Aunque el municipio de Lepe tiene 30.000 habitantes y es el segundo más poblado de la provincia tras la capital, es muy difícil no encontrar en sus calles a alguien que no conociese a Andrés Gallardo Vaz, una de las víctimas mortales del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz.

Desde que se produjo el accidente, las redes sociales de los vecinos se llenaron con la foto de Andrés, confiando en que alguien le reconociese entre las víctimas, las mismas redes que han lamentado el fallecimiento, a los 51 años, de uno de sus vecinos más queridos. 

De hecho, en Lepe la preocupación ha sido doble, pues se le añade el nombre de Miriam del Rosario Alberico Larios, una joven de solo 27 años cuyo fallecimiento se confirmó en la tarde del lunes, pero aún sigue sin una ratificación oficial.

No obstante, las dos familias están más que arropadas por la gente de este pueblo, donde conviven personas de más de 60 nacionalidades distintas gracias al trabajo que da la fresa en sus campos. No es extraño ver cómo se ven mensajes de duelo en rumano o árabe entre la gente de esta localidad de la costa de Huelva en las últimas horas. “Andrés no es un nombre más en una lista, es mi amigo de la infancia”, escribía en Facebook Domingo Delgado, un “quinto” del fallecido, que compartió con él desde joven, entre otras cosas, muchas horas de baloncesto.

Una vida dedicada a la docencia

Las oposiciones a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (OEP 2025) tuvieron su primer examen este domingo en Madrid. Era el motivo por el que viajaban en el Alvia de vuelta a casa una buena cantidad onubenses, algunos muy jóvenes, que buscaban un futuro con esa profesión. Entre esos jóvenes estaba Marta, la lepera que fue localizada por sus padres en el hospital Reina Sofía de Córdoba tras horas de incertidumbre, y que se recupera en su casa de la localidad onubense. Su madre ha confirmado esta mañana a eldiario.es/andalucia que sigue muy bien su evolución. 

Los opositores onubenses viajaban junto a los profesores que les habían formado. Los dos han fallecido. Uno era Andrés y otro Ricardo Chamorro Cáliz, de 57 años. Los dos viajaban en el vagón número 4 del Alvia siniestrado. No está confirmado, pero parece que estaban en la cafetería del tren en el momento del impacto.

Ricardo, por cierto, era funcionario de prisiones en el Centro de Instituciones Penitenciarias de Huelva, y antes de eso fue subdirector y administrador del centro, y trabajó también en la prisión de Ceuta. Su pasión por formar a jóvenes para ser funcionarios de prisiones era a lo que dedicaba sus ratos libres.

No estaba obligado, como Andrés, pero decidieron acompañar a sus alumnos a la prueba de Madrid, para repasar con ellos todo hasta el último momento y tranquilizarles de cara a la prueba que iban a pasar.

El profesor lepero era experto en preparación de profesiones (Derecho Penal). Trabajaba en su academia y con la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP). Nadie en Lepe le recuerda sin sonreír. Domingo, su amigo, le define como “el amigo de cientos de momentos que se quedan ya para siempre. Una buena persona, de esas que no hacen ruido, pero dejan huella”.

El alcalde, Adolfo Verano, anunciaba la noticia en sus redes sociales y decretaba tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas de los edificios municipales ondean a media asta y se suspenden los actos oficiales previstos. En el municipio se espera que se fije la fecha del sepelio para acompañar a la familia.

Huelva, una provincia golpeada por el accidente

La provincia de Huelva está siendo golpeada especialmente por el accidente del pasado domingo. Hasta 15 personas de distintos municipios se han confirmado en las últimas horas como fallecidas.

Quizás el peor caso hay que buscarlo en Punta Umbría y Aljaraque, donde la consternación es total tras confirmarse el fallecimiento de cuatro miembros de una misma familia, los Zamorano Álvarez. La única superviviente es una niña de seis años que ha resultado prácticamente ilesa. La niña fue encontrada dembulando por las vías por un guardia civil, que cuidó de ella hasta que llegó su abuela a Adamuz. A esta tragedia se suma la muerte de Rafael Millán Albert, también vecino de Punta Umbría.

En Isla Cristina, se ha conformado el fallecimiento de Pepi Sosa Casado y su hija Ana Martín Sosa. La noticia ha provocado una oleada de mensajes de apoyo, entre ellos el del cantante Manuel Carrasco, que conoce a la familia desde pequeño en el pueblo de ambos.

Gibraleón llora también a otros dos vecinos, José María Martín Guerrero y Eduardo Domínguez Fernández. En La Palma del Condado se ha confirmado la muerte de un vecino que viajaba junto a su esposa, la cual permanece desaparecida, aunque también hay buenas noticias, como haber encontrado con vida a una alumna cubana de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que viajaba en el Alvia.

Con todo, se teme que la cifra de víctimas pueda aumentar una vez que se levanten los vagones del tren que cayó en el terraplén, o bien se confirme la muerte de algunos de los desaparecidos.

“Murcia no existe”, repiten las voces. Y de tanto negarla, la han inventado. La Región vive en los pliegues, siempre difusos, entre el meme y el escarnio, hasta el punto de convertirse la murcianidad en –casi– una unidad de medida para la necedad, para lo brusco o para lo zafio y en un pivote geográfico del humor patrio. 

La imagen de Murcia en el imaginario popular español se ha forjado a partir de una tradición de sátira y exageración que trasciende la geografía real de la Región. Con el tiempo, la murcianidad se ha convertido en un lienzo en el que se proyectan tanto el ingenio como el absurdo, transformando sus peculiaridades en símbolos de lo exótico y lo inesperado. Así, entre memes virales y chascarrillos en tertulias, Murcia se erige como un referente que permite a la gente explorar—y reírse— de las diferencias regionales, creando un híbrido entre realidad y mito que enriquece el humor nacional.

El estereotipo murciano, explica el investigador en Comunicación Audiovisual Antonio Rivera, “se ha configurado a lo largo de varias décadas mediante una transformación mediática progresiva”. Según ha explicado a elDiario.es, ya existían en el imaginario colectivo ideas denigrantes –como la supuesta asociación entre murcianos y delincuencia– que con el advenimiento de nuevos medios, en especial a partir de 2000, fueron reforzadas y amplificadas.

“En concreto [a quien se expuso mediáticamente fue a] la clase obrera murciana y sobre todo del lumpen murciano, no de las clases altas, ni mucho menos, a pesar de que las clases altas murcianas dan para chiste y caricatura muchísimo más que los otros”, expone. 

La irrupción de plataformas digitales y la crisis financiera contribuyeron a cristalizar estos estereotipos a través de formatos televisivos y, posteriormente, de contenidos virales en internet, lo que facilitó la “alienación” del personaje murciano de su compleja realidad social.

También revela una doble función del humor: por un lado, actúa como instrumento de exclusión al reproducir clichés profundamente clasistas, y por otro, ofrece la posibilidad de resignificar la identidad cultural. No en vano, diferentes cuentas de memes, sobre todo próximas al humor postirónico, han reivindicado la murcianidad a través de la historia del Cantón de Cartagena y, sobre todo, de la figura de Antonete Gálvez, el labrador y revolucionario emblema del republicanismo federal español y murciano, utilizando su imagen como foto de perfil.

“Yo viví”, afirma Rivera, “simultáneamente, la realidad de hacer vida en el Espinardo de los 2000, que tenía y tiene una realidad compleja y atravesada por muchas variables, y al mismo tiempo el bombardeo mediático de imágenes que reflejaban lo contrario de las personas que vivían allí. Veo cierta conexión con el hecho de que hemos tenido a nivel regional una industria audiovisual que no exporta productos de otro tipo. Prácticamente nadie recuerda imágenes generadas en Murcia en los últimos veinte años que no sean las imágenes de la espectacularización clasista de la pobreza, que llegaron a las televisiones de toda España a través de productos como Callejeros”.

'Murcia, qué hermosa eres'

La humorista murciana Raquel Sastre también apunta a la televisión como parte indispensable de este proceso, pero pone el énfasis en el extinto programa 'Murcia, qué hermosa eres'. Aquellas galas, que seguían –o trataban de seguir– la fórmula televisiva de José Luis Moreno, formaron parte de un plan de las autoridades regionales para promocionar la Comunidad Autónoma.

El problema es que la estética de casino, los constantes mítines y el playback fastuoso de los artistas que acudían a tocar contribuyeron a que, la expresión “Murcia, qué hermosa eres”, se acabase popularizando para hacer referencia a esa Murcia que enseñaron. Caspa mata relato.

También señala que aquellas galas tenían “una atmósfera impregnada de un aire kitsch –incluso hortera– que contrasta con la imagen de una Murcia ”no casposa“ en el imaginario popular.” Según Sastre, esta percepción se fusionó con los chistes de épocas pasadas, lo que facilitó que se estableciera a Murcia como la “nueva Lepe”.

Además, destaca que mientras en Lepe existieron humoristas que popularizaron estos chascarrillos, en lugares como Albacete no se contó con esa presencia mediática constante: “Allí estaban los chanantes, pero son muy cabrones y prefirieron hacer chistes de Murcia [se ríe]. Pero la tele hace mucho. El cómico Chema Ruiz tiene un chiste que va de un reportero que busca murcianos para que salgan en los informativos, pero solo elige a los que son ininteligibles. Y a Murcia le ocurre también como a otros tantos sitios, que solo salen en la tele cuando ocurre un hecho macabro o cuando pasa un hecho estúpido”.

“Nos tomamos bien las bromas”

El periódico satírico digital El Mundo Today ha creado todo un género humorístico en torno a la ficcionalización de Murcia mediante noticias rocambolescas que incrementan el contraste de la Región con el resto del país. A través de un humor que raya en lo absurdo, sus artículos son buena muestra de cómo la Comunidad se transforma en el escenario perfecto para situaciones exageradas: desde murcianos que lo son, pero no lo saben, hasta la presentación del fuego en la Mobile World Congress.

Cuenta el cómico murciano Pedro Ángel Roca a elDiario.es que en los clubes de comedia los chistes sobre Murcia no tienen ya el mismo impacto que antes: “Ya no sorprende tanto. El impacto que han tenido grupos como Viva Suecia o Arde Bogotá en los últimos años, Carlos Alcaraz... ahora la gente conoce muchas más cosas de Murcia y es tendencia. También influye nuestro carácter, nosotros nos tomamos muy bien las bromas que se hacen sobre nosotros, y además solemos caerle en gracia a la gente.”

Mozo Yefímovich tiene un canal de YouTube en el que analiza el ecosistema de Internet, las redes sociales y los fenómenos que ocurren dentro; en uno de sus vídeos más recientes explora el papel de los lolcows. Un lolcow es la forma de definir a esos personajes que se vuelven virales por la extrañeza que generan; Yefímovich lo traduce al castellano como hazmerreír. Siguiendo el hilo de Sastre, el casting murciano de personajes tocados por la varita de la tele, ha generado figuras a través de las cuales, el resto de España ha visto a la Región. Demasiados embajadores no solicitados.

Yefímovich, a la cuestión sobre el porqué se ha puesto la diana en la Región de Murcia, afirma que [aunque ya viniera de largo], el programa de La Vida Moderna (LVM) de La SER tuvo mucha influencia.

“Lo que estamos viviendo hoy en día con [el fenómeno de] La Revuelta y con lo que antes fue La Resistencia, tiene su génesis en LVM. Hay muchísimas expresiones que ya hemos naturalizado que vienen de allí. Crearon un lenguaje propio que ha trascendido. La tónica era hacer cánticos sobre casi todo, y la repetición constante de eslóganes hacía que ciertas ideas se asentasen muy fácilmente. Así se viralizaba: se convertía en una muletilla de tu día a día y la acababas usando en tu grupo de amigos. [En LVM] fue el primer lugar en el que yo recuerdo que se hiciesen bromas sobre Murcia recurrentemente”.

Talento desaprovechado

También señala que hacer chistes sobre según qué regiones tiene una significación particular, y cree que los lugares que tienen un recorrido previo en el imaginario colectivo [los tópicos sobre los catalanes, o los chistes sobre andaluces], tienen un matiz distinto. “De alguna manera, es como meterse con la nada”.

La socióloga Cristina Guirao, por su parte, vuelca la responsabilidad en las autoridades regionales, y en la falta de inversión cultural, en la promoción de actividades más allá de los festivales de música y cree que el panorama es “desalentador”.

Guirao argumenta que “hay mucho talento en la Región que ni se aprovecha ni se publicita”, y da lugar a una proyección descompensada de la realidad. Esta visión de Guirao cataliza bien lo que cuenta Mozo Yefímovich: Murcia se conoce poco, y cuando uno no cuenta su historia los demás se la inventan por él.

La construcción humorística de lo murciano evidencia una estrategia de resignificación cultural. Al transformarse en un referente cómico, la Región se convierte en un espejo donde se reflejan las contradicciones del imaginario popular: por un lado, se celebra la autenticidad de sus tradiciones y peculiaridades; por otro, se exageran sus rasgos hasta casi caricaturizarlos. 

Este doble juego—entre autocrítica y externalización de prejuicios—revela cómo el humor actúa como puente para transitar entre la realidad y la ficción, permitiendo a la gente de Murcia reivindicar su identidad y a la sociedad española reexaminar sus propias ideas sobre lo “otro”.

Por ser de la capital no estás libre de ser un paleto

Muchos murcianos han experimentado en carne propia la extrañeza de los foráneos –o sea, de todos los demás– al encontrarse a un “murciano normal”. Adrián, profesor de lengua en Madrid desde 2019, cuenta entre carcajadas que él fue el primer murciano que conoció su novia: “No me preguntó de dónde era hasta la segunda o la tercera cita, porque no tengo mucho acento. La tía flipó y de verdad creía que hablábamos como esos que salen por la tele. Luego, claro, conocer a sus amigos y las típicas bromas de que si uso muy bien los cubiertos o que si he descubierto ya cómo funciona la luz del pasillo. A mí me hace gracia que gente de ciudad piense que solo por ser de la capital está libre de ser un paleto”.

“También saltan mucho con lo de que Murcia es facha”. Comenta Marina, enfermera residente en Barcelona y nacida en Puente Tocinos. “Pues no sé. Sí, supongo. Pero tú eres de Valladolid, tápate un poco”.

La Dirección de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo ha sido notificada de dos posibles casos de infección por Mpox (viruela del mono) en Andalucía. Las personas en estudio, que residen en el municipio de Lepe (Huelva), evolucionan favorablemente y se encuentran aisladas. Salud ha iniciado los protocolos de actuación y ha adoptado las medidas preventivas oportunas hasta la confirmación de estos casos sospechosos.

La consejera del ramo, Rocío Hernández, ha explicado este lunes que están a la espera de las pruebas serológicas para confirmar o no estos dos casos, por lo que ha insistido en que “no son casos confirmados” y que desde el pasado 28 de febrero está en marcha el protocolo. Son “dos sospechas, no son casos que estén confirmados”, ha insistido, señalando que “la primera alerta surgió el día 28 y la segunda el 1 de marzo”, por lo que “hay que esperar a los resultados de las pruebas serológicas”.

Al respecto, ha informado de que cuando hay una alerta desde el Servicio de Epidemiología del distrito, coordinado con la Delegación Territorial y la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud, “se pone en marcha todo el estudio de los casos, los contactos y todas las recomendaciones para contener las infecciones”.

“Los estudios de salud pública están perfectamente definidos y siempre lo que se hace es el estudio de los casos, aunque sean sospechosos. Se hace un estudio de los contactos y se plantean una serie de medidas preventivas, no solamente a los que están cercanos, sino en función del número de contactos que haya habido”, ha abundado.

Protocolos actualizados

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante 2024, Andalucía ha actualizado los protocolos relativos a la vigilancia epidemiológica y se ha realizado una evaluación de riesgo, tras el acuerdo alcanzado en la Comisión de Salud Pública. De este modo, se ha intensificado la vigilancia a través de la identificación los casos que se diagnostiquen.

Igualmente, Andalucía, en consonancia con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio, ha actualizado las recomendaciones para los viajeros que acudan a sitios de riesgo en los centros de vacunación internacional que dependan de la comunidad con información actualizada para grupos concretos y orientada a aquellos que viajan a países afectados. Actualmente, la vacunación preexposición está indicada para personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, fundamentalmente pero no exclusivamente GBHSH (Gays, Bisexuales y Hombres que tienen Sexo con Hombres).

Además, también se deben vacunar las personas con riesgo ocupacional, como personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS/VIH a personas con prácticas de alto riesgo y personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con virus Monkeypox. También se incluya al personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo, sin elementos de protección individual adecuados o que ha presentado alguna incidencia en el uso del mismo.

Indicaciones para la vacuna

En el caso de la profilaxis posexposición, es decir, para prevenir la infección tras haber estado en contacto con una persona infectada, está indicada para contactos estrechos de casos confirmados, así como personal sanitario y de laboratorio con contacto con casos confirmados y que hayan tenido alguna incidencia en el uso de EPI. En estos casos está recomendada la administración de una única dosis. Toda la información se encuentra alojada en la página de la web del Plan de Vacunaciones de Andalucía (Andavac).

También conocida como Monkeypox, se trata de una enfermedad zoonótica viral. El cuadro clínico inicial suele incluir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación o hinchazón de los ganglios y cansancio. Entre uno y cinco días después de la aparición de la fiebre, se desarrollan lesiones que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo y en los casos atribuidos al contexto de relaciones sexuales se localizan con mayor frecuencia en zonas genital, perianal y perioral. Suele producir una enfermedad autolimitada y la mayoría de las personas se recuperan en varias semanas, aunque en algunos casos pueden llegar a requerir ingreso hospitalario.

Desde que en 1999 se levantasen las primeras chabolas en municipios freseros de la provincia de Huelva, el paisaje de casas de cartón y plástico se ha ido multiplicando poco a poco, hasta convertirse en un verdadero problema social y humano. 

Al principio eran unas pocas repartidas por campos de Lepe y Moguer, pero fueron creciendo hasta mutar en poblados enteros con gente de muy distintos países -la mayoría del África subsahariana-, que además no viven en esas chabolas unos meses al año, sino que están allí mientras tienen trabajo en los campos de alrededor, con lo que casi nunca abandonan las infraviviendas.

Mientras que en municipios como Moguer o Lucena los asentamientos chabolistas están en mitad del campo, lejos de las casas de los otros vecinos de estos municipios, en Palos de la Frontera los inmigrantes están asentados junto a un polígono industrial. Durante muchos años, el mayor asentamiento de Lepe estaba lejos de las casas, junto al cementerio, pero el crecimiento urbanístico del municipio se fue acercando hasta que la población migrante empezó a compartir espacio con un moderno parque comercial.

El pasado abril se inauguraba una residencia pionera para trabajadores temporeros de Lepe, financiada al cien por cien por la Junta de Andalucía y ejecutada por el Ayuntamiento, con capacidad para 152 personas. Es pionera por muchas razones, entre otras porque, además de alojamiento, ofrece servicio de inserción sociolaboral y pretende erradicar los asentamientos chabolistas. Ya hay una treintena de personas de varios países que viven en sus instalaciones.

Para sacarla adelante, la Junta de Andalucía aportó 454.000 euros junto a la gestión de la Consejería de Inclusión Social para gestionar 890.972 euros de fondos Next Generation para las obras de eficiencia energética y también para la instalación, impulsada por el consistorio, de diversos módulos para alojamientos temporales. El Gobierno de España adecuó los alrededores del centro dentro del marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

Y todo sobre las obras del albergue proyectado en Lepe años atrás, que nunca se terminó de sacar adelante, y cuyo esqueleto seguía en pie en el Polígono El Chorrillo. Curiosamente, el edificio destinado a terminar con los asentamientos estaba pegado a muchas de esas chabolas.

Esta residencia dará alojamiento a 152 personas, y cuenta con 38 habitaciones para cuatro personas cada una, todas equipadas con baños y aseos. También dispone de zonas de comedor y cocina, lavado y planchado, sala de usos múltiples, zona administrativa y de gestión, o aulas y talleres. El edificio está gestionado por la Fundación Samu mediante una concesión del Ayuntamiento de Lepe y es autosuficiente económicamente con el apoyo de las diferentes administraciones.

El objetivo es que las personas que van a trabajar en el campo dispongan de un alojamiento digno, a un precio adecuado a su situación. Tienen una cuota que son 5,25 euros al día, que son 157,50 euros al mes, y pueden estar en sus instalaciones hasta un máximo de tres años.

La cuota se paga a la Fundación para el sostenimiento de las instalaciones, y sirve, además, “para que estas personas, como ellas mismas demandan, no tengan nunca la sensación de que se les está regalando nada”, sino que pagan una cantidad simbólica pero que sale de su bolsillo. No hay que olvidar que tener contrato de trabajo es una de las condiciones para vivir en la residencia.

De momento, “la vida en el centro es tranquila, no hay conflictos, no hay ningún tipo de incidentes”, explican a eldiario.es/andalucia desde SAMU, que destacan que las personas que están ahora mismo allí están acostumbradas a convivir con otras compartiendo espacios.

Se trata de “cubrir sus necesidades básicas”, que en su primera fase contempla alojamiento, alimentación, aseo personal…, todo lo que suponen “las coberturas de unas necesidades básicas de una persona”, pero el objetivo es ir más allá “y que estas personas puedan emanciparse con una situación regularizada”. 

En una segunda fase interviene un equipo técnico de orientación sociolaboral, “bien para regularizar la situación de estas personas, en el caso de que necesiten ayuda en los trámites de papeleo de su documentación o bien para orientarlos a la hora de cambiar de trabajo, de formación o para que mejoren esos sus condiciones laborales”. 

Con todo, “va más allá que lo que es el alojamiento puro y duro, para que nos entendamos”, en un lugar que, durante el día, prácticamente está vacío, porque todos los usuarios son trabajadores del campo, y se van muy temprano a trabajar, para volver por la tarde.

Todas las personas que viven en esta residencia pasan un filtro anterior del Ayuntamiento de Lepe, de modo que se valora si efectivamente reúne todas las condiciones para beneficiarse de este servicio. Una vez que se certifica, comienza a vivir en la residencia. “Son personas que llevan muchos años trabajando en los asentamientos de chabolas y conocen perfectamente a estas personas, cuáles son sus necesidades, el tiempo que llevan allí, sus condiciones de vida, y son ellos los que derivan al centro de Fundación a una persona u otra”, explican, de modo que no existe el modelo de “gente que llega a la puerta, llama y entra a vivir”.

Para el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, poner en marcha esta residencia es “todo un hito” en la lucha contra el chabolismo. No hay que salir de esta misma localidad para encontrar en la hemeroteca sucesos relacionados con estos asentamientos, sobre todo incendios sin autor reconocido, incluso con víctimas fallecidas. 

Ahora, se pone en marcha algo “que siempre ha sido de gran interés y preocupación para nosotros”, porque el alcalde no obvia “la vital importancia de la mano de obra externa en la producción agrícola, pero también entendemos la necesidad de que estas personas vivan en condiciones dignas”, y ahora se ha dado el paso necesario para ello.

El alcalde pone el foco en cómo históricamente ha habido acuerdo entre el PP, el PSOE, Ciudadanos o Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lepe a la hora de sacar adelante iniciativas como ésta, de modo que el edificio “ejemplifica la unidad institucional y es un testimonio del esfuerzo conjunto” para acabar con el paisaje de las chabolas en los campos leperos.

La mano de obra necesaria llega desde fuera

A principios de los años 80 se plantaron las primeras fresas en la provincia de Huelva, gracias al empresario sevillano Antonio Medina Lama. Impulsó en el litoral onubense un modelo cooperativo que ha permitido colocar a España como primer exportador mundial de fresa. De cada cien fresas que comen los europeos, 94 se producen en Huelva.

Cuando comenzaron a crecer las plantaciones freseras en la zona se realizó un casi instantáneo “efecto llamada”. En Lepe se formaron colonias de gentes de Las Cabezas de San Juan, Lebrija o Alcalá del Valle. Algunas iban a diario a coger fresas y otras se quedaron a vivir en el pueblo. En 1981 Lepe tenía 13.000 habitantes. Hoy día roza los 30.000. En su padrón hay más de 63 países distintos.

Los primeros países en aportar inmigrantes para coger fresas fueron, en 1995, Polonia y Rumanía. El 14 de marzo de 1997 el entonces responsable de inmigración, Mohamed Ahgan, alertaba de que un centenar de inmigrantes magrebíes que trabajaban en la campaña de la fresa de Huelva están viviendo en la calle en los municipios productores de Palos de la Frontera, Moguer, Lepe y en menor medida en Cartaya. Dos años después se montaba el primer asentamiento chabolista.

En 2000 se contabilizaron 18 asentamientos en Palos de la Frontera, Moguer, Bonares, Almonte, Lepe y Cartaya. La cifra nunca ha dejado de subir. Solo en el terreno situado junto al cementerio de Lepe han llegado a vivir más de 500 personas. 

Cada año el Servicio Andaluz de Empleo publica la oferta de mano de obra para recoger fresas en Lepe. Para la recogida que comenzó en febrero no se cubrió ni el 10% con mano de obra local. Hubo que buscar a 7.000 inmigrantes contratados en origen. Son cifras que dan una idea de la importancia de la mano de obra externa en este cultivo en concreto, y también, leídas entre líneas, hablan de que el trabajo en el campo de la costa de Huelva es todo un imán para el bienestar de muchas personas, tengan o no una vivienda concertada para vivir en el pueblo.

Y, en demasiadas ocasiones, más que una vivienda han tenido un peligro de cartón y plástico que es carne de incendio a la menor ocasión. 

Hay contabilizados más de 50 incendios de más o menos importancia en estos asentamientos. Uno de los más graves se produjo el 25 de septiembre de 2023 en Palos de la Frontera, con 200 infraviviendas arrasadas en cuestión de minutos. Ese día no hubo víctimas mortales de verdadero milagro, pero no siempre ha sido así. El 21 de abril de 2022, un joven de origen marroquí de 27 años no podía salir a tiempo de su chabola junto al cementerio de Lepe cuando se inició un incendio y falleció en el suceso.

En el cementerio de Lepe hay una serie de nichos con solo una cifra donde están enterrados algunos de los inmigrantes que han acudido al pueblo en busca de una vida mejor y han terminado en una tumba anónima.

El Plan EASEN

Lepe es el primer municipio en aplicar un plan de erradicación del chabolismo. Es el Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales e infraviviendas y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformadas por población inmigrante (Plan Easen), con una línea de subvenciones de cinco millones de euros dirigidas a las entidades locales para ofrecer recursos habitacionales temporales a la población temporera migrante.

El primer Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales e infraviviendas y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformadas por población inmigrante (Plan EASEN), tiene como objetivo diseñar propuestas y coordinar a las distintas administraciones públicas para la integración residencial y sociolaboral de las personas que residen en estos asentamientos.

Asimismo, y dentro de una estrategia regional conjunta con las entidades locales, se colabora para la puesta en marcha de planes locales y/o comarcales de intervención integral en asentamientos e infraviviendas asociadas ubicados en cada uno de sus términos municipales.

En Andalucía, la existencia, en algunos municipios, de asentamientos informales e infraviviendas asociadas donde residen personas de origen migrante, es una realidad que se repite, al menos, durante los últimos 25 años, y que impacta especialmente en Almería y Huelva, aunque no son las únicas provincias en las que están presentes. 

Además, la compleja naturaleza de la integración hace necesaria la implementación de mecanismos de coordinación y cooperación de los gobiernos locales, autonómico y central en aquellas actuaciones que se centran en estas zonas. Por ello, todas las actuaciones que se prevén en el marco de este plan se desarrollarán sobre los municipios, con la imprescindible implicación de la administración local y con medios reforzados del resto de administraciones públicas. 

En definitiva, este I Plan Estratégico para la Erradicación de los asentamientos informales en Andalucía pivota esencialmente sobre las entidades locales, que desarrollarán sus propios planes adaptados.

Los más de 2,6 millones para programas de realojo e inclusión social de personas trabajadoras temporeras que malviven en asentamientos chabolistas de Lepe y Moguer avanzan al ritmo de las administraciones, es decir, lentamente. Algo más de un año después del protocolo firmado a cuatro entre Gobierno central, Junta de Andalucía y los dos ayuntamientos, Lepe es el que se encuentra con su iniciativa más adelantada y el próximo septiembre podrían arrancar las obras de su residencia en la zona de Los Barrancos, a kilómetro y medio del núcleo urbano, apuntan fuentes municipales. Mientras que Moguer trabaja aún en el proceso administrativo y de gestión previa a la ejecución del programa, la Junta, de forma paralela al protocolo, trabaja en el primer censo de personas que residen en estos asentamientos y acaba de formular el 'I Plan Estratégico para erradicar los asentamientos irregulares' que “acompaña” a las entidades locales.

Recientemente, el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) del Consejo de Europa denunciaba en su último informe las condiciones laborales que viven personas migrantes en los campos de fresa de Huelva, de todos conocidas y que fueron objeto de debate en el Parlamento Europeo este mes de marzo. Cabe recordar que los 2,6 millones (1,81 para Lepe y 818.000 para Moguer) fueron destinados por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, mediante el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre.

Fuentes ministeriales recuerdan que tanto Lepe como Moguer tienen disponible la financiación del Plan de Vivienda, que tiene una línea específica para realojos de infraviviendas, apuntando que se llegó a tener conversaciones con Nijar, dentro de los ayuntamientos de Almería, pero “no se concretó una actualización finalmente”.

En terreno rústico

El “fomento de la construcción y/o adecuación de espacios que sustituyan los asentamientos irregulares con el fin de promover, en una primera fase, nuevos albergues y soluciones residenciales destinados a las personas temporeras”, tal y como planteaba el protocolo, se encuentra más avanzado en Lepe, con un proyecto de urbanización ya elaborado y la adaptación de los terrenos rústicos prácticamente finalizada. Las obras del complejo residencial de viviendas modulares, con capacidad para 144 trabajadores si bien se podrían acoger hasta medio millar de personas, podrían arrancar este mes de septiembre, detallan fuentes municipales de acuerdo al proyecto.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Moguer indican que se está actualmente “trabajando en el proceso administrativo y de gestión previa para desarrollar” el programa de realojo, manteniendo “contactos con cooperativas y otros actores que participan en este proceso” y elaborando los pliegos de condiciones de contratación pertinentes para este tipo de actuaciones.

Reunión de seguimiento

Es de recordar que el pasado 19 de abril representantes de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, miembros de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos de Lepe y Moguer celebraron una reunión de seguimiento de las iniciativas en marcha para la erradicación de los asentamientos impulsadas dentro del marco del protocolo, destacando la tramitación de los planes municipales de actuación aprobados el mes anterior por parte de la Secretaría de Estado.

Pese a que las ayudas millonarias que aprobó la Junta tras la pandemia para tratar de adecentar esos lugares repletos de infraviviendas provisionales de palets y plásticos que se vienen alargando desde hace 40 años, este periódico siguió el rastro de aquellos 2,3 millones repartidos en municipios de Huelva y Almería que no han evitado la imagen de miles de empleados en el campo andaluz en lamentables condiciones de higiene y salubridad.

El fino hilo entre preservar la seguridad en las calles y mantener el derecho a la intimidad de los ciudadanos ha vuelto a salir a la luz tras anunciar el Ayuntamiento de Lepe, en la costa de Huelva, que el pueblo cuenta ya con 30 cámaras que vigilan determinadas zonas en “prevención de sucesos” o bien para intentar identificar a los culpables si fuese necesario.

Como siempre ocurre cuando se pone en marcha una iniciativa como esta, las voces a favor y en contra casi son del 50 %. El abogado Fernando Osuna sostiene que la Constitución y las sucesivas leyes aprobadas desde 1978 tienen tantos factores a favor como en contra de la iniciativa. La portavoz del PSOE y candidata a la alcaldía, Bella Canales -en Lepe gobierna el PP con mayoría absoluta- no entra en el fondo legal, pero sí entiende que se trata de una “maniobra” del equipo de Gobierno para esconder los problemas que tiene para mantener su plantilla de Policía Local.

Más de 70.000 personas en verano

Todo arranca con el anuncio del alcalde de Lepe, Juan Manuel González, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Seguridad Ciudadana, Mariana Otero, y del jefe de la Policía Local de Lepe, Moisés Beltrán, sobre la puesta en marcha el sistema de videocámaras en vía pública para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en Lepe.

Según explicó el alcalde, la población lepera está experimentando gran crecimiento, con una población estacional que llega incluso a superar los 70.000 habitantes en verano e incrementándose igualmente el parque de vehículos, “lo que hace necesaria una mayor cantidad de infraestructuras que mejoren la seguridad ciudadana”.

Este nuevo sistema está formado por 30 cámaras distribuidas en diferentes localizaciones de la ciudad, con especial atención a todas las entradas y salidas de la población, “con la finalidad de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones”.

Por ubicaciones, hay cuatro flanqueando el edificio principal del Ayuntamiento en la Plaza de España, seis en las entradas y salidas del municipio y 20 en distintos puntos del casco urbano (todos los barrios y polígonos industriales). Aunque el alcalde justifica esta medida para controlar el aumento poblacional en verano, todas las cámaras se han concentrado en el núcleo urbano principal del pueblo y no en sus zonas turísticas.

“Equilibrio entre la intimidad y la vigilancia”

El abogado sevillano Fernando Osuna explica a elDiario.es Andalucia que son muchos los matices legales que se pueden encontrar a la hora de analizar este asunto, y se detiene, por ejemplo, “en el artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la intimidad, porque si te graban en la calle eso puede incidir en tu intimidad como persona”, aunque en la misma Carta Magna, su artículo 15 garantiza “la integridad física de las personas, citando que cualquiera debe estar protegida, y hay que evitar daño alguno, o al menos disuadir”. Sin salir de la Constitución, el artículo 33 garantiza la “protección de la propiedad”, otro punto a favor de las cámaras.

El mismo letrado se dirige a la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, “que regula todo lo relacionado con la vigilancia y vídeoviglancia de lugares públicos”, o a la de Protección de Datos de 2018, que establece “el equilibrio entre el derecho de las personas a su intimidad, pero ese derecho decae en un interés superior, como es la seguridad en las ciudades, los bienes y las propiedades”.

Otro matiz legal es la Instrucción 1/2006 de la Agencia de Protección de Datos, “que regula todo el funcionamiento de colocación de cámaras y lo que le rodea”, y muestra que “el equilibrio que hay que tener en cuenta entre la intimidad y la protección está en la seguridad de las personas, propiedades y lugares”, aunque el letrado cita que “lo importante es usar el sentido común, y si en una calle hay mucha vigilancia sin necesidad de cámaras no hay necesidad de colocarlas. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, robar un bolso delante de una comisaría de Policía, de modo que en esa calle no sería necesario ponerla”.

Sí incide este abogado en que es indispensable “una autorización administrativa para poner en marcha este tipo de vigilancia, ya sea por parte de un Ayuntamiento o por personas a título privado”. En el caso de las cámaras que vigilan el casco urbano de Lepe, por ejemplo, para que se pongan en marcha tienen que contar previamente con una autorización de la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

“Se quiere tapar el conflicto con la Policía”

Legislación aparte, la portavoz del PSOE en esta localidad y candidata a la reelección, Bella Canales, cree que la activación de estas cámaras, por encima de la necesidad de vigilar las calles, “quiere tapar el conflicto que el Ayuntamiento mantiene con la Policía Local”, en un pueblo en el que, asegura, “los policías se están marchando a otros sitios a trabajar en protesta con la forma de gestionar el cuerpo”, ya que “el actual jefe de la Policía que designó el alcalde no es aceptado por los agentes, y al 90 % de ellos no les gusta su forma de trabajar”.

Canales critica que el anuncio de la puesta en marcha de estas cámaras “nos coge de sorpresa, porque nada se había dicho en el Pleno ni se comentó a los portavoces de la oposición”, y recuerda que su grupo ha pedido en varias ocasiones que se tomen medidas ante el aumento de la delincuencia en el municipio, “y la respuesta es implantar unas cámaras que poco van a hacer”, en una localidad en la que, según señala, han subido los robos con intimidación y los delitos sexuales.

“Todo eso solapa el gran problema de la Policía, con un conflicto interno que hace que los policías pidan traslados”, mediante comisiones de servicio que, en algunos casos se les han negado a los agentes, “y, al final, nos estamos quedando sin plantilla policial”, con agentes que ya ejercen en ciudades como Ceuta, Isla Cristina o Cartaya.

En una localidad con un censo oficial que roza los 28.000 habitantes, Bella Canales asegura que “actualmente solo hay dos policías por turno”, y entiende que todo esto es más urgente a la hora de solucionarlo que ubicar más cámaras de vigilancia en las calles.

En la Semana Santa de 1991, las calles de Lepe fueron recorridas por primera vez por Nuestra Señora del Amor. Era una de las miles de vírgenes que cruzan las calles de Andalucía y toda España una vez al año, pero este paso en concreto guardaba bajo sus andas todo un testimonio de igualdad: todas las personas que llevaban la imagen eran mujeres.

Desde entonces, solo la pandemia ha impedido que “el Amor” salga a las calles de la localidad onubense cuando el reloj marca las nueve de la noche del Jueves Santo, como consecuencia de la idea de aquella directiva de la hermandad de que solo fuesen mujeres las que la llevasen. Ellas, las primeras costaleras, no lo sabían, pero estaban haciendo historia al ser la primera cuadrilla totalmente femenina que se ponía en marcha en los 79 municipios de la provincia de Huelva.

Las cincuenta pioneras

En la España que preparaba la Expo de Sevilla para un año después, medio centenar de costaleras ya se incorporaron entonces a la primera salida y hasta hoy, año tras año, han logrado conformar un grupo suficiente para seguir con la tradición, e incluso cuentan con una calle en Lepe en homenaje al trabajo que hacen cada año en la noche del Jueves Santo.

La Hermandad y Cofradía del Cristo de la Misericordia, María Santísima de la Esperanza, San Juan Evangelista y Nuestra Señora del Amor de Lepe fue una trasgresora en aquella época, y desde luego se puede decir que siempre lo ha sido, porque fue fundada en mitad de la Guerra Civil, en 1937, aunque sus orígenes son muy antiguos en la devoción en Lepe, ya que se tienen datos del siglo XVII que atestiguan la presencia de alguna de sus imágenes y la devoción de los vecinos.

Costalera, aguaora, contraguía y capataz

En las 30 salidas procesionales que la hermandad ha hecho hasta ahora, son centenares los nombres y las historias de las mujeres que se han puesto bajo el paso de la Virgen. Entre ellas, llama la atención la trayectoria de Marisa González Vallecas, que a sus 29 años ha sido costalera, aguaora, contraguía y capataz. Es decir, ha pasado por todos los escalafones posibles a la hora de estar cerca de la Virgen en su recorrido por las calles de una u otra forma.

“La primera vez que salí de costalera tenía 15 años -en 2006-, y cuando lo dije en casa lo primero que me dijeron fue que con mis problemas de espalda lo pasaría mal”. Así fue, porque sufría mucho en las trabajaderas, recuerda, pero aguantó como el resto de sus compañeras, incluso siendo menor de edad. 

Durante cuatro años sacó el paso a la calle, aunque entonces “había más mujeres que ahora para hacer el recorrido”, de modo que se podían hacer más relevos, “pero la mitad del recorrido la aguanté”.

Cuando su espalda aconsejó dejar las trabajaderas, pasó a ser la aguaora, y luego la contraguía, los ojos del capataz allá donde Manolo Galvín no llegaba. Al dejar de cargar la Virgen, “yo seguí yendo a los ensayos y me vestía como las demás para la salida, y Manolo me reconoció en la labor que estaba haciendo ayudando a la Hermandad y a la Virgen en su salida, y me nombró contraguía”. Desde ese momento, compartiendo la labor con Manuel Zamorano, siguió pegada al paso en la calle, y le llegó la oportunidad de ser la capataz, hasta que el cambio de junta directiva en la hermandad trajo consigo un relevo también en su puesto.

Dos hermanas de ideas fijas

En casa de Marisa, cuando dijo que quería ser costalera, tenía una cómplice: su hermana Carmen Lucía, tres años mayor que ella que, entre otras cosas, fue su contraguía cuando ella era la capataz. “En mi casa, mi padre siempre ha sido muy de la Semana Santa, sobre todo muy devoto de Padre Jesús, pero cuando llegó la Virgen del Amor pensamos que era el momento de que las mujeres entrásemos de lleno en la Semana Santa”.

La vinculación con la imagen siguió, y las dos hermanas han sido una base importante de que esta Virgen siga adelante con el trabajo de mujeres de todas las edades. De hecho, no hay límites más allá de las fuerzas de cada costalera para seguir llevando el paso. Un ejemplo es María Galván, que roza los 45 años y este jueves vuelve a ser parte activa de la procesión.

Marisa quiere seguir vinculada por siempre a su Virgen. Cuando la relevaron en el cargo de capataz pensó que tenía que seguir dentro, aunque fuese como aguaora, y así será este Jueves Santo. “No puedo quedarme fuera de repente, tengo que seguir con mi virgen, y quién sabe qué pasará en el futuro”.

Con 29 años, alberga un llamativo e intenso pasado en un paso que lleva a la Virgen que más trabaja cada año por la igualdad. Cuando regrese al templo de Santo Domingo de Guzmán, habrá cumplido el rito de ayudar en una procesión diferente por muchos motivos, que tres décadas después abrió el camino de muchas mujeres en muchos lugares para ser costaleras igual que sus compañeros hombres.

El Ayuntamiento de Lepe (PP) ha presentado un nuevo sistema de videovigilancia en la vía pública para mejorar la seguridad ciudadana y prevenir comportamientos incívicos, indica el Consistorio en su web. Se han instalado 30 cámaras en diferentes localizaciones de la ciudad, con especial atención a las entradas y salidas de la población, para contribuir a asegurar “la convivencia ciudadana, prevenir delitos y faltas, y mejorar el control del tráfico”.

El alcalde, Juan Manuel González, ha destacado la necesidad de estas infraestructuras debido al crecimiento de la población (“llega incluso a superar los 70.000 habitantes en verano”) y el parque de vehículos en la ciudad. El sistema de videovigilancia se ha implantado con garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos“

Desde “la inmigración está siendo un problema cada vez más presente” del exiministro Juan Ignacio Zoido, contestado tajantemente por el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, quien achacaba la “dejadez de la administración” la existencia y “drama humanitario” que perdura en los asentamientos de temporeros en municipios de Huelva y Almería, los representantes de los partidos de izquierda y derecha han usado buena parte de su tiempo en culpar al otro de las nefastas condiciones en las que viven desde hace años las personas migrantes empleadas para la recogida de fruta y verdura en las zonas más occidental y oriental de Andalucía.

El debate se ha desarrollado este miércoles en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con la comparecencia de Valero en nombre de la Asociación Multicultural de Mazagón y de Almería Acoge, quien ha pedido la “intervención directa” de la Comisión Europea ante la “grave situación de vulnerabilidad de los derechos humanos” en estos lugares surgidos “a finales de los 80” en Almería, donde existen 69 asentamientos donde malviven entre 5.000 y 7.000 personas, mientras en Huelva se encuentran más de 3.000 personas en 40 asentanientos, con chabolas “sin ningún tipo de servicios básicos”.

En su intervención, por espacio de cinco minutos y otros dos para cerrar la petición, también ha hecho mención a que los ayuntamientos “se niegan sistemáticamente” a facilitar el padrón a estas personas pese a la normativa que se lo permite., favoreciendo un “mercado corrupto” de acceso a la documentación necesaria que “se aprovecha de las necesidades de los inmigrantes”. También ha lamentado la “constante vulneración” de la directiva comunitaria que regula la entrada y salida de estas personas para emplearse, recordando en ese sentido la visita en 2020 del relator especial de Naciones Unidas contra la pobreza extrema, añadiendo que se trata de un “claro ejemplo de racismo institucional” el que se vive en esos lugares mientras “los ayuntamientos” de esos municipios (Roquetas de Mar, Níjar, Lepe, Moguer, Palos, etc.) “miran para otro lado” ante esa “situación deplorable”.

Por todo ello, Valero ha pedido una “respuesta inmediata” por parte de la Comisión Europea y la elaboración de “un informe completo” de todo lo expuesto en la petición, con especial atención a las mujeres migrantes, así como trasladar a las comisiones específicas de la UE la petición, instando a la institución a visitar los asentamientos “para comprobar de primera mano las condiciones infrahumanas” de las personas migrantes. Por último, ha apuntado que “hay fondos, hay dinero”, poniendo como ejemplo el protocolo firmado en junio de 2022 entre las adminstraciones local, autonómica y estatal “pero no se hace ninguna vivienda” y “no se ha ejecutado aún ni un céntimo”, instando a la Comisión Europea “a hacer valer los principios de convivencia” en ese sentido.

“Viven peor que el ganado”

La intervención de los grupos ha dado lugar a un enfrentamiento acerca de quién tiene o ha tenido la responsabilidad política de la existencia de los asentamientos descritos. Los primeros en hacer uso de la palabra han sido el eurodiputado popular Peter Jahr (EPP Group), así como la socialista Cristina Maestre, la gallega Ana Miranda (Alianza Libre Europea-Los Verdes), quienes han coincidido en la indignación por la existencia de estos asentamientos de Andalucía aunque no es una cuestión exclusiva de España, abogando en líneas generales por dar respuesta a una situación que han llegado a calificar como “esclavitud laboral del siglo XXI”, como ha denunciado Miranda, y de tratar de “facilitar a todos los niveles la integración social y residencial, y trabajo digno” para los migrantes, como ha expuesto Maestre.

El eurodiputado de Unidas Podemos Manuel también ha apoyado la petición y ha recalcado la importancia de las inspecciones de trabajo, congratulándose de que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz haya “impulsado” las inspecciones en el campo “para combatir el esclavismo” mientras “la patronal agraria y otros partidos pidieron su dimisión” cuando “el 70% de las mismas acabaron en procedimientos de infracción”. También ha denunciado que “se están devolviendo importantes cantidades de dinero” en la materia contra la exclusión “por falta de ejecución” mientras los temporeros “viven peor que el ganado”, “les cortan el agua” y “no se les permite empadronarse”, algo tolerado “de forma miserable por una patronal esclavista” para “que hagan el trabajo pero que no aparezcan”. “No podemos mirar para otro lado”, ha concluido, animando a ver “sobre el terreno” la situación de esos lugares.

Zoido, que ha intervenido entre los eurodiputados de Unidas Podemos Sira Rego y Manuel Pineda, quienes tuvieron ocasión de visitar los asentamientos en abril de 2021, ha comentado que podrían tener que visitar España, como ha pedido Valero, y que “algo estará pasando con el Gobierno de España para que vayamos otra vez”, abogando por erradicar la situación de los temporeros y recordando que los ayuntamienros “cuentan con la ayuda de las confederaciones de empresarios”, lamentando que Pineda tachara de esclavista a la patronal por el “daño” que se hace con esas manifestaciones a los productos a exportar desde Hueva o Almería.

En todo caso, Zoido ha defendido que la Junta de Andalucía ya sabe que “no es admisible” esa situación pero diciendo que “IU y PSOE han gobernado en Andalucía durante 40 años” (algo que Sira Rego ha echado en cara pro la alusión a IU, que sólo cogobernó con los socialistas durante la legislatura 2012-2015) “y ahora viene el problema y ahora no tienen nada que ver”. Zoido ha defendido también que los servicios sociales “están atendiendo a esas personas, tomando medidas en el marco de sus competencias”, insistiendo en que el “fenómeno indeseable del chabolismos” estaba “antes consentido” y “la Junta apuesta por resolverlo de manera definitiva”. “El Gobierno de Sánchez deberá hacer un esfuerzo”, ha incidido, anunciando que “en el primer semestre” se aprobará por parte del Gobierno andaluz un“ plan estratégico para la eliminación de los asentamientos a nivel local, de acuerdo con el Estado”.

Sira Rego, la última en intervenir, ha denunciado que se haga “negocio” con “mano de obra esclava” y ha llamado a la Comisión a poner freno a una situación “intolerable” en la UE, acusando a la Junta de Andalucía de “inacción” y de ser responsables de la falta de medidas para prevenir este fenómeno.

La presidenta de la comisión, la popular Dolors Montserrat ha decidido mantener “abierta” la petición expuesta por Toni Valero y por que se mantenga informados a los miembros de la comisión, enviando “para opinión” la petición a la comisión parlamentaria específica en materia de empleo ya que “se trata de derechos findamentales de trabajadores”.

Sin haberlo planeado, el Ayuntamiento de Lepe se ha encontrado con una curiosidad que atrae las miradas de los visitantes hacia su playa central: un manto de hierba de algo más de media hectárea que ha crecido en mitad de la arena de su bajamar.

No se sabe muy bien por qué, pero desde hace unos días parte de esa playa, en la costa occidental de Huelva, está cubierta por una capa de hierba que ha crecido en mitad de una arena. Ahora tiene un recurso turístico añadido “llamativo y que no ha supuesto ninguna inversión”, como explica su concejala de Turismo, Elena Vélez.

Semillas en la arena nueva

Se entiende que ha podido crecer porque en la arena que se ha usado para la regeneración de la playa viajaban semillas, que han germinado gracias a las importantes lluvias de diciembre y los días de sol posteriores. Sea como fuere, la curiosidad del caso atrae las miradas de gente, que, sobre todo en los fines de semana, no se quieren perder un paseo por esta zona del litoral onubense para ver el curioso fenómeno.

Ha empezado 2023, y con él se ha iniciado el año del veinte aniversario del inicio de los trámites para la construcción del hospital de la costa de Huelva, un centro cuya primera piedra fue colocada en 2007 y tras muchas vicisitudes fue entregado oficialmente a la Junta de Andalucía en enero de 2015. Sin embargo, a pesar de que Ayuntamiento de Lepe, Junta de Andalucía y Gobierno central tuvieron esos ocho años para ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como construir una carretera para llegar al hospital ya terminado, la batalla política ha protagonizado la vida paralela de esta obra, que ahora podría tener un punto final para poder usar de una vez esta infraestructura sanitaria.

El penúltimo día de 2022, poco antes de las tres de la tarde, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) emitía un exiguo comunicado que informaba de que se había adjudicado el contrato para hacer la carretera. Solo eran tres párrafos, que, curiosamente, no tuvieron prácticamente reacción política en toda la jornada, hasta que pasadas casi 48 horas era el PSOE el que reaccionaba para alabar a Pedro Sánchez por su gestión, mientras que el PP onubense estaba enfocado en la designación de la actual presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, como candidata a la alcaldía de la capital en las municipales de mayo, y parece que no quiso desviar el foco informativo a este asunto.

Más de tres millones de inversión

Literalmente, el comunicado de Fomento decía que se ha adjudicado “el contrato de obras: Autovía A-49, del V Centenario. Vía de servicio. Acceso al Centro Hospitalario de Alto Rendimiento de la Costa Occidental de Huelva, situado en el término municipal de Lepe. El importe de adjudicación ha sido de 3,1 millones de euros (IVA incluido). Esta actuación completa la mejora funcional del enlace 117 con la transformación en glorietas de las intersecciones anteriores, actuación ya finalizada en 2020”.

“Las obras consisten en la construcción de una vía de servicio bidireccional de 1,35 km de longitud que conectará la glorieta del enlace 117 de la autovía A-49 con el citado centro hospitalario”.

En esencia, se trata de las obras necesarias para complementar las dos rotondas construidas en su día para dar acceso desde la carretera secundaria de Lepe a Villablanca en paralelo a la autopista. A ese acuerdo se llegó tras descartar la idea inicial, consistente en adaptar el camino existen en perpendicular a la A-49.

La historia de una pelea sin fin

Muchas cosas llaman la atención del comunicado en cuestión, entre otras que no cita ni cuándo comenzarán las obras ni la previsión de finalización de las mismas, de modo que todo, adjudicaciones aparte, parece seguir igual que cuando la entonces consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, colocaba la primera piedra del hospital público de la costa de Huelva en diciembre de 2007. En esos meses, la Junta empezaba también los proyectos de los hospitales públicos de Aracena y Bollullos Par del Condado. Ninguno ha abierto. De la misma forma, no se sabe nada del destino de los equipos adquiridos en su día para este hospital.

Por resumir dónde está el inicio de esta discordia, en 2005 el Ayuntamiento de Lepe firmó un convenio con la Junta que le comprometería a hacer la carretera de acceso a condición de que el hospital estuviese en este municipio, pero el Consistorio, gobernando entonces por PP-PA y desde 2007 por el PP con mayoría absoluta, siempre ha negado la mayor, y se ha cerrado en banda en que el acuerdo solo le comprometía a llevar agua y electricidad al centro sanitario.

Sin embargo, en marzo de 2021, con el PP gobernando en Ayuntamiento y Junta de Andalucía, se firmaba un “protocolo previo a un nuevo convenio”, que anulaba el de 2005, por el que el Consistorio lepero asumía las actuaciones necesarias para dotar de suministro de agua potable, electricidad y saneamiento al hospital público. Esto es, que asumía en un nuevo acuerdo precisamente lo que había firmado 16 años antes.

“Más inversión en sanidad que nunca”

Mientras desde el PP solo se indica a elDiario.es Andalucia que el actual Gobierno andaluz “ha invertido en sanidad más que nunca en toda la historia de Andalucía”, y no se entra a valorar algo que llega “tarde, pero al final llega”, el PSOE ha prescindido de sus primeras figuras regionales o provinciales a la hora de comentar este asunto y se encargó esta función a la diputada nacional y alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, protagonista de un comunicado emitido 24 horas después de la nota de Fomento.

González Bayo agradecía al Gobierno de Pedro Sánchez “el compromiso que tiene con la provincia de Huelva”, citando que “estamos hablando de 21 millones de euros invertidos por un Gobierno socialista para un hospital en la costa, muestra de nuestra apuesta por la sanidad pública”. 

La alcaldesa de Cartaya, uno de los pueblos destinados a usar este hospital, sumaba en su comunicado la inversión de los gabinetes de Susana Díaz en la Junta para este centro sanitario, pero obviaba que hasta que Juan Manuel Moreno llegó a la presidencia de la Junta pasaron 12 años desde que empezaron las obras, y no se abrieron sus puertas: “Las instalaciones están cerradas y deterioradas por la dejadez del Gobierno de la derecha en la Junta”, indicaba González Bayo.

Concierto con un hospital privado

En mitad de este río revuelto, las ganancias para los pescadores han llegado a la empresa privada, concretamente a José Manuel Pascual Pascual, que poco antes de proyectarse el hospital público ya había terminado el suyo propio en Lepe. Es cierto que tardó años en abrirlo, pero supo ver desde fuera la guerra política y esperar pacientemente a que llegase su oportunidad.

En Lepe, de todas formas, se había creado poco a poco la necesidad de este hospital, alentado incluso por el último gobierno local del PSOE, que llevó a las elecciones de 2003 incluso un vídeo en el que ensalzaba las virtudes del edificio privado y organizó visitas de los vecinos para ver la obra, ya equipada entonces con la última tecnología sanitaria.

En julio de 2017 José Manuel Pascual Pascual abría su hospital privado con 126 camas, 17 años después de presentarlo. Inicialmente estaba destinado a pacientes que apuestan por la sanidad privada. Meses después, la Junta anunciaba una sanción a la empresa por atender a pacientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sin cobrarles, supuestamente para forzar el concierto. 

Nunca se supo si realmente pagó la sanción, pero en 2021 la Junta anunció un concierto económico con este centro hospitalario, que funciona casi como hospital semipúblico desde entonces, atendiendo urgencias y consultas con total normalidad, y sustituyendo, con financiación pública, el servicio que debería dar el hospital terminado en 2015 pero que nunca ha tenido carretera para poder llegar a él.

Durante la pasada noche se han atendido varías incidencias por acumulación de agua debido las lluvias caídas en el municipio de Lepe. 

Las patrullas de la Policia Local y varias dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial, han procedido a la apertura de tapas de alcantarillado en las zonas afectadas, favoreciendo así un rápido desalojo del agua acumulada.

Un rayo de madrugada

La presencia de fuerte aparato eléctrico durante la noche ha provocado la caída de un rayo en una vivienda de la calle Guzmán y Zuñiga a las 5:23 horas, sin que haya que lamentar daños personales pero afectando a la instalación eléctrica provocando un pequeño incendio de cableado sin más consecuencias.

Ante la presencia de humo y la carencia de fluido eléctrico en la vivienda, sus moradores se han trasladado a casa de un familiar por comodidad y seguridad.

 El rayo, debido a la cercanía con la que se ha producido ha provocado la alarma de algunos vecinos que han despertado sobresaltados.

Como persona andaluza estarás orgullosa de nuestra identidad, cultura, gastronomía y paisaje. De las playas kilométricas, de la grandeza de las montañas de cada sierra, de las emociones que evocan cada una de nuestras fiestas y de la calidad de nuestros productos. Productos que degustamos y disfrutamos en cada temporada. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los productos que consumimos, como las fresas? ¿Cuál es la lógica detrás de este mercado, del cual este artículo habla, y sigues leyendo?

Este sector de frutos rojos supone un importante motor económico en Andalucía, especialmente en la provincia de Huelva. En este sentido, en la ciudad de Lepe, donde se ubica gran parte de la producción, es donde se insertan laboralmente muchas de las personas extranjeras en el territorio, suponiendo una presión al alza en la demanda de viviendas durante los meses de temporada.

A ello, se le suma una escasa oferta de viviendas de alquiler, junto con el precio desorbitado de las mismas y la reticencia por parte de los propietarios a alquilar las viviendas a personas de etnoculturas y orígenes diferentes.

¿El resultado? La aparición de asentamientos de infraviviendas que no garantizan unas condiciones de vida digna.

En el término municipal de Lepe, a diferencia de otras ciudades que cuentan con alternativas habitacionales, no existe amparo ni respuesta por parte del ayuntamiento y demás administraciones de disponer un parque de viviendas o albergues para que desarrollen su vida al igual que cualquier otra.

Como consecuencia, surge la aparición de infraviviendas elaboradas con materiales altamente inflamables (que no en pocas ocasiones han terminado cobrándose la vida de algunas de estas personas) donde las condiciones de insalubridad e higiene están ausentes.

Esta amalgama de circunstancias dificulta y hace imposible que desarrollen una vida de pleno derecho y que, de lo contrario, se reduzca a resignación y desamparo. Además, tal y como señala el trabajador social, Juan José Peris: “Sin una vivienda, no pueden formalizar el empadronamiento en el municipio, imprescindible para acceder a otros servicios sociales”.

¿Sientes orgullo de que nuestra tierra sea trabajada bajo condiciones indignas? ¿De saber que quienes cultivan estos productos no tengan cubiertas las necesidades básicas?

En los últimos años se ha podido apreciar cómo el número de chabolas se ha ido reduciendo, lo que a priori podría parecer positivo. Sin embargo, testimonios locales de otros asentamientos de la zona apuntan a que este hecho responde a demoliciones ordenadas por las administraciones.

En cuanto a alternativas habitacionales, se puede nombrar la historia interminable del albergue municipal de Lepe, iniciado en 2005 y cuya construcción aún no ha concluido. Ante esta circunstancia, colectivos como ASNUCI, que llevan más de 25 años defendiendo la causa, han tomado un paso al frente y promovido una solución habitacional a través de la construcción de un albergue autogestionado por ellos mismos.

Este problema social está íntimamente relacionado con la actual crisis de la vivienda. La subida de los alquileres y el aumento del coste de vida ha llevado a Amnistía Internacional a poner el foco de atención en este asunto. Si bien acogemos con satisfacción las medidas positivas que ofrece el Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda, promovido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pedimos fortalecerlas para garantizar viviendas asequibles, aumentar el parque de viviendas social, mejorar la protección de las personas que se enfrentan a desalojos, así como medidas concretas para aquellos colectivos en riesgo de vulnerabilidad como las personas temporeras de Lepe.

Sin una solución real, eficiente y eficaz, estas personas seguirán cultivando la tierra, pero no su propio bienestar.

Queremos que la ley garantice la máxima protección al derecho a la vivienda, reconocido y amparado por el Derecho Internacional. En el caso concreto de Lepe, la problemática no responde a un factor coyuntural, es previsible cada año ante la nueva temporada y son 25 los que llevan las administraciones demorando una solución al respecto. No obstante, por primera vez se ha firmado un acuerdo entre las tres administraciones para dar una solución que, pese a ser bienvenida, llega tarde. Ya el Relator Especial de las Naciones Unidas, Philip Alston exponía, en su visita a uno de los asentamientos en Huelva que la situación de las personas jornaleras en Huelva era peor que en un campo de refugiados.

Y ahora, ¿sientes orgullo de que nuestra tierra sea trabajada bajo condiciones indignas? ¿De saber que quienes cultivan estos productos no tengan cubiertas las necesidades básicas?

Había llegado hacía algún tiempo a Lepe (Huelva) para intentar buscarse la vida en la recogida de los frutos rojos o los cítricos, pero, con solo 29 años, ha encontrado la muerte. Aliou Dione comenzó a tener hace unos días síntomas de una infección en la garganta. No ayudaba, precisamente, vivir en un campamento de cartón y plásticos en mitad de un campo, donde se encontraba a falta de facilidades para encontrar una vivienda en alquiler.

Sin documentación alguna, la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI) gestionó su traslado a un centro sanitario, amparado por la atención universal del Servicio Andaluz de Salud. Pero la pasada noche ha muerto en el hospital Virgen de la Bella de la misma localidad, a donde fue derivado después de sufrir la grave infección que se inició en la garganta, y que finalmente le afectó al corazón, sin poder superarlo.

Comunicación con la familia

En el caso de Aliou, aunque carecía de documentación oficial para residir y trabajar en España, sí se le tenía identificado. Pertenecía a la misma ASNUCI, y nada más fallecer sus responsables se pusieron en contacto con los familiares en Senegal para comunicarles el suceso.

Pero en su país no tienen recursos para repatriar el cuerpo, de modo que se ha pedido ayuda al respecto, ya que los costes ascienden a unos 5.000 euros. Las aportaciones se pueden hacer en la cuenta corriente de ASNUCI: ES80 2100 3857 9902 0005 4832, con el concepto Aliou Dione repatriación.

En el caso de que no se consiga el dinero necesario, será enterrado en una zona del cementerio de Lepe destinada a personas sin recursos económicos.

Que la Junta de Andalucía invierta más de medio millón de euros en actuaciones de rehabilitación, conservación y mantenimiento de un centro sanitario no debería ser noticia. Pero en el caso del Hospital de Alta Resolución de Especialidades de la Costa Occidental, ubicado en la localidad de Lepe (Huelva), es más que llamativo: el Gobierno andaluz recibió el fin de obras de este edificio en enero de 2016 pero sus puertas nunca se han abierto.

Con la Junta y el Gobierno central enzarzados en una eterna pelea en torno a quién tiene que hacer la carretera de acceso al hospital, los usuarios de atención hospitalaria de la comarca están viendo cómo se van dando pequeños pasos en forma de adjudicaciones de rotondas o vías de acceso. Pero lo cierto es que más de 20 años después de que se comenzase a hablar de la necesidad de que la costa de Huelva tuviese un hospital alternativo a los de la capital, en Lepe solo funciona uno privado, concertado con la Junta pero carente de muchos servicios.

La actuación adjudicada

Lo último que se ha sabido es que la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Central Provincial de Compras del SAS en Huelva, ha adjudicado la contratación de las obras de reparación de los desperfectos ocasionados en el hospital (antes CHARE y ahora HARE), con la finalidad de que pueda estar operativo para su puesta en marcha.

La inversión para el desarrollo de estas obras, adjudicadas a la empresa Construcciones Rascón SLU, asciende a 554.224,07 euros, y consistirán en actuaciones de reparación, conservación y mantenimiento del edificio.

En concreto, las obras van dirigidas de forma específica a subsanar los desperfectos ocasionados por los temporales que han afectado a la zona en los últimos años, actos de robo y vandalismo, así como el tiempo en desuso de las instalaciones. Se trata de desperfectos que afectan principalmente al exterior del centro hospitalario. Se espera que las obras duren seis meses. Lo que aún no se sabe es si pasados esos seis meses el hospital abrirá sus puertas.

El debate de la carretera

Lo cierto es que los camiones que tendrán que transportar los materiales para estas obras tendrán que hacerlo por un camino rural que debería ser la carretera de acceso hace más de cinco años.

Y todo sigue, adjudicaciones aparte, igual que cuando la entonces consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, colocaba la primera piedra del hospital público de la costa de Huelva en diciembre de 2007. En esos meses, la Junta empezaba también los proyectos de los hospitales públicos de Aracena y Bollullos Par del Condado. Ninguno ha abierto.

Quince años después, el entonces CHARE sigue sin abrir, y hasta los equipos de “última generación” que se compraron para equiparlo o se han desfasado o se han destinado a otros centros sanitarios. La delegada territorial de Salud, Manuela Caro, asegura que su puesta en marcha se encuentra priorizada dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias de la Junta en Huelva para el periodo 2020-2030, aunque todavía no tiene fecha, y asegura que la Junta ha adquirido “la práctica totalidad del equipamiento del centro”.

Y todo parece tener origen en los 600.000 euros que el Ayuntamiento de Lepe consignó en varios presupuestos para dotar de agua y luz al centro hospitalario. Un presupuesto que en el PSOE se le reprocha que no se dedicase a su fin real: construir la carretera de acceso al hospital. Por resumir: el Ayuntamiento de Lepe firmó un convenio con la Junta que le comprometería a hacer la carretera de acceso a condición de que el hospital estuviese en este pueblo, pero el Consistorio niega la mayor, y dice que solo le compromete a llevar agua y electricidad al centro sanitario.

Cruce de declaraciones y plazos no cumplidos

Así sigue la polémica, y en estos días, preguntadas por elDiario.es Andalucía, fuentes de ambos partidos se enrocan en su argumentario de siempre: “El otro es quien tiene que solucionarlo. Nosotros hemos cumplido”. Cuando comenzaron las obras del hospital, en Lepe gobernaba (igual que ahora) el PP en mayoría absoluta, el PSOE en la Junta y el PSOE en Madrid. Los sucesivos cambios de mandatos solo han servido para derivar la crítica por este asunto de una administración a otra. Desde el PP local no se carga ya contra la Junta de Juanma Moreno, igual que desde el PSOE lepero las críticas no van contra el Gobierno central. Pero el hospital sigue sin abrir.

La batalla dialéctica por este tema no parece tener límites. En septiembre de 2014, la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció que el Gobierno andaluz licitaría “en los próximos días” las obras de finalización del hospital. Que las obras estaban paradas era un secreto a voces entonces.

Quince meses después, la UTE integrada por las empresas Añil Servicios Ingeniería y Obras SA y Solyder firmaba el final de las obras y la entrega del hospital a la Junta. Se habían invertido unos 21 millones de euros en sus 13.421 metros cuadrados. Pero la carretera no se construía. Al mismo tiempo, se contrataba a una empresa de mantenimiento para mantener el interior del edificio en buenas condiciones.

A río revuelto…

Viendo los toros desde la barrera, la iniciativa privada sacó tajada del asunto. En julio de 2017 la empresa José Manuel Pascual Pascual abría su hospital privado con 126 camas 17 años después de presentarlo. Inicialmente estaba destinado a pacientes con sanidad privada. Meses después, la Junta anuncia una sanción contra la empresa por atender a pacientes del SAS sin cobrarles, supuestamente para forzar el concierto. Si pagó o no la sanción nunca se supo. En 2021 la Junta anunció un concierto económico con este centro hospitalario, que funciona casi como hospital público desde entonces.

Entre los últimos convenios firmados en torno al hospital está el de marzo de 2021, cuando el Ayuntamiento de Lepe y la Consejería de Salud y Familias firmaban un “protocolo previo a un nuevo convenio”, que anulaba el de 2005, por el que el Consistorio lepero asumía las actuaciones necesarias para dotar de suministro de agua potable, electricidad y saneamiento al hospital público. 

El Ayuntamiento siempre defendió que la firma de 2005 solo le comprometía a lo que precisamente ahora había vuelto a firmar. Las críticas políticas volvieron, pero la carretera no se puso en marcha.

¿Será la promesa definitiva para terminar definitivamente con una vergüenza tercermundista en la España del siglo XXI? La falta de higiene, de limpieza, de luz y de agua que golpea las infraviviendas provisionales (pero permanentes) de palets y plásticos donde malviven desde hace muchísimos años miles de personas, la mayoría migrantes, que trabajan como temporeros en el campo andaluz en más de un centenar de asentamientos chabolistas de Almería y Huelva, contará desde este viernes con un nuevo protocolo de actuación interadministrativa “para impulsar” su erradicación. El “fomento de la construcción y/o adecuación de espacios que sustituyan los asentamientos irregulares con el fin de promover, en una primera fase, nuevos albergues y soluciones residenciales destinados a las personas temporeras y para aquellas que decidan alargar la campaña como primera respuesta residencial” es uno de los principales acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Consejería de Igualdad de la Junta y los ayuntamientos de Lepe y Moguer, donde se concentran varios de esos asentamientos que, por otra parte, suelen salir ardiendo de manera frecuente.

El protocolo general de actuación, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía y que anunció el lunes en el Senado el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, que se desplaza este viernes a Huelva y Sevilla para su firma, compromete a las administraciones firmantes a “impulsar y colaborar” también en la “promoción de actuaciones que faciliten la integración residencial y sociolaboral de las personas residentes en asentamientos irregulares, focalizando los esfuerzos en programas de acceso a la vivienda en el núcleo urbano que permitan una transición hacia modelos residenciales sostenibles e integradores en el tiempo”.

Asimismo, se acuerda la “consolidación de modelos de integración que puedan ser útiles para otros asentamientos irregulares o para otros procesos de regeneración urbana, en otros municipios y en otras comunidades autónomas”, así como el “establecimiento de los mecanismos necesarios de coordinación entre las administraciones públicas firmantes”. El protocolo, según se expone, es “una declaración de intenciones que viene a expresar la voluntad de las partes firmantes para actuar con un objetivo común, sin que en ningún caso su firma suponga la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles para las partes”.

Abierto a entidades públicas y privadas

Pese a que Santiago anunció el lunes que su Secretaría de Estado iba a aportar “cinco millones de euros para acabar con este problema de asentamientos irregulares de trabajadores temporeros del campo”, el protocolo no incluya partidas específicas. “Parece mentira que siendo el sector agrícola tan fundamental se haya permitido que vivieran en una situación absolutamente indigna tantos trabajadores”, dijo Santiago durante su intervención en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El protocolo que se firma este viernes, que tendrá vigencia durante un plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor, pudiéndose prorrogar por acuerdo entre las partes por periodos bianuales, está abierto a que terceras entidades, tanto públicas como privadas, y especialmente empresas empleadoras de personas trabajadoras temporeras residentes en asentamientos irregulares, puedan adherirse al mismo y proponer actuaciones complementarias a las administraciones públicas participantes. Tras la firma del protocolo se constituirá una Comisión de Seguimiento, de composición paritaria, integrada por una persona representante de cada una de las partes y que estará presidida por la persona que designe la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. La comisión se reunirá un mínimo de dos veces al año y siempre que lo solicite alguna de las partes.

Inversiones sin grandes cambios

No es la primera vez que se intenta acabar con estos asentamientos ni se ponen plazos para su erradicación definitiva. Un amplio informe publicado en 2017 por la Fundación con la colaboración económica de la Dirección General de la Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía situaba en el 2020 el horizonte máximo para erradicar los asentamientos de inmigrantes en Huelva. No iba bien encaminada esa pretensión de la 'Agenda 2020' pero en esas llegó el coronavirus, que se ensañó con estos espacios de marginación, aumentando la invisivibilidad social tanto de temporeros migrantes como personas en exclusión a raíz de la pandemia. Aquel estudio, en todo caso, derribaba algunos mitos en torno a las personas que viven en los campamentos, como la creencia de que ganan dinero pero lo guardan o lo mandan a sus países.

También el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, exigió a las autoridades españolas “mejorar inmediatamente las deplorables condiciones” que soportan los trabajadores migrantes temporeros en los asentamientos chabolistas. El protocolo hace mención explícita a aquella visita oficial (en enero de 2020) en la que De Schutter alertaba de la “situación de extrema precariedad” que padecen dichas personas y que “afrontan unas condiciones de insalubridad y evidente ausencia de los servicios públicos más básicos”.

Tampoco es la primera vez que las administraciones ponen dinero. Precisamente, en pleno confinamiento, la Junta aprobó el 15 de abril de 2020 ayudas extraordinarias nada menos que por valor de 2,3 millones de euros para una docena de ayuntamientos en cuyos municipios existen poblados de tales características. ¿Qué hizo la administración local con ese dinero? Los consistorios aseguraron haber justificado ante la administración autonómica las cantidades que les correspondían (hasta de 700.000 euros en Níjar, por ejemplo) pero desde las oenegés y asociaciones que trabajan sobre el terreno no apreciaban que la situación cambiara en demasía. Algunos ayuntamientos, al tiempo, consideraron que se trata de “un problema endémico” que no se soluciona con ayudas puntuales, señalando que hasta que las administraciones central, autonómica y local, junto a los empresarios agrícolas, no se pongan de acuerdo en abordar realmente el problema de los asentamientos y las chabolas, este tipo de inversiones no tiene mucho sentido. El protocolo que se firma este viernes, pese a que no compromete, puede ser esa primera piedra que se reclama desde hace años.

Un hombre ha perdido la vida este domingo al sufrir un accidente con una máquina de obra en la playa de Nueva Umbría, en el municipio onubense de Lepe.

El servicio Emergencias 112 Andalucía ha detallado a través de un comunicado que un testigo ha dado la voz de alerta al 112 a las 9,20 horas informando de un hombre herido de gravedad al sufrir una caída de una máquina de obra en la zona de la playa de Nueva Umbría en Lepe, en una zona de difícil acceso. El alertante ha soliciato la presencia de los sanitarios ante el estado de gravedad del accidentado.

Desde el centro coordinador se activó a Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Policía Local de Lepe, al Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y a Protección Civil.

Los operativos en el lugar han confirmado que el trabajador viajaba en una dumper de obra y ha sufrido una caída de la misma, resultando fallecido. Al tratarse de un accidente laboral, se ha informado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Un joven de origen marroquí de 27 años ha muerto en el incendio de una chabola ubicada en las inmediaciones del cementerio de Lepe (Huelva) registrado a primera hora de la mañana, según informan fuentes de la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Inteculturalidad (ASNUCI) y de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.

Según ASNUCI, que ha difundido un vídeo y ha lamentado el “problema habitacional” en la zona, el fuego ha quemado una chabola en la que vivían seis personas, cuatro de ellas marroquíes (uno de las cuales ha muerto) y dos de Senegal. Uno de los jóvenes marroquíes ha sufrido quemaduras en una mano.

El Teléfono de Emergencias 112 atendió a las 7,05 horas de la mañana de este jueves la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en una chabola junto al cementerio. Rápidamente, desde el centro coordinador se alertó al Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, a Guardia Civil, a Policía Local de Lepe, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Cruz Roja.

Una vez en el lugar, los Bomberos han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en el interior de una chabola, la cual se hallaba aislada sin que ninguna otra infravivienda haya resultado afectada por las llamas.

El Ayuntamiento de Lepe ha realizado este lunes un minuto de silencio como señal de duelo por el fallecimiento del vecino de Lepe (Huelva) Juan Antonio Cordero, en el naufragio del buque gallego 'Villa de Pitanxo' en aguas de Terranova (Canadá) y celebrará este martes un pleno extraordinario para decretar dos días más de luto en la localidad por este hecho.

En el acto celebrado a las puertas del Ayuntamiento de Lepe se han concentrado miembros de la Corporación Local lepera, familiares, amigos, allegados y vecinos del patrón fallecido, que le han rendido así homenaje, al igual que a los otros 20 fallecidos y desaparecidos en esta catástrofe marítima y en el que el alcalde, Juan Manuel González, ha leído una declaración institucional.

Asimismo, el Ayuntamiento celebrará este martes un pleno extraordinario para declarar dos nuevas jornadas de luto por la pérdida de este “apreciado” vecino lepero, cuyo cuerpo “se espera pueda llegar en breve a la localidad”, según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Así, en la declaración institucional el alcalde lepero ha señalado que este lunes es “jornada de luto, de luto nacional, por el fallecimiento y la desaparición de 21 hombres, de 21 trabajadores de la mar que la pasada semana naufragaron en las aguas cercanas a la isla de Terranova en Canadá”.

“Nuestro luto es aún más doloroso porque entre los fallecidos que han podido ser rescatados se encuentra nuestro paisano Juan Antonio Cordero Coro. Un hombre trabajador, ejemplar, muy conocido y estimado en la localidad, desde muy joven dedicado profesionalmente al mundo de la mar, patrón y segundo de a bordo del buque congelador de Marín que desgraciadamente no pudo salvar la vida en esta catástrofe marítima”, ha continuado González.

“Pérdida desgarradora”

Por ello, ha señalado que “todos” los ciudadanos de Lepe se unen “al dolor que en estos momentos padecen su esposa e hijos, familiares, amigos y el municipio en su conjunto por tan sentida pérdida”, así como “al sentir de las familias de las otras 20 víctimas del hundimiento del pesquero gallego, entre las que se encontraban marineros españoles, peruanos y de Ghana”.

El regidor ha recordado que la ciudad de Lepe ha estado históricamente vinculada a la mar, “generaciones de hombres han faenado en las costas españolas, africanas, americanas” y que “lamentablemente” guardan en la historia del municipio “las huellas de otros naufragios en los que han perdido la vida marineros experimentados, a los que la dureza de la mar se ha llevado por delante”.

“Esta nueva pérdida, la de Juan Antonio, es igualmente desgarradora y nos ha sumido en estos días en la incertidumbre, la desesperanza y el dolor”, ha concluido la declaración.

No había amanecido todavía del todo el viernes cuando los primeros clientes del hotel Valsequillo de Lepe accedían a su comedor para desayunar, como vienen haciendo desde hace más de 15 años cuando abrió sus puertas este establecimiento, que sigue siendo el único rural de la costa de Huelva.

Tiene 38 habitaciones, y el día anterior tenia 25 libres. Ahora está casi lleno. El motivo no es otro que el ofrecimiento que hicieron desde el hotel a primera hora de este jueves, cuando comenzaron a llegar a sus responsables las noticias de los terribles efectos de la tromba de agua que arrasó todo a su paso durante más de una hora en varios barrios del pueblo y la comarca.

Su directora, Bella Camacho, puso sus instalaciones a disposición de lo que hiciera falta, y por la tarde-noche comenzaron a llegar las personas que, literalmente, no tenían sitio para dormir después de que sus viviendas quedasen arrasadas por el agua y el barro.

El hotel, como todos los de su sector, pasa por la peor crisis que se recuerda por los efectos de la pandemia, pero sus responsables no dudaron a la hora de abrir sus puertas sin coste para quienes lo habían perdido todo. Alojamiento, comidas y el sueldo que precise su personal. Todo corre por cuenta de la empresa.

Pescado gratis

Es uno de los múltiples ejemplos que se pueden encontrar entre los casi 30.000 habitantes de este municipio onubense para ayudar a los damnificados por las riadas. Y son varios más. Fran Ramírez regenta una pescadería en el mercado de abastos del pueblo. Es la única plaza de su estilo en el núcleo principal (hay otra en La Antilla), y en mañana del viernes publicó un mensaje en sus redes sociales: “Ayer vivimos una catástrofe natural muy negativa en nuestro pueblo y muchas familias se han quedado sin coche o parte de muebles de sus casas. Quiero ayudar a todo aquellas familias que no tenga para comer hoy, regalándole un kilo de pescado”.

Cuando elDiario.es Andalucia hablaba con él, entregaba en ese momento un kilo de boquerones. La casualidad geográfica quiso que el mercado lepero esté a tiro de piedra del barrio de El Cornacho, donde calles como Palma del Condado o Sevilla muestran todavía los efectos de la catástrofe.

Muy cerca está Casa Yolipan. El propietario de este bar es Enrique Morales, que también desde temprano tiene ofrecidas a quien lo necesite sus mesas. “Hoy tendremos un plato de comida caliente para todas las personas que a causa de la tromba no tengan donde comer o no puedan cocinar. Estamos con vosotros. Ánimo y mucha fuerza para estos momentos tan duro, con un granito de arena podemos ayudar”.

Junto a la Avenida de Andalucía, en un polígono, está la nave donde varios voluntarios casi no han dormido para recoger ropa, zapatos, artículos de higiene o material escolar. Todo vale para intentar que la gente en Lepe vuelva a la normalidad cuanto antes.

Ayudas oficiales 

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, visitó este viernes la Zona Pero de la catástrofe, en Cartaya, Isla Cristina y Lepe para conocer los daños provocados por las lluvias.

Fernández, que ha estado acompañado de los alcaldes de los municipios onubenses, del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y de la presidenta de la Diputación onubense, María Eugenia Limón, ha explicado que el objetivo de esta visita es “trasladar la solidaridad del Gobierno a los onubenses afectados, así como el compromiso de evaluar in situ la situación para, una vez hechos los peritajes e informes de daños, desplegar con todo el alcance posible las ayudas necesarias para contribuir a reparar el mayor número de daños”.

El delegado ha agradecido a todas las instituciones y administraciones que están participando en las labores de protección de la población “la unión de fuerzas como servidores públicos para atender las necesidades más imperiosas de la población”. A este respecto, ha recordado que el Gobierno de España cuenta con una línea de ayudas permanente para situaciones de emergencia, regulada por el RD 307/2005, que atiende a unidades familiares y de convivencia, gastos de emergencia de administraciones locales y establecimientos industriales, comerciales y de servicios, que se pueden solicitar dentro de un plazo de un mes desde finalización de los hechos causantes, al margen de ayudas complementarias del régimen extraordinario, como la zona gravemente afectada por emergencia protección civil, ha explicado Fernández.

Mientras, los eternos trabajo de limpieza siguen. Las calles vuelven poco a poco a su estado habitual, pero en las casas las labores son más lentas, porque se trata no solo de limpiar, sino de intentar salvar todo lo posible. Es una labor sin prisas. En un parking subterráneo se seguirá al menos hasta el sábado achicando agua. Solo entonces se sabrán con exactitud los daños sufridos en el medio centenar de coches allí aparcados.