Castilla-La Mancha cuenta desde este lunes con la nueva Escuela de Formación de Servicios Sociales, una iniciativa formativa que busca reforzar la cualificación, la actualización permanente y la cohesión profesional de todas las personas que trabajan en el sistema público de servicios sociales de la región.

Impulsada por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional, la escuela cuenta con el apoyo tecnológico, humano y organizativo de la Fundación Ceres y plantea tres ejes de trabajo: generación y transferencia de conocimiento, formación continua y actualización de competencias profesionales, según afirma el Ejecutivo regional en nota de prensa.

La programación anual está dirigida a perfiles técnicos del trabajo social, la educación social y la psicología, así como a personal auxiliar y administrativo, profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, personal de la administración local y la autonómica, Tercer Sector y entidades del ámbito empresarial vinculadas a la red social regional.

Formación para todo el sistema profesional de los servicios sociales

Uno de los elementos más relevantes de esta nueva estructura es que amplía, por primera vez, el acceso a la formación a todo el ecosistema de los servicios sociales. Según los datos que maneja la Consejería, alrededor del 80% de los y las profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria no podía acceder hasta ahora a la formación ordinaria, reservada al personal de la Junta. Una brecha que la nueva Escuela viene a corregir con una oferta específica, estable y compartida.

Su programación inicial incluye seminarios de reflexión profesional y acciones formativas sobre ética profesional, intervención con menores y familias, cuidados, ayuda a domicilio, sinhogarismo, pobreza y exclusión social, intervención comunitaria o apoyo administrativo a los equipos; con especialistas de referencia como Manuel Aguilar, Josefa Cardona, Esther Raya o Luis Barriga.

Ya se han llevado a cabo las primeras formaciones

La presentación de la Escuela se ha celebrado este lunes en el salón de actos de la Consejería de Bienestar Social, en una jornada inaugurada por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la presidenta de la Fundación Ceres, Toñi Valverde; y el director general de Acción Social, Santi Vera Díaz-Cardiel; y que incluye dos ponencias del profesor Manuel Aguilar sobre el presente y los retos del sistema público de servicios sociales.

García-Torijano ha señalado que estas jornadas serán “muy fructíferas” y que estarán orientadas a tres objetivos principales: “que queden instaladas en nuestra comunidad autónoma y tengan continuidad en el tiempo; que contribuyan a seguir mejorando la atención al ciudadano y a llegar a todos los rincones de la región, por eso combinamos la modalidad presencial y telemática; y, en tercer lugar, que sirvan para seguir fortaleciendo nuestra red de recursos de servicios sociales”.

La Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha se ha concentrado frente a la Consejería de Bienestar Social y frente a las Cortes regionales en Toledo para exigir al Gobierno regional la equiparación salarial “real y efectiva” de todos los profesionales de los servicios sociales de atención primaria.

Señalan que hacen y tienen el “mismo trabajo, misma responsabilidad, misma cualificación, pero distinto sueldo, esto tiene un nombre: injusticia”.

El colectivo demanda el cumplimiento “estricto” de la normativa vigente que, según la plataforma, “obliga a actualizar los convenios conforme a las retribuciones del personal de la Junta”, así como “un modelo de financiación suficiente, estable y justo que garantice equipos de trabajo seguros y una atención de calidad para toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, también la que vive en el mundo rural” y el “reconocimiento real de los servicios sociales como pilar básico del bienestar, no como servicio de segunda”.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración frente a las Cortes regionales, Irene Jiménez en representación de la Plataforma, ha señalado que “llevamos demasiado tiempo esperando una respuesta que no llega, tres años, ocho reuniones con la Consejería y no nos han dado ninguna solución”.

La portavoz ha indicado que son “trabajadoras y trabajadores sociales, educadoras y educadores sociales, psicólogas y psicólogos, profesionales de la administración y cobramos hasta un 40% menos que nuestros compañeros y compañeras que hacen exactamente el mismo trabajo, contratados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. Apuntaba también que “tenemos una situación muy precaria a nivel salarial, con unos salarios muy por debajo a lo que nos corresponde según nuestra categoría profesional y las funciones que realizamos, queremos mismo salario por el mismo trabajo y es la Consejería la que tiene que poner la solución”.

La plataforma critica que desde 2010 los convenios que “la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado conforme a la ley”. “Mientras tanto, los equipos se fragmentan, la precariedad crece y la calidad de la atención que recibe la ciudadanía se resiente. No solo sufren las y los profesionales, también las personas que atienden”, explican.

Exponen que los servicios sociales de atención primaria “no son un gasto, son un pilar fundamental del Estado de Bienestar, sin profesionales dignamente retribuidos, no hay sistema; sin sistema, no hay protección para la ciudadanía más vulnerable”.

Desde la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha matizan que se trata de una “cuestión de justicia social” y que seguirán luchando “hasta que el mismo trabajo reciba el mismo sueldo”.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha y la delegación regional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Castilla-La Mancha) han presentado en Toledo un protocolo de actuación para el desarrollo de seis microcredenciales universitarias en el ámbito de la discapacidad. La iniciativa busca mejorar la cualificación profesional y promover la igualdad de oportunidades en la región.

En la presentación del acuerdo, el rector destacó que esta colaboración “a tres bandas” beneficiará al conjunto de la sociedad castellanomanchega y responde a la misión de la Universidad de mejorar la vida de las personas a través del conocimiento.

Las seis acciones formativas se impartirán desde la próxima semana

Según indicó Garde, se han previsto seis acciones formativas que comenzarán a impartirse la próxima semana. Se estructuran en dos bloques temáticos: gestión y sostenibilidad de entidades sociales e intervención y acción social directa con personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es reforzar tanto la capacidad organizativa del tercer sector como la atención profesional a las personas con discapacidad.

El rector señaló que esta colaboración se inscribe en el programa de microcredenciales universitarias impulsado mediante el acuerdo entre la UCLM, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España. En este marco, el objetivo autonómico fijaba 832 microcredenciales, de las cuales 714 correspondían a la UCLM. Hasta la fecha, la institución ha ejecutado y evaluado 128 acciones formativas, que han permitido emitir 2660 microcredenciales. Además, hay 132 nuevas acciones aprobadas hasta el final del periodo, lo que supondrá más de 1500 microcredenciales adicionales.

Las microcredenciales se dirigen a perfiles distintos del estudiantado tradicional y permiten actualizar competencias de forma ágil. En este contexto, el rector subrayó que la UCLM “ha multiplicado por seis el objetivo inicial fijado para Castilla-La Mancha, consolidándose como una referencia nacional en microcredenciales universitarias”. Al término del periodo establecido, “más de 4000 personas habrán recibido formación flexible, especializada y alineada con las necesidades del mercado laboral, con especial atención a la igualdad de oportunidades y a los colectivos más vulnerables”.

En la presentación del protocolo participaron también la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el gerente del CERMI Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, quienes respaldaron la colaboración interinstitucional y, en particular, esta iniciativa de formación especializada orientada a mejorar la atención y la inclusión de las personas con discapacidad.

La directora del Centro de Estudios de Posgrado, Susana Villaluenga, y las codirectoras del Aula de Inclusión e Innovación Social UCLM-CECAP, Yolanda Salinero y Sonia Morales, asistieron a la presentación junto a representantes de la Consejería y de las entidades sociales.

Se definen como “la puerta de entrada” al sistema de servicios sociales y del bienestar, pero denuncian que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha les deja en situación de “exclusión laboral y salarial” de forma “clara”. Una situación que afecta a más de 800 trabajadores de los servicios sociales contratados en ayuntamientos castellanomanchegos con menos de 20.000 habitantes a través de un convenio de colaboración con la Junta de Comunidades.

Son los profesionales de Psicología, Educación Social, Trabajo Social y Administración que se encuentran los usuarios y usuarias cuando van a pedir cualquier tipo de acompañamiento social en los ayuntamientos. Intervienen en situaciones de protección de menores, violencia de género, situaciones de exclusión con salud mental, drogodependencias, atención a personas dependientes o de ayuda a domicilio. Es el equivalente al médico de Atención Primaria para los servicios sociales.

Estos profesionales constituyeron en 2023 la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) de Castilla-La Mancha, desde la cual denuncian que perciben un salario hasta un 40% menor que sus compañeros funcionarios de la Junta de Comunidades.

Una situación que se da, lamentan, a pesar de realizar las mismas funciones y que las tablas salariales las marca el Gobierno regional, según explica Lina Ramírez, portavoz de la plataforma.

Misma categoría y funciones, diferente salario

El Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha se presta a través de la administración autonómica y las corporaciones locales. No obstante, en los ayuntamientos de municipios de hasta 20.000 habitantes, la responsabilidad es autonómica y se ejerce con la labor de funcionarios de la Junta de Comunidades o con trabajadores y trabajadoras contratadas por los ayuntamientos mediante un concierto con la Administración regional, que es la que fija las tablas salariales -y las financia en gran medida- mediante un convenio de colaboración.

Y es aquí donde, según denuncia Ramírez, se genera la desigualdad. La reclamación pasa por que el citado convenio de colaboración establece un salario un 40% menos respecto a los compañeros funcionarios de la Administración autonómica que trabajan en el mismo servicio, con la misma categoría profesional y ejecutando las mismas funciones y responsabilidades.

“Nosotros cohabitamos dentro de los municipios con compañeros que son funcionarios de la Junta de Comunidades y con los que hay una diferencia salarial entre un 38% y un 40% en el salario, realizando las mismas funciones. Estamos hablando de una diferencia salarial entre setecientos y mil euros mensuales”, explica la portavoz. “Tenemos casos de compañeras que llevan trabajando 30 años y están ganando 1.400 euros en doce pagas siendo una categoría profesional A2. Y muchos salarios son el salario mínimo interprofesional”.

Además, señalan que los convenios que la Junta impone a ayuntamientos y mancomunidades no se han actualizado desde 2010, lo cual genera que la financiación para los ayuntamientos de los Servicios Sociales sea cada vez “más insuficiente” para asumir los costes laborales de las y los profesionales.

Lina Ramírez señala que la única subida salarial reciente que han tenido se produjo en el 2024, algo que vinculan al nacimiento de su movimiento el año anterior.

“Cuando la plataforma comienza esta acción y tiene reuniones con la Consejería de Bienestar Social y conseguimos que nos suban en el 2024 un 3% y en el 2025 un 3,5%. Ahora mismo la consejería impone un acuerdo, que no es bilateral, es una imposición suya, en la que dice que lo que puede marcar para la legislatura es subirnos el IPC, al igual que la subida de los funcionarios anual”.

Esta solución no satisface a los trabajadores concertados, ya que al darse una subida porcentual igual que la que perciben los empleados de la Junta, consideran que se sigue agravando esa brecha salarial. “No es lo mismo subir un 3% de 1.000 euros que un 3% de 2.000”, defienden.

Una desigualdad que causa “desmotivación”

Esta situación, aseguran, afecta tanto a los trabajadores como a las personas que acuden a servicios sociales. “Hay desmotivación, lo que genera continuas salidas y entradas porque la gente busca otros trabajos en los que pueda ganar más dinero. Y esto que afecta a los usuarios, que son muy vulnerables y necesitan una relación estable con la persona que les atiende”.

“La Consejería de Bienestar Social, que debería buscar dignificar a las personas y trabajar contra la exclusión social, está situando a los profesionales en una clara situación de exclusión laboral y salarial”, añade Lina Ramírez, portavoz de la Plataforma por la Equiparación Salarial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Castilla-La Mancha.

“Sabemos que la equiparación salarial no se puede hacer de un día para otro, pero sí de una forma progresiva. La Consejería se ha cerrado en banda. Hemos enviado correos para retomar las negociaciones y no nos han contestado”, señala Ramírez. Por eso, desde la plataforma avisan que, en caso de no llegar a un “acuerdo real” de equiparación salarial, tienen planteado realizar movilizaciones “constantes”.

La Consejería asegura que ha “comprometido mejoras”

Sobre esta situación, fuentes de la Consejería de Bienestar Social no han querido responder a las preguntas de elDiario.es Castilla-La Mancha, pero se han referido a la problemática señalando que han mantenido reuniones periódicas con esta plataforma y otras entidades a lo largo de la legislatura, “comprometiendo mejoras y consolidando avances” para con los Ayuntamientos, tanto de personal como de financiación.

Las mismas fuentes argumentan que el Gobierno de Castilla-La Mancha “invierte un 5,3% más en los Servicios Sociales de Atención Primaria que el resto de la media de nacional”, y confirman que han recibido una solicitud de reunión por parte de la plataforma que ha sido trasladada a la Dirección General de Acción Social, sin fecha para el encuentro.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha avanzado que el Gobierno regional pondrá en marcha siete nuevos centros de Atención Temprana para menores en Castilla-La Mancha a lo largo de 2026 gracias a una inversión total de 12,8 millones de euros y una ampliación de plantilla que permitirá la contratación de hasta 413 profesionales.

Los nuevos centros estarán en Marchamalo (Guadalajara), Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Sonseca (Toledo), y la comarca de los Montes de Toledo, así como en los hospitales de Cuenca, Guadalajara y Alcázar de San Juan, hasta sumar un total de 76 recursos en Castilla-La Mancha.

La consejera ha recordado la importancia que tiene este servicio “tan necesario para niños y niñas con dificultades de aprendizaje” y su papel de acompañamiento para las familias “en momentos muy difíciles” durante los primeras años de vida de esos pequeños.

En este contexto la titular de Bienestar Social ha explicado que ya se han superado los 8.000 niños y niñas atendidas en la Comunidad Autónoma con un incremento presupuestario “significativo” que permitirá superar los 70 recursos en el ejercicio 2026. “De esta manera se amplía este servicio de atención universal, gratuito y sin lista de espera, que además se ha ampliado hasta los seis años si se avala con la prescripción de profesionales”, ha recalcado.

“De esta manera, se cumple una proyección muy positiva a lo largo de los últimos 10 años, acorde con el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para ofrecer unos servicios pioneros y de vanguardia en la atención temprana a los niños y niñas con dificultades de aprendizaje”, ha concluido.

La Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha exigido “respeto institucional al consenso social y político construido en la región” en torno al nuevo Estatuto de Autonomía.

En un comunicado de prensa, los representantes del Tercer Sector han valorado el cambio de postura del Partido Popular sobre el texto, tras romper los 'populares' el acuerdo que tenían con el PSOE al presentar una enmienda para que no se incremente el número de diputados en el Parlamento de esta comunidad.

Así, la Mesa defiende que el acuerdo “alcanzado entre las fuerzas políticas y los agentes sociales debe ser respetado” en su tramitación en las Cortes Generales, “evitando pasos atrás que supongan un menosprecio al diálogo y al esfuerzo realizado durante meses”.

Del mismo modo que el tejido empresarial ha reclamado que “se respete” lo acordado, la Mesa del Tercer Sector ha exigido “respeto institucional al consenso social y político construido en la región”. “Instamos al Partido Popular a mantener la altura de miras demostrada en la fase de negociación y a seguir adelante con el texto pactado, sin utilizar ahora el número de diputados y diputadas como excusa para reabrir un debate que no está entre las prioridades reales de la ciudadanía más vulnerable”, ha expuesto.

“El foco debe seguir puesto en cómo garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer el diálogo civil, no en alimentar controversias partidistas alejadas de las preocupaciones sociales de fondo”.

Por último, la Mesa explica que el nuevo Estatuto “no es un mero ajuste técnico; es una herramienta para blindar derechos, reforzar los sistemas públicos y garantizar la protección de las personas y familias más vulnerables en Castilla-La Mancha. Las propuestas canalizadas a través de la Mesa del Tercer Sector se orientan a asegurar una mayor estabilidad normativa para las políticas sociales, la accesibilidad universal y el reconocimiento del papel de las entidades sociales en la cohesión territorial”.

La Junta asegura que los agentes sociales se sienten “ofendidos”

Sobre este posicionamiento que ha hecho la Mesa del Tercer Sector y otros agentes sociales sobre el cambio de postura del PP en torno al nuevo Estatuto se ha pronunciado este jueves la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla.

“En relación con el Estatuto y las peticiones de los agentes sociales, lo que se ha producido es una cascada, muy razonable, por otro lado, de posicionamientos por parte de empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias como Asaja y UPA, la propia universidad, la Mesa del Tercer Sector o la EAPN.

Padilla ha asegurado que “todos ellos han trabajado muchas horas para alcanzar el acuerdo y el consenso logrados en Castilla-La Mancha”, y que están siendo “tan contundentes porque se sienten ofendidos”.

“Son entidades y representantes sociales habituados al diálogo con el Gobierno de Castilla-La Mancha, sabiendo que hay que hablar, acordar y cumplir. Cuando el Partido Popular rompe el acuerdo que ha sido ejemplo en toda España, es lógico que reaccionen como lo están haciendo”, ha zanjado Padilla.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha asegurado este lunes que su departamento está trabajando en “buscar la protección de los menores” y “recuperar la normalidad” en Cartes, tras la polémica vivida en las dos últimas semanas en el municipio a raíz de la llegada de menores migrantes no acompañados a un centro de urgencia habilitado por el Gobierno de Cantabria en el Camino Real.

Así lo ha manifestado este lunes a preguntas de los medios de comunicación, en las que ha incidido en esta pretensión del Ejecutivo para que la localidad recobre la “normalidad”, existente en otros municipios donde se ubican este tipo de hogares.

En cuanto a la resolución judicial que suspende cautelarmente la orden de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), en la que ordenaba la paralización inmediata del centro de acogida, como solicitó el Gobierno, la consejera ha señalado que se están siguiendo los trámites procedimentales oportunos.

Además, ha apuntado que desconoce si la regidora ha presentado alegaciones al mismo, para lo que la justicia le dio un plazo de tres días, aunque el Ayuntamiento descartó esta posibilidad en un comunicado remitido del viernes.

Por último, Gómez del Río ha reiterado la “preocupación” de su departamento por la protección de los menores migrantes que llegan a Cantabria y ha afirmado que el Ejecutivo acatará las decisiones judiciales, “como no puede ser de otra manera”.

El presidente de Castilla-La Mancha se felicitaba estos días: asegura que estamos entre las comunidades con más plazas de residencias de mayores financiadas con dinero público. Debe ser uno de esos días, que toca reforzamiento del departamento de propaganda: liderazgo social, compromiso con los mayores, orgullo de región puntera. Pero, antes de aplaudir, conviene preguntarse qué hay detrás de esa palabra mágica, “liderazgo”, y cuánta realidad cabe en el eslogan.

Los datos son buenos, nadie lo discute. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad que más plazas de financiación pública aporta, sumando tanto las plazas netamente públicas como las concertadas pagadas con dinero del sistema público. Lideramos el ranquin de Autonomías en este indicador y, además, somos la segunda comunidad de España en número total de plazas residenciales, sólo por detrás de Castilla y León. Es decir: si miramos solo la foto fija del número de camas, salimos favorecidos.

También las ratios nos acompañan. Informes recientes señalan que la región supera la clásica referencia de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años y se coloca en torno al 6,4%, por encima de la media estatal. Sobre el papel, motivos hay para que los castellanomanchegos nos felicitemos. En un país que envejece rápido y mal, donde cada plaza cuenta, no es un logro menor haber escalado posiciones en la tabla.

Si miramos el conjunto del Estado, la foto se amplía: aproximadamente 7 de cada 10 plazas residenciales para mayores tienen financiación pública, en torno al 69,6%. Y, dentro de ese mapa, Castilla y León y Castilla-La Mancha aparecen como las comunidades que encabezan la cobertura de plazas financiadas públicamente. Aquí suele colarse una trampa semántica: se mezclan “titularidad” y “financiación” como si fueran lo mismo. No lo son. Titularidad es quién es dueño del centro; financiación es quién paga la plaza.

En Castilla-La Mancha, una parte importante de esas plazas “públicas” están en centros de titularidad privada, pero concertadas y pagadas con fondos públicos. Eso hace que el peso de la financiación pública sea alto, aunque la red siga siendo mayoritariamente privada en manos de empresas. El ciudadano oye “plaza pública” y piensa en una residencia pública; la consejería dice “plaza pública” y se refiere a una factura pública en una cama privada. No es un matiz menor.

¿Respalda todo esto el famoso “liderazgo social” que se atribuye Page? El presidente proclama que Castilla-La Mancha es “la primera que encabeza el ranquin de comunidades autónomas que financian plazas públicas para residencias de mayores” y que contamos con el mayor volumen de plazas sostenidas con fondos del servicio público. Y, en términos estrictos, los datos le dan la razón: encabezamos el listado en plazas financiadas con dinero público y somos segundos en plazas totales. De hecho, cuando dice que estamos “entre las regiones con más plazas públicas” se queda corto incluso respecto al indicador que maneja.

El problema no está en el dato, sino en la lectura que se hace de él. Convertir un buen indicador en certificado de “liderazgo social” es una pirueta política arriesgada. Una comunidad puede tener muchas plazas y, aun así, funcionar con un sistema de cuidados lleno de grietas. Y eso es precisamente lo que no aparece en los discursos, ni en las notas de prensa, ni en las celebraciones institucionales. Lo afirmo con conocimiento de lo que afirmo, porque he trabajado varios años cómo médico de residencias de mayores.

Por eso sé, que mientras Page presume de liderazgo, persiste un déficit global de plazas residenciales en España: se calculan cerca de 90.000 plazas faltantes para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 mayores en el conjunto del país, con algunas regiones muy rezagadas. Que Castilla-La Mancha salga bien en la foto no borra el resto del paisaje. Y, sobre todo, no basta con contar camas: hay que entrar en las habitaciones.

Nada de esto nos hablan esas cifras triunfalistas: ni de la calidad asistencial ni de las condiciones laborales de quienes cuidan; ni de la dispersión rural y las distancias para acceder a una plaza; ni de los tiempos de espera de las personas dependientes y sus familias; ni de si el modelo residencial que se está sosteniendo con dinero público encaja (o choca de frente) con la estrategia, tantas veces invocada, de desinstitucionalización y apoyo a la vida en el entorno.

Es aquí donde el “liderazgo social” empieza a parecerse más a un eslogan que a una descripción fiel de la realidad. Liderar no es sólo financiar más plazas en términos cuantitativos. Liderar sería revisar a fondo un modelo que sigue aparcando a los mayores en macrocentros, externalizando cuidados y precarizando plantillas, mientras se llenan titulares con cifras récord. Liderar sería poner en el centro la dignidad y la autonomía de las personas mayores, no la foto del presidente cortando la cinta.

Que Castilla-La Mancha haya avanzado en número y financiación de plazas es una buena noticia. Que el gobierno regional lo convierta en medalla de “liderazgo social” sin hablar de lo que falta, de lo que duele y de lo que no funciona, ya es otra cosa. Una cosa más cercana a la propaganda que a la rendición de cuentas.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España constituye uno de los principales desafíos socioeconómicos de las próximas décadas. Esta problemática está estrechamente vinculada al cambio estructural de la demografía española, caracterizado por un descenso persistente de la fecundidad, un aumento significativo de la esperanza de vida y una pirámide poblacional progresivamente invertida.

El aumento del gasto en pensiones como proporción del PIB no solo responde al incremento de pensionistas, sino también a mayores expectativas de prestación por individuo debido  a las mayores pensiones consolidadas de los nuevos beneficiarios y al alargamiento de la esperanza de vida. Este crecimiento presiona las cuentas públicas, incrementa el déficit del sistema contributivo y condiciona la política presupuestaria y  fiscal.

Las proyecciones económicas también muestran que para 2050, el porcentaje de la población de 16 a 64 años disminuirá del 65 % actual al 57 %, mientras que la población mayor de 64 años aumentará del 20 % al 30 % del total. Esta evolución incrementa la presión sobre las pensiones públicas, que dependen de la relación entre cotizantes y beneficiarios. Además, estudios de centros de investigación económica como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierten que el gasto público en pensiones podría alcanzar hasta el 17,1 % del PIB en 2050, situándose varios puntos porcentuales por encima de los niveles de 2010 y lejos de los promedios europeos.

La problemática de las pensiones en España no es únicamente una cuestión de equilibrio financiero, sino un síntoma de transformaciones demográficas profundas: una población que envejece, una base de cotizantes que se estrecha y una estructura productiva que debe adaptarse a estos cambios. Esta realidad exige políticas integrales que combinen reformas del sistema de pensiones con medidas dirigidas a la natalidad, la inmigración, la participación laboral y la productividad, para preservar la sostenibilidad intergeneracional y la cohesión social en las próximas décadas.

El envejecimiento demográfico tiene un impacto profundo y transversal sobre las políticas sanitarias

Pero además, el envejecimiento demográfico tiene un impacto profundo y transversal sobre las políticas sanitarias y de dependencia en España, ya que modifica tanto la demanda de servicios como la organización, financiación y prioridades del Estado del bienestar. Desde una perspectiva académica, sus efectos pueden analizarse en varios ejes interrelacionados:

El envejecimiento conlleva un mayor uso del sistema sanitario. Las personas mayores presentan una mayor prevalencia de enfermedades crónicas (diabetes, patologías cardiovasculares, EPOC, artrosis, demencias), lo que incrementa la frecuencia de consultas médicas, hospitalizaciones y tratamientos farmacológicos. En consecuencia, el gasto sanitario per cápita es significativamente más elevado en los grupos de edad avanzada, especialmente a partir de los 75 años. Este fenómeno desplaza el foco del sistema sanitario desde la atención a procesos agudos hacia la gestión de la cronicidad, obligando a replantear los modelos tradicionales de atención.

El envejecimiento impulsa la necesidad de una integración entre los servicios sanitarios y sociales, ya que muchos problemas de salud en edades avanzadas están estrechamente ligados a situaciones de dependencia funcional, soledad o fragilidad. Esto exige políticas de coordinación entre atención primaria, hospitales, servicios sociales y cuidados de larga duración, un ámbito en el que España aún presenta importantes déficits estructurales.

La mayor esperanza de vida implica más años de atención sanitaria, con un perfil de enfermedad crónica y polifarmacia, que tensiona tanto los recursos económicos como la capacidad técnica de los sistemas de atención primaria y especializada. En particular, el aumento de la población mayor también intensifica la presión sobre el personal sanitario. A ello se suma el envejecimiento de los propios profesionales de la salud, lo que genera problemas de relevo generacional, sobrecarga laboral y desigualdades territoriales en el acceso a servicios sanitarios, especialmente en zonas rurales.

Según proyecciones demográficas y económicas, el gasto público total vinculado al envejecimiento —pensiones, sanidad y cuidados— podría alcanzar hasta el 25,5 % del PIB en España para 2050, un crecimiento de más de 5 puntos porcentuales respecto a 2022 y mucho más acelerado que el promedio europeo). La respuesta de las políticas públicas a estos retos será decisiva para garantizar tanto la sostenibilidad financiera como la calidad de vida de las personas mayores en España y para evitar brechas con respecto a los modelos más avanzados de Europa. En definitiva, El envejecimiento obliga a un cambio de paradigma en las políticas sanitarias y de dependencia, que debe orientarse hacia:

En síntesis, el envejecimiento demográfico actúa como un factor estructural de presión sobre las políticas sanitarias y de dependencia en España. No solo incrementa el gasto y la demanda de servicios, sino que obliga a redefinir los objetivos del sistema: pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, integrado y centrado en la persona. La capacidad del Estado para adaptarse a este desafío será clave para mantener la cohesión social, la equidad intergeneracional y la sostenibilidad del Estado del bienestar en las próximas décadas.

Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma del país con mayor ocupación de plazas residenciales para personas mayores, superando el 98,9%, y solo por detrás de Extremadura y Canarias, según datos del año 2024 recogidos por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En el panorama nacional la ocupación total alcanza el 82,4% de las plazas (hasta 339.065 personas usuarias), lo que según la asociación pone de manifiesto “que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración”.

Aseguran que atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, “serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Gran Dependencia (Grado III)”.

Listas de espera y plazas

Según los últimos datos oficiales elaborados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a nivel nacional “hay en lista de espera de ser atendidas 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III, más 57.091 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados”. En el caso de Castilla-La Mancha, tomando los datos del mes de octubre, más de 8.000 personas seguían en lista de espera.

Las comunidades autónomas con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 respectivamente; entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%). Mientras que en siete comunidades autónomas hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 16.712 y Castilla-La Mancha con 7.740.

Según los datos recopilados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, “el 71,1% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 292.986, frente a las 119.123 exclusivamente privadas”. Las plazas de financiación pública incluyen a las plazas en centros públicos, a las plazas concertadas en centros privados, y a las plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

“Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado desde 2015, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha”, exponen desde la asociación. Las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Las Comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y Valencia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado los Reconocimientos a la Iniciativa Social 2025, unos galardones que concede la Consejería de Bienestar Social y que alcanzan este año su décima edición con la distinción de 17 personas, entidades y colectivos por su compromiso ejemplar con la solidaridad, la inclusión y la cohesión social en la región. Entre ellos se encuentra la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de Castilla-La Mancha.

Lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, destacando que estos reconocimientos “ponen rostro a lo mejor de nuestra sociedad: personas que, desde la cercanía, cambian vidas y construyen una Castilla-La Mancha más justa, más humana y más inclusiva”.

Desde su creación hace diez años, los Reconocimientos a la Iniciativa Social se han consolidado como uno de los principales instrumentos de refrendo público al Tercer Sector y a la acción social en Castilla-La Mancha. Estos premios “son como un espacio de homenaje público a quienes, desde la acción social, desde la solidaridad, la discapacidad, la cooperación, la infancia, la dependencia y el voluntariado hacen que cada día nuestra comunidad autónoma esté más cohesionada”, ha señalado García Torijano. “Desde que comenzaron hemos estado otorgando, año tras año, distintos reconocimientos, hasta los casi 200 a iniciativas transformadoras que reflejan los valores de nuestra tierra”.

En esta edición 2025, el jurado -conformado por personas expertas del ámbito social, educativo, comunitario y de la comunicación de Castilla-La Mancha- ha seleccionado dos reconocimientos por cada una de las siete categorías, además de tres menciones especiales, atendiendo a criterios de impacto social, trayectoria, innovación y compromiso con los valores de igualdad y justicia social.

García Torijano ha avanzado que la gala de entrega de los Reconocimientos a la Iniciativa Social 2025 tendrá lugar el próximo 28 de enero de 2026 en el Centro Cultural Don Íñigo López de Mendoza de Mondéjar (Guadalajara).

Reconocimientos a la Iniciativa Social 2025 por categorías

En el área de Acción Social, el Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce a la Asociación Gitana Juventud de Ocaña, por más de dos décadas de trabajo educativo y social con jóvenes, generando espacios de participación, acompañamiento y desarrollo personal que favorecen la inclusión de la población gitana. Junto a ella, se distingue a Juan Antonio Mínguez, párroco que atesora una trayectoria marcada por la atención y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad desde un compromiso humano y social ejemplar.

En el ámbito de la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, los reconocimientos recaen en Antonio Izquierdo García, general de brigada retirado y referente en la visibilización de la ELA, por su activismo incansable en defensa de las personas afectadas y sus familias; y en la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, por el proyecto ‘Castilla-La Mancha sin techo’, que acerca las cumbres de la región a personas con movilidad reducida a través de rutas accesibles e inclusivas.

En la categoría de Voluntariado, se reconoce al Ayuntamiento de Puebla de Valles (Guadalajara), por su implicación en la organización de iniciativas solidarias que movilizan a toda la comunidad en apoyo a causas sociales, como la Carrera Rupestre, destinada a recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras. Asimismo, se distingue al CEIP ‘San Lucas y María’ de Toledo, por su modelo de Comunidad de Aprendizaje, que integra a voluntariado y tejido social para garantizar una educación participativa, inclusiva y de calidad.

En el área de Discapacidad, los galardones se conceden a Pedro Solís García, creador audiovisual que ha sabido trasladar a la pantalla historias humanas vinculadas a la discapacidad, contribuyendo a la sensibilización social; y a Isolina Martínez Pérez, impulsora del Fórum de la Discapacidad de Cuenca, por su labor de cohesión del movimiento asociativo y su defensa de los derechos, la igualdad de oportunidades y la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias.

En Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Ejecutivo autonómico reconoce a la Fundación Pulsar, por sus proyectos de cooperación en países en desarrollo centrados en la educación, la salud y el empoderamiento comunitario; y a Sergio Sánchez París, por una trayectoria marcada por el compromiso con los derechos de las personas con discapacidad en comunidades indígenas, así como por su relevante labor internacional en Costa Rica y México.

En la categoría de Promoción del Tercer Sector Social, se distingue a Mixer & Pack S.L., por su alianza con Cruz Roja y su compromiso sostenido con la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión; y a REAS Castilla-La Mancha, por fortalecer una red regional de entidades comprometidas con la economía social y solidaria, el trabajo digno y la sostenibilidad social y ambiental.

En el ámbito de Infancia y Familia, los reconocimientos recaen en Mariano Donate Delgado y David Chica Cuin, por su labor pedagógica y divulgativa en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y por su ejemplar implicación como familia de acogida; y en la Mesa Regional de Participación Infantil y Adolescente de Castilla-La Mancha, un espacio pionero que da voz a la infancia y la adolescencia en la construcción de las políticas públicas que les afectan.

En el apartado de Menciones Especiales, el Gobierno regional reconoce a Adoración Mendoza Huertas, por toda una vida dedicada al voluntariado y por demostrar que nunca es tarde para transformar la realidad de otras personas; a la Policía Nacional, por sus Carreras Solidarias ‘Ruta 091’, una iniciativa que une deporte y compromiso social en distintas provincias; y a la Comunidad Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca de Hellín, por una trayectoria centenaria de servicio a la comunidad, centrada en la atención a personas enfermas, la educación de niños y jóvenes y el acompañamiento a quienes más lo necesitan, dejando una huella social profunda y duradera.

La consejera ha cerrado su intervención subrayando que “estos reconocimientos nos recuerdan que detrás de cada proyecto hay personas que creen en el poder de cambiar la realidad” y ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de seguir impulsando políticas sociales ambiciosas, innovadoras y profundamente humanas, alineadas con los valores de igualdad, dignidad y cohesión social.

Ya hay nuevas convocatorias para 2026 de las ayudas de emergencia social que convoca cada año el Gobierno de Castilla-La Mancha y para la renovación del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) que también gestiona el Ejecutivo regional, según publica hoy el Diario Oficial (DOCM).

En cuanto a las ayudas de emergencia social , la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, el plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 2 de enero de 2026 hasta el final del ejercicio o el agotamiento del crédito si es anterior.

Pueden concurri las personas que se encuentren en situación de emergencia social, y cumplan los requisitos generales establecidos. La cuantía estimada máxima destinada a esta convocatoria es de 10.480.070 euros.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática con firma electrónica, mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección http://www.jccm.es, que quedará anotado en el registro electrónico.

Para facilitar la tramitación electrónica del expediente, la persona solicitante se dará de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección: https://notifica.jccm.es/notifica. También se pueden solicitar en el registro de los servicios centrales de la Consejería de Bienestar Social o en el de sus delegaciones provinciales.

Renovación del Ingreso Mínimo de Solidaridad

En cuanto al Ingreso Mínimo de Solidaridad, el DOCM publica los procedimientos de renovación y de renovación excepcional, destinados a las personas que ya son beneficiarias de esta ayuda.

Pueden concurrir a esta convocatoria las personas físicas que tengan reconocido este ingreso con anterioridad a la publicación de esta resolución y que cumplan los requisitos establecidos en las bases séptima y octava de la Orden de 29 de diciembre de 2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, y en esta convocatoria.

La cuantía estimada máxima destinada a esta convocatoria es de 860.000 euros. El importe máximo de estas ayudas económicas es de 6.300 euros anuales, dividida en doce mensualidades, para una unidad familiar de un solo miembro, incrementándose en 15% para el primer miembro adicional y en un 10% para el resto de los miembros adicionales de la unidad familiar hasta un máximo total de cinco miembros adicionales.

Al igual que con las ayudas de emergencia social, el plazo de presentación de solicitudes de renovación y renovación excepcional estará abierto desde el día 2 de enero de 2026 hasta el final del ejercicio o el agotamiento del crédito si es anterior.

Siempre quiso vivir en el mundo rural, pero la vida, las relaciones, el trabajo y las oportunidades le llevaron a vivir en Madrid hasta que decidió poner freno. María Avendaño, es psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta Gestalt con perspectiva feminista. Y a lo largo de su carrera ha estado implicada en distintos proyectos sociales.

Vivía en Madrid pero, confiesa, “desde que era una cría me apetecía vivir en un pueblo”. Recuerda que en realidad no le faltaba actividad en la capital: “Tenía mi trabajo y hacía teatro, pero no estaba muy ubicada en Madrid”. En aquel momento recibio una llamada para para participar en un proyecto de la consultora medioambiental 'Ideas Medioambientales' para la Diputación de Albacete en la Sierra del Segura. “Vi una posibilidad para probar suerte en la sierra y estuve un año viviendo en Ayna”, comenta.

Interesada en buscar un modelo de vida más acorde con ella misma, se dio cuenta de que su vida podía dar un giro: “Había una necesidad de psicólogos no cubierta y la verdad es que tenía ganas de montar algo propio”. Tras su paso por Ayna había detectado que en la comarca “había mucho trabajo”, así que vio la oportunidad, eligió un pueblo y se fue Riópar.

Nada le vinculaba al medio rural anteriormente, aunque explica que había conocido la experiencia positiva de un grupo de jóvenes, muchas chicas, que se habían instalado en Riópar para montar el Festival Lluvia de Ideas. Y además, la médica de familia de Riópar tiene una mesa de salud comunitaria. Era el lugar.

Así fue como en julio de este mismo año, pudo abrir el espacio de atención psicosocial al que llamó Cándalo, nombre de reminiscencias mitológicas y de saberes populares que hace alusión al calor, a algo que se quema, en definitiva, a un hogar. Eso es exactamente lo que quiere que encuentren los vecinos en este lugar.

En la práctica, Cándalo es un espacio de atención psicosocial y pretende ser un espacio que va más allá de la atención que se presta en un gabinete psicológico al uso. “Yo entiendo la salud mental como algo relacionado con la comunidad, con el bienestar comunitario, y eso implica la cultura y lo que sucede en los espacios públicos y redes”. Cree que la salud no depende solo de uno o una misma, “sino que depende de las redes, el contexto, el entorno… y hasta el aire que se respira”, argumenta la psicóloga.

Un enfoque sobre la salud común en el medio rural

Una de las cosas que más le ha llamado la atención, confiesa María, es la necesidad de apoyos y trabajo en salud mental que hace falta en el entorno rural. “El problema que estaba detectando es que la gente en la sierra estaba necesitando apoyos psicológicos por el aislamiento”, y ahí es donde su forma de entender la salud juega un papel fundamental.

La profesional comenta que hay proyectos, sobre todo de jóvenes en el entorno rural, que intentan y de hecho ponen en marcha iniciativas culturales, como el Colectivo Resilencio, en Molinicos. “Hacen lo que pueden”, nos explica, ya que no tienen capacidad de generar espacios de ocio, diálogo y participación ciudadana suficientemente estables como para paliar el efecto de la soledad en el entorno rural.

Si al tabú de hablar de salud mental le sumamos las dificultades para abordar ciertos temas en un pueblo, “tenemos una necesidad evidente y muy importante de abordar el tema del bienestar mental y emocional en nuestro entorno rural”.

Tenemos una necesidad evidente y muy importante de abordar el tema del bienestar mental y emocional en nuestro entorno rural

Analiza la psicóloga que “los inviernos aquí son muy duros, y eso implica que la mayoría de la gente joven se va y los que se quedan o hemos llegado hasta aquí, nos encontramos con que los espacios de socialización se ven reducidos a los bares”. Como consecuencia de esto, dice, hay muchos problemas de alcoholismo entre la gente joven y además, , “con un sesgo de género superpotente”, porque quienes beben alcohol generalmente son los hombres.

También, comenta que “hay un problema de drogadicción añadido de la gente joven que se queda y que no tiene alternativas de ocio”. La población más sensible es en este caso entre 14 y 18 años “porque el ocio se reduce al bar o la calle, pero cuando estamos a menos tres grados y anochece a las cinco, las posibilidades de socializar son muy poquitas”. Aquí la cultura es importante porque es un espacio de socialización y además un pegamento social.

El ocio se reduce al bar o la calle, pero cuando estamos a menos tres grados y anochece a las cinco, las posibilidades de socializar son muy poquitas

Además, hay un problema añadido, comenta María, “hay muchos procesos de violencia de género que el entorno normaliza, en parte por el consumo de alcohol, drogas y falta de socialización, lo que conduce al final es a mucha violencia. Y cuando estás solo o sola y sin alternativas la psicopatología crece exponencialmente”, lamenta.

Por eso Cándalo, una sala ubicada en un edificio de usos múltiples, con dos zonas, una para hacer terapia y una mesa que se pliega para convertir todo el espacio en diáfano para hacer otras actividades. “No es muy grande, pero sí lo suficiente para juntarnos varias personas y poder hacer actividades en grupo”, indica María, en coherencia con el trabajo de desarrollo de redes de apoyo con el que concibe su actividad psicológica. Contó con el apoyo del Ayuntamiento de Riópar para la infraestructura y gracias al Grupo de Acción Local está a la espera de una ayuda económica destinada a consolidar y arraigar el servicio.

“Empecé a riñón”, nos cuenta. Gracias a un préstamo a su padre y a su tío. Después a esa ayuda pudo sumar las del emprendimiento joven en el entorno rural. “Creo que eso está haciendo que la Sierra del Segura se revitalice un poco”. Comenta que le gustaría crecer “un poco, pero no mucho” porque, en su planteamiento de proyecto, le encantaría que Cándalo fuera una cooperativa.

La cultura como herramienta de salud colectiva

Pero María no podía emprender su sueño, dejarlo todo atrás, y montar su proyecto sin afrontar el reto añadido de mejorar, construir y colaborar con el pueblo que le ha acogido. Por eso, además de su actividad puramente social, se dedica a programar por cuenta propia actividades culturales. Cuenta con el apoyo tanto del ayuntamiento, que le aportó espacios, como de la asociación de mujeres de La Casa Noguera, “que son muy activas y me han acogido como mis madrinas en esta aventura”, reconoce María. Son muy acogedoras “y es muy bonico porque son como las mujeres de la aldea, que la mayoría tienen su casa en Riópar pero hacen actividades en la aldea”.

Pero esto es coherente con su forma de entender su proyecto, si la falta de ocio, y de encontrar lugares de diálogo está condicionando el bienestar de los vecinos, el primer paso es crear esos espacios compartidos y en realidad, hacerlo ofreciendo actividades culturales es una garantía de éxito.

Desde hace mucho tiempo ya se ha estudiado cómo el arte, la cultura y participar de ellos “favorece mucho la calidad de vida de personas con psicopatologías, pero incluso sin ellas, de manera preventiva”, argumenta María. “Porque estar en contacto con una misma ayuda la regulación emocional”.

Un ejemplo de la actividad cultural que está impulsando desde Cándalo es “un ciclo de cine sobre salud mental, diversidad y el rural y son historias de personas, cuerpos e identidades que se salen fuera de lo normativo y que viven en el entorno rural”. Además, celebraron el día de la bisexualidad con una película y un debate y para Halloween se proyectó otra película.

Otra de las actividades que han propuesto, con ayuda económica del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fue Dramáticas. Una performance en la que se leían a autoras de distintas épocas “poniéndolas a dialogar entre sí, en voz alta”. Fueron dos semanas para visibilizar “el estigma que hemos sufrido las mujeres al considerarnos locas, histéricas por la violencia estructurada a lo largo de la historia”.

Para poner en marcha Cándalo, María, contó con la comprensión de un pueblo entero, “que me dio una acogida muy cálida y cercana”, con el grupo de vecinas de La Casa Noguera, con el Ayuntamiento de Riópar, que le ofreció un espacio de coworking para poder trabajar, e incluso personal del centro de salud. “Pero lo más difícil – reconoce María silabeando todas la ies de la palabra- fue encontrar casa: la vivienda está muy mal, es una odisea”.

La Consejería de Bienestar Social contará con el mayor presupuesto jamás destinado a esta área en Castilla-La Mancha: 953,1 millones de euros en 2026. Una cantidad con la que la consejera del ramo, Bárbara García Torijano, quiere fortalecer un modelo social “moderno, equilibrado y centrado en las personas”.

El presupuesto, presentado este lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha, se incrementa un 4,5 por ciento respecto a 2025, lo que supone más de 40 millones de euros adicionales.

Uno de los pilares del presupuesto es el Sistema de Atención a la Dependencia, que alcanzará en 2026 una inversión de 692,2 millones, prácticamente el doble que en 2015. García Torijano ha presumido de que Castilla-La Mancha se sitúa actualmente como la Comunidad Autónoma que mejor gestiona la dependencia, según el Observatorio estatal, con una nota de 8,3 sobre 10. “Hemos conseguido pasar de un suspenso que obteníamos en el 2015 a un sobresaliente, siendo líderes a nivel nacional en gestión de dependencia”.

El presupuesto permitirá impulsar una amplia red de nuevas infraestructuras sociales como la apertura de siete nuevas residencias de mayores, que incorporarán más de 700 plazas adicionales; la finalización de obras en centros de mayores y viviendas de mayores en Tarancón, Solana del Pino, Villagarcía del Llano y Ontur. También nuevos centros de día y viviendas para personas con discapacidad en Torrijos, Alcaraz, Motilla del Palancar y Guadalajara: así como la apertura del Centro del Trastorno del Espectro Autista de Orgaz, un recurso pionero en la región.

En el ámbito de los servicios innovadores, Castilla-La Mancha seguirá desplegando su modelo de teleasistencia avanzada, que ya presta servicio a más de 84.000 personas, con dispositivos inteligentes y un enfoque proactivo único en España.

También crecerán programas clave como SEPAP-MejoraT, con más plazas y presencia en más comarcas; la ayuda a domicilio, que seguirá creciendo en horas atendidas y llegará a cerca de 40.000 beneficiarios y beneficiarias. También los programas para jóvenes y familias, reforzando acogimiento familiar y recursos para jóvenes ex tutelados.

El presupuesto profundiza y compromete un blindaje de programas y servicios esenciales como la Atención Temprana, donde se esperan en 2026 más de 8.000 niños y niñas atendidos y más de 70 centros, manteniendo el modelo universal y sin listas de espera. Personas con discapacidad, más de 15.000 personas atendidas cada día en 383 recursos especializados., así como personas mayores: en 2026 se dará un nuevo impulso al termalismo social, rutas senderistas, turismo de mayores y programas comunitarios para combatir la soledad no deseada.

Además, la consejera ha destacado que, a fecha de 30 de septiembre, se ha superado el 82 por ciento de ejecución presupuestaria, dos puntos más que el pasado año y siete más que en 2015. “Un presupuesto bien ejecutado es un compromiso bien cumplido”, ha señalado. “Estos datos reflejan rigor, planificación y una gestión responsable que se traduce directamente en mejores servicios para la ciudadanía”.

Vox habla de un “ataque” al bienestar social

Para Vox, el presupuesto de Castilla-La Mancha para 2026 supone “un nuevo ataque al bienestar social” y “un recorte encubierto a los más vulnerables” mientras se mantiene “un gasto político superfluo e injustificable”.

Según ha expresado su portavoz en las Cortes, Iván Sánchez, ha denunciado que el presupuesto García-Page “presume de compromiso social”, pero la realidad que reflejan las cuentas públicas es muy distinta. “A pesar de sus titulares y sus promesas, los recortes efectivos en partidas clave de bienestar social siguen aumentando”, ha subrayado.

Los ‘populares’ exigen la ejecución del 100% del presupuesto

Por su parte, el diputado regional del PP José Antonio Martín-Buro ha recalcado que los presupuestos de Bienestar Social para 2026 y la ejecución del año 2025 lo que están mostrando es “un modelo completamente agotado, un modelo ineficaz y profundamente injusto con los castellanomanchegos que son más vulnerables”.

“En Castilla-La Mancha, con estos presupuestos, seguiremos encabezando los peores datos en pobreza infantil de España y de la Unión Europea”, ha apostillado el 'popular'.

Además, los 'populares' han exigido la ejecución del 100% del presupuesto y la inversión estructural en centros, residencias y servicios. “No pueden existir partidas fantasma y sin inversiones reales”.

El PSOE defiende unos presupuestos “importante calado social”

Con respecto al PSOE, ha sido el portavoz de Bienestar Social del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Camacho, quien ha subrayado que los presupuestos para el próximo año tienen “un importante calado social” y están centrados en que “Castilla-La Mancha siga avanzando y ningún ciudadano ni ciudadana se quede atrás”.

Un modelo, ha continuado Camacho, que es “el contrario al que aplicó el PP en Castilla-La Mancha del 2011 al 2015”. “Mientras el PP redujo sistemáticamente el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, el presidente Page ha hecho exactamente lo contrario”.

La Diputación de Badajoz destinará en 2026 un total de 3,7 millones de euros a iniciativas de ayuda en los ámbitos de bienestar social y de cooperación internacional, ejes “fundamentales” para esta administración.

La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, ha mantenido un encuentro con entidades sociales de la provincia para presentar convocatorias de subvenciones en este ámbito que se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Estas líneas de ayuda parten con un importe global de 3,2 millones de euros, aunque la resolución definitiva para 2026 alcanzará los 3,7 millones, 500.000 más que en el ejercicio anterior.

Raquel del Puerto ha trasladado un mensaje “de tranquilidad” a las entidades, pues “no habrá recortes en ninguno de los programas”, tal y como podrá atestiguarse en los presupuestos provinciales del próximo año, cuya aprobación está prevista para la próxima semana, cuentas que “fortalecen de manera significativa las políticas sociales y de cooperación”. En este caso, las subvenciones presentadas abarcan los ámbitos de la acción social, la salud mental y la cooperación internacional.

La convocatoria destinada a proyectos de acción social mantiene para 2026 un crédito de dos millones de euros y se dirige a entidades que trabajan con colectivos con especiales dificultades de integración, como personas con discapacidad, ciudadanos con adicciones, reclusos, inmigrantes o minorías étnicas.

Cada proyecto podrá recibir hasta 30.000 euros, dentro de una línea donde en la anterior edición resultaron beneficiarias 183 asociaciones.

Por su parte, la Diputación pacense refuerza por cuarto año consecutivo la convocatoria de salud mental, para actuaciones de prevención y sensibilización como intervenciones directas con personas afectadas y su entorno familiar, programa en 2026 con un millón de euros para distintos proyectos.

La línea de cooperación internacional está orientada por su parte al desarrollo humano local en ámbitos como educación, salud, igualdad de género, derechos humanos, vivienda o infraestructuras básicas, la cual alcanzará 700.000 euros el próximo año, consolidándose el crecimiento experimentado desde 2023.

“La cohesión social, junto a otros como el fortalecimiento de los servicios públicos básicos o la vertebración territorial contra la despoblación, es uno de los ejes fundamentales de esta administración”, ha dicho la presidenta provincial. 

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a abrir en 2025 cinco nuevas residencias de mayores, con un modelo de gestión público-privada, que ofertarán 440 plazas.

Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha participado en los actos con motivo del 30 aniversario que la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores ha celebrado en Toledo.

“Para 2026 vamos a abrir nuevas residencias de mayores en esa colaboración público-privada, con 440 plazas más para cinco nuevas residencias que van a dar cobertura en nuestra Comunidad Autónoma. Estamos hablando de Elche de la Sierra, de Munera, de Chinchilla, de Campillo de Alto Buey y La Parrilla, residencias que van a tener un 50 por ciento de plazas públicas y que van a dar la posibilidad de incrementar nuestra red de recursos, siendo todavía más fuertes y más potentes”, ha afirmado, según informa el Ejecutivo regional.

“Acescam es una entidad potente, grande, que ha compartido el compromiso del Gobierno regional en poder trabajar en esta línea de acción y en estos diez años ha incrementado notablemente las plazas públicas con la Administración a través del Concierto Social: más de 400 plazas nuevas para poder mantener nuestro sistema de protección para las personas mayores. Y eso es fundamental porque, además, ha podido crecer en servicios, en recursos, en centros en Castilla-La Mancha, con 18 más”.

El reparto de menores migrantes provenientes de la emergencia canaria, planificado por el Gobierno de España a petición de la Administración de las islas, sigue dando titulares en Aragón un día sí y otro también. Esta vez ha sido a raíz de la visita el jueves de la ministra del ramo, Sira Rego, a Zaragoza. La titular de Juventud informó en un acto organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) que el Gobierno de España va a aumentar “un 250% desde 2021” la financiación a Aragón para este fin, debido al aumento de plazas que debe reservar la comunidad. Y este viernes la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, le ha acusado de “mentir”, pese a que en el Departamento habían recibido información de que será así: se van a aumentar los fondos para Aragón de 1 millón de euros el año pasado –909.104,87 € en 2021– hasta más de 3,4 millones este año.

Así se acordó en la Comisión Sectorial del pasado 17 de octubre y así se trasladó a las comunidades autónomas, según ha podido saber este periódico, en una reunión en la que también se informó de que el número de menores migrantes que serían trasladados finalmente a Aragón no llegarían a 250, sino que se quedarían en el entorno de los 200. Otras cifras ante las que la consejera Susín ha acusado a la ministra Rego de mentir.

“No podemos admitir que nos tome por tontos a los aragoneses”, ha afirmado en concreto la titular de Bienestar Social, que se ha aferrado a las publicaciones oficiales frente al “Gobierno de las mentiras”: “Vendrán 200, vendrán 250, vendrán 300 o un delegado del Gobierno decidirá que a Aragón vienen 100 más, pero la realidad cierta es que tenemos que tener 441 plazas de estructura”, ha señalado, en referencia al número de plazas que debe reservar el Ejecutivo autonómico, no al número efectivo de menores migrantes que llegarán.

“La única realidad es un real decreto y el BOE, en los que se establece que Aragón tiene que tener 441 plazas de estructura. Y financiación no hay. De momento, a la Conferencia Sectorial no ha llegado ningún acuerdo de financiación”, ha sostenido la responsable autonómica de Bienestar Social y Familia. Esta financiación está recogida en el punto décimo de la mencionada Comisión Sectorial. Un punto que “no se elevó a la Conferencia Sectorial”, según ha trasladado la consejera y según han insistido fuentes del Departamento, porque según el Ministerio se trataba de un punto “meramente informativo”, con lo que “no era necesario elevarlo”. Lo cual no quiere decir, añaden desde el Gobierno de España, que el Ejecutivo autonómico no conociera estas cifras.

La consejera autonómica ha lamentado además el “desbarajuste absoluto” del Gobierno central respecto a la salida de los menores de Ceuta, Melilla y Canarias. Así, a Aragón de momento han llegado siete menores en un “goteo constante” de expedientes: “Nos estamos encontrando con que vienen menores reseñados, por ejemplo, con 17 años y cuando llegan aquí tienen 11 años. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está el trabajo por los menores cuando se miente incluso en sus reseñas?”, se ha preguntado, antes de informar de que, de los expedientes que han llegado a la comunidad autónoma, se han rechazado tres, y en dos casos los menores en realidad eran ya mayores de 18 años.

Las décadas de esfuerzos de los políticos convencionales por reducir los programas de bienestar social han dado lugar a un discurso “extremadamente peligroso” que ha contribuido al auge de la extrema derecha y los populistas de derecha en países de todo el mundo, según ha declarado al diario The Guardian un destacado experto de la ONU.

Desde Londres hasta Lisboa, los políticos de los partidos de centro-derecha y centro-izquierda han erosionado constantemente los programas sociales, fomentando una sensación de escasez y creando un terreno fértil para avivar el sentimiento antimigrante, según Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.

“Si hiciéramos más, la gente no se sentiría amenazada, no temería quedarse atrás”, afirmó. “Estarían seguros de que las transiciones digital y ecológica y la globalización serán indoloras porque están protegidos por un Estado que se preocupa por ellos”.

Puso como ejemplo al Reino Unido, donde el partido Reformista de Nigel Farage está superando a los conservadores desde la derecha en materia de migración. “Es completamente aterrador”, afirmó. “Reform UK está más alto que nunca en las encuestas y hay manifestaciones contra los inmigrantes en varias partes del Reino Unido... Y la razón es que no hemos invertido lo suficiente en el estado del bienestar”.

De Schutter presentará el miércoles un informe a la Asamblea General de la ONU en el que expone su convicción sobre el valor de invertir en una protección social universal y basada en los derechos. El núcleo de su argumento es la necesidad de que los gobiernos reconsideren el estado del bienestar, desde la ayuda alimentaria hasta la asistencia sanitaria y las prestaciones por desempleo, como una herramienta esencial para mantener el tejido social, en lugar de un gasto que hay que reducir.

Los relatores especiales son expertos independientes nombrados por la ONU para asesorar o informar sobre situaciones específicas.

De Schutter afirmó que, durante décadas, los políticos convencionales de todo el mundo han dificultado cada vez más la obtención de prestaciones, aumentando la vigilancia y estigmatizando a los solicitantes. “Y el mensaje era: es un coste para la sociedad, es una carga, en lugar de una inversión en el futuro”.

Lo que surgió fue la sensación de que el acceso a esos recursos debía limitarse estrictamente, afirmó De Schutter. “El mensaje es: somos nosotros contra ellos. Y lo que se le da a un grupo debe negárselo a los demás, porque no hay suficiente para todos”, afirmó. “Es un discurso que enfrenta a las personas entre sí. Y eso es extremadamente peligroso, y creo que es lo que la extrema derecha está cosechando ahora”.

Su opinión está respaldada por un estudio de 2021 que analizó 14 países de Europa y descubrió que un aumento de un punto en la desigualdad de ingresos se correspondía con un aumento de un punto en el apoyo a los partidos populistas. También se ha demostrado que unos niveles de pensiones más altos, la legislación sobre el salario mínimo y el aumento de las prestaciones por hijos disminuyen la probabilidad de que la gente vote a la extrema derecha.

Los partidos populistas suelen argumentar que las sociedades no pueden permitirse la migración porque supondría una presión para los servicios sociales, explica De Schutter. Su postura se ve refutada por numerosas pruebas que demuestran que los migrantes de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos contribuyen al impuesto sobre la renta y a las cotizaciones sociales más de lo que reciben en prestaciones individuales.

“El informe intenta hacer sonar la alarma”, afirmó. “No es casualidad que Reform UK esté ahora arrasando en las encuestas en el Reino Unido. Y lo vemos en Alemania con Alternative für Deutschland (AfD), lo vemos en los Países Bajos con el Partido de la Libertad y lo vemos en Francia con la Agrupación Nacional, que está llamando a las puertas del Gobierno”.

Sus mensajes tendían a resonar profundamente entre los hombres que se enfrentaban a la inseguridad económica y vivían en regiones que se habían quedado atrás, dijo. “Alternative für Deutschland, por ejemplo, obtiene sus mayores votos en el este de Alemania y, en general, en las zonas rurales, donde los servicios públicos suelen ser deficientes, el acceso a Internet es más débil y el transporte es más difícil, por lo que la gente se siente abandonada... En Francia ocurre lo mismo. Los mejores resultados de la Agrupación Nacional se dan en estas zonas rurales que están muy desatendidas”.

Cuando la extrema derecha y los populistas de derecha han llegado al poder, como la administración de Donald Trump en Estados Unidos o la de Javier Milei en Argentina, sus acciones han sugerido que su objetivo era seguir desmantelando la protección social, afirmó.

“Una vez en el poder, trabajan para mantener los privilegios de la élite económica que denuncian en sus discursos, recortando la ayuda alimentaria, la asistencia sanitaria y otros servicios vitales”, afirmó. “No han cumplido sus promesas a la clase media baja, sino que han empeorado la situación y los niveles de desigualdad y pobreza han aumentado significativamente en esos dos países”.

De Schutter espera, en última instancia, que el informe ponga de relieve la necesidad de replantear la importancia de los programas sociales. “Mi llamamiento es que despertemos”, afirmó. “No permitamos, en nombre de una gestión saneada de las finanzas públicas, que la sociedad se vuelva loca y se disuelva en un conjunto de grupos que compiten por unos recursos escasos”.

Traducción de Virginia Sarabia

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha instado a gestionar bien la acogida de menores migrantes, pues de lo contrario, ha considerado, existe el “riesgo de generar tensión social”, citando como ejemplo los movimientos de rechazo que, según ha afirmado, se están produciendo en Torre Pacheco, donde se está generando “un caldo de cultivo de xenofobia y racismo preocupante”.

García Torijano ha recordado que el sistema de protección regional cuenta con 560 plazas y está al 98% de ocupación, por lo que resulta inviable asumir el acogimiento de 320 menores adicionales que plantea el Gobierno central sin comprometer la atención a otros menores ya tutelados por la Junta.

La titular regional de Bienestar Social ha realizado estas manifestaciones desde Ciudad Real, preguntada por los medios por la admisión a trámite del Tribunal Constitucional de los recursos presentados por seis Ejecutivos autonómicos, el de Castilla-La Mancha entre ellos.

García Torijano ha reiterado su oposición al real decreto ley que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, al considerar que no ha sido consensuado ni financiado de forma adecuada.

Solidarios, pero con “financiación justa”

La consejera ha recalcado que la región quiere contribuir a la solución de la crisis migratoria, en especial a la situación que vive Canarias, pero siempre que se garantice una financiación adicional y suficiente para poder atender a los menores con todas las garantías.

“Castilla-La Mancha quiere ser solidaria, pero tiene que ser con una financiación justa. No se puede afrontar este reto con una reducción del 80% del presupuesto respecto a años anteriores”, ha advertido.

Además, ha criticado que el real decreto se haya aprobado “sin diálogo con las comunidades autónomas” y sin atender propuestas comcio la presentada por Castilla-La Mancha el pasado mes de febrero.

“Era una propuesta seria, planificada y que abordaba también la vida autónoma tras la mayoría de edad, pero ni siquiera hemos podido sentarnos a hablar de ella”, ha lamentado.

Medidas para no poner en riesgo el sistema

En este sentido, ha reclamado que se garantice una acogida con las mismas condiciones y garantías que reciben los menores que ya están bajo tutela de la comunidad autónoma, sin poner en riesgo el sistema de protección existente.

Ha insistido en que las comunidades no pueden absorber a más menores sin una financiación que cubra todas sus necesidades, incluidas las derivadas de su paso a la vida adulta.

Ha señalado que Castilla-La Mancha también acoge menores no acompañados que llegan por otras vías o desde otras comunidades cercanas, y ha reiterado que el año pasado, al cierre de 2024, fueron 174 los menores migrantes acogidos por la región.

En su opinión, asumir ahora 320 nuevos menores, en el corto plazo previsto por el Gobierno, es “inviable”.

García Torijano ha asegurado que Castilla-La Mancha quiere contribuir y ayudar, pero que no se puede hacer “por las bravas ni a la fuerza”, recordando que se trata de una competencia del Estado y que debe abordarse desde la coordinación.

Por último, ha mostrado su esperanza de que el Ministerio escuche las propuestas planteadas por las comunidades en la conferencia sectorial convocada para este jueves, y ha reiterado que Castilla-La Mancha está dispuesta a colaborar, pero siempre que se garantice una acogida digna, segura y sostenida en el tiempo.

En la vida cotidiana, nos exponemos a situaciones en las que tomamos decisiones que reflejan, en cierta manera, nuestros valores y convicciones. Sin embargo, la presencia de una autoridad o la presión social pueden hacer que, en determinados momentos, actuemos en contra de lo que realmente creemos.

Este fenómeno ha sido objeto de estudio en la psicología y ha revelado sorprendentes aspectos de la naturaleza humana: nuestra tendencia a ceder ante la autoridad, incluso cuando ello implica violar nuestras propias convicciones morales.

Uno de los estudios más relevantes sobre este tema, es el experimento que desarrolló el psicólogo Stanley Milgram, en la década de 1960. Milgram buscaba entender cómo personas comunes podían cometer actos atroces bajo la influencia de una autoridad. En su experimento, los participantes, que creían estar colaborando en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje, debían administrar descargas eléctricas a otra persona (que en realidad era un actor) cada vez que respondía incorrectamente. Aunque muchos mostraron signos de incomodidad, lo impactante es que muchos de los participantes (un 65%) continuaron administrando las descargas, incluso cuando parecían estar en evidente malestar, solo porque la autoridad del investigador les decía que siguieran.

La historia está llena de ejemplos donde individuos, en presencia de una autoridad, han cometido acciones que van en contra de sus principios. Uno de los casos más conocidos es el de los soldados pertenecientes al ejército nazi durante el Holocausto. Muchos de ellos, en su vida cotidiana, eran personas normales con valores y creencias nobles, pero en el contexto de la maquinaria nazi y bajo órdenes superiores, participaron en actos deleznables. La obediencia a la autoridad, en este caso, fue un factor determinante para que muchos justificaran acciones que, en otro contexto, habrían rechazado rotundamente.

En las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80, muchos soldados y oficiales justificaron torturas y desapariciones argumentando que estaban cumpliendo órdenes superiores. La presión institucional y la jerarquía militar crearon un entorno donde actuar en contra de sus propias creencias morales parecía la única opción para mantener su posición o por miedo a las consecuencias.

Una conclusión a la que se llegó en este experimento de Milgram fue que a mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, y por tanto se produce una disminución de la obediencia.

En este mismo sentido, la periodista Hannah Arendt utilizaba el término “banalización del mal” para referirse a la idea de que personas comunes pueden realizar acciones terribles sin reflexionar sobre las consecuencias morales de sus actos, reduciéndolas a meros procedimientos burocráticos o tareas a cumplir. Arendt usó este término para describir cómo personas aparentemente normales, como Adolf Eichmann (funcionario del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, considerado un criminal de guerra), pudieron participar en el exterminio de millones de personas sin cuestionar la naturaleza de su trabajo.

Una de las conclusiones del experimento de Milgram fue que las personas obedecían más cuanto menos hubieran contactado con la víctima y cuanto más lejos se hallaran físicamente de ésta.

Aquí podríamos señalar que nuestra sociedad y la forma en que tenemos de organizarnos y de tomar decisiones y aplicarlas suele incurrir en lo que podríamos denominar trampas cognitivas. Una de ellas es que muchas de las decisiones que nos afectan suelen tomarse a muchos kilómetros de distancia, por personas en sus despachos, ajenas a nuestros contextos. Otra es que la aplicación de las decisiones que se toman en esos despachos alejados se lleva a cabo por personas diferentes a quienes las tomaron, con lo cual no se sienten responsables de sus actuaciones.

Otra conclusión a la que se llegó en este experimento de Milgram fue que a mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, y por tanto se produce una disminución de la obediencia.

La importancia de la educación quedó bien reflejada en la película El lector. La película explora cómo la educación, o la falta de ella, afecta a la moralidad y la responsabilidad individual. El analfabetismo de Hanna (protagonista de la película) y su incapacidad para acceder a la información y a la conciencia crítica la llevan a seguir órdenes sin cuestionar su moralidad, incluso cuando estas son terriblemente inhumanas. Invita a reflexionar sobre lo relevante de la educación en la construcción de una sociedad más justa y consciente.

Afortunadamente, también la historia nos ha legado ejemplos de desobediencia a la autoridad por motivos éticos

Pero el experimento de Milgram no solo demostró la poderosa influencia de la autoridad, sino también la capacidad de las personas para desobedecer cuando la situación entra en conflicto con sus valores o creencias personales. Un 35% se negaron a continuar antes de llegar al final del experimento, bien por empatía, compasión, sentido de la responsabilidad, dudas sobre la legitimidad de la autoridad…

Y afortunadamente, también la historia nos ha legado ejemplos de desobediencia a la autoridad por motivos éticos.

Oskar Schindler, a pesar de ser miembro del Partido Nazi, desobedeció órdenes y salvó a más de 1.000 judíos empleándolos en su fábrica para evitar que fueran deportados a campos de concentración. En 1993 Steven Spielberg dirigió una película sobre su vida.

En España, se han dado casos de policías y bomberos que se han negado a participar en desahucios por motivos éticos. Estos profesionales, enfrentados a la contradicción entre cumplir con su deber y la posible vulneración de derechos fundamentales, han optado por la objeción de conciencia en situaciones específicas.

Llegados hasta aquí, cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿la obediencia ciega a una autoridad, sabiendo que estás cometiendo actos atroces, puede justificar la exoneración de tu responsabilidad individual?