“Uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años”. Así define la Asociación Xustiza e Sociedade de Galicia –entidad de carácter progresista que agrupa a más de 200 juristas gallegos– el traslado forzoso de dos magistrados de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que los aparta “de los asuntos de autorizaciónes eólicas, contratación administrativa y procedimientos de especial trascendencia pública”. La decisión, tomada “sin la existencia de criterios objetivos”, “desmantela una unidad judicial altamente especializada” y “amenaza con convertir las presiones externas en un factor determinante en la composición de los órganos jurisdiccionales”.

En un comunicado, Xustiza e Sociedade considera “gravísimos” los acuerdos adoptados el pasado 12 de marzo por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, que enviaron a la Sección Cuarta a los magistrados María Dolores López y Luís Villares. Este último, líder de En Marea entre 2016 y 2020, había sido acusado por Xunta y PP de ser “juez y parte” en causas como la paralización de los parques eólicos. Recio tomó la decisión apenas una semana después de asumir un cargo para el que había competido, precisamente, con Villares.

La asociación señala que los traslados pueden suponer “desviación de poder” porque se decidieron sin que existiesen “criterios objetivos aprobados por la Sala de Gobierno”, tal y como exige la Ley Orgánica del Poder Judicial; tampoco se dio “audiencia” a las personas afectadas, algo que, en su opinión “constituye una alteración irregular del funcionamiento jurisdiccional de la Sección y una posible vulneración de las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial”

“La Sección Tercera ha soportado durante meses presiones políticas, empresariales y mediáticas, derivadas de sus resoluciones sobre proyectos eólicos y contratación pública”. Por eso, si se une la “coincidencia temporal” entre presiones y traslados y la “ausencia de motivación reforzada”, todo junto “genera la apariencia de que la reorganización podría responder a factores ajenos al interés público”. Para la Asociación, “supone un riesgo directo para la apariencia de imparcialidad, para la confianza ciudadana en el Poder Judicial y para el funcionamiento equilibrado de una Sala especializada en asuntos de enorme relevancia”.

Reclaman la intervención del CGPJ

Xustiza e Sociedade ha enviado ya una comunicación formal a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG en la que “exige” la revisión “urgente” de los acuerdos del 12 de marzo, “la rectificación de las decisiones adoptadas y la plena restauración de los principios de legalidad, motivación y transparencia”.

Pero no se ha quedado ahí. También envió otra comunicación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que solicita la apertura de un expediente, la suspensión cautelar de los traslados y la emisión de un informe oficial sobre la conformidad legal del procedimiento. A eso suma la demanda de “medidas correctoras o disciplinarias si se confirma desviación de poder o irregularidad”.

Para la Asociación, los traslados forzosos constituyen “uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años”, y eso se debe a que la “reorganización” de la Sección Tercera “desmantela una unidad judicial altamente especializada, afecta directamente a magistrados con experiencia acreditada y amenaza con convertir las presiones externas en un factor determinante en la composición de los órganos jurisdiccionales”.

“Esto es absolutamente incompatible con un Estado de Derecho sólido y digno de tal nombre”, considera la entidad y, por eso, insta tanto a la Sala como al CGPJ a “actuar con contundencia, transparencia y responsabilidad, protegiendo a los magistrados afectados y garantizando que ninguna decisión interna —ni presente ni futura— pueda interpretarse como una interferencia en la independencia judicial en Galicia”. “La Justicia no puede quedar expuesta a presiones externas. La ciudadanía merece instituciones independientes y creíbles”, concluye el comunicado.

La tensión institucional vuelve a situarse en el centro del debate por el bloqueo en la renovación de instancias clave de la Justicia. El Partido Popular mantiene paralizada la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado desde el pasado diciembre, mientras que sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retrasan nombramientos esenciales en el Tribunal Supremo. Esta estrategia, que prolonga la interinidad en instancias decisivas, evidencia el pulso de la derecha por tratar de mantener o ganar influencia en los tribunales. 

Cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzaron el final de su mandato el pasado 17 de diciembre. Su sustitución depende del Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta pero insuficiente para hacer esas designaciones: le faltan 15 votos. La renovación requiere el respaldo de tres quintos de la Cámara Alta (160 votos), por lo que pasa inevitablemente por un acuerdo con el PSOE, que cuenta con 91 escaños.

Es lo que ha venido ocurriendo históricamente: PP y PSOE se reparten esos cuatro puestos y cada formación propone dos nombres. Pero esa distribución no serviría para alterar la mayoría progresista de siete votos a cinco que ha inclinado la balanza en leyes relevantes, como la amnistía, lo que hace que el PP tenga pocos incentivos para llegar a un acuerdo. 

Fuentes del PP aseguran a elDiario.es que no tienen intención de dar un perfil pactista con el PSOE en un momento de contienda electoral, con las elecciones andaluzas a la vuelta de esquina y en plena pugna con Vox. El partido de Alberto Núñez Feijóo apuesta por dilatar el bloqueo, esperar a mejorar sus resultados en las próximas elecciones generales y acercarse a esa mayoría de tres quintos del Senado, ya sea en solitario o de la mano de socios habituales como Vox o UPN. Eso le permitiría nombrar a cuatro magistrados de sensibilidad conservadora, lo que daría un vuelco a la actual distribución favorable a la izquierda.

El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, denunció en el Senado que el PP “incumple la Constitución” por no renovar “en plazo” el tribunal de garantías. “Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación”, dijo Bolaños. Fuentes de su departamento confirman que no se ha producido ningún contacto. 

La primera consecuencia de la decisión del PP es que los magistrados cuyo mandato está ya caducado seguirán en sus cargos hasta que lleguen sus sustitutos. Además de Conde-Pumpido, los magistrados salientes son la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, uno de los puntales de la derecha judicial, accedió al puesto en julio de 2024 y tiene la opción de ser reelegido.

No es la primera vez que el PP bloquea la renovación del Constitucional por cálculos políticos. Ya lo hizo durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el órgano debatía la sentencia sobre el Estatut de Catalunya que acabó prendiendo la mecha que derivó en el procés. Tampoco fue nada pacífica la última renovación del tribunal de garantías que tuvo lugar en 2022. En ese caso, el relevo correspondía hacerlo al CGPJ (dos magistrados) y al Gobierno (otros dos), lo que suponía recuperar la mayoría progresista en el tribunal una década después. 

Durante tres meses, un grupo de vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces hizo imposible el acuerdo y retrasó el cumplimiento de la ley en un momento en el que beneficiaba a los progresistas. Finalmente, el sector progresista del CGPJ decidió conceder una victoria pírrica a los conservadores: dejar que impusieran a los dos magistrados a cambio de que el tribunal volviera a tener mayoría de magistrados de esa sensibilidad. Fue entonces cuando accedieron al tribunal el conservador César Tolosa y los progresistas María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez, lo que permitió que las mayorías políticas del Parlamento tuvieran su reflejo en el tribunal.

El Constitucional como contrapeso

En la actual coyuntura política, es al PSOE a quien más le interesa una renovación que le garantice mantener la actual correlación de fuerzas del Constitucional, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores. En caso de que el PP consiguiera acceder a la Moncloa, el tribunal tendría la capacidad de actuar como contrapeso ante las eventuales políticas regresivas de un PP condicionado por la extrema derecha. 

El mandato de los 12 magistrados del Constitucional se alarga durante nueve años y se renueva por tercios cada tres años. Después del tercio del Senado, la renovación de los cuatro magistrados que elige el Congreso está prevista en 2028. Esa elección también requiere una mayoría de tres quintos, por lo que suele haber un reparto con dos integrantes de sensibilidad progresista y dos conservadores. 

Así, la conformación a favor de la izquierda estaría garantizada, en principio, hasta 2031, que es cuando le tocaría el turno al Gobierno y al CGPJ. Lo habitual es que el cambio de ciclo en el Constitucional se produzca con la renovación parcial de los dos magistrados que escoge el Ejecutivo y los otros que decide el órgano de gobierno de los jueces.

En los últimos años, la mayoría progresista del Constitucional ha blindado derechos como la eutanasia o el aborto y ha respaldado otras normas relevantes para el Gobierno de coalición como la ley de vivienda o la ley rider. También ha avalado la ley de amnistía. El órgano todavía tiene pendiente algunos asuntos de mucho peso, como el regreso de Carles Puigdemont o el posible recurso del ex fiscal general contra su condena por haber filtrado el correo autoinculpatorio de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Vacante en el Supremo  

Al bloqueo en la renovación del Constitucional se suma la intención de los vocales elegidos a iniciativa del PP en el CGPJ de dilatar la elección de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el ya ex fiscal general del Estado o el exministro socialista José Luis Ábalos. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace casi dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio y las fuentes consultadas coinciden en que su renovación no será ni mucho menos inmediata. 

Los vocales progresistas consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. Sin embargo, las negociaciones ni siquiera se han iniciado. 

La estrategia del grupo conservador pasa por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. 

“Nosotros insistimos en que la plaza del turno de juristas exige una negociación independiente, pero sin mucha suerte”, sostiene un vocal de la izquierda. Pese a ello, el sector de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar tampoco ha forzado llevar al pleno una votación sobre este puesto, lo que podría evidenciar la actitud obstruccionista del otro grupo. “Ellos saben que el déficit progresista y de mujeres en la Sala Segunda es alto. Y que esta plaza debería adjudicarse a una mujer progresista. Pero prefieren paralizarla. Los ritmos los marca la derecha”, lamenta otra voz progresista.  

A pesar de que las negociaciones no se han iniciado, en las conversaciones informales previas los vocales conservadores ya han dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista. Es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera. 

Los vocales conservadores repiten así la estrategia urdida hace un año, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para la presidencia de esa misma Sala y también para la de lo Contencioso-Administrativo, las más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

Los nombramientos realizados durante el primer año de mandato evidencian que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, logró el 38% de las designaciones realizadas en la cúpula judicial. Es casi el doble de lo que consiguieron las otras tres asociaciones juntas. Además, la APM copó casi la mitad de los ascensos al Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación. 

El abogado Antonio Camacho, defensor de Begoña Gómez, ha endurecido este miércoles su exposición ante el juez Juan Carlos Peinado, durante la comparecencia sobre la transformación de la causa a través de la Ley del Jurado. En un punto de su intervención, Camacho ha expuesto la ausencia de un solo indicio para la acusación por uno de los delitos, el de intrusismo, y ha expuesto los “olvidos” de Peinado en su último auto, tales como las declaraciones y documentos que exculpan a su cliente.

“Este letrado a veces piensa que está en presencia de una pesadilla, porque esto es radicalmente claro y nos encontramos con una acusación que sigue manteniendo que se ha cometido el delito de intrusismo. ¿Dónde están las garantías? ¿Qué es en lo que se pretende avanzar? ¿En la justicia? No. Esto lo tenemos absolutamente claro. Aquí se está haciendo y permitiendo hacer otra cosa”, ha dicho Camacho, según fuentes presentes en la declaración, respecto a la actuación de las acusaciones populares y del juez Peinado.

La Fiscalía y las defensas de Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés han solicitado este miércoles al juez que archive la investigación abierta hace casi dos años tras una querella presentada por Manos Limpias y que ha ido ampliando apoyándose en las acusaciones populares, algunas vinculadas a la extrema derecha. Así se han pronunciado durante la comparecencia ante el magistrado sobre la transformación a través de la Ley del Tribunal del Jurado del procedimiento por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. 

Es la tercera vez que el juez les cita para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables tras las correctivas de la Audiencia Provincial. La instancia superior le obligó primero a acumular la causa en un único procedimiento y, después, a motivar su resolución y relatar los indicios que atribuye a los tres investigados. Peinado lo hizo a través de un auto del pasado 20 de marzo, en el que acusaba a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados. “Esta defensa tiene la sensación de estar viviendo un 'deja vu'”, ha dicho Camacho este miércoles.

El magistrado ha citado este miércoles a las defensas de la esposa del presidente del Gobierno, de su asistente y de Barrabés para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo por los delitos que les atribuye será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables. Es una citación en la que los investigados pueden estar representados por sus defensas, por lo que no han acudido personalmente al juzgado.

Un software, herramienta informática vinculada a la cátedra, motiva las acusaciones por delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida. El juez investiga si la esposa de Sánchez incurrió en el primero de esos delitos por firmar un pliego en una licitación de la Complutense; y si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en esa universidad y por los que cobraba 15.000 euros anuales.

Respecto al delito de intrusismo, Camacho ha reiterado cómo la instrucción ha demostrado que Gómez firmó unos pliegos para los que estaba capacitada y que lo hizo a instancias de la propia Universidad Complutense. “Tras dos años de investigación no ha aparecido ni un solo elemento que sustente la comisión de ese delito. Y sorprendentemente, hay muchos elementos, no indicios, que acreditan que el mismo no fue cometido”. “Lo que más sorprende del auto no es lo que recoge, sino aquello de lo que se olvida. Creemos que con esto se está produciendo una grave, gravísima infracción de la imparcialidad judicial”, ha apostillado Camacho.

En relación con los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, las acusaciones sostienen que Begoña Gómez logró un trato de favor de la Administración para Barrabés, quien daba tres clases en el máster que ella codirigía en la Universidad Complutense y por las que cobraba 150 euros brutos cada una. La tesis del magistrado es que el empresario fue el encargado de diseñar y elaborar los contenidos académicos de una parte de uno de los másteres vinculados a la cátedra. Y que, en el mismo “marco temporal”, Begoña Gómez actuó “en favor” de sus “intereses empresariales”.

El abogado de Gómez ha dicho: “Estamos asistiendo a la primera vez que se pretende que un jurado juzgue dos delitos que sí están dentro del ámbito objetivo de la ley del jurado y otros tres que no lo están”. “No solo es necesario que consten los indicios, sino que estos sean verosímiles y finalmente es necesario que exista persona o personas que puedan ser presuntos autores de los delitos que recoge el procedimiento del jurado”, ha añadido.

Respecto a la asesora, el juez cree que Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. Como indicios, el juez apunta los correos que la asesora envió desde su cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno actuando expresamente “en nombre de Begoña” para buscar financiación y gestionar convenios con empresas. Y también a las declaraciones de testigos que “refuerzan la conclusión” de que Cristina Álvarez “era percibida por terceros no como mera asistente protocolaria (...), sino como persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra y del proyecto tecnológico vinculado al software”.

El abogado Camacho se ha preguntado qué ha cambiado desde que el juez dijera en mayo de 2025 que no había delito de malversación y ahora avance hacia un juicio con tribunal del jurado también por este delito. “Estamos expectantes para entender la explicación del magistrado instructor de por qué razón en el mes de mayo del año pasado era imposible que mi representada pudiera cometer el delito de malversación de caudales públicos y unos meses después es perfectamente posible que pueda cometerlo”, ha expuesto Camacho, quien ha añadido que el mismo cambio de postura afecta a la asistente, Cristina Álvarez.

Vox: “las defensas nos lanzan ataques furibundos”

Por su parte, las acusaciones han solicitado que se practiquen nuevas diligencias con el fin de ahondar en la investigación, tales como el salario de Álvarez y la vida laboral de la esposa del presidente. A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el abogado que representa a Hazte Oír --que también ejerce la acusación popular--, Javier Pérez Roldán, ha declarado que Gómez “está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella”, y ha señalado que desde la asociación vienen “con los deberes hechos, con todo bien atado”, informa Europa Press.

Por su parte, Vox ha denunciado “los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación”, después de la sesión, que ha durado casi tres horas.

La anécdota la recogió el penalista y dramaturgo alemán Ferdinand Von Schirach: un policía se quejó una vez a un magistrado de que los abogados defensores eran frenos en el coche de la Justicia. El juez respondió que un coche sin frenos no sirve para nada. Este freno necesario para el sistema es el abogado. Y, de entre todas las ramas del derecho, el penalista es el que se asoma a las situaciones más delicadas.

El abogado Manel Mir y el magistrado Víctor Correas escriben en Defender: el abogado penalista y su oficio (Atelier) un manual y una reivindicación. Un oficio, sí, con sus códigos que no se aprenden en la facultad y que solo buenos maestros, como Mir y Correas, pueden transmitir.

La obra ensalza al abogado penalista como artesano del derecho, que no debe olvidar los clásicos (si la moda son los letrados que se autopromocionan en Instagram o los platós de televisión, bienvenidos sean los clásicos), pero que por encima de todo debe tener en mente defender bien al cliente.

“Un abogado puede defender a un pederasta en serie o puede decidir que sus convicciones le impiden hacerlo. Lo que no puede hacer es defenderlo mal. Esta opción no puede existir”, asevera Mir en conversación con Correas en uno de los despachos de la Audiencia de Girona donde los magistrados debaten si imponen penas de cárcel que pueden trastocar una vida.

La esencia de la profesión no puede ser el dinero

El libro incluye reflexiones valiosas sobre esa parte del oficio que no se ve durante el juicio oral, pero que es vital para que salga bien: la relación con el cliente (y su familia, que puede llegar a ser complicada), la lucha contra los propios prejuicios o la formulación de una estrategia de defensa.

La obra es muy útil para todos los que empiezan a vestir la toga, pero también para cualquier lector, pues en algún momento de la vida (mejor que sean pocos), todos podemos necesitar a un abogado. 

Un consejo para empezar: el cliente no es tu amigo. “Siempre tiene que haber la mesa del despacho de por medio”, destaca Mir, que no entiende a los letrados que, en casos mediáticos, acompañan a un cliente que no es personaje público hasta el juzgado. “Si el abogado es conocido, como Manel Mir, y el cliente no, entrar a su lado en el juzgado con toda la prensa en la puerta es ponerlo en la diana”, apostilla Correas.

“Lo único que puedes prometer al cliente es que trabajarás al máximo, pero el resultado ya no depende de ti”, recuerda Mir. 

¿La Justicia es igual para todos? ¿O los ricos salen mejor parados que los pobres? “Ni la sanidad, ni la educación son iguales para los ricos que para los pobres”, afirma Correas, que destaca que hay defensas “con más recursos” que otras a la hora de contratar a peritos, por ejemplo. “No deja de ser una muestra de la desigualdad que hay en la sociedad”.

“Hay abogados que solo para recibir cobran un dineral y es espantoso. La esencia de la profesión no puede ser el dinero”, reivindica Mir. El letrado gerundense es lo contrario a los egos desbocados que también existen en su gremio (como en todos). En su dilatada carrera, también ha tenido que lidiar con los codazos de algunos compañeros. 

“Cuando una defensa va contra el otro acusado, terminan perdiendo los dos. Es muy delicado”, asevera Mir, que advierte de que lo peor que puede hacer un abogado es jugar con la ilusión (o la desesperación) de un cliente. “Si un abogado te promete que te sacará de prisión preventiva en 15 días, miente. Asegurar resultados no es posible”, valora.

En tiempos de inteligencia artificial y populismo punitivo, Mir lamenta que se esté perdiendo “la parte más humana de la profesión”. “Los grandes despachos a veces me dan miedo. Los penalistas hacemos trajes a medida, no somos El Corte Inglés”, afirma. Para Correas, el modelo clásico que representa Mir “sobrevivirá” en la jurisdicción penal. “El componente humano es irrenunciable y todavía no se ha inventado una IA que vaya a la cárcel a ver a su cliente ni entienda el problema en toda su dimensión”, reflexiona el magistrado.

Más allá de la necesaria cortesía en estrados, Mir echa la vista atrás (llegó a defender acusados por el delito de adulterio) y constata que la magistratura ha evolucionado. “Ahora hay más jueces garantistas, como el que está a mi lado”. Correas considera que existen dos modelos de juez: los autoritarios y los que no lo son. “Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado”, indica.

Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado

“Muchas veces he dictado sentencias absolutorias de gente de la que tengo el convencimiento íntimo de que ha cometido el hecho delictivo. Pero como no tengo pruebas, absuelvo, porque mi convencimiento es irrelevante, lo que tengo que construir son razonamientos racionales sobre las pruebas”, expone Correas sobre su trabajo.

¿Cómo se vive desde los bancos de la defensa una sentencia condenatoria cuando se tiene el convencimiento y se ha trabajado duramente para la absolución del cliente? “No queda otra que trabajar y poner el recurso, aunque salgas decepcionado”, responde Mir.

Lo que suscita más preocupación en ambos juristas es la “expansión” del derecho penal para castigar más conductas y endurecer el reproche a las ya existentes, como ocurre con la última ley de multirreincidencia. “Subir las penas no sirve de nada, mantener el orden se consigue ayudando a los jóvenes a estudiar y teniendo una vida digna”, dice Mir, que hace suya la frase de Concepción Arenal con la que se abre el libro: “Abrid las escuelas y cerrarán las cárceles”.

“Todos los sistemas penales del planeta tienden al terror punitivo, pero en las últimas décadas la izquierda ha considerado que el derecho penal también es una herramienta para proteger bienes jurídicos colectivos”, valora Correas. El magistrado recuerda que España es uno de los países de Europa con penas más altas. “No hay ningún estudio que vincule la subida de penas con el descenso de la delincuencia”, señala, además de lamentar que parte de la izquierda se haya visto “arrastrada” hacia las tesis punitivistas que defiende la extrema derecha por fines electoralistas.

Aunque daría para otro libro, Correas pide no olvidar el papel de los medios de comunicación a la hora de informar de las resoluciones judiciales y su impacto en la ciudadanía. “La prensa también forma parte del sistema penal de justicia, aunque no sea tan evidente como los jueces, porque de la prensa depende el traslado de nuestras actuaciones a la ciudadanía”, reflexiona el magistrado.

Correas constata un sesgo de los medios a la hora de informar de sentencias absolutorias, por ejemplo en casos de violencia sexual: “La condena se da en un breve, pero a la absolución se le dedica más tiempo y espacio”. Y añade una propuesta poco común entre togados: “Los propios jueces tendríamos que poder dar más explicaciones y resolver dudas a los periodistas porque así se trasladaría mejor a la gente”.

El exdiputado de Podemos Pablo Echenique ha defendido este viernes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid que el tuit sobre “deportar” a sacerdotes pederastas por el que Abogados Cristianos le reclama un año de cárcel por un posible delito de odio fue una “ironía”. “Es imposible que una persona que no odia a sacerdotes católicos emita un mensaje de odio hacia ese colectivo. Eso, sumado al verbo deportar, hace evidente el significado real del tuit. Juzgar una ironía como si fuera algo literal nos llevaría a un terreno complejo”, ha añadido el ex secretario de Organización de Podemos en su última palabra. 

La asociación ultracatólica denunció a Echenique por un tuit en el que comparaba los abusos en la Iglesia católica con los delitos sexuales que cometen los migrantes. “Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”, escribió Echenique en mayo de 2024. 

El exdiputado respondió con este comentario a un mensaje en el que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, afirmaba que España no podía acoger a todos los inmigrantes que llegan sin papeles porque, según dijo, “caben los que caben”. Durante la vista, la Fiscalía ha reclamado la absolución de Echenique al considerar que el comentario en ningún caso supuso un “peligro real” para los sacerdotes. “No todo lo odioso es un delito de odio”, ha sostenido el fiscal en el inicio de su informe. 

También la defensa de Echenique, que ejerce el abogado Gorka Vellé, ha solicitado la absolución de su cliente, así como la imposición de las costas a la entidad ultracatólica. Durante su informe, el letrado ha defendido que el exdirigente de Podemos se pronunció en “un sentido irónico, sarcástico” sobre un asunto de interés público que era objeto de debate. “La deportación de sacerdotes como tal no parece factible en la medida de que tienen la nacionalidad española”, ha aseverado.

Además, el letrado ha defendido que el colectivo de los sacerdotes españoles no es un grupo vulnerable, que es uno de los requisitos que exige la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para considerar que se ha cometido un delito de odio. Y ha insistido en que el comentario está amparado por el derecho a la libertad de expresión. 

En contraposición, la letrada de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha sostenido que el comentario de Echenique no fue “fortuito” y ha dicho que se trató de un “ataque deliberado a la Iglesia católica, a la que tiene manía”. Según Castellanos, el exdiputado de Podemos hizo esa afirmación con la “intención particular de humillar”.

En la vista ha comparecido como testigo el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, que ha contextualizado las conclusiones del informe Una respuesta necesaria, en el que el Defensor del Pueblo reconocía las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” que han funcionado en muchas congregaciones y órdenes religiosas respecto a los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia.

En su interrogatorio, la abogada de Abogados Cristianos ha tratado de desacreditar las conclusiones de ese documento, que incluyó una encuesta que reveló que un 1,13% de la población ha sufrido abusos en un entorno religioso, lo que supondría unas 450.000 víctimas en todo el país. “En el informe no juzgamos a una institución, estamos pensando en las víctimas, en su reparación y su reconocimiento”, ha defendido Gabilondo.

La vista tuvo un momento tenso cuando la presidenta del tribunal, la magistrada Adela Viñuelas cortó el interrogatorio de uno de los testigos, el corresponsal en Roma de El País y uno de los periodistas que ha liderado en ese periódico la investigación sobre la pederastia en la Iglesia. El redactor viajó desde Italia para acudir a esta vista, pero el tribunal apenas le permitió responder a un par de preguntas. Tras haberla aceptado, la presidenta consideró que su declaración era “innecesaria” por la “dirección” que habían tomado las preguntas de la defensa. Y no permitió siquiera que entrara en la sala otro periodista que también había sido citado.

Cuando el abogado Gorka Vellé apuntó que se estaba generando una “indefensión absoluta”, la magistrada le pidió que se callara. “Yo ordeno el juicio y a la vista de lo que se pretende, la declaración es innecesaria”. “Esto no es un debate político, es un juicio”, apuntó después la otra magistrada del tribunal. 

La acusación había reclamado la comparecencia como testigo de María García Ayuela, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. Es una organización vinculada a la letrada de Abogados Cristianos, que forma parte de su consejo asesor. Ante el tribunal, García Ayuela ha asegurado que, según un informe realizado por su organización, en 2024 aumentaron un 25% los “ataques” a la libertad religiosa y dos de cada tres se producen contra personas cristianas.

Sin embargo, a respuestas de la defensa, García Ayuela ha admitido que su organización ha llegado a considerar como un caso de “laicismo beligerante” y un ataque a la libertad religiosa la denuncia contra varias diócesis españolas que estaban impartiendo cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI+.

Abogados Cristianos atribuyó al exdiputado un delito de odio al considerar que su comentario supuso una “incitación” al odio al “señalar a los sacerdotes católicos como agresores sexuales, realizando un señalamiento y una estereotipación negativa generalizada de todo un colectivo de manera evidente” y “pedir la deportación de los sacerdotes católicos españoles”. A juicio de esta organización, el mensaje de Echenique llegó incluso a generar “una situación de peligro abstracto para los sacerdotes católicos en España” y a “atemorizar” al conjunto de los fieles católicos españoles. 

El instructor del caso fue el magistrado Carlos Valle, el mismo juez que también intentó llevar al banquillo por el mismo delito al humorista Héctor de Miguel, conocido como 'Quequé', por bromear en un programa de la Cadena SER con apedrear curas pederastas. En el caso de 'Quequé', la Audiencia Provincial archivó el caso al considerar que el comentario no incitaba al odio contra los religiosos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta una factura que supera los 300.000 euros en indemnizaciones tras ser condenado en al menos tres ocasiones en los tribunales por incumplir sus obligaciones como garante de la seguridad y la prevención de riesgos laborales de jueces y magistrados. La más cuantiosa de esas condenas, que ya es firme, suma 225.264,68 euros. Este es el contexto en el que el pleno del órgano, con el voto en contra de los dos vocales elegidos a iniciativa de Sumar, acordó este miércoles posicionarse a favor de excluir a los miembros de la carrera judicial de la legislación sobre protección laboral. 

El acuerdo suscrito por los diez vocales elegidos a iniciativa del PP y los ocho designados a propuesta del PSOE, y al que se sumó la presidenta Isabel Perelló, propone suprimir el artículo 317 del Reglamento de la Carrera Judicial. Ese artículo es el que, hasta el momento, reconocía el derecho de los jueces y magistrados a la protección en materia de seguridad y salud al remitir a la normativa de prevención de riesgos laborales. El documento aprobado supone eludir la aplicación del marco legal que vincula al CGPJ en materia de prevención y busca abrir una vía para tratar de sortear estas condenas de miles de euros, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

En un comunicado conjunto hecho público este viernes, las cuatro asociaciones judiciales —conservadoras y progresistas— han exigido al CGPJ que corrija su criterio y mantenga la aplicación de las normas de protección laboral. “Sin condiciones de trabajo seguras, con cargas de trabajo reguladas y evaluadas preventivamente, no hay protección real de la integridad física y moral de jueces y magistrados, ni tampoco una independencia judicial materialmente garantizada”, sostiene el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

La tesis del documento consensuado entre los vocales conservadores y la mayoría de los progresistas es que el texto mejora el actual marco legal y despeja dudas sobre las competencias del CGPJ, al indicar que hay aspectos de la salud de los jueces que quedan fuera de su ámbito de actuación. “No es jurídicamente correcto construir, por simple traslación conceptual, un régimen de prevención de riesgos laborales de cuño general y proyectarlo íntegramente sobre la Carrera Judicial como si jueces y magistrados fueran, sin más, trabajadores o empleados públicos ordinarios”, recoge el texto aprobado. 

El argumento es que tratar a los jueces como “trabajadores ordinarios” sometidos a la regulación general sobre riesgos laborales implicaría una relación de subordinación como la que existe entre un empleado y un empresario, lo que choca frontalmente con la “independencia” que debe regir en la función jurisdiccional. “La salud de quienes integran el Poder Judicial no puede quedar reducida a un problema de organización empresarial o de relaciones de empleo, porque afecta al núcleo mismo de las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar”, recoge el documento. 

Una “desregulación” absoluta

Frente a este acuerdo, la vocal Inés Herreros presentó un voto particular al que se sumó el vocal Carlos Hugo Preciado que defiende que la nueva normativa supone una desregulación absoluta y una “ruptura con la trayectoria” de más de una década de avances. Su texto apunta que la prevención de riesgos es una garantía material indispensable para la propia independencia. Y alude a la “capital importancia” que reviste la protección de la seguridad y salud en la independencia judicial y al hecho de que a la ciudadanía “también le asiste el derecho a que la actividad jurisdiccional se realice con la serenidad y el sosiego que ofrece un sistema que garantice la salud en el trabajo”. 

Según el texto que suscriben ambos vocales, el planteamiento de la mayoría “instrumentaliza la salud” de los jueces y “convierte su protección no en un fin en sí mismo —como correspondería a un derecho laboral básico— sino en un medio para garantizar el rendimiento del sistema, con lo que se desprotege precisamente aquello que debería ser el núcleo de cualquier política de prevención de riesgos laborales: la dignidad y el bienestar de las personas”. 

Los vocales elegidos a iniciativa de Sumar apuntan a la paradoja de que el texto aprobado una el derecho a la seguridad y salud de la carrera judicial a la independencia judicial “para después desregular su protección y dejarlo sin cobertura ni protección al desligarlo de la Prevención de Riesgos Laborales”. 

Además, el pleno rechazó una propuesta realizada por el vocal Preciado que defiende que los derechos profesionales de los jueces —retribuciones, protección social, la prevención de riesgos o conciliación— constituyen “garantías materiales de la independencia”. “Un juez/a no puede ejercer con independencia la jurisdicción si sus condiciones profesionales ponen en riesgo su vida, integridad física o moral o su salud”, recoge su propuesta. 

Además, Preciado proponía renovar la evaluación de riesgos psicosociales, que data de 2018, para medir adecuadamente el estrés derivado de la asunción de cargas familiares y de cuidado por parte de los jueces. También contemplaba actualizar la guía práctica de riesgo por lactancia natural, de 2023, para evitar decisiones dispares entre los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, planteaba incluir medidas específicas frente al acoso y la violencia, así como iniciativas específicas de protección para los jueces mayores de 60 años, como la exención de realizar guardias o el establecimiento de normas para evitar que se les repartan macroprocesos. 

Varias sentencias

El núcleo de este conflicto radica en la histórica reclamación de las asociaciones de jueces para que el CGPJ cumpla con su obligación legal de regular de forma específica la carga de trabajo a efectos de salud laboral. Ante la inactividad del órgano, que se defendía argumentando que no era posible fijar un límite abstracto para todos y que la jurisdicción competente no era la social, los tribunales acabaron fallando en su contra. El Tribunal Supremo condenó en 2023 al CGPJ por no regular la carga de trabajo de los jueces para proteger su salud laboral.

En paralelo, distintos jueces han presentado en los últimos años reclamaciones individuales de daños y perjuicios que, en algunos casos, han derivado en indemnizaciones de miles de euros. Entre los casos más graves destaca el de una magistrada que alegó haber sufrido un síndrome ansioso-depresivo derivado del estrés laboral. Según su demanda, el CGPJ “no puso los medios para detectarlo ni aplicó medios para evitarlo, como pudiera haber sido un refuerzo, o cualquier otra medida similar”. 

En 2022, un juzgado de lo Social condenó al órgano de gobierno de los jueces a pagarle una indemnización de 122.963,50 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró que la indemnización inicial no reparaba íntegramente el daño y reconoció además el lucro cesante y secuelas, por lo que elevó la indemnización a 225.264,68 euros. En diciembre de 2024, el Supremo declaró firme la sentencia y confirmó la obligación del CGPJ de abonar esa cantidad. 

También está el caso de un magistrado que denunció que había desarrollado un trastorno depresivo mayor crónico (síndrome de burnout o desgaste profesional) que derivó en su incapacidad permanente. Según su demanda, esa patología se debió a una sobrecarga de trabajo, ya que su juzgado superaba los módulos teóricos de entrada de asuntos fijados por el CGPJ. El órgano le abrió varios expedientes disciplinarios por los recurrentes retrasos de su órgano judicial.

Un juzgado de lo Social le dio la razón en diciembre de 2024 y condenó al CGPJ al pago de 42.745,50 euros de indemnización. Tras los recursos interpuestos por ambas partes, el TSJ de Catalunya confirmó este mismo marzo que había habido una vulneración de las normativas de prevención por parte del CGPJ frente a un juzgado sobrecargado y elevó la condena al imponer al Consejo el pago de una indemnización principal de 77.730,36 euros, a los que se sumaron 7.376,40 euros extra en concepto de intereses legales devengados desde el año 2021.

A estas sentencias se suma la de otro magistrado que fue indemnizado con 548,03 euros por el coste de unas gafas graduadas necesarias para su trabajo con pantallas. El CGPJ alegó que se desconocía si la miopía del magistrado se había producido tras su ingreso en la carrera judicial. Pero la sentencia se apoyó en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que los empleadores deben proporcionar dispositivos correctores especiales a los trabajadores que los necesiten por el uso de pantallas y que el trabajador no debe verse obligado a costear sus propios medios de protección. 

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza expedientar al juez Juan Carlos Peinado tras investigar las cuatro quejas que recibió hace meses por su forma de instruir dos casos con repercusión política. La Comisión Permanente del órgano —el llamado 'núcleo duro'— analizará en su sesión de este martes si acepta el criterio del Promotor o si, por el contrario, le corrige y le obliga a abrir un expediente al magistrado. 

Dos de esas quejas las formuló el ministro Félix Bolaños, que denunció que el juez actuó de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en la Moncloa en el caso contra Begoña Gómez y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. El magistrado exigió una tarima para poder colocarse en un plano superior al del ministro, le acusó de contestar con “evasivas” y le llegó a reprochar que sonriera. En su propuesta de archivo, el Promotor afirma que se trata de “decisiones que pueden debatirse, pero que, al margen de su acierto o desacierto, constituyen una manifestación del ejercicio de la función jurisdiccional de la que el denunciado es titular”. 

Las otras dos quejas fueron presentadas por Más Madrid y el diputado del PSOE Guillermo Hita, que denunciaron una “desatención de sus obligaciones judiciales” porque Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en el caso de presunta malversación del gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por pagar un precio desorbitado por un acto a OkDiario.

Tras una investigación que se ha dilatado durante varios meses, el Promotor, Ricardo Conde, concluye que la conducta del juez no es susceptible de reproche disciplinario en ninguno de esos casos. La Permanente, que tendrá la última palabra al respecto, está formada por siete miembros: cuatro vocales conservadores, tres progresistas y la presidenta, Isabel Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate.

De forma reciente, el voto de la presidenta permitió la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Esos expedientes, no obstante, acabaron sin sanción porque los vocales conservadores, que son mayoría en la Comisión Disciplinaria, impusieron su criterio. 

Tenso interrogatorio

En el caso de Bolaños, fuentes del Ministerio de Justicia explican que esas denuncias se remitieron para informar sobre las “irregularidades” cometidas por juez “en relación con su declaración como testigo y la posterior exposición razonada elevada al Tribunal Supremo”. Durante el interrogatorio, el juez acusó al ministro de contestar con “evasivas” y se permitió cuestionar alguno de sus gestos. “No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa”, llegó a decirle. Después, el juez tergiversó el testimonio del ministro para apuntalar su petición al Supremo de que abriera una causa contra él. 

La autoridad disciplinaria, Ricardo Conde, acordó abrir una diligencia informativa contra el magistrado tras recibir el 4 de junio de 2025 una primera denuncia de Bolaños con relación a la actuación del juez durante el interrogatorio. El 29 de julio, el ministro presentó una segunda denuncia después de que el Supremo rechazara investigarle. Durante la tramitación de las diligencias, Peinado alegó que actuó en todo momento con el objetivo de que la declaración “se desarrollara del mejor modo posible”. 

Bolaños denunció también la filtración a la prensa de resoluciones judiciales antes de que le fueran notificadas formalmente a él o a las partes, lo que, a su juicio, supone una vulneración del carácter reservado de las diligencias que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para fundamentar su queja, expuso dos casos concretos que siguen un mismo patrón. 

Por un lado, respecto a su citación como testigo, Bolaños denunció que el juez firmó a las 14.18 horas del 10 de marzo de 2025 la resolución en la que acordaba abrir una pieza separada y citarle a declarar. Y que, apenas tres horas después, a las 18.26 horas, la noticia estaba publicada en El Confidencial y la resolución “circulaba por canales telemáticos”. Según su queja, las partes no la recibieron hasta el día siguiente y Bolaños no fue notificado oficialmente hasta el 14 de marzo. 

En su denuncia, Bolaños insinúa la responsabilidad directa del juzgado al señalar que el círculo de personas con acceso era muy reducido y que el propio juez habló ese día con el departamento de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para confirmar la noticia. El titular de Justicia también pone de ejemplo la providencia en la que el juez rechazó que declarara por escrito. Según su queja, el juez firmó la resolución a las 10.01 horas y, en menos de una hora, a las 10.57 horas, ya estaba publicada en El Mundo. Bolaños asegura que no recibió la notificación formal hasta varios días después, el 3 de abril.

En su propuesta de archivo, la autoridad disciplinaria alega que “no existe indicio que permita atribuir al instructor, ni siquiera indiciariamente, la revelación de datos judiciales”. Recientemente, el Promotor ha abierto una nueva investigación a Peinado por una filtración a OkDiario de información de la causa contra Begoña Gómez. Esta nueva queja parte de la defensa de otra de las investigadas, la trabajadora de la Moncloa Cristina Álvarez, asistente de la mujer del presidente.

Su letrado, José María de Pablo, puso en conocimiento del CGPJ un escrito en el que acredita, con varios pantallazos, que el digital que dirige Eduardo Inda publicó el contenido de una providencia dictada por el juez 15 horas antes de que ese documento fuera trasladado a las partes a través de LexNET, la plataforma del Ministerio de Justicia que sirve para comunicarse electrónicamente con los juzgados y tribunales. La filtración, por tanto, solo podía provenir del juzgado, según el escrito.  

Prórroga fuera de plazo  

Las otras quejas presentadas vienen motivadas por el hecho de que Peinado dictó con dos meses de retraso una prórroga en un caso de presunta malversación que afecta a Alfonso Sánchez Vicente que, como gerente de la EMT, es un alto cargo de la Administración que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP). Peinado investigaba desde 2023 si esa empresa municipal malversó dinero público al firmar un contrato de patrocinio con OkDiario para unas jornadas de sostenibilidad en 2022 por 72.600 euros cuando un año antes un evento similar había costado una cuarta parte, tal y como denunció Podemos.

La Audiencia Provincial de Madrid constató que Peinado prorrogó la causa dos meses después del límite legal y que muchas diligencias, por tanto, no eran válidas al haber sido acordadas fuera de plazo. La respuesta de Peinado fue archivar el caso, pero no porque su error hubiera condenado la investigación al sobreseimiento, sino porque creía que no había delito en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la web de Eduardo Inda. Según el juez, el evento fue seguido por “una gran cantidad de personas” y esa “mayor capacidad de difusión” pudo justificar el sobreprecio. 

La portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, optó por abrir también la vía disciplinaria y presentó el 3 de julio de 2025 una queja contra Peinado con relación a estos hechos. La autoridad disciplinaria acordó abrir diligencias cinco días después. Posteriormente, el 18 de julio, el diputado del PSOE Guillermo Hita presentó otra denuncia por los mismos hechos que derivó en otra apertura de diligencias el 31 de julio. Las dos denuncias consideran que Peinado desatendió sus obligaciones judiciales al acordar esa prórroga fuera de plazo a pesar de la petición de las acusaciones populares y la Fiscalía.

En sus escritos, ambos denunciantes subrayan que la actuación del juez ha causado “graves perjuicios” a la investigación y a las acusaciones personadas y un “claro favorecimiento” a las defensas de los investigados al impedir seguir investigando y llevar a cabo diligencias que hubieran llevado a un “completo esclarecimiento de los hechos”. 

¿Puede un magistrado en activo llamar “Barbigoña” a la esposa del presidente del Gobierno y salir indemne porque solo era una “gracieta” del Día de los Inocentes? El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que sí. Respaldado por el voto de la mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria del órgano, el juez Manuel Ruiz de Lara acaba de burlar el segundo expediente disciplinario de su carrera por sus exabruptos contra Pedro Sánchez. En la primera ocasión le llamó “psicópata sin límites éticos”. Y, como ahora, quedó exonerado porque el órgano consideró que se había expresado como un “mero ciudadano”.

El archivo del expediente, llevado a cabo con el voto en contra de los vocales del grupo progresista, ha puesto de nuevo el foco sobre los límites de la libertad de expresión de quienes imparten Justicia. Especialmente, en un momento de enorme polarización como el actual y en el que algunos jueces usan las redes sociales de parapeto para entrar en el debate político con pocas cortapisas. En la misma sesión, la Comisión Disciplinaria también rechazó sancionar, con similares argumentos, al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que en una conferencia para juristas cargó contra Irene Montero y le reprochó que diera lecciones sobre el consentimiento “desde su cajero de Mercadona”.

Juristas consultados por elDiario.es sostienen que el CGPJ ha hecho en estos casos una interpretación “excesivamente formalista” y “corporativista” de la norma, dado que la ley del Poder Judicial establece como límite a la libertad de expresión de jueces y magistrados el no poder dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos.

Estos expertos afirman que su decisión sienta un precedente peligroso porque puede vaciar de contenido uno de los principios éticos fundamentales que se exige a quienes imparten Justicia: la apariencia de imparcialidad. Esto es, la obligación de los jueces no sólo de comportarse de forma objetiva, sino de preservar la imagen de ello para evitar cualquier sombra de duda sobre sus decisiones.

El “fraude de ley” del perfil privado

“Hoy @sanchezcastejón anunciará mi nombramiento como Ministro de Justicia. El pacto incluye reforma CGPJ, dimisión como FGE del ‘borrador oficial de mensajes’ y relevo de Conde Pumpido que pasará a dirigir 1 cátedra de inconstitucionalidad y amnistía con Barbigoña en Santo Domingo”, escribió Ruiz de Lara el 28 de diciembre de 2024 en su cuenta de X, donde aparecía con su nombre real, una fotografía en la que era reconocible y se presentaba como autor de las novelas que ha publicado. La cuenta fue cancelada días después de que el mensaje apareciera en los medios de comunicación.

El argumento central para exculpar al magistrado —respaldado por la Fiscalía, que calificó el insulto de simple “gracieta”— se basa en la separación entre el ciudadano y el juez. La clave, según el acuerdo de archivo, es que Ruiz de Lara lanzó ese mensaje desde un perfil privado, en el que no se identificaba como miembro del Poder Judicial ni hacía ostentación de su cargo. Y que, además, su mensaje tuvo una resonancia limitada porque la cuenta era cerrada y tenía solo 320 seguidores.

El voto particular firmado por tres vocales del sector progresista trata de desmontar esa tesis. A su juicio, Ruiz de Lara era un opinador público notorio que intervenía asiduamente en televisión y medios para valorar, entre otros asuntos, la investigación contra la persona a la que “denigró” en sus redes con un “exceso sexista” que consideran incompatible con la condición de juez.

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial limitan ciertos derechos a los jueces, como la afiliación política o la censura a otros poderes, con el objetivo de garantizar su imparcialidad y la confianza en la judicatura como un poder del Estado. La tesis de los vocales discrepantes con la decisión adoptada es que escudarse en la condición de “ciudadano” para emitir opiniones o insultos que la ley prohíbe expresamente a los jueces constituye un claro “fraude de ley”.

La toga no se quita en Internet

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, considera que esta resolución del CGPJ puede ser un “avance” en la medida que apuntala que cuando un juez se identifica en público como tal, hay cosas que no puede decir porque afectan a su imagen de imparcialidad. Considera, sin embargo, que el órgano ha aplicado en este caso un criterio “muy formal” y que habría que optar por una interpretación “material” en la que lo relevante sea si alguien es “percibido” como un miembro del Poder Judicial.

Ruiz de Lara es un magistrado que ha intervenido activamente en el debate público en materia de política judicial, ha ensalzado a formaciones como Vox y ha opinado sobre investigaciones de repercusión pública. Velasco, por su parte, pronunció sus palabras sobre Irene Montero en un evento en el que los participantes pagan hasta 400 euros por escuchar a expertos, según publicó El País.

“Un juez en activo nunca puede desprenderse de su toga”, señala Rosario Serra, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. A su juicio, el intento de separar al juez del ciudadano es inútil cuando su cargo es conocido, se presentan como magistrados o se les invita a dar conferencias por su condición. Esta experta recuerda que la ley prohíbe a los jueces dirigir a las autoridades felicitaciones o censuras, y considera que el “insulto” de Barbigoña funciona como un “ataque vicario” o indirecto a los poderes públicos que podría encajar en esta prohibición.

Serra alerta de un cambio de paradigma en el que los jueces han pasado de expresarse a través del filtro de los medios tradicionales a opinar “sin pudor” en las redes sociales. Según su criterio, cuando los jueces actúan como “actores políticos” y lanzan este tipo de mensajes existe el riesgo de socavar “la imagen de imparcialidad que debe acompañar a la figura de los jueces en su conjunto”. “Con una ciudadanía que está muy proclive a desconfiar de las instituciones, puede generar en el imaginario de los ciudadanos la idea de que la Justicia, que es la máxima garantía del Estado de Derecho, no es imparcial”, sostiene esta jurista.

El magistrado Miguel Pasquau, que rechaza de forma expresa pronunciarse sobre el expediente concreto de Ruiz de Lara, considera que centrar el debate en si los magistrados invocan o no expresamente su cargo es un mero “formalismo” que conduce a un “laberinto”, puesto que la condición de juez acaba siendo siempre pública y notoria. 

A su juicio, lo relevante es asumir que el juez es un ciudadano con derecho a expresar opiniones políticas, criticar leyes, iniciativas parlamentarias, decisiones gubernamentales o discursos públicos, pero que está sujeto a unos límites estrictos que no operan para cualquier ciudadano. “Un juez no puede personalizar de una manera agresiva, lo que no es solamente el insulto, sino hacer una descalificación moral de una autoridad, por ejemplo”, sostiene.

¿Reforma legal o freno al corporativismo?

La resolución que exonera a Ruiz de Lara afirma que la conducta no está descrita con exactitud milimétrica en la ley, lo que plantea el debate sobre un posible cambio legal.

El Congreso está tramitando en la actualidad una reforma de la ley del Poder Judicial que incluye una enmienda de Sumar que apunta en ese sentido. Plantea que se sancione como “falta grave de consideración” estas intervenciones en las redes sociales y otras manifestaciones públicas “cuando quien la cometa intervenga o manifieste directa o indirectamente su condición de miembro de la carrera judicial”.

El texto que salió del Ministerio de Justicia no incluía ningún retoque al respecto dado que en el departamento que dirige Félix Bolaños consideran que la reforma de la legislación no es la clave en este punto, sino el “sesgo corporativo” que aplica una parte de los vocales del CGPJ y que provoca que no haya sanciones “ante comportamientos que comprometen gravemente la apariencia de imparcialidad o el trato correcto a la ciudadanía”. 

Los expertos consultados también defienden que la ley actual ya ofrece margen suficiente para sancionar si se hiciera una “interpretación inteligente”, en palabras de Urías. No obstante, este jurista considera que sí se podría retocar para que se estableciera de forma expresa que “quien se presenta públicamente como miembro del poder judicial (...) no tiene derecho a formular expresiones que tengan contenido político”, lo que está en línea con la propuesta del grupo confederal. 

Reformas aparte, los juristas consultados hacen referencias directas al corporativismo como el problema de fondo que explica por qué el CGPJ evita sancionar los excesos verbales de los magistrados. “Hemos dejado la disciplina de los jueces en manos de los propios jueces, que están abusando de ese poder para no perseguir conductas que están prohibidas”, sentencia Urías. 

Los tres vocales progresistas de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder (CGPJ) han firmado un duro voto particular en el que cuestionan la decisión de la mayoría conservadora de no sancionar al juez Manuel Ruiz de Lara, reincidente en sus ofensas a Pedro Sánchez en sus redes sociales y al que el anterior CGPJ también rechazó sancionar tras llamar “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno. En esta ocasión, el órgano le había abierto expediente por referirse como “Barbigoña” a su mujer, Begoña Gómez, un calificativo que los vocales de la izquierda consideran un “exceso sexista” incompatible con la condición de juez. 

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, rebate la tesis de la mayoría, que consideró que como Ruiz de Lara no se identificó como miembro del Poder Judicial en la cuenta X en la que publicó ese mensaje, ni hizo ostentación de su cargo, su actuación está amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión que rige para cualquier ciudadano. El archivo del expediente se llevó a cabo con el criterio favorable del fiscal, que afirmó que el comentario fue una “gracieta” que Ruiz de Lara emitió de forma absolutamente ajena a su condición de juez. 

En contraposición, los vocales Lucía Avilés, Ricardo Bodas y José María Fernández Seijo defienden que Ruiz de Lara tenía una activa presencia pública en medios y redes sociales, donde se presentaba explícitamente como magistrado e incluso opinaba sobre cuestiones relacionadas con la investigación que el juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta desde hace casi dos años a Begoña Gómez. Estos vocales consideran que no es posible un “desdoblamiento de personalidad” cuando “el mismo nombre por el que el Ruiz de Lara se identifica en las redes se utiliza para publicitar declaraciones públicas y mensajes pretendidamente privados”. 

El voto particular rechaza el argumento de que el juez no invocó expresamente su cargo en su perfil de la red social X, en la que el juez se identifica con su nombre real y alude a que es autor de las novelas ‘Patria Judicial’ y ‘Patria Olvidada’. La tesis de estos vocales es que permitir a los miembros de la judicatura intervenir en el debate político bajo el paraguas de “simples ciudadanos” cuando su condición de juez es evidente no es admisible. “Permitirles hacer como ciudadanos lo que la Constitución y su estatuto jurídico les prohíbe hacer como jueces (...) es un fraude de ley”, dice el escrito. 

El voto particular hace especial hincapié en el uso del término “Barbigoña”, con el que el magistrado se refirió a la mujer de Sánchez. Consideran que vincular a una mujer investigada judicialmente con la muñeca Barbie es una forma de ridiculizarla y reducirla a un estereotipo sexista que, además, “durante décadas ha representado un modelo muy específico de feminidad”. “Este estereotipo implica que una mujer no puede ser seria, competente o inteligente, lo cual reproduce prejuicios sexistas del todo incompatibles con el deber de la judicatura de proyectar una imagen pública de neutralidad y respeto hacia la ciudadanía”, sostiene el escrito.

“El uso de la expresión ”Barbigoña“ por parte de un magistrado con gran proyección mediática cuestiona el decoro y respeto con el que debe expresarse un integrante de la carrera judicial en el debate público que afecta a una persona investigada penalmente”, figura en el voto particular, que añade que “desde una perspectiva constitucional y convencional, el uso de expresiones sexistas por parte de un juez no constituye un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino un exceso incompatible con los principios de igualdad, imparcialidad y respeto que deben presidir el ejercicio de la función jurisdiccional”.

“Resonancia” del mensaje

El acuerdo adoptado por la mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria afirmaba aunque el comentario puede considerarse “desacertado, fuera de lugar, o posiblemente éticamente reprochable”, tuvo una escasa “resonancia” dado que el juez solo tenía 320 seguidores, la cuenta era de acceso restringido y el mensaje fue retirado casi de inmediato. Los vocales progresistas argumentan, sin embargo, que en las redes sociales los mensajes pueden capturarse y descontextualizarse y alcanzar gran difusión, como ocurrió cuando ese mensaje fue publicado en los medios de comunicación. 

Además, apoyándose en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el voto particular advierte que los jueces “deben abstenerse de publicar cualquier cosa que pueda comprometer la confianza pública en su imparcialidad”.

Y también recuerda que la Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional, también ha determinado que los miembros de la carrera judicial deben valorar éticamente si su identificación en redes sociales afecta a la percepción que los ciudadanos tienen de su “independencia, imparcialidad e integridad”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado sancionar con una multa de 500 euros por retrasos en su juzgado al magistrado Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La mayoría conservadora de la Comisión Disciplinaria del órgano ha impuesto su criterio y ha acordado imponerle una sanción leve. 

La propuesta realizada por el Promotor de la Autoridad Disciplinaria, que no es vinculante, le atribuía una falta muy grave por la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de procedimientos como magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma y proponía suspenderlo un mes de empleo y sueldo. La Fiscalía, por su parte, pedía que fuera suspendido durante tres meses dada la gravedad de los hechos.

Fuentes del órgano afirman que “se ha concluido la existencia de un retraso reiterado”, aunque el voto de los cuatro vocales conservadores de la Comisión Disciplinaria ha permitido rebajar casi al mínimo su sanción. Los tres vocales progresistas de esa comisión —Ricardo Bodas, José María Fernández Seijo y Lucía Avilés— han anunciado la formulación de un voto particular al considerar que los hechos constituían una falta muy grave.

González Mariscal de Gante es presidente del Tribunal de Instancia de Palma de Mallorca y fue designado el pasado septiembre juez decano gracias al voto mayoritario de sus compañeros, según una nota de prensa difundida por el CGPJ. Es un rostro muy conocido dentro de la conservadora y mayoritaria APM, donde forma parte de su Comité Ejecutivo y hace tareas de portavocía. 

También es encargado del área de Relaciones Internacionales, lo que explica su intervención en foros comunitarios. Hace solo dos semanas se reunió en Madrid con miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, a los que trasladó que, pese a las reformas de los últimos años, “no se han consolidado mejoras estructurales”. También les alertó del “deterioro” del “clima institucional” y de la “percepción pública de la independencia judicial”. 

El pasado julio participó en una mesa redonda en Estrasburgo organizada por el PP junto al resto de asociaciones conservadoras de jueces y fiscales. Meses antes, en abril, había intervenido en otro debate en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, donde acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “normalizar prácticas que debilitan el Estado de Derecho” y llamó a la Unión Europea a actuar ante “casos tan visibles y simbólicos, de una cierta degradación institucional dentro de sus propias fronteras”. 

Como parte de su labor jurisdiccional, firmó la sentencia que anuló la gratuidad del túnel de Sóller, cuya construcción se convirtió en el epicentro del primer gran caso de corrupción impulsado en Balears y derivó en los años noventa en el primer gran golpe judicial contra los populares en las islas. Además, en 2017, suspendió el acuerdo del Ayuntamiento de Palma —gobernado entonces por el PSOE, Més y Podemos— de licitar por vía de urgencia las obras de demolición del monumento franquista sa Feixina.

El CGPJ tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de simples advertencias o multas económicas a traslados forzosos, suspensiones y expulsiones. Las faltas leves sólo pueden sancionarse con advertencia o multa de hasta 500 euros o con ambas. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado sin sanción los expedientes disciplinarios abiertos a dos miembros de la carrera judicial por los insultos y exabruptos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su mujer y otros políticos de izquierda, como la exministra y ahora eurodiputada de Podemos Irene Montero. 

El bloque conservador ha impuesto su mayoría en la Comisión Disciplinaria y ha librado de una multa al juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara —reincidente en sus ofensas a Sánchez en sus redes sociales y al que el anterior CGPJ rechazó sancionar— y al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que llegó a decir en una charla que la exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos da lecciones “desde su cajero de Mercadona”. Los vocales progresistas Ricardo Bodas, José María Fernández Seijo y Lucía Avilés han anunciado la formulación de un voto particular al discrepar con la decisión adoptada.

En la propuesta de resolución analizada por los vocales, el Promotor planteaba que Ruiz de Lara y Velasco fueran sancionados por una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al considerar que sus comentarios habían supuesto una “falta grave de consideración respecto de instituciones”. Las faltas graves pueden acarrear una multa de entre 501 y 6.000 euros, aunque en este caso el Promotor no hizo una propuesta concreta de multa y se limitó a aludir a la horquilla que establece la ley. La Fiscalía se había posicionado a favor de archivar sendos expedientes.

El Promotor, que el pasado octubre propuso archivar de plano la investigación abierta a ambos magistrados, fue obligado por la Comisión Permanente a abrirles un expediente disciplinario. Los vocales progresistas, a los que se sumó la presidenta del órgano, Isabel Perelló, consideraron el carácter novedoso del caso, ya que no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados. También es la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que estimó conveniente derivar la decisión a la Disciplinaria, que finalmente ha decidido que no deben ser sancionados. 

En el caso de Ruiz de Lara, el expediente venía motivado por dos mensajes publicados en su cuenta de X —en la que ya no se identifica como magistrado— y que ya aparecen borrados. En el primero de ellos, publicado el 14 de diciembre de 2024, acusaba al jefe del Ejecutivo de ejercer el “golpismo” por “atacar a los jueces”. En el segundo, del 28 de diciembre, descalificó públicamente a su esposa, Begoña Gómez, al llamarla “Barbigoña”. 

Fuentes del CGPJ afirman que, con este caso, se ha puesto de manifiesto una discrepancia en torno al alcance del ejercicio de la libertad de expresión por parte de los jueces. Los vocales conservadores que han defendido el archivo del expediente consideran que las manifestaciones objeto de la queja quedan amparadas por dicha libertad.

Los vocales progresistas, sin embargo, han sostenido que la libertad de expresión “no protege ni el abuso ni manifestaciones que resulten ofensivas o carentes de la debida consideración hacia terceros”. En esta línea, han afirmado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión está amparada, pero “no así el abuso o el insulto”.

En el caso del juez Eloy Velasco y su comentario sobre la exministra Irene Montero, la apertura de la investigación se produjo después de que el Promotor recibiera varias quejas. El magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”.

Esta fue su frase completa, pronunciada durante una conferencia el 13 de noviembre de 2024, tal y como contó infoLibre: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decide este martes si actúa disciplinariamente contra dos miembros de la carrera judicial por los insultos y exabruptos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su mujer y otros políticos de izquierda, como la exministra Irene Montero. El órgano debatirá si sanciona al juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara —reincidente en sus ofensas a Sánchez en sus redes sociales y al que el anterior CGPJ rechazó sancionar— y al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que llegó a decir en una charla que la exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos da lecciones “desde su cajero de Mercadona”.

La última palabra la tendrán los vocales de la Comisión Disciplinaria —cuatro conservadores y tres progresistas—, pero durante la tramitación de los expedientes la Fiscalía se ha posicionado en contra de sancionar a ambos magistrados, confirman a elDiario.es fuentes del órgano. La tesis del Ministerio Público es que ninguno de los dos invocó expresamente su condición profesional para avalar esos comentarios, por lo que sus conductas no pueden ser sancionables de acuerdo a la ley del Poder Judicial y a la jurisprudencia que ha ido moldeando la aplicación del régimen disciplinario de jueces y magistrados. 

Es el mismo posicionamiento que mantuvo el Promotor de la Acción Disciplinaria cuando, el pasado octubre, propuso archivar de plano la investigación abierta a ambos magistrados. Entonces, los votos de los vocales progresistas de la Comisión Permanente, a los que se sumó la presidenta del órgano, Isabel Perelló, le obligaron a cambiar su criterio y a abrir expediente disciplinario a ambos por una falta grave de consideración respecto de instituciones. 

La Permanente consideró el carácter novedoso del caso, ya que no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados. También es la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que estimó conveniente derivar la decisión a la Disciplinaria, que debatirá el asunto este martes.

En la propuesta de resolución que analizarán los vocales, el Promotor —apremiado por la Permanente— plantea que Ruiz de Lara y Velasco sean sancionados por una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al considerar que sus comentarios han supuesto una “falta grave de consideración respecto de instituciones”. Las faltas graves pueden acarrear una multa de entre 501 y 6.000 euros, aunque en este caso el Promotor no hace una propuesta concreta de multa y se limita a aludir a la horquilla que establece la ley.

La Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la obligación de los jueces y magistrados de usar las redes sociales con prudencia y moderación de modo que no perjudiquen la imagen de la Justicia. 

Ejercer el “golpismo”

En el caso de Ruiz de Lara, el expediente viene motivado por dos mensajes publicados en su cuenta de X —en la que ya no se identifica como magistrado— y que ya aparecen borrados. En el primero de ellos, publicado el 14 de diciembre de 2024, acusaba al jefe del Ejecutivo de ejercer el “golpismo” por “atacar a los jueces”. En el segundo, del 28 de diciembre, descalificó públicamente a su esposa, Begoña Gómez, al llamarla “Barbigoña”. 

Ruiz de Lara no es precisamente alguien que pase desapercibido en la carrera y es especialmente conocido en el ámbito asociativo. Es el juez que estuvo durante meses al frente del caso de la Superliga y firmó el polémico auto que respaldó el frustrado proyecto de Florentino Pérez y otros magnates del fútbol. Además, ha sido portavoz de una minoritaria plataforma por la independencia judicial que difundió una guía contra la amnistía a través del correo corporativo del CGPJ.

Es la tercera vez que se enfrenta a un procedimiento disciplinario. El anterior órgano, de amplia mayoría conservadora, rechazó sancionarle tras llamar “psicópata sin límites éticos” a Sánchez, “personificación del deshonor” al ex fiscal general del Estado y “siervo mentiroso patológico” al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

Lo hizo con el argumento de que no se había podido acreditar que hubiera invocado su condición profesional cuando vertió esos descalificativos en sus redes sociales —en las que durante tiempo figuró con sus nombres y apellidos y se presentaba como juez— y que se había limitado a hacer uso de su derecho a expresarse como mero ciudadano. 

Además, en junio de 2017, el órgano le abrió un expediente disciplinario por supuestamente no pedir la compatibilidad para organizar unos torneos de debate universitario. Entonces, las principales asociaciones judiciales y los jueces decanos de toda España pidieron explicaciones sobre las circunstancias de esta investigación, de la que Ruiz de Lara denunció su carácter secreto, aunque el CGPJ siempre negó ese extremo. Al final, el expediente quedó archivado cuatro meses después.

Críticas a Irene Montero

En el caso del juez Eloy Velasco y su comentario sobre la exministra Irene Montero, la apertura de la investigación se produjo después de que el Promotor recibiera varias quejas. El magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”.

Esta fue su frase completa, pronunciada durante una conferencia el 13 de noviembre y por la que le investiga el CGPJ, tal y como contó infoLibre: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás”.

La legislación establece que corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria la recepción de quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios. Si propone la apertura de un expediente debe dar traslado a la Comisión Disciplinaria, que tiene la última palabra sobre las sanciones. La decisión de no iniciar expediente o de archivar el ya iniciado requiere el examen de la Permanente. El magistrado Ricardo Conde ocupa desde 2017 el puesto de Promotor. Su mandato expiró cuando cesó el anterior CGPJ, pero fue elegido de nuevo en diciembre de 2024. 

Durante la tramitación, la Sección de Expedientes Disciplinarios ordena la práctica de las diligencias necesarias para comprobar los hechos. Entre ellas, la declaración del juez expedientado para que comparezca ante el Promotor. Una vez practicadas las pruebas y actuaciones aclaratorias, el Promotor dicta un pliego de cargos que se notifica al afectado, quien dispone de un plazo de ocho días para contestarlo y solicitar las pruebas adicionales que considere oportunas. Después se da audiencia al fiscal, que en este caso se ha posicionado en contra de imponer sanción alguna. 

El director adjunto operativo de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha presentado su dimisión a última hora de este martes después de que trascendiera que un juzgado de Madrid le investiga por la denuncia de una subordinada que le acusa de varios delitos, entre ellos agresión sexual con penetración, informan a elDiario.es fuentes policiales. En un auto, el juez David Maman Benchimol cita a González el próximo 17 de marzo, el mismo día que a su presunta víctima.

El auto citado afirma: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según el artículo 89 de la LOPJ, y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.

La querella de la mujer explica que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hace un prolijo relato de los hechos. La denunciante afirma que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025.

González es director adjunto operativo de la Policía desde 2018, cuando se produjo el cambio de Gobierno. En 2024, el Gobierno aprobó una modificación legal para que el director adjunto operativo de la Policía no tuviera que jubilarse y González siguiera en el puesto hasta ser cesado o dimitir, ya que en diciembre de ese año cumplía 65 años y llegaba el momento de su jubilación. La modificación se produjo a través del Real Decreto Ley 7/2024 de 11 de noviembre, sobre medidas urgentes contra la DANA. El plan del Ejecutivo para el comisario González fue adelantado por elDiario.es.

La elección de José Ángel González por el Gobierno socialista para ser DAO de la Policía supuso una sorpresa en la institución. José Ángel González, 'Jota', ingresó en el Cuerpo en 1984, procedente de la Policía Armada, de naturaleza militar. En aquella época aún no se habían fusionado las policías, lo que daría lugar en 1986 al actual Cuerpo Nacional de Policía, de carácter exclusivamente civil. La trayectoria de González tampoco ayudaba para incluirlo en las quinielas como número dos de la Policía con el Ejecutivo de Pedro Sánchez: González creció profesionalmente como mando de los antidisturbios.

Sin embargo, 'Jota' ha sido el gran aliado del director general de la Policía, Francisco Pardo, estos ocho años. Pardo, quien fuera secretario de Estado de Defensa con José Bono de ministro y después trabajara en la empresa armamentística, fue el elegido por el Gobierno para ser el director 'político' de la Policía. Y en ese puesto continúa ocho años después. Desde su nombramiento, Pardo ha hecho tándem profesional con José Ángel González. Ambos se han convertido en los cargos más longevos de la Policía en sus respectivos puestos durante la democracia.

Cuando fue elegido director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González era jefe superior de Aragón, puesto que había alcanzado tras su paso como máximo responsable policial en Melilla, desde 2013.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá este miércoles en un pleno de urgencia para analizar una convocatoria extraordinaria de 500 plazas para jueces. La reunión se produce después de que, este lunes, el titular de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, mantuvieran una reunión discreta en la que cerraron un principio de acuerdo para dotar de contenido a las 500 nuevas plazas que el Gobierno se ha comprometido a crear este año, informan a elDiario.es fuentes conocedoras de estas negociaciones. 

Esa propuesta inicial, que debe ser ratificada por los vocales, establece que el CGPJ se compromete a convocar 125 plazas del llamado cuarto turno de juristas de reconocido prestigio, una vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El Ministerio de Justicia, por su parte, accede a triplicar esa cifra, hasta las 375, a través de una convocatoria extraordinaria del turno libre, la tradicional oposición memorística. 

Los grupos conservador y progresista analizarán en la tarde de este martes en sendas reuniones su posición ante esta propuesta. A falta de abordar el asunto en profundidad, voces de ambos grupos consultadas por elDiario.es avanzan que sus posturas son favorables dada la necesidad acuciante de profesionales en la carrera judicial. Según el Plan Estratégico de Recursos Humanos del CGPJ, el sistema judicial se enfrenta a una jubilación masiva en la próxima década que dejaría la plantilla en 4.401 efectivos en 2035 si no se toman medidas drásticas, lo que generaría un agujero de más de 2.200 jueces. 

El compromiso del Gobierno de crear 500 nuevas plazas de jueces enfrenta el reto de una implementación que no será inmediata y que se produce en un escenario de cierta tensión con el CGPJ. Perelló dijo recientemente que el proyecto del Gobierno “no resuelve el problema de fondo” de falta de magistrados a pesar de que el órgano había reclamado este incremento. El ministro Bolaños tachó de “político” su discurso y cuestionó el “inmovilismo” de la cúpula judicial. Finalmente, ambos han logrado alcanzar un principio de acuerdo.  

En un oficio remitido al CGPJ, Justicia urgió hace unos días al CGPJ a convocar “de inmediato” el cuarto turno de juristas de reconocido prestigio, una vía alternativa que permite el acceso a la carrera de juristas con más de una década de experiencia a través de un concurso de méritos, sin pasar una oposición. El CGPJ está obligado a convocar este proceso cada dos años. La última convocatoria es de febrero de 2023, por lo que lleva un año de retraso. 

El pasado 27 de enero representantes de Justicia y del CGPJ se reunieron en la llamada comisión-mixta para abordar la dotación de esas 500 nuevas plazas que el Ejecutivo confía en tener creadas después del verano. Pero una cosa es la creación administrativa de la plaza y otra la llegada efectiva de un juez que la ocupe. “Eso es una silla con una mesa, no es el señor o la señora que va a dictar sentencias”, explica una fuente. 

El proceso funciona como un efecto dominó en el que las nuevas plazas se ofrecen a los magistrados más veteranos, que tienen la opción de optar a los nuevos destinos en función de su antigüedad. Solo cuando la vacante llega al final de cadena se puede ofrecer a quienes acaban de entrar en la carrera. Ese proceso no estará culminado hasta dentro de un año, según el horizonte temporal con el que trabaja el Ministerio.

Los miembros del CGPJ reclamaron al Ejecutivo que aumente el número de plazas de la convocatoria de acceso por oposición de 2026, que alcanza un total de 200. Citaron el precedente de 2004, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión similar. El Gobierno finalmente ha accedido a esa propuesta y propone convocar 375 plazas. A cambio, el CGPJ debe comprometerse a convocar otras 125 plazas del llamado cuarto turno de juristas. 

La titular del Juzgado de Instrucción 23 de Madrid, Sonia Agudo Torrijos, ha imputado al agitador ultra Vito Quiles por difundir la dirección de la casa de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Vito Quiles, que fue en las listas del partido de Alvise Pérez en las elecciones europeas, está citado a declarar por un delito de revelación de secretos el próximo 7 de abril, según una resolución adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Corredor fue ministra de Vivienda en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Vito Quiles fue contratado por el PP para participar la semana pasada en el acto de cierre de campaña del partido en Aragón, donde intervinieron el candidato Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo. 

En su querella, Corredor denuncia que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo, lo que vulneró su intimidad y seguridad. Eso provocó que empezara a recibir amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. 

La querella aporta un informe de la seguridad de Red Eléctrica que confirma la presencia de Vito Quiles y la intervención de la Policía Nacional en el domicilio de Corredor el 30 de abril de 2025. La defensa de Vito Quiles, que ejerce el penalista Juango Ospina, considera que los hechos “no tienen relevancia penal” y ha reclamado el archivo de las diligencias. 

La jueza Sonia Agudo Torrijos, asumió la causa el pasado mayo y citó a declarar a Vito Quiles el 18 de septiembre. El agitador ultra no compareció a la primera citación y el juzgado intentó citarlo en varios domicilios, incluida la sede de Se Acabó La Fiesta. Al encontrarse en “paradero desconocido”, la jueza dictó un auto de búsqueda y citación. Finalmente, el juzgado logró contactar telefónicamente con su madre y fue citado a comparecer en noviembre para recoger la citación “bajo apercibimiento de detención”. 

La jueza de guardia acordó el pasado 8 de mayo el bloqueo provisional de los enlaces específicos en X y Telegram donde se revelaba el domicilio de Corredor. Pero los abogados de la presidenta de Red Eléctrica denunció que meses después las publicaciones seguían accesibles y acumulando visualizaciones. Reclamaron entonces que se le requiriera personalmente a Vito Quiles el borrado, pero la jueza rechazó la medida el pasado octubre al considerar que el bloqueo era una medida “suficiente”. 

El conflicto se recrudece en el bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último pleno del órgano, celebrado este miércoles, ha mostrado de nuevo la imagen de la presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votando junto a los diez vocales del grupo conservador. 

En esta ocasión, el órgano decidía qué dos vocales iban a asumir a partir de ahora las relaciones con las asociaciones judiciales. Por doce votos, el pleno ha decidido que esos interlocutores sean dos hombres: el propio Preciado y el vocal elegido a iniciativa del PP José Antonio Montero, considerado muy cercano a Perelló. Ambos eran compañeros en el Tribunal Supremo.

Los otros nueve vocales progresistas habían propuesto a la vocal Inés Herreros, también elegida a iniciativa de Sumar, y que ya resultó excluida por Preciado de su propuesta de reparto de comisiones pactada con los vocales de la derecha el pasado octubre. Tras ese reparto, ocho de las once tienen mayoría conservadora. Además, Preciado mantuvo su puesto en la Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. 

La decisión ha generado malestar en el resto de progresistas, que consideran que se ha fraguado un bloque “absolutamente corporativista” que va incluso más allá del eje ideológico. Este último movimiento supone, además, una afrenta a la paridad que el Consejo está obligado a aplicar en las designaciones que realiza en la cúpula judicial.

Los dos vocales elegidos son magistrados y pertenecen a las asociaciones más identificadas con la derecha y la izquierda judicial. Montero está vinculado a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Preciado es afiliado desde hace 21 años a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de tendencia progresista y tercera en representación en la carrera. Ha sido miembro de su secretariado en dos ocasiones. Herreros también tiene una larga trayectoria asociativa: dos décadas de afiliación a la Unión Progresista de Fiscales, de la que fue presidenta y representante en el Consejo Fiscal. 

En declaraciones a elDiario.es, la vocal Herreros cuestiona que se haya designado a dos personas “estrechamente vinculadas a dos asociaciones judiciales concretas”, lo que “empaña la debida apariencia de neutralidad”. Y afirma que este hecho “rompe con las formas inicialmente pactadas de ejercicio neutral de la presidenta y el acuerdo inicial de equilibrio, así como también rompe con el respeto a la igualdad de género y constituye una nueva muestra de acumulación de poder en estos dos vocales que refuerzan las formas presidencialistas e incide, de nuevo, en dinámicas patriarcales”. 

En una nota de prensa difundida a los medios, Preciado afirma que ambos han resultado elegidos “por su experiencia en las relaciones con asociaciones” y afirma que Herreros, que es fiscal de carrera, “no tiene experiencia previa en asociacionismo judicial”. 

Fuentes próximas a este vocal subrayan que el “relato” de que él se ha pasado a la derecha es “bastante equivocado”. Y sacan a colación una votación en la Comisión Permanente de este martes en la que Preciado se quedó solo defendiendo el derecho de las juezas sustitutas —un colectivo feminizado y precarizado— a que el cómputo de su antigüedad se realizara “teniendo en cuenta el tiempo total de vinculación y no sólo el tiempo de prestación efectiva de servicios”.  

En el pleno de este miércoles la presidenta y Preciado también han votado junto al bloque conservador en contra de la propuesta realizada por el gabinete técnico sobre la interpretación del alcance de las reglas de provisión de plazas en las secciones de Familia, Infancia y Capacidad y de Violencia contra la infancia y la adolescencia. 

La vocal Herreros afirma que el acuerdo finalmente alcanzado “flexibiliza el nivel de especialización exigido por la nueva legislación en materia de infancia y rebaja los estándares inicialmente contemplados en el informe técnico”. Por contra, en el entorno de Preciado subrayan que la propuesta defendida por el resto de progresistas era un “sin sentido”, ya que penalizaba a jueces con mucha experiencia en juzgados mixtos frente a aquellos con menos tiempo en juzgados especializados. 

La Audiencia Provincial de Madrid corrige a la jueza y ordena archivar la causa abierta en un juzgado de Madrid por falso testimonio contra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En un auto, los jueces de la instancia superior ordenan la inadmisión de la querella que HazteOir presentó contra el exdirigente socialista, al que acusaban de haber mentido cuando compareció por primera vez, en abril de 2024, ante la Comisión del Senado que investiga el ‘caso Koldo’.

Cerdán afirmó que solo había contactado con Koldo García en dos o tres ocasiones, pero un informe policial reveló varias reuniones entre ambos. La magistrada de Madrid Lidia Paloma Montaño admitió la querella y acordó tomarle declaración por “faltar a la verdad” en esa comisión. Según la jueza, esa desviación resultaría “patente y manifiesta” a la vista del contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario. 

Los magistrados estiman el recurso de la Fiscalía y afirman que los hechos denunciados “carecen de relevancia penal”. Argumentan, en este sentido, que la mentira es “una estrategia de defensa legítima frente a una futura imputación” y que “exigir la veracidad del testigo en una situación que le compromete (...) sería forzarle a renunciar a su derecho a defenderse”.

La resolución se basa, además, en la doctrina que el Tribunal Supremo argumentó en enero de 2023 cuando rechazó una querella contra Alicia Sánchez-Camacho, entonces senadora del PP, por las acusaciones de haber mentido en el Parlament de Catalunya durante otra comisión de investigación parlamentaria. 

Entonces, los jueces del Alto Tribunal argumentaron que las “reticencias o inexactitudes” no bastan para el reproche penal. Y que se requiere una “alteración sustancial” de la verdad que la Audiencia Provincial no observa en el caso de Santos Cerdán. De hecho, sus magistrados sostienen que los informes de la UCO y los artículos de prensa no constituyen una verdad “incontestable” que permita demostrar que Cerdán mintió “sustancialmente”.

La imputación de Cerdán se produjo pese a que la Fiscalía se opuso a imputar al exdirigente del PSOE con el argumento de que los hechos descritos por HazteOir en su querella, incluso si fueran ciertos, no revisten las características de un delito. El Ministerio Público apuntó: “La interposición de una denuncia o de una querella no conlleva necesariamente la incoación y tramitación de un procedimiento penal”.

En un primer momento, la jueza había citado a declarar a Cerdán el 5 de febrero, pero su defensa solicitó aplazarla al 24 de precisamente para esperar a la decisión de la Audiencia Provincial. Este auto, contra el que no cabe recurso, supone el archivo de la causa, por lo que la declaración de Cerdán no se producirá.

Elisa Mouliaá cambia de criterio y anuncia ahora a los medios que seguirá como acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra el exdiputado Íñigo Errejón. Ante las puertas de los juzgados de Plaza Castilla, la actriz ha expresado su indignación con el reciente escrito de conclusiones en el que la Fiscalía afirma que “no hay delito”, al que ha atribuido su rectificación. “He decidido que voy a continuar adelante en el procedimiento porque es deleznable que la Fiscalía haya escrito un escrito de absolución diciendo que además sí hubo consentimiento”, ha dicho Mouliáa a los medios visiblemente nerviosa.

Mouliaá ha anunciado que va “a ir hasta el final”. La actriz ha asegurado que está sufriendo por atreverse a haber dicho “la verdad para proteger a las mujeres”. “No me he inventado una sola coma (...) Ninguna víctima se merece esto por haber dado la cara”, ha añadido. La actriz denunció en octubre de 2024 que el exdiputado la había agredido sexualmente tres años antes. Hace sólo seis días, Mouliaá había anunciado a través de sus redes sociales que renunciaba a seguir en la causa. En su mensaje adjuntaba un pantallazo de un escrito presentado al juzgado en el que alegaba “razones estrictamente personales y de salud”. 

Sin embargo, ese escrito no estaba firmado por su abogado y su procurador “como es preceptivo”, por lo que el instructor de la causa, Adolfo Carretero, requirió a la actriz que subsanara ese defecto para dar trámite a su petición de archivo. Le advirtió de que, si no lo hacía, el procedimiento continuaría al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado el escrito de acusación en el que había reclamado tres años de cárcel para que el fuera portavoz parlamentario de Sumar. 

El pasado noviembre, el juez Adolfo Carretero propuso sentar en el banquillo al exportavoz de Sumar al considerar que existen “indicios” de que agredió sexualmente a Mouliaá. Según el magistrado, propinó a la actriz “un beso inconsentido” y le realizó “tocamientos sexuales con un leve forcejeo”. Errejón impugnó esa decisión ante los jueces de la Audiencia Provincial, que tenían previsto reunirse este lunes para deliberar sobre su recurso. Los magistrados, sin embargo, optaron por dirigirse a Carretero para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación e instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.

La Fiscalía también ha pedido el archivo de la causa y ha anunciado que, si finalmente hay juicio, pedirá su libre absolución. El Ministerio Público sostiene que no hay pruebas de que Errejón “fuera consciente por los hechos anteriores y por la forma en la que actuó la denunciante” de que ella no deseaba esa relación. En su escrito de conclusiones, del pasado enero y conocido esta semana, la fiscal afirma que la actriz no puso “oposición” cuando el exdiputado le dio un primer beso y que, después, él accedió cuando ella le dijo que parara porque no le estaba agradando un encuentro sexual debido a la “premura” y “vehemencia” con la que él estaba actuando. 

Este martes, el instructor había citado a Errejón para notificarle la apertura de juicio oral en su contra pero suspendió la citación por “seguridad jurídica”. La defensa del exparlamentario solicita la suspensión de una comparecencia judicial y el archivo definitivo de la causa basándose en la renuncia de la denunciante.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue uno de los primeros en reaccionar a la elección de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Tras un lustro de bloqueo, Bolaños afirmó en septiembre de 2024 que su elección era una “magnífica noticia” y que estaba “muy contento”. Esta semana, cuando ese mandato está a punto de superar el año y medio, el titular de Justicia no pudo disimular su malestar con uno de los últimos discursos de Isabel Perelló, que tachó de “político”. 

Por segundo año consecutivo la presidenta del Poder Judicial y del Supremo había empleado su intervención institucional de bienvenida a los nuevos jueces en Barcelona para censurar proyectos del Gobierno. Meses atrás, en la apertura del año judicial y de nuevo ante el rey Felipe VI, Perelló también pidió frenar las “inoportunas y rechazables (...) descalificaciones” a los jueces después de que Pedro Sánchez afirmara en televisión que algunos jueces “hacen política”. Meses antes, en junio, había hablado de “presiones intolerables” tras el cuestionamiento por parte de algunos ministros de la causa contra el ex fiscal general del Estado. 

En privado, fuentes del Ejecutivo consideran que Perelló ha decidido situarse en una posición política de confrontación que “no le corresponde” como sexta autoridad del Estado. Por contra, sus discursos son alabados por el bloque conservador del CGPJ, cuyos vocales se sienten cómodos con sus exposiciones de tinte corporativista, en las que hace constantes alusiones a la independencia judicial y únicamente admite como aceptables las críticas “razonables”, tal y como dijo en su discurso de esta semana. 

Esa sintonía se deja ver también en sus movimientos dentro del órgano. El pasado octubre unió sus votos al grupo conservador para acordar un nuevo reparto de poder claramente favorable a los vocales elegidos a iniciativa del Partido Popular. Con la nueva configuración, ocho de las once comisiones en las que se organiza el trabajo institucional tienen mayoría conservadora. El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado también participó en esa operación y logró mantener su puesto en la Comisión Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. 

Fue un reparto negociado a espaldas de los progresistas, lo que elevó la tensión hasta límites no vistos durante este mandato. En un duro comunicado, ocho vocales elegidos a iniciativa del PSOE y otra de Sumar acusaron a la presidenta de haber impuesto de “manera abrupta y deliberada” un cambio de reglas que les “excluye”. El líder en la sombra de los vocales de la izquierda amenazó incluso con presentar su dimisión. 

En esa nueva distribución es clave el posicionamiento de la presidenta, que tiene voto de calidad en caso de empate y que se ha puesto de perfil en asuntos de calado. Es el caso de las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha.

De forma reciente, su voto permitió la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Pero también se volvió a unir a los consejeros de la derecha y Preciado para situar a una magistrada vinculada a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura en un puesto de carácter técnico. 

Malestar en el grupo progresista

En el grupo de vocales elegidos a iniciativa de Sumar no ven a Perelló como una de las suyas. Distintas fuentes de este grupo coinciden en señalar que el malestar viene de lejos y subrayan la incomodidad que sintieron el pasado martes, en el acto institucional de bienvenida a los nuevos jueces. Recuerdan que el año pasado, en este mismo acto, el objeto de reproches fue el nuevo sistema de oposiciones a la carrera que prepara el Gobierno y que se encuentra en tramitación parlamentaria.

Cuestionan que esta semana Perelló hiciera, de nuevo, un discurso “sesgado”. La presidenta señaló, por ejemplo, que la mayoría de los nuevos jueces no tienen vínculos familiares previos con la Carrera Judicial —tal y como confirman los datos—, pero también dijo que son “representativos de la sociedad”. Según la propia encuesta realizada por el CGPJ, el 97,32% contó con el soporte económico de sus padres durante la preparación de la oposición, que la mayoría preparó durante más de cinco años. Además, el 69,49% no había trabajado anteriormente. 

También critican que hiciera alusión a cuestiones “absolutamente políticas” y sobre las que “no hay consenso” en el CGPJ, como la ley de eficiencia que supone una nueva organización de los juzgados. Perelló aludió a la “preocupación” del órgano sobre este cambio. Y afeó al Ministerio que haya implantado la reforma “desconociendo el papel del juez y su relación con los procedimientos”, además de no haber contado con los magistrados. “Las reformas han de hacerse de forma ordenada, garantizada y con el tiempo necesario”, apostilló.

Por otro lado, tildó de “buena noticia” la creación de 500 plazas de juez anunciada por el Ministerio, pero a renglón seguido lamentó que “no aborda ni resuelve el problema de fondo”. “No incrementa el número real de jueces disponibles, de modo que las vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando”, aseveró. “Me sorprende que el Consejo solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda (...) y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, respondió Bolaños un día después. 

En el bloque conservador, por contra, sostienen que la presidenta hizo un discurso “muy correcto”. “Estoy conforme con todo lo dicho”, dice una fuente de este grupo. “No sé cómo el Gobierno anuncia la creación de 500 plazas cuando solo ha convocado 120 [en la oposición del turno libre]”, apostilla otro vocal que sostiene que la información que les llega sobre los nuevos tribunales de instancia es que su implantación está siendo “caótica”. 

El cruce de reproches entre los máximos responsables del CGPJ y del Ministerio de Justicia se produce precisamente en un momento en el que ambas instituciones están negociando asuntos de enorme calado. Es el caso de la implantación de los tribunales de instancia y la cobertura de esas 500 nuevas plazas que no se pueden dotar de personal solo con la tradicional oposición memorística debido a la falta de Presupuestos.

El Gobierno pretende que el órgano de gobierno de los jueces mueva ficha y active el llamado cuarto turno, la vía reservada a profesionales del Derecho con un mínimo de 10 años de ejercicio que deberían ser el 25% de la carrera y solo llegan al 9% por el incumplimiento histórico del CGPJ. Está obligado a convocar este proceso cada dos años. Pero la última convocatoria es de febrero de 2023 y todavía no hay nueva fecha. Las negociaciones siguen abiertas.