La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Bienestar Social del Gobierno de Aragón para que, una vez estudiadas las necesidades de las personas excarceladas y los recursos existentes, valore la posibilidad de adoptar o impulsar las actuaciones precisas –en coordinación con las instituciones centrales del Estado– con el fin de favorecer su reinserción y evitar situaciones de exclusión social.

La actuación se produce tras la queja presentada por una coordinadora de entidades sociales que trabajan en los centros penitenciarios de Zuera y Daroca (Zaragoza), que alertó de las consecuencias derivadas de la supresión del subsidio de excarcelación a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2024.

La sustitución de esta prestación por el ingreso mínimo vital genera un período de carencia económica que puede extenderse de los dos meses habituales hasta doce o incluso dieciocho meses, dado que muchas personas privadas de libertad no pueden cumplir los requisitos exigidos para acceder al IMV –entre otros, la constitución de una unidad de convivencia con seis meses de antelación, la vida laboral mínima, el empadronamiento previo o la tramitación telemática–.

El Departamento de Bienestar Social y Familia informó a la institución de que la gestión del IMV corresponde a la Administración General del Estado y que las personas excarceladas pueden solicitar la Prestación Aragonesa Complementaria si cumplen los requisitos establecidos. Asimismo, señaló que la supresión del subsidio de excarcelación fue una decisión del Gobierno de España y que es este quien debe asumir la responsabilidad de corregir sus consecuencias.

La Justicia de Aragón reconoce que las cuestiones relativas a la regulación estatal del IMV son competencia del Defensor del Pueblo, al que ya se remitió la queja en su momento.

Sin embargo, en el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de acción social, considera oportuno que el Gobierno de Aragón analice la situación de este colectivo y estudie qué actuaciones adicionales podrían adoptarse en coordinación con el Estado para cubrir el período de desprotección económica que atraviesan estas personas a su salida de prisión, con el fin de facilitar su reinserción social y laboral y evitar su caída en circuitos de exclusión social.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado hoy en Caspueñas (Guadalajara), la primera edición de las rutas senderistas para personas con discapacidad, un nuevo programa impulsado por la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Discapacidad, orientado a promover la inclusión social, el bienestar físico y emocional, la autonomía personal y la participación comunitaria.

Un programa con diez rutas y 600 participantes en toda la región

La primera edición de las rutas senderistas para personas con discapacidad contará este año con diez rutas en Castilla-La Mancha, dos por provincia, distribuidas entre los periodos de primavera y otoño, con una previsión de llegar a 600 personas participantes.

Se trata de rutas accesibles, de dificultad baja o baja-media, con recorridos de entre cuatro y cinco kilómetros, que combinan actividad física, contacto con la naturaleza, convivencia grupal, actividades lúdicas y participación social. El programa incluye transporte, comida, avituallamiento, acompañamiento profesional, apoyo logístico y recursos de seguridad.

Una actividad gratuita, con un programa que se desarrolla en colaboración con entidades y recursos especializados del ámbito de la discapacidad, además de la entidad ‘Correr y Correr’ como colaboradora en la organización logística de las rutas.

Caspueñas y el Valle del Río Ungría, punto de partida

La primera ruta ha comenzado en Caspueñas, en el entorno del Valle del Río Ungría, un espacio de alto valor paisajístico en la Alcarria, donde el paso del río ha generado un valle estrecho de gran singularidad natural, con riqueza de flora, fauna y paisaje.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha participado en el arranque de esta primera ruta, junto al director general de Discapacidad, Francisco José Armenta; la delegada provincial de Bienestar Social, Carmen Gil; el alcalde de Caspueñas, José Antonio Alonso; responsables de los centros participantes; profesionales de apoyo; la entidad colaboradora ‘Correr y Correr’; vecinos y vecinas de la localidad y el entorno y las personas protagonistas de la jornada.

García Torijano ha subrayado que Castilla-La Mancha pone en marcha “un programa nuevo, pionero y con vocación de continuidad”, que nace para convertir el ocio en una herramienta real de inclusión. “No hablamos solo de caminar cuatro kilómetros. Hablamos de abrir caminos de autonomía, de bienestar, de convivencia y de inclusión real”, ha afirmado.

La consejera ha señalado que esta iniciativa refleja una forma de entender las políticas públicas de discapacidad “que no se limita a atender, sino que quiere que las personas participen, disfruten, convivan y formen parte de la comunidad”.

García Torijano ha destacado el valor simbólico de iniciar el programa en este enclave, porque “el medio natural no puede ser un privilegio; tiene que ser un lugar abierto, accesible, compartido y disfrutado por todas las personas, también por las personas con discapacidad”.

70 participantes en esta primera ruta

La ruta, de cuatro kilómetros y dificultad baja-media, ha partido desde la plaza de la Iglesia de Caspueñas y ha reunido a unas 70 personas procedentes de recursos de discapacidad de la provincia de Guadalajara, además de vecinos y vecinas de la zona.

En concreto, han participado personas del CADIG La Chopera, de Yunquera de Henares; del centro ocupacional Las Encinas, de Azuqueca de Henares, y del centro ocupacional Nuestra Señora de la Salud, de Guadalajara.

La consejera ha agradecido el trabajo de los profesionales y monitores que acompañan a los grupos, ya que “detrás de una jornada como esta hay organización, planificación, adaptación a las necesidades de cada persona y mucho compromiso”.

Refuerzo de las políticas de discapacidad

La consejera ha enmarcado este nuevo programa en la apuesta global del Gobierno de Emiliano García-Page por las políticas de discapacidad. En este sentido, ha explicado que Castilla-La Mancha cuenta en 2026 con el presupuesto más alto de su historia en esta materia, en torno a 159 millones de euros, frente a los 97,5 millones de 2015.

Este presupuesto sostiene una red pública de 383 recursos especializados, “que atiende cada día a más de 15.000 personas en la región y ha permitido aumentar en más de 1.800 las plazas de atención especializada a personas con discapacidad”, según explican desde la Consejería.

“Cuando hablamos de inclusión hablamos de rutas como la de hoy, pero hablamos también de centros, de plazas, de profesionales, de financiación, de viviendas, de Atención Temprana, de centros de día y de colaboración con el Tercer Sector”, ha afirmado García Torijano.

Apertura del nuevo servicio de Atención Temprana de Marchamalo

En este contexto de refuerzo de la atención a las personas con discapacidad en la provincia de Guadalajara, la consejera ha anunciado que el Gobierno regional tiene prevista la apertura, a lo largo de este mes de mayo, del nuevo servicio de Atención Temprana de Marchamalo.

Este nuevo recurso estará ubicado en el centro social de la localidad, situado en la Plaza Mayor, y contará con un equipo profesional especializado integrado por perfiles de psicología, terapia ocupacional, fisioterapia y logopedia.

La financiación prevista asciende a más de 161.000 euros y permitirá seguir reforzando la atención a niños y niñas y a sus familias desde las primeras etapas del desarrollo. “Es un servicio universal gratuito y desde el que atendemos a todos y cada uno de los niños y niñas que llegan a nuestro sistema; o bien desde el primer momento que nacen, bien incluso antes del nacimiento, puesto que ya lo estamos implantando en los entornos hospitalarios, o bien a lo largo de su infancia, para que se pueda detectar alguna dificultad de aprendizaje”, ha remarcado la consejera.

Este año se van a cumplir 20 años de la aprobación de la Ley de Dependencia. Desde mi punto de vista, es la ley de protección social más importante de este siglo.

Hace dos décadas ya se veía que el número de personas en situación de dependencia se estaba incrementando como consecuencia del aumento del envejecimiento de la población. Este fenómeno demográfico no es una excepción en Castilla-La Mancha ni en España, porque afecta a la mayoría del mundo occidental. Aumenta el envejecimiento porque afortunadamente crece la esperanza de vida.

Hace un siglo se vivía de media unos 44 años y hoy la vida se ha alargado hasta los 84 años. Sin duda esto es un logro social, porque si se viven más años es porque se vive mejor. Sin embargo, las condiciones de vida y la propia medicina también han conseguido que la esperanza de vida en situación de dependencia y los años con mala salud también se estén alargando. Esto es un reto que plantea la necesidad cuidados y un incremento de recursos sociosanitarios.

Esta tendencia al envejecimiento va a continuar creciendo en los próximos años y de manera especial cuando la generación del ‘baby-boom’ llegue a los 85 años, esa edad en la que aparecen de manera más generalizada las situaciones de dependencia. Según las cifras del INE, hace 20 años había en Castilla-La Mancha 39.995 personas con 85 y más años, actualmente la cifra se ha incrementado en un 81,5%, llegando a principios de 2025 a las 72.618 personas y, según las proyecciones demográficas, este segmento de población actual se podría duplicar en los próximos 25 años.

Junto al incremento de la longevidad, se está produciendo una inversión de la pirámide de la población, originada también por la reducción de la natalidad que está planteando ya un problema de falta de personas que se dedican a los cuidados, aunque el problema tiene otros interrogantes y puede tomar una dimensión preocupante en las próximas décadas.

Deberíamos prestar mucha atención a estos datos demográficos, porque si hoy los servicios de atención a la dependencia y los servicios sanitarios están dedicando una parte importante de sus recursos a atender a estas personas, la tendencia es que en el futuro próximo la situación pueda desbordar la capacidad de estos sistemas si no hacemos actuaciones importantes para abordar esta situación.

Sin embargo, los problemas de la atención a la dependencia no se explican solo por el envejecimiento de la población, se suman otros cambios sociales importantes que afectan a los cuidados, como la reducción del número de miembros de las familias, los nuevos modelos familiares y los avances en igualdad, con el cambio en los roles sociales tradicionales en los que las mujeres se han encargado en solitario de asumir la mayor parte de la carga de los cuidados. Lo siguen haciendo todavía y ahora realizando con mucho esfuerzo la difícil conciliación con la vida laboral. Todo ello, ha producido también un debilitamiento de lo que se denominan los apoyos informales que, no obstante, seguirán siendo necesarios si realmente queremos afrontar las situaciones de soledad no deseada y el importante papel del acompañamiento emocional en los cuidados.

Los problemas de la atención a la dependencia no se explican solo por el envejecimiento de la población, se suman otros cambios sociales importantes que afectan a los cuidados, como la reducción del número de miembros de las familias, los nuevos modelos familiares y los avances en igualdad

Con la Ley de Dependencia, por cierto, aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se produce un gran cambio no solo en términos jurídicos y de protección social, sino que lo que se plantea es que la atención a las personas en situación de dependencia no es solo un problema que tienen que afrontar las propias familias, sino que mediante la generación de un derecho subjetivo (que pertenece a la persona y se puede reclamar), es una contingencia que obliga a los poderes públicos a garantizar su atención.

Durante este periodo de desarrollo de este sistema de protección a las personas en situación de dependencia podríamos hablar de luces y sombras. Se ha producido un incremento de personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia (en Castilla-La Mancha se ha duplicado en número de personas en los últimos diez años, pasando de 36.796 en 2015 a 82.425 personas beneficiarias en 2025, con datos de diciembre).

Después de los recortes sociales realizados para afrontar equivocadamente la crisis económica de 2008, donde gravemente se redujo su financiación y el número de personas atendidas en el periodo 2011-2015, se ha incrementado la financiación y las prestaciones destinadas a la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia. Sin embargo, las diferencias entre comunidades autónomas, la ausencia de presupuestos generales del Estado y, sobre todo, la falta de un sistema de financiación, suficiente, estable y sostenible, siguen siendo las principales debilidades de este sistema de protección.

También necesita el sistema de protección mayor agilidad, menos burocracia y reducir los tiempos de espera que, junto con las dificultades para acceder a algunos centros y servicios, son las principales quejas que se vienen planteando por parte de la ciudadanía.

Es necesario mejorar la calidad y diversificar la oferta de prestaciones y servicios para adecuarla a las preferencias de las personas, ofrecer servicios domiciliarios y de proximidad para evitar el desarraigo y propiciar la importancia que tiene el entorno en los cuidados, así como garantizar una atención residencial adecuada cuando las situaciones de dependencia son muy complejas o se carece del soporte familiar y social necesario.

Aquí siempre hay que tener en cuenta las características de las personas y las propias realidades geográficas de cada territorio. En este sentido, en Castilla-La Mancha con una población rural muy dispersa, los servicios que atienden a las personas en situación de dependencia también se pueden considerar como motor de la actividad económica y generador de empleo en las zonas en riesgo de despoblación. Hay ya muchos municipios de pequeño y mediano tamaño donde la principal actividad en generación de empleo son los servicios sociales.

Puede parecer en cierto modo paradójico que la innovación y el mundo rural se puedan retroalimentar, pero el desarrollo tecnológico, la digitalización y la propia Inteligencia Artificial está siendo y lo podrán ser en mayor medida en el futuro, un recurso importante para favorecer la autonomía de las personas y permitirles la permanencia en su propio entorno. La accesibilidad, la domótica, los productos de apoyo, la robótica, la teleasistencia avanzada y la telemedicina, junto con los servicios domiciliarios y de proximidad, pueden ser una buena combinación para hacer frente a una parte importante de los retos que tenemos planteados en esta materia.

También es y será necesario apoyar a las familias cuidadoras que, en muchos casos, a pesar de las ayudas del sistema de la dependencia, son las que siguen soportando la mayor parte de la carga y la responsabilidad de los cuidados. Su aportación es muy importante en términos de acompañamiento afectivo y emocional, pero es indudable que necesitan apoyos, no solo económicos, también de formación, orientación y servicios de respiro.

A diferencia de otros problemas, pasar por una situación de dependencia le puede ocurrir a cualquier persona, independientemente de su edad, su posición social y su estado de salud, aunque los cuidados que se requieren desbordan la capacidad de cualquier familia. Y el problema no es solo de falta de centros y servicios, es también un problema de falta de profesionales.

Faltan profesionales sanitarios que habrá que incrementar ampliando las plazas y los centros de formación, pero faltan profesionales de los cuidados directos porque hoy ya tenemos un grave problema que, de alguna manera, están paliando las mujeres inmigrantes, a veces en situación irregular (un tema que merece un tratamiento especial), pero que requiere una respuesta eficaz si pretendemos evitar una situación de colapso. Será necesario promover y flexibilizar su formación y ligarla también a la práctica laboral, como está pretendiendo la nueva legislación en esta materia; pero es necesario incrementar significativamente sus retribuciones, sus condiciones laborales y su reconocimiento social.

Faltan profesionales sanitarios que habrá que incrementar ampliando las plazas y los centros de formación, pero faltan profesionales de los cuidados directos porque hoy ya tenemos un grave problema que, de alguna manera, están paliando las mujeres inmigrantes, a veces en situación irregular

El problema sobre el que pongo el foco tiene cierta complejidad, pero se puede complicar aún más si entra en el espacio de la disputa política y abandona el consenso que se consiguió para la aprobación de la Ley de Dependencia.

Estamos ante un problema que preocupa a todas las personas porque todas han vivido, están viviendo o vivirán muy de cerca situaciones de dependencia. Es uno de esos ámbitos, igual que sucede con la Sanidad, en los que poca gente se negaría a pagar más impuestos si van destinados a una mejora de las prestaciones. Sin embargo, no veo a la clase política con disposición para afrontar los consensos necesarios para abordar no solo las reformas legislativas que son necesarias, sino para generar el aumento de presupuestos y recursos públicos que son imprescindibles.

Tenemos un serio problema si este tipo de temas no se abordan con altura de miras y pensando en la mayoría de las personas. Se requiere un incremento significativo de la financiación de la atención a la dependencia y es necesario que este tema forme parte de la agenda política y que se visibilice la situación para acordar soluciones.

¿Quién nos va a cuidar?, pero también: ¿dónde y cómo?; es uno de los temas que le preocupan a la gente y convendría que la buena política se dedicara a estos problemas y que en las estrategias de comunicación se hablara más de lo que afecta a la ciudadanía y tal vez no tanto de las disputas, las escaramuzas y el politiqueo con asuntos que poco sirven para mejorar la vida de las personas.

Castilla-La Mancha cuenta desde este lunes con la nueva Escuela de Formación de Servicios Sociales, una iniciativa formativa que busca reforzar la cualificación, la actualización permanente y la cohesión profesional de todas las personas que trabajan en el sistema público de servicios sociales de la región.

Impulsada por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional, la escuela cuenta con el apoyo tecnológico, humano y organizativo de la Fundación Ceres y plantea tres ejes de trabajo: generación y transferencia de conocimiento, formación continua y actualización de competencias profesionales, según afirma el Ejecutivo regional en nota de prensa.

La programación anual está dirigida a perfiles técnicos del trabajo social, la educación social y la psicología, así como a personal auxiliar y administrativo, profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, personal de la administración local y la autonómica, Tercer Sector y entidades del ámbito empresarial vinculadas a la red social regional.

Formación para todo el sistema profesional de los servicios sociales

Uno de los elementos más relevantes de esta nueva estructura es que amplía, por primera vez, el acceso a la formación a todo el ecosistema de los servicios sociales. Según los datos que maneja la Consejería, alrededor del 80% de los y las profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria no podía acceder hasta ahora a la formación ordinaria, reservada al personal de la Junta. Una brecha que la nueva Escuela viene a corregir con una oferta específica, estable y compartida.

Su programación inicial incluye seminarios de reflexión profesional y acciones formativas sobre ética profesional, intervención con menores y familias, cuidados, ayuda a domicilio, sinhogarismo, pobreza y exclusión social, intervención comunitaria o apoyo administrativo a los equipos; con especialistas de referencia como Manuel Aguilar, Josefa Cardona, Esther Raya o Luis Barriga.

Ya se han llevado a cabo las primeras formaciones

La presentación de la Escuela se ha celebrado este lunes en el salón de actos de la Consejería de Bienestar Social, en una jornada inaugurada por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la presidenta de la Fundación Ceres, Toñi Valverde; y el director general de Acción Social, Santi Vera Díaz-Cardiel; y que incluye dos ponencias del profesor Manuel Aguilar sobre el presente y los retos del sistema público de servicios sociales.

García-Torijano ha señalado que estas jornadas serán “muy fructíferas” y que estarán orientadas a tres objetivos principales: “que queden instaladas en nuestra comunidad autónoma y tengan continuidad en el tiempo; que contribuyan a seguir mejorando la atención al ciudadano y a llegar a todos los rincones de la región, por eso combinamos la modalidad presencial y telemática; y, en tercer lugar, que sirvan para seguir fortaleciendo nuestra red de recursos de servicios sociales”.

La Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha se ha concentrado frente a la Consejería de Bienestar Social y frente a las Cortes regionales en Toledo para exigir al Gobierno regional la equiparación salarial “real y efectiva” de todos los profesionales de los servicios sociales de atención primaria.

Señalan que hacen y tienen el “mismo trabajo, misma responsabilidad, misma cualificación, pero distinto sueldo, esto tiene un nombre: injusticia”.

El colectivo demanda el cumplimiento “estricto” de la normativa vigente que, según la plataforma, “obliga a actualizar los convenios conforme a las retribuciones del personal de la Junta”, así como “un modelo de financiación suficiente, estable y justo que garantice equipos de trabajo seguros y una atención de calidad para toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, también la que vive en el mundo rural” y el “reconocimiento real de los servicios sociales como pilar básico del bienestar, no como servicio de segunda”.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración frente a las Cortes regionales, Irene Jiménez en representación de la Plataforma, ha señalado que “llevamos demasiado tiempo esperando una respuesta que no llega, tres años, ocho reuniones con la Consejería y no nos han dado ninguna solución”.

La portavoz ha indicado que son “trabajadoras y trabajadores sociales, educadoras y educadores sociales, psicólogas y psicólogos, profesionales de la administración y cobramos hasta un 40% menos que nuestros compañeros y compañeras que hacen exactamente el mismo trabajo, contratados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Apuntaba también que “tenemos una situación muy precaria a nivel salarial, con unos salarios muy por debajo a lo que nos corresponde según nuestra categoría profesional y las funciones que realizamos, queremos mismo salario por el mismo trabajo y es la Consejería la que tiene que poner la solución”.

La plataforma critica que desde 2010 los convenios que “la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado conforme a la ley”. “Mientras tanto, los equipos se fragmentan, la precariedad crece y la calidad de la atención que recibe la ciudadanía se resiente. No solo sufren las y los profesionales, también las personas que atienden”, explican.

Exponen que los servicios sociales de atención primaria “no son un gasto, son un pilar fundamental del Estado de Bienestar, sin profesionales dignamente retribuidos, no hay sistema; sin sistema, no hay protección para la ciudadanía más vulnerable”.

Desde la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha matizan que se trata de una “cuestión de justicia social” y que seguirán luchando “hasta que el mismo trabajo reciba el mismo sueldo”.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha y la delegación regional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Castilla-La Mancha) han presentado en Toledo un protocolo de actuación para el desarrollo de seis microcredenciales universitarias en el ámbito de la discapacidad. La iniciativa busca mejorar la cualificación profesional y promover la igualdad de oportunidades en la región.

En la presentación del acuerdo, el rector destacó que esta colaboración “a tres bandas” beneficiará al conjunto de la sociedad castellanomanchega y responde a la misión de la Universidad de mejorar la vida de las personas a través del conocimiento.

Las seis acciones formativas se impartirán desde la próxima semana

Según indicó Garde, se han previsto seis acciones formativas que comenzarán a impartirse la próxima semana. Se estructuran en dos bloques temáticos: gestión y sostenibilidad de entidades sociales e intervención y acción social directa con personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es reforzar tanto la capacidad organizativa del tercer sector como la atención profesional a las personas con discapacidad.

El rector señaló que esta colaboración se inscribe en el programa de microcredenciales universitarias impulsado mediante el acuerdo entre la UCLM, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España. En este marco, el objetivo autonómico fijaba 832 microcredenciales, de las cuales 714 correspondían a la UCLM. Hasta la fecha, la institución ha ejecutado y evaluado 128 acciones formativas, que han permitido emitir 2660 microcredenciales. Además, hay 132 nuevas acciones aprobadas hasta el final del periodo, lo que supondrá más de 1500 microcredenciales adicionales.

Las microcredenciales se dirigen a perfiles distintos del estudiantado tradicional y permiten actualizar competencias de forma ágil. En este contexto, el rector subrayó que la UCLM “ha multiplicado por seis el objetivo inicial fijado para Castilla-La Mancha, consolidándose como una referencia nacional en microcredenciales universitarias”. Al término del periodo establecido, “más de 4000 personas habrán recibido formación flexible, especializada y alineada con las necesidades del mercado laboral, con especial atención a la igualdad de oportunidades y a los colectivos más vulnerables”.

En la presentación del protocolo participaron también la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el gerente del CERMI Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, quienes respaldaron la colaboración interinstitucional y, en particular, esta iniciativa de formación especializada orientada a mejorar la atención y la inclusión de las personas con discapacidad.

La directora del Centro de Estudios de Posgrado, Susana Villaluenga, y las codirectoras del Aula de Inclusión e Innovación Social UCLM-CECAP, Yolanda Salinero y Sonia Morales, asistieron a la presentación junto a representantes de la Consejería y de las entidades sociales.

Se definen como “la puerta de entrada” al sistema de servicios sociales y del bienestar, pero denuncian que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha les deja en situación de “exclusión laboral y salarial” de forma “clara”. Una situación que afecta a más de 800 trabajadores de los servicios sociales contratados en ayuntamientos castellanomanchegos con menos de 20.000 habitantes a través de un convenio de colaboración con la Junta de Comunidades.

Son los profesionales de Psicología, Educación Social, Trabajo Social y Administración que se encuentran los usuarios y usuarias cuando van a pedir cualquier tipo de acompañamiento social en los ayuntamientos. Intervienen en situaciones de protección de menores, violencia de género, situaciones de exclusión con salud mental, drogodependencias, atención a personas dependientes o de ayuda a domicilio. Es el equivalente al médico de Atención Primaria para los servicios sociales.

Estos profesionales constituyeron en 2023 la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de Castilla-La Mancha, desde la cual denuncian que perciben un salario hasta un 40% menor que sus compañeros funcionarios de la Junta de Comunidades.

Una situación que se da, lamentan, a pesar de realizar las mismas funciones y que las tablas salariales las marca el Gobierno regional, según explica Lina Ramírez, portavoz de la plataforma.

Misma categoría y funciones, diferente salario

El Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha se presta a través de la administración autonómica y las corporaciones locales. No obstante, en los ayuntamientos de municipios de hasta 20.000 habitantes, la responsabilidad es autonómica y se ejerce con la labor de funcionarios de la Junta de Comunidades o con trabajadores y trabajadoras contratadas por los ayuntamientos mediante un concierto con la Administración regional, que es la que fija las tablas salariales -y las financia en gran medida- mediante un convenio de colaboración.

Y es aquí donde, según denuncia Ramírez, se genera la desigualdad. La reclamación pasa por que el citado convenio de colaboración establece un salario un 40% menos respecto a los compañeros funcionarios de la Administración autonómica que trabajan en el mismo servicio, con la misma categoría profesional y ejecutando las mismas funciones y responsabilidades.

“Nosotros cohabitamos dentro de los municipios con compañeros que son funcionarios de la Junta de Comunidades y con los que hay una diferencia salarial entre un 38% y un 40% en el salario, realizando las mismas funciones. Estamos hablando de una diferencia salarial entre setecientos y mil euros mensuales”, explica la portavoz. “Tenemos casos de compañeras que llevan trabajando 30 años y están ganando 1.400 euros en doce pagas siendo una categoría profesional A2. Y muchos salarios son el salario mínimo interprofesional”.

Además, señalan que los convenios que la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado desde 2010, lo cual genera que la financiación para los ayuntamientos de los Servicios Sociales sea cada vez “más insuficiente” para asumir los costes laborales de las y los profesionales.

Lina Ramírez señala que la única subida salarial reciente que han tenido se produjo en el 2024, algo que vinculan al nacimiento de su movimiento el año anterior.

“Cuando la plataforma comienza esta acción y tiene reuniones con la Consejería de Bienestar Social y conseguimos que nos suban en el 2024 un 3% y en el 2025 un 3,5%. Ahora mismo la consejería impone un acuerdo, que no es bilateral, es una imposición suya, en la que dice que lo que puede marcar para la legislatura es subirnos el IPC, al igual que la subida de los funcionarios anual”.

Esta solución no satisface a los trabajadores concertados, ya que al darse una subida porcentual igual que la que perciben los empleados de la Junta, consideran que se sigue agravando esa brecha salarial. “No es lo mismo subir un 3% de 1.000 euros que un 3% de 2.000”, defienden.

Una desigualdad que causa “desmotivación”

Esta situación, aseguran, afecta tanto a los trabajadores como a las personas que acuden a servicios sociales. “Hay desmotivación, lo que genera continuas salidas y entradas porque la gente busca otros trabajos en los que pueda ganar más dinero. Y esto que afecta a los usuarios, que son muy vulnerables y necesitan una relación estable con la persona que les atiende”.

“La Consejería de Bienestar Social, que debería buscar dignificar a las personas y trabajar contra la exclusión social, está situando a los profesionales en una clara situación de exclusión laboral y salarial”, añade Lina Ramírez, portavoz de la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha.

“Sabemos que la equiparación salarial no se puede hacer de un día para otro, pero sí de una forma progresiva. La Consejería se ha cerrado en banda. Hemos enviado correos para retomar las negociaciones y no nos han contestado”, señala Ramírez. Por eso, desde la plataforma avisan que, en caso de no llegar a un “acuerdo real” de equiparación salarial, tienen planteado realizar movilizaciones “constantes”.

La Consejería asegura que ha “comprometido mejoras”

Sobre esta situación, fuentes de la Consejería de Bienestar Social no han querido responder a las preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, pero se han referido a la problemática señalando que han mantenido reuniones periódicas con esta plataforma y otras entidades a lo largo de la legislatura, “comprometiendo mejoras y consolidando avances” para con los Ayuntamientos, tanto de personal como de financiación.

Las mismas fuentes argumentan que el Gobierno de Castilla-La Mancha “invierte un 5,3% más en los Servicios Sociales de Atención Primaria que el resto de la media de nacional”, y confirman que han recibido una solicitud de reunión por parte de la plataforma que ha sido trasladada a la Dirección General de Acción Social, sin fecha para el encuentro.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha avanzado que el Gobierno regional pondrá en marcha siete nuevos centros de Atención Temprana para menores en Castilla-La Mancha a lo largo de 2026 gracias a una inversión total de 12,8 millones de euros y una ampliación de plantilla que permitirá la contratación de hasta 413 profesionales.

Los nuevos centros estarán en Marchamalo (Guadalajara), Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Sonseca (Toledo), y la comarca de los Montes de Toledo, así como en los hospitales de Cuenca, Guadalajara y Alcázar de San Juan, hasta sumar un total de 76 recursos en Castilla-La Mancha.

La consejera ha recordado la importancia que tiene este servicio “tan necesario para niños y niñas con dificultades de aprendizaje” y su papel de acompañamiento para las familias “en momentos muy difíciles” durante los primeras años de vida de esos pequeños.

En este contexto la titular de Bienestar Social ha explicado que ya se han superado los 8.000 niños y niñas atendidas en la Comunidad Autónoma con un incremento presupuestario “significativo” que permitirá superar los 70 recursos en el ejercicio 2026. “De esta manera se amplía este servicio de atención universal, gratuito y sin lista de espera, que además se ha ampliado hasta los seis años si se avala con la prescripción de profesionales”, ha recalcado.

“De esta manera, se cumple una proyección muy positiva a lo largo de los últimos 10 años, acorde con el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para ofrecer unos servicios pioneros y de vanguardia en la atención temprana a los niños y niñas con dificultades de aprendizaje”, ha concluido.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha exigido “respeto institucional al consenso social y político construido en la región” en torno al nuevo Estatuto de Autonomía.

En un comunicado de prensa, los representantes del Tercer Sector han valorado el cambio de postura del Partido Popular sobre el texto, tras romper los 'populares' el acuerdo que tenían con el PSOE al presentar una enmienda para que no se incremente el número de diputados en el Parlamento de esta comunidad.

Así, la Mesa defiende que el acuerdo “alcanzado entre las fuerzas políticas y los agentes sociales debe ser respetado” en su tramitación en las Cortes Generales, “evitando pasos atrás que supongan un menosprecio al diálogo y al esfuerzo realizado durante meses”.

Del mismo modo que el tejido empresarial ha reclamado que “se respete” lo acordado, la Mesa del Tercer Sector ha exigido “respeto institucional al consenso social y político construido en la región”. “Instamos al Partido Popular a mantener la altura de miras demostrada en la fase de negociación y a seguir adelante con el texto pactado, sin utilizar ahora el número de diputados y diputadas como excusa para reabrir un debate que no está entre las prioridades reales de la ciudadanía más vulnerable”, ha expuesto.

“El foco debe seguir puesto en cómo garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer el diálogo civil, no en alimentar controversias partidistas alejadas de las preocupaciones sociales de fondo”.

Por último, la Mesa explica que el nuevo Estatuto “no es un mero ajuste técnico; es una herramienta para blindar derechos, reforzar los sistemas públicos y garantizar la protección de las personas y familias más vulnerables en Castilla-La Mancha. Las propuestas canalizadas a través de la Mesa del Tercer Sector se orientan a asegurar una mayor estabilidad normativa para las políticas sociales, la accesibilidad universal y el reconocimiento del papel de las entidades sociales en la cohesión territorial”.

La Junta asegura que los agentes sociales se sienten “ofendidos”

Sobre este posicionamiento que ha hecho la Mesa del Tercer Sector y otros agentes sociales sobre el cambio de postura del PP en torno al nuevo Estatuto se ha pronunciado este jueves la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla.

“En relación con el Estatuto y las peticiones de los agentes sociales, lo que se ha producido es una cascada, muy razonable, por otro lado, de posicionamientos por parte de empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias como Asaja y UPA, la propia universidad, la Mesa del Tercer Sector o la EAPN.

Padilla ha asegurado que “todos ellos han trabajado muchas horas para alcanzar el acuerdo y el consenso logrados en Castilla-La Mancha”, y que están siendo “tan contundentes porque se sienten ofendidos”.

“Son entidades y representantes sociales habituados al diálogo con el Gobierno de Castilla-La Mancha, sabiendo que hay que hablar, acordar y cumplir. Cuando el Partido Popular rompe el acuerdo que ha sido ejemplo en toda España, es lógico que reaccionen como lo están haciendo”, ha zanjado Padilla.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha asegurado este lunes que su departamento está trabajando en “buscar la protección de los menores” y “recuperar la normalidad” en Cartes, tras la polémica vivida en las dos últimas semanas en el municipio a raíz de la llegada de menores migrantes no acompañados a un centro de urgencia habilitado por el Gobierno de Cantabria en el Camino Real.

Así lo ha manifestado este lunes a preguntas de los medios de comunicación, en las que ha incidido en esta pretensión del Ejecutivo para que la localidad recobre la “normalidad”, existente en otros municipios donde se ubican este tipo de hogares.

En cuanto a la resolución judicial que suspende cautelarmente la orden de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), en la que ordenaba la paralización inmediata del centro de acogida, como solicitó el Gobierno, la consejera ha señalado que se están siguiendo los trámites procedimentales oportunos.

Además, ha apuntado que desconoce si la regidora ha presentado alegaciones al mismo, para lo que la justicia le dio un plazo de tres días, aunque el Ayuntamiento descartó esta posibilidad en un comunicado remitido del viernes.

Por último, Gómez del Río ha reiterado la “preocupación” de su departamento por la protección de los menores migrantes que llegan a Cantabria y ha afirmado que el Ejecutivo acatará las decisiones judiciales, “como no puede ser de otra manera”.

El presidente de Castilla-La Mancha se felicitaba estos días: asegura que estamos entre las comunidades con más plazas de residencias de mayores financiadas con dinero público. Debe ser uno de esos días, que toca reforzamiento del departamento de propaganda: liderazgo social, compromiso con los mayores, orgullo de región puntera. Pero, antes de aplaudir, conviene preguntarse qué hay detrás de esa palabra mágica, “liderazgo”, y cuánta realidad cabe en el eslogan.

Los datos son buenos, nadie lo discute. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad que más plazas de financiación pública aporta, sumando tanto las plazas netamente públicas como las concertadas pagadas con dinero del sistema público. Lideramos el ranquin de Autonomías en este indicador y, además, somos la segunda comunidad de España en número total de plazas residenciales, sólo por detrás de Castilla y León. Es decir: si miramos solo la foto fija del número de camas, salimos favorecidos.

También las ratios nos acompañan. Informes recientes señalan que la región supera la clásica referencia de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años y se coloca en torno al 6,4%, por encima de la media estatal. Sobre el papel, motivos hay para que los castellanomanchegos nos felicitemos. En un país que envejece rápido y mal, donde cada plaza cuenta, no es un logro menor haber escalado posiciones en la tabla.

Si miramos el conjunto del Estado, la foto se amplía: aproximadamente 7 de cada 10 plazas residenciales para mayores tienen financiación pública, en torno al 69,6%. Y, dentro de ese mapa, Castilla y León y Castilla-La Mancha aparecen como las comunidades que encabezan la cobertura de plazas financiadas públicamente. Aquí suele colarse una trampa semántica: se mezclan “titularidad” y “financiación” como si fueran lo mismo. No lo son. Titularidad es quién es dueño del centro; financiación es quién paga la plaza.

En Castilla-La Mancha, una parte importante de esas plazas “públicas” están en centros de titularidad privada, pero concertadas y pagadas con fondos públicos. Eso hace que el peso de la financiación pública sea alto, aunque la red siga siendo mayoritariamente privada en manos de empresas. El ciudadano oye “plaza pública” y piensa en una residencia pública; la consejería dice “plaza pública” y se refiere a una factura pública en una cama privada. No es un matiz menor.

¿Respalda todo esto el famoso “liderazgo social” que se atribuye Page? El presidente proclama que Castilla-La Mancha es “la primera que encabeza el ranquin de comunidades autónomas que financian plazas públicas para residencias de mayores” y que contamos con el mayor volumen de plazas sostenidas con fondos del servicio público. Y, en términos estrictos, los datos le dan la razón: encabezamos el listado en plazas financiadas con dinero público y somos segundos en plazas totales. De hecho, cuando dice que estamos “entre las regiones con más plazas públicas” se queda corto incluso respecto al indicador que maneja.

El problema no está en el dato, sino en la lectura que se hace de él. Convertir un buen indicador en certificado de “liderazgo social” es una pirueta política arriesgada. Una comunidad puede tener muchas plazas y, aun así, funcionar con un sistema de cuidados lleno de grietas. Y eso es precisamente lo que no aparece en los discursos, ni en las notas de prensa, ni en las celebraciones institucionales. Lo afirmo con conocimiento de lo que afirmo, porque he trabajado varios años cómo médico de residencias de mayores.

Por eso sé, que mientras Page presume de liderazgo, persiste un déficit global de plazas residenciales en España: se calculan cerca de 90.000 plazas faltantes para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 mayores en el conjunto del país, con algunas regiones muy rezagadas. Que Castilla-La Mancha salga bien en la foto no borra el resto del paisaje. Y, sobre todo, no basta con contar camas: hay que entrar en las habitaciones.

Nada de esto nos hablan esas cifras triunfalistas: ni de la calidad asistencial ni de las condiciones laborales de quienes cuidan; ni de la dispersión rural y las distancias para acceder a una plaza; ni de los tiempos de espera de las personas dependientes y sus familias; ni de si el modelo residencial que se está sosteniendo con dinero público encaja (o choca de frente) con la estrategia, tantas veces invocada, de desinstitucionalización y apoyo a la vida en el entorno.

Es aquí donde el “liderazgo social” empieza a parecerse más a un eslogan que a una descripción fiel de la realidad. Liderar no es sólo financiar más plazas en términos cuantitativos. Liderar sería revisar a fondo un modelo que sigue aparcando a los mayores en macrocentros, externalizando cuidados y precarizando plantillas, mientras se llenan titulares con cifras récord. Liderar sería poner en el centro la dignidad y la autonomía de las personas mayores, no la foto del presidente cortando la cinta.

Que Castilla-La Mancha haya avanzado en número y financiación de plazas es una buena noticia. Que el gobierno regional lo convierta en medalla de “liderazgo social” sin hablar de lo que falta, de lo que duele y de lo que no funciona, ya es otra cosa. Una cosa más cercana a la propaganda que a la rendición de cuentas.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España constituye uno de los principales desafíos socioeconómicos de las próximas décadas. Esta problemática está estrechamente vinculada al cambio estructural de la demografía española, caracterizado por un descenso persistente de la fecundidad, un aumento significativo de la esperanza de vida y una pirámide poblacional progresivamente invertida.

El aumento del gasto en pensiones como proporción del PIB no solo responde al incremento de pensionistas, sino también a mayores expectativas de prestación por individuo debido  a las mayores pensiones consolidadas de los nuevos beneficiarios y al alargamiento de la esperanza de vida. Este crecimiento presiona las cuentas públicas, incrementa el déficit del sistema contributivo y condiciona la política presupuestaria y  fiscal.

Las proyecciones económicas también muestran que para 2050, el porcentaje de la población de 16 a 64 años disminuirá del 65 % actual al 57 %, mientras que la población mayor de 64 años aumentará del 20 % al 30 % del total. Esta evolución incrementa la presión sobre las pensiones públicas, que dependen de la relación entre cotizantes y beneficiarios. Además, estudios de centros de investigación económica como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierten que el gasto público en pensiones podría alcanzar hasta el 17,1 % del PIB en 2050, situándose varios puntos porcentuales por encima de los niveles de 2010 y lejos de los promedios europeos.

La problemática de las pensiones en España no es únicamente una cuestión de equilibrio financiero, sino un síntoma de transformaciones demográficas profundas: una población que envejece, una base de cotizantes que se estrecha y una estructura productiva que debe adaptarse a estos cambios. Esta realidad exige políticas integrales que combinen reformas del sistema de pensiones con medidas dirigidas a la natalidad, la inmigración, la participación laboral y la productividad, para preservar la sostenibilidad intergeneracional y la cohesión social en las próximas décadas.

El envejecimiento demográfico tiene un impacto profundo y transversal sobre las políticas sanitarias

Pero además, el envejecimiento demográfico tiene un impacto profundo y transversal sobre las políticas sanitarias y de dependencia en España, ya que modifica tanto la demanda de servicios como la organización, financiación y prioridades del Estado del bienestar. Desde una perspectiva académica, sus efectos pueden analizarse en varios ejes interrelacionados:

El envejecimiento conlleva un mayor uso del sistema sanitario. Las personas mayores presentan una mayor prevalencia de enfermedades crónicas (diabetes, patologías cardiovasculares, EPOC, artrosis, demencias), lo que incrementa la frecuencia de consultas médicas, hospitalizaciones y tratamientos farmacológicos. En consecuencia, el gasto sanitario per cápita es significativamente más elevado en los grupos de edad avanzada, especialmente a partir de los 75 años. Este fenómeno desplaza el foco del sistema sanitario desde la atención a procesos agudos hacia la gestión de la cronicidad, obligando a replantear los modelos tradicionales de atención.

El envejecimiento impulsa la necesidad de una integración entre los servicios sanitarios y sociales, ya que muchos problemas de salud en edades avanzadas están estrechamente ligados a situaciones de dependencia funcional, soledad o fragilidad. Esto exige políticas de coordinación entre atención primaria, hospitales, servicios sociales y cuidados de larga duración, un ámbito en el que España aún presenta importantes déficits estructurales.

La mayor esperanza de vida implica más años de atención sanitaria, con un perfil de enfermedad crónica y polifarmacia, que tensiona tanto los recursos económicos como la capacidad técnica de los sistemas de atención primaria y especializada. En particular, el aumento de la población mayor también intensifica la presión sobre el personal sanitario. A ello se suma el envejecimiento de los propios profesionales de la salud, lo que genera problemas de relevo generacional, sobrecarga laboral y desigualdades territoriales en el acceso a servicios sanitarios, especialmente en zonas rurales.

Según proyecciones demográficas y económicas, el gasto público total vinculado al envejecimiento —pensiones, sanidad y cuidados— podría alcanzar hasta el 25,5 % del PIB en España para 2050, un crecimiento de más de 5 puntos porcentuales respecto a 2022 y mucho más acelerado que el promedio europeo). La respuesta de las políticas públicas a estos retos será decisiva para garantizar tanto la sostenibilidad financiera como la calidad de vida de las personas mayores en España y para evitar brechas con respecto a los modelos más avanzados de Europa. En definitiva, El envejecimiento obliga a un cambio de paradigma en las políticas sanitarias y de dependencia, que debe orientarse hacia:

En síntesis, el envejecimiento demográfico actúa como un factor estructural de presión sobre las políticas sanitarias y de dependencia en España. No solo incrementa el gasto y la demanda de servicios, sino que obliga a redefinir los objetivos del sistema: pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, integrado y centrado en la persona. La capacidad del Estado para adaptarse a este desafío será clave para mantener la cohesión social, la equidad intergeneracional y la sostenibilidad del Estado del bienestar en las próximas décadas.

Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma del país con mayor ocupación de plazas residenciales para personas mayores, superando el 98,9%, y solo por detrás de Extremadura y Canarias, según datos del año 2024 recogidos por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En el panorama nacional la ocupación total alcanza el 82,4% de las plazas (hasta 339.065 personas usuarias), lo que según la asociación pone de manifiesto “que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración”.

Aseguran que atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, “serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Gran Dependencia (Grado III)”.

Listas de espera y plazas

Según los últimos datos oficiales elaborados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a nivel nacional “hay en lista de espera de ser atendidas 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III, más 57.091 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados”. En el caso de Castilla-La Mancha, tomando los datos del mes de octubre, más de 8.000 personas seguían en lista de espera.

Las comunidades autónomas con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 respectivamente; entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%). Mientras que en siete comunidades autónomas hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 16.712 y Castilla-La Mancha con 7.740.

Según los datos recopilados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, “el 71,1% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 292.986, frente a las 119.123 exclusivamente privadas”. Las plazas de financiación pública incluyen a las plazas en centros públicos, a las plazas concertadas en centros privados, y a las plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

“Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado desde 2015, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha”, exponen desde la asociación. Las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Las Comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y Valencia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado los Reconocimientos a la Iniciativa Social 2025, unos galardones que concede la Consejería de Bienestar Social y que alcanzan este año su décima edición con la distinción de 17 personas, entidades y colectivos por su compromiso ejemplar con la solidaridad, la inclusión y la cohesión social en la región. Entre ellos se encuentra la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Castilla-La Mancha.

Lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, destacando que estos reconocimientos “ponen rostro a lo mejor de nuestra sociedad: personas que, desde la cercanía, cambian vidas y construyen una Castilla-La Mancha más justa, más humana y más inclusiva”.

Desde su creación hace diez años, los Reconocimientos a la Iniciativa Social se han consolidado como uno de los principales instrumentos de refrendo público al Tercer Sector y a la acción social en Castilla-La Mancha. Estos premios “son como un espacio de homenaje público a quienes, desde la acción social, desde la solidaridad, la discapacidad, la cooperación, la infancia, la dependencia y el voluntariado hacen que cada día nuestra comunidad autónoma esté más cohesionada”, ha señalado García Torijano. “Desde que comenzaron hemos estado otorgando, año tras año, distintos reconocimientos, hasta los casi 200 a iniciativas transformadoras que reflejan los valores de nuestra tierra”.

En esta edición 2025, el jurado -conformado por personas expertas del ámbito social, educativo, comunitario y de la comunicación de Castilla-La Mancha- ha seleccionado dos reconocimientos por cada una de las siete categorías, además de tres menciones especiales, atendiendo a criterios de impacto social, trayectoria, innovación y compromiso con los valores de igualdad y justicia social.

García Torijano ha avanzado que la gala de entrega de los Reconocimientos a la Iniciativa Social 2025 tendrá lugar el próximo 28 de enero de 2026 en el Centro Cultural Don Íñigo López de Mendoza de Mondéjar (Guadalajara).

Reconocimientos a la Iniciativa Social 2025 por categorías

En el área de Acción Social, el Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce a la Asociación Gitana Juventud de Ocaña, por más de dos décadas de trabajo educativo y social con jóvenes, generando espacios de participación, acompañamiento y desarrollo personal que favorecen la inclusión de la población gitana. Junto a ella, se distingue a Juan Antonio Mínguez, párroco que atesora una trayectoria marcada por la atención y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad desde un compromiso humano y social ejemplar.

En el ámbito de la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, los reconocimientos recaen en Antonio Izquierdo García, general de brigada retirado y referente en la visibilización de la ELA, por su activismo incansable en defensa de las personas afectadas y sus familias; y en la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, por el proyecto ‘Castilla-La Mancha sin techo’, que acerca las cumbres de la región a personas con movilidad reducida a través de rutas accesibles e inclusivas.

En la categoría de Voluntariado, se reconoce al Ayuntamiento de Puebla de Valles (Guadalajara), por su implicación en la organización de iniciativas solidarias que movilizan a toda la comunidad en apoyo a causas sociales, como la Carrera Rupestre, destinada a recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras. Asimismo, se distingue al CEIP ‘San Lucas y María’ de Toledo, por su modelo de Comunidad de Aprendizaje, que integra a voluntariado y tejido social para garantizar una educación participativa, inclusiva y de calidad.

En el área de Discapacidad, los galardones se conceden a Pedro Solís García, creador audiovisual que ha sabido trasladar a la pantalla historias humanas vinculadas a la discapacidad, contribuyendo a la sensibilización social; y a Isolina Martínez Pérez, impulsora del Fórum de la Discapacidad de Cuenca, por su labor de cohesión del movimiento asociativo y su defensa de los derechos, la igualdad de oportunidades y la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias.

En Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Ejecutivo autonómico reconoce a la Fundación Pulsar, por sus proyectos de cooperación en países en desarrollo centrados en la educación, la salud y el empoderamiento comunitario; y a Sergio Sánchez París, por una trayectoria marcada por el compromiso con los derechos de las personas con discapacidad en comunidades indígenas, así como por su relevante labor internacional en Costa Rica y México.

En la categoría de Promoción del Tercer Sector Social, se distingue a Mixer & Pack S.L., por su alianza con Cruz Roja y su compromiso sostenido con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión; y a REAS Castilla-La Mancha, por fortalecer una red regional de entidades comprometidas con la economía social y solidaria, el trabajo digno y la sostenibilidad social y ambiental.

En el ámbito de Infancia y Familia, los reconocimientos recaen en Mariano Donate Delgado y David Chica Cuin, por su labor pedagógica y divulgativa en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y por su ejemplar implicación como familia de acogida; y en la Mesa Regional de Participación Infantil y Adolescente de Castilla-La Mancha, un espacio pionero que da voz a la infancia y la adolescencia en la construcción de las políticas públicas que les afectan.

En el apartado de Menciones Especiales, el Gobierno regional reconoce a Adoración Mendoza Huertas, por toda una vida dedicada al voluntariado y por demostrar que nunca es tarde para transformar la realidad de otras personas; a la Policía Nacional, por sus Carreras Solidarias ‘Ruta 091’, una iniciativa que une deporte y compromiso social en distintas provincias; y a la Comunidad Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca de Hellín, por una trayectoria centenaria de servicio a la comunidad, centrada en la atención a personas enfermas, la educación de niños y jóvenes y el acompañamiento a quienes más lo necesitan, dejando una huella social profunda y duradera.

La consejera ha cerrado su intervención subrayando que “estos reconocimientos nos recuerdan que detrás de cada proyecto hay personas que creen en el poder de cambiar la realidad” y ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de seguir impulsando políticas sociales ambiciosas, innovadoras y profundamente humanas, alineadas con los valores de igualdad, dignidad y cohesión social.

Ya hay nuevas convocatorias para 2026 de las ayudas de emergencia social que convoca cada año el Gobierno de Castilla-La Mancha y para la renovación del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) que también gestiona el Ejecutivo regional, según publica hoy el Diario Oficial (DOCM).

En cuanto a las ayudas de emergencia social , la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 2 de enero de 2026 hasta el final del ejercicio o el agotamiento del crédito si es anterior.

Pueden concurri las personas que se encuentren en situación de emergencia social, y cumplan los requisitos generales establecidos. La cuantía estimada máxima destinada a esta convocatoria es de 10.480.070 euros.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática con firma electrónica, mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección http://www.jccm.es, que quedará anotado en el registro electrónico.

Para facilitar la tramitación electrónica del expediente, la persona solicitante se dará de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección: https://notifica.jccm.es/notifica. También se pueden solicitar en el registro de los servicios centrales de la Consejería de Bienestar Social o en el de sus delegaciones provinciales.

Renovación del Ingreso Mínimo de Solidaridad

En cuanto al Ingreso Mínimo de Solidaridad, el DOCM publica los procedimientos de renovación y de renovación excepcional, destinados a las personas que ya son beneficiarias de esta ayuda.

Pueden concurrir a esta convocatoria las personas físicas que tengan reconocido este ingreso con anterioridad a la publicación de esta resolución y que cumplan los requisitos establecidos en las bases séptima y octava de la Orden de 29 de diciembre de 2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, y en esta convocatoria.

La cuantía estimada máxima destinada a esta convocatoria es de 860.000 euros. El importe máximo de estas ayudas económicas es de 6.300 euros anuales, dividida en doce mensualidades, para una unidad familiar de un solo miembro, incrementándose en 15% para el primer miembro adicional y en un 10% para el resto de los miembros adicionales de la unidad familiar hasta un máximo total de cinco miembros adicionales.

Al igual que con las ayudas de emergencia social, el plazo de presentación de solicitudes de renovación y renovación excepcional estará abierto desde el día 2 de enero de 2026 hasta el final del ejercicio o el agotamiento del crédito si es anterior.

Siempre quiso vivir en el mundo rural, pero la vida, las relaciones, el trabajo y las oportunidades le llevaron a vivir en Madrid hasta que decidió poner freno. María Avendaño, es psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta Gestalt con perspectiva feminista. Y a lo largo de su carrera ha estado implicada en distintos proyectos sociales.

Vivía en Madrid pero, confiesa, “desde que era una cría me apetecía vivir en un pueblo”. Recuerda que en realidad no le faltaba actividad en la capital: “Tenía mi trabajo y hacía teatro, pero no estaba muy ubicada en Madrid”. En aquel momento recibio una llamada para para participar en un proyecto de la consultora medioambiental 'Ideas Medioambientales' para la Diputación de Albacete en la Sierra del Segura. “Vi una posibilidad para probar suerte en la sierra y estuve un año viviendo en Ayna”, comenta.

Interesada en buscar un modelo de vida más acorde con ella misma, se dio cuenta de que su vida podía dar un giro: “Había una necesidad de psicólogos no cubierta y la verdad es que tenía ganas de montar algo propio”. Tras su paso por Ayna había detectado que en la comarca “había mucho trabajo”, así que vio la oportunidad, eligió un pueblo y se fue Riópar.

Nada le vinculaba al medio rural anteriormente, aunque explica que había conocido la experiencia positiva de un grupo de jóvenes, muchas chicas, que se habían instalado en Riópar para montar el Festival Lluvia de Ideas. Y además, la médica de familia de Riópar tiene una mesa de salud comunitaria. Era el lugar.

Así fue como en julio de este mismo año, pudo abrir el espacio de atención psicosocial al que llamó Cándalo, nombre de reminiscencias mitológicas y de saberes populares que hace alusión al calor, a algo que se quema, en definitiva, a un hogar. Eso es exactamente lo que quiere que encuentren los vecinos en este lugar.

En la práctica, Cándalo es un espacio de atención psicosocial y pretende ser un espacio que va más allá de la atención que se presta en un gabinete psicológico al uso. “Yo entiendo la salud mental como algo relacionado con la comunidad, con el bienestar comunitario, y eso implica la cultura y lo que sucede en los espacios públicos y redes”. Cree que la salud no depende solo de uno o una misma, “sino que depende de las redes, el contexto, el entorno… y hasta el aire que se respira”, argumenta la psicóloga.

Un enfoque sobre la salud común en el medio rural

Una de las cosas que más le ha llamado la atención, confiesa María, es la necesidad de apoyos y trabajo en salud mental que hace falta en el entorno rural. “El problema que estaba detectando es que la gente en la sierra estaba necesitando apoyos psicológicos por el aislamiento”, y ahí es donde su forma de entender la salud juega un papel fundamental.

La profesional comenta que hay proyectos, sobre todo de jóvenes en el entorno rural, que intentan y de hecho ponen en marcha iniciativas culturales, como el Colectivo Resilencio, en Molinicos. “Hacen lo que pueden”, nos explica, ya que no tienen capacidad de generar espacios de ocio, diálogo y participación ciudadana suficientemente estables como para paliar el efecto de la soledad en el entorno rural.

Si al tabú de hablar de salud mental le sumamos las dificultades para abordar ciertos temas en un pueblo, “tenemos una necesidad evidente y muy importante de abordar el tema del bienestar mental y emocional en nuestro entorno rural”.

Tenemos una necesidad evidente y muy importante de abordar el tema del bienestar mental y emocional en nuestro entorno rural

Analiza la psicóloga que “los inviernos aquí son muy duros, y eso implica que la mayoría de la gente joven se va y los que se quedan o hemos llegado hasta aquí, nos encontramos con que los espacios de socialización se ven reducidos a los bares”. Como consecuencia de esto, dice, hay muchos problemas de alcoholismo entre la gente joven y además, , “con un sesgo de género superpotente”, porque quienes beben alcohol generalmente son los hombres.

También, comenta que “hay un problema de drogadicción añadido de la gente joven que se queda y que no tiene alternativas de ocio”. La población más sensible es en este caso entre 14 y 18 años “porque el ocio se reduce al bar o la calle, pero cuando estamos a menos tres grados y anochece a las cinco, las posibilidades de socializar son muy poquitas”. Aquí la cultura es importante porque es un espacio de socialización y además un pegamento social.

El ocio se reduce al bar o la calle, pero cuando estamos a menos tres grados y anochece a las cinco, las posibilidades de socializar son muy poquitas

Además, hay un problema añadido, comenta María, “hay muchos procesos de violencia de género que el entorno normaliza, en parte por el consumo de alcohol, drogas y falta de socialización, lo que conduce al final es a mucha violencia. Y cuando estás solo o sola y sin alternativas la psicopatología crece exponencialmente”, lamenta.

Por eso Cándalo, una sala ubicada en un edificio de usos múltiples, con dos zonas, una para hacer terapia y una mesa que se pliega para convertir todo el espacio en diáfano para hacer otras actividades. “No es muy grande, pero sí lo suficiente para juntarnos varias personas y poder hacer actividades en grupo”, indica María, en coherencia con el trabajo de desarrollo de redes de apoyo con el que concibe su actividad psicológica. Contó con el apoyo del Ayuntamiento de Riópar para la infraestructura y gracias al Grupo de Acción Local está a la espera de una ayuda económica destinada a consolidar y arraigar el servicio.

“Empecé a riñón”, nos cuenta. Gracias a un préstamo a su padre y a su tío. Después a esa ayuda pudo sumar las del emprendimiento joven en el entorno rural. “Creo que eso está haciendo que la Sierra del Segura se revitalice un poco”. Comenta que le gustaría crecer “un poco, pero no mucho” porque, en su planteamiento de proyecto, le encantaría que Cándalo fuera una cooperativa.

La cultura como herramienta de salud colectiva

Pero María no podía emprender su sueño, dejarlo todo atrás, y montar su proyecto sin afrontar el reto añadido de mejorar, construir y colaborar con el pueblo que le ha acogido. Por eso, además de su actividad puramente social, se dedica a programar por cuenta propia actividades culturales. Cuenta con el apoyo tanto del ayuntamiento, que le aportó espacios, como de la asociación de mujeres de La Casa Noguera, “que son muy activas y me han acogido como mis madrinas en esta aventura”, reconoce María. Son muy acogedoras “y es muy bonico porque son como las mujeres de la aldea, que la mayoría tienen su casa en Riópar pero hacen actividades en la aldea”.

Pero esto es coherente con su forma de entender su proyecto, si la falta de ocio, y de encontrar lugares de diálogo está condicionando el bienestar de los vecinos, el primer paso es crear esos espacios compartidos y en realidad, hacerlo ofreciendo actividades culturales es una garantía de éxito.

Desde hace mucho tiempo ya se ha estudiado cómo el arte, la cultura y participar de ellos “favorece mucho la calidad de vida de personas con psicopatologías, pero incluso sin ellas, de manera preventiva”, argumenta María. “Porque estar en contacto con una misma ayuda la regulación emocional”.

Un ejemplo de la actividad cultural que está impulsando desde Cándalo es “un ciclo de cine sobre salud mental, diversidad y el rural y son historias de personas, cuerpos e identidades que se salen fuera de lo normativo y que viven en el entorno rural”. Además, celebraron el día de la bisexualidad con una película y un debate y para Halloween se proyectó otra película.

Otra de las actividades que han propuesto, con ayuda económica del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fue Dramáticas. Una performance en la que se leían a autoras de distintas épocas “poniéndolas a dialogar entre sí, en voz alta”. Fueron dos semanas para visibilizar “el estigma que hemos sufrido las mujeres al considerarnos locas, histéricas por la violencia estructurada a lo largo de la historia”.

Para poner en marcha Cándalo, María, contó con la comprensión de un pueblo entero, “que me dio una acogida muy cálida y cercana”, con el grupo de vecinas de La Casa Noguera, con el Ayuntamiento de Riópar, que le ofreció un espacio de coworking para poder trabajar, e incluso personal del centro de salud. “Pero lo más difícil – reconoce María silabeando todas la ies de la palabra- fue encontrar casa: la vivienda está muy mal, es una odisea”.

La Consejería de Bienestar Social contará con el mayor presupuesto jamás destinado a esta área en Castilla-La Mancha: 953,1 millones de euros en 2026. Una cantidad con la que la consejera del ramo, Bárbara García Torijano, quiere fortalecer un modelo social “moderno, equilibrado y centrado en las personas”.

El presupuesto, presentado este lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha, se incrementa un 4,5 por ciento respecto a 2025, lo que supone más de 40 millones de euros adicionales.

Uno de los pilares del presupuesto es el Sistema de Atención a la Dependencia, que alcanzará en 2026 una inversión de 692,2 millones, prácticamente el doble que en 2015. García Torijano ha presumido de que Castilla-La Mancha se sitúa actualmente como la Comunidad Autónoma que mejor gestiona la dependencia, según el Observatorio estatal, con una nota de 8,3 sobre 10. “Hemos conseguido pasar de un suspenso que obteníamos en el 2015 a un sobresaliente, siendo líderes a nivel nacional en gestión de dependencia”.

El presupuesto permitirá impulsar una amplia red de nuevas infraestructuras sociales como la apertura de siete nuevas residencias de mayores, que incorporarán más de 700 plazas adicionales; la finalización de obras en centros de mayores y viviendas de mayores en Tarancón, Solana del Pino, Villagarcía del Llano y Ontur. También nuevos centros de día y viviendas para personas con discapacidad en Torrijos, Alcaraz, Motilla del Palancar y Guadalajara: así como la apertura del Centro del Trastorno del Espectro Autista de Orgaz, un recurso pionero en la región.

En el ámbito de los servicios innovadores, Castilla-La Mancha seguirá desplegando su modelo de teleasistencia avanzada, que ya presta servicio a más de 84.000 personas, con dispositivos inteligentes y un enfoque proactivo único en España.

También crecerán programas clave como SEPAP-MejoraT, con más plazas y presencia en más comarcas; la ayuda a domicilio, que seguirá creciendo en horas atendidas y llegará a cerca de 40.000 beneficiarios y beneficiarias. También los programas para jóvenes y familias, reforzando acogimiento familiar y recursos para jóvenes ex tutelados.

El presupuesto profundiza y compromete un blindaje de programas y servicios esenciales como la Atención Temprana, donde se esperan en 2026 más de 8.000 niños y niñas atendidos y más de 70 centros, manteniendo el modelo universal y sin listas de espera. Personas con discapacidad, más de 15.000 personas atendidas cada día en 383 recursos especializados., así como personas mayores: en 2026 se dará un nuevo impulso al termalismo social, rutas senderistas, turismo de mayores y programas comunitarios para combatir la soledad no deseada.

Además, la consejera ha destacado que, a fecha de 30 de septiembre, se ha superado el 82 por ciento de ejecución presupuestaria, dos puntos más que el pasado año y siete más que en 2015. “Un presupuesto bien ejecutado es un compromiso bien cumplido”, ha señalado. “Estos datos reflejan rigor, planificación y una gestión responsable que se traduce directamente en mejores servicios para la ciudadanía”.

Vox habla de un “ataque” al bienestar social

Para Vox, el presupuesto de Castilla-La Mancha para 2026 supone “un nuevo ataque al bienestar social” y “un recorte encubierto a los más vulnerables” mientras se mantiene “un gasto político superfluo e injustificable”.

Según ha expresado su portavoz en las Cortes, Iván Sánchez, ha denunciado que el presupuesto García-Page “presume de compromiso social”, pero la realidad que reflejan las cuentas públicas es muy distinta. “A pesar de sus titulares y sus promesas, los recortes efectivos en partidas clave de bienestar social siguen aumentando”, ha subrayado.

Los ‘populares’ exigen la ejecución del 100% del presupuesto

Por su parte, el diputado regional del PP José Antonio Martín-Buro ha recalcado que los presupuestos de Bienestar Social para 2026 y la ejecución del año 2025 lo que están mostrando es “un modelo completamente agotado, un modelo ineficaz y profundamente injusto con los castellanomanchegos que son más vulnerables”.

“En Castilla-La Mancha, con estos presupuestos, seguiremos encabezando los peores datos en pobreza infantil de España y de la Unión Europea”, ha apostillado el 'popular'.

Además, los 'populares' han exigido la ejecución del 100% del presupuesto y la inversión estructural en centros, residencias y servicios. “No pueden existir partidas fantasma y sin inversiones reales”.

El PSOE defiende unos presupuestos “importante calado social”

Con respecto al PSOE, ha sido el portavoz de Bienestar Social del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Camacho, quien ha subrayado que los presupuestos para el próximo año tienen “un importante calado social” y están centrados en que “Castilla-La Mancha siga avanzando y ningún ciudadano ni ciudadana se quede atrás”.

Un modelo, ha continuado Camacho, que es “el contrario al que aplicó el PP en Castilla-La Mancha del 2011 al 2015”. “Mientras el PP redujo sistemáticamente el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, el presidente Page ha hecho exactamente lo contrario”.

La Diputación de Badajoz destinará en 2026 un total de 3,7 millones de euros a iniciativas de ayuda en los ámbitos de bienestar social y de cooperación internacional, ejes “fundamentales” para esta administración.

La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, ha mantenido un encuentro con entidades sociales de la provincia para presentar convocatorias de subvenciones en este ámbito que se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Estas líneas de ayuda parten con un importe global de 3,2 millones de euros, aunque la resolución definitiva para 2026 alcanzará los 3,7 millones, 500.000 más que en el ejercicio anterior.

Raquel del Puerto ha trasladado un mensaje “de tranquilidad” a las entidades, pues “no habrá recortes en ninguno de los programas”, tal y como podrá atestiguarse en los presupuestos provinciales del próximo año, cuya aprobación está prevista para la próxima semana, cuentas que “fortalecen de manera significativa las políticas sociales y de cooperación”. En este caso, las subvenciones presentadas abarcan los ámbitos de la acción social, la salud mental y la cooperación internacional.

La convocatoria destinada a proyectos de acción social mantiene para 2026 un crédito de dos millones de euros y se dirige a entidades que trabajan con colectivos con especiales dificultades de integración, como personas con discapacidad, ciudadanos con adicciones, reclusos, inmigrantes o minorías étnicas.

Cada proyecto podrá recibir hasta 30.000 euros, dentro de una línea donde en la anterior edición resultaron beneficiarias 183 asociaciones.

Por su parte, la Diputación pacense refuerza por cuarto año consecutivo la convocatoria de salud mental, para actuaciones de prevención y sensibilización como intervenciones directas con personas afectadas y su entorno familiar, programa en 2026 con un millón de euros para distintos proyectos.

La línea de cooperación internacional está orientada por su parte al desarrollo humano local en ámbitos como educación, salud, igualdad de género, derechos humanos, vivienda o infraestructuras básicas, la cual alcanzará 700.000 euros el próximo año, consolidándose el crecimiento experimentado desde 2023.

“La cohesión social, junto a otros como el fortalecimiento de los servicios públicos básicos o la vertebración territorial contra la despoblación, es uno de los ejes fundamentales de esta administración”, ha dicho la presidenta provincial. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a abrir en 2025 cinco nuevas residencias de mayores, con un modelo de gestión público-privada, que ofertarán 440 plazas.

Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha participado en los actos con motivo del 30 aniversario que la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores ha celebrado en Toledo.

“Para 2026 vamos a abrir nuevas residencias de mayores en esa colaboración público-privada, con 440 plazas más para cinco nuevas residencias que van a dar cobertura en nuestra Comunidad Autónoma. Estamos hablando de Elche de la Sierra, de Munera, de Chinchilla, de Campillo de Alto Buey y La Parrilla, residencias que van a tener un 50 por ciento de plazas públicas y que van a dar la posibilidad de incrementar nuestra red de recursos, siendo todavía más fuertes y más potentes”, ha afirmado, según informa el Ejecutivo regional.

“Acescam es una entidad potente, grande, que ha compartido el compromiso del Gobierno regional en poder trabajar en esta línea de acción y en estos diez años ha incrementado notablemente las plazas públicas con la Administración a través del Concierto Social: más de 400 plazas nuevas para poder mantener nuestro sistema de protección para las personas mayores. Y eso es fundamental porque, además, ha podido crecer en servicios, en recursos, en centros en Castilla-La Mancha, con 18 más”.

El reparto de menores migrantes provenientes de la emergencia canaria, planificado por el Gobierno de España a petición de la Administración de las islas, sigue dando titulares en Aragón un día sí y otro también. Esta vez ha sido a raíz de la visita el jueves de la ministra del ramo, Sira Rego, a Zaragoza. La titular de Juventud informó en un acto organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) que el Gobierno de España va a aumentar “un 250% desde 2021” la financiación a Aragón para este fin, debido al aumento de plazas que debe reservar la comunidad. Y este viernes la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, le ha acusado de “mentir”, pese a que en el Departamento habían recibido información de que será así: se van a aumentar los fondos para Aragón de 1 millón de euros el año pasado –909.104,87 € en 2021– hasta más de 3,4 millones este año.

Así se acordó en la Comisión Sectorial del pasado 17 de octubre y así se trasladó a las comunidades autónomas, según ha podido saber este periódico, en una reunión en la que también se informó de que el número de menores migrantes que serían trasladados finalmente a Aragón no llegarían a 250, sino que se quedarían en el entorno de los 200. Otras cifras ante las que la consejera Susín ha acusado a la ministra Rego de mentir.

“No podemos admitir que nos tome por tontos a los aragoneses”, ha afirmado en concreto la titular de Bienestar Social, que se ha aferrado a las publicaciones oficiales frente al “Gobierno de las mentiras”: “Vendrán 200, vendrán 250, vendrán 300 o un delegado del Gobierno decidirá que a Aragón vienen 100 más, pero la realidad cierta es que tenemos que tener 441 plazas de estructura”, ha señalado, en referencia al número de plazas que debe reservar el Ejecutivo autonómico, no al número efectivo de menores migrantes que llegarán.

“La única realidad es un real decreto y el BOE, en los que se establece que Aragón tiene que tener 441 plazas de estructura. Y financiación no hay. De momento, a la Conferencia Sectorial no ha llegado ningún acuerdo de financiación”, ha sostenido la responsable autonómica de Bienestar Social y Familia. Esta financiación está recogida en el punto décimo de la mencionada Comisión Sectorial. Un punto que “no se elevó a la Conferencia Sectorial”, según ha trasladado la consejera y según han insistido fuentes del Departamento, porque según el Ministerio se trataba de un punto “meramente informativo”, con lo que “no era necesario elevarlo”. Lo cual no quiere decir, añaden desde el Gobierno de España, que el Ejecutivo autonómico no conociera estas cifras.

La consejera autonómica ha lamentado además el “desbarajuste absoluto” del Gobierno central respecto a la salida de los menores de Ceuta, Melilla y Canarias. Así, a Aragón de momento han llegado siete menores en un “goteo constante” de expedientes: “Nos estamos encontrando con que vienen menores reseñados, por ejemplo, con 17 años y cuando llegan aquí tienen 11 años. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está el trabajo por los menores cuando se miente incluso en sus reseñas?”, se ha preguntado, antes de informar de que, de los expedientes que han llegado a la comunidad autónoma, se han rechazado tres, y en dos casos los menores en realidad eran ya mayores de 18 años.