Patricia García, la cap de Protecció Civil de la Delegació del Govern a València, estava connectada telemàticament a la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) de la dana del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, mentre veia per la finestra que el seu municipi s’inundava. Per això no va entendre per què es va enviar primer un Es-Alert que no demanava a la població que es refugiara en plantes altes, tal com s’havia acordat en el Cecopi. El primer missatge automàtic es va remetre als mòbils de tota la província de València a les 20.11 d’aquell catastròfic dia, sense que demanara a la població que buscara refugi en altura. “No em va semblar que fora el que havíem parlat”, va afirmar García el 20 d’abril passat davant la jutgessa de la dana, segons indica l’acta de la declaració, a què ha tingut accés elDiario.es. 

L’advocat d’una de les acusacions populars va plantejar a la testimoni si aquell Es-Alert —“a l’efecte de protecció civil”— resultava útil. La funcionària va contestar: “No m’ho va semblar”. 

La testimoni “sempre” va pensar que s’havia acordat enviar primer un Es-Alert a les zones situades aigua avall de la presa de Forata i a les comarques de la Foia de Bunyol i de l’Horta Sud, amb la recomanació de pujar a plantes altes, i un altre (en segon terme) a tota la província de València. “I de fet, jo, com a afectada mateixa, tampoc vaig entendre que enviaren el primer el de la província, la veritat”, va declarar Patricia García. 

Una de les seues intervencions en la reunió del Cecopi va ser precisament per a demanar que el missatge instara a pujar “a plantes altes”. “Que era el que més rellevant em semblava del missatge”, va afegir. La proposta va tindre un “bon” acolliment en el Cecopi, segons García. 

També va desmentir que l’eina de l’Es-Alert no estiguera aprovada el dia de la dana, tal com suggereixen les defenses dels investigats. El protocol de l’Es-Alert “estava aprovat en el moment de la dana”, va dir García. Aquest diari el va publicar el 17 de febrer de 2025. La testimoni va recordar que l’eina s’havia usat prèviament a la Comunitat de Madrid i a Guadalajara en ocasió d’una fuita de gas. “El sistema estava en funcionament i era operatiu”, va reblar. 

García també recordava “perfectament” que la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va al·ludir en la reunió del Cecopi a la situació de Paiporta, localitat de la comarca de l’Horta Sud afectada pel desbordament del barranc de Poio.

La presa de Forata “tot ho eclipsa”

La cap de Protecció Civil, que va definir el seu lloc com “els ulls de l’Estat en el territori”, va relatar que en la reunió del Cecopi la “dramàtica” situació de la presa de Forata “tot ho eclipsa”. “Tota l’atenció es posa ací. No existeix el barranc de Poio, no existeix res més, és Forata i punt”, va postil·lar. Fins que després de la segona pausa del Cecopi, cap a les 19.30, s’adverteix per part de Pilar Bernabé que “estava inundant-se Paiporta”. En el Cecopi, va explicar, no va haver-hi una preocupació especial per la situació dels barrancs. 

D’altra banda, segons acredita un missatge de WhatsApp de García incorporat a la causa, a les 19.42 va alertar explícitament a una alta funcionària del Centre d’Emergències de la Generalitat de la situació del barranc de Poio.

Patricia García, la jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en València, estaba conectada telemáticamente a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, mientras veía por la ventana que su municipio se inundaba. Por eso no entendió por qué se envió primero un Es-Alert que no pedía a la población que se refugiara en plantas altas, tal como se había acordado en el Cecopi. El primer mensaje automático se remitió a los móviles de toda la provincia de Valencia a las 20.11 de aquel catastrófico día, sin que pidiera a la población que buscara refugio en altura. “No me pareció que fuera lo que habíamos hablado”, afirmó García el pasado 20 de abril ante la jueza de la dana, según indica el acta de la declaración, a la que tenido acceso elDiario.es.

El abogado de una de las acusaciones populares planteó a la testigo si aquel Es-Alert —“a efectos de protección civil”— resultaba útil. La funcionaria contestó: “No me lo pareció”.

La testigo “siempre” pensó que se había acordado enviar primero un Es-Alert a las zonas situadas aguas abajo de la presa de Forata y a las comarcas de la Hoya de Buñol y de l'Horta Sud, con la recomendación de subir a plantas altas, y otro (en segundo término) a toda la provincia de Valencia. “Y de hecho yo, como propia afectada, tampoco entendí que mandaran el primero el de la provincia, la verdad”, declaró Patricia García.

Una de sus intervenciones en la reunión del Cecopi fue precisamente para pedir que el mensaje instara a subir “a plantas altas”. “Que era lo que más relevante me parecía del mensaje”, agregó. La propuesta tuvo una “buena” acogida en el Cecopi, según García.

También desmintió que la herramienta del Es-Alert no estuviera aprobada el día de la dana, tal como sugieren las defensas de los investigados. El protocolo del Es-Alert “estaba aprobado en el momento de la dana”, dijo García. Este diario lo publicó el 17 de febrero de 2025. La testigo recordó que la herramienta se había usado previamente en la Comunidad de Madrid y en Guadalajara con ocasión de un escape de gas. “El sistema estaba en funcionamiento y era operativo”, remachó.

García también recordaba “perfectamente” que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aludió en la reunión del Cecopi a la situación de Paiporta, localidad de la comarca de l'Horta Sud afectada por el desbordamiento del barranco del Poyo.

La presa de Forata “todo lo eclipsa”

La jefa de Protección Civil, que definió su puesto como “los ojos del Estado en el territorio”, relató que en la reunión del Cecopi la “dramática” situación de la presa de Forata “todo lo eclipsa”. “Toda la atención se pone ahí. No existe el barranco del Poyo, no existe nada más, es Forata y punto”, apostilló. Hasta que después de la segunda pausa del Cecopi, sobre las 19.30, se advierte por parte de Pilar Bernabé de que “se estaba inundando Paiporta”. En el Cecopi, explicó, no hubo una preocupación especial por la situación de los barrancos.

Por otro lado, según acredita un mensaje de WhatsApp de García incorporado a la causa, a las 19.42 alertó explícitamente a una alta funcionaria del Centro de Emergencias de la Generalitat sobre la situación del barranco del Poyo.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha respaldado la decisión de la jueza instructora de la dana de excluir como nueva víctima de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos, a un hombre que falleció posteriormente sin una relación causal directa con la catástrofe. La jueza Nuria Ruiz Tobarra se apoyó en un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) de València que excluyó la relación de causalidad entre la dana y las circunstancias de la muerte del hombre (el 2 de diciembre de 2024 por una sepsis urinaria en el contexto de una patología crónica).

El hombre fue atendido el 30 de noviembre de 2024 en el Hospital de la Ribera y, tras un deterioro de su estado general, falleció unos días después. “Los dos eventos se datan en fechas posteriores al 29 de octubre de 2024 y alude a patologías de aparición reciente que, las desvincula de las circunstancias que sufrió” el hombre, indica el auto de la Audiencia de Valencia.

La representación jurídica de la hija del fallecido recurrió el auto de la magistrada instructora, dictado el pasado 11 de febrero, y solicitó diligencias complementarias. Sin embargo, el Ministerio Fiscal se opuso a la estimación del recurso escudándose en que la conclusión pericial, basada en la documentación médica, “resulta suficientemente clara y contundente en cuanto a la exclusión de un nexo causal determinantemente las circunstancias que sufrió” el hombre durante las inundaciones de la dana del 29 de octubre de 2024 y el resultado de su fallecimiento el 2 de diciembre de 2024.

La sección segunda de la Audiencia de Valencia comparte la tesis de la jueza y considera “suficiente” la motivación del auto recurrido.

“Entendemos que la resolución recurrida resulta razonable sin que los argumentos expuestos en el recurso nos permitan cuestionar la decisión del Juzgado de Instancia”, concluye la resolución.

Malas noticias para los 14 acusados de narcotráfico en el Puerto de València que fueron absueltos al cuestionar el tribunal la prueba clave de los chats encriptados de la aplicación SKY ECC, entregada por las autoridades judiciales francesas. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimado el recurso del fiscal antidroga, Ismael Teruel, contra la absolución, declarando nula la sentencia y obligando al mismo tribunal, sin necesidad de repetir el juicio oral, a dictar una nueva resolución que tenga en cuenta los comprometedores chats “excluidos so pretexto de su irregularidad”.

La resolución del alto tribunal autonómico, que es firme y cuyo ponente ha sido el magistrado Antonio Ferrer, recuerda que la investigación se inició antes de obtener los chats desencriptados por las autoridades policiales belgas, francesas y holandesas, con el hallazgo en un control rutinario (el 25 de agosto de 2020) de un contendor abierto en el Puerto de València con 117 kilos de cocaína en su interior. “No podemos ignorar los antecedentes del caso”, afirma el TSJ-CV.

Los investigadores se centraron en analizar los camiones que habían entrado al Puerto en aquellas fechas y las sospechas recayeron “particularmente” en dos vehículos que accedieron “para salir poco después sin haber recogido nada”, gracias a una orden de transporte emitida por la empresa Avanza Logistics SL y posteriormente anulada. El hallazgo, según las pesquisas policiales, podía formar parte de un envío “más amplio” de alrededor de 1.650 kilos de cocaína, que “pudiera haber llevado a cabo un grupo organizado con infiltraciones en el Puerto”.

Y, “unos meses después”, la investigación recibió la información de inteligencia policial francesa con los chats desencriptados de la aplicación SKY-ECC que los policías españoles pudieron acreditar que correspondían a los acusados (por referencias a asuntos personales como cumpleaños de familiares) y al alijo de coca.

La sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que absolvió el pasado 23 de enero a los 14 acusados, cuestionó de plano la validez de la principal prueba, aceptando los reparos de las defensas de los presuntos narcos por no haber podido acceder a los datos en bruto proporcionados por las autoridades francesas en el marco de una Orden Europea de Investigación (OEI). La absolución de los presuntos narcos, tal como informó este diario, propició cierto estupor entre las autoridades policiales y judiciales europeas, al haberse convertido los chats desencriptados en la prueba clave de decenas de procedimientos contra el crimen organizado en varios países.

Por el contrario, el TSJ-CV otorga plena validez a la prueba, en la línea mantenida por el Tribunal Supremo en casos muy similares relativos a la aplicación EncroChat.

“En contra de lo pretendido por las defensas”, afirma la sentencia, “no podemos hacer esa falta de acceso a los datos brutos por sí misma equivalente a una situación de indefensión, sino que deberemos valorar si en este caso concreto las defensas han tenido ocasión de debatir las pruebas obtenidas a raíz de la OEI librada”.

Aval a la “integridad” de los datos

El TSJ-CV avala la “integridad” de los datos aportados por las autoridades francesas, que las defensas deslizaban que podían haber sido manipulados “en origen”. La sentencia recuerda que los chats desencriptados afectan a unos 70.000 usuarios de distintos países (la aplicación supuestamente impenetrable se puso de moda en ambientes del crimen organizado), “cuyo acceso, tal como desarrolla la propia resolución, puede ser limitado al haberse declarado ciertos aspectos secreto de Estado”.

El alto tribunal cuestiona que un perito de la defensa pudiera haber accedido “de una forma amplia” a la totalidad de los datos en bruto. Además, sostiene que las defensas alegaron meras “objeciones genéricas” por una eventual pérdida de datos —“que no necesariamente debe producirse”— a la hora de transformar el formato original de los archivos en Excel.

“Para eludir los inconvenientes puestos de manifiesto a través de esa genérica exposición, obligaría a llevar a cabo un minucioso y amplio examen de la base de datos original, para contrastar que está todo tal como se obtuvo tras la intervención original llevada a cabo por las autoridades policiales francesas, belgas y holandesas, en busca de una posible merma que se ignora realmente se haya producido, ni que necesariamente ha de haberse producido”, argumenta la resolución, que considera “prácticamente inviable” el desarrollo de una prueba de tal calibre.

“Se alega la cuestión [por parte de las defensas] desde un punto de vista estrictamente formal y de una forma genérica, sin la más mínima concreción sobre qué datos les pudieran beneficiar, o qué datos se han omitido”, concluye.

Por otro lado, el servidor de la aplicación SKY-ECC, situado en Francia, “almacena una ingente cantidad de datos, no solo atinente a esta causa, lo que hace cuestionable que se permitiera un acceso incontrolado a la misma por las autoridades de dicho país, como de hecho se llegó a afirmar por alguna de las partes en la vista llevada a cabo durante la tramitación del recurso, o cuando menos haría exigible un mayor esfuerzo de precisión”.

La sentencia cuestiona de plano la absolución inicial de los acusados, entre los que figuran los dos presuntos jefes del cártel del Puerto de Valencia (Borja M. R. e Iván T. R.), además de Fernando M. S., actualmente en prisión cumpliendo una condena de 19 años por otra causa de narcotráfico y considerado el principal capo, y Onofre G. R., un conocido culturista propietario de un gimnasio en Quart de Poblet.

Una absolución “contradictoria”

El alto tribunal autonómico coincide con el fiscal en que la sentencia de la sección tercera de la Audiencia de Valencia “es contradictoria, dado que tras entender la intervención plenamente legítima desconoce completamente su contenido repeliéndola del proceso como si de una prueba nula se tratara”.

Por otro lado, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-CV también alude a las diligencias de investigación posteriores que permitieron la identificación de los acusados como usuarios de los chats en cuestión gracias a “menciones profesionales, personales y familiares de los interlocutores que igualmente permiten asociarlos a una persona concreta”.

“Sin olvidar”, apostilla la sentencia, “que se intervino en el Puerto un importante alijo de cocaína por lo que en el contexto de la conversación pueden igualmente aparecer datos y referencias, directamente relacionados con ese hecho objetivo que pueden así, junto a las demás referencias, importantes indicios de culpabilidad”.

La “necesaria colaboración” dentro del Puerto

Además, también consolida la prueba con el principio de no indagación, que impide que los distintos Estados y sus respectivas autoridades puedan entrometerse en la legitimidad de la normativa de otros países, ni fiscalizar sus investigaciones tomando como parámetro la regulación interna propia.

La sentencia abunda en que la medida de injerencia autorizada ante supuestos de especial gravedad o relacionados con la delincuencia organizada está plenamente acorde con el ordenamiento procesal francés, que la considera “constitucional y lícita”.

El TSJ-CV también arguye los “importantes indicios” contra los 14 acusados y describe el Puerto de València como un “ámbito cerrado” con entradas y salidas de camiones que requieren, en el caso del narcotráfico, la “necesaria colaboración de personas vinculadas” a la gigantesca infraestructura.

El grupo municipal de EH Bildu en Getxo vuelve a estar personado como acusación particular en la causa del palacete protegido derribado en Getxo, en la que figuran como investigados tres exconcejales del PNV en la localidad y varios funcionarios municipales, además de representantes de las empresas promotoras. El juez instructor, Marcos Amor, que asumió el caso con la instrucción ya iniciada, ha admitido la querella criminal presentada por el grupo después de que decidiera expulsarlos como parte del procedimiento porque la formación abertzale había presentado una denuncia -que fue la que dio inicio a la investigación por parte de la Fiscalía- y no una querella formal contra personas concretas, lo que el magistrado entiende necesario para poder personarse. Solventado el requisito, EH Bildu figura de nuevo como parte en la causa, en la que también es acusación particular el PP.

En concreto, EH Bildu presenta su querella por delitos contra el patrimonio histórico, prevaricación administrativa y posible concurrencia de delitos de corrupción urbanística, contra los tres exconcejales del PNV, Irantzu Uriarte, Ignacio Uriarte e Iñigo Urkitza, y tres técnicas municipales del área de urbanismo, Argiñe Encinas, Isabel Peral y Sonia Quintana. Además, figuran como querellados cuatro personas relacionadas con las empresas que llevaron a cabo las obras que acabaron con el derribo del palacete Irurak Bat: Ander Madariaga, promotor de la empresa Biurban, José Ramón Foraster, arquitecto del estudio encargado de los pisos de lujo que iban a ocupar el solar en el que estaba el palacete, otro arquitecto técnico, Haritz Pinedo, y el jefe de obra Erlantz López. Todos ellos figuran ya como investigados en la causa.

Entre las diligencias de investigación que solicita en el escrito EH Bildu está la “tasación pericial del inmueble en el estado anterior a su demolición, a fin de determinar el valor económico del bien catalogado destruido y cuantificar el perjuicio patrimonial causado al patrimonio cultural, tanto a efectos de la responsabilidad civil derivada del delito como de la calificación jurídico-penal de los hechos”, así como que se “autorice y confirme el volcado, estudio y análisis de la información contenida” en los dispositivos incautados por parte de la Policía judicial de la Ertzaintza en el registro realizados en el mes de enero, “incluyendo el acceso a aplicaciones y almacenamiento en la nube utilizados por los investigados”. Respecto a estos dispositivos incautados, el juez Amor ha señalado en una reciente resolución, que los imputados tenían razón cuando pidieron que no se tuvieran en cuenta los buzones de correo electrónico y servidores incautados, por ser una intromisión excesiva en su intimidad, pero acepta la validez (de momento) de los móviles y otros materiales decomisados.

El escrito de la querella detalla los posibles hechos delictivos en torno al derribo del edificio Irurak bat, que se encontraba incluido en el catálogo de bienes protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio bajo la categoría de edificio de “custodia municipal”, que debía ser tratados como “bienes culturales de protección básica”. Entre ellos, que el 18 de octubre de 2022, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Getxo concedió licencia de obras a la promotora del proyecto Biurban SL, para la denominada “rehabilitación integral” del inmueble protegido, un proyecto técnico redactado por el estudio Foraster Arquitectos. Es una licencia en la que ya se constataron diversas irregularidades.

El 5 de enero de 2024 se presentó ante el Ayuntamiento un Proyecto de Ejecución que resultaba “manifiestamente incompatible con la licencia concedida y, sobre todo, con el régimen de protección del inmueble”. El proyecto contemplaba, de facto, la demolición total del edificio bajo la apariencia de una rehabilitación. El 12 de febrero de 2024 se inició la demolición del inmueble, que procedió a eliminar la estructura interior, la fachada sur íntegra, partes de las fachadas este y oeste, y la cubierta, y el 2 de agosto de 2024 se procedió a la demolición total de las fachadas restantes, “alegándose por los responsables de la obra un supuesto riesgo inminente de colapso que no había sido constatado por los servicios técnicos municipales ni avalado por ningún informe pericial independiente”.

Señala el documento que en el marco de las actuaciones municipales relacionadas con este proyecto, concurrieron “circunstancias de especial gravedad”, al conocerse que dos cargos electos del consistorio por el PNV, Inaxio Uriarte Gorostiaga, tercer vicealcalde, e Irantzu Uriarte, cuarta vicealcaldesa, que eran pareja y que integraron la Junta de Gobierno local que aprobó la licencia de obras, habían suscrito, con anterioridad a la aprobación definitiva de la licencia, un contrato de reserva de una de las viviendas de lujo que se iban a construir en el solar ocupado por el eficio protegido. “Estos concejales, además, participaron en la asamblea de socios de la cooperativa Ereaga Atalaya celebrada el 16 de noviembre de 2023, en la que Ander Madariaga y José Ramón Foraster informaron de que el estudio geotécnico del Proyecto de Ejecución obligaba a derribar las fachadas no previstas en la licencia, y que el edificio tenía protección de Custodia Municipal. A partir de ese momento, los concejales adquirieron conocimiento cierto de que la solución técnica proyectada conllevaba el derribo total del edificio protegido, incumpliendo el artículo 45 de la LPCV. Sin embargo, no solo no pusieron en conocimiento del Área de Urbanismo tal circunstancia, sino que en la asamblea de 31 de enero de 2024 autorizaron el inicio de las obras previsto para febrero de 2024, aun sin contar con acta de replanteo ni notificación favorable del Ayuntamiento”, exponen.

Constata además el beneficio económico que supuso para los promotores la demolición del edificio. “El ahorro económico obtenido mediante la demolición y posterior reconstrucción del inmueble, en comparación con la rehabilitación integral que habría exigido el régimen de protección aplicable, ascendió a 732.506,26 euros. Este diferencial -calculado tomando como base los datos aportados por la propia promotora y aplicando el módulo básico de edificación del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) para edificios singulares histórico-artísticos (1.249,05 €/m²)- acredita el beneficio patrimonial directo obtenido por los promotores como consecuencia de la destrucción del bien protegido”, señalan.

Por otra parte, indican que en el marco de las diligencias previas han quedado acreditadas una serie de circunstancias que refuerzan los “indicios de connivencia y actuación concertada entre los investigados”. Por ejemplo que las funcionarias municipales Argiñe Encinas y Sonia Quitana, accedieron a los expedientes sin competencia, y que “ambas funcionarias tenían conocimiento de que la intervención pretendida consistía en la demolición parcial de un edificio de Protección Básica y de que, por tanto, la licencia no era otorgable”. Además, consta que Biurban SL inició la comercialización de la promoción en febrero de 2023 —apenas producida la modificación del Proyecto Básico— y que Ander Madariaga, en calidad de Administrador Único de Biurban SL, firmó el 17 de mayo de 2022 un contrato de compraventa con los propietarios del inmueble por un precio total de 3.300.000 euros. “El contrato de arrendamiento de servicios suscrito entre Biurban SL y Ereaga Atalaya incluye expresamente la tarea 'Gestión de la promoción ante antiguos propietarios del terreno, Ayuntamiento', lo que permite inferir la probable existencia de contactos informales entre Biurban SL y alguna persona del Ayuntamiento en el contexto de la tramitación del expediente de licencia”.

Además del delito contra el patrimonio histórico por el derribo de un edificio protegido, EH Bildu entiende que la conducta de los funcionarios municipales intervinientes en la tramitación y resolución del expediente de licencia, “en cuanto indiciariamente habrían dictado resolución injusta a sabiendas -prescindiendo de trámites esenciales, omitiendo informes preceptivos y calificando el proyecto como obra nueva-, puede ser constitutiva del delito de prevaricación administrativa”. Al igual que la “pasividad de los cargos electos que, conociendo la ilegalidad manifiesta de la intervención y teniendo directo interés económico en la promoción, omitieron toda actuación tendente a restablecer la legalidad, puede ser analizada bajo este mismo tipo o como omisión del deber de perseguir delitos”. Por otra parte, considera que los hechos descritos, “especialmente la confluencia entre la posición de los concejales que aprobaron la licencia, su adquisición simultánea de unidades del proyecto resultante de la demolición del bien protegido, y su posterior inhibición ante la actuación ilegal”, abren la posibilidad de que concurran los tipos previstos en el artículo 320 CP (prevaricación urbanística específica) y, en su caso, en los artículos 419 y siguientes del Código Penal relativos a la corrupción de funcionarios y autoridades públicas“.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la empresa pública del Metro en València, ha contestado a la jueza que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, no recibió por parte de la Conselleria de Emergencias, que dirigía Salomé Pradas, ninguna “instrucción concreta o recomendación” ante la dana, más allá de las alertas meteorológicas de Fenómenos Atmosféricos Adversos y avisos especiales “dirigidos de manera global a organismos públicos”.

Así consta en un breve informe de FGV, firmado por el gerente de la empresa, Alfonso Novo, y remitido a la jueza instructora de la causa, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. La instructora citó a declarar como testigos a Novo, al secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, y a varios mandos de FGV.

La empresa pública de la Generalitat indica sitúa la falta de instrucciones “en el lapso temporal comprendido entre los días 24 y 29 de octubre de 2024”.

El Puesto de Mando de FGV, situado a tiro de piedra del barranco del Poyo, quedó completamente inundado. Siete trenes se quedaron aislados y un centenar de pasajeros refugiados, según un informe oficial de la empresa pública revelado por elDiario.es.

El Tribunal Superior de Justicia de Canaria (TSJC) ha avalado el cambio de turno de un trabajador de Correos en Las Palmas de Gran Canaria para poder atender a sus hijos menores, uno de ellos una adolescente de 16 años con problemas psiquiátricos.

En concreto, la Sala de Lo Social, en su sede de Las Palmas, ha reconocido el derecho del hombre a cambiar su turno de tarde al de mañana para poder asistir a sus hijos.

Así lo ha informado el TSJC, que agrega que se revoca así el fallo de instancia que le denegaba al trabajador el cambio de horario y le reconoce el derecho a fijar su jornada en turno de mañana, de lunes a viernes, de 07.00 a 14.30 horas, además de una indemnización de 3.500 euros por daño moral.

La sentencia destaca que el caso debe analizarse con “perspectiva de adolescencia” respecto de la hija de 16 años, que sufre ideas autolíticas y que está en tratamiento médico, distinta de la perspectiva de infancia aplicada al hijo menor.

Asimismo, el fallo recoge que Correos alegó en su respuesta al empleado la necesidad de reforzar el turno de tarde por razones de operativa y reparto en 24 horas, pero concluye que, a la vista de los hechos probados, esa razón abstracta debía ceder ante las necesidades familiares acreditadas.

También añade que la negativa empresarial produjo un daño moral resarcible, atendiendo al impacto de género, infancia y adolescencia que aprecia en el caso.

La Sala ha entendido que “el cuadro descrito en una adolescente de 16 años es clínicamente relevante y potencialmente urgente, precisamente por tratarse de una adolescente con ideación suicida”, añadiendo hay que hacer una interpretación adecuada y finalista de los derechos de conciliación familiar y laboral del trabajador.

“Debemos necesariamente decantarnos por la petición justificada de concreción horaria del demandante, debiendo ceder, en este caso, la abstracta razón organizativa esgrimida por la empresa”, concluyó la sentencia.

Finalmente, el TSJC ha resaltado que la resolución revoca la sentencia de instancia y reconoce de forma expresa la adaptación horaria solicitada, fijando un criterio “especialmente relevante” por su lectura diferenciada de la adolescencia frente a la infancia en contextos de salud mental y conciliación.

Si las cuatro plazas de refuerzo con las que cuenta la jueza de la dana no se pudieran cubrir en una comisión de servicios, mediante la bolsa de interinos “se intentaría” que fueran las mismas personas que han trabajado en el juzgado de Catarroja. Ese fue el condicional que usó este miércoles Nuria Martínez, consellera de Justicia del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca, tras su reunión con el presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja, David Castellá. Martínez acudió al Palacio de Justicia de la localidad de l'Horta Sud tras la polémica por la decisión de estabilizar las plazas de refuerzo del juzgado que instruye la causa de la dana, un movimiento que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra lamentó en un auto dictado el pasado 10 de abril por la “gran dilación en la instrucción” que podría suponer, al desmantelar el “equipo” formado por las funcionarias de refuerzo, muy familiarizadas con un procedimiento que acumula 56 tomos de sumario, 400 piezas de perjudicados y en el marco de la cual ya se han celebrado 555 testificales (además de un centenar de testigos pendientes de declarar).

Las cuatro funcionarias recibieron este pasado martes la notificación de su cese, según ha podido saber elDiario.es. Aunque la titular de Justicia arguyó el “firme compromiso” de la Generalitat de “garantizar” que la jueza instructora “siga contando con los mismos recursos materiales y humanos” y el “mismo número de funcionarios para poder llevar a cabo la instrucción en las condiciones y con los medios adecuados”, el hecho de que no asegure fehacientemente la continuidad de las mismas trabajadoras de refuerzo inquieta de cara a la continuación de la causa.

A pesar de que las plazas se ofertarán en comisión de servicios, “es muy probable” que no se cubran ya que, “entre otras cosas, no cobran guardias”, según indican fuentes judiciales. Por otro lado, en caso de que se recurriera a interinos, “con casi total seguridad serían otras personas, que no solo desconocerían la causa, sino que en muchas ocasiones no tienen formación”, apostillan las mismas fuentes.

La “conveniencia de mantener al mismo personal”

Y eso que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), en la comisión del pasado 15 de abril, acordó —por unanimidad— solicitar a la conselleria (que ostenta las competencias en la materia) que se mantuviera “al mismo personal” con el que ha contado la jueza Nuria Ruiz Tobarra.

El acuerdo de la Sala de Gobierno del alto tribunal autonómico, remitido “a los efectos oportunos” a la directora general de Justicia, María José Adalid, rezaba: “En cuanto al mantenimiento de los refuerzos de funcionarios actualmente existentes para la atención a la plaza 3 de Catarroja, y a la vista del comunicado recientemente emitido por la Conselleria de Justicia, por el que indica que el eventual cese de dichos refuerzos responde a una fase previa al proceso de creación y consolidación de los correspondientes puestos de trabajo con carácter estructural, y asimismo, el compromiso manifestado por la Conselleria de dotar al Juzgado de Catarroja de los medios materiales y humanos necesarios, esta Sala pone de relieve la especial trascendencia que la continuidad de los refuerzos tiene para el adecuado funcionamiento del órgano, por lo que confía en que se adopten las medidas necesarias para garantizar dicha continuidad, preferentemente mediante el mantenimiento del mismo personal, evitando interrupciones a partir del 30 de junio”.

Por otro lado, la Sala de Gobierno del TSJ-CV también consideraba “igualmente necesario asegurar la continuidad del servicio público sin interrupciones, en aquellos supuestos de mayor criticidad, para lo que deberá valorarse especialmente la conveniencia de mantener al mismo personal, en atención a la calidad del servicio y a la estabilidad organizativa”.

Si les quatre places de reforç amb què compta la jutgessa de la dana no es pogueren cobrir en una comissió de serveis, mitjançant la borsa d’interins “s’intentaria” que foren les mateixes persones que han treballat en el Jutjat de Catarroja. Aquest va ser el condicional que va usar dimecres Nuria Martínez, consellera de Justícia del Govern de Juan Francisco Pérez Llorca, després de la seua reunió amb el president del Tribunal d’Instància de Catarroja, David Castellá. Martínez va acudir al Palau de Justícia de la localitat de l’Horta Sud arran de la polèmica per la decisió d’estabilitzar les places de reforç del jutjat que instrueix la causa de la dana, un moviment que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra va lamentar en una interlocutòria dictada el 10 d’abril passat per la “gran dilació en la instrucció” que podria suposar, en desmantellar l’“equip” format per les funcionàries de reforç, molt familiaritzades amb un procediment que acumula 56 toms de sumari, 400 peces de perjudicats i en el marc de la qual ja s’han celebrat 555 testificals (a més d’un centenar de testimonis pendents de declarar).

Les quatre funcionàries van rebre dimarts passat la notificació del seu cessament, segons ha pogut saber elDiario.es. Encara que la titular de Justícia va argüir el “ferm compromís” de la Generalitat de “garantir” que la jutgessa instructora “continue comptant amb els mateixos recursos materials i humans” i el “mateix nombre de funcionaris per a poder dur a terme la instrucció en les condicions i amb els mitjans adequats”, el fet que no assegure fefaentment la continuïtat de les mateixes treballadores de reforç inquieta amb vista a la continuació de la causa.

A pesar que les places s’oferiran en comissió de serveis, “és molt probable” que no es cobrisquen, ja que, “entre altres coses, no cobren guàrdies”, segons indiquen fonts judicials. D’altra banda, en cas que es recorreguera a interins, “quasi amb total seguretat serien altres persones, que no sols desconeixerien la causa, sinó que moltes vegades no tenen formació”, postil·len les mateixes fonts.

La “conveniència de mantindre el mateix personal”

I això que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la comissió del 15 d’abril passat, va acordar —per unanimitat— sol·licitar a la conselleria (que deté les competències en la matèria) que es mantinguera “el mateix personal” amb què ha comptat la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra.

L’acord de la Sala de Govern de l’alt tribunal autonòmic, remés “als efectes oportuns” a la directora general de Justícia, María José Adalid, deia: “Quant al manteniment dels reforços de funcionaris actualment existents per a l’atenció a la Plaça 3 de Catarroja, i a la vista del comunicat emés fa poc per la Conselleria de Justícia, pel qual indica que l’eventual cessament d’aquests reforços respon a una fase prèvia al procés de creació i consolidació dels corresponents llocs de treball amb caràcter estructural, i així mateix, el compromís manifestat per la Conselleria de dotar el Jutjat de Catarroja dels mitjans materials i humans necessaris, aquesta Sala posa en relleu l’especial transcendència que la continuïtat dels reforços té per al funcionament adequat de l’òrgan, per la qual cosa confia que s’adopten les mesures necessàries per a garantir aquesta continuïtat, preferentment mitjançant el manteniment del mateix personal, evitant interrupcions a partir del 30 de juny”.

D’altra banda, la Sala de Govern del TSJCV també considerava “igualment necessari assegurar la continuïtat del servei públic sense interrupcions, en els supòsits de més criticitat, per a la qual cosa haurà de valorar-se especialment la conveniència de mantindre el mateix personal, en atenció a la qualitat del servei i a l’estabilitat organitzativa”.

A Victòria Rosselló, cap de Meteorologia d’À Punt, diversos espectadors de la cadena autonòmica li han agraït el seu treball del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts: “Gràcies a veure la informació de L’Oratge d’aquell dia al migdia van salvar la vida”. Així ho va explicar Rosselló en la seua testifical com a testimoni-perit davant la jutgessa de la dana del 15 d’abril passat, segons consta en l’acta de la seua declaració, a què ha tingut accés eldiario.es. “A les tres de la vesprada, jo mateixa pregue a la població que no isca de casa, perquè el pitjor està per arribar”, va relatar la veterana meteoròloga.

“Les persones que van estar pendents d’À Punt van salvar la vida i em consta personalment en molts casos. Però no tothom té per què veure À Punt ni ha d’estar pendent d’una situació que desconeix que l’afectarà”, va dir la testimoni-perit.

Rosselló va explicar que aquell matí ja es veia que es tractava d’un “temporal històric de pluges sense precedents”. I, de fet, almenys amb quatre dies d’antelació “es veia que passaria una cosa molt greu, perquè la pluja torrencial cauria en les conques mitjanes i altes dels rius, no en la costa”. “No és el mateix que caiguen 700 litres a Gandia que caiguen a Bunyol, perquè tota aquesta aigua haurà d’arribar a la mar, i sobretot si ho fa amb la intensitat que es preveia”, va postil·lar.

Aquella catastròfica jornada, en la televisió autonòmica, “no sols els informatius, sinó tota la programació d’entreteniment i altres, tots els efectius, es van dedicar a cobrir el temporal”.

La cap de Meteorologia va recordar davant la jutgessa les seues paraules en l’informatiu del migdia, quan van albirar que plouria encara dues o tres hores amb intensitat torrencial: “Estem en avís roig, la situació és crítica, no isquen de casa. Màxima precaució, estem davant un temporal històric, és molt probable que se superen els rècords de precipitació des que tenim registre. S’han superat els llindars, s’imposa la vigilància hidrològica, eviten els desplaçaments coste el que coste”.

D’altra banda, Rosselló va detallar que a partir de les 16.30 es va produir un “escenari summament preocupant” en la capçalera de la rambla de Poio. A les 17.00, l’hora en què s’havia convocat la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi), la situació ja era “molt greu”, amb unes quantes hores de pluja en la capçalera del Poio.

Quan, 20 minuts després, va caure la xarxa de l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) a Torís, ja es registraven més de 340 litres , una “cosa inassumible” perquè l’aigua cau als barrancs de Gallego i l’Horteta, tributaris del Poio.

“Les persones afectades no saben res del que passa, però aquesta informació la tenim a les cinc de la vesprada, nosaltres i qualsevol que seguira la informació que es donava en aquell moment”, va declarar Victòria Rosselló.

A les 17.45, segons les dades del Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH) de la Confederació Hidrogràfic del Xúquer (CHX), una rambla de Poio “normalment seca” registrava un cabal a l’altura de Loriguilla de 493 hectòmetres per segon, que faria “saltar totes les alarmes a qui tinga idea de quin cabal va circulant i per on”. Cinc minuts després, va pujar a 584 hectòmetres per segon.

D’altra banda, la cap de Meteorologia d’À Punt va contextualitzar la dana en la seua llarga experiència informativa: “En els anys 90 i 2000 teníem temporals de pluja que, potser, registraven quantitats similars en tres o quatre dies. I ara això passa en tan sols unes hores”.

El “desemparament” per la falta d’avisos a la població

“Les dades estaven a l’abast de qualsevol”, va reblar la testimoni-perit. “No imaginàvem que en el Centre d’Emergències no estigueren informats de què passava. (...) Era inimaginable. No es pot ni imaginar el grau de frustració i de desemparament de no veure que s’avisava la població que seria afectada. Però és que era qüestió de dades i d’un coneixement mínim de la geografia”.

Victòria Rosselló va abundar que la informació que proporciona el SAIH ni està “encriptada” ni és accessible “només a determinades persones”. “Ho contàvem en directe. (...) És impensable, des de qualsevol punt de vista, que [en Emergències] no tingueren la informació que teníem nosaltres”.

A més, segons Rosselló, “és incomprensible que aquestes dades en obert no estigueren a l’abast dels responsables d’Emergències”. “Parlem de registres que no s’han mesurat mai, només això hauria d’haver posat actitud de màxima alerta als responsables”, va postil·lar.

Hi havia “hores” per a avisar de la catàstrofe

La meteoròloga va lamentar que es disposava d’“hores” per a avisar la població potencialment afectada per la riuada. “És inconcebible el 2024 aquesta xifra de morts, és inconcebible, perquè disposem de les eines, no per a evitar la catàstrofe, però sí per a avisar la població”, va manifestar.

A parer seu, la reunió del Cecopi s’hauria d’haver convocat al migdia a tot estirar:

—No és de la meua competència, però és evident. Un Cecopi a les 17.00, quan ja hi havia víctimes, no té cap sentit, perquè el Cecopi se suposa que té eines per a advertir la població i per a fer-ho ha d’estar operatiu abans que comence tot, no quan ja està en marxa. És incomprensible, de debò.

Encara que considerava que era difícil de precisar, va sostindre que hauria sigut adequat enviar l’Es-Alert a les 17.00. A més, el missatge massiu als mòbils “havia d’haver sigut molt més específic, perquè el que venia era un tsunami”. “El que calia haver advertit la població és que pujaren a les plantes superiors, que no baixaren pels cotxes, perquè seria una crescuda sobtada”, va afegir.

La meteoròloga va concloure: “230 morts són inassumibles el 2024, perquè tenim les eines per a fer arribar la informació adequada a la població perquè prenga mesures. I, evidentment, aquest nombre [de morts] indica que la informació no va arribar. És la meua opinió”.

A Victòria Roselló, jefa de Meteorología de À Punt, varios espectadores de la cadena autonómica le han agradecido su trabajo del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos: “Gracias a ver la información del Oratge de ese día a mediodía salvaron la vida”. Así lo explicó Rosselló en su testifical como testigo-perito ante la jueza de la dana del pasado 15 de abril, según consta en el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “A las tres de la tarde, yo misma estoy rogando a la población que no salga de sus casas, porque lo peor está por llegar”, relató la veterana meteoróloga.

“Las personas que estuvieron pendientes de À Punt salvaron sus vidas y me consta personalmente en muchos casos. Pero no todo el mundo tiene por qué ver À Punt ni tiene que estar pendiente de una situación que desconoce que le va a afectar”, dijo la testigo-perito.

Rosselló explicó que aquella mañana ya se veía que se trataba de un “temporal histórico de lluvias sin precedentes”. Y, de hecho, al menos con cuatro días de antelación “se veía que iba a pasar algo muy grave, porque la lluvia torrencial iba a caer en las cuencas medianas y altas de los ríos, no en la costa”. “No es lo mismo que caigan 700 litros en Gandía que caigan en Buñol, porque toda esa agua va a tener que llegar al mar, y sobre todo si lo hace con la intensidad que se preveía”, apostilló.

Aquella catastrófica jornada, en la televisión autonómica, “no solo los informativos, sino toda la programación de entretenimiento y demás, todos los efectivos, se dedicaron a cubrir el temporal”.

La jefa de Meteorología recordó ante la jueza sus palabras en el informativo del mediodía, cuando vislumbraron que iba a llover aún dos o tres horas con intensidad torrencial: “Estamos en aviso rojo, la situación es crítica, no salgan de sus casas. Máxima precaución, estamos ante un temporal histórico, es muy probable que se superen los récords de precipitación desde que tenemos registro. Se han superado los umbrales, se impone la vigilancia hidrológica, eviten los desplazamientos a toda costa”.

Por otro lado, Rosselló detalló que a partir de las 16.30 se produjo un “escenario sumamente preocupante” en la cabecera de la rambla del Poyo. A las 17.00, la hora en que se había convocado la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), la situación ya era “muy grave”, con varias horas de lluvia en la cabecera del Poyo.

Cuando, 20 minutos después, cayó la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en Turís, ya se registraban más de 340 litros , una “cosa inasumible” porque el agua cae a los barrancos de Gallego y Horteta, tributarios del Poyo.

“Las personas afectadas no saben nada de lo que está sucediendo, pero esta información la tenemos a las cinco de la tarde, nosotros y cualquiera que siguiera la información que se daba en ese momento”, declaró Victòria Rosselló.

A las 17.45, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfico del Júcar (CHJ), una rambla del Poyo “normalmente seca” registraba un caudal a la altura de Loriguilla de 493 hectómetros por segundo, que haría “saltar todas las alarmas a quien tenga idea de qué caudal va circulando y por dónde”. Cinco minutos después, subió a 584 hectómetros por segundo.

Por otro lado, la jefa de Meteorología de À Punt contextualizó la dana en su larga experiencia informativa: “En los años 90 y 2000 teníamos temporales de lluvia que, a lo mejor, se registraban cantidades similares en tres o cuatro días. Y ahora esto sucede en tan solo unas horas”.

El “desamparo” por la falta de avisos a la población

“Los datos estaban al alcance de cualquiera”, remachó la testigo-perito. “No imaginábamos que en el Centro de Emergencias no estuvieran informados de lo que sucedía. (...) Era inimaginable. No se puede ni imaginar el grado de frustración y de desamparo de no ver que se avisaba a la población que iba a ser afectada. Pero es que era cuestión de datos y de un conocimiento mínimo de la geografía”.

Victòria Rosselló abundó en que la información que proporciona el SAIH ni está “encriptada” ni es accesible “solo a determinadas personas”. “Lo estábamos contando en directo. (...) Es impensable, desde cualquier punto de vista, que [en Emergencias] no tuvieran la información que teníamos nosotros”.

Además, según Rosselló, “es incomprensible que esos datos en abierto no estuvieran al alcance de los responsables de emergencias”. “Estamos hablando de registros que no se han medido nunca, solo esto debería haber puesto actitud de máxima alerta a los responsables”, apostilló.

Había “horas” para avisar de la catástrofe

La meteoróloga lamentó que se disponía de “horas” para avisar a la población potencialmente afectada por la riada. “Es inconcebible en 2024 esa cifra de muertos, es inconcebible, porque disponemos de las herramientas, no para evitar la catástrofe, pero sí para avisar a la población”, manifestó.

A su juicio, la reunión del Cecopi se debería haber convocado a mediodía a más tardar:

—No es de mi competencia, pero es evidente. Un Cecopi a las 17.00, cuando ya había víctimas, no tiene ningún sentido, porque el Cecopi se supone que tiene herramientas para advertir a la población y para eso tiene que estar operativo antes de que empiece todo, no cuando ya está en marcha. Es incomprensible, de verdad.

Aunque consideraba que era difícil de precisar, sostuvo que habría sido adecuado enviar el Es-Alert a las 17.00. Además, el mensaje masivo a los móviles “tenía que haber sido mucho más específico, porque lo que venía era un tsunami”. “Lo que había que haber advertido a la población es que subieran a las plantas superiores, que no bajaran a por los coches, porque iba a ser una crecida súbita”, agregó.

La meteoróloga concluyó: “230 muertos son inasumibles en 2024 porque tenemos las herramientas para hacer llegar la información adecuada a la población para que tome medidas. Y, evidentemente, ese número [de fallecidos] indica que la información no llegó. Es mi opinión”.

El letrado Fausto Suárez ha sido trasladado este miércoles en una ambulancia, “intubado pero consciente”, hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser atendido de las heridas infligidas en el tórax con un arma blanca. El letrado fue agredido en su despacho, ubicado en la Avenida Colón de la capital asturiana, donde fue localizado por los agentes.

Desde la Audiencia Provincial se había instado a la Policía Nacional para que intentara localizar al abogado, al no haberse personado en la sede judicial donde estaba citado a las 10 horas de hoy, miércoles, para defender a Cristina O.P., la única acusada que está en libertad provisional de los seis procesados, y a la que se imputa su presunta pertenencia a una red de narcotráfico muy activa en el Principado, a la que se incautó 600 kilogramos de cocaína, en 2022.

Apuñalado en su despacho

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado a eldiario.es Asturias que el caso está ya “en fase de investigación” desde que a primera hora de esta mañana se tuvo conocimiento del apuñalamiento. Los agentes de la Policía Judicial están recogiendo pruebas en el mismo despacho donde ocurrieron los hechos.

Los agentes inicialmente se personaron en el domicilio del abogado ovetense y, al no encontrarlo ahí, se desplazaron en compañía de su mujer hasta el despacho. La presencia policial y el traslado del abogado en esas circunstancias causaron una gran consternación entre los vecinos de la zona.

Defensor de una acusada

A la consternación del vecindario se sumó igualmente la conmoción en medios jurídicos y judiciales, donde el letrado ovetense es muy conocido al llevar muchos años en ejercicio.

Cristina O.P. se había reunido con su abogado ayer mismo de cara al juicio de esta mañana y donde ella está acusada de pertenecer a la red que presuntamente lidera Carlos González Morales, conocido por el apodo de 'El Matador'.

El juicio no se suspendió

Tras unos primeros momentos de confusión por la ausencia del letrado finalmente el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acordó celebrar la primera de las cinco sesiones que están señaladas para la vista oral del juicio: los días 23, 24, 27, 28 y 29 de este mes. Ante la ausencia de letrado que la representara, la parte relativa a la acusación de esta procesada no se ha tenido en cuenta en la jornada de hoy.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de los seis presuntos integrantes de esta organización a la que se intervino un alijo de 600 kilogramos de cocaína en una nave ubicada en el concejo asturiano de Siero en 2022 tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos.

Agentes encubiertos infiltrados

La operación policial que derivó en la detención de los acusados se inició el 30 de septiembre de 2022 cuando se recibió en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, EEUU) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense HS (Homeland Security Investigations), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central.

En este escrito se aportaban los datos de una organización dedicada al tráfico de drogas radicada en Colombia y sobre la que las autoridades de Estados Unidos habían iniciado una operación encubierta, logrando introducir a un agente infiltrado en la organización, que presuntamente lideraba el conocido como 'Matador', quien solicitó asistencia para el transporte de aproximadamente dos toneladas de cocaína desde Colombia a España.

Droga de Colombia a Asturias

En el marco de la operación encubierta, la organización colombiana pretendía enviar la droga desde Colombia a España empleando una embarcación que recogería la droga en aguas internacionales. Para ello, el presunto cabecilla solicitó que una vez que la organización entregara todo el cargamento, éste fuera trasladado a España, donde sería entregada a los receptores y distribuidores finales.

“Continuando con la operación encubierta, el 25 de septiembre de 2022, la organización colombiana entregó 67 bultos con 20 paquetes cada uno (un total de 1.340 paquetes) a los agentes infiltrados que se encontraban a bordo de un barco encubierto en aguas internacionales cerca del Caribe, a unas 200 millas náuticas de Barbados”, señala el escrito de calificación provisional de la Fiscalía asturiana.

Dos bandas de narcotráfico

El 28 de septiembre, la droga fue transportada hasta San Juan (Puerto Rico) y procesada, dando positivo en cocaína. Fue custodiada por agentes federales de Estados Unidos a la espera de los trámites para continuar con la operación en España. Para poder presentar como evidencia en la investigación estadounidense se retuvo uno de los bultos con 20 paquetes intervenidos, por lo que viajaron a España 1.320 paquetes.

La solicitud de cooperación se efectuó con el objetivo de identificar a los miembros de la organización, ya que se descubrió que la droga iba dirigida a dos organizaciones criminales con conexiones en España.

Cocaína en la bodega de un vuelo

Una vez autorizada la apertura del procedimiento judicial en España, la droga fue transportada en la bodega de un vuelo comercial desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, al de Madrid. Junto con el escrito de la Fiscalía estadounidense, se adjuntaba el suscrito por el oficial de enlace de la Policía Nacional de España en Colombia.

Todo ello, junto con las vigilancias realizadas por la UDYCO de los movimientos de los miembros de la organización en España durante los meses de mayo y septiembre de 2022, motivó que la Fiscalía Especial Antidroga incoara el 5 de octubre de ese mismo año diligencias de investigación, autorizando la entrega controlada de 600 kilos de cocaína intervenidos en San Juan de Puerto Rico con destino a España.

Bajo custodia policial

Paralelamente, en un segundo decreto, la Fiscalía Antidroga autorizó la actuación de ocho funcionarios como agentes encubiertos, con el objetivo de identificar a los integrantes de la organización.

La droga fue trasladada hasta Madrid el 8 de octubre de 2022 vía aérea y permaneció bajo custodia policial a la espera de que los procesados decidieran recogerla.

Los delitos

En estos hechos, que llevaron a la introducción en España y la ocupación en Siero de 600 kilos de cocaína, tuvieron participación los procesados, que actuaron de forma jerárquicamente ordenada y de manera estable en el tiempo y que, según sostiene la Fiscalía asturiana, son los mismos contra los que formula la acusación y que han sido llevados al banquillo de la Audiencia Provincial de Asturias.

La Fiscalía imputa a los acusados su presunta autoría en delitos contra la salud pública, depósito de armas y tenencia ilícita de armas, ya que además de la droga se les intervinieron armas, algunas de guerra, y una gran cantidad de munición.

La jueza de la dana ha rechazado citar a declarar como testigos a los consellers de Educación (José Antonio Rovira) y de Agricultura (Miguel Barrachina) del Gobierno de Carlos Mazón, tal como solicitaba la acusación popular que ejerce Compromís. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, en un auto notificado este miércoles, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) descartó la responsabilidad del president Carlos Mazón “en la realización de actuaciones de coordinación, y la obligación de impartir instrucciones entre las distintas Consellerias durante la gestión de la emergencia”.

El auto argumenta que los dos testimonios solicitados “no podrían, en consecuencia, recaer sobre dichos extremos”. “El análisis de la referida coordinación ha de constatarse por la existencia de órdenes, comunicaciones que de forma expresa atendieran al riesgo derivado de la dana, con origen en quienes ostentaban la posición de garante, que eran los directores del Plan, en las respectivas situaciones de emergencia”.

Además, “ninguno de los dos propuestos como testigos participaron en la reunión del Cecopi [Centro de Coordinación Operativa Integrado], ni presencialmente, ni de forma telemática”.

Por otro lado, la jueza instructora recuerda que el testimonio de la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, “puede incidir sobre parte de dichos extremos, la coordinación, partiendo por otro lado de que lo relevante no es la deliberación que pudieran tener dentro de la reunión del Consell los miembros del mismo, sino las conclusiones a las que se llegó en dicho Consell y que de forma pública se pudieran exteriorizar por la citada portavoz”.

La consellera de Justicia, Nuria Martínez, se ha reunido este miércoles con el presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja, que le ha expresado la “preocupación existente” sobre el proceso de estabilizacion de las cuatro plazas de refuerzo con las que cuenta la jueza instructora de la causa de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. La consellera ha garantizado que la jueza seguirá contando con el refuerzo, aunque no ha confirmado si serán las mismas funcionarias, muy familiarizadas con el complejo procedimiento. La fecha prevista para la finalización del refuerzo es el próximo 30 de junio. “El proceso tiene que ser hecho en un primer momento en una comisión de servicios y después, si no se cubre en una comisión de servicios, se recurrirá a la bolsa de interinos y, si no se cubre tampoco en la bolsa de interinos, iríamos al concurso de oposición”, ha detallado.

La jueza instructora de la causa se quejó, en un auto del pasado 10 de abril, de que la decisión de Justicia suponía una “gran dilación en la instrucción” al desmantelar el “equipo” formado por las funcionarias de refuerzo. Por su parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) también pidió la continuidad del refuerzo, “preferentemente” con “el mismo personal”.

Martínez, por su parte, ha expresado el “firme compromiso” de la Generalitat para “garantizar” que la jueza instructora de la macrocausa de la dana “siga contando con los mismos recursos materiales y humanos” y el “mismo número de funcionarios para poder llevar a cabo la instrucción en las condiciones y con los medios adecuados”.

La titular de Justicia ha aventurado que podría haber una transición para el “intercambio” de “un par de semanas”, por las “propias características de los procesos administrativos”. Sin embargo, en el caso de Catarroja, ha agregado, no se va a quedar una “silla vacía”.

“Es decir, la magistrada va a contar en todo momento con cuatro personas que son las que van a dar cobertura para que ella pueda seguir avanzando con la instrucción, porque lo que queremos es que ella cuente con todos los medios necesarios”, ha dicho Martínez.

La “sensibilidad del caso”

Sin embargo, la consellera ha matizado que, en caso de que no se cubrieran las plazas vía comisión de servicios, “se intentaría” que se quedaran “las mismas personas”. “Ahí no hay ningún problema en que se pueda hacer así. Lo que pasa es que primero hay que abrir a una comisión de servicios, porque es lo que está pactado con las organizaciones sindicales y lo que va a hacerse en el resto de partidos judiciales”, ha afirmado Martínez.

Nuria Martínez ha aludido a la “sensibilidad del caso” de la dana, una “causa muy importante”: “Todo lo que hasta la fecha se ha ido solicitando, se ha ido atendiendo. El proceso de estabilización, asegura Martínez, atiende a ”criterios objetivos de antigüedad“. Las cuatro plazas de refuerzo del juzgado de la dana ”sí que cumplían ese requisito“

Un any i mig després de ser arrestat a Taiwan amb diverses ordres de detenció internacional a l’esquena, l'empresari mallorquí Salvador Llinàs ha acceptat aquest dimecres una condemna de quatre anys i deu mesos de presó per estafar 20 milions d'euros mitjançant la venda fraudulenta de més de 3.500 cotxes a diversos països europeus. L'acusat es va apoderar de vehicles que prèviament havia llogat a entitats financeres i concessionaris, mai no va retornar els turismes i va acabar revenent-los de manera il·legal.

Llinàs s'ha assegut aquest dimecres al banc dels acusats de l'Audiència Provincial de Balears, on les parts han pactat una sentència de conformitat que rebaixa de manera notable la petició inicial de la Fiscalia, que s'elevava a nou anys de presó. A més de la pena de presó, l'empresari haurà d'abonar una multa d'uns 2.800 euros, mentre que la resta de reclamacions econòmiques seguiran el seu curs en la jurisdicció civil.

Els fets es remunten al 2018, quan Llinàs era administrador únic d'IMT Holding Spain, matriu de les societats Balear Sport Car i Autoclik. Aquesta última operava també en altres països europeus com Itàlia, França, Portugal i Bèlgica sota un model de negoci basat en el lloguer de vehicles sense conductor.

Tal com ha reconegut el mateix acusat, el frau va consistir a vendre cotxes que no eren de la seva propietat. Tot i que els contractes de renting o leasing prohibien expressament la seva venda o cessió, Llinàs va ignorar aquestes condicions i va procedir a comercialitzar-los a particulars i empreses, presentant factures que simulaven que tenia plena capacitat per disposar dels vehicles.

En molts casos, els compradors rebien el cotxe, però no la documentació original, ja que l'empresari no n’era el titular real. L'operativa també es va estendre a l'estranger, on va arribar a vendre desenes de vehicles adquirits mitjançant finançament bancari, vulnerant igualment les condicions contractuals.

La investigació calcula que es va desprendre de manera fraudulenta de fins a 3.568 vehicles repartits per diferents llocs d'Espanya, com Barcelona, Madrid, Alacant, Màlaga o Canàries, i diversos països europeus, generant un perjudici econòmic milionari.

El 2019, la seva societat, amb seu a la localitat mallorquina de Llucmajor, es va declarar en fallida, però ell ja havia desaparegut. Quan a finals del 2018 efectius de la Guàrdia Civil, alertats per les múltiples denúncies dels seus creditors, es van desplaçar fins a la seu d'Autoclik, les oficines es trobaven buides. No hi quedava res ni ningú.

D'acord amb les perquisicions dutes a terme en el seu moment, Llinàs havia buidat els comptes de la mercantil abans de fugir a Taiwan, desviant-se a si mateix cinc milions d'euros per a la seva fuga, tal com van publicar en el seu moment Diari de Mallorca i Última Hora. A l'illa asiàtica, Llinàs va posar en marxa diverses empreses, entre elles Iberico Food Services Co. i, al juliol del 2021, Mallorca Catering International Co., encarregada de l'explotació d'un restaurant de menjar espanyol i italià al districte de Da'an, a Taipei, al qual va denominar Malavida, operat per xefs d'Espanya i dels Estats Units, d'acord amb les dades de diferents fitxers empresarials consultats per elDiario.es. “La idea és que cada amic que vingui aquí, ja sigui sol o en grup, se senti lliure i còmode en aquest ambient, xerrant i rient amb el vi a la mà i el deliciós menjar a la taula... com la vida indulgent”, es promocionava el local.

El 2021, l'ara detingut va obtenir la residència permanent a Taiwan, cosa que va facilitar la tasca de cerca de la Interpol. El 9 d'octubre d'aquell any, la Fiscalia de Trento va sol·licitar la seva imputació i Llinàs es va dotar d'un important equip jurídic dedicat a la defensa davant delictes de delinqüència organitzada.

Les autoritats taiwaneses, a través de l'Agència Nacional d'Immigració (NIA), van acordar la seva deportació en comprovar que estava sent reclamat a nivell internacional. Després de ser traslladat a Singapur, els funcionaris li van denegar finalment l'entrada donada la gravetat dels càrrecs en contra seva, emparant-se en l'article 18 de la Llei d'Immigració, que permet prendre mesures contra persones que puguin “posar en perill els interessos nacionals, la seguretat pública, l'ordre públic o els costums de l'Estat”.

Llinàs va ser detingut el 20 d'octubre de 2024 a l'aeroport internacional de Taoyuan. Sobre ell pesaven diverses ordres de detenció internacional, entre elles una procedent d'Itàlia, on els investigadors locals l'acusen d'haver llogat 1.189 vehicles per revendre'ls posteriorment de manera il·lícita. Posteriorment, va ser traslladat a Alemanya, on va romandre prop d'un mes en presó provisional abans de ser lliurat a Espanya en virtut d'una ordre europea de detenció.

El cas, que ha afectat tant empreses de lloguer com compradors particulars, continuarà obert en l'àmbit civil per dirimir les indemnitzacions derivades del frau.

Un año y medio después de ser arrestado en Taiwan con varias órdenes de detención internacional a sus espaldas, el empresario mallorquín Salvador Llinás ha aceptado este miércoles una condena de cuatro años y diez meses de prisión por estafar 20 millones de euros mediante la venta fraudulenta de más de 3.500 de coches en varios países europeos. El acusado se apoderó de vehículos que previamente había alquilado a entidades financieras y concesionarios, jamás devolvió los turismos y acabó revendiéndolos de forma ilegal.

Llinàs se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Balears, donde las partes han pactado una sentencia de conformidad que rebaja de forma notable la petición inicial de la Fiscalía, que se elevaba a nueve años de cárcel. Además de la pena de prisión, el empresario deberá abonar una multa de unos 2.800 euros, mientras que el resto de reclamaciones económicas seguirán su curso en la jurisdicción civil.

Los hechos se remontan a 2018, cuando Llinás era administrador único de IMT Holding Spain, matriz de las sociedades Balear Sport Car y Autoclik. Esta última operaba también en otros países europeos como Italia, Francia, Portugal y Bélgica bajo un modelo de negocio basado en el alquiler de vehículos sin conductor.

Tal como ha reconocido el propio acusado, el fraude consistió en vender coches que no eran de su propiedad. Aunque los contratos de renting o leasing prohibían expresamente su venta o cesión, Llinàs ignoró estas condiciones y procedió a comercializarlos a particulares y empresas, presentando facturas que simulaban que tenía plena capacidad para disponer de los vehículos.

En muchos casos, los compradores recibían el coche, pero no la documentación original, ya que el empresario no era el titular real. La operativa también se extendió al extranjero, donde llegó a vender decenas de vehículos adquiridos mediante financiación bancaria, vulnerando igualmente las condiciones contractuales.

La investigación calcula que se desprendió de forma fraudulenta de hasta 3.568 vehículos repartidos por distintos lugares de España como Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga o Canarias y varios países europeos, generando un perjuicio económico millonario.

En 2019, su sociedad, con sede en la localidad mallorquina de Llucmajor, se declaró en quiebra, pero él ya había desaparecido. Cuando a finales de 2018 efectivos de la Guardia Civil, alertados por las múltiples denuncias de sus acreedores, se desplazaron hasta la sede de Autoclick, las oficinas se encontraban vacías. Nada ni nadie quedaba ya en ellas.

De acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo en su momento, Llinàs había vaciado las cuentas de la mercantil antes de huir a Taiwán, desviándose a sí mismo cinco millones de euros para su fuga, tal como publicaron en su día Diario de Mallorca y Última Hora. En la isla asiática, Llinàs puso en marcha varias empresas, entre ellas Iberico Food Services Co. y, en julio de 2021, Mallorca Catering International Co., encargada de la explotación de un restaurante de comida española e italiana en el distrito Da'an de Taipei al que denominó Malavida, operado por chefs de España y Estados Unidos, de acuerdo a los datos de distintos ficheros empresariales consultados por elDiario.es. “La idea es que cada amigo que venga aquí, ya sea solo o en grupo, se sienta libre y cómodo en este ambiente, charlando y riendo con el vino en la mano y la deliciosa comida en la mesa... como la vida indulgente”, se promocionaba el local.

En 2021, el ahora detenido obtuvo la residencia permanente en Taiwán, lo que facilitó la labor de búsqueda de la Interpol. El 9 de octubre de ese año, la Fiscalía de Trento solicitó su imputación y Llinàs se armó de una importante equipo jurídico dedicado a la defensa frente a los delitos de delincuencia organizada.

Las autoridades taiwanesas, a través de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA), acordaron su deportación al comprobar que estaba siendo reclamado a nivel internacional. Tras ser trasladado a Singapur, los funcionarios le denegaron finalmente la entrada dada la gravedad de los cargos en su contra, amparándose para ello en el artículo 18 de la Ley de Inmigración, que permite tomar medidas contra personas que puedan “poner en peligro los intereses nacionales, la seguridad pública, el orden público o las costumbres del Estado”.

Llinás fue detenido el 20 de octubre de 2024 en el aeropuerto internacional de Taoyuan. Sobre él pesaban varias órdenes de detención internacional, entre ellas una procedente Italia, donde los investigadores locales le acusan de haber alquilado 1.189 vehículos para después revenderlos de forma ilícita. Posteriormente, fue trasladado a Alemania, donde permaneció cerca de un mes en prisión provisional antes de ser entregado a España en virtud de una orden europea de detención.

El caso, que ha afectado tanto a empresas de renting como a compradores particulares, seguirá abierto en el ámbito civil para dirimir las indemnizaciones derivadas del fraude.

La jutgessa que investiga l'escàndol de l'adjudicació d'habitatge protegit a Alacant ha citat a declarar en qualitat d'investigats (assistits per un advocat) l'exregidora d'Urbanisme, Rocío Gómez; l'excap del servei de Contractació de l'Ajuntament, María Pérez-Hickman, i l'arquitecte municipal, Francisco Nieto. Gómez va dimitir en destapar-se que havia estat agraciada amb un habitatge protegit. Per la seua banda, dos fills i un nebot de Pérez-Hickman posseeixen sengles habitatges a Les Naus mentre que l'arquitecte municipal també va ser agraciat amb un dels pisos.

Per altra banda, segons indica una provisió dictada aquest passat dimarts, la jutgessa instructora imputa Roberto Palencia, cap de secció de la Conselleria d'Habitatge, i a una desena de propietaris d'habitatges al residencial Les Naus. Palencia va validar els visats de les 140 vivendes que componen el complex residencial d'Alacant, entre elles la que va obtindre la seua dona, funcionària a l'Ajuntament d'Alacant.

A més, també ha estat citat a declarar com a investigat l'administrador únic de la mercantil Fraorgi SL (gestora de la cooperativa del residencial Les Naus), Francisco Ordiña. Tot plegat, a instàncies dels fiscals anticorrupció, Pablo Romero i Fran Marco.

La resolució cita en qualitat de testimonis quatre càrrecs de la Conselleria d'Habitatge: Juan Antonio Pérez Sala, director general de Planificació; Marta Vera, cap de secció d'emergència habitacional; María del Carmen García, tècnica en Arquitectura, i Marta Regina Jiménez, tècnica de gestió d'Administració General.

I, per part de l'Ajuntament d'Alacant, la jutgessa cita com a testimonis Paloma María Romero, cap del servei de Gestió Patrimonial; Pablo Torregrosa, tècnic del servei de Gestió Patrimonial, i Antonio Faura, arquitecte cap del departament tècnic de Control d'Obres.

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de vivienda protegida en Alicante ha citado a declarar en calidad de investigados (asistidos por un abogado) a la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; a la exjefa del servicio de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, y al arquitecto municipal, Francisco Nieto. Gómez dimitió al destaparse que había sido agraciada con una vivienda protegida. Por su parte, dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman poseen sendas viviendas en Les Naus mientras que el arquitecto municipal también fue agraciado con uno de los pisos.

Por otro lado, según indica una providencia dictada este pasado martes, la jueza instructora imputa a Roberto Palencia, jefe de sección de la Conselleria de Vivienda, y a una decena de propietarios de viviendas en el residencial Les Naus. Palencia validó los visados de las 140 viviendas que componen el complejo residencial de Alicante, entre ellas la que obtuvo su mujer, funcionaria en el Ayuntamiento de Alicante.

Además, también ha sido citado a declarar como investigado el administrador único de la mercantil Fraorgi SL (gestora de la cooperativa del residencial Les Naus), Francisco O. G. Todo ello, a instancias de los fiscales anticorrupción, Pablo Romero y Fran Marco.

La resolución cita en calidad de testigos a cuatro cargos de la Conselleria de Vivienda: Juan Antonio Pérez Sala, director general de Planificación; Marta Vera, jefa de sección de emergencia habitacional; María del Carmen García, técnica en Arquitectura, y Marta Regina Jiménez, técnica de gestión de Administración General.

Y, por parte del Ayuntamiento de Alicante, la jueza cita como testigos a Paloma María Romero, jefa del servicio de Gestión Patrimonial; Pablo Torregrosa, técnico del servicio de Gestión Patrimonial, y Antonio Faura, arquitecto jefe del departamento técnico de Control de Obras.

Críticas del PSPV y de Compromís

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha afirmado que las citaciones judiciales conocidas este miércoles con relación al caso de Les Naus ponen el foco en cargos políticos del entorno del alcalde, Luis Barcala, y que han formado parte de la estructura municipal.

“Las citaciones a declarar como investigados en la causa acreditan que el escándalo en Les Naus no ha sido una exageración de la oposición ni una polémica artificial, sino un pelotazo con vivienda pública de una gravedad extraordinaria”, ha señalado la portavoz, que ha recordado que el PSOE denunció este asunto en la Fiscalía Anticorrupción y está personado en la causa.

“Mientras el PP está tratando de boicotear la comisión municipal para esclarecer lo que pasó realmente, el juzgado está dando pasos adelante para arrojar luz y aclarar lo ocurrido con la adjudicación de viviendas públicas en Alicante”. En esa línea, ha señalado que algunos de los técnicos que se negaron a participar la semana pasada en dicha comisión, tendrán que declarar ahora como testigos.

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha comentado que es “curioso cómo la justicia ya va dando pasos, va imputando a personas por el escándalo de Les Naus con 15 imputados, dos de ellos de la máxima confianza del alcalde Luis Barcala, y mientras tanto la Comisión de Investigación municipal sigue con falta de documentación, se oculta información, se ocultan declaraciones de los de los comparecientes, no dan explicaciones”.

Según Mas, “por fin la justicia actúa” al tiempo que se ha preguntado “qué más le falta a Barcala, qué más datos le faltan para apartar de sus responsabilidades a una de las imputadas por este caso de presunta corrupción como es el caso de les Naus, qué más motivos le faltan”. El portavoz ha añadido: “Nos lo tendrá que explicar, lejos de amedrentar, lejos de amenazar, lejos de coaccionar a los concejales de la oposición tendría que estar ya el propio alcalde declarando de forma voluntaria ante la jueza”.

El Ministerio del Interior ha expulsado del cuerpo al agente de la Policía Nacional adscrito a la comisaría de Torrent que fue condenado a dos años y un mes de prisión por un delito de estafa en concurso ideal con un delito de falsedad documental cometido por funcionario público y otro de falsedad en documento oficial. También fue condenado a inhabilitación especial durante un año y un mes para empleo o cargo público.

Francisco Javier Z. M. alcanzó un pacto de conformidad y reconoció ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia que falsificó un atestado en el que denunciaba el robo de su motocicleta para cobrar 13.000 euros de indemnización del seguro.

El condenado cambió posteriormente las placas de matriculación de la moto y siguió usándola hasta que fue detectada por la Policía. El fallo reconoció la atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber devuelto el importe de la estafa y la cantidad que la aseguradora pagó para cancelar el contrato de préstamo para la compra de la motocicleta.

El agente, según el apartado de hechos probados, “siendo plenamente conocedor de que tales hechos no habían sucedido y dicha motocicleta continuaba en su poder”, denunció el falso robo el 15 de enero de 2024, según informó el diario Levante-EMV. Todo ello, “con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito”.

El Ministerio del Interior ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que declara la pérdida de la condición de funcionario del agente Francisco Javier Z. M., por la pena de inhabilitación especial a la que fue condenado.

El Ministeri de l’Interior ha expulsat del cos l’agent de la Policia Nacional adscrit a la comissaria de Torrent que va ser condemnat a dos anys i un mes de presó per un delicte d’estafa en concurs ideal amb un delicte de falsedat documental comesa per funcionari públic i un altre de falsedat en document oficial. També va ser condemnat a inhabilitació especial durant un any i un mes per a ocupació o càrrec públic.

Francisco Javier Z. M. va arribar a un pacte de conformitat i va reconéixer davant el tribunal de la secció primera de l’Audiència Provincial de València que va falsificar un atestat en què denunciava el robatori de la seua motocicleta per a cobrar 13.000 euros d’indemnització de l’assegurança.

El condemnat va canviar posteriorment les plaques de matriculació de la moto i va continuar usant-la fins que va ser detectada per la Policia. La sentència va reconéixer l’atenuant molt qualificat de reparació del mal per haver tornat l’import de l’estafa i la quantitat que l’asseguradora va pagar per a cancel·lar el contracte de préstec per a la compra de la motocicleta.

L’agent, segons l’apartat de fets provats, “sent plenament sabedor que aquests fets no havien passat i aquesta motocicleta continuava en poder seu”, va denunciar el fals robatori el 15 de gener de 2024, segons va informar el diari Levante-EMV. Tot això, “amb ànim d’obtindre un enriquiment il·lícit”.

El Ministeri de l’Interior ha publicat dimarts en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la resolució que declara la pèrdua de la condició de funcionari de l’agent Francisco Javier Z. M., per la pena d’inhabilitació especial a què va ser condemnat.