La fiscal jefa provincial de Valencia, María Pilar Tomás, se ha inhibido a favor de su homólogo del Tribunal Superior de Justicia, José Ortiz, en relación con la denuncia del PSPV-PSOE por un presunto delito de injurias contra la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, por un mensaje en la red social X, colgado el pasado 23 de julio, en el que la dirigente de Vox tildaba de “capo de la mafia corrupta” al presidente Pedro Sánchez.

Tras la denuncia presentada por el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, la fiscal provincial recuerda que Massó ostenta el aforamiento como presidenta de la cámara autonómica y, por lo tanto, aduce que no es competente para investigar preliminarmente los hechos denunciados.

El escrito decreta su inhibición a la Fiscalía adscrita al TSJ de la Comunitat Valenciana.

La fiscal cap provincial de València, María Pilar Tomás, s’ha inhibit a favor del seu homòleg del Tribunal Superior de Justícia, José Ortiz, en relació amb la denúncia del PSPV-PSOE per un presumpte delicte d’injúries contra la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, per un missatge en la xarxa social X, publicat el passat 23 de juliol, en el qual la dirigent de Vox qualificava de “capo de la màfia corrupta” el president Pedro Sánchez.

Després de la denúncia presentada pel secretari d’Organització del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, la fiscal provincial recorda que Massó ostenta l’aforament com a presidenta de la cambra autonòmica i, per tant, al·lega que no és competent per a investigar preliminarment els fets denunciats.

L’escrit decreta la seua inhibició a favor de la Fiscalia adscrita al TSJ de la Comunitat Valenciana

El magistrado de la Audiencia Nacional al que le ha correspondido este caso, Antonio Piña, ha emitido una resolución en la que solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar los hechos que relata la querella presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos extrabajadoras la semana pasada.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es indican que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dio este paso el pasado martes. Ahora, será la misma Fiscalía que ya en enero archivó la investigación al entender que se daba una falta de competencia de los tribunales españoles, quien deberá emitir nuevo informe al respecto.

La petición de informes al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia de este tribunal especial respecto a la competencia en determinadas causas es algo habitual y recurrente, si bien los mismos no son vinculantes para los magistrados.

Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), son las dos extrabajadoras de las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas que han presentado una querella en la que le acusan de varios delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas. Así lo comunicó la organización Women’s Link que ejerce la defensa legal de las extrabajadoras.

Según los testimonios de Rebeca y Laura, Julio Iglesias “habría aprovechado su posición de poder” y la “vulnerabilidad” de ellas para “captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante”, dijo la organización. Las abogadas comunicaron que en la querella Rebeca y Laura describen “que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”. Unos testimonios coincidentes con los que publicó elDiario.es y Univision Noticias en sus entrevistas a estas mujeres.

Cuándo puede investigar la justicia española

La primera acción legal de Rebeca y Laura contra Julio Iglesias fue poner en conocimiento de una autoridad estos hechos. Eligieron la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que las tomó declaración. Unos días después, la Fiscalía tomó la decisión de no investigar los hechos porque consideró que España no tenía competencia jurisdiccional.

La decisión fue controvertida y diferentes juristas explicaron su punto de vista contrario. Aunque la base general es que los delitos se juzgan en el territorio en el que se cometen, existen excepciones cuando el investigado tiene nacionalidad española. Según la catedrática de Derecho Penal en la Universitat de Valencia Lucía Martínez Garay, el caso de Julio Iglesias cumple los requisitos tanto para el principio de la personalidad activa como en el de la justicia universal.

Para que España pueda juzgar hechos cometidos fuera del territorio español por ciudadanos españoles no vale cualquier crimen. Tiene que ser uno que sea considerado delito por las leyes españolas y también por las leyes del país donde ese hecho se haya cometido. Este aspecto se cumple. El siguiente requisito es que el delincuente no haya sido ya absuelto, indultado o penado en otro país; este también se cumple. Por último, el Ministerio Fiscal o el propio perjudicado por el delito tiene que interponer una querella ante la Audiencia Nacional. El Ministerio Fiscal no interpuso querella, pero Rebeca y Laura, sí.

El principio de justicia universal, aunque quedó muy reducido desde el año 2014, sí se puede aplicar a este caso, según Martínez Garay. Los delitos que se atribuyen forman parte del reducido listado que admite la justicia universal. Y los requisitos no piden que tanto la víctima como el investigado tengan nacionalidad o residencia española, basta con que se cumpla una de las dos condiciones.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín también defendió en un artículo en El País que España sí tiene jurisdicción para investigar las acusaciones contra el cantante y calificó la interpretación de la ley que hace la Fiscalía como “desobediente”.

La catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona Mercedes García Arán señaló que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo están haciendo interpretaciones “restrictivas” sobre la ley. “Son las interpretaciones judiciales restrictivas de la ley y no la ley misma las que obstaculizan la competencia española en este caso”, señaló en un artículo en este medio.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido este miércoles la personación del Estado como acusación particular en la causa en la que investiga la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. La decisión se produce un día después de que los servicios jurídicos del Estado argumentaran que el Estado se veía concernido de manera “incuestionable” en el asunto, puesto que la magistrada indicó en el auto por el que declaraba su competencia que los hechos pudieron suponer “una violación de la integridad territorial de España”.

El la jueza acordó aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trató de un ataque contra la integridad territorial de España y que afectó a la paz o independencia del Estado.

Tardón emitió ese auto tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí era competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

La defensa de las tres sobrinas de Rita Barberá procesadas en el marco del 'caso Azud' no ve indicios de delito contra ellas y tilda de “improcedente” su inclusión en el auto de procedimiento abreviado notificado el pasado 3 de septiembre. El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, asegura que “no concurren” indicios de responsabilidad criminal contra las hijas del abogado José María Corbín y sobrinas de las la fallecida alcaldesa de València y solicita el sobreseimiento, ya sea provisional o libre.

El auto, tal como informó este diario, concluyó que “no consta que las tres hijas participasen en las actividades delictivas de su padre, pero sí que se han aprovechado económicamente de las mismas”.

La jueza Pepa Tarodo reseñaba que María Rita Corbín Barberá tuvo “amplios poderes” en la sociedad Corbín Abogados SL, sociedad en la que las tres hermanas contaban con una participación del 16% por cabeza. María Rita Corbín, la hermana mayor, también estaba autorizada en una caja de seguridad en Bankia contratada por su padre, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula con las presuntas mordidas, y en una cuenta bancaria que recibió transferencias de la constructora Cyes.

Por otro lado, la instructora reprochaba que el préstamo para la compra por parte de Rita Corbín de una vivienda adquirida a la constructora Cleop (cuyo expresidente, Carlos Turró, también figura como procesado) fue abonado “en su mayor parte” por la mercantil Corbín Abogados SL. El cuñado de Rita Barberá también hizo sendas donaciones —de 150.000 euros cada una— a sus otras dos hijas (María Asunción y María José Corbín Barberá) para la adquisición de dos inmuebles, unos fondos que la investigación vincula con las presuntas mordidas cobradas por el letrado por su supuesta intermediación en adjudicaciones municipales.

“Ninguno de los extremos anteriores acredita participación alguna de mis representadas en las presuntas actividades delictivas investigadas no concurriendo, en consecuencia, respecto de mis representadas, ningún indicio racional de criminalidad”, afirma el recurso de la defensa de las tres mujeres.

El abogado Javier Gómez-Ferrer indica que el auto considera a las tres hijas de Corbín como “meras beneficiarias económicas de una actividad presuntamente delictiva” (una apreciación que la defensa rechaza “expresamente”, según remacha), por lo que en todo caso constituiría una “modalidad de responsabilidad civil derivada del delito”.

Es decir, en términos jurídicos se correspondería “a lo sumo” con la figura de la participación a título lucrativo (un tercero que, sin haber intervenido en el delito, se habría beneficiado de sus efectos y frente al cual podría exigirse la restitución de lo indebidamente percibido).

Esa eventual exigencia de responsabilidad civil “no requiere —ni justifica— su” procesamiento, sin que la defensa vea la necesidad de “someter” a las tres sobrinas de Rita Barberá “a la carga y el estigma de un proceso penal como encausadas”.

Bellver “no puede comprender su situación procesal”

Por otro lado, la defensa de Jorge Bellver, exconcejal de Urbanismo y exdirector general de la Generalitat, ha reiterado su petición para que sea examinado por un médico forense tras el accidente cardiovascular que sufrió el pasado 11 de junio, al día siguiente de su dimisión.

Tras el auto de procesamiento, “se hace todavía más necesario” el examen forense y “a la mayor brevedad”, para que un facultativo se pronuncie sobre si Bellver tiene la capacidad procesal para someterse a procesamiento y juicio oral.

El escrito, al que también ha tenido acceso este diario, pide que el procedimiento se suspenda provisionalmente respecto de Jorge Bellver (o que se suspendan los plazos) para no vulnerar su derecho a la defensa o causarle indefensión, ya que “no puede comprender su situación procesal ni los hechos que se le imputan”.

El fiscal anticorrupció, Fernando Maldonado, ha recorregut contra la sentència que va absoldre el passat 23 de juny Marcos Benavent, autodenominat ‘ionqui dels diners’, i l’exdirigent del PP valencià Vicente Burgos en la peça separada E del cas Taula, relativa a les presumptes irregularitats en contractes municipals de la presumpta trama. El tribunal de la Secció Cinquena de l’Audiència Provincial de València, segons una interlocutòria dictada el passat 2 de setembre, acorda tindre preparat el recurs de cassació interposat pel Ministeri Fiscal davant el Tribunal Suprem (TS).

L’escrit d’Anticorrupció, al qual ha tingut accés elDiario.es, qüestiona que la sentència considere prescrit el presumpte delicte continuat de malversació de cabals públics imputat a Benavent i a Burgos, que van ser absolts juntament amb els empresaris Carlos Turró, Carlos Vicent Gil i Enrique Aleixandre.

Mentre que el tribunal va concloure que es va formular acusació contra el’‘ionqui dels diners’ i contra Vicente Burgos per una presumpta malversació, sense que foren imputats expressament per aquest delicte fins al 2023 i per ordre de la Secció Quarta de l’Audiència de València, el fiscal Maldonado sosté que tots dos acusats van prestar declaració en fase d’instrucció pels fets “acoblables” en el delicte de malversació, “per la qual cosa l’acusació ni ha prescrit ni pot considerar-se sorprenent”, afirma.

Una “denegació indeguda” d’una prova clau

L’escrit destaca les “contradiccions” entre les declaracions testificals de Marcos Benavent en la fase d’instrucció —durant la seua etapa inicial de col·laboració amb Anticorrupció— i les seues manifestacions en el juí oral, en sentit diametralment contrari.

El fiscal va sol·licitar al tribunal l’audició de les declaracions del “ionqui dels diners’ durant la fase d’instrucció, una opció denegada per la Secció Cinquena de l’Audiència de València, al·legant que no s’ajustava a la normativa i que la prova no resultava necessària. El recurs argumenta que l’acusació pública va patir una ”denegació indeguda de la pràctica de prova“.

Es tracta, segons indica Anticorrupció, d’una “prova essencial” per a “destruir la presumpció d’innocència de tots els acusats, atés que l’absència de valoració de la declaració judicial de l’acusat Marcos Benavent va afectar el conjunt de la valoració efectuada”. El fiscal veu, per tant, una vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.

El Ministeri Públic també qüestiona que el tribunal descartara que Marcos Benavent fora funcionari públic, per la qual cosa el va absoldre dels presumptes delictes continuats de prevaricació administrativa i suborn.

Condemna ferma a huit anys de presó

D’altra banda, el TS va confirmar el passat 26 de juny la condemna a quasi huit anys de presó imposada a Benavent per l’Audiència de València com a autor dels delictes de blanqueig i falsedat, en el marc de la peça separada J del cas Taula. L’Alt Tribunal, tal com va informar aquest diari, va avalar la prova fonamental del procediment: les gravacions que va efectuar subreptíciament el “‘ionqui dels diners’ als seus correligionaris de la trama.

Benavent va ingressar a la presó de Picassent el passat mes de juliol.

El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha recurrido la sentencia que absolvió el pasado 23 de junio a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', y al exdirigente del PP valenciano Vicente Burgos en la pieza separada E del 'caso Taula', relativa a las supuestas irregularidades en contratos municipales de la presunta trama. El tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, según un auto dictado el pasado 2 de septiembre, acuerda tener preparado el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal ante el Tribunal Supremo (TS).

El escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso elDiario.es, cuestiona que la sentencia considere prescrito el presunto delito continuado de malversación de caudales públicos imputado a Benavent y a Burgos, que fueron absueltos junto con los empresarios Carlos Turró, Carlos Vicent Gil y Enrique Aleixandre.

Mientras que el tribunal concluyó que se formuló acusación contra el 'yonqui del dinero' y contra Vicente Burgos por una presunta malversación, sin que fueran imputados expresamente por ese delito hasta 2023 y por orden de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, el fiscal Maldonado sostiene que ambos acusados prestaron declaración en fase de instrucción por los hechos “encajables” en el delito de malversación, “por lo que la acusación ni ha prescrito ni puede considerarse sorpresiva”, afirma.

Una “denegación indebida” de una prueba clave

El escrito destaca las “contradicciones” entre las testificales de Marcos Benavent en la fase de instrucción (durante su etapa inicial de colaboración con Anticorrupción) y sus manifestaciones en el juicio oral, en sentido diametralmente contrario.

El fiscal solicitó al tribunal la audición de las declaraciones del 'yonqui del dinero' durante la fase de instrucción, una opción denegada por la sección quinta de la Audiencia de Valencia, aduciendo que no se ajustaba a la normativa y que la prueba no resultaba necesaria. El recurso arguye que la acusación pública sufrió una “denegación indebida de la práctica de prueba”.

Se trata, según indica Anticorrupción, de una “prueba esencial” para “destruir la presunción de inocencia de todos los acusados, dado que la ausencia de valoración de la declaración judicial del acusado Marcos Benavent afectó al conjunto de la valoración efectuada”. El fiscal ve, por lo tanto, una vulneración del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva.

El Ministerio Público también cuestiona que el tribunal descartara que Marcos Benavent fuera funcionario público, por lo que lo absolvió de los presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y cohecho.

Condena firme a ocho años de prisión

Por otro lado, el TS confirmó el pasado 26 de junio la condena a casi ocho años de prisión impuesta a Benavent por la Audiencia de Valencia como autor de los delitos de blanqueo y falsedad, en el marco de la pieza separada J del 'caso Taula'. El alto tribunal, tal como informó este diario, avaló la prueba fundamental del procedimiento: las grabaciones que efectuó subrepticiamente el 'yonqui del dinero' a sus correligionarios de la trama.

Benavent ingresó en la cárcel de Picassent el pasado mes de julio.

La audiencia preliminar que se ha celebrado este martes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha supuesto el punto y final de la instrucción que el juez Juan Carlos Peinado arrancó en 2024 y que, con toda probabilidad, derivará en la redacción por parte del magistrado de un auto en el que acordará la apertura de juicio oral. Juicio que se celebrará por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Ante los nueve ciudadanos que conformen ese jurado se sentarán, presumiblemente, Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación.

El juez Peinado ha llegado sobre la bocina a esta última cita a la que finalmente no asistieron ninguna de las dos imputadas. Tras esta audiencia, el juez disfrutará de unas vacaciones que le apartarán de sus quehaceres laborales hasta el 18 de septiembre. Y desde entonces tendrá hasta el 27 de este mes para redactar ese auto final antes de disfrutar de su jubilación -los magistrados deben jubilarse forzosamente al cumplir los 72 años de edad-.

Fuentes jurídicas presentes en esta audiencia han reseñado a elDiario.es que la defensa de Begoña Gómez ha planteado durante su intervención la ineficacia del escrito de acusación presentado por la acusación popular dirigida por HazteOir -la única acusación que pide la apertura de juicio oral- porque presenta graves defectos insubsanables.

Indican que el letrado, Jaime Campaner -experto en procedimientos del Tribunal del Jurado-, ha señalado que la norma es muy clara al exigir a las acusaciones que en la conclusión primera de sus escritos se limiten a relatar “los hechos punibles”. Así, ha criticado que de forma insólita la acusación de HazteOir ha trufado de referencias a atestados policiales y, sobre todo, a declaraciones prestadas en fase de instrucción lo que debió limitarse a una narración de hechos.

Campaner ha sostenido ante Peinado que esta situación es especialmente grave al tratarse de un procedimiento por jurado, pues la ley opta por no permitir que lo ocurrido en fase de investigación llegue al juicio para no contaminar al jurado. Además, ha recordado que la ley del jurado, a diferencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, da una última oportunidad a la acusación para que modifique su escrito al comienzo de la audiencia preliminar, por lo que su escrito debe ser considerado irremediablemente ineficaz.

Por su parte, el fiscal se ha ratificado en su escrito en el que indicó que no veía delito, y el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, ha pedido el archivo de la causa y ha señalado que valora recurrir la audiencia preliminar porque su representada no ha podido asistir dada la premura de la citación. HazteOir, finalmente, no ha solicitado medida cautelar alguna para las imputadas y ha mantenido que se debe ir a juicio con jurado popular.

Cabe recordar que esta audiencia, a la que no renunciaron las diferentes partes previamente, es un trámite necesario recogido en la ley del Tribunal de Jurado, y sirve para marcar posiciones de cara al juicio y para exponer ante el magistrado los escritos de conclusiones provisionales. Además, las diferentes partes han podido marcar posiciones de cara al juicio. Tanto la defensa de Begoña Gómez como la de Cristina Álvarez se oponen en sus escritos a la celebración del juicio solicitando su libre absolución, mientras que la acusación popular dirigida por HazteOir mantiene en su escrito la petición de 13 años de cárcel para la esposa de Pedro Sánchez.

Esta vista se ha celebrado después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en julio la investigación llevada a cabo por el juez instructor contra Gómez, al menos en lo que respecta a los delitos de tráfico de influencias y malversación. Descartó, sin embargo, seguir el procedimiento contra ella por los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y sacó de este procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés. Contra el empresario, los magistrados acordaron seguir la investigación en procedimiento abreviado para ventilar lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos investigados.

Junto a Begoña Gómez será juzgada su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, aunque solo en relación con el supuesto desvío del software de la Complutense, por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada por tráfico de influencias.

El tribunal de la Audiencia Provincial sostuvo, por otro lado, que la decisión de Peinado de llevar el procedimiento por el tribunal del jurado “no puede reputarse arbitraria ni contraria a Derecho, en la medida en que identifica los delitos que, de manera indiciaria, pudieran resultar aplicables y justifica la continuación del procedimiento por dicho cauce”.

Y sobre esos indicios, los jueces de la Sección 23 afirman: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”.

Tras ese auto llegaron los escritos de conclusiones provisionales. El nuevo abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, señaló que se debía declarar la libre absolución de su mandante dado que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel “no son ciertos” y “no existe delito alguno”. Insistía en que “no influyó ni ejerció presión moral” para conseguir la cátedra de la Complutense y en que no hay “delito alguno” en los hechos.

La defensa de Cristina Álvarez, por su parte, señaló igualmente que los hechos descritos por el juez “no son constitutivos de delito” y que la causa “está condenada a la disolución del jurado”. Además, interesó que HazteOir tuviera que hacerse cargo de las costas de la defensa de su patrocinada.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a seis años de cárcel a una mujer por un delito de asesinato en grado de tentativa al ver acreditado que trató de envenenar a su marido y padre de su hijo en Bilbao en el año 2024. Según los hechos probados durante el juicio, el 7 de julio de ese mismo año, la procesada cocinó unos crepes que dejó preparados en la nevera a los que “guiada por el ánimo de causar la muerte” de la víctima, incorporó comprimidos de diazepam. A la mañana siguiente, cuando el hijo de ambos se hallaba en la guardería, la encausada accedió a la habitación en la que la víctima se encontraba teletrabajando y le llevó los crepes, que poco después el hombre ingirió. Posteriormente, la procesada, aprovechando el estado de inconsciencia de la víctima provocado por el diazepam ingerido y, “guiada por el ánimo de causar su muerte y simular un suicidio”, le practicó, según ha quedado probado, “una serie de cortes en los brazos y trató de asfixiarle tapando su cara con una almohada”.

El ataque hizo que la víctima se despertara y forcejeara con la procesada, para después pedir auxilio gritando. En el forcejeo, la mujer causó varios cortes a la víctima, que cayó al suelo. Un vecino alertó a la Policía tras escuchar gritos y minutos después se personó la Ertzaintza en el inmueble y llamó a la puerta. La mujer no salió del domicilio hasta más de 10 minutos después tras realizarse varios cortes en los brazos y la cara, por lo que el tribunal considera que la encausada trató de “inculpar a la víctima la comisión de un delito cometido contra su persona”, es decir, que fue él quien la atacó a ella. Sin embargo, los agentes encontraron a la víctima en el suelo de la habitación, inconsciente y tuvo que ser trasladado al hospital donde fue ingresado por las heridas provocadas y el estado de “bajo nivel de consciencia” al haber ingerido psicofármacos, “quedando por todo ello comprometida de forma muy importante la vida, por tratarse de lesiones en su conjunto con elevado riesgo vital”, aclara la sentencia.

La sentencia recoge que durante el juicio, “la acusada reconoció la totalidad de los hechos y mostró un arrepentimiento total y sincero de su conducta delictiva”. “Se arrepiente de sus comportamientos antijurídicos y culpables, reconociendo sin ambages la gravedad de su conducta y el daño provocado”, sostiene el documento. Por ello, la Audiencia Provincial de Bizkaia contempla en la condena la atenuante “muy cualificada de reparación de daño y la circunstancia atenuante analógica de alteración psíquica”. “En modo alguno tratamos de disculpar el daño causado por la encausada, si no que procuramos poner de relieve que el comportamiento procesal seguido por la acusada o por las directrices que haya podido recibir de los profesionales que la han asistido, no permite desautorizar el expresado perdón y el arrepentimiento de sus acciones y del daño causado; incluido el relativo a la separación temporal que tuvo lugar entre la víctima y su hijo menor. Por lo tanto, sí que valoramos este elemento subjetivo del reconocimiento de su culpabilidad como una manifestación real de su arrepentimiento del delito y como expresión de que su voluntad reparadora está presidida por la intención de disminuir las consecuencias dañosas que su conducta delictiva causó en la víctima, procurándole la satisfacción económica que el Ministerio Fiscal ha exigido como cantidad indemnizatoria del perjuicio sufrido”, recoge, haciendo referencia a una indemnización de 55.480 euros que pagó la encausada en octubre de 2025.

A pesar de ello, el tribunal no contempla razones para rebajar la pena. “Las razones que nos llevan a imponer una pena superior están basadas en el conjunto y en la clase de acciones que la acusada llevó a cabo contra la víctima con la finalidad de acabar con su vida, que evaluadas incluso de manera individual, pero sin olvidar su sucesión cronológica, suponen un altísimo grado de desvalor de sus conductas y justifican la imposición de la pena de 6 años de prisión. Hay que tener en cuenta que la administración de diazepam ya hubiera provocado como consecuencia biológica natural el resultado de muerte de la víctima. Pero, lejos de detenerse en este ataque al bien jurídico protegido de su vida, la acusada intentó asfixiarlo, y además y puesto que opuso un tibio grado de resistencia debido a su intoxicación de consecuencias mortales, empleó violencia contra él sujetándolo, arrastrándolo, y causándole lesiones cortantes en los tejidos de considerable entidad”, sostiene la sentencia.

Por ello, la Audiencia Provincial de Bizkaia condena a la procesada a 6 años de prisión por ser responsable de un delito de asesinato en grado de tentativa, concurriendo la circunstancia agravante de parentesco y las circunstancias atenuantes de reparación de daño y de alteración psíquica, con la accesoria legal de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante igual tiempo. Además, le condena a la privación de la patria potestad sobre su hijo. La condenada no podrá acercarse a la víctima a una distancia inferior a 200 metros, así como comunicarse con él por cualquier medio por tiempo superior en 6 años al de la pena de prisión impuesta (total de 12 años, 6 de ellos de cumplimiento simultáneo a la pena). Contra la sentencia puede interponerse recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La Junta de Andalucía ha anunciado el inicio del procedimiento destinado a restablecer la legalidad en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), para demoler el edificio hotelero de una veintena de plantas y 411 habitaciones que se asienta en la zona con el fin de “devolver los terrenos protegidos a su estado original”.

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha acordado abrir un expediente a tal fin después de que el Ayuntamiento de Carboneras aprobase en Pleno la revisión de oficio de la licencia de obras, para su nulidad, el pasado 7 de julio.

El asunto ha sido abordado este martes en una reunión celebrada en el Palacio de San Telmo, a la que ha asistido la consejera Rocío Díaz, según ha trasladado la Junta. “Hoy damos un paso decisivo en un asunto que lleva demasiados años abierto. La Junta ha mantenido una hoja de ruta clara: actuar con seguridad jurídica, hacer cumplir la legalidad y avanzar hasta conseguir la demolición del hotel y la recuperación de este espacio protegido”, ha señalado Díaz.

La actuación se ampara en la competencia que la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), atribuye directamente a la Comunidad Autónoma para defender la legalidad territorial cuando se producen actuaciones contrarias a la ordenación del territorio. Entre esos supuestos se encuentran las actuaciones que afecten a suelos especialmente protegidos y al espacio litoral.

Restauración del terreno

El expediente permitirá determinar las medidas necesarias para devolver los terrenos a la situación anterior a la construcción del hotel. El informe elaborado por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo antes de iniciar el procedimiento establece que esa restitución deberá incluir el desmantelamiento de servicios, infraestructuras e instalaciones vinculadas al inmueble, la demolición del hotel y la restauración de los terrenos, con el objetivo de recuperar los valores que justificaron su especial protección.

El hotel, al que se concedió licencia para su construcción en enero de 2003, se levanta sobre terrenos clasificados ya como suelo no urbanizable de especial protección, dentro del entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. En este sentido, la demolición y restauración está prevista por un Protocolo firmado en 2011 por el Gobierno y la Junta de Andalucía, que distribuye las tareas: demolición y desescombro para el Estado, restauración para la Junta.

Sin embargo, la expropiación fue un punto de fricción entre las administraciones: el asunto está en manos de un jurado provincial de expropiaciones, que dio en marzo un plazo de seis meses después de que la promotora Azata del Sol S.L, dueña del inmueble, rechazara el justiprecio del suelo propuesto por el Gobierno.

Ahora bien, la declaración de nulidad de la licencia era un trámite imprescindible para poder avanzar por esta vía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había requerido en junio al Ayuntamiento de Carboneras que culminara en un plazo de 20 días hábiles el procedimiento de revisión de oficio del permiso concedido a la promotora en 2003. Finalmente, el Pleno municipal adoptó el acuerdo el pasado 7 de julio.

Más de 20 años

Por un lado, el Gobierno andaluz se personó en el incidente de ejecución de las sentencias que obligaban al Ayuntamiento de Carboneras a adaptar su planeamiento para que los terrenos de El Algarrobico figurasen correctamente como suelo no urbanizable de especial protección. Díaz ha subrayado que “ahora corresponde continuar el procedimiento con todas las garantías hasta completar la restitución de los terrenos”.

La posición mantenida por la Junta, que ha defendido la nulidad de la licencia como la vía jurídicamente “más segura” para avanzar hacia la demolición, recibió además el respaldo de la Secretaría municipal y del Consejo Consultivo de Andalucía. Este último consideró procedente la revisión de oficio antes de que el Ayuntamiento adoptara finalmente el acuerdo de nulidad.

Sin embargo, el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha recibido cuatro recursos en contra de la decisión a lo largo del mes de agosto. El primero es de la propia promotora del hotel, Azata del Sol, y los otros tres corresponden a Cristóbal Fernández, exalcalde de Carboneras (PSOE), quien concedió la licencia; otro de José Luis Amérigo, exalcalde también con el PSOE de 2019 a 2023; y el último de Felipe Cayuela (anteriormente en el PP) , alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023, antes de ser desbancado en una moción de censura liderada por Salvador Hernández (Ciudadanos), el actual regidor, quien ahora gobierna solo.

En todo caso, desde Ecologistas en Acción-Almería hicieron hincapié a través de un comunicado que los recursos presentados “son maniobras dilatorias para retrasar la demolición, pero el acuerdo es firme mientras un juez no diga lo contrario”. “Los recursos no tienen base alguna, ya hay dos sentencias de la Audiencia Nacional confirmadas por el Supremo diciendo que Azata no tiene derecho a indemnización y el Ayuntamiento ahora tiene la obligación de restablecer la legalidad urbanística ordenando el derribo”, determinan. La apertura de expediente, recuerdan además, es un procedimiento que se ha realizado en otras ocasiones, como Tabernas en diciembre de 2025, así que apremian a la administración para “no dilatar más tiempo” el derribo.

La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat en una sentència el recurs presentat pel grup Acció Ecologista-Agró contra el projecte de construcció del moll de contenidors de l’ampliació nord del Port de València, amb un pressupost de licitació superior als 660 milions d’euros.

Els magistrats consideren que la declaració d’impacte ambiental (DIA) formulada el 30 de juliol de 2007 es mantenia vigent quan el projecte redactat el 2021 va ser aprovat pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València el 2 de desembre de 2022, ja que les obres de la primera fase que s’hi preveien no havien conclòs i la segona fase “formava part del mateix únic projecte”.

D’aquesta manera, “les modificacions incorporades en el projecte del 2021 —encara que de molt notable envergadura respecte al projecte originari— no constitueixen un projecte que exigira una nova declaració d’impacte ambiental”, precisa l’Alt Tribunal valencià, “ni tan sols simplificada, per no comportar innovacions que pogueren tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient” en els termes que preveu l’article 7.2 c) de la Llei d’Avaluació Ambiental del 9 de desembre de 2013.

La Sala assenyala que resulta necessari determinar si es tracta de “dos projectes als efectes de l’impacte ambiental, no ‘projecte’ als efectes purament conceptuals o d’acord amb altres prescripcions legals (Llei de l’Edificació, la legislació de contractes del sector públic pel que fa a les modificacions de projectes per damunt del 20%, etc.), perquè una resposta eventualment afirmativa ens hauria de portar a entendre que s’hauria requerit una nova avaluació ambiental”.

Així, la sentència —que pot ser recorreguda en cassació davant el Tribunal Suprem— analitza l’informe pericial emés per un enginyer de camins, canals i ports designat per la mateixa Sala i que va comparéixer en una vista celebrada el setembre de l’any passat per a aclarir el seu dictamen. “Doncs bé, del contingut d’aquest, incloent-hi els seus aclariments, considera la Sala no acreditat que estiguem davant d’un nou projecte a efectes mediambientals”, conclouen els magistrats.

El Tribunal destaca que aquest informe pericial, que sí que refereix la necessitat d’una nova DIA, “omet”, en canvi, “endinsar-se a fons sobre el que, en rigor, li va ser sol·licitat en concret”, com una anàlisi d’emissions atmosfèriques del trànsit marítim, increments en la utilització de recursos naturals, abocaments al litoral, generació de residus o una hipotètica afecció al Parc Natural de l’Albufera, entre altres extrems.

A més, es basa “significativament” en un altre informe pericial aportat per l’associació demandant que no avaluava les dues addicions al projecte del 2018, que van ser introduïdes el 2020, prossegueixen els magistrats.

Per contra, el pèrit judicial que va comparéixer en la vista no va valorar un altre dictamen, encarregat per l’Autoritat Portuària i subscrit el febrer de 2022 per un altre enginyer, que al Tribunal li resulta “solvent” tant per la seua “metodologia” com per les seues “conclusions”.

Aquest informe pericial del 2022 i altres documents, com una nota tècnica subscrita l’abril del 2021 pel director de Planificació i Desenvolupament i conformada pel president de Ports de l’Estat, mereixen a la Sala un crèdit més gran i la porten a considerar que no era necessària una nova avaluació ambiental.

La Secció Quarta del TSJCV recorda igualment que no són objecte d’aquest plet altres procediments relacionats amb el Port de València inclosos en els fonaments jurídics de la demanda, com la concessió d’una terminal de contenidors, una altra de passatgers, el rescat d’una tercera concessió o el Pla Especial de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL).

De la mateixa manera, la sentència recull que no ha quedat acreditat “ni en el fàctic ni en el jurídic que l’acord aprovatori del projecte constructiu del Moll de Contenidors de l’Ampliació Nord del Port de València incórrega en cap vici invalidant”.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado en una sentencia el recurso presentado por el grupo Acció Ecologista Agró contra el proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia, con un presupuesto de licitación superior a los 660 millones de euros.

Los magistrados consideran que la declaración de impacto ambiental (DIA) formulada el 30 de julio de 2007 se mantenía vigente cuando el proyecto redactado en 2021 se aprobó por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia el 2 de diciembre de 2022, pues las obras de la primera fase que en ella se contemplaban no habían concluido y la segunda fase “formaba parte del mismo único proyecto”.

De este modo, “las modificaciones incorporadas en el proyecto de 2021 -aunque de muy notable envergadura respecto al proyecto originario- no constituyen proyecto que exigiera nueva declaración de impacto ambiental”- precisa el Alto Tribunal valenciano- “ni siquiera simplificada, por no llevar consigo innovaciones que pudieran tener efectos adversos significados sobre el medio ambiente” en los términos que prevé el artículo 7.2 c) de la Ley de Evaluación Ambiental de 9 de diciembre de 2013.

La Sala señala que resulta preciso determinar si se trata de “dos proyectos a los efectos del impacto ambiental, no ‘proyecto’ a los efectos puramente conceptuales o con arreglo a otras prescripciones legales (Ley de la Edificación, la legislación de contratos del sector público en punto a las modificaciones de proyectos por encima del 20%, etc), porque una respuesta eventualmente afirmativa habría de llevarnos a entender que se hubiera requerido una nueva evaluación ambiental”.

Así, la sentencia -que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo- analiza el informe pericial emitido por un ingeniero de caminos, canales y puertos designado por la propia Sala y que compareció en una vista celebrada en septiembre del pasado año para aclarar su dictamen.

“Pues bien, del contenido del mismo, incluyendo sus aclaraciones, considera la Sala no acreditado que estemos ante un nuevo proyecto a efectos medioambientales”, concluyen los magistrados.

El Tribunal destaca que ese informe pericial, que sí refiere la necesidad de una nueva DIA, “omite” en cambio “adentrarse a fondo sobre lo que, en rigor, le fue solicitado en concreto”, como un análisis de emisiones atmosféricas del tráfico marítimo, incrementos en la utilización de recursos naturales, vertidos al litoral, generación de residuos o una hipotética afección al Parque Natural de la Albufera, entre otros extremos.

Además, se basa “significativamente” en otro informe pericial aportado por la asociación demandante que no evaluaba las dos adiciones al proyecto de 2018, que fueron introducidas en 2020, prosiguen los magistrados.

Por el contrario, el perito judicial que compareció en la vista no valoró otro dictamen, encargado por la Autoridad Portuaria y suscrito en febrero de 2022 por otro ingeniero, que al Tribunal le resulta “solvente” tanto por su “metodología” como por sus “conclusiones”.

Ese informe pericial de 2022 y otros documentos, como una nota técnica suscrita en abril de 2021 por el director de Planificación y Desarrollo y conformada por el presidente de Puertos del Estado, merecen a la Sala un mayor crédito y le llevan a considerar que no era precisa una nueva evaluación ambiental.

La Sección Cuarta del TSJCV recuerda igualmente que no es objeto de este pleito otros procedimientos relacionados con el puerto de Valencia incluidos en los fundamentos jurídicos de la demanda, como la concesión de una terminal de contenedores, otra de pasajeros, el rescate de una tercera concesión o el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

Del mismo modo, la sentencia recoge que no ha quedado acreditado “ni en lo fáctico ni en lo jurídico que el acuerdo aprobatorio del proyecto constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de valencia incurra en vicio invalidante alguno”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha estimado el recurso de un director de agencias de seguros y lo ha declarado en situación de incapacidad permanente total para ejercer su profesión habitual, derivada de enfermedad común. La resolución revoca la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz y la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que había denegado inicialmente la prestación.

El proceso administrativo arrancó de oficio en julio de 2024 tras agotar el trabajador el periodo máximo de 545 días de baja laboral por incapacidad temporal. El cuadro clínico acreditado determinaba un trastorno adaptativo con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, con dictámenes psiquiátricos que advertían de que la exposición a su entorno laboral previo provocaría con alta probabilidad un “claro empeoramiento de la sintomatología y un retroceso en su proceso evolutivo”. Pese a ello, la entidad gestora rechazó la invalidez y el juzgado de instancia desestimó posteriormente la demanda del afectado.

Al evaluar el recurso de suplicación, el TSJEx ha analizado la disparidad entre las limitaciones psíquicas del trabajador y los requerimientos funcionales de su puesto de trabajo. La sentencia enfatiza que la profesión de director de seguros lleva aparejada una alta exigencia de carga mental, comunicación y toma de decisiones (calificadas con un nivel 4 sobre 4 en profesiograma), unida a una constante atención al público (nivel 3 sobre 4).

Bajo estas premisas, los magistrados han concluido que el demandante no se encuentra capacitado para desarrollar las tareas fundamentales de su empleo con los requerimientos mínimos de eficacia, dedicación y continuidad que exige el mercado laboral.

El fallo del TSJEx declara la incapacidad permanente total con derecho al cobro de la pensión mensual correspondiente, matizando que la decisión se adopta sin perjuicio de que la entidad gestora pueda incoar un expediente de revisión por mejoría si el paciente experimentara una evolución clínica favorable en el futuro.

La resolución judicial no es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha rebutjat reconèixer la incapacitat permanent absoluta a un treballador diagnosticat de fibromiàlgia i altres patologies en considerar que les seves limitacions no són permanents, sinó que es produeixen de forma fluctuant. La Sala social considera que, encara que el treballador pateix un quadre crònic, pot desenvolupar tasques administratives i de gestió fora dels períodes de major intensitat dels símptomes.

La resolució, que confirma la sentència dictada en primera instància pel Jutjat social número 1 de Ciutadella de Menorca, analitza el cas d'un empleat de 54 anys la professió habitual del qual és la de responsable d'una agència de viatges, un lloc que comprèn tasques administratives, de gestió i atenció al client. L'afectat reclamava que se li reconegués el grau d'incapacitat permanent absoluta, en considerar que les seves patologies li impedien desenvolupar qualsevol activitat laboral. De forma subsidiària, sol·licitava que se li atorgués la incapacitat permanent total.

El treballador pateix, segons els fets provats, fibromiàlgia, polimiàlgia, poliartràlgies, síndrome d'apnea-hipopnea del son (SAHS) lleu, una mononeuropatia axonal al nervi peroneal dret i un trastorn adaptatiu secundari a pluripatologia, a més d'alteracions a la columna vertebral. La sentència, no obstant això, recull que es tracta d'un quadre de caràcter crònic i d'evolució fluctuant, la qual cosa permetria al treballador realitzar labors administratives, de gestió, cobraments i d'altres de similars, encara que durant els períodes de reagudització pot veure's afectada la seva capacitat laboral i necessitar una baixa per incapacitat temporal.

La Sala considera que, encara que no es discuteix l'existència de les patologies, aquestes “no presenten un caràcter permanent, sinó fluctuant”, de manera que durant els moments de major intensitat el treballador pot acudir a períodes d'incapacitat temporal. Per al TSJ, aquest és “el factor determinant” que va portar el Jutjat a rebutjar la incapacitat permanent.

El treballador va al·legar dolor en els 18 punts

El treballador havia sol·licitat també modificar els fets provats de la sentència de primera instància. Entre altres qüestions, pretenia que s'incorporés al relat judicial que patia una fibromiàlgia amb 18 punts de dolor sobre 18 possibles, així com astènia, síndrome de fatiga crònica, dolors generalitzats, alteracions de memòria i concentració, ansietat, marejos, fatiga i debilitat muscular, entre altres símptomes. Per a això aportava diferents informes mèdics, entre ells documents de la Clínica Quirón i dels serveis de Reumatologia i Medicina Interna de l'Hospital General Mateu Orfila, a més d'un informe mèdic aportat amb la demanda.

En el seu recurs, assenyalava que pateix, entre altres, dolors generalitzats, episodis de tremolors, sudoració nocturna, entumiment generalitzat, mal de cap, marejos posturals, cansament des del matí, fatiga i debilitat muscular generalitzada, així com alteracions de memòria i concentració i episodis d'ansietat amb palpitacions. El curs de la malaltia, al·legava, ha repercutit molt desfavorablement sobre la seva vida laboral i relació.

El tribunal rebutja revisar la valoració de les proves mèdiques

El TSJIB, tanmateix, rebutja incorporar aquestes modificacions. La Sala considera que la petició suposava, en realitat, oferir una valoració alternativa de la prova mèdica, en recolzar-se en determinats informes però ometre'n d'altres que havien estat tinguts en compte per la jutgessa d'instància, especialment l'informe de la metgessa forense. El tribunal recorda a més que un recurs de suplicació no permet simplement tornar a valorar tota la prova com si es tractés d'una apel·lació ordinària. Per modificar els fets provats ha d'existir un error evident i acreditat documentalment, cosa que la Sala no aprecia en aquest cas.

En concret, la sentència de primera instància, que ara confirma el TSJ, havia atorgat especial rellevància a l'informe de la metgessa forense. Segons recull literalment la resolució, aquesta professional va coincidir amb el metge avaluador de l'INSS i va considerar que el quadre patològic no presentava suficient severitat per impedir l'exercici de la professió habitual. La sentència de Ciutadella assenyalava que la metgessa forense no apreciava limitacions per a la concentració i la memòria i considerava que el treballador podia realitzar les tasques pròpies de la seva professió habitual, llevat “en els períodes de reagudització amb afectació de la capacitat laboral que determinin situacions de baixa per incapacitat temporal”.

La jutgessa també va considerar que la durada dels períodes d'incapacitat temporal no permetia deduir per si sola ni la severitat de les patologies ni que els símptomes s'haguessin mantingut de forma contínua, ja que una baixa pot mantenir-se durant l'estudi, diagnòstic i tractament d'una malaltia.

El TSJ recorda que la Llei General de la Seguretat Social defineix la incapacitat permanent a partir de l'existència de reduccions anatòmiques o funcionals greus, objectivables i previsiblement definitives que redueixin o anul·lin la capacitat laboral. La norma estableix diferents graus d'incapacitat, entre ells la permanent total i l'absoluta. En aquest cas, els magistrats consideren que els fets provats no permeten concloure que existeixi una limitació permanent de la capacitat laboral en els termes necessaris per reconèixer la incapacitat absoluta en una sentència contra la qual cap recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

El TSJIB sí que va atorgar l'absoluta a una altra treballadora

El pronunciament del TSJIB contrasta amb una altra sentència dictada pel mateix tribunal tot just un mes abans. A l'abril de 2026, la Sala social va ratificar la incapacitat permanent absoluta d'una agent d'assegurances que patia fibromiàlgia severa, depressió i síndrome de cames inquietes. En aquest cas, el Jutjat social número 1 de Palma ja havia reconegut la incapacitat absoluta a l'octubre de 2024 i l'INSS va recórrer la decisió. El TSJIB va rebutjar el recurs i va confirmar el dret de la treballadora a percebre una pensió vitalícia equivalent al 100% de la seva base reguladora, fixada en 1.097,09 euros, amb les corresponents revaloritzacions.

La diferència entre ambdós casos es troba en les limitacions funcionals que els tribunals consideren acreditades, i no en el diagnòstic de fibromiàlgia per si sol. En la sentència d'abril, el TSJIB va considerar que el quadre de la treballadora feia impossible exercir qualsevol professió amb les exigències mínimes de “continuïtat, dedicació i eficàcia” que requereix una activitat laboral.

El tribunal va tenir a més en compte que un servei de prevenció l'havia declarat no apta per al seu lloc per no reunir les condicions psicofísiques i que posteriorment havia estat acomiadada per ineptitud sobrevinguda. La pròpia Sala va assenyalar que la incapacitat absoluta no pot descartar-se per la mera possibilitat de realitzar determinades tasques de forma esporàdica. La sentència no era ferma i podia ser recorreguda davant el Tribunal Suprem.

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha presentado su escrito de acusación en el procedimiento abreviado contra el exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi' por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 contratado por el partido político al que pertenecía el entonces alcalde, pidiendo para el exregidor gaditano una pena de 10.800 euros de multa por un delito continuado de revelación de secretos, además de tres años de inhabilitación, y otros 15 años de inhabilitación para cualquier cargo electo local, autonómico, nacional o europeo por un delito continuado de prevaricación.

Además, la Fiscalía, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, también pide las mismas penas por los mismos delitos para dos concejales del entonces equipo de gobierno, para el que fuera jefe de gabinete de Alcaldía en el momento de los hechos y para un asesor del equipo de gobierno.

Por su parte, para el asesor contratado por el partido, que ha dado paso a este procedimiento judicial, la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público en la administración local, autonómica, nacional o europea por delito continuado de prevaricación.

“Indicación directa”

Según argumenta la Fiscalía, este asesor, contratado por el partido del equipo de gobierno (Por Cádiz Sí se Puede) entre abril de 2018 y abril de 2019, y que “no tenía la condición de funcionario público, personal laboral, ni personal eventual, accedió de manera continuada a la información de carácter reservado relacionada fundamentalmente con el área de contratación, que era gestionada por autoridades y funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cádiz”.

Además, la Fiscalía asegura que dicho acceso a esa información y documentación reservada con la gestión de la cosa pública por parte de un tercero ajeno a la Administración “fue llevada a cabo por orden e indicación directa” del alcalde, los dos concejales (de Personal y de Turismo), el jefe de gabinete y el asesor del equipo de gobierno acusados. En este sentido, la Fiscalía detalla una serie de expedientes a los que esta persona tuvo acceso.

Además, añade que esta persona contratada por el partido “impartió instrucciones a miembros del Consistorio que ostentaban la condición de funcionarios públicos, quienes reunían los requisitos académicos y experiencia profesional suficiente para no precisar la ayuda de terceros en el ámbito de actuación de sus competencias”.

“Las decisiones, indicaciones e instrucciones con origen en este acusado, amén de modificaciones sobre expedientes, tenían carácter preceptivo en cuanto a su cumplimiento, extremos que debían ser acatados por los funcionarios, siendo éste respaldado en el ejercicio de sus funciones por los miembros acusados del equipo de gobierno”, asegura la Fiscalía.

A esto, apunta que “lógicamente ningún documento obrante en el expediente municipal contiene la firma del acusado por más que los pliegos de condiciones hayan sido redactados bien de manera directa por parte del mismo, bien de manera mediata por el funcionario que finalmente lo firmaría y asumiría su autoría siguiendo las instrucciones impartidas por el acusado”.

La Fiscalía recuerda que el acceso público a la información municipal que constituye la oferta pública de licitación no es accesible hasta el anuncio respectivo, con el sentido de evitar que la oferta pública se dirija a determinados operadores económicos introduciendo requisitos que concurran en éstos y no en terceros.

En este sentido, recuerda que la función de asesor político, de darse, no se encuentra asociada a la adopción de decisiones, impartir instrucciones u ordenar modificaciones, sino que se circunscribe al asesoramimento del político objeto del mismo, que finalmente firmaría y asumiría las decisiones.

Acceso a información restringida

La Fiscalía señala que la labor que desempeñó el asesor contratado por el partido “se centró en la confección y modificación de expedientes que comportaban licitaciones públicas de naturaleza municipal, y asociado a ello, el consecuente y habitual acceso a información restringida que posteriormente constituiría la base de la publicación de las distintas licitaciones públicas”, detallando además en los pliegos y contratos de servicios en los que participó.

Además, segura la Fiscalía que la presencia de esta persona era “habitual en runiones en las que era convocado en presencia del equipo de gobierno y funcionarios públicos, así como otros actores, poniendo de relieve la relación directa y el respaldo institucional que recibía y por ende, ofreciendo la falsa sensación ante los funcionarios municipales de la presunta condición laboral de este, ya fuese como funcionario o asesor”.

Igualmente, la Fiscalía señala que funcionarios públicos recibieron correos de esta persona, como experto en licitaciones públicas, “recibiendo órdenes/instrucciones” y asegura que “todo ello se realizó con la connivencia de los acusados del equipo de gobierno”, así como que “solicitaba información perteneciente al espectro municipal restringida e introducía cambios” e “impartía indicaciones de cómo debían acometer sus tareas funcionarios públicos”.

'Lawfare'

Kichi y su formación han enmarcado siempre este caso en el “'lawfare' a la gaditana”. En anteriores ocasiones, Adelante Andalucía Cádiz ha afirmado que se trata de una más de las 18 denuncias recibidas, “todas archivadas”, que “responden a esa estrategia de 'lawfare' de la que hoy tanto se habla, de judicialización de la vida política para embarrarla en cuestiones jurídicas y que tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente el trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal”.

También, la exlíder de la formación andalucista y pareja de 'Kichi', Teresa Rodríguez, ha señalado en el pasado y a través de sus redes sociales que en este procedimiento se juzga “el papel de un asesor técnico que contratamos por ser experto en la nueva Ley de Contratos y en cláusulas sociales en la contratación pública” y que venía al Ayuntamiento a “contratar mejor para mejorar la economía local y los servicios”.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha rechazado reconocer la incapacidad permanente absoluta a un trabajador diagnosticado de fibromialgia y otras patologías al considerar que sus limitaciones no son permanentes, sino que se producen de forma fluctuante. La Sala de lo Social considera que, aunque el trabajador sufre un cuadro crónico, puede desarrollar tareas administrativas y de gestión fuera de los periodos de mayor intensidad de los síntomas.

La resolución, que confirma la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciutadella de Menorca, analiza el caso de un empleado de 54 años cuya profesión habitual es la de responsable de una agencia de viajes, un puesto que comprende tareas administrativas, de gestión y atención al cliente. El afectado reclamaba que se le reconociera el grado de incapacidad permanente absoluta, al considerar que sus patologías le impedían desarrollar cualquier actividad laboral. De forma subsidiaria, solicitaba que se le otorgara la incapacidad permanente total.

El trabajador padece, según los hechos probados, fibromialgia, polimialgia, poliartralgias, síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) leve, una mononeuropatía axonal en el nervio peroneal derecho y un trastorno adaptativo secundario a pluripatología, además de alteraciones en la columna vertebral. La sentencia, sin embargo, recoge que se trata de un cuadro de carácter crónico y de evolución fluctuante, lo que permitiría al trabajador realizar labores administrativas, de gestión, cobros y otras similares, aunque durante los periodos de reagudización puede verse afectada su capacidad laboral y necesitar una baja por incapacidad temporal.

La Sala considera que, aunque no se discute la existencia de las patologías, estas “no presentan un carácter permanente, sino fluctuante”, de modo que durante los momentos de mayor intensidad el trabajador puede acudir a periodos de incapacidad temporal. Para el TSJ, este es “el factor determinante” que llevó al Juzgado a rechazar la incapacidad permanente.

El trabajador alegó dolor en los 18 puntos

El trabajador había solicitado también modificar los hechos probados de la sentencia de primera instancia. Entre otras cuestiones, pretendía que se incorporase al relato judicial que padecía una fibromialgia con 18 puntos de dolor sobre 18 posibles, así como astenia, síndrome de fatiga crónica, dolores generalizados, alteraciones de memoria y concentración, ansiedad, mareos, fatiga y debilidad muscular, entre otros síntomas. Para ello aportaba distintos informes médicos, entre ellos documentos de la Clínica Quirón y de los servicios de Reumatología y Medicina Interna del Hospital General Mateu Orfila, además de un informe médico aportado con la demanda.

En su recurso, señalaba que padece, entre otros, dolores generalizados, ardores en manos y pies, episodios de temblores, sudoración nocturna, entumecimiento generalizado, dolor de cabeza, mareos posturales, cansancio desde la mañana, fatiga y debilidad muscular generalizada, así como alteraciones de memoria y concentración y episodios de ansiedad con palpitaciones. El curso de la enfermedad, alegaba, ha repercutido muy desfavorablemente sobre su vida laboral y relación.

El tribunal rechaza revisar la valoración de las pruebas médicas

El TSJIB, sin embargo, rechaza incorporar esas modificaciones. La Sala considera que la petición suponía, en realidad, ofrecer una valoración alternativa de la prueba médica, al apoyarse en determinados informes pero omitir otros que habían sido tenidos en cuenta por la juzgadora de instancia, especialmente el informe de la médico forense. El tribunal recuerda además que un recurso de suplicación no permite simplemente volver a valorar toda la prueba como si se tratara de una apelación ordinaria. Para modificar los hechos probados debe existir un error evidente y acreditado documentalmente, algo que la Sala no aprecia en este caso.

En concreto, la sentencia de primera instancia, que ahora confirma el TSJ, había otorgado especial relevancia al informe de la médico forense. Según recoge literalmente la resolución, esta profesional coincidió con el médico evaluador del INSS y consideró que el cuadro patológico no presentaba suficiente severidad para impedir el desempeño de la profesión habitual. La sentencia de Ciutadella señalaba que la médico forense no apreciaba limitaciones para la concentración y la memoria y consideraba que el trabajador podía realizar las tareas propias de su profesión habitual, salvo “en los períodos de reagudización con afectación de la capacidad laboral que determinen situaciones de baja por incapacidad temporal”.

La jueza también consideró que la duración de los periodos de incapacidad temporal no permitía deducir por sí sola ni la severidad de las patologías ni que los síntomas se hubieran mantenido de forma continua, puesto que una baja puede mantenerse durante el estudio, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad.

El TSJ recuerda que la Ley General de la Seguridad Social define la incapacidad permanente a partir de la existencia de reducciones anatómicas o funcionales graves, objetivables y previsiblemente definitivas que reduzcan o anulen la capacidad laboral. La norma establece distintos grados de incapacidad, entre ellos la permanente total y la absoluta. En este caso, los magistrados consideran que los hechos probados no permiten concluir que exista una limitación permanente de la capacidad laboral en los términos necesarios para reconocer la incapacidad absoluta en una sentencia contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El TSJIB sí otorgó la absoluta a otra trabajadora

El pronunciamiento del TSJIB contrasta con otra sentencia dictada por el mismo tribunal apenas un mes antes. En abril de 2026, la Sala de lo Social ratificó la incapacidad permanente absoluta de una agente de seguros que padecía fibromialgia severa, depresión y síndrome de piernas inquietas. En ese caso, el Juzgado de lo Social número 1 de Palma ya había reconocido la incapacidad absoluta en octubre de 2024 y el INSS recurrió la decisión. El TSJIB rechazó el recurso y confirmó el derecho de la trabajadora a percibir una pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora, fijada en 1.097,09 euros, con las correspondientes revalorizaciones.

La diferencia entre ambos casos se encuentra en las limitaciones funcionales que los tribunales consideran acreditadas, y no en el diagnóstico de fibromialgia por sí solo. En la sentencia de abril, el TSJIB consideró que el cuadro de la trabajadora hacía imposible desempeñar cualquier profesión con las exigencias mínimas de “continuidad, dedicación y eficacia” que requiere una actividad laboral.

El tribunal tuvo además en cuenta que un servicio de prevención la había declarado no apta para su puesto por no reunir las condiciones psicofísicas y que posteriormente había sido despedida por ineptitud sobrevenida. La propia Sala señaló que la incapacidad absoluta no puede descartarse por la mera posibilidad de realizar determinadas tareas de forma esporádica. La sentencia no era firme y podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

El exministro de Defensa Federico Trillo (2000-2004) ha defendido declarar el estado de excepción en Ceuta porque, en su opinión, facilitaría que se pueda expulsar a todos los migrantes que aún continúan en la ciudad a los que considera “invasores ilegales, sean o no menores”. El que fuera también presidente del Congreso, ha exigido además llevar a Marruecos ante los foros internacionales, sean estos las Naciones Unidas o los tribunales europeos, porque “alguien tiene que responder por las 150 muertes” que se han producido por la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

En una entrevista concedida a Europa Press, Trillo (PP) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado que tiene “síndrome de Estocolmo”, ya que está “en manos de sus secuestradores” y “contando la versión de los que le tienen atrapado, no se sabe por qué”. El exministro cree incluso que la versión de Sánchez es “tan increíble” que no ha sido “creída” ni por sus propios aliados parlamentarios. “No le cree nadie. Marruecos tiene todo que ver con lo que ocurrió en la invasión”, ha sentenciado.

Como prueba de ello, ha citado las reiteradas declaraciones de ministros marroquíes reafirmando su “pretensión sobre Ceuta y Melilla”. A su entender, “no cabe ninguna duda” de que el asalto del 30 y 31 de julio “fue programado y sigue siendo programado”.

Al ser preguntado por cuál debe ser la relación con Marruecos en este momento, Trillo ha dicho que “hay dos cosas a tener en cuenta”. La primera, la reacción que debe tener el Gobierno de España y que, en su opinión, pasa por “declarar un estado de excepción en Ceuta y proceder al desalojo y devolución de todos los invasores ilegales, sean o no menores o de cualquier otra condición”.

A su entender, si se declarase el estado de excepción “en ese momento se pueden expulsar a todos aquellos que se han introducido ilegalmente”. Se trata de un mecanismo constitucional extraordinario que se declara en caso de una grave alteración del orden público y que lleva al Estado a limitar derechos y asumir poderes extraordinarios para afrontar circunstancias que superan la normalidad.

En segundo lugar, ha apuntado a cuál debería ser la reacción ante Marruecos y que, a su juicio, pasa por “pedir de inmediato la responsabilidad internacional del Estado marroquí ante los foros internacionales, sea la ONU primero, la Unión Europea, el Tribunal Europeo y el Tribunal Internacional de Justicia porque alguien tiene que responder por esas más de 150 muertes”.

En su opinión, eso “es algo que solo es imputable a Marruecos” y, por tanto, “hay que exigir la responsabilidad internacional” de ese país, criticando que el Gobierno no lo haya hecho durante el mes que ha transcurrido. “150 muertes no es algo que deba quedar así, tiene que ser investigado”, ha apostillado.

Un “delito” contra la seguridad exterior de España

Al ser preguntado si cree que el presidente del Gobierno puede acabar siendo investigado por el Tribunal Supremo por lo ocurrido en Ceuta, como proponen desde el Partido Popular, Trillo ha señalado que es “muy importante” la investigación que está realizando la juez de la Audiencia Nacional María Tardón y ha dicho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “acertó al situar el tema en manos de los jueces porque lo que se ha cometido es un delito contra la seguridad exterior de España”.

“Ese delito, una vez denunciado, tiene que ser investigado por los jueces, que es a quien le corresponde. Sabiendo, primero, que ha habido una invasión y, segundo, qué grado de concertación existía en las autoridades españolas, que durante ocho horas al menos no lo evitaron”, ha indicado.

Trillo ha destacado que las autoridades españolas tampoco lo previeron pese a existir informes del CNI y de las Fuerzas de Seguridad que “hacían previsible una invasión de ese tipo”. “Por tanto, donde debe residenciarse un hecho tan ilegítimo que ha costado más de 150 muertos es en los tribunales”, ha abundado.

Al ser preguntado por la propuesta de Vox de activar el artículo 102 de la Constitución para que el Supremo investigue a Sánchez por un posible delito de traición, el exministro de José María Aznar considera que “eso es prematuro” y que “no hay que prejuzgar la actuación de los tribunales”. “En un Estado de Derecho, cuando los tribunales tienen conocimiento de un hecho ilícito, deben respetarse sus tiempos y sus procedimientos, que son los que garantizan la imparcialidad y la objetividad. Por tanto es prematuro hacer calificaciones de ese tipo”, ha apostillado.

Sánchez, “secuestrado” por Marruecos

Después de que Sánchez negara que en los días previos recibiera alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la entrada masiva, Trillo ha afirmado que “no solo miente” sino que está “secuestrado por las autoridades marroquíes”.

En su opinión, el presidente del Gobierno está “sometido a algún tipo de chantaje de manera que niega una evidencia” porque se ha producido una “invasión ilegítima” organizada “por la inteligencia marroquí y apoyada por sus fuerzas de seguridad e incluso militares”. “Y eso es incuestionable. ¿Qué más pruebas quiere?”, se ha preguntado, para añadir que hay incluso vídeos que lo recogen.

El también expresidente del Congreso ha recordado que ese asalto “es algo que estaba previsto” porque “ya lo anunció Donald Trump hace dos meses en la cumbre de la OTAN” al aludir a “problemas en las fronteras”.

“Y el rey de Marruecos siempre ha sabido que la manera de hacerlo es con ese tipo de invasiones 'pacíficas' como fue la Marcha Verde cuando estaba Franco declinante y se quedaron con el Sáhara. Y esto es exactamente lo mismo”, ha enfatizado, para aludir a la debilidad del jefe del Ejecutivo.

En cuanto a la publicación de todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta que ha anunciado Sánchez, Trillo ha dicho que es “muy necesario” pero ha cuestionado que lo haga porque “no le conviene nada”. “Ojalá lo hiciera, no creo que lo vaya a hacer”, ha resaltado.

Y ha invocado “el precedente” de los atentados del 11-M y ha recordado que el Gobierno del PP los desclasificó cuando se puso en cuestión su “rectitud”: “Se hicieron públicos los informes del CNI dirigido por (Jorge) Dezcallar que aseguraban en el momento y después de las bombas que había sido ETA”.

Defiende a Robles y pide que Felipe VI vaya a Ceuta “cuanto antes”

Trillo ha reconocido, siendo “objetivo”, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho “un acto de valor reconociendo la verdad” porque “el CNI sí informó”. Según ha añadido, si no se hace así, “el CNI como servicio de inteligencia quedaría desacreditado para el futuro ante todos los servicios extranjeros”. “Y como no es verdad pues lo mejor que ha hecho la ministra es decir la verdad. Creo que eso la honra”, ha apostillado.

A renglón seguido, ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien “en su día fue un juez reconocido”, “haya caído en la situación en la que ahora se encuentra”. “Ya no me atrevo ni a calificarlo. Es absolutamente impresentable”, ha enfatizado.

Sobre si el Rey debería visitar Ceuta este mes de septiembre, el exministro ha señalado que Felipe VI irá a la ciudad autónoma cuando “se considere oportuno” y ha recordado que “no puede decidir solo”, dado que “en una monarquía parlamentaria el rey tiene que actuar con refrendo del Gobierno”. “Por tanto será el momento en el que el Rey y el Gobierno estén de acuerdo pero, a mi juicio, si estuviera en el Gobierno debería hacerlo cuanto antes”, ha agregado.

Finalmente, ha señalado que los ministros de Sánchez que asistieron a finales de julio a la Embajada de Marruecos a celebrar la fiesta del rey Mohamed VI deben explicar “por qué aguantaron sin hacer nada” en esa recepción cuando “llevaban cinco horas ya pasando los invasores la frontera de España”.

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, salió de su casa a primerísima hora del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabaría con 232 fallecidos, ataviada con chubasquero y botas. La primera edil del PP llevaba avisando a la población de los riesgos de la dana desde la víspera, cuando suspendió las clases en el municipio. También había convocado de buena mañana la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para el seguimiento de la situación. “Yo considero que es importante avisar a la población; de hecho, si no lo hubiésemos hecho, se hubieran quedado muchos [vecinos] atrapados en caminos”, dijo Sáez ante la jueza de la dana, según consta en el acta de su declaración del pasado 31 de julio, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La actuación de muchos alcaldes de cualquier color político, más apegados al territorio, contrasta con el papel del máximo dirigente autonómico durante el día de autos, el entonces president Carlos Mazón, quien permaneció prácticamente desconectado en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro. “Estuve todo el día pendiente y en la calle y mis concejales con chubasqueros y botas y todos en la calle”, declaró Sáez ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, describiendo un atuendo y una responsabilidad sobre el terreno muy alejados del entonces jefe del Consell durante aquella aciaga tarde. El Cecopal, afirmó la alcaldesa de Carlet, se convocó “por responsabilidad”.

La testigo, que también es diputada provincial, anuló su agenda en València para aquella jornada ante la situación que se avecinaba y el gradual empeoramiento de las alertas activadas. “Desde el día previo nos habíamos reunido, habíamos tomado decisiones, la noche anterior habíamos suspendido las clases para ese día, habíamos cerrado el cementerio, la zona deportiva, habíamos puesto vallas en todos los caminos y barrancos que tienen riesgo (...)”, detalló Laura Sáez.

Carlet, localidad de la comarca de la Ribera Alta situada entre el barranco de Benimodo y el río Magro, cuenta con dos institutos públicos y un tercer centro educativo privado al que acuden alumnos de otros municipios. “Hay líneas de autobuses y entendíamos que el riesgo del transporte también era importante ponderarlo y, por eso, decidimos suspender las clases con la información de la que disponíamos”, manifestó la testigo.

La primera edil popular, con tres años de experiencia en la Delegación del Gobierno, también se planteó el dilema del coste para cualquier alcalde de suspender las clases sin una alerta roja activada: “Tenemos que ponderar la situación y, al final, dejar a miles de niños sin colegio en una alerta amarilla no es fácil, porque les estamos complicando mucho la vida a las familias”. Sin embargo, la víspera de la dana percibió que “se daban los ingredientes” de una eventual catástrofe climática y que “había una posibilidad de riesgo”.

El caudal “muy alto” del barranco de Benimodo

El conductor de un camión de una empresa de Carlet permanecía desaparecido en el vecino término municipal de l'Alcúdia desde primera hora de la mañana. Se trataba de una información que el consistorio manejaba de forma “extraoficial”, aclaró la testigo.

La alcaldesa recibió la llamada de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, preocupada por la situación de la residencia de personas mayores. También recibió llamadas de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y habló con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo: “El motivo de mi llamada (...) era preguntarle por los riesgos que podíamos tener”.

El temor de la munícipe se centraba en el barranco de Benimodo, que “siempre está seco y alcanzó un caudal muy muy alto” y “estuvo a punto de desbordarse”. Aquella mañana, los Bomberos ya rescataron a un matrimonio de personas mayores que vivía en una casa aislada y pegada al barranco. “Conocemos el municipio y sabemos dónde están los puntos de riesgo”, manifestó la alcaldesa del PP.

La abogada de una de las acusaciones, Virginia Masiá, preguntó a la testigo:

—¿En todo momento la población estuvo informada desde el primer momento?

—Sí. A las 9.15, ya les decimos que no suban y bajen de las casetas de la montaña por las intensas lluvias y ponemos la foto de que hay caminos ya inundados. A las 9.45, comunicamos que la autovía está cortada en dirección Alicante. A las 10.25, que no va a haber gas. Actualizamos que Aemet informa que hasta las 18.00 está activada la alerta roja y que no salgan de casa y recomendaciones: de los pasos a nivel cortados, que se anulan en el centro de salud vacunaciones de gripe y Covid. Comunicamos prácticamente todo. Luego ya comunicamos las torres de la luz que han caído, que estamos sin luz a causa del tornado, prohibimos circular por un camino que era peligroso. A las 13.15, enviamos a los trabajadores del ayuntamiento que eran fuera de Carlet a casa [decisión similar a la que tomaría la Diputación de Valencia].

La llamada que precipitó la convocatoria del Cecopi

Poco antes de las 14.00, la jefa de gabinete de Salomé Pradas avisó a Sáez de que la consellera se iba a acercar a Carlet, acompañada por el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, con el “objetivo final” de “visitar a los bomberos forestales que estaban trabajando todo el día en el barranco”.

Cuando la alcaldesa acudió a la rotonda en la que aguardaban Pradas y Argüeso, “empezó a llover muchísimo” y ella propuso refugiarse en el Ayuntamiento para acudir posteriormente al barranco.

Tras explicarles la situación en Carlet durante la jornada, Pradas habló con el móvil de Sáez con el alcalde de l'Alcúdia en relación con el conductor desaparecido. A la testigo le dio la “impresión” de que la consellera, más que su 'número dos', estaba al frente de la gestión de la emergencia durante la visita a Carlet.

Sáez, además de sus llamadas y mensajes de WhatsApp, aceptó aportar al procedimiento las imágenes que se conservaban en el ayuntamiento de Pradas en la localidad (dos fotografías inéditas que ilustran esta información). La testigo también aportó un documento (reproducido al final de esta noticia) con la cronología de su actuación ante la dana y los avisos a la población en las redes sociales del Ayuntamiento.

La visita de Pradas y Argüeso coincidió con un recrudecimiento de la situación en Carlet. Poco después de las 15.00, hasta cuatro tornados afectaron al término municipal y a varias empresas del polígono industrial. “Cayeron más de 20 torres de la luz, algunas de alta y media tensión, que provocaron que nos quedáramos sin luz”, explicó Laura Sáez.

Tras visitar el barranco, poco después de las 16.00, y a consecuencia de una llamada relativa a la situación en Utiel (localidad del interior de la provincia completamente inundada para la que ya se había activado la Unidad Militar de Emergencias), Pradas convocó de cara a las 17.00 la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la sede de Emergencias de la Generalitat de l'Eliana, en la comarca del Camp de Túria. “Yo veo ya que la situación es un poco delicada y entonces abandono el despacho unos minutos”, relató la testigo.

La alcaldesa describió la llamada que, según declaró, desencadenó la convocatoria del Cecopi: “Yo escuché que dijo que, en Utiel, la situación estaba más complicada y que había llamado a alguien, no sé quién, pidiendo todos los recursos disponibles porque no quería que se le muriese nadie”. “Esa frase la recuerdo”, destacó Sáez.

Pradas “no estaba coartada por nadie”

Otro letrado de las acusaciones, Gabriel Rodríguez, trató de poner en un brete a la testigo:

—¿Sabe quién fue la persona responsable de las emergencias el 29 de octubre de 2024?

—En un principio, el secretario autonómico de Emergencias.

—¿Y, por encima, sabe quién se encontraba?

—La consellera.

—¿Y por encima?

—El presidente de la Generalitat.

—Ha quedado claro que disponía del problema de coordinación.

—Yo no he dicho eso. Yo no vi ningún problema de coordinación.

—Su impresión fue que Salomé Pradas actuó hasta donde la dejaron (...).

—(...) [Pradas] estaba dando instrucciones y no estaba coartada por nadie.

La testigo, al inicio de su testifical, declaró que conocía a Carlos Mazón y a Salomé Pradas como compañeros del PP, aunque no mantenía relación de amistad con ellos.

Laura Sáez consideraba, en todo caso, que el desplazamiento de la consellera Pradas a Carlet habría sido positivo “si no hubiese pasado lo que después pasó”. “Pero nadie sabía lo que iba a pasar”, contestó a preguntas del abogado José María Bueno Manzanares, que ejerce la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias investigado en la causa.

La alcaldesa no se sintió “abandonada por nadie”, según precisó en su declaración: “Los días posteriores, a mí me llamó desde el actual presidente de la Generalitat [Juan Francisco Pérez Llorca] al presidente del PP nacional [Alberto Núñez Feijóo]”.

Miguel Polo recomendó pedir refugio en altura

Tras la visita de la consellera, la tarde evolucionó a peor en Carlet. A las 17.00, Laura Sáez fue alertada por la Policía Local de que habían sido informados de que se iba a desaguar en pantano de Forata. La alcaldesa contactó telefónicamente con Miguel Polo, presidente de la CHJ. “El señor Polo, en aquel momento, me dijo que el agua que habíamos tenido hasta ese momento era de lluvia de los municipios más arriba, pero que el pantano iba a proceder a desaguar, algo habitual, y entonces nos iba a llegar muchísima, muchísima más agua”, explicó la testigo.

A consecuencia de la conversación con Miguel Polo, quien participaba en la reunión del Cecopi conectado telemáticamente, el Cecopal de Carlet tomó una serie de medidas, tales como colocar “impedimentos” como sacos de arena en las zonas potencialmente inundables. Por su parte, la Policía Local avisó a la población de las zonas próximas al río Magro de que “subieran a plantas altas”.

“Antes de las 18.30”, según presumió Laura Sáez, el consistorio de la Ribera Alta ya había pedido a la población situada cerca del Magro que buscara refugio en altura. Se trata de un acertado consejo transmitido más de una hora y media antes de que Emergencias enviara el primer Es-Alert, un mensaje automático a los móviles que ni siquiera solicitaba a la población que subiera a plantas altas. La medida fue recomendada por el presidente de la CHJ: “Yo le había preguntado al señor Polo y me había dicho que era correcta”, remachó Sáez.

El Ayuntamiento de Carlet también avisó a los vecinos para que quitaran los vehículos y tomó la decisión de cortar el puente, para evitar cualquier “desgracia”, según la expresión de la alcaldesa. “Eso fue antes de que nos llegara al Ayuntamiento a través del fax la alerta [de Emergencias] del 112 del riesgo de Forata”, señaló.

Tras recibir en su móvil el primer Es-Alert de las 20.11, Laura Sáez habló de nuevo con Miguel Polo por teléfono y el presidente de la CHJ le advirtió de la “situación complicada” en el río Magro y de que el Centro de Emergencias de la Generalitat iba a enviar otro mensaje masivo.

La “importante” labor de los medios de comunicación

Sáez intervino aquella tarde en À Punt, la cadena autonómica valenciana. En aquella conexión en directo, sobre las 18.35, la primera edil hizo referencia a sus conversaciones con Miguel Polo y desglosó las “medidas preventivas” activadas en la localidad.

“Yo soy de la opinión de que esos días los medios de comunicación hacen una labor muy importante, porque estamos en una situación que había que trasladarle a los ciudadanos los riesgos que había para que no saliesen de casa”, apostilló la alcaldesa del PP.

“En todos los medios de comunicación [en los] que ese día salí, yo lo que decía a los ciudadanos es: mucha precaución, porque una cosa es lo que llueve aquí y otra cosa lo que llueve aguas arriba”, explicó Laura Sáez ante la jueza.

El pasado jueves, la organización internacional Women's Link, en representación de las extrabajadoras de Julio Iglesias Laura y Rebeca, presentó una querella contra el cantante en la Audiencia Nacional por delitos laborales y sexuales. Tras el archivo de la Fiscalía en enero, que no entró al fondo del asunto y consideró que España no es competente para investigar estos hechos, las extrabajadoras inician ahora una nueva vía para buscar justicia.

La directora ejectiva de Women's Link, Jovana Ríos, y la abogada Clara Serra Baiget, explican en qué consiste esta nueva acción judicial.

¿Por qué Women's Link, en representación de Laura y Rebeca, presenta ahora esta querella?

Rebeca y Laura solicitan a la justicia española y concretamente a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional que investigue y enjuicie hechos que describen en su querella y que habrían ocurrido en 2021 en residencias del cantante español Julio Iglesias, ubicadas en las Bahamas y en la República Dominicana. Ellas están presentando esta querella ahora porque el decreto de la Fiscalía que archivó su denuncia inicial solo estableció que la investigación no procedería. Sin embargo, ese mismo decreto también establece que esa decisión no tiene efectos de cosa juzgada, que en términos legales significa que no se han juzgado los hechos por un tribunal o tomado una decisión final, ni se ha resuelto sobre el fondo del asunto. Además, el decreto también menciona que Rebeca y Laura podrán reproducir su denuncia ante los órganos judiciales que correspondan. Eso es lo que ellas han elegido hacer ahora.

¿Hay alguna diferencia entre la querella que presentan ahora y la denuncia de enero ante la Fiscalía?

Esta acción legal es distinta a la presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En esa ocasión, Rebeca y Laura solicitaban que fuera el Ministerio Fiscal español el que iniciara una investigación de los hechos denunciados. Lo que se presentó el jueves es una acción legal liderada por ellas, donde participarán activamente del procedimiento (podrán pedir diligencias, intervenir) pero también les permitirá acceder a medidas de protección específicas mientras son acompañadas en su búsqueda de justicia.

¿Cuál es el contenido de esta querella?

La querella sostiene que el querellado habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de ambas mujeres para captarlas, trasladarlas y alojarlas bajo un clima de intimidación constante, con el propósito de imponerles condiciones laborales forzadas y degradantes, así como someterlas a acoso y agresiones sexuales continuas. Los hechos descritos por las querellantes podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual; lesiones; trato degradante; y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.

Esta acción legal es distinta a la presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. en la que Rebeca y Laura solicitaban que el Ministerio Fiscal español iniciara una investigación. Esta es una acción legal liderada por ellas, donde participarán activamente del procedimiento

Los hechos denunciados también podrían constituir vulneraciones de derechos humanos recogidas en tratados internacionales ratificados por España tales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Convenio para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo de Palermo, el Convenio de Varsovia de lucha contra la trata de personas, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y su Resolución 201.

¿Por qué incluyen ahora el delito de trato degradante que no estaba presente en la denuncia de enero?

Sin perjuicio de cualquier otra calificación jurídica que pudiera corresponder a juicio del órgano de instrucción, los testimonios de Rebeca y Laura incluidos en la querella describen humillaciones reiteradas y actuaciones vejatorias, abusando de una situación de superioridad y menoscabando la integridad moral, que podrían ser encuadrables en el delito de trato degradante previsto en el artículo 173.1 del Código Penal.

¿Por qué se optó entonces por esa vía, la de acudir a la Fiscalía, y no por esta que toman ustedes ahora, presentar directamente la querella?

Son vías legales distintas. En un inicio se esperaba que fuese el Ministerio Fiscal español quien iniciara la investigación por los hechos denunciados por Rebeca y Laura. Rebeca y Laura son quienes tienen la autonomía para decidir cómo y en qué términos avanzar en su búsqueda de justicia, y esta nueva vía responde a esa decisión. Al principio, Rebeca y Laura vieron en el Ministerio Fiscal español la posibilidad de que actuaran como intermediarios en su búsqueda de justicia. Con la nueva querella, ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Rebeca y Laura liderarán el proceso y participarán activamente en él.

¿Cuál es la diferencia entre una vía y otra?

A nivel técnico, la querella requiere una mayor precisión técnico-jurídica, con una exposición de los hechos mucho más concreta y detallada. Además, exige representación legal y, por regla general, la intervención de abogado/a y procurador/a. Sin embargo, la diferencia fundamental entre denuncia y querella radica en quién ejercita la acción y qué posición ocupa dentro del procedimiento: mientras que la denuncia consiste principalmente en poner unos hechos presuntamente delictivos en conocimiento de la autoridad, la querella supone el ejercicio formal de la acción penal y permite al querellante intervenir como parte en el procedimiento.

Piden medidas de protección para Laura y Rebeca, ¿por qué y cuáles podrían ser esas medidas?

Rebeca y Laura nos han expresado que temen por represalias. Por tanto, hemos solicitado de forma urgente medidas de protección para salvaguardar su identidad e integridad, especialmente porque las desigualdades de poder entre el querellado y las querellantes son un factor que debe ser tenido en cuenta por las instituciones. Cuando existen diferencias significativas de influencia, recursos o exposición pública, los mecanismos de protección adquieren una importancia aún mayor para garantizar un acceso efectivo a la justicia.

Hemos solicitado de forma urgente medidas de protección para salvaguardar su identidad e integridad, especialmente porque las desigualdades de poder entre el querellado y las querellantes son un factor que debe ser tenido en cuenta por las instituciones

Concretamente, hemos solicitado la anonimización de datos personales que permitan su identificación directa o indirecta, tanto de ellas como de sus familiares y de los testigos; así como que se prohíba al querellado aproximarse a las querellantes en el lugar donde residan, trabajen o frecuenten. También la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio, ya sea telefónico, correo electrónico, redes sociales, etc.; todo ello tanto de manera directa como a través de terceras personas.

La Fiscalía archivó el caso porque entendía que España no tiene competencia para investigarlo, ¿están convencidas de que España puede juzgar este caso? ¿Por qué? ¿Por qué España debe investigar?

Women's Link y personas juristas y académicas de gran prestigio en España sostenemos que los tribunales españoles sí tienen jurisdicción y competencia para actuar en este caso, por tres razones principalmente: en virtud de la nacionalidad del querellado (principio de personalidad activa), por la naturaleza de los delitos (principio de jurisdicción universal) y por estar incluidos ellos en tratados internacionales ratificados por España.

La legislación española plantea el principio de territorialidad –previsto en el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)– como criterio para determinar la jurisdicción, pero coexiste con otros principios que permiten investigar y perseguir presuntos delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que se den una serie de circunstancias que entendemos concurren, todas ellas, en el presente caso.

Ni en República Dominicana ni en Bahamas existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos

En primer lugar, España puede ejercer jurisdicción por la nacionalidad española del presunto autor, siempre que se cumplan requisitos como que la víctima presente querella, que no haya sido investigado o juzgado el mismo hecho en otro país y que exista la doble incriminación, es decir, que los mismos hechos estén también tipificados en los países donde ocurrieron.

En segundo lugar, España puede conocer de determinados delitos que, por su gravedad y naturaleza, están previstos en convenios internacionales, como los relativos a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica o la trata. Finalmente, en virtud del derecho internacional vinculante para España (art. 23.4.p de la LOPJ) también existe jurisdicción española cuando los hechos pueden constituir vulneraciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales ratificados por el Estado español.

¿Por qué no han acudido a República Dominicana o Bahamas, lugares donde ocurrieron los hechos?

Principalmente, sostenemos que esta acción puede y debe investigarse y enjuiciarse en España. En segundo lugar, tras nuestros análisis y experiencia y teniendo en cuenta las voluntades de Rebeca y Laura, hemos concluido que en ninguno de los dos países existen las condiciones mínimas para garantizar a las denunciantes seguridad, protección efectiva e investigación diligente conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Por eso no se presentó la denuncia en esos foros.

¿Es posible judicialmente que, aunque la Fiscalía ya sentara su criterio, un juez de la Audiencia Nacional considere que sí puede juzgarse?

Por supuesto, legalmente un tribunal puede determinar que el caso sí puede juzgarse en España. Es justo el órgano judicial el competente para decidir sobre la jurisdicción y competencia, no el Ministerio Fiscal. La potestad jurisdiccional corresponde en exclusiva a los Tribunales en virtud del artículo 117.3 de la Constitución española.

¿Con qué apoyos cuentan?

Rebeca y Laura cuentan con el apoyo de una gran cantidad de personas juristas y académicas de gran prestigio, así como de muchas organizaciones de derechos humanos tanto en España como en América Latina y el Caribe, que han expresado su solidaridad con su proceso legal y de búsqueda de justicia. Ellas también han recibido muchísimo apoyo social para que los hechos que alegan sean investigados.

¿Por qué es importante este caso?

La querella interpuesta por Rebeca y Laura podría mirarse dentro de un panorama más amplio en cuanto a lo que podrían estar enfrentando miles de trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe y en Europa: un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación.

La querella interpuesta por Rebeca y Laura podría mirarse dentro de lo que podrían estar enfrentando miles de trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe y Europa: un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación

Lo que Rebeca y Laura denuncian importa tanto por ellas como por todas las trabajadoras que podrían enfrentar violencias. Su querella invita a reflexionar sobre cuáles son las condiciones necesarias para que todas las trabajadoras remuneradas del hogar puedan realizar su trabajo con dignidad, libres de violencias, y con la garantía plena de sus derechos.

Julio Iglesias ha amenazado con denunciar a Rebeca y Laura y a Women’s LInk por denuncia falsa, ¿han recibido alguna notificación?

Women’s Link no ha recibido ninguna notificación legal con acusaciones sobre una denuncia falsa. El acompañamiento legal que estamos dando a las querellantes responde al legítimo derecho de toda persona a ser representada legalmente y acceder a la justicia. Entendemos que las demandas contra el interés público (los llamandos SLAPPs) representan un riesgo que se monitorea constantemente.

Más allá de las distintas posiciones sobre el caso, creemos que el punto central es que la querella de Rebeca y Laura, que alega hechos tan graves, merece una investigación por parte de las autoridades competentes, y que quienes denuncian deben poder hacerlo con garantías de protección y seguridad.

Un numeroso grupo de aspirantes a las 37 plazas de bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha presentado recurso para exigir su reincorporación al proceso selectivo. Sostienen que la entrevista personal, el tercer ejercicio de la convocatoria tras las pruebas físicas y teóricas, se extralimitó y fue utilizada como “filtro” para excluir a opositores cualificados, con sospechas de beneficiar a los bomberos interinos del Consorcio: 15 de los 17 han superado todas las pruebas.

Media docena de opositores entrevistados por Canarias Ahora denuncian un denominador común en el desarrollo del tercer ejercicio del proceso selectivo, que estuvo dividido en dos partes. La primera fue un test psicotécnico, consistente en un cuestionario escrito para evaluar trece dimensiones de la personalidad, como la sinceridad, el trabajo en equipo o la inteligencia social. Después tuvo lugar una entrevista personal de 15 minutos con un profesional de la psicología.

El test psicotécnico, de unos 40 minutos, se realizó el 28 de junio de este año, mientras que las entrevistas personales tuvieron lugar los días 8, 9, 10 y 11 de julio.

Para superar el ejercicio, los aspirantes no debían presentar más de cinco de las trece dimensiones evaluadas fuera de rango, o sea, declaradas “no apto”. En el listado de calificaciones solo se les informaba si habían superado o no el ejercicio completo, sin detallar la puntuación obtenida en cada una de las partes.

El procedimiento, sin embargo, partía de los resultados del test psicotécnico, que constaba de 160 ítems de opción múltiple con una escala de respuesta del 1 al 4 (desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”). A partir de esas calificaciones, los opositores debían ser entrevistados sobre las dimensiones que se encontraban “por debajo de la puntuación solicitada”, con el fin de “comprobar su posible validación”, según el anuncio oficial de la prueba.

Es decir: los opositores creían que la entrevista personal solo trataría las escalas en las que habían obtenido la calificación de “no apto” en el test psicotécnico, para estudiar si era posible revertir esa valoración. Pero muchos observaron que ocurrió justo lo contrario.

Aspirantes contactados por esta redacción que presentaron reclamaciones formales contra la calificación del tercer ejercicio y tuvieron acceso a los resultados de ambas pruebas comprobaron que, pese a haber obtenido menos de cinco dimensiones calificadas como “no apto” en el test psicotécnico, algunas de las que figuraban como “apto” fueron modificadas después de la entrevista personal y pasaron a constar como “no apto”. De este modo, el cómputo total de dimensiones fuera de rango se elevó a seis, lo que los dejó fuera del proceso selectivo. Ocurrió con opositores que pasaron de tener dos dimensiones “no apto” a seis, de tres a seis o de cuatro a seis.

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha respondido a estos aspirantes recordando que el propio anuncio sobre el funcionamiento de la entrevista personal establecía que esta tendría carácter “tanto de contraste como evaluativo”. Sus resultados servirían para “confirmar, matizar o, en su caso, refutar las conclusiones derivadas del test de personalidad”, como un elemento adicional para determinar la adecuación de cada candidatura al perfil requerido.

El mismo anuncio, el número 17 de las oposiciones, señalaba además que las bases del proceso selectivo ya advertían de que “en ningún caso la evaluación del resultado de la entrevista vendrá condicionada o vinculada de modo exclusivo a los resultados en la prueba de personalidad, ya que constituyen un elemento previo para que el tribunal pueda orientar, si lo estima conveniente, el contenido de esta”.

Es precisamente esta aparente contradicción en la documentación del concurso (entre el anuncio oficial de la entrevista que establece que las preguntas debían centrarse en las dimensiones fuera de rango y unas bases que permiten utilizarla para refutar las conclusiones del test) la que vertebra los recursos de alzada presentados por un grupo muy numeroso de opositores, algunos de ellos bomberos profesionales en otros puntos del Archipiélago.

Muchos sospechan, además, que este sistema ha beneficiado a los bomberos interinos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que han solicitado sin éxito acceder a la condición de funcionarios de carrera. Son 17 profesionales que ocupan sus puestos desde 2020.

Todos ellos se presentaron al proceso selectivo después de que la justicia rechazara sus intentos de paralizarlo de manera cautelar e incorporarse automáticamente al cuerpo. De los 17, uno quedó excluido en la prueba teórica y otro, en la física. Los 15 que superaron ambas y llegaron a la prueba psicosocial también la superaron.

Ante esto, bomberos que quedaron excluidos del concurso y que prefieren no dar sus nombres sospechan de favoritismo hacia los interinos. Algunos consideran que este grupo debería haber sido ya estabilizado para poner fin al “abuso de temporalidad” en el que se encuentra. Creen, sin embargo, que pudo producirse una presunta desviación de poder en las oposiciones para excluir en la prueba psicosocial a aspirantes con buenas notas en las pruebas teórica y física, además de experiencia profesional, que habrían puesto en riesgo el futuro de los interinos.

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se ha limitado a responder al respecto que “son cuestiones sobre las que el tribunal ya ha dado respuesta o se encuentra en proceso de ello” y que no va a entrar en “valoraciones u opiniones subjetivas” de los aspirantes. Una fuente muy cercana al tribunal del proceso ha señalado también que esas sospechas son “percepciones personales” y que “si están dentro es porque han superado las pruebas”.

Uno de los recursos a los que ha tenido acceso este periódico detalla que, de los 38 aspirantes que se presentaron a la prueba psicosocial y que trabajan como bomberos en otras administraciones públicas, 19 fueron declarados no aptos, frente al 100% de los interinos, que fueron declarados aptos. El escrito denuncia que estas cifras reflejan “una desviación estadística asombrosa y ajena a las reglas de la probabilidad en los procesos”, y sostiene que la entrevista se utilizó entonces “como un filtro para asegurar la estabilización de personal propio”.

Otro de los puntos polémicos radica en que las bases del proceso exigían que los psicólogos encargados de realizar las entrevistas personales estuvieran colegiados en el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. Sin embargo, el principal asesor técnico del ejercicio, el especialista Antonio Pamos de la Hoz, está colegiado en Madrid. Es él quien ha firmado las respuestas a las reclamaciones de los opositores que solicitaron conocer sus valoraciones.

Aspirantes entrevistados sostienen asimismo que Pamos de la Hoz no fue quien realizó sus entrevistas, sino otra persona cuya identidad, aseguran, “no coincide con ninguno de los asesores formalmente nombrados”.

Los opositores denuncian que el Consorcio ha pretendido que admitieran “como incuestionable” una valoración técnica cuya autoría “ni siquiera ha quedado plenamente identificada y sin que exista garantía alguna de que quien emitió el juicio fuera realmente quien practicó la entrevista”. También cuestionan que las entrevistas no fueran grabadas, ni en audio ni en vídeo, y que las dimensiones que pasaron de “apto” a “no apto” fueran modificadas de forma genérica, sin identificar las preguntas concretas que motivaron el cambio ni sus respuestas.

Los recursos de alzada invocan por otra parte una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2024 que señala que la “discrecionalidad técnica” de la que disfrutan los especialistas encargados de valorar las pruebas en los procesos selectivos no es un cheque en blanco, sino que debe cumplir tres condiciones: expresar el material o las fuentes de información sobre las que se va a operar; precisar qué se va a evaluar y, por último, justificar por qué la aplicación de esos criterios ha conducido al resultado que “niega la aptitud de un aspirante o que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás”.

Ahora, dicen los aspirantes contactados, se da la paradoja de que, pese a estar en activo en otros puntos del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, Consorcio de Bomberos de Tenerife…) y estar obligados a intervenir como bomberos en situaciones de emergencia en Gran Canaria si fueran requeridos, se les considera “no apto” para ocupar el puesto. Al menos en la isla redonda.

El plazo para presentar los recursos de alzada expiró esta semana. El Consorcio tiene ahora tres meses para responder. Los opositores entrevistados han anunciado que acudirán a los tribunales si sus reclamaciones no prosperan por la vía administrativa.