pero se puede complicar aún más si entra en el espacio de la disputa política y abandona el consenso que se consiguió para la aprobación de la Ley de Dependencia.

Estamos ante un problema que preocupa a todas las personas porque todas han vivido, están viviendo o vivirán muy de cerca situaciones de dependencia. Es uno de esos ámbitos, igual que sucede con la Sanidad, en los que poca gente se negaría a pagar más impuestos si van destinados a una mejora de las prestaciones. Sin embargo, no veo a la clase política con disposición para afrontar los consensos necesarios para abordar no solo las reformas legislativas que son necesarias, sino para generar el aumento de presupuestos y recursos públicos que son imprescindibles.

Tenemos un serio problema si este tipo de temas no se abordan con altura de miras y pensando en la mayoría de las personas. Se requiere un incremento significativo de la financiación de la atención a la dependencia y es necesario que este tema forme parte de la agenda política y que se visibilice la situación para acordar soluciones.

¿Quién nos va a cuidar?, pero también: ¿dónde y cómo?; es uno de los temas que le preocupan a la gente y convendría que la buena política se dedicara a estos problemas y que en las estrategias de comunicación se hablara más de lo que afecta a la ciudadanía y tal vez no tanto de las disputas, las escaramuzas y el politiqueo con asuntos que poco sirven para mejorar la vida de las personas.

Castilla-La Mancha cuenta desde este lunes con la nueva Escuela de Formación de Servicios Sociales, una iniciativa formativa que busca reforzar la cualificación, la actualización permanente y la cohesión profesional de todas las personas que trabajan en el sistema público de servicios sociales de la región.

Impulsada por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional, la escuela cuenta con el apoyo tecnológico, humano y organizativo de la Fundación Ceres y plantea tres ejes de trabajo: generación y transferencia de conocimiento, formación continua y actualización de competencias profesionales, según afirma el Ejecutivo regional en nota de prensa.

La programación anual está dirigida a perfiles técnicos del trabajo social, la educación social y la psicología, así como a personal auxiliar y administrativo, profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, personal de la administración local y la autonómica, Tercer Sector y entidades del ámbito empresarial vinculadas a la red social regional.

Formación para todo el sistema profesional de los servicios sociales

Uno de los elementos más relevantes de esta nueva estructura es que amplía, por primera vez, el acceso a la formación a todo el ecosistema de los servicios sociales. Según los datos que maneja la Consejería, alrededor del 80% de los y las profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria no podía acceder hasta ahora a la formación ordinaria, reservada al personal de la Junta. Una brecha que la nueva Escuela viene a corregir con una oferta específica, estable y compartida.

Su programación inicial incluye seminarios de reflexión profesional y acciones formativas sobre ética profesional, intervención con menores y familias, cuidados, ayuda a domicilio, sinhogarismo, pobreza y exclusión social, intervención comunitaria o apoyo administrativo a los equipos; con especialistas de referencia como Manuel Aguilar, Josefa Cardona, Esther Raya o Luis Barriga.

Ya se han llevado a cabo las primeras formaciones

La presentación de la Escuela se ha celebrado este lunes en el salón de actos de la Consejería de Bienestar Social, en una jornada inaugurada por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la presidenta de la Fundación Ceres, Toñi Valverde; y el director general de Acción Social, Santi Vera Díaz-Cardiel; y que incluye dos ponencias del profesor Manuel Aguilar sobre el presente y los retos del sistema público de servicios sociales.

García-Torijano ha señalado que estas jornadas serán “muy fructíferas” y que estarán orientadas a tres objetivos principales: “que queden instaladas en nuestra comunidad autónoma y tengan continuidad en el tiempo; que contribuyan a seguir mejorando la atención al ciudadano y a llegar a todos los rincones de la región, por eso combinamos la modalidad presencial y telemática; y, en tercer lugar, que sirvan para seguir fortaleciendo nuestra red de recursos de servicios sociales”.

La Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha se ha concentrado frente a la Consejería de Bienestar Social y frente a las Cortes regionales en Toledo para exigir al Gobierno regional la equiparación salarial “real y efectiva” de todos los profesionales de los servicios sociales de atención primaria.

Señalan que hacen y tienen el “mismo trabajo, misma responsabilidad, misma cualificación, pero distinto sueldo, esto tiene un nombre: injusticia”.

El colectivo demanda el cumplimiento “estricto” de la normativa vigente que, según la plataforma, “obliga a actualizar los convenios conforme a las retribuciones del personal de la Junta”, así como “un modelo de financiación suficiente, estable y justo que garantice equipos de trabajo seguros y una atención de calidad para toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, también la que vive en el mundo rural” y el “reconocimiento real de los servicios sociales como pilar básico del bienestar, no como servicio de segunda”.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración frente a las Cortes regionales, Irene Jiménez en representación de la Plataforma, ha señalado que “llevamos demasiado tiempo esperando una respuesta que no llega, tres años, ocho reuniones con la Consejería y no nos han dado ninguna solución”.

La portavoz ha indicado que son “trabajadoras y trabajadores sociales, educadoras y educadores sociales, psicólogas y psicólogos, profesionales de la administración y cobramos hasta un 40% menos que nuestros compañeros y compañeras que hacen exactamente el mismo trabajo, contratados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Apuntaba también que “tenemos una situación muy precaria a nivel salarial, con unos salarios muy por debajo a lo que nos corresponde según nuestra categoría profesional y las funciones que realizamos, queremos mismo salario por el mismo trabajo y es la Consejería la que tiene que poner la solución”.

La plataforma critica que desde 2010 los convenios que “la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado conforme a la ley”. “Mientras tanto, los equipos se fragmentan, la precariedad crece y la calidad de la atención que recibe la ciudadanía se resiente. No solo sufren las y los profesionales, también las personas que atienden”, explican.

Exponen que los servicios sociales de atención primaria “no son un gasto, son un pilar fundamental del Estado de Bienestar, sin profesionales dignamente retribuidos, no hay sistema; sin sistema, no hay protección para la ciudadanía más vulnerable”.

Desde la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha matizan que se trata de una “cuestión de justicia social” y que seguirán luchando “hasta que el mismo trabajo reciba el mismo sueldo”.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha y la delegación regional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Castilla-La Mancha) han presentado en Toledo un protocolo de actuación para el desarrollo de seis microcredenciales universitarias en el ámbito de la discapacidad. La iniciativa busca mejorar la cualificación profesional y promover la igualdad de oportunidades en la región.

En la presentación del acuerdo, el rector destacó que esta colaboración “a tres bandas” beneficiará al conjunto de la sociedad castellanomanchega y responde a la misión de la Universidad de mejorar la vida de las personas a través del conocimiento.

Las seis acciones formativas se impartirán desde la próxima semana

Según indicó Garde, se han previsto seis acciones formativas que comenzarán a impartirse la próxima semana. Se estructuran en dos bloques temáticos: gestión y sostenibilidad de entidades sociales e intervención y acción social directa con personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es reforzar tanto la capacidad organizativa del tercer sector como la atención profesional a las personas con discapacidad.

El rector señaló que esta colaboración se inscribe en el programa de microcredenciales universitarias impulsado mediante el acuerdo entre la UCLM, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España. En este marco, el objetivo autonómico fijaba 832 microcredenciales, de las cuales 714 correspondían a la UCLM. Hasta la fecha, la institución ha ejecutado y evaluado 128 acciones formativas, que han permitido emitir 2660 microcredenciales. Además, hay 132 nuevas acciones aprobadas hasta el final del periodo, lo que supondrá más de 1500 microcredenciales adicionales.

Las microcredenciales se dirigen a perfiles distintos del estudiantado tradicional y permiten actualizar competencias de forma ágil. En este contexto, el rector subrayó que la UCLM “ha multiplicado por seis el objetivo inicial fijado para Castilla-La Mancha, consolidándose como una referencia nacional en microcredenciales universitarias”. Al término del periodo establecido, “más de 4000 personas habrán recibido formación flexible, especializada y alineada con las necesidades del mercado laboral, con especial atención a la igualdad de oportunidades y a los colectivos más vulnerables”.

En la presentación del protocolo participaron también la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el gerente del CERMI Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, quienes respaldaron la colaboración interinstitucional y, en particular, esta iniciativa de formación especializada orientada a mejorar la atención y la inclusión de las personas con discapacidad.

La directora del Centro de Estudios de Posgrado, Susana Villaluenga, y las codirectoras del Aula de Inclusión e Innovación Social UCLM-CECAP, Yolanda Salinero y Sonia Morales, asistieron a la presentación junto a representantes de la Consejería y de las entidades sociales.

Se definen como “la puerta de entrada” al sistema de servicios sociales y del bienestar, pero denuncian que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha les deja en situación de “exclusión laboral y salarial” de forma “clara”. Una situación que afecta a más de 800 trabajadores de los servicios sociales contratados en ayuntamientos castellanomanchegos con menos de 20.000 habitantes a través de un convenio de colaboración con la Junta de Comunidades.

Son los profesionales de Psicología, Educación Social, Trabajo Social y Administración que se encuentran los usuarios y usuarias cuando van a pedir cualquier tipo de acompañamiento social en los ayuntamientos. Intervienen en situaciones de protección de menores, violencia de género, situaciones de exclusión con salud mental, drogodependencias, atención a personas dependientes o de ayuda a domicilio. Es el equivalente al médico de Atención Primaria para los servicios sociales.

Estos profesionales constituyeron en 2023 la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de Castilla-La Mancha, desde la cual denuncian que perciben un salario hasta un 40% menor que sus compañeros funcionarios de la Junta de Comunidades.

Una situación que se da, lamentan, a pesar de realizar las mismas funciones y que las tablas salariales las marca el Gobierno regional, según explica Lina Ramírez, portavoz de la plataforma.

Misma categoría y funciones, diferente salario

El Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha se presta a través de la administración autonómica y las corporaciones locales. No obstante, en los ayuntamientos de municipios de hasta 20.000 habitantes, la responsabilidad es autonómica y se ejerce con la labor de funcionarios de la Junta de Comunidades o con trabajadores y trabajadoras contratadas por los ayuntamientos mediante un concierto con la Administración regional, que es la que fija las tablas salariales -y las financia en gran medida- mediante un convenio de colaboración.

Y es aquí donde, según denuncia Ramírez, se genera la desigualdad. La reclamación pasa por que el citado convenio de colaboración establece un salario un 40% menos respecto a los compañeros funcionarios de la Administración autonómica que trabajan en el mismo servicio, con la misma categoría profesional y ejecutando las mismas funciones y responsabilidades.

“Nosotros cohabitamos dentro de los municipios con compañeros que son funcionarios de la Junta de Comunidades y con los que hay una diferencia salarial entre un 38% y un 40% en el salario, realizando las mismas funciones. Estamos hablando de una diferencia salarial entre setecientos y mil euros mensuales”, explica la portavoz. “Tenemos casos de compañeras que llevan trabajando 30 años y están ganando 1.400 euros en doce pagas siendo una categoría profesional A2. Y muchos salarios son el salario mínimo interprofesional”.

Además, señalan que los convenios que la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado desde 2010, lo cual genera que la financiación para los ayuntamientos de los Servicios Sociales sea cada vez “más insuficiente” para asumir los costes laborales de las y los profesionales.

Lina Ramírez señala que la única subida salarial reciente que han tenido se produjo en el 2024, algo que vinculan al nacimiento de su movimiento el año anterior.

“Cuando la plataforma comienza esta acción y tiene reuniones con la Consejería de Bienestar Social y conseguimos que nos suban en el 2024 un 3% y en el 2025 un 3,5%. Ahora mismo la consejería impone un acuerdo, que no es bilateral, es una imposición suya, en la que dice que lo que puede marcar para la legislatura es subirnos el IPC, al igual que la subida de los funcionarios anual”.

Esta solución no satisface a los trabajadores concertados, ya que al darse una subida porcentual igual que la que perciben los empleados de la Junta, consideran que se sigue agravando esa brecha salarial. “No es lo mismo subir un 3% de 1.000 euros que un 3% de 2.000”, defienden.

Una desigualdad que causa “desmotivación”

Esta situación, aseguran, afecta tanto a los trabajadores como a las personas que acuden a servicios sociales. “Hay desmotivación, lo que genera continuas salidas y entradas porque la gente busca otros trabajos en los que pueda ganar más dinero. Y esto que afecta a los usuarios, que son muy vulnerables y necesitan una relación estable con la persona que les atiende”.

“La Consejería de Bienestar Social, que debería buscar dignificar a las personas y trabajar contra la exclusión social, está situando a los profesionales en una clara situación de exclusión laboral y salarial”, añade Lina Ramírez, portavoz de la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha.

“Sabemos que la equiparación salarial no se puede hacer de un día para otro, pero sí de una forma progresiva. La Consejería se ha cerrado en banda. Hemos enviado correos para retomar las negociaciones y no nos han contestado”, señala Ramírez. Por eso, desde la plataforma avisan que, en caso de no llegar a un “acuerdo real” de equiparación salarial, tienen planteado realizar movilizaciones “constantes”.

La Consejería asegura que ha “comprometido mejoras”

Sobre esta situación, fuentes de la Consejería de Bienestar Social no han querido responder a las preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, pero se han referido a la problemática señalando que han mantenido reuniones periódicas con esta plataforma y otras entidades a lo largo de la legislatura, “comprometiendo mejoras y consolidando avances” para con los Ayuntamientos, tanto de personal como de financiación.

Las mismas fuentes argumentan que el Gobierno de Castilla-La Mancha “invierte un 5,3% más en los Servicios Sociales de Atención Primaria que el resto de la media de nacional”, y confirman que han recibido una solicitud de reunión por parte de la plataforma que ha sido trasladada a la Dirección General de Acción Social, sin fecha para el encuentro.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha avanzado que el Gobierno regional pondrá en marcha siete nuevos centros de Atención Temprana para menores en Castilla-La Mancha a lo largo de 2026 gracias a una inversión total de 12,8 millones de euros y una ampliación de plantilla que permitirá la contratación de hasta 413 profesionales.

Los nuevos centros estarán en Marchamalo (Guadalajara), Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Sonseca (Toledo), y la comarca de los Montes de Toledo, así como en los hospitales de Cuenca, Guadalajara y Alcázar de San Juan, hasta sumar un total de 76 recursos en Castilla-La Mancha.

La consejera ha recordado la importancia que tiene este servicio “tan necesario para niños y niñas con dificultades de aprendizaje” y su papel de acompañamiento para las familias “en momentos muy difíciles” durante los primeras años de vida de esos pequeños.

En este contexto la titular de Bienestar Social ha explicado que ya se han superado los 8.000 niños y niñas atendidas en la Comunidad Autónoma con un incremento presupuestario “significativo” que permitirá superar los 70 recursos en el ejercicio 2026. “De esta manera se amplía este servicio de atención universal, gratuito y sin lista de espera, que además se ha ampliado hasta los seis años si se avala con la prescripción de profesionales”, ha recalcado.

“De esta manera, se cumple una proyección muy positiva a lo largo de los últimos 10 años, acorde con el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para ofrecer unos servicios pioneros y de vanguardia en la atención temprana a los niños y niñas con dificultades de aprendizaje”, ha concluido.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha exigido “respeto institucional al consenso social y político construido en la región” en torno al nuevo Estatuto de Autonomía.

En un comunicado de prensa, los representantes del Tercer Sector han valorado el cambio de postura del Partido Popular sobre el texto, tras romper los 'populares' el acuerdo que tenían con el PSOE al presentar una enmienda para que no se incremente el número de diputados en el Parlamento de esta comunidad.

Así, la Mesa defiende que el acuerdo “alcanzado entre las fuerzas políticas y los agentes sociales debe ser respetado” en su tramitación en las Cortes Generales, “evitando pasos atrás que supongan un menosprecio al diálogo y al esfuerzo realizado durante meses”.

Del mismo modo que el tejido empresarial ha reclamado que “se respete” lo acordado, la Mesa del Tercer Sector ha exigido “respeto institucional al consenso social y político construido en la región”. “Instamos al Partido Popular a mantener la altura de miras demostrada en la fase de negociación y a seguir adelante con el texto pactado, sin utilizar ahora el número de diputados y diputadas como excusa para reabrir un debate que no está entre las prioridades reales de la ciudadanía más vulnerable”, ha expuesto.

“El foco debe seguir puesto en cómo garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer el diálogo civil, no en alimentar controversias partidistas alejadas de las preocupaciones sociales de fondo”.

Por último, la Mesa explica que el nuevo Estatuto “no es un mero ajuste técnico; es una herramienta para blindar derechos, reforzar los sistemas públicos y garantizar la protección de las personas y familias más vulnerables en Castilla-La Mancha. Las propuestas canalizadas a través de la Mesa del Tercer Sector se orientan a asegurar una mayor estabilidad normativa para las políticas sociales, la accesibilidad universal y el reconocimiento del papel de las entidades sociales en la cohesión territorial”.

La Junta asegura que los agentes sociales se sienten “ofendidos”

Sobre este posicionamiento que ha hecho la Mesa del Tercer Sector y otros agentes sociales sobre el cambio de postura del PP en torno al nuevo Estatuto se ha pronunciado este jueves la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla.

“En relación con el Estatuto y las peticiones de los agentes sociales, lo que se ha producido es una cascada, muy razonable, por otro lado, de posicionamientos por parte de empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias como Asaja y UPA, la propia universidad, la Mesa del Tercer Sector o la EAPN.

Padilla ha asegurado que “todos ellos han trabajado muchas horas para alcanzar el acuerdo y el consenso logrados en Castilla-La Mancha”, y que están siendo “tan contundentes porque se sienten ofendidos”.

“Son entidades y representantes sociales habituados al diálogo con el Gobierno de Castilla-La Mancha, sabiendo que hay que hablar, acordar y cumplir. Cuando el Partido Popular rompe el acuerdo que ha sido ejemplo en toda España, es lógico que reaccionen como lo están haciendo”, ha zanjado Padilla.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha asegurado este lunes que su departamento está trabajando en “buscar la protección de los menores” y “recuperar la normalidad” en Cartes, tras la polémica vivida en las dos últimas semanas en el municipio a raíz de la llegada de menores migrantes no acompañados a un centro de urgencia habilitado por el Gobierno de Cantabria en el Camino Real.

Así lo ha manifestado este lunes a preguntas de los medios de comunicación, en las que ha incidido en esta pretensión del Ejecutivo para que la localidad recobre la “normalidad”, existente en otros municipios donde se ubican este tipo de hogares.

En cuanto a la resolución judicial que suspende cautelarmente la orden de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), en la que ordenaba la paralización inmediata del centro de acogida, como solicitó el Gobierno, la consejera ha señalado que se están siguiendo los trámites procedimentales oportunos.

Además, ha apuntado que desconoce si la regidora ha presentado alegaciones al mismo, para lo que la justicia le dio un plazo de tres días, aunque el Ayuntamiento descartó esta posibilidad en un comunicado remitido del viernes.

Por último, Gómez del Río ha reiterado la “preocupación” de su departamento por la protección de los menores migrantes que llegan a Cantabria y ha afirmado que el Ejecutivo acatará las decisiones judiciales, “como no puede ser de otra manera”.

El presidente de Castilla-La Mancha se felicitaba estos días: asegura que estamos entre las comunidades con más plazas de residencias de mayores financiadas con dinero público. Debe ser uno de esos días, que toca reforzamiento del departamento de propaganda: liderazgo social, compromiso con los mayores, orgullo de región puntera. Pero, antes de aplaudir, conviene preguntarse qué hay detrás de esa palabra mágica, “liderazgo”, y cuánta realidad cabe en el eslogan.

Los datos son buenos, nadie lo discute. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad que más plazas de financiación pública aporta, sumando tanto las plazas netamente públicas como las concertadas pagadas con dinero del sistema público. Lideramos el ranquin de Autonomías en este indicador y, además, somos la segunda comunidad de España en número total de plazas residenciales, sólo por detrás de Castilla y León. Es decir: si miramos solo la foto fija del número de camas, salimos favorecidos.

También las ratios nos acompañan. Informes recientes señalan que la región supera la clásica referencia de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años y se coloca en torno al 6,4%, por encima de la media estatal. Sobre el papel, motivos hay para que los castellanomanchegos nos felicitemos. En un país que envejece rápido y mal, donde cada plaza cuenta, no es un logro menor haber escalado posiciones en la tabla.

Si miramos el conjunto del Estado, la foto se amplía: aproximadamente 7 de cada 10 plazas residenciales para mayores tienen financiación pública, en torno al 69,6%. Y, dentro de ese mapa, Castilla y León y Castilla-La Mancha aparecen como las comunidades que encabezan la cobertura de plazas financiadas públicamente. Aquí suele colarse una trampa semántica: se mezclan “titularidad” y “financiación” como si fueran lo mismo. No lo son. Titularidad es quién es dueño del centro; financiación es quién paga la plaza.

En Castilla-La Mancha, una parte importante de esas plazas “públicas” están en centros de titularidad privada, pero concertadas y pagadas con fondos públicos. Eso hace que el peso de la financiación pública sea alto, aunque la red siga siendo mayoritariamente privada en manos de empresas. El ciudadano oye “plaza pública” y piensa en una residencia pública; la consejería dice “plaza pública” y se refiere a una factura pública en una cama privada. No es un matiz menor.

¿Respalda todo esto el famoso “liderazgo social” que se atribuye Page? El presidente proclama que Castilla-La Mancha es “la primera que encabeza el ranquin de comunidades autónomas que financian plazas públicas para residencias de mayores” y que contamos con el mayor volumen de plazas sostenidas con fondos del servicio público. Y, en términos estrictos, los datos le dan la razón: encabezamos el listado en plazas financiadas con dinero público y somos segundos en plazas totales. De hecho, cuando dice que estamos “entre las regiones con más plazas públicas” se queda corto incluso respecto al indicador que maneja.

El problema no está en el dato, sino en la lectura que se hace de él. Convertir un buen indicador en certificado de “liderazgo social” es una pirueta política arriesgada. Una comunidad puede tener muchas plazas y, aun así, funcionar con un sistema de cuidados lleno de grietas. Y eso es precisamente lo que no aparece en los discursos, ni en las notas de prensa, ni en las celebraciones institucionales. Lo afirmo con conocimiento de lo que afirmo, porque he trabajado varios años cómo médico de residencias de mayores.

Por eso sé, que mientras Page presume de liderazgo, persiste un déficit global de plazas residenciales en España: se calculan cerca de 90.000 plazas faltantes para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 mayores en el conjunto del país, con algunas regiones muy rezagadas. Que Castilla-La Mancha salga bien en la foto no borra el resto del paisaje. Y, sobre todo, no basta con contar camas: hay que entrar en las habitaciones.

Nada de esto nos hablan esas cifras triunfalistas: ni de la calidad asistencial ni de las condiciones laborales de quienes cuidan; ni de la dispersión rural y las distancias para acceder a una plaza; ni de los tiempos de espera de las personas dependientes y sus familias; ni de si el modelo residencial que se está sosteniendo con dinero público encaja (o choca de frente) con la estrategia, tantas veces invocada, de desinstitucionalización y apoyo a la vida en el entorno.

Es aquí donde el “liderazgo social” empieza a parecerse más a un eslogan que a una descripción fiel de la realidad. Liderar no es sólo financiar más plazas en términos cuantitativos. Liderar sería revisar a fondo un modelo que sigue aparcando a los mayores en macrocentros, externalizando cuidados y precarizando plantillas, mientras se llenan titulares con cifras récord. Liderar sería poner en el centro la dignidad y la autonomía de las personas mayores, no la foto del presidente cortando la cinta.

Que Castilla-La Mancha haya avanzado en número y financiación de plazas es una buena noticia. Que el gobierno regional lo convierta en medalla de “liderazgo social” sin hablar de lo que falta, de lo que duele y de lo que no funciona, ya es otra cosa. Una cosa más cercana a la propaganda que a la rendición de cuentas.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España constituye uno de los principales desafíos socioeconómicos de las próximas décadas. Esta problemática está estrechamente vinculada al cambio estructural de la demografía española, caracterizado por un descenso persistente de la fecundidad, un aumento significativo de la esperanza de vida y una pirámide poblacional progresivamente invertida.

El aumento del gasto en pensiones como proporción del PIB no solo responde al incremento de pensionistas, sino también a mayores expectativas de prestación por individuo debido  a las mayores pensiones consolidadas de los nuevos beneficiarios y al alargamiento de la esperanza de vida. Este crecimiento presiona las cuentas públicas, incrementa el déficit del sistema contributivo y condiciona la política presupuestaria y  fiscal.

Las proyecciones económicas también muestran que para 2050, el porcentaje de la población de 16 a 64 años disminuirá del 65 % actual al 57 %, mientras que la población mayor de 64 años aumentará del 20 % al 30 % del total. Esta evolución incrementa la presión sobre las pensiones públicas, que dependen de la relación entre cotizantes y beneficiarios. Además, estudios de centros de investigación económica como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierten que el gasto público en pensiones podría alcanzar hasta el 17,1 % del PIB en 2050, situándose varios puntos porcentuales por encima de los niveles de 2010 y lejos de los promedios europeos.

La problemática de las pensiones en España no es únicamente una cuestión de equilibrio financiero, sino un síntoma de transformaciones demográficas profundas: una población que envejece, una base de cotizantes que se estrecha y una estructura productiva que debe adaptarse a estos cambios. Esta realidad exige políticas integrales que combinen reformas del sistema de pensiones con medidas dirigidas a la natalidad, la inmigración, la participación laboral y la productividad, para preservar la sostenibilidad intergeneracional y la cohesión social en las próximas décadas.

El envejecimiento demográfico tiene un impacto profundo y transversal sobre las políticas sanitarias

Pero además, el envejecimiento demográfico tiene un impacto profundo y transversal sobre las políticas sanitarias y de dependencia en España, ya que modifica tanto la demanda de servicios como la organización, financiación y prioridades del Estado del bienestar. Desde una perspectiva académica, sus efectos pueden analizarse en varios ejes interrelacionados:

El envejecimiento conlleva un mayor uso del sistema sanitario. Las personas mayores presentan una mayor prevalencia de enfermedades crónicas (diabetes, patologías cardiovasculares, EPOC, artrosis, demencias), lo que incrementa la frecuencia de consultas médicas, hospitalizaciones y tratamientos farmacológicos. En consecuencia, el gasto sanitario per cápita es significativamente más elevado en los grupos de edad avanzada, especialmente a partir de los 75 años. Este fenómeno desplaza el foco del sistema sanitario desde la atención a procesos agudos hacia la gestión de la cronicidad, obligando a replantear los modelos tradicionales de atención.

El envejecimiento impulsa la necesidad de una integración entre los servicios sanitarios y sociales, ya que muchos problemas de salud en edades avanzadas están estrechamente ligados a situaciones de dependencia funcional, soledad o fragilidad. Esto exige políticas de coordinación entre atención primaria, hospitales, servicios sociales y cuidados de larga duración, un ámbito en el que España aún presenta importantes déficits estructurales.

La mayor esperanza de vida implica más años de atención sanitaria, con un perfil de enfermedad crónica y polifarmacia, que tensiona tanto los recursos económicos como la capacidad técnica de los sistemas de atención primaria y especializada. En particular, el aumento de la población mayor también intensifica la presión sobre el personal sanitario. A ello se suma el envejecimiento de los propios profesionales de la salud, lo que genera problemas de relevo generacional, sobrecarga laboral y desigualdades territoriales en el acceso a servicios sanitarios, especialmente en zonas rurales.

Según proyecciones demográficas y económicas, el gasto público total vinculado al envejecimiento —pensiones, sanidad y cuidados— podría alcanzar hasta el 25,5 % del PIB en España para 2050, un crecimiento de más de 5 puntos porcentuales respecto a 2022 y mucho más acelerado que el promedio europeo). La respuesta de las políticas públicas a estos retos será decisiva para garantizar tanto la sostenibilidad financiera como la calidad de vida de las personas mayores en España y para evitar brechas con respecto a los modelos más avanzados de Europa. En definitiva, El envejecimiento obliga a un cambio de paradigma en las políticas sanitarias y de dependencia, que debe orientarse hacia:

En síntesis, el envejecimiento demográfico actúa como un factor estructural de presión sobre las políticas sanitarias y de dependencia en España. No solo incrementa el gasto y la demanda de servicios, sino que obliga a redefinir los objetivos del sistema: pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, integrado y centrado en la persona. La capacidad del Estado para adaptarse a este desafío será clave para mantener la cohesión social, la equidad intergeneracional y la sostenibilidad del Estado del bienestar en las próximas décadas.

Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma del país con mayor ocupación de plazas residenciales para personas mayores, superando el 98,9%, y solo por detrás de Extremadura y Canarias, según datos del año 2024 recogidos por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En el panorama nacional la ocupación total alcanza el 82,4% de las plazas (hasta 339.065 personas usuarias), lo que según la asociación pone de manifiesto “que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración”.

Aseguran que atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, “serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Gran Dependencia (Grado III)”.

Listas de espera y plazas

Según los últimos datos oficiales elaborados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a nivel nacional “hay en lista de espera de ser atendidas 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III, más 57.091 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados”. En el caso de Castilla-La Mancha, tomando los datos del mes de octubre, más de 8.000 personas seguían en lista de espera.

Las comunidades autónomas con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 respectivamente; entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%). Mientras que en siete comunidades autónomas hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 16.712 y Castilla-La Mancha con 7.740.

Según los datos recopilados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, “el 71,1% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 292.986, frente a las 119.123 exclusivamente privadas”. Las plazas de financiación pública incluyen a las plazas en centros públicos, a las plazas concertadas en centros privados, y a las plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

“Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado desde 2015, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha”, exponen desde la asociación. Las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Las Comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y Valencia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado los Reconocimientos a la Iniciativa Social 2025, unos galardones que concede la Consejería de Bienestar Social y que alcanzan este año su décima edición con la distinción de 17 personas, entidades y colectivos por su compromiso ejemplar con la solidaridad, la inclusión y la cohesión social en la región. Entre ellos se encuentra la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Castilla-La Mancha.

Lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, destacando que estos reconocimientos “ponen rostro a lo mejor de nuestra sociedad: personas que, desde la cercanía, cambian vidas y construyen una Castilla-La Mancha más justa, más humana y más inclusiva”.

Desde su creación hace diez años, los Reconocimientos a la Iniciativa Social se han consolidado como uno de los principales instrumentos de refrendo público al Tercer Sector y a la acción social en Castilla-La Mancha. Estos premios “son como un espacio de homenaje público a quienes, desde la acción social, desde la solidaridad, la discapacidad, la cooperación, la infancia, la dependencia y el voluntariado hacen que cada día nuestra comunidad autónoma esté más cohesionada”, ha señalado García Torijano. “Desde que comenzaron hemos estado otorgando, año tras año, distintos reconocimientos, hasta los casi 200 a iniciativas transformadoras que reflejan los valores de nuestra tierra”.

En esta edición 2025, el jurado -conformado por personas expertas del ámbito social, educativo, comunitario y de la comunicación de Castilla-La Mancha- ha seleccionado dos reconocimientos por cada una de las siete categorías, además de tres menciones especiales, atendiendo a criterios de impacto social, trayectoria, innovación y compromiso con los valores de igualdad y justicia social.

García Torijano ha avanzado que la gala de entrega de los Reconocimientos a la Iniciativa Social 2025 tendrá lugar el próximo 28 de enero de 2026 en el Centro Cultural Don Íñigo López de Mendoza de Mondéjar (Guadalajara).

Reconocimientos a la Iniciativa Social 2025 por categorías

En el área de Acción Social, el Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce a la Asociación Gitana Juventud de Ocaña, por más de dos décadas de trabajo educativo y social con jóvenes, generando espacios de participación, acompañamiento y desarrollo personal que favorecen la inclusión de la población gitana. Junto a ella, se distingue a Juan Antonio Mínguez, párroco que atesora una trayectoria marcada por la atención y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad desde un compromiso humano y social ejemplar.

En el ámbito de la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, los reconocimientos recaen en Antonio Izquierdo García, general de brigada retirado y referente en la visibilización de la ELA, por su activismo incansable en defensa de las personas afectadas y sus familias; y en la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, por el proyecto ‘Castilla-La Mancha sin techo’, que acerca las cumbres de la región a personas con movilidad reducida a través de rutas accesibles e inclusivas.

En la categoría de Voluntariado, se reconoce al Ayuntamiento de Puebla de Valles (Guadalajara), por su implicación en la organización de iniciativas solidarias que movilizan a toda la comunidad en apoyo a causas sociales, como la Carrera Rupestre, destinada a recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras. Asimismo, se distingue al CEIP ‘San Lucas y María’ de Toledo, por su modelo de Comunidad de Aprendizaje, que integra a voluntariado y tejido social para garantizar una educación participativa, inclusiva y de calidad.

En el área de Discapacidad, los galardones se conceden a Pedro Solís García, creador audiovisual que ha sabido trasladar a la pantalla historias humanas vinculadas a la discapacidad, contribuyendo a la sensibilización social; y a Isolina Martínez Pérez, impulsora del Fórum de la Discapacidad de Cuenca, por su labor de cohesión del movimiento asociativo y su defensa de los derechos, la igualdad de oportunidades y la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias.

En Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Ejecutivo autonómico reconoce a la Fundación Pulsar, por sus proyectos de cooperación en países en desarrollo centrados en la educación, la salud y el empoderamiento comunitario; y a Sergio Sánchez París, por una trayectoria marcada por el compromiso con los derechos de las personas con discapacidad en comunidades indígenas, así como por su relevante labor internacional en Costa Rica y México.

En la categoría de Promoción del Tercer Sector Social, se distingue a Mixer & Pack S.L., por su alianza con Cruz Roja y su compromiso sostenido con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión; y a REAS Castilla-La Mancha, por fortalecer una red regional de entidades comprometidas con la economía social y solidaria, el trabajo digno y la sostenibilidad social y ambiental.

En el ámbito de Infancia y Familia, los reconocimientos recaen en Mariano Donate Delgado y David Chica Cuin, por su labor pedagógica y divulgativa en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y por su ejemplar implicación como familia de acogida; y en la Mesa Regional de Participación Infantil y Adolescente de Castilla-La Mancha, un espacio pionero que da voz a la infancia y la adolescencia en la construcción de las políticas públicas que les afectan.

En el apartado de Menciones Especiales, el Gobierno regional reconoce a Adoración Mendoza Huertas, por toda una vida dedicada al voluntariado y por demostrar que nunca es tarde para transformar la realidad de otras personas; a la Policía Nacional, por sus Carreras Solidarias ‘Ruta 091’, una iniciativa que une deporte y compromiso social en distintas provincias; y a la Comunidad Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca de Hellín, por una trayectoria centenaria de servicio a la comunidad, centrada en la atención a personas enfermas, la educación de niños y jóvenes y el acompañamiento a quienes más lo necesitan, dejando una huella social profunda y duradera.

La consejera ha cerrado su intervención subrayando que “estos reconocimientos nos recuerdan que detrás de cada proyecto hay personas que creen en el poder de cambiar la realidad” y ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de seguir impulsando políticas sociales ambiciosas, innovadoras y profundamente humanas, alineadas con los valores de igualdad, dignidad y cohesión social.