El juez que frenó el derribo del mayor monumento franquista de Balears, nombrado decano por sus compañeros

La Junta General de Jueces de Palma ha designado como decano a Alejandro González Mariscal de Gante, cargo que le otorga una posición clave en la coordinación de la actividad judicial de la capital balear. Portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), González Mariscal cuenta con un historial de intervenciones públicas no exentas de controversia: ha participado en actos del PP en los que ha arremetido contra la amnistía catalana o la reforma 'Bolaños', y firmó la sentencia que anuló la gratuidad del túnel de Sóller, cuya construcción se convirtió en el epicentro del primer gran caso de corrupción impulsado en Balears y derivó en los años noventa en el primer gran golpe judicial contra los populares en las islas. 

El magistrado ha conseguido 42 votos de los 57 posibles. En estas elecciones estaban llamados a votar todos los magistrados titulares de los órganos unipersonales de la ciudad, así como los jueces de adscripción territorial que se encuentran en funciones de sustitución.

González Mariscal ingresó en la carrera judicial en 2014 y desempeñó su primer destino en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Palma, del que continúa siendo titular. Promocionó a la categoría de magistrado en noviembre del año 2022. Su nuevo nombramiento debe ser ratificado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A nivel judicial, el portavoz de la APM avaló la anulación del rescate del túnel de Sóller. En 2017, el Consell de Mallorca apeló al interés general para hacerse con la explotación de la infraestructura previo pago de 17,4 millones de euros a la concesionaria Globalvia, que reclamaba 31 millones. Era, según la institución, “un acto de justicia, aunque tardío, con los habitantes de la Vall de Sóller”. La institución buscaba así liberar el túnel del peaje -uno de los más caros de España- y garantizar la gratuidad para vecinos y transportistas. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) tumbó en 2021 aquella decisión. La nulidad del rescate, confirmada por el Supremo, reabrió el debate sobre hasta qué punto la justicia actuó a favor o en contra de la ciudadanía.

En otra de sus resoluciones, González Mariscal suspendió en 2017 el acuerdo del Ayuntamiento de Palma -gobernado entonces por por el PSOE, Més y Podemos- de licitar por vía de urgencia las obras de demolición de sa Feixina, erigido por el franquismo en 1947 para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes contra la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista –episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'–. Convertido en uno de los símbolos más controvertidos del paisaje urbano de Palma, este vestigio de la arquitectura fascista ha sido, durante décadas, foco de varios intentos de resignificación, campañas en pro de su demolición y distintas batallas judiciales. Finalmente, el Consistorio de la capital balear -en la actualidad gobernado por PP y Vox- lo ha incluido, con la máxima protección integral, en el catálogo municipal de bienes de interés histórico, artístico y arquitectónico.

En 2023, el mismo juez concluyó en una sentencia que los hijos de las madres solteras no están discriminados respecto a los nacidos en una familia de dos progenitores, motivo por el que rechazó que una funcionaria pudiera disfrutar de 32 semanas de permiso de maternidad, como informó Diario de Mallorca.

Al margen de su actividad en los tribunales, las declaraciones de González Mariscal contra las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez son recurrentes. Entre otras, se ha pronunciado duramente en contra de las reformas del ministro Félix Bolaños, sobre todo por la inclusión de una prueba escrita en la oposición que da acceso a la carrera, hasta ahora únicamente oral y memorística, y por su plan para regularizar a los jueces sustitutos —la mayoría mujeres— que cubren bajas y sacan adelante juzgados en situaciones precarias. Fue, en este sentido, uno de los promotores -entre las cinco asociaciones del centroderecha judicial- que fueron a la huelga en protesta por los proyectos con los que el Ejecutivo pretende modificar el acceso a la carrera y el Estatuto de la Fiscalía.

Asimismo, en una jornada del Grupo Popular organizada en el Congreso en febrero de 2024, González Mariscal de Gante cuestionó los principios que inspiran la Ley de Amnistía, si bien sostuvo que los magistrados deberán aplicarla aunque la consideren “materialmente ilegítima” e impropia de un Estado de Derecho “moderno y razonable”. “Siempre vamos a cumplir con un Estado de Derecho, con una norma que pueda ser incluso contradictoria con él”, incidió el juez, para quien la normativa que el PSOE pactó con ERC y Junts pone en peligro “las bases fundamentales del Estado de derecho” porque “implica privilegios” y acaba con la igualdad.

También se ha mostrado severamente crítico con el uso del concepto lawfare como un intento de desacreditar a la judicatura. En su opinión, se trata de “un eufemismo precioso para no decir prevaricación”.

Respecto a la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, Mariscal de Gante afirmó que su permanencia en el cargo causa “un grave daño a la imagen de la Fiscalía”: “¿Cómo se presenta mañana un fiscal a solicitar instrucción contra personas cuando la cúspide está imputada?”.