Como un fantasma del pasado, las hipotecas vuelven a estar en la lupa de los reguladores y supervisores. Las entidades financieras saben que uno de sus productos estrella, con el que fidelizan clientes, está en el radar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Al mismo tiempo, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Junta Europea de Riesgo Sistémico piden a España que ponga límites y restrinja la concesión crediticia ligada a la compra de vivienda.

Todo el sector recalca que la situación actual nada tiene que ver con la de hace casi dos décadas, ni en cuanto a los colchones de capital con los que cuentan las entidades financieras, ni respecto a las facilidades a la hora de conceder las hipotecas o las ratios de mora, de impagos, por parte de los clientes. Sin embargo, las voces que hablan sobre esa actividad crediticia se han multiplicado a lo largo de las últimas semanas.

Como referencia, en esa primera década de 2000, el despegue de las hipotecas estuvo ligado a la burbuja y a que se disparara el número de viviendas construidas. Fue el 'boom' del ladrillo. “La mayor parte de las nuevas deudas de las familias estuvo dirigida a la compra de viviendas, de la misma manera que una parte significativa del crédito a sociedades se destinó a la promoción inmobiliaria”, reconocía el Banco de España en su Informe Anual de 2008. “El número de transacciones inmobiliarias creció exponencialmente (llegando a alcanzar 955.000 en 2006), al tiempo que la construcción de nuevas viviendas se incrementó sustancialmente, de manera que el parque de viviendas aumentó a una tasa anual media del 2,7% entre 1995 y 2007 (de 18,3 a 25,1 millones), auspiciada también por la evolución alcista de los precios y por las expectativas de revalorización”, ahondó.

Ahora, sin embargo, se constituyen muchas menos hipotecas que hace 20 años, como se constata en el siguiente gráfico. 

A diferencia de lo que ocurrió hace dos décadas, actualmente, el Banco de España asegura que hacen falta más viviendas y cifra el déficit en 750.000 casas. Sin embargo, al mismo tiempo, admite que está estudiando limitar la concesión de hipotecas.

“Somos el único país de Europa, con Italia, que no ha introducido medidas de restricción al crédito. Hemos recibido una recomendación explícita del FMI para que lo hagamos ya. Hemos recibido una recomendación explícita de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, que preside Christine Lagarde, para que lo hagamos ya”, reconocía el martes, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Ese organismo europeo que mencionó Escrivá es el encargado de la supervisión macroprudencial de todo el sistema financiero de la UE y está encabezado por la presidenta del Banco Central Europeo. 

Escrivá admitió que el Consejo de Gobierno del Banco de España está realizando un “análisis sin precedentes” para decidir si introduce o no restricciones, que afectarían a las hipotecas de más riesgo, a las que se conceden, por ejemplo, a jóvenes. Un movimiento que, de facto, supondría una intervención sobre el negocio bancario. “Vemos cómo de eficaz puede ser una restricción y su efecto, pero al mismo tiempo vemos si no tiene efectos indeseados, porque son medidas intrusivas sobre el negocio bancario”. “Puede estar justificado restringir cómo dan las hipotecas”, asumió, “pero tenemos que estar seguros de que las medidas son eficaces y no estamos creando efectos adversos, a jóvenes, a hogares, crear disrupciones entre comprar o alquilar. Aspiramos a parametrizar si lo llegamos a hacer, para que no creemos efectos indeseados”. 

Algunas entidades ya han reaccionado a los posibles límites al mercado hipotecario. “En términos generales, estoy muy de acuerdo con que intervenir mercados que están funcionando perfectamente no suele ser positivo”, aseguró el 'country manager' de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, durante el curso de verano que organiza la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander. 

En ese mismo evento, la presidenta de Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, defendió que “el mercado hipotecario español es competitivo” y que “funciona adecuadamente”. “El gobernador ya ha dicho que no ve necesarias las medidas, en este momento”, matizó la responsable de la patronal que agrupa a Santander, BBVA o Banco Sabadell, entre otras.

Competencia analiza las declaraciones de directivos

Al mismo tiempo que organismos internacionales piden límites en la concesión de hipotecas a los clientes que pueden tener más problemas para devolverlas, Competencia investiga si ha habido algún tipo de acuerdo entre las entidades en cuanto a las condiciones de los créditos. En concreto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando las “declaraciones” por parte de directivos del sector “sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo”. “Tales declaraciones”, justificó el organismo presidido por Cani Fernández, “habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”.

Los bancos lo niegan. Afirman que sus políticas financieras y de negocio no quedan determinadas por lo que aseguren en declaraciones públicas, como las presentaciones de resultados. Esas estrategias corporativas, indican, “no dependen de lo que oigamos o dejemos de oír en una rueda de prensa o en una comparecencia”, justificó a los medios el presidente de BBVA, Carlos Torres en el mismo curso de verano.

También la presidenta de la AEB opinó al respecto. “Nos sorprende porque sabemos que somos el mercado hipotecario más competitivo de Europa, el tercero más barato detrás de Malta y de Bulgaria”, aseguró en Santander. Defendió que, en España, las hipotecas son casi un punto porcentual más baratas que la media Europea. “Y esto refleja la mayor competencia y competitividad que tiene nuestro mercado hipotecario”, justificó. “Estoy segurísima de que las entidades cumplen a rajatabla las normativas”. También señaló que hay procesos similares llevados a cabo por la CNMC que “se han archivado y entendería que a este le pasase lo mismo, pero no quiero especular porque es muy reciente”.

Fuentes del sector bancario indican a elDiario.es que “en el mercado conviven modelos de negocio distintos: grandes bancos nacionales, entidades regionales, banca online, cooperativas de crédito y sucursales extranjeras y la competencia no se limita al tipo de interés, sino que incluye comisiones, vinculación, bonificaciones, financiación máxima, plazos y servicios asociados”. También, que el hecho de que “distintas entidades lleguen a conclusiones similares sobre la evolución del mercado no implica coordinación, sino reacción racional a información pública compartida”.

Al mismo tiempo, defienden que, en marzo, España se mantuvo como el tercer mercado con menor coste hipotecario de la zona euro, con un tipo del 2,75%, cuando en el conjunto de los países de la moneda única llega al 3,35%. 

Según los datos publicados por la Asociación Hipotecaria Española, a cierre de 2025, el saldo vivo de las hipotecas en España rozó, en total, los 619.000 millones de euros, niveles similares a los de 2022, con un crédito de dudosidad ligado a la compra de vivienda inferior al 2%. Y es un mercado que crece, en el mes de abril se constituyeron más de 40.000 hipotecas, un 2,3% más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El importe medio de estas operaciones alcanzó los 173.331 euros, un 11% más que un año antes.

Escala el número de hipotecas y el importe contratado y, también, caminan al alza tanto los tipos en la eurozona como el Euribor, el índice que sirve de referencia para las acordadas a tipo de interés variable. Este último alcanzó en mayo el 2,8%, el nivel máximo en 20 meses. Mientras el BCE elevó hace unas semanas los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, rompiendo la estrategia marcada en septiembre de 2023 y a la espera de ver qué ocurre el mes que viene, si decide seguir por esa senda para contener las presiones inflacionistas.

“No está justificado un apoyo fiscal generalizado, la consolidación fiscal estructural sigue siendo indispensable o una aplicación rigurosa del marco fiscal de la Unión Europea es fundamental”. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho públicas este jueves sus recomendaciones sobre política económica para los países de la zona Euro con un alegato sobre la austeridad y una apología de la contención fiscal. El organismo multilateral coloca como prioridad de las políticas comunitarias “mantener ancladas las expectativas de inflación y mitigar el impacto del shock dentro del margen fiscal disponible”.

El FMI ha hecho un preciso reconocimiento de los males que sufre Europa: “urgencia por reducir la dependencia energética externa y la exposición a interrupciones del suministro procedentes del exterior, así como la limitada capacidad de Europa para gestionar conjuntamente los shocks económicos y geopolíticos”. Sin embargo, aplica los tratamientos de siempre.

El planteamiento de respuesta de la institución multilateral es apretarse más el cinturón, a pesar de que admite que “las perspectivas para la zona del euro se han deteriorado. Se espera que la guerra en Oriente Medio represente un importante, aunque temporal, choque adverso de oferta, que reduzca la confianza y endurezca las condiciones financieras”.

De esta manera, las previsiones del FMI de crecimiento de la eurozona son “del 0,9% en 2026 y del 1,2% en 2027, lo que supone 0,5 y 0,2 puntos porcentuales menos, respectivamente, a las estimaciones previas al conflicto. Respecto a la inflación, las proyecciones del Fondo son que ”aumente hasta el 2,8% en 2026 y el 2,3% en 2027, es decir, 0,8 y 0,4 puntos porcentuales por encima de las previsiones anteriores a la guerra“.

A pesar de este escenario, el FMI plantea que “la prioridad inmediata es mantener ancladas las expectativas de inflación y mitigar el impacto del shock dentro del margen fiscal disponible”. De hecho, el Fondo aboga por una subida de tipos de interés “de 50 puntos básicos durante 2026”, pese al daño que va a provocar en las economías de familias y empresas.

“No está justificado un apoyo fiscal generalizado”

A la hora de definir las ayudas públicas ante la crisis de precios provocada por la guerra contra Irán iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el Fondo argumenta que “no está justificado un apoyo fiscal generalizado”, con lo que los países solo deberían “apoyarse principalmente en los estabilizadores automáticos, incluido el sistema de protección social existente, compensando al mismo tiempo su impacto presupuestario allí donde el margen fiscal sea limitado”.

El FMI apunta que “si los efectos adversos se intensifican” las ayudas solo deberían ser de “carácter temporal y focalizado” y “preservar las señales de precio”, es decir, evitar el tope de precios. En este sentido, el fondo critica las ayudas temporales de apoyo energético que muchos Estados miembros, como España, han aprobado y que serían “equivalentes en promedio a alrededor del 0,1% del PIB de la UE ponderado por tamaño económico hasta mayo de 2026”. El FMI desaprueba las medidas porque apunta que “reducen los incentivos para el ahorro energético y generan efectos indirectos negativos sobre otros países importadores de combustibles”.

Sobre medidas que ya están en marcha, el Fondo resalta que la flexibilización temporal de las normas sobre ayudas estatales para apoyar a empresas afectadas por el aumento de los costes energéticos (Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis de Oriente Medio), que sacó adelante la Comisión Europea, “debe supervisarse cuidadosamente para evitar que ralentice la transición energética”. Pero además, el FMI subraya que “cualquier apoyo adicional debería ser limitado”.

Por otro lado, aunque España, junto con Alemania, Italia, Austria y Portugal han reiterado su petición para que Bruselas permita el marco legal para que los países miembros aprueben un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, El FMI señala que “debe evitarse recurrir repetidamente a impuestos sobre beneficios extraordinarios (windfall taxes) tras aumentos de los precios energéticos —como ocurrió durante la crisis de 2022 y como se está planteando nuevamente en algunos países—, ya que podría desalentar las inversiones necesarias”.

“La consolidación fiscal estructural sigue siendo indispensable”

Cuando ha llegado al seno de la Comisión Europea el debate sobre la aplicación de flexibilización de las reglas fiscales para inversiones en electrificación y energías renovables como han pedido Italia y España, el FMI puntualiza que “la consolidación fiscal estructural sigue siendo indispensable”.

“A nivel de la zona euro, excluyendo a Alemania (donde está en marcha un aumento significativo de la inversión en infraestructuras), el personal técnico del FMI recomienda mejorar el saldo primario estructural en aproximadamente tres puntos porcentuales del PIB entre 2025 y 2031”. Es decir, el Fondo propone un recorte del gasto relevante que luego calcula como “un ajuste adicional de 1,3 puntos porcentuales respecto al escenario base, principalmente en los países con elevados niveles de deuda pública”. Para tener una referencia, un 1% del PIB en España equivale a unos 17.000 millones de euros.

El FMI es intransigente en este sentido y resalta que “una aplicación rigurosa del marco fiscal de la Unión Europea es fundamental”, mientras que “una mayor relajación de las reglas fiscales podría socavar la credibilidad del marco europeo y situar la deuda en una trayectoria aún más elevada. En particular, los países con altos niveles de endeudamiento deberían mantener los planes de ajuste acordados antes de la guerra para preservar su credibilidad fiscal”.

“Todos los países enfrentan importantes necesidades de gasto a largo plazo, por lo que será necesario continuar ajustando las cuentas públicas más allá del horizonte de medio plazo”, remata el Fondo.

El organismo multilateral también advierte de que “los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado debido al deterioro de las perspectivas económicas y podrían intensificarse si un episodio global de aversión al riesgo amplificara los efectos negativos sobre la riqueza o si surgieran tensiones en los balances de instituciones financieras no bancarias altamente apalancadas, propagándose posteriormente a los bancos y a los mercados fundamentales de financiación”.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha enfrentado este jueves al primer examen en la Comisión del Congreso que fiscaliza su cartera con el anuncio del presidente Pedro Sánchez de que presentará Presupuestos para 2027 bajo el brazo. Por cuarta vez en lo que va de legislatura, el Ejecutivo dice que habrá cuentas públicas. Pero, esta vez, y a poco más de un año para el fin del mandato, el Gobierno se ha encontrado con los recelos de sus socios parlamentarios.

“Ayer el presidente anunció que vamos a poner en marcha la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027. Mañana mismo se publicará la orden de elaboración y, este mes, el ministro de Economía actualizará el cuadro macro para traer a esta cámara unas cuentas que nazcan del diálogo”, ha desgranado España en su estreno en la Comisión de Hacienda, donde acudió para presentar las líneas fundamentales de su departamento dos meses después de su nombramiento en sustitución de María Jesús Montero.

El anuncio de Sánchez ante el Cercle d’Economia confirmó el elefante en la habitación de que, tras varios retrasos, tampoco habrá unas cuentas actualizadas en 2026 y las de 2023, aprobadas a finales de 2022, seguirán en vigor durante todo el ejercicio. 

Pero, para los socios, el boato con el que el presidente dio el pistoletazo de salida a los Presupuestos del año que viene se aleja de una negociación presupuestaria tradicional y tiene más que ver con la necesidad del Gobierno de ganar oxígeno entre tantos frentes judiciales, e iniciar una larga precampaña que desembocará en la convocatoria de elecciones generales.

“Un anuncio de precampaña”

La portavoz del PNV en la Comisión de Hacienda, Idoia Sagastizabal, ha sido la más clara en su dudas, al plantearle una pregunta muy directa al ministro España: “Llevan anunciando esa negociación mucho tiempo. (...) ¿Es un intento de estirar la legislatura o un déjà vu de lo que ocurrió en 2019?”. En aquel año, el proyecto presupuestario fue tumbado en el Congreso y Sánchez adelantó las generales a abril.

La diputada jeltzale ha reconocido que hubo conversaciones con su grupo parlamentario de cara a unas potenciales cuentas para 2026, ya descartadas, pero ha asegurado que el contexto ha cambiado por completo. No solo por la guerra en Irán, la razón oficial por la que el Ejecutivo retrasó la presentación de una ley que anunciaron para el primer trimestre. También por el estallido de las investigaciones judiciales en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o por la publicación del sumario de la presunta fontanera del PSOE Leire Díez.

“Hubo conversaciones con mi grupo y voluntad de acuerdo, pero ese ya no es nuestro punto de partida. No dé aquella negociación por heredada”, ha advertido Sagastizabal.

La tentación de que la coalición de PSOE y Sumar use esos presupuestos como programa político, aunque sepan que no va a salir adelante, también ha provocado recelos en otro de los socios clave de la legislatura: ERC. La diputada Pilar Vallugera ha asegurado que son “escépticos y críticos” con lo que, directamente, han tachado de “anuncio de precampaña”. “Creemos que, con la tesitura y las circunstancias actuales, seguramente es la necesidad de empezar ya la precampaña”, ha asegurado.

A la reunión de la Comisión no han acudido ni EH Bildu ni Junts, los otros grupos parlamentarios que habitualmente necesita el Gobierno para ahormar sus mayorías. Por el Grupo Mixto, ha sido el representante del BNG, Néstor Rego, quien ha dado el toque de atención al Ejecutivo.

“Permítame que acoja este anuncio con toda prudencias, sobre todo teniendo en cuenta que esta es la cuarta ocasión, el cuarto año, en que se anuncia la realización de los PGE y, como es bien sabido, en los últimos tres años no llegó a concretarse”, ha afeado.

Una herida en la que ha ahondado el portavoz popular, Pedro Puy: “Ahora dicen que van a traer un Presupuesto. Antes no lo traían porque había incertidumbre a escala internacional. ¿Estamos ante una operación publicitaria porque estamos muy próximos al año electoral?”, se ha cuestionado.

España ha tratado de responder a las dudas de sus socios asegurando que los compromisos adquiridos –y por cumplir– del Gobierno se abordarán en las cuentas públicas. “Vamos a cumplir los acuerdos con los distintos grupos parlamentarios de investidura. (...) Esos compromisos, cuando iniciemos el diálogo, los repasaremos uno a uno y veremos su encaje en el Presupuesto”, ha dicho.

La financiación autonómica será “multilateral”

El ministro de Hacienda se ha reafirmado en que el impulso de las cuentas públicas no solo permitirá tener los primeros presupuestos de la legislatura, sino que permitirá avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica que impulsó la exvicepresidenta Montero.

Esta misma semana, el Ministerio envió una serie de cartas a las comunidades autónomas para citarlas a reuniones bilaterales para abordar el modelo, con el objetivo de desembocar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –el órgano multilateral que reúne a la Hacienda nacional con los consejeros regionales– para un último debate antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Pero la mayoría de los gobiernos populares dieron un portazo a esa petición, negándose a esa bilateralidad en la negociación.

“Hubo un CPFF, que es un órgano multilateral, donde se planteó el modelo. En ese consejo la ministra anunció que habría reuniones con los distintos gobiernos autonómicos para luego volver a una mesa multilateral [de nuevo el CPFF] y luego al Congreso de los Diputados”, ha insistido. “Se quiera o no se quiera, el modelo siempre es multilateral porque se decide en el Congreso de los Diputados”, ha zanjado.

Una vez pasado el trámite de la Comisión, el ministro se enfrenta a un fin de curso, antes de las vacaciones de verano, en el que tendrá que presentar la senda de estabilidad para elaborar las cuentas públicas y enviar la reforma del modelo de financiación autonómico al Congreso. También está pendiente la aprobación de la quita de la deuda. “Yo, que soy optimista, intento mirar las cosas hacia delante”, ha asegurado España.

Gambito de Dama. Mythos, modelo algorítmico de ciberseguridad diseñado, generado y puesto en el mercado por Anthropic, parece haber emprendido su andadura como innovador escudo protector de e-crimes con la clásica y agresiva apertura de una partida de ajedrez que, en este caso, promete zarandear el orden tecnológico, económico y financiero global. La propia historia de su firma propietaria, Anthropic, que ha pasado en apenas un lustro de estar catalogada como una start-up californiana de relativo prestigio por haber sido armada, en 2021 por varios antiguos fundadores de OpenAI, a una compañía que coquetea con contabilizar su primer billón de dólares de capitalización bursátil, es un botón de muestra del fulgurante ritmo que ha cobrado la carrera competitiva por asumir el cetro de la tecnología IA.

Sin embargo, de vez en cuando, los ciclos de innovación capaces de proclamar el inicio de revoluciones industriales a gran escala como el actual, ponen una cierta pausa a los intentos desaforados del sector privado por estar en la cúspide financiera. Por mucho que históricamente hayan incitado a cambios del orden mundial imperante, teoría que suscriben no pocos analistas, entre otros, George Friedman, presidente de Geopolitical Futures.

Porque la irrupción de Mythos ha propiciado una reacción en cadena e inusual entre reguladores financieros, bancos centrales y expertos en ciberseguridad. La herramienta de Anthropic ha sido diseñada para detectar vulnerabilidades críticas en sistemas informáticos.

La señal de alarma aumentó después de que Anthropic asegurara hace un mes que Mythos había identificado miles de brechas graves en sistemas operativos y navegadores usados globalmente por el sector privado. El impacto de este mensaje potencial ha movilizado en las últimas semanas al Financial Stability Board (FSB) que preside el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE) Andrew Bailey, que solicitó reuniones técnicas con la compañía para evaluar los riesgos que la IA podría representar para la estabilidad financiera internacional.

En EEUU, la inquietud alcanzó a sus organismos supervisores federales. La Casa Blanca comenzó a estudiar posibles controles sobre modelos avanzados de IA tras realizar numerosas pruebas de seguridad, mientras el Tesoro y la Reserva Federal impulsaban de urgencia medidas para reforzar infraestructuras críticas frente a hipotéticos ciberataques impulsados por la IA. Paralelamente, organismos de regulación financiera y supervisión bancaria mantuvieron reuniones de urgencia con la gran banca para evaluar la exposición de sus sistemas a vulnerabilidades detectadas por Mythos.

Quizás sea una reacción alarmista. Pero el debate entre ciberseguridad e innovación está servido.  En el sector tecnológico y, dentro del mismo, en la comunidad de ciberseguridad han aparecido voces que rebajan los decibelios. Como la de Anthony Grieco, responsable global de seguridad de Cisco, que reconoce que Mythos supone un avance notable porque localiza vulnerabilidades con suma rapidez y reducir los falsos ciberataques, pero subraya que aprovechar plenamente su potencial requiere una enorme infraestructura computacional y personal altamente cualificado. “Si tienes un Fórmula 1 pero solo has conducido una bicicleta, quizá logres avanzar en línea recta, pero no sacarás todo el rendimiento”, resumió.

También la ex responsable de ciberseguridad del FBI Cynthia Kaiser, actual directiva de Halcyon, redunda en que las amenazas más sofisticadas dependen sobre todo de capacidades humanas y no solo de la IA. “Nuestros adversarios ya eran extremadamente buenos antes de la IA” cuando muchos ataques ransomware “lograban comprometer sistemas en menos de una hora”.

La dimensión geopolítica también entra en esta dialéctica. Chris McGuire, analista del Council on Foreign Relations (CFR) y exasesor del Consejo de Seguridad Nacional americano, considera que herramientas como Mythos se han convertido, casi de repente, en “las armas cibernéticas más poderosas jamás construidas” y defiende endurecer las restricciones tecnológicas contra China para preservar la ventaja estratégica de Washington en IA. El problema es que esta dicotomía se produce en plena carrera competitiva entre ambas superpotencias y con los valores de empresas que cotizan en Wall Street apostando por ingentes inversiones futuras en computación cuántica.

La posibilidad de que una IA extremadamente avanzada descubra y ejecute vulnerabilidades, de forma simultánea y combinada, en una multiplicidad de empresas, de instituciones y entidades bancarias que resultan estratégicas para el normal funcionamiento del comercio o de los centros bursátiles es un peligro a ojos de instituciones como el FMI. En un comunicado oficial y severo en su contenido, advierte que los nuevos modelos de IA pueden provocar “fallos sincronizados” capaces de desencadenar perturbaciones sistémicas en la arquitectura financiera internacional.

Acumulación de endeudamiento tecnológico

Este estado de incertidumbre, más o menos realista, describe una gran paradoja, porque aparece justo cuando las bigtechs de Silicon Valley atraviesan la oleada inversora de mayor intensidad de su historia reciente. Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta destinarán este año unos 725.000 millones de dólares a proyectos vinculados a la IA y sus infraestructuras asociadas, según cálculos publicados por Financial Times. Tras un primer trimestre con resultados bursátiles brillantes en casi la totalidad de las tecnológicas. Sin embargo —alerta el diario británico—, sus volúmenes de gasto están erosionando los flujos de caja de unas compañías acostumbradas a viajar ligeras de equipaje en cuanto a capital. En medio de otra amenaza latente, la del excesivo endeudamiento soberano; sobre todo, para las potencias de rentas altas, y muy en concreto, EEUU.

La magnitud de la inversión refleja hasta qué punto la IA se ha convertido en una cuestión cuasi religiosa para las plataformas de los gigantes tecnológicos. Hasta el punto de haber adquirido en los últimos tiempos el estatus de activo estratégico por su capacidad computacional para la fabricación de chips de alta gama, centros de datos o de redes cloud sobredimensionadas y cada vez más demandantes de energía. 

Anthropic quiere liderar precisamente esa carrera. La multinacional fundada y dirigida por Dario Amodei negocia una cartera de préstamos próxima a los 50.000 millones de dólares que podría elevar su valoración hasta casi un billón, por encima incluso de OpenAI. Sus ingresos anualizados rondan los 45.000 millones, impulsados por herramientas como Claude Code y, sobre todo, por la expectativa generada alrededor de Mythos.

Pero el ascenso de Anthropic deja en evidencia otra transformación de calado. Casi un paradigma empresarial nuevo, que tiene que ver con el desplazamiento de los avances tecnológicos desde los bancos hacia las compañías que controlan la infraestructura de IA y que genera una incógnita sin resolver: la de que las entidades financieras han pasado de depender únicamente de sus entes reguladores y bancos centrales a la hora de proteger su estabilidad operativa y negocios, a hacerlo de empresas con habilidad para detectar vulnerabilidades de manera preventiva.

Es la nueva asimetría del mercado. Socios estratégicos de Anthropic como JPMorgan, Amazon o Microsoft reciben acceso temprano a los hallazgos de Mythos y a los parches derivados de esos descubrimientos. Mientras numerosas entidades europeas o emergentes permanecen fuera de ese perímetro de protección. Todo ello, ha configurado un ecosistema defensivo desigual, donde algunas instituciones conocen antes que otras dónde están las grietas del sistema.

Activos tóxicos, ‘momento Oppenheimer’

La historia económica demuestra que las grandes crisis rara vez emergen del activo más visible. Surgen donde la complejidad supera a las habilidades e instrumentos de supervisión. En 2008, el colapso crediticio emergió por derivados hipotecarios e interconexiones aparentemente nada visibles en los balances bancarios. Los denominados activos tóxicos. Swaps y productos de gran riesgo por su sofisticación. En 2026, el detonador podría ser la concentración tecnológica.

El FMI asume que las defensas cibernéticas serán superadas. Es decir, que la cuestión no reside tanto en impedir el próximo ataque, sino en evitar que esta patología digital derive en epidemia financiera, lo que obligaría a redefinir conceptos clásicos de estabilidad bancaria, desde el capital hasta la liquidez o los estándares de solvencia. La era Mythos apunta a que quien controle la IA y su infraestructura crítica dominará el orden financiero.

Atravesamos el “momento Oppenheimer” de la IA. De esta manera tan elocuente compara este cambio de rumbo Rafe Pilling, director de inteligencia de Sophos, que ha definido en FT a Mythos como “el descubrimiento del fuego” por ser una tecnología “capaz de perfeccionar radicalmente la vida digital o provocar daños masivos si se gestiona mal”. Pero Pilling lleva su analogía a una etapa más cercana. El instante Oppenheimer —creador de la bomba atómica de EEUU— ilustra el súbito pasaje en el que una innovación científica deja de ser un avance técnico para convertirse en un conflicto geopolítico estratégico. Pilling lo define como dual use technology o doble uso de la tecnología que impulsa la innovación tanto como los riesgos sistémicos.

Habrá, en consecuencia, más ciberterrorismo, atentados más rápidos y a precios más reducidos. Pero también un auge de deepfakes —material falso de gran calidad—, de fragilidades en torno al teletrabajo, actos contra cadenas de suministro e intrusiones automatizadas en las estructuras empresariales, de hospitales o redes eléctricas. Jadee Hanson, directora de seguridad de Vanta, anticipa que las firmas que no secundan el ritmo de la IA “estarán, sencillamente, expuestas” a ciberataques.

¿Ciclón de los negocios o exuberancia irracional?

El fulgurante ciclo de negocios de la IA —S&P apunta a un beneficio cercano al 44% interanual del sector tecnológico en Wall Street—, que mantiene la resiliencia del PIB estadounidense y que se ha convertido en el principal vector del dinamismo corporativo, coquetea, sin embargo, con esa exuberancia irracional de los mercados de la que alertó en su día el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Antes y durante la inestabilidad bursátil de las punto-com en 2000 y del colapso crediticio de 2008.

El segmento del software también ha emitido una doble señal de alerta. Frente a la opulencia de la IA en los mercados y frente a la profusión de un crédito privado de dudosa fiabilidad. Quizás el relato de Tony Yoseloff, CIO de Davidson Kempner Capital Management, sea premonitorio. En su opinión, la IA amenaza modelos de negocios al mismo ritmo que empeora la deuda. “Mi gran preocupación es su potencialidad para recuperar activos y regenerar obligaciones de pagos, muy en especial, en la industria del software”, el gran destino del capital privado en EEUU.  

Bajo esta climatología adversa, Europa ha trasladado su intención de acceder a Mythos como la herramienta con la que blindar su sistema financiero frente a la IA ofensiva. Ante el temor a que las empresas estadounidenses asuman con antelación sus capacidades defensivas y ofensivas. El comisario de asuntos económicos, Valdis Dombrovskis, y el Eurogrupo insisten en que la UE debe integrar la gobernanza algorítmica en su regulación financiera en términos de seguridad nacional y soberanía digital. Es como si Mythos hubiera dado el pistoletazo de salida para incorporar estas novedades legislativas al acervo comunitario.

Sin embargo, analistas como Rowan Wilkinson, de Chatham House, atisban dificultades legales. La coordinación internacional en torno a la IA “está políticamente bloqueada y probablemente solo avanzará tras una crisis grave”. A su juicio, la rivalidad geopolítica entre EEUU y China y los poderes desproporcionados de las bigtechs hacen inviable una gobernanza efectiva de la IA en un escenario de exuberancia bursátil como el que criticó Greenspan en su época al frente de la Fed.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa un frenazo económico de España en 2026 y 2027, junto con una inflación disparada cercana al 5%, en el peor de los escenarios de la guerra en Oriente Medio, en el que los precios del barril de petróleo se mantienen por encima de los 110 dólares y el gas natural se encarece más de un 200%.

La organización con sede en Washington ha publicado este viernes su informe sobre la economía española, el conocido Artículo IV, y ha mantenido las previsiones de referencia que publicó hace dos meses: un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2,1% en 2026 y de un 1,8% el próximo año. En estos dos ejercicios, la inflación se situaría en el 3% y el en 2,3%, respectivamente.

Pero, por primera vez, la institución ha aplicado a la economía española el más grave de los supuestos que diseñó en abril, cuando en su Informe de Proyecciones Económicas Mundiales evitó diseñar un escenario base para la economía global y apostó por uno de referencia, que complementó con otros dos (adverso y severo) en función de la duración del conflicto en Oriente Medio. En este último (precios medios del crudo de 110 dólares en 2026 y 125 dólares en 2027, con el gas triplicando su coste y los alimentos disparándose un 5% y un 10% en cada año), la factura para España sería mucho más costosa de lo anticipado.

El fondo prevé que, en este escenario, la economía española se ralentizaría en 2026 hasta un crecimiento del 1,5% (0,6 puntos menos que en el supuesto base que presenta) y ahondaría en la desaceleración el próximo año con un tímido avance del 1,1% (siete décimas menos de su proyección oficial).

El impacto más notable se daría en los precios: la inflación media escalaría al 4,1% este año (1,1 puntos más) y se situaría en el 4,8% el que viene (2,5 puntos más), en cotas no vistas desde el estallido de la guerra en Ucrania.

El FMI avanza que las cuentas públicas también se verían seriamente afectadas, con un empeoramiento del déficit de tres décimas en cada año, estancándose en el 2,5%, y el endeudamiento de las Administraciones Públicas ralentizando su mejora. “Dados los elevados niveles de deuda pública y las presiones estructurales de gasto, un estímulo fiscal discrecional amplio no estaría garantizado en este escenario”, apunta el documento, que apostaría por evitar esas rebajas de impuestos generalizadas por “medidas temporales y no distorsionadoras de los precios enfocadas a los hogares y empresas vulnerables”.

Si bien el mayor riesgo es un conflicto duradero en Oriente Medio, una posible corrección de las bolsas o una intensificación de los conflictos geopolíticos y de las barreras comerciales podría afectar a la economía, sobre todo al impactar de lleno a los principales socios europeos, apunta el organismo.

La fragmentación política y las prórrogas presupuestarias

A la interna, el FMI también advierte de las dificultades del Gobierno para atar mayorías parlamentarias y de que la fragmentación política se ha intensificado en el último año, “forzando la tercera prórroga presupuestaria consecutiva”. Por el camino se han quedado reformas económicas relevantes, como la reducción de la jornada laboral o medidas para impulsar la oferta de vivienda (Ley del Suelo).

“Esto plantea preguntas relacionadas con la capacidad del Gobierno para conseguir los compromisos incorporados en su Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo y de implementar acciones decisivas para calmar a los mercados en el caso de un estrés financiero -como la preocupación por las elevadas deudas soberanas en otras economías del euro- que puedan trasladarse a España”, aduce el organismo.

En este sentido, ante la falta de Presupuestos y de un techo de gasto, el FMI espera que los compromisos fiscales se alcancen “en el contexto de otra prórroga de las Cuentas de 2023 y esté impulsada por un incremento sólido de la recaudación”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido a España que mantenga la senda de saneamiento de las cuentas públicas y ha señalado que el Gobierno debería empezar por retirar las medidas de apoyo aprobadas por la guerra en Irán, debido a su elevado coste fiscal, y que solo en el caso de que se materialice el peor de los escenarios bélicos las mantenga. Eso sí, focalizadas en los colectivos más vulnerables y sin que distorsionen los precios energéticos.

La institución con sede en Washington ha publicado este viernes las principales conclusiones de su evaluación sobre la economía española, para la que prevén un “sólido crecimiento” este año “a pesar del impacto adverso de la guerra en Oriente Medio”. Las previsiones publicadas este viernes mantienen la actualización que hizo el FMI en marzo, proyectando un avance del producto interior bruto (PIB) del 2,1% este año y del 1,8% en 2027.

Los economistas de la institución reconocen que el crecimiento económico español ha sobrepasado el de la zona euro y que su crecimiento a corto plazo será “resiliente”, aunque se moderará por el envejecimiento de la población. La inmigración y la fortaleza del mercado laboral han sido claves para este crecimiento, ambas cuestiones se mantendrán en los próximos años aunque irán moderándose, consideran.

El FMI destaca el impacto positivo que ha tenido el despliegue de las renovables a la hora de frenar los efectos de la subida de los precios energéticos, la inflación, que ya estaba siendo demasiado “pegajosa” antes del conflicto“, se disparará hasta el 3% hacia finales de año y no se moderará hasta el entorno del 2,2% hasta el que viene.

Predominan los riesgos a la baja en las previsiones, fundamentalmente arrastrados por la guerra en Irán y la duración del conflicto, por lo que insisten en “la importancia de recuperar el espacio fiscal y de impulsar reformas estructurales que aseguren un crecimiento sostenible”.

En este sentido, el primer paso es la reducción progresiva de las ayudas energéticas aprobadas recientemente -es decir, las rebajas al IVA de los carburantes, fundamentalmente, ya que las de la luz y el gas finalizarán el 31 de mayo- y solo deben mantenerse en el peor de los escenarios posibles, en cuyo caso deberían ser “focalizadas y que no distorsionen las señales de los precios de la energía”.

Reclama una acción decidida en el mercado de la vivienda

El FMI enfatiza en la reconstrucción de ese colchón fiscal por las presiones de gasto que supondrá el envejecimiento de la población. De hecho, recomiendan abordar una reforma del sistema de pensiones como una manera de controlar las cuentas públicas. También recuperan algunas de sus recetas habituales, como la armonización de los tipos del IVA -es decir, la eliminación de los tipos superreducido y reducido- al tiempo que se protege a los hogares más vulnerables.

Dada la importancia de la “credibilidad y la disciplina fiscal”, el Consejo de Directores del organismo reclaman una “estrategia fiscal a medio plazo completamente desarrollada, reforzar el rol del consejo fiscal independiente [la AIReF] y alinear las reglas fiscales subnacionales con el marco fiscal europeo”.

El FMI llama la atención también sobre la situación del mercado de la vivienda y los problemas de acceso, para lo que exigen una “acción más decisiva para impulsar la oferta de casas”, incluyendo desarrollos urbanos más rápidos, la reducción de la incertidumbre legal y una aceleración de los procedimientos legales de la construcción. En cuanto a la vertiente financiera del sector, para evitar los riesgos sistémicos recomiendan introducir medidas focalizadas en los solicitantes de hipotecas “al menos como una guía supervisora” ya en el próximo año.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía que lidera el vicepresidente Carlos Cuerpo subraya que las previsiones del FMI y las publicadas ayer por la Comisión Europea “coinciden en que España afronta el shock por la guerra en Oriente Medio desde una posición de fortaleza”, con tasas de paro proyectadas por debajo del 10% y el “escudo renovable” permitiendo. precios industriales de la energía más bajos que en otras grandes economías de la zona del euro.

Los modelos de Inteligencia Artificial (IA) más sofisticados, como el caso de Claude Mythos desarrollado por Anthropic, disparan los riesgos de inestabilidad financiera, ya que estas herramientas son cada vez más veloces y capaces de explotar las vulnerabilidades informáticas, por lo que abren la puerta a ciberataques serios que podrían bloquear sectores completos a escala internacional.

Así lo cree el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha publicado este jueves una entrada en su blog en la que advierte que las capacidades ofensivas de los ciberdelincuentes se sitúan en extremos nunca vistos, que podrían provocar pérdidas extremas, dificultar el flujo de la financiación, disparar las inquietudes en torno a la solvencia y, en general, generar disrupciones en el mercado.

“El sistema financiero se basa en una infraestructura digital compartida altamente interconectada, incluyendo software, servicios en la nube y redes de pagos y otros datos. Los modelos avanzados de IA pueden reducir drásticamente el tiempo y el coste necesarios para identificar y explotar vulnerabilidades, aumentando la probabilidad de descubrir y enfocarse en las debilidades de sistemas ampliamente utilizados”, destacan los técnicos de la institución.

Un peligro a escala global y un reto para supervisarlo

El FMI pone como ejemplo claro el lanzamiento controlado de Claude Mythos, el nuevo modelo de Anthropic, capaz de encontrar y explotar las vulnerabilidades de cualquier sistema operativo o navegador web, incluso en manos del público en general. Y, destaca el organismo, dan una ventaja a los atacantes, ya que es más fácil descubrir vulnerabilidades que 'parchear' el sistema para protegerse.

“Esto presagia cómo los riesgos cibernéticos impulsados por la IA, que evolucionan rápidamente, podrían desestabilizar el sistema financiero si no se gestionan con cuidado”, advierte el Fondo, que reclaman a las autoridades que se centren en fortalecer la supervisión y la coordinación “en lugar de tratar estos desarrollos como meros problemas técnicos u operativos”.

Los riesgos ya no son solo sistémicos para el sector financiero, dice el FMI, sino que afecta también a otras ramas que comparten parte de esta infraestructura crítica (energía, telecos o la administración pública) y pueden “concentrar” el peligro, ya que cada vez más servicios dependen de una única solución en la nube o una plataforma de software.

“Las defensas inevitablemente serán vulneradas, por lo que la resiliencia también debe ser una prioridad, específicamente para limitar la propagación de los incidentes y garantizar una recuperación rápida”, recomienda el FMI.

El caso de Mythos, además, muestra a las claras que los ciberataques no respetan fronteras, por lo que es un reto para la gobernanza y la supervisión de la IA. “Mientras las capacidades en IA se extienden en todos los países, una supervisión inconsistente podría debilitar un sistema interconectado globalmente”, destaca.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado las previsiones de crecimiento de la economía mundial al 3,1% en 2026, dos décimas menos que en su estimación de enero, debido a los efectos de la guerra en Oriente Medio desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Y advierte que, en el peor de los escenarios de proyección, podría producirse una “recesión global” por primera vez desde la pandemia.

El organismo con sede en Washington ha publicado este martes su informe de Previsiones Económicas Mundiales, un documento que por primera vez incorpora los efectos económicos de la guerra. Los técnicos de la institución han decidido diseñar un “escenario de referencia” en lugar de uno “base”, como se hace habitualmente, dada la imprevisibilidad del conflicto, que definen como “la última culminación de una serie de eventos que han rediseñado” las relaciones mundiales. El documento incorpora dos ejercicios de previsión adicionales, uno con el caso de una evolución “adversa” de la economía y otro con una evolución “severa”.

El escenario de referencia –que prevé un conflicto de corta duración– fija un crecimiento del 3,1% del producto interior bruto (PIB) global en 2026, que habría sido del 3,4% de no haber estallado la guerra, y del 3,2% en 2027.

Sin embargo, en el caso de que la guerra dure más de lo estimado y los precios de la energía provoquen una espiral inflacionista, los daños podrían ser mucho mayores. El escenario adverso (con unos precios medios del petróleo de 100 dólares el barril en 2026 y 75 dólares en 2027 y subidas del gas del 160% en Europa y Asia) prevé una ralentización del crecimiento global hasta el 2,5%. Y en el severo (precios medios del crudo de 110 dólares en 2026 y 125 dólares en 2027, con el gas triplicando su coste y los alimentos disparándose un 5% y un 10% en cada año) la economía se situaría “al borde de una recesión global”, con un modesto avance del 2%, algo que solo ha sucedido en cuatro ocasiones desde 1980. La última, con el choque del COVID-19.

España crecerá un 2,1% y un 1,8% en 2026 y 2027

El FMI apunta que las economías avanzadas crecerán solo un 1,8% en 2026, con Estados Unidos (2,3%, una décima menos de los cálculos de enero) y España (2,1%, dos décimas menos) al frente. Para la zona euro prevén una ralentización hasta el 1,1% (dos décimas menos), con una proyección de crecimiento del 0,8% para Alemania, del 0,9% para Francia y del 0,5% para Italia.

“La guerra en Oriente Medio agravará los efectos persistentes del aumento de precios de la energía desde la invasión rusa de Ucrania, lo que arrastra al sector manufacturero, con la presión adicional de la apreciación del euro con respecto a los países que exportan productos similares”, dice el informe.

De cara a 2027, el organismo prevé una desaceleración en el crecimiento de España, hasta el 1,8%, que mejorará ligeramente en el caso de Alemania (1,2%) y se mantiene estable tanto para Francia (0,9%) como para Italia (0,5%). 

En todos estos escenarios predominan los riesgos a la baja en el escenario, particularmente si la guerra se enquista o si las tensiones geopolíticas desatan conflictos políticos internos. A la inversa, las inversiones en tecnología vinculadas a la inteligencia artificial, la firma de acuerdos comerciales para cerrar el conflicto arancelario desatado por la Casa Blanca, o la eventual adopción de reformas estructurales que favorezcan la productividad podrían ayudar a capear esos vientos de cola.

Mensaje a los bancos centrales: no se apresuren

El FMI advierte del coste para las cuentas públicas del conflicto, bien por la vía directa de las ayudas desplegadas para paliar los efectos económicos, bien por la ralentización económica o la subida de los costes de la deuda. “Las respuestas al conflicto en Oriente Medio deberían tener en cuenta las lecciones aprendidas del episodio [de la invasión rusa de Ucrania] e, idealmente, adherirse a los principios de limitar la distorsión de las señales de precios y mantener una combinación de política fiscal y monetaria consistente con la estabilidad de precios”, insisten los técnicos.

En este sentido, y sobre el papel de los bancos centrales, el FMI apunta que deben estar “preparados para actuar” para poner freno a la inflación, pero con cuidado de no sobreactuar antes de tiempo. 

Por su parte, a los países recomienda “reconstruir los espacios fiscales”, algo que es “crucial” por los “altos niveles de deuda pública, el espacio fiscal erosionado tras la secuencia de shocks globales y la incertidumbre alrededor del resultado del último conflicto”, junto con las presiones de gasto adicionales, como en Defensa o por el envejecimiento de la población.

En julio de 2025, unos días después de que Donald Trump anunciara el tarifazo del 50% a Brasil, el presidente brasileño, Lula da Silva, divulgó en sus redes un mensaje con una frase: “O PIX é nosso, my friend”. PIX, el sistema público de pagos digitales desarrollado por el Banco Central de Brasil (BCB), estaba en el epicentro de la disputa comercial entre los dos países. Un día antes del post de Lula, la agencia federal responsable de la política comercial internacional del gobierno estadounidense había incluido a PIX en su investigación por “perjudicar la competitividad de empresas estadounidenses que actúan en esos sectores”, en alusión velada a las corporaciones de tarjetas de crédito VISA y Mastercard, a las que PIX ha arrebatado el liderazgo de los pagos electrónicos en Brasil.

Una semana después del tarifazo de Trump, el premio Nobel de economía Paul Krugman escribió un artículo en defensa de PIX, tecnología que definió como el dinero del futuro del mundo: “Las transacciones en PIX son casi instantáneas (tardan 3 segundos, frente a los dos días de las tarjetas de débito y 28 de las tarjetas de crédito). Los costes son bajos: el sistema es gratuito para personas físicas y cobra apenas el 0,33% del valor transferido para empresas (frente al 1,13% de la tarjeta de débito y el 2,34% de las de crédito)”.

En su texto, Paul Krugman destacaba que PIX “parece estar substituyendo rápidamente tanto el dinero como las tarjetas”. En efecto, el dinero físico casi ha desaparecido de Brasil. En las tiendas nadie tiene cambio. Apenas el 6% de los brasileños usa billetes y monedas, frente al 90,9% que utiliza PIX. En 2025, PIX pulverizó todos los récords: 35,32 billones de reales en transacciones (58,69 billones de euros) y 63.500 millones de operaciones. Además, PIX está incorporando nuevas funcionalidades, como el pago automático de la cuenta de la luz, el agua o Internet, entre otras cosas. “Como medio de pago preferido de los brasileños, PIX ha mostrado ser práctico, rápido y más seguro, especialmente evitando la necesidad de sacar dinero en los cajeros de los bancos”, explica a elDiario.es Frederico Glitz, abogado especialista en derecho internacional, fundador de Glitz & Gondim Consultoría Jurídica. Por si fuera poco, PIX va consolidándose como medio de pago en el mundo empresas. Las transacciones entre personas y empresas han aumentado del 30% a finales de 2022 al 55%, informa el Banco Central de Brasil a este medio.

PIX muere de éxito. Y su proyección internacional, a pesar de Donald Trump, es imparable: se prepara una especie “PIX internacional” (Proyecto Nexus) y una expansión de PIX al universo económico de los BRICS, el bloque de economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que busca contrapesar la influencia financiera y política de Occidente. 

Sistema público

Krugman destacaba en su artículo el carácter público de PIX: “La industria financiera de Estados Unidos no permitiría nunca que un sistema público compita con sus servicios, especialmente si el sistema público es superior”. Aunque otros países de los BRICS tienen sistemas de pago electrónico parecidos a PIX (SBP en Rusia, UPI en India, WeChat Pay en China), ninguno es 100% público. Por su parte, el Bizum de España fue lanzado por un consorcio de bancos. En la mayoría de los casos, las operadoras privadas acaban siendo favorecidas. En el UPI indio, la participación de empresas privadas acabó provocando la concentración de los pagos instantáneos en multinacionales como Google o Walmart.

Carlos Eduardo Brandt, considerado el padre del PIX, que en 2025 dejó el Banco Central do Brasil (BCB) para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), considera imprescindible el carácter público de los sistemas de pago. “Para alcanzar un ecosistema de pagos realmente inclusivo, lo más apropiado es tener un agente neutro. En el caso brasileño, el agente neutro por excelencia es el Banco Central de Brasil”, aseguró Brant a la BBC. 

Para la economista Carla Beni, profesora de la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), la administración Trump está incomodada con PIX porque no solo compite con las empresas de tarjetas de crédito, sino con las big tech, las grandes tecnológicas. “Sustituye gran parte del uso de tarjetas de débito y de crédito, especialmente tras el lanzamiento de servicios como PIX crédito (crédito) o Pix parcelado (pagar a plazos). También hubo reclamaciones de que el Banco Central habría impuesto barreras al WhatsApp Pay, algo que fue muy bueno para PIX y para Brasil, y eso acabó impactando negativamente también a Apple Pay y Google Pay”, asegura Beni en una conversación con elDiario.es.

¿Hacia un PIX global?

Una de las funciones de Carlos Eduardo Brandt como Experto Senior del Sector Financiero del FMI es estudiar cómo PIX puede aplicarse en una escala global. Simplificar los pagos instantáneos entre diferentes países es uno de sus cometidos. Los intermediarios bancarios están en el punto de mira. Con la instauración de un PIX global, 45.000 millones de dólares retenidos por las empresas de envío de remesas internacionales podrían volver a los más pobres, según Tobias Adrian, director del departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.

Brandt ha acompañado de cerca el sistema que pretende intercomunicar el sistema de pago de los dieciséis países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y el Proyecto Nexus, bautizado como el “PIX internacional”, que ya está siendo implementado en cinco países asiáticos (India, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia). Carla Beni considera que 2026 es el año de transición en el que PIX va a pasar de ser un sistema de efectuar pagos domésticos para ser una herramienta de integración global y geopolítica. La especialista cita como referencia el Proyecto Nexus, del Banco de Compensaciones Internacionales (BIS). “Va a interconectar los sistemas de pagos instantáneos de más de sesenta países, incluso algunos como Italia, de la zona euro”, matiza.

Frederico Glitz considera que, al margen de decisiones geopolíticas, la expansión internacional de PIX ya está en marcha. “El consumidor brasileño ya encuentra establecimientos extranjeros que aceptan PIX, porque permite una mayor simplificación de operaciones internacionales”, sostiene Glitz. En Argentina, existen incluso aplicativos como Belo o PagBrasil que ya permiten pagar vía PIX. Carla Beni también destaca el crecimiento del PIX en el exterior por medio del sector privado. “Algunos establecimientos comerciales en Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y España también aceptan pagar con códigos QR vía PIX, con conversión inmediata para el real brasileño”, afirma Beni.

Por si fuera poco, para desconsuelo de Trump, PIX ha sido el primer sistema de pagos digitales que tiene la tecnología lista para conectarse al sistema de pago BRICSPay, una especie de “Pix de los BRICS”, que aspira a acabar con la hegemonía mundial del dólar.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha comenzado a poner la venda antes de conocer cuán profunda será la herida que deje la guerra en Oriente Medio en la economia mundial. La institución con sede en Washington ya avisa: serán los hogares más vulnerables quienes soporten “la carga más pesada” del conflicto, bien sea a través de los precios de la energía, de los alimentos encarecidos por la escasez de fertilizantes o de las disrupciones financieras a los que las cuentas públicas de los Estados, aún sin recobrarse del choque de la pandemia, no serán capaces de hacer frente.

En una entrada en el blog de la institución publicada este jueves, los principales técnicos del organismo con sede en Washington D.C. hacen una primera aproximación del coste del conflicto desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, antes de su informe de Perspectivas sobre la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), que publicarán el próximo 14 de abril.

La guerra en Oriente Medio ya se está dejando notar en la economía a través de distintos canales: la energía, por la subida de los precios del petróleo y el gas; el comercio, por los efectos del bloqueo del Estrecho de Ormuz; la inflación, mediante posibles efectos de segunda ronda en el caso de que el conflicto se enquiste y los precios energéticos contagien al resto del tejido productivo; y los shocks a los mercados financieros y de deuda soberana.

España, protegida por las renovables

La clave cuáles sean finalmente estos efectos, dicen los economistas, está en la duración del conflicto: podría ser un episodio breve, pero que dispare los precios del crudo y el gas durante unos meses antes de volver a ajustarse o una guerra larga, con una energía cara que “añada presión sobre los países más dependientes”. “Todo depende de cuánto dure el conflicto, hasta dónde se expanda y cuánto daño se le haya inflingido a infraestructuras y cadenas de suministro”, apunta el organismo multilateral.

El corte 'de facto' del Estrecho de Ormuz ha disparado los precios del crudo y del gas. En Europa, señala el FMI, “el shock ha resucitado el espectro de la crisis del gas de 2021-2022”. Pero aquí España aparece como referente, gracias a la capacidad de generación de las energías verdes. “Países como Italia o Reino Unido están especialmente expuestos por su dependencia en la electricidad generada con la quema de gas, mientras que Francia o España están relativamente protegidos por sus grandes capacidades de la nuclear y las renovables”, destaca el documento.

Más allá de los efectos sobre los precios, el corte del Estrecho de Ormuz está obligando a reconfigurar rutas de tránsito del comercio mundial lo que no solo encarece los trayectos, sino también los seguros de las cargas y dilata los tiempos de entrega. El coste de redirigir el tráfico aéreo para evitar el Golfo Pérsico también golpea de lleno al turismo.

Un tercio de los fertilizantes que se consumen en el mundo pasan por ese canal de menos de 40 kilómetros entre Irán y Emiratos Árabes Unidos, lo que ya amenaza las cosechas y los precios de la alimentación a lo largo de todo el año.

“Los más vulnerables soportarán la carga más pesada. La población en los países de bajos ingresos están más en peligro ante una subida de los precios porque la comida supone el 36% de su consumo, de media, comparado con el 20% de las economías emergentes o el 9% en las avanzadas”, destaca el organismo. “Eso hace cualquier aumento en los precios de los fertilizantes o de la alimentación no solo un problema económico, sino sociopolítico, especialmente allí donde los recursos fiscales para amortiguar el golpe son limitados”, incide.

La inflación podría agravarse y pasar a efectos de segunda ronda muy difíciles de enfriar. El caso de Europa es el más claro, según los técnicos. “Si las personas y los negocios en cualquiera de estas regiones creen que la inflación seguirá alta durante más tiempo, podrían trasladarlo a salarios y precios, dificultando contener el shock sin un frenazo económico más acusado. La guerra no solo aumenta la inflación actual, sino que pone en riesgo la expectativa de que esté menos firmemente controlada”, aducen.

“Nos enfrentamos a estos efectos tan complejos en un momento en el que muchas economías tienen un espacio fiscal limitado para absorber estos shocks. Muchos países ya estaban registrando niveles de endeudamiento récord, generando preocupación sobre su sostenibilidad fiscal”, dice el documento. Es por esto el FMI dice que “es más importante que nunca” adoptar políticas apropiadas con medidas “cuidadosamente equilibradas” a las necesidades específicas de cada país, sobre todo en el caso de aquellos Estados con menos recursos.

La economía española aceleró a finales del año pasado y sentó los cimientos para otro año de crecimiento diferencial. Hasta tal punto, que ya se veía como un objetivo al alcance de la mano el liderar a las grandes economías avanzadas por tercer año consecutivo. Pero un mes de guerra en Oriente Medio, desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán, ha sido suficiente para disipar los vientos de cola y prometer menos crecimiento y más inflación.

El INE dio este viernes el primer dato de inflación de la eurozona, por lo que todos los ojos estaban puestos en la evolución del IPC tras un mes de precios del petróleo disparados y su traslación a las gasolineras. Del 2,3% interanual que registró en febrero, al 3,3% en marzo. Un punto más explicado solamente por la guerra contra Irán.

“Aunque estaba previsto un acusado incremento debido a la subida de los precios del petróleo, esta cifra se sitúa por debajo del consenso, del 3,6%. Este es un desarrollo positivo en el escenario actual, particularmente el que la inflación núcleo permaneciera estable en el 2,7% interanual, ya que cualquier efecto de segunda ronda de los precios de la energía más altos sobre las presiones inflacionarias subyacentes tardarán tiempo en materializarse”, valoraban en una nota desde la consultora Oxford Economics.

La semana que ha estado en vigor el Plan anticrisis del Gobierno, con rebajas fiscales en los precios de los combustibles como medida estrella, ha sido suficiente para amortiguar unas décimas el mordisco al bolsillo que supone el encarecimiento del crudo. Y aunque las bajadas aún están lejos de los 30 céntimos que anticipó el Gobierno, desde el Ministerio de Economía lo achacan a “presiones por las cotizaciones internacionales, especialmente en el caso del diésel, debido a los mayores precios del petróleo (se mantiene cerca de los 100 dólares), los fletes y los márgenes de refino”.

El IPC adelantado este viernes –no conoceremos el definitivo hasta mediados de abril, por lo que todavía podrían bailar algunas décimas– es el primer dato oficial que mide el impacto de la guerra en la economía. Al menos, el primer dato macroeconómico, más allá de las cifras de los surtidores. 

Del FMI al Banco de España: menos avance del PIB y un IPC más elevado

El resto, son solo previsiones. Y como tal, están sujetas a la incertidumbre. Hasta finales del mes próximo no tendremos un primer avance de cómo ha afectado al producto interior bruto (PIB) del primer trimestre el conflicto. Pero tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco de España han publicado una primera tanda de proyecciones que ya recogen el impacto de la guerra.

El FMI, tras las consultas para el informe que elabora sobre la economía española, rebajó al 2,1% su previsión de avance del PIB para 2026 y al 1,8% en 2027. Los precios cerrarán 2026 con una subida media del 3% este año, que se ralentizará al 2,2% para el próximo.

Las de la OCDE son similares. En su caso, la actualización intermedia de sus proyecciones económicas incluye un escenario de desaceleración mundial y advierte de que el conflicto en Oriente Medio “pondrá a prueba la resiliencia de la economía global”. En cuanto a la proyección específica de España, recortan al 2,1% el avance del PIB en 2026 y al 1,7% en 2027. La inflación media será del 3% y el 2,2%, respectivamente.

Pero estos organismos internacionales carecen del músculo suficiente para un análisis de la economía española como el que elabora el Banco de España. En su caso, elevan la previsión de crecimiento al 2,3% para este año, una décima más de lo que anticiparon en diciembre, pero con varios fenómenos contrapuestos. Por un lado, el mayor vigor de la economía española en los últimos meses explicaba por sí misma una revisión al alza, pero la guerra y la subida de los precios recortaban el crecimiento. El efecto del Real Decreto-Ley anticrisis aprobado este jueves en el Congreso ha sido clave para compensar, al menos en parte, los efectos negativos del conflicto. Para el año que viene, estiman un avance del PIB del 1,7%. La inflación será del 3% este año y del 2,5% el que viene.

El Banco de España va más allá y diseña dos escenarios adicionales en función de la gravedad de la guerra en Oriente Medio. En el caso de ir al peor, con los precios de petróleo disparados y una disrupción de los mercados de materias primas, el crecimiento se frenaría al 1,9% este año y la inflación se dispararía al 5,9%. El próximo año, el PIB solo avanzaría un 1,1% y los precios subirían un 3,2%.

Antes del estallido de la guerra, en noviembre, el Gobierno elaboró el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado con la estimación de que la economía española crecería un 2,2% este año y un 2,1% el que viene. María Jesús Montero, hasta esta semana vicepresidenta y ministra de Hacienda, dejó las cuentas públicas ya preparadas para Arcadi España, su nuevo titular. Pero el nuevo vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, va a tener que rehacer los números detrás del Presupuesto, como confirmaron este viernes fuentes del Gobierno. El impacto de las medidas anticrisis y los posibles efectos económicos a futuro todavía están sin medir.

El Producto Interior Bruto (PIB) español acaba de recibir el certificado del FMI como economía con más de 2 billones de dólares de capacidad productiva anual. Medido en euros, hoy representa alrededor de 1,6 billones de euros. En algo más de dos decenios, ha duplicado su valor, medido en dólares, a precios corrientes de mercado (teniendo en cuenta la inflación), el baremo que usa el Fondo Monetario Internacional para calibrar la composición de su ranking cada ejercicio. En 2003, la producción anual de la economía española era de un billón de dólares.

El Fondo Monetario cifra el tamaño del PIB español en 2,04 billones de dólares al inicio de 2026, tras registrar el incremento del último ejercicio y después de un largo bienio en el que el WEO –el informe económico de la institución– ha venido señalando a España como la potencia de rentas altas más dinámica. En este ciclo ha intercambiado este rol con EEUU y Canadá. Con este reconocimiento, la cuarta economía del euro recupera dos puestos respecto a 2025 –tres desde que se superó la Gran Pandemia– y se erige en el decimosegundo PIB mundial, como recoge el portal Worldometer que ofrece datos en tiempo real y recopila los del FMI. España está a cierta distancia –aunque factible de sobrepasar– de la capacidad productiva de Brasil (2,29 billones de dólares), Canadá (2,29 billones) y Rusia (2,42), que le anteceden entre el decimoprimer y noveno peldaño del ranking, aunque a una todavía más escasa diferencia de las de México, Australia y Corea del Sur, que le pisan los talones con 2,03; 1,95 y 1,94 billones respectivamente.

Los cálculos del Fondo impulsan en paralelo el PIB per cápita español por encima de los 40.000 dólares y certifican un repunte de tres décimas, hasta el 2,3%, para 2026 y de otras dos, hasta el 1,9%, para 2027, en sus predicciones actualizadas de su última reunión (en octubre), en la cumbre de Davos, lo que añade más madera a la reducción de la brecha con sus principales socios del euro y las potencias que la anteceden en la clasificación mundial del FMI.

El PIB per cápita español se sitúa, sin embargo, en el puesto 42 del ranking del Fondo, entre Puerto Rico, que le precede, y Bahamas, pero a escasos 5.000 dólares de Italia. ¿Por qué? Esencialmente, porque los paraísos fiscales registran billonarios ingresos de grandes fortunas y multinacionales que se trasladan a sus territorios de baja tributación y –en la mayoría de ellos– secreto bancario con sus escasas presiones demográficas. Y, a la vez y en sentido contrario, se constata los repuntes del PIB de los grandes mercados emergentes que, en el reparto individual de su riqueza nacional, tienen que atender ingentes masas poblaciones.

Solo así se explica que los 6 primeros puestos (Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo, Bermudas, Irlanda y Suiza) sean enclaves considerados centros off-shore o “tributariamente dañinos”, como les identifica la OCDE, aunque no estén en listas oficiales de paraísos fiscales por sus supuestos progresos en el intercambio de información impositiva con autoridades judiciales de países que han emprendido acciones contra particulares o empresas de evasión tributaria. Que las Islas Caimán, en el noveno peldaño, anteceda dos posiciones a EEUU que, a su vez, precede a la Isla de Man –paraíso impositivo del mar de Irlanda, bajo soberanía británica–. Que las naciones nórdicas europeas se sitúen entre los 26 primeros del ranking con sus rentas altas y sus reducidas poblaciones. O que, por el contrario, los grandes mercados emergentes queden relegados a unos lugares demasiado bajos.

Cambio de modelo: digitalización y renovables

Buena parte de este renovado salto de prosperidad española se debe a la intensa diversificación del patrón de crecimiento del último lustro. A raíz de la recepción de los fondos Next Generation, España ha añadido a sus dos motores tradicionales –el turismo y la industria de la construcción y el sector inmobiliario– otras dos fuerzas motrices –la digitalización y la sostenibilidad– hacia las que se han dirigido preferentemente los recursos europeos.

El impulso de las nuevas tecnologías ha surgido en un momento crucial, “cuando la IA comienza a comportarse como una catapulta de productividad”, asegura el Global AI Vibrancy Tool 2025, elaborado por el Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI), informe que concede a España el séptimo lugar entre las economías que han logrado intercalar la innovación en su modelo de crecimiento. Según este estudio, “la ventaja competitiva de la IA no se mide solo en laboratorios punteros o unicornios tecnológicos, sino en incorporarla a sus empresas y agentes económicos”.

Esta reconstrucción del patrón productivo hispano tampoco ha pasado desapercibida entre los servicios de estudios nacionales. Judit Montoriol, economista de CaixaBank Research, lo dice en estos términos: “los servicios avanzados –finanzas, seguros, comercio, logística y turismo–, concentran la mayor parte del uso efectivo de la IA por ser actividades intensivas en datos, con procesos relativamente estandarizables y que están sometidos a una presión competitiva que acelera la innovación”.

Su compañero en CaixaBank Research, Àlex Ruiz, apunta otro factor determinante: “la adopción tecnológica llega antes allí donde los procesos son intensivos en información, lo que favorece a los servicios, en el caso español, frente a una industria cuyos costes de integración resultan más caros”. El resultado -añade- es un modelo de crecimiento tecnológico menos vistoso que el que exhiben las grandes plataformas, pero potencialmente más integrador y expansivo.

Alba Taboada Villamarín, investigadora de Funcas, enfatiza otro vector que ha emergido en este periodo: la implantación de herramientas de IA en sanidad, el sector público y las energías, que se han acelerado al calor de los fondos europeos, y de un marco regulatorio uniforme, lo que ha permitido insertar un elemento intangible pero decisivo, la confianza en la digitalización que, en su opinión, “está facilitando el despliegue de la IA en ámbitos sensibles”, fenómeno que “no está ocurriendo con la misma intensidad en otros países”.

Este avance tecnológico español se ha trasladado a ámbitos como el de la ingeniería, las energías renovables, digitalización de redes o gestión avanzada de infraestructuras, ejes estratégicos de esta diversificación económica. Un estudio de la consultora Roland Berger desvelado en Davos, destaca esta hoja de ruta.

La última memoria anual del Consejo Económico y Social (CES) es elocuente al respecto. Asegura que la expansión de las renovables no solo ha permitido que la generación limpia supere el 55 % del mix eléctrico nacional, sino que actúa como potente generador de empleo y de actividad en sectores intensivos en conocimiento y en tecnología, entre los que menciona la construcción especializada, ingeniería, fabricación de equipos o los servicios de instalación y mantenimiento. Este tránsito hacia la sostenibilidad con mejora estructural de competitividad por la reducción de la dependencia energética exterior ha configurado un mercado laboral dinámico con creación de empleo superior al promedio europeo.

El impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre los mercados laborales puede representar “un tsunami” para el empleo por la rapidez de los avances y su efecto sobre la demanda de habilidades, los salarios y las oportunidades de contratación para los jóvenes, según ha advertido la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

“Esto es como un tsunami que golpea el mercado laboral”, ha comentado la economista búlgara durante una charla en el marco del Foro Económico Mundial, compartida, entre otros, con Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE); y la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, recogida por Europa Press.

En este sentido, Georgieva ha señalado la transformación masiva de la demanda de habilidades a causa de la IA, cuya implementación en los próximos años se espera que afecte al 60% de los empleos en las economías avanzadas, ya sea para mejorarlos, eliminarlos o transformarlos.

Asimismo, ha advertido de que, si bien los empleos mejorados con la llegada de la IA reportan salarios más altos a quienes los ocupan, lo que impulsa el consumo y la demanda de empleos menos cualificados, también se observa que la IA contribuye a eliminar empleos de nivel inicial, lo que dificulta la inserción laboral de los jóvenes, mientras que los trabajos que todavía no se han visto afectados pagan menos.

“Así que la clase media inevitablemente se verá afectada”, ha advertido.

Por otro lado, la directora del FMI ha expresado también una gran preocupación porque al mismo tiempo que se avanza con gran rapidez en este campo no se han implementado las salvaguardas necesarias.

“Esto avanza muy rápido, y sin embargo, no sabemos cómo hacerlo seguro”, ha lamentado.

Redistribución de la riqueza

En este sentido, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha señalado que los propios expertos y actores de la IA reconocen la importancia de tener un debate al respecto y comprender cómo se usa esta nueva tecnología para no perjudicar el tejido social y a la juventud.

Por otro lado, la francesa ha defendido la necesidad de “ser cuidadosos con la distribución de la riqueza”, ya que si el mundo no presta atención a esto al aumento de la desigualdad “nos encaminamos hacia serios problemas”.

Lagarde, ha descartado este viernes que el mundo esté atravesando un momento de “ruptura”, sino más bien una transición, en la que IA puede promover el crecimiento o fomentar la desigualdad, según la agencia EFE.

En la jornada de clausura del Foro de Davos, Lagarde ha replicado a lo afirmado hace pocos días en el mismo encuentro por el primer ministro canadiense, Mark Carney, que habló de “ruptura” del orden establecido y del mundo tal y como lo conocemos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sube la proyección de crecimiento de la economía española al 2,3% en 2026, tres décimas más que en su anterior estimación, y apunta a que el dinamismo de nuestro país seguirá en 2027, cuando prevé un avance del producto interior bruto (PIB) del 1,9%, dos décimas más de lo calculado en octubre.

La institución ha publicado este lunes su informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés) coincidiendo con la celebración del influyente Foro de Davos. En el documento, los técnicos del organismo apuntan que la economía española protagonizará un “sólido desempeño” el próximo año lo que, sumado al mayor gasto público de Alemania para cumplir con su programa de inversiones en Infraestructuras y Defensa, favorecerá una ligera aceleración de la economía europea. Los países de la moneda única crecerán, de media, un 1,3% en 2026 y un 1,4% en 2027.

El FMI proyecta que España seguirá siendo la el país que más crece del euro tanto este año como el que viene. No solo porque vaya a situarse más de un punto porcentual por encima de la media, sino porque el avance del PIB español ensombrecerá las alzas más raquíticas de las otras grandes economías del euro. Alemania recuperará el pulso tras dos años de recesión y un leve repunte (0,2%) en 2025, con subidas del 1,1% y el 1,5% en 2026 y 2027. Francia, por su parte, crecerá el 1% y el 1,2%. La previsión para Italia es de un 0,7% en los dos años que analiza.

De hecho, España crecerá muy por encima del resto de economías avanzadas, solo ligeramente por detrás de Estados Unidos (2,4% en 2026 y 2% en 2027), que arrebataría el oro a nuestro país, tras dos años siendo el país con mejor rendimiento.

El FMI da el arranque a las revisiones al alza de la economía para este año, después de que 2025 cerrase con todos los grandes organismos internacionales consensuando el crecimiento de España en el 2,9%. El INE adelantará a finales de mes el crecimiento del cuarto trimestre y la primera estimación del avance del PIB en 2025.

La economía global, “resiliente” pese a Trump

En cuanto al crecimiento global, el FMI cree que la economía mundial seguirá siendo resiliente en 2026, tras haber aguantado mejor de lo estimado la incertidumbre global desatada por la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Las estimaciones del organismo apuntan a un avance del 3,3% este año y del 3,2% el próximo.

En términos globales, la desaceleración en el comercio desatada por los aranceles de Estados Unidos se verá parcialmente compensada por el arreón inversor vinculado a las empresas tecnológicas que desarrollan la Inteligencia Artificial. Si bien esto explica en parte que la economía estadounidense haya crecido más de lo anticipado al inicio de la guerra comercial, el FMI detecta que también han contribuido al crecimiento de España y de Reino Unido, “aunque no en la misma medida”.

La Inteligencia Artificial es, a la vez, la cara y la cruz del crecimiento. Uno de los riesgos es que la economía no desarrolle las ganancias de productividad que promete esta nueva tecnología, evidenciando una burbuja inversora que, consecuentemente, podría desencadenar en una brusca corrección bursátil a escala global. En el lado positivo, si realmente la IA da lo que prometen las grandes compañías, el crecimiento podría acelerarse.

Los técnicos del FMI probablemente estaban cerrando su escenario de proyección y el informe económico en los días en los que se produjo el ataque de Estados Unidos a Venezuela, cuyo régimen ahora está tutelado por Venezuela, y antes de las amenazas arancelarias a los países que han desplegado tropas en Groenlandia para disuadir a Trump de invadir la isla, de soberanía danesa.

Sin embargo, sí apuntan como un potencial riesgo para el crecimiento “una escalada significativa de las tensiones geopolíticas, particularmente en Oriente Medio o en Ucrania, pero posiblemente también en Asia y América Latina, lo que podría desencadenar shocks de oferta sustanciales”.

En general, el informe destila una serie de advertencias sobre los efectos de las Administración Trump en la economía mundial. Así, reconocen que existe un “equilibrio frágil” en cuanto a las posiciones comerciales mundiales. “Aranceles adicionales en sectores específicos, especialmente si se imponen en industrias ‘upstream’, podrían crear cuellos de botella en el lado de la oferta y suponer un impacto desmesurado en la actividad económica y en los precios. Medidas no arancelarias dirigidas a inputs críticos como las tierras raras podrían suponer una disrupción de las cadenas de suministro globales”, apuntan.

“Los esfuerzos para relajar las fricciones comerciales y reducir las barreras para el comercio y las inversiones deberían estar alineadas con aquellas que buscan reducir los excesivos desequilibrios externos, resultantes de decisiones de política doméstica”, subraya el documento.

También alerta de la guerra personal entre el presidente estadounidense y el líder de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyo mandato termina este año. Trump ha presionado, con declaraciones públicas y ahora a través de una investigación judicial, al economista para acelerar las bajadas de tipos y estimular una economía desacelerada por el efecto de sus aranceles. “La interferencia política en instituciones económicas independientes podría elevar el riesgo de errores en la toma de decisiones y dañar la confianza pública”, recuerda el FMI.

Por lo demás, la institución, que dirige la economista búlgara Kristalina Georgieva, recurre a viejas recetas en sus recomendaciones de política económica. Desde las advertencias habituales a los países con abultadas deudas públicas (entre ellos, España, aunque sin mencionarla), a las recomendaciones de que los países han de recuperar sus “colchones fiscales” mediante la mejora de los ingresos impositivos y la racionalización y eficiencia del gasto público.

La economía española hace tiempo que dejó de ser el farolillo rojo de la Unión Europea. En 2024, el producto interior bruto (PIB) español creció un 3,5%, la economía avanzada más dinámica ese año. En 2025, todas las previsiones indican que cerrará con un incremento del 2,9%, también muy por encima de sus pares. Y las proyecciones para 2026 son optimistas pese a la incertidumbre.

De nuevo, el país ha superado todos los vientos que venían de frente y ha superado las expectativas fijadas a finales del año pasado, cuando los conflictos bélicos en Ucrania y Palestina, así como la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, se antojaban como frenos para el motor del crecimiento.

España cerró 2025 con pleno de previsiones en el 2,9% del PIB. Es cierto que a final del año y con casi toda la información encima de la mesa, los diferentes centros de estudio tienen más sencillo atinar en su proyección. Pero es que hace doce meses el más optimista, el Banco de España, calculaba un avance del 2,5%.

La fortaleza del mercado laboral, la moderación de los precios y las ganancias de poder adquisitivo, el repunte de la inversión o el despliegue de los fondos europeos son algunas de las claves que explican por qué la economía española parece una balsa de aceite en plena convulsión mundial, a pesar de la enorme fragmentación del arco parlamentario y las crecientes dificultades del Gobierno para sacar adelante sus medidas o aprobar unos Presupuestos.

Este 2026, la economía española avanzará más del 2%, apuntan todas las previsiones. Alemania, Francia o Italia, las otras tres 'grandes' del euro, crecerán la mitad.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA… Todos coinciden en sus análisis del vigor de la economía española. Todos apuntan que seguirá, aunque con cierta ralentización, en 2026. Y todos señalan que, pese a todo, hay nubarrones en el horizonte.

El FMI destaca el crecimiento excepcional de España

“La economía española se ha comportado excepcionalmente en los últimos años, con tasas de crecimiento realmente generosas, en torno al 3%. (...) Y debo decir que no se debió solo al turismo, sino que también tuvo que ver la tecnología, las comunicaciones y los nuevos sectores. Y eso son noticias fantásticas para la economía española”, señaló el director del Departamento para Europa del FMI, Alfred Kammer, el pasado octubre durante la presentación del informe de Perspectivas Económicas Mundiales que elabora la organización.

El FMI, que no cuenta con un capítulo específico para el país más allá de sus informes anuales que publica en junio –el conocido como Artículo IV–, actualizó en octubre la previsión de crecimiento de España para 2025 al 2,9%, siendo entonces uno de los organismos más optimistas con respecto a la economía española. Más que el propio Gobierno, que entonces apuntaba a un avance del PIB del 2,7%. En cuanto a 2026, su previsión es que el ritmo se desacelere hasta el 2%, todavía una tasa muy sana.

Después de dos años como líder de las economías avanzadas, la organización situó a España también en el podio para este año, aunque una décima por detrás de Estados Unidos (2,1%). Con todo, el FMI suele ser de los organismos más conservadores en sus proyecciones a largo plazo. Actualizará sus cifras en las próximas semanas, coincidiendo con la celebración del Foro de Davos (Suiza). El año pasado en estas fechas calculaba un 2,3% de subida del PIB en 2025 y un 1,8% en 2026. La realidad ha demostrado ser bastante más vigorosa.

La Comisión Europea subraya la fortaleza del mercado laboral

Las proyecciones económicas por países que acompañan al Paquete de Otoño de la Comisión Europea también dieron buenas noticias a España. Más allá de situar la estimación para 2025 en el 2,9%, al igual que el resto de analistas, dispararon al 2,3% la previsión para 2026. Nuestro país, a los ojos de los economistas comunitarios, será la gran economía avanzada que más crezca, por encima de Estados Unidos (1,9%) y casi el doble que la zona euro (1,2%).

“La demanda doméstica será el principal motor de crecimiento en el periodo 2025-2027, sobre todo gracias al consumo privado y al buen comportamiento de la inversión. El gasto de los hogares se beneficiará de las ganancias de poder adquisitivo y de la creación de empleo, en un contexto de flujos migratorios sostenidos”, destacó el informe del Ejecutivo comunitario.

La fortaleza del consumo interno suplirá la atonía del sector exterior, afectado por la guerra arancelaria y por unos socios comerciales (Alemania, fundamentalmente) que aún no están saliendo del bache económico. Este es uno de los riesgos que destacan desde Bruselas: el hecho de que una actividad más lenta en países clave para los intereses españoles puedan frenar el crecimiento, bien por las exportaciones, bien por la llegada de turistas. 

La OCDE: los fondos europeos avivarán la inversión en su último año

La OCDE publicó el pasado noviembre su estudio bianual sobre la economía española. Y lo presentó su secretario general, Mathias Cormann, en un acto junto al ministro Carlos Cuerpo, en una muestra de la importancia del documento… y de que no incluía grandes críticas a la política económica del Gobierno. Todos los aspectos más espinosos eran ya propuestas conocidas de la organización: subir el IVA, revisar el sistema de pensiones o “calibrar cuidadosamente” las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). 

Los técnicos de la OCDE destacaron el comportamiento “notablemente bueno” de la economía española, que ha crecido después de la pandemia de manera “equilibrada, resiliente y estable”, gracias a una combinación de factores como la gran creación de empleo y los aumentos de productividad, reduciendo su dependencia del capital extranjero.

La organización apunta también en su informe de Perspectivas económicas que España será la economía avanzada líder en 2026 (2,2%), por delante de Estados Unidos (1,7%) y avanzando el doble que Alemania o Francia (ambas, el 1%). “El consumo privado crecerá gracias a la fuerte creación de empleo, al aumento de los salarios reales y a la mejora de las condiciones financieras. La inversión empresarial y de los hogares se verá impulsada por la bajada de las tasas de interés y el despliegue en curso de los fondos del PRTR, para luego desacelerarse en 2027, a medida que estos fondos vayan remitiendo”, abundan en su ficha sobre el país.

BBVA Research: el más optimista

BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad, moderó ligeramente, a principios de diciembre, su previsión de crecimiento para 2025 del 3% que calculaba en octubre al 2,9% en diciembre. Una rebaja de una décima que, en realidad, se trasladó a 2026, cuando calculan que la economía avanzará un 2,4%, la proyección más optimista de los analistas habituales.

La mejora de la renta disponible de los hogares, la relajación de los tipos de interés (a pesar del puntual repunte del euríbor) y los fondos europeos serán las claves sobre las que descansará el crecimiento en el próximo bienio. Pero la desaceleración vendrá por una moderación de la llegada de turistas extranjeros, al situarse el país al borde de su capacidad de acogida de viajeros; de una ralentización en las exportaciones de bienes y de una política fiscal más contractiva a mediados del año, una vez acaben los fondos europeos y el Gobierno tenga que hacer frente a sus compromisos de consolidación con Europa.

El Banco de España apunta a grandes crecimientos salariales

El último en sumarse a la ola de optimismo ha sido el Banco de España. La entidad fue de las primeras en rebajar el crecimiento previsto para este año por el impacto de los aranceles, pero ha ido elevando la previsión a lo largo del año. 2025 cerró con un crecimiento del 2,9%, según su análisis, y 2026 lo hará con un alza del 2,2%. 

El supervisor eleva notablemente sus previsiones de cara a los dos próximos ejercicios, en la línea de una mejora de la economía a escala global, gracias a una incertidumbre menor que hace unos meses. Además, la actualización ya incorpora la revisión de los datos de la Contabilidad Nacional de septiembre, que arrojaron un 2024 mucho mejor de lo anticipado. Asimismo, 2026 estará muy influido por la “fortaleza del consumo privado, que ha superado las expectativas” y un “ciclo de inversión que se mantiene robusto”. Los salarios están creciendo con vigor y podrían hacerlo más, tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos de funcionarios, apunta la entidad.

“El consumo privado sería el componente con mayor aportación al crecimiento, impulsado por la renta disponible de los hogares, el empleo y los flujos migratorios. No obstante, se anticipa una desaceleración gradual del consumo a lo largo del horizonte de proyección, en línea con la ralentización esperada de dichos factores y en un contexto en el que la tasa de ahorro, aunque se reduciría en los próximos años, se mantendría por encima de su promedio histórico”, detalla el informe trimestral del Banco de España.

Los riesgos: de la Casa Blanca a las cuentas públicas

El hecho de que la economía española haya capeado la tormenta mejor que otras economías desde la pandemia no evita que siga siendo vulnerable a lo que está por llegar. Por un lado, porque la incertidumbre vinculada a la Administración Trump es algo que va a seguir presente. Por otro, porque potenciales desarrollos en las guerras en curso moverán todo el escenario geopolítico. Además, y aunque las bolsas estén en máximos (sobre todo, el Ibex 35), una brutal corrección bursátil, especialmente por las empresas vinculadas a la Inteligencia Artificial, podría causar un verdadero terremoto.

A la interna, la fragmentación política, la concatenación de citas electorales a principios de año y la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) actualizados son algunos de los aspectos que determinarán la evolución de la economía en los primeros trimestres, los de mayor peso a la hora de determinar el crecimiento de un ejercicio.

Con todo, la economía española vive un buen momento con la inflación en descenso y el mercado laboral marcando récords, aunque esta bonanza esté tardando en notarse en el bolsillo de las familias. La mejora de las cuentas públicas ha hecho que las principales agencias de calificación hayan subido la ‘nota’ de la deuda española en el último año. Y podrían volver a hacerlo, pasando de un notable a un sobresaliente, a lo largo de 2026.

¿Ha entrado el planeta en un círculo virtuoso que evita episodios de contracción económica? O, por el contrario, ¿se trata de una espiral perniciosa que agravará los efectos que toda alteración de los ciclos de negocios trae a modo de correcciones de los mercados como aduce la doctrina neoliberal? La coyuntura económica internacional no despeja las dudas, pero deja muestras de que los números rojos siguen brillando por su ausencia en gran parte de las potencias de rentas altas y de los principales mercados emergentes. Es un ejercicio de especial complejidad analítica en el que han irrumpido no pocos movimientos bursátiles, comerciales, fiscales, tecnológicos o monetarios de especial intensidad. Sin mencionar polvorines geopolíticos de gran calibre que no han acabado por generar ni crisis energéticas ni colapsos financieros.

Desde la órbita inversora, hay varios botones de muestra de que algo se mueve en el interior de las estructuras productivas globales. El oro se dispara mientras el petróleo se mantiene en calma y el dólar se devalúa con dobles dígitos, unas cotas desconocidas desde 1973, sin que se apaguen las alarmas en Wall Street. Los flujos de capital hacia activos vinculados a la IA y la computación cuántica pueden explicar en cierto modo de dónde proceden los vientos que crean la atmósfera inversora que, por otro lado, recuerda, a los ojos de no pocos expertos, a la crisis de las puntocom.

Sin embargo, la aparición de esta anomalía devuelve a la actualidad la tesis de Francis Fukuyama de su libro El fin de la historia y el último hombre. Solo que su triunfalista idea de que sería el capitalismo liberal el que proclamara su victoria ideológica sobre la economía global no aparece como muy certera. Porque la actual resistencia de las economías en ingresar en fases recesivas surge del intervencionismo estatal. O, para ser más exactos, de un activismo gubernamental militante en el terreno económico. The Economist describe “un mundo en el que los gobiernos han aprendido a evitar el dolor productivo” con gastos y subsidios industriales, pese a que “el precio a pagar” por eludir los cambios de ciclos de negocios “pueda acarrear crisis financieras y fiscales” de envergadura. Alude a posibles colapsos financieros o bursátiles o presiones desbocadas de los déficits presupuestarios y de las deudas soberanas.

De hecho, en los últimos quince años, salvo en la Gran Pandemia, no se ha producido ninguna recesión sincronizada. La penúltima de enjundia fue el credit crunch surgido por la quiebra de Lehman Brothers. Entre 2022 y 2024 el PIB global remontó en un 3% cada año, algo que el FMI tilda desde entonces de estancamiento estructural con inflación casi perpetua. Aunque con el empleo en tasas reducidas, al menos en la esfera de la OCDE.

Este doble estímulo –monetario y fiscal– se emplea, en ocasiones, para rescatar firmas zombies que mantienen su actividad de manera artificial sin declararse en quiebra. Otro síntoma de que el intervencionismo estatal sin control evita los ajustes propios del mercado.

EEUU, el adalid del capitalismo con activismo político

Para cierto pensamiento económico, las estrategias de estímulo –sobre todo fiscal, que es potestad de los gobiernos–, han apocado tanto la productividad como los riesgos de las empresas. Hasta el punto de adormilar sus inversiones y su capacidad de innovación. “El sistema ya no se contrae, sino que se anestesia”, explica el semanario británico. Así, en EEUU, el gasto federal se disparó por encima del 5% para abordar el ciclo inflacionista generado tras la Gran Pandemia a través de recursos fiscales enfocados a actividades industriales. Es como si se hubiera instaurado una economía de guerra para paliar la espiral de precios energéticos creada por Rusia tras la invasión de Ucrania con el cierre de sus grifos petrolíferos y gasísticos a Europa.  

Sin embargo, la Inflation Reduction Act (IRA) de Joe Biden, engendrada para atacar una escalada inflacionista desconocida desde los años ochenta por la crisis del crudo, los fondos del Tesoro americano para facilitar el justificado tránsito energético y el billonario plan de infraestructuras movilizaron ingentes cantidades de recursos. Solo el IRA, 3,5 billones de dólares hasta 2032.

Sin embargo, ha sido la Administración Trump la que ha añadido más leña al fuego para calentar la economía. Su One Big Beautiful Bill ha creado una nueva agenda fiscal que casi fulmina todos los incentivos a la energía solar y eólica y las sustituye por deducciones y ventajas impositivas al sector de los combustibles fósiles en aras de la seguridad. Reuters calcula en 31.000 millones de dólares el regalo subvencionado de Trump a la industria del petróleo y gas.  

Todo este arsenal de recursos ha elevado la capacidad de resiliencia de un PIB que navega a una velocidad lenta, del 2%, pero que ha sorteado la fase contractiva que ha venido augurando el consenso del mercado por su agresiva y caótica política arancelaria y que ha dado cierto oxígeno a un cuadro de mando federal que ha llegado a registrar un déficit del 7% con una deuda de 37,5 billones de dólares. La robustez del consumo y un mercado laboral que aguanta a duras penas el tirón de su viraje económico han obrado el milagro, en el que también cree Wall Street y sus marcadas ínfulas inversoras en IA.

“La mano visible que reconfigura el libre mercado”. Así de irónico con el laissez-faire de Trump se manifiesta Scott Stewart, director de Análisis Global de la firma de inteligencia de riesgos Rane Network, para quien EEUU ha inaugurado una era de “intervencionismo geoestratégico” en el que el Estado federal “redefine las reglas del capitalismo al priorizar la seguridad o el empleo”. Antes de explicarlo con mayor precisión: “EEUU combina aranceles, subsidios y restricciones a exportaciones como política permanente, consolida una economía de seguridad nacional que ha desplazado al libre comercio clásico y decide quién produce y con qué apoyo, desde los chips hasta los materiales críticos”.

A su juicio, este activismo celera la relocalización, pero arriesga el dinamismo innovador. Como también justifica controles, subsidios y exclusiones tecnológicas que Washington dice legitimar para combatir su rivalidad con China.

Ray Dalio, fundador de la gestora Bridgewater, cree que durante el segundo mandato de Donald Trump sucederá “un paro cardíaco” que podría conducir a la economía americana a declarar la primera quiebra de su historia. Dalio lo achaca a una montaña de endeudamiento insostenible con un déficit que la alimenta y que “no corregirá” los ingresos adicionales de los peajes a la importación impuestos por EEUU. El FMI, en su última reunión otoñal, vuelve a incidir en el riesgo de colapso crediticio por una deuda global que catapultará su ratio por encima del 100% del PIB en 2029.

Aunque el Fondo también atisba la amenaza de crisis por sobrevaloración de activos bursátiles o presiones sobre los ratings soberanos o las stablecoins impulsadas por la Genius Act trumpista.

China y Europa otean el activismo americano

El intervencionismo que emplea Washington como poder ejecutivo para determinar subsidios es, en opinión de Daniel Kritenbrink, investigador en Carnegie Endowment, “un intento claro de instrumentalizar la economía y subordinarla a los objetivos electorales republicanos y a un poder soberano para ganar influencia tecnológica y geopolítica global mediante el uso de la diplomacia y los recursos federales”.

En definitiva, como aduce Matthew Bey, analista de Geopolítica en Stratford, “es un uso de la política industrial como extensión de su doctrina de defensa” y una redefinición de la ventaja competitiva, que “busca no el coste, sino el control de industrias claves” como la de los chips, la IA o la energía. “No es socialismo, pero sí un capitalismo nacionalista que acude en defensa del sector privado”, matiza. De ahí que el PIB de EEUU crezca en forma de K, solo a través de ciertos segmentos productivos, en alusión, sobre todo, a los tecnológicos. 

En este contexto, China ensaya otra versión distinta de intervencionismo. Intenta equilibrar su economía. Dentro siempre de los parámetros de sus planes quinquenales, que marcan el paso y aceptan revisiones periódicas. Xi Jinping se suele involucrar personalmente en sus prioridades y en el que se acaba de marcar, para el periodo 2026-30, objetivos más ambiciosos que los que se estipularon para la versión en curso de convertir al gigante asiático en la nación hegemónica en el orden tecnológico, que le ha dado ventajas competitivas en el terreno energético, con una electrificación avanzada de energías limpias.

Aun así, etiquetó a comienzos de 2025 entre un cuarto y medio de billón de dólares para suturar la fuga de capitales del pasado ejercicio, poner más parches crediticios a su titubeante mercado de la vivienda y estimular el consumo para salir de su escenario de deflación. Al segundo PIB del planeta le cuesta superar el 5% de crecimiento y situar la inflación en torno al 2%, pero dispone de sobrada experiencia ejecutoria para administrar sus recursos. El escudo de fondos estatales ha logrado capear las huidas de inversores sin utilizar su modo bazuca. Pese a que las inversiones en activos fijos –de nada menos que 5,2 billones de dólares– retrocedió en los primeros nueve meses de 2025 un 0,5% por primera vez fuera de un contexto de crisis, como en 2008 o 2020.

En este juego de equilibrios pesa sobremanera el mandato del Politburó de “evitar burbujas” en alusión al quebranto de su sector inmobiliario desde la suspensión de pagos de Evergrande que ha impuesto en China una “austeridad administrada” que destila madurez por parte del modelo chino, asegura Andrew Batson, de Gavekal Dragonomics, para quien el final de los ciclos, como recalca Dalio y el FMI, no exime de crisis fiscales y financieras. En el caso chino, institucionales, porque pone más en liza su eficiencia estatal, enfatiza Batson, para quien el capitalismo sin ciclos es “como el cuerpo sin fiebre, que puede parecer saludable cuando ha dejado de curarse por sí mismo”.

En esta tesitura se encuentra también el enfermo económico del euro, Alemania. Solo que, en esta ocasión, las tentaciones intervencionistas del canciller Friedrich Merz han sido denunciadas por el Bundesbank y dos poderosos think- tanks, que le acusan de usar el mandato legislativo de endeudamiento (de hasta 850.000 millones de euros) para financiar subsidios y su compromiso electoral de rebajar impuestos, en vez de destinarlos a infraestructuras y gastos en Defensa. Los avales y créditos del acuerdo en el Bundestag sobre el “freno de la deuda” no pueden emplearse en otros menesteres, critican los responsables de investigación de los institutos IMK de Berlín y del IW de análisis económico.

Envalentonado por el resultado en las elecciones legislativas, Javier Milei impulsará reformas estructurales de su plan ultraliberal. El presidente de Argentina quiere llevar a cabo una polémica reforma laboral como paso previo a una reforma tributaria. La flexibilidad laboral, nombrada con el eufemismo de “modernización”, tiene mala prensa en Argentina y en el mundo. El proyecto permite ampliar la jornada de trabajo de ocho a 12 horas y fragmentar las vacaciones. También flexibiliza convenios colectivos, entre sus puntos polémicos.

Milei quiere aprovechar el envión que le dio el 40% de los votos obtenidos el domingo 26 de octubre para cumplir con los objetivos requeridos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de cara a la segunda parte de su Gobierno. En línea con un programa económico rescatado por el Fondo y el Tesoro estadounidense, y que tiene como beneficiarios a grandes empresarios y al capital financiero, el líder ultraderechista anticipó que la laboral será la primera de las reformas que vendrán con un Congreso renovado a partir del 10 de diciembre.

“Para la reforma tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión. O sea, que la gente no quiera estar en lo informal. Pero antes debe haber una modernización laboral que no implica una pérdida de derechos”, aseguró el mandatario argentino al canal de televisión A24. La intención de Milei es tomar un proyecto de ley que en 2024 presentó Romina Diez, diputada de su partido La Libertad Avanza y cercana a Karina Milei, secretaria de Presidencia.

Un retroceso en conquistas

Para los trabajadores, el proyecto representa un retroceso en derechos laborales. Entre los puntos más controvertidos, permite fragmentar el período de vacaciones, instrumentar el sistema de “banco de horas” (el trabajador sujeto a las necesidades de producción), ampliar la jornada laboral de ocho a 12 horas, pagar la indemnización en hasta 12 cuotas y con un tope de 10 salarios del trabajador y pagar una parte del salario en “ticket canasta o restaurant”, algo ya objetado en fallos judiciales. En su letra pequeña reproduce algunos de los artículos del capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que fue suspendido por la Justicia laboral y está pendiente de definición de la Corte Suprema.

El abogado laboralista Luis Ramírez cree que hay que ver este proyecto como parte de los intentos de los diferentes gobiernos de sello neoliberal a lo largo de la historia del país. “La primera gran 'reforma laboral' ocurre en 1976, durante la dictadura militar, que mutiló la Ley de Contrato de Trabajo. Reaparece durante los 90 con Carlos Menem y su sobreactuación del neoliberalismo, continúa con la Ley Banelco de la Alianza, en 2000, siguió con el frustrado proyecto de Mauricio Macri en 2017, y ahora con Javier Milei. Cuando hay una debilidad del movimiento sindical y de la clase trabajadora”, dice a elDiario.es.

Por ahora, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha expresado su rechazo al anuncio del Ejecutivo a través de Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato conductor. En una entrevista radial, Daer dijo que la central obrera tiene preparado un menú táctico que incluye “primero la acción política, luego judicial, y si hace falta, paros y movilizaciones”. Esto, de alguna medida, es lo que hizo la CGT al comienzo de la gestión de Milei cuando logró frenar el capítulo laboral del decreto 70/2023, pero lo abandonó como estrategia con el paso de los meses.

Si se consigue que las indemnizaciones sean baratas y se puedan pagar en cuotas, se obtiene una mano de obra dócil y barata

Luis Ramírez — Abogado laboralista

Mario “Paco” Manrique, dirigente del sindicato de mecánicos, el Smata, interpeló a la CGT, en declaraciones a los medios. “El triunfo de Milei va a acelerar todo un proceso que estaba planificado de antes de las elecciones, con reforma laboral y muchas cuestiones que afectan a la vida cotidiana de los trabajadores, y ante eso la CGT no puede mirar para un costado, ni hacer oídos sordos”. El jueves pasado, la CGT realizó una reunión de “mesa chica” de cara a la renovación de autoridades prevista para el 5 de noviembre y la reforma laboral de la Casa Rosada. Las diferentes corrientes de la central obrera aplacaron el debate interno y acordaron sostener la unidad y “plantarse” contra la destrucción de la legislación del trabajo. La idea es aplicar medidas de acción sindical directas sin descartar el diálogo con gobernadores y legisladores.

El encuentro sindical se celebró casi al mismo tiempo que la reunión de una veintena de gobernadores en la Casa Rosada con Milei y un grupo de ministros. El Ejecutivo excluyó de la cita a Axel Kicillof, principal referente de la oposición y gobernador de la provincia de Buenos Aires y tampoco invitó a los gobernadores peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), los más detractores de la gestión nacional. Kicillof aseguró que habría ido si le hubiera llegado la invitación y consideró que la falta de convocatoria tanto hacia él como a sus pares “habla de las limitaciones” del presidente.

Milei ha mostrado una actitud abierta al diálogo y menos confrontativa, en línea con lo que la Administración de Donald Trump le había sugerido tras otorgarle un rescate financiero –20.000 millones de dólares provenientes de un intermbio de monedas y la promesa de otros 20.000 millones en eventual crédito del sector privado– previo a las elecciones de medio mandato. A los 20 gobernadores que asistieron, el presidente ultraderechista les pidió el apoyo para avanzar con la reforma laboral, también la tributaria e incluso del Código Penal, además de agilizar el debate del Presupuesto 2026.

Hoja de ruta

El abogado Ramírez explica lo regresivo del proyecto de reforma laboral. “Si se consigue que las indemnizaciones sean baratas y se puedan pagar en cuotas, se obtiene una mano de obra dócil y barata. Así, la intención es la recuperación del poder patronal en las relaciones laborales y un trabajador sumiso, asustado por el riesgo de ser despedido. Este proyecto pretende bajar el nivel de negociación de los convenios colectivos: en lugar de negociarse por industria, como es tradición desde hace 100 años en Argentina, propone que se discuta por empresa, porque cuanto más bajo el nivel de negociación, más poder tiene el patrón”, dice. “Se vuelve a la idea de 'huelga inofensiva', con servicios mínimos y no dañosa, eso es un oxímoron. El derecho de huelga es sagrado, está en nuestra Constitución”.

En el régimen actual, las vacaciones dependen de la antigüedad –14, 21 o 28 días– y deben otorgarse en forma continua entre los meses de octubre y abril. Con la nueva reforma, se permitiría conceder las vacaciones en cualquier momento del año hasta el 30 de abril siguiente, en forma fragmentada y por períodos no inferiores a una semana.

Las reformas estructurales son parte de la hoja de ruta acordada con el FMI. “El Congreso va a ser necesario para avanzar”, dice la última revisión del programa pactado con el Gobierno de Milei para el préstamo de 20.000 millones de dólares, de los cuales el organismo crediticio entregó 14.000 millones.

El Congreso que nacerá el próximo 10 de diciembre ofrecerá a la Casa Rosada una Cámara de Diputados con mejores perspectivas que la actual: La Libertad Avanza alcanzará, sumando aliados, 107 bancas sobre un total de 257. En el Senado tendrá 24 escaños sobre un total de 72. El peronismo pierde poder de fuego, pero continuará siendo la primera minoría en ambas cámaras: retiene 98 escaños en Diputados y un tercio del Senado.

Antes de la discusión de la reforma laboral, el calendario del Gobierno acordado con el Fondo estipula tareas del capítulo de privatizaciones. “Mediados de noviembre”, fija el documento aprobado el 1 de agosto. El centro de esa escena lo ocupan las empresas públicas privatizables incluidas en la Ley Bases para desmantelar el Estado, como Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos S.A), Enarsa (Energía Argentina S.A.) , Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica (empresa generadora de energía eléctrica que opera las centrales nucleares) y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

El tsunami arancelario de la Administración Trump y sus sucesivas réplicas –la última con epicentro en China–, ha obligado los sectores exteriores a una rápida adaptación a los nuevos peajes aduaneros. Sin embargo, la escalada de gravámenes y el pulso geoestratégico entre Washington y Pekín están redibujando el mapa comercial y amenazan con trastocar el frágil equilibrio logístico y del transporte marítimo a escala global.

India ha acelerado la diversificación de su cesta exportadora mientras potencia sus industrias manufacturas para competir con los tigres asiáticos y China, en la carrera por convertirse en las nuevas factorías mundiales de materiales elaborados y poder minimizar así los daños colaterales de cuatro meses consecutivos de descensos de ventas a EEUU. Entretanto, Japón y sus enormes niveles de ahorro han convertido a la cuarta economía global en un destino inversor preferencial por el atractivo de sus firmas exportadoras, que modelan a marchas forzadas alternativas para desviar sus tradicionales flujos hacia el mercado americano al tiempo que idean estrategias corporativas que eleven el peso de sus capitales en suelo estadounidenses, como les reclama el pacto arancelario suscrito con la Casa Blanca.

En estos tiempos mutantes, Canadá ya importa más vehículos desde México que desde su vecino del sur y China compra masivamente soja a Sudamérica en vez de a los agricultores de EEUU, lo que ha vuelto a abrir la caja de los truenos en el Despacho Oval.

No es ciencia ficción. Son las nuevas dinámicas comerciales de cuatro de los suministradores de bienes y de servicios de mayor enjundia del gran mercado global, con independencia del estatus de rival o socio geoestratégico que ostenten. Y no son los únicos: de hecho, el nuevo orden internacional que ha emergido con la instauración de los aranceles más cuantiosos desde los años post Crash del 29 ha reseteado la globalización. Hasta casi convertir en realidad el drama de un decoupling (desconexión) del esquema de libre comercio que precisamente perfiló EEUU desde la Guerra Fría. Es decir, una división en dos bloques, cada uno liderado por una de las dos superpotencias.   

Los primeros vestigios de fragmentación comercial revelan, además, que los pactos bilaterales que ha forjado Washington se ciñen a los aranceles recíprocos y gravámenes a productos (acero, aluminio, cobre), sectores (farmacéutico o automovilístico) o materias primas esenciales para el avance tecnológico hacia la inteligencia artificial (IA) como las tierras raras, y constatan que, en no pocas ocasiones, han sido cincelados bajo amenazas inversoras o geoestratégicas.

Para muestra, el botón de la tarifa impuesta a India que el gabinete Trump explica con una doble justificación ajena a cualquier manual de tratado aduanero que haya regido en el orden mundial en el último medio siglo. Por un lado, con objeto de obligar a Narendra Modi a interrumpir sus compras de gas y petróleo ruso –rúbrica estratégica donde las haya en la economía india dada la alta demanda energética que el país más poblado del planeta exige para sostener su dinamismo– y, por otro, para forzar a Delhi a elevar sus dosis de capital hacia el sector energético americano.

El tsunami arancelario y su constante caos, con réplicas y calma sísmica si se produce una firma bilateral de por medio o las empresas de las industrias afectadas por los peajes a la importación se avienen a trasladar parte de sus producciones a EEUU, ha alterado las estrategias corporativas de los sectores exteriores, ha reforzado sus provisiones y sus inventarios y les ha instado a vigilar estrechamente todo movimiento geopolítico, económico o bursátil que se precie. Y casi todos, sometidos a volatilidades e incertidumbres.

Números rojos, números negros

Una de esas incógnitas es el riesgo de recesión, que el FMI acaba de descartar en su cita otoñal, en la que predice un repunte del PIB planetario del 3,2% este año y del 3,1% en 2026. Aunque recuerda, como en su cumbre de primavera, que el orden económico que rige desde los ochenta, “se está reestructurando y nos adentra en una nueva era” de anemia en la actividad con peligro de reaparición del fantasma inflacionista. Su diagnóstico lo asume la OMC para el comercio. La institución que ha vigilado el libre tránsito de mercancías y servicios desde los años noventa ha aumentado, de hecho, su predicción para 2025 del 0,9% al 2,4%.

Sin embargo, no hay consenso sobre si la economía global y americana eludirán los números rojos. Uno de los analistas que disiente es el economista jefe de Moody’s, Mark Zandi, que otorga un 48% de opciones de que EEUU entre en contracción en los próximos 12 meses por la pérdida de fuelle del mercado laboral, la difícil trayectoria descendente de tipos de la Fed con un IPC al que le presupone tensiones inflacionistas inminentes por las alteraciones comerciales y la caída de los permisos de construcción residencial, índice que detecta como pocos los finales de ciclo de los negocios.

En cambio, el mercado empieza a mostrar una clara inclinación a apreciar una “burbuja bursátil” insuflada por valores vinculados a la IA. Para David Rosenberg, dueño de la firma inversora que lleva su nombre, podría ser de “gran calibre”, porque el trimestre estival ha dejado un S&P 500 demasiado sobrevalorado y un Índice Case Shiller, que determina la evolución de precios de la vivienda en EEUU, se encuentra en su máximo histórico, sin atender aún posibles obstáculos de desabastecimiento de materiales de construcción como el acero y el aluminio, sometidos desde agosto a aranceles globales del 50%.

La vertiginosa subida del oro y los criptoactivos, a pesar de sus nuevos episodios de volatilidad, y las anómalas rentabilidades en los mercados de bonos, que vigilan el bache de los déficits y la montaña de deuda del G-7, ponen en entredicho la salud real de la economía de cara al último trimestre del año, dominado por otro pulso geoestratégico entre ambas superpotencias.  

Cadenas de valor y suministro en disrupción

Pero las cifras y los cálculos no pueden esconder la realpolitik que opera en el sector comercial. Tanto gobiernos como empresas se están adaptando a un modelo económico más costoso y que dificulta el acceso a los consumidores. Así, naciones como Perú o Lesoto buscan socios en Asia y Europa para colocar sus rúbricas exportadoras; de forma urgente, para los arándanos del país sudamericano y, en el caso de la economía africana, para sus productos textiles.

De igual modo, otros catorce estados de pequeña y mediana dimensión y de todas las latitudes –Brunéi, Chile, Costa Rica, Islandia, Liechtenstein, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Ruanda, Singapur, Suiza, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Uruguay– acaban de constituir el foro para el Futuro de la Inversión y el Comercio (FIT, según sus siglas inglesas) para defender, dicen, sus compromisos con el multilateralismo y la globalización. 

Entretanto, el pulso geoestratégico entre EEUU y China añade más leña al fuego. En otro cambio de chip, Trump amenaza con mantener los porcentajes de triples dígitos en las tasas sobre el gigante asiático que ahora están en cuarentena si Pekín no suspende su reciente obligación a las firmas foráneas para que operen bajo licencia exportadora en sus negocios con las tierras raras, los materiales críticos imprescindibles para fabricar semiconductores. En especial, los de alta gama, a los que se les identifica como los anabolizantes necesarios para acelerar la carrera por el liderazgo de la IA. Casi sin solución de continuidad, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, proponía ampliar la tregua que expira el 10 de noviembre. No sin antes definir al emisario de Pekín, Li Chenggang, como “lobo guerrero” con comportamientos “desquiciados que causarían el caos global”.

El detonante de la pataleta americana fue la decisión de Pekín de endurecer sus vetos oficiales a la exportación de tierras raras de origen chino y restringir a las empresas extranjeras el uso del know-how de fabricación de imanes de sus materiales críticos.

Li, viceministro de Comercio desde abril y representante oficial en las negociaciones bilaterales, rechazó la posibilidad de suprimir estos estrictos controles ordenados por el equipo económico de Lan Fo'an. Su mensaje negativo enfadó sobremanera a la Casa Blanca, que ha puesto en duda la reunión de dentro de dos semanas entre Trump y Xi Jinping. Pero también ha servido para dar credibilidad a que la subida del oro, cuyo valor ha escalado por encima de los 4.200 dólares la onza, las tensiones en los mercados de bonos o la volatilidad bursátil, no solo responden a los encontronazos comerciales entre ambas superpotencias, sino a las dudas que sigue despertando en la Fed las presiones inflacionistas. Pese a la insistencia de la Administración Trump para que rebaje más los tipos y sus gestos de injerencia constante en los asuntos monetarios, bajo total soberanía de la Reserva Federal.

Todo ello ha envalentonado a las empresas tecnológicas y del sector exterior, que temen que la disputa entre Washington y Pekín provoque rupturas en las cadenas de valor y suministros, así como incrementos de precios sobre negocios como el de los chips, la automoción o la industria de las armas, asegura Financial Times, que vaticina “protestas de ejecutivos de multinacionales” para tratar de inculcar distensión entre EEUU y China.

Tierras raras y navieras entran a escena

Las tierras raras son cruciales en la tecnología vinculada al negocio de Defensa, como los aviones de combate F-35, los misiles Tomahawk o los sistemas de radar y los drones. Pero también para marcas automovilísticas. Volkswagen emplea baterías fabricadas con estos materiales críticos en sus vehículos eléctricos, resalta Gracelin Baskaran, directora del programa de seguridad de minerales críticos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. De igual manera que sus soluciones imantadas lo son para firmas tecnológicas que fabrican teléfonos inteligentes o semiconductores.

“Han vuelto las disrupciones a las cadenas de valor, con interrupciones cada vez más constantes en sus procesos productivos y sus contratos de suministro”, explica al diario británico el director ejecutivo de la compañía germana Magnosphere en Pekín, Frank Eckward, quien anticipa graves problemas en su sector, el automovilístico.  

Por si fuera poco, el pulso también se ha trasladado al ámbito logístico y de transporte, porque la Casa Blanca ha subido las tasas portuarias en EEUU, en una indisimulada maniobra para dañar los ingresos de Cosco Shipping y Orient Overseas, las navieras chinas que, según HSBC Parash Jain, deberán sufragar entre 1.500 y 2.100 millones de dólares adicionales por los fletes en 2026.

Este nuevo gesto proteccionista de Trump se une a la subida arancelaria de Pekín a los buques estadounidenses y las sanciones cursadas a varias filiales americanas, como Hanwha Ocean, uno de los gigantes surcoreanos de un sector, el mercante, que transfiere el 80% del comercio global y que amenaza con encarecer el tránsito marítimo, según la consultora Drewry.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado cuatro décimas, hasta el 2,9 %, el crecimiento económico previsto para España en 2025, gracias a la fortaleza de una economía con un desempeño generalizado mejor de lo esperado, que le permitirá avanzar más del doble de lo previsto para la Eurozona (1,2%).

“Los indicadores de alta periodicidad han sido sólidos, tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, y eso respalda nuestra visión de que la economía española crecerá con fuerza este año y con cierta desaceleración en 2026”, explica en declaraciones a EFE la subdirectora del FMI, Petya Koeva.

Para 2026, el FMI, que este martes ha publicado su último informe de previsiones (WEO), prevé un crecimiento económico del 2%, dos décimas por encima de su anterior pronóstico de julio. Koeva señala que el impulso de la economía española está siendo “muy fuerte”, como ya se observó en el segundo trimestre, con un avance del 0,8 % que fue mayor de lo que preveía el fondo.

La previsión del FMI es superior a la del Gobierno español, que en septiembre la elevó al 2,7%, si bien fue antes de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisara al alza el crecimiento de 2024 hasta el 3,5 %.

De acuerdo con las últimas perspectivas del FMI, los precios de consumo se seguirán moderando en España, hasta un media del 2,4 % en 2025 y del 2 % en 2026, en tanto que mantendrá un superávit por cuenta corriente del 2,7% este ejercicio y del 2,6% el siguiente.

La tasa de paro se reducirá respecto al 11,3% registrado en 2024, aunque seguirá por encima del 10% (10,8% en 2025 y 10,7% en 2026).

Las previsiones para España se enmarcan en un contexto global en el que el FMI ha observado una gran resistencia de la economía respecto a la incertidumbre asociada a la política comercial, aunque advierte de que los riesgos se mantienen a la baja.

El informe destaca que las exportaciones de bienes a Estados Unidos desde las principales economías europeas, en particular Alemania, España y el Reino Unido, han disminuido notablemente, si bien las exportaciones totales de la zona del euro se mantienen, impulsadas por el aumento de los flujos comerciales dentro de Europa.

Dos décimas más de crecimiento para la eurozona en 2025

El FMI ha elevado dos décimas el crecimiento esperado para la Eurozona en 2025, hasta el 1,2 %, mientras que ha rebajado una décima el de 2026, al 1,1%.

Las grandes economías europeas apenas avanzarán en 2025, con crecimientos del 0,2% para Alemania, del 0,5% para Italia y del 0,7% para Francia, después de que el FMI haya elevado una décima las previsiones para la economía alemana y la francesa, y la haya mantenido sin cambios para la italiana.

Las tres se acelerarán en 2026, con crecimientos del 0,9% para Alemania y Francia, y del 0,8% para Italia.

Los precios de consumo en la Eurozona se moderarán a una media anual del 2,1% en 2025 y del 1,9% en 2026, en tanto que se proyecta que los tipos de interés se mantengan estables en el 2%.

La tasa de paro continuará en la región en el 6,4% en 2025 y bajará al 6,3% en 2026.

El saldo fiscal empeorará de media en la zona del euro, con un aumento estimado de 0,8 puntos porcentuales del déficit público en Alemania, como resultado del aumento del gasto en infraestructura y capacidad militar.

Según el informe del FMI, el nivel de deuda sobre PIB alcanzará el 92% en 2030, frente al 87% en 2024.

El G-7, el bloque de los países más ricos del mundo, está altamente endeudado, y lo que es peor, aumentará sus obligaciones de pago en los años venideros de forma especialmente intensa, lo que puede desembocar en amenazas cada vez más serias de default.

La solvencia de las potencias industrializadas ha dejado de ser un principio sacrosanto. Desde hace tiempo se suceden avisos del triunvirato de agencias de calificación, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Rating. Estas entidades privadas ejercen sin tapujos el poder de calibrar la solvencia de la deuda soberana -la ligada a Estados-, corporativa, bancaria y de hogares de todo el planeta con sus notas de evaluación.

El dictamen que más suspicacias de suspensión de pagos levanta es, por increíble que parezca, el de la primera economía del planeta, Estados Unidos, que siempre había ostentado el más indiscutible de los estatus de inversor internacional. Con él ha accedido automáticamente a fuentes de financiación exterior, pero hace tiempo que ha perdido la calificación triple A, la más alta, de todas esas agencias: en 2011 fue S&P, en 2023, Fitch y la pasada primavera, Moody’s.

Esta semana, la primera de esas agencias, S&P, confirmó la nota de solvencia (AA+) para la deuda soberana estadounidense con perspectiva “estable”. Cree que los “significativos” ingresos por aranceles impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump, pueden compensar los aspectos de su política fiscal que incrementan el déficit.

Pero muchos expertos opinan que la senda fiscal de la versión Trump 2.0 no resulta acorde a una adecuada gestión de ese déficit, que amenaza con llegar hasta el 9% del PIB en la próxima década, trasladando su indisciplina presupuestaria a una deuda que supera los 36,5 billones de dólares, ya roza el 125% de su PIB y crece a razón de 1 billón cada 100 días.

Los mercados pueden seguir eludiendo la realpolitik, pero muchas voces advierten de que tarde o temprano tendrán que realizar un acto de contrición y purgar sus pecados de codicia. La amenaza de un cese de pagos de las economías más pudientes se vislumbra como una posibilidad tras años de persistente negativa de estos países a cualquier intento de reestructuración de las deudas públicas que no pasara por el llamado Club de París, o por su equivalente para los pagos entre agentes privados, el Club de Londres. De forma bilateral, tampoco han sido propensos a condonar vencimientos urgentes con naciones en desarrollo y de rentas bajas.

Los mercados de bonos, sobre todo los del Tesoro americano a 30 años, son los que descuentan con precisión la confianza en la prosperidad de EEUU. Y muestran nerviosismo, siguiendo la volatilidad bursátil que se ha asentado tras el retorno de Trump, pese a los máximos históricos en los que cotiza el Dow Jones estadounidense, y por los temblores sísmicos que esconde la política presupuestaria, arancelaria y proteccionista del líder del MAGA.

Deuda a la deriva

El encarecimiento y el repunte de rentabilidad de las emisiones de bonos americanas han contagiado a los títulos del Tesoro a 10 años y alterado las primas de riesgo vinculadas a este valor y al dólar americano, de capa caída. Lo han hecho como nunca desde 1973, en plena crisis del petróleo. Mientras, el precio del dinero de la Fed, situado entre el 4,25% y el 4,50% para contener la persistente inflación, ha llevado la factura de los intereses de pago por encima del billón de dólares, lo que explica las persistentes presiones de Trump sobre el máximo responsable de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que baje los tipos. Una puerta que el presidente del organismo dejó abierta el pasado viernes en la tradicional reunión de banqueros centrales de Jackson Hole, aunque Powell habló de un escenario de “riesgos económicos cambiantes”.

No son, pues, los mejores presagios coyunturales para abordar una corrección de las deudas de los socios del G-7. Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, ha hablado de “grieta en el mercado de bonos” por el “gasto excesivo e imprudente” y una “pésima gestión fiscal” de la Casa Blanca. Ray Dalio, dueño de Bridgewater, ha fijado un plazo de tres años para un “infarto” financiero que llevaría a EEUU a declarar la primera suspensión de pagos de su historia.

Ambos han incidido en el temor al colapso entre los grandes compradores de bonos americanos, principalmente firmas aseguradoras y fondos de pensiones, un fenómeno que también ha emergido en Japón.

La cuarta economía global, enfermo económico del planeta desde hace ya tres décadas y emblema del capitalismo asiático, es el mercado más endeudado del club de países ricos, con un 235% de su PIB, no muy lejos de Sudán, que encabeza el ranking mundial con un 252% como consecuencia de un prolongado conflicto bélico. Japón lleva 30 años de estímulos fiscales para espolear una economía anémica, sepultar la deflación y generar una mínima fiebre consumista. Las deudas en manos privadas acaban trasladándose a la esfera soberana y la nipona hace tiempo que traspasó la barrera del control financiero. Incluso para una economía sofisticada, digital y con arraigo exterior como esta.

Shigeru Ishiba, primer ministro nipón, que lleva en el disparadero desde la debacle electoral del gubernamental PDL del pasado 21 de julio, vuelve a vivir el asedio de sus antecesores en el cargo para dopar presupuestariamente la economía y recortar impuestos con los que incitar al gasto familiar.

Mientras, Reino Unido, cuya deuda ronda el 100% de su PIB, ve cómo sus bonos a 30 años superan rentabilidades del 5% a la espera de que el plan de austeridad de la Chancellor of the Exchequer, la laborista Rachel Reeves, devuelva la confianza inversora. El mercado no perdona artificios contables como la farsa presupuestaria que desalojó en tiempo récord a Liz Truss del 10 de Downing Street en 2022, por su mensaje de recortes impositivos con mejoras de los servicios sociales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado a Reeves un último consejo: “Contenga el endeudamiento”.

En Francia, François Bayrou ha logrado en su primer ejercicio como primer ministro revertir la subida de la prima de riesgo, que había repuntado por la dubitativa gestión económica y la brusca tensión política de sus predecesores. Aunque persiste la preocupación, los mercados otorgan cierta credibilidad al plan del Palacio de Matignon, sede del gobierno galo, para corregir la deuda, situada en el 113,8% del PIB, en el próximo cuatrienio.

Por su parte, la vecina Italia, otro aliado europeo del club de las siete potencias más industrializadas, tiene un nivel de endeudamiento superior al tamaño de su PIB del 136%, aunque ha emprendido ajustes modestos, pero eficientes, para situar el déficit por debajo del 3% que marca el Pacto de Estabilidad en 2026.

Así que solo Alemania, todavía con una deuda acorde al criterio de Maastricht del 60% del PIB, ha desplegado partidas excepcionales para dar cobertura a su explosión armamentística y a su urgente reconversión industrial, tras el fin del gas barato procedente de Rusia y con su economía, eso sí, en plena contracción. En el segundo trimestre del año, el PIB alemán se redujo un 0,3% respecto a los tres meses anteriores, una caída más intensa de la estimada inicialmente, del 0,1%, de acuerdo con los datos conocidos el pasado viernes.

En Canadá, por su parte, los 2,3 billones de dólares de endeudamiento provincial y federal también rebasan el 100% de su PIB. Las obligaciones de su servicio de pagos se han duplicado desde el colapso crediticio de 2008.

Resiliencia pasiva

La guerra comercial, la amenaza de despido anticipado de Powell en la Fed por parte de Trump antes de que expire su mandato en mayo del próximo año, la ralentización del empleo y de la actividad o el repunte inflacionista empiezan a hacer mella en unos mercados que se habían desatado, pese a la escalada geopolítica por los ataques a Irán o la retórica arancelaria, convertida en realidad desde este mes. Comienza a calar la idea de que los récords de capitalización del S&P 500 o del MSCI global o las ínfimas tasas de desempleo en la órbita occidental no están justificadas y las naciones ricas no son invulnerables.

La resiliencia económica, pues, se ha puesto de repente en cuestión, tras lustros marcados por diferentes sacudidas: primero, por los estímulos fiscales y monetarios para superar la crisis financiera de 2008 y la Gran Pandemia. Y después, por el ciclo post-Covid, que trajo consigo disrupciones en las cadenas de valor, colapsos en el circuito marítimo-logístico, espiral de precios energéticos con tensores de inflación inéditos en cuatro décadas y los tipos de interés más altos del milenio.

Según el FMI, las naciones de rentas altas tenían en vigor un millar de recetas de dinamización industrial en 2022, frente a apenas un centenar en 2017. Las inyecciones de fondos presupuestarios rebasaron en algunos años el 10% del PIB, con China y EEUU a la cabeza de los cheques para revitalizar sectores estratégicos: entre ellos, el tecnológico y el industrial.

Como ha señalado Gita Gopinath, la todavía número dos del FMI, “la deuda es un riesgo peor de lo que piensa el mercado”. Un riesgo de tal intensidad “que necesitamos un cambio radical” para ajustar el calendario de pagos. Desde S&P alertan además de que las divisiones geopolíticas se acrecentarán en el futuro inminente, cuando se atisba un nuevo orden mundial que polarizará la inversión, perturbará el comercio y elevará los gastos en Defensa.

Reestructuraciones como vía de escape

“Si los bancos centrales se ven obligados a limitar sus recortes de tipos, los costes de las deudas y sus posibles refinanciaciones podrían añadir carga financiera a los gobiernos”, enfatiza S&P.

El Nobel Joseph Stiglitz alerta de que “los procesos de reestructuración deben modernizarse” y reclama “mejoras de acceso a financiación estable”, porque tanto los “prestamistas como los prestatarios han montado este escenario” y solo el reconocimiento de esta responsabilidad compartida conducirá a una solución sostenible.

Stiglitz llama la atención sobre otro dato alarmante: 54 países en desarrollo destinan más del 10% de sus ingresos impositivos al pago de intereses de su deuda. El contagio, pues, es “devastador” y solo se corregirá con una regulación que combatan la especulación del capital. La deuda -arguye- apunta a la línea de flotación del capitalismo, aunque el G-7, que juró en su acta fundacional en 1976 defender el libre mercado, siga siendo reacio a reestructurar los pasivos.

Steven Everts, director del EU Institute for Security Studies (EUISS), aventura una dura pugna por el poder global entre el G-7 y los BRICS + [bloque de países emergentes] bajo una declaración de guerra ideológica: mientras los primeros mantienen forjado su lema capitalista, los segundos carecen de dogmas de fe liberal, pero están convencidos de que el sistema internacional es injusto y poco representativo.

En esta línea cabe leer que Japón haya aceptado en su reciente acuerdo arancelario con EEUU mantener los bonos del Tesoro americano que tiene en cartera para rebajar los gravámenes recíprocos. O, como expresa Benn Steil, del Council on Foreign Relations (CFR), permitir, como ha hecho la UE, ampliar los movimientos de capital nipones y europeos en industrias americanas para “corregir el emergente déficit comercial” estadounidense.